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BOCG. Senado, apartado I, núm. 429-2902, de 04/11/2014
cve: BOCG_D_10_429_2902
 





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I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades.

(621/000092)

(Cong. Diputados, Serie A, núm. 108


Núm. exp. 121/000110)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Palacio del Senado, 29 de octubre de 2014.—Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 1

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

Los Senadores que formulamos la presente Propuesta de Veto lo hacemos como impugnación del conjunto de la política fiscal del Gobierno.

El Gobierno ha planteado una reforma integral del sistema tributario se ha articulado a través de tres Proyectos de Ley cuya tramitación en el Senado es simultánea y ante los que, coherentemente, formulamos las respectivas propuestas de Veto, que comparten un mismo hilo conductor y argumental, toda vez que carece de sentido intentar hacer una consideración de manera aislada o desarticulada de cualquiera de ellos, puesto que forman un conjunto que refleja una única voluntad político-legislativa, la de reformar el sistema tributario español para favorecer a las grandes empresas y a las rentas más altas, en perjuicio de los intereses generales y, en particular, de las rentas más bajas y medias.

Y se hace, además, de manera irresponsable puesto que el resultado en ningún caso garantiza la suficiencia financiera a las Administraciones Públicas para las ya muy deterioradas prestaciones y servicios propios del Estado de Bienestar que, inevitablemente, recibirá un nuevo hachazo.

Nuestra Constitución, que tanto invocan el PP y el Gobierno pero que tanto pisotean con sus políticas y su actuaciones diarias, establece que el sistema fiscal debe ser justo, inspirado en los principios de




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igualdad y progresividad, así como eficaz, para lograr la consecución del mandato del artículo 31 de la Constitución de que todos contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica.

Previamente a la aprobación de la Carta Magna, en octubre de 1977 se habían firmado los «Pactos de la Moncloa», cimiento del acuerdo social y político que significó la «modélica» Transición, incluían la figura de un Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de carácter global, personal y progresivo. Y el 8 de septiembre de 1978 se aprobó la Ley 44/1978 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con una importante progresividad aunque los elevados niveles de fraude devaluaran su eficicacia.

Pues bien, el proyecto de Ley que motiva este veto infringe directamente el mandato constitucional y se aleja cada vez más de los compromisos de la Transición y del texto original de la Ley de 1978.

Sus medidas son injustas y desiguales ya que siguen el camino de destrucción de la progresividad fiscal (pues no contribuyen más quienes tienen más capacidad económica) y, en su injusticia, son también ineficaces pues no garantizan un aumento de la recaudación ni ayudan a salir de la crisis económica en la que nos encontramos.

No es cierto que la crisis se haya acabado. Por ello, lo necesario hubiera sido que el Gobierno acometiera una reforma fiscal que ayudase a la recuperación económica, la creación de empleo y a una mayor justicia social. Nada de esto hay: las medidas son ineficaces y muy injustas socialmente ya que ahondan en la pérdida de progresividad que ha caracterizado a las reformas fiscales de los distintos gobiernos del PP y del PSOE, las de 1991, 1998, 2002 y 2006. En este sentido albergamos dudas fundadas de la plena constitucionalidad de esta reforma, que vacía el contenido del artículo 31 de la Constitución hasta convertirlo en un precepto puramente nominal: igualdad, justicia, progresividad, contribución de los que tienen más capacidad económica: nada de esto hay en la misma.

Desde el inicio de la crisis las condiciones sociales en España están sufriendo un deterioro cada vez más pronunciado que ha llevado a que cerca de un 25 % de la población viva en condiciones de exclusión social. La sociedad española se empobrece cada día por la caída de las rentas y el aumento de la desigualdad en su reparto, por el contrario la economía sumergida está próxima al 25 %, el 72 % del fraude fiscal tiene por origen las grandes empresas y fortunas y Hacienda sólo cobra 1 de cada 6 euros de fraude descubierto, todo ello sin tener en cuenta la elusión fiscal existente utilizando las SICAV o los paraísos fiscales aprovechando mecanismos de ingeniería financiera no ilegales.

Pero mientras sucede esto, los más ricos en España, que ingresaban 5,7 veces más que los más pobres, ahora después de 6 años de crisis ingresan 7,2 veces más y este número va en un aumento incesante. En 2012 España registró el índice más alto de la UE de desigualdad (GINI) en la distribución de ingresos. Ningún otro país industrializado ha tenido un reparto tan desigual de los costes de la crisis. El hundimiento de las rentas más bajas y los recortes de derechos y en las políticas de protección social solo han hecho que la fractura social en nuestro país se haya agravado. Por ejemplo, se da un nuevo apoyo a la banca, cuyo tipo efectivo respecto de su resultado contable está ya en un escaso 8,4 %, acumulando casi 128.000 millones de bases imponibles negativas que pueden compensar, por lo que mantener el tipo nominal en el 30 % les produce más beneficios que perjuicios fiscales.

No es extraño que con estos hechos el 87 % de los ciudadanos, según el CIS, opine que el sistema fiscal es injusto. Tienen toda la razón.

Llegados a este punto hay que recordar que la reforma fiscal presentada por el Gobierno ante esta Cámara ha contado con los trabajos previos de un grupo de expertos, presidido por el Sr. Lagares, cuyo informe no perseguía ni el aumento de la recaudación, ni la redistribución ni la reducción de la desigualdad solo pretendía instaurar el pensamiento único reaccionario neoliberal defendiendo un modelo recentralizador de fiscalidad, la necesidad de bajar impuestos y el recorte del gasto como único instrumento para obtener la consolidación fiscal, ignorando la realidad social del país, el problema del paro y del empobrecimiento de la población.

Con esos mimbres, finalmente el gobierno del PP ha optado por presentarnos una reforma fiscal que no resolverá los problemas de desigualdad e inequidad del actual modelo tributario ni de la sociedad en su conjunto, al contrario, profundizará en muchos de ellos. Y esto es así porque a nuestro juicio esta reforma parte de conceptos falsos.

El primero de ellos es que la presión fiscal en España es elevada. Sin embargo, según los datos europeos hechos públicos el 17 de junio de 2014, la presión fiscal se sitúa en el 32,5 % del PIB, una cifra verdaderamente baja. Estamos seis puntos y medio por debajo de la media europea. Si la comparación




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se hace con los países próximos al nuestro, como Italia o Francia, entonces la diferencia es abismal: más de once puntos por debajo.

