Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
BOCG. Senado, apartado I, núm. 348-2409, de 12/05/2014
cve: BOCG_D_10_348_2409
 





Página 14


I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

Proyecto de Ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario.

(621/000068)

(Cong. Diputados, Serie A, núm. 75


Núm. exp. 121/000075)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan 34 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario.

Palacio del Senado, 28 de abril de 2014.—Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.

ENMIENDA NÚM. 1

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a Todo el Proyecto de Ley.

ENMIENDA

De modificación.

En todo el preámbulo y en el conjunto del articulado, el término «nacional» se sustituye por el término «estatal».




Página 15


MOTIVACIÓN

Se propone esta modificación por entender que la expresión «estatal» es más adecuada y objetiva que el término «nacional».

ENMIENDA NÚM. 2

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Preámbulo.

ENMIENDA

De modificación.

El párrafo siete del preámbulo, queda redactado en los siguientes términos:

«Respecto a las personas físicas, el censo incluirá de oficio a las que, siendo profesionales de la agricultura, ejerzan por cuenta propia la actividad agrícola, ganadera o forestal de modo directo y personal, y coticen a la Seguridad Social como consecuencia de estas actividades de acuerdo con los datos obrantes en la Tesorería General de la Seguridad Social.»

MOTIVACIÓN

Se propone que el censo se circunscriba a los profesionales agrarios que por su actividad están afiliados a la Seguridad Social por cuenta propia, así como a las personas jurídicas dedicadas a la actividad agraria.

Así, se elimina la posibilidad de que dé derecho a voto y por lo tanto a inclusión en el censo el hecho de percibir pagos directos de la PAC, que al ser desacoplados no son garantía alguna de actividad agraria real. También es un criterio absolutamente discrecional que discrimina por razones económicas.

Además, se trata de un criterio contradictorio con el reciente Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de 21 de enero de 2014. En dicho Acuerdo se estableció el criterio de considerar agricultor activo solamente a aquéllos beneficiarios de las ayudas directas de la PAC cuyo importe percibido no suponga más de un 80% del total de sus ingresos agrarios. El Acuerdo también establece que solo se considerará que la actividad agraria es significativa cuando los beneficiarios cuenten con algún ingreso agrario suficientemente representativo distinto de las ayudas directas.

Por el contrario, el Proyecto de Ley pretende incluir en el censo de electores a todos los perceptores de pagos directos superiores a 3.000 euros. En consecuencia, se podría dar derecho a voto a agricultores no activos, ya que este requisito solamente será exigible a partir de la solicitud de la PAC de 2015. Para dotar de coherencia a este planteamiento sería necesario comprobar que dichos perceptores de más de 3.000 euros de pagos directos son agricultores activos.

Estos mismos argumentos sirven para rechazar la inclusión en el censo de aquellos agricultores que declaren una renta procedente de actividades agrarias en un porcentaje igual o superior al 25% de su renta total.




Página 16


ENMIENDA NÚM. 3

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Preámbulo.

ENMIENDA

De modificación.

El segundo inciso del párrafo décimo del preámbulo, queda redactado en los siguientes términos:

«No se trata por tanto de un proceso electoral, pero se han adoptado para la consulta las mismas garantías que las obligatorias en las elecciones generales declarando supletoria la normativa electoral.»

MOTIVACIÓN

El proceso para medir la representatividad sindical agraria que prevé la legislación española debe tener las mismas garantías que el proceso para medir la representatividad sindical de los trabajadores por cuenta ajena, cuya regulación se contiene en el Estatuto de los Trabajadores, que son similares a las establecidas por la Ley Orgánica del régimen electoral general.

En la consulta para la determinación de la representación colectiva de los trabajadores del campo a través de sus organizaciones profesionales agrarias debe establecerse, tanto el principio del sufragio libre, personal, secreto y directo, como la supletoriedad de la normativa electoral (la propia Ley del régimen electoral general o, al menos, el procedimiento electoral tasado en el Estatuto de los Trabajadores).

ENMIENDA NÚM. 4

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 1. 1.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 1 del artículo 1, queda redactado en los siguientes términos:

«1. El objeto de esta ley es regular el procedimiento de consulta para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales de carácter general y ámbito estatal, así como las finalidades, funciones y prerrogativas ante la Administración General del Estado de dichas organizaciones.»

MOTIVACIÓN

Se propone explicitar que esta ley, además de regular el procedimiento de la consulta y definir qué se entiende por organizaciones agrarias, establecerá sus finalidades, funciones y prerrogativas ante la AGE.




Página 17


ENMIENDA NÚM. 5

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 1. 2.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 2 del artículo 1, queda redactado en los siguientes términos:

«2. Asimismo, es también objeto de esta ley la creación del Consejo Agrario como órgano consultivo y de interlocución adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.»

MOTIVACIÓN

Se propone que el Consejo Agrario sea, además de conservar su carácter consultivo, un órgano de interlocución con la Administración General del Estado.

ENMIENDA NÚM. 6

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 1. 3. b.

ENMIENDA

De modificación.

La letra b) del apartado 3 del artículo 1, queda redactada en los siguientes términos:

«b) Coalición de organizaciones agrarias: Unión de organizaciones en el ámbito estatal para concurrir a la consulta formando una sola candidatura. Asimismo, se considera coalición de organizaciones agrarias la unión de organizaciones de ámbito territorial pertenecientes a organizaciones agrarias estatales que se presentan a la consulta, que concurran a nivel regional o provincial formando una sola candidatura. En este caso se tendrá en cuenta lo establecido en su convenio de coalición territorial para la asignación de los votos a sus correspondientes organizaciones agrarias estatales.»

MOTIVACIÓN

Reflejar la realidad a nivel organizativo de los profesionales agrarios.

ENMIENDA NÚM. 7

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 1. 4.




Página 18


ENMIENDA

De modificación.

El apartado 4 del artículo 1, queda redactado en los siguientes términos:

«4. A los solos efectos de esta ley, se acreditará el ámbito estatal mediante los Estatutos de constitución registrados según lo previsto en la Ley 19/1977, de 1 de abril, de los que se deducirá sin dificultad el desarrollo de la actividad en todo el Estado y la posibilidad de afiliación de cualquier miembro con independencia de su residencia, sin perjuicio del derecho de las organizaciones profesionales agrarias a constituir federaciones, confederaciones o coaliciones electorales.»

MOTIVACIÓN

El ámbito estatal de una candidatura debe respetar el derecho a la libre asociación y el derecho a constituir federaciones, confederaciones o coaliciones.

ENMIENDA NÚM. 8

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Capítulo I.

ENMIENDA

De modificación.

El título del capítulo I queda redactado de la siguiente forma:

«CAPÍTULO I

La representatividad y funciones de las organizaciones profesionales agrarias.»

MOTIVACIÓN

Se propone que la Ley incluya también la definición de las funciones que corresponde ejercer a las organizaciones profesionales agrarias de carácter general y ámbito estatal que adquieran la condición de más representativas.

ENMIENDA NÚM. 9

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 3. Letra nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva letra c) en el artículo 3, con la siguiente redacción:

«c) El sufragio será personal, directo, libre y secreto.»




Página 19


MOTIVACIÓN

Las garantías de los procesos electorales de los agricultores en los procedimientos a través de los que se pretende medir la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias no pueden ser legalmente inferiores a las garantías que se reconocen a los restantes trabajadores para medir su representatividad sindical, ya que el derecho a ostentar representatividad ante las administraciones públicas forma parte del «núcleo esencial» del derecho a la libertad sindical como afirman, entre otras muchas, las sentencias del TC 36/2004 y 62/2004.

ENMIENDA NÚM. 10

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 4. 3.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 3 del artículo 4, queda redactado en los siguientes términos:

«3. Los electores que opten por ejercer el voto por correo, deberán solicitarlo a la Junta Provincial correspondiente al lugar de empadronamiento del agricultor o al domicilio social de la persona jurídica, por escrito al menos veintidós días antes de la celebración de la consulta. Para ello se formalizará la solicitud en la oficina de Correos y se acreditará personalmente la identidad ante el empleado de la oficina. El funcionario de Correos encargado de recibirla exigirá al interesado la exhibición de su documento nacional de identidad y comprobará la coincidencia de la firma. En ningún caso se admitirá a estos efectos fotocopia del documento nacional de identidad. La Junta, previa revisión de la documentación presentada, remitirá al elector por correo certificado y urgente la documentación oportuna antes de diez días de la fecha de inicio de la consulta al domicilio por él indicado o, en su defecto, al que figure en el censo. El aviso de recibo acreditativo de la recepción de dicha documentación deberá ser firmado personalmente por la persona interesada previa acreditación de su identidad. Caso de no encontrarse en su domicilio, se le comunicará que deberá personarse por sí o a través de persona autorizada notarial o consularmente en la oficina de Correos correspondiente para, previa acreditación, recibir la documentación para el voto por correo, cuyo contenido se hará constar expresamente en el aviso. Dicha documentación, debidamente cumplimentada, se remitirá por correo certificado y urgente a la Junta Provincial respectiva con la antelación suficiente para que se reciba el día anterior al de la consulta.»

MOTIVACIÓN

Se trata de establecer garantías semejantes a las del voto por correo previstas en la Ley de Régimen Electoral General para asegurar que el voto sea libre, personal, secreto y directo, al haberse constatado envíos masivos de documentación electoral dirigidos a la sede de alguna concreta organización profesional agraria en recientes elecciones a Cámaras Agrarias Provinciales, como las que se celebraron en Ávila y Salamanca el 2 de diciembre de 2012 organizadas por la Junta de Castilla y León.

No pueden regularse las condiciones del voto por correo mediante un convenio privado de colaboración. Debe ser regulado por Ley y conforme a la normativa general electoral dada la trascendencia legal y jurídica del proceso electoral que se propone.

La ley debe explicitar, al menos, que el elector introducirá personalmente la papeleta en el sobre de votación y que con esta finalidad debe garantizarse que el aviso de recibo acreditativo de la recepción de la documentación electoral deberá ser firmado personalmente por el interesado previa acreditación de su identidad. Este es el modo de garantizar la personalidad del voto por correspondencia y de evitar el riesgo de votos masivos desde las sedes de las organizaciones que concurren al proceso electoral. De hecho,




Página 20


la LO 6/1992 de 2 de noviembre, modificó el artículo 73 de la LOREG, dando al precepto ésta redacción precisamente para evitar el voto por correspondencia masivo desde las sedes de determinados partidos políticos. Que el problema que se intenta abordar es real y grave se ha constatado recientemente en las últimas elecciones a cámaras agrarias provinciales de alguna concreta comunidad autónoma.

ENMIENDA NÚM. 11

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 5.

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 5 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 5. Organizaciones agrarias más representativas.

1. Son organizaciones agrarias más representativas las que obtengan, al menos, un quince por ciento de los votos válidos emitidos en la consulta en todo el Estado y, además, en seis comunidades autónomas, al menos un cinco por ciento de los votos válidos emitidos en la consulta en cada una de ellas.

2. Las organizaciones agrarias más representativas tendrán las siguientes finalidades, funciones y prerrogativas:

a) Defender y tutelar de forma colectiva los intereses profesionales de los agricultores, ganaderos y silvicultores.

b) Ser consultadas de manera preceptiva en el diseño de las políticas públicas que afecten a las organizaciones agrarias y a sus representados.

c) Gestionar programas públicos dirigidos a los profesionales agrarios y forestales.

d) Concertar acuerdos de interés profesional con los poderes públicos y en el ámbito socioeconómico.

e) Participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de controversias.»

MOTIVACIÓN

Explicitar las finalidades, funciones y prerrogativas de las organizaciones agrarias más representativas.

ENMIENDA NÚM. 12

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 6. 2.

ENMIENDA

De modificación.




Página 21


El apartado 2 del artículo 6, queda redactado en los siguientes términos:

«2. Para su elaboración, la Dirección del Censo recabará de oficio la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y del Instituto Nacional de Estadística (INE). Asimismo, se podrán incluir en el censo a petición de parte, las personas jurídicas que cumplan los requisitos del apartado 5, solicitando su inscripción en el censo.»

MOTIVACIÓN

Se propone que el censo se circunscriba a los profesionales agrarios que por su actividad están afiliados a la Seguridad Social por cuenta propia, así como a las personas jurídicas dedicadas a la actividad agraria, de tal forma que sobra la mención al FEGA. Así, para la elaboración del censo se debe recabar la colaboración de la TGSS y del INE, en este último caso para obtener el domicilio de empadronamiento de las personas físicas incluidas en el censo. Es posible que las personas físicas no mantengan actualizados sus datos de domicilio en la TGSS, ya que habitualmente las entidades bancarias comunican los cambios de número de cuenta en la que se tienen domiciliados los pagos a la Seguridad Social, pero no así los del domicilio.

ENMIENDA NÚM. 13

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 6. 4.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 4 del artículo 6, queda redactado en los siguientes términos:

«4. El censo incluirá de oficio a las personas físicas que, siendo profesionales de la agricultura, ejerzan por cuenta propia la actividad agrícola, ganadera o forestal de modo directo y personal, y coticen a la Seguridad Social como consecuencia de estas actividades de acuerdo con los datos obrantes en la Tesorería General de la Seguridad Social.»

MOTIVACIÓN

Se propone que el censo se circunscriba a los profesionales agrarios que por su actividad están afiliados a la Seguridad Social por cuenta propia, así como a las personas jurídicas dedicadas a la actividad agraria.

Así, se elimina la posibilidad de que dé derecho a voto y por lo tanto a inclusión en el censo el hecho de percibir pagos directos de la PAC, que al ser desacoplados no son garantía alguna de actividad agraria real. También es un criterio absolutamente discrecional que discrimina por razones económicas.

Además se trata de un criterio contradictorio con el reciente Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de 21 de enero de 2014. En dicho Acuerdo se estableció el criterio de considerar agricultor activo solamente a aquéllos beneficiarios de las ayudas directas de la PAC cuyo importe percibido no suponga más de un 80% del total de sus ingresos agrarios. El Acuerdo también establece que solo se considerará que la actividad agraria es significativa cuando los beneficiarios cuentan con algún ingreso agrario suficientemente representativo distinto de las ayudas directas.

Por el contrario, el Proyecto de Ley pretende incluir en el censo de electores a todos los perceptores de pagos directos superiores a 3.000 euros. En consecuencia, se podría dar derecho a voto a agricultores no activos, ya que este requisito solamente será exigible a partir de la solicitud de la PAC de 2015. Para




Página 22


dotar de coherencia a este planteamiento sería necesario comprobar que dichos perceptores de más de 3.000 ¤ de pagos directos son agricultores activos.

Estos mismos argumentos sirven para rechazar la inclusión en el censo de aquellos agricultores que declaren una renta procedente de actividades agrarias en un porcentaje igual o superior al 25% de su renta total.

ENMIENDA NÚM. 14

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 7. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo 7, con la siguiente redacción:

«3 bis (nuevo). Las candidaturas que presenten las organizaciones agrarias que participen en la consulta estarán compuestas por un número de personas igual al número de miembros que a propuesta de las organizaciones agrarias más representativas formen parte del Consejo Agrario regulado el Capítulo II de esta Ley.»

MOTIVACIÓN

Se propone que las candidaturas tengan tantos miembros como los previstos para la composición del Consejo Agrario en lo que respecta a las organizaciones agrarias más representativas. Esto permite visualizar ante el electorado los representantes directos de las organizaciones que participan en la consulta. Los resultados electorales en número de votos determinarán el número de representantes de cada organización agraria y la representatividad de las mismas.

ENMIENDA NÚM. 15

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 8. 3.

ENMIENDA

De modificación.

El segundo inciso del segundo párrafo del apartado 3 del artículo 8, queda redactado en los siguientes términos:

«Formarán parte de la Comisión el Director General de Servicios, la Directora General de Desarrollo Rural y Política Forestal, el Abogado del Estado del Departamento y juristas de reconocido prestigio designados a propuesta de las organizaciones profesionales agrarias más representativas en número igual al de dichas organizaciones.»




Página 23


MOTIVACIÓN

Se propone la presencia de juristas de reconocido prestigio en la Comisión Central, que es el órgano encargado de velar por la pureza del proceso electoral. La presencia de las organizaciones profesionales agrarias más representativas en las Juntas Electorales, bien por medio de un representante o bien por medio de un jurista de reconocido prestigio, se encuentra prevista en todas las Comunidades Autónomas que han regulado elecciones a Cámaras Agrarias tales como Cataluña o Castilla y León.

Con la modificación que se propone se garantiza la independencia del órgano y la objetividad de su función en la interpretación y aplicación de la Ley, lo que dotará al Consejo Agrario, como órgano designado en la consulta, de un verdadero prestigio reafirmándolo como un interlocutor realmente capaz de llegar a acuerdos con el Ministerio y de realizar propuestas con un respaldo real del sector, que es el principal objetivo de la Ley según su exposición de motivos.

ENMIENDA NÚM. 16

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 8. 4.

ENMIENDA

De modificación.

El segundo inciso del segundo párrafo del apartado 4 del artículo 8, queda redactado en los siguientes términos:

«Formarán parte de cada Junta tres funcionarios nombrados por el Delegado del Gobierno y vocales designados a propuesta de las organizaciones profesionales agrarias más representativas en número igual al de dichas organizaciones.»

MOTIVACIÓN

La coordinación del proceso de consulta y otras cuestiones relevantes como la distribución territorial de las mesas electorales dentro de cada provincia, son problemas importantes que se deberán resolver en las elecciones, puesto que se debe facilitar la participación de los electores procurándose en la medida de lo posible que la distancia que tenga que recorrer el elector para depositar su voto no sea excesiva.

El propio prestigio del Consejo Agrario como interlocutor del Ministerio de Agricultura depende en buena medida de la participación de los electores. La coordinación del proceso electoral, la distribución territorial de las mesas de consulta, su constitución y funcionamiento son cuestiones en las que deben ser oídas las organizaciones profesionales agrarias llamadas al proceso electoral y para ello deben poder participar en las Juntas Electorales Provinciales.

ENMIENDA NÚM. 17

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 8. 5.




Página 24


ENMIENDA

De modificación.

El apartado 5 del artículo 8, queda redactado en los siguientes términos:

«5. Se constituirá una mesa de consulta en cada capital de provincia y en cada isla que cuente, al menos, con directorio insular y tantas mesas locales como sean necesarias en función del censo de la demarcación territorial. La Junta Provincial publicará la relación de mesas y su ubicación a los diez días del inicio de la consulta.

Las mesas estarán formadas por el número de urnas que sean necesarias con un máximo de 100 votantes. Las urnas estarán formadas por seis vocales menores de sesenta y cinco años, tres titulares y tres suplentes, seleccionados aleatoriamente entre los que se encuentren inscritos en el censo de la Mesa. Entre los vocales se designará un presidente. El representante de cada candidatura podrá designar un interventor, con voz y sin voto, entre los inscritos en el censo de la Mesa diez días antes de la votación.»

MOTIVACIÓN

Se propone limitar el número máximo de votantes para favorecer la aproximación de las mesas electorales al ámbito comarcal y facilitar la participación de los electores, lo que contribuirá al prestigio del Consejo Agrario como interlocutor del Ministerio de Agricultura.

Además, la distribución de las mesas electorales dentro de cada provincia es justamente la cuestión que, por su proximidad, están llamadas a resolver las Juntas Provinciales. De hecho, el anteproyecto de ley que se facilitó a las organizaciones profesionales agrarias preveía que la distribución de las mesas fuera establecida por las Juntas Provinciales, como es razonable. La Comisión Central está demasiado alejada de las provincias para establecer con criterio en qué comarcas de cada provincia es necesario o conveniente establecer una mesa electoral.

ENMIENDA NÚM. 18

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo artículo con la siguiente redacción:

«Artículo 8 bis (nuevo). Campaña para la consulta.

1. Se entiende por campaña para la consulta el conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo por las organizaciones profesionales agrarias, federaciones, coaliciones o agrupaciones y sus representantes en orden a la captación de sufragios. Ninguna otra persona jurídica podrá realizar campaña para la consulta a partir de la fecha de la convocatoria de la misma, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Española.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente podrá realizar durante el periodo de consulta una campaña de carácter institucional destinada a informar a los electores sobre la fecha de la votación, el procedimiento para votar y los requisitos y trámites del voto por correo, sin influir, en ningún caso, en la orientación del voto de los electores.

Desde la convocatoria de la consulta y hasta la celebración de la misma queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares




Página 25


a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las organizaciones profesionales agrarias concurrentes a la consulta.

2. La campaña para la consulta comienza el día cuadragésimo primero posterior a la convocatoria, dura quince días y finaliza, en todo caso, a las cero horas del día de la votación.

3. Los ayuntamientos deberán reservar locales oficiales y lugares públicos de uso gratuito para la celebración de actos de campaña para la consulta, así como lugares especiales gratuitos para la colocación de propaganda.

4. Por Orden Ministerial se fijarán tarifas especiales para los envíos postales de propaganda para la consulta.

5. La Comisión Central es la autoridad competente para distribuir los espacios gratuitos de propaganda para la consulta que se emitan por los medios de comunicación públicos. La distribución de dichos espacios atenderá a la representación obtenida por las organizaciones profesionales agrarias, federaciones, coaliciones o agrupaciones en anteriores procesos electorales equivalentes.»

MOTIVACIÓN

Es preciso adoptar para la consulta garantías similares a las obligatorias en las elecciones generales, por lo que en otra enmienda se declara expresamente la supletoriedad de la Ley de Régimen Electoral General. En todo caso, una mínima regulación de la campaña electoral es imprescindible.

ENMIENDA NÚM. 19

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo artículo, con la siguiente redacción:

«Artículo 8 ter (nuevo). Subvenciones para gastos relacionados con la consulta.

1. Se consideran gastos relacionados con la consulta los que realicen las organizaciones profesionales agrarias, federaciones, colaciones o agrupaciones participantes en la consulta desde el día de la convocatoria de la misma hasta el de la proclamación de los resultados por los siguientes conceptos:

a) Confección de sobres y papeletas para la consulta.

b) Propaganda y publicidad directa o indirectamente dirigida a promover el voto a su candidatura.

c) Alquiler de locales para la celebración de actos de campaña para la consulta.

d) Remuneraciones o gratificaciones al personal no permanente que preste sus servicios a las candidaturas.

e) Medios de transporte y gastos de desplazamiento de los dirigentes de las organizaciones que concurren a la consulta y del personal al servicio de la candidatura.

f) Correspondencia y franqueo.

g) Intereses de los créditos recibidos para la campaña para la consulta, devengados hasta la fecha de percepción de la subvención correspondiente.

h) Cuantos sean necesarios para la organización y funcionamiento de las oficinas y servicios precisos para la consulta.

2. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente será el encargado de financiar los gastos ocasionados a las organizaciones profesionales agrarias, federaciones, coaliciones o agrupaciones




Página 26


por su concurrencia a la consulta. En ningún caso la subvención correspondiente a cada organización podrá superar la cuantía de los gastos declarados y justificados, que serán auditados por el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su función fiscalizadora.

3. Ninguna organización profesional agraria, federación, coalición o agrupación podrá realizar gastos relacionados con la consulta que superen los límites establecidos mediante Orden Ministerial.»

MOTIVACIÓN

Es preciso adoptar para la consulta garantías similares a las obligatorias en las elecciones generales, por lo que en otra enmienda se declara expresamente la supletoriedad de la Ley de Régimen Electoral General. En todo caso, una mínima regulación de los gastos relacionados con la consulta que realicen las organizaciones profesionales agrarias es necesaria.

ENMIENDA NÚM. 20

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 10. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado 4 en el artículo 10, con la siguiente redacción:

«4 (nuevo). Con carácter supletorio a todo lo dispuesto en esta Ley para regular el procedimiento de consulta para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias de carácter general y ámbito estatal, resultará de aplicación la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.»

MOTIVACIÓN

La exposición de motivos del Proyecto de Ley manifiesta que se han adoptado para la consulta garantías similares a las obligatorias en las elecciones generales por lo que es conveniente que esta declaración de principios se haga efectiva declarándose expresamente la supletoriedad de la Ley de Régimen Electoral General, lo que indudablemente redundará en el propio prestigio del Consejo Agrario que resulte elegido.

ENMIENDA NÚM. 21

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 13.

ENMIENDA

De modificación.




Página 27


El artículo 13 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 13. Creación y naturaleza del Consejo Agrario.

Se crea el Consejo Agrario como órgano colegiado de interlocución y de carácter consultivo adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la finalidad de informar y asesorar, proponer, negociar y concertar con la Administración General del Estado en las cuestiones de interés general agrario y rural.

Después de cada consulta para la determinación de la representatividad de las organizaciones agrarias de carácter general y ámbito estatal, el Consejo Agrario se constituirá en el plazo máximo de un mes desde la proclamación definitiva de los resultados generales por parte de la Comisión Central.»

MOTIVACIÓN

Se propone que el Consejo Agrario sea, además de conservar su carácter consultivo, un órgano de interlocución con la Administración General del Estado.

Además, es razonable establecer un plazo máximo para la constitución del Consejo Agrario después de cada proceso de consulta.

ENMIENDA NÚM. 22

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 14. 1. Letra nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva letra e) en el apartado 1 del artículo 14, con la siguiente redacción:

«e) Dialogar, negociar y concertar en relación a las políticas agrarias que afecten a los profesionales del sector.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior.

ENMIENDA NÚM. 23

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 15. 1.

ENMIENDA

De modificación.




Página 28


El apartado 1 del artículo 15, queda redactado en los siguientes términos:

«1. El Consejo Agrario tendrá una composición paritaria. Se compone de veinte consejeros nombrados por el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, diez a propuesta de las organizaciones agrarias más representativas, de acuerdo con los resultados obtenidos en la consulta, y diez a propuesta de los sindicatos más representativos del sector agrario, de acuerdo con la representatividad obtenida en las elecciones sindicales.»

MOTIVACIÓN

Las materias sobre las que va a intervenir el Consejo Agrario inciden directamente sobre los intereses sociales de las personas trabajadoras del sector agrario. El Consejo tendría un grave sesgo democrático si no da cabida a la incorporación de las dos organizaciones sindicales más representativas de los intereses de los trabajadores por cuenta ajena, que son más del 80% de las personas cuyo medio de vida esencial deriva de la actividad agraria.

Hay que evitar un modelo censitario, incompatible con la Constitución, que otorga capacidad para intervenir en la definición de las políticas públicas únicamente a los ciudadanos en función de su condición de empresario o titular de una explotación económica.

Se propone, por tanto, que los sindicatos agrarios más representativos del sector agrario (FEAGRA-CCOO, con el 54% y Fitag-UGT, con el 46%) formen parte de pleno derecho del Consejo Agrario.

ENMIENDA NÚM. 24

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 15. 5.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 5 del artículo 15, queda redactado en los siguientes términos:

«5. El mandato de los consejeros tendrá una duración de cinco años. Las organizaciones agrarias y los sindicatos agrarios más representativos podrán proponer al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la substitución de los consejeros que los representen en cualquier momento de la vigencia de su mandato.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior. Se propone que los sindicatos agrarios más representativos del sector agrario formen parte de pleno derecho del Consejo Agrario.

ENMIENDA NÚM. 25

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 16.




Página 29


ENMIENDA

De modificación.

El artículo 16 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 16. Atribución de consejeros.

El número de consejeros que le corresponde a cada organización profesional agraria más representativa en el Consejo Agrario se determinará por el siguiente procedimiento:

a) (…)

b) (…)

c) (…).

El número de consejeros que le corresponde a cada sindicato agrario más representativo se determinará en proporción a su representatividad obtenida en las elecciones sindicales del sector, según certificación emitida por la Secretaría del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores. Se propone que los sindicatos agrarios más representativos del sector agrario formen parte de pleno derecho del Consejo Agrario.

ENMIENDA NÚM. 26

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 17. 1.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 1 del artículo 17, queda redactado en los siguientes términos:

«1. Las personas propuestas por las organizaciones profesionales agrarias para ocupar los puestos de consejeros deben reunir los siguientes requisitos:

a) (…)

b) (…)

c) (…)

d) (…).»

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores. Se propone que los sindicatos agrarios más representativos del sector agrario formen parte de pleno derecho del Consejo Agrario.




Página 30


ENMIENDA NÚM. 27

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 17. 2.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 2 del artículo 17, queda redactado en los siguientes términos:

«2. En el caso de que una organización o sindicato pueda proponer varias personas para el Consejo Agrario, la relación propuesta deberá contar con un número equilibrado de varones y mujeres en la que ningún sexo podrá representar menos del 40 por ciento.»

MOTIVACIÓN

Avanzar en la igualdad en los órganos de representación.

ENMIENDA NÚM. 28

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 17. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo 17, con la siguiente redacción:

«1 bis (nuevo). Cada persona propuesta por los sindicatos agrarios más representativos para ocupar los puestos de consejeros deberá estar afiliada al sindicato proponente.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores. Se propone que los sindicatos agrarios más representativos del sector agrario formen parte de pleno derecho del Consejo Agrario.

ENMIENDA NÚM. 29

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional segunda.




Página 31


ENMIENDA

De modificación.

La disposición adicional segunda, queda redactada en los siguientes términos:

«Disposición adicional segunda. Subvenciones vinculadas a la representatividad.

La representatividad obtenida por las organizaciones profesionales agrarias en la consulta que regula esta ley y la obtenida por los sindicatos más representativos del sector en las elecciones sindicales podrá ser tenida en cuenta por otros Departamentos ministeriales a fin de modular las ayudas públicas que pudieran concederles.»

MOTIVACIÓN

Las subvenciones vinculadas a la representatividad han de considerar a la obtenida por los sindicatos agrarios más representativos.

ENMIENDA NÚM. 30

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:

«Disposición adicional (nueva). Colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social con los procesos electorales autonómicos.

Las comunidades autónomas que regulen y celebren procesos electorales en el ámbito agrícola, ganadero y forestal para la participación en órganos y entidades de carácter consultivo autonómicos estarán habilitadas para recabar de oficio la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social para obtener los datos de las personas físicas que ejerzan por cuenta propia la actividad agrícola, ganadera o forestal de modo directo y personal y coticen a la Seguridad Social como consecuencia de dichas actividades.»

MOTIVACIÓN

Facilitar la obtención por parte de las comunidades autónomas de los datos de las personas físicas que están afiliadas a la Seguridad Social por cuenta propia como consecuencia de sus actividades agrarias, de cara a los procesos electorales para medir la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en su ámbito territorial.




Página 32


ENMIENDA NÚM. 31

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición transitoria única.

ENMIENDA

De modificación.

La disposición transitoria única, queda redactada en los siguientes términos:

«Disposición transitoria única. Consejo Agroalimentario del Estado y Comité Asesor Agrario.

El Consejo Agroalimentario del Estado y el Comité Asesor Agrario creados por la Ley 10/2009, de 20 de octubre, de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias, continuarán ejerciendo sus funciones hasta que se reúna por primera vez el Consejo Agrario, lo que se verificará en el plazo máximo de seis meses desde que tenga lugar el escrutinio.»

MOTIVACIÓN

El Consejo Agroalimentario del Estado se creó como órgano consultivo para asesorar a la Administración General del Estado en la determinación de las orientaciones generales de la política agroalimentaria. Y está integrado de forma paritaria por la AGE y por representantes de OPAs, de asociaciones del cooperativismo agrario y de la industria agroalimentaria, y de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

Se propone que la previsión de continuidad del Comité Asesor Agrario (del que sólo forman parte las OPAs) hasta que esté operativo el nuevo Consejo Agrario, se extienda al Consejo Agroalimentario del Estado.

ENMIENDA NÚM. 32

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición derogatoria única.

ENMIENDA

De modificación.

La disposición derogatoria única, queda redactada en los siguientes términos:

«Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Ley 10/2009, de 20 de octubre, de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias, excepto sus disposiciones finales tercera y cuarta que permanecen en vigor, y el Real Decreto 822/2010, de 25 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 10/2009, de 20 de octubre, de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias.»




Página 33


MOTIVACIÓN

La disposición final tercera de la Ley 10/2009 que se deroga modifica la Ley para el desarrollo sostenible rural para definir qué se entiende por profesional de la agricultura. Igualmente, la disposición final cuarta hace lo propio con la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias recogiendo esa definición de agricultor profesional.

Entendemos que esas disposiciones deben continuar en vigor.

ENMIENDA NÚM. 33

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Anexo.

ENMIENDA

De modificación.

En el Anexo (Cronograma de la consulta) la fecha y definición del plazo en el cronograma «D+56 Recepción del voto por correo» quedan establecidos de la siguiente forma:

«D+56 Recepción del voto por correo y fin de la campaña electoral.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior.

ENMIENDA NÚM. 34

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Anexo.

ENMIENDA

De adición.

En el Anexo (Cronograma de la consulta) se añade una nueva fecha y definición del plazo para insertar en el cronograma, con la siguiente redacción:

«D+41 Inicio de la campaña electoral.»

MOTIVACIÓN

Ya se ha propuesto en otra enmienda que es preciso adoptar para la consulta garantías similares a las obligatorias en las elecciones generales, por lo que es conveniente declarar expresamente la supletoriedad de la Ley de Régimen Electoral General. En todo caso, una mínima regulación de la campaña electoral es imprescindible y el cronograma debe incorporar el inicio y fin de dicha campaña.




Página 34


El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan 53 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario.

Palacio del Senado, 7 de mayo de 2014.—Narvay Quintero Castañeda y Miguel Zerolo Aguilar.

ENMIENDA NÚM. 35

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 1. 1.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del apartado 1 del Artículo 1:

«1. El objeto de esta ley es regular el procedimiento de consulta para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias de carácter general y ámbito nacional, así como sus finalidades, funciones y prerrogativas ante la Administración General del Estado.»

JUSTIFICACIÓN

El artículo 1 solo prevé la representación institucional, olvidando la concertación de las políticas públicas que incidan sobre los profesionales agrarios, elemento esencial del desarrollo de una participación institucional en los asuntos públicos, así como, el establecimiento de las finalidades, funciones y prerrogativas que se van a otorgar a las OPA en materia de:

— La defensa y tutela colectiva de los intereses profesionales de las personas agricultoras, ganaderas y silvicultoras (legitimidad universal en la defensa de los intereses profesionales y socioeconómicos, tanto ante los poderes públicos, incluida la legitimidad ante la judicatura, como del resto de sociedad civil y organizaciones económicas).

— Consulta preceptiva en el diseño de las políticas públicas que afecten a las propias organizaciones y a sus representados.

— Gestionar programas públicos dirigidos a los profesionales agrarios y forestales (formación, asesoramiento, transferencia tecnológica, innovación y desarrollo, etc.).

— Concertar acuerdos de interés profesional (con los poderes públicos y en el ámbito socioeconómico, como interprofesionales, etc.)

Para las OPA más representativas deberían reservarse, además de la función de representación institucional ante la Administración General del Estado y el uso y disfrute del patrimonio de titularidad pública, ya previstos en el anteproyecto de ley, la de participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de controversias, como en las juntas arbitrales (contratos, etc.), los jurados de expropiaciones, etc.




Página 35


ENMIENDA NÚM. 36

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 1. 2.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del apartado 2 del Artículo 1:

«2. Asimismo, es también objeto de esta ley la creación del Consejo Agrario como órgano consultivo y de concertación adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.»

JUSTIFICACIÓN

El artículo 1 solo prevé la representación institucional, olvidando la concertación de las políticas públicas que incidan sobre los profesionales agrarios, elemento esencial del desarrollo de una participación institucional en los asuntos públicos, así como, el establecimiento de las finalidades, funciones y prerrogativas que se van a otorgar a las OPA en materia de:

— La defensa y tutela colectiva de los intereses profesionales de las personas agricultoras, ganaderas y silvicultoras (legitimidad universal en la defensa de los intereses profesionales y socioeconómicos, tanto ante los poderes públicos, incluida la legitimidad ante la judicatura, como del resto de sociedad civil y organizaciones económicas).

— Consulta preceptiva en el diseño de las políticas públicas que afecten a las propias organizaciones y a sus representados.

— Gestionar programas públicos dirigidos a los profesionales agrarios y forestales (formación, asesoramiento, transferencia tecnológica, innovación y desarrollo, etc.).

— Concertar acuerdos de interés profesional (con los poderes públicos y en el ámbito socioeconómico, como interprofesionales, etc.)

Para las OPA más representativas deberían reservarse, además de la función de representación institucional ante la Administración General del Estado y el uso y disfrute del patrimonio de titularidad pública, ya previstos en el anteproyecto de ley, la de participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de controversias, como en las juntas arbitrales (contratos, etc.), los jurados de expropiaciones, etc.

ENMIENDA NÚM. 37

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 1. 3. b.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación de la letra b) del apartado 3 del Artículo 1:

«b) Coalición de organizaciones agrarias: Unión de organizaciones en el ámbito nacional para concurrir a la consulta formando una sola candidatura.»




Página 36


JUSTIFICACIÓN

La letra b) del punto 3 del artículo 1 del proyecto de ley define como coalición de organizaciones agrarias solo a la unión de organizaciones de ámbito nacional, excluyendo de forma ilegal las coaliciones entre una organización o varias de ámbito nacional con otras de inferior ámbito, supra autonómico o autonómico.

La Unión de Uniones considera que dicha previsión u exclusión es contraria a lo establecido en los Convenios número 87 de la OIT y el número 141 de la OIT sobre las organizaciones de trabajadores rurales (apartado 1 del artículo 3), al limitar la elección libre de los representantes y (apartado 2 del artículo 3), al injerirse los poderes públicos en la libertad de asociarse mediante coaliciones electorales de cualquier índole, en este sentido cabe recodar que la no discriminación y libertad de asociación regulados por los artículos 14 y 22 de la Constitución Española, los cuales por mandato del artículo 10.2 CE, los preceptos constitucionales que reconocen los derechos de igualdad y no discriminación y de libre asociación, 14 y 22 CE respectivamente, deben ser interpretados de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Tratados y los Acuerdos Internacionales sobre estas materias ratificados por España. Además para evitar posibles interpretaciones no ajustadas al ordenamiento jurídica consideramos necesario aclarar la redacción del apartado 4 del Artículo 1 respecto al derecho a que el ámbito nacional de una candidatura (organización o coalición) debe respetar el derecho a la libre asociación (artículo 22 de la CE) y el derecho a constituir federaciones, confederaciones y coaliciones (artículo 5 del Convenio OIT número 87).

En este sentido, la STC 85/2003, en su fundamento jurídico 6.º «in fine» establece lo siguiente:

«Por último, conviene asimismo advertir que aun cuando en determinadas demandas de amparo se invocan como lesionados diversos preceptos del Convenio para la protección de los derechos humanos, no le corresponde a este Tribunal, al conocer del recurso de amparo, examinar la observancia o inobservancia “per se” de textos internacionales que obliguen a España, sino comprobar el respeto o la infracción de los preceptos constitucionales que reconocen derechos fundamentales y libertades públicas susceptibles de amparo (arts. 53.2 CE y 49.1 LOTC), sin perjuicio de que, por mandato del art. 10.2 CE, deban tales preceptos ser interpretados “de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España” (STC 120/1990, de 27 de junio, —RTC1990, 120—, F. 3.º; STC 249/2000, de 30 de octubre, —RTC 2000, 249—, F. 2.º).»

En ese mismo sentido, respecto a las Recomendaciones OIT y a los informes del Comité de Libertad Sindical de la OIT, la STC 38/1981, en su fundamento jurídico 4.º «in fine» establece lo siguiente:

«Si se observa lo que dice su artículo 10.2), los textos internacionales ratificados por España son instrumentos valiosos para configurar el sentido y alcance de los derechos que, en este punto, recoge la Constitución. Los Convenios OIT, ratificados por España constituyen, sin duda, textos invocables al respecto al igual que otros textos internacionales (así, el art. 8.º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; art. 1.º, 5) CC. Los Convenios se incorporan al ordenamiento interno, y de estas normas internas surgen los derechos individuales, que cuando se recogen en el capítulo de derechos o libertades para cuya protección se abre el recurso de amparo (como es el caso, del derecho sobre el que este proceso se cuestiona), adquieren un valor capital las reglas del Convenio o Tratado. Las Recomendaciones OIT, si bien, como es obvio, distintas de los Convenios, y sin alusión directa en el art. 10.2) CE, son textos orientativos, que sin eficacia vinculante pueden operar como criterios interpretativos o aclaratorios de los Convenios, carácter con el que se invocan aquí las Recomendaciones a las que hemos hecho sucinta referencia.» (el ennegrecido es nuestro).




Página 37


ENMIENDA NÚM. 38

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 1. 3. Letra nueva.

ENMIENDA

De adición.

Nueva letra c) en el apartado 3 del Artículo 1:

«c) Pagos directos: los establecidos de acuerdo con en la letra d) del artículo 2 del Reglamento (CE) 79/2003 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común o de acuerdo con el Anexo I del Reglamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común.»

JUSTIFICACIÓN

En relación con el censo y los electores que perciben unos pagos directos superiores a una cantidad [letra b) del punto 4 del artículo 6] consideramos necesario aclarar a que pagos directos se refiere, para ello es necesario incorporar una letra c) al punto 3 del artículo 1 que defina los pagos directos como aquellos regulados como tales en la Política Agraria Común de acuerdo con lo establecido en la letra d) del artículo 2 del Reglamento (CE) 79/2003 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y, de acuerdo con el Anexo I del Reglamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común.

ENMIENDA NÚM. 39

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 1. 4.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del apartado 4 del Artículo 1:

«4. A los solos efectos de esta ley, se acreditará el ámbito nacional mediante los Estatutos de constitución registrados según lo previsto en la Ley 19/1977, de 1 de abril, de los que se deducirá sin dificultad el desarrollo de la actividad en todo el territorio nacional y la posibilidad de afiliación de cualquier miembro con independencia de su residencia, sin perjuicio del derecho de las organizaciones profesionales agrarias a constituir federaciones, confederaciones y coaliciones electorales.»




Página 38


JUSTIFICACIÓN

En relación con el censo y los electores que perciben unos pagos directos superiores a una cantidad [letra b) del punto 4 del artículo 6] consideramos necesario aclarar a que pagos directos se refiere, para ello es necesario incorporar una letra c) al punto 3 del artículo 1 que defina los pagos directos como aquellos regulados como tales en la Política Agraria Común de acuerdo con lo establecido en la letra d) del artículo 2 del Reglamento (CE) 79/2003 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y, de acuerdo con el Anexo I del Reglamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común.

ENMIENDA NÚM. 40

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 5.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Artículo 5, se añade el siguiente párrafo:

«Las organizaciones agrarias más representativas dispondrán y ejercerán las siguientes finalidades, funciones y prerrogativas:

a) La defensa y tutela colectiva de los intereses profesionales de las personas agricultoras, ganaderas y silvicultoras.

b) Consulta preceptiva en el diseño de las políticas públicas que afecten a las propias organizaciones y a sus representados.

c) Gestionar programas públicos dirigidos a los profesionales agrarios y forestales (formación, asesoramiento, transferencia tecnológica, innovación y desarrollo, etc.).

d) Concertar acuerdos de interés profesional, con los poderes públicos y en el ámbito socioeconómico, como interprofesionales, etc.

e) Participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de controversias, como en las juntas arbitrales (contratos, etc.), los jurados de expropiaciones, etc.»

JUSTIFICACIÓN

El artículo 1 solo prevé la representación institucional, olvidando la concertación de las políticas públicas que incidan sobre los profesionales agrarios, elemento esencial del desarrollo de una participación institucional en los asuntos públicos, así como, el establecimiento de las finalidades, funciones y prerrogativas que se van a otorgar a las OPA en materia de:

— La defensa y tutela colectiva de los intereses profesionales de las personas agricultoras, ganaderas y silvicultoras (legitimidad universal en la defensa de los intereses profesionales y socioeconómicos, tanto ante los poderes públicos, incluida la legitimidad ante la judicatura, como del resto de sociedad civil y organizaciones económicas).

— Consulta preceptiva en el diseño de las políticas públicas que afecten a las propias organizaciones y a sus representados.




Página 39


— Gestionar programas públicos dirigidos a los profesionales agrarios y forestales (formación, asesoramiento, transferencia tecnológica, innovación y desarrollo, etc.).

— Concertar acuerdos de interés profesional (con los poderes públicos y en el ámbito socioeconómico, como interprofesionales, etc.).

Para las OPA más representativas deberían reservarse, además de la función de representación institucional ante la Administración General del Estado y el uso y disfrute del patrimonio de titularidad pública, ya previstos en el anteproyecto de ley, la de participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de controversias, como en las juntas arbitrales (contratos, etc.), los jurados de expropiaciones, etc.

ENMIENDA NÚM. 41

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 5.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del artículo 5:

«Artículo 5. Organizaciones agrarias más representativas.

Son organizaciones agrarias más representativas las que obtengan, al menos, un diez por ciento de los votos válidos emitidos en la consulta en todo el Estado.»

