Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 21, de 27/03/2012
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2012 X Legislatura Núm. 21
Sesión plenaria núm. 20
celebrada el martes,
27 de marzo de 2012


ORDEN DEL DÍA:

Modificación del orden del día:

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 35-1, de 5 de enero de 2012. (Número de expediente 122/000025) ... (Página4)

- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, orgánica sobre disponibilidad de la propia vida. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 50-1, de 3 de febrero de 2012 (Corrección de errores en "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 50-2, de 26 de marzo de 2012) (Número de expediente 122/000038) ... (Página13)


Página 2




Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre supresión de las subvenciones nominativas. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 37, de 17 de febrero de 2012 (Número de expediente 162/000176) ... (Página25)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas relacionadas con el copago. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 7, de 28 de diciembre de 2011 (Número de expediente 162/000003) ... (Página31)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre las medidas que piensa tomar el Gobierno en relación con la reforma de la ESO, el Bachillerato y la FP, así como sobre sus previsibles consecuencias de índole organizativa, curricular y económica. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 61, de 23 de marzo de 2012 (Número de expediente 173/000013) ... (Página38)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impacto que tendrá en las comunidades autónomas la distribución del ajuste fiscal previsto (Número de expediente 173/000014) ... (Página45)

Toma en consideración de proposiciones de ley (Votación) ... (Página52)

Proposiciones no de ley (Votación) ... (Página52)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Votación) ... (Página52)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

Modificación del orden del día ... (Página4)

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y lo acordado con la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día de la presente semana en el sentido de que el punto 24, relativo a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, pase a debatirse antes del punto 23, relativo a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), lo que se aprueba por asentimiento.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página4)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo ... (Página4)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Sánchez i Llibre, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia; Yuste Cabello, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Sáez Jubero, del Grupo Parlamentario Socialista y la señora Figueres Górriz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, orgánica sobre disponibilidad de la propia vida ... (Página13)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


Página 3




En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda; la señora Fernández Davila y el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; los señores Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista y la señora Torrado de Castro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposiciones no de ley ... (Página25)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre supresión de las subvenciones nominativas ... (Página25)

Presenta la proposición no de ley el señor Suárez Lamata, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y los señores Bosch i Pascual, del Grupo Parlamentario Mixto y Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Hurtado Zurera, del Grupo Parlamentario Socialista.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Suárez Lamata.

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas relacionadas con el copago ... (Página31)

Presenta la proposición no de ley el señor Martínez Olmos, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Quevedo Iturbe, Tardà i Coma y Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Tarruela Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Cervera Taulet, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Intervienen los señores Madina Muñoz y Tardà i Coma.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Martínez Olmos.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página38)

Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre las medidas que piensa tomar el Gobierno en relación con la reforma de la ESO, el Bachillerato y la FP, así como sobre sus previsibles consecuencias de índole organizativa, curricular y económica ... (Página38)

Defiende la moción la señora García Álvarez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Tapia Otaegi, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Barberà i Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Moneo Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Buyolo García, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Álvarez Sostres, del Grupo Parlamentario Mixto y Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora García Álvarez.

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impacto que tendrá en las comunidades autónomas la distribución del ajuste fiscal previsto ... (Página45)


Página 4




Defiende la moción la señora Vázquez Morillo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Jorquera Caselas, Baldoví Roda y la señora Oramas González Moro, del Grupo Parlamentario Mixto y la señora Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Vázquez Morillo.

Toma en consideración de proposiciones de ley (Votación) ... (Página52)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, se rechaza por 23 votos a favor, 290 en contra y 10 abstenciones.

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, orgánica sobre disponibilidad de la propia vida, se rechaza por 25 votos a favor, 292 en contra y 9 abstenciones.

Proposiciones no de ley (Votación) ... (Página52)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre supresión de las subvenciones nominativas, se aprueba por 178 votos a favor, 129 en contra y 16 abstenciones.

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas relacionadas con el copago, se rechaza por 135 votos a favor, 190 en contra y 2 abstenciones.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Votación) ... (Página52)

Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre las medidas que piensa tomar el Gobierno en relación con la reforma de la ESO, el Bachillerato y la FP, así como sobre sus previsibles consecuencias de índole organizativa, curricular y económica, se rechaza por 123 votos a favor, 179 en contra y 21 abstenciones.

Sometidos a votación separada los tres párrafos de la moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impacto que tendrá en las comunidades autónomas la distribución del ajuste fiscal previsto, todos ellos son rechazados.

Se suspende la sesión a las nueve y treinta minutos de la noche.

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que el punto 24, relativo a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, pase a debatirse antes del punto 23, relativo a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 49/2002, DE 23 DE DICIEMBRE, DE RÉGIMEN FISCAL DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS Y DE LOS INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO (Número de expediente 122/000025).

El señor PRESIDENTE: Comenzamos con el orden del día, con el punto I, que es la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de


Página 5




régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Para su defensa, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.

Efectivamente, nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado una iniciativa parlamentaria, concretamente una proposición de ley, de modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Resumiendo, lo que estamos planteando ante esta Cámara es una nueva ley de mecenazgo que en una coyuntura como la actual, desfavorable por cierto, con crecimientos económicos negativos del PIB y con una notable austeridad presupuestaria, pueda conseguir unos objetivos que sin una ley similar o sin una iniciativa similar a la que nosotros estamos proponiendo en estos momentos, difícilmente los podríamos conseguir. Nosotros planteamos seis aspectos básicos y fundamentales. En primer lugar, pretendemos a través de la aprobación de esta iniciativa, potenciar la colaboración público-privada en todas aquellas actividades de interés general. En segundo lugar, queremos que sea una alternativa seria, solvente y realista a la financiación pública y que pueda revitalizar concretamente estas actividades por la falta actual de recursos económicos por parte de todas las administraciones. En tercer lugar, queremos que el mecenazgo sea una alternativa evidente para financiar todas aquellas actividades de interés general en ámbitos en que el Estado y las comunidades autónomas no puedan conseguir a través de sus diferentes presupuestos. En cuarto lugar, pretendemos extender el mecenazgo en los ámbitos sociales de la prestación de servicios de inserción sociolaboral con riesgo concretamente de todos aquellos colectivos de exclusión social. También queremos extender a través de esta iniciativa parlamentaria la actividad del mecenazgo en todos aquellos aspectos de formación y educación, de formación profesional, así como también flexibilizar la aplicación del IVA de las entidades sin fines lucrativos, ya que entendemos que la actual normativa del IVA en determinadas sociedades sin fines lucrativos les es totalmente perjudicial. En quinto lugar, tenemos la gran pretensión a través de la aprobación de esta ley, de formular una nueva articulación, un nuevo mecanismo de éxito para poder plantear algunos aspectos que han tenido un éxito importante en Europa, concretamente en Francia y en los países anglosajones, a través de la figura del endowment, ya que esta figura del endowment, a la que más adelante me referiré, puede tener aspectos relevantes y fundamentales en todos aquellos campos de la investigación, de la cultura y del mundo social en general. Finalmente, como sexto objetivo -que no deja de ser un resumen o una conclusión de los cinco aspectos que antes he mencionado-, pensamos que esta nueva ley de mecenazgo que nosotros planteamos puede llegar a ser una herramienta útil para fomentar el crecimiento económico. Ustedes saben, señorías, que se han aprobado en esta Cámara muchísimas iniciativas que van siempre en la dirección de incrementar los impuestos, reducir el gasto público y de la austeridad -aspecto con el que en cierta medida estamos de acuerdo-, pero siempre hemos pensado que faltan algunas iniciativas complementarias a las que se han presentado hasta la fecha que vayan en la dirección de fomentar y estimular el crecimiento económico. Señorías, una figura o una legislación como la que nosotros planteamos, es posible que también sea una alternativa económica para fomentar el crecimiento económico.

Si hacemos un pequeño repaso sobre cuáles han sido los éxitos, los resultados -que, por cierto, hasta la fecha y con la legislación actual, no son para tirar cohetes, ni muchísimo menos-, veremos que han sido bastante débiles. Si hacemos un breve repaso a la actual legislación, que ha tenido diferentes modificaciones -concretamente, la Ley de Mecenazgo se inició en España en 1994 y posteriormente se modificó en el año 2002-, existen en la actualidad unos incentivos fiscales que están recogidos en el impuesto sobre sociedades, concretamente un 35% de deducción sobre las donaciones y con un techo máximo del 10% de la base imponible, y en el IRPF una deducción del 25% sobre las donaciones, con un máximo del 10% de la base imponible. Los resultados, señorías, créanme que son espectacularmente negativos y valdría la pena que hiciéramos una reflexión sobre los mismos. Por ejemplo, en el año 2004, que fue una etapa de crecimiento y de bonanza económica española, hubo 345.000 personas físicas que hicieron donaciones por un importe global de 134 millones de euros. Cuatro años más tarde, en el año 2008, los donantes habían disminuido prácticamente un 50%, concretamente a 146.000 personas, menos de la mitad del año 2004, con una disminución del importe global de las donaciones hasta 43,9 millones de euros. Básicamente, las dos terceras partes que se donaron en el año 2004 se perdieron en el año 2008. No tenemos datos sobre el tema del impuesto sobre sociedades, pero ya podemos hacernos fácilmente una idea de que la legislación actual no ha sido un éxito. Si como contrapartida hiciéramos un breve análisis sobre cuál ha sido el éxito o resultado de una ley similar a la española, como lo es la ley francesa del mecenazgo, veríamos que existe una notable diferencia en cuanto a los incentivos fiscales aplicados en Francia respecto de España. En Francia, las deducciones por las donaciones de sociedades y del impuesto sobre la renta de las personas físicas están entre un 60 y un 65%, mientras que en España son de un 25 y un 35%. Prácticamente, el cien por cien más de lo que se aplica en España se está aplicando en Francia. Si analizamos los resultados de las donaciones por el mecenazgo en nuestro país vecino, en Francia, veremos que en el año 2005 se registraron donaciones por un importe de 1.000 millones de euros, coincidiendo con el inicio de la legislación del mecenazgo. En el año 2008 las donaciones se situaron alrededor de los 2.500 millones


Página 6




de euros, concretamente fueron 2.450 millones más de los que se han realizado en España. Y si hacemos una traslación al año 2010, veremos que a pesar de la crisis económica en nuestro país vecino, en Francia, se han recaudado donaciones por un valor de 2.000 millones de euros.

Sobre la base de estas informaciones, de estos resultados y de la relación que tenemos como grupo parlamentario en los diferentes sectores de la sociedad civil, hemos planteado una nueva ley de mecenazgo que tiene unas características importantes, que moderniza las actuales herramientas a disposición de la actual Ley de Mecenazgo vigente hasta la fecha, y que va en la siguiente dirección. Básicamente, planteamos un incremento de las deducciones para donaciones para las personas jurídicas del 35 % al 55 %, por lo tanto incrementamos 20 puntos más; y para personas físicas pasamos del 25 % al 65 %. Aquí ya existe una diferencia notable entre los mecanismos fiscales que planteamos en esta proposición de ley respecto de los que tenemos en la actualidad. También planteamos una cuestión muy novedosa que afecta a todos los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Proponemos, para que pueda estar al abasto de todos los ciudadanos del Estado español, que los primeros 150 euros que sean donados puedan ser deducibles en un 100 % del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Esto es un estímulo claro a la donación a entidades con las que la sociedad se identifica. También sugerimos unas ampliaciones de ciertas modalidades de explotaciones económicas exentas cuando estas sean desarrolladas por entidades sin fines lucrativos. Por ejemplo, planteamos que podrían estar exentas del impuesto las prestaciones de servicios de inserción sociolaboral, de personas desempleadas o en riesgo de exclusión social, las de educación y la formación profesional o las de organización de actividades públicas de difusión de promoción cultural. También este es un dato relevante respecto a la actual legislación.

Intentamos también flexibilizar la aplicación del IVA a las entidades sin fines lucrativos, que están exentas del impuesto, con la finalidad de que este régimen fiscal les favorezca, y por una parte se les permite renunciar a la exención cuando estas lo soliciten, y por otra parte se modifica también la Ley de Contratos del Sector Público con la finalidad de que los precios de licitación sean obligatoriamente con el IVA incluido cuando el órgano licitador sea el consumidor final. También, como les decía al inicio de mi intervención, planteamos una fórmula moderna orientada básicamente a todas aquellas actividades de I+D+i de los fondos indisponibles, del endowment, que es una figura que hemos intentado también incorporar en algunos presupuestos anteriores, con la cual no dejamos de importar o de copiar o de plantear figuras financieras importantes que han tenido un gran éxito en Francia o en los países anglosajones. Básicamente se trata de plantear la dotación de los fondos patrimoniales indisponibles de los cuales las entidades beneficiarias solo pueden utilizar su rendimiento. Esta medida tiene como finalidad facilitar una financiación más estable para las entidades beneficiarias y adaptarla lógicamente a la volatilidad de los presupuestos públicos. También planteamos, desde la perspectiva de las asociaciones de utilidad pública, la modificación del procedimiento previo al reconocimiento de las asociaciones de utilidad pública, para las que el informe del Ministerio de Hacienda dejará de ser determinante. Con esta medida simplificaremos la gestión de la declaración de utilidad pública y al mismo tiempo eliminaremos un requisito previo de naturaleza muy subjetiva, que no exista en otras entidades. Desde la perspectiva de plantear todas aquellas posibilidades de consorcios entre las diferentes administraciones públicas, proponemos la posibilidad de una ampliación notable en el concepto de entidades sin finalidades lucrativas que se puedan beneficiar de la Ley de Mecenazgo, como los consorcios promovidos o participados por las administraciones públicas con finalidades de interés general, también a los centros y estructuras de investigación de las comunidades autónomas con competencia exclusiva en materia de investigación o a las universidades privadas y residencias universitarias sin ánimo de lucro. También esto lo hacemos extensivo a las instituciones que sean declaradas institutos de investigación de excelencia, así como a todos aquellos aspectos que hacen referencia a los centros tecnológicos y a los centros de soporte a la innovación tecnológica. Hay algunas cuestiones que también son novedosas y que lógicamente las pueden ustedes leer con facilidad en esta proposición de ley, pero hay quizás una última que nosotros consideramos relevante y que contemplamos a través de una disposición final, y es que cada tres años el Gobierno, previa consulta con las comunidades autónomas, deberá evaluar los efectos de la ley y presentar un informe al Congreso de los Diputados calibrando el impacto de las medidas.

En definitiva, este es el objetivo fundamental de esta proposición de ley explicado muy rápidamente. Es normal que en una ley de tanta envergadura de cara a la actividad económica del país, hayamos hablado con el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular, con el fin de recabar su opinión al respecto. Finalmente, hemos llegado a un acuerdo entre nuestro grupo parlamentario y el Grupo Parlamentario Popular, que espero que pueda ratificar el portavoz del Grupo Popular, en el sentido de que el Grupo Popular también está planteándose la posibilidad de llevar a esta Cámara una ley de mecenazgo. Así, al acuerdo que hemos llegado -aunque repito que nosotros vamos a escuchar atentamente la opinión de todos los grupos parlamentarios de la Cámara, así como también la del Grupo Parlamentario Popular- es a la creación de un grupo de trabajo integrado por el Gobierno, por el Grupo Parlamentario Popular y también por Convergència i Unió, para intentar que muchas de estas cuestiones que nosotros estamos planteando podamos verlas en el


Página 7




Boletín Oficial de las Cortes Generales lo más rápidamente posible y podamos llegar a un acuerdo global y fundamental en la tramitación de este proyecto de ley. Una vez escuchadas las opiniones de todos los grupos parlamentario y justamente también la del Grupo Parlamentario Popular, vamos a actuar en consecuencia.

Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.

Ningún grupo ha pretendido utilizar el turno en contra, por lo tanto entramos en fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.

Permítame, señor presidente, una pequeña digresión concisa, se lo aseguro, antes de entrar en la materia concerniente a este punto, y es que desde mi grupo parlamentario nos gustaría señalar como sorprendente la práctica que está cogiendo el Gobierno -no hay más que ver el orden del día del Pleno de esta semana- para presentar algo, para hacer una práctica que era muy criticada por parte del Partido Popular hacia el Gobierno anterior, y es la presentación una y otra vez de decretos-leyes. Ya llevamos diez -si no me equivoco, nueve o diez- y, sinceramente, la materia de algunos de ellos parece poco adecuada para un decreto-ley, como aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico y adquisición de productos vacacionales, por poner un ejemplo. Ya sé que la justificación viene a ser que si no podríamos arriesgarnos a una multa por no traer la directiva a la Cámara. Pero la cuestión es, primero, llevábamos mucho tiempo; segundo, con poner en marcha a través de un proyecto de ley la aprobación en esta Cámara de esa directiva, pues seguro que no corríamos ningún riesgo pero sí seguiríamos los manuales de derecho parlamentario, que dicen que las leyes son el instrumento habitual de gobierno y un instrumento que tiene una serie de pasos fijados, tasados y que dan pie a que la oposición pueda plantear sus alternativas y sus ideas. Sin embargo, desgraciadamente, si la marcha actual continúa, nos vamos a encontrar con que si este Congreso puede ser ninguneado no les quiero ya decir el Senado, que estos temas de decreto-ley ni los llegan a ver ahí. Muchas gracias, señor presidente, pero me veía en la necesidad de remarcar esta situación.

Entrando en el tema que nos ocupa, que es la proposición de Convergència i Unió para la modificación de la Ley de 2002, de Mecenazgo, nos parece interesante que se proponga un debate sobre este asunto por parte de Convergència i Unió y también por parte del Gobierno que ha anunciado la presentación de un proyecto de ley. Creemos que la ley no ha dado los resultados que en su momento los grupos parlamentarios esperaban, pero, dicho esto, debemos hacer una reflexión sobre lo que puede suponer que el mecenazgo vaya más allá de lo que sería una modificación impositiva concreta, porque da la sensación, cuando se habla de mecenazgo, de que eso puede suponer una inversión privada y desinteresada, y nada más lejos de la realidad, porque el mecenazgo también implica que hay un interés y, ¿cuál es el interés? Pues un interés muy concreto -puede haber más- es, desde luego, asociar el nombre de determinada empresa, por ejemplo, a determinada institución, etcétera. Más allá de todo eso, hay también un sentido práctico y es que, año a año, en las declaraciones de los impuestos se va a poder acoger a una serie de deducciones. Por tanto, muchas veces estamos hablando del mecenazgo como algo que nos va a hacer ingresar una serie de cantidades que van a poder dar impulso a determinados sectores, pero es que lo que entra por una parte deja de entrar por otra; los presupuestos se ven afectados, evidentemente, si el mecenazgo se hace de una manera demasiado abierta. Por consiguiente, lo que tendríamos que pensar desde las instituciones públicas, desde nuestro punto de vista, es que el mecenazgo se debe impulsar para aumentar los recursos de los que determinados sectores pueden valerse; para aumentarlos, pero no para sustituirlos, no para decir que aquí ya se está poniendo dinero privado y que nos retiramos, porque la inversión pública no va a influir. Eso sería hacernos trampa. Además, creemos que en el mecenazgo no se puede dejar todo abierto. La ley actual lo deja demasiado abierto. Vemos también que la propuesta de Convergència i Unió no incide en ello; hay una modificación más detallada del artículo 3, pero es muy importante saber hacia dónde se quiere dirigir por parte de los poderes públicos ese mecenazgo, hacia qué sectores y de qué manera. Se me ocurre que no parecería tener mucho sentido, si lo que se busca es una financiación o un impulso para lo ya existente, que grandes grupos económicos creen sus propias fundaciones, por ejemplo de ámbito cultural, y destinen esos dineros que luego van a ser considerados como mecenazgos a sus propias fundaciones, que van a cumplir una labor igual a la que pueden estar desarrollando otras instituciones públicas o privadas que no tienen nada que ver con grandes multinacionales, grandes bancos, etcétera; con lo cual, están invirtiendo en ellos mismos y, además, desgravan. No sé, quizás habría que hacer una reflexión sobre todo eso.

Habría que hacer una reflexión también sobre cómo queremos que se dirija la inversión en mecenazgo en el ámbito sanitario, porque ahí podemos correr el riesgo de que ese mecenazgo pueda frenar en su caso la difusión de medicamentos más baratos y eficaces que puedan causarle un perjuicio a la cuenta de resultados de algunas multinacionales; tratamientos y procedimientos que no generen beneficios pueden dormir para siempre el sueño de los justos si es que dejamos abierto adónde se puede orientar la inversión. El Partido Popular hizo una propuesta de modificación de esta ley hace un año y el señor Lassalle, ahora secretario de Estado, venía a decir algo así como que ha llegado el momento de que España


Página 8




afronte una exploración institucional que le permita colocar a la sociedad civil y a los sujetos actores de la propia sociedad civil como protagonistas en el impulso, la generación y el dinamismo del propio fenómeno cultural. La frase es bonita, está bien, pero diría que hasta cierto punto: sí, si es la propia sociedad civil en toda la extensión de la palabra, todos los ciudadanos; no, si lo que vamos a hacer es que sea la sociedad civil representada en unos pocos, en aquellas grandes concentraciones de capital, grandes empresas, multinacionales, etcétera, que son las que van a entrar aquí a la postre. Porque, efectivamente, habría que hacer una reflexión más amplia del mecenazgo y deberíamos reflexionar quizá sobre establecer determinados mecanismos institucionales que pudieran facilitar, no digo ya impulsar sino facilitar, lo que se está denominando crowdfunding, ese micromecenazgo de pequeñas cantidades de dinero por parte de muchas personas que creen en un proyecto adecuado. Por tanto, no creo que la reflexión sobre mecenazgo tenga que ir únicamente al ámbito impositivo, sino que debe ser algo más amplio, más reflexivo y sobre todo concretando los objetivos e, insisto, sin renunciar a mantener -en la medida en que el presupuesto lo mantenga- el porcentaje de inversión pública en esos ámbitos a los que se quiere dirigir el mecenazgo, esto es, aumentar la eficacia pero no retirada de las instituciones públicas en ese ámbito.

Llegado este punto, quiero anunciar el voto de nuestro grupo, y viendo que el artículo 3 no se modifica en exceso en lo que son las entidades que se consideran como entidades sin fines lucrativos a las que va dirigido el mecenazgo, como no se hace una reflexión mucho más amplia aparte del ámbito impositivo, considerando que en el artículo 1 de la ley ya existente, como no podía ser de otro modo, se establece que la ley se entiende sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de concierto y convenio económico en vigor respectivamente en territorios históricos del País Vasco y Comunidad Foral de Navarra y, por tanto, lo que se está proponiendo no sería de aplicación al País Vasco, siguiendo con nuestra práctica que hemos hecho extensiva cuando se discuten otros impuestos específicamente, en este caso nuestro voto será de abstención.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.

Por el Grupo Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señor presidente, señorías, la Ley de Mecenazgo es una de esas leyes que venimos esperando durante todas las legislaturas, de la que se habla a menudo y que parece que finalmente nunca llega o que cuando llega, lo hace de manera, si me permiten, descafeinada. El señor Wert hace ya más de dos meses se refirió a esta ley en su comparecencia en la Comisión de Cultura, todavía estamos esperando, supongo que en esto va a pasar también como pasa con algunas otras cosas del Partido Popular: escuchamos muchas buenas intenciones, buenos propósitos, pero no acaban de materializarse. Es cierto que deberá ser no ya el señor Wert sino el señor Montoro quien cite y nos cuente la cifra mágica, si me permiten, la madre del cordero, la cantidad que se podrá desgravar de todo aquello que se invierta en los aspectos de los que vamos a hablar hoy. Señorías, hay muchos países de nuestro entorno que se están enriqueciendo y lo están haciendo muy bien mediante la explotación de su cultura, de sus espectáculos, de su riqueza patrimonial, de sus investigaciones o incluso de su enseñanza. Esos países tienen en común siempre algo: unas políticas de mecenazgo bien consolidadas que premian a las empresas o a las personas físicas que invierten en esos ámbitos. Por esa razón, a falta de lo que proponga en su día el Partido Popular, nosotros estamos a favor de tomar en consideración esta propuesta de Convergència i Unió; nos importa el contenido de la propuesta, no nos importa de quien venga. Eso sí, querríamos explicar aquí varios problemas que nos parece que presenta esta propuesta y que en su día, a través de enmiendas, nos gustaría corregir. Son varios los problemas que vemos aquí.