La realidad es que el sistema tributario en España recauda poco y ello es debido en gran parte gracias a las distintas reformas fiscales realizadas por anteriores Gobiernos. Lo hace menos que la media de los países europeos y además de manera que el grueso de la recaudación proviene del trabajo a través del IRPF y el consumo de los ciudadanos a través del IVA y los Impuestos especiales sobre la gasolina, tabaco y alcohol —impuestos todos ellos que han sufrido subidas sensibles desde 2008— y no de las rentas del capital ni de los beneficios de las empresas. Esto es una prueba de que la estructura de recaudación fiscal española está descompensada, situación que no parece que vaya a cambiar tras esta reforma.

En segundo término, la experiencia ha demostrado que la idea de que bajar los impuestos aumenta el consumo es, como poco, discutible y nunca ha sido comprobada. Por un lado las rentas más bajas no se ven afectadas por la reforma porque no alcanzan el umbral de tributación. Las medias corresponden a familias que presentan un elevado nivel de endeudamiento y que deberán utilizar el estrecho margen de los recursos que no deberán paga como impuesto, a afrontar amortizaciones e intereses. Y las rentas altas, que tendrán una disminución significativa, mantendrán su elevado nivel de consumo, que ya podían sostener previamente y la disminución fiscal representará solo un aumento de su capacidad de ahorro y la orientación de los recursos liberados a operaciones especulativas.

El tercero es la creencia de que la pérdida de recaudación global derivada de la reforma, entre 6.700 y 9.000 millones de euros, se equilibrará con el aumento de la actividad económica. Pero esa mejora ni está ni se la espera: con un déficit del 7 % (sin contar el rescate bancario), la deuda pública en el 100 %, el compromiso con la UE de nuevos recortes, las reticencias y nuevas exigencias de la UE, etc, la bajada de salarios conducirá a una disminución añadida del IRPF y con ello al estancamiento del consumo y al descenso de la recaudación por IVA (lo que forzará previsiblemente a un nuevo aumento del impuesto, requerido por Bruselas. El desempleo continúa mostrando unas cifras escandalosamente elevadas más allá de disminuciones coyunturales. Cada vez más ciudadanos están abocados a la precariedad, con contratos temporales y a tiempo parcial, los salarios están bajando, incrementa la pobreza y las familias sin recursos. A ello hay que añadir la situación internacional que se caracteriza, entre otras cosas, por un estancamiento en las previsiones económicas de nuestros principales clientes en el exterior, tanto de la UE como de los BRICS y grandes incertidumbres en la situación geoestratégica y los suministros energéticos, a lo que hay que añadir, ahora en España, una situación al borde de la deflación, extremadamente peligrosa.

En resumidas cuentas: los asalariados, en general, y la clase trabajadora, en particular, son los que soportan —y seguirán soportando— el grueso de las aportaciones al erario público, vía IRPF (por las rentas del trabajo), IVA e impuestos especiales (sobre la gasolina, el tabaco y el alcohol). Impuestos que han subido sensiblemente desde 2008, lo que ha originado que la distribución de la presión fiscal que soportan los hogares de los asalariados españoles haya crecido de forma muy notable. Así, por ejemplo, entre 2009 y 2011 el tipo medio efectivo pasó del 19,5 % a casi el 22 %, debido principalmente a la subida del gravamen medio efectivo del IRPF al subir del 10,9 % al 12,2 %, y el del IVA del 6,2 % al 7,1 %. Esta Ley no mejorará esta situación.

Mientras tanto, han bajado las aportaciones de las grandes empresas, de sus directivos y de sus asesores, consolidando el proceso de polarización social que se ha producido en esta crisis.

Y este Proyecto de Ley del Impuesto de Sociedades refuerza esta realidad de auténtica injusticia fiscal.

Es decir: el sistema fiscal ha sido pervertido por las políticas del PP. En la actualidad no cumple las funciones que le atribuye el artículo 31 de la Constitución. Bajo el Gobierno de Rajoy se ha convertido en un instrumento de explotación de los asalariados y los pequeños empresarios, que son los que están contribuyendo casi en exclusiva al mantenimiento de los gastos generales.

De ahí que rechacemos que al reformar el Impuesto de Sociedades se suprima el límite temporal para deducir las bases imponibles negativas por ser ésta una medida que, de nuevo, sólo puede beneficiar a las grandes empresas, las únicas capaces de soportar pérdidas durante varios años. Nuestro planteamiento es que se establezca un límite temporal de diez años para dicha compensación.

Este Proyecto reduce en diez puntos el tipo de gravamen en el Impuesto de sociedades que se dedican a la investigación y explotación de hidrocarburos, como una medida más en una estrategia energética caracterizada por el desprecio a las repercusiones medioambientales. También se rebajan




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cinco puntos nominal general fijándolo en el 25 % para todas las empresas, igualándolo con el de las empresas de reducida dimensión, salvo en el caso de las entidades de crédito que tributarán al 30 % lo que, contrariamente a lo que pudiera parecer, no significa un castigo para éstas porque les evita un deterioro de activos.

El Gobierno fundamenta la reducción de tipo planteada por la necesidad de aproximar el tipo de gravamen nominal al efectivo, pero hubiera sido más razonable tomando la decisión de lograrlo incrementando el tipo efectivo. Además, en la práctica, las grandes corporaciones continuarán tributando por un tipo mucho más reducido que el nominal, por lo que planteamos que el tipo efectivo nunca pueda ser inferior al 25 %. Nuestro planteamiento pasa por al 15 % a las sociedades de inversión y establecer un tipo del 35 % para las bases imponibles que superen el millón de euros.

Por otra parte, el proyecto suprime las deducciones por inversiones medioambientales contempladas en el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, supresión que los Senadores que formulamos esta Propuesta de Veto rechazamos, ya que se trata de una herramienta eficaz para incentivar a las empresas a realizar inversiones de estas características por encima de lo que les exige la normativa. En la misma línea planteamos el reconocimiento de una deducción por gastos relacionados con la movilidad sostenible al trabajo.

También creemos que se debe prescindir de la regulación que contiene el texto del régimen especial de las Entidades de tenencia de valores extranjero por ser un mecanismo de elusión fiscal respecto a otros Estados y suponen un foco de fraude.

Y en relación a las SICAV entendemos que se debiera haber introducido una previsión para que ningún accionista pueda ser titular de más de un 5 % del capital para evitar que sigan siendo los «paraísos fiscales interiores» de las fortunas familiares.