JUSTIFICACIÓN

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos no está de acuerdo con la exigencia de un quince por ciento de los votos válidos emitidos en la consulta en todo el Estado para obtener la condición de OPA más representativa, ya que supone, sobre un reparto proporcional directo de los diez consejeros del Consejo Agrario, la obligación de obtener, al menos, un 50% más de votos válidos, cuando ya se establece una proporcionalidad reforzada al usar la regla de Hondt para los mayoritarios, lo que solo provocaría situaciones arbitrarias de no respeto a las minorías en el sector agrario.

Además el proyecto de ley añade la condición de haber obtenido al menos un cinco por ciento de votos válidos en seis comunidades autónomas. Esta última condición ofrece es arbitraria y contradictoria con lo expuesto en la exposición de motivos del proyecto de Ley, cuando en su tercer párrafo afirma que la Ley 10/2009 que se quiere derogar «no tiene en cuenta el peso real del número de agricultores en el total nacional.». En este sentido la propia Memoria del anteproyecto de ley critica la Ley 10/2009 (página 7) al no tener «… en cuenta que los censos de agricultores de cada comunidad autónoma tienen un peso muy diferente a nivel nacional, que puede conducir a negar el reconocimiento a una organización con un importante apoyo nacional, pero obtenido en menos de diez comunidades…» «Baste decir que cinco comunidades autónomas suponen el 64% del censo nacional y que diez pueden representar el 23 por ciento…».

La Unión de Uniones propone establecer que tengan la condición de más representativas las que obtengan, al menos, un diez por ciento de los votos válidos emitidos en la consulta en todo el Estado y eliminar la segunda condición de obtener un resultado mínimo en un mínimo de comunidades autónomas, la consulta es de ámbito estatal y el resultado al que hay que aplicar la ley de Hondt para atribuir consejeros en el Consejo Agrario debe derivar del resultado electoral en su conjunto, ya que se trata de otorgar la mayor representatividad a las OPA que obtengan un resultado a nivel estatal y no de cómo se distribuye dicho resultado por comunidades autónomas.




Página 40


ENMIENDA NÚM. 42

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 6. 2.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del apartado 2 del artículo 6:

«2. Para su elaboración, la Dirección del Censo recabará de oficio la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), del Instituto Nacional de Estadística y del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). Asimismo, se podrán incluir en el censo a petición de parte, las personas físicas que obtengan de la actividad agraria rentas en un porcentaje igual o superior al 25 por ciento de su renta total y las personas jurídicas que cumplan los requisitos del apartado 5, solicitando su inscripción en el censo.»

JUSTIFICACIÓN

El MAGRAMA debe poder recabar la colaboración del Instituto Nacional de Estadística para obtener el domicilio de empadronamiento de las personas físicas que se deban incluir en el censo, hay que tener en cuenta, que des de la paulatina transferencia de la asistencia sanitaria a las comunidades autónomas, las personas físicas no mantienen actualizados sus datos de domicilio en la Tesorería de la Seguridad Social, ya que habitualmente las entidades bancarias comunican los cambios de número de cuenta donde tienen domiciliados los pagos a la Seguridad Social, no así los de domicilio. Además en concordancia con lo establecido en el punto 3 del artículo 4 del anteproyecto de Ley para el ejercicio del voto por correo.

Disponer de los datos actualizados de los domicilios es esencial para que se puedan recibir las comunicaciones de la administración electoral y de las propias organizaciones profesionales agrarias que concurran a los procesos electorales, ya que de no ser así no se podrán garantizar los derechos de participación de los electores.

ENMIENDA NÚM. 43

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 6. 4.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del último párrafo del apartado 4 del artículo 6:

«Lo dispuesto en la letra b) anterior solo se aplicará el caso de que la renta procedente de los pagos directos de la política agrícola común no sea superior al 80 por ciento del total de sus ingresos agrarios.»

JUSTIFICACIÓN

En nuestras primeras observaciones al anteproyecto de ley ya nos mostrábamos dispuestos a considerar el derecho a ser electores a las personas jurídicas que perciben pagos directos superiores




Página 41


a 5.000 euros, en el anteproyecto de Ley a consulta en la letra b) del punto 4 del artículo 6 propone incluir a las personas físicas que perciban pagos directos superiores a 3.000 euros, dicha inclusión a la Unión de Uniones no nos parece justificada y, además, es discriminatoria con otras personas físicas que obteniendo unos ingresos agrarios totales (mercado más ayudas) de similar cuantía que los de las personas físicas perceptoras de pagos directos superiores a 3.000 euros, por disponer de orientaciones productivas sin ayudas directas de la PAC o incluso de las que suponen un apoyo muy bajo, las cuales al no sobrepasar los 3.000 euros de pagos directos y no cumplir con lo exigido en la letra a) del mismo punto quedaran fuera del censo. Por lo que consideramos que la cifra de los 3.000 euros debe volver a estar como mínimo en los 5.000 euros para eliminar la gran mayoría de dichas discriminaciones.

En consonancia con nuestra propuesta de enmienda al punto 3 del artículo 1 al establecer una cifra de pagos directos deben aclararse dos elementos, el primero que no se trata de cualquier pago directo de la Administración a la persona física, debe referirse específicamente a los pagos directos en el marco de la política agraria común y, el segundo, que la cifra se refiere a un año o campaña, ya que de no aclararlo se puede alcanzar dicha cifra con la suma de los pagos directos de varios años, lo que sería un fraude al propio establecimiento de dicha cifra.

El último punto y seguido del último párrafo del punto 4 nos parece, a la Unión de Uniones, abrir el proceso electoral a posibles defraudadores en los pagos directos en el marco de la política agraria común, ya que solo aquellas personas que hayan sido afectadas por circunstancias excepcionales apreciadas por la Administración o que hayan mantenido toda la tierra en buenas condiciones agrarias y medioambientales pueden no tener otros ingresos agrarios que los pagos directos exclusivamente, ya que para ser beneficiario de los pagos directos se debe ser agricultor, disponer de una explotación y ejercer la actividad agraria en el sentido de las definiciones de las letras a), b) y c) del artículo 1 del Reglamento (CE) 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, en caso contrario se está ante un fraude en los pagos directos en el marco de la política agraria común. Por tanto, proponemos la supresión del contenido de dicho punto y seguido, consideramos que con las observaciones del párrafo anterior a la letra b) del punto 4 del artículo 6 del anteproyecto de Ley queda suficientemente aclarado quien tiene derecho como elector a participar en la consulta. Además des del acuerdo alcanzado en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebrada en Madrid el 21 de enero de 2014, hay acuerdo para que se regule, a partir del 2015, como agricultor activo aquel que sus ayudas directas no supongan más del 80% del total de sus ingresos agrarios.

ENMIENDA NÚM. 44

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 6. 4. b.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación de la letra b) del apartado 4 del artículo 6:

«b) Percibir pagos directos de la política agrícola común superiores a 5.000 euros al año, de acuerdo con los datos obrantes en el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).»

JUSTIFICACIÓN

En nuestras primeras observaciones al anteproyecto de ley ya nos mostrábamos dispuestos a considerar el derecho a ser electores a las personas jurídicas que perciben pagos directos superiores a 5.000 euros, en el anteproyecto de Ley a consulta en la letra b) del punto 4 del artículo 6 propone incluir a las personas físicas que perciban pagos directos superiores a 3.000 euros, dicha inclusión a la Unión de




Página 42


Uniones no nos parece justificada y, además, es discriminatoria con otras personas físicas que obteniendo unos ingresos agrarios totales (mercado más ayudas) de similar cuantía que los de las personas físicas perceptoras de pagos directos superiores a 3.000 euros, por disponer de orientaciones productivas sin ayudas directas de la PAC o incluso de las que suponen un apoyo muy bajo, las cuales al no sobrepasar los 3.000 euros de pagos directos y no cumplir con lo exigido en la letra a) del mismo punto quedaran fuera del censo. Por lo que consideramos que la cifra de los 3.000 euros debe volver a estar como mínimo en los 5.000 euros para eliminar la gran mayoría de dichas discriminaciones.

En consonancia con nuestra propuesta de enmienda al punto 3 del artículo 1 al establecer una cifra de pagos directos deben aclararse dos elementos, el primero que no se trata de cualquier pago directo de la Administración a la persona física, debe referirse específicamente a los pagos directos en el marco de la política agraria común y, el segundo, que la cifra se refiere a un año o campaña, ya que de no aclararlo se puede alcanzar dicha cifra con la suma de los pagos directos de varios años, lo que sería un fraude al propio establecimiento de dicha cifra.

El último punto y seguido del último párrafo del punto 4 nos parece, a la Unión de Uniones, abrir el proceso electoral a posibles defraudadores en los pagos directos en el marco de la política agraria común, ya que solo aquellas personas que hayan sido afectadas por circunstancias excepcionales apreciadas por la Administración o que hayan mantenido toda la tierra en buenas condiciones agrarias y medioambientales pueden no tener otros ingresos agrarios que los pagos directos exclusivamente, ya que para ser beneficiario de los pagos directos se debe ser agricultor, disponer de una explotación y ejercer la actividad agraria en el sentido de las definiciones de las letras a), b) y c) del artículo 1 del Reglamento (CE) 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, en caso contrario se está ante un fraude en los pagos directos en el marco de la política agraria común. Por tanto, proponemos la supresión del contenido de dicho punto y seguido, consideramos que con las observaciones del párrafo anterior a la letra b) del punto 4 del artículo 6 del anteproyecto de Ley queda suficientemente aclarado quien tiene derecho como elector a participar en la consulta. Además des del acuerdo alcanzado en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebrada en Madrid el 21 de enero de 2014, hay acuerdo para que se regule, a partir del 2015, como agricultor activo aquel que sus ayudas directas no supongan más del 80% del total de sus ingresos agrarios.

ENMIENDA NÚM. 45

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 8. 5.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del apartado 5 del artículo 8:

«5. Se constituirá una mesa de consulta en cada capital de provincia y en cada isla que cuente, al menos, con directorio insular y tantas mesas locales como sean necesarias en función del censo de la demarcación provincial. La Comisión Central publicará la relación de mesas y su ubicación a los diez días del inicio de la consulta.

Las mesas estarán formadas por el número de urnas que sean necesarias con un máximo de 200 votantes. Las urnas estarán formadas por seis vocales menores de sesenta y cinco años, tres titulares y tres suplentes, seleccionados aleatoriamente entre los que se encuentren inscritos en el censo de la Mesa. Entre los vocales se designará un presidente. El representante de cada candidatura podrá designar un interventor, con voz y sin voto, entre los inscritos en el censo de la Mesa diez días antes de la votación.»




Página 43


JUSTIFICACIÓN

La Unión de Uniones considera inaceptable que solo haya una mesa para la consulta por cada quinientos electores, ya que dicha pobre previsión dificultará la participación, hasta el punto de obtener participaciones ridículas, más aún en las provincias y comarcas en donde más distancia haya entre la capital y los pueblos agrarios más alejados. Dicha circunstancia es del todo inapropiada en unos procesos de consulta que necesitan de la mayor legitimidad democrática posible, entre los que las que la participación es un aspecto clave.

La Unión de Uniones considera necesario garantizar que haya una mesa como mínimo por cada doscientos de electores censados, además la Administración General del Estado tiene repartidas por toda la geografía otras sedes distintas a las de las Subdelegaciones o Delegaciones del Gobierno, entre otras las de la Seguridad Social o las de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, las cuales también deberían ser tenidas en cuenta para facilitar la participación. También, de acuerdo con la Disposición adicional tercera en las comunidades autónomas donde se subscriba convenio para la simultaneidad de la consulta con otros procesos electorales, puede darse un mayor acercamiento al lugar de empadronamiento de los electores.

ENMIENDA NÚM. 46

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

«Artículo [ ]. Campaña electoral.

1. El ministerio competente en materia de agricultura, ganadería y silvicultura que en virtud de su competencia legal haya convocado el proceso electoral pueden realizar durante el período electoral una campaña de carácter institucional destinada a informar a los las personas físicas y jurídicas que tiene como actividad económica habitual la agricultura, ganadería y silvicultura sobre la fecha de la votación, el procedimiento para votar y los requisitos y trámite del voto por correo, sin influir, en ningún caso, en la orientación del voto de los electores. Esta publicidad institucional se realizará en espacios gratuitos de los medios de comunicación social de titularidad pública del ámbito territorial correspondiente suficientes para alcanzar los objetivos de esta campaña.

2. Desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las organizaciones profesionales agrarias concurrentes a las elecciones.

3. Se entiende por campaña electoral, a efectos de esta Ley, el conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo por las organizaciones profesionales agrarias, federaciones, coaliciones o agrupaciones y sus representantes en orden a la captación de sufragios.

4. Salvo lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, ninguna persona jurídica distinta de las mencionadas en el apartado anterior podrá realizar campaña electoral a partir de la fecha de la convocatoria de las elecciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de la Constitución.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral




Página 44


significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

La Unión de Uniones no podemos aceptar lo establecido en el artículo 10 y el Capítulo III del proyecto de Ley en cuanto a que no se regula por ley una consulta con garantías similares a unas elecciones celebradas de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, lo que en el proyecto de Ley a consulta no se cumple, ya que para la Unión de Uniones, tal y como se pone de manifiesto en nuestras propuestas de enmiendas, también son esenciales que se regulen los siguientes aspectos:

a) Una campaña electoral.

b) La propaganda y actos de campaña electoral.

c) La utilización de medios de comunicación para la campaña electoral.

d) Gastos y subvenciones electorales.

e) Infracciones electorales relacionadas con las letras a) a d) anteriores.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 47

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

«Artículo [ ]. Duración de la campaña electoral.

1. La campaña electoral comienza el día cuadragésimo primero posterior a la convocatoria.




Página 45


2. Dura quince días.

3. Termina, en todo caso, a las cero horas del día de la votación.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

La Unión de Uniones no podemos aceptar lo establecido en el artículo 10 y el Capítulo III del proyecto de Ley en cuanto a que no se regula por ley una consulta con garantías similares a unas elecciones celebradas de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, lo que en el proyecto de Ley a consulta no se cumple, ya que para la Unión de Uniones, tal y como se pone de manifiesto en nuestras propuestas de enmiendas, también son esenciales que se regulen los siguientes aspectos:

a) Una campaña electoral.

b) La propaganda y actos de campaña electoral.

c) La utilización de medios de comunicación para la campaña electoral.

d) Gastos y subvenciones electorales.

e) Infracciones electorales relacionadas con las letras a) a d) anteriores.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 48

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.




Página 46


ENMIENDA

De adición.

«Artículo [ ]. Período de prohibición de campaña electoral.

1. No puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral una vez que ésta haya legalmente terminado. La obtención gratuita de medios proporcionados por las Administraciones Públicas quedará limitada al período estricto de campaña electoral. Las limitaciones anteriores se establecen sin perjuicio de las actividades realizadas por las organizaciones profesionales agrarias, coaliciones y federaciones en el ejercicio de sus funciones constitucionalmente reconocidas y, en particular, en el artículo 7 de la Constitución.

2. No obstante lo anterior, desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio legal de la campaña, queda prohibida la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales, no pudiendo justificarse dichas actuaciones por el ejercicio de las actividades ordinarias de los partidos, coaliciones o federaciones reconocidas en el apartado anterior.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

La Unión de Uniones no podemos aceptar lo establecido en el artículo 10 y el Capítulo III del proyecto de Ley en cuanto a que no se regula por ley una consulta con garantías similares a unas elecciones celebradas de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, lo que en el proyecto de Ley a consulta no se cumple, ya que para la Unión de Uniones, tal y como se pone de manifiesto en nuestras propuestas de enmiendas, también son esenciales que se regulen los siguientes aspectos:

a) Una campaña electoral.

b) La propaganda y actos de campaña electoral.

c) La utilización de medios de comunicación para la campaña electoral.

d) Gastos y subvenciones electorales.

e) Infracciones electorales relacionadas con las letras a) a d) anteriores.




Página 47


El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 49

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

«Artículo [ ]. Celebración de los actos de campaña electoral.

1. La celebración de actos públicos de campaña electoral se rige por lo dispuesto en la legislación reguladora del derecho de reunión. Las atribuciones encomendadas en esta materia a la autoridad gubernativa se entienden asumidas por las Juntas Provinciales, sin perjuicio de la potestad de la Junta Central de unificación de criterios interpretativos.

2. Se mantienen, en todo caso, las atribuciones de la autoridad gubernativa respecto al orden público, y con este fin, las Juntas deben informar a la indicada autoridad de las reuniones cuya convocatoria les haya sido comunicada.

3. Los Ayuntamientos deberán reservar locales oficiales y lugares públicos de uso gratuito para la celebración de actos de campaña electoral.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña




Página 48


electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

La Unión de Uniones no podemos aceptar lo establecido en el artículo 10 y el Capítulo III del proyecto de Ley en cuanto a que no se regula por ley una consulta con garantías similares a unas elecciones celebradas de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, lo que en el proyecto de Ley a consulta no se cumple, ya que para la Unión de Uniones, tal y como se pone de manifiesto en nuestras propuestas de enmiendas, también son esenciales que se regulen los siguientes aspectos:

a) Una campaña electoral.

b) La propaganda y actos de campaña electoral.

c) La utilización de medios de comunicación para la campaña electoral.

d) Gastos y subvenciones electorales.

e) Infracciones electorales relacionadas con las letras a) a d) anteriores.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 50

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

«Artículo [ ]. Propaganda electoral.

1. Los Ayuntamientos tendrán la obligación de reservar lugares especiales gratuitos para la colocación de carteles y, en su caso, pancartas y carteles colgados a postes o farolas por el sistema llamado de banderolas. La propaganda a través de las pancartas y banderolas sólo podrá colocarse en los lugares reservados como gratuitos por los Ayuntamientos.

2. Aparte de los lugares especiales gratuitos indicados en el apartado anterior, los partidos, coaliciones, federaciones y las candidaturas sólo pueden colocar carteles y otras formas de propaganda electoral en los espacios comerciales autorizados.

3. El gasto de las candidaturas en este tipo de publicidad no podrá exceder del 20 por ciento del límite de gastos de 0,37 euros por elector inscrito en el censo.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en




Página 49


su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

La Unión de Uniones no podemos aceptar lo establecido en el artículo 10 y el Capítulo III del proyecto de Ley en cuanto a que no se regula por ley una consulta con garantías similares a unas elecciones celebradas de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, lo que en el proyecto de Ley a consulta no se cumple, ya que para la Unión de Uniones, tal y como se pone de manifiesto en nuestras propuestas de enmiendas, también son esenciales que se regulen los siguientes aspectos:

a) Una campaña electoral.

b) La propaganda y actos de campaña electoral.

c) La utilización de medios de comunicación para la campaña electoral.

d) Gastos y subvenciones electorales.

e) Infracciones electorales relacionadas con las letras a) a d) anteriores.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 51

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

«Artículo [ ]. Distribución de lugares para campaña electoral.

1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo [N+5] los Ayuntamientos, dentro de los siete días siguientes a la convocatoria, comunicarán los emplazamientos disponibles para la colocación gratuita de carteles y, en su caso, pancartas y banderolas a la correspondiente Junta Provincial.

2. Esta distribuye los lugares mencionados atendiendo al número total de votos que obtuvo cada partido, federación o coalición en las anteriores elecciones equivalentes en la misma circunscripción,




Página 50


atribuyéndose según las preferencias de las organizaciones profesionales agrarias, federaciones o coaliciones con mayor número de votos en las últimas elecciones equivalentes en la misma circunscripción.

3. El segundo día posterior a la proclamación de candidatos, la Junta comunica al representante de cada candidatura los lugares reservados para sus carteles.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

La Unión de Uniones no podemos aceptar lo establecido en el artículo 10 y el Capítulo III del proyecto de Ley en cuanto a que no se regula por ley una consulta con garantías similares a unas elecciones celebradas de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, lo que en el proyecto de Ley a consulta no se cumple, ya que para la Unión de Uniones, tal y como se pone de manifiesto en nuestras propuestas de enmiendas, también son esenciales que se regulen los siguientes aspectos:

a) Una campaña electoral.

b) La propaganda y actos de campaña electoral.

c) La utilización de medios de comunicación para la campaña electoral.

d) Gastos y subvenciones electorales.

e) Infracciones electorales relacionadas con las letras a) a d) anteriores.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.




Página 51


ENMIENDA NÚM. 52

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

«Artículo [ ]. Actos electorales gratuitos.

1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo [N+4] los Ayuntamientos, dentro de los diez días siguientes al de la convocatoria, comunican a la correspondiente Junta Provincial los locales oficiales y lugares públicos que se reservan para la realización gratuita de actos de campaña electoral.

2. Dicha relación ha de contener la especificación de los días y horas en que cada uno sea utilizable y debe ser publicada en el “Boletín Oficial de la Provincia”, dentro de los quince días siguientes a la convocatoria. A partir de entonces, los representantes de las candidaturas pueden solicitar ante las Juntas Provinciales la utilización de los locales y lugares mencionados.

3. El cuarto día posterior a la proclamación de candidatos, las Juntas Provinciales atribuyen los locales y lugares disponibles, en función de las solicitudes, y cuando varias sean coincidentes, atendiendo al criterio de igualdad de oportunidades y, subsidiariamente, a las preferencias de las organizaciones profesionales agrarias, federaciones o coaliciones con mayor número de votos en las últimas elecciones equivalentes en la misma circunscripción. Las Juntas Provinciales comunicarán al representante de cada candidatura los locales y lugares asignados.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.




Página 52


La Unión de Uniones no podemos aceptar lo establecido en el artículo 10 y el Capítulo III del proyecto de Ley en cuanto a que no se regula por ley una consulta con garantías similares a unas elecciones celebradas de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, lo que en el proyecto de Ley a consulta no se cumple, ya que para la Unión de Uniones, tal y como se pone de manifiesto en nuestras propuestas de enmiendas, también son esenciales que se regulen los siguientes aspectos:

f) Una campaña electoral.

g) La propaganda y actos de campaña electoral.

h) La utilización de medios de comunicación para la campaña electoral.

i) Gastos y subvenciones electorales.

j) Infracciones electorales relacionadas con las letras a) a d) anteriores.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 53

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

«Artículo [ ]. Publicidad de las candidaturas en prensa y radio.

1. Las candidaturas tendrán derecho a realizar publicidad en la prensa periódica y en las emisoras de radio de titularidad privada sin que los gastos realizados en esta publicidad puedan superar el 20 por 100 del límite de gasto previsto para las organizaciones profesionales agrarias, agrupaciones, coaliciones o federaciones y las candidaturas en el artículo.

2. Las tarifas para esta publicidad electoral no serán superiores a las vigentes para la publicidad comercial y no podrá producirse discriminación alguna entre las candidaturas en cuanto a la inclusión, tarifas y ubicación de esos espacios de publicidad, en los que deberá constar expresamente su condición.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical




Página 53


y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

La Unión de Uniones no podemos aceptar lo establecido en el artículo 10 y el Capítulo III del proyecto de Ley en cuanto a que no se regula por ley una consulta con garantías similares a unas elecciones celebradas de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, lo que en el proyecto de Ley a consulta no se cumple, ya que para la Unión de Uniones, tal y como se pone de manifiesto en nuestras propuestas de enmiendas, también son esenciales que se regulen los siguientes aspectos:

k) Una campaña electoral.

l) La propaganda y actos de campaña electoral.

m) La utilización de medios de comunicación para la campaña electoral.

n) Gastos y subvenciones electorales.

o) Infracciones electorales relacionadas con las letras a) a d) anteriores.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 54

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

«Artículo [ ]. Envíos postales de propaganda electoral.

Por Orden Ministerial se fijarán tarifas especiales para los envíos postales de propaganda electoral.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores




Página 54


tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

La Unión de Uniones no podemos aceptar lo establecido en el artículo 10 y el Capítulo III del proyecto de Ley en cuanto a que no se regula por ley una consulta con garantías similares a unas elecciones celebradas de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, lo que en el proyecto de Ley a consulta no se cumple, ya que para la Unión de Uniones, tal y como se pone de manifiesto en nuestras propuestas de enmiendas, también son esenciales que se regulen los siguientes aspectos:

p) Una campaña electoral.

q) La propaganda y actos de campaña electoral.

r) La utilización de medios de comunicación para la campaña electoral.

s) Gastos y subvenciones electorales.

t) Infracciones electorales relacionadas con las letras a) a d) anteriores.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 55

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.




Página 55


«Artículo [ ]. Publicidad electoral en medios de comunicación.

1. No pueden contratarse espacios de publicidad electoral en los medios de comunicación de titularidad pública ni en las emisoras de televisión privada.

2. Durante la campaña electoral las organizaciones profesionales agrarias, federaciones, coaliciones y agrupaciones que concurran a las elecciones tienen derecho a espacios gratuitos de propaganda en las emisoras de televisión y de radio de titularidad pública conforme a lo establecido en los artículos siguientes.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

La Unión de Uniones no podemos aceptar lo establecido en el artículo 10 y el Capítulo III del proyecto de Ley en cuanto a que no se regula por ley una consulta con garantías similares a unas elecciones celebradas de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, lo que en el proyecto de Ley a consulta no se cumple, ya que para la Unión de Uniones, tal y como se pone de manifiesto en nuestras propuestas de enmiendas, también son esenciales que se regulen los siguientes aspectos:

u) Una campaña electoral.

v) La propaganda y actos de campaña electoral.

w) La utilización de medios de comunicación para la campaña electoral.

x) Gastos y subvenciones electorales.

y) Infracciones electorales relacionadas con las letras a) a d) anteriores.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.




Página 56


ENMIENDA NÚM. 56

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

«Artículo [ ]. Distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral.

La distribución de espacios gratuitos para propaganda electoral se hace atendiendo al número total de votos que obtuvo cada partido, federación o coalición en las anteriores elecciones equivalentes.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

La Unión de Uniones no podemos aceptar lo establecido en el artículo 10 y el Capítulo III del proyecto de Ley en cuanto a que no se regula por ley una consulta con garantías similares a unas elecciones celebradas de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, lo que en el proyecto de Ley a consulta no se cumple, ya que para la Unión de Uniones, tal y como se pone de manifiesto en nuestras propuestas de enmiendas, también son esenciales que se regulen los siguientes aspectos:

z) Una campaña electoral.

aa) La propaganda y actos de campaña electoral.

bb) La utilización de medios de comunicación para la campaña electoral.

cc) Gastos y subvenciones electorales.

dd) Infracciones electorales relacionadas con las letras a) a d) anteriores.




Página 57


El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 57

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

«Artículo [ ]. Distribución de propaganda en medios de ámbito territorial inferior al de la convocatoria de las elecciones.

Si el ámbito territorial del medio o el de su programación fueran más limitados que el de la elección convocada, la distribución de espacios se hace atendiendo al número total de votos que obtuvo cada organización profesional agraria, federación o coalición en las circunscripciones comprendidas en el correspondiente ámbito de difusión o, en su caso, de programación.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.




Página 58


La Unión de Uniones no podemos aceptar lo establecido en el artículo 10 y el Capítulo III del proyecto de Ley en cuanto a que no se regula por ley una consulta con garantías similares a unas elecciones celebradas de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, lo que en el proyecto de Ley a consulta no se cumple, ya que para la Unión de Uniones, tal y como se pone de manifiesto en nuestras propuestas de enmiendas, también son esenciales que se regulen los siguientes aspectos:

ee) Una campaña electoral.

ff) La propaganda y actos de campaña electoral.

gg) La utilización de medios de comunicación para la campaña electoral.

hh) Gastos y subvenciones electorales.

ii) Infracciones electorales relacionadas con las letras a) a d) anteriores.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 58

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

«Artículo [ ]. Baremo para distribución de gratuidad de propaganda electoral en medio de comunicación público.

1. La distribución del tiempo gratuito de propaganda electoral en cada medio de comunicación de titularidad pública y en los distintos ámbitos de programación que éstos tengan, se efectúa conforme al siguiente baremo:

a) Diez minutos para las organizaciones profesionales agrarias, federaciones y coaliciones que no concurrieron o no obtuvieron la condición de más representativas en las anteriores elecciones equivalentes.

b) Quince minutos para las organizaciones profesionales agrarias, federaciones y coaliciones que habiendo obtenido representación en las anteriores elecciones, no hubieran alcanzado el 5 por 100 del total de votos válidos emitidos en el territorio nacional.

c) Treinta minutos para las organizaciones profesionales agrarias, federaciones y coaliciones que habiendo obtenido representación en las anteriores elecciones, hubieran alcanzado entre el 5 y el 20 por 100 del total de votos a que se hace referencia en el párrafo b).

d) Cuarenta y cinco minutos para las organizaciones profesionales agrarias, federaciones y coaliciones que habiendo obtenido representación en las anteriores elecciones equivalentes, hubieran alcanzado, al menos, un 20 por 100 del total de votos a que hace referencia el párrafo b).

2. A falta de regulación expresa en este artículo las Juntas Provinciales competentes establecen los criterios para la distribución de espacios en los medios de comunicación de titularidad pública.»




Página 59


JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

La Unión de Uniones no podemos aceptar lo establecido en el artículo 10 y el Capítulo III del proyecto de Ley en cuanto a que no se regula por ley una consulta con garantías similares a unas elecciones celebradas de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, lo que en el proyecto de Ley a consulta no se cumple, ya que para la Unión de Uniones, tal y como se pone de manifiesto en nuestras propuestas de enmiendas, también son esenciales que se regulen los siguientes aspectos:

jj) Una campaña electoral.

kk) La propaganda y actos de campaña electoral.

ll) La utilización de medios de comunicación para la campaña electoral.

mm) Gastos y subvenciones electorales.

nn) Infracciones electorales relacionadas con las letras a) a d) anteriores.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.




Página 60


ENMIENDA NÚM. 59

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

«Artículo [ ]. Órganos competentes para distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral.

1. La Comisión Central es la autoridad competente para distribuir los espacios gratuitos de propaganda electoral que se emiten por los medios de comunicación públicos cualquiera que sea el titular de los mismos, a propuesta de la Comisión a que se refieren los apartados siguientes de este artículo.

2. Una Comisión de Radio y Televisión, bajo la dirección de la Comisión Central, es competente para efectuar la propuesta de distribución de los espacios gratuitos de propaganda electoral.

3. La Comisión es designada por la Comisión Central y está integrada por un representante de cada organización profesional agraria, federación o coalición que concurriendo a las anteriores elecciones y cuente con representación en el Consejo Agrario. Dichos representantes votarán ponderadamente de acuerdo con la composición del Consejo.

4. La Comisión Central puede delegar en las Juntas Provinciales la distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en las programaciones regionales y locales de los medios de comunicación de titularidad estatal y de aquellos otros medios de ámbito similar que tengan también el carácter de públicos. En este supuesto, se constituye en dicho ámbito territorial una Comisión con las mismas atribuciones previstas en el párrafo 2 del presente artículo y con una composición que tenga en cuenta la representación en el Consejo Agrario del ámbito territorial respectivo. Dicha Comisión actúa bajo la dirección de la correspondiente Junta Provincial.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral




Página 61


General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

La Unión de Uniones no podemos aceptar lo establecido en el artículo 10 y el Capítulo III del proyecto de Ley en cuanto a que no se regula por ley una consulta con garantías similares a unas elecciones celebradas de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, lo que en el proyecto de Ley a consulta no se cumple, ya que para la Unión de Uniones, tal y como se pone de manifiesto en nuestras propuestas de enmiendas, también son esenciales que se regulen los siguientes aspectos:

oo) Una campaña electoral.

pp) La propaganda y actos de campaña electoral.

qq) La utilización de medios de comunicación para la campaña electoral.

rr) Gastos y subvenciones electorales.

ss) Infracciones electorales relacionadas con las letras a) a d) anteriores.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 60

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

«Artículo [ ]. Garantía del pluralismo asociativo y social.

1. El respeto al pluralismo asociativo y social, así como a la igualdad, proporcionalidad y la neutralidad informativa en la programación de los medios de comunicación de titularidad pública en período electoral, serán garantizados por la organización de dichos medios y su control previstos en las Leyes. Las decisiones de los órganos de administración de los referidos medios en el indicado período electoral son recurribles ante la Comisión Central competente de conformidad con lo previsto en el artículo anterior y según el procedimiento que la Comisión Central disponga.

2. Durante el período electoral las emisoras de titularidad privada deberán respetar los principios de pluralismo e igualdad. Asimismo, en dicho período, las televisiones privadas deberán respetar también los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales así como en la información relativa a la campaña electoral de acuerdo a las Instrucciones que, a tal efecto, elabore la Comisión Central o Junta Provincial competente.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral




Página 62


significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

La Unión de Uniones no podemos aceptar lo establecido en el artículo 10 y el Capítulo III del proyecto de Ley en cuanto a que no se regula por ley una consulta con garantías similares a unas elecciones celebradas de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, lo que en el proyecto de Ley a consulta no se cumple, ya que para la Unión de Uniones, tal y como se pone de manifiesto en nuestras propuestas de enmiendas, también son esenciales que se regulen los siguientes aspectos:

tt) Una campaña electoral.

uu) La propaganda y actos de campaña electoral.

vv) La utilización de medios de comunicación para la campaña electoral.

ww) Gastos y subvenciones electorales.

xx) Infracciones electorales relacionadas con las letras a) a d) anteriores.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 61

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.




Página 63


ENMIENDA

De adición.

«Artículo [ ]. Determinación del momento y el orden de emisión de los espacios de propaganda electoral.

Para la determinación del momento y el orden de emisión de los espacios de propaganda electoral a que tienen derecho todas las organizaciones profesionales agrarias, federaciones o coaliciones que se presenten a las elecciones, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley, la Comisión Central competente tendrá en cuenta las preferencias de los partidos, federaciones o coaliciones en función del número de votos que obtuvieron en las anteriores elecciones equivalentes.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

La Unión de Uniones no podemos aceptar lo establecido en el artículo 10 y el Capítulo III del proyecto de Ley en cuanto a que no se regula por ley una consulta con garantías similares a unas elecciones celebradas de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, lo que en el proyecto de Ley a consulta no se cumple, ya que para la Unión de Uniones, tal y como se pone de manifiesto en nuestras propuestas de enmiendas, también son esenciales que se regulen los siguientes aspectos:

yy) Una campaña electoral.

zz) La propaganda y actos de campaña electoral.

aaa) La utilización de medios de comunicación para la campaña electoral.

bbb) Gastos y subvenciones electorales.

ccc) Infracciones electorales relacionadas con las letras a) a d) anteriores.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué




Página 64


programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 62

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

«Artículo [ ]. Derecho de rectificación en campaña electoral.

Cuando por cualquier medio de comunicación social se difundan hechos que aludan a organizaciones profesionales agrarias o dirigentes de las mismas, federaciones, coaliciones o agrupaciones que concurran a la elección, que éstos consideren inexactos y cuya divulgación pueda causarles perjuicio, podrán ejercitar el derecho de rectificación, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 marzo, con las siguientes especialidades:

a) Si la información que se pretende rectificar se hubiera difundido en una publicación cuya periodicidad no permita divulgar la rectificación, en los tres días siguientes a su recepción, el director del medio de comunicación deberá hacerla publicar a su costa dentro del plazo indicado en otro medio de la misma zona y de similar difusión.

b) El juicio verbal regulado en el párrafo 2.º del artículo 5 de la mencionada Ley Orgánica se celebrará dentro de los cuatro días siguientes al de la petición.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA




Página 65


mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

La Unión de Uniones no podemos aceptar lo establecido en el artículo 10 y el Capítulo III del proyecto de Ley en cuanto a que no se regula por ley una consulta con garantías similares a unas elecciones celebradas de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, lo que en el proyecto de Ley a consulta no se cumple, ya que para la Unión de Uniones, tal y como se pone de manifiesto en nuestras propuestas de enmiendas, también son esenciales que se regulen los siguientes aspectos:

ddd) Una campaña electoral.

eee) La propaganda y actos de campaña electoral.

fff) La utilización de medios de comunicación para la campaña electoral.

ggg) Gastos y subvenciones electorales.

hhh) Infracciones electorales relacionadas con las letras a) a d) anteriores.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 63

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

«Artículo [ ]. Administrador electoral de la candidatura.

1. Toda candidatura debe tener un administrador electoral responsable de sus ingresos y gastos electorales realizados por la organización profesional agraria, federación o coalición y de su contabilidad.

2. La contabilidad se ajustará en todo caso a los principios generales contenidos en el vigente Plan General de Contabilidad.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en




Página 66


su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

La Unión de Uniones no podemos aceptar lo establecido en el artículo 10 y el Capítulo III del proyecto de Ley en cuanto a que no se regula por ley una consulta con garantías similares a unas elecciones celebradas de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, lo que en el proyecto de Ley a consulta no se cumple, ya que para la Unión de Uniones, tal y como se pone de manifiesto en nuestras propuestas de enmiendas, también son esenciales que se regulen los siguientes aspectos:

iii) Una campaña electoral.

jjj) La propaganda y actos de campaña electoral.

kkk) La utilización de medios de comunicación para la campaña electoral.

lll) Gastos y subvenciones electorales.

mmm) Infracciones electorales relacionadas con las letras a) a d) anteriores.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 64

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

«Artículo [ ]. Designación del administrador electoral.

1. Puede ser designado administrador electoral cualquier ciudadano, mayor de edad, en pleno uso de sus derechos civiles y políticos. No podrán ser designados administradores electorales las personas en quienes concurra las circunstancias de condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la




Página 67


misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal.

2. Los representantes de las candidaturas y los representantes generales de las organizaciones profesionales agrarias, federaciones o coaliciones pueden acumular la condición de administrador electoral.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

La Unión de Uniones no podemos aceptar lo establecido en el artículo 10 y el Capítulo III del proyecto de Ley en cuanto a que no se regula por ley una consulta con garantías similares a unas elecciones celebradas de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, lo que en el proyecto de Ley a consulta no se cumple, ya que para la Unión de Uniones, tal y como se pone de manifiesto en nuestras propuestas de enmiendas, también son esenciales que se regulen los siguientes aspectos:

nnn) Una campaña electoral.

ooo) La propaganda y actos de campaña electoral.

ppp) La utilización de medios de comunicación para la campaña electoral.

qqq) Gastos y subvenciones electorales.

rrr) Infracciones electorales relacionadas con las letras a) a d) anteriores.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.




Página 68


ENMIENDA NÚM. 65

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

«Artículo [ ]. Cuentas abiertas.

1. Los administradores electorales, designados en el tiempo y forma que prevén las disposiciones especiales de esta Ley, comunican a la Comisión Central y a las Juntas Provinciales, respectivamente, las cuentas abiertas para la recaudación de fondos.

2. La apertura de cuentas puede realizarse, a partir de la fecha de nombramiento de los administradores electorales, en cualquier Entidad Bancaria o Caja de Ahorros. La comunicación a que hace referencia el párrafo anterior debe realizarse en las veinticuatro horas siguientes a la apertura de las cuentas.

3. Si las candidaturas presentadas no fueran proclamadas o renunciasen a concurrir a la elección, las imposiciones realizadas por terceros en estas cuentas les deberán ser restituidas por las organizaciones profesionales agrarias, federaciones, coaliciones o agrupaciones que las promovieron.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

La Unión de Uniones no podemos aceptar lo establecido en el artículo 10 y el Capítulo III del proyecto de Ley en cuanto a que no se regula por ley una consulta con garantías similares a unas elecciones celebradas de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, lo que en el proyecto de Ley a consulta no se cumple, ya que para la Unión de Uniones, tal y como se pone de




Página 69


manifiesto en nuestras propuestas de enmiendas, también son esenciales que se regulen los siguientes aspectos:

sss) Una campaña electoral.

ttt) La propaganda y actos de campaña electoral.

uuu) La utilización de medios de comunicación para la campaña electoral.

vvv) Gastos y subvenciones electorales.

www) Infracciones electorales relacionadas con las letras a) a d) anteriores.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 66

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

«Artículo [ ]. Ingresos y gastos de cuentas abiertas.

1. Todos los fondos destinados a sufragar los gastos electorales, cualquiera que sea su procedencia, deben ingresarse en las mencionadas cuentas y todos los gastos deben pagarse con cargo a las mismas.

2. Los administradores electorales y las personas por ellos autorizadas para disponer de los fondos de las cuentas son responsables de las cantidades ingresadas y de su aplicación a los fines señalados.

3. Terminada la campaña electoral, sólo se podrá disponer de los saldos de estas cuentas para pagar, en los noventa días siguientes al de la votación, gastos electorales previamente contraídos.

4. Toda reclamación por gastos electorales que no sea notificada a los correspondientes administradores en los sesenta días siguientes al de la votación se considerará nula y no pagadera. Cuando exista causa justificada, las Juntas Provinciales o, en su caso, la Comisión Central, pueden admitir excepciones a esta regla.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical




Página 70


y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

La Unión de Uniones no podemos aceptar lo establecido en el artículo 10 y el Capítulo III del proyecto de Ley en cuanto a que no se regula por ley una consulta con garantías similares a unas elecciones celebradas de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, lo que en el proyecto de Ley a consulta no se cumple, ya que para la Unión de Uniones, tal y como se pone de manifiesto en nuestras propuestas de enmiendas, también son esenciales que se regulen los siguientes aspectos:

xxx) Una campaña electoral.

yyy) La propaganda y actos de campaña electoral.

zzz) La utilización de medios de comunicación para la campaña electoral.

aaaa) Gastos y subvenciones electorales.

bbbb) Infracciones electorales relacionadas con las letras a) a d) anteriores.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 67

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

«Artículo [ ]. Aportación de fondos a cuentas abiertas.

1. Quienes aporten fondos a las cuentas referidas en los artículos anteriores harán constar en el acto de la imposición su nombre, domicilio y el número de su Documento Nacional de Identidad o pasaporte, que será exhibido al correspondiente empleado de la Entidad depositaria.

2. Cuando se aporten cantidades por cuenta y en representación de otra persona física o jurídica, se hará constar el nombre de ésta.

3. Cuando las imposiciones se efectúen por organizaciones profesionales agrarias, se hace constar la procedencia de los fondos que se depositan.»




Página 71


JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

La Unión de Uniones no podemos aceptar lo establecido en el artículo 10 y el Capítulo III del proyecto de Ley en cuanto a que no se regula por ley una consulta con garantías similares a unas elecciones celebradas de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, lo que en el proyecto de Ley a consulta no se cumple, ya que para la Unión de Uniones, tal y como se pone de manifiesto en nuestras propuestas de enmiendas, también son esenciales que se regulen los siguientes aspectos:

cccc) Una campaña electoral.

dddd) La propaganda y actos de campaña electoral.

eeee) La utilización de medios de comunicación para la campaña electoral.

ffff) Gastos y subvenciones electorales.

gggg) Infracciones electorales relacionadas con las letras a) a d) anteriores.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 68

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.




Página 72


ENMIENDA

De adición.

«Artículo [ ]. Subvenciones electorales.

El ministerio competente en materia de agricultura, ganadería y silvicultura subvenciona los gastos ocasionados a las organizaciones profesionales agrarias, federaciones, coaliciones por su concurrencia a las elecciones. En ningún caso la subvención correspondiente a cada organización, federación o coalición podrá sobrepasar la cifra de gastos electorales declarados, justificados por el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su función fiscalizadora.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

La Unión de Uniones no podemos aceptar lo establecido en el artículo 10 y el Capítulo III del proyecto de Ley en cuanto a que no se regula por ley una consulta con garantías similares a unas elecciones celebradas de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, lo que en el proyecto de Ley a consulta no se cumple, ya que para la Unión de Uniones, tal y como se pone de manifiesto en nuestras propuestas de enmiendas, también son esenciales que se regulen los siguientes aspectos:

hhhh) Una campaña electoral.

iiii) La propaganda y actos de campaña electoral.

jjjj) La utilización de medios de comunicación para la campaña electoral.

kkkk) Gastos y subvenciones electorales.

llll) Infracciones electorales relacionadas con las letras a) a d) anteriores.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben




Página 73


incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 69

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

«Artículo [ ]. Límite de aportación.

Ninguna persona, física o jurídica, puede aportar más de 1.000 euros a las cuentas abiertas por una misma organización profesional agraria, federación, coalición o agrupación para recaudar fondos en las elecciones convocadas.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

La Unión de Uniones no podemos aceptar lo establecido en el artículo 10 y el Capítulo III del proyecto de Ley en cuanto a que no se regula por ley una consulta con garantías similares a unas elecciones celebradas de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, lo que en el proyecto de Ley a consulta no se cumple, ya que para la Unión de Uniones, tal y como se pone de




Página 74


manifiesto en nuestras propuestas de enmiendas, también son esenciales que se regulen los siguientes aspectos:

mmmm) Una campaña electoral.

nnnn) La propaganda y actos de campaña electoral.

oooo) La utilización de medios de comunicación para la campaña electoral.

pppp) Gastos y subvenciones electorales.

qqqq) Infracciones electorales relacionadas con las letras a) a d) anteriores.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 70

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

«Artículo [ ]. Gastos electorales.