Para empezar, esta propuesta quiere modificar el procedimiento relativo al reconocimiento de esas asociaciones de utilidad pública. Para nosotros este es uno de los problemas fundamentales, porque en este caso el informe de Hacienda dejaría de ser vinculante. Esto, por un lado, simplifica la gestión pero, por otro, pasa a ser un trabajo del Ministerio del Interior, es decir, señores de Convergència i Unió, esto pasa a ser un trabajo de la propia Generalitat. Con esto nosotros no podemos estar de acuerdo, en primer lugar, porque nos parece que las actividades de mecenazgo se realizan a nivel nacional, creemos que está bien así y así debe quedar. Por otro lado, porque nos parece que otorgar esta potestad a las comunidades autónomas sería contraproducente y generaría todavía más dispersión fiscal en nuestro país. La idea de la propuesta es equipararnos a lo que ya se hace en otros países europeos. Por ejemplo, en Francia, donde se llega a desgravaciones de un 60 % o incluso en Italia, donde se puede llegar a desgravar un cien por cien. Nos parece muy bien esa propuesta que hacen ustedes en cuanto a desgravar en un cien por cien las aportaciones de menos de 150 euros y esa otra de bajar al 65 todo lo que esté puesto por encima. Yendo al detalle nos preguntamos por qué se hace esa distinción en cuanto a las desgravaciones fiscales en tanto una universidad sea privada o pública. Nos parece que las dos debieran ser merecedoras del mismo trato.

España es uno de los países con más patrimonio cultural, material e inmaterial. Esto supone una carga económica muy importante, costosa, en un momento económico que, a nadie se nos escapa, es muy delicado. La dinamización a través de entes privados sería muy positiva. Pero, por ejemplo, nos preocupa que al incluirse consorcios participados por administraciones públicas


Página 9




se abra una puerta a la proliferación de cargos y de clientelismo político. Echamos en falta también controles en cuanto al fraude. Nos parece que se puede producir un fraude importante en todas esas exenciones fiscales y bonificaciones porque existen, lo hemos visto, hay experiencia en ello, multitud de organizaciones que se han creado para hacer cursos, para hacer otro tipo de actividades que han sido coladeros, que han cobrado suculentas cantidades y que no han estado, sin embargo, sujetas al impuesto de sociedades.

Nos llama la atención esa ventaja fiscal a la figura de la fundación, que además es una figura que nos parece más opaca y menos democrática, respecto a la figura de la asociación. Respecto a las fundaciones también nos gustaría decirles que nos parece importante que han de ser controladas cuando pasen de ciertos ingresos. Estamos preocupados por lo que podría ser un coladero para el fraude. Nos parece un error tarificar ciertas actividades artísticas. Creemos que las traducciones ya están sobreprotegidas, no solo por recibir ayudas cuantiosas, sino porque además abundar en esto nos parece que podría seguir dando desventaja, como ya sucede en algunos lugares, al español. Nos parece absurdo, esto he de decirlo, favorecer el doblaje. El doblaje fue un mecanismo que se creo para favorecer la censura en su día, y además se ha convertido en una de las barreras para nuestros ciudadanos en cuanto al aprendizaje del inglés y no solo eso, sino en cuanto al hecho de apreciar el trabajo de los artistas en toda su grandeza. Señorías, una parte del espíritu de la Ley de Mecenazgo en la que nosotros creemos es la de propiciar que el Estado, que cae muchas veces en la tentación de designar lo subvencionable según su gusto, según su gente afín, creando redes clientelares. Queremos, esto nos parece que es una herramienta positiva, que el Estado pierda ese poder, pero hay aspectos en esta propuesta que ustedes presentan que sin embargo nos parece que abundan en este problema. Por lo demás, nos parece apropiado, necesario en un momento que a nadie se le escapa de dificultad económica como este, que se propicie, y además es probable que así sea, que se va a propiciar, recortes en un sector como el de la cultura, educación, investigación, patrimonio, etcétera, y que tiene muchas dificultades. Es importante añadir que nos parece un poquito ingenuo confiar en que en un momento de tal dificultad económica como es el de hoy en día se pueda confiar a la empresa privada lo que va a dejar o parece que va a tener que dejar de hacer el Estado. Me gustaría añadir, para finalizar, que esperamos que ustedes acepten estas enmiendas que en su día presentaremos, que nos gustaría que se tenga en cuenta que hay una parte del arte, hay una parte del patrimonio, hay una parte de la enseñanza e incluso hay una parte de la investigación, por ejemplo, la de las enfermedades extremadamente raras, que son o bien políticamente incorrectos o fuera de toda rentabilidad. Nos parece evidente que el Estado debe seguir cuidando estos ámbitos porque las empresas privadas no invertirán en ellos. Por lo demás, agradecemos la propuesta y votaremos a favor.

Muchísimas gracias (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cantó.

Por el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Yuste.

El señor YUSTE CABELLO: Señor presidente, señorías, la primera consideración que quiero hacer es decir que estamos de acuerdo en que hace falta una nueva Ley de Mecenazgo. Desde luego, la actual ley de 2002, se ha mostrado insuficiente y mi grupo parlamentario, La Izquierda Plural, comparte la necesidad de una nueva ley tal como vienen reclamando las organizaciones del tercer sector. Sin embargo, no compartimos ni el espíritu ni buena parte de la letra de esta proposición no de ley que se debate hoy. Tanto la ley de mecenazgo anunciada por el ministro Wert en nombre del Partido Popular como esta iniciativa legislativa de Convergència i Unió parten de un objetivo que no podemos compartir. Las políticas de mecenazgo no pueden ser un parche para responder a la crisis económica, no puede servir como excusa para justificar la política de recortes en el gasto público. Esa presunta alianza público-privada no puede sustituir la imprescindible aportación pública a los servicios públicos y al gasto social, incluida la cultura. Si desde la derecha se pretende convencernos de que dan igual los tijeretazos que se puedan hacer en el presupuesto porque luego vendrá capital privado de mecenas empresariales a salvar la cultura o el bienestar social, sepan que para eso no van a poder contar con nuestro apoyo. Reformar la Ley de Mecenazgo sí, pero no para reemplazar el gasto público. Es sobradamente conocida la posición de mi grupo parlamentario en contra de la política no de austeridad, sino de recortes presupuestarios a sectores vitales para nuestra sociedad, recortes que se han producido tanto por parte del Gobierno anterior como por parte del actual Gobierno del Partido Popular o de CiU-PP en Cataluña. Esta iniciativa legislativa, por lo tanto, nos genera dudas, señor Sánchez i Llibre, algunas de las cuales se las pude exponer al ministro Wert en su comparecencia en la Comisión de Cultura. No estamos de acuerdo con esa visión del mecenazgo orientada casi en exclusiva a una política muy generosa de desgravaciones fiscales, de la que se van a beneficiar sobre todo las grandes corporaciones, las grandes empresas, en cuyas manos parece ser que se quiere dejar la cultura, los servicios sociales, etcétera, mientras desde la Administración se reduce su presupuesto a la mínima expresión.

Ustedes pretenden sustituir un hipotético dirigismo cultural por parte de la Administración por un dirigismo cierto por parte de las grandes empresas, que apostarán por lo rentable y marginarán proyectos minoritarios a costa de perder, en el caso de la cultura, creatividad, compromiso o transgresión, elementos todos ellos fundamentales


Página 10




para la creación cultural. Lo mismo podríamos decir de los otros ámbitos de competencia de esta ley. En este sentido, nos parece más peligroso la dependencia de las grandes corporaciones si hablamos de proyectos sociales, de proyectos educativos, de cooperación, sin que se hayan garantizado recursos públicos para el sostenimiento de aquellos proyectos que por su perfil no resulten atractivos al mecenazgo privado de esas grandes corporaciones. Por supuesto, a mi grupo le preocupa que ese patrocinio oculte la privatización de servicios sociales, educativos o sanitarios que deberían ser públicos y desde luego estaremos atentos a ello. Por otra parte, somos conscientes del golpe que han recibido muchas ONG de ámbito social con la reducción de la obra social de las cajas de ahorro, empujadas por los gobiernos de Zapatero y de Rajoy a un proceso de bancarización inexorable que ha venido a finiquitar el papel singular de las cajas y su naturaleza jurídica. Otra cuestión es que cuando la opción es centrarse en beneficios fiscales para grandes empresas, nos parece peligroso, precisamente, por el elevado nivel de fraude fiscal que existe. Los técnicos de Gestha vienen cifrando que el 3 % de las grandes empresas en España están defraudando a Hacienda más de 60.000 millones de euros cada año. Desde luego, son cifras que nos llevan a pensar que no podemos consentir que con toda la buena intención del mundo esta Ley del Mecenazgo se pueda convertir en un coladero para justificar, legitimar o blanquear algunas experiencias de fraude fiscal. Alguna alusión a esto han hecho varios portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Además de estas dudas en cuanto a la justificación y a posibles desviaciones de la ley, desde La Izquierda Plural discrepamos en algunas cuestiones concretas -citaré un par de ejemplos sin desarrollar más-. Por ejemplo, en la nueva redacción que se le da al artículo 3.3 estableciendo ese límite del 40 por ciento da la impresión de que ustedes están abriendo la puerta a entidades que son claramente lucrativas, que no pueden calificarse como sociales. Otra cuestión es la nueva redacción que se da al artículo 16 en el que se incluye expresamente a las universidades privadas. Nuestro grupo discrepa abiertamente con esa decisión por entender que se trata de instituciones privadas con fines de lucro, y además en un ámbito que está muy bien cubierto por las universidades públicas.

Señor Sánchez, habría que distinguir también con mayor claridad el papel que se le da a las empresas y el que se le da a las fundaciones creadas por esas propias empresas. Debería estar perfectamente clarificado en la ley. Habría que distinguir claramente el perfil de las fundaciones del de las asociaciones de utilidad pública o de interés social. Estamos hablando de pequeñas asociaciones que generalmente están muchísimo más vinculadas a la sociedad civil que las fundaciones impulsadas por empresas, y que pueden encontrar muchísimas dificultades legales a la hora de sortear los requisitos que plantea la legislación. También hay que garantizar un mayor seguimiento del origen y del destino del dinero entregado a las fundaciones. Hay que evitar cualquier tipo de opacidad en la gestión que estas puedan hacer de ese dinero y por lo tanto todo eso tiene que estar muchísimo mejor clarificado en la regulación legal que habrá, antes o después, que aprobar en esta Cámara. Por otra parte, echamos de menos en esta iniciativa que se tenga en cuenta el micromecenazgo, la financiación colectiva a la que ha hecho referencia antes el señor Esteban; una financiación colectiva hija de la sociedad digital y que puede ser, a nuestro juicio, revulsivo para la financiación de proyectos. Si queremos actualizar la Ley de Mecenazgo no se puede ignorar la financiación colectiva, no se puede ignorar el micromecenazgo y la regulación específica que requiere esta nueva fórmula.

Como conclusión debo decir que el primer deber de los poderes públicos ha de ser garantizar un presupuesto digno, un presupuesto suficiente en cultura, en servicios sociales, en medio ambiente, en investigación y desarrollo, etcétera, etcétera. Luego además estará muy bien una política que favorezca el mecenazgo, pero no como alternativa ni como justificante de los recortes sociales sino como complemento y en todo caso como cauce de la solidaridad y del compromiso de la sociedad. Con las debidas salvaguardas, por tanto, que eviten privilegios para las grandes empresas nuestro grupo parlamentario aspira a que en esta legislatura se apruebe una nueva ley de mecenazgo que pueda impulsar las donaciones y los patrocinios de la sociedad civil. Pero a nuestro juicio esta proposición de ley no es la que va a dar respuesta a esa necesidad. Por eso en principio nuestro grupo tiene previsto votar en contra de su iniciativa. También le digo, señor Sánchez i Llibre, que estamos abiertos a participar en un proceso de diálogo y de búsqueda del consenso en esta materia, si es que ese grupo de trabajo que nos anunciaba era algo más que una mesa camilla bipartita entre el Partido Popular y Convergència i Unió. Si es algo más, nuestro grupo está dispuesto a hacer sus aportaciones, a colaborar y a buscar el máximo consenso y, además, supongo que las organizaciones del tercer sector estarían encantadas de que así fuera.

Muchas gracias (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Yuste.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Sáez Jubero.

El señor SÁEZ JUBERO: Gracias, señor presidente.

Señorías, tras más de nueve años en vigor de la Ley del Mecenazgo -en realidad es la Ley del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo-, creemos que sí que es oportuna una nueva ley que defina un nuevo concepto de mecenazgo y patrocinio y revise sus incentivos fiscales. Una ley que ponga en valor un nuevo concepto de mecenazgo acorde con nuestros tiempos y valore los esfuerzos de particulares, de empresas, y especialmente de las industrias culturales en la conservación del patrimonio y en


Página 11




el fomento del arte, la ciencia y la cultura. Una ley que facilite ante la nueva coyuntura económica una mayor colaboración público-privada en la financiación de los proyectos culturales, científicos, universitarios y de cooperación al desarrollo. Una ley, en definitiva, que en un marco de globalización defina la cultura como un hecho diferencial y garantice su acceso en condiciones de igualdad. El Gobierno ha anunciado un proyecto de ley del mecenazgo para la presente legislatura. Esperamos entonces el máximo compromiso para que el nuevo marco para el mecenazgo y el patrocinio cuente también con nuestras aportaciones y pueda ser fruto del consenso parlamentario; no, señor Sánchez i Llibre, de una mera colaboración de Convergència i Unió y el Partido Popular.

La proposición de ley que nos presenta Convergència i Unió contiene algunos aspectos positivos que quiero destacar: la ampliación del concepto de entidades beneficiarias del mecenazgo a centros tecnológicos e instituciones de investigación o de excelencia o el incentivo de particulares mediante la deducción del cien por cien de los primeros 150 euros donados a una entidad sin ánimo de lucro. Sin embargo, señorías, de mantenerse esta proposición de ley no podemos tomarla en consideración. En primer lugar, porque creemos necesaria una nueva ley de mecenazgo y no la reforma de la ley hoy en vigor. Una nueva ley que equilibre convenientemente la participación privada de particulares y empresas con las aportaciones públicas y que asegure el papel de las administraciones en la definición de las prioridades del mecenazgo. En segundo lugar, en coherencia a la que fue nuestra posición en la proposición de ley de reforma que en términos muy parecidos nos propuso la pasada legislatura el PP, el seño Lassalle, cuya toma en consideración tampoco votamos. La proposición de ley del Grupo Popular, del mismo modo que lo hace la proposición de Convergència i Unió, incrementaba de manera poco proporcionada las deducciones de la cuota íntegra del IRPF y de la base imponible del impuesto sobre sociedades en un momento especialmente delicado ante la caída de los ingresos públicos y las dificultades presupuestarias. Entonces contó con nuestro voto negativo en la toma en consideración como grupo parlamentario que apoyaba al Gobierno y hoy también contará con nuestro voto negativo como grupo parlamentario en la oposición, si así se mantiene la proposición de ley.

Archer Milton Huntington, hispanista, fundó en 1904 la Hispanic Society of America, invirtió parte de su vida y su fortuna a la filantropía, a coleccionar obras de arte españolas; desde El Greco a Zurbarán, a Velázquez o José Ribera, a Fortuny, Ramón Casas o Isidro Nonell, y sobre todo de Joaquín Sorolla. Los impresionantes cuadros que Sorolla pintó para la Hispanic Society, Visión de España, para su sede en Nueva York, un magnífico edificio de estilo modernista en el West Harlem, pudieron verse en nuestro país recientemente gracias al patrocinio de una fundación española. Huntington no se limitó al arte, su colección contiene unas 800 pinturas, 600 acuarelas, 1.000 esculturas y 6.000 objetos decorativos, y completó su colección con más de 15.000 manuscritos y libros, algunos incunables. La visita al museo y al archivo de la Hispanic Society es gratuita y su conservación se sostiene únicamente mediante fondos privados. Gracias al acuerdo con la fundación española, que permitió la exhibición de la obra de Sorolla de la Hispanic Society en España, pudieron rehabilitarse sus obras, remodelarse la sala donde se exhiben en Nueva York y realizarse algunas obras de mantenimiento de su sede. En España hace escasas fechas el ministro de Educación y Cultura acordó la prórroga y cesión gratuita por un año más de la colección Carmen Thyssen para su exhibición permanente. En Sant Feliu de Guíxols, Girona, esperamos también un acuerdo que permita poner en funcionamiento el proyecto de Centro de arte de pintura catalana Carmen Thyssen. En junio de 1993 el Consejo de Ministros autorizó la compra de los 775 cuadros de la colección Thyssen-Bornemisza para su fundación y las integró al patrimonio histórico español.

El mecenazgo ha permitido en ambos casos la conservación de estas obras y su exhibición pública para el disfrute del conjunto de los ciudadanos, pero no es menos cierto que para ello, en el caso español, también ha contado con la decisiva intervención y aportación del Estado. Nuestras administraciones públicas son en realidad los grandes mecenas de la cultura, las artes, la cooperación al desarrollo, la universidad o la investigación científica. Sin apoyo público resultaría difícil mantener a muchas de las instituciones que trabajan en estos ámbitos. Las aportaciones de empresas y particulares, aun siendo importantes, se añaden a los presupuestos públicos que resultan imprescindibles para conservar el patrimonio histórico y cultural, las infraestructuras y las actividades culturales, así como la investigación científica o la cooperación al desarrollo. Señorías, solemos contraponer nuestro modelo europeo de mecenazgo al modelo norteamericano. La cultura norteamericana de mecenazgo de particulares y empresas tiene un profundo arraigo en su sociedad. La tradición filantrópica impone a los afortunados con el éxito personal y profesional devolver a la sociedad parte de su beneficio. De ello se benefician universidades, hospitales, museos y centros de investigación, que sin el apoyo del mecenazgo y sin cuantiosas aportaciones privadas no podrían sostenerse. No es menos cierto que existe también un alto incentivo fiscal en Estados Unidos para facilitar esta actividad, pero allí el papel de las administraciones públicas no es de lejos el que se ejerce en Europa, más bien resulta en muchos casos residual. No puede cambiarse radicalmente una tradición cultural de siglos en cuanto al peso de las administraciones públicas por un mero cambio legislativo a los incentivos fiscales, y tampoco parecería aconsejable. España tiene uno de los mejores patrimonios históricos y culturales, museos de titularidad nacional, autonómica y local o festivales de actividades culturales de referencia mundial. Es uno de los países que más destina a la cooperación al desarrollo, que más


Página 12




ha incrementado las inversiones a la I+Defensor del Pueblo, y en los últimos años ha puesto en funcionamiento parques científicos y tecnológicos con la colaboración de universidades y empresas privadas con resultados apreciables. La nueva coyuntura económica y la necesidad de austeridad de las cuentas públicas van a implicar en los próximos ejercicios presupuestarios un descenso de las aportaciones públicas muy significativo a la cultura, a la educación, a la ciencia y a la cooperación al desarrollo. Hoy están pendientes de la nueva ley de presupuestos instituciones públicas y privadas, entidades del tercer sector que dependen de las aportaciones públicas para financiar sus actividades. Las infraestructuras escénicas se encuentran al límite; algunos proyectos de la Aecid pueden verse afectados; investigadores y científicos pueden quedarse sin la financiación para sus proyectos. Las nuevas políticas de recortes públicos anunciadas por el Partido Popular, también los recortes de Convergència i Unió en Catalunya, dejan estos ámbitos bajo mínimos.

Quisiéramos, pues, contribuir a un debate profundo sobre la Ley del Mecenazgo y ofrecer al grupo proponente y al resto de grupos parlamentarios la posibilidad de acordar con consenso previo o cuando el Gobierno envíe a la Cámara el proyecto de ley, si cumple su compromiso, las líneas básicas sobre una nueva concepción del mecenazgo para el siglo XXI. No cuenten con nosotros para tratar exclusivamente una reforma limitada a los aspectos fiscales, como ya he anunciado. Del mismo modo que nuestro grupo rechazó la toma en consideración de la proposición de ley que presentó el Grupo Popular de reforma de esta ley el pasado marzo de 2011, rechazaríamos hoy también esta toma en consideración, entre otras muchas razones porque ambas proposiciones de ley en muchos aspectos son idénticas, y ello no resulta extraño en una legislatura donde el grupo proponente y el grupo parlamentario que apoya al Gobierno tienen una interesada colaboración derivada de los apoyos parlamentarios en Catalunya. Si en la proposición de ley del Partido Popular se incrementa la desgravación fiscal del IRPF en 45 puntos y la del impuesto de sociedades en 25, ahora Convergència i Unió nos propone incrementarla en 40 puntos la del IRPF y la del impuesto de sociedades en 20. Ambos incrementos no parecen proporcionados en el escenario de merma de ingresos que están padeciendo las administraciones públicas a consecuencia de la crisis económica. En este caso, las desgravaciones afectarían no solo a la Administración General del Estado sino también a la de las comunidades autónomas en los impuestos cedidos y a los ayuntamientos en las desgravaciones de tributos locales, que también incluye la proposición de ley. En el ámbito fiscal de la futura ley, además de los incentivos fiscales al mecenazgo y al patrocinio, deberían contemplarse los incentivos fiscales a las donaciones, adquisiciones y conservación de bienes de interés cultural, los incentivos fiscales de las industrias culturales o la adaptación a la ley de la dación en pago de impuestos.

Por los motivos expuestos, señor presidente, señorías, rechazaríamos, si se mantiene la toma en consideración de esta proposición de ley, y ofrecemos nuestra voluntad más sincera de acuerdo para fijar entre todos los grupos parlamentarios las bases de una nueva política sobre mecenazgo en esta futura ley.

Muchas gracias, señorías (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sáez Jubero.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Figueres.

La señora FIGUERES GÓRRIZ: Señor presidente, señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán de CiU presenta una proposición de ley para modificar la Ley 49/2002, más conocida como Ley de Mecenazgo. Lo hace fundamentalmente, según se desprende del texto de la proposición y de las palabras de su portavoz, para actualizar y revalorizar esta institución. En el Grupo Parlamentario Popular compartimos que esta ley hay que revisarla y actualizarla. En su día supuso un primer paso en la regulación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, pero hoy está desfasada. Coincidimos, por tanto, en la necesidad de su modificación. Recordarán -así lo han hecho algunos portavoces de los grupos parlamentarios- que hace exactamente un año el Grupo Parlamentario Popular presentó una proposición de ley en este sentido. En ese momento nos comprometimos a que si el Partido Popular llegaba al Gobierno el mecenazgo sería uno de los elementos vertebradores de su política cultural. Unos meses después el ministro de Cultura, Educación y Deporte, en su primera comparecencia en la Comisión de Cultura de esta Cámara, confirmaba este extremo y exponía que se iba a elaborar una ley de mecenazgo amplia y ambiciosa, una ley que debía involucrar a sectores como el cultural, el social, el científico y el de la innovación.

Hoy puedo informarles, señores diputados, de que este proyecto de ley se está elaborando y que, además, se trata de una ley prioritaria para el Gobierno. En este proyecto de ley se planteará -como anunció el ministro- un incremento en los porcentajes de deducción aplicables tanto al IRPF como al impuesto de sociedades, con el objetivo de equiparar las desgravaciones fiscales a las de otros países europeos y en la línea que el Grupo Catalán plantea en la proposición de ley que hoy debatimos. Queremos dar a la sociedad un protagonismo en la política social, cultural, científica e investigadora, e implicar tanto a las personas físicas como a las empresas implantando un modelo de fomento de la participación público-privada orientado a estimular, de forma más eficiente, el desarrollo libre y la sostenibilidad económica de la cultura, la ciencia, la investigación y las políticas sociales. Dado el peso del mecenazgo social queremos que esta ley, aunque se impulse desde el Ministerio de Cultura, Educación y Deporte se extienda


Página 13




a todas las actividades de interés general. Será una propuesta normativa de amplio alcance; una ley integral que contemplará, por supuesto, aspectos fiscales pero no solo eso, contendrá también otra vertiente de carácter no fiscal, de establecimiento de principios básicos y de creación de figuras innovadoras que incentiven el mecenazgo de forma activa como un órgano que propicie el encuentro entre creadores y mecenas y que facilite la financiación a nuevos creadores. Asimismo, se hará hincapié en el reconocimiento público de la figura del benefactor, que no se limite a un logotipo diminuto en un programa de mano en el cartel de un acto.