A lo dicho, se añade que el conjunto de la reforma fiscal:

a) Es recentralizadora porque no ha contado previamente con las CCAA a la hora de diseñar las medidas pero en cambio tendrá consecuencias sobre los ingresos al disminuir tributos de recaudación parcialmente cedida. Además se incentiva nuevamente una ola de rebajas fiscales a las CCAA cuando el principal problema es el ahogo financiero y la falta de recursos para financiar los servicios públicos.

b) Aumentará la desigualdad de género ya que promueven de nuevo deducciones fiscales para las políticas familiares mientras se recortan servicios de atención a las personas, promoviendo un modelo vía incentivos económicos donde es la mujer la que se encarga de estas tareas.

c) No aborda el fraude fiscal ni la economía sumergida aumentando la desafección de la ciudadanía respecto a la responsabilidad fiscal así como la desigualdad en la contribución al sistema en función de la renta.

d) Renuncia una vez más a aplicar medidas de fiscalidad ambiental mientras promueven con sus políticas a los sectores más contaminantes y agresivos con el medio ambiente. La falta de incorporación de la fiscalidad verde agrava el componente de desigualdad del sistema porque son las grandes empresas las que externalizan los costos ambientales y para la salud de las personas en el conjunto de la sociedad.

Por tanto, cabe decir que la concepción de la reforma no responde a las verdaderas necesidades fiscales, presupuestarias, sociales y medio ambientales españolas, sino que responde más bien a un carácter electoralista y de maquillaje —que rezuma por todos sus costados— para insistir en el mensaje de la «recuperación» y que bajar impuestos es positivo.

Esta reforma está pensada para recuperar la vinculación con una base social profundamente defraudada y desmotivada desde el punto de vista electoral. Por eso el Gobierno la ha dividido en dos años, para aprovecharla como reclamo electoral en las dos convocatorias electorales próximas. Además, están apareciendo contradicciones en el seno de los sectores económicos que apoyan al Gobierno, algunos de los cuales reclaman ventajas fiscales mayores para los lobbies y grupos de interés al que cada uno se vincula.

Este carácter electoralista se refuerza aún más con el método utilizado: anuncio en el Consejo de Ministros, publicación como anteproyecto para iniciar un supuesto período de información pública, texto definitivo en julio, debate parlamentario en otoño, etc.

Frente a los contenidos del Proyecto, los Senadores que formulamos esta Propuesta de Veto estamos convencidos de que el instrumento fundamental que haría posible la creación de empleo digno y una salida de la crisis favorable a la mayoría social es una reforma fiscal justa. Exactamente lo contrario que nos trae el Gobierno.




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La política fiscal no sólo consiste en cuánto y cómo se ingresa, sino también en establecer cuánto, cómo y en qué se gasta. No se trata de subir o bajar impuestos sin más, sino de asegurar la contribución fiscal que permita resolver las necesidades sociales, sobre la base de que paguen más quien más tiene o gana. Por tanto ha de ser suficiente, progresiva y equitativa, pero esta reforma fiscal ni siquiera aborda los cambios estructurales que son precisos en el sistema tributario español y, por tanto, no corrige sus disfunciones.

En el IRPF la reducción de los tramos en las tarifas, recortando precisamente los que afectan a las rentas más altas, y las elevadas disminuciones en la imposición sobre los tramos más elevados, se comen la progresividad y limitan la capacidad recaudatoria fiscal del Estado, lo que hará que los recortes sociales y la degradación de servicios públicos se hagan estructurales y reducirá la capacidad del sector público para invertir en la economía e impulsar la recuperación económica así como una transición a un nuevo modelo productivo más sostenible y generador de empleo.

No tiene en cuenta el incremento de la desigualdad entre las rentas salariales y las rentas empresariales (que siguen subiendo a pesar de la crisis), ni el impacto que esto tendrá en términos de crecimiento de la pobreza y las desigualdades sociales o la bajada de los salarios en las cotizaciones sociales y la sostenibilidad del sistema de pensiones, así como su efecto sobre el ya de por sí muy tocado consumo interno. Tampoco se da ninguna prueba de cómo creará empleo, más allá del acto de fe de que siendo más competitivos, gracias a la reducción de los salarios, aquél se creará. Sin embargo, los datos demuestran que la caída de los costes laborales no está sirviendo para ganar en competitividad, sino para aumentar los beneficios empresariales.

El Gobierno, adicionalmente, presenta las cosas en un modelo de comunicación con resultado de confusión. En cuanto al IRPF, el argumentar sobre porcentajes para dar la impresión de que el 12 % de los ingresos más bajos es lo mismo que el 12 % de los más altos, obvia que los 11,5 millones de trabajadores y pensionistas con ingresos inferiores a 12.000 euros anuales no tendrán ninguna mejora tributaria real, pero si se verán obligados a pagar más por los servicios sociales como consecuencia de los recortes y los aumentos de la imposición indirecta. Frente a lo que dice el Gobierno, la renta disponible de las familias no mejorará. Las bajadas en los tipos para las rentas más bajas no son suficientes para compensar los retrocesos en políticas sociales y la disminución de los salarios, que han supuesto un empeoramiento en las condiciones de vida de las familias, que ahora tienen que destinar un 22 % más para gastos en educación y un 9,5 % adicional para gastos en salud.

Además se introducen algunas medidas que ya no solo es que sean discutibles, sino que producen cierta vergüenza ajena. En un país cuyo Gobierno ha echado al extranjero a miles de jóvenes muy preparados, con altísimas cualificaciones técnicas necesarias para el desarrollo del país, que ha recortado sin piedad, hasta casi secarla, la inversión en I+D+I, este Gobierno conserva, con el objetivo de atraer profesionales altamente cualificados (excepto deportistas profesionales), que los trabajadores extranjeros desplazados a España puedan tributar como no residentes a un tipo del 24 % para los primeros 600.000 euros de retribución y durante cinco períodos impositivos consecutivos. ¿Quiénes serán los principales beneficiados de esta medida?: los directivos de los fondos buitres que han caído sobre España, llamados por este Gobierno, para hacerse, a precio de saldo con las riquezas nacionales.

Frente al injusto modelo del Gobierno y del PP, los Senadores que suscribimos el Veto, al igual que hicieron en el Congreso los diputados de la Izquierda Plural opone su modelo de reforma fiscal justa y eficiente, que responde a las exigencias del artículo 31 de la Constitución, en el que se contemplan, entre muchas otras, las siguientes medidas:

Primero. Propuestas esenciales sobre los tributos actuales:

a) Acabar con la discriminación de las rentas del trabajo respecto a las rentas del capital. Tributación en la misma base imponible de las rentas del trabajo y del capital. Se integran en la tarifa general del IRPF los rendimientos del capital para mejorar la progresividad, incluyendo a las plusvalías generadas en menos de dos años (ampliable a 6 en el caso de inmuebles).

b) Modificar la Ley General Tributaria con una tipificación más rigurosa del delito fiscal, así como con la prohibición de realizar amnistías fiscales.

c) Eliminar la posibilidad de compensar pérdidas patrimoniales.

d) Reforma del sistema de módulos, limitando su uso tanto sectorial como temporalmente.

e) Derogar el régimen fiscal especial aplicable a los desplazados a territorio español.