Se consideran gastos electorales los que realicen las organizaciones profesionales agrarias, federaciones, coaliciones participantes en las elecciones desde el día de la convocatoria hasta el de la proclamación de los resultados por los siguientes conceptos:

a) Confección de sobres y papeletas electorales.

b) Propaganda y publicidad directa o indirectamente dirigida a promover el voto a su candidatura, sea cual fuere la forma y el medio que se utilice.

c) Alquiler de locales para la celebración de actos de campaña electoral.

d) Remuneraciones o gratificaciones al personal no permanente que presta sus servicios a las candidaturas.

e) Medios de transporte y gastos de desplazamiento de los dirigentes de las organizaciones profesionales agrarias, asociaciones, federaciones o coaliciones, y del personal al servicio de la candidatura.

f) Correspondencia y franqueo.

g) Intereses de los créditos recibidos para la campaña electoral, devengados hasta la fecha de percepción de la subvención correspondiente.

h) Cuantos sean necesarios para la organización y funcionamiento de las oficinas y servicios precisos para las elecciones.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores




Página 75


tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

La Unión de Uniones no podemos aceptar lo establecido en el artículo 10 y el Capítulo III del proyecto de Ley en cuanto a que no se regula por ley una consulta con garantías similares a unas elecciones celebradas de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, lo que en el proyecto de Ley a consulta no se cumple, ya que para la Unión de Uniones, tal y como se pone de manifiesto en nuestras propuestas de enmiendas, también son esenciales que se regulen los siguientes aspectos:

rrrr) Una campaña electoral.

ssss) La propaganda y actos de campaña electoral.

tttt) La utilización de medios de comunicación para la campaña electoral.

uuuu) Gastos y subvenciones electorales.

vvvv) Infracciones electorales relacionadas con las letras a) a d) anteriores.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 71

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.




Página 76


«Artículo [ ]. Límite de gastos electorales.

Ninguna organización profesional agraria, federación, coalición puede realizar gastos electorales que superen los límites establecidos mediante orden Ministerial, que se entenderán siempre referidos en euros constantes.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

La Unión de Uniones no podemos aceptar lo establecido en el artículo 10 y el Capítulo III del proyecto de Ley en cuanto a que no se regula por ley una consulta con garantías similares a unas elecciones celebradas de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, lo que en el proyecto de Ley a consulta no se cumple, ya que para la Unión de Uniones, tal y como se pone de manifiesto en nuestras propuestas de enmiendas, también son esenciales que se regulen los siguientes aspectos:

wwww) Una campaña electoral.

xxxx) La propaganda y actos de campaña electoral.

yyyy) La utilización de medios de comunicación para la campaña electoral.

zzzz) Gastos y subvenciones electorales.

aaaaa) Infracciones electorales relacionadas con las letras a) a d) anteriores.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.




Página 77


ENMIENDA NÚM. 72

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

«Artículo [ ]. Estado de las cuentas electorales.

1. Desde la fecha de la convocatoria hasta el centésimo día posterior a la celebración de las elecciones, la Comisión Central y las Juntas Provinciales velarán por el cumplimiento de las normas establecidas en los artículos anteriores. A estos efectos, la Comisión Central podrá recabar la colaboración del Tribunal de Cuentas.

2. La Comisión Central y las Juntas Provinciales podrán recabar en todo momento de las entidades bancarias y de las Cajas de Ahorro el estado de las cuentas electorales, números e identidad de los impositores y cuantos extremos estimen precisos para el cumplimiento de su función fiscalizadora.

3. Asimismo podrán recabar de los administradores electorales las informaciones contables que consideren necesarias y deberán resolver por escrito las consultas que éstos les planteen.

4. Si de sus investigaciones resultasen indicios de conductas constitutivas de infracciónes electorales, lo comunicarán al ministerio competente en materia de agricultura, ganadería y silvicultura, para el ejercicio de las acciones oportunas. Las mismas Juntas sancionarán las infracciones en esta materia, conforme a lo dispuesto en el artículo (…) de esta Ley.

5. Asimismo la Comisión Central y las Juntas Provinciales informarán al Tribunal de Cuentas de los resultados de su actividad fiscalizadora.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña




Página 78


electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

La Unión de Uniones no podemos aceptar lo establecido en el artículo 10 y el Capítulo III del proyecto de Ley en cuanto a que no se regula por ley una consulta con garantías similares a unas elecciones celebradas de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, lo que en el proyecto de Ley a consulta no se cumple, ya que para la Unión de Uniones, tal y como se pone de manifiesto en nuestras propuestas de enmiendas, también son esenciales que se regulen los siguientes aspectos:

bbbbb) Una campaña electoral.

ccccc) La propaganda y actos de campaña electoral.

ddddd) La utilización de medios de comunicación para la campaña electoral.

eeeee) Gastos y subvenciones electorales.

fffff) Infracciones electorales relacionadas con las letras a) a d) anteriores.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 73

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

«Artículo [ ]. Presentación de la contabilidad electoral.

1. Entre los cien y los ciento veinticinco días posteriores a las elecciones, las organizaciones profesionales agrarias, federaciones, coaliciones o agrupaciones que hubieran alcanzado los requisitos exigidos para recibir subvenciones estatales o que hubieran solicitado adelantos con cargo a las mismas, presentan, ante el Tribunal de Cuentas, una contabilidad detallada y documentada de sus respectivos ingresos y gastos electorales.

2. La presentación se realiza por los administradores electorales de aquellas organizaciones profesionales agrarias, federaciones o coaliciones que hubieran concurrido a las elecciones.

3. Las Entidades financieras de cualquier tipo que hubieran concedido crédito a aquellas organizaciones profesionales agrarias y asociaciones mencionados en el párrafo primero envían noticia detallada de los mismos al Tribunal de Cuentas, dentro del plazo referido en aquel párrafo.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores




Página 79


tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

La Unión de Uniones no podemos aceptar lo establecido en el artículo 10 y el Capítulo III del proyecto de Ley en cuanto a que no se regula por ley una consulta con garantías similares a unas elecciones celebradas de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, lo que en el proyecto de Ley a consulta no se cumple, ya que para la Unión de Uniones, tal y como se pone de manifiesto en nuestras propuestas de enmiendas, también son esenciales que se regulen los siguientes aspectos:

ggggg) Una campaña electoral.

hhhhh) La propaganda y actos de campaña electoral.

iiiii) La utilización de medios de comunicación para la campaña electoral.

jjjjj) Gastos y subvenciones electorales.

kkkkk) Infracciones electorales relacionadas con las letras a) a d) anteriores.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 74

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.




Página 80


«Artículo [ ]. Intervención del Tribunal de Cuentas.

1. El Tribunal de Cuentas puede, en el plazo de treinta días, a partir del señalado en el apartado 1 del artículo anterior, recabar de todos los que vienen obligados a presentar contabilidades e informes, conforme al artículo anterior, las aclaraciones y documentos suplementarios que estime necesarios.

2. Dentro de los doscientos días posteriores a las elecciones, el Tribunal de cuentas se pronuncia, en el ejercicio de su función fiscalizadora, sobre la regularidad de las contabilidades electorales, y en el caso de que se hubiesen apreciado irregularidades en dicha contabilidad o violaciones de las restricciones establecidas en materia de ingresos y gastos electorales, puede proponer la no adjudicación o reducción de la subvención estatal a la organización profesional agraria, federación, coalición de que se trate.

3. El Tribunal, dentro del mismo plazo, remite el resultado de su fiscalización mediante informe razonado, comprensivo de la declaración del importe de los gastos regulares justificados por cada organización profesional agraria, federación, coalición, asociación o agrupación de electores y al ministerio competente en materia de agricultura, ganadería y silvicultura.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

La Unión de Uniones no podemos aceptar lo establecido en el artículo 10 y el Capítulo III del proyecto de Ley en cuanto a que no se regula por ley una consulta con garantías similares a unas elecciones celebradas de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, lo que en el proyecto de Ley a consulta no se cumple, ya que para la Unión de Uniones, tal y como se pone de manifiesto en nuestras propuestas de enmiendas, también son esenciales que se regulen los siguientes aspectos:

lllll) Una campaña electoral.

mmmmm) La propaganda y actos de campaña electoral.

nnnnn) La utilización de medios de comunicación para la campaña electoral.

ooooo) Gastos y subvenciones electorales.

ppppp) Infracciones electorales relacionadas con las letras a) a d) anteriores.




Página 81


El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 75

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

«Artículo [ ]. Función pública relacionada con las elecciones.

1. A los efectos de este Capítulo son funcionarios públicos los que tengan esta consideración según el Código Penal, quienes desempeñen alguna función pública relacionada con las elecciones, y en particular los Presidentes y Vocales de la Comisión Central y las Juntas Provinciales, los Presidentes, Vocales e Interventores de las Mesas Electorales y los correspondientes suplentes.

2. A los mismos efectos tienen la consideración de documentos oficiales, el censo y sus copias autorizadas, las Actas, listas, certificaciones, talones o credenciales de nombramiento de quienes hayan de intervenir en el proceso electoral y cuantos emanen de personas a quienes la presente Ley encargue su expedición.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto




Página 82


de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

La Unión de Uniones no podemos aceptar lo establecido en el artículo 10 y el Capítulo III del proyecto de Ley en cuanto a que no se regula por ley una consulta con garantías similares a unas elecciones celebradas de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, lo que en el proyecto de Ley a consulta no se cumple, ya que para la Unión de Uniones, tal y como se pone de manifiesto en nuestras propuestas de enmiendas, también son esenciales que se regulen los siguientes aspectos:

qqqqq) Una campaña electoral.

rrrrr) La propaganda y actos de campaña electoral.

sssss) La utilización de medios de comunicación para la campaña electoral.

ttttt) Gastos y subvenciones electorales.

uuuuu) Infracciones electorales relacionadas con las letras a) a d) anteriores.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 76

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 13.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del artículo 13:

«Artículo 13. Creación y naturaleza del Consejo Agrario.

Se crea el Consejo Agrario como órgano colegiado de carácter consultivo y de concertación adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la finalidad de asesorar a la Administración General del Estado en las cuestiones de interés general agrario y rural.

Después de cada consulta, el Consejo Agrario se constituirá en el plazo de un mes desde la proclamación definitiva de los resultados generales por parte de la Comisión Central.»

JUSTIFICACIÓN

Para la Unión de Uniones se debe establecer un plazo para la constitución del Consejo Agrario después de cada proceso electoral, para lo cual proponemos añadir un segundo párrafo al artículo 13 del proyecto de Ley que establezca un plazo máximo de un mes, para la constitución del Consejo Agrario, desde la proclamación definitiva de los resultados generales por parte de la Comisión Central.

Como ya hemos manifestado en nuestra propuesta de enmienda número 2 el proyecto de Ley se olvida de la concertación de las políticas públicas, naturaleza y función que debería incorporarse al Consejo Agrario.




Página 83


ENMIENDA NÚM. 77

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 14. 1. b.

ENMIENDA

De modificación.

Modificar la letra b) en el apartado 1 del artículo 14:

«b) Conocer, informar y concertar sobre las medidas de la política agrícola común y estatal que sean sometidas a su consideración.»

JUSTIFICACIÓN

Para la Unión de Uniones se debe establecer un plazo para la constitución del Consejo Agrario después de cada proceso electoral, para lo cual proponemos añadir un segundo párrafo al artículo 13 del proyecto de Ley que establezca un plazo máximo de un mes, para la constitución del Consejo Agrario, desde la proclamación definitiva de los resultados generales por parte de la Comisión Central.

Como ya hemos manifestado en nuestra propuesta de enmienda número 2 el proyecto de Ley se olvida de la concertación de las políticas públicas, naturaleza y función que debería incorporarse al Consejo Agrario.

ENMIENDA NÚM. 78

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 15. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Añadir un nuevo apartado 7 el artículo 15:

«7. En el caso de coincidencia del proceso de consulta regulado en la presente Ley con un proceso electoral de los regulados mediante la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, se aplazará el proceso de consulta entre un mes y, como máximo, dos meses, quedando automáticamente prorrogado por dicho plazo el mandato de los consejeros.»

JUSTIFICACIÓN

La Unión de Uniones considera necesario regular que en el caso tasado de coincidencia del nuevo proceso electoral de consulta con un proceso electoral de los regulados por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, se prevea dejar un plazo prudente de separación entre un proceso y otro, pero que si no se vuelve a convocar la consulta, tanto los resultados de las OPA, como el mandato de los consejeros debe caducar, ya que la libertad democrática de escoger a la OPA que representa a los




Página 84


electores es un derecho fundamental y mantener un mandato caducado más allá del período previamente establecido en la Ley conculca dicho derecho.

ENMIENDA NÚM. 79

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 21.

ENMIENDA

De modificación.

«Artículo 21. Infracciones electorales muy graves.

Se considerará infracciones electorales muy graves:

1. Los funcionarios públicos que:

a) Alterar sin autorización las fechas, horas o lugares en que deba celebrarse cualquier acto electoral incluso de carácter preparatorio, o anunciar su celebración de forma que pueda inducir a error a los electores.

b) Omitir o anotar de manera que induzca a error sobre su autenticidad los nombres de los votantes en cualquier acto electoral.

c) Cambiar, ocultar o alterar, de cualquier manera, el sobre o papeleta electoral que el elector entregue al ejercitar su derecho.

d) Realizar con inexactitud el recuento de electores en actos referentes a la formación o rectificación del Censo, o en las operaciones de votación y escrutinio.

e) Efectuar proclamación indebida de personas.

f) Faltar a la verdad en manifestaciones verbales que hayan de realizarse en algún acto electoral, por mandato de esta Ley.

g) Consentir, pudiendo evitarlo, que alguien vote dos o más veces o lo haga sin capacidad legal, o no formular la correspondiente protesta.

h) Imprimir, confeccionar o utilizar papeletas o sobres electorales con infracción de las normas establecidas.

i) Incumplir las obligaciones relativas a certificaciones en materia de subvenciones por gastos electorales previstas en esta Ley.

j) Cometer cualquier otra falsedad en materia electoral, análoga a las anteriores.

k) Usen de sus competencias para los fines señalados en las letras d), e) y f) del punto 2 del siguiente artículo (infracciones graves de los no funcionarios).

2. Los administradores electorales de las organizaciones profesionales, federaciones, coaliciones, así como las personas autorizadas a disponer de las cuentas electorales que:

a) Falseen las cuentas, reflejando u omitiendo indebidamente en las mismas aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables.

b) Se apropien o distraigan fondos para fines distintos de los contemplados en esta Ley.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores




Página 85


tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

La Unión de Uniones no podemos aceptar lo establecido en el artículo 10 y el Capítulo III del proyecto de Ley en cuanto a que no se regula por ley una consulta con garantías similares a unas elecciones celebradas de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, lo que en el proyecto de Ley a consulta no se cumple, ya que para la Unión de Uniones, tal y como se pone de manifiesto en nuestras propuestas de enmiendas, también son esenciales que se regulen los siguientes aspectos:

vvvvv) Una campaña electoral.

wwwww) La propaganda y actos de campaña electoral.

xxxxx) La utilización de medios de comunicación para la campaña electoral.

yyyyy) Gastos y subvenciones electorales.

zzzzz) Infracciones electorales relacionadas con las letras a) a d) anteriores.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 80

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 22.

ENMIENDA

De modificación.




Página 86


«Artículo 22. Infracciones electorales graves.

Se considerará infracciones electorales graves:

1. Los funcionarios públicos que:

a) Incumplan las normas legalmente establecidas para la formación, conservación y exhibición al público del censo electoral.

b) Incumplan las normas legalmente establecidas para la constitución de la Comisión Central y las Juntas Provinciales y Mesas Electorales, así como para las votaciones, acuerdos y escrutinios que éstas deban realizar.

c) No extiendan las actas, certificaciones, notificaciones y demás documentos electorales en la forma y momentos previstos por la Ley.

d) Susciten, sin motivo racional, dudas sobre la identidad de una persona o la entidad de sus derechos.

e) Suspendan, sin causa justificada, cualquier acto electoral.

f) Nieguen, dificulten o retrasen indebidamente la admisión, curso o resolución de las protestas o reclamaciones de las personas que legalmente estén legitimadas para hacerlas, o no dejen de ellas la debida constancia documental.

g) Causen, en el ejercicio de sus competencias, manifiesto perjuicio a un candidato.

h) Incumplan los trámites establecidos para el voto por correspondencia.

2. Las personas no consideradas como funcionarios que:

a) Vulnere los trámites establecidos para el voto por correo.

b) Participe en alguna de las falsedades señaladas en el artículo (infracciones muy graves para funcionarios).

c) Voten dos o más veces en la misma elección o quienes voten sin capacidad para hacerlo.

d) Por medio de recompensa, dádivas, remuneraciones o promesas de las mismas, soliciten directa o indirectamente el voto de algún elector, o le induzcan a la abstención.

e) Con violencia o intimidación presionen sobre los electores para que no usen de su derecho, lo ejerciten contra su voluntad o descubran el secreto de voto.

f) Impidan o dificulten injustificadamente la entrada, salida o permanencia de los electores, interventores y notarios en los lugares en los que se realicen actos del procedimiento electoral.

g) Perturben gravemente el orden en cualquier acto electoral.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su




Página 87


ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

La Unión de Uniones no podemos aceptar lo establecido en el artículo 10 y el Capítulo III del proyecto de Ley en cuanto a que no se regula por ley una consulta con garantías similares a unas elecciones celebradas de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, lo que en el proyecto de Ley a consulta no se cumple, ya que para la Unión de Uniones, tal y como se pone de manifiesto en nuestras propuestas de enmiendas, también son esenciales que se regulen los siguientes aspectos:

aaaaaa) Una campaña electoral.

bbbbbb) La propaganda y actos de campaña electoral.

cccccc) La utilización de medios de comunicación para la campaña electoral.

dddddd) Gastos y subvenciones electorales.

eeeeee) Infracciones electorales relacionadas con las letras a) a d) anteriores.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 81

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 22.

ENMIENDA

De adición.

«Artículo 22 bis. Infracciones electorales leves.

Se considerará infracciones electorales leves que:

a) El Presidente y los Vocales de las Mesas Electorales así como sus respectivos suplentes que dejen de concurrir o desempeñar sus funciones, las abandonen sin causa legítima o incumplan sin causa justificada las obligaciones de excusa o aviso previo que les impone esta Ley.

b) lleven a cabo alguno de los actos siguientes:

i) Realizar actos de propaganda una vez finalizado el plazo de la campaña electoral.

ii) Infringir las normas legales en materia de carteles electorales y espacios reservados de los mismos, así como las normas relativas a las reuniones y otros actos públicos de propaganda electoral.»




Página 88


JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

La Unión de Uniones no podemos aceptar lo establecido en el artículo 10 y el Capítulo III del proyecto de Ley en cuanto a que no se regula por ley una consulta con garantías similares a unas elecciones celebradas de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, lo que en el proyecto de Ley a consulta no se cumple, ya que para la Unión de Uniones, tal y como se pone de manifiesto en nuestras propuestas de enmiendas, también son esenciales que se regulen los siguientes aspectos:

ffffff) Una campaña electoral.

gggggg) La propaganda y actos de campaña electoral.

hhhhhh) La utilización de medios de comunicación para la campaña electoral.

iiiiii) Gastos y subvenciones electorales.

jjjjjj) Infracciones electorales relacionadas con las letras a) a d) anteriores.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 82

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 23.




Página 89


ENMIENDA

De adición.

«Artículo 24. Sanciones a las infracciones electorales.

1. Las sanciones aplicables a las infracciones electorales serán las siguientes:

a) Infracciones muy graves: sanción de 3.000 a 30.000 euros.

b) Infracciones graves: sanción de 300 a 3.000 euros.

c) Infracciones leves: sanción de 100 a 1.000 euros.

2. Dentro de los límites establecidos en el apartado anterior, las sanciones se impondrán atendiendo a la intensidad del daño o perjuicio causado, a la negligencia e intencionalidad del sujeto infractor y al beneficio económico obtenido por aquél.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

La Unión de Uniones no podemos aceptar lo establecido en el artículo 10 y el Capítulo III del proyecto de Ley en cuanto a que no se regula por ley una consulta con garantías similares a unas elecciones celebradas de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, lo que en el proyecto de Ley a consulta no se cumple, ya que para la Unión de Uniones, tal y como se pone de manifiesto en nuestras propuestas de enmiendas, también son esenciales que se regulen los siguientes aspectos:

kkkkkk) Una campaña electoral.

llllll) La propaganda y actos de campaña electoral.

mmmmmm) La utilización de medios de comunicación para la campaña electoral.

nnnnnn) Gastos y subvenciones electorales.

oooooo) Infracciones electorales relacionadas con las letras a) a d) anteriores.




Página 90


El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 83

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional quinta.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación de la Disposición adicional quinta:

«Disposición adicional quinta. Fecha límite de celebración de la primera consulta.

La primera consulta se celebrará en el plazo máximo de nueve meses desde la entrada en vigor de la presente ley.»

JUSTIFICACIÓN

La Unión de Uniones celebra que se haya incorporado al proyecto de ley una fecha límite para la celebración de la consulta, pero, por un lado, olvida establecer que el plazo debe ser el máximo y, por otro lado, dieciocho meses des de la entrada en vigor del proyecto de ley aplaza la consulta hasta inicios del 2016, incluso más allá de la actual legislatura, lo que nos parece del todo desproporcionado e inaceptable, ya que su entrada en vigor, de acuerdo con la Disposición final cuarta del mismo proyecto de ley, será en julio o agosto del 2014.

Además en 2015 habrá dos contiendas electorales generales, las municipales y autonómicas en mayo y a finales de año las elecciones generales, por lo que nos parece razonable no establecer una fecha límite de celebración de la primera consulta más allá de los 9 meses, evitando tanto las contiendas electorales generales, como el verano por la máxima dedicación a labores profesionales en el período estival.

ENMIENDA NÚM. 84

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.




Página 91


Añadir una nueva Disposición adicional sexta:

«Disposición adicional sexta. Datos de la Tesorería de la Seguridad Social.

Las comunidades autónomas que regulen y celebren procesos electorales en el ámbito agrícola, ganadero y forestal para la participación en órganos y entidades consultivos autonómicos estarán habilitadas para recabar de oficio la colaboración de la Tesorería de la Seguridad Social para obtener los datos de las personas físicas afiliadas a la Seguridad Social y en alta como trabajadores agrarios por cuenta propia en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.»

JUSTIFICACIÓN

La derogación de la Ley 10/2009 supone imposibilitar a las comunidades autónomas obtener, con fines electorales para medir la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en su ámbito, los datos de las personas físicas que están afiliadas a la Seguridad Social por cuenta propia como consecuencia de sus actividades agrarias, ya que la Tesorería de la Seguridad Social debe tener en una disposición con rango de ley estatal la obligación de facilitar a las comunidades autónomas dichos datos, en caso contrario la legislación autonómica, por no ser competente, no puede obligar a la Tesorería de la Seguridad Social a facilitarlos, a la vez que pueden surgir dudas sobre si se respeta lo establecido en la letra a) del apartado 3 del artículo 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

ENMIENDA NÚM. 85

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición transitoria única.

ENMIENDA

De supresión.

Supresión de la Disposición transitoria única. Comité Asesor Agrario.

JUSTIFICACIÓN

La Unión de Uniones, en consonancia con lo descrito en la exposición de motivos del proyecto de Ley, considera que prever la continuación de las funciones del Comité Asesor Agrario más allá de la entrada en vigor de la nueva Ley, es una previsión contraria a lo establecido en el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, en este sentido cabe recodar que la no discriminación y libertad de asociación regulados por los artículos 14 y 22 de la Constitución Española, los cuales por mandato del artículo 10.2 CE, los preceptos constitucionales que reconocen los derechos de igualdad y no discriminación y de libre asociación, 14 y 22 CE respectivamente, deben ser interpretados de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Tratados y los Acuerdos Internacionales sobre estas materias ratificados por España.

El origen del concepto de «más representativo» viene del artículo 3.5 de la Constitución de la OIT, de la cual España es miembro. El Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT ha establecido sobre la determinación de la condición de más representativo que:

i) Los criterios en que se inspire la distinción entre organizaciones más o menos representativas tienen que ser de carácter objetivo y fundarse en elementos que no ofrezcan posibilidad de parcialidad o abuso.




Página 92


ii) Deben existir en la legislación criterios objetivos, precisos y previamente establecidos para determinar la representatividad de una organización profesional agraria, ya que dicha apreciación no puede dejarse a la discreción de los gobiernos.

Es del todo evidente la falta de objetividad y proporcionalidad en el establecimiento de que sine díe se mantenga el Comité Asesor Agrario, ya que de entrar en vigor los preceptos del proyecto de Ley y no celebrarse la consulta que regula, con lo que no se reuniría nunca el nuevo Consejo Agrario, el Comité Asesor Agrario estaría en funciones transitorias por tiempo indefinido, lo que es incluso contradictorio con la exposición de motivos del anteproyecto de Ley a consulta. También es evidente que dicho criterio del proyecto de Ley es contrario a los criterios que el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT, al relegarse la determinación de los criterios de representatividad a la discreción del Gobierno del Estado al convocar o no el proceso electoral de consulta y mantener sine díe el Comité Asesor Agrario.

ENMIENDA NÚM. 86

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Anexo.

ENMIENDA

De modificación.

Modificación del Anexo:

«D+56 Fin de la campaña electoral.»

JUSTIFICACIÓN

La Unión de Uniones, como ya ha manifestado en las propuestas de enmiendas, considera imprescindible que se regule la campaña electoral, por lo que el cronograma debe incorporar las fechas correspondientes al:

i) fin de la campaña electoral (D+41+15).

ENMIENDA NÚM. 87

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Anexo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir:

«D+41 Inicio de la campaña electoral»




Página 93


JUSTIFICACIÓN

La Unión de Uniones, como ya ha manifestado en las propuestas de enmiendas, considera imprescindible que se regule la campaña electoral, por lo que el cronograma debe incorporar las fechas correspondientes al:

ii) inicio de la campaña electoral (D+41).

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 52 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario.

Palacio del Senado, 8 de mayo de 201.—Ester Capella i Farré.

ENMIENDA NÚM. 88

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1. 1.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 1 del Artículo uno en los siguientes términos:

«1. El objeto de esta ley es regular el procedimiento de consulta para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias de carácter general y ámbito estatal, así como sus finalidades, funciones y prerrogativas ante la Administración General del Estado.»

JUSTIFICACIÓN

El artículo 1 solo prevé la representación institucional, olvidando la concertación de las políticas públicas que incidan sobre los profesionales agrarios, elemento esencial del desarrollo de una participación institucional en los asuntos públicos, así como, el establecimiento de las finalidades, funciones y prerrogativas que se van a otorgar a las OPA en materia de:

— La defensa y tutela colectiva de los intereses profesionales de las personas agricultoras, ganaderas y silvicultoras (legitimidad universal en la defensa de los intereses profesionales y socioeconómicos, tanto ante los poderes públicos, incluida la legitimidad ante la judicatura, como del resto de sociedad civil y organizaciones económicas).

— Consulta preceptiva en el diseño de las políticas públicas que afecten a las propias organizaciones y a sus representados.

— Gestionar programas públicos dirigidos a los profesionales agrarios y forestales (formación, asesoramiento, transferencia tecnológica, innovación y desarrollo, etc.).

— Concertar acuerdos de interés profesional (con los poderes públicos y en el ámbito socioeconómico, como interprofesionales, etc.)

Para las OPA más representativas deberían reservarse, además de la función de representación institucional ante la Administración General del Estado y el uso y disfrute del patrimonio de titularidad pública, ya previstos en el anteproyecto de ley, la de participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de controversias, como en las juntas arbitrales (contratos, etc.), los jurados de expropiaciones, etc.




Página 94


ENMIENDA NÚM. 89

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1. 2.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 2 del Artículo uno en los siguientes términos:

«2. Asimismo, es también objeto de esta ley la creación del Consejo Agrario como órgano consultivo y de concertación adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior.

ENMIENDA NÚM. 90

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1. 3. b.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado b del punto 3 del Artículo uno en los siguientes términos:

«b) Coalición de organizaciones agrarias: Unión de organizaciones en el ámbito estatal para concurrir a la consulta formando una sola candidatura.»

JUSTIFICACIÓN

La letra b) del punto 3 del artículo 1 del proyecto de ley define como coalición de organizaciones agrarias solo a la unión de organizaciones de ámbito nacional, excluyendo de forma ilegal las coaliciones entre una organización o varias de ámbito nacional con otras de inferior ámbito, supra autonómico o autonómico.

La Unión de Uniones considera que dicha previsión u exclusión es contraria a lo establecido en los Convenios número 87 de la OIT y el número 141 de la OIT sobre las organizaciones de trabajadores rurales (apartado 1 del artículo 3), al limitar la elección libre de los representantes y (apartado 2 del artículo 3), al injerirse los poderes públicos en la libertad de asociarse mediante coaliciones electorales de cualquier índole, en este sentido cabe recodar que la no discriminación y libertad de asociación regulados por los artículos 14 y 22 de la Constitución Española, los cuales por mandato del artículo 10.2 CE, los preceptos constitucionales que reconocen los derechos de igualdad y no discriminación y de libre asociación, 14 y 22 CE respectivamente, deben ser interpretados de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Tratados y los Acuerdos Internacionales sobre estas materias ratificados por España. Además para evitar posibles interpretaciones no ajustadas al ordenamiento jurídica consideramos necesario aclarar la redacción del apartado 4 del Artículo 1 respecto al derecho a que el ámbito nacional de una candidatura (organización o coalición) debe respetar el derecho a la libre asociación (artículo 22 de la CE) y el derecho a constituir federaciones, confederaciones y coaliciones (artículo 5 del Convenio OIT número 87).

En este sentido, la STC 85/2003, en su fundamento jurídico 6.º «in fine» establece lo siguiente:




Página 95


«Por último, conviene asimismo advertir que aun cuando en determinadas demandas de amparo se invocan como lesionados diversos preceptos del Convenio para la protección de los derechos humanos, no le corresponde a este Tribunal, al conocer del recurso de amparo, examinar la observancia o inobservancia “per se” de textos internacionales que obliguen a España, sino comprobar el respeto o la infracción de los preceptos constitucionales que reconocen derechos fundamentales y libertades públicas susceptibles de amparo (arts. 53.2 CE y 49.1 LOTC), sin perjuicio de que, por mandato del art. 10.2 CE, deban tales preceptos ser interpretados “de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España” (STC 120/1990, de 27 de junio, —RTC1990, 120—, F. 3.º; STC 249/2000, de 30 de octubre, —RTC 2000, 249—, F. 2.º).»

En ese mismo sentido, respecto a las Recomendaciones OIT y a los informes del Comité de Libertad Sindical de la OIT, la STC 38/1981, en su fundamento jurídico 4.º «in fine» establece lo siguiente:

«Si se observa lo que dice su artículo 10.2), los textos internacionales ratificados por España son instrumentos valiosos para configurar el sentido y alcance de los derechos que, en este punto, recoge la Constitución. Los Convenios OIT, ratificados por España constituyen, sin duda, textos invocables al respecto al igual que otros textos internacionales (así, el art. 8.º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; art. 1.º, 5) CC. Los Convenios se incorporan al ordenamiento interno, y de estas normas internas surgen los derechos individuales, que cuando se recogen en el capítulo de derechos o libertades para cuya protección se abre el recurso de amparo (como es el caso, del derecho sobre el que este proceso se cuestiona), adquieren un valor capital las reglas del Convenio o Tratado. Las Recomendaciones OIT, si bien, como es obvio, distintas de los Convenios, y sin alusión directa en el art. 10.2) CE, son textos orientativos, que sin eficacia vinculante pueden operar como criterios interpretativos o aclaratorios de los Convenios, carácter con el que se invocan aquí las Recomendaciones a las que hemos hecho sucinta referencia.» (el ennegrecido es nuestro).

ENMIENDA NÚM. 91

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1. 3. Letra nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado c al punto 3 del Artículo uno en los siguientes términos:

«c) Pagos directos: los establecidos de acuerdo con en la letra d) del artículo 2 del Reglamento (CE) 79/2003 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común o de acuerdo con el Anexo I del Reglamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común.»

JUSTIFICACIÓN

En relación con el censo y los electores que perciben unos pagos directos superiores a una cantidad [letra b) del punto 4 del artículo 6] consideramos necesario aclarar a que pagos directos se refiere, para ello es necesario incorporar una letra c) al punto 3 del artículo 1 que defina los pagos directos como aquellos regulados como tales en la Política Agraria Común de acuerdo con lo establecido en la letra d) del artículo 2 del Reglamento (CE) 79/2003 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y, de acuerdo con el Anexo I del Reglamento (UE) 1307/2013 del Parlamento




Página 96


Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común.

ENMIENDA NÚM. 92

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1. 4.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 4 del Artículo uno en los siguientes términos:

«4. A los solos efectos de esta ley, se acreditará el ámbito estatal mediante los Estatutos de constitución registrados según lo previsto en la Ley 19/1977, de 1 de abril, de los que se deducirá sin dificultad el desarrollo de la actividad en todo el territorio estatal y la posibilidad de afiliación de cualquier miembro con independencia de su residencia, sin perjuicio del derecho de las organizaciones profesionales agrarias a constituir federaciones, confederaciones y coaliciones electorales.»

JUSTIFICACIÓN

La letra b) del punto 3 del artículo 1 del proyecto de ley define como coalición de organizaciones agrarias solo a la unión de organizaciones de ámbito nacional, excluyendo de forma ilegal las coaliciones entre una organización o varias de ámbito nacional con otras de inferior ámbito, supra autonómico o autonómico.

La Unión de Uniones considera que dicha previsión u exclusión es contraria a lo establecido en los Convenios número 87 de la OIT y el número 141 de la OIT sobre las organizaciones de trabajadores rurales (apartado 1 del artículo 3), al limitar la elección libre de los representantes y (apartado 2 del artículo 3), al injerirse los poderes públicos en la libertad de asociarse mediante coaliciones electorales de cualquier índole, en este sentido cabe recodar que la no discriminación y libertad de asociación regulados por los artículos 14 y 22 de la Constitución Española, los cuales por mandato del artículo 10.2 CE, los preceptos constitucionales que reconocen los derechos de igualdad y no discriminación y de libre asociación, 14 y 22 CE respectivamente, deben ser interpretados de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Tratados y los Acuerdos Internacionales sobre estas materias ratificados por España. Además para evitar posibles interpretaciones no ajustadas al ordenamiento jurídica consideramos necesario aclarar la redacción del apartado 4 del Artículo 1 respecto al derecho a que el ámbito nacional de una candidatura (organización o coalición) debe respetar el derecho a la libre asociación (artículo 22 de la CE) y el derecho a constituir federaciones, confederaciones y coaliciones (artículo 5 del Convenio OIT número 87).

En este sentido, la STC 85/2003, en su fundamento jurídico 6.º «in fine» establece lo siguiente:

«Por último, conviene asimismo advertir que aun cuando en determinadas demandas de amparo se invocan como lesionados diversos preceptos del Convenio para la protección de los derechos humanos, no le corresponde a este Tribunal, al conocer del recurso de amparo, examinar la observancia o inobservancia «per se» de textos internacionales que obliguen a España, sino comprobar el respeto o la infracción de los preceptos constitucionales que reconocen derechos fundamentales y libertades públicas susceptibles de amparo (arts. 53.2 CE y 49.1 LOTC), sin perjuicio de que, por mandato del art. 10.2 CE, deban tales preceptos ser interpretados “de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España” (STC 120/1990, de 27 de junio, —RTC1990, 120—, F. 3.º; STC 249/2000, de 30 de octubre, —RTC 2000, 249—, F. 2.º).»




Página 97


En ese mismo sentido, respecto a las Recomendaciones OIT y a los informes del Comité de Libertad Sindical de la OIT, la STC 38/1981, en su fundamento jurídico 4.º «in fine» establece lo siguiente:

«Si se observa lo que dice su artículo 10.2), los textos internacionales ratificados por España son instrumentos valiosos para configurar el sentido y alcance de los derechos que, en este punto, recoge la Constitución. Los Convenios OIT, ratificados por España constituyen, sin duda, textos invocables al respecto al igual que otros textos internacionales (así, el art. 8.º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; art. 1.º, 5) CC. Los Convenios se incorporan al ordenamiento interno, y de estas normas internas surgen los derechos individuales, que cuando se recogen en el capítulo de derechos o libertades para cuya protección se abre el recurso de amparo (como es el caso, del derecho sobre el que este proceso se cuestiona), adquieren un valor capital las reglas del Convenio o Tratado. Las Recomendaciones OIT, si bien, como es obvio, distintas de los Convenios, y sin alusión directa en el art. 10.2) CE, son textos orientativos, que sin eficacia vinculante pueden operar como criterios interpretativos o aclaratorios de los Convenios, carácter con el que se invocan aquí las Recomendaciones a las que hemos hecho sucinta referencia.» (el ennegrecido es nuestro).

ENMIENDA NÚM. 93

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 5.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el Artículo 5 en los siguientes términos:

«Artículo 5. Organizaciones agrarias más representativas.

Son organizaciones agrarias más representativas las que obtengan, al menos, un diez por ciento de los votos válidos emitidos en la consulta en todo el Estado.»

JUSTIFICACIÓN

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos no está de acuerdo con la exigencia de un quince por ciento de los votos válidos emitidos en la consulta en todo el Estado para obtener la condición de OPA más representativa, ya que supone, sobre un reparto proporcional directo de los diez consejeros del Consejo Agrario, la obligación de obtener, al menos, un 50% más de votos válidos, cuando ya se establece una proporcionalidad reforzada al usar la regla de Hondt para los mayoritarios, lo que solo provocaría situaciones arbitrarias de no respeto a las minorías en el sector agrario.

Además el proyecto de ley añade la condición de haber obtenido al menos un cinco por ciento de votos válidos en seis comunidades autónomas. Esta última condición ofrece es arbitraria y contradictoria con lo expuesto en la exposición de motivos del proyecto de Ley, cuando en su tercer párrafo afirma que la Ley 10/2009 que se quiere derogar «no tiene en cuenta el peso real del número de agricultores en el total nacional.». En este sentido la propia Memoria del anteproyecto de ley critica la Ley 10/2009 (página 7) al no tener «… en cuenta que los censos de agricultores de cada comunidad autónoma tienen un peso muy diferente a nivel nacional, que puede conducir a negar el reconocimiento a una organización con un importante apoyo nacional, pero obtenido en menos de diez comunidades…» «Baste decir que cinco comunidades autónomas suponen el 64% del censo nacional y que diez pueden representar el 23 por ciento…».

La Unión de Uniones propone establecer que tengan la condición de más representativas las que obtengan, al menos, un diez por ciento de los votos válidos emitidos en la consulta en todo el Estado y eliminar la segunda condición de obtener un resultado mínimo en un mínimo de comunidades autónomas, la consulta es de ámbito estatal y el resultado al que hay que aplicar la ley de Hondt para atribuir consejeros




Página 98


en el Consejo Agrario debe derivar del resultado electoral en su conjunto, ya que se trata de otorgar la mayor representatividad a las OPA que obtengan un resultado a nivel estatal y no de cómo se distribuye dicho resultado por comunidades autónomas.

ENMIENDA NÚM. 94

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 5.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el Artículo 5 en los siguientes términos:

«Las organizaciones agrarias más representativas dispondrán y ejercerán las siguientes finalidades, funciones y prerrogativas:

a) La defensa y tutela colectiva de los intereses profesionales de las personas agricultoras, ganaderas y silvicultoras.

b) Consulta preceptiva en el diseño de las políticas públicas que afecten a las propias organizaciones y a sus representados.

c) Gestionar programas públicos dirigidos a los profesionales agrarios y forestales (formación, asesoramiento, transferencia tecnológica, innovación y desarrollo, etc.).

d) Concertar acuerdos de interés profesional, con los poderes públicos y en el ámbito socioeconómico, como interprofesionales, etc.

e) Participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de controversias, como en las juntas arbitrales (contratos, etc.), los jurados de expropiaciones, etc.»

JUSTIFICACIÓN

El artículo 1 solo prevé la representación institucional, olvidando la concertación de las políticas públicas que incidan sobre los profesionales agrarios, elemento esencial del desarrollo de una participación institucional en los asuntos públicos, así como, el establecimiento de las finalidades, funciones y prerrogativas que se van a otorgar a las OPA en materia de:

— La defensa y tutela colectiva de los intereses profesionales de las personas agricultoras, ganaderas y silvicultoras (legitimidad universal en la defensa de los intereses profesionales y socioeconómicos, tanto ante los poderes públicos, incluida la legitimidad ante la judicatura, como del resto de sociedad civil y organizaciones económicas).

— Consulta preceptiva en el diseño de las políticas públicas que afecten a las propias organizaciones y a sus representados.

— Gestionar programas públicos dirigidos a los profesionales agrarios y forestales (formación, asesoramiento, transferencia tecnológica, innovación y desarrollo, etc.).

— Concertar acuerdos de interés profesional (con los poderes públicos y en el ámbito socioeconómico, como interprofesionales, etc.)

Para las OPA más representativas deberían reservarse, además de la función de representación institucional ante la Administración General del Estado y el uso y disfrute del patrimonio de titularidad pública, ya previstos en el anteproyecto de ley, la de participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de controversias, como en las juntas arbitrales (contratos, etc.), los jurados de expropiaciones, etc.




Página 99


ENMIENDA NÚM. 95

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 6. 2.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el punto 2 del Artículo 6 en los siguientes términos:

«2. Para su elaboración, la Dirección del Censo recabará de oficio la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), del Instituto Nacional de Estadística y del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). Asimismo, se podrán incluir en el censo a petición de parte, las personas físicas que obtengan de la actividad agraria rentas en un porcentaje igual o superior al 25 por ciento de su renta total y las personas jurídicas que cumplan los requisitos del apartado 5, solicitando su inscripción en el censo.»

JUSTIFICACIÓN

El MAGRAMA debe poder recabar la colaboración del Instituto Nacional de Estadística para obtener el domicilio de empadronamiento de las personas físicas que se deban incluir en el censo, hay que tener en cuenta, que desde la paulatina transferencia de la asistencia sanitaria a las comunidades autónomas, las personas físicas no mantienen actualizados sus datos de domicilio en la Tesorería de la Seguridad Social, ya que habitualmente las entidades bancarias comunican los cambios de número de cuenta donde tienen domiciliados los pagos a la Seguridad Social, no así los de domicilio. Además en concordancia con lo establecido en el punto 3 del artículo 4 del anteproyecto de Ley para el ejercicio del voto por correo.

Disponer de los datos actualizados de los domicilios es esencial para que se puedan recibir las comunicaciones de la administración electoral y de las propias organizaciones profesionales agrarias que concurran a los procesos electorales, ya que de no ser así no se podrán garantizar los derechos de participación de los electores.

ENMIENDA NÚM. 96

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 6. 4.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el último párrafo del punto 4 del Artículo 6 en los siguientes términos:

«Lo dispuesto en la letra b) anterior solo se aplicará el caso de que la renta procedente de los pagos directos de la política agrícola común no sea superior al 80 por ciento del total de sus ingresos agrarios.»

JUSTIFICACIÓN

En nuestras primeras observaciones al anteproyecto de ley ya nos mostrábamos dispuestos a considerar el derecho a ser electores a las personas jurídicas que perciben pagos directos superiores a 5.000 euros, en el anteproyecto de Ley a consulta en la letra b) del punto 4 del artículo 6 propone incluir a las personas físicas que perciban pagos directos superiores a 3.000 euros, dicha inclusión a la Unión de Uniones no nos parece justificada y, además, es discriminatoria con otras personas físicas que obteniendo




Página 100


unos ingresos agrarios totales (mercado más ayudas) de similar cuantía que los de las personas físicas perceptoras de pagos directos superiores a 3.000 euros, por disponer de orientaciones productivas sin ayudas directas de la PAC o incluso de las que suponen un apoyo muy bajo, las cuales al no sobrepasar los 3.000 euros de pagos directos y no cumplir con lo exigido en la letra a) del mismo punto quedaran fuera del censo. Por lo que consideramos que la cifra de los 3.000 euros debe volver a estar como mínimo en los 5.000 euros para eliminar la gran mayoría de dichas discriminaciones.

En consonancia con nuestra propuesta de enmienda al punto 3 del artículo 1 al establecer una cifra de pagos directos deben aclararse dos elementos, el primero que no se trata de cualquier pago directo de la Administración a la persona física, debe referirse específicamente a los pagos directos en el marco de la política agraria común y, el segundo, que la cifra se refiere a un año o campaña, ya que de no aclararlo se puede alcanzar dicha cifra con la suma de los pagos directos de varios años, lo que sería un fraude al propio establecimiento de dicha cifra.

