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BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 10-7, de 21/06/2012
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie A: PROYECTOS DE LEY
21 de junio de 2012

Núm. 10-7


ENMIENDAS

121/000010 Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria entre el Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, Rumanía, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la República de Finlandia y el Reino de Suecia, firmado en Bruselas el 2 de marzo de 2012.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas presentadas en relación con el Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria entre el Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, Rumanía, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la República de Finlandia y el Reino de Suecia, firmado en Bruselas el 2 de marzo de 2012.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

ENMIENDA NÚM. 1

FIRMANTE:

Francisco Xesús Jorquera Caselas M.ª Olaia Fernández Davila Grupo Parlamentario Mixto

A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores

El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado por A Coruña (BNG), y doña M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada por Pontevedra (BNG); al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda de totalidad al Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria entre el Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República


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Italiana, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, Rumanía, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la República de Finlandia y el Reino de Suecia, firmado en Bruselas el 2 de marzo de 2012.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2012.-Francisco Xesús Jorquera Caselas y M.ª Olaia Fernández Davila, Diputados.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

De totalidad

La aprobación del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (TECG) instituye como oficial la sacralizada doctrina del déficit cero, obligando a que los Estados miembros incluyan en sus constituciones o normas de rango equivalente el compromiso de mantener un déficit estructural por debajo del 0,5 por 100 del PIB -ampliable al 1 por 100 en caso de mantener una ratio de deuda pública por debajo del 60 por 100-, y con penalizaciones automáticas consistentes en sanciones por importe del 0,1 % del PIB en caso de incumplimiento.

De ese modo, el TECG supone un avance hacia una regulación más férrea y estricta de las vigentes reglas sobre déficit excesivo del tratado de la UE, a pesar de que la aplicación de programas de estabilidad y ortodoxia presupuestaria durante esta crisis no solo no han contribuido a superarla, sino que incluso han agravado la situación económica, provocando más recesión y paro.

La génesis de este TECG se remonta al fallido Consejo Europeo celebrado el 8 y 9 de diciembre de 2011, donde se rompió con la unanimidad a la hora de adoptar este tipo de decisiones marco. El ímpetu de un núcleo duro de Estados europeos, liderados por el dogmatismo neoliberal alemán, provocaron la ruptura de consensos, que se traduce en que este TECG ahora sometido a ratificación en el Estado español, pueda entrar en vigor aún sin haber sido asumido por la totalidad de Estados miembros, sino por un porcentaje cercano al 75 % de Estados miembros. Esta nueva regla de ratificación consolida la deriva antidemocrática de la Unión Europea, donde, por primera vez, grandes decisiones, que comportan cesión de parcelas relevantes de soberanía, son adoptadas en función de los intereses de parte de sus miembros.

Los compromisos relativos a la política presupuestaria que contiene este TECG para el Estado español son, en función de los datos disponibles, imposibles de cumplir a día de hoy, lo que hace aún más irresponsable mantener la propuesta de su ratificación a las Cortes Generales, en vez de impulsar la revisión del mismo en el seno de la UE. Es realmente incomprensible que se asuma un compromiso de ajustar en el futuro el déficit al 0,5 por 100 del PIB, con carácter fijo y con independencia de la coyuntura económica, cuando no se está en condiciones de cumplir con el 4,4 % asignado a este período recesivo. Aún más contradictorio es sostener el compromiso de fijar dichos objetivos en una norma de rango constitucional, cuando desde la reciente reforma constitucional "exprés", que en realidad es un adelanto en la aplicación del TECG en el Estado español, la situación de inestabilidad económica ha ido empeorando de forma ostensible.

Este TECG está inspirado en ideas económicas conservadoras fracasadas, basadas en una fe inquebrantable en la doctrina de la disciplina presupuestaria como principal vía para salir de la crisis, cuando su aplicación durante estos años nos ha sumido aún más en el declive económico. Es un hecho incontestable que el paro está apunto de alcanzar al 11 por 100 de la población activa de la eurozona, casi 24 millones de personas, el nivel más alto desde su creación en 1999, y que en Estado español se aproxima incluso al 25 por 100. También, que esas cifras han ido en aumento desde que se ha reforzado la coordinación económica en la UE, particularmente en la eurozona, en torno al control estricto del déficit público y a la austeridad en el gasto público, y que con la ratificación de este TECG se va a intensificar aún más, implicando con ello una mayor cesión de niveles de soberanía de las políticas económicas que difuminará la ya menguada capacidad del Estado español de decidir en ese ámbito.