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f) Garantizar la progresividad fiscal del IRPF: Consolidación definitiva, para las rentas más altas, de los incrementos del gravamen complementario en el IRPF. Mantenimiento de los tipos marginales altos.

g) Incorporar elementos de igualdad de género en las reformas fiscales, teniendo en cuenta el impacto sobre los modelos familiares que se promocionan por la vía fiscal y la discriminación e inequidad que suponen figuras como la declaración conjunta y que se revise los beneficios de las deducciones fiscales en función del sexo.

h) Acabar con los incentivos fiscales a colectivos con más recursos, como determinados productos de ahorro, así como los incentivos que no tienen en cuenta niveles de renta.

Segundo. Algunas medidas contra el fraude, la economía sumergida y la elusión fiscal:

a) Las medidas técnicas y legales contra el fraude deben ir acompañadas con medidas organizativas y de gestión de los recursos humanos en la administración tributaria, entre las que está la creación del Cuerpo Superior de Técnicos de Hacienda. (según los datos de la OCDE, España cuenta con un empleado de Hacienda por cada 1.928 contribuyentes, frente a los 860 de Francia, 729 de Alemania o los 551 de Luxemburgo).

b) Modificar la legislación de las Instituciones de Inversión Colectiva para evitar los notorios abusos de las sociedades de inversión de capital variable (SICAV).

Tercero. Una reforma fiscal con criterio federativo:

a) La fiscalidad federal deberá proteger la igualdad de los ciudadanos ante la ley así como garantizar la equivalencia de servicios públicos independientemente del territorio. Una fiscalidad federal basada en la autonomía fiscal, la cooperación y la solidaridad entre distintas administraciones públicas que evite la competencia fiscal para atraer, con impuestos más bajos, más industria y comercio.

b) El poder tributario deberá estar dividido en tres niveles: el Estado federal, las entidades federadas y los municipios. El papel del Senado será fundamental en materia tributaria, como Cámara de representación territorial.

c) Construir una auténtica fiscalidad municipal, lo que exige la derogación de las disposiciones legales sobre la reforma de las Administraciones Locales.

Éstas son las reformas fiscales que necesita nuestro país y no las que nos ofrecen el PP y el Gobierno cuya reforma fiscal, junto con la radical defensa de la austeridad, tendrá como principales perjudicados a las rentas más bajas, porque se reducirán los recursos públicos para hacer políticas sociales y se debilitará la red de protección que representa el ya escaso estado del bienestar, voluntad que más allá de esta reforma fiscal se reforma en lal política presupuestaria que guarda una relación directa: si en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 se estableció una previsión de beneficios fiscales por importe de 38.360,15 millones de euros, para 2015 el Proyecto de PGE los eleva a 40.719,12 millones, un 6,1 % más.

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Palacio del Senado, 29 de octubre de 2014.—Ester Capella i Farré.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 2

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

El Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades pretende abordar, junto con otros Proyectos de Ley, una reforma integral del sistema tributario español. El objetivo del Gobierno es, con esta reforma, reducir de forma generalizada la carga impositiva soportada por las empresas y avanzar en términos de




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eficiencia, equidad y neutralidad. Sin embargo, no parece que las reformas efectivamente planteadas consigan lograr dichos objetivos.

La reforma fiscal planteada por el Gobierno es poco ambiciosa, ineficiente, injusta y regresiva. En primer término, porque encamina sus esfuerzos en la reducción de los tipos impositivos y no en el aumento de la justicia social ni en la generación de empleo, la cual en toda probabilidad no se dará tras esta reforma fiscal. Además, lejos de una reforma fiscal estructural y en profundidad, que permita abordar los problemas del sistema tributario español, plantean una reforma de alcance limitado, y es que en vez de revertir hechos flagrantes, como es que la aportación fiscal al Estado por parte de las empresas haya disminuido en más de 12 puntos respecto a los primeros años de crisis económica o que, mientras la economía disminuyó un 0,5% durante el período 2007-2010, la recaudación mediante el Impuesto de Sociedades disminuyó en un 64%, se ha centrado en rebajar aún más esta aportación de las empresas. Y todo ello con fines electoralistas y a corto plazo, como demuestra el acelerado proceso de tramitación de este proyecto de ley a pocos meses de las elecciones generales.

Se trata de una reforma regresiva, que lejos de avanzar en términos de equidad, reduce mucho más la carga impositiva soportada por las grandes empresas que por unas PYMES, que se ven claramente discriminadas con esta reforma. Y es que, en sintonía con esta pérdida de progresividad, las PYMES y las grandes empresas llegarán a tributar el mismo tipo, el 17%, en efectivo.

Finalmente, se trata de una reforma absolutamente ineficiente. No logrará ninguno de sus objetivos, no se afronta el enorme problema que supone para los ingresos públicos el fraude fiscal y fía la reducción del déficit a la mejora de la situación económica y la reducción del gasto público. El Gobierno debiera plantear una verdadera reforma tributaria que dé mayor peso a los ingresos, especialmente de las empresas más grandes, e introduzca medidas de fiscalidad ambiental para acabar con el beneficio que supone para las grandes empresas el ahorro de los costos ambientales que producen y que acaban perjudicando a la sociedad, lo que otra vez los sitúa en una situación ventajosa respecto a las pequeñas y medianas empresas. Además, la reforma tributaria debiera acabar con la desigualdad entre rentas salariales y rentas empresariales que tanto daño está haciendo en la población en el dramático contexto social de la actualidad.

Por todo ello se presenta el siguiente veto al Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades.

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Palacio del Senado, 30 de octubre de 2014.—Jordi Guillot Miravet y Joan Saura Laporta.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 3

De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC)

y de don Joan Saura Laporta (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

Presentamos esta propuesta de veto por entender que, a pesar de la independencia formal de este Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades y las modificaciones que contiene respecto de los otros dos que componen esta reforma fiscal («Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias» y «Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras»), éste no puede considerarse de manera aislada o desarticulada, sino como un conjunto que refleja una única voluntad político-legislativa, de reformar el sistema tributario español para favorecer a las grandes




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empresas y a las rentas más altas, en perjuicio de los intereses generales y, en particular, de las rentas más bajas y medias. Por eso presentaremos también sendas enmiendas de totalidad a estos otros dos proyectos de ley complementarios mencionados.