El último punto y seguido del último párrafo del punto 4 nos parece, a la Unión de Uniones, abrir el proceso electoral a posibles defraudadores en los pagos directos en el marco de la política agraria común, ya que solo aquellas personas que hayan sido afectadas por circunstancias excepcionales apreciadas por la Administración o que hayan mantenido toda la tierra en buenas condiciones agrarias y medioambientales pueden no tener otros ingresos agrarios que los pagos directos exclusivamente, ya que para ser beneficiario de los pagos directos se debe ser agricultor, disponer de una explotación y ejercer la actividad agraria en el sentido de las definiciones de las letras a), b) y c) del artículo 1 del Reglamento (CE) 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, en caso contrario se está ante un fraude en los pagos directos en el marco de la política agraria común. Por tanto, proponemos la supresión del contenido de dicho punto y seguido, consideramos que con las observaciones del párrafo anterior a la letra b) del punto 4 del artículo 6 del anteproyecto de Ley queda suficientemente aclarado quien tiene derecho como elector a participar en la consulta. Además des del acuerdo alcanzado en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebrada en Madrid el 21 de enero de 2014, hay acuerdo para que se regule, a partir del 2015, como agricultor activo aquel que sus ayudas directas no supongan más del 80% del total de sus ingresos agrarios.

ENMIENDA NÚM. 97

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 6. 4. b.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado b) punto 4 del Artículo 6 en los siguientes términos:

«b) Percibir pagos directos de la política agrícola común superiores a 5.000 euros al año, de acuerdo con los datos obrantes en el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).»

JUSTIFICACIÓN

En nuestras primeras observaciones al anteproyecto de ley ya nos mostrábamos dispuestos a considerar el derecho a ser electores a las personas jurídicas que perciben pagos directos superiores a 5.000 euros, en el anteproyecto de Ley a consulta en la letra b) del punto 4 del artículo 6 propone incluir a las personas físicas que perciban pagos directos superiores a 3.000 euros, dicha inclusión a la Unión de Uniones no nos parece justificada y, además, es discriminatoria con otras personas físicas que obteniendo unos ingresos agrarios totales (mercado más ayudas) de similar cuantía que los de las personas físicas perceptoras de pagos directos superiores a 3.000 euros, por disponer de orientaciones productivas sin ayudas directas de la PAC o incluso de las que suponen un apoyo muy bajo, las cuales al no sobrepasar los 3.000 euros de pagos directos y no cumplir con lo exigido en la letra a) del mismo punto quedaran fuera




Página 101


del censo. Por lo que consideramos que la cifra de los 3.000 euros debe volver a estar como mínimo en los 5.000 euros para eliminar la gran mayoría de dichas discriminaciones.

En consonancia con nuestra propuesta de enmienda al punto 3 del artículo 1 al establecer una cifra de pagos directos deben aclararse dos elementos, el primero que no se trata de cualquier pago directo de la Administración a la persona física, debe referirse específicamente a los pagos directos en el marco de la política agraria común y, el segundo, que la cifra se refiere a un año o campaña, ya que de no aclararlo se puede alcanzar dicha cifra con la suma de los pagos directos de varios años, lo que sería un fraude al propio establecimiento de dicha cifra.

El último punto y seguido del último párrafo del punto 4 nos parece, a la Unión de Uniones, abrir el proceso electoral a posibles defraudadores en los pagos directos en el marco de la política agraria común, ya que solo aquellas personas que hayan sido afectadas por circunstancias excepcionales apreciadas por la Administración o que hayan mantenido toda la tierra en buenas condiciones agrarias y medioambientales pueden no tener otros ingresos agrarios que los pagos directos exclusivamente, ya que para ser beneficiario de los pagos directos se debe ser agricultor, disponer de una explotación y ejercer la actividad agraria en el sentido de las definiciones de las letras a), b) y c) del artículo 1 del Reglamento (CE) 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, en caso contrario se está ante un fraude en los pagos directos en el marco de la política agraria común. Por tanto, proponemos la supresión del contenido de dicho punto y seguido, consideramos que con las observaciones del párrafo anterior a la letra b) del punto 4 del artículo 6 del anteproyecto de Ley queda suficientemente aclarado quien tiene derecho como elector a participar en la consulta. Además des del acuerdo alcanzado en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebrada en Madrid el 21 de enero de 2014, hay acuerdo para que se regule, a partir del 2015, como agricultor activo aquel que sus ayudas directas no supongan más del 80% del total de sus ingresos agrarios.

ENMIENDA NÚM. 98

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. 5.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el punto 5 del Artículo 8 en los siguientes términos:

«5. Se constituirá una Mesa de consulta en cada capital de provincia y tantas Mesas comarcales o locales como sean necesarias en función del censo de la demarcación provincial. Las Mesas incluyen un máximo de dos cientos electores. La Comisión Central publicará la relación de Mesas y su ubicación a los diez días del inicio de la consulta.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en los territorios insulares cada isla dispondrá, al menos, de una Mesa.

Las Mesas estarán formadas por cinco vocales menores de sesenta y cinco años, tres titulares y dos suplentes, seleccionados aleatoriamente entre los que se encuentren inscritos en el censo de la Mesa. Entre los vocales se designará un presidente. El representante de cada candidatura podrá designar un interventor, con voz y sin voto, entre los inscritos en el censo de la Mesa diez días antes de la votación.»

JUSTIFICACIÓN

La Unión de Uniones considera inaceptable que solo haya una mesa para la consulta por cada quinientos electores, ya que dicha pobre previsión dificultará la participación, hasta el punto de obtener participaciones ridículas, más aún en las provincias y comarcas en donde más distancia haya entre la capital y los pueblos agrarios más alejados. Dicha circunstancia es del todo inapropiada en unos procesos




Página 102


de consulta que necesitan de la mayor legitimidad democrática posible, entre los que las que la participación es un aspecto clave.

La Unión de Uniones considera necesario garantizar que haya una mesa como mínimo por cada doscientos de electores censados, además la Administración General del Estado tiene repartidas por toda la geografía otras sedes distintas a las de las Subdelegaciones o Delegaciones del Gobierno, entre otras las de la Seguridad Social o las de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, las cuales también deberían ser tenidas en cuenta para facilitar la participación. También, de acuerdo con la Disposición adicional tercera en las comunidades autónomas donde se subscriba convenio para la simultaneidad de la consulta con otros procesos electorales, puede darse un mayor acercamiento al lugar de empadronamiento de los electores.

ENMIENDA NÚM. 99

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo Artículo, después del Artículo 8 —corriendo la numeración— del siguiente tenor:

«X. Campaña electoral.

1. El ministerio competente en materia de agricultura, ganadería y silvicultura que en virtud de su competencia legal haya convocado el proceso electoral pueden realizar durante el período electoral una campaña de carácter institucional destinada a informar a los las personas físicas y jurídicas que tiene como actividad económica habitual la agricultura, ganadería y silvicultura sobre la fecha de la votación, el procedimiento para votar y los requisitos y trámite del voto por correo, sin influir, en ningún caso, en la orientación del voto de los electores. Esta publicidad institucional se realizará en espacios gratuitos de los medios de comunicación social de titularidad pública del ámbito territorial correspondiente suficientes para alcanzar los objetivos de esta campaña.

2. Desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las organizaciones profesionales agrarias concurrentes a las elecciones.

3. Se entiende por campaña electoral, a efectos de esta Ley, el conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo por las organizaciones profesionales agrarias, federaciones, coaliciones o agrupaciones y sus representantes en orden a la captación de sufragios.

4. Salvo lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, ninguna persona jurídica distinta de las mencionadas en el apartado anterior podrá realizar campaña electoral a partir de la fecha de la convocatoria de las elecciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de la Constitución.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.




Página 103


Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

La Unión de Uniones no podemos aceptar lo establecido en el artículo 10 y el Capítulo III del proyecto de Ley en cuanto a que no se regula por ley una consulta con garantías similares a unas elecciones celebradas de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, lo que en el proyecto de Ley a consulta no se cumple, ya que para la Unión de Uniones, tal y como se pone de manifiesto en nuestras propuestas de enmiendas, también son esenciales que se regulen los siguientes aspectos:

a) Una campaña electoral.

b) La propaganda y actos de campaña electoral.

c) La utilización de medios de comunicación para la campaña electoral.

d) Gastos y subvenciones electorales.

e) Infracciones electorales relacionadas con las letras a) a d) anteriores.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 100

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo Artículo, después del Artículo 8 —corriendo la numeración— del siguiente tenor:

«X. Duración de la campaña electoral.

1. La campaña electoral comienza el día cuadragésimo primero posterior a la convocatoria.

2. Dura quince días.

3. Termina, en todo caso, a las cero horas del día de la votación.»




Página 104


JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior.

ENMIENDA NÚM. 101

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo Artículo, después del Artículo 8 —corriendo la numeración— del siguiente tenor:

«X. Período de prohibición de campaña electoral.

1. No puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral una vez que ésta haya legalmente terminado. La obtención gratuita de medios proporcionados por las Administraciones Públicas quedará limitada al período estricto de campaña electoral. Las limitaciones anteriores se establecen sin perjuicio de las actividades realizadas por las organizaciones profesionales agrarias, coaliciones y federaciones en el ejercicio de sus funciones constitucionalmente reconocidas y, en particular, en el artículo 7 de la Constitución.

2. No obstante lo anterior, desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio legal de la campaña, queda prohibida la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales, no pudiendo justificarse dichas actuaciones por el ejercicio de las actividades ordinarias de los partidos, coaliciones o federaciones reconocidas en el apartado anterior.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 102

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo Artículo, después del Artículo 8 —corriendo la numeración— del siguiente tenor:

«X. Celebración de los actos de campaña electoral.

1. La celebración de actos públicos de campaña electoral se rige por lo dispuesto en la legislación reguladora del derecho de reunión. Las atribuciones encomendadas en esta materia a la autoridad gubernativa se entienden asumidas por las Juntas Provinciales, sin perjuicio de la potestad de la Junta Central de unificación de criterios interpretativos.




Página 105


2. Se mantienen, en todo caso, las atribuciones de la autoridad gubernativa respecto al orden público, y con este fin, las Juntas deben informar a la indicada autoridad de las reuniones cuya convocatoria les haya sido comunicada.

3. Los Ayuntamientos deberán reservar locales oficiales y lugares públicos de uso gratuito para la celebración de actos de campaña electoral.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 103

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo Artículo, después del Artículo 8 —corriendo la numeración— del siguiente tenor:

«X. Propaganda electoral.

1. Los Ayuntamientos tendrán la obligación de reservar lugares especiales gratuitos para la colocación de carteles y, en su caso, pancartas y carteles colgados a postes o farolas por el sistema llamado de banderolas. La propaganda a través de las pancartas y banderolas sólo podrá colocarse en los lugares reservados como gratuitos por los Ayuntamientos.

2. Aparte de los lugares especiales gratuitos indicados en el apartado anterior, los partidos, coaliciones, federaciones y las candidaturas sólo pueden colocar carteles y otras formas de propaganda electoral en los espacios comerciales autorizados.

3. El gasto de las candidaturas en este tipo de publicidad no podrá exceder del 20 por ciento del límite de gastos de 0,37 euros por elector inscrito en el censo.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 104

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo Artículo, después del Artículo 8 —corriendo la numeración— del siguiente tenor:




Página 106


«X. Distribución de lugares para campaña electoral.

1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior los Ayuntamientos, dentro de los siete días siguientes a la convocatoria, comunicarán los emplazamientos disponibles para la colocación gratuita de carteles y, en su caso, pancartas y banderolas a la correspondiente Junta Provincial.

2. Esta distribuye los lugares mencionados atendiendo al número total de votos que obtuvo cada partido, federación o coalición en las anteriores elecciones equivalentes en la misma circunscripción, atribuyéndose según las preferencias de las organizaciones profesionales agrarias, federaciones o coaliciones con mayor número de votos en las últimas elecciones equivalentes en la misma circunscripción.

3. El segundo día posterior a la proclamación de candidatos, la Junta comunica al representante de cada candidatura los lugares reservados para sus carteles.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 105

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo Artículo, después del Artículo 8 —corriendo la numeración— del siguiente tenor:

«X. Actos electorales gratuitos.

1. Los Ayuntamientos, dentro de los diez días siguientes al de la convocatoria, comunican a la correspondiente Junta Provincial los locales oficiales y lugares públicos que se reservan para la realización gratuita de actos de campaña electoral.

2. Dicha relación ha de contener la especificación de los días y horas en que cada uno sea utilizable y debe ser publicada en el «Boletín Oficial de la Provincia», dentro de los quince días siguientes a la convocatoria. A partir de entonces, los representantes de las candidaturas pueden solicitar ante las Juntas Provinciales la utilización de los locales y lugares mencionados.

3. El cuarto día posterior a la proclamación de candidatos, las Juntas Provinciales atribuyen los locales y lugares disponibles, en función de las solicitudes, y cuando varias sean coincidentes, atendiendo al criterio de igualdad de oportunidades y, subsidiariamente, a las preferencias de las organizaciones profesionales agrarias, federaciones o coaliciones con mayor número de votos en las últimas elecciones equivalentes en la misma circunscripción. Las Juntas Provinciales comunicarán al representante de cada candidatura los locales y lugares asignados.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 106

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.




Página 107


ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo Artículo, después del Artículo 8 —corriendo la numeración— del siguiente tenor:

«X. Publicidad de las candidaturas en prensa y radio.

1. Las candidaturas tendrán derecho a realizar publicidad en la prensa periódica y en las emisoras de radio de titularidad privada sin que los gastos realizados en esta publicidad puedan superar el 20 por 100 del límite de gasto previsto para las organizaciones profesionales agrarias, agrupaciones, coaliciones o federaciones y las candidaturas en el artículo.

2. Las tarifas para esta publicidad electoral no serán superiores a las vigentes para la publicidad comercial y no podrá producirse discriminación alguna entre las candidaturas en cuanto a la inclusión, tarifas y ubicación de esos espacios de publicidad, en los que deberá constar expresamente su condición.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 107

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo Artículo, después del Artículo 8 —corriendo la numeración— del siguiente tenor:

«X. Envíos postales de propaganda electoral.

Por Orden Ministerial se fijarán tarifas especiales para los envíos postales de propaganda electoral.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 108

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo Artículo, después del Artículo 8 —corriendo la numeración— del siguiente tenor:




Página 108


«X. Publicidad electoral en medios de comunicación.

1. No pueden contratarse espacios de publicidad electoral en los medios de comunicación de titularidad pública ni en las emisoras de televisión privada.

2. Durante la campaña electoral las organizaciones profesionales agrarias, federaciones, coaliciones y agrupaciones que concurran a las elecciones tienen derecho a espacios gratuitos de propaganda en las emisoras de televisión y de radio de titularidad pública conforme a lo establecido en los artículos siguientes.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 109

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo Artículo, después del Artículo 8 —corriendo la numeración— del siguiente tenor:

«X. Distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral.

La distribución de espacios gratuitos para propaganda electoral se hace atendiendo al número total de votos que obtuvo cada partido, federación o coalición en las anteriores elecciones equivalentes.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 110

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo Artículo, después del Artículo 8 —corriendo la numeración— del siguiente tenor:

«X. Distribución de propaganda en medios de ámbito territorial inferior al de la convocatoria de las elecciones.

Si el ámbito territorial del medio o el de su programación fueran más limitados que el de la elección convocada, la distribución de espacios se hace atendiendo al número total de votos que obtuvo cada organización profesional agraria, federación o coalición en las circunscripciones comprendidas en el correspondiente ámbito de difusión o, en su caso, de programación.»




Página 109


JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 111

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo Artículo, después del Artículo 8 —corriendo la numeración— del siguiente tenor:

«X. Baremo para distribución de gratuidad de propaganda electoral en medio de comunicación público.

1. La distribución del tiempo gratuito de propaganda electoral en cada medio de comunicación de titularidad pública y en los distintos ámbitos de programación que éstos tengan, se efectúa conforme al siguiente baremo:

a) Diez minutos para las organizaciones profesionales agrarias, federaciones y coaliciones que no concurrieron o no obtuvieron la condición de más representativas en las anteriores elecciones equivalentes.

b) Quince minutos para las organizaciones profesionales agrarias, federaciones y coaliciones que habiendo obtenido representación en las anteriores elecciones, no hubieran alcanzado el 5 por 100 del total de votos válidos emitidos en el territorio estatal.

c) Treinta minutos para las organizaciones profesionales agrarias, federaciones y coaliciones que habiendo obtenido representación en las anteriores elecciones, hubieran alcanzado entre el 5 y el 20 por 100 del total de votos a que se hace referencia en el párrafo b).

d) Cuarenta y cinco minutos para las organizaciones profesionales agrarias, federaciones y coaliciones que habiendo obtenido representación en las anteriores elecciones equivalentes, hubieran alcanzado, al menos, un 20 por 100 del total de votos a que hace referencia el párrafo b).

2. A falta de regulación expresa en este artículo las Juntas Provinciales competentes establecen los criterios para la distribución de espacios en los medios de comunicación de titularidad pública.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 112

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo Artículo, después del Artículo 8 —corriendo la numeración— del siguiente tenor:




Página 110


«X. Órganos competentes para distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral.

1. La Comisión Central es la autoridad competente para distribuir los espacios gratuitos de propaganda electoral que se emiten por los medios de comunicación públicos cualquiera que sea el titular de los mismos, a propuesta de la Comisión a que se refieren los apartados siguientes de este artículo.

2. Una Comisión de Radio y Televisión, bajo la dirección de la Comisión Central, es competente para efectuar la propuesta de distribución de los espacios gratuitos de propaganda electoral.

3. La Comisión es designada por la Comisión Central y está integrada por un representante de cada organización profesional agraria, federación o coalición que concurriendo a las anteriores elecciones y cuente con representación en el Consejo Agrario. Dichos representantes votarán ponderadamente de acuerdo con la composición del Consejo.

4. La Comisión Central puede delegar en las Juntas Provinciales la distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en las programaciones regionales y locales de los medios de comunicación de titularidad estatal y de aquellos otros medios de ámbito similar que tengan también el carácter de públicos. En este supuesto, se constituye en dicho ámbito territorial una Comisión con las mismas atribuciones previstas en el párrafo 2 del presente artículo y con una composición que tenga en cuenta la representación en el Consejo Agrario del ámbito territorial respectivo. Dicha Comisión actúa bajo la dirección de la correspondiente Junta Provincial.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 113

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo Artículo, después del Artículo 8 —corriendo la numeración— del siguiente tenor:

«X. Garantía del pluralismo asociativo y social.

1. El respeto al pluralismo asociativo y social, así como a la igualdad, proporcionalidad y la neutralidad informativa en la programación de los medios de comunicación de titularidad pública en período electoral, serán garantizados por la organización de dichos medios y su control previstos en las Leyes. Las decisiones de los órganos de administración de los referidos medios en el indicado período electoral son recurribles ante la Comisión Central competente de conformidad con lo previsto en el artículo anterior y según el procedimiento que la Comisión Central disponga.

2. Durante el período electoral las emisoras de titularidad privada deberán respetar los principios de pluralismo e igualdad. Asimismo, en dicho período, las televisiones privadas deberán respetar también los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales así como en la información relativa a la campaña electoral de acuerdo a las Instrucciones que, a tal efecto, elabore la Comisión Central o Junta Provincial competente.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.




Página 111


ENMIENDA NÚM. 114

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo Artículo, después del Artículo 8 —corriendo la numeración— del siguiente tenor:

«X. Determinación del momento y el orden de emisión de los espacios de propaganda electoral.

Para la determinación del momento y el orden de emisión de los espacios de propaganda electoral a que tienen derecho todas las organizaciones profesionales agrarias, federaciones o coaliciones que se presenten a las elecciones, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley, la Comisión Central competente tendrá en cuenta las preferencias de los partidos, federaciones o coaliciones en función del número de votos que obtuvieron en las anteriores elecciones equivalentes.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 115

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo Artículo, después del Artículo 8 —corriendo la numeración— del siguiente tenor:

«X. Derecho de rectificación en campaña electoral.

Cuando por cualquier medio de comunicación social se difundan hechos que aludan a organizaciones profesionales agrarias o dirigentes de las mismas, federaciones, coaliciones o agrupaciones que concurran a la elección, que éstos consideren inexactos y cuya divulgación pueda causarles perjuicio, podrán ejercitar el derecho de rectificación, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 marzo, con las siguientes especialidades:

a) Si la información que se pretende rectificar se hubiera difundido en una publicación cuya periodicidad no permita divulgar la rectificación, en los tres días siguientes a su recepción, el director del medio de comunicación deberá hacerla publicar a su costa dentro del plazo indicado en otro medio de la misma zona y de similar difusión.

b) El juicio verbal regulado en el párrafo 2.º del artículo 5 de la mencionada Ley Orgánica se celebrará dentro de los cuatro días siguientes al de la petición.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.




Página 112


ENMIENDA NÚM. 116

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo Artículo, después del Artículo 8 —corriendo la numeración— del siguiente tenor:

«X. Administrador electoral de la candidatura.

1. Toda candidatura debe tener un administrador electoral responsable de sus ingresos y gastos electorales realizados por la organización profesional agraria, federación o coalición y de su contabilidad.

2. La contabilidad se ajustará en todo caso a los principios generales contenidos en el vigente Plan General de Contabilidad.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 117

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo Artículo, después del Artículo 8 —corriendo la numeración— del siguiente tenor:

«X. Designación del administrador electoral.

1. Puede ser designado administrador electoral cualquier ciudadano, mayor de edad, en pleno uso de sus derechos civiles y políticos. No podrán ser designados administradores electorales las personas en quienes concurra las circunstancias de condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal.

2. Los representantes de las candidaturas y los representantes generales de las organizaciones profesionales agrarias, federaciones o coaliciones pueden acumular la condición de administrador electoral.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.




Página 113


ENMIENDA NÚM. 118

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo Artículo, después del Artículo 8 —corriendo la numeración— del siguiente tenor:

«X. Cuentas abiertas.

1. Los administradores electorales, designados en el tiempo y forma que prevén las disposiciones especiales de esta Ley, comunican a la Comisión Central y a las Juntas Provinciales, respectivamente, las cuentas abiertas para la recaudación de fondos.

2. La apertura de cuentas puede realizarse, a partir de la fecha de nombramiento de los administradores electorales, en cualquier Entidad Bancaria o Caja de Ahorros. La comunicación a que hace referencia el párrafo anterior debe realizarse en las veinticuatro horas siguientes a la apertura de las cuentas.

3. Si las candidaturas presentadas no fueran proclamadas o renunciasen a concurrir a la elección, las imposiciones realizadas por terceros en estas cuentas les deberán ser restituidas por las organizaciones profesionales agrarias, federaciones, coaliciones o agrupaciones que las promovieron.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 119

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo Artículo, después del Artículo 8 —corriendo la numeración— del siguiente tenor:

«X. Ingresos y gastos de cuentas abiertas.

1. Todos los fondos destinados a sufragar los gastos electorales, cualquiera que sea su procedencia, deben ingresarse en las mencionadas cuentas y todos los gastos deben pagarse con cargo a las mismas.

2. Los administradores electorales y las personas por ellos autorizadas para disponer de los fondos de las cuentas son responsables de las cantidades ingresadas y de su aplicación a los fines señalados.

3. Terminada la campaña electoral, sólo se podrá disponer de los saldos de estas cuentas para pagar, en los noventa días siguientes al de la votación, gastos electorales previamente contraídos.

4. Toda reclamación por gastos electorales que no sea notificada a los correspondientes administradores en los sesenta días siguientes al de la votación se considerará nula y no pagadera. Cuando exista causa justificada, las Juntas Provinciales o, en su caso, la Comisión Central, pueden admitir excepciones a esta regla.»




Página 114


JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 120

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo Artículo, después del Artículo 8 —corriendo la numeración— del siguiente tenor:

«X. Aportación de fondos a cuentas abiertas.

1. Quienes aporten fondos a las cuentas referidas en los artículos anteriores harán constar en el acto de la imposición su nombre, domicilio y el número de su Documento Nacional de Identidad o pasaporte, que será exhibido al correspondiente empleado de la Entidad depositaria.

2. Cuando se aporten cantidades por cuenta y en representación de otra persona física o jurídica, se hará constar el nombre de ésta.

3. Cuando las imposiciones se efectúen por organizaciones profesionales agrarias, se hace constar la procedencia de los fondos que se depositan.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 121

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo Artículo, después del Artículo 8 —corriendo la numeración— del siguiente tenor:

«X. Subvenciones electorales.

El ministerio competente en materia de agricultura, ganadería y silvicultura subvenciona los gastos ocasionados a las organizaciones profesionales agrarias, federaciones, coaliciones por su concurrencia a las elecciones. En ningún caso la subvención correspondiente a cada organización, federación o coalición podrá sobrepasar la cifra de gastos electorales declarados, justificados por el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su función fiscalizadora.»




Página 115


JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 122

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo Artículo, después del Artículo 8 —corriendo la numeración— del siguiente tenor:

«X. Límite de aportación.

Ninguna persona, física o jurídica, puede aportar más de 1.000 euros a las cuentas abiertas por una misma organización profesional agraria, federación, coalición o agrupación para recaudar fondos en las elecciones convocadas.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 123

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo Artículo, después del Artículo 8 —corriendo la numeración— del siguiente tenor:

«X. Gastos electorales.

Se consideran gastos electorales los que realicen las organizaciones profesionales agrarias, federaciones, coaliciones participantes en las elecciones desde el día de la convocatoria hasta el de la proclamación de los resultados por los siguientes conceptos:

a) Confección de sobres y papeletas electorales.

b) Propaganda y publicidad directa o indirectamente dirigida a promover el voto a su candidatura, sea cual fuere la forma y el medio que se utilice.

c) Alquiler de locales para la celebración de actos de campaña electoral.

d) Remuneraciones o gratificaciones al personal no permanente que presta sus servicios a las candidaturas.

e) Medios de transporte y gastos de desplazamiento de los dirigentes de las organizaciones profesionales agrarias, asociaciones, federaciones o coaliciones, y del personal al servicio de la candidatura.

f) Correspondencia y franqueo.




Página 116


g) Intereses de los créditos recibidos para la campaña electoral, devengados hasta la fecha de percepción de la subvención correspondiente.

h) Cuantos sean necesarios para la organización y funcionamiento de las oficinas y servicios precisos para las elecciones.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 124

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo Artículo, después del Artículo 8 —corriendo la numeración— del siguiente tenor:

«X. Límite de gastos electorales.

Ninguna organización profesional agraria, federación, coalición puede realizar gastos electorales que superen los límites establecidos mediante orden Ministerial, que se entenderán siempre referidos en euros constantes.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 125

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo Artículo, después del Artículo 8 —corriendo la numeración— del siguiente tenor:

«X. Estado de las cuentas electorales.

1. Desde la fecha de la convocatoria hasta el centésimo día posterior a la celebración de las elecciones, la Comisión Central y las Juntas Provinciales velarán por el cumplimiento de las normas establecidas en los artículos anteriores. A estos efectos, la Comisión Central podrá recabar la colaboración del Tribunal de Cuentas.

2. La Comisión Central y las Juntas Provinciales podrán recabar en todo momento de las entidades bancarias y de las Cajas de Ahorro el estado de las cuentas electorales, números e identidad de los impositores y cuantos extremos estimen precisos para el cumplimiento de su función fiscalizadora.




Página 117


3. Asimismo podrán recabar de los administradores electorales las informaciones contables que consideren necesarias y deberán resolver por escrito las consultas que éstos les planteen.

4. Si de sus investigaciones resultasen indicios de conductas constitutivas de infracciónes electorales, lo comunicarán al ministerio competente en materia de agricultura, ganadería y silvicultura, para el ejercicio de las acciones oportunas. Las mismas Juntas sancionarán las infracciones en esta materia, conforme a lo dispuesto en el artículo (…) de esta Ley.

5. Asimismo la Comisión Central y las Juntas Provinciales informarán al Tribunal de Cuentas de los resultados de su actividad fiscalizadora.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 126

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo Artículo, después del Artículo 8 —corriendo la numeración— del siguiente tenor:

«X. Presentación de la contabilidad electoral.

1. Entre los cien y los ciento veinticinco días posteriores a las elecciones, las organizaciones profesionales agrarias, federaciones, coaliciones o agrupaciones que hubieran alcanzado los requisitos exigidos para recibir subvenciones estatales o que hubieran solicitado adelantos con cargo a las mismas, presentan, ante el Tribunal de Cuentas, una contabilidad detallada y documentada de sus respectivos ingresos y gastos electorales.

2. La presentación se realiza por los administradores electorales de aquellas organizaciones profesionales agrarias, federaciones o coaliciones que hubieran concurrido a las elecciones.

3. Las Entidades financieras de cualquier tipo que hubieran concedido crédito a aquellas organizaciones profesionales agrarias y asociaciones mencionados en el párrafo primero envían noticia detallada de los mismos al Tribunal de Cuentas, dentro del plazo referido en aquel párrafo.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 127

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo Artículo, después del Artículo 8 —corriendo la numeración— del siguiente tenor:




Página 118


«X. Intervención del Tribunal de Cuentas.

1. El Tribunal de Cuentas puede, en el plazo de treinta días, a partir del señalado en el apartado 1 del artículo anterior, recabar de todos los que vienen obligados a presentar contabilidades e informes, conforme al artículo anterior, las aclaraciones y documentos suplementarios que estime necesarios.

2. Dentro de los doscientos días posteriores a las elecciones, el Tribunal de cuentas se pronuncia, en el ejercicio de su función fiscalizadora, sobre la regularidad de las contabilidades electorales, y en el caso de que se hubiesen apreciado irregularidades en dicha contabilidad o violaciones de las restricciones establecidas en materia de ingresos y gastos electorales, puede proponer la no adjudicación o reducción de la subvención estatal a la organización profesional agraria, federación, coalición de que se trate.

3. El Tribunal, dentro del mismo plazo, remite el resultado de su fiscalización mediante informe razonado, comprensivo de la declaración del importe de los gastos regulares justificados por cada organización profesional agraria, federación, coalición, asociación o agrupación de electores y al ministerio competente en materia de agricultura, ganadería y silvicultura.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 128

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo Artículo, después del Artículo 8 —corriendo la numeración— del siguiente tenor:

«X. Función pública relacionada con las elecciones.

1. A los efectos de este Capítulo son funcionarios públicos los que tengan esta consideración según el Código Penal, quienes desempeñen alguna función pública relacionada con las elecciones, y en particular los Presidentes y Vocales de la Comisión Central y las Juntas Provinciales, los Presidentes, Vocales e Interventores de las Mesas Electorales y los correspondientes suplentes.

2. A los mismos efectos tienen la consideración de documentos oficiales, el censo y sus copias autorizadas, las Actas, listas, certificaciones, talones o credenciales de nombramiento de quienes hayan de intervenir en el proceso electoral y cuantos emanen de personas a quienes la presente Ley encargue su expedición.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 129

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.




Página 119


ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo Artículo, después del Artículo 8 —corriendo la numeración— del siguiente tenor:

«X. Infracciones electorales muy graves.

Se considerará infracciones electorales muy graves:

1. Los funcionarios públicos que:

a) Alterar sin autorización las fechas, horas o lugares en que deba celebrarse cualquier acto electoral incluso de carácter preparatorio, o anunciar su celebración de forma que pueda inducir a error a los electores.

b) Omitir o anotar de manera que induzca a error sobre su autenticidad los nombres de los votantes en cualquier acto electoral.

c) Cambiar, ocultar o alterar, de cualquier manera, el sobre o papeleta electoral que el elector entregue al ejercitar su derecho.

d) Realizar con inexactitud el recuento de electores en actos referentes a la formación o rectificación del Censo, o en las operaciones de votación y escrutinio.

e) Efectuar proclamación indebida de personas.

f) Faltar a la verdad en manifestaciones verbales que hayan de realizarse en algún acto electoral, por mandato de esta Ley.

g) Consentir, pudiendo evitarlo, que alguien vote dos o más veces o lo haga sin capacidad legal, o no formular la correspondiente protesta.

h) Imprimir, confeccionar o utilizar papeletas o sobres electorales con infracción de las normas establecidas.

i) Incumplir las obligaciones relativas a certificaciones en materia de subvenciones por gastos electorales previstas en esta Ley.

j) Cometer cualquier otra falsedad en materia electoral, análoga a las anteriores.

k) Usen de sus competencias para los fines señalados en las letras d), e) y f) del punto 2 del siguiente artículo (infracciones graves de los no funcionarios).

2. Los administradores electorales de las organizaciones profesionales, federaciones, coaliciones, así como las personas autorizadas a disponer de las cuentas electorales que:

a) Falseen las cuentas, reflejando u omitiendo indebidamente en las mismas aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables.

b) Se apropien o distraigan fondos para fines distintos de los contemplados en esta Ley.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 130

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo Artículo, después del Artículo 8 —corriendo la numeración— del siguiente tenor:




Página 120


«X. Infracciones electorales graves.

Se considerará infracciones electorales graves:

1. Los funcionarios públicos que:

a) Incumplan las normas legalmente establecidas para la formación, conservación y exhibición al público del censo electoral.

b) Incumplan las normas legalmente establecidas para la constitución de la Comisión Central y las Juntas Provinciales y Mesas Electorales, así como para las votaciones, acuerdos y escrutinios que éstas deban realizar.

c) No extiendan las actas, certificaciones, notificaciones y demás documentos electorales en la forma y momentos previstos por la Ley.

d) Susciten, sin motivo racional, dudas sobre la identidad de una persona o la entidad de sus derechos.

e) Suspendan, sin causa justificada, cualquier acto electoral.

f) Nieguen, dificulten o retrasen indebidamente la admisión, curso o resolución de las protestas o reclamaciones de las personas que legalmente estén legitimadas para hacerlas, o no dejen de ellas la debida constancia documental.

g) Causen, en el ejercicio de sus competencias, manifiesto perjuicio a un candidato.

h) Incumplan los trámites establecidos para el voto por correspondencia.

2. Las personas no consideradas como funcionarios que:

a) Vulnere los trámites establecidos para el voto por correo.

b) Participe en alguna de las falsedades señaladas en el artículo (infracciones muy graves para funcionarios).

c) Voten dos o más veces en la misma elección o quienes voten sin capacidad para hacerlo.

d) Por medio de recompensa, dádivas, remuneraciones o promesas de las mismas, soliciten directa o indirectamente el voto de algún elector, o le induzcan a la abstención.

e) Con violencia o intimidación presionen sobre los electores para que no usen de su derecho, lo ejerciten contra su voluntad o descubran el secreto de voto.

f) Impidan o dificulten injustificadamente la entrada, salida o permanencia de los electores, interventores y notarios en los lugares en los que se realicen actos del procedimiento electoral.

g) Perturben gravemente el orden en cualquier acto electoral.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 131

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo Artículo, después del Artículo 8 —corriendo la numeración— del siguiente tenor:

«X. Infracciones electorales leves.

Se considerará infracciones electorales leves que:




Página 121


a) El Presidente y los Vocales de las Mesas Electorales así como sus respectivos suplentes que dejen de concurrir o desempeñar sus funciones, las abandonen sin causa legítima o incumplan sin causa justificada las obligaciones de excusa o aviso previo que les impone esta Ley.

b) lleven a cabo alguno de los actos siguientes:

i) Realizar actos de propaganda una vez finalizado el plazo de la campaña electoral.

ii) Infringir las normas legales en materia de carteles electorales y espacios reservados de los mismos, así como las normas relativas a las reuniones y otros actos públicos de propaganda electoral.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 132

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo Artículo, después del Artículo 8 —corriendo la numeración— del siguiente tenor:

«X. Sanciones a las infracciones electorales.

Las sanciones aplicables a las infracciones electorales serán las siguientes:

a) Infracciones muy graves: sanción de 3.000 a 30.000 euros.

b) Infracciones graves: sanción de 300 a 3.000 euros.

c) Infracciones leves: sanción de 100 a 1.000 euros.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 133

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 13.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el Artículo 13 del siguiente tenor:

«Artículo 13. Creación y naturaleza del Consejo Agrario.

Se crea el Consejo Agrario como órgano colegiado de carácter consultivo y de concertación adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la finalidad de asesorar a la Administración General del Estado en las cuestiones de interés general agrario y rural.




Página 122


Después de cada consulta, el Consejo Agrario se constituirá en el plazo de un mes desde la proclamación definitiva de los resultados generales por parte de la Comisión Central.»

JUSTIFICACIÓN

Para la Unión de Uniones se debe establecer un plazo para la constitución del Consejo Agrario después de cada proceso electoral, para lo cual proponemos añadir un segundo párrafo al artículo 13 del proyecto de Ley que establezca un plazo máximo de un mes, para la constitución del Consejo Agrario, desde la proclamación definitiva de los resultados generales por parte de la Comisión Central.

Como ya hemos manifestado en nuestra propuesta de enmienda número 2 el proyecto de Ley se olvida de la concertación de las políticas públicas, naturaleza y función que debería incorporarse al Consejo Agrario.

ENMIENDA NÚM. 134

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 14. 1. b.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado b) del punto 1 del Artículo 14 del siguiente tenor:

«b) Conocer, informar y concertar sobre las medidas de la política agrícola común y estatal que sean sometidas a su consideración.»

JUSTIFICACIÓN

Para la Unión de Uniones se debe establecer un plazo para la constitución del Consejo Agrario después de cada proceso electoral, para lo cual proponemos añadir un segundo párrafo al artículo 13 del proyecto de Ley que establezca un plazo máximo de un mes, para la constitución del Consejo Agrario, desde la proclamación definitiva de los resultados generales por parte de la Comisión Central.

Como ya hemos manifestado en nuestra propuesta de enmienda número 2 el proyecto de Ley se olvida de la concertación de las políticas públicas, naturaleza y función que debería incorporarse al Consejo Agrario.

ENMIENDA NÚM. 135

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 15. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo punto 7 del Artículo 15 del siguiente tenor:

«7. En el caso de coincidencia del proceso de consulta regulado en la presente Ley con un proceso electoral de los regulados mediante la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, se aplazará el proceso de consulta entre un mes y, como máximo, dos meses, quedando automáticamente prorrogado por dicho plazo el mandato de los consejeros.»




Página 123


JUSTIFICACIÓN

La Unión de Uniones considera necesario regular que en el caso tasado de coincidencia del nuevo proceso electoral de consulta con un proceso electoral de los regulados por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, se prevea dejar un plazo prudente de separación entre un proceso y otro, pero que si no se vuelve a convocar la consulta, tanto los resultados de las OPA, como el mandato de los consejeros debe caducar, ya que la libertad democrática de escoger a la OPA que representa a los electores es un derecho fundamental y mantener un mandato caducado más allá del período previamente establecido en la Ley conculca dicho derecho.

ENMIENDA NÚM. 136

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional tercera.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la Disposición Adicional Tercera del siguiente tenor:

«Disposición adicional tercera. Simultaneidad de la consulta con otros procesos electorales.

Las comunidades autónomas podrán convocar procesos electorales para determinar la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en su ámbito territorial de forma conjunta a la consulta regulada en la presente ley. En este caso se suscribirán convenios de colaboración entre la comunidad autónoma y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para:

a) usar la regulación para la consulta regulada en la presente ley en el ámbito de la Comunidad Autónoma, con la presentación de candidaturas cuyo ámbito de actuación esté limitado a la Comunidad Autónoma, o

b) usar de forma simultánea y coordinada la consulta regulada en la presente ley conjuntamente con el proceso electoral en el ámbito agrícola, ganadero y forestal realizado por la Comunidad Autónoma para la participación en órganos y entidades consultivos autonómicos.

Dichos convenios de colaboración garantizarán, como mínimo, los derechos regulados en la presente ley para los electores y organizaciones profesionales agrarias de ámbito estatal, aunque sea la Comunidad Autónoma la que se responsabilicen de llevar a cabo, a excepción de la elaboración del censo del artículo 6 de la presente ley, los procesos de consulta y/o electorales de forma simultánea y coordinada, desembocando en un mismo día, horario y la misma ubicación para ejercer el voto de ambos procesos.»

JUSTIFICACIÓN

Mayor garantía de los derechos regulados en la Ley para los electores y las organizaciones profesionales agrarias.

ENMIENDA NÚM. 137

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional quinta.




Página 124


ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la Disposición Adicional Quinta del siguiente tenor:

«Disposición adicional quinta. Fecha límite de celebración de la primera consulta.

La primera consulta se celebrará en el plazo máximo de nueve meses desde la entrada en vigor de la presente ley.»

JUSTIFICACIÓN

La Unión de Uniones celebra que se haya incorporado al proyecto de ley una fecha límite para la celebración de la consulta, pero, por un lado, olvida establecer que el plazo debe ser el máximo y, por otro lado, dieciocho meses des de la entrada en vigor del proyecto de ley aplaza la consulta hasta inicios del 2016, incluso más allá de la actual legislatura, lo que nos parece del todo desproporcionado e inaceptable, ya que su entrada en vigor, de acuerdo con la Disposición final cuarta del mismo proyecto de ley, será en julio o agosto del 2014.

Además en 2015 habrá dos contiendas electorales generales, las municipales y autonómicas en mayo y a finales de año las elecciones generales, por lo que nos parece razonable no establecer una fecha límite de celebración de la primera consulta más allá de los 9 meses, evitando tanto las contiendas electorales generales, como el verano por la máxima dedicación a labores profesionales en el período estival.

ENMIENDA NÚM. 138

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva Disposición Adicional Sexta del siguiente tenor:

«Disposición adicional sexta. Datos de la Tesorería de la Seguridad Social.

Las comunidades autónomas que regulen y celebren procesos electorales en el ámbito agrícola, ganadero y forestal para la participación en órganos y entidades consultivos autonómicos estarán habilitadas para recabar de oficio la colaboración de la Tesorería de la Seguridad Social para obtener los datos de las personas físicas afiliadas a la Seguridad Social y en alta como trabajadores agrarios por cuenta propia en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.»

JUSTIFICACIÓN

La derogación de la Ley 10/2009 supone imposibilitar a las comunidades autónomas obtener, con fines electorales para medir la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en su ámbito, los datos de las personas físicas que están afiliadas a la Seguridad Social por cuenta propia como consecuencia de sus actividades agrarias, ya que la Tesorería de la Seguridad Social debe tener en una disposición con rango de ley estatal la obligación de facilitar a las comunidades autónomas dichos datos, en caso contrario la legislación autonómica, por no ser competente, no puede obligar a la Tesorería de la Seguridad Social a facilitarlos, a la vez que pueden surgir dudas sobre si se respeta lo establecido en la




Página 125


letra a) del apartado 3 del artículo 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

ENMIENDA NÚM. 139

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria única.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición Transitoria Única. Comité Asesor Agrario.

JUSTIFICACIÓN

La Unión de Uniones, en consonancia con lo descrito en la exposición de motivos del proyecto de Ley, considera que prever la continuación de las funciones del Comité Asesor Agrario más allá de la entrada en vigor de la nueva Ley, es una previsión contraria a lo establecido en el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, en este sentido cabe recodar que la no discriminación y libertad de asociación regulados por los artículos 14 y 22 de la Constitución Española, los cuales por mandato del artículo 10.2 CE, los preceptos constitucionales que reconocen los derechos de igualdad y no discriminación y de libre asociación, 14 y 22 CE respectivamente, deben ser interpretados de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Tratados y los Acuerdos Internacionales sobre estas materias ratificados por España.

El origen del concepto de «más representativo» viene del artículo 3.5 de la Constitución de la OIT, de la cual España es miembro. El Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT ha establecido sobre la determinación de la condición de más representativo que:

i) Los criterios en que se inspire la distinción entre organizaciones más o menos representativas tienen que ser de carácter objetivo y fundarse en elementos que no ofrezcan posibilidad de parcialidad o abuso.

ii) Deben existir en la legislación criterios objetivos, precisos y previamente establecidos para determinar la representatividad de una organización profesional agraria, ya que dicha apreciación no puede dejarse a la discreción de los gobiernos.

Es del todo evidente la falta de objetividad y proporcionalidad en el establecimiento de que sine díe se mantenga el Comité Asesor Agrario, ya que de entrar en vigor los preceptos del proyecto de Ley y no celebrarse la consulta que regula, con lo que no se reuniría nunca el nuevo Consejo Agrario, el Comité Asesor Agrario estaría en funciones transitorias por tiempo indefinido, lo que es incluso contradictorio con la exposición de motivos del anteproyecto de Ley a consulta. También es evidente que dicho criterio del proyecto de Ley es contrario a los criterios que el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT, al relegarse la determinación de los criterios de representatividad a la discreción del Gobierno del Estado al convocar o no el proceso electoral de consulta y mantener sine díe el Comité Asesor Agrario.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 38 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario.

Palacio del Senado, 8 de mayo de 2014.—El Portavoz, José Montilla Aguilera.




Página 126


ENMIENDA NÚM. 140

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Título del Proyecto de Ley.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el Título del Proyecto de Ley:

«Proyecto de Ley de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 141

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a Todo el Proyecto de Ley.