En suma, más paro y más recesión económica que deberían llevar a una conclusión opuesta a la aplicación de más austeridad presupuestaria como se propugna con este TECG. Y no solo por los datos que se van conociendo de esta crisis actual, sino por otras crisis económicas cuyas recetas iniciales parten de un enfoque idéntico al que triunfa ahora en la UE. Es ilustrativo en este sentido el estudio realizado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), titulado "Al límite: la austeridad fiscal amenaza con una recesión mundial", que parte del análisis de sucesivas crisis económicas a lo largo de las últimas dos décadas y las medidas adoptadas, en la línea de las que se vienen aprobando en la UE desde hace cuatro años, para llegar a la conclusión de que los ajustes fiscales y presupuestarios no consiguieron la expansión económica perseguida para recuperar la economía y el empleo, sino que tuvo el efecto opuesto agravando el deterioro de los sectores económicos básicos.

La asunción de los objetivos del pacto presupuestario definido en el TECG conllevarán, además del enquistamiento de la crisis económica en el Estado español, mayores sacrificios para las mayorías sociales que, debido a la aún mayor contención en el gasto público que este Tratado impondrá, verán recortados servicios básicos que contribuyen a garantir el acceso a


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mínimos estándares de bienestar y a reducir las desigualdades sociales.

Finalmente, este TECG forma parte de la estrategia de confusión y engaño a la ciudadanía respecto a la estrategia económica emprendida para superar la crisis por parte de este Gobierno, pues mientras mantiene un discurso que aboga por la recuperación de la actividad económica, lo que en realidad hace es adoptar formalmente medidas concretas que obstaculizan esa reactivación e imponen mayores penurias a millones de personas abocadas a la exclusión social.

La asunción de la política económica que regula el TECG reducirá aún más la capacidad de intervención en la dinamización de los sectores productivos de la economía, en el fomento de la actividad económica y la creación de empleo desde los poderes públicos, por las restricciones presupuestarias que comporta, agravadas además por el mayor esfuerzo que se va a requerir de fondos públicos para acudir a un rescate indiscriminado de la banca privada.

Por todo ello, el Bloque Nacionalista Galego formula la presente enmienda de totalidad, con petición de devolución al Gobierno del Proyecto de Ley Orgánica por el que se autoriza la ratificación del TECG en la Unión Europea.

ENMIENDA NÚM. 2

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA:

La Izquierda Plural

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente enmienda a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria entre el Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, Rumanía, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la República de Finlandia y el Reino de Suecia, firmado en Bruselas el 2 de marzo de 2012.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2012.-Joan Josep Nuet i Pujals, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

A la totalidad de devolución

El 2 de marzo de 2012 los Estados miembros de la Unión Europea (UE), excepto la República Checa y el Reino Unido, firmaron el nuevo Tratado sobre Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (TECG).

Formalmente se presenta como un tratado independiente de derecho internacional público, aunque su dependencia y vinculación con la UE es evidente y habrá de incorporarse al marco jurídico de la UE después de su entrada en vigor y en un plazo máximo de cinco años. En realidad, lo que permite este artificio es eliminar la unanimidad para su entrada en vigor al ser solo preciso que 12 Estados miembros del euro lo ratifiquen. El Tratado se aplicará únicamente a los Estados que lo ratifiquen e incluso los no firmantes, República Checa y Reino Unido, pueden adherirse posteriormente.

Alemania ha sido el máximo promotor del Tratado, que bien puede considerarse como un instrumento para "germanizar" Europa constitucionalizando el ajuste fiscal y condicionando el acceso a los recursos del Mecanismo Europeo de Estabilización (MEDE) a dicho ajuste. Tanto el Tratado como el propio fondo de rescate permanente preconizan la austeridad presupuestaria sin prever medidas para el estímulo del crecimiento económico y la creación de empleo.

Efectivamente, el TECG tiene como prioridad la austeridad presupuestaria estableciendo el equilibrio o superávit presupuestario como objetivo de las administraciones públicas, que se entiende cumplido si no se supera el límite de déficit estructural del 0,5 % del PIB, salvo desviaciones temporales por circunstancias excepcionales o cuando la proporción entre la deuda pública y el PIB esté muy por debajo del 60 %, en cuyo caso el déficit estructural podrá alcanzar un máximo del 1 % del PIB. Y al igual que ocurría con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en el que el término "crecimiento" era pura retórica, en este Tratado solo encontraremos llamamientos testimoniales a que la eurozona avance hacia una unión económica más estrecha y a una mayor coordinación entre los Estados de sus políticas económicas.