Estas reformas son un juego de suma cero: ganan los grandes empresarios y las rentas más altas; perdemos todos los demás. Estamos ante un conjunto de medidas cuyo común denominador es su reaccionarismo, su electoralismo, y su deficiencia técnica, por lo que deben ser retiradas.

Nuestra Constitución, que tanto invocan el PP y el Gobierno pero que tanto pisotean con sus políticas y su actuaciones diarias, establece que el sistema fiscal debe ser justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, así como eficaz para lograr la consecución del mandato del artículo 31 de la Constitución de que todos contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica.

El proyecto de ley que nos ocupa infringe directamente el mandato constitucional. Sus medidas son injustas y desiguales ya que siguen el camino de destrucción de la progresividad fiscal (pues no contribuyen más quienes tienen más capacidad económica) y, en su injusticia, son también ineficaces pues no garantizan un aumento de la recaudación ni ayudan a salir de la crisis económica en la que nos encontramos.

Sucede que estas medidas se traen a las Cortes Generales cuando llevamos ya más de 6 años de crisis económica. En este contexto, lo necesario hubiera sido que el Gobierno acometiera una reforma fiscal que ayudase a la recuperación económica, la creación de empleo y a una mayor justicia social. Nada de esto hay: las medidas son ineficaces y muy injustas socialmente ya que ahondan en la pérdida de progresividad que ha caracterizado a las reformas fiscales de los distintos gobiernos del PP y del PSOE, desde mediados de los años 90 del siglo pasado. En este sentido existen dudas fundadas de la plena constitucionalidad de esta reforma, que vacía el contenido del artículo 31 de la Constitución hasta convertirlo en un precepto puramente nominal: igualdad, justicia, progresividad, contribución de los que tienen más capacidad económica: nada de esto hay en la misma.

Se consolida la polarización social, dando un trato favorable a las rentas del patrimonio y del capital, castigando a las rentas del trabajo.

Desde el inicio de la crisis las condiciones sociales en España están sufriendo un deterioro cada vez más pronunciado que ha llevado a que cerca de un 25% de la población viva en condiciones de exclusión social. La sociedad española se empobrece cada día por la caída de las rentas y el aumento de la desigualdad en su reparto, por el contrario la economía sumergida está próxima al 25%, el 72% del fraude fiscal tiene por origen las grandes empresas y fortunas y Hacienda sólo cobra 1 de cada 6 euros de fraude descubierto, todo ello sin tener en cuenta la elusión fiscal existente utilizando las SICAV o los paraísos fiscales aprovechando mecanismos de ingeniería financiera no ilegales.

Pero mientras sucede esto, los más ricos en España, que ingresaban 5.7 veces más que los más pobres, ahora después de 6 años de crisis ingresan 7,2 veces más y este número va en un aumento incesante. En 2012 España registró el índice más alto de la UE de desigualdad (GINI) en la distribución de ingresos. Ningún otro país industrializado ha tenido un reparto tan desigual de los costes de la crisis. El hundimiento de las rentas más bajas y los recortes de derechos y en las políticas de protección social solo han hecho que la fractura social en nuestro país se haya agravado. Por ejemplo, se da un nuevo apoyo a la banca, cuyo tipo efectivo respecto de su resultado contable está ya en un escaso 8,4%, acumulando casi 128.000 millones de bases imponibles negativas que pueden compensar, por lo que mantener el tipo nominal en el 30% les produce más beneficios que perjuicios fiscales.

No es extraño que con estos hechos el 87% de los ciudadanos, según el CIS, opine que el sistema fiscal es injusto. Tienen toda la razón.

Llegados a este punto hay que recordar que la reforma fiscal presentada por el Gobierno ante el Congreso de los Diputados ha contado con los trabajos previos de un grupo de expertos, presidido por el Sr. Lagares, cuyo informe no perseguía ni el aumento de la recaudación, ni la redistribución ni la reducción de la desigualdad solo pretendía instaurar el pensamiento único reaccionario neoliberal defendiendo un modelo recentralizador de fiscalidad, la necesidad de bajar impuestos y el recorte del gasto como único instrumento para obtener la consolidación fiscal, ignorando la realidad social del país, el problema del paro y del empobrecimiento de la población.

Con esos mimbres, finalmente el gobierno del PP ha optado por presentarnos una reforma fiscal que no resolverá los problemas de desigualdad e inequidad del actual modelo tributario ni de la sociedad en




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su conjunto, al contrario, profundizará en muchos de ellos. Y esto es así porque a nuestro juicio esta reforma parte de conceptos falsos.

El primero de ellos es que la presión fiscal en España es elevada. Sin embargo, según los datos europeos hechos públicos el 17 de junio de 2014, la presión fiscal se sitúa en el 32,5% del PIB, una cifra verdaderamente baja. Estamos seis puntos y medio por debajo de la media europea. Si la comparación se hace con los países próximos al nuestro, como Italia o Francia, entonces la diferencia es abismal: más de once puntos por debajo.

La realidad es que el sistema tributario en España recauda poco y ello es debido en gran parte gracias a las distintas reformas fiscales realizadas por anteriores Gobiernos. Lo hace menos que la media de los países europeos y además de manera que el grueso de la recaudación proviene del trabajo a través del IRPF y el consumo de los ciudadanos a través del IVA y los Impuestos especiales sobre la gasolina, tabaco y alcohol —impuestos todos ellos que han sufrido subidas sensibles desde 2008— y no de las rentas del capital ni de los beneficios de las empresas. Esto es una prueba de que la estructura de recaudación fiscal española está descompensada, situación que no parece que vaya a cambiar tras esta reforma.

En segundo término, la experiencia ha demostrado que la idea de que bajar los impuestos aumenta el consumo es, como poco, discutible y nunca ha sido comprobada. Para las rentas altas, que tendrán una disminución significativa, su consumo seguirá siendo alto y la disminución fiscal representará solo un aumento de su ahorro.

El tercero es la creencia de que la pérdida de recaudación global derivada de la reforma, entre 6.700 y 9.000 millones de euros, se equilibrará con el aumento de la actividad económica. Pero esa mejora ni está ni se la espera: con un déficit del 7% (sin contar el rescate bancario), la deuda pública en el 100%, el compromiso con la UE de nuevos recortes, las reticencias y nuevas exigencias de la UE, etc., la bajada de salarios conducirá a una disminución añadida del IRPF y con ello al estancamiento del consumo y al descenso de la recaudación por IVA (lo que forzará previsiblemente a un nuevo aumento del impuesto, requerido por Bruselas. El desempleo continúa mostrando unas cifras escandalosamente elevadas más allá de disminuciones coyunturales. Cada vez más ciudadanos están abocados a la precariedad, con contratos temporales y a tiempo parcial, los salarios están bajando, incrementa la pobreza y las familias sin recursos. A ello hay que añadir la situación internacional que se caracteriza, entre otras cosas, por un escaso avance en nuestros principales mercados, el encarecimiento del petróleo y algunas materias primas y, ahora en el país, una situación al borde de la deflación, extremadamente peligrosa.