Se piensa, incluso, en la creación de un premio que servirá, al mismo tiempo, de agradecimiento y de reconocimiento a los mecenas y de instrumento de sensibilización y revalorización del mecenazgo en la sociedad. Se está pensando también en esa deducción del cien por cien en los primeros 150 euros en el IRPF, siguiendo el modelo alemán, que facilitaría sin duda la implicación de muchas personas físicas. España ha sido siempre un país solidario y este incentivo brindaría la oportunidad a cualquier persona de involucrarse en proyectos culturales, científicos o sociales, a la vez que ayudaría a la implantación de este modelo de financiación público-privada. En la nueva ley se reconocerán mejoras tributarias sobre la situación actual, con un efecto agregado mayor, incluso, del que se deriva de la situación que se plantea y que afectarán a la extensión de los sujetos beneficiarios, al reconocimiento de nuevas entidades beneficiarias, a la ampliación de supuestos generadores de beneficios fiscales, no solo en lo relativo a la actividad cultural sino a todo el conjunto de actividades de interés social, y a la elevación de los tipos de deducción y de los techos de deducción.

Señores del Grupo Catalán, sabemos que en Cataluña el mecenazgo goza de una larga tradición: el Liceu, el Festival de Música de Peralada, las importantes donaciones a proyectos científicos y de investigación y tantos otros. No nos extraña a nadie que ustedes planteen iniciativas sobre este tema. Desde el Grupo Parlamentario Popular valoramos muy positivamente su proposición de ley y estamos de acuerdo con varios de los planteamientos que en ella se recogen. Estamos de acuerdo en los principios básicos de eficacia y colaboración público-privada en la financiación, la ampliación del término interés público, la ampliación de las entidades beneficiarias, el incremento de las deducciones en el IRPF y en el impuesto sobre sociedades, más equiparables a otros países de nuestro entorno. Todo esto está ya contemplado en el borrador que se está elaborando que, como ustedes saben, implica la modificación de varias leyes, entre ellas la del IRPF y la del impuesto sobre sociedades. Hay que tener en cuenta que el incremento de las deducciones implica un coste recaudatorio considerable, nada desdeñable en la situación actual de dificultades presupuestarias. Además, hay que tener en cuenta también que estos impuestos están parcialmente cedidos a las comunidades autónomas, con lo cual estas tendrían que soportan parte de ese coste recaudatorio. Esto implica que hay que hacer muchos números y que hay que hacerlos bien. En cualquier caso, el Gobierno quiere, antes de la tramitación del proyecto de ley y dadas las aportaciones que usted ha hecho y por supuesto durante la tramitación de las enmiendas, mantener una actitud abierta, mantener una vía de diálogo con los grupos parlamentarios, especialmente con el Grupo Parlamentario Catalán, para lograr para esta ley una mayoría compartida. Una cuestión tan altruista como el mecenazgo bien se merecería el consenso en esta Cámara.

Señores del Grupo Catalán, gracias por su oferta de colaboración, la recogemos. No les quepa duda de que muchas de las consideraciones y aportaciones que contiene su proposición de ley podrán verse reflejadas en la futura ley de mecenazgo (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Figueres.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, ORGÁNICA SOBRE DISPONIBILIDAD DE LA PROPIA VIDA (Número de expediente 122/000038).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, orgánica sobre disponibilidad de la propia vida. Para su defensa, tiene la palabra el señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, la proposición de ley que defiendo en nombre de mi grupo parlamentario viene a plantear un cambio legislativo que afecta a un momento de la vida de cada persona que necesariamente nos ha de llegar a todos. Al afrontar el final de la existencia algunos tendrán la fortuna de que sea leve y breve; por el contrario, para otras personas la muerte llegará precedida de sufrimiento, dolor y desesperación, que a veces podrán ser paliados en cierta medida por la ciencia médica, pero que en otras ocasiones solo permitirán una prolongación estéril de una situación desesperada.

La proposición de ley orgánica sobre disponibilidad de la propia vida está planteada por nuestro grupo como un cambio legislativo que afecta a tres textos legales: el Código Penal, la Ley General de Sanidad y la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente. Las modificaciones legales que propone pretenden establecer los límites y el mecanismo básico por los que cualquier persona, llegado el momento del final de su existencia, puede acortarla a fin de, racionalmente, ahorrarse padecimientos agónicos innecesarios y desesperados. La regulación que se propone difiere de otros modelos reguladores de la eutanasia como el que tienen establecidos Holanda y Bélgica o efímeramente en el territorio


Página 14




norte de Australia y que en el caso holandés vino precedida de un importante, profundo y dilatado debate social y legal al respecto. En España contamos con datos que nos permiten conocer la predisposición de la mayoría de la población a la legalización de la eutanasia. Así se concluyó en la Comisión especial que al respecto creó el Senado en su VI Legislatura, donde se plasmó que en torno a un 67 % de las personas interrogadas se mostraban a favor de dicha legalización, una legalización que desde nuestra posición se articula dotando de instrumentos necesarios y garantías para el ejercicio de los derechos al enfermo, y que guiaría y protegería las actuaciones médicas del personal sanitario, que reconocen en amplísima mayoría -un 65 % de los médicos y un 85 % de los enfermeros- que han recibido en algún momento del ejercicio de su profesión la petición de un paciente terminal de morir, bien a través de un suicidio asistido, bien de la eutanasia activa.

Señorías, creemos llegado el momento de cambiar la regulación legal de la eutanasia en España porque es una situación que se da a diario en la práctica médica de nuestro país, como así reconocen el 21 % de los médicos. El Código Penal de 1995 abordó por primera vez la regulación de las conductas eutanásicas asistidas, reduciendo las penas aplicadas con carácter general al auxilio del suicidio para aquellos casos de petición expresa, seria e inequívoca en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar. A pesar de que en el debate parlamentario, y también en el social que hubo paralelamente, esta cuestión no fue protagonista, el legislador entendió que debía establecerse una primera diferenciación entre el auxilio al suicidio -conducta cuyo carácter socialmente reprobable se mantiene de forma indubitable y desde luego compartimos en mi grupo parlamentario- y otras conductas eutanásicas que están originadas en la petición de una persona enferma y cuyo único fin es ahorrarle sufrimientos agónicos. Pero también el legislador estableció la punibilidad de los actos necesarios y directos a la muerte de otro, legalizando, quizás de forma involuntaria, otras conductas de auxilio al suicidio que no fuesen ni necesarias ni causasen la muerte directa de la persona. Esta omisión establece por analogía una tipología legislativa parecida a la alemana y, en cierto modo, a la austriaca, siendo una de las características esenciales una cierta indefinición que, por otro lado, casi nunca es legislativamente deseable cuando estamos tratando de cuestiones penales.

Nuestro ordenamiento jurídico no castiga las conductas meramente indirectas o las no activas, es decir, las simples omisiones. Quedan así fuera del marco punible las conductas que habitualmente se emplean en los procesos agónicos de enfermos terminales en nuestro país como, por ejemplo, el suministro de morfina. Creo, señorías, que la inmensa mayoría de esta Cámara sabe perfectamente de qué estoy hablando porque desgraciadamente a muchos de los aquí presentes nos ha tocado vivir más o menos de cerca situaciones de este tipo. Por otro lado, nuestro ordenamiento también contempla la licitud de la conducta del personal sanitario que no administra a un paciente un determinado tratamiento a petición del mismo por mucho que este tratamiento fuese imprescindible para la continuación de la vida del paciente. Esta licitud se deriva no de las disposiciones del Código Penal, sino de las relativas a los derechos del paciente. La Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente no solo permite dicha omisión del tratamiento sanitario vital, sino que obliga al médico a abstenerse de realizar tratamientos vetados por el paciente, a quien de esta forma la actual legislación española ya reconoce, si bien de forma indirecta, el disponer de la propia vida y, por lo tanto, de su final.

Pero si nuestra legislación ya permite e incluso garantiza algunas conductas eutanásicas, deja otras prácticas habituales en el limbo de la indefinición, algo que, otra vez vale la pena decir, no resulta conveniente cuando tratamos de cuestiones relativas a derechos fundamentales sujetas además a castigos penales. En este sentido, la desconexión de las máquinas que mantienen a un paciente con vida y sin cuyo auxilio deviene ineludiblemente la muerte está sujeta a una doble consideración, punible o no. Si se considera que es una conducta que causa directamente la muerte al paciente, es una conducta castigada en el Código Penal. Si se considera que se trata del derecho del paciente a la no aplicación de un tratamiento determinado, la desconexión deviene una obligación del personal sanitario. Es obligación nuestra como legisladores terminar con esta y otras inseguridades jurídicas al respecto. Las características y diferenciaciones de conductas establecidas por nuestro ordenamiento jurídico sobre el final de la vida en pacientes terminales o agónicos y los protocolos médicos de nuestro sistema sanitario han determinado unas serie de prácticas habituales ampliamente conocidas. No obstante, en determinados momentos intereses políticos demagógicos ligados a unas determinadas posiciones religiosas han llevado a cuestionar ante los tribunales la práctica médica consagrada por la ciencia y tutelada por la ley. Habría que alejar de momentos tan delicados para la vida humana como son los del final las veleidades irracionales que sitúan los principios políticos por encima de la defensa más profunda de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas. Por este motivo, señorías, mi grupo plantea una serie de modificaciones legislativas que no plantean una ruptura radical y sin precedentes con el ordenamiento jurídico actual y la praxis médica habitual. Al contrario, la proposición de ley que pretendemos regule la disponibilidad que cada persona tiene a ordenar los asuntos y circunstancias relativas a la propia vida parte de la situación actual y regula específicamente aquellas conductas que ya diferencia el actual Código Penal. Los derechos fundamentales de la persona, que protege y regula en su título I la Constitución, no deben ser entendidos de forma contradictoria con lo establecido en el artículo 10, que expresa


Página 15




las características fundamentales del Estado democrático de derecho afirmando que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los demás derechos fundamentales son fundamento del orden político y de la paz social. Los derechos fundamentales son, pues, inherentes a la dignidad de la persona y la dotan de contenido material. No deben ser entendidos de forma contradictoria con lo dispuesto en el mencionado precepto, que constituye el tipo rector de la interpretación constitucional de derechos y libertades. En otros términos: los derechos fundamentales de la persona emanan de la proclamación de su dignidad como fundamento del orden político y de la paz social y de conformidad con los valores superiores del ordenamiento jurídico proclamados en el artículo 1 de la propia norma fundamental.

La vida como objeto de protección jurídica no presenta en principio ningún problema desde el punto de vista de su reconocimiento constitucional. Así el artículo 15 de nuestra Constitución proclama taxativamente que "todos tienen derecho a la vida". Una interpretación integradora de vida y libertad, y por consiguiente la interpretación del artículo 15 a la luz del libre desarrollo de la personalidad, obliga a considerar que la vida impuesta contra la voluntad de un titular no puede merecer siempre y en todo caso el calificativo de bien jurídico protegido, como de hecho ya asume por omisión nuestro sistema jurídico y la práctica médica. Señorías, la vida es un derecho, no un deber, y debemos rechazar una ficticia confrontación entre vida y libertad que se pretenda resolver apelando a la prevalencia formal, permanente, de una sobre otra en base a criterios tales como la ordenación sistemática, la intensidad de la tutela penal o la prioridad biológico-natural.

La regulación jurídico-penal de las conductas relacionadas con el suicidio ha de ser abordada pues desde una perspectiva que descanse en los principios anteriormente expuestos y por consiguiente afirme el reconocimiento de la disponibilidad sobre la propia vida y correlativamente el derecho a morir. Sin embargo, la especial importancia de la vida, la irreversibilidad de las consecuencias de la decisión, la eventualmente necesaria implicación de terceros y la vulnerabilidad de los procesos de toma de decisión en determinadas situaciones y etapas vitales, hacen necesario adoptar cuantas medidas sean posibles en orden a garantizar la plena libertad de la voluntad. La proposición de ley que estoy defendiendo se compone formalmente de dos artículos. El artículo 1.º despenaliza la conducta que mediante actos necesarios o de cooperación activa permita, propicie o facilite la muerte digna y sin dolor de otra persona a petición expresa, libre e inequívoca de esta en caso de que sufriera una enfermedad grave que hubiera conducido necesariamente a su muerte o le produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, o que siendo permanente le incapacitara de manera generalizada para valerse por sí misma. El artículo 2.º modifica los artículos 8 y 9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, que a su vez derogaba a través de su disposición derogatoria única los apartados 5, 6, 8, 9 y 11 del artículo 10 y el apartado 4 del artículo 11, y el artículo 61 de la Ley 14/1986, General de Sanidad. Por tanto esta ley propone la modificación de los artículos que regulan el respeto a la autonomía del paciente para introducir su derecho a decidir libremente, una vez informado, el tratamiento médico que se le va a aplicar como presupuesto del reconocimiento de la voluntad de morir del afectado teniendo en cuenta la conveniencia de que las situaciones eutanásicas se resuelvan en la medida de los posible en un contexto médico-asistencial.

La propuesta que se hace no se limita a eliminar las insuficiencias que la vigente Ley General de Sanidad y la citada Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica presentan al respecto, sino que diseña un modelo al que pueden ir referidas cualesquiera intervenciones médicas. En él se asegura que todo consentimiento cumpla unas ineludibles condiciones de capacidad y validez, se consolida la intervención subsidiaria de los representantes del paciente en condiciones claramente establecidas y solo excepcionalmente se permite intervenir médicamente a falta de conformidad de los anteriores. Se establece el derecho del paciente o sus representantes en condiciones de solicitud equivalentes a las del consentimiento que regiría de manera general para todo tratamiento médico a que se adopten sobre el afectado actitudes eutanásicas. Finalmente, se recoge expresamente el reconocimiento de la llamada declaración vital en este ámbito desarrollando una regulación prudente de las condiciones para su validez.

La regulación propuesta constituye pues un modelo legislativo particular y diferenciado de los de otros países de la Unión Europea, ámbito en el que han avanzado en regulaciones eutanásicas después de amplios debates sociales y políticos sobre el auxilio en el proceso de terminación de la propia vida. Apelo a sus señorías a que aprueben la toma en consideración de la proposición de ley que estoy defendiendo. Hago un llamamiento a sus señorías a que por encima de apriorismos de base ético-religiosa asumamos en esta Cámara nuestro papel de legisladores y atendamos la regulación de un momento crítico en la vida de cualquier persona como es el de la muerte. En cualquier caso, sea cual sea el resultado de la votación hoy habremos abierto en esta Cámara un debate que, sin ser nuevo, requiere de la atención política y social necesaria para que más pronto que tarde acabe por regularse el derecho de cualquier persona a una muerte digna, de forma que se eviten el dolor y el sufrimiento innecesarios gracias a unas prácticas sanitarias avanzadas que cotidianamente ya se vienen desarrollando en nuestros centros sanitarios para que así, finalmente,


Página 16




cuenten con la cobertura y salvaguarda legal necesaria.

Muchas gracias (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto.

Es el turno de los grupos parlamentarios. Empieza el Grupo Mixto y en primer lugar el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

La vida, ya lo ha dicho el ponente, no es un deber, es un derecho. Si la vida es algo personal e intransferible, la muerte también ha de ser algo personal e intransferible. Tenemos el derecho a vivir con dignidad; por tanto, también el derecho a morir con dignidad. Obligar a vivir a una persona que sufre es peor que permitirle morir en paz. Obligar a vivir a una persona que sufre es conculcar el derecho del más débil, del que no puede valerse por sí mismo para acabar con su sufrimiento, es obligarle al sufrimiento. No se trata de imponer la visión de los que creemos en una muerte digna, de los que creemos en la disponibilidad de nuestra propia vida sobre los que piensan que la vida es un don del que no se puede disponer. Entendemos que son dos planteamientos que deben ser respetados. Entendemos que hablamos de libertad, de respeto, de tolerancia y de libertad de conciencia de cada individuo, y no de imposición. No se puede imponer la santidad de la vida en nombre de las propias creencias. No se puede impedir en nombre de valores particulares la libertad de elegir a todos los demás. No se puede impedir que cada ser humano sea protagonista de su vida hasta el final. Y no podemos castigar a aquella persona que ayude a otra que de manera expresa, libre y sin dudas hubiera decidido acabar con sus sufrimientos. Creo, señorías, que en definitiva hablamos de generosidad, de amor al prójimo, de altruismo. Creo, señorías, que hablamos de dignidad, de la propia dignidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.

Señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Subimos a esta tribuna para posicionar al Bloque Nacionalista Galego, nuestro grupo, en relación con la propuesta que nos hace La Izquierda Plural, en este momento Izquierda Unida. El Bloque Nacionalista Galego en las diferentes ocasiones en que hemos tratado este tema en la Cámara siempre manifestamos nuestra posición favorable. Incluso nuestro grupo ha presentado en diferentes ocasiones en distintas legislatura una propuesta en términos semejantes a la que hoy estamos discutiendo.

Señorías, es cierto que desde que presentamos la primera iniciativa, hace ya muchos años -y no me refiero al Bloque Nacionalista Galego, sino al debate social que sobre el derecho a morir dignamente se inició-, ha habido avances importantes, pero no son, desde luego, los avances necesarios de acuerdo con la demanda ciudadana y sobre todo con la demanda de aquellas personas enfermas o en situación de gran dependencia que han manifestado su derecho, su intención y su, digamos, interés en dejar de sufrir, en dejar de padecer y piden la colaboración de la medicina para hacerlo sin dolor y para poder cumplir su deseo. Por tanto, vamos a volver a apoyar la propuesta que está sobre la mesa en este momento, independientemente, señor diputado, de que los tiempos no sean para la lírica, como usted bien comprenderá. Creemos que es necesario seguir defendiendo reivindicaciones como la que hoy se plantea. En el sector de la medicina hay importantes profesionales que están defendiendo este derecho que se reclama hoy en esta Cámara y que incluso han llegado a conseguir manifiestos como parte de los acuerdos científicos a los que han llegado que, como en el caso del manifiesto de Santander, entienden que el paciente tiene derecho a recibir información veraz sobre su proceso de enfermedad y a rechazar el tratamiento que desde los medios sanitarios se le ofrece. Por tanto, señorías, y teniendo en cuenta además que hay un dato veraz y real y es que, como estos científicos recogen, el 50 % de los pacientes que mueren en España lo hacen mal atendidos, a pesar de que los cuidados paliativos son un derecho contemplado en la cartera de servicios de la sanidad pública, creo que es necesario seguir profundizando, como decimos, en regularizar, en legalizar el reconocimiento al derecho de disponer de la propia vida. Es necesario recordar que Ramón Sampedro o Inmaculada Echevarría son ejemplos de la voluntad, de la vocación y del esfuerzo de personas cuyas vidas están en situación difícil de vivir -y valga la redundancia- y que nos dieron además ejemplo de lucha en la defensa de un derecho que reclama prácticamente el 67 % de los ciudadanos a los que se les ha preguntado, de acuerdo con estadísticas que existen en el Estado español. Y tengamos en cuenta que las dos personas fueron casos completamente distintos. Inmaculada estaba sujeta a un respirador, ¿y por qué tenemos que obligar a una persona a vivir en las condiciones que no quiere y en cambio, como ella planteaba, le prohibimos morir?

Por tanto, señorías, defendiendo el derecho a decidir sobre la propia vida de todas las personas, entendemos que es necesario regular y legislar en este sentido, porque en esa ley no se les estaría diciendo a las personas que dejaran...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, le recuerdo que comparte su tiempo.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Página 17




Finalizo manifestando de nuevo nuestro apoyo a esta iniciativa. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.

Señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señorías, la vida es un derecho y no una obligación y por eso los republicanos, de nuevo, vamos a defender hoy aquí el derecho a decidir, el derecho a optar por una muerte digna.

Hace tan solo unos meses este mismo diputado que les habla presentó una interpelación urgente al ministro de Justicia, el entonces ministro Francisco Caamaño, instándoles a legislar con el fin de regular la eutanasia, basada -eso sí- en la decisión libre, informada y consciente de la persona. El PSOE nos dio portazo -uno más ya no importaba-, por cierto, conjuntamente con el Partido Popular, y se limitaron a ofrecernos como alternativa -¡vaya alternativa!- implementar mejoras en los servicios de curas paliativas, con lo cual para este viaje no hacían falta alforjas. Nosotros respetamos todas las ideologías pero no creemos que sea Dios quien nos dé y nos quite la vida, por esto defendemos, porque lo creemos, que sean las personas quienes decidan sobre su propia vida, sobre su propia muerte, por eso defendemos el derecho a decidir sobre ellas mismas en casos extremos, y reclamamos al Estado que regule las condiciones y los mecanismos para adecuar el ejercicio de la eutanasia y la protección jurídica -atención- para aquellos que la practican. Nunca hemos reclamado la despenalización sino la regularización. Queremos condiciones objetivas y reguladas para una decisión libre, informada y consciente, y ello implica que el enfermo sea informado sobre su proceso, sobre las diferentes alternativas y sobre las previsiones para que esta persona pueda actuar en consecuencia en el ejercicio de sus derechos. Somos una sociedad madura y por esto negamos, no queremos la criminalización ni la clandestinización de la eutanasia; una sociedad madura no puede condenar a las personas al drama personal y familiar del sufrimiento estéril. Recuerden el caso holandés: después de 30 años de debates estudiando la regularización, al final optaron por ella, viendo que había muchos casos de eutanasia clandestina. Termino, pues, señorías, con el mismo pensamiento con el que inicié esta breve intervención: la vida es un derecho y no una obligación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.

Por el Grupo Vasco PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías.

Señor Sixto, he escuchado con mucha atención su intervención y tengo que decirle que no he sido capaz de discernir su argumentario. No se lo atribuya a usted o a su pretendida falta de erudición sino a mi incapacidad para comprender. Sobre esta materia, que es un debate recurrente en esta Cámara, he discutido muchas veces con el señor Llamazares que, desafortunadamente o afortunadamente, no lo sé, no ha intervenido hoy. El señor Llamazares es propenso y proclive a las citas literarias y hay una que yo no me resisto nunca a utilizar y él ha utilizado, aunque dándole un sentido contrario al que Cicerón pretendía. Cicerón afirmaba lo siguiente: Me moriré tras una larga agonía que aún me parecerá corta. Una reflexión de naturaleza conceptual que sirve para lo uno y para lo otro, pero se puede interpretar como preámbulo o frontispicio de un debate que es complejo. Yo les tengo que felicitar porque ustedes plantean el debate, no lo plantean como en Holanda, donde se creó una comisión que estuvo dos años y medio años trabajando, pero por lo menos lo plantean, se suscita la inquietud en sede parlamentaria, lo cual desde la perspectiva del parlamentarismo es bueno. Lo que no es tan bueno es la proclividad que ustedes practican cuando plantean estos debates al lenguaje perifrástico y a la utilización de eufemismos permanentes. Ustedes no utilizan la expresión a la que se están refiriendo: eutanasia, sino que utilizan otra -por lo menos en el texto de la proposición de ley-: muerte digna. Y ¿qué es muerte digna? Ustedes no lo han definido (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Para definir lo que es muerte digna desde una perspectiva hermenéutica hay que recurrir a otros textos, jurídicos o no jurídicos.