El Tratado recoge, además, que la ayuda financiera a través del MEDE estará condicionada a la ratificación del propio TECG por el miembro del MEDE de que se trate. Este fondo financiero constituido por los Estados de la eurozona, con las mismas participaciones en que lo hacen en el BCE, podría proporcionar financiación a


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los Estados que tengan dificultades para financiarse en el mercado por problemas de solvencia. Pero la contrapartida es aceptar un duro plan de ajuste y de supervisión de las instituciones comunitarias. Y la experiencia de Grecia, rescatada por el fondo de rescate provisional, no es alentadora.

Con estos mimbres es imposible abordar la crisis con garantías para recuperar crecimiento y empleo, y defender el modelo social europeo. Sin un presupuesto europeo digno de tal nombre con recursos fiscales suficientes y sin un banco central que actúe como prestamista y supervisor de última instancia, Europa se entrega a las políticas del gobierno alemán aceptando como directrices el ajuste salarial, una política fiscal regresiva, el debilitamiento del Estado del bienestar y la privatización de los servicios públicos.

No hay ningún mecanismo para estimular el crecimiento económico, para tratar de potenciar los ingresos de los Estados o introducir un tributo a las transacciones financieras, sino que la única preocupación es garantizar que los Estados seguirán pagando sus deudas soberanas en el futuro. Unas deudas que en buena parte se alimentan de los desmanes en el sistema financiero ante los que la UE ha sido excesivamente permisiva.

Preocuparse exclusivamente por el ajuste fiscal solo puede conducir a deprimir aún más a las economías más débiles de la UE. Y establecer mecanismos financieros condicionados a más ajustes, alimenta la espiral depresiva.

El Pacto Fiscal del TECG que promueve el ajuste presupuestario debe incorporarse al Derecho nacional de los Estados que ratifiquen el Tratado mediante disposiciones que tengan fuerza vinculante y sean de carácter permanente, preferentemente de rango constitucional. España, discípulo aventajado, ya hizo estos deberes.

En septiembre de 2011 se reformó el artículo 135 de la Constitución introduciendo limitaciones en las finanzas públicas y en la capacidad del Estado para impulsar la economía y desarrollar el Estado social, y la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que desarrolla la reforma constitucional, establece el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones como prioridad absoluta y el déficit cero estructural como principio rector de la estabilidad presupuestaria.

El Gobierno, en la exposición de motivos de este Proyecto de Ley Orgánica, afirma que es interés de España la rápida entrada en vigor del Tratado porque así se enviaría una positiva señal a los mercados financieros. Es decir, que el Gobierno estima que así se transmitirá confianza a los mercados con lo que se podrá superar la crisis de deuda soberana de la eurozona. Crisis, por otro lado, que arrastramos desde mayo de 2010.

Pero ninguna de las medidas llevadas a cabo hasta la fecha, y todas basculan hacia la misma dirección, han logrado transmitir confianza a los mercados. Y ahora no va a ser distinto, porque lo que está en cuestión es el euro por la ausencia de una verdadera unión económica y monetaria, con elementos estabilizadores de carácter federal y un banco central competente, y de un gobierno político y democrático en la UE.

En todo caso, seguramente sería más efectivo de cara a recuperar esa confianza programar una iniciativa común europea que apueste por el crecimiento y el empleo, avanzar en la regulación del sistema financiero, coordinar las políticas fiscales y gobernar los mercados de deuda para gestionar la crisis de las deudas soberanas.

La respuesta europea, germanizada en forma de nuevos ajustes presupuestarios y de presión a la baja en los salarios, las prestaciones sociales o la calidad de los servicios públicos como fórmulas para la mejora de la productividad y la competitividad, solo puede incidir negativamente en la demanda interna europea entorpeciendo la recuperación económica y del empleo, además de fomentar la divergencia económica y social entre los países de la Unión Europea.

Por el contrario, las políticas de ajuste fiscal están reduciendo en la mayoría de los Estados miembros las necesarias inversiones en educación, investigación e infraestructuras, factores estos relevantes a la hora de mejorar la productividad y la eficiencia de las distintas economías.

La gobernanza de la austeridad ha de ser corregida para garantizar verdaderas políticas de recuperación económica y evitar el desmantelamiento del modelo social europeo.

Por todos estos motivos se propone el rechazo del texto del Proyecto de Ley y su devolución al Gobierno.