En resumidas cuentas: los asalariados, en general, y la clase trabajadora, en particular, son los que soportan —y seguirán soportando— el grueso de las aportaciones al erario público, vía IRPF (por las rentas del trabajo), IVA e impuestos especiales (sobre la gasolina, el tabaco y el alcohol). Impuestos que han subido sensiblemente desde 2008, lo que ha originado que la distribución de la presión fiscal que soportan los hogares de los asalariados españoles haya crecido de forma muy notable. Así, por ejemplo, entre 2009 y 2011 el tipo medio efectivo pasó del 19,5% a casi el 22%, debido principalmente a la subida del gravamen medio efectivo del IRPF al subir del 10,9% al 12,2%, y el del IVA del 6,2% al 7,1%.

Mientras tanto, han bajado las aportaciones de las grandes empresas, de sus directivos y de sus asesores, consolidando el proceso de polarización social que se ha producido en esta crisis. Los hechos no mienten: las empresas pasaron de aportar al Estado 44.823 millones de euros, correspondientes al 22,3% de los ingresos fiscales en 2007, a contribuir con sólo 16.198 millones de euros (el 10,2% de los ingresos fiscales totales) en 2010. En este mismo sentido, la contribución a la recaudación del Impuesto del Patrimonio —que dista mucho de ser un verdadero Impuesto a la Riqueza— queda en un exiguo 0,5% de la recaudación fiscal general. Esta ley no mejorará esta situación.

Es decir: el sistema fiscal ha sido pervertido por las políticas del PP. En la actualidad no cumple las funciones que le atribuye el artículo 31 de la Constitución. Bajo el Gobierno de Rajoy se ha convertido en un instrumento de explotación de los asalariados y los pequeños empresarios, que son los que están contribuyendo casi en exclusiva al mantenimiento de los gastos generales.

A lo dicho, se añade que esta reforma fiscal:

a) Es recentralizadora porque no ha contado previamente con las CCAA a la hora de diseñar las medidas pero en cambio tendrá consecuencias sobre los ingresos al disminuir tributos de recaudación parcialmente cedida. Además se incentiva nuevamente una ola de rebajas fiscales a las CCAA cuando el principal problema es el ahogo financiero y la falta de recursos para financiar los servicios públicos.




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b) No aborda el fraude fiscal ni la economía sumergida aumentando la desafección de la ciudadanía respecto a la responsabilidad fiscal así como la desigualdad en la contribución al sistema en función de la renta.

c) Renuncia una vez más a aplicar medidas de fiscalidad ambiental mientras promueven con sus políticas a los sectores más contaminantes y agresivos con el medio ambiente. La falta de incorporación de la fiscalidad verde agrava el componente de desigualdad del sistema porque son las grandes empresas las que externalizan los costos ambientales y para la salud de las personas en el conjunto de la sociedad.

Por tanto, cabe decir que la concepción de la reforma no responde a las verdaderas necesidades fiscales, presupuestarias, sociales y medio ambientales españolas, sino que responde más bien a un carácter electoralista y de maquillaje —que rezuma por todos sus costados— para insistir en el mensaje de la «recuperación» y que bajar impuestos es positivo.

Esta reforma está pensada para recuperar la vinculación con una base social profundamente defraudada y desmotivada desde el punto de vista electoral. Por eso el Gobierno la ha dividido en dos años, para aprovecharla como reclamo electoral en las dos convocatorias electorales próximas. Además, están apareciendo contradicciones en el seno de los sectores económicos que apoyan al Gobierno, algunos de los cuales reclaman ventajas fiscales mayores para los lobbies y grupos de interés al que cada uno se vincula.

Este carácter electoralista se refuerza aún más con el método utilizado: anuncio en el Consejo de Ministros, publicación como anteproyecto para iniciar un supuesto período de información pública, texto definitivo en julio, debate parlamentario en otoño, etc.

Estamos convencidos que el instrumento fundamental que hará posible la creación de empleo digno y una salida de la crisis favorable a la mayoría social es una reforma fiscal justa. Exactamente lo contrario que nos trae el Gobierno.

La política fiscal no sólo consiste en cuánto y cómo se ingresa, sino también en establecer cuánto, cómo y en qué se gasta. No se trata de subir o bajar impuestos sin más, sino de asegurar la contribución fiscal que permita resolver las necesidades sociales, sobre la base de que paguen más quien más tiene o gana. Por tanto ha de ser suficiente, progresiva y equitativa, pero esta reforma fiscal ni siquiera aborda los cambios estructurales que son precisos en el sistema tributario español y, por tanto, no corrige sus disfunciones. Lo contrario hará que los recortes sociales y la degradación de servicios públicos se hagan estructurales y reducirá la capacidad del sector público para invertir en la economía e impulsar la recuperación económica así como una transición a un nuevo modelo productivo más sostenible y generador de empleo.

Esta reforma, no tiene en cuenta el incremento de la desigualdad entre las rentas salariales y las rentas empresariales (que siguen subiendo a pesar de la crisis), ni el impacto que esto tendrá en términos de crecimiento de la pobreza y las desigualdades sociales o la bajada de los salarios en las cotizaciones sociales y la sostenibilidad del sistema de pensiones, así como su efecto sobre el ya de por sí muy tocado consumo interno. Tampoco se da ninguna prueba de cómo creará empleo, más allá del acto de fe de que siendo más competitivos éste se creará.

Las modificaciones en el Impuesto de Sociedades, vuelven a reducir la progresividad y discrimina aún más a las pequeñas y medianas empresas y eso que mientras que las PYMES hasta ahora tienen un tipo nominal del 25%, pero en efectivo tributan un promedio de cerca del 17% de su resultado contable, las grandes empresas que se supone deberían tributar al 30% (tipo nominal), alcanzan un tipo efectivo del 17% llegando a sólo el 3,5% en el caso de que formen parte de grupos empresariales consolidados.

Además se introducen algunas medidas que ya no solo es que sean discutibles, sino que producen cierta vergüenza ajena. En un país cuyo Gobierno ha echado al extranjero a miles de jóvenes muy preparados, con altísimas cualificaciones técnicas necesarias para el desarrollo del país, que ha recortado sin piedad, hasta casi secarla, la inversión en I+D+i, este Gobierno conserva, con el objetivo de atraer profesionales altamente cualificados (excepto deportistas profesionales), que los trabajadores extranjeros desplazados a España puedan tributar como no residentes a un tipo del 24% para los primeros 600.000 euros de retribución y durante cinco períodos impositivos consecutivos. ¿Quiénes serán los principales beneficiados de esta medida?: los directivos de los fondos buitres que han caído sobre España, llamados por este Gobierno, para hacerse, a precio de saldo con las riquezas nacionales.