Me voy a referir a lo que ha decidido el Consejo de Europa cuando aprobó el convenio, que usted conoce perfectamente, relativo a los derechos humanos y bioética, vigente en el Estado español desde el 1 de enero del año 2000. Dice el Consejo de Europa, primero, que se eviten los eufemismos cuando nos referimos a esta materia, a este problema, y que se utilice el sustantivo, no adjetivos, de eutanasia. Luego nos recomienda lo siguiente, que cuando se hable de eutanasia o se utilice el eufemismo alternativo muerte digna se concrete qué se entiende por muerte digna. Creo que usted ha adolecido de una falta de reflexiones que nos ilustren a los demás sobre lo que ustedes entienden por muerte digna. Pero el Consejo de Europa sí nos dice lo que no es muerte digna o cómo se puede morir bien, o cómo se muere mal, alternativamente. Utiliza los siguientes criterios, tres fundamentalmente, que usted conoce perfectamente, no es buena la muerte, es mala la muerte, cuando la muerte no es aceptada. No es buena la muerte cuando los que cuidan del enfermo que debe morir o que quiere morir o que acepta, a través de un contrato de mandato discutible en nuestro ordenamiento jurídico, que alguien decida por él, por no estar en condiciones de tomar esta decisión, cuando los que manejan las reacciones emocionales que una situación terminal o de


Página 18




sufrimiento provocan, no tienen la cualificación suficiente para el manejo de estas reacciones emocionales. Se muere mal, también, por último, cuando se recurre a conceptos que pertenecen a la mitología, que no pertenecen al derecho, que no pertenecen a la racionalidad, se muere mal cuando la muerte se deja a lo irracional como el miedo, como la soledad, como el dolor, en una sociedad -termina afirmando el Consejo de Europa, y es una expresión entrecomillada, estoy leyendo textualmente- donde no se sabe morir.

El lenguaje eufemístico, por lo tanto, ya es revelador de una actuación con el brazo encogido, si me permite la expresión, a la defensiva, no muy afinada en cuanto a las convicciones profundas de la proposición que es relevante, pero que ustedes proponen. El sustantivo es eutanasia y lo que nos propone el Consejo de Europa también es no utilizar eufemismos o lenguajes perifrásticos peligrosos como los muchos que se utilizan cuando se habla de esta materia. Se utilizan varios: liberación espiritual, en unos casos; acto final de autodeterminación, en otros; muerte misericordiosa, en otros casos; mercy killing, utilizando el anglicismo en otros casos; homicidio por compasión. Se regula lo que pretende ser un derecho subjetivo en la concepción que yo he intuido que usted preconizaba a conceptos que pertenecen más a la metafísica o a la teología que a los requerimientos del ordenamiento jurídico y las capacidades de disposición del mismo. Derechos como la compasión, la piedad, la misericordia no se compadecen con la ubicación constitucional que ustedes pretenden atribuir a este derecho, que es la consignada por el artículo 10.1 de la Constitución española, incardinando el derecho a la muerte digna, a la eutanasia -utilicen la expresión sin ningún complejo-, a la eutanasia en el artículo 10.1 de la misma, que se refiere al libre desarrollo de la personalidad y la dignidad.

Cuando ustedes ubican este derecho en un derecho constitucional que preconiza la dignidad de la persona y el desarrollo de la libre personalidad, tenemos que analizar cuál es el contenido esencial de este derecho. Así como es fácil colegir cuál es el contenido esencial del derecho a la vida, proclamado por el artículo 15 de la Constitución, porque sobre esta materia hay prolija jurisprudencia constitucional y no solo hay prolija jurisprudencia constitucional, sino mecanismos en lo que se denomina constitución en negativo, que es el Código Penal, de protección del derecho a la vida, que van desde la regulación del delito de homicidio al delito tipificado en el artículo 143, que usted ha citado, de auxilio al suicidio, protección penal contra la contravención del derecho a la vida, usted no me puede citar una sola sentencia del Tribunal Constitucional, de la jurisprudencia constitucional, ni me puede citar una sola sentencia de la jurisprudencia ordinaria del Tribunal Supremo donde se incardine el contenido esencial del artículo 10.1 que ustedes consideran como legitimante de lo que ustedes en este pedimento preconizan en su contenido esencial la capacidad de disponer de la vida.

Luego entramos en el ámbito de lo valorativo en la proposición que ustedes presentan. Y el ámbito valorativo versus el hábito jurídico constitucional nos lleva a un terreno cuando menos -tendrá usted que reconocérmelo- resbaladizo, porque la colisión de derechos y la preeminencia de unos sobre otros es compleja de articular en tanto en cuanto los tribunales o la jurisprudencia no nos proveen de elementos de concreción suficientes. Podemos recurrir a otro elemento, a otro sector o a otro ámbito del ordenamiento jurídico, al derecho internacional público aplicado, incorporado al derecho español, al ordenamiento jurídico español, al Convenio del Consejo de Europa sobre los derechos humanos y la biomedicina, vigente en el Estado español, como usted sabe, desde el 1 de enero del año 2000, donde se establece que -usted lo ha dicho- resulta obsoleta la Ley General de Sanidad del Estado español, de 1986, que inspiró la Ley 41/2002, de autonomía del paciente. Sin embargo, esta ley tampoco incorpora en el catálogo de prestaciones y derechos del paciente el derecho a disponer sobre su propia vida. Que no lo incorpore no quiere decir que no exista, efectivamente, pero tenemos que recurrir a lo especulativo otra vez y a lo valorativo y lo valorativo y lo especulativo no se puede despachar en una proposición de estas características. Hace falta un debate profundo, largo en el tiempo, que recabe consensos parlamentarios y sociales suficientes, porque lo demás es imponer de forma arbitraria una posición legislativa que obtenga los apoyos parlamentarios suficientes o no, pero no se corresponde con los requerimientos de la justicia material, de la justicia formal y los requerimientos constitucionales.

¿Qué quiere que le diga en relación con lo que usted ha dicho? Ustedes realizan...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, vaya terminando.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya, señora presidenta.

Decía que ustedes realizan una aproximación conceptualmente deficiente, tanto en este ámbito como en el ámbito del testamento vital, al que también se refieren, testamento vital iniciado por un abogado de Chicago en el año 1967, que usted conocerá posiblemente, Luis Kutner, donde también se utiliza el lenguaje perifrástico y eufemístico para degradar y devaluar un poco el contenido sobre directivas avanzadas, instrucciones orales u escritas, carta de poder al médico. En definitiva, el testamento vital consiste en conferir un mandato de representación a otra persona porque el enfermo no está en condiciones de conferir personalmente la autorización o el reconocimiento de su pretendido derecho a morir. ¿Qué ocurre con el contrato de mandato en el derecho positivo español? Ahí tenemos que recurrir necesariamente al Código Civil. El Código Civil, que regula el contrato de mandato, establece en el artículo 1709, por conexión con el 1255, que son nulas y carecen de validez


Página 19




todas las cláusulas de un contrato de mandato que sean contrarias al ordenamiento jurídico, a la ley y la ley lo que hace es tipificar como delito esta circunstancia, un delito de auxilio al suicidio. Luego esto también lo tenemos que pormenorizar de forma mucho más fina y sofisticada que lo que dimana de la...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Con esto acabo.

Sin embargo -para terminar las argumentaciones, señora presidenta, de verdad-, no se refieren a la distanasia, que es lo contrario a la eutanasia, prolongar artificialmente mediante el encarnizamiento terapéutico la vida del paciente. Lo hace la ley andaluza, que tiene una dimensión mucho más adecuada conceptualmente que lo que ustedes presentan. Y no lo hace, desde luego, Fernando Rojas en la Celestina, cuando acaba diciendo en una de sus reflexiones más lúcidas, seguramente, que nadie es tan joven para que no pueda morir...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, lo siento, se ha acabado su tiempo, muy ampliado. Una última frase.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ... ni tan viejo para que no pueda vivir un día más.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, creo que la sociedad española merece un debate sosegado sobre el asunto que nos trae hoy aquí el Grupo de La Izquierda Plural, que no es otro que el de la muerte digna. Merece un debate que no sea sectario, es decir, que sea un debate racional en el que sobre todo no perdamos nunca de vista -ni nosotros ni esa sociedad a la que debemos también trasladar el debate y en la que debemos fomentar que tenga lugar ese debate- los sujetos que son la preocupación de una reforma legal de estas características, que no son otros que los enfermos que están sufriendo situaciones de agonía, situaciones de dolor y para los que se trata de encontrar una solución dentro de los límites legales. Siempre que tengamos en mente que estamos buscando una solución a esos problemas y no una justificación de algún tipo de identidad política el debate, en cualquier caso- incluso en el caso de que esta proposición de ley no salga adelante-, será fructífero y contribuirá a profundizar en la reflexión sobre estas cuestiones que tan importantes son para la sociedad.

En primer lugar, aunque nos parece que ya de entrada el propiciar este debate, señor Sixto, y hacerlo con una proposición de ley que a nuestro juicio está bien fundada y bien pensada en cuanto a las reformas jurídicas que serían necesarias, sí que me veo obligada a señalar que hay una confusión conceptual que a nosotros nos parece muy importante aclarar y que, en el caso de que la proposición saliera adelante, lo haríamos en la fase de enmiendas.

Como usted sabe muy bien, no es lo mismo la eutanasia activa que la eutanasia pasiva, y conviene diferenciar legalmente estos dos términos con claridad. También conviene mencionar el encarnizamiento terapéutico, como ya ha mencionado algún otro portavoz, y conviene diferenciar todo ello del suicidio asistido. Una vez que estos conceptos quedan clarificados, sí que creo que vale la pena profundizar en la gran cuestión, en la estremecedora cuestión sobre la que estamos debatiendo hoy, que no es otra que aquella con la que iniciaba Albert Camus El mito de Sísifo, con aquella frase terrible que decía: Este libro trata sobre la cuestión fundamental, sobre si la vida merece la pena ser vivida o no. Esa es en el fondo la cuestión que estamos debatiendo, sobre qué vidas y en qué circunstancias merecen la pena ser vividas y qué vidas no lo merecen. Y esta cuestión plantea a la sociedad un dilema de grandes dimensiones porque hay, por un lado, una cuestión humanitaria ineludible, que es la voluntad general y humana de acortar el sufrimiento de quienes están padeciendo una grave enfermedad o una enfermedad de padecimientos que no tiene solución -aun cuando no vayan a causar una muerte inmediata- y, por otro lado, hay que conjugar esto con el comprensible temor de quienes utilizan ese tipo de eufemismo -a mí no me parece, al contrario que al señor Olabarría, que muerte digna sea un eufemismo, pero sí me parece que lo sea la disponibilidad de la propia vida-. Desde luego, hay que cerrar todas las puertas al riesgo posible de que sean otros los que dispongan de la vida de uno, ya sea del ámbito médico o del ámbito familiar, porque tampoco vamos a ignorar aquí situaciones que se dan en las que hay entornos que pueden estar deseando librarse de un enfermo, y esa puerta hay que cerrarla radicalmente.

En cuanto a lo que decía yo sobre si la vida merece la pena ser vivida y qué vidas lo merecen, lo que tenemos que admitir es que es irresoluble y parte de nuestras limitaciones como legisladores es que no podemos resolver esta cuestión, porque no es una cuestión que tenga una solución universal. Creo que es fundamental que ante un tema de esta magnitud partamos de esa limitación que tenemos a la hora de legislar, que es que no tiene una respuesta universal; tiene una respuesta que se encuentra exclusivamente en el ejercicio de la libertad personal, de la libertad más íntima diría yo, y en el ejercicio de esa soberanía que el individuo tiene sobre su propio cuerpo. Dentro de esos márgenes, la respuesta a esa pregunta solo puede ser individual y no puede ser universal. Por lo tanto, lo que tiene que hacer una reforma


Página 20




legal es garantizar que todos y cada uno de los ciudadanos puedan encontrar a través de la reforma legal la solución, el cauce que garantice su propia respuesta individual, sea cual sea a la que hayan llegado, y que puedan ejercer esa decisión que han tomado libre e íntimamente y con plena conciencia de sus facultades con absoluta seguridad jurídica tanto para ellos como para el entorno médico y con garantías legales de todo tipo. Insisto en que, en una reforma legal hipotética sobre este asunto, no se trata de universalizar sentimientos o creencias, sino de garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su libre albedrío sin presiones de ninguna clase, sin maniobras de ningún tipo de su entorno, sea familiar o sea médico y con plena seguridad, que solamente se la pueden otorgar las leyes. Sobre todo, hay que dar una solución a este asunto porque ya está ocurriendo, como muestran algunos de los datos que ha citado el señor Sixto, y, por lo tanto, es una hipocresía pensar que porque no hablemos de ello o porque no lo regulemos va a dejar de ocurrir. Esto es algo parecido a aquello que decía Suárez en la Transición: se trata de hacer normal en las leyes lo que es normal o por lo menos lo que ya ocurre, si bien a veces de forma normal y a veces de forma semiclandestina, en la calle, y en este caso en los hospitales.

Nos parece muy necesario ese registro público de voluntades anticipadas que plantea su proposición de ley. Creemos que tendría que tener un carácter nacional o un tipo de coordinación de todas las comunidades autónomas para impedir que, si uno ha hecho el registro de sus voluntades anticipadas en una comunidad y enferma o se accidenta en otra, se pueda tergiversar esa voluntad que ha formulado de manera expresa. En todo caso, creemos que este debate es muy necesario, y por eso vamos a votar a favor de la toma en consideración. No compartimos esa confusión conceptual que le he mencionado, pero mucho menos compartimos la hipocresía. Sí creemos que es muy necesario debatirlo y que un buen punto de partida es precisamente tomar en consideración esta proposición de ley para que todos los grupos puedan hacer sus aportaciones y presentar sus enmiendas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Lozano.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.

El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.

Señorías, no es la primera vez que este Pleno de la Cámara debate una proposición de ley similar a la que hoy nos plantea el Grupo de La Izquierda Plural sobre la disponibilidad de la propia vida. Quiero recordar que debates como el que hoy estamos teniendo en este Pleno se han dado en cada una de las últimas legislaturas a través de este mismo mecanismo parlamentario de la proposición de ley, también a través de mociones y de proposiciones no de ley, pero a través de proposición de ley lo hemos debatido con títulos similares el 20 de marzo de 2001 en la VII Legislatura, el 16 de octubre de 2007 en la VIII y el 10 de marzo de 2009 en la IX. Hoy, 27 de marzo de 2012, debatimos nuevamente un tema que desde Convergència i Unió entendemos que merece un debate sereno, un debate que aborde la necesaria cercanía humana y personal que se da en estas regulaciones y un debate que huya también de lo que podría en ocasiones ser un cierto oportunismo mediático o político que pudiera enlazar la normativa que pueda aprobar estas Cortes Generales con lo que pudieran ser casos muy concretos, individuales, muy mediáticos y que a todos nos invitan a una reflexión. Por tanto, nosotros le damos valor a que una vez más, en este caso el Grupo de La Izquierda Plural, a través del diputado señor Sixto, nos haya planteado esta reflexión colectiva, esta necesidad o no de llegar a una modificación legislativa en este ámbito.

Ustedes plantean tres grandes aspectos legislativos desde un punto de vista normativo: pretenden modificar el Código Penal para despenalizar determinados aspectos muy ligados a lo que se conocería como eutanasia activa y se produciría una despenalización directa, y modifican la Ley General de Sanidad, así como una ley a la que nosotros queremos darle todo el valor, la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Es una ley importante en tanto que viene a incorporar algo que el Parlament de Catalunya ya aprobó de manera pionera en su día, la llamada ley del testamento vital, que es dejar publicitado el tratamiento que el enfermo terminal recibe, cuando él ya no es capaz de decidir por sí mismo cuál va a ser el proceso final de su vida, y qué tipo de tratamientos va a recibir. Es un marco sobre el que debemos reflexionar. Es cierta la necesidad -nuestro grupo ya lo ha votado previamente a favor-, como decía ahora en su intervención la diputada de Unión Progreso y Democracia, de que esas voluntades tengan publicidad, de esos registros públicos para que se conozca bien la voluntad que cada uno de nosotros quiere dejar plasmada para cuando uno afronta su proceso final de vida -todos vamos a llegar a él- y ya no puede decidir por sí mismo cómo orientar los cuidados, cómo orientar las atenciones, cómo orientar los protocolos médicos que debe y puede recibir.

En este ámbito, señor Sixto, queremos hacer nuestras las últimas recomendaciones del propio Consejo de Europa. Existe un último informe del Consejo de Europa, aprobado el 12 de diciembre de 2011 en Estrasburgo, un informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que tuvo como ponente además a un diputado de esta Cámara, mi compañero Jordi Xuclà, en el que hay más de seis recomendaciones expresas. Quiero relatarles algunas de ellas, porque nos pueden orientar en este debate, porque se han aprobado en el Consejo de Europa y porque son importantes para plasmarlas en lo que debería ser, si algún día se afronta, una modificación


Página 21




de la actual normativa reguladora. El Consejo de Europa se muestra favorable a la redacción del testamento vital, se muestra favorable a la renovación periódica de ese testamento vital, y este es un aspecto importante. No es lo mismo lo que uno pueda pensar cuando afronta esas decisiones y tiene cuarenta y cinco años que lo que esa misma persona puede pensar cuando está más cerca el proceso final de su vida. Por tanto, existe esa necesidad de realizar testamentos vitales, pero además la necesidad de que ese testamento vital se pueda ir renovando, la necesidad de adaptar esas decisiones a los avances clínicos, médicos y terapéuticos, porque se dan y porque hoy no sabemos exactamente qué medidas tendremos para ayudar a evitar sufrimientos cuando uno deba afrontar realmente ese proceso final de su vida. Es necesaria esa adaptación a los avances de la medicina a la hora de ayudar a tomar ese tipo de decisiones. Hay que publicitarlas, de ahí la importancia de los registros públicos. Esto también lo dice el Consejo de Europa.

Otro aspecto importantísimo que nos debería llevar a la reflexión, como lo ha hecho el Consejo de Europa -he leído los antecedentes de anteriores debates y no he conseguido encontrar esa reflexión en los debates que hemos tenido en esta Cámara sobre este tema- es la necesidad de desligar a aquella persona que va a tomar las decisiones sobre ese proceso final cuando uno mismo ya no las puede tomar de aquella persona que está directamente ligada a la administración de los bienes patrimoniales, a la administración de las últimas voluntades, pero en el aspecto patrimonial, de la persona que está afrontando el proceso final de su vida. Esto hay que desligarlo, que quien deba tomar esas decisiones para aplicar ese testamento vital no sea la misma persona que después vaya a tener una vinculación directa en la administración patrimonial de los bienes de esa persona que afronta la fase final de su vida. He querido poner en valor esas recomendaciones porque creo que ilustraría la necesidad de ir mejorando e ir adaptando esta ley que se aprobó en el año 2002, que tenía un precedente en el Parlament de Catalunya y que tenía un precedente -y quiero ponerlo también en valor- en una proposición de ley que se aprobó en el Senado a través de un senador de Convergència i Unió, Jaume Cardona, que fue la última ley que ese senador redactó y propuso como ponente porque él estaba afrontando el proceso final de su vida. Él, desde esa orientación, quiso dar esas pautas de testamento vital que creo que siguen siendo útiles en el momento actual.

En consecuencia, la reflexión que nos trae el señor Sixto es importante y los parlamentarios de Convergència i Unió tenemos libertad de voto en este aspecto, que entendemos que están muy ligados a la conciencia de cada uno de los parlamentarios. Desde ese respeto a la iniciativa, sí queremos adelantarle que, en todo caso, lo que no está en duda en estos momentos es que debemos alejarnos de los llamados encarnizamientos terapéuticos que intentan alargar la vida sin sentido de personas que están afrontando la fase final de su vida, que están en una fase de la muerte próxima, y alargarla en demasía a través de ese encarnizamiento terapéutico creo que todos coincidimos en que no es la mejor de las soluciones. Todos sabemos que ya se está dando la llamada sedación compasiva y que está admitida. Y hay que poner en valor - aprovechando que preside la Cámara una persona, como la diputada Celia Villalobos, que en su día fue ministra de Sanidad y conoce bien esta Cámara- de qué manera nuestra sanidad pública ha avanzado de forma muy importante en los protocolos médicos para los cuidados paliativos que se administran desde los servicios públicos de salud, con seriedad y con un gran humanismo por parte de todos los equipos que aplican esas curas paliativas, esos cuidados paliativos. Poniendo todo esto en valor, repito la posición de nuestro grupo que, a pesar de que tiene libertad de voto, tampoco le quiero ocultar, señor Sixto, que más allá de las reformas concretas que usted hoy defiende en su proposición de ley, lo que deberíamos intentar impulsar son las mejoras en esa ley reguladora de la autonomía del paciente, para irla adaptando en cada momento a los avances técnicos, a los avances clínicos, a los avances terapéuticos, para reconocer un derecho que tenemos todos: el derecho a afrontar con dignidad el proceso de nuestra muerte. Y ese derecho a afrontar con dignidad el proceso de nuestra muerte es el que desde Convergència i Unió también queremos reflejar a través de ese voto que hoy realizaremos en esta proposición de ley.

Muchas gracias, señora presidenta, señorías.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Jané.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Villarrubia.

El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señora presidenta, señorías, la proposición de ley de La Izquierda Plural pretende la despenalización del auxilio al suicidio y de la llamada eutanasia activa, al declarar exenta de pena la conducta del que, mediante actos necesarios o de cooperación activa, permita, propicie o facilite la muerte digna o sin dolor de otra persona a petición expresa, libre e inequívoca de esta en determinados casos. Además, propone introducir modificaciones en leyes de ámbito sanitario, la Ley 14/1986, General de Sanidad, y la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente, orientadas a dar soporte a la disposición sobre la propia vida referida tanto a la expresión del consentimiento de tratamiento como a la elección del mismo. Asimismo, plantea la creación de un registro público de voluntades anticipadas, que han reiterado algunas de sus señorías, y tengo que decir que ya está creado mediante Real Decreto de 2 de febrero de 2007, que regula el registro nacional de instrucciones previas para garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos a todos los ciudadanos.

La Izquierda Plural -y antes Izquierda Unida- viene presentando la misma iniciativa al menos desde


Página 22




la VIII Legislatura y con propuestas de despenalizar la cooperación necesaria al suicidio y establecer la eutanasia. El Gobierno socialista ya presentó un proyecto de ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, que no llegó a ser debatido y tramitado por concluir la legislatura. El 27 de diciembre de 2011 hemos presentado una proposición de ley en la misma dirección. Señorías, somos conscientes de los interrogantes éticos y jurídicos que se suscitan sobre las respuestas que la sociedad y la ciencia, la medicina y los profesionales sanitarios, y por supuesto las administraciones y los poderes públicos han de dar a un número creciente de procesos terminales, degenerativos e irreversibles, que también derivan de aspectos positivos a veces como el aumento de la esperanza de vida, etcétera. Sabemos también que la regulación actual presenta vacíos y lagunas que dan lugar a que el respeto a la voluntad de cada uno, en todos los momentos de la vida y en la muerte, no esté asegurado plenamente frente a instituciones sanitarias o sociales o a los propios familiares. Conocemos la inseguridad en que se desenvuelven los profesionales sanitarios en este ámbito y que reclama una regulación más precisa, con casos tan lamentables como lo ocurrido en la Comunidad Autónoma de Madrid, en el Hospital de Leganés, y consideramos que todo el proceso del fin de la vida debe realizarse en un contexto de prestaciones y de atención especialmente orientado a las necesidades y al respeto de la intimidad personal y familiar.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista plantea su modelo de regulación en el conjunto de derechos consagrados en la Constitución española relativos a la dignidad de la persona, artículo 10; al derecho de todos a la vida y a la integridad física y moral, artículo 15; al derecho a la intimidad personal y familiar, 18.1; y al derecho a la protección de la salud, artículo 43. El Grupo Parlamentario Socialista plantea como principal objetivo el derecho a que el final de la vida se produzca sin dolor y con pleno respeto a la voluntad personal. Planteamos que se regulen bien algunos nuevos derechos: a la protección de la dignidad de las personas en el proceso final de la vida; a la información asistencial; a la toma de decisiones; a otorgar instrucciones previas, así como a revocarlas o a modificarlas; el derecho al tratamiento del dolor, a morir acompañado, y el derecho a la intimidad personal y familiar. Igualmente se aporta seguridad jurídica a los profesionales sanitarios y se garantiza la igualdad de todos los ciudadanos con independencia del lugar donde vivan.

¿Qué diferencia tiene nuestra posición con la eutanasia? Con la eutanasia el fin de la intervención sobre el paciente es acabar con la vida. Nuestra proposición de ley no permite provocar en ningún caso la muerte y tampoco permite el suicidio asistido, ambas cosas están tipificadas como delito en el artículo 143.4.º del Código Penal, si bien con la atenuación y la rebaja de pena en uno o dos grados, según la situación. La finalidad de nuestra propuesta es asegurar que la intervención sanitaria evite el sufrimiento innecesario o el ensañamiento terapéutico en situación terminal e irreversible, en definitiva vivir con dignidad hasta el último minuto. Para ello planteamos, entre otras medidas, la limitación del esfuerzo terapéutico, la posibilidad de que el paciente rechace el tratamiento, la sedación paliativa para evitar el dolor y sufrimiento, previo consentimiento informado explícito.