ENMIENDA

De sustitución.

Se sustituye en todo el texto del proyecto de ley, el término «consulta» y similares por la expresión «procedimiento electoral regulado en la presente Proyecto de Ley.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con otras enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 142

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Articulado.

ENMIENDA

De sustitución.

Se sustituye en todo el articulado el término «Consejo Agrario» por «Comité Asesor Agrario.»

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia con otras enmiendas.




Página 127


ENMIENDA NÚM. 143

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1. 3. b.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la letra b del apartado 3 del artículo 1:

«b) Coalición de organizaciones agrarias: Unión de organizaciones en el ámbito nacional para concurrir a la consulta formando una sola candidatura.»

JUSTIFICACIÓN

Se elimina la obligación de que solo puedan formar una coalición las organizaciones agrarias «de carácter general.»

ENMIENDA NÚM. 144

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1. 4.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 4 del artículo 1:

«4. A los solos efectos de esta ley, se acreditará el ámbito nacional mediante los Estatutos de constitución registrados según lo previsto en la Ley 19/1977, de 1 de abril, de los que se deducirá sin dificultad el desarrollo de la actividad en todo el territorio nacional y la posibilidad de afiliación de cualquier miembro con independencia de su residencia, sin perjuicio del derecho de las organizaciones profesionales agrarias a constituir federaciones, confederaciones y coaliciones electorales.»

JUSTIFICACIÓN

Se compatibiliza el carácter nacional de una organización agraria con la posibilidad de constituir federaciones, confederaciones y coaliciones electorales.

ENMIENDA NÚM. 145

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 2.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 2:




Página 128


«Artículo 2. Determinación de la representatividad.

1. La representatividad de las organizaciones profesionales agrarias de carácter general en el ámbito estatal se determinará mediante el proceso electoral regulado en la presente ley, que garantizará la emisión del voto de forma personal, directa, libre y secreta por quienes tengan reconocido como electores el derecho de sufragio activo, conforme a lo dispuesto en la presente ley.

2. El proceso electoral que figura en el apartado anterior se celebrará cada cinco años, correspondiendo su convocatoria mediante Orden al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente o, en su defecto, el departamento ministerial que ejerza las competencias en materia de Agricultura. La Orden de convocatoria, especificando la fecha de las elecciones, será publicada en el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor el mismo día de su publicación.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de establecer que, si el objeto de este Proyecto de Ley es fijar el mecanismo por el que adquieren representatividad las organizaciones de carácter general en el ámbito estatal y que éste no puede ser otro que un proceso electoral, con máximas garantías en el ejercicio del derecho de sufragio activo.

Por otro lado, se pretende establecer, en una norma de rango legal, la forma en que se realizará la convocatoria de estas elecciones.

ENMIENDA NÚM. 146

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 2.

ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo artículo, después del artículo 2:

«Nuevo artículo. Funciones de las Organizaciones Profesionales Agrarias.

Corresponde en exclusiva a las Organizaciones Profesionales Agrarias que adquieran la condición de más representativas conforme a lo dispuesto en el presente Proyecto de Ley, ejercer en el ámbito estatal las funciones de representación institucional, reivindicación y negociación en defensa de los intereses profesionales, socioeconómicos y sindicales de los agricultores y ganaderos, ser consultados en el diseño de las políticas públicas que afecten a su ámbito de actuación, gestionar programas públicos dirigidos a los profesionales agrarios y forestales y participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos.»

JUSTIFICACIÓN

Se persigue que el Proyecto de Ley otorgue reconocimiento institucional al papel que ejercen y las funciones que desempeñan las organizaciones profesionales agrarias. De esta forma se legitima su función institucional como organizaciones representativas e interlocutores del sector agrario y se dota de mayor contenido al Proyecto de Ley, que no debe quedar limitada a la determinación del procedimiento para la determinación de la representatividad de las OPAs a los solos efectos de su participación en el Comité Asesor Agrario.




Página 129


ENMIENDA NÚM. 147

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 3.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 3:

«Artículo 3. Proceso electoral.

El proceso electoral para determinar la representatividad de las organizaciones agrarias se regirá por los siguientes criterios:

a) Se efectuará en todo el territorio del Estado simultáneamente.

b) Se contabilizarán los votos obtenidos por cada organización profesional agraria en todo el Estado.»

JUSTIFICACIÓN

El procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones agrarias debe ser un proceso electoral.

ENMIENDA NÚM. 148

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 4.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 4:

«Artículo 4. Derecho de sufragio activo.

Serán electores aquellas personas que reuniendo las condiciones establecidas en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para el ejercicio del derecho de sufragio activo, estén incluidas en el censo electoral a que se refiere el artículo 6 de la presente Ley y reúna alguna de las condiciones siguientes:

a) Toda persona física, mayor de edad, que siendo profesional de la agricultura como propietario, arrendatario, aparcero o en cualquier otro concepto análogo reconocido por la Ley, ejerza actividades agrícolas, ganaderas o forestales de modo directo y personal, y como consecuencia de estas actividades, esté afiliado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, en función de la actividad agraria.

b) Los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas aludidas en el apartado anterior, mayores de edad, que trabajen de modo directo y preferente en la explotación familiar, debiendo estar dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, en función de la actividad agraria.

c) Las personas jurídicas y sociedades que tengan como objeto exclusivo, conforme a sus estatutos, y que efectivamente ejerzan la explotación agrícola, ganadera o forestal, que ejercitarán su derecho a sufragio a través de su representante legal.»




Página 130


JUSTIFICACIÓN

Se establecen criterios objetivos, fácilmente constatables y verificables, para incluir a las personas físicas y jurídicas y a las sociedades civiles en el censo electoral y ejercer el derecho de sufragio activo.

Por otra parte, se suprime de este artículo lo relativo a la regulación del voto por correo, que se entiende más adecuado remitir a la regulación mediante desarrollo reglamentario que, en todo caso, debe respetar escrupulosamente las garantías que establece la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General.

ENMIENDA NÚM. 149

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 4.

ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo artículo, después del artículo 4:

«Nuevo artículo. Derecho de sufragio pasivo.

1. Serán elegibles como vocales del Comité Asesor Agrario aquellas personas físicas que reúnan los requisitos para ser elector y no estén incursos en ninguna de las causas de inelegibilidad establecidas con carácter general en la legislación reguladora del régimen electoral general.

2. También serán elegibles las personas que no estando incursas en ninguna de las causas de inelegibilidad establecidas con carácter general en la legislación reguladora del régimen electoral general y, aun no reuniendo los requisitos para ser elector, sean miembros del órgano de dirección de las organizaciones profesionales agrarias de ámbito estatal y carácter general que concurran al proceso electoral.

3. Las causas de inelegibilidad serán también causas de incompatibilidad.»

JUSTIFICACIÓN

Define de forma adecuada en un procedimiento electoral, los requisitos y condiciones que deben cumplir las personas que integren las candidaturas (sufragio pasivo).

ENMIENDA NÚM. 150

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 4.

ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo artículo, después del artículo 4:

«Nuevo artículo. Incompatibilidad.




Página 131


Además de las contempladas en el artículo anterior son causas de incompatibilidad para ser miembro del Comité Asesor Agrario las siguientes:

a) Ejercer cargo público, ya sea de elección pública o designación directa.

b) Tener la condición de trabajador al servicio de la Administración Pública, si se encuentran en activo o en situación de servicios especiales.

c) Haber sido inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas o estar separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquier Administración Pública.

d) Haber sido sancionado por infracciones administrativas firmes en vía administrativa relacionadas con ayudas públicas en los últimos cuatro años, o estar condenado por sentencia firme durante el periodo que dure la pena. Haber sido sancionado por infracciones muy graves en el orden social en materia de Seguridad Social reguladas en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.»

JUSTIFICACIÓN

Define, de forma adecuada, las causas de incompatibilidad que obligarán, en su caso, a renunciar al puesto representativo obtenido en el Comité Asesor Agrario o el que se ostenta en ese momento origen de la incompatibilidad.

ENMIENDA NÚM. 151

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 5.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 5:

«Artículo 5. Organizaciones agrarias más representativas.

Son organizaciones agrarias más representativas las que obtengan, al menos, un diez por ciento de los votos válidos emitidos en la consulta en todo el Estado.

Las organizaciones agrarias más representativas dispondrán y ejercerán las siguientes finalidades, funciones y prerrogativas:

a) La defensa y tutela colectiva de los intereses profesionales de las personas agricultoras, ganaderas y silvicultoras.

b) Consulta preceptiva en el diseño de las políticas públicas que afecten a las propias organizaciones y a sus representados.

c) Gestionar programas públicos dirigidos a los profesionales agrarios y forestales (formación, asesoramiento, transferencia tecnológica, innovación y desarrollo, etc.).

d) Concertar acuerdos de interés profesional, con los poderes públicos y en el ámbito socioeconómico, como interprofesionales, etc.

e) Participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de controversias, como en las juntas arbitrales (contratos, etc.), los jurados de expropiaciones, etc.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone rebajar al 10% la proporción de votos válidos conseguidos en la consulta para ser considerada organización agraria más representativa. La proporción prevista en el proyecto de ley puede generar situaciones arbitrarias al no tener en cuenta el peso de los propios censos en cada una de las




Página 132


comunidades autónomas en las que cinco de ellas suponen el 64% del censo nacional y 10 pueden representar el 23%.

Además, se incluye las funciones y finalidades de estas organizaciones.

ENMIENDA NÚM. 152

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 6.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 6:

«Artículo 6. Censo.

1. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente atribuirá a uno de los centros directivos del Departamento la competencia para, con la participación de las organizaciones profesionales agrarias de ámbito estatal y carácter general que ostenten la condición de más representativas en el ámbito estatal y bajo la denominación de “Dirección del Censo”, elaborar un censo en el que figurarán todas las personas que ostenten la condición de electores en el Estado Español conforme con lo establecido en el artículo 4 de la presente Ley.

2. Para su elaboración, la Dirección del Censo recabará de oficio la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

3. El censo, que será público, contendrá los siguientes datos de las personas físicas:

a) Nombre y apellidos.

b) Número de Identificación Fiscal (NIF).

c) Fecha de nacimiento.

d) Domicilio que figure en el padrón.

En el caso de personas jurídicas, el censo contendrá:

a) La razón social.

b) El Código de Identificación Fiscal (CIF).

c) El domicilio social de la entidad.

d) Los datos personales del representante legal, que podrá ejercer el derecho al voto de la sociedad.

4. El censo será objeto de exposición pública en los tablones de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y de los Ayuntamientos, al objeto de que se puedan formular, en el plazo de un mes, cuantas reclamaciones o correcciones sean necesarias, las cuales se resolverán igualmente en el plazo de un mes, oídas las organizaciones profesionales agrarias de ámbito estatal y carácter general que ostenten la condición de más representativas en el ámbito estatal. La aprobación del censo, una vez incluidas en su caso las reclamaciones formuladas por los particulares y efectuadas las correcciones que hayan sido estimadas, corresponderá al titular del centro directivo al que se le haya otorgado la condición de “Dirección del Censo”.

5. El censo definitivo será publicado en los tablones de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y de los Ayuntamientos y contra los acuerdos de inclusión o exclusión procederán os recursos legalmente establecidos.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de determinar a quién corresponde la elaboración del Censo de Electores y con qué criterios objetivo y procedimiento habrá de elaborarse, asegurando en todo momento la participación de las




Página 133


organizaciones profesionales agrarias más representativas en el ámbito estatal en esta elaboración y estableciendo la posibilidad de recursos contra la aprobación definitiva.

ENMIENDA NÚM. 153

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 6.

ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo artículo, después del artículo 6:

«Nuevo artículo. Circunscripción electoral.

Para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales de ámbito estatal y carácter general y la elección de los vocales del Comité Asesor Agrario, la circunscripción electoral será única y se corresponderá con el ámbito territorial del Estado.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de definir el ámbito territorial de la circunscripción electoral que se identifica con el territorio nacional.

ENMIENDA NÚM. 154

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 7.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 7:

«Artículo 7. Candidaturas.

1. Las candidaturas se presentarán en listas cerradas y completas de candidatos y candidatas, en número igual al de miembros a elegir en el Comité Asesor Agrario y con la inclusión de tantos candidatos suplentes como titulares. Las candidaturas incluirán a personas de ambos sexos en un orden que garantice siempre que en la atribución de vocales de cada candidatura al Comité Asesor Agrario se cumpla la presencia mínima del treinta y tres por ciento de ambos sexos.

2. Podrán presentar listas de candidatos:

a) Las organizaciones profesionales agrarias de ámbito estatal y carácter general que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 1 de la presente Ley.

b) Una coalición de dos o más organizaciones de las descritas en el apartado a) anterior. En este caso, la coalición formalizará previamente su inscripción como tal ante la Junta Electoral Central, en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente.




Página 134


3. Las candidaturas estarán integradas exclusivamente por aquellas personas que reúnan la condición de elegibles conforme al artículo 5 de la presente Ley.

4. La presentación de las candidaturas tendrá lugar ante la Junta Electoral Central. El escrito de presentación, suscrito por el representante de la candidatura, contendrá como mínimo la denominación de la organización profesional agraria o coalición de estas que promueve la candidatura y la identificación clara de los promotores que la integran. Al escrito se acompañará la declaración de aceptación de la candidatura, incluidos los suplentes, junto con los documentos acreditativos de la condición de elegibilidad y el cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado 1 del presente artículo.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de definir las entidades que pueden presentar candidaturas, la forma en que puede realizarse esta presentación de candidaturas y los requisitos que deben cumplir las mismas.

ENMIENDA NÚM. 155

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 8:

«Artículo 8. Administración Electoral.

La transparencia y objetividad del proceso electoral, así como la aplicación efectiva del principio de igualdad, serán garantizadas por la Administración Electoral, constituida a los efectos de esta Ley por:

a) La Comisión Electoral Central.

b) Las Comisiones Electorales Provinciales.

c) Las mesas electorales.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de determinar los órganos que se encargarán de garantizar la transparencia, objetividad e igualdad del proceso electoral que no pueden ser de otra naturaleza, dado el carácter electoral del proceso, que una Administración Electoral, dotándoles de una denominación que no induzca a confusión con la administración electoral regulada por la LOREG.

ENMIENDA NÚM. 156

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo artículo, después del artículo 8:




Página 135


«Nuevo artículo. La Comisión Electoral Central.

1. La Comisión Electoral Central estará presidida por la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y formarán parte de ella el Director General de Servicios, la Directora General de Desarrollo Rural y Política Forestal, el Abogado del Estado del Departamento y tres vocales designados por el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a propuesta de las organizaciones profesionales agrarias de ámbito estatal y carácter general que ostenten la condición de más representativas en el ámbito estatal. Actuará como Secretario, con voz y sin voto, el Secretario General Técnico del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

2. La Comisión Electoral Central tiene carácter de órgano permanente y la renovación de sus miembros tendrá lugar cada cinco años por mitades.

3. La Comisión Electoral Central tendrá su sede en la del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

4. Serán funciones de la Comisión Electoral Central:

a) Coordinar el proceso electoral, dictando al efecto cuantas instrucciones sean necesarias.

b) Velar por el cumplimiento de la legalidad vigente.

c) Resolver los recursos presentados contra las resoluciones de las mesas electorales.

d) Aprobar los modelos de actas electorales, papeletas electorales y sobres electorales.

e) Desempeñar todas las tareas necesarias para un correcto desarrollo del sufragio.

f) Dictar las instrucciones que corresponda para su cumplimiento por los órganos que participan en el desarrollo del proceso electoral.

g) En general, cualesquiera otras que les sean atribuidas reglamentariamente.»

JUSTIFICACIÓN

Como garantía fundamental de un verdadero proceso electoral, se plantea la necesidad de regular, en una norma de rango legal, la Administración electoral que deberá gestionar y supervisar todo el proceso, dotándoles de una denominación que no induzca a confusión con la administración electoral regulada por la LOREG.

ENMIENDA NÚM. 157

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo artículo, después del artículo 8:

«Nuevo artículo. Campaña electoral.

1. El ministerio competente en materia de agricultura, ganadería y silvicultura que en virtud de su competencia legal haya convocado el proceso electoral pueden realizar durante el período electoral una campaña de carácter institucional destinada a informar a los las personas físicas y jurídicas que tiene como actividad económica habitual la agricultura, ganadería y silvicultura sobre la fecha de la votación, el procedimiento para votar y los requisitos y trámite del voto por correo, sin influir, en ningún caso, en la orientación del voto de los electores. Esta publicidad institucional se realizará en espacios gratuitos de los medios de comunicación social de titularidad pública del ámbito territorial correspondiente suficientes para alcanzar los objetivos de esta campaña.




Página 136


2. Desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las organizaciones profesionales agrarias concurrentes a las elecciones.

3. Se entiende por campaña electoral, a efectos de esta Ley, el conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo por las organizaciones profesionales agrarias, federaciones, coaliciones o agrupaciones y sus representantes en orden a la captación de sufragios.

4. Salvo lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, ninguna persona jurídica distinta de las mencionadas en el apartado anterior podrá realizar campaña electoral a partir de la fecha de la convocatoria de las elecciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de la Constitución.»

JUSTIFICACIÓN

Como garantía fundamental de un verdadero proceso electoral, se plantea la necesidad de regular también la definición, el período, y la participación de la Campaña electoral del proceso para la determinación de la representatividad de las organizaciones agrarias.

ENMIENDA NÚM. 158

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo artículo, después del artículo 8:

«Nuevo artículo. Las Comisiones Electorales Provinciales.

1. Se constituirá una Comisión Electoral Provincial en cada una de las provincias españolas, que estará presidida por el Delegado o Subdelegado del Gobierno y de la que formarán parte tres funcionarios nombrados por el Delegado del Gobierno y tres vocales designados por el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a propuesta de las organizaciones profesionales agrarias de ámbito estatal y carácter general que ostenten la condición de más representativas en el ámbito estatal. Actuará como Secretario, con voz y sin voto, el Secretario General de la Delegación o Subdelegación del Gobierno.

2. Las Comisiones Electorales Provinciales serán responsables de la coordinación del proceso electoral en su ámbito territorial, aplicando los criterios dictados por la Comisión Electoral Central y velando por el correcto funcionamiento de las Mesas Electorales.»

JUSTIFICACIÓN

Como garantía fundamental de un verdadero proceso electoral, se plantea la necesidad de regular, en una norma de rango legal, la Administración electoral que deberá gestionar y supervisar todo el proceso, dotándoles de una denominación que no induzca a confusión con la administración electoral regulada por la LOREG.




Página 137


ENMIENDA NÚM. 159

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo artículo, después del artículo 8:

«Nuevo artículo. Las Mesas Electorales.

1. Con carácter general, las mesas electorales tendrán ámbito municipal, salvo que en dicho ámbito exista un número de electores inferior a veinticinco en cuyo caso se procederá a la constitución de una mesa de ámbito superior garantizando en todo caso una distancia máxima de quince kilómetros entre el domicilio de los electores y la mesa electoral.

Asimismo, y cuando el número de electores en un municipio sea superior a quinientos o la extensión del municipio lo aconseje, podrá establecerse más de una Mesa Electoral por municipio.

2. La determinación de las mesas electorales, teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá a la Comisión Electoral Central, que deberá actuar en todo caso con el fin de facilitar a los electores el ejercicio del derecho de sufragio.

3. Las mesas electorales estarán formadas por un Presidente y dos vocales determinados por sorteo celebrado por la Comisión Electoral Provincial entre los electores censados en el ámbito correspondiente a cada Mesa Electoral, que sean menores de sesenta y cinco años y que sepan leer y escribir.

4. Cada candidatura proclamada por la Comisión Electoral Central podrá designar hasta dos vocales interventores por Mesa Electoral.»

JUSTIFICACIÓN

Como garantía fundamental de un verdadero proceso electoral, se plantea la necesidad de regular, en una norma de rango legal, la Administración electoral que deberá gestionar y supervisar todo el proceso.

ENMIENDA NÚM. 160

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo artículo, después del artículo 8:

«Nuevo artículo. Duración de la campaña electoral.

La campaña electoral comienza el día cuadragésimo primero posterior a la convocatoria.

Dura quince días.

Termina, en todo caso, a las cero horas del día de la votación.»




Página 138


JUSTIFICACIÓN

Como garantía fundamental de un verdadero proceso electoral, se plantea la necesidad de regular, en una norma de rango legal, la Administración electoral que deberá gestionar y supervisar todo el proceso.

ENMIENDA NÚM. 161

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo artículo, después del artículo 8:

«Nuevo artículo. Período de prohibición de campaña electoral.

No puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral una vez que ésta haya legalmente terminado. La obtención gratuita de medios proporcionados por las Administraciones Públicas quedará limitada al período estricto de campaña electoral. Las limitaciones anteriores se establecen sin perjuicio de las actividades realizadas por las organizaciones profesionales agrarias, coaliciones y federaciones en el ejercicio de sus funciones constitucionalmente reconocidas y, en particular, en el artículo 7 de la Constitución.

No obstante lo anterior, desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio legal de la campaña, queda prohibida la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales, no pudiendo justificarse dichas actuaciones por el ejercicio de las actividades ordinarias de los partidos, coaliciones o federaciones reconocidas en el apartado anterior.»

JUSTIFICACIÓN

Como garantía fundamental de un verdadero proceso electoral, se plantea la necesidad de regular, en una norma de rango legal, la Administración electoral que deberá gestionar y supervisar todo el proceso.

ENMIENDA NÚM. 162

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 9.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 9:

«Artículo 9. Derecho supletorio.

Todos los aspectos relativos al proceso electoral no regulados en esta ley se desarrollarán reglamentariamente aplicando supletoriamente las disposiciones reguladoras de la Ley 5/1985, del Régimen Electoral General, en particular los referidos al ejercicio del derecho de voto, la regulación del voto por correo, la utilización del censo por las candidaturas, la campaña y gastos electorales, el escrutinio de los sufragios y la proclamación de los resultados.»




Página 139


JUSTIFICACIÓN

El presente Proyecto de Ley deberá ser objeto de desarrollo Reglamentario, por lo que se hace referencia no exhaustiva de las materias que tendrán ser objeto de su Reglamento de desarrollo. Lo que sí hay que garantizar en esta norma legal es que se aplica la normativa electoral como régimen jurídico supletorio aplicable al proceso electoral que regula.

En este sentido, el Convenio 141 de la OIT sobre las organizaciones de trabajadores rurales y su función en el desarrollo económico y social de 23 de junio de 1975 (ratificado por España el 28 de abril de 1978) consagra el derecho a la libertad sindical de las organizaciones profesionales agrarias: «Todas las categorías de trabajadores rurales, tanto si se trata de asalariados como de personas que trabajen por cuenta propia, tienen el derecho de constituir, sin autorización previa, las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. 2. Los principios de la libertad sindical deberán respetarse plenamente; las organizaciones de trabajadores rurales deberán tener un carácter independiente y voluntario, y permanecer libres de toda injerencia, coerción o represión».

Consecuencia directa, por lo tanto, de este convenio del que es parte España es que el proceso para medir la representatividad sindical agraria que prevé la legislación española debe tener las mismas garantías que el proceso para medir la representatividad sindical de los trabajadores por cuenta ajena cuya regulación se contiene en el Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo), que son similares a las establecidas por la Ley de Régimen Electoral General.

ENMIENDA NÚM. 163

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 10.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 10:

«Artículo 10. Gastos electorales.

1. Se considerarán gastos electorales los que realicen las candidaturas desde el día de la convocatoria hasta el de la celebración de las elecciones y en relación con éstas.

2. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, mediante la Orden de convocatoria de las Elecciones para determinar la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en el ámbito estatal fijará los gastos máximos del proceso electoral, sus mecanismos de control y el régimen de financiación.»

JUSTIFICACIÓN

Es necesario regular, en una norma de rango legal, los gastos electorales, fijar sus mecanismos de control y definir el régimen de financiación pública para sufragar los gastos electorales de las candidaturas.

ENMIENDA NÚM. 164

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 11.




Página 140


ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 11:

«Artículo 11. Cesión en uso de bienes inmuebles de la extinta Confederación Nacional de Cámaras Agrarias.

1. Los bienes inmuebles gestionados por la Comisión Gestora prevista en el Real Decreto 1520/1991, de 25 de octubre, por el que se extingue la Confederación Nacional de Cámaras Agrarias, serán cedidos en uso a las organizaciones profesionales agrarias más representativas en el ámbito estatal mediante orden del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, previo informe de la Abogacía del Estado, que determinará las condiciones de la cesión.

2. La cesión de dichos bienes inmuebles estará sujeta a término y condición. Las organizaciones cesionarias deberán destinar estos inmuebles a fines y servicios de interés general agrario, ostentando el derecho de uso de los mismos y siendo responsables de su gestión. Procederá la revocación de la cesión en caso de incumplimiento del fin de interés agrario, en cuyo caso dicho patrimonio podrá ser objeto de cesión entre las organizaciones profesionales agrarias más representativas en el ámbito estatal. Salvo autorización expresa del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, los bienes cedidos no podrán ser objeto de cesión a terceros.

3. A la entrada en vigor de la presente Ley, se cederá a las Organizaciones Profesionales Agrarias más representativas en el ámbito estatal los bienes inmuebles de titularidad de la citada Comisión Gestora que tuvieran cedidos al momento de entrada en vigor de la presente Ley.

4. Asimismo, se cederá a las Confederaciones Estatales de Cooperativas del sector agroalimentario en proporción a su representatividad los bienes inmuebles de titularidad de la citada Comisión Gestora que tuvieran cedidos en el momento de entrada en vigor de la presente Ley.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de dotar de un régimen jurídico estable al denominado «patrimonio agrario», compuesto por los bienes que actualmente gestiona la Comisión Gestora de la extinta CONCA, Dicho patrimonio se encuentra actualmente cedido desde hace décadas a las Organizaciones profesionales Agrarias y a las cooperativas agrarias, las cuales además han realizado sobre el mismo, con cargo a sus propios fondos, inversiones no sólo de mantenimiento sino de acondicionamiento y mejora.

Con la redacción propuesta se reconoce el papel jugado por estas organización y se posibilita la utilización del «patrimonio agrario» por las organizaciones representativas de las cooperativas y por aquellas otras organizaciones profesionales agrarias que pudieran obtener la condición de más representativas en el ámbito estatal.

ENMIENDA NÚM. 165

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 13.

ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo párrafo al artículo 13:

«/…/

Después de cada proceso electoral, el Comité Asesor Agrario se constituirá en el plazo de un mes desde la proclamación definitiva de los resultados generales.»




Página 141


JUSTIFICACIÓN

Se trata de garantizar la constitución del Comité Asesor Agrario en un plazo razonable desde la celebración de las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 166

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 14. 1. Letra nueva.

ENMIENDA

De adición.

De adición de una nueva letra al apartado 1 del artículo 14:

«Nueva letra). Servir de foro de diálogo, negociación y concertación con las Organizaciones Profesionales Agrarias más representativas en relación con las políticas públicas que afecten a los profesionales del sector agrario.»

JUSTIFICACIÓN

Aunque se reconoce el carácter consultivo del Comité Asesor Agrario, se propone incluir funciones de diálogo, negociación y concertación, reforzando este organismo como interlocutor entre la Administración General del Estado y las organizaciones profesionales agrarias más representativas.

ENMIENDA NÚM. 167

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 15. 1.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 1 del artículo 15:

«1. El Comité Asesor Agrario se compone de diez consejeros que se asignarán entre las candidaturas que hayan obtenido en el proceso electoral regulado en la presente Ley la condición de más representativas conforme al siguiente procedimiento:

a) Las candidaturas se ordenan por el número de votos obtenidos de mayor a menor en una columna.

b) Se divide el número de votos obtenido por cada candidatura por números enteros consecutivos ordenados del uno al diez.

c) Se atribuye el primer consejero al primer candidato de la candidatura que haya obtenido el mayor número de votos en la tabla resultante y el segundo y sucesivos, a la candidatura que obtenga el siguiente cociente mayor, atendiendo a un orden decreciente hasta completar el número de consejeros establecido. En caso de empate, se asignará al que obtenga el resultado igual situado en la columna resultante de dividir entre el menor de los dos divisores el número de votos.»




Página 142


JUSTIFICACIÓN

Se trata de hacer el procedimiento de asignación de vocales del Comité Asesor Agrario coherente con la propuesta de que las candidaturas se presenten con una relación de candidatos.

ENMIENDA NÚM. 168

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 15. 4.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 4 del artículo 15:

«4. Podrán asistir al Comité Asesor Agrario los altos cargos y los titulares de los centros directivos del Departamento, así como expertos en los asuntos objeto del orden del día y técnicos y funcionarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente o de otros Ministerios a solicitud del presidente, que actuarán con voz pero sin voto.»

JUSTIFICACIÓN

Se estima conveniente prever la asistencia del Subsecretario, Secretarios Generales y Directores Generales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que deben ser partícipes directos de la interlocución, junto con el titular del Departamento que preside el Comité Asesor Agrario, con las Organizaciones Profesionales Agrarias más representativas en el ámbito estatal.

ENMIENDA NÚM. 169

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 15. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

De adición de un nuevo apartado al artículo 15:

«Nuevo apartado. En el caso de coincidencia del proceso electoral regulado en la presente Ley con un proceso electoral de los regulados por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, se aplazará el proceso electoral a que se refiere esta Ley entre un mínimo de un mes y un máximo de dos meses, quedando automáticamente prorrogado el mandato de los consejeros.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de impedir la coincidencia del proceso electoral regulado en el presente Proyecto de Ley con un proceso de los regulados por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.




Página 143


ENMIENDA NÚM. 170

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 16.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del artículo 16.

JUSTIFICACIÓN

Las condiciones que han de cumplir los miembros del Comité Asesor Agrario se han regulado en los artículos relativos al derecho de sufragio pasivo, a las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los candidatos a las elecciones que regula el presente Proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 171

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 17.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del artículo 17.

JUSTIFICACIÓN

Las condiciones que han de cumplir los miembros del Comité Asesor Agrario se han regulado en los artículos relativos al derecho de sufragio pasivo, a las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los candidatos a las elecciones que regula la presente Proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 172

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 18. 4.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del apartado 4, del artículo 18.

JUSTIFICACIÓN

Se propone, en coherencia con la naturaleza de proceso electoral y no de consulta que se quiere dar al procedimiento de elección regulado en este proyecto de ley, la aplicación supletoria de la Ley




Página 144


Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General y no de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ENMIENDA NÚM. 173

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Capítulo III.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del Capítulo III: Infracciones y sanciones.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con las enmiendas presentadas.

ENMIENDA NÚM. 174

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional quinta.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la Disposición adicional quinta. Fecha límite de celebración de la primera consulta:

«La primera consulta se celebrará en el plazo de nueve meses desde la entrada en vigor de la presente Ley.»

JUSTIFICACIÓN

Se acorta el plazo para la celebración de la primera consulta ya que el plazo previsto en el proyecto de Ley es excesivo.

ENMIENDA NÚM. 175

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

De adición de una nueva disposición adicional:




Página 145


«Disposición adicional (nueva). Datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Las Comunidades Autónomas que regulen y celebren procesos electorales en el ámbito agrícola, ganadero y forestal para la participación en órganos y entidades consultivos autonómicos estarán habilitadas para recabar de oficio la colaboración de la Tesorería de la Seguridad Social para obtener los datos de las personas físicas afiliadas a la Seguridad Social y en alta como trabajadores agrarios por cuenta propia en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de establecer la obligación, en una norma con rango de ley, de que la Tesorería de la Seguridad Social de facilitar a las Comunidades Autónomas dichos datos. En caso contrario la legislación autonómica no puede obligar a la Tesorería de la Seguridad Social a facilitarlos, a la vez que pueden surgir dudas sobre si se respeta lo establecido en la letra a) del apartado 3 del artículo 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

ENMIENDA NÚM. 176

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria nueva.

ENMIENDA

De adición.

De adición de una nueva disposición transitoria:

«Disposición transitoria (nueva). Representatividad de las Organizaciones Profesionales Agrarias de ámbito estatal y carácter general.

Hasta tanto no se constituya el Consejo Agrario previsto en la presente Ley, tendrán la consideración de Organizaciones Profesionales Agrarias más representativas en el ámbito estatal aquellas que hubieran obtenido dicho reconocimiento conforme a lo establecido por la Ley 10/2009, de 20 de octubre.»

JUSTIFICACIÓN

Al quedar derogada la Ley 10/2009 a la promulgación de la presente Ley y hasta tanto se celebre el proceso electoral que dé lugar a la constitución del nuevo Consejo Agrario, debe mantenerse la transitoriedad no sólo del Comité Asesor sino de la representatividad reconocida a las organizaciones profesionales agrarias.

ENMIENDA NÚM. 177

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición derogatoria única.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la disposición derogatoria única:




Página 146


«Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Ley 10/2009, de 20 de octubre, de creación de órganos consultivos del Estado en al ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias, excepto su artículo 2, la disposición final tercera y la disposición final cuarta, y el Real Decreto 822/2010, de 25 junio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 10/2009, de 20 de octubre, de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias, excepto su Capítulo I.»

JUSTIFICACIÓN

El Consejo Agroalimentario del Estado, creado por la Ley 10/2009 que ahora se plantea derogar, como órgano consultivo adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, tiene voluntad, tanto por su ámbito funcional, como por su composición, de asesoramiento en materia agroalimentaria, en la definición de los objetivos de la PAC, en la competitividad y calidad de los productos agroalimentarios, así como en materias de empleo y formación del sector agroalimentario. Y respecto a sus integrantes, además de la propia Administración General del Estado, habrían de participar las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas, industria agroalimentaria, organizaciones sindicales y empresariales. En definitiva, se trata de consolidar un foro amplio y estable de interlocución de dicha Administración con el conjunto de las Entidades representativas del sector agroalimentario, no limitándose a una de sus fases.

No es adecuado que a través de una Ley que establece un sistema de medición de la representatividad de una parte del sector agroalimentario, el de las Organizaciones Profesionales Agrarias, se derogue precisamente el Órgano de consulta e interlocución ante la Administración General del Estado de todo el sector agroalimentario.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 35 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario.

Palacio del Senado, 8 de mayo de 2014.—El Portavoz Adjunto, Jordi Guillot Miravet.

ENMIENDA NÚM. 178

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a Todo el Proyecto de Ley.

ENMIENDA

De sustitución.

Se sustituye el término «nacional» por el término «estatal» en todo el Proyecto de Ley.

JUSTIFICACIÓN

Por entender que la expresión «estatal» es más adecuada y objetiva que el término «nacional.»




Página 147


ENMIENDA NÚM. 179

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Preámbulo.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el párrafo siete del Preámbulo:

«Respecto a las personas físicas, el censo incluirá de oficio a las que, siendo profesionales de la agricultura, ejerzan por cuenta propia la actividad agrícola, ganadera o forestal de modo directo y personal, y coticen a la Seguridad Social como consecuencia de estas actividades de acuerdo con los datos obrantes en la Tesorería General de la Seguridad Social.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone que el censo se circunscriba a los profesionales agrarios que por su actividad están afiliados a la Seguridad Social por cuenta propia, así como a las personas jurídicas dedicadas a la actividad agraria.

Así, se elimina la posibilidad de que dé derecho a voto y por lo tanto a inclusión en el censo el hecho de percibir pagos directos de la PAC, que al ser desacoplados no son garantía alguna de actividad agraria real. También es un criterio absolutamente discrecional que discrimina por razones económicas.

Además, se trata de un criterio contradictorio con el reciente Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de 21 de enero de 2014. En dicho Acuerdo se estableció el criterio de considerar agricultor activo solamente a aquéllos beneficiarios de las ayudas directas de la PAC cuyo importe percibido no suponga más de un 80% del total de sus ingresos agrarios. El Acuerdo también establece que solo se considerará que la actividad agraria es significativa cuando los beneficiarios cuenten con algún ingreso agrario suficientemente representativo distinto de las ayudas directas.

Por el contrario, el Proyecto de Ley pretende incluir en el censo de electores a todos los perceptores de pagos directos superiores a 3.000 euros. En consecuencia, se podría dar derecho a voto a agricultores no activos, ya que este requisito solamente será exigible a partir de la solicitud de la PAC de 2015. Para dotar de coherencia a este planteamiento sería necesario comprobar que dichos perceptores de más de 3.000 euros de pagos directos son agricultores activos.

Estos mismos argumentos sirven para rechazar la inclusión en el censo de aquellos agricultores que declaren una renta procedente de actividades agrarias en un porcentaje igual o superior al 25% de su renta total.

ENMIENDA NÚM. 180

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Preámbulo.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el segundo inciso del párrafo décimo del Preámbulo:

«No se trata por tanto de un proceso electoral, pero se han adoptado para la consulta las mismas garantías que las obligatorias en las elecciones generales declarando supletoria la normativa electoral.»




Página 148


JUSTIFICACIÓN

El proceso para medir la representatividad sindical agraria que prevé la legislación española debe tener las mismas garantías que el proceso para medir la representatividad sindical de los trabajadores por cuenta ajena, cuya regulación se contiene en el Estatuto de los Trabajadores, que son similares a las establecidas por la Ley Orgánica del régimen electoral general.

En la consulta para la determinación de la representación colectiva de los trabajadores del campo a través de sus organizaciones profesionales agrarias debe establecerse, tanto el principio del sufragio libre, personal, secreto y directo, como la supletoriedad de la normativa electoral (la propia Ley del régimen electoral general o, al menos, el procedimiento electoral tasado en el Estatuto de los Trabajadores).

ENMIENDA NÚM. 181

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1. 1.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 1 del artículo 1:

«1. El objeto de esta ley es regular el procedimiento de consulta para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales de carácter general y ámbito estatal, así como las finalidades, funciones y prerrogativas ante la Administración General del Estado de dichas organizaciones.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone explicitar que esta ley, además de regular el procedimiento de la consulta y definir qué se entiende por organizaciones agrarias, establecerá sus finalidades, funciones y prerrogativas ante la AGE.

ENMIENDA NÚM. 182

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1. 2.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 2 del artículo 1:

«2. Asimismo, es también objeto de esta ley la creación del Consejo Agrario como órgano consultivo y de interlocución adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone que el Consejo Agrario sea, además de conservar su carácter consultivo, un órgano de interlocución con la Administración General del Estado.




Página 149


ENMIENDA NÚM. 183

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1. 3. b.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la letra b) del apartado 3 del artículo 1:

«b) Coalición de organizaciones agrarias: Unión de organizaciones en el ámbito estatal para concurrir a la consulta formando una sola candidatura. Asimismo, se considera coalición de organizaciones agrarias la unión de organizaciones de ámbito territorial pertenecientes a organizaciones agrarias estatales que se presentan a la consulta, que concurran a nivel regional o provincial formando una sola candidatura. En este caso se tendrá en cuenta lo establecido en su convenio de coalición territorial para la asignación de los votos a sus correspondientes organizaciones agrarias estatales.»

JUSTIFICACIÓN

Reflejar la realidad a nivel organizativo de los profesionales agrarios.

ENMIENDA NÚM. 184

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1. 4.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 4 del artículo 1:

«4. A los solos efectos de esta ley, se acreditará el ámbito estatal mediante los Estatutos de constitución registrados según lo previsto en la Ley 19/1977, de 1 de abril, de los que se deducirá sin dificultad el desarrollo de la actividad en todo el Estado y la posibilidad de afiliación de cualquier miembro con independencia de su residencia, sin perjuicio del derecho de las organizaciones profesionales agrarias a constituir federaciones, confederaciones o coaliciones electorales.»

JUSTIFICACIÓN

El ámbito estatal de una candidatura debe respetar el derecho a la libre asociación y el derecho a constituir federaciones, confederaciones o coaliciones.

ENMIENDA NÚM. 185

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Capítulo I.




Página 150


ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el título del Capítulo I:

«CAPÍTULO I

La representatividad y funciones de las organizaciones profesionales agrarias.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone que la Ley incluya también la definición de las funciones que corresponde ejercer a las organizaciones profesionales agrarias de carácter general y ámbito estatal que adquieran la condición de más representativas.

ENMIENDA NÚM. 186

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 3. Letra nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva letra en el artículo 3:

«Nueva letra). El sufragio será personal, directo, libre y secreto.»

JUSTIFICACIÓN

Las garantías de los procesos electorales de los agricultores en los procedimientos a través de los que se pretende medir la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias no pueden ser legalmente inferiores a las garantías que se reconocen a los restantes trabajadores para medir su representatividad sindical, ya que el derecho a ostentar representatividad ante las administraciones públicas forma parte del «núcleo esencial» del derecho a la libertad sindical como afirman, entre otras muchas, las sentencias del TC 36/2004 y 62/2004.

ENMIENDA NÚM. 187

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 4. 3.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 3 del artículo 4:

«3. Los electores que opten por ejercer el voto por correo, deberán solicitarlo a la Junta Provincial correspondiente al lugar de empadronamiento del agricultor o al domicilio social de la persona jurídica, por escrito al menos veintidós días antes de la celebración de la consulta. Para ello se formalizará la solicitud




Página 151


en la oficina de Correos y se acreditará personalmente la identidad ante el empleado de la oficina. El funcionario de Correos encargado de recibirla exigirá al interesado la exhibición de su documento nacional de identidad y comprobará la coincidencia de la firma. En ningún caso se admitirá a estos efectos fotocopia del documento nacional de identidad. La Junta, previa revisión de la documentación presentada, remitirá al elector por correo certificado y urgente la documentación oportuna antes de diez días de la fecha de inicio de la consulta al domicilio por él indicado o, en su defecto, al que figure en el censo. El aviso de recibo acreditativo de la recepción de dicha documentación deberá ser firmado personalmente por la persona interesada previa acreditación de su identidad. Caso de no encontrarse en su domicilio, se le comunicará que deberá personarse por sí o a través de persona autorizada notarial o consularmente en la oficina de Correos correspondiente para, previa acreditación, recibir la documentación para el voto por correo, cuyo contenido se hará constar expresamente en el aviso. Dicha documentación, debidamente cumplimentada, se remitirá por correo certificado y urgente a la Junta Provincial respectiva con la antelación suficiente para que se reciba el día anterior al de la consulta.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de establecer garantías semejantes a las del voto por correo previstas en la Ley de Régimen Electoral General para asegurar que el voto sea libre, personal, secreto y directo, al haberse constatado envíos masivos de documentación electoral dirigidos a la sede de alguna concreta organización profesional agraria en recientes elecciones a Cámaras Agrarias Provinciales, como las que se celebraron en Ávila y Salamanca el 2 de diciembre de 2012 organizadas por la Junta de Castilla y León.

No pueden regularse las condiciones del voto por correo mediante un convenio privado de colaboración. Debe ser regulado por Ley y conforme a la normativa general electoral dada la trascendencia legal y jurídica del proceso electoral que se propone.

La ley debe explicitar, al menos, que el elector introducirá personalmente la papeleta en el sobre de votación y que con esta finalidad debe garantizarse que el aviso de recibo acreditativo de la recepción de la documentación electoral deberá ser firmado personalmente por el interesado previa acreditación de su identidad. Este es el modo de garantizar la personalidad del voto por correspondencia y de evitar el riesgo de votos masivos desde las sedes de las organizaciones que concurren al proceso electoral. De hecho, la LO 6/1992 de 2 de noviembre, modificó el artículo 73 de la LOREG, dando al precepto ésta redacción precisamente para evitar el voto por correspondencia masivo desde las sedes de determinados partidos políticos. Que el problema que se intenta abordar es real y grave se ha constatado recientemente en las últimas elecciones a cámaras agrarias provinciales de alguna concreta comunidad autónoma.

ENMIENDA NÚM. 188

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 5.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 5:

«Artículo 5. Organizaciones agrarias más representativas.

Son organizaciones agrarias más representativas las que obtengan, al menos, un diez por ciento de los votos válidos emitidos en la consulta en todo el Estado.»

JUSTIFICACIÓN

La exigencia de un 15% de los votos válidos supone, sobre un reparto proporcional directo de los diez consejeros del Consejo Agrario, la obligación de obtener, al menos, un 50% más de votos válidos, cuando




Página 152


ya se establece una proporcionalidad reforzada al usar la regla D’Hondt para los mayoritarios. Esto provocaría situaciones arbitrarias de no respeto a las minorías en el sector agrario.

Además, la condición de haber obtenido al menos un 5% de votos válidos en seis comunidades autónomas también es arbitraria y contradictoria con lo expuesto en la exposición de motivos del Proyecto de Ley cuando, en su tercer párrafo, afirma que la Ley 10/2009 que se quiere derogar «no tiene en cuenta el peso real del número de agricultores en el total nacional». En este sentido, la propia memoria del Anteproyecto de Ley critica la Ley 10/2009 al no considerar que «los censos de agricultores de cada comunidad autónoma tienen un peso muy diferente a nivel nacional, que puede conducir a negar el reconocimiento a una organización con un importante apoyo nacional, pero obtenido en menos de diez comunidades… Baste decir que cinco comunidades autónomas suponen el 64% del censo nacional y que diez pueden representar el 23 por ciento…».