A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente enmienda parcial al Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria entre el Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, Rumanía, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la República de


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Finlandia y el Reino de Suecia, firmado en Bruselas el 2 de marzo de 2012.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2012.-Joan Josep Nuet i Pujals, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

ENMIENDA NÚM. 3

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA:

La Izquierda Plural

Al artículo único

De supresión.

Se suprime el artículo único.

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda a la totalidad de devolución presentada por nuestro Grupo Parlamentario.

A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 110 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria entre el Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, Rumanía, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la República de Finlandia y el Reino de Suecia, firmado en Bruselas el 2 de marzo de 2012.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2012.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

ENMIENDA NÚM. 4

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

A la disposición adicional única

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición adicional única, con la siguiente redacción:

"Disposición adicional única. Una política para el crecimiento y el empleo en la Unión Europea.

El Gobierno impulsará, en el seno de la Unión Europea, una estrategia coordinada de crecimiento y de creación de empleo compatible con la sostenibilidad de las finanzas públicas. Una estrategia de crecimiento que contemple la revisión del ritmo de consolidación fiscal para hacerlo más gradual y realista a la vista de las nuevas perspectivas de crecimiento.

De manera complementaria, el Gobierno promoverá, en la Unión Europea, de manera urgente y cooperativa, todos los instrumentos de política económica a su alcance para fomentar el crecimiento en los países con mayores tasas de desempleo. En consecuencia, las instituciones europeas deben impulsar los siguientes contenidos:

a) El Banco Central Europeo (BCE) debe reactivar transitoriamente su programa de compra de bonos en el mercado secundario y promover una política monetaria expansiva.

b) Adoptar un plan de emergencia para combatir el desempleo juvenil.

c) La creación de una tasa sobre las transacciones financieras, así como el desarrollo de una política impositiva que apueste por la armonización fiscal y la lucha contra el fraude fiscal. En definitiva, una política clave para la construcción de una Europa social que siente las bases de la sociedad del siglo XXI.

d) Establecer las bases para una Estrategia Europea de Inversiones, a través del fortalecimiento del Banco Europeo de Inversiones (BEI), y la creación de un nuevo instrumento financiero, denominado bonos de proyecto, que aumente la capacidad de financiación para inversiones que fomenten el crecimiento potencial de la economía y movilice recursos públicos y privados hacia la educación, la formación, la I+D+i, la pequeña y mediana empresa, el desarrollo de nuevas tecnologías verdes y el fomento del ahorro y la eficiencia energética.

e) Avanzar hacia una mayor integración de la política fiscal de la zona euro mediante la creación de un sistema común de mutualización de la deuda y la existencia de un Tesoro Europeo con capacidad para financiar políticas y proyectos europeos con el objetivo de estabilizar el ciclo económico.


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f) Avanzar hacia una mayor integración del sistema financiero en el ámbito europeo, con una regulación común, un fondo de garantía europeo, un supervisor europeo y un mecanismo europeo de resolución de crisis bancarias.

g) Impulsar una política salarial equilibrada que, frente a la tendencia general de bajar los salarios, permita que los salarios aumenten en aquellos países en los que se hayan producido incrementos de la productividad, como elemento de una mayor cohesión social y vía de reactivación de la demanda en el conjunto de la Unión Europea."

MOTIVACIÓN

Es necesario que se complemente la política orientada a la estabilidad fiscal con una acción decidida de la Unión Europea para fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo.

ENMIENDA NÚM. 5

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

A la Exposición de motivos

De adición.

Se propone la adición de un nuevo párrafo antes del último de la exposición de motivos, con la siguiente redacción:

"Por último, es imprescindible recuperar Europa con todas sus consecuencias. Es urgente recuperar el impulso de las políticas comunes y la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la Unión Europea porque sólo en y desde Europa es posible poner en marcha las políticas necesarias para salir de esta crisis garantizando la estabilidad de los fundamentos sociales, económicos y de bienestar de nuestra sociedad. Por esta razón es imprescindible establecer las bases de una política europea para el crecimiento y para la generación de empleo complementaria a la de estabilidad presupuestaria porque sólo creciendo se conseguirá corregir los desequilibrios macroeconómicos, mantener el modelo social europeo y garantizar la cohesión de la sociedad europea en su conjunto. Es imprescindible lograr una mayor integración económica, fiscal y financiera que mejore la gobernanza económica europea para salvaguardar la estabilidad de la zona euro y continuar profundizando no sólo en la unión económica sino también en el proceso de construcción política de la Unión Europea. Para ello, es necesario un acuerdo político para impulsar el crecimiento y la creación de empleo en Europa."

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior.

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