Señorías, el Tribunal Constitucional, además de haber reconocido el derecho de las personas a rechazar un tratamiento, aun a sabiendas de que ello puede hacer que peligre su vida, ha afirmado en su sentencia de 28 de marzo de 2011, que forma parte del artículo 15 de la Constitución, una facultad de autodeterminación que legitima al paciente, en uso de su autonomía de la voluntad, para decidir libremente sobre las medidas terapéuticas y tratamientos que puedan afectar a su integridad, escogiendo entre las distintas posibilidades, consintiendo su práctica o rechazándola, la cual sería precisamente la manifestación más importante de los derechos fundamentales que pueden resultar afectados por una intervención médica, la de decidir libremente entre consentir el tratamiento o rehusarlo, posibilidad que ha sido admitida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque pudiera conducir -dice- a un resultado fatal. No cabe sin embargo incluir entre los derechos consensuados de los pacientes en el proceso final de su vida el de ser sujeto de la actuación conocida como eutanasia, que si bien etimológicamente significa buena muerte, sin embargo se ha ido connotando con numerosos significados que la han vuelto imprecisa.

Señorías, no es de eutanasia de lo que trata la proposición de ley del Partido Socialista. La que defendemos y la que se concreta en la iniciativa presentada pretende asumir legalmente el consenso generado sobre los derechos del paciente en el proceso final de su vida, sin alterar en cambio la tipificación penal vigente de la eutanasia o suicidio asistido en ese tratamiento privilegiado surgido del debate del Código Penal del año 1995, concebido como la acción de causar o cooperar activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, que no apoyamos. De hecho no fue objeto de discusión en la última reforma del Código Penal de 2010 -importantísima reforma-, en su artículo 143. Nuestro modelo trata de articular la respuesta al proceso final de la vida, concebido como un final próximo e irreversible, eventualmente doloroso y potencialmente lesivo de la dignidad de quien lo padece, para en la medida de lo posible aliviarlo en su transcurrir con respeto a la autonomía, integridad física e intimidad personal de la persona, y no contempla la alteración ya privilegiada del tratamiento penal vigente. Un examen del derecho comparado permite comprobar que nuestra legislación al respecto es homologable a la del resto de los países de nuestro entorno. La acción del Gobierno socialista en las dos últimas legislaturas concretó en este ámbito la aprobación de la estrategia nacional de cuidados paliativos y el Registro nacional de instrucciones previas, regulado


Página 23




como les decía mediante el Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, que tiene como función constatar la existencia de instrucciones previas, su localización en los registros autonómicos, su fecha de inscripción, así como su modificación o revocación, si las hubiere, porque el núcleo duro es el derecho de los ciudadanos a redactar su testamento vital y a que su contenido sea respetado. En 2008 presentó la Guía práctica clínica sobre cuidados paliativos para el Sistema Nacional de Salud, y durante el año 2009 fueron recogidos datos en todas las comunidades autónomas para evaluar y actualizar la estrategia en 2010.

Señorías, voy terminando. Algunas comunidades autónomas, como la de Andalucía -permítanme en este momento felicitar a mis compañeros de Andalucía y de Asturias por sus magníficos resultados electorales del domingo- (Rumores), aprobaron la ley de 8 de abril de 2010; la Comunidad de Aragón la de 24 de marzo para 2010-2011, y la Comunidad Foral de Navarra la de 24 de marzo de 2011, que han regulado los derechos de los pacientes y las garantías ante el momento final de la vida, y la práctica totalidad de ellas han regulado la manifestación de las voluntades anticipadas, también llamado testamento vital.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Villarrubia, tiene que terminar.

El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Voy terminando. La presentación de esta iniciativa, que se repite en sus contenidos -lo digo con todo el afecto-, es una reiteración idéntica que no tiene en cuenta todas estas evoluciones que hemos comentado. Para terminar, como decía mi compañera Pilar Grande en su intervención de febrero de 2011, es el paciente el centro de la decisión clínica porque creemos que es el titular de los derechos quien debe dirigir en todo momento el proceso hasta el final de su vida, impidiendo que los profesionales tomen decisiones sin su consentimiento, evitando por tanto que sea el profesional el centro de la relación clínica y que sus actuaciones estén basadas en creencias y convicciones personales, morales o religiosas del mismo. De aquí la importancia de tener un documento de instrucciones previas que sea respetado y que dé seguridad jurídica no solo al titular, sino también a los profesionales que actúan en este proceso.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Villarrubia, concluya.

El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señora presidenta, acabo. Por todo ello no vamos a votar favorablemente el texto de la proposición de ley, aunque coincidimos en una serie de aspectos que la misma contiene en base a idénticos argumentos que hemos reiterado ya en numerosas ocasiones, y en las importantes discrepancias que aún tenemos en su regulación penal.

Muchas gracias (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Torrado.

La señora TORRADO DE CASTRO: Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, desde el Grupo Parlamentario Popular compartimos con ustedes la preocupación por un asunto tan sensible como son las decisiones relativas al final de la vida. La realidad es que existen situaciones personales y familiares en las que es imprescindible una total lucidez para tomar decisiones -nunca mejor dicho- vitales, y esta lucidez requiere estar fijada sobre pilares legales, jurídicos y sanitarios inequívocos. Por ello es necesario abordar este asunto con toda la sensibilidad, pero también con toda la precisión y esa precisión ha de partir de los propios términos a los que podemos referirnos cuando abordamos la dignidad de la muerte de un ser humano.

Desde el Grupo Parlamentario Popular apoyamos todas las medidas que redunden en la mejora de los servicios asistenciales, la calidad de la atención al paciente en los cuidados paliativos, la atención al dolor y a la hospitalización a domicilio, pero entendemos que esta iniciativa no aporta valor asistencial más allá de una clara intencionalidad ideológica. Una proposición por cierto idéntica -lo decía el diputado socialista- a la que presentaron ustedes, el mismo grupo, en la pasada legislatura. Bueno, más que idéntica, es que es la misma, señores diputados, porque en general quiero decirles que los modelos regulatorios más implantados en nuestro contexto cultural sancionan todos los actos de participación de terceros en el suicidio o muerte libremente consentida. Y la gran mayoría de los Estados sancionan como homicidios atenuados los casos de causación de muerte consentida o a petición, manteniendo la impunidad de los casos de eutanasia pasiva u omisiva y de eutanasia activa indirecta. En nuestro país las únicas conductas que se sancionan en relación con el suicidio las recoge el artículo 143 del Código Penal, y son actos de participación en el suicidio ajeno, inducción, cooperación necesaria, cooperación ejecutiva, que se regulan como categorías delictivas autónomas.

Señorías, la proposición que una vez más, una legislatura más nos presenta al grupo parlamentario La Izquierda Plural no plantea otra cosa que la despenalización de la conducta de quien propicie la muerte de otra persona mediante actos necesarios de cooperación activa. Una cosa es que el suicidio no esté penado y otra dejar impune la intervención de un tercero que acabe causando la muerte, pues basándonos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, aunque un paciente estuviera impedido para realizar una acción positiva que causara su propia muerte, su petición de ayuda para que interviniese en la misma otra persona sería claramente contraria al derecho. Además el artículo 15 de nuestra Constitución garantiza el derecho a la vida y no por ello el derecho a la propia muerte. Por eso desde el Grupo


Página 24




Parlamentario Popular no queremos olvidarnos y nos acordamos especialmente de aquellos que son objeto de toda nuestra política social: las personas con discapacidad, los más vulnerables, los más frágiles, y además trabajamos y velamos para hacer más llevaderas las difíciles situaciones a las que las vicisitudes de la vida han podido llevarles. Queremos estar cerca de ellos, queremos estar a su lado y ofrecer todas las posibilidades para sacar el máximo provecho del tiempo que pasamos en este mundo, en el que todos sin distinción, independientemente de nuestras condiciones y capacidades físicas o mentales, tenemos mucho que aportar. Me van a permitir que cite a uno de los genios de nuestro tiempo, el admirado Stephen Hawking, considerado el físico teórico más brillante desde los tiempos de Einstein. Un hombre que tanto ha aportado a la ciencia en los últimos cuarenta años a pesar de que en 1963 le pronosticaron solo unos pocos meses de vida, tras diagnosticarle una grave enfermedad. Según esta indiscutible figura de la física -y cito textualmente- terminar con la vida sería un gran error, sin embargo en esa mala vida que nos pueda parecer siempre hay algo que se puede hacer, porque mientras que hay vida hay esperanza.

En la VI legislatura -se ha dicho aquí ya- se constituyó la Comisión de Estudio sobre la Eutanasia ante la que comparecieron distintas personalidades y numerosos expertos exponiendo los interrogantes éticos, jurídicos y políticos que rodean la cuestión. El Ministerio de Sanidad de entonces se refirió a la repercusión que sobre el sistema sanitario podría tener la aplicación de una norma como la ahora propuesta, haciendo una especial mención a la necesidad de contemplar aspectos relativos al fomento de los cuidados paliativos y su extensión a toda la población, y al reconocimiento de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Por eso desde el Grupo Popular apostamos claramente por los cuidados paliativos, porque estas atenciones, cuidados, tratamientos médicos y farmacológicos que se dan a los enfermos en la fase avanzada y enfermedad terminal mejoran su calidad de vida y consiguen que el enfermo esté sin dolor. Con la estrategia en cuidados paliativos para el Sistema Nacional de Salud que también se está desarrollando por las comunidades autónomas se están promoviendo protocolos uniformes en todo el territorio español, para ofrecer una respuesta coordinada a las necesidades de estos enfermos y también de sus familias. Y entre sus objetivos figuran, cómo no, la universalización de los cuidados paliativos domiciliarios en el ámbito de la atención primaria. Por eso desde este grupo queremos mejorar la calidad de vida, tanto de los pacientes que afrontan una enfermedad como de sus familias mediante la prevención y el alivio del sufrimiento, con una evaluación adecuada y el oportuno tratamiento del dolor y otros problemas, tanto físicos como psicosociales.

En relación con este asunto es conveniente recordar que las administraciones sanitarias de las comunidades autónomas cuentan con registros de voluntades anticipadas o testamento vital. Y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad cuenta asimismo con el Registro nacional de instrucciones previas que tiene por objeto posibilitar el conocimiento en todo nuestro país de las instrucciones previas o determinaciones sobre su vida otorgadas por los ciudadanos. Por eso todos los españoles, todos los ciudadanos tienen que saber que nuestro sistema sanitario dispone de unidades de cuidados paliativos, tanto a domicilio como en los propios centros, que deberán seguir siendo reforzadas con medios materiales, con ubicaciones físicas adecuadas en los centros sanitarios así como mejorando y apoyando todas las acciones de formación de los profesionales que en ellas prestan sus servicios, porque para llevar a cabo todos estos objetivos el Gobierno, a través de los fondos para políticas de cohesión territorial, financia proyectos para la aplicación de esta estrategia. Por otro lado, gracias a la concesión de ayudas económicas a entidades sin ánimo de lucro de ámbito estatal, se realizan programas específicos para su desarrollo, y además se apoya a la investigación mediante las convocatorias del Fondo de investigaciones sanitarias y de la evaluación de tecnologías sanitarias. De esta manera el Gobierno, el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad impulsa un modelo de atención interdisciplinario que permite ampliar el conocimiento y mejorar la asistencia a los pacientes, así como también a sus familias. Nuestra intención es seguir avanzando en las buenas prácticas médicas y de colaboración interadministrativa, porque son ellas las que día a día están haciendo posible la progresiva consolidación del derecho a la dignidad y a la autonomía personal en el proceso final de la vida.

Sin duda, señorías, la discusión moral, política y jurídica sobre esta cuestión puede resultar interesante, pero es innecesario abrir un debate acerca de la eutanasia y su regulación penal. Como he dicho anteriormente nuestra regulación se asemeja a la de otros países democráticos. Por todo ello desde el Grupo Parlamentario Popular, como ya hicimos ante idéntica proposición, votaremos en contra. Considerando además -y esto es algo que se ha puesto de manifiesto esta tarde aquí y muchos de los grupos estamos de acuerdo- que en este momento lo necesario es intensificar la estrategia nacional en cuidados paliativos, al tiempo que difundir y dar a conocer a todos los ciudadanos la existencia del Registro de instrucciones previas para hacerles saber la importancia que puede tener este documento a la hora de hacer valer su voluntad en momentos muy difíciles de su vida.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Torrado.


Página 25




PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE SUPRESIÓN DE LAS SUBVENCIONES NOMINATIVAS (Número de expediente 162/000176).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a debatir el segundo punto del orden del día, relativo a las proposiciones no de ley. En primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre supresión de las subvenciones nominativas. Para su presentación tiene la palabra el señor Suárez Lamata.

El señor SUÁREZ LAMATA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular solicita en esta proposición no de ley al Gobierno de España que modifique la Ley de Subvenciones, de 17 de noviembre de 2003, ley por cierto propuesta por un Gobierno del Partido Popular y aprobada en esta Cámara ya hace algún tiempo, que técnica y jurídicamente era buena -pasó con un informe muy favorable del Consejo de Estado-, y cuya directriz básica era que el principio de concurrencia primaba en el reparto de subvenciones, tasando de forma muy concreta las excepciones. Lo cierto es que en los últimos años se han buscado subterfugios, puertas de atrás, y al final las subvenciones nominativas han acabado proliferando. Desde mi grupo parlamentario consideramos determinante el cambio de este discurrir. En este sentido el propio presidente del Gobierno, en el debate de investidura, en noviembre, ya manifestó la intención de acabar con carácter general -con carácter general- con las subvenciones nominativas. En el mismo sentido se ratificaba la vicepresidenta del Gobierno en la Comisión Constitucional en enero de 2012. Hablaba de excluir prácticamente las subvenciones nominativas.

Los objetivos -y en este sentido va la proposición no de ley que hemos presentado- de la reforma de la Ley General de Subvenciones deben ser tres: acabar con las subvenciones nominativas prácticamente; segundo, incrementar el proceso de transparencia en la concesión de las subvenciones; y tercero, mejorar el impacto de los fondos concedidos, no solamente que se controle que el dinero llega, sino la eficacia del mismo una vez que ha llegado. Para ello hay que analizar esta cuestión dentro de la política presupuestaria que determine el Gobierno. Es evidente, señorías, que estamos en una España en crisis, con unas tasas de paro insoportables, con un endeudamiento desconocido, con un déficit más allá del 8 %, y por tanto, señorías, es necesario reflexionar sobre todo lo que sea manejo de fondos públicos, también por qué no de las subvenciones, y es necesario volver la vista atrás y ver qué ha sucedido con las mismas. A la conclusión a la que llegamos fundamentalmente es que se ha producido un abuso importante de las subvenciones nominativas, también a través de los convenios de colaboración, y al final porque la normativa presupuestaria no establece reglas materiales en relación con las subvenciones nominativas. Por ahí es por donde han proliferado fundamentalmente. Y lo cierto, señorías, es que las subvenciones al final han abierto un debate al destaparse abundantes irregularidades en el manejo y utilización de las mismas y de las ayudas económicas.

El debate está en la calle, señorías, con eso que se llama cultura de la subvención. Podemos volver un poco la vista atrás y al final reflexionar sobre la eficacia y la eficiencia de los 15.000 millones concedidos en el PlanE con subvenciones; podemos reflexionar con determinadas subvenciones que se concedieron, por ejemplo el 18 de noviembre, a dos días de las elecciones por el Ministerio de Sanidad; podemos reflexionar sobre subvenciones que yo me atrevería a decir exóticas, concedidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores para la resolución de conflictos de hipopótamos en Guinea Bissau, y podemos al final reflexionar, señorías, sobre lo acontecido y sucedido con los ERE en Sevilla, que creo que ponen colorado a cualquiera. Señorías, con esto lo que sucede es que los ciudadanos no entienden cómo es posible que esto pase, cómo es posible que sus impuestos se gasten así en determinados supuestos, no entienden los ciudadanos que más de 12.000 millones de euros -que es a lo que asciende el dinero destinado en subvenciones en el año 2011, con un incremento importante en los últimos años-, que una buena parte de esos recursos económicos sean subvenciones nominativas. Por cierto, esos 12.000 millones lo que ponen en evidencia es que el Gobierno anterior, el Gobierno socialista incumplió el propio Plan de estabilidad que remitió a Bruselas, en donde se comprometía a que solamente en subvenciones se destinara el 0,8 % del producto interior bruto, y por lo tanto habría que reducir más de 3.000 millones.

Quiero recordarles asimismo que el propio Tribunal de Cuentas en unos cuantos informes referidos a cuentas generales de ejercicios pasados ha puesto en evidencia la necesidad de acotar las subvenciones nominativas, precisamente porque se estaba obviando la propia Ley General de Subvenciones. Hoy sin ir más lejos veíamos en un medio de comunicación cómo la Intervención General de la Administración del Estado ponía en evidencia como la Fundación ICO, incluso la Seguridad Social o la Agencia Española de Cooperación Internacional habían evadido la Ley General de Subvenciones amparándose en cuestiones de más que dudosa legalidad. En este sentido también quiero recordar la moción dirigida a esta Cámara desde el propio Tribunal de Cuentas, con fecha 30 de noviembre de 2010, en la que llamaba la atención sobre lo que estaba sucediendo con las subvenciones nominativas.

A la vista de lo que ha ido aconteciendo, el Grupo Parlamentario Popular piensa que hay que ponerle coto a esta cuestión, es evidente que los fondo son escasos, son muy escasos, y por lo tanto hoy más que nunca hay


Página 26




que gastarlos con el máximo respeto a los ciudadanos, y esto pasa lógicamente por incrementar los procesos de transparencia en la asignación de esos recursos. Además, señorías, como son escasos, hay que hacerlo dentro del marco de la política presupuestaria que determine el Gobierno, fundamentalmente porque es la única manera de combatir la crisis y máxime cuando este Gobierno se ha centrado en reactivar la economía...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Suárez Lamata, tiene que terminar.

El señor SUÁREZ LAMATA: Acabo, señora presidenta.

Hay varias enmiendas presentadas que vamos a rechazar, las de La Izquierda Plural no podemos aceptarlas fundamentalmente porque suprimen lo esencial, que es el núcleo de la iniciativa, que son las subvenciones nominativas que ustedes quieren mantener. En cuanto al Grupo Mixto, lo acabo de explicar ahora mismo. La crisis económica hay que combatirla...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Suárez, lo siento, tiene que terminar. Concluya.

El señor SUÁREZ LAMATA: Acabo, señora presidenta.

Hay que combatir la crisis desde todas las administraciones. Y en cuanto a la iniciativa del PNV yo le agradezco su buena voluntad y estoy convencido de que en el debate de la modificación de la ley encontraremos puntos de acuerdo.

Muchas gracias (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Suárez.

Efectivamente se han presentado tres enmiendas. En primer lugar, por La Izquierda Plural tiene la palabra la señora Ortiz.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidenta.

Señorías, el Grupo Popular nos presenta una proposición no de ley realmente críptica, como nos tiene también acostumbrados el Gobierno, y vuelve a vender como transparencia cosas que no lo son. Hemos presentado enmiendas porque si es cuestión de transparencia hay camino a recorrer, claro que sí. Somos los primeros en querer avanzar para poner límites a los abusos, a la mala gestión, a la discrecionalidad, al colegueo, pero les exigimos, si su objetivo es otro, que hablen claro y sobre todo no falten a la verdad. Les pedimos un mínimo de rigor y en su texto realmente no lo vemos. En primer lugar, aquí ustedes confunden subvenciones nominativas con subvenciones concedidas de forma directa, artículo 22.2 de la Ley de Subvenciones. Las nominativas son subvenciones directas, pero no todas las directas son nominativas, y ustedes aquí lo mezclan todo. Las subvenciones nominativas son aquellas consignadas a través de los presupuestos generales o los presupuestos de las comunidades autónomas o los de los ayuntamientos y, por lo tanto, son aprobadas por las Cortes, el Parlament o el pleno municipal y publicadas y debatidas públicamente. ¿Ustedes saben exactamente cuáles quieren eliminar con esta propuesta? ¿Son estas, las que se debaten en estos organismos, o ustedes se refieren a eliminar las subvenciones directas del apartado 22.2.c), o son aquellas que son concedidas por causas excepcionales, por motivos económicos, sociales, humanitarios? Nosotros compartimos que este tipo de subvenciones deben quedar más limitadas, vincularlas claramente a la singularidad de ciertas actividades. Precisamente ayer recibí la respuesta a una pregunta que le hice al Gobierno sobre una subvención, por ejemplo, a la Fundación Repsol para promover la cooperación en Ecuador. A lo mejor este tipo de subvenciones, que son para cubrir la imagen de ciertas empresas, sí deberían claramente quedar limitadas. Pero, sinceramente, con su propuesta no nos queda claro porque confunden unas con otras. ¿Pretenden eliminar las subvenciones directas del apartado 22.2.b), esas vinculadas a una ley que prevé específicamente esas subvenciones? Por ejemplo, ¿quieren eliminar las subvenciones públicas a partidos o a sindicatos? Nosotros les proponemos como transparencia real, para que lo incluyan en su ley de transparencia, que se publiquen las aportaciones del sector privado a las fundaciones de partidos políticos, por ejemplo; que se sepa la vinculación y los intereses empresariales con algunos partidos, eso sí que sería transparencia. Pero ahí ustedes no entran, para ustedes eso no es transparencia, y mira que ayer teníamos otro escándalo en Cataluña sobre esa vinculación. Me pregunto si cuando hablan de subvenciones nominativas, pero las confunden con las directas, hablan también de las subvenciones a organizaciones patronales o las derivadas del concordato con la Iglesia católica. La confusión y la falta de coherencia les delata, y lo que parece es que quieren debilitar la sociedad civil, pero solo aquella que les molesta. Además, con su obsesión por los recortes están perdiendo el sentido y el rigor, con esa palabrería de buen gobierno, como si con ustedes empezara todo, cuando finalmente son el partido que tiene y acumula más escándalos y cargos públicos imputados. Por tanto, hablemos en serio de eficiencia y buen gobierno. Un ejemplo de esa falta de rigor es cuando en esta propuesta ustedes dicen: en la Europa del siglo XXI los gestores deben fundamentar sus subvenciones con el respaldo presupuestario. Oigan, en la Ley de Subvenciones esto aparece claramente. Hablan de que si no hay consignado presupuesto se incurre en responsabilidad patrimonial. ¿Y saben qué han hecho ustedes? Con el Decreto-ley de proveedores precisamente amnistían a los malos gestores, a aquellos que han incurrido en responsabilidad patrimonial. Ustedes vienen aquí y dicen una cosa, pero luego legislan la contraria. Ustedes venden buen gobierno, su ideología, y perdonan y ascienden a los malos gestores.


Página 27




Otra cuestión fundamental, el buen gobierno es también respetar la ley y la lealtad institucional, respetar las competencias de las comunidades autónomas y de los municipios. Ustedes pretenden recentralizar por la vía de las subvenciones. ¿Plantean que los Presupuestos Generales del Estado marquen también las subvenciones que pueden dar ayuntamientos y comunidades autónomas? Lo suyo sí es ejemplo de mal gobierno: el despotismo, la falta de diálogo, legislar a golpe de titular y de decreto y saltarse los principios básicos, las garantías democráticas.

Hemos presentado dos enmiendas, una que aumenta la transparencia y sobre todo la evaluación y el impacto de las subvenciones, porque eso sí es de interés de la ciudadanía. En segundo lugar, que se publiquen en la web y que se pueda buscar adónde van a parar las subvenciones, para qué, y anualmente se pueda hacer un seguimiento. Si realmente quieren mejorar la transparencia, aprueben las enmiendas.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Ortiz, tiene que finalizar.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Voy terminando.