En suma, se propone establecer que tengan la condición de más representativas las organizaciones agrarias que obtengan, al menos, un 10% de los votos válidos emitidos en la consulta en todo el Estado y eliminar la segunda condición de obtener un resultado mínimo en un número de comunidades autónomas. La consulta es de ámbito estatal y el resultado al que hay que aplicar la Ley D’Hondt para atribuir consejeros en el Consejo Agrario debe derivar del resultado electoral en su conjunto, ya que se trata de otorgar la mayor representatividad a las organizaciones que obtengan un resultado a nivel estatal y no de cómo se distribuye dicho resultado por comunidades autónomas.

ENMIENDA NÚM. 189

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 6. 2.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 2 del artículo 6:

«2. Para su elaboración, la Dirección del Censo recabará de oficio la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y del Instituto Nacional de Estadística (INE). Asimismo, se podrán incluir en el censo a petición de parte, las personas jurídicas que cumplan los requisitos del apartado 5, solicitando su inscripción en el censo.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone que el censo se circunscriba a los profesionales agrarios que por su actividad están afiliados a la Seguridad Social por cuenta propia, así como a las personas jurídicas dedicadas a la actividad agraria, de tal forma que sobra la mención al FEGA. Así, para la elaboración del censo se debe recabar la colaboración de la TGSS y del INE, en este último caso para obtener el domicilio de empadronamiento de las personas físicas incluidas en el censo. Es posible que las personas físicas no mantengan actualizados sus datos de domicilio en la TGSS, ya que habitualmente las entidades bancarias comunican los cambios de número de cuenta en la que se tienen domiciliados los pagos a la Seguridad Social, pero no así los del domicilio.

ENMIENDA NÚM. 190

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 6. 4.




Página 153


ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 4 del artículo 6:

«4. El censo incluirá de oficio a las personas físicas que, siendo profesionales de la agricultura, ejerzan por cuenta propia la actividad agrícola, ganadera o forestal de modo directo y personal, y coticen a la Seguridad Social como consecuencia de estas actividades de acuerdo con los datos obrantes en la Tesorería General de la Seguridad Social.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone que el censo se circunscriba a los profesionales agrarios que por su actividad están afiliados a la Seguridad Social por cuenta propia, así como a las personas jurídicas dedicadas a la actividad agraria.

Así, se elimina la posibilidad de que dé derecho a voto y por lo tanto a inclusión en el censo el hecho de percibir pagos directos de la PAC, que al ser desacoplados no son garantía alguna de actividad agraria real. También es un criterio absolutamente discrecional que discrimina por razones económicas.

Además se trata de un criterio contradictorio con el reciente Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de 21 de enero de 2014. En dicho Acuerdo se estableció el criterio de considerar agricultor activo solamente a aquéllos beneficiarios de las ayudas directas de la PAC cuyo importe percibido no suponga más de un 80% del total de sus ingresos agrarios. El Acuerdo también establece que solo se considerará que la actividad agraria es significativa cuando los beneficiarios cuentan con algún ingreso agrario suficientemente representativo distinto de las ayudas directas.

Por el contrario, el Proyecto de Ley pretende incluir en el censo de electores a todos los perceptores de pagos directos superiores a 3.000 euros. En consecuencia, se podría dar derecho a voto a agricultores no activos, ya que este requisito solamente será exigible a partir de la solicitud de la PAC de 2015. Para dotar de coherencia a este planteamiento sería necesario comprobar que dichos perceptores de más de 3.000 ¤ de pagos directos son agricultores activos.

Estos mismos argumentos sirven para rechazar la inclusión en el censo de aquellos agricultores que declaren una renta procedente de actividades agrarias en un porcentaje igual o superior al 25% de su renta total.

ENMIENDA NÚM. 191

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 7. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado (después del 3) en el artículo 7:

«Nuevo apartado). Las candidaturas que presenten las organizaciones agrarias que participen en la consulta estarán compuestas por un número de personas igual al número de miembros que a propuesta de las organizaciones agrarias más representativas formen parte del Consejo Agrario regulado el Capítulo II de esta Ley.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone que las candidaturas tengan tantos miembros como los previstos para la composición del Consejo Agrario en lo que respecta a las organizaciones agrarias más representativas. Esto permite




Página 154


visualizar ante el electorado los representantes directos de las organizaciones que participan en la consulta. Los resultados electorales en número de votos determinarán el número de representantes de cada organización agraria y la representatividad de las mismas.

ENMIENDA NÚM. 192

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. 3.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el segundo inciso del segundo párrafo del apartado 3 del artículo 8:

«Formarán parte de la Comisión el Director General de Servicios, la Directora General de Desarrollo Rural y Política Forestal, el Abogado del Estado del Departamento y juristas de reconocido prestigio designados a propuesta de las organizaciones profesionales agrarias más representativas en número igual al de dichas organizaciones.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone la presencia de juristas de reconocido prestigio en la Comisión Central, que es el órgano encargado de velar por la pureza del proceso electoral. La presencia de las organizaciones profesionales agrarias más representativas en las Juntas Electorales, bien por medio de un representante o bien por medio de un jurista de reconocido prestigio, se encuentra prevista en todas las Comunidades Autónomas que han regulado elecciones a Cámaras Agrarias tales como Cataluña o Castilla y León.

Con la modificación que se propone se garantiza la independencia del órgano y la objetividad de su función en la interpretación y aplicación de la Ley, lo que dotará al Consejo Agrario, como órgano designado en la consulta, de un verdadero prestigio reafirmándolo como un interlocutor realmente capaz de llegar a acuerdos con el Ministerio y de realizar propuestas con un respaldo real del sector, que es el principal objetivo de la Ley según su exposición de motivos.

ENMIENDA NÚM. 193

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. 4.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el segundo inciso del segundo párrafo del apartado 4 del artículo 8:

«Formarán parte de cada Junta tres funcionarios nombrados por el Delegado del Gobierno y vocales designados a propuesta de las organizaciones profesionales agrarias más representativas en número igual al de dichas organizaciones.»

JUSTIFICACIÓN

La coordinación del proceso de consulta y otras cuestiones relevantes como la distribución territorial de las mesas electorales dentro de cada provincia, son problemas importantes que se deberán resolver




Página 155


en las elecciones, puesto que se debe facilitar la participación de los electores procurándose en la medida de lo posible que la distancia que tenga que recorrer el elector para depositar su voto no sea excesiva.

El propio prestigio del Consejo Agrario como interlocutor del Ministerio de Agricultura depende en buena medida de la participación de los electores. La coordinación del proceso electoral, la distribución territorial de las mesas de consulta, su constitución y funcionamiento son cuestiones en las que deben ser oídas las organizaciones profesionales agrarias llamadas al proceso electoral y para ello deben poder participar en las Juntas Electorales Provinciales.

ENMIENDA NÚM. 194

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. 5.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 5 del artículo 8:

«5. Se constituirá una mesa de consulta en cada capital de provincia y en cada isla que cuente, al menos, con directorio insular y tantas mesas locales como sean necesarias en función del censo de la demarcación territorial. La Junta Provincial publicará la relación de mesas y su ubicación a los diez días del inicio de la consulta.

Las mesas estarán formadas por el número de urnas que sean necesarias con un máximo de 100 votantes. Las urnas estarán formadas por seis vocales menores de sesenta y cinco años, tres titulares y tres suplentes, seleccionados aleatoriamente entre los que se encuentren inscritos en el censo de la Mesa. Entre los vocales se designará un presidente. El representante de cada candidatura podrá designar un interventor, con voz y sin voto, entre los inscritos en el censo de la Mesa diez días antes de la votación.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone limitar el número máximo de votantes para favorecer la aproximación de las mesas electorales al ámbito comarcal y facilitar la participación de los electores, lo que contribuirá al prestigio del Consejo Agrario como interlocutor del Ministerio de Agricultura.

Además, la distribución de las mesas electorales dentro de cada provincia es justamente la cuestión que, por su proximidad, están llamadas a resolver las Juntas Provinciales. De hecho, el anteproyecto de ley que se facilitó a las organizaciones profesionales agrarias preveía que la distribución de las mesas fuera establecida por las Juntas Provinciales, como es razonable. La Comisión Central está demasiado alejada de las provincias para establecer con criterio en qué comarcas de cada provincia es necesario o conveniente establecer una mesa electoral.

ENMIENDA NÚM. 195

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.




Página 156


ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo artículo después del artículo 8:

«Nuevo artículo). Campaña para la consulta.

1. Se entiende por campaña para la consulta el conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo por las organizaciones profesionales agrarias, federaciones, coaliciones o agrupaciones y sus representantes en orden a la captación de sufragios. Ninguna otra persona jurídica podrá realizar campaña para la consulta a partir de la fecha de la convocatoria de la misma, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Española.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente podrá realizar durante el periodo de consulta una campaña de carácter institucional destinada a informar a los electores sobre la fecha de la votación, el procedimiento para votar y los requisitos y trámites del voto por correo, sin influir, en ningún caso, en la orientación del voto de los electores.

Desde la convocatoria de la consulta y hasta la celebración de la misma queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las organizaciones profesionales agrarias concurrentes a la consulta.

2. La campaña para la consulta comienza el día cuadragésimo primero posterior a la convocatoria, dura quince días y finaliza, en todo caso, a las cero horas del día de la votación.

3. Los ayuntamientos deberán reservar locales oficiales y lugares públicos de uso gratuito para la celebración de actos de campaña para la consulta, así como lugares especiales gratuitos para la colocación de propaganda.

4. Por Orden Ministerial se fijarán tarifas especiales para los envíos postales de propaganda para la consulta.

5. La Comisión Central es la autoridad competente para distribuir los espacios gratuitos de propaganda para la consulta que se emitan por los medios de comunicación públicos. La distribución de dichos espacios atenderá a la representación obtenida por las organizaciones profesionales agrarias, federaciones, coaliciones o agrupaciones en anteriores procesos electorales equivalentes.»

JUSTIFICACIÓN

Es preciso adoptar para la consulta garantías similares a las obligatorias en las elecciones generales, por lo que en otra enmienda se declara expresamente la supletoriedad de la Ley de Régimen Electoral General. En todo caso, una mínima regulación de la campaña electoral es imprescindible.

ENMIENDA NÚM. 196

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo artículo después del artículo 8:




Página 157


«Nuevo artículo). Subvenciones para gastos relacionados con la consulta.

1. Se consideran gastos relacionados con la consulta los que realicen las organizaciones profesionales agrarias, federaciones, colaciones o agrupaciones participantes en la consulta desde el día de la convocatoria de la misma hasta el de la proclamación de los resultados por los siguientes conceptos:

a) Confección de sobres y papeletas para la consulta.

b) Propaganda y publicidad directa o indirectamente dirigida a promover el voto a su candidatura.

c) Alquiler de locales para la celebración de actos de campaña para la consulta.

d) Remuneraciones o gratificaciones al personal no permanente que preste sus servicios a las candidaturas.

e) Medios de transporte y gastos de desplazamiento de los dirigentes de las organizaciones que concurren a la consulta y del personal al servicio de la candidatura.

f) Correspondencia y franqueo.

g) Intereses de los créditos recibidos para la campaña para la consulta, devengados hasta la fecha de percepción de la subvención correspondiente.

h) Cuantos sean necesarios para la organización y funcionamiento de las oficinas y servicios precisos para la consulta.

2. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente será el encargado de financiar los gastos ocasionados a las organizaciones profesionales agrarias, federaciones, coaliciones o agrupaciones por su concurrencia a la consulta. En ningún caso la subvención correspondiente a cada organización podrá superar la cuantía de los gastos declarados y justificados, que serán auditados por el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su función fiscalizadora.

3. Ninguna organización profesional agraria, federación, coalición o agrupación podrá realizar gastos relacionados con la consulta que superen los límites establecidos mediante Orden Ministerial.»

JUSTIFICACIÓN

Es preciso adoptar para la consulta garantías similares a las obligatorias en las elecciones generales, por lo que en otra enmienda se declara expresamente la supletoriedad de la Ley de Régimen Electoral General. En todo caso, una mínima regulación de los gastos relacionados con la consulta que realicen las organizaciones profesionales agrarias es necesaria.

ENMIENDA NÚM. 197

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 10. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo 10:

«Nuevo apartado). Con carácter supletorio a todo lo dispuesto en esta Ley para regular el procedimiento de consulta para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias de carácter general y ámbito estatal, resultará de aplicación la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.»

JUSTIFICACIÓN

La exposición de motivos del Proyecto de Ley manifiesta que se han adoptado para la consulta garantías similares a las obligatorias en las elecciones generales por lo que es conveniente que esta declaración de principios se haga efectiva declarándose expresamente la supletoriedad de la Ley de




Página 158


Régimen Electoral General, lo que indudablemente redundará en el propio prestigio del Consejo Agrario que resulte elegido.

ENMIENDA NÚM. 198

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 13.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 13:

«Artículo 13. Creación y naturaleza del Consejo Agrario.

Se crea el Consejo Agrario como órgano colegiado de interlocución y de carácter consultivo adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la finalidad de informar y asesorar, proponer, negociar y concertar con la Administración General del Estado en las cuestiones de interés general agrario y rural.

Después de cada consulta para la determinación de la representatividad de las organizaciones agrarias de carácter general y ámbito estatal, el Consejo Agrario se constituirá en el plazo máximo de un mes desde la proclamación definitiva de los resultados generales por parte de la Comisión Central.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone que el Consejo Agrario sea, además de conservar su carácter consultivo, un órgano de interlocución con la Administración General del Estado.

Además, es razonable establecer un plazo máximo para la constitución del Consejo Agrario después de cada proceso de consulta.

ENMIENDA NÚM. 199

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 14. 1. Letra nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva letra en el apartado 1 del artículo 14:

«Nueva letra). Dialogar, negociar y concertar en relación a las políticas agrarias que afecten a los profesionales del sector.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior.




Página 159


ENMIENDA NÚM. 200

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 15. 1.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 1 del artículo 15:

«1. El Consejo Agrario tendrá una composición paritaria. Se compone de veinte consejeros nombrados por el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, diez a propuesta de las organizaciones agrarias más representativas, de acuerdo con los resultados obtenidos en la consulta, y diez a propuesta de los sindicatos más representativos del sector agrario, de acuerdo con la representatividad obtenida en las elecciones sindicales.»

JUSTIFICACIÓN

Las materias sobre las que va a intervenir el Consejo Agrario inciden directamente sobre los intereses sociales de las personas trabajadoras del sector agrario. El Consejo tendría un grave sesgo democrático si no da cabida a la incorporación de las dos organizaciones sindicales más representativas de los intereses de los trabajadores por cuenta ajena, que son más del 80% de las personas cuyo medio de vida esencial deriva de la actividad agraria.

Hay que evitar un modelo censitario, incompatible con la Constitución, que otorga capacidad para intervenir en la definición de las políticas públicas únicamente a los ciudadanos en función de su condición de empresario o titular de una explotación económica.

Se propone, por tanto, que los sindicatos agrarios más representativos del sector agrario (FEAGRA-CCOO, con el 54% y Fitag-UGT, con el 46%) formen parte de pleno derecho del Consejo Agrario.

ENMIENDA NÚM. 201

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 15. 5.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 5 del artículo 15:

«5. El mandato de los consejeros tendrá una duración de cinco años. Las organizaciones agrarias y los sindicatos agrarios más representativos podrán proponer al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la substitución de los consejeros que los representen en cualquier momento de la vigencia de su mandato.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior. Se propone que los sindicatos agrarios más representativos del sector agrario formen parte de pleno derecho del Consejo Agrario.




Página 160


ENMIENDA NÚM. 202

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 16.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 16:

«Artículo 16. Atribución de consejeros.

El número de consejeros que le corresponde a cada organización profesional agraria más representativa en el Consejo Agrario se determinará por el siguiente procedimiento:

a) (…)

b) (…)

c) (…).

El número de consejeros que le corresponde a cada sindicato agrario más representativo se determinará en proporción a su representatividad obtenida en las elecciones sindicales del sector, según certificación emitida por la Secretaría del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores. Se propone que los sindicatos agrarios más representativos del sector agrario formen parte de pleno derecho del Consejo Agrario.

ENMIENDA NÚM. 203

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 17. 1.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 1 del artículo 17:

«1. Las personas propuestas por las organizaciones profesionales agrarias para ocupar los puestos de consejeros deben reunir los siguientes requisitos:

a) (…)

b) (…)

c) (…)

d) (…).»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores. Se propone que los sindicatos agrarios más representativos del sector agrario formen parte de pleno derecho del Consejo Agrario.




Página 161


ENMIENDA NÚM. 204

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 17. 2.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 2 del artículo 17:

«2. En el caso de que una organización o sindicato pueda proponer varias personas para el Consejo Agrario, la relación propuesta deberá contar con un número equilibrado de varones y mujeres en la que ningún sexo podrá representar menos del 40 por ciento.»

JUSTIFICACIÓN

Avanzar en la igualdad en los órganos de representación.

ENMIENDA NÚM. 205

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 17. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo 17:

«Nuevo apartado). Cada persona propuesta por los sindicatos agrarios más representativos para ocupar los puestos de consejeros deberá estar afiliada al sindicato proponente.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores. Se propone que los sindicatos agrarios más representativos del sector agrario formen parte de pleno derecho del Consejo Agrario.

ENMIENDA NÚM. 206

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional segunda.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la disposición adicional segunda:




Página 162


«Disposición adicional segunda. Subvenciones vinculadas a la representatividad.

La representatividad obtenida por las organizaciones profesionales agrarias en la consulta que regula esta ley y la obtenida por los sindicatos más representativos del sector en las elecciones sindicales podrá ser tenida en cuenta por otros Departamentos ministeriales a fin de modular las ayudas públicas que pudieran concederles.»

JUSTIFICACIÓN

Las subvenciones vinculadas a la representatividad han de considerar a la obtenida por los sindicatos agrarios más representativos.

ENMIENDA NÚM. 207

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional:

«Disposición adicional (nueva). Colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social con los procesos electorales autonómicos.

Las comunidades autónomas que regulen y celebren procesos electorales en el ámbito agrícola, ganadero y forestal para la participación en órganos y entidades de carácter consultivo autonómicos estarán habilitadas para recabar de oficio la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social para obtener los datos de las personas físicas que ejerzan por cuenta propia la actividad agrícola, ganadera o forestal de modo directo y personal y coticen a la Seguridad Social como consecuencia de dichas actividades.»

JUSTIFICACIÓN

Facilitar la obtención por parte de las comunidades autónomas de los datos de las personas físicas que están afiliadas a la Seguridad Social por cuenta propia como consecuencia de sus actividades agrarias, de cara a los procesos electorales para medir la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en su ámbito territorial.

ENMIENDA NÚM. 208

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria única.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la disposición transitoria única:




Página 163


«Disposición transitoria única. Consejo Agroalimentario del Estado y Comité Asesor Agrario.

El Consejo Agroalimentario del Estado y el Comité Asesor Agrario creados por la Ley 10/2009, de 20 de octubre, de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias, continuarán ejerciendo sus funciones hasta que se reúna por primera vez el Consejo Agrario, lo que se verificará en el plazo máximo de seis meses desde que tenga lugar el escrutinio.»

JUSTIFICACIÓN

El Consejo Agroalimentario del Estado se creó como órgano consultivo para asesorar a la Administración General del Estado en la determinación de las orientaciones generales de la política agroalimentaria. Y está integrado de forma paritaria por la AGE y por representantes de OPAs, de asociaciones del cooperativismo agrario y de la industria agroalimentaria, y de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

Se propone que la previsión de continuidad del Comité Asesor Agrario (del que sólo forman parte las OPAs) hasta que esté operativo el nuevo Consejo Agrario, se extienda al Consejo Agroalimentario del Estado.

ENMIENDA NÚM. 209

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria única.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la disposición transitoria única.

JUSTIFICACIÓN

Prever la continuación de las funciones del Comité Asesor Agrario más allá de la entrada en vigor de la nueva ley es una previsión contraria a lo establecido en el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. En este sentido cabe recordar que los preceptos constitucionales que reconocen los derechos de igualdad y no discriminación y de libre asociación deben ser interpretados de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Tratados y los Acuerdos Internacionales sobre estas materias ratificados por España.

El origen del concepto de «más representativo» viene del artículo 3.5 de la Constitución de la OIT, de la cual España es miembro. El Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT ha establecido sobre la determinación de la condición de más representativo que:

i) Los criterios en que se inspire la distinción entre organizaciones más o menos representativas tienen que ser de carácter objetivo y fundarse en elementos que no ofrezcan posibilidad de parcialidad o abuso.

ii) Deben existir en la legislación criterios objetivos, precisos y previamente establecidos para determinar la representatividad de una organización profesional agraria, ya que dicha apreciación no puede dejarse a la discreción de los gobiernos.

Es del todo evidente la falta de objetividad y proporcionalidad en el establecimiento de que sine die se mantenga el Comité Asesor Agrario, ya que de entrar en vigor los preceptos del Proyecto de Ley y no celebrarse la consulta que regula, con lo que no se reuniría nunca el nuevo Consejo Agrario, el Comité Asesor Agrario estaría en funciones transitorias por tiempo indefinido. También es evidente que todo ello es contrario con los criterios que el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT




Página 164


establece, al relegarse la determinación de los criterios de representatividad a la discreción del Gobierno del Estado al convocar o no el proceso electoral de consulta y mantener sine die el Comité Asesor Agrario.

ENMIENDA NÚM. 210

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición derogatoria única.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la disposición derogatoria única:

«Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Ley 10/2009, de 20 de octubre, de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias, excepto sus disposiciones finales tercera y cuarta que permanecen en vigor, y el Real Decreto 822/2010, de 25 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 10/2009, de 20 de octubre, de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias.»

JUSTIFICACIÓN

La disposición final tercera de la Ley 10/2009 que se deroga modifica la Ley para el desarrollo sostenible rural para definir qué se entiende por profesional de la agricultura. Igualmente, la disposición final cuarta hace lo propio con la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias recogiendo esa definición de agricultor profesional.

Entendemos que esas disposiciones deben continuar en vigor.

ENMIENDA NÚM. 211

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Anexo.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la fecha y definición del plazo en el cronograma «D+56 Recepción del voto por correo» del Anexo:

«D+56 Recepción del voto por correo y fin de la campaña electoral.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior.




Página 165


ENMIENDA NÚM. 212

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC)

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Anexo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva fecha y definición del plazo para insertar en el cronograma en el Anexo:

«D+41 Inicio de la campaña electoral.»

JUSTIFICACIÓN

Ya se ha propuesto en otra enmienda que es preciso adoptar para la consulta garantías similares a las obligatorias en las elecciones generales, por lo que es conveniente declarar expresamente la supletoriedad de la Ley de Régimen Electoral General. En todo caso, una mínima regulación de la campaña electoral es imprescindible y el cronograma debe incorporar el inicio y fin de dicha campaña.

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 17 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario.

Palacio del Senado, 8 de mayo de 2014.—El Portavoz Adjunto, José Miguel Camacho Sánchez.

ENMIENDA NÚM. 213

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Título del Proyecto de Ley.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del Título de la Ley, que tendrá la siguiente redacción:

«Ley de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias.»

MOTIVACIÓN

Mejora técnica. En coherencia con las enmiendas posteriores.

ENMIENDA NÚM. 214

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a Todo el Proyecto de Ley.




Página 166


ENMIENDA

De modificación.

Se propone la sustitución, en todo el texto, del término «consulta» y similares por la expresión «procedimiento electoral regulado en la presente Ley.

MOTIVACIÓN

En coherencia con otras enmiendas de este Grupo Parlamentario.

ENMIENDA NÚM. 215

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a Todo el Proyecto de Ley.

ENMIENDA

De modificación.

En todo el articulado.

Se propone la sustitución del término «Consejo Agrario» por «Comité Asesor Agrario».

MOTIVACIÓN

Por coherencia con otras enmiendas de este Grupo Parlamentario.

ENMIENDA NÚM. 216

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Preámbulo.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del Preámbulo, que tendrá la siguiente redacción:

«Tradicionalmente la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias se ha determinado de forma indirecta, mediante las elecciones a las Cámaras Agrarias que convocaban las Comunidades Autónomas al amparo de la legislación básica del Estado, constituida por la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, de Cámaras Agrarias. De acuerdo con esta ley se consideraban más representativas las organizaciones profesionales que obtenían el 10 por ciento de los votos a nivel nacional y el 20 por ciento a nivel de comunidades autónomas. La supresión de la legislación básica de Cámaras Agrarias en 2005 está en el origen de los actuales problemas para medir la representatividad.

La Ley 10/2009, de 20 de octubre, que ahora se deroga, disponía dos procedimientos para reconocer la representatividad: obtener el 15 por ciento de los votos emitidos en nueve procesos electorales o bien el reconocimiento por otros medios en diez comunidades autónomas. Si el primero no se ha podido aplicar, al no haberse celebrado simultáneamente procesos electorales en al menos nueve de las CCAA que han optado por este procedimiento, y el segundo no tiene en cuenta el peso real del número de agricultores en el total nacional.




Página 167


Esta situación ha coincidido con cambios relevantes en el sector agrario que hace más necesaria que nunca una interlocución eficaz con las OPAS, por lo que resulta imprescindible clarificar cuanto antes la cuestión de su representatividad, con el fin de garantizar el derecho de participación de los agricultores en los asuntos públicos y mejorar la gobernanza de las políticas agroalimentarias.

Los nuevos criterios de representación de los agricultores ante la Administración General del Estado deben partir de un cambio de modelo. Para ello, en esta ley se dispone realizar un procedimiento electoral simultáneo en todo el territorio nacional, que será convocado de forma periódica. Este sistema ofrece a los electores una percepción clara del objetivo perseguido y permite conocer al mismo tiempo el resultado total. Todo ello se traducirá en una mayor legitimidad de las organizaciones agrarias.

El proceso electoral se somete a las garantías propias de un proceso de esta naturaleza lo que justifica la aplicación supletoria la mismo de las garantías establecidas en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y la regulación en esta Ley de una Administración Electoral específica encargada de velar por la pureza y corrección de todo el proceso electoral.

Estas elecciones en el ámbito agrario deberán servir también para determinar la composición de los órganos consultivos en el ámbito agroalimentario.

Los agricultores podrán elegir a una de las organizaciones candidatas, que cubrirán los puestos del Comité Asesor Agrario de forma proporcional a los votos obtenidos. El sistema proporcional en circunscripción única garantiza la mayor correlación entre los votos y los puestos obtenidos en el Comité mediante la aplicación de la ley d’Hondt. Asimismo se procura que tengan derecho de voto el mayor número de las personas que se dedican profesionalmente y de forma efectiva a la agricultura, estableciendo unos mínimos que aseguren que se trata de personas que ejercen la actividad de forma habitual y económicamente relevante.

De este modo, tendrán reconocido el derecho de sufragio activo en estas elecciones las personas físicas que, siendo profesionales agrarios como propietarios, arrendatarios, apareceros o en cualquier concepto análogo ejerza actividades agrícolas, ganaderas o forestales de modo directo y personal y, en consecuencia, esté afiliado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, en función de la actividad agraria o sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que trabajen de modo directo y preferente en la explotación familiar, estando también ddos de alta en dicho Régimen especial de la Seguridad Social, así como las personas jurídicas que tengan por objeto exclusivo y que efectivamente ejerzan la explotación agrícola, ganadera o forestal.

También se regula detalladamente las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los candidatos así como la formación de las candidaturas en listas cerradas y completas de candidatos y candidatas de las organizaciones que concurran a este proceso electoral.

Conforme a los resultados en el proceso electoral regulado por esta ley las organizaciones concurrentes al mismo adquirirán la condición de más representativas en el ámbito estatal si obtienen, al menos, un quince por ciento de los votos válidos emitidos y, además, en seis Comunidades Autónomas, al menos un cinco por ciento de los votos emitidos válidamente en cada una de ellas.

La condición de más representativas determinará sus funciones propias de representación institucional, reivindicación y negociación en defensa de los intereses profesionales, socioeconómicos y sindicales de los agricultores y ganaderos, así como las de ser consultados en el diseño de las políticas públicas que afecten a su ámbito de actuación, gestionar programas públicos dirigidos a los profesionales agrarios y forestales y participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos.

Asimismo se regula la participación de las OPAs que adquieran la condición de más representativas en la cesión de bienes inmuebles de la extinta Confederación Nacional de Cámaras Agrarias y en las subvenciones y ayudas que otorgue la Administración General del Estado.

Finalmente, se regulan los órganos consultivos de la Administración General del Estado en materia agroalimentaria. Así, se mantiene la dualidad contemplada por la Ley 10/2009, de 20 de octubre, entre el Comité Asesor Agrario, donde estarán representadas las OPAs que adquieran la condición de más representativas conforme al proceso electoral regulado en la presente Ley, en proporción a sus resultados electorales, y el Consejo Agroalimentario del Estado, donde, además, tendrán representación las asociaciones más representativas del cooperativismo agrario en el ámbito estatal, así como las organizaciones sindicales más representativas conforme a la Ley Orgánica de Libertad Sindical y las organizaciones empresariales más representativas conforme al Estatuto de los Trabajadores.»




Página 168


MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas posteriores.

ENMIENDA NÚM. 217

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 1, que tendrá la siguiente redacción:

«Artículo 1. Objeto.

1. El objeto de esta ley es regular el proceso electoral por el que se determinará la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias ámbito estatal y carácter general, siéndole aplicable lo dispuesto por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, así como sus finalidades, funciones y prerrogativas ante la Administración General del Estado.

2. Asimismo, es también objeto de esta ley la creación del Comité Asesor Agrario, como órgano consultivo y de concertación adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la regulación del Consejo Agroalimentario del Estado, como órgano adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente con la finalidad de asesorar a la Administración General del Estado en la determinación de las orientaciones generales de la política agroalimentaria.

3. A los efectos de esta ley se entiende por organizaciones agrarias, las organizaciones profesionales agrarias de ámbito nacional constituidas y reconocidas al amparo de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical, que tengan entre sus fines estatutarios la defensa de los intereses generales de la agricultura, entendiendo por tal las actividades agrícolas, ganaderas y silvícolas, así como la defensa y promoción de los intereses profesionales, económicos y sociales de los agricultores, ganaderos y silvicultores.

4. A los solos efectos de esta ley, se acreditará el ámbito nacional mediante los Estatutos de constitución registrados según lo previsto en la Ley 19/1977, de 1 de abril, de los que se deducirá sin dificultad el desarrollo de la actividad en todo el territorio nacional y la posibilidad de afiliación de cualquier miembro con independencia de su residencia.»

MOTIVACIÓN

La determinación de la representatividad de las OPAS mediante un mecanismo de votación, así como las consecuencias que de ello se deriva y que también son objeto de esta Ley, no puede realizarse mediante un procedimiento de consulta. Se trata de establecer un procedimiento electoral, con máximas garantías.

Por otro lado, se propone la supresión de la referencia a las coaliciones de organizaciones agrarias pues, en es te punto de la ley, induce a confusión respecto de la definición de organización profesional agraria. Lo que se pretende es establecer que la se pueden presentar candidaturas mediante la colaboración entre organizaciones agrarias de distintos ámbitos, lo que debe ser objeto de un artículo específico y con una redacción y delimitación clara en el que se especifiquen bajo qué condiciones y con qué requisitos se pueden formalizar candidaturas mediante coaliciones de organizaciones agrarias.




Página 169


ENMIENDA NÚM. 218

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Capítulo I.

ENMIENDA

De modificación.

A la rúbrica del Capítulo I.

Se propone la modificación de la rúbrica del Capítulo I, que tendrá la siguiente redacción:

«Capítulo I. La representatividad y funciones de las organizaciones agrarias.»

MOTIVACIÓN

Mejora técnica. En coherencia con enmiendas posteriores.

ENMIENDA NÚM. 219

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 2.

ENMIENDA

De modificación.

Al Artículo 2.

Se propone la modificación del artículo 2, que tendrá la siguiente redacción:

«Artículo 2. Determinación de la representatividad.

1. La representatividad de las organizaciones profesionales agrarias de carácter general en el ámbito estatal se determinará mediante el proceso electoral regulado en la presente ley, que garantizará la emisión del voto de forma personal, directa, libre y secreta por quienes tengan reconocido como electores el derecho de sufragio activo, conforme a lo dispuesto en la presente ley.

2. El proceso electoral que figura en el apartado anterior se celebrará cada cinco años, correspondiendo su convocatoria mediante Orden al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente o, en su defecto, el departamento ministerial que ejerza las competencias en materia de Agricultura. La Orden de convocatoria, especificando la fecha de las elecciones, será publicada en el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor el mismo día de su publicación.»

MOTIVACIÓN

Se trata de establecer que, si el objeto de esta Ley es fijar el mecanismo por el que adquieren representatividad las organizaciones de carácter general en el ámbito estatal y que éste no puede ser otro que un proceso electoral, con máximas garantías en el ejercicio del derecho de sufragio activo.

Por otro lado, se pretende establecer, en una norma de rango legal, la forma en que se realizará la convocatoria de estas elecciones.




Página 170


ENMIENDA NÚM. 220

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 2. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 2 bis, que tendrá la siguiente redacción:

«Artículo 2 bis. Funciones de las Organizaciones Profesionales Agrarias.

Corresponde en exclusiva a las Organizaciones Profesionales Agrarias que adquieran la condición de más representativas conforme a lo dispuesto en la presente Ley, ejercer en el ámbito estatal las funciones de representación institucional, reivindicación y negociación en defensa de los intereses profesionales, socioeconómicos y sindicales de los agricultores y ganaderos, ser consultados en el diseño de las políticas públicas que afecten a su ámbito de actuación, gestionar programas públicos dirigidos a los profesionales agrarios y forestales y participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos.»

MOTIVACIÓN

Se persigue que la Ley otorgue reconocimiento institucional al papel que ejercen y las funciones que desempeñan las organizaciones profesionales agrarias. De esta forma se legitima su función institucional como organizaciones representativas e interlocutores del sector agrario y se dota de mayor contenido a la Ley, que no debe quedar limitada a la determinación del procedimiento para la determinación de la representatividad de las OPA a los solos efectos de su participación en el Comité Asesor Agrario.

ENMIENDA NÚM. 221

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 3.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del Artículo 3, que tendrá la siguiente redacción:

«Artículo 3. Proceso electoral.

El proceso electoral para determinar la representatividad de las organizaciones agrarias se regirá por los siguientes criterios:

a) Se efectuará en todo el territorio del Estado simultáneamente.

b) Se contabilizarán los votos obtenidos por cada organización profesional agraria en todo el Estado.»

MOTIVACIÓN

Se considera, una vez más, que el procedimiento para la determinación de representatividad de las organizaciones agrarias debe ser un proceso electoral.




Página 171


ENMIENDA NÚM. 222

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 4.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 4, que tendrá la siguiente redacción:

«Artículo 4. Derecho de sufragio activo.

Serán electores aquellas personas que reuniendo las condiciones establecidas en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para el ejercicio del derecho de sufragio activo, estén incluidas en el censo electoral a que se refiere el artículo 6 de la presente Ley y reúna alguna de las condiciones siguientes:

a) Toda persona física, mayor de edad, que siendo profesional de la agricultura como propietario, arrendatario, aparcero o en cualquier otro concepto análogo reconocido por la Ley, ejerza actividades agrícolas, ganaderas o forestales de modo directo y personal, y como consecuencia de estas actividades, esté afiliado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, en función de la actividad agraria.

b) Los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas aludidas en el apartado anterior, mayores de edad, que trabajen de modo directo y preferente en la explotación familiar, debiendo estar dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, en función de la actividad agraria.

c) Las personas jurídicas y sociedades que tengan como objeto exclusivo, conforme a sus estatutos, y que efectivamente ejerzan la explotación agrícola, ganadera o forestal, que ejercitarán su derecho a sufragio a través de su representante legal.»

MOTIVACIÓN

Se trata de establecer criterios objetivos, fácilmente constatables y verificables, para incluir a las personas físicas y jurídicas y a las sociedades civiles en el censo electoral y ejercer el derecho de sufragio activo.

Por otra parte, se suprime de este artículo lo relativo a la regulación del voto por correo, que se entiende más adecuado remitir a la regulación mediante desarrollo reglamentario que, en todo caso, debe respetar escrupulosamente las garantías que establece la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General.

ENMIENDA NÚM. 223

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 4. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 4 bis, que tendrá la siguiente redacción:

«Artículo 4 bis. Derecho de sufragio pasivo.

1. Serán elegibles como vocales del Comité Asesor Agrario aquellas personas físicas que reúnan los requisitos para ser elector y no estén incursos en ninguna de las causas de inelegibilidad establecidas con carácter general en la legislación reguladora del régimen electoral general.




Página 172


2. También serán elegibles las personas que no estando incursas en ninguna de las causas de inelegibilidad establecidas con carácter general en la legislación reguladora del régimen electoral general y, aun no reuniendo los requisitos para ser elector, sean miembros del órgano de dirección de las organizaciones profesionales agrarias de ámbito estatal y carácter general que concurran al proceso electoral.

3. Las causas de inelegibilidad serán también causas de incompatibilidad.»

MOTIVACIÓN

Se trata de definir, de forma adecuada en un procedimiento electoral, los requisitos y condiciones que deben cumplir las personas que integren las candidaturas (sufragio pasivo).

ENMIENDA NÚM. 224

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 4.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 4 ter, que tendrá la siguiente redacción:

«Artículo 4 ter. Incompatibilidad.

Además de las contempladas en el artículo anterior son causas de incompatibilidad para ser miembro del Comité Asesor Agrario las siguientes:

a) Ejercer cargo público, ya sea de elección pública o designación directa.

b) Tener la condición de trabajador al servicio de la Administración Pública, si se encuentran en activo o en situación de servicios especiales.

c) Haber sido inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas o estar separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquier Administración Pública.

d) Haber sido sancionado por infracciones administrativas firmes en vía administrativa relacionadas con ayudas públicas en los últimos cuatro años, o estar condenado por sentencia firme durante el periodo que dure la pena. Haber sido sancionado por infracciones muy graves en el orden social en materia de Seguridad Social reguladas en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.»

MOTIVACIÓN

Se trata de definir, de forma adecuada, las causas de incompatibilidad que obligarán, en su caso, a renunciar al puesto representativo obtenido en el Comité Asesor Agrario o el que se ostenta en ese momento origen de la incompatibilidad.

ENMIENDA NÚM. 225

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 6.




Página 173


ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 6, que tendrá la siguiente redacción:

«Artículo 6. Censo.

1. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente atribuirá a uno de los centros directivos del Departamento la competencia para, con la participación de las organizaciones profesionales agrarias de ámbito estatal y carácter general que ostenten la condición de más representativas en el ámbito estatal y bajo la denominación de “Dirección del Censo”, elaborar un censo en el que figurarán todas las personas que ostenten la condición de electores en el Estado Español conforme con lo establecido en el artículo 4 de la presente Ley.

2. Para su elaboración, la Dirección del Censo recabará de oficio la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

3. El censo, que será público, contendrá los siguientes datos de las personas físicas:

a) Nombre y apellidos.

b) Número de Identificación Fiscal (NIF).

c) Fecha de nacimiento.

d) Domicilio que figure en el padrón.

En el caso de personas jurídicas, el censo contendrá:

a) La razón social.

b) El Código de Identificación Fiscal (CIF).

c) El domicilio social de la entidad.

d) Los datos personales del representante legal, que podrá ejercer el derecho al voto de la sociedad.

4. El censo será objeto de exposición pública en los tablones de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y de los Ayuntamientos, al objeto de que se puedan formular, en el plazo de un mes, cuantas reclamaciones o correcciones sean necesarias, las cuales se resolverán igualmente en el plazo de un mes, oídas las organizaciones profesionales agrarias de ámbito estatal y carácter general que ostenten la condición de más representativas en el ámbito estatal. La aprobación del censo, una vez incluidas en su caso las reclamaciones formuladas por los particulares y efectuadas las correcciones que hayan sido estimadas, corresponderá al titular del centro directivo al que se le haya otorgado la condición de ‘‘Dirección del Censo’’.

5. El censo definitivo será publicado en los tablones de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y de los Ayuntamientos y contra los acuerdos de inclusión o exclusión procederán os recursos legalmente establecidos.»

MOTIVACIÓN

Se trata de determinar a quién corresponde la elaboración del Censo de Electores y con qué criterios objetivo y procedimiento habrá de elaborarse, asegurando en todo momento la participación de las organizaciones profesionales agrarias más representativas en el ámbito estatal en esta elaboración y estableciendo la posibilidad de recursos contra la aprobación definitiva.

ENMIENDA NÚM. 226

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 6. Apartado nuevo.




Página 174


ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un artículo 6 bis, que tendrá la siguiente redacción:

«Artículo 6 bis. Circunscripción electoral.

Para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales de ámbito estatal y carácter general y la elección de los vocales del Comité Asesor Agrario, la circunscripción electoral será única y se corresponderá con el ámbito territorial del Estado.»

MOTIVACIÓN

Se trata de definir el ámbito territorial de la circunscripción electoral que se identifica con el territorio nacional.

ENMIENDA NÚM. 227

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 7.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 7, que tendrá la siguiente redacción:

«Artículo 7. Candidaturas.

1. Las candidaturas se presentarán en listas cerradas y completas de candidatos y candidatas, en número igual al de miembros a elegir en el Comité Asesor Agrario y con la inclusión de tantos candidatos suplentes como titulares. Las candidaturas incluirán a personas de ambos sexos en un orden que garantice siempre que en la atribución de vocales de cada candidatura al Comité Asesor Agrario se cumpla la presencia mínima del treinta y tres por ciento de ambos sexos.

2. Podrán presentar listas de candidatos:

a) Las organizaciones profesionales agrarias de ámbito estatal y carácter general que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 1 de la presente Ley.

b) Una coalición de dos o más organizaciones de las descritas en el apartado a) anterior. En este caso, la coalición formalizará previamente su inscripción como tal ante la Junta Electoral Central, en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente.

3. Las candidaturas estarán integradas exclusivamente por aquellas personas que reúnan la condición de elegibles conforme al artículo 5 de la presente Ley.

4. La presentación de las candidaturas tendrá lugar ante la Junta Electoral Central. El escrito de presentación, suscrito por el representante de la candidatura, contendrá como mínimo la denominación de la organización profesional agraria o coalición de estas que promueve la candidatura y la identificación clara de los promotores que la integran. Al escrito se acompañará la declaración de aceptación de la candidatura, incluidos los suplentes, junto con los documentos acreditativos de la condición de elegibilidad y el cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado 1 del presente artículo.»




Página 175


MOTIVACIÓN

Se trata de definir las entidades que pueden presentar candidaturas, la forma en que puede realizarse esta presentación de candidaturas y los requisitos que deben cumplir las mismas.

ENMIENDA NÚM. 228

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 8, que tendrá la siguiente redacción:

«Artículo 8. Administración Electoral.

La transparencia y objetividad del proceso electoral, así como la aplicación efectiva del principio de igualdad, serán garantizadas por la Administración Electoral, constituida a los efectos de esta Ley por:

a) La Comisión Electoral Central.

b) Las Comisiones Electorales Provinciales.

c) Las mesas electorales.»

MOTIVACIÓN

Se trata de determinar los órganos que se encargarán de garantizar la transparencia, objetividad e igualdad del proceso electoral que no pueden ser de otra naturaleza, dado el carácter electoral del proceso, que una Administración Electoral, dotándoles de una denominación que no induzca a confusión con la administración electoral regulada por la LOREG.

ENMIENDA NÚM. 229

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 8 bis, que tendrá la siguiente redacción:

«Artículo 8 bis. La Comisión Electoral Central.

1. La Comisión Electoral Central estará presidida por la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y formarán parte de ella el Director General de Servicios, la Directora General de Desarrollo Rural y Política Forestal, el Abogado del Estado del Departamento y tres vocales designados por el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a propuesta de las organizaciones profesionales agrarias de ámbito estatal y carácter general que ostenten la condición de más representativas en el ámbito estatal. Actuará como Secretario, con voz y sin voto, el Secretario General Técnico del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.




Página 176


2. La Comisión Electoral Central tiene carácter de órgano permanente y la renovación de sus miembros tendrá lugar cada cinco años por mitades.

3. La Comisión Electoral Central tendrá su sede en la del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

4. Serán funciones de la Comisión Electoral Central:

a) Coordinar el proceso electoral, dictando al efecto cuantas instrucciones sean necesarias.

b) Velar por el cumplimiento de la legalidad vigente.

c) Resolver los recursos presentados contra las resoluciones de las mesas electorales.

d) Aprobar los modelos de actas electorales, papeletas electorales y sobres electorales.

e) Desempeñar todas las tareas necesarias para un correcto desarrollo del sufragio.

f) Dictar las instrucciones que corresponda para su cumplimiento por los órganos que participan en el desarrollo del proceso electoral.

g) En general, cualesquiera otras que les sean atribuidas reglamentariamente.»

