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BOCG. Senado, apartado I, núm. 80-631, de 05/07/2012
cve: BOCG_D_10_80_631
 





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I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria entre el Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, Rumanía, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la República de Finlandia y el Reino de Suecia, firmado en Bruselas el 2 de marzo de 2012.

(621/000009)

(Cong. Diputados, Serie A, núm. 10


Núm. exp. 121/000010)

PROPUESTAS DE VETO

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria entre el Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, Rumanía, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la República de Finlandia y el Reino de Suecia, firmado en Bruselas el 2 de marzo de 2012.

Palacio del Senado, 3 de julio de 2012.—José Manuel Mariscal Cifuentes.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 1

De Don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley.




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JUSTIFICACIÓN

El 2 de marzo de 2012 los Estados miembros de la Unión Europea (UE), excepto la República Checa y el Reino Unido, firmaron el nuevo Tratado sobre Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (TECG).

Formalmente se presenta como un tratado independiente de derecho internacional público, aunque su dependencia y vinculación con la UE es evidente y habrá de incorporarse al marco jurídico de la UE después de su entrada en vigor y en un plazo máximo de 5 años. En realidad, lo que permite este artificio es eliminar la unanimidad para su entrada en vigor al ser sólo preciso que 12 Estados miembros del euro lo ratifiquen. El Tratado se aplicará únicamente a los Estados que lo ratifiquen e incluso los no firmantes, República Checa y Reino Unido, pueden adherirse posteriormente.

Alemania ha sido el máximo promotor del Tratado, que bien puede considerarse como un instrumento para “germanizar” Europa constitucionalizando el ajuste fiscal y condicionando el acceso a los recursos del Mecanismo Europeo de Estabilización (MEDE) a dicho ajuste. Tanto el Tratado como el propio fondo de rescate permanente preconizan la austeridad presupuestaria sin prever medidas para el estímulo del crecimiento económico y la creación de empleo.

Efectivamente, el TECG tiene como prioridad la austeridad presupuestaria estableciendo el equilibrio o superávit presupuestario como objetivo de las administraciones públicas, que se entiende cumplido si no se supera el límite de déficit estructural del 0,5% del PIB, salvo desviaciones temporales por circunstancias excepcionales o cuando la proporción entre la deuda pública y el PIB esté muy por debajo del 60%, en cuyo caso el déficit estructural podrá alcanzar un máximo del 1% del PIB. Y al igual que ocurría con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en el que el término “crecimiento” era pura retórica, en este Tratado solo encontraremos llamamientos testimoniales a que la Eurozona avance hacia una unión económica más estrecha y a una mayor coordinación entre los Estados de sus políticas económicas.

El Tratado recoge, además, que la ayuda financiera a través del MEDE estará condicionada a la ratificación del propio TECG por el miembro del MEDE de que se trate. Este fondo financiero constituido por los Estados de la eurozona, con las mismas participaciones en que lo hacen en el BCE, podría proporcionar financiación a los Estados que tengan dificultades para financiarse en el mercado por problemas de solvencia. Pero la contrapartida es aceptar un duro plan de ajuste y de supervisión de las instituciones comunitarias. Y la experiencia de Grecia, rescatada por el fondo de rescate provisional, no es alentadora.

Con estos mimbres es imposible abordar la crisis con garantías para recuperar crecimiento y empleo, y defender el modelo social europeo. Sin un presupuesto europeo digno de tal nombre con recursos fiscales suficientes y sin un banco central que actúe como prestamista y supervisor de última instancia, Europa se entrega a las políticas del gobierno alemán aceptando como directrices el ajuste salarial, una política fiscal regresiva, el debilitamiento del Estado del bienestar y la privatización de los servicios públicos.

No hay ningún mecanismo para estimular el crecimiento económico, para tratar de potenciar los ingresos de los Estados o introducir un tributo a las transacciones financieras, sino que la única preocupación es garantizar que los Estados seguirán pagando sus deudas soberanas en el futuro. Unas deudas que en buena parte se alimentan de los desmanes en el sistema financiero ante los que la UE ha sido excesivamente permisiva.

Preocuparse exclusivamente por el ajuste fiscal solo puede conducir a deprimir aún más a las economías más débiles de la UE. Y establecer mecanismos financieros condicionados a más ajustes, alimenta la espiral depresiva.

El Pacto Fiscal del TECG que promueve el ajuste presupuestario debe incorporarse al Derecho nacional de los Estados que ratifiquen el Tratado mediante disposiciones que tengan fuerza vinculante y sean de carácter permanente, preferentemente de rango constitucional. España, discípulo aventajado, ya hizo estos deberes.