Muchas de las subvenciones nominativas van dirigidas a entidades que suplen con su acción las deficiencias de la Administración en campos como la lucha contra la pobreza, la exclusión, la inserción, la cooperación. Lo público no son solo los servicios propios de la Administración, sino también las entidades de iniciativa social. A ustedes les molestan los contrapoderes, las movilizaciones, las huelgas...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Ortiz, lo siento. Concluya.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Por eso gobiernan por decreto, sin diálogo, con urgencia, con despotismo, pero entonces hablen claro y digan lo que quieren hacer con esta proposición no de ley.

Gracias (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ortiz.

Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Bosch.

El señor BOSCH I PASCUAL: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, retrocedamos al año 2002: mayoría absoluta del PP y Gobierno de José María Aznar. ¿Se acuerdan? Momentos de gloria para algunos de ustedes. Van y le conceden 83.000 euros a la Fundación Francisco Franco. No era ni la primera ni la única vez. Supongo que esta propuesta que hoy nos presentan aquí va encaminada a evitar que se repitan casos como ese. ¿Verdad que sí? Si es así, les ofrecemos nuestra colaboración con tres mejoras obvias y las sometemos a su consideración.

En primer lugar, una enmienda de filosofía institucional básica, porque entendemos que las condiciones que ustedes sugieren no deberían aplicarse a los cuerpos y asambleas legislativas por una razón de respeto a las instancias soberanas, que cuando aprueban una ayuda pública, incluyendo aquellas ayudas que se integran en los presupuestos, hay que aceptar que la están aprobando directamente los representantes del pueblo. ¿O no? En ese sentido, el Ejecutivo después no debería tener capacidad para fiscalizar las resoluciones del Legislativo.

En segundo lugar, una propuesta en forma de enmienda de orden competencial. Mientras formemos parte del Reino de España -me refiero ahora en concreto a Cataluña-, y la providencia quiera que ese plazo se acorte al máximo en lo que a nosotros se refiere, no podemos consentir que a cada lavado nos hagan perder una prenda. Por tanto, también presentamos una enmienda para que se respeten los poderes y competencias.

Finalmente, volviendo al principio de lo que comentaba, sería un detalle que contemplaran la dimensión ética del asunto, impidiendo que entidades que vulneren la Ley 52/2007 sean receptoras de ayudas. Por ejemplo, aquellas organizaciones que realicen -cito textualmente- exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, la guerra civil y la represión de la dictadura franquista. Dirán que tal precaución es innecesaria, pero, vistos los precedentes, permítanme ustedes que me incline a suponer lo contrario, que sí, que es necesaria.

Estamos de acuerdo con la igualdad de oportunidades y con ayudar a las entidades que ofrecen servicios útiles a la comunidad. Por supuesto, estamos de acuerdo en eso, pero de ninguna manera podemos aceptar que eso sea excusa para desafiar la división de poderes, para laminar los poderes y derechos de las distintas administraciones y en concreto de las naciones del Estado español. Y todavía menos podemos aceptar que eso sirva como pretexto para pisotear la dignidad histórica y la memoria solemne de aquellos que murieron en defensa de la democracia y de la libertad. Ese es el sentido de nuestras enmiendas. Si no son admitidas, sintiéndolo mucho, votaremos en contra de su iniciativa.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Bosch.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE (Comienza su intervención en euskera): Señores del PP, ya son ganas de enredar y, si me permiten, de perder el tiempo trayendo esta iniciativa a la Cámara; una iniciativa que, apelando a la transparencia, a la eficacia y a la eficiencia, propone la reforma de la Ley de Subvenciones mediante la supresión de algunas partidas nominativas. A bote pronto se me ocurren dos cosas. En primer lugar, que nos podían haber traído directamente el proyecto de reforma de la Ley de Subvenciones con los cambios que consideren


Página 28




oportunos, de esta manera dispondríamos de más información sobre la voluntad real del Grupo Popular y de su Gobierno a este respecto. Está en sus manos el hacerlo y para ello no tienen que instar al Gobierno sino simplemente traer un proyecto a esta Cámara. Pero, en segundo lugar, no entendemos por qué han de desaparecer las subvenciones nominativas con carácter general y por lo tanto mantener tan solo aquellas que unilateral y arbitrariamente decida el Gobierno. En nuestra opinión entendemos la doble manera de presupuestar las subvenciones.

Es cierto que muchas de las subvenciones se conceden y adjudican a través del sistema de concurrencia competitiva. Para ello el Gobierno aprueba un decreto de subvenciones en el que establece las condiciones que deben cumplir los proyectos e iniciativas para que puedan ser subvencionados, el procedimiento de adjudicación, el límite máximo de euros disponibles para conceder las subvenciones, etcétera. Los interesados se presentan y, en base a criterios de competencia, eficacia y eficiencia, el Gobierno resuelve y concede la subvención. Con posterioridad el Gobierno además tiene la potestad de evaluar los proyectos subvencionados, analizar los cumplimientos e incumplimientos y actuar en consecuencia. No negamos el procedimiento; nos parece un camino adecuado para la concesión y resolución de cierto tipo de subvenciones. Sin embargo, todos tenemos en mente otra serie de subvenciones, no menores, y que dada la naturaleza, su mantenimiento en el tiempo, la imposibilidad o dificultad de que se produzca concurrencia competitiva alguna, encajan perfectamente en la categoría de subvenciones nominativas. Estoy pensando en el ámbito de la cultura. Pero, sorprendentemente, hoy nos traen una iniciativa que pretende suprimir las subvenciones nominativas con carácter general, es decir, dejando tan solo aquellas que el Gobierno decida unilateralmente, aunque muchas de ellas dejen mucho que desear desde el punto de vista de la eficiencia. Si esa es su propuesta, vayamos, señores del Partido Popular, más allá: suprimamos todas las subvenciones nominativas y establezcamos de una manera transparente y eficiente los criterios clave para la asignación de subvenciones. De ahí nuestra enmienda, que propone que la Ley de Subvenciones elimine las subvenciones nominativas -pero todas- aumentando la transparencia en su concesión, realizando periódicamente auditorías de eficiencia cuyo resultado será considerado un criterio fundamental para proceder o no a ulteriores concesiones. Este es un cambio, desde nuestro punto de vista, radical. Obligará, por ejemplo, a concurrir y a competir por conseguir subvenciones al mundo de la cultura, por una parte, al Museo del Prado y al Reina Sofía, entre otros. Será un sistema diferente, pero la evaluación ex post permitirá medir la eficacia y la eficiencia de la subvención y reasignar los créditos para el siguiente ejercicio. Si aceptan nuestra enmienda votaremos lógicamente a favor de la iniciativa; de lo contrario, tendremos que hacerlo en contra y en todo caso estaremos dispuestos a debatir la reforma de la Ley de Subvenciones cuando lo hagan en esta Cámara.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.

En turno de fijación de posición, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, nuestra legislación regula la concesión de subvenciones mediante la Ley General de Subvenciones, la Ley 38/2003, y el Reglamento que desarrolla esta ley, que está recogido en el Real Decreto 887/2006. Esta legislación tiene carácter básico, es decir, que afecta a todas las administraciones: Administración central, administraciones autonómicas y administraciones locales. Lo curioso es que ya en la legislación existente, en la norma general, con carácter general las subvenciones no son nominativas. Ya en la legislación existente como norma general se utiliza la concurrencia competitiva, es decir, que hay una convocatoria pública de la subvención, se establecen unos criterios objetivos y basándose en los mismos se decide. Es cierto que en situaciones excepcionales se permiten las subvenciones nominativas, lo que se ha venido a conocer coloquialmente como las subvenciones a dedo. Sin embargo, pese a esta denominación peyorativa, no siempre las subvenciones nominativas no están justificadas, efectivamente. Hay situaciones en que por motivos simples de urgencia su concesión a entidades consolidadas del tercer sector o para cooperación al desarrollo pueden estar justificadas; el hecho de que sean nominativas no implica necesariamente que tengan algún componente erróneo detrás. Lo cierto, sin embargo, es que en muchos casos se ha abusado de esta excepcionalidad. En cierta manera lo que debería ser excepcional se ha convertido en cotidiano por procedimientos muy variados, entre los que destaca. por ejemplo. la firma indiscriminada de convenios por parte de las administraciones públicas, convenios en los que la única aportación de la Administración es la financiación de las actividades de alguna organización. También hay prácticas malsanas que tienen que ver con las modificaciones presupuestarias, de forma que subvenciones que no figuran en los presupuestos se incorporan posteriormente mediante una modificación, con lo que se elude el control parlamentario. Este tipo de abusos en una legislación en principio bien diseñada, en la que con carácter general se utiliza la concurrencia competitiva y excepcionalmente la nominativa, ha dado lugar a uno de los abusos más generalizados que corrompen nuestro sistema democrático o que deterioran la calidad de nuestro sistema democrático. Continuamente saltan a los medios de comunicación escándalos o denuncias relacionadas con estas prácticas, las subvenciones a dedo, las subvenciones con carácter clientelar.


Página 29




Da una idea de la importancia del problema su carácter transversal, porque se ven afectadas todas las administraciones: central, comunidades autónomas, entes locales y numerosos partidos. Yo no soy quién para acusar a nadie y, por tanto, me voy a limitar a reflejar acusaciones que unos partidos han hecho respecto de otros. Por ejemplo, el Partido Popular, cuando estaba en la oposición acusó al Partido Socialista en cuanto a las subvenciones que se concedían al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Asuntos Exteriores. Comparto con el señor Suárez como favorita, por lo menos en su título, la de aumentar la producción agrícola en Guinea Bissau mediante la resolución de conflictos con los hipopótamos; desde luego al menos el título es pintoresco. El Partido Popular acusa en la actualidad a Convergència i Unió de las subvenciones que recibe Ómnium Cultural, una organización que tiene convenios firmados con siete departamentos de la Generalitat. El PSOE a su vez acusa al Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla de haber incrementado las subvenciones nominativas en los presupuestos. Es decir, que vemos a la Administración central, vemos ministerios, vemos comunidades, vemos ayuntamientos y vemos todo tipo de partidos envueltos en estas prácticas. En la aprobación de los presupuestos a veces se ha utilizado esta práctica como forma de lograr los votos necesarios para conseguir así el apoyo de partidos nacionalistas, y en los medios de comunicación de habla de los millones de euros que recibe la escuela de música y danza de un próspero municipio.

Dicho todo esto, un partido como el nuestro, que desde su fundación viene hablando de regeneración democrática, de transparencia, de evaluación de políticas públicas, de austeridad selectiva, de eliminación del gasto superfluo, no puede por menos que apoyar esta propuesta, pero también les decimos que la apoyamos con escepticismo, es un sí escéptico el que vamos a dar, porque si se eliminan con carácter general pero se dejan excepciones, esas excepciones serán susceptibles de abuso. En el fondo lo que proponen no difiere en tanto de lo que hay, y nos tememos que seguramente lo proponen con fines propagandísticos. El tiempo lo dirá, ojalá nos equivoquemos. Habría que tener en cuenta que aunque la subvención no sea nominativa, no quiere decir que no se pueda abusar, porque aunque haya concurrencia competitiva se pueden fijar las bases de forma que se predetermine el resultado.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Anchuelo, tiene que terminar.

El señor ANCHUELO CREGO: Por eso, como ya nos enseñaba Platón hace 2.500 años, ni la mejor de las leyes puede ser justa si no lo son quienes están encargados de aplicarla (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Riera.

La señora RIERA I REÑÉ: Presidenta, en esta proposición no de ley el Partido Popular plantea la reforma de la Ley de Subvenciones, que persigue tres objetivos fundamentales: en primer lugar, eliminar con carácter general las subvenciones nominativas; en segundo lugar, aumentar la transparencia en su concesión y, por último, mejorar la evaluación del impacto de los fondos públicos empleados. Es cierto que para el otorgamiento de subvenciones rige el principio de concurrencia, con la excepción de las subvenciones nominativas previstas en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, que establece que podrán concederse de forma directa, en primer lugar, las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las comunidades autónomas o entidades locales; en segundo lugar, aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesta a la Administración por una norma de rango legal y, por último y con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en las que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. En este sentido, me permito recordar que el artículo 90 del Real Decreto-ley 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Finanzas de Cataluña, establece que para la concesión de subvenciones la concurrencia no será preceptiva en cuatro casos concretos, recordando a sus señorías, a su vez, que la Generalitat de Catalunya tiene competencias para ordenar y regular sus finanzas y presupuesto.

Dicho esto, nuestro grupo parlamentario es plenamente consciente de la crítica situación económica y financiera que vivimos y de la necesidad de una máxima rigurosidad en la gestión de los recursos públicos. También es consciente de que el entorno nos marca unas políticas presupuestarias restrictivas. Entendemos la necesidad de establecer las mejoras necesarias para que exista una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos y que todo ello debe ir acompañado -repito- de una gran transparencia, que muy especialmente debe primar en esta materia.

Señorías, Convergència i Unió considera, y así lo ha manifestado en muchas ocasiones, que en todas las políticas públicas que adopte la Administración General del Estado se ha de exigir una presentación de una evaluación periódica sobre su ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos pretendidos, a fin de decidir sobre su continuidad, reforma o eliminación. En este sentido, compartimos el planteamiento de la proposición no de ley de que el régimen de subvenciones deberá someterse y responder a los principios de transparencia y eficiencia. Creemos relevante también el carácter general que señala la proposición, pues en este ámbito una excepcionalidad bien gestionada ha de tener un valor y ha de contar. Compartimos que en muchos casos la política de concurrencia, la aplicación de este principio


Página 30




con carácter general, es buena, no solo en términos de transparencia sino también en términos de competencia, y es relevante en muchos ámbitos, como por ejemplo en el ámbito de la investigación, aunque aquí, en el ámbito de las políticas de investigación, la excepcionalidad también ha de contar, por ejemplo, en relación con proyectos específicos de gran relevancia que puedan requerir de actuaciones singulares.

Por todo ello, estando de acuerdo con estos principios más relevantes, aun si cabe en el contexto actual, Convergència i Unió no puede dejar de señalar que en determinados supuestos puedan ser oportunas las subvenciones nominativas y que su eliminación podría afectar a determinadas partidas y, entre ellas, aquellas que puedan tener un impacto social.

Por último, no quiero dejar de recordar que lo que no puede suceder es que un Gobierno no cumpla con sus compromisos presupuestarios y que se aprueben, vía nominativas -como parece que puede ocurrir-, con compromisos aprobados en 2011 y aún no pagados. Esperamos que finalmente esto no ocurra.

Señorías, nuestro posicionamiento va a ser la abstención, pues estando de acuerdo con los principios que expone la proposición, con su carácter general y entendiendo por ello que admite excepciones justificadas, esta proposición no nos indica de qué manera va a modificarse la normativa. Por ello, queremos esperar a ver la redacción de la futura ley y su contenido específico.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Riera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Hurtado.

El señor HURTADO ZURERA: Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, señor Suárez, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar en contra de esta proposición de ley porque tiene o mucho de engaño o mucho de una falsa apariencia. Voy a tratar de explicarle por qué. Nosotros tuvimos noticia en el debate de investidura, por el señor presidente del Gobierno, de que entre otras grandes reformas de este país se iba a abordar una gran y extraordinaria reforma, que era la reforma de la Ley General de Subvenciones, sin más detalles, sin explicitar nada más. En principio, estamos interesados en conocer el contenido de esta magnífica reforma, por cierto, de una ley que aprobaron ustedes en 2003 y que no votamos el resto de fuerzas políticas. Y no es cierto lo que usted ha dicho, porque el informe del Consejo de Estado dijo que no se había consensuado con otras administraciones a las que sí afectaba por ser ley básica, tanto comunidades autónomas como entes locales. La segunda noticia que tenemos de esta gran reforma es por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que nos dice que hay que abordar y restringir las aportaciones a grupos políticos, empresarios y sindicatos a través de la modificación de la Ley General de Subvenciones, una extraordinaria sorpresa porque, evidentemente, no se ven afectadas. La Ley General de Subvenciones no regula para nada las aportaciones ni a sindicatos ni a empresarios ni a grupos políticos, con lo cual denotaba un enorme desconocimiento, pero sí se ponía mucho énfasis y mucho eco a una gran reforma. En tercer lugar, vemos una proposición de ley que, aparte de tres principios básicos y obvios de transparencia, evaluación y dotación presupuestaria, solamente incluye una novedad, que es la modificación del artículo 22.2 para eliminar las subvenciones nominativas. Y yo le digo a usted, señor Suárez, que si ustedes gobiernan no hace falta que las pongan en los presupuestos. Lo tienen muy fácil, no necesitan ninguna reforma de la ley. Con no meter ninguna subvención nominativa en los presupuestos ha cumplido usted con esa gran reforma que tanto quieren y desean para este país. Sin decir, evidentemente, que esto es en parte una política de efectos y de fuegos artificiales, una política de efectismo puro y duro, porque esto, en todo caso, significaría un cambio de procedimiento, un cambio que no significa que no se gaste más, porque se puede seguir gastando lo que se quiera gastar a través de un procedimiento distinto. Por lo tanto, estos son fuegos de artificio como los que están utilizando con la disminución de los salarios de los grandes banqueros en este país -que, por cierto, los veo llorando por todas las esquinas de Madrid- que les afecta a uno y medio y durante un mes si acaso. Como la dación en pago, el gran logro del Partido Popular para este país, la gran aportación a través de un código de buenas prácticas. Fuegos y efectismo puro y duro. Eso no es una gran reforma, señor Suárez. La gran reforma que han hecho ustedes, todos la conocemos, la gran reforma que han hecho ustedes es la reforma laboral, una reforma que, por cierto, se ha ganado en cien días la convocatoria de una huelga general, y una reforma laboral que ha servido para que ustedes pinchen en Andalucía. Eso sí es una auténtica reforma, la laboral, no otra, no otra reforma (Aplausos). Y evidentemente, espero que ustedes hayan sacado de esa convocatoria electoral que hemos tenido recientemente, mensajes del pueblo andaluz, que es un pueblo sabio, en cuanto el Partido Popular y el Gobierno de este país le han faltado al respeto a Andalucía, le han faltado al respeto a los andaluces, han ninguneado a su Gobierno (Protestas.-Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Hurtado, tiene que acabar.

El señor HURTADO ZURERA: Insisto, espero que ustedes hayan recogido el mensaje de Andalucía, porque han vuelto a pinchar en Andalucía y... (Rumores y protestas).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Hurtado, tiene que acabar.


Página 31




El señor HURTADO ZURERA: ... les pedimos respeto para Andalucía (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Suárez, para el solo efecto de aceptación o rechazo de las tres enmiendas.

El señor SUÁREZ LAMATA: Señora presidenta, ya he manifestado en la tribuna que rechazaba todas las enmiendas.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): De acuerdo, señor Suárez.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS RELACIONADAS CON EL COPAGO (Número de expediente 162/000003).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas relacionadas con el copago. Para su presentación tiene la palabra el señor Martínez Olmos.

El señor MARTÍNEZ OLMOS: Gracias, presidenta.

Subo a esta tribuna para defender la proposición no de ley en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, en la que pretendemos generar un debate y, si es posible, un consenso de toda la Cámara, en relación con la forma de acceder a las prestaciones sanitarias en el Sistema Nacional de Salud. Esta es una iniciativa que nace desde la convicción profunda que tiene el Grupo Parlamentario Socialista de la importancia que tiene para la ciudadanía española disponer de un Sistema Nacional de Salud de calidad, equitativo, con cohesión en sus políticas al articularlas desde las comunidades autónomas, y con gratuidad en el momento de uso, por lo tanto, un sistema sanitario de esas características, en el que no haya barreras cuando los ciudadanos que tienen necesidades sanitarias deciden utilizar los servicios de salud. Y es una iniciativa que surge también porque hay una preocupación en la sociedad, consecuencia de la crisis económica, de los efectos que tiene esta crisis económica en los ingresos que tienen las administraciones públicas, una preocupación de la sociedad española sobre la sostenibilidad de la sanidad pública. Es una iniciativa, señorías, que surge para hacer valer la posición del Partido Socialista, del Grupo Parlamentario Socialista, de que ni siquiera con la crisis económica debería de ser esta la excusa para cambiar lo que ha sido hasta ahora un procedimiento de acceso a los servicios sanitarios en los cuales no hay barreras y, por lo tanto, esta es una variable importante que explica el porqué de la calidad de nuestro Sistema Nacional de Salud. Nosotros pensamos que, por el contrario, la crisis económica nos debe hacer ser mucho más exigentes en la gestión del presupuesto, en la gestión del gasto, buscando eficiencia, buscando ahorro, cuando esto sea posible, sin que ello suponga recortes en derechos, en prestaciones y sin que ello suponga la incorporación de precio, de copago, en el acceso a los servicios, y también hay que ser mucho más exigente, si cabe, en la gestión de lo público. Como les decía, señorías, la ciudadanía está preocupada, está preocupada por primera vez en muchos años; la crisis económica está también haciendo mella en la confianza de la ciudadanía sobre el futuro y la sostenibilidad del sistema público de salud. Aparece ya esta preocupación en las encuestas de opinión de los ciudadanos cuando se les pregunta cuáles son los problemas que más les preocupan. Pero también están preocupados los profesionales sanitarios por las consecuencias que pueden tener los recortes en la calidad asistencial, hasta el punto de que, como ustedes saben, señorías, la Organización Médica Colegial ha alertado del posible efecto en la calidad asistencial de estos recortes y está vigilando estrechamente cómo puede afectar a la atención al paciente (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Señorías, con la actitud más constructiva posible, el Grupo Parlamentario Socialista considera con esta iniciativa que se necesita ofrecer garantías, seguridad a los ciudadanos -si es posible, desde un consenso importante desde esta Cámara- de que el Sistema Nacional de Salud tiene posibilidades de sostenibilidad mediante el acuerdo necesario en esta Cámara. Somos partidarios -así lo dijimos hace poco- de tratar de buscar ese pacto de Estado que propone el Gobierno y aceptamos la constitución de la subcomisión parlamentaria que propuso el Grupo de Convergència i Unió. Ahí tenemos que trabajar para buscar un consenso amplio, pero eso no impide que no podamos posicionarnos ya en este momento contra la existencia de recortes que puedan perjudicar la calidad asistencial y -lo que es motivo importante de nuestra iniciativa- sin la instalación de copago, sin poner precio que puede ser una barrera en el acceso. Por lo tanto, es una iniciativa en positivo. Es una iniciativa que pretende ofrecer garantía a los ciudadanos de que va a seguir habiendo en España un Sistema Nacional de Salud de calidad, gratuito y sin barreras. Señorías, el copago es una barrera al acceso, aunque el precio sea un euro por receta. Es una barrera de acceso que potencialmente perjudica a los ciudadanos, que tienen que decidir por su cuenta si usar o no los servicios para evitar o no ese pago. Y por lo tanto, cuando deciden de manera autónoma los ciudadanos sobre temas de salud, hay un grave riesgo de que se equivoquen decidiendo en contra de su salud. Por eso, es importante que no existan barreras; todavía más, si cabe, cuando estas barreras se demuestra que pueden perjudicar especialmente a las personas mayores, a las personas con más necesidades económicas o a las personas con más necesidades de salud: los pacientes crónicos. Son personas que tienen que estar especialmente protegidas por los servicios públicos y fundamentalmente por los servicios públicos de salud. Por lo tanto, una medida -la instauración de copago- que potencialmente pueda afectar a


Página 32




la calidad asistencial y al acceso de los ciudadanos a los servicios de salud, debe quedar desterrada, porque España ha demostrado, con treinta años de Sistema Nacional de Salud, que sin copago en el momento de uso se tiene la posibilidad de tener calidad asistencial y un sistema sostenible.

Señorías, yo quiero reconocer que los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas a la proposición no de ley del Grupo Socialista lo hacen en tono positivo, como es lógico, y procurando encontrar un punto de acuerdo con la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista. No podemos aceptarlas. Les quiero decir, especialmente al Grupo Popular -al que agradezco su iniciativa de tratar de acercarse a la posición del Grupo Socialista- que no puede condicionarse la posición de evitar recortes o de que no haya copago a la existencia de acuerdos o pactos. Esto tiene que ser un tema de esencia. Está en la Ley General de Sanidad y es un elemento que ha funcionado en los últimos treinta años, como les he dicho. Por lo tanto, señorías, me parece que es muy simple: ¿están a favor o en contra de que no haya copago en España en el Sistema Nacional de Salud? Es muy simple. Independientemente de eso, ¿hay que trabajar por generar un consenso y un pacto de Estado? Sí. El Grupo Socialista está dispuesto a trabajar por que haya un pacto de Estado por la sanidad, pero no pongamos matices a la posición a favor o en contra del copago y de los recortes. Es clara, ¿a favor o en contra? Nosotros consideramos, señorías, que lo mejor es ofrecerle a la ciudadanía un mensaje nítido de garantías de que no va a haber barreras al acceso a los servicios de salud cuando hay necesidades, que estén condicionadas estas barreras por la situación económica de los ciudadanos.

Muchísimas gracias (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Olmos.

Para la defensa de las enmiendas formuladas, en primer lugar por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.

Señorías, mi grupo comparte la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista que plantea que no es admisible un recorte de las prestaciones del sistema sanitario y que tampoco lo es la introducción de tasas, copagos, repagos, impuestos a la enfermedad, que en estos momentos están avanzando en nuestro país, porque desnaturalizan el propio carácter universal y accesible de nuestro sistema sanitario. Pero si a eso añadimos la situación de crisis que vive nuestro país, de crisis económica, y los riesgos de que esa crisis se traslade a nivel social, los riesgos de fractura social, creo que es aún más importante el mensaje de esta Cámara. Creo que el mensaje debería ser un mensaje nítido: el mensaje de que esta Cámara protege a los más débiles. El mensaje de que esta Cámara, en condiciones de crisis, protege mediante medidas de solidaridad a los ciudadanos que pueden verse más afectados por la crisis, en este caso concreto a los enfermos y en particular a los enfermos crónicos y a los ancianos. Lo contrario, en mi opinión, sería una muestra de sálvese quien pueda por parte de esta Cámara que no se corresponde, por una parte, con los valores democráticos y, mucho menos, con la democracia social que tenemos en el ámbito europeo.

Señorías, no estamos hablando de medidas ficticias o de medidas previsibles, estamos hablando de medidas que ya se están realizando en estos momentos. El otro día les comenté que cuando la hipocresía comenzaba a ser una hipocresía de mala calidad, era hora de empezar a hablar de verdad, y en estos momentos sería hora de empezar a hablar de verdad, porque estas medidas se han puesto en marcha por parte de las comunidades autónomas con la complacencia del Gobierno. Es decir, el Gobierno deja hacer a las comunidades autónomas determinadas medidas que no es solamente que vayan más allá de su competencia, que en mi opinión en el caso de las tasas, copagos y repagos van más allá de su competencia, sino que atentan gravemente contra el Sistema Nacional de Salud y contra la cohesión social en un periodo de crisis. Por lo tanto, a mí me parece que es bueno que esta iniciativa se apruebe, pero sobre todo que esta iniciativa se cumpla. Que se cumpla y que cada Administración cumpla con sus competencias en la materia.

Señorías, en opinión de mi grupo parlamentario, estas tasas, copagos, repagos, impuestos a la enfermedad en definitiva, son un fraude de ley. Son un fraude de ley porque aparentemente se presentan como tasas por un servicio público pero en realidad se trata de impuestos, y de impuestos discriminatorios contradictorios con nuestro Sistema Nacional de Salud. En segundo lugar, esta iniciativa también pone encima de la mesa que nos encontramos ante un fraude electoral, porque creo recordar, señorías, que los grupos parlamentarios que estamos en esta Cámara dijimos -y hemos vuelto a decir en campaña electoral- que para nosotros es una línea roja la defensa del Sistema Nacional de Salud ante una situación de crisis y que también es una línea roja la puesta en marcha de repagos o copagos en el Sistema Nacional de Salud. Por tanto, creo que un mínimo de ética política debería llevarnos a plantear esta iniciativa y a reflexionar sobre su vulneración en la práctica. Y por otra parte, creo que estamos en definitiva ante una muestra de oportunismo, señorías, y oportunismo es utilizar la crisis económica para cambiar el modelo sanitario. Eso es oportunismo, y sobre todo cuando hemos dicho todos en esta Cámara que respaldamos el modelo sanitario del Sistema Nacional de Salud. En ese sentido, oportunismo de nuevo e hipocresía.

Termino, señorías, diciendo que no vale aquí aludir al Pacto de Estado de la sanidad. No vale aludir a un pacto de Estado en la materia, porque los pactos obligan a


Página 33




quienes los firman, es evidente, pero también previamente los pactos obligan a que no haya pies forzados ni imposiciones a los que van a firmar esos pactos o a los que van a dialogar en esos pactos.

Con esta iniciativa, sobre todo con los repagos y copagos se pretende un pie forzado al Pacto de Estado de la sanidad, se pretende dinamitar antes de que comience el diálogo en materia sanitaria. Señorías, también por esa razón deberíamos evitarlo.

Muchas gracias (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.

Por el Grupo Mixto, va a haber varias intervenciones. En primer lugar, el señor Quevedo.

El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señor presidente.

Sean mis primeras palabras para felicitar la oportunidad de esta proposición no de ley planteada por el Grupo Socialista que los nacionalistas canarios consideramos absolutamente oportuna por impactar sobre un sector absolutamente esencial para garantizar la cohesión social y la dignidad de las personas. La situación actual es que empieza a producirse una regresión significativa de una conquista importantísima de la reciente democracia española, como es la consecución de un Sistema Nacional de Salud que responde al principio de universalidad y gratuidad de las prestaciones. Una regresión -le voy a poner el ejemplo de Canarias, que es el que manejo todos los días- que ha supuesto ya 470 millones de euros menos en tres años asociados a la injusta limitación del déficit al 1,5 % a las comunidades autónomas, cuando, como se sabe, son precisamente las comunidades autónomas las encargadas de gestionar servicios caros por definición, servicios complejos, los servicios públicos en suma. Por lo tanto, poco razonable es que tengan que hacer el esfuerzo aquellos que gestionan lo complicado y que tenga que hacer menos esfuerzo en este caso la Administración Central del Estado. Esta posibilidad de que se establezca el repago -es repago porque conceptualmente el Sistema Nacional de Salud, que es un modelo consolidado en el mundo, se financia por definición con los Presupuestos Generales del Estado, por lo tanto ya está financiado- tiene tres características fundamentales. En primer lugar, es una agresión al principio básico de universalidad que consagra el Sistema Nacional de Salud español, es un sistema que generará selección adversa de usuarios por razones económicas. Una medida que en ningún caso nos parece aceptable, que es un retroceso en las conquistas sociales de la reciente historia democrática española. Injusto, como he dicho, por ser un repago, por ser contradictorio con los principios que informan la financiación del modelo del Sistema Nacional de Salud. Y además, lo más particular de todo esto es que no tiene impacto significativo sobre la recaudación y el incremento de los ingresos del Sistema Nacional de Salud o de las comunidades autónomas, esta medida tal y como está formulada no impacta, sí que hace una cosa mucho más grave: abre una puerta a que se ataque al sistema como se ataca siempre a los sistemas públicos a través de acusarlos de ineficiencia después de haberlos estrangulado. El sistema español es uno de los sistemas más eficientes del mundo. Es un sistema en el que se gasta menos que la mayoría de los países comparables de la OCDE, de forma que esta es una iniciativa que no teniendo efecto inmediato, nos obliga a pensar mal. Se trata de introducir una cuña de privatización y de modificación sustancial de lo que hoy conocemos como un servicio público de primera calidad como es el Sistema Nacional de Salud español.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quevedo.

Señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señorías, nuestro objetivo, tanto en este Parlamento, como en la Cámara catalana, como en otros territorios en donde Esquerra Republicana tiene representación parlamentaria, nuestro objetivo es defender el modelo sanitario público, universal, gratuito basado en la equidad y en la excelencia. Este es nuestro compromiso y de hecho forma parte de nuestra ideología troncal. El debate del copago se introduce a partir del de la sostenibilidad de los servicios públicos y ciertamente está en el centro del debate en nuestras sociedades. Además, creo que es susceptible de ser manipulado fácilmente y vale la pena recordar que en el Estado español las inversiones todavía son inferiores respecto a todo aquello que se aporta en relación con el porcentaje del PIB respecto a otros Estados europeos avanzados. Nosotros, evidentemente, creemos que hay que optar por mayores inversiones en sanidad y esto debe exigir la eliminación de otros recursos que, a nuestro entender, no tienen hoy día demasiado sentido: desde recursos invertidos en el Ministerio de Defensa hasta la duplicidad de las administraciones, etcétera. Este es un debate ya muy recurrente y, además, tendremos la oportunidad de volver a sustanciarlo con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de este ejercicio.

Nosotros hemos presentado tres enmiendas para hacer la prueba del algodón sobre la honestidad -entrecomillado grueso- de la propuesta socialista. En una de las enmiendas -creo que es necesario- planteamos que tiene que quedar muy bien concretado que estamos hablando de las competencias exclusivas o las que competen de forma exclusiva a la Administración General del Estado, y solo a estas capacidades, para no imponer; es decir, en el marco de las competencias de la Administración General del Estado instamos al Gobierno a no imponer medidas de recorte. Por cierto, además, también pedimos una mayor inversión pública en sanidad para alcanzar las cuotas que se destinan en Europa. En tercer


Página 34




lugar -ahí va la gorda también-, que de una vez por todas paguen ustedes la deuda histórica que deben a algunas comunidades autónomas. Porque, aquí estamos entre la España y la pared; entre la España, que son ustedes, que no reconocen la deuda histórica, y la pared de Convergència i Unió, que es la derecha catalana que, ciertamente, se pone a tiro para que puedan implementar recortes. De manera que, si ustedes quieren nuestro apoyo, reconozcan la deuda histórica, a fin y efecto de que no tengamos la necesidad de darle la coartada a Convergència i Unió para hacer los recortes.

Por último, pido a los compañeros socialistas que, por favor, le digan a su compañero Patxi López, lehendakari de Euskadi, de parte de Esquerra Republicana, que ha dado muestras de gran... (Palabras retiradas del "Diario de Sesiones", de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara) que desde la atalaya del Concierto vasco se pueda permitir el lujo de insultarnos de forma tan fehaciente a los catalanes diciendo que la independencia fiscal no tiene ningún sentido. Hay que ser... (Palabras retiradas del "Diario de Sesiones", de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara). Se lo dicen porque, si no hubiera el expolio fiscal, quizá no habría necesidad de ir adelgazando, debilitando el Estado del bienestar y los derechos de la ciudadanía. Se lo dicen al lehendakari Patxi López: muy, muy... (Palabras retiradas del "Diario de Sesiones", de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara).

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.

Señor Cuadra.

El señor CUADRA LASARTE: Señoras y señores, ya se ha dicho, el copago es en realidad un repago, un doble pago, un impuesto a la enfermedad, puesto que se paga primero con los impuestos el servicio y después se paga con esta tasa su utilización. Es un doble impuesto, una doble tributación, sangrante porque, en primer lugar, afecta a los sectores más débiles y más frágiles de nuestra sociedad: los enfermos crónicos, las personas mayores y los discapacitados son los que, en primer lugar, van a sufrir este doble pago. Personas y colectivos que se encuentran, además, entre los más desfavorecidos económicamente. Esto es sangrante, repito, porque junto a este doble pago, junto a esta doble tributación, nos encontramos que con carácter general este Gobierno está favoreciendo el no pago del impuesto sobre el patrimonio, el prácticamente inexistente pago con las inversiones en las Sicav o el débil pago también con todas las desgravaciones que se dan en el impuesto sobre sociedades. Frente a todo esto, desde Amaiur pensamos que la racionalización y el mejoramiento de nuestro sistema sanitario debe ir por otros senderos completamente diferentes: por el reforzamiento de la atención primaria, por la potenciación de la medicina preventiva y los servicios y los programas públicos de salud en materia de alimentación, en materia de medio ambiente, en materia de salud laboral, y -afirmo- por la creación de una industria farmacéutica pública y la dispensación de las medicinas en los centros de salud. Todo esto es motivo en buena medida de la huelga general que va a haber dentro de dos días impulsada por todas las centrales sindicales de nuestro pueblo y del conjunto del Estado, esta va a ser una de sus razones para salir. Mil comités de empresa en Euskal Herria se han pronunciado ya a favor de ello y decenas de miles de jóvenes estos días, este fin de semana, se han manifestado también en reivindicación de sus propios derechos y en contra de esta reforma laboral. Esta huelga general, desde nuestro punto de vista, es la mejor proposición no de ley, la mejor enmienda a la totalidad que puede hacerse a esta reforma laboral y la mejor defensa que puede hacerse de un sistema público de salud con las características que hemos señalado. A ellos, a estos mil comités de empresa y a las decenas de miles de jóvenes que han salido a la calle este fin de semana, van dedicados la solidaridad y el aplauso de Amaiur.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuadra.

Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Tarruella.

La señora TARRUELLA TOMÀS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en nombre de nuestro grupo parlamentario vengo para defender nuestra enmienda a la proposición no de ley sobre las medidas relacionadas con el copago presentada por el Grupo Socialista. Nosotros compartimos con muchos de los que han hablado anteriormente la preocupación por el mantenimiento del magnífico sistema de salud que tenemos. Tenemos -lo hemos dicho todos y lo vuelvo a repetir- un magnífico sistema de salud, pero ¿hasta cuándo lo podremos seguir manteniendo? Esta es realmente nuestra preocupación. Además, me gustaría que recordaran todos ustedes que el coste sanitario recae mayoritariamente en las comunidades autónomas, por tanto son estas -las comunidades autónomas- las que han de realizar la mayor contención del gasto y empezar a tomar las medidas para que el sistema sanitario siga siendo sostenible. Personalmente, preferiría hablar más de medidas de ajuste que de recortes, pero creo que ni las comunidades autónomas ni el Gobierno central pretenden aplicar en ningún momento medidas de ajuste que afecten directamente a las prestaciones sanitarias. Además, en el último Pleno, el Grupo Parlamentario Socialista defendió aquí mismo en esta tribuna el sistema de subasta de medicamentos y corríjame si me equivoco, pero esta no deja de ser también una medida para racionalizar el gasto.

Ustedes han hecho referencia principalmente con algunas de sus enmiendas al tema de las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno catalán, pero tienen que


Página 35




tener en cuenta también que nuestro Gobierno en Cataluña se encontró un entorno de restricción presupuestaria, en un contexto en el que la sanidad -solamente la sanidad- representa casi el 40 % de todo el presupuesto de la Generalitat, y el objetivo era garantizar la calidad del sistema público sanitario disponiendo de menos recursos. Por tanto, se ofrecen las mismas prestaciones sanitarias, lo único que ha cambiado es la organización de ese servicio de otra forma al objeto de reproducir el coste allí donde sea posible y siempre de acuerdo con el criterio clínico, es decir, sin poner en ningún momento en riesgo la salud de los ciudadanos. Saben ustedes también, cuando han hecho referencia al tema del euro por receta, que existen infinidad de excepciones. Aquí no dicen eso, pero tengo la obligación de recordárselo. Hay excepciones para los beneficiarios de la renta mínima de inserción, para los beneficiarios de las prestaciones de acuerdo con la LISMI, para los de las pensiones no contributivas, para los colectivos que por su situación económica lo recomienden los servicios sociales del departamento de bienestar social y familia. Se calcula que más de 150.000 personas van a quedar exentas y que hay un tope de 61 euros al año. Son medidas que nos gustaría que no tuvieran que hacerse efectivas. Me gustaría que aquí de una vez definiéramos muy claramente el concepto de copago. Todos ustedes saben, y lo han dicho y lo van repitiendo, que ya existe en nuestro sistema de salud, que está en los medicamentos por los que abonamos el 40 % del precio, con excepciones que todos conocemos y que quizás algunas también convendría modificar. Es obvio y no podemos negar la evidencia, que el sistema sanitario arrastra un déficit que hace necesario e improrrogable abordar la sostenibilidad de nuestro sistema. En este sentido, nuestro grupo ya presentó una interpelación, votamos su consecuente moción exponiendo un diagnóstico de la situación y planteando la creación de una subcomisión para tratar esta sostenibilidad del sistema que fue aprobada con una enmienda transaccional por la mayoría de los grupos parlamentarios de esta Cámara. Además, nuestro grupo ya registró recientemente una iniciativa solicitando la creación de esa subcomisión, esperemos que no se retrase mucho y que la podamos poner en marcha. Nosotros creemos que es en esta subcomisión para la sostenibilidad de este sistema sanitario donde tenemos que definir todas estas cuestiones: cómo podemos salvar nuestro sistema sanitario, qué medidas deben tomarse o no tomarse; es allí donde debemos esforzarnos entre todos en buscar una solución. Señorías, en nuestra enmienda pedimos que sea en esta subcomisión; ya han pasado las elecciones, esperemos que no estemos como en estos últimos plenos tratando aquí estos temas del copago, y que ahora con tranquilidad busquemos entre todos cuáles son los medios mejores para conservar este sistema sanitario y que además sea posible que entre todos lo podamos pagar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tarruella.

Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Cervera Taulet.

El señor CERVERA TAULET: Señor presidente, señoras y señores diputados, el Gobierno del Partido Popular y el grupo parlamentario que lo apoya, apoya -valga la redundancia- una sanidad universal, de calidad, equitativa para todos los españoles y gratuita. Ese es el mensaje que hemos dado siempre, que seguimos dando y que mantendremos en el futuro. La realidad es la que es, y durante los últimos años por múltiples causas la crisis estructural económica pero también una crisis coyuntural muy fuerte en este país, por culpa de una mala previsión y haber llevado a la economía española al pozo y con más de 5.000.000 de parados, la realidad es que hay 15.000 millones de euros, aproximadamente, de deuda sanitaria en las comunidades autónomas. La responsabilidad de este Gobierno es gobernar y ese es el mandato que le han dado los españoles, trabajen, hagan las reformas necesarias y saquen a este país de la crisis, generen empleo y eso garantizará el Estado del bienestar. El Gobierno en ochenta días ha hecho mucho más que los gobiernos del Partido Socialista en los últimos años. Adelantó el anticipo a cuenta en enero, tocaba en julio, de los 6.000 millones de euros para que las comunidades autónomas tuvieran dinero suficiente para pagar los servicios públicos. Han aplazado la deuda de las comunidades autónomas con el Estado hasta diez años, lo que permitirá mucho más oxígeno a la hora de establecer y realizar los presupuestos. Y por último -lo más novedoso-, a través del ICO va a facilitar el crédito de más de 35.000 millones de euros para que se pueda pagar a los proveedores, a esos proveedores a los que el Estado, por ese Estado de bienestar de calidad, les debe a través de las comunidades autónomas más de 15.000 millones de euros.

El Partido Popular y su Gobierno no apoyan los recortes sociales. El Partido Popular y el Gobierno de Mariano Rajoy apoyan las reformas necesarias para mantener el Estado del bienestar en nuestro país y fundamentalmente apoyan el consenso, consenso para llegar a un pacto aquí anunciado por el Gobierno a través de su ministra con todos los grupos parlamentarios, con las comunidades autónomas y con todos los sectores del mundo sanitario. Esa es la realidad, eso es la eficiencia en la gestión de esta situación y eso es no hacer demagogia. El Gobierno ha propuesto un pacto que garantice la sostenibilidad del sistema sanitario universal y gratuito, y además el Pleno de este Congreso ha aprobado por unanimidad la creación de una subcomisión que estudie la sostenibilidad del sistema y adopte las medidas necesarias para mantener esa sostenibilidad con un sistema universal gratuito y de calidad. Nunca este Gobierno ni el partido que lo apoya ha hablado de copago; nunca el Gobierno del Partido Popular ni el partido que lo apoya han apoyado medidas que vayan hacia el copago,


Página 36




y por tanto hacer aquí una proposición no de ley reforzando o intentando blindar lo que nunca se ha hablado y nunca se ha debatido no ayuda al Pacto por la sanidad ni a hacer del debate sanitario un debate técnico y no político ni demagógico. Presentamos una enmienda que, como el portavoz sanitario del PSOE ha podido ver, recoge textualmente prácticamente lo que propone la proposición no de ley del Partido Socialista, pero además incluimos que se abra ese debate de reformas necesarias para garantizar la sostenibilidad en el Pacto por la sanidad y en la subcomisión que se va a llevar a cabo en el Congreso de los Diputados.

Como digo, estamos en contra del copago, pero sobre todo estamos en contra del uso partidista, del uso demagógico de este hemiciclo para sacar titulares, para sacar eslóganes que normalmente son sectarios y que no van a ayudar a conseguir ese pacto entre todos. Ustedes verán lo que hacen con el debate sanitario. Mientras nosotros como Gobierno apoyaremos la suma, el consenso, las medidas que garanticen esa calidad del sistema que ha convertido el sistema público sanitario en patrimonio de todos los españoles, ustedes no traten de dividir. Nosotros sumamos y ustedes tratan de restar. Eso es lo que presentamos en la enmienda. Si ustedes quieren ese consenso y ese trabajo conjuntamente, deberán apoyar nuestra enmienda. Si no la apoyan, es que a ustedes lo único que les interesa es un debate demagógico de algo que nunca se ha planteado y que el Partido Popular no va a plantear.

Aprovecho el minuto que me queda para recordar al diputado socialista que ha hablado antes en la anterior proposición no de ley que el partido que ha ganado las elecciones en Andalucía ha sido el Partido Popular (Aplausos), que el partido que ha perdido 700.000 votos ha sido el Partido Socialista y que igual que el Partido Popular puede y va a respetar cualquier suma de partidos que quieran gobernar Andalucía debe respetar usted al más de millón y medio de andaluces que han decidido que el Partido Popular sea el partido mayoritario de Andalucía.

Muchísimas gracias (Aplausos.-El señor Madina Muñoz pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cervera.

¿Señor Madina?

El señor MADINA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.

Quiero, en nombre de mi grupo, solicitar de la persona que ha intervenido en nombre de Esquerra Republicana de Catalunya que retire del "Diario de Sesiones" los graves insultos que ha proferido contra la figura del lehendakari.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, a don Patxi López no le conozco, con lo cual no le deseo ningún mal. Hablaba en términos políticos y he hablado... (Palabras retiradas del "Diario de Sesiones", de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara). No he hablado de su persona, con lo cual no entiendo por qué se me pide esto. Aún así, por si acaso alguien hubiera pensado que podía insultar a la institución, lo retiro, pero que quede claro que me refería a... (Palabras retiradas del "Diario de Sesiones", de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara). Para el buen nombre de la institución que representa, lo retiro.

El señor PRESIDENTE: Le agradezco, señor Tardà, que retire sus palabras que yo debo decir también que he interpretado en un terreno absolutamente político, no personal. Si lo hubiera considerado personal le hubiera dicho yo que las retirara. Creo que hablaba en términos políticos, pero le agradezco que retire sus palabras.

Por parte de los grupos que no han presentado enmiendas, en fijación de posiciones tiene, en primer lugar, la palabra por el Grupo Vasco (PNV) el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.

Veo que me toca intervenir en el mejor momento del debate (Risas). Vamos a intentar, señor presidente, colaborar con el buen orden e intentar recuperar o volver a la cuestión sobre la que estamos debatiendo, no sin decir que lo que ha dicho el señor Tardà me sorprende. No seré yo quien defienda las reflexiones de don Patxi López; ya tiene otros apologetas que le defenderán -de hecho ya le han defendido-; presunción que yo entendía iuris tantum pero que se ha convertido en iuris et de iure tras la intervención del señor Madina.

Resuelta esta cuestión, quiero decirle al señor Tardà que el concierto económico no es una estructura que provea de independencia fiscal. Es un sistema concertado que está previsto en la Constitución española, en el Estatuto de Autonomía y en la Ley de Concierto Económico que preexiste desde el año 1839 y que nunca ha desaparecido en dos territorios históricos de Euskadi y de Navarra -Navarra y el territorio de la comunidad autónoma vasca de Álava-. Desde esa perspectiva no se puede considerar -nosotros estamos ya afónicos proclamando esta mención- ni un sistema privilegiado ni un sistema independiente desde una perspectiva tributaria. Dicho esto, me parece recordar que estábamos hablando del copago y nuestra posición en relación con esta materia, señor presidente, es que nosotros creemos que el contenido esencial del artículo 43 de la Constitución proveía un sistema de financiación de la sanidad de carácter universal y gratuito. Pero es que no lo creemos en solitario, lo creemos en compañía de la jurisprudencia


Página 37




constitucional, un sistema universal y gratuito que requiere la dimensión del derecho o de las previsiones del propio artículo 43. ¿Hasta dónde llegan los derechos subjetivos que se atribuyen a los ciudadanos en este ámbito en materia de prevención y atención sanitaria? Hoy mismo hemos tenido un ejemplo muy clarificador, señor presidente, porque parece que la financiación de la sanidad no tiene fin, parece tener una especie de proyección pro futuro infinita. Ya se ha intentado introducir en el sistema sanitario público incluso la práctica de la eutanasia. Desde esa perspectiva algún tipo de pacto o de limitaciones de un derecho de carácter subjetivo, previsto constitucionalmente, habrá que establecer. Desde esa perspectiva nos negamos a la aceptación del copago en sus términos estrictos; del céntimo sanitario, intentado introducir de rondón -en este caso espero que no se enfade el señor Madina- por un consejero de Sanidad del actual Gobierno vasco mediante la imputación del incremento del gasto de los carburantes a la financiación de la sanidad, cosa que nos parece también preocupante porque es una especie de simulación o de penetración del copago de forma subrepticia, sutil y fraudulenta del ticket moderador, del prepago, del pospago y de cualquier fórmula que desprovea al contenido esencial del derecho que prevé el artículo 43 de la Constitución de su carácter de provisión a todos los ciudadanos de una sanidad o una asistencia sanitaria gratuita y universal. Sin perjuicio de que después de haber dicho todo esto, señor presidente, prepagos existen y copagos existen en el ámbito farmacéutico, en el ámbito de la ortoprótesis; en el ámbito de la asistencia bucal casi podríamos decir que no estamos hablando de un copago sino de un pago íntegro por parte de los ciudadanos. Es un problema de dimensionamiento del derecho al que provee el artículo 43 de la Constitución. Decir como ha dicho la portavoz de Convergència i Unió, que el sistema sanitario español es un sistema autonómico, hay varios sistemas de las competencias autonómicas que proveen también a los mecanismos de financiación. Ahí tengo que contradecir las argumentaciones del señor Llamazares, y se lo digo con cordialidad pero con una discrepancia rotunda, también los mecanismos de financiación forman parte ínsita del tronco de la competencia autonómica.

Nos oponemos a que la competencia autonómica utilice esta fórmula del prepago, del copago, del tique sanitario o del tique moderador porque contradice un precepto constitucional y porque no forma parte de nuestro acervo ideológico, pero no vamos a reprochar a ninguna comunidad autónoma por utilizar mecanismos de financiación diferentes porque forman parte de sus propias competencias. Desde esa perspectiva, señor presidente, vamos a apoyar, le iba a decir que con entusiasmo pero después de lo sucedido y de los avatares que han concurrido en esta proposición no de ley con un entusiasmo relativo, porque se han incorporado cuestiones colaterales vinculadas a las elecciones en Andalucía y a declaraciones del lehendakari de Euskadi, en fin, cuestiones que no parecen muy pertinentes o atinentes a lo que aquí se está debatiendo, que no es una cosa baladí, sino una cosa particularmente relevante. Pero como algunos somos veteranos -ya acabo, señor presidente- y estamos acostumbrados a la penetración de cuestiones colaterales al tema troncal del debate y a la provocación de cuestiones o de debates que pervierten lo que debe ser objeto de argumentación jurídicopolítica, señor presidente, qué quiere que le diga, no me sorprende lo que se ha dicho y ya le he manifestado mi opinión de que vamos a apoyar con cierto entusiasmo la oposición al copago como fórmula de financiación del sistema sanitario público en el Estado español y en todas sus comunidades autónomas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Gracias, presidente.

Señorías, confieso mi perplejidad, será probablemente la inexperiencia, ante este debate que hemos tenido, una especie de debate fantasmal sobre una medida que al parecer nadie propone, el copago, que solamente ha defendido CiU y que, por cierto, ha aplicado ya en la comunidad autónoma que gobierna sin que esta Cámara haya podido hacer nada porque las competencias de sanidad son exclusivamente de esa comunidad autónoma; y como las competencias de sanidad y educación no las tiene el Estado, como defiende el grupo al que represento, no podemos hacer nada sobre eso a pesar de que todos estamos en contra. Parece que lo único que podemos hacer es manifestar nuestra impotencia y debatir fantasmalmente sobre algo que en ningún caso se podría aprobar en esta Cámara, porque a juzgar por las intervenciones de los grupos todo el mundo está en contra. Claro, no es sorprendente que hayamos derivado a hablar del lehendakari, del concierto vasco y de las elecciones andaluzas, y podemos acabar esta tarde hablando de cómo se hace el gazpacho o el salmorejo cordobés.

Dicho esto, nos gustaría fijar nuestra posición respecto al tema del copago, que desde luego es un debate que se plantea de forma falaz en la sociedad. En primer lugar, por el propio nombre; ya se ha señalado que copagar es pagar a medias, y puesto que ya se financia con los impuestos de los ciudadanos, que volvieran a pagar los ciudadanos no sería pagar a medias sino pagar dos veces. Aprovecho para recordar, porque casi todo el mundo ha hablado de un sistema de sanidad universal público y gratuito, que puesto que ya lo estamos pagando los ciudadanos no es gratuito en absoluto; lo pagamos a través de nuestros impuestos y conviene recordar esto, sobre todo cuando queremos insistir en la idea de que significaría pagar dos veces. En segundo lugar, plantear el debate sobre la reforma de la sanidad en términos de


Página 38




copago sí o no es hurtar la complejidad y la profundidad que requiere un debate sobre el sistema sanitario, si es que lo queremos llevar a cabo, como parece que algunos grupos tienen interés en hacerlo. Y en tercer lugar, es falaz este debate porque plantea que la financiación de la sanidad es insostenible cuando lo que la crisis ha puesto de manifiesto que lo insostenible es hacer aeropuertos peatonales, infraestructuras innecesarias, seguir conservando las duplicidades de las administraciones, los despilfarros, la corrupción y todo ese gasto, todo ese dinero que nos cuesta; lo que Emilio Lledó, en una expresión muy feliz, llamó los amigantes, esa mezcla de amigos y mangantes de los partidos que tanto dinero nos han costado estos últimos años, como está poniendo de manifiesto cada día la información de los periódicos. En todo caso, para nosotros el copago ni es un tabú ni es un fetiche. No es un tabú en el sentido que lo han planteado tanto el Partido Socialista como el Partido Popular. Dicen que están en contra absolutamente del copago, que jamás el copago, sin matices. El copago ya existe. Ambos han gobernado y no han hecho nada para que los servicios odontológicos o los servicios psiquiátricos pasaran a formar parte del Sistema Nacional de Salud; entonces dejaría de existir el copago, pero esos servicios en la actualidad se los tienen que pagar los ciudadanos.

No se entiende que hayan gobernado y estén tan en contra del copago y no hayan eliminado ese pago que los ciudadanos tienen que dar a cambio de esos servicios. Tampoco es un fetiche, porque no creemos que sea la solución a los problemas que tiene planteada la sanidad, que en todo caso pueden ser de costo pero no de financiación. La financiación es adecuada y si se puede ahorrar algo en el costo será en términos, como decimos, de duplicidades, de despilfarros o de racionalización de cierto gasto como la central de compras de medicamentos, etcétera. La obligación que tenemos en esta Cámara es decir la verdad a los ciudadanos, no tener un debate falaz, sino decir la verdad. Y la verdad es que el Estado recauda dinero suficiente y tiene disponible para gastar aproximadamente medio billón de euros al año, es decir, 500.000 millones de euros al año. Por tanto, hay dinero de sobra para seguir financiando un sistema sanitario de calidad y un sistema educativo de calidad. Es nuestra obligación tranquilizar a los ciudadanos diciéndoles que estos servicios que tanto valoran y que tanto aprecian, como es frecuente en todos los países europeos, van a seguir sosteniéndose y prestándose en condiciones de calidad.

Por otro lado, todo ese dinero, la Administración lo administra -valga la redundancia-, pero conviene recordar que no es de quienes lo administran sino que es de los ciudadanos, puesto que procede de sus impuestos. En ese sentido, quiero recordar una encuesta realizada por Metroscopia hace unos meses -supongo que no la discutirá el Gobierno-, en la que se manifestaba que el 65 % de los ciudadanos estaban en contra de medidas de copago, tanto en los hospitales como en los centros de salud, así como del pago por receta y de la supresión de cualquier tipo de supresión de la universalidad del sistema. El copago no va a aumentar la eficiencia del sistema sanitario que es, en cifras macroeconómicas, barato y de calidad como reconocen distintos estudios internacionales.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que acabar. Tiene cinco minutos y ya se ha pasado, como le indica el reloj.

La señora LOZANO DOMINGO: Termino.

Un último argumento. Se suele decir que tiene un efecto disuasorio el copago en el uso que hacen los enfermos de él, y yo les planteo, señorías, como última reflexión que si estamos dispuestos a disuadir del uso del sistema público de salud mediante el dinero y no mediante las recomendaciones que los propios médicos pueden hacer a los pacientes, como parece lógico, estaríamos forjando una sociedad que castiga a sus enfermos en lugar de compadecerlos. No creo que nadie en esta Cámara quiera ese tipo de sociedad.

Muchas gracias (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lozano.

Señor Martínez Olmos, a efectos de saber si acepta alguna enmienda.

El señor MARTÍNEZ OLMOS: Gracias, presidente.

No aceptamos ninguna enmienda y solicitamos que se vote la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista en sus propios términos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Olmos. Así se hará.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA TOMAR EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA REFORMA DE LA ESO, EL BACHILLERATO Y LA FP, ASÍ COMO SOBRE SUS PREVISIBLES CONSECUENCIAS DE ÍNDOLE ORGANIZATIVA, CURRICULAR Y ECONÓMICA (Número de expediente 173/000013).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a debatir las mociones. En primer lugar, corresponde la del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre las medidas que piensa tomar el Gobierno en relación con la reforma de la ESO, el bachillerato y la formación profesional, así como sus previsibles consecuencias de índole organizativa, curricular y económica. Para defender esta moción, tiene la palabra la señora García Álvarez.


Página 39




La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Señorías, el primer punto de la moción que traemos a su aprobación hoy está relacionado con el mantenimiento de lo que el señor Wert denominaba el pasado día 15 statu quo en la educación secundaria obligatoria. Son varias las razones que nos llevan a solicitar la retirada del cambio de nombre -porque finalmente de eso se trata- del cuarto curso de la ESO por el de primero de bachillerato. Como ya les dije a sus señorías, el señor ministro hoy dice una cosa y al siguiente la contraria, y después de las declaraciones tanto en materia de formación profesional como en lo relacionado con la ESO, las más recientes, lo único que consigue es sumir en la incertidumbre a la comunidad escolar, a las autonomías y a los estudiantes.

Señorías, a las preguntas que planteamos en el pasado Pleno, la contestación que recibimos fue aquello tan popular de manzanas traigo y, como comprenderán, si ni siquiera el Gobierno es capaz de justificar los cambios que pretende, no entendemos por qué hay que hacerlos. Me dirán ustedes, señorías del Partido Popular, que el señor ministro se comprometió a contestarme en privado, pero ni mi grupo ni yo queremos contestaciones en privado. Hacemos preguntas públicas y así queremos que nos sean contestadas. Hasta el momento -después de las últimas declaraciones menos- no hemos encontrado razones serias y rigurosas para que hayan decidido emprender esta reforma. Es más, el propio ministro, en un momento de su intervención, vino a decir que, leo literalmente: nosotros podremos proponer medidas discutibles, e incluso, se lo admito -el se lo admito iba dirigido a esta diputada-, es posible que propongamos medidas equivocadas. Pues, señorías, en esto no se equivocaba el señor Wert. Han propuesto medidas discutibles. De eso sí hay informes y propuestas tanto de la OCDE como de la comunidad educativa donde se afirma que el inicio a edad tan temprana de la secundaria, hasta ahora no obligatoria, es un error. Por la misma razón son medidas equivocadas, que no ayudan al objetivo que, según ustedes, es el eje sobre el que pivota la reforma, el abandono escolar. Contra el abandono escolar y para el mejor funcionamiento de los recursos educativos, desde mi grupo, la Izquierda Plural, lo hemos dicho por activa, pasiva y perifrástica, hay que hacer un mayor esfuerzo inversor porque, una vez más lo repetimos, educación no es gasto, es inversión.

Ustedes, con la reforma, pretenden -no sabemos todavía a través de qué canales- quitarse de en medio a los alumnos y alumnas con más dificultades. Nosotros, en mi grupo, lo que creemos es que los que más necesitan de ese esfuerzo inversor para lograr que superen las mismas y acceder al mundo laboral en las mejores condiciones son, precisamente, esas personas. Ahora, el señor ministro dice que va a retrasar la posibilidad de acceder a la formación profesional de grado medio a aquellos alumnos y alumnas que hayan superado los módulos obligatorios de los PCPI. No nos cabe duda, cada vez nos confirma más que el objetivo es ayudar a los estudiantes con más dificultades, entrecomíllese, por favor, lo de ayudar. Resulta ingenioso que para justificar la falta de respuesta se acuda a las estadísticas. Aquí tengo que reconocer la habilidad del señor ministro, pero no es menos cierto que la utilización maniquea de los datos no aporta razones, sino más bien todo lo contrario. Es verdad, señorías, que el paro juvenil en nuestro país es superior al 50 % y que es el más alto o de los más altos de la Unión Europea. Lo que no es cierto es que sea debido a la falta de formación de nuestros jóvenes. Tenemos decenas de miles de jóvenes muy bien preparados, tanto en formación profesional como universitaria, ¿y dónde están? En el paro. De hecho, son más los universitarios en paro que los que salen de una formación profesional superior, y los jóvenes que se están preparando en ambos campos tienen o van a tener serias dificultades para conseguir empleo. -El otro día hablábamos de ello, de una generación o de varias generaciones perdidas-. Tenemos jóvenes altamente cualificados que buscan su futuro fuera de nuestras fronteras porque en nuestro país no encuentran trabajo. Por tanto, sus argumentos para la reforma no se sostienen se mire por donde se mire. El problema no es del sistema educativo público, aunque el sistema tenga problemas que los tiene. El problema es que en España tenemos un mercado de trabajo infracualificado, infrapagado e infraprecario, y si a esta realidad le sumamos las políticas de recortes y las sucesivas reformas laborales da como resultado la situación que estamos sufriendo y que, especialmente, están sufriendo los jóvenes.

En cuanto al segundo punto de nuestra moción, lo que hacemos es recoger el guante de lo manifestado por el señor ministro en su primera comparecencia, y solicitamos que se convoque a la comunidad educativa y a los agentes sociales, eso sí no en privado y por separado, sino en un subconjunto y así poder realizar un análisis de diagnóstico sobre los problemas que tiene la formación profesional en la actualidad y, por supuesto, realizar un estudio de viabilidad de una red planificada y suficiente de recursos públicos.

Señorías, la implantación del modelo alemán, por mucho que les guste a ustedes, es prácticamente imposible en nuestro país al carecer de un tejido empresarial adecuado. Les recuerdo además que en Alemania el 60 % de los alumnos se forma en el sector industrial y el resto del alumnado que ha escogido otros campos, como el sanitario, el educativo o de atención a las personas, lo hace en centros educativos con un sistema muy parecido a nuestra formación profesional. Por otro lado, señorías, miles de alumnos se quedan fuera de la formación profesional -lo vuelvo a repetir- por falta de plazas. ¿No creen ustedes que sería más lógico que se incrementara la oferta en vez de sacarnos de la manga nuevos experimentos? De nuevo la palabra mágica que a nosotros tanto nos gusta y que a ustedes les produce algo parecido a la urticaria -véanselo, por favor-: inversión; la palabra es inversión. Lo que necesita la formación profesional en España es inversión, tanto de las administraciones públicas como de las empresas, ampliando la oferta de


Página 40




formación profesional a nuevas modalidades que combinen estudio y prácticas laborales retribuidas, tal y como decimos en el punto 3 de nuestra moción.

Finalizo, señorías, manifestando una vez más que invertir en educación, investigación y desarrollo no es solo invertir para el futuro de nuestros jóvenes y de nuestro país, sino que es también invertir en ese espíritu crítico tan absolutamente necesario para el sostén de cualquier democracia. Por eso, señorías, porque consideramos que con esta moción se puede llegar a ello y a ese Estado del bienestar que ustedes tanto mencionan y al que nunca consiguen llegar, solicitamos su voto favorable. Termino ya, señorías, esta vez de verdad, diciéndoles cuál va a ser nuestra posición en cuanto a las enmiendas que se nos han presentado. No aceptamos la del Grupo Parlamentario Vasco porque es de sustitución de la moción que traemos hoy y por supuesto no podemos aceptarla. Podríamos haber aceptado la enmienda número 2 del Grupo Catalán como adición al texto, pero tampoco vamos a aceptar el total de las enmiendas porque el Grupo Catalán no ha tenido a bien aceptarla tal y como se la hemos mencionado. No aceptaremos, por supuesto, las enmiendas del Grupo Popular, no porque no nos gusten, sino simplemente porque no dicen nada; no nos pueden gustar ni disgustar, están vacías absolutamente de contenido; no podemos ni siquiera hacer una crítica a las mismas porque no dicen ustedes absolutamente nada, es pura retórica. En cuanto a las enmiendas del Grupo Socialista consideramos que lo que pretenden incluir son las propuestas realizadas por el Gobierno anterior y que ya tuvieron contestación en ambos casos de la comunidad educativa y desde mi propia organización.

Muchas gracias (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García Álvarez.

Para la defensa de la enmiendas a esta moción, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) la señora Tapia.

La señora TAPIA OTAEGI: Gracias, señor presidente.

Señorías, no es la primera vez que tratamos este tema de la reforma del bachillerato y la formación profesional en esta Cámara y me temo que no va a ser la última tampoco. Hemos constatado todos que, a la vista de los resultados, algo hay que reformar, algo hay que modificar en nuestro sistema educativo para que no se produzcan las tasas de fracaso y de abandono escolar que se están produciendo en este momento y consigamos dar a nuestros estudiantes una formación más adecuada a lo que nuestras empresas demandan. Sin embargo, la propuesta, que a día de hoy no es más que una propuesta formulada en esta Cámara sin ningún soporte legal definitivo, que no ha obtenido hasta la actualidad más apoyos en la Cámara ni en el ámbito educativo, pero, como hoy estamos debatiendo la moción que presenta La Izquierda Plural, simplemente quiero reiterar nuestra posición, reiterar la posición de nuestro grupo, que ya la he comentado en más de una ocasión en este mismo lugar.

Parece que esta reforma podría ser buena en cuanto que nos acercaría a Europa, nos colocaría en unos resultados mejores, teóricamente al menos, pero los resultados obtenidos con el actual sistema también nos dicen que se puede hacer de distintos modos, de distintas maneras y obtener también diferentes resultados. Por tanto, como ya lo hemos dicho también en más de una ocasión, no solo es el modelo educativo, la estructura, lo que hay que modificar, sino la forma de la impartición y la forma de aplicación de esa estructura y de ese modelo. Nos parece más adecuado por tanto, y así hemos elaborado la enmienda, más que modificar la actual estructura, reformar el sistema dotándolo de una mayor flexibilidad y dotar de una mayor autonomía a los centros, de tal manera que se haga frente a los diversos problemas que haya en el aula de forma individualizada y adaptada a las necesidades que se presentan. Eso se puede hacer y de hecho se está haciendo. Además, como consecuencia de la puesta en marcha de esta reforma del bachillerato, se reformaría también la formación profesional. Desde luego, el desprestigio que sufre actualmente nuestra formación profesional por la lejanía de las necesidades de las empresas y por la poca capacidad de atraer a nuestros jóvenes también ha quedado constatado. Si esto lo unimos a la grave crisis que estamos sufriendo en este momento, comprenderemos que el tejido empresarial -haya donde siga existiendo en el Estado español- necesita una adaptación de la formación que se está dando, pero no necesariamente el modelo dual alemán, que desde luego está muy alejado de nuestro sistema en cuanto a empresas, en cuanto a su aplicación y en cuanto a los contratos que se necesitan. No es, a nuestro juicio, el modelo a seguir. ¿Resulta necesario modificar la actual estructura? Sí, pero se puede hacer sobre el mismo sistema que tenemos en este momento, desde luego volviendo a flexibilizar el sistema, aplicándolo de otra manera. Se ha demostrado, por ejemplo en Euskadi, que se pueden hacer las cosas de otra manera, utilizando las cámaras de comercio, utilizando las empresas, dotando al sistema, repito, de una mayor flexibilidad, de una mayor modernidad, adaptándolo a las necesidades del mercado. Como se ha demostrado, es posible hacerlo, e incluso tratar de llegar a una formación en alternancia, que también se ha demostrado útil. Pero no vayamos a un modelo tan alejado del nuestro que nos obligue a llegar a unas conclusiones que no sabemos ni en cuánto tiempo ni cuándo van a poder ser aplicables. Dotemos al actual sistema de flexibilidad porque se ha demostrado que se puede hace mejor.

Por último, en nuestra enmienda hacemos referencia a la red de centros públicos, pero también a los concertados. A nuestro juicio resulta imprescindible fijar objetivos y necesidades del sistema educativo en su conjunto, ¿para garantizar qué? El desarrollo pleno de todas las


Página 41




personas en igualdad de condiciones, garantizando la equidad y las oportunidades en función no tanto de si la red es pública o concertada, sino de las necesidades y la formación que se da en cada una de ellas. Para nosotros las dos redes son importantes, las dos funcionan adecuadamente y se ha demostrado. Creemos que todos estos aspectos son muy sensibles y merecen una reflexión reposada e importante, como se ha demostrado a lo largo del poco tiempo que llevamos en esta Cámara con la cantidad de iniciativas y preguntas que se han realizado. A nuestro juicio, estos tres aspectos hay que tratarlos, pero con tranquilidad y desde luego sobre unos datos y una propuesta mucho más concreta que las ideas sobre las que estamos trabajando.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Tapia.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Barberà.

El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Señor presidente, señorías, volvemos de nuevo a debatir sobre la propuesta que el señor ministro hizo en su comparecencia en cuanto a la modificación del cuarto curso de la educación secundaria obligatoria para poder realizar un bachillerato de tres años. La duración de los estudios posobligatorios y la concreción de la edad óptima para poder escoger entre las diferentes opciones académicas no tiene vuelta atrás por mucho que queramos discutirlo. La coincidencia de la enseñanza obligatoria y gratuita y de la edad mínima de entrada en el mercado laboral, junto con la duración de tres años de los grados universitarios, nos limitan las decisiones y las posibilidades. Dentro de este marco, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió opta por garantizar que la formación de los futuros titulados y tituladas de bachillerato tenga una duración de tres años, implantando un modelo de educación secundaria más flexible que ofrezca vías formativas de acuerdo con los intereses, motivaciones y progresos de los alumnos. El cuarto curso de la educación secundaria obligatoria pasaría a tener un carácter terminal y propedéutico, con dos itinerarios académicamente diferenciados y correlacionados respectivamente con las enseñanzas propias del bachillerato y de la formación profesional. Todos queremos altos índices de éxito escolar y porcentajes elevados de calificación profesional en nuestros jóvenes. Queremos mejorar la empleabilidad de estos ciudadanos para poder realizarse como personas y participar plenamente de la sociedad. Esta es nuestra posición, reflejada en la enmienda que no ha sido aceptada en su primer punto. Pero, señorías, aprovechando esta oportunidad queremos plantear una reflexión. Todos, conjuntamente, podemos estar de acuerdo en los objetivos descritos: debemos, y es nuestra obligación, evitar en este proceso de mejora del sistema educativo los excesos de burocracia, los ruidos, las medidas improvisadas y las modificaciones educativas sin el máximo consenso. ¿Lo estamos haciendo? ¿El Gobierno está ayudando? La comunidad educativa necesita que los objetivos propuestos sean alcanzados de manera eficaz y eficiente, con las mínimas alteraciones