MOTIVACIÓN

Como garantía fundamental de un verdadero proceso electoral, se plantea la necesidad de regular, en una norma de rango legal, la Administración electoral que deberá gestionar y supervisar todo el proceso, dotándoles de una denominación que no induzca a confusión con la administración electoral regulada por la LOREG.

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 22 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario.

Palacio del Senado, 8 de mayo de 2014.—El Portavoz Adjunto, José Miguel Camacho Sánchez.

ENMIENDA NÚM. 230

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 8 quater, que tendrá la siguiente redacción:

«Artículo 8 quáter. Las Mesas Electorales.

1. Con carácter general, las mesas electorales tendrán ámbito municipal, salvo que en dicho ámbito exista un número de electores inferior a veinticinco en cuyo caso se procederá a la constitución de una mesa de ámbito superior garantizando en todo caso una distancia máxima de quince kilómetros entre el domicilio de los electores y la mesa electoral.

Asimismo, y cuando el número de electores en un municipio sea superior a quinientos o la extensión del municipio lo aconseje, podrá establecerse más de una Mesa Electoral por municipio.

2. La determinación de las mesas electorales, teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá a la Comisión Electoral Central, que deberá actuar en todo caso con el fin de facilitar a los electores el ejercicio del derecho de sufragio.

3. Las mesas electorales estarán formadas por un Presidente y dos vocales determinados por sorteo celebrado por la Comisión Electoral Provincial entre los electores censados en el ámbito correspondiente a cada Mesa Electoral, que sean menores de sesenta y cinco años y que sepan leer y escribir.

4. Cada candidatura proclamada por la Comisión Electoral Central podrá designar hasta dos vocales interventores por Mesa Electoral.»




Página 177


MOTIVACIÓN

Como garantía fundamental de un verdadero proceso electoral, se plantea la necesidad de regular, en una norma de rango legal, la Administración electoral que deberá gestionar y supervisar todo el proceso.

ENMIENDA NÚM. 231

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 8 ter, que tendrá la siguiente redacción:

«Artículo 8 ter. Las Comisiones Electorales Provinciales.

1. Se constituirá una Comisión Electoral Provincial en cada una de las provincias españolas, que estará presidida por el Delegado o Subdelegado del Gobierno y de la que formarán parte tres funcionarios nombrados por el Delegado del Gobierno y tres vocales designados por el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a propuesta de las organizaciones profesionales agrarias de ámbito estatal y carácter general que ostenten la condición de más representativas en el ámbito estatal. Actuará como Secretario, con voz y sin voto, el Secretario General de la Delegación o Subdelegación del Gobierno.

2. Las Comisiones Electorales Provinciales serán responsables de la coordinación del proceso electoral en su ámbito territorial, aplicando los criterios dictados por la Comisión Electoral Central y velando por el correcto funcionamiento de las Mesas Electorales.»

MOTIVACIÓN

Como garantía fundamental de un verdadero proceso electoral, se plantea la necesidad de regular, en una norma de rango legal, la Administración electoral que deberá gestionar y supervisar todo el proceso, dotándoles de una denominación que no induzca a confusión con la administración electoral regulada por la LOREG.

ENMIENDA NÚM. 232

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 9.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 9, que tendrá la siguiente redacción:

«Artículo 9. Derecho supletorio.

Todos los aspectos relativos al proceso electoral no regulados en esta ley se desarrollarán reglamentariamente aplicando supletoriamente las disposiciones reguladoras de la Ley 5/1985, del Régimen Electoral General, en particular los referidos al ejercicio del derecho de voto, la regulación del




Página 178


voto por correo, la utilización del censo por las candidaturas, la campaña y gastos electorales, el escrutinio de los sufragios y la proclamación de los resultados.»

MOTIVACIÓN

La presente Ley deberá ser objeto de desarrollo Reglamentario, por lo que se hace referencia no exhaustiva de las materias que tendrán ser objeto de su Reglamento de desarrollo. Lo que sí hay que garantizar en esta norma legal es que se aplica la normativa electoral como régimen jurídico supletorio aplicable al proceso electoral que regula.

En este sentido, el Convenio 141 de la OIT sobre las organizaciones de trabajadores rurales y su función en el desarrollo económico y social de 23 de junio de 1975 (ratificado por España el 28 de abril de 1978) consagra el derecho a la libertad sindical de las organizaciones profesionales agrarias: «Todas las categorías de trabajadores rurales, tanto si se trata de asalariados como de personas que trabajen por cuenta propia, tienen el derecho de constituir, sin autorización previa, las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. 2. Los principios de la libertad sindical deberán respetarse plenamente; las organizaciones de trabajadores rurales deberán tener un carácter independiente y voluntario, y permanecer libres de toda injerencia, coerción o represión.»

Consecuencia directa, por lo tanto, de este convenio del que es parte España es que el proceso para medir la representatividad sindical agraria que prevé la legislación española debe tener las mismas garantías que el proceso para medir la representatividad sindical de los trabajadores por cuenta ajena cuya regulación se contiene en el Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo), que son similares a las establecidas por la Ley de Régimen Electoral General.

ENMIENDA NÚM. 233

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 10.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 10, que tendrá la siguiente redacción:

«Artículo 10. Gastos electorales.

1. Se considerarán gastos electorales los que realicen las candidaturas desde el día de la convocatoria hasta el de la celebración de las elecciones y en relación con éstas.

2. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, mediante la Orden de convocatoria de las Elecciones para determinar la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en el ámbito estatal fijará los gastos máximos del proceso electoral, sus mecanismos de control y el régimen de financiación.»

MOTIVACIÓN

Es necesario regular, en una norma de rango legal, los gastos electorales, fijar sus mecanismos de control y definir el régimen de financiación pública para sufragar los gastos electorales de las candidaturas.




Página 179


ENMIENDA NÚM. 234

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 11.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del artículo 11, que tendrá la siguiente redacción:

«Artículo 11. Cesión en uso de bienes inmuebles de la extinta Confederación Nacional de Cámaras Agrarias.

1. Los bienes inmuebles gestionados por la Comisión Gestora prevista en el Real Decreto 1520/1991, de 25 de octubre, por el que se extingue la Confederación Nacional de Cámaras Agrarias, serán cedidos en uso a las organizaciones profesionales agrarias más representativas en el ámbito estatal mediante orden del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, previo informe de la Abogacía del Estado, que determinará las condiciones de la cesión.

2. La cesión de dichos bienes inmuebles estará sujeta a término y condición. Las organizaciones cesionarias deberán destinar estos inmuebles a fines y servicios de interés general agrario, ostentando el derecho de uso de los mismos y siendo responsables de su gestión. Procederá la revocación de la cesión en caso de incumplimiento del fin de interés agrario, en cuyo caso dicho patrimonio podrá ser objeto de cesión entre las organizaciones profesionales agrarias más representativas en el ámbito estatal. Salvo autorización expresa del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, los bienes cedidos no podrán ser objeto de cesión a terceros.

3. A la entrada en vigor de la presente Ley, se cederá a las Organizaciones Profesionales Agrarias más representativas en el ámbito estatal los bienes inmuebles de titularidad de la citada Comisión Gestora que tuvieran cedidos al momento de entrada en vigor de la presente Ley.

4. Asimismo, se cederá a las Confederaciones Estatales de Cooperativas del sector agroalimentario en proporción a su representatividad los bienes inmuebles de titularidad de la citada Comisión Gestora que tuvieran cedidos en el momento de entrada en vigor de la presente Ley.»

MOTIVACIÓN

Se trata de dotar de un régimen jurídico estable al denominado «patrimonio agrario», compuesto por los bienes que actualmente gestiona la Comisión Gestora de la extinta CONCA, Dicho patrimonio se encuentra actualmente cedido desde hace décadas a las Organizaciones profesionales Agrarias y a las cooperativas agrarias, las cuales además han realizado sobre el mismo, con cargo a sus propios fondos, inversiones no sólo de mantenimiento sino de acondicionamiento y mejora.

Con la redacción propuesta se reconoce el papel jugado por estas organización y se posibilita la utilización del «patrimonio agrario» por las organizaciones representativas de las cooperativas y por aquellas otras organizaciones profesionales agrarias que pudieran obtener la condición de más representativas en el ámbito estatal.

ENMIENDA NÚM. 235

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 12.

ENMIENDA

De modificación.




Página 180


Se propone la modificación del artículo 12, que tendrá la siguiente redacción:

«Artículo 12. Subvenciones.

1. Las ayudas que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente pudiera conceder, en su caso, para las actividades de representación y colaboración de las organizaciones profesionales ante la Administración General del Estado y para su participación en organizaciones y órganos consultivos en el ámbito europeo, se distribuirán de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, entre aquellas que alcancen la condición de más representativas en el ámbito estatal.

2. El reparto de dichas ayudas tendrá en cuenta dos componentes. Al menos el 50% de las ayudas se distribuirá a partes iguales entre las organizaciones profesionales agrarias más representativas a nivel estatal y el 50% restante proporcionalmente en función de la representatividad obtenida por cada una de ellas.»

MOTIVACIÓN

La adquisición de la condición de más representativas en el ámbito estatal por las organizaciones profesionales agrarias implica a su vez la responsabilidad de asumir una serie de obligaciones y funciones en el ámbito de la interlocución institucional, la participación en órganos consultivos adscritos a distintos departamentos ministeriales, la participación en organizaciones y órganos consultivos de carácter europeo e internacional, participación en organizaciones interprofesionales agroalimentarias, etc., cuyos gastos no difieren entre organizaciones al margen del porcentaje de representatividad obtenido, representando estos funciones además el grueso del presupuesto de gastos de las OPA. Por esta razón se propone este texto alternativo, que asegura, siempre en función de las disponibilidades presupuestarias, un nivel de ayudas mínimo para las OPA que alcancen la condición más representativas para el desarrollo de las funciones que asumen y un porcentaje variable en función del respaldo electoral obtenido.

ENMIENDA NÚM. 236

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Capítulo II.

ENMIENDA

De modificación.

A la rúbrica del Capítulo II

Se propone la modificación de la rúbrica del Capítulo II, que tendrá la siguiente redacción:

«CAPÍTULO II. Comité Asesor Agrario.»

MOTIVACIÓN

Se considera conveniente recuperar la dualidad de órganos consultivos que contempla la Ley 10/2009, de 20 de octubre, de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias y también su denominación en la norma legal citada.




Página 181


ENMIENDA NÚM. 237

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 13.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo párrafo al artículo 13, que tendrá la siguiente redacción:

«/…/

Después de cada proceso electoral, el Comité Asesor Agrario se constituirá en el plazo de un mes desde la proclamación definitiva de los resultados generales.»

MOTIVACIÓN

Se trata de garantizar la constitución del Comité Asesor Agrario en un plazo razonable desde la celebración de las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 238

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 14. 1.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva letra e) al apartado 1 del artículo 14, que tendrá la siguiente redacción:

«e) Servir de foro de diálogo, negociación y concertación con las Organizaciones Profesionales Agrarias más representativas en relación con las políticas públicas que afecten a los profesionales del sector agrario.»

MOTIVACIÓN

Aunque se reconoce el carácter consultivo del Comité Asesor Agrario, se propone incluir funciones de diálogo, negociación y concertación, reforzando este organismo como interlocutor entre la Administración General del Estado y las organizaciones profesionales agrarias más representativas.

ENMIENDA NÚM. 239

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 15. 1.

ENMIENDA

De modificación.




Página 182


Se propone la modificación del apartado 1 del artículo 15, que tendrá la siguiente redacción:

«1. El Comité Asesor Agrario se compone de diez consejeros que se asignarán entre las candidaturas que hayan obtenido en el proceso electoral regulado en la presente Ley la condición de más representativas conforme al siguiente procedimiento:

a) Las candidaturas se ordenan por el número de votos obtenidos de mayor a menor en una columna.

b) Se divide el número de votos obtenido por cada candidatura por números enteros consecutivos ordenados del uno al diez.

c) Se atribuye el primer consejero al primer candidato de la candidatura que haya obtenido el mayor número de votos en la tabla resultante y el segundo y sucesivos, a la candidatura que obtenga el siguiente cociente mayor, atendiendo a un orden decreciente hasta completar el número de consejeros establecido. En caso de empate, se asignará al que obtenga el resultado igual situado en la columna resultante de dividir entre el menor de los dos divisores el número de votos.»

MOTIVACIÓN

Se trata de hacer el procedimiento de asignación de vocales del Comité Asesor Agrario coherente con la propuesta de que las candidaturas se presenten con una relación de candidatos.

ENMIENDA NÚM. 240

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 15. 4.

ENMIENDA

De modificación.

Al Artículo 15, apartado 4.

Se propone la modificación del apartado 4 del artículo 15, que tendrá la siguiente redacción:

«4. Podrán asistir al Comité Asesor Agrario los altos cargos y los titulares de los centros directivos del Departamento, así como expertos en los asuntos objeto del orden del día y técnicos y funcionarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente o de otros Ministerios a solicitud del presidente, que actuarán con voz pero sin voto.»

MOTIVACIÓN

Se estima conveniente prever la asistencia del Subsecretario, Secretarios Generales y Directores Generales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que deben ser partícipes directos de la interlocución, junto con el titular del Departamento que preside el Comité Asesor Agrario, con las Organizaciones Profesionales Agrarias más representativas en el ámbito estatal.

ENMIENDA NÚM. 241

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 15.




Página 183


ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado 7 al artículo 15, que tendrá la siguiente redacción:

«7 (nuevo). En el caso de coincidencia del proceso electoral regulado en la presente Ley con un proceso electoral de los regulados por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, se aplazará el proceso electoral a que se refiere esta Ley entre un mínimo de un mes y un máximo de dos meses, quedando automáticamente prorrogado el mandato de los consejeros.»

MOTIVACIÓN

Se trata de impedir la coincidencia del proceso electoral regulado en la presente Ley con un proceso de los regulados por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

ENMIENDA NÚM. 242

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 16.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo 16.

MOTIVACIÓN

Las condiciones que han de cumplir los miembros del Comité Asesor Agrario se han regulado en los artículos relativos al derecho de sufragio pasivo, a las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los candidatos a las elecciones que regula la presente Ley.

ENMIENDA NÚM. 243

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 17.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo 17.

MOTIVACIÓN

Las condiciones que han de cumplir los miembros del Comité Asesor Agrario se han regulado en los artículos relativos al derecho de sufragio pasivo, a las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los candidatos a las elecciones que regula la presente Ley.




Página 184


ENMIENDA NÚM. 244

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 18. 4.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado 4, del artículo 18.

MOTIVACIÓN

Se propone, en coherencia con la naturaleza de proceso electoral y no de consulta que se quiere dar al procedimiento de elección regulado en esta Ley, la aplicación supletoria de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General y no de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ENMIENDA NÚM. 245

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 19. c.

ENMIENDA

De modificación.

Al Artículo 19, letra c).

Se propone sustituir, en la letra c) del artículo 19, el término «16» por «15».

MOTIVACIÓN

Mejora técnica. En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 246

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 19. d.

ENMIENDA

De modificación.

Al Artículo 19, letra d).

Se propone sustituir, en la letra c) del artículo 19, el término»16» por «15».




Página 185


MOTIVACIÓN

Mejora técnica. En coherencia con enmiendas anteriores

ENMIENDA NÚM. 247

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Capítulo III.

ENMIENDA

De supresión.

Al Capítulo III.

Se propone la supresión del Capítulo III Infracciones y sanciones.

MOTIVACIÓN

En coherencia con las enmiendas presentadas por este Grupo Parlamentario.

ENMIENDA NÚM. 248

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional quinta.

ENMIENDA

De supresión.

A la Disposición adicional quinta.

Se propone la supresión de la Disposición adicional quinta.

MOTIVACIÓN

En coherencia con las enmiendas presentadas por este Grupo Parlamentario.

ENMIENDA NÚM. 249

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.




Página 186


Se propone la adición de una nueva disposición adicional sexta, que tendrá la siguiente redacción:

«Disposición adicional sexta (nueva). Datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Las Comunidades Autónomas que regulen y celebren procesos electorales en el ámbito agrícola, ganadero y forestal para la participación en órganos y entidades consultivos autonómicos estarán habilitadas para recabar de oficio la colaboración de la Tesorería de la Seguridad Social para obtener los datos de las personas físicas afiliadas a la Seguridad Social y en alta como trabajadores agrarios por cuenta propia en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.»

MOTIVACIÓN

Se trata de establecer la obligación, en una norma con rango de ley, de que la Tesorería de la Seguridad Social de facilitar a las Comunidades Autónomas dichos datos. En caso contrario la legislación autonómica no puede obligar a la Tesorería de la Seguridad Social a facilitarlos, a la vez que pueden surgir dudas sobre si se respeta lo establecido en la letra a) del apartado 3 del artículo 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

ENMIENDA NÚM. 250

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición transitoria segunda, que tendrá la siguiente redacción:

«Disposición transitoria segunda. Representatividad de las Organizaciones Profesionales Agrarias de ámbito estatal y carácter general.

Hasta tanto no se constituya el Consejo Agrario previsto en la presente Ley, tendrán la consideración de Organizaciones Profesionales Agrarias más representativas en el ámbito estatal aquellas que hubieran obtenido dicho reconocimiento conforme a lo establecido por la Ley 10/2009, de 20 de octubre.»

MOTIVACIÓN

Al quedar derogada la Ley 10/2009 a la promulgación de la presente Ley y hasta tanto se celebre el proceso electoral que dé lugar a la constitución del nuevo Consejo Agrario, debe mantenerse la transitoriedad no sólo del Comité Asesor sino de la representatividad reconocida a las organizaciones profesionales agrarias.

ENMIENDA NÚM. 251

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición derogatoria única.

ENMIENDA

De modificación.




Página 187


Se propone la modificación de la disposición derogatoria única, que tendrá la siguiente redacción:

«Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Ley 10/2009, de 20 de octubre, de creación de órganos consultivos del Estado en al ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias, excepto su artículo 2, la disposición final tercera y la disposición final cuarta, y el Real Decreto 822/2010, de 25 junio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 10/2009, de 20 de octubre, de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias, excepto su Capítulo I.»

MOTIVACIÓN

El Consejo Agroalimentario del Estado, creado por la Ley 10/2009 que ahora se plantea derogar, como órgano consultivo adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, tiene voluntad, tanto por su ámbito funcional, como por su composición, de asesoramiento en materia agroalimentaria, en la definición de los objetivos de la PAC, en la competitividad y calidad de los productos agroalimentarios, así como en materias de empleo y formación del sector agroalimentario. Y respecto a sus integrantes, además de la propia Administración General del Estado, habrían de participar las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas, industria agroalimentaria, organizaciones sindicales y empresariales. En definitiva, se trata de consolidar un foro amplio y estable de interlocución de dicha Administración con el conjunto de las Entidades representativas del sector agroalimentario, no limitándose a una de sus fases.

No es adecuado que a través de una Ley que establece un sistema de medición de la representatividad de una parte del sector agroalimentario, el de las Organizaciones Profesionales Agrarias, se derogue precisamente el Órgano de consulta e interlocución ante la Administración General del Estado de todo el sector agroalimentario.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 49 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario.

Palacio del Senado, 8 de mayo de 2014.—El Portavoz, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez.

ENMIENDA NÚM. 252

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1. 1.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo 1. Objeto.

«1. El objeto de esta ley es regular el procedimiento de consulta para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias de carácter general y ámbito nacional, así como sus finalidades, funciones y prerrogativas ante la Administración General del Estado.»




Página 188


JUSTIFICACIÓN

El artículo 1 solo prevé la representación institucional, olvidando la concertación de las políticas públicas que incidan sobre los profesionales agrarios, elemento esencial del desarrollo de una participación institucional en los asuntos públicos, así como, el establecimiento de las finalidades, funciones y prerrogativas que se van a otorgar a las OPA en materia de:

— La defensa y tutela colectiva de los intereses profesionales de las personas agricultoras, ganaderas y silvicultoras (legitimidad universal en la defensa de los intereses profesionales y socioeconómicos, tanto ante los poderes públicos, incluida la legitimidad ante la judicatura, como del resto de sociedad civil y organizaciones económicas).

— Consulta preceptiva en el diseño de las políticas públicas que afecten a las propias organizaciones y a sus representados.

— Gestionar programas públicos dirigidos a los profesionales agrarios y forestales (formación, asesoramiento, transferencia tecnológica, innovación y desarrollo, etc.).

— Concertar acuerdos de interés profesional (con los poderes públicos y en el ámbito socioeconómico, como interprofesionales, etc.)

Para las OPA más representativas deberían reservarse, además de la función de representación institucional ante la Administración General del Estado y el uso y disfrute del patrimonio de titularidad pública, ya previstos en el anteproyecto de ley, la de participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de controversias, como en las juntas arbitrales (contratos, etc.), los jurados de expropiaciones, etc.

ENMIENDA NÚM. 253

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1. 2.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo 1. Objeto.

«2. Asimismo, es también objeto de esta ley la creación del Consejo Agrario como órgano consultivo y de concertación adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.»

JUSTIFICACIÓN

El artículo 1 solo prevé la representación institucional, olvidando la concertación de las políticas públicas que incidan sobre los profesionales agrarios, elemento esencial del desarrollo de una participación institucional en los asuntos públicos, así como, el establecimiento de las finalidades, funciones y prerrogativas que se van a otorgar a las OPA en materia de:

— La defensa y tutela colectiva de los intereses profesionales de las personas agricultoras, ganaderas y silvicultoras (legitimidad universal en la defensa de los intereses profesionales y socioeconómicos, tanto ante los poderes públicos, incluida la legitimidad ante la judicatura, como del resto de sociedad civil y organizaciones económicas).

— Consulta preceptiva en el diseño de las políticas públicas que afecten a las propias organizaciones y a sus representados.

— Gestionar programas públicos dirigidos a los profesionales agrarios y forestales (formación, asesoramiento, transferencia tecnológica, innovación y desarrollo, etc.).




Página 189


— Concertar acuerdos de interés profesional (con los poderes públicos y en el ámbito socioeconómico, como interprofesionales, etc.)

Para las OPA más representativas deberían reservarse, además de la función de representación institucional ante la Administración General del Estado y el uso y disfrute del patrimonio de titularidad pública, ya previstos en el anteproyecto de ley, la de participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de controversias, como en las juntas arbitrales (contratos, etc.), los jurados de expropiaciones, etc.

ENMIENDA NÚM. 254

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1. 3. b.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo 1. Objeto.

«1. (…)

2. (…)

3. A los efectos de esta ley se entiende por:

a) (…)

b) Coalición de organizaciones agrarias: Unión de organizaciones de carácter general y en el ámbito nacional para concurrir a la consulta formando una sola candidatura.»

JUSTIFICACIÓN

La letra b) del punto 3 del artículo 1 del proyecto de ley define como coalición de organizaciones agrarias solo a la unión de organizaciones de ámbito nacional, excluyendo de forma ilegal las coaliciones entre una organización o varias de ámbito nacional con otras de inferior ámbito, supra autonómico o autonómico.

Dicha previsión u exclusión es contraria a lo establecido en los Convenios número 87 de la OIT y el número 141 de la OIT sobre las organizaciones de trabajadores rurales (apartado 1 del artículo 3), al limitar la elección libre de los representantes y (apartado 2 del artículo 3), al injerirse los poderes públicos en la libertad de asociarse mediante coaliciones electorales de cualquier índole, en este sentido cabe recordar que la no discriminación y libertad de asociación regulados por los artículos 14 y 22 de la Constitución Española, los cuales por mandato del artículo 10.2 CE, los preceptos constitucionales que reconocen los derechos de igualdad y no discriminación y de libre asociación, 14 y 22 CE respectivamente, deben ser interpretados de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Tratados y los Acuerdos Internacionales sobre estas materias ratificados por España. Además para evitar posibles interpretaciones no ajustadas al ordenamiento jurídico consideramos necesario aclarar la redacción del apartado 4 del Artículo 1 respecto al derecho a que el ámbito nacional de una candidatura (organización o coalición) debe respetar el derecho a la libre asociación (artículo 22 de la CE) y el derecho a constituir federaciones, confederaciones y coaliciones (artículo 5 del Convenio OIT número 87).




Página 190


ENMIENDA NÚM. 255

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1. 4.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo 1. Objeto.

«1. (…)

2. (…)

3. (…)

4. A los solos efectos de esta ley, se acreditará el ámbito nacional mediante los Estatutos de constitución registrados según lo previsto en la Ley 19/1977, de 1 de abril, de los que se deducirá sin dificultad el desarrollo de la actividad en todo el territorio nacional y la posibilidad de afiliación de cualquier miembro con independencia de su residencia, sin perjuicio del derecho de las organizaciones profesionales agrarias a constituir federaciones, confederaciones y coaliciones electorales.»

JUSTIFICACIÓN

La letra b) del punto 3 del artículo 1 del proyecto de ley define como coalición de organizaciones agrarias solo a la unión de organizaciones de ámbito nacional, excluyendo de forma ilegal las coaliciones entre una organización o varias de ámbito nacional con otras de inferior ámbito, supra autonómico o autonómico.

Dicha previsión u exclusión es contraria a lo establecido en los Convenios número 87 de la OIT y el número 141 de la OIT sobre las organizaciones de trabajadores rurales (apartado 1 del artículo 3), al limitar la elección libre de los representantes y (apartado 2 del artículo 3), al injerirse los poderes públicos en la libertad de asociarse mediante coaliciones electorales de cualquier índole, en este sentido cabe recodar que la no discriminación y libertad de asociación regulados por los artículos 14 y 22 de la Constitución Española, los cuales por mandato del artículo 10.2 CE, los preceptos constitucionales que reconocen los derechos de igualdad y no discriminación y de libre asociación, 14 y 22 CE respectivamente, deben ser interpretados de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Tratados y los Acuerdos Internacionales sobre estas materias ratificados por España. Además para evitar posibles interpretaciones no ajustadas al ordenamiento jurídica consideramos necesario aclarar la redacción del apartado 4 del Artículo 1 respecto al derecho a que el ámbito nacional de una candidatura (organización o coalición) debe respetar el derecho a la libre asociación (artículo 22 de la CE) y el derecho a constituir federaciones, confederaciones y coaliciones (artículo 5 del Convenio OIT número 87).

ENMIENDA NÚM. 256

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 3. Letra nueva.

ENMIENDA

De adición.




Página 191


Redacción que se propone:

Artículo 1. Objeto.

«1. (…)

2. (…)

3. A los efectos de esta ley se entiende por:

a) (…)

b) (…)

c) Pagos directos: los establecidos en las normas aplicables a los pagos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común.»

JUSTIFICACIÓN

En relación con el censo y los electores que perciben pagos directos consideramos necesario aclarar a que pagos directos se refiere, para ello es necesario incorporar una nueva letra que defina los pagos directos como aquellos regulados como tales en la Política Agraria Común.

ENMIENDA NÚM. 257

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 5.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo 5. Organizaciones agrarias más representativas.

«Son organizaciones agrarias más representativas las que obtengan, al menos, un tres por ciento de los votos válidos emitidos en la consulta en todo el Estado.»

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia con el porcentaje establecido para las elecciones Generales a Cortes en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

ENMIENDA NÚM. 258

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 5.

ENMIENDA

De modificación.

Añadiendo un nuevo párrafo al artículo 5 del referido texto.




Página 192


Redacción que se propone:

Artículo 5. Organizaciones agrarias más representativas.

«(…)

Las organizaciones agrarias más representativas dispondrán y ejercerán las siguientes finalidades, funciones y prerrogativas:

a) La defensa y tutela colectiva de los intereses profesionales de las personas agricultoras, ganaderas y silvicultoras.

b) Consulta preceptiva en el diseño de las políticas públicas que afecten a las propias organizaciones y a sus representados.

c) Gestionar programas públicos dirigidos a los profesionales agrarios y forestales (formación, asesoramiento, transferencia tecnológica, innovación y desarrollo, etc.).

d) Concertar acuerdos de interés profesional, con los poderes públicos y en el ámbito socioeconómico, como interprofesionales, etc.

e) Participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de controversias, como en las juntas arbitrales (contratos, etc.), los jurados de expropiaciones, etc.»

JUSTIFICACIÓN

El artículo 1 solo prevé la representación institucional, olvidando la concertación de las políticas públicas que incidan sobre los profesionales agrarios, elemento esencial del desarrollo de una participación institucional en los asuntos públicos, así como, el establecimiento de las finalidades, funciones y prerrogativas que se van a otorgar a las OPA en materia de:

— La defensa y tutela colectiva de los intereses profesionales de las personas agricultoras, ganaderas y silvicultoras (legitimidad universal en la defensa de los intereses profesionales y socioeconómicos, tanto ante los poderes públicos, incluida la legitimidad ante la judicatura, como del resto de sociedad civil y organizaciones económicas).

— Consulta preceptiva en el diseño de las políticas públicas que afecten a las propias organizaciones y a sus representados.

— Gestionar programas públicos dirigidos a los profesionales agrarios y forestales (formación, asesoramiento, transferencia tecnológica, innovación y desarrollo, etc.).

— Concertar acuerdos de interés profesional (con los poderes públicos y en el ámbito socioeconómico, como interprofesionales, etc.)

Para las OPA más representativas deberían reservarse, además de la función de representación institucional ante la Administración General del Estado y el uso y disfrute del patrimonio de titularidad pública, ya previstos en el anteproyecto de ley, la de participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de controversias, como en las juntas arbitrales (contratos, etc.), los jurados de expropiaciones, etc.

ENMIENDA NÚM. 259

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 6. 2.

ENMIENDA

De modificación.




Página 193


Redacción que se propone:

Artículo 6. Censo.

«2. Para su elaboración, la Dirección del Censo recabará de oficio la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), del Instituto Nacional de Estadística y del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). Asimismo, se podrán incluir en el censo a petición de parte, las personas físicas que obtengan de la actividad agraria rentas en un porcentaje igual o superior al 25 por ciento de su renta total y las personas jurídicas que cumplan los requisitos del apartado 5, solicitando su inscripción en el censo.»

JUSTIFICACIÓN

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente debe poder recabar la colaboración del Instituto Nacional de Estadística para obtener el domicilio de empadronamiento de las personas físicas que se deban incluir en el censo, hay que tener en cuenta, que desde la paulatina transferencia de la asistencia sanitaria a las comunidades autónomas, las personas físicas no mantienen actualizados sus datos de domicilio en la Tesorería de la Seguridad Social, ya que habitualmente las entidades bancarias comunican los cambios de número de cuenta donde tienen domiciliados los pagos a la Seguridad Social, no así los de domicilio. Además en concordancia con lo establecido en el punto 3 del artículo 4 del anteproyecto de Ley para el ejercicio del voto por correo.

Disponer de los datos actualizados de los domicilios es esencial para que se puedan recibir las comunicaciones de la administración electoral y de las propias organizaciones profesionales agrarias que concurran a los procesos electorales, ya que de no ser así no se podrán garantizar los derechos de participación de los electores.

ENMIENDA NÚM. 260

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. 5.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo 8. Organización de la consulta.

«5. Se constituirá una Mesa de consulta en cada capital de provincia y en cada isla que cuente, al menos, con directorio insular y tantas mesas locales como sean necesarias en función del censo de la demarcación territorial. La Comisión Central publicará la relación de mesas y su ubicación a los diez días del inicio de la consulta.

Las mesas estarán formadas por el número de urnas que sean necesarias con un máximo de 200 votantes. Las urnas estarán formadas por seis vocales menores de sesenta y cinco años, tres titulares y tres suplentes, seleccionados aleatoriamente entre los que se encuentren inscritos en el censo de la Mesa. Entre los vocales se designará un presidente. El representante de cada candidatura podrá designar un interventor por cada urna, con voz y sin voto, entre los inscritos en el censo de la Mesa diez días antes de la votación.»

JUSTIFICACIÓN

La previsión de una mesa para la consulta por cada quinientos electores dificultará la participación, hasta el punto de obtener participaciones ridículas, más aún en las provincias y comarcas en donde más




Página 194


distancia haya entre la capital y los pueblos agrarios más alejados. Dicha circunstancia es del todo inapropiada en unos procesos de consulta que necesitan de la mayor legitimidad democrática posible, entre los que la participación es un aspecto clave.

Consideramos necesario garantizar que haya una mesa como mínimo por cada doscientos electores censados, además la Administración General del Estado tiene repartidas por toda la geografía otras sedes distintas a las de las Subdelegaciones o Delegaciones del Gobierno, entre otras las de la Seguridad Social o las de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, las cuales también deberían ser tenidas en cuenta para facilitar la participación. También, de acuerdo con la Disposición adicional tercera en las comunidades autónomas donde se subscriba convenio para la simultaneidad de la consulta con otros procesos electorales, puede darse un mayor acercamiento al lugar de empadronamiento de los electores.

ENMIENDA NÚM. 261

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Un nuevo artículo 8 bis a) al referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 8 bis a). Campaña electoral.

1. El ministerio competente en materia de agricultura, ganadería y silvicultura que en virtud de su competencia legal haya convocado el proceso electoral pueden realizar durante el período electoral una campaña de carácter institucional destinada a informar a las personas físicas y jurídicas que tiene como actividad económica habitual la agricultura, ganadería y silvicultura sobre la fecha de la votación, el procedimiento para votar y los requisitos y trámite del voto por correo, sin influir, en ningún caso, en la orientación del voto de los electores. Esta publicidad institucional se realizará en espacios gratuitos de los medios de comunicación social de titularidad pública del ámbito territorial correspondiente suficientes para alcanzar los objetivos de esta campaña.

2. Desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las organizaciones profesionales agrarias concurrentes a las elecciones.

3. Se entiende por campaña electoral, a efectos de esta Ley, el conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo por las organizaciones profesionales agrarias, federaciones, coaliciones o agrupaciones y sus representantes en orden a la captación de sufragios.

4. Salvo lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, ninguna persona jurídica distinta de las mencionadas en el apartado anterior podrá realizar campaña electoral a partir de la fecha de la convocatoria de las elecciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de la Constitución.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.




Página 195


Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 262

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Un nuevo artículo 8 bis b) al referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 8 bis b). Duración de la campaña electoral.

1. La campaña electoral comienza el día cuadragésimo primero posterior a la convocatoria.

2. Dura quince días.

3. Termina, en todo caso, a las cero horas del día de la votación.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como,




Página 196


que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 263

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Un nuevo artículo 8 bis c) al referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 8 bis c). Período de prohibición de campaña electoral.

1. No puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral una vez que ésta haya legalmente terminado. La obtención gratuita de medios proporcionados por las Administraciones Públicas quedará limitada al período estricto de campaña electoral. Las limitaciones anteriores se establecen sin perjuicio de las actividades realizadas por las organizaciones profesionales agrarias, coaliciones y federaciones en el ejercicio de sus funciones constitucionalmente reconocidas y, en particular, en el artículo 7 de la Constitución.

2. No obstante lo anterior, desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio legal de la campaña, queda prohibida la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales, no pudiendo justificarse dichas actuaciones por el ejercicio de las actividades ordinarias de las organizaciones profesionales agrarias, coaliciones o federaciones reconocidas en el apartado anterior.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de




Página 197


Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 264

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

«Artículo 8 bis d). Celebración de los actos de campaña electoral.

1. La celebración de actos públicos de campaña electoral se rige por lo dispuesto en la legislación reguladora del derecho de reunión. Las atribuciones encomendadas en esta materia a la autoridad gubernativa se entienden asumidas por las Juntas Provinciales, sin perjuicio de la potestad de la Junta Central de unificación de criterios interpretativos.

2. Se mantienen, en todo caso, las atribuciones de la autoridad gubernativa respecto al orden público, y con este fin, las Juntas deben informar a la indicada autoridad de las reuniones cuya convocatoria les haya sido comunicada.

3. Los Ayuntamientos deberán reservar locales oficiales y lugares públicos de uso gratuito para la celebración de actos de campaña electoral.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral




Página 198


significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 265

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

«Artículo 8 bis d). Propaganda electoral.

1. Los Ayuntamientos tendrán la obligación de reservar lugares especiales gratuitos para la colocación de carteles y, en su caso, pancartas y carteles colgados a postes o farolas por el sistema llamado de banderolas. La propaganda a través de las pancartas y banderolas sólo podrá colocarse en los lugares reservados como gratuitos por los Ayuntamientos.

2. Aparte de los lugares especiales gratuitos indicados en el apartado anterior, las organizaciones profesionales agrarias, coaliciones, federaciones y las candidaturas sólo pueden colocar carteles y otras formas de propaganda electoral en los espacios comerciales autorizados.

3. El gasto de las candidaturas en este tipo de publicidad no podrá exceder del 20 por ciento del límite de gastos de 0,37 euros por elector inscrito en el censo.»




Página 199


JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 266

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

«Artículo 8 bis e). Distribución de lugares para campaña electoral.

1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo xxx los Ayuntamientos, dentro de los siete días siguientes a la convocatoria, comunicarán los emplazamientos disponibles para la colocación gratuita de carteles y, en su caso, pancartas y banderolas a la correspondiente Junta Provincial.

2. Esta distribuye los lugares mencionados atendiendo al número total de votos que obtuvo cada organización profesional agraria, federación o coalición en las anteriores elecciones equivalentes en la misma circunscripción, atribuyéndose según las preferencias de las organizaciones profesionales agrarias, federaciones o coaliciones con mayor número de votos en las últimas elecciones equivalentes en la misma circunscripción.




Página 200


3. El segundo día posterior a la proclamación de candidatos, la Junta comunica al representante de cada candidatura los lugares reservados para sus carteles.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 267

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

un nuevo artículo 8 bis f) al referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 8 bis f). Actos electorales gratuitos.

1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo XXX los Ayuntamientos, dentro de los diez días siguientes al de la convocatoria, comunicaran a la correspondiente Junta Provincial los locales oficiales y lugares públicos que se reservan para la realización gratuita de actos de campaña electoral.




Página 201


2. Dicha relación ha de contener la especificación de los días y horas en que cada uno sea utilizable y debe ser publicada en el ‘‘Boletín Oficial de la Provincia’’, dentro de los quince días siguientes a la convocatoria. A partir de entonces, los representantes de las candidaturas pueden solicitar ante las Juntas Provinciales la utilización de los locales y lugares mencionados.

3. El cuarto día posterior a la proclamación de candidatos, las Juntas Provinciales atribuyen los locales y lugares disponibles, en función de las solicitudes, y cuando varias sean coincidentes, atendiendo al criterio de igualdad de oportunidades y, subsidiariamente, a las preferencias de las organizaciones profesionales agrarias, federaciones o coaliciones con mayor número de votos en las últimas elecciones equivalentes en la misma circunscripción. Las Juntas Provinciales comunicarán al representante de cada candidatura los locales y lugares asignados.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 268

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Un nuevo artículo 8 bis g) al referido texto.




Página 202


Redacción que se propone:

«Artículo 8 bis g). Publicidad de las candidaturas en prensa y radio.

1. Las candidaturas tendrán derecho a realizar publicidad en la prensa periódica y en las emisoras de radio de titularidad privada sin que los gastos realizados en esta publicidad puedan superar el 20 por 100 del límite de gasto previsto para las organizaciones profesionales agrarias, agrupaciones, coaliciones o federaciones y las candidaturas en el artículo.

2. Las tarifas para esta publicidad electoral no serán superiores a las vigentes para la publicidad comercial y no podrá producirse discriminación alguna entre las candidaturas en cuanto a la inclusión, tarifas y ubicación de esos espacios de publicidad, en los que deberá constar expresamente su condición.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 269

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Un nuevo artículo 8 bis h) al referido texto.




Página 203


Redacción que se propone:

«Artículo 8 bis h). Envíos postales de propaganda electoral.

Por Orden Ministerial se fijarán tarifas especiales para los envíos postales de propaganda electoral.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 270

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Un nuevo artículo 8 bis i) al referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 8 bis i) Publicidad electoral en medios de comunicación.

1. No pueden contratarse espacios de publicidad electoral en los medios de comunicación de titularidad pública ni en las emisoras de televisión privada.




Página 204


2. Durante la campaña electoral las organizaciones profesionales agrarias, federaciones, coaliciones y agrupaciones que concurran a las elecciones tienen derecho a espacios gratuitos de propaganda en las emisoras de televisión y de radio de titularidad pública conforme a lo establecido en los artículos siguientes.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 271

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Un nuevo artículo 8 bis j) al referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 8 bis j). Distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral.

La distribución de espacios gratuitos para propaganda electoral se hace atendiendo al número total de votos que obtuvo cada organización profesional agraria, federación o coalición en las anteriores elecciones equivalentes.»




Página 205


JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 272

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Un nuevo artículo 8 bis k) al referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 8 bis k). Distribución de propaganda en medios de ámbito territorial inferior al de la convocatoria de las elecciones.

Si el ámbito territorial del medio o el de su programación fueran más limitados que el de la elección convocada, la distribución de espacios se hace atendiendo al número total de votos que obtuvo cada organización profesional agraria, federación o coalición en las circunscripciones comprendidas en el correspondiente ámbito de difusión o, en su caso, de programación.»




Página 206


JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 273

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Un nuevo artículo 8 bis l) al referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 8 bis l). Baremo para distribución de gratuidad de propaganda electoral en medio de comunicación público.

1. La distribución del tiempo gratuito de propaganda electoral en cada medio de comunicación de titularidad pública y en los distintos ámbitos de programación que éstos tengan, se efectúa conforme al siguiente baremo:

a) Diez minutos para las organizaciones profesionales agrarias, federaciones y coaliciones que no concurrieron o no obtuvieron la condición de más representativas en las anteriores elecciones equivalentes.




Página 207


b) Quince minutos para las organizaciones profesionales agrarias, federaciones y coaliciones que habiendo obtenido representación en las anteriores elecciones, no hubieran alcanzado el 5 por 100 del total de votos válidos emitidos en el territorio nacional.

c) Treinta minutos para las organizaciones profesionales agrarias, federaciones y coaliciones que habiendo obtenido representación en las anteriores elecciones, hubieran alcanzado entre el 5 y el 20 por 100 del total de votos a que se hace referencia en el párrafo b).

d) Cuarenta y cinco minutos para las organizaciones profesionales agrarias, federaciones y coaliciones que habiendo obtenido representación en las anteriores elecciones equivalentes, hubieran alcanzado, al menos, un 20 por 100 del total de votos a que hace referencia el párrafo b).

2. A falta de regulación expresa en este artículo las Juntas Provinciales competentes establecen los criterios para la distribución de espacios en los medios de comunicación de titularidad pública.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 274

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.




Página 208


Un nuevo artículo 8 bis ll) al referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 8 bis ll). Órganos competentes para distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral.

1. La Comisión Central es la autoridad competente para distribuir los espacios gratuitos de propaganda electoral que se emiten por los medios de comunicación públicos cualquiera que sea el titular de los mismos, a propuesta de la Comisión a que se refieren los apartados siguientes de este artículo.

2. Una Comisión de Radio y Televisión, bajo la dirección de la Comisión Central, es competente para efectuar la propuesta de distribución de los espacios gratuitos de propaganda electoral.

3. La Comisión es designada por la Comisión Central y está integrada por un representante de cada organización profesional agraria, federación o coalición que concurriendo a las anteriores elecciones y cuente con representación en el Consejo Agrario. Dichos representantes votarán ponderadamente de acuerdo con la composición del Consejo.

4. La Comisión Central puede delegar en las Juntas Provinciales la distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en las programaciones regionales y locales de los medios de comunicación de titularidad estatal y de aquellos otros medios de ámbito similar que tengan también el carácter de públicos. En este supuesto, se constituye en dicho ámbito territorial una Comisión con las mismas atribuciones previstas en el párrafo 2 del presente artículo y con una composición que tenga en cuenta la representación en el Consejo Agrario del ámbito territorial respectivo. Dicha Comisión actúa bajo la dirección de la correspondiente Junta Provincial.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.




Página 209


ENMIENDA NÚM. 275

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Un nuevo artículo 8 bis m) al referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 8 bis m). Garantía del pluralismo asociativo y social.

1. El respeto al pluralismo asociativo y social, así como a la igualdad, proporcionalidad y la neutralidad informativa en la programación de los medios de comunicación de titularidad pública en período electoral, serán garantizados por la organización de dichos medios y su control previstos en las Leyes. Las decisiones de los órganos de administración de los referidos medios en el indicado período electoral son recurribles ante la Comisión Central competente de conformidad con lo previsto en el artículo anterior y según el procedimiento que la Comisión Central disponga.