Así mismo, el Gobierno renuncia a una recaudación más significativa por este impuesto al mantener gran parte de los gastos fiscales e introducir otros nuevos que separan el tipo efectivo del nominal, favoreciendo de nuevo a las grandes empresas. No habría que olvidar que la recaudación por el Impuesto




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sobre Sociedades, que pagan las empresas con beneficios, se desplomó el año 2008 y mientras que, por ejemplo, entre 2007 y 2010, la economía cayó un 0,5%, la disminución de la recaudación por este impuesto fue de un 64%, caída mucho mayor que la de la recaudación total. Las empresas pasaron de aportar al Estado 44.823 millones de euros, correspondientes al 22,3% de los ingresos fiscales en 2007, a contribuir con sólo 16.198 millones de euros (el 10,2% de los ingresos fiscales totales) en 2010.

Es por estos motivos que nos oponemos al modelo de reforma fiscal del gobierno y abogamos por:

Primero. Propuestas esenciales sobre los tributos actuales:

a) Modificar la Ley General Tributaria con una tipificación más rigurosa del delito fiscal, así como con la prohibición de realizar amnistías fiscales.

b) Fiscalidad que favorezca una la inversión real en I+D+I.

c) Eliminar la posibilidad de compensar pérdidas patrimoniales.

d) Establecer un tipo del 35% para las bases imponibles superiores al millón de euros. Garantizar un trato igualitario en el impuesto de Sociedades para las sociedades productivas y las de inversión, así como de las PYMES respecto a las grandes empresas, ya que actualmente empresas de inversión y grandes empresas tienen tipos efectivos muy inferiores.

e) Limitar las bonificaciones, deducciones, etc. (gastos fiscales) a un máximo del 3% de la base imponible y a otro 5% como máximo complementario y de carácter directamente vinculado y estrictamente proporcional en el caso de creación de empleo estable.

f) Desarrollar una extensa fiscalidad sobre la actividad bancaria que incluya entre otras medidas un gravamen sobre su stock de pisos vacíos.

Segundo. Algunas medidas contra el fraude, la economía sumergida y la elusión fiscal:

a) Aplicar el Plan de acción de la OCDE contra la erosión de la base imponible y la trasferencia de beneficios de las multinacionales.

b) Prohibir en las instituciones financieras españolas nacionalizadas la operativa hacia y desde paraísos fiscales.

c) Las medidas técnicas y legales contra el fraude deben ir acompañadas con medidas organizativas y de gestión de los recursos humanos en la administración tributaria, entre las que está la creación del Cuerpo Superior de Técnicos de Hacienda. (según los datos de la OCDE, España cuenta con un empleado de Hacienda por cada 1.928 contribuyentes, frente a los 860 de Francia, 729 de Alemania o los 551 de Luxemburgo).

d) Modificar la legislación de las Instituciones de Inversión Colectiva para evitar los notorios abusos de las sociedades de inversión de capital variable (SICAV).

Tercero. Medidas para una fiscalidad verde:

a) Introducir criterios medioambientales en impuestos ya existentes que no tengan una finalidad meramente recaudatoria.

b) Crear nuevos impuestos sobre la energía nuclear, el vertido y la incineración de residuos, sobre bolsas de plástico de un solo uso, sobre el cambio de usos del suelo y sobre sustancias de elevado nivel de preocupación o riesgo.

Cuarto. Una reforma fiscal con criterio federativo:

a) La fiscalidad federal deberá proteger la igualdad de los ciudadanos ante la ley así como garantizar la equivalencia de servicios públicos independientemente del territorio. Una fiscalidad federal basada en la autonomía fiscal, la cooperación y la solidaridad entre distintas administraciones públicas que evite la competencia fiscal para atraer, con impuestos más bajos, más industria y comercio.

b) El poder tributario deberá estar dividido en tres niveles: el Estado federal, las entidades federadas y los municipios. El papel del Senado será fundamental en materia tributaria, como Cámara de representación territorial.

Por todo ello es por lo que presentamos esta propuesta de veto al Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades.




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La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Palacio del Senado, 30 de octubre de 2014.—Mónica Almiñana Riqué, Francisco Boya Alós, Rafel Bruguera Batalla, Carlos Martí Jufresa, José Montilla Aguilera, Joan Sabaté Borràs y María Jesús Sequera García.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 4

De doña Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), de don Francisco Boya Alós (GPEPC), de don Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), de don Carlos Martí Jufresa (GPEPC), de don José Montilla Aguilera (GPEPC), de don Joan Sabaté Borràs (GPEPC)

y de doña María Jesús Sequera García (GPEPC)

La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

Las modificaciones normativas que incluye el Proyecto de Ley del Impuesto de Sociedades son insuficientes e injustas con gran la gran mayoría de empresas y sociedades contribuyentes del Impuesto.

La estructura actual del Impuesto sobre Sociedades mantiene el tipo nominal en el 30%, y en el 25% para pymes, muy por encima de la media de la Unión Europea, y aun así durante los últimos años ha disminuido enormemente la recaudación del mismo, llegando a descensos de más del 60%. La causa no se puede limitar solo al descenso de la actividad económica debido a la crisis sino, también, a la deficiente estructura del Impuesto de Sociedades. Esto es debido a la gran cantidad de reducciones y deducciones de la base imponible que han provocado que los tipos impositivos efectivos sean mucho menores. Y en esta situación la gran ventaja la tienen los grandes contribuyentes, las grandes corporaciones y empresas, que han llegado a disfrutar del 80% de todos los beneficios fiscales que genera el Impuesto, mientras que las pequeñas y medianas empresas solo del 20%.

El Gobierno del Partido Popular ha centrado su reforma del Impuesto de Sociedades en una bajada del tipo nominal al 28% en 2015 y al 25% en 2016. De esta forma, el Gobierno afirma que se mantiene la capacidad recaudatoria del Impuesto cuando, en realidad, lo que se mantiene es la inequidad y se reduce la progresividad, y siguen siendo las grandes empresas las principales beneficiadas.

Con la presentación de esta norma, al igual que en la registrada de los demás impuestos, el Gobierno ha desaprovechado la oportunidad de realizar una reforma en profundidad, para que el impuesto contribuya con el aumento de su recaudación a la reducción del déficit y al necesario impulso de la actividad económica que necesitan nuestras sociedades.

Creemos firmemente que la reforma del Impuesto de Sociedades debería incrementar la capacidad recaudatoria del Impuesto, y de esta forma contribuir a que el cumplimiento de los objetivos del Programa de Estabilidad sea más equitativo con el conjunto de la sociedad española. Es decir, que no se base exclusivamente en la reducción del gasto público que recae siempre sobre los más débiles con los recortes de los servicios esenciales.

Proponemos una reforma de la estructura del Impuesto de Sociedades que elimine gran parte de las deducciones y limite las reducciones de la base imponible que, además de hacerlo más sencillo e incrementar la capacidad de su recaudación, contribuya a aportar mayor equidad y, combinado con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto de Sucesiones contribuya a incrementar la progresividad y la equidad del sistema fiscal. De este modo, se cumpliría con el mandato constitucional de que todos contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos en función de su capacidad económica, de una forma justa y cumpliendo con los principios de igualdad y progresividad.




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El Gobierno, con este proyecto de ley, incumple este mandato de la Constitución, e incrementa la brecha social y económica de nuestra sociedad, beneficiando únicamente a las grandes corporaciones y empresas de nuestro país.

Por todo lo expuesto con anterioridad presentamos esta propuesta de veto al Proyecto de Ley del Impuesto de Sociedades.

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Palacio del Senado, 30 de octubre de 2014.—La Portavoz, María Victoria Chivite Navascués.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 5

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.

Como se indica en el veto al proyecto de reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, nuestro sistema fiscal adolece de insuficiencia recaudatoria por la erosión de las bases imponibles y el elevado nivel de fraude fiscal, uno de los problemas que explican la actual situación de elevado déficit y deuda pública. Los ingresos públicos se han desplomado durante la crisis y apenas alcanzaron el 37,8% del PIB en 2013 según Eurostat, pese a las extraordinarias subidas de impuestos, y situándose a 9 puntos porcentuales de la zona euro.

Pese a lo anterior, la propuesta de reforma fiscal, de la que forma parte el proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades (IS), está condicionada y limitada por la composición de la consolidación presupuestaria que ha decidido el Gobierno en su Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España 2014-2017, donde se sigue apostando por el recorte del gasto público (-4,3 puntos) en educación, sanidad, política social, etc y se renuncia a corregir nuestro problema de ingresos (+1,2 puntos), es decir, a recaudar más de los que más tienen y pagan poco o de los que nunca pagan porque defraudan.

En el caso del Impuesto sobre Sociedades, la disminución de su recaudación ha posibilitado que exista un consenso prácticamente unánime en la necesidad de proceder a una profunda reforma del mismo que depure la maraña de deducciones y reducciones de la base imponible del tributo, que hacen que el tipo impositivo efectivo se encuentre muy alejado de los tipos nominales. Esto es particularmente relevante en relación con las grandes empresas, grupos de sociedades y multinacionales, que se benefician de alrededor del 80% de todos los beneficios fiscales: en 2011, por ejemplo, las grandes empresas recibieron beneficios fiscales por valor de más de 22 mil millones de Euros, mientras su contribución fiscal fue escasamente de tres mil millones, comparado con las PYMES que pagaron más de nueve mil millones de Euros de IS, beneficiándose de 5,5 mil millones de euros de beneficios fiscales.

Desde esta perspectiva, la limitación de las reducciones de la base imponible y la supresión de gran parte de las deducciones debería servir, no solo para aumentar la capacidad recaudatoria del impuesto, sino también para hacerlo más sencillo y eficiente, introduciendo mayor equidad en la figura tributaria, pues en la actualidad, como se ha dicho, son esencialmente las grandes empresas las que son capaces de «aprovecharse» de los beneficios fiscales existentes.

Lo anterior justificaría, en el planteamiento del Gobierno, la reducción del tipo de gravamen del IS, inicialmente al 28% en el año 2015 y, con posterioridad, al 25% en el año 2016. Dicha reducción, se supone, debería mantener la capacidad recaudatoria del impuesto e, incluso, dada la gran diferencia entre tipos efectivos y tipos nominales, aumentarla.

Sin embargo, en la actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España 2014-2017 que el Gobierno remitió en su día a Bruselas, ya se contemplaba expresamente una pérdida de ingresos de 2.607 millones de euros por las rebajas en el tipo de gravamen y demás reformas en la imposición sobre sociedades. La Memoria de impacto normativo del proyecto concreta tal cifra, estimando un coste recaudatorio «ex ante» de 3.078 millones de euros y una pérdida de ingresos «ex post» de 2.468 millones de euros.




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Si este es el efecto de la modificación proyectada, no puede afirmarse que nos encontremos ante una reforma estructural del Impuesto sobre Sociedades que reconstruye la base imponible de mismo, ni estabiliza su recaudación. Es más, el IS va a tener, en el ejercicio 2016, el menor peso en el PIB desde el comienzo de la crisis. El resultado es sorprendente e inaceptable, desconociéndose, en consecuencia, cual es realmente la finalidad de la reforma, a no ser que sea, directamente, una rebaja del tipo general del impuesto que beneficiará, únicamente, a las grandes empresas.

En este punto, debe destacarse la falta de transparencia de la información facilitada por el Gobierno. En la Memoria de impacto normativo del proyecto se ofrece, como hemos visto, una estimación «ex ante» y «ex post» del coste de las medidas que se proponen, pero sólo de forma global. Es decir, no se precisa el efecto de cada medida, desconociéndose que parte del coste es imputable a la rebaja del tipo impositivo y, por tanto, la repercusión del resto de las modificaciones, información esencial para valorar si nos encontramos verdaderamente ante una reforma estructural del IS o ante una mera rebaja de dicho tipo.

Debe resaltarse, además, que determinadas medidas que se anuncian como mayor tributación de determinados sectores económicos —entidades de crédito, que mantienen el tipo impositivo al 30%— han de matizarse y corregirse por la posibilidad de dichas entidades de compensar a dicho tipo los activos por impuesto diferido que tengan en sus balances como consecuencia, entre otros supuestos, del derecho a compensar en ejercicios futuros las bases imponibles negativas. Medida que afectará, igualmente, a la capacidad recaudatoria del impuesto.

En definitiva, decir que el objetivo y finalidad del proyecto del Impuesto sobre Sociedades es recomponer la base del tributo, afectada hoy por numerosas exenciones y deducciones de toda índole y, a la vez, prever un descenso de la recaudación constituye, a nuestro juicio, una contradicción insalvable de la propuesta de reforma de esta figura impositiva.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente propuesta de veto al presente Proyecto de Ley y propone su devolución al Congreso de los Diputados.


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