En septiembre de 2011 se reformó el artículo 135 de la Constitución introduciendo limitaciones en las finanzas públicas y en la capacidad del Estado para impulsar la economía y desarrollar el Estado social, y la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que desarrolla la reforma constitucional, establece el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones como prioridad absoluta y el déficit cero estructural como principio rector de la estabilidad presupuestaria.




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El Gobierno, en la exposición de motivos de este Proyecto de Ley Orgánica, afirma que es interés de España la rápida entrada en vigor del Tratado porque así se enviaría una positiva señal a los mercados financieros. Es decir, que el Gobierno estima que así se transmitirá confianza a los mercados con lo que se podrá superar la crisis de deuda soberana de la eurozona. Crisis, por otro lado, que arrastramos desde mayo de 2010.

Pero ninguna de las medidas llevadas a cabo hasta la fecha, y todas basculan hacia la misma dirección, han logrado transmitir confianza a los mercados. Y ahora no va a ser distinto, porque lo que está en cuestión es el euro por la ausencia de una verdadera unión económica y monetaria, con elementos establizadores de carácter federal y un banco central competente, y de un gobierno político y democrático en la UE.

En todo caso, seguramente sería más efectivo de cara a recuperar esa confianza programar una iniciativa común europea que apueste por el crecimiento y el empleo, avanzar en la regulación del sistema financiero, coordinar las políticas fiscales y gobernar los mercados de deuda para gestionar la crisis de las deudas soberanas.

La respuesta europea, germanizada en forma de nuevos ajustes presupuestarios y de presión a la baja en los salarios, las prestaciones sociales o la calidad de los servicios públicos como fórmulas para la mejora de la productividad y la competitividad, solo puede incidir negativamente en la demanda interna europea entorpeciendo la recuperación económica y del empleo, además de fomentar la divergencia económica y social entre los países de la Unión Europea.

Por el contrario, las políticas de ajuste fiscal están reduciendo en la mayoría de los Estados miembros las necesarias inversiones en educación, investigación e infraestructuras, factores estos relevantes a la hora de mejorar la productividad y la eficiencia de las distintas economías.

La gobernanza de la austeridad ha de ser corregida para garantizar verdaderas políticas de recuperación económica y evitar el desmantelamiento del modelo social europeo.

Por todos estos motivos se propone el rechazo del texto del Proyecto de Ley y su devolución al Gobierno.

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria entre el Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, Rumanía, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la República de Finlandia y el Reino de Suecia, firmado en Bruselas el 2 de marzo de 2012.

Palacio del Senado, 3 de julio de 2012.—Joan Saura Laporta y Jordi Guillot Miravet.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 2

De Don Joan Saura Laporta (GPEPC) y de Don Jordi Guillot Miravet (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley.

JUSTIFICACIÓN

El 2 de marzo de 2012 los Estados miembros de la Unión Europea (UE), excepto la República Checa y el Reino Unido, firmaron el nuevo Tratado sobre Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (TECG).




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Formalmente se presenta como un tratado independiente de derecho internacional público, aunque su dependencia y vinculación con la UE es evidente y habrá de incorporarse al marco jurídico de la UE después de su entrada en vigor y en un plazo máximo de 5 años. En realidad, lo que permite este artificio es eliminar la unanimidad para su entrada en vigor al ser sólo preciso que 12 Estados miembros del euro lo ratifiquen. El Tratado se aplicará únicamente a los Estados que lo ratifiquen e incluso los no firmantes, República Checa y Reino Unido, pueden adherirse posteriormente.

Alemania ha sido el máximo promotor del Tratado, que bien puede considerarse como un instrumento para «germanizar» Europa constitucionalizando el ajuste fiscal y condicionando el acceso a los recursos del Mecanismo Europeo de Estabilización (MEDE) a dicho ajuste. Tanto el Tratado como el propio fondo de rescate permanente preconizan la austeridad presupuestaria sin prever medidas para el estímulo del crecimiento económico y la creación de empleo.

Efectivamente, el TECG tiene como prioridad la austeridad presupuestaria estableciendo el equilibrio o superávit presupuestario como objetivo de las administraciones públicas, que se entiende cumplido si no se supera el límite de déficit estructural del 0,5% del PIB, salvo desviaciones temporales por circunstancias excepcionales o cuando la proporción entre la deuda pública y el PIB esté muy por debajo del 60%, en cuyo caso el déficit estructural podrá alcanzar un máximo del 1% del PIB. Y al igual que ocurría con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en el que el término «crecimiento» era pura retórica, en este Tratado solo encontraremos llamamientos testimoniales a que la Eurozona avance hacia una unión económica más estrecha y a una mayor coordinación entre los Estados de sus políticas económicas.

El Tratado recoge, además, que la ayuda financiera a través del MEDE estará condicionada a la ratificación del propio TECG por el miembro del MEDE de que se trate. Este fondo financiero constituido por los Estados de la eurozona, con las mismas participaciones en que lo hacen en el BCE, podría proporcionar financiación a los Estados que tengan dificultades para financiarse en el mercado por problemas de solvencia. Pero la contrapartida es aceptar un duro plan de ajuste y de supervisión de las instituciones comunitarias. Y la experiencia de Grecia, rescatada por el fondo de rescate provisional, no es alentadora.

Con estos mimbres es imposible abordar la crisis con garantías para recuperar crecimiento y empleo, y defender el modelo social europeo. Sin un presupuesto europeo digno de tal nombre con recursos fiscales suficientes y sin un banco central que actúe como prestamista y supervisor de última instancia, Europa se entrega a las políticas del gobierno alemán aceptando como directrices el ajuste salarial, una política fiscal regresiva, el debilitamiento del Estado del bienestar y la privatización de los servicios públicos.

No hay ningún mecanismo para estimular el crecimiento económico, para tratar de potenciar los ingresos de los Estados o introducir un tributo a las transacciones financieras, sino que la única preocupación es garantizar que los Estados seguirán pagando sus deudas soberanas en el futuro. Unas deudas que en buena parte se alimentan de los desmanes en el sistema financiero ante los que la UE ha sido excesivamente permisiva.

Preocuparse exclusivamente por el ajuste fiscal solo puede conducir a deprimir aún más a las economías más débiles de la UE. Y establecer mecanismos financieros condicionados a más ajustes, alimenta la espiral depresiva.

El Pacto Fiscal del TECG que promueve el ajuste presupuestario debe incorporarse al Derecho nacional de los Estados que ratifiquen el Tratado mediante disposiciones que tengan fuerza vinculante y sean de carácter permanente, preferentemente de rango constitucional. España, discípulo aventajado, ya hizo estos deberes.

En septiembre de 2011 se reformó el artículo 135 de la Constitución introduciendo limitaciones en las finanzas públicas y en la capacidad del Estado para impulsar la economía y desarrollar el Estado social, y la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que desarrolla la reforma constitucional, establece el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones como prioridad absoluta y el déficit cero estructural como principio rector de la estabilidad presupuestaria.

El Gobierno, en la exposición de motivos de este Proyecto de Ley Orgánica, afirma que es interés de España la rápida entrada en vigor del Tratado porque así se enviaría una positiva señal a los mercados financieros. Es decir, que el Gobierno estima que así se transmitirá confianza a los mercados con lo que se podrá superar la crisis de deuda soberana de la eurozona. Crisis, por otro lado, que arrastramos desde mayo de 2010.




Página 6


Pero ninguna de las medidas llevadas a cabo hasta la fecha, y todas basculan hacia la misma dirección, han logrado transmitir confianza a los mercados. Y ahora no va a ser distinto, porque lo que está en cuestión es el euro por la ausencia de una verdadera unión económica y monetaria, con elementos establizadores de carácter federal y un banco central competente, y de un gobierno político y democrático en la UE.

En todo caso, seguramente sería más efectivo de cara a recuperar esa confianza programar una iniciativa común europea que apueste por el crecimiento y el empleo, avanzar en la regulación del sistema financiero, coordinar las políticas fiscales y gobernar los mercados de deuda para gestionar la crisis de las deudas soberanas.

La respuesta europea, germanizada en forma de nuevos ajustes presupuestarios y de presión a la baja en los salarios, las prestaciones sociales o la calidad de los servicios públicos como fórmulas para la mejora de la productividad y la competitividad, solo puede incidir negativamente en la demanda interna europea entorpeciendo la recuperación económica y del empleo, además de fomentar la divergencia económica y social entre los países de la Unión Europea.

Por el contrario, las políticas de ajuste fiscal están reduciendo en la mayoría de los Estados miembros las necesarias inversiones en educación, investigación e infraestructuras, factores estos relevantes a la hora de mejorar la productividad y la eficiencia de las distintas economías.

La gobernanza de la austeridad ha de ser corregida para garantizar verdaderas políticas de recuperación económica y evitar el desmantelamiento del modelo social europeo.

Por todos estos motivos se propone el rechazo del texto del Proyecto de Ley y su devolución al Congreso de los Diputados.


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