2. Durante el período electoral las emisoras de titularidad privada deberán respetar los principios de pluralismo e igualdad. Asimismo, en dicho período, las televisiones privadas deberán respetar también los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales así como en la información relativa a la campaña electoral de acuerdo a las Instrucciones que, a tal efecto, elabore la Comisión Central o Junta Provincial competente.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben




Página 210


incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 276

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Un nuevo artículo 8 bis n) al referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 8 bis n). Determinación del momento y orden de la emisión de los espacios electorales.

Para la determinación del momento y el orden de emisión de los espacios de propaganda electoral a que tienen derecho todas las organizaciones profesionales agrarias, federaciones o coaliciones que se presenten a las elecciones, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley, la Comisión Central competente tendrá en cuenta las preferencias de las organizaciones profesionales agrarias, federaciones o coaliciones en función del número de votos que obtuvieron en las anteriores elecciones equivalentes.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben




Página 211


incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 277

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Un nuevo artículo 8 bis ñ) al referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 8 bis ñ). Derecho de rectificación en campaña electoral.

Cuando por cualquier medio de comunicación social se difundan hechos que aludan a organizaciones profesionales agrarias o dirigentes de las mismas, federaciones, coaliciones o agrupaciones que concurran a la elección, que éstos consideren inexactos y cuya divulgación pueda causarles perjuicio, podrán ejercitar el derecho de rectificación, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 marzo, con las siguientes especialidades:

a) Si la información que se pretende rectificar se hubiera difundido en una publicación cuya periodicidad no permita divulgar la rectificación, en los tres días siguientes a su recepción, el director del medio de comunicación deberá hacerla publicar a su costa dentro del plazo indicado en otro medio de la misma zona y de similar difusión.

b) El juicio verbal regulado en el párrafo 2.º del artículo 5 de la mencionada Ley Orgánica se celebrará dentro de los cuatro días siguientes al de la petición.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto




Página 212


de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 278

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Un nuevo artículo 8 bis o) al referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 8 bis o). Administrador electoral de la candidatura.

1. Toda candidatura debe tener un administrador electoral responsable de sus ingresos y gastos electorales realizados por la organización profesional agraria, federación o coalición y de su contabilidad.

2. La contabilidad se ajustará en todo caso a los principios generales contenidos en el vigente Plan General de Contabilidad.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña




Página 213


electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 279

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Un nuevo artículo 8 bis p) al referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 8 bis p). Designación del administrador electoral.

1. Puede ser designado administrador electoral cualquier ciudadano, mayor de edad, en pleno uso de sus derechos civiles y políticos. No podrán ser designados administradores electorales las personas en quienes concurra las circunstancias de condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal.

2. Los representantes de las candidaturas y los representantes generales de las organizaciones profesionales agrarias, federaciones o coaliciones pueden acumular la condición de administrador electoral.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.




Página 214


Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 280

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Un nuevo artículo 8 bis q) al referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 8 bis q). Cuentas abiertas.

1. Los administradores electorales, designados en el tiempo y forma que prevén las disposiciones especiales de esta Ley, comunican a la Comisión Central y a las Juntas Provinciales, respectivamente, las cuentas abiertas para la recaudación de fondos.

2. La apertura de cuentas puede realizarse, a partir de la fecha de nombramiento de los administradores electorales, en cualquier Entidad Bancaria o Caja de Ahorros. La comunicación a que hace referencia el párrafo anterior debe realizarse en las veinticuatro horas siguientes a la apertura de las cuentas.

3. Si las candidaturas presentadas no fueran proclamadas o renunciasen a concurrir a la elección, las imposiciones realizadas por terceros en estas cuentas les deberán ser restituidas por las organizaciones profesionales agrarias, federaciones, coaliciones o agrupaciones que las promovieron.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades




Página 215


públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 281

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Un nuevo artículo 8 bis r) al referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 8 bis r). Ingresos y gastos de cuentas abiertas.

1. Todos los fondos destinados a sufragar los gastos electorales, cualquiera que sea su procedencia, deben ingresarse en las mencionadas cuentas y todos los gastos deben pagarse con cargo a las mismas.

2. Los administradores electorales y las personas por ellos autorizadas para disponer de los fondos de las cuentas son responsables de las cantidades ingresadas y de su aplicación a los fines señalados.

3. Terminada la campaña electoral, sólo se podrá disponer de los saldos de estas cuentas para pagar, en los noventa días siguientes al de la votación, gastos electorales previamente contraídos.

4. Toda reclamación por gastos electorales que no sea notificada a los correspondientes administradores en los sesenta días siguientes al de la votación se considerará nula y no pagadera. Cuando exista causa justificada, las Juntas Provinciales o, en su caso, la Comisión Central, pueden admitir excepciones a esta regla.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene




Página 216


válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 282

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Un nuevo artículo 8 bis s) al referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 8 bis s). Aportación de fondos a cuentas abiertas.

1. Quienes aporten fondos a las cuentas referidas en los artículos anteriores harán constar en el acto de la imposición su nombre, domicilio y el número de su Documento Nacional de Identidad o pasaporte, que será exhibido al correspondiente empleado de la Entidad depositaria.

2. Cuando se aporten cantidades por cuenta y en representación de otra persona física o jurídica, se hará constar el nombre de ésta.

3. Cuando las imposiciones se efectúen por organizaciones profesionales agrarias, se hace constar la procedencia de los fondos que se depositan.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como,




Página 217


que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 283

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Un nuevo artículo 8 bis t) al referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 8 bis t). Subvenciones electorales.

El ministerio competente en materia de agricultura, ganadería y silvicultura subvenciona los gastos ocasionados a las organizaciones profesionales agrarias, federaciones, coaliciones por su concurrencia a las elecciones. En ningún caso la subvención correspondiente a cada organización, federación o coalición podrá sobrepasar la cifra de gastos electorales declarados, justificados por el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su función fiscalizadora.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y




Página 218


la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

ENMIENDA NÚM. 284

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Un nuevo artículo 8 bis u) al referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 8 bis u). Límite de aportación.

Ninguna persona, física o jurídica, puede aportar más de 1.000 euros a las cuentas abiertas por una misma organización profesional agraria, federación, coalición o agrupación para recaudar fondos en las elecciones convocadas.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA




Página 219


mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 285

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Un nuevo artículo 8 bis v) al referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 8 bis v). Gastos electorales.

Se consideran gastos electorales los que realicen las organizaciones profesionales agrarias, federaciones, coaliciones participantes en las elecciones desde el día de la convocatoria hasta el de la proclamación de los resultados por los siguientes conceptos:

a) Confección de sobres y papeletas electorales.

b) Propaganda y publicidad directa o indirectamente dirigida a promover el voto a su candidatura, sea cual fuere la forma y el medio que se utilice.

c) Alquiler de locales para la celebración de actos de campaña electoral.

d) Remuneraciones o gratificaciones al personal no permanente que presta sus servicios a las candidaturas.

e) Medios de transporte y gastos de desplazamiento de los dirigentes de las organizaciones profesionales agrarias, asociaciones, federaciones o coaliciones, y del personal al servicio de la candidatura.

f) Correspondencia y franqueo.

g) Intereses de los créditos recibidos para la campaña electoral, devengados hasta la fecha de percepción de la subvención correspondiente.

h) Cuantos sean necesarios para la organización y funcionamiento de las oficinas y servicios precisos para las elecciones.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.




Página 220


Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 286

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Un nuevo artículo 8 bis w) al referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 8 bis w). Límite de gastos electorales.

Ninguna organización profesional agraria, federación, coalición puede realizar gastos electorales que superen los límites establecidos mediante orden Ministerial, que se entenderán siempre referidos en euros.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como,




Página 221


que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 287

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Un nuevo artículo 8 bis x) al referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 8 bis x). Estado de las cuentas electorales.

1. Desde la fecha de la convocatoria hasta el centésimo día posterior a la celebración de las elecciones, la Comisión Central y las Juntas Provinciales velarán por el cumplimiento de las normas establecidas en los artículos anteriores. A estos efectos, la Comisión Central podrá recabar la colaboración del Tribunal de Cuentas.

2. La Comisión Central y las Juntas Provinciales podrán recabar en todo momento de las entidades bancarias y de las Cajas de Ahorro el estado de las cuentas electorales, números e identidad de los impositores y cuantos extremos estimen precisos para el cumplimiento de su función fiscalizadora.

3. Asimismo podrán recabar de los administradores electorales las informaciones contables que consideren necesarias y deberán resolver por escrito las consultas que éstos les planteen.

4. Si de sus investigaciones resultasen indicios de conductas constitutivas de infracciones electorales, lo comunicarán al ministerio competente en materia de agricultura, ganadería y silvicultura, para el ejercicio de las acciones oportunas. Las mismas Juntas sancionarán las infracciones en esta materia, conforme a lo dispuesto en el artículo (…) de esta Ley.

5. Asimismo la Comisión Central y las Juntas Provinciales informarán al Tribunal de Cuentas de los resultados de su actividad fiscalizadora.»




Página 222


JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 288

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Un nuevo artículo 8 bis y) al referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 8 bis y). Presentación de la contabilidad electoral.

1. Entre los cien y los ciento veinticinco días posteriores a las elecciones, las organizaciones profesionales agrarias, federaciones, coaliciones o agrupaciones que hubieran alcanzado los requisitos exigidos para recibir subvenciones estatales o que hubieran solicitado adelantos con cargo a las mismas, presentan, ante el Tribunal de Cuentas, una contabilidad detallada y documentada de sus respectivos ingresos y gastos electorales.

2. La presentación se realiza por los administradores electorales de aquellas organizaciones profesionales agrarias, federaciones o coaliciones que hubieran concurrido a las elecciones.




Página 223


3. Las Entidades financieras de cualquier tipo que hubieran concedido crédito a aquellas organizaciones profesionales agrarias y asociaciones mencionados en el párrafo primero envían noticia detallada de los mismos al Tribunal de Cuentas, dentro del plazo referido en aquel párrafo.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 289

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Un nuevo artículo 8 bis z) al referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 8 bis z). Intervención del Tribunal de Cuentas.

1. El Tribunal de Cuentas puede, en el plazo de treinta días, a partir de lo señalado en el apartado 1 del artículo anterior, recabar de todos los que vienen obligados a presentar contabilidades e informes, conforme al artículo anterior, las aclaraciones y documentos suplementarios que estime necesarios.




Página 224


2. Dentro de los doscientos días posteriores a las elecciones, el Tribunal de cuentas se pronuncia, en el ejercicio de su función fiscalizadora, sobre la regularidad de las contabilidades electorales, y en el caso de que se hubiesen apreciado irregularidades en dicha contabilidad o violaciones de las restricciones establecidas en materia de ingresos y gastos electorales, puede proponer la no adjudicación o reducción de la subvención estatal a la organización profesional agraria, federación, coalición de que se trate.

3. El Tribunal, dentro del mismo plazo, remite el resultado de su fiscalización mediante informe razonado, comprensivo de la declaración del importe de los gastos regulares justificados por cada organización profesional agraria, federación, coalición, asociación o agrupación de electores y al ministerio competente en materia de agricultura, ganadería y silvicultura.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 290

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.




Página 225


Un nuevo artículo 8 ter al referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 8 ter. Función pública relacionada con las elecciones.

1. A los efectos de este Capítulo son funcionarios públicos los que tengan esta consideración según el Código Penal, quienes desempeñen alguna función pública relacionada con las elecciones, y en particular los Presidentes y Vocales de la Comisión Central y las Juntas Provinciales, los Presidentes, Vocales e Interventores de las Mesas Electorales y los correspondientes suplentes.

2. A los mismos efectos tienen la consideración de documentos oficiales, el censo y sus copias autorizadas, las Actas, listas, certificaciones, talones o credenciales de nombramiento de quienes hayan de intervenir en el proceso electoral y cuantos emanen de personas a quienes la presente Ley encargue su expedición.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 291

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. Apartado nuevo.




Página 226


ENMIENDA

De adición.

Un nuevo artículo 8 quáter al referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 8 quáter. Infracciones electorales muy graves.

Se considerará infracciones electorales muy graves:

1. Los funcionarios públicos que procedan a:

a) Alterar sin autorización las fechas, horas o lugares en que deba celebrarse cualquier acto electoral incluso de carácter preparatorio, o anunciar su celebración de forma que pueda inducir a error a los electores.

b) Omitir o anotar de manera que induzca a error sobre su autenticidad los nombres de los votantes en cualquier acto electoral.

c) Cambiar, ocultar o alterar, de cualquier manera, el sobre o papeleta electoral que el elector entregue al ejercitar su derecho.

d) Realizar con inexactitud el recuento de electores en actos referentes a la formación o rectificación del Censo, o en las operaciones de votación y escrutinio.

e) Efectuar proclamación indebida de personas.

f) Faltar a la verdad en manifestaciones verbales que hayan de realizarse en algún acto electoral, por mandato de esta Ley.

g) Consentir, pudiendo evitarlo, que alguien vote dos o más veces o lo haga sin capacidad legal, o no formular la correspondiente protesta.

h) Imprimir, confeccionar o utilizar papeletas o sobres electorales con infracción de las normas establecidas.

i) Incumplir las obligaciones relativas a certificaciones en materia de subvenciones por gastos electorales previstas en esta Ley.

j) Cometer cualquier otra falsedad en materia electoral, análoga a las anteriores.

k) Usen de sus competencias para los fines señalados en las letras d), e) y f) del punto 2 del siguiente artículo (infracciones graves de los no funcionarios).

2. Los administradores electorales de las organizaciones profesionales, federaciones, coaliciones, así como las personas autorizadas a disponer de las cuentas electorales que:

a) Falseen las cuentas, reflejando u omitiendo indebidamente en las mismas aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables.

b) Se apropien o distraigan fondos para fines distintos de los contemplados en esta Ley.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades




Página 227


públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 292

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Un nuevo artículo 8 quinquies al referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 8 quinquies. Infracciones electorales graves.

Se considerará infracciones electorales graves:

1. Los funcionarios públicos que:

a) Incumplan las normas legalmente establecidas para la formación, conservación y exhibición al público del censo electoral.

b) Incumplan las normas legalmente establecidas para la constitución de la Comisión Central y las Juntas Provinciales y Mesas Electorales, así como para las votaciones, acuerdos y escrutinios que éstas deban realizar.

c) No extiendan las actas, certificaciones, notificaciones y demás documentos electorales en la forma y momentos previstos por la Ley.

d) Susciten, sin motivo racional, dudas sobre la identidad de una persona o la entidad de sus derechos.

e) Suspendan, sin causa justificada, cualquier acto electoral.

f) Nieguen, dificulten o retrasen indebidamente la admisión, curso o resolución de las protestas o reclamaciones de las personas que legalmente estén legitimadas para hacerlas, o no dejen de ellas la debida constancia documental.

g) Causen, en el ejercicio de sus competencias, manifiesto perjuicio a un candidato.

h) Incumplan los trámites establecidos para el voto por correspondencia.

2. Las personas no consideradas como funcionarios que:

a) Vulnere los trámites establecidos para el voto por correo.




Página 228


b) Participe en alguna de las falsedades señaladas en el artículo (infracciones muy graves para funcionarios).

c) Voten dos o más veces en la misma elección o quienes voten sin capacidad para hacerlo.

d) Por medio de recompensa, dádivas, remuneraciones o promesas de las mismas, soliciten directa o indirectamente el voto de algún elector, o le induzcan a la abstención.

e) Con violencia o intimidación presionen sobre los electores para que no usen de su derecho, lo ejerciten contra su voluntad o descubran el secreto de voto.

f) Impidan o dificulten injustificadamente la entrada, salida o permanencia de los electores, interventores y notarios en los lugares en los que se realicen actos del procedimiento electoral.

g) Perturben gravemente el orden en cualquier acto electoral.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 293

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.




Página 229


Un nuevo artículo 8 sexies al referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 8 sexies. Infracciones electorales leves.

Se considerará infracciones electorales leves que:

a) El Presidente y los Vocales de las Mesas Electorales así como sus respectivos suplentes que dejen de concurrir o desempeñar sus funciones, las abandonen sin causa legítima o incumplan sin causa justificada las obligaciones de excusa o aviso previo que les impone esta Ley.

b) lleven a cabo alguno de los actos siguientes:

i) Realizar actos de propaganda una vez finalizado el plazo de la campaña electoral.

ii) Infringir las normas legales en materia de carteles electorales y espacios reservados de los mismos, así como las normas relativas a las reuniones y otros actos públicos de propaganda electoral.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 294

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8. Apartado nuevo.




Página 230


ENMIENDA

De adición.

Un nuevo artículo 8 septies al referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 8 septies. Sanciones a las infracciones electorales.

Las sanciones aplicables a las infracciones electorales serán las siguientes:

a) Infracciones muy graves: sanción de 3.000 a 30.000 euros.

b) Infracciones graves: sanción de 300 a 3.000 euros.

c) Infracciones leves: sanción de 100 a 1.000 euros.»

JUSTIFICACIÓN

En el párrafo décimo de la exposición de motivos del proyecto de Ley, se afirma que por no elegir una lista de personas, no se trata de un proceso electoral, esta afirmación es del todo incorrecta, ya que electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones, cabe recordar que el artículo 4 del proyecto de Ley define los electores que tendrán derecho a participar en la consulta y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir que OPA les va a representar a cada uno de ellos.

Además cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Española dota de relevancia constitucional específica a las asociaciones empresariales, en este caso a las que cumplan la condición de ser OPA, en su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; así como, que España, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1 de la Constitución Española, tiene válidamente celebrado y publicado oficialmente el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el cual en su artículo 3 establece que las organizaciones de empleadores (en España asociaciones empresariales de acuerdo con la Ley 19/1977) tienen derecho de formular su programa de acción y las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La formulación del programa de acción de las OPA ante la Administración General del Estado, viene estrechamente ligado a las elecciones que regula el anteproyecto de Ley.

Otra cosa muy distinta, es que el MAGRAMA y el Gobierno, por distintas razones, no quiera o no considere oportuno usar para regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las OPA mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, pero en ese caso debe regular por ley una consulta con garantías similares, lo que en el proyecto de Ley no se cumple, ya que es esencial que se regulen aspectos y preceptos sobre una campaña electoral, la propaganda y actos de campaña electoral, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones electorales e infracciones electorales.

El proceso electoral de consulta que regula el proyecto de Ley debe incorporar la regulación de los gastos y subvenciones electorales, ya que es clave que los electores puedan conocer que OPA y con qué programa se presentan, así como acotar y hacer transparentes dichos gastos. Dichas previsiones deben incorporar que la tarifa de correos sea la de envío electoral, lo que permitiría minimizar el coste de la campaña electoral a cargo de las OPA que concurran a las elecciones.

ENMIENDA NÚM. 295

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 13.

ENMIENDA

De modificación.




Página 231


Redacción que se propone:

«Artículo 13. Creación y naturaleza del Consejo Agrario.

Se crea el Consejo Agrario como órgano colegiado de carácter consultivo y de concertación adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la finalidad de asesorar a la Administración General del Estado en las cuestiones de interés general agrario y rural.»

JUSTIFICACIÓN

Como ya hemos manifestado en anteriores enmiendas el proyecto de Ley se olvida de la concertación de las políticas públicas, naturaleza y función que debería incorporarse al Consejo Agrario.

ENMIENDA NÚM. 296

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 14. 1. b.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

«Artículo 14. Funciones.

b) Conocer, informar y concertar sobre las medidas de la política agrícola común y estatal que sean sometidas a su consideración.»

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia con enmiendas anteriores en las que hemos manifestado la necesidad de incluir la concertación de las políticas públicas entre las funciones del Consejo Agrario.

ENMIENDA NÚM. 297

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 15. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Un apartado 7 al artículo 15 del referido texto.

Redacción que se propone:

«Artículo 15. Composición.

7. En el caso de coincidencia del proceso de consulta regulado en la presente Ley con un proceso electoral de los regulados mediante la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General,




Página 232


se aplazará el proceso de consulta entre un mes y, como máximo, dos meses, quedando automáticamente prorrogado por dicho plazo el mandato de los consejeros.»

JUSTIFICACIÓN

Se considera oportuno regular que en el caso tasado de coincidencia del nuevo proceso electoral de consulta con un proceso electoral de los regulados por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, se prevea dejar un plazo prudente de separación entre un proceso y otro, pero que si no se vuelve a convocar la consulta, tanto los resultados de las OPA, como el mandato de los consejeros debe caducar, ya que la libertad democrática de escoger a la OPA que representa a los electores es un derecho fundamental y mantener un mandato caducado más allá del período previamente establecido en la Ley conculca dicho derecho.

De esta forma en aquellas comunidades autónomas donde ellas mismas se responsabilicen de llevar a cabo los procesos electorales, el MAGRAMA no tendrá que organizar, ni sufragar el proceso electoral, más allá de facilitar a la oficina del censo electoral autonómica los datos de los electores; las organizaciones profesionales agrarias no tendrán que concurrir a varios procesos electorales para medir su representatividad, en caso contrario como mínimo se verán doblados los costes a soportar.

ENMIENDA NÚM. 298

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional quinta.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

«Disposición adicional quinta. Fecha límite de celebración de la primera consulta.

La primera consulta se celebrará en el plazo de nueve meses desde la entrada en vigor de la presente ley.»

JUSTIFICACIÓN

A pesar que valoramos positivamente la incorporación en el proyecto de ley una fecha límite para la celebración de la consulta, este olvida establecer que el plazo debe ser el máximo y, por otro lado, dieciocho meses desde la entrada en vigor del proyecto de ley aplaza la consulta hasta inicios del 2016, incluso más allá de la actual legislatura, lo que nos parece del todo desproporcionado e inaceptable, ya que su entrada en vigor, de acuerdo con la Disposición final cuarta del mismo proyecto de ley, será en julio o agosto del 2014.

Además en 2015 habrá dos contiendas electorales generales, las municipales y autonómicas en mayo y a finales de año las elecciones generales, por lo que nos parece razonable no establecer una fecha límite de celebración de la primera consulta más allá de los 9 meses, evitando tanto las contiendas electorales generales, como el verano por la máxima dedicación a labores profesionales en el período estival.




Página 233


ENMIENDA NÚM. 299

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

«Disposición adicional (nueva) XXX. Datos de la Tesorería de la Seguridad Social.

Las comunidades autónomas que regulen y celebren procesos electorales en el ámbito agrícola, ganadero y forestal para la participación en órganos y entidades consultivos autonómicos estarán habilitadas para recabar de oficio la colaboración de la Tesorería de la Seguridad Social para obtener los datos de las personas físicas afiliadas a la Seguridad Social y en alta como trabajadores agrarios por cuenta propia en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.»

JUSTIFICACIÓN

La derogación de la Ley 10/2009 supone imposibilitar a las comunidades autónomas obtener, con fines electorales para medir la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en su ámbito, los datos de las personas físicas que están afiliadas a la Seguridad Social por cuenta propia como consecuencia de sus actividades agrarias, ya que la Tesorería de la Seguridad Social debe tener en una disposición con rango de ley estatal la obligación de facilitar a las comunidades autónomas dichos datos, en caso contrario la legislación autonómica, por no ser competente, no puede obligar a la Tesorería de la Seguridad Social a facilitarlos, a la vez que pueden surgir dudas sobre si se respeta lo establecido en la letra a) del apartado 3 del artículo 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

ENMIENDA NÚM. 300

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria única.

ENMIENDA

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

En consonancia con lo descrito en la exposición de motivos del proyecto de Ley, considera que prever la continuación de las funciones del Comité Asesor Agrario más allá de la entrada en vigor de la nueva Ley, es una previsión contraria a lo establecido en el Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, en este sentido cabe recodar que la no discriminación y libertad de asociación regulados por los artículos 14 y 22 de la Constitución Española, los cuales por mandato del artículo 10.2 CE, los preceptos constitucionales que reconocen los derechos de igualdad y no discriminación y de libre asociación, 14 y 22 CE respectivamente, deben ser interpretados de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Tratados y los Acuerdos Internacionales sobre estas materias ratificados por España.




Página 234


El origen del concepto de «más representativo» viene del artículo 3.5 de la Constitución de la OIT, de la cual España es miembro. El Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT ha establecido sobre la determinación de la condición de más representativo que:

i) Los criterios en que se inspire la distinción entre organizaciones más o menos representativas tienen que ser de carácter objetivo y fundarse en elementos que no ofrezcan posibilidad de parcialidad o abuso.

ii) Deben existir en la legislación criterios objetivos, precisos y previamente establecidos para determinar la representatividad de una organización profesional agraria, ya que dicha apreciación no puede dejarse a la discreción de los gobiernos.

Es del todo evidente la falta de objetividad y proporcionalidad en el establecimiento de que sine díe se mantenga el Comité Asesor Agrario, ya que de entrar en vigor los preceptos del proyecto de Ley y no celebrarse la consulta que regula, con lo que no se reuniría nunca el nuevo Consejo Agrario, el Comité Asesor Agrario estaría en funciones transitorias por tiempo indefinido, lo que es incluso contradictorio con la exposición de motivos del anteproyecto de Ley a consulta. También es evidente que dicho criterio del proyecto de Ley es contrario a los criterios que el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT, al relegarse la determinación de los criterios de representatividad a la discreción del Gobierno del Estado al convocar o no el proceso electoral de consulta y mantener sine díe el Comité Asesor Agrario.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 12 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario.

Palacio del Senado, 8 de mayo de 2014.—El Portavoz Adjunto, Antolín Sanz Pérez.

ENMIENDA NÚM. 301

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Preámbulo.

ENMIENDA

De modificación.

El párrafo 8 del preámbulo de la ley queda redactado en los siguientes términos:

«En cuanto a las personas jurídicas, el censo incluirá a las sociedades civiles y mercantiles cuyo objeto social único y exclusivo sea la actividad agraria y que acrediten una facturación mínima de 10.000 ¤ en, al menos, uno de los dos ejercicios previos al de la convocatoria para la celebración de la consulta.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica legislativa, incluyendo las sociedades civiles, de acuerdo con la nueva redacción del artículo 6.5.a).

ENMIENDA NÚM. 302

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 4. 4.




Página 235


ENMIENDA

De modificación.

El apartado 4 del artículo 4 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 4. Electores.

1. …

2. …

3. …

4. La participación de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A. en la consulta, en su calidad de operador designado para la prestación del servicio postal universal, se regulará a través del correspondiente convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el citado operador, en el que se establecerán las obligaciones de servicio público que se impongan al mismo para salvaguardar el normal desarrollo del proceso de consulta y la correspondiente compensación.

5. …»

JUSTIFICACIÓN

El procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias elegido es la consulta, y no un proceso electoral.

En consonancia con todo el texto legislativo se propone eliminar la referencia a un «proceso electoral», como mejora técnica legislativa del texto.

ENMIENDA NÚM. 303

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 6.

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 6 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 6. Censo.

1. ….

2. …..

3. ……

4. ……

5. …..

6. El censo provisional elaborado de oficio se cerrará un mes antes de la fecha de publicación en el BOE de la orden de convocatoria de la consulta y se publicará en los tablones de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y de los Ayuntamientos a fin de que se puedan comprobar las inscripciones y presentar las reclamaciones oportunas en el plazo de un mes desde su publicación. Además el censo será publicado en la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con las debidas garantías a fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 10.2.

7. Las personas a que se refieren el párrafo segundo del apartado 4 y el apartado 5 que deseen ser inscritas en el censo, deberán solicitarlo a la Dirección del Censo en el plazo máximo de un mes desde la publicación del censo provisional. En el caso del apartado 4, párrafo segundo, la solicitud incluirá la declaración de ingresos y una autorización expresa para que la Dirección del Censo compruebe su




Página 236


veracidad en las bases de datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, o bien, la autorización expresa para que aquéllos se recaben de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

8. El censo definitivo se publicará a los 10 días de la fecha de inicio del proceso de consulta. Las personas que no consten inscritas en el censo y se consideren con derecho a participar en la consulta, podrán reclamar ante la Dirección del Censo, en el plazo de diez días desde su publicación. El plazo para resolver y notificar las reclamaciones será de cinco días y la resolución podrá ser recurrida en tres días ante el superior jerárquico de la Dirección del Censo, cuya resolución, que se notificará en tres días, pondrá fin a la vía administrativa.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica legislativa para adaptar los plazos establecidos en la Ley y el cronograma adjunto.

ENMIENDA NÚM. 304

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 7.

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 7 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 7. Organizaciones agrarias candidatas.

1. Las organizaciones agrarias que se presenten a la consulta deberán tener ámbito nacional y cumplir los requisitos del artículo 1.

Aportarán, con la candidatura, la inscripción en el registro público competente, los estatutos de la organización, los acuerdos de integración de coalición en su caso, con otras organizaciones agrarias, el nombre del responsable de la candidatura y la dirección a efectos de notificaciones, que se podrán realizar mediante correo electrónico.

2. Las organizaciones agrarias que participen en la consulta, a pesar de tener ámbito nacional, se podrán presentar mediante las siglas de organizaciones de menor ámbito territorial, no inferior a la provincia, que estén integradas en ellas, siempre y cuando aparezca también el nombre completo o la sigla de la correspondiente organización profesional agraria de ámbito nacional en la que se integra.

3. Las organizaciones agrarias que deseen concurrir a esta consulta deberán presentar sus candidaturas en el plazo máximo de diez días desde la fecha de inicio del proceso de consulta establecido en la orden de convocatoria. En el plazo de siete días la Comisión Central notificará las candidaturas admitidas y las inadmitidas. Los representantes de las candidaturas podrán interponer recurso ante la Comisión Central en el plazo de diez días desde que reciban la notificación, reclamación que será resuelta y notificada en el plazo de siete días.

4. La publicación de las candidaturas admitidas se verificará en el plazo de cuarenta días desde la fecha de inicio del proceso de consulta establecido en la orden de convocatoria. La lista de organizaciones agrarias candidatas se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» ordenadas por provincias con el nombre completo y sus siglas. Contra esta publicación podrán interponerse los recursos ordinarios que procedan.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica legislativa para adaptar los plazos establecidos en la Ley y el cronograma adjunto.

El órgano responsable de admitir o no las candidaturas debe ser la Comisión Central, y no la dirección del censo.




Página 237


ENMIENDA NÚM. 305

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 8.

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 8 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 8. Organización de la consulta.

1. El titular del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente convocará, mediante orden ministerial, la consulta para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias que se celebrará a los cincuenta y siete días de la fecha de inicio de la consulta, de acuerdo con el cronograma que se adjunta en el anexo.

2. Se crea una Comisión Central y en cada Delegación del Gobierno o Subdelegación del Gobierno, una Junta Provincial encargada de la constitución y funcionamiento de las Mesas y transmisión de los resultados, formada por el personal que designe la Comisión Central.

3. La Comisión Central velará por el correcto desarrollo de la consulta, resolverá las reclamaciones, interpretará las normas que regulan la consulta y dictará instrucciones para su cumplimiento por los órganos que participan en el desarrollo del proceso de consulta.

Estará presidida por el titular de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y actuará de secretario el titular de la Secretaría General Técnica del Ministerio. Formarán parte de la Comisión los titulares de la Dirección General de Servicios y la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, así como el Abogado del Estado del Departamento.

4. Las Juntas Provinciales son responsables de la coordinación del proceso de consulta en su territorio, de aplicar los criterios de la Comisión Central y de velar por el correcto funcionamiento de las Mesas.

Estará presidida por el Delegado o Subdelegado del Gobierno y actuará de secretario el Secretario General de la Delegación o Subdelegación. Formarán parte de cada Junta tres funcionarios nombrados por el Delegado del Gobierno.

5. Se constituirá al menos una mesa de consulta en cada capital de provincia y en cada isla que cuente con directorio insular y tantas mesas locales como sean necesarias en función del censo de la demarcación territorial, con un límite de máximo de 500 votantes por mesa. La Comisión Central publicará la relación de mesas y su ubicación a los diez días de la fecha de inicio del proceso de consulta establecido en la convocatoria.

Las mesas estarán formadas por seis vocales menores de sesenta y cinco años, tres titulares y tres suplentes, seleccionados aleatoriamente entre los que se encuentren inscritos en el censo de la Mesa. Entre los vocales se designará un presidente. El representante de cada candidatura podrá designar un interventor por cada mesa, con voz y sin voto, entre los inscritos en el censo de la Mesa diez días antes de la votación.

6. Cada Mesa dispondrá de un censo de electores con derecho de voto ordenado alfabéticamente, en el que constarán los electores que han hecho uso del voto por correo. En cada Mesa existirá un número de papeletas al menos igual a su censo. El modelo de papeleta será único, adaptado a las candidaturas provinciales y será aprobado por la Comisión Central.

7. El día de la consulta se constituirán las Mesas a las 8:00 horas en los lugares dispuestos para ello, levantando acta de este hecho y las circunstancias que se hayan producido. Las Mesas permanecerán abiertas desde las 8:00 horas hasta las 20:00 horas.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica, por error de redacción, en lugar de «celebrarán» se deja «celebrará» en el apartado 1 del artículo 8.




Página 238


Queda establecido qué cargos serán los responsables y qué funciones tendrán cada uno, evitando identificar los cargos en función de quienes los ocupan en la actualidad.

Así mismo se establece un límite de 500 votantes para cada mesa, que es el que se estima como máximo para poder realizar la votación simultánea en un solo día. Se elimina la referencia a urnas.

ENMIENDA NÚM. 306

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 9.

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 9 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 9. Escrutinio.

El escrutinio en las Mesas de consulta se llevará a cabo una vez terminada la votación presencial, de los miembros de la Mesa y los interventores, mediante el siguiente procedimiento:

a) La Junta Provincial entregará los votos recibidos por correo al presidente de la Mesa, que procederá a introducir en la urna los sobres que contengan las papeletas de voto remitidas, verificando antes la existencia de la certificación que debe acompañar a cada una, que el elector se halla inscrito en el censo y que no ha votado de forma presencial, en cuyo caso se anulará el voto por correo, anotándose todas estas circunstancias en acta.

b) Se abrirá cada urna y comenzará el escrutinio público, extrayendo una a una las papeletas y leyendo en alta voz el nombre de las candidaturas votadas. El presidente pondrá de manifiesto cada papeleta a los vocales e interventores una vez leída y preguntará si hay alguna observación o reclamación, resolviéndolas por mayoría, si las hubiera.

c) Hecho el recuento de votos se confrontará el número total de papeletas con el de votantes contados, se anotarán en acta los resultados, todas las incidencias y las reclamaciones sobre el escrutinio, si las hubiera.

d) Finalizadas estas operaciones el presidente anunciará en voz alta su resultado, especificando el número de personas censadas, el número de votantes, el de papeletas válidas, el de papeletas nulas, el de papeletas en blanco y el de votos obtenidos por cada candidatura.

Las papeletas se destruirán en presencia de los asistentes con excepción de aquellas a las que se hubiera negado validez o que hubieran sido objeto de alguna reclamación, las cuales se unirán al acta.

e) El presidente de la Mesa y todos los miembros firmarán el acta de la sesión que junto al acta de constitución, se introducirá en un sobre con la documentación que proceda, siendo firmado por el presidente y los Interventores. Esta documentación se entregará a continuación al responsable de la Junta Provincial, que la trasladará a la Comisión Central.

f) El escrutinio general se realizará el tercer día siguiente al de la votación por la Comisión Central. Los representantes de las candidaturas disponen de un plazo de tres días para presentar las reclamaciones, que sólo podrán referirse a lo recogido en las actas de constitución y sesión de las Mesas. La Comisión Central resolverá sobre las mismas en el plazo de diez días y proclamará los resultados.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica legislativa. Se añade en el apartado f) «de las candidaturas», para una mejor comprensión del texto.




Página 239


ENMIENDA NÚM. 307

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 15.

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 15 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 15. Composición.

1. El Consejo Agrario se compone de diez consejeros nombrados por el titular del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a propuesta de las organizaciones agrarias más representativas, de acuerdo con los resultados obtenidos en la consulta.

2. El Presidente del pleno del Consejo Agrario será el titular del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que podrá ser substituido por el titular de un órgano directivo, con al menos rango de Subsecretario, del Ministerio designado por aquél.

3. Actuará como secretario un funcionario, con rango al menos de Subdirector General, designado por el titular del Departamento, que actuará con voz pero sin voto.

4. Podrán asistir al Consejo Agrario expertos en los asuntos objeto del orden del día, así como técnicos y funcionarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente o de otros Ministerios a solicitud del presidente, que actuarán con voz pero sin voto.

5. El mandato de los consejeros tendrá una duración de cinco años. Las organizaciones agrarias podrán proponer al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la substitución de los consejeros que las representen en cualquier momento de la vigencia de su mandato.

6. El mandato de los consejeros se entenderá en funciones desde la celebración de la nueva consulta hasta el nombramiento de los nuevos consejeros, que deberá hacerse en un plazo máximo de dos meses desde el día de celebración de la consulta.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica legislativa. Quedan establecidos los cargos que serán los responsables y qué funciones tendrán cada uno, evitando identificar los cargos en función de quien lo ocupa en la actualidad.

ENMIENDA NÚM. 308

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 20.

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 20 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 20. Disposiciones generales.

1. La Comisión Central será competente para imponer las sanciones previstas en el presente capítulo.

2. La Junta Provincial del lugar de comisión de la infracción será la competente para instruir el procedimiento.

3. Son sujetos responsables los miembros de los órganos que crea esta norma y los Presidentes, Vocales e Interventores de las Mesas, así como sus suplentes, y las autoridades y funcionarios y cualesquiera otras personas que cometieran alguna de las conductas tipificadas en el presente capítulo.




Página 240


4. Las infracciones reguladas en esta Ley prescribirán transcurrido un año desde el día en que se hubieran cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador. El plazo de prescripción volverá a correr si el expediente sancionador estuviere paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

5. Cuando la infracción pudiera ser constitutiva de ilícito penal, la Administración instructora lo pondrá en conocimiento del órgano jurisdiccional competente, suspendiéndose la tramitación del procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no hubiera dictado sentencia firme o resolución que ponga fin al proceso.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica legislativa. Se elimina la referencia a mesas electorales y se sustituye por mesas de consulta, ya que no se trata de un proceso electoral, en consonancia con el resto del texto legislativo.

ENMIENDA NÚM. 309

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Capítulo nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la inclusión de un nuevo capítulo en la norma:

«CAPÍTULO IV

Consejo Agroalimentario del Estado

Artículo 24. Naturaleza y adscripción.

1. Se crea el Consejo Agroalimentario del Estado como órgano colegiado de carácter consultivo, con la finalidad de asesorar a la Administración General del Estado en los aspectos relacionados con la política agraria y alimentaria.

2. El Consejo estará adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de su titular, como órgano consultivo y de participación de las asociaciones y organizaciones representativas de los diferentes operadores de la cadena alimentaria.

Artículo 25. Funciones.

Corresponden al Consejo las siguientes funciones:

a) Conocer e informar los asuntos que su Presidente someta a su consideración.

b) Asesorar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en la definición de objetivos y políticas para el desarrollo y la mejora de la competitividad del sector agrario y alimentario. Tomar conocimiento de esos objetivos y políticas del citado Ministerio.

c) Ser informado del resultado de las actividades desarrolladas por los diferentes grupos de trabajo que, en el ámbito del departamento, realizan su actividad sobre cuestiones relacionadas con la cadena alimentaria.

Artículo 26. Composición y funcionamiento.

La composición, y el funcionamiento del Consejo Agroalimentario del Estado se determinará reglamentariamente asegurando en su composición la inclusión de las organizaciones y asociaciones más representativas de los sectores de la producción y las cooperativas, la industria y los trabajadores del




Página 241


sector agroalimentario, la distribución y los consumidores. También formarán parte del Consejo representantes de los departamentos ministeriales con competencias en aspectos relacionados con la cadena alimentaria.

El funcionamiento del Consejo no supondrá incremento del gasto público y será atendido con los medios materiales y de personal existentes en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.»

JUSTIFICACIÓN

La Ley 10/2009, de 20 de octubre, de creación de órganos consultivos del Estado, que será sustituida por esta nueva Ley, contemplaba la creación del «Comité Asesor Agrario», que en el nuevo texto de la Ley pasa a denominarse «Consejo Agrario», y del «Consejo Agroalimentario del Estado».

Mediante esta enmienda se pretende evitar la desaparición del citado «Consejo Agroalimentario del Estado» que, por un error, no había sido incluido en el texto del proyecto de ley, a la vez que se quiere reforzar su capacidad de coordinación sobre otros grupos de trabajo de carácter técnico que vienen operado en el Departamento, razón por la cual se redefinen sus funciones.

La razón de ser de este Consejo Agroalimentario es el servir como foro de ámbito político para analizar y debatir los asuntos agroalimentarios, bajo un esquema de cadena de suministro globalmente considerada. Este enfoque global queda claramente reflejado en sus componentes, ya que se integran en el mismo los principales responsables de las organizaciones representativas de los productores primarios y de las cooperativas, de la industria alimentaria, de la distribución y de los consumidores, además de los representantes designados por otros Departamentos Ministeriales con competencias en el ámbito de la alimentación y el comercio alimentario.

Cada vez más el diseño de las políticas agrarias y la solución de los problemas sectoriales deben llevarse a cabo teniendo presente el conjunto de las relaciones e intereses de los operadores que intervienen a lo largo de las cadenas de suministro. Trabajando de esta manera se puede contribuir a garantizar un valor añadido sostenible para dichos operadores, a la vez que favorece el aumento de su competitividad global y el beneficio de los consumidores. A lo que debe añadirse el impacto que se puede lograr sobre la garantía de la unidad de mercado, fundamental para que el sector agroalimentario pueda desarrollarse plenamente y desplegar todo su potencial.

Tomando en consideración que un adecuado desarrollo de los procesos de información y consulta constituye un apoyo fundamental para el logro de los objetivos de las políticas sectoriales, se propone la creación del «Consejo Agroalimentario del Estado», como un órgano de carácter consultivo con la finalidad de debatir las grandes orientaciones de la política agroalimentaria desde una perspectiva integral de cadena y con una visión amplia de las interrelaciones que se producen a lo largo de la misma.

ENMIENDA NÚM. 310

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional quinta.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la disposición adicional quinta de la ley que queda redactada de la siguiente forma:

«Disposición adicional quinta. Fecha límite de celebración de la primera consulta.

La primera consulta se convocará en el plazo de dieciocho meses desde la entrada en vigor del reglamento de desarrollo de la presente Ley.»




Página 242


JUSTIFICACIÓN

Garantizar la correcta ejecución y desarrollo de las disposiciones previstas en la ley de acuerdo con los escenarios presupuestarios y de gestión necesarios al efecto.

ENMIENDA NÚM. 311

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria única.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la disposición transitoria única de la ley.

«Disposición transitoria única. Comité Asesor Agrario y representatividad.

1. El Comité Asesor Agrario creado por la Ley 10/2009, de 20 de octubre, de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias, continuará existiendo, con la misma composición y las mismas funciones, hasta que se constituya el Consejo Agrario, lo que se verificará en el plazo máximo de seis meses desde que tenga lugar el escrutinio.

2. Hasta la proclamación de los resultados de la primera consulta que se celebre al amparo de esta ley mantendrán su condición de organizaciones profesionales agrarias más representativas aquéllas que la tuvieran reconocida al amparo de la Ley 10/2009, de 20 de octubre.»

JUSTIFICACIÓN

Garantizar la correcta ejecución y desarrollo de las disposiciones previstas en la ley de acuerdo con los escenarios presupuestarios y de gestión necesarios al efecto.

ENMIENDA NÚM. 312

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Anexo.

ENMIENDA

De modificación.

Al cronograma de la consulta del Anexo.

El cronograma del anexo queda redactado en los siguientes términos:

Fecha PLAZO
D Día de inicio del proceso de consulta que especifique la convocatoria
D+3 Constitución de la Comisión Central
D+7 Constitución de las Juntas Provinciales
D+10 Publicación de la relación de Mesas



Página 243


Fecha PLAZO
D+10 Publicación del censo definitivo
D+10 Final de presentación de candidaturas
D+14 Reclamaciones contra la delimitación de mesas
D+17 Notificación de no admisión de candidatura
D+20 Final de reclamaciones contra el censo
D+20 Final de presentación de autorización AEAT
D+25 Notificación de las reclamaciones contra el censo
D+27 Final del plazo de reclamaciones contra la inadmisión de candidaturas
D+28 Recurso contra las resoluciones sobre el censo
D+31 Notificación de las resoluciones de recursos sobre el censo
D+34 Resolución recursos de inadmisión de candidaturas
D+35 Resolución de reclamaciones contra el censo
D+35 Final del plazo para solicitar voto por correo
D+40 Publicación de las candidaturas admitidas
D+47 Final plazo para remitir la documentación para votar por correo
D+47 Fin del plazo para designar interventores
D+56 Último día para la recepción del voto por correo
D+57 Votación. Día de celebración de la consulta.
D+60 Escrutinio general
D+63 Reclamaciones al escrutinio
D+73 Resolución de reclamaciones al escrutinio

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica legislativa.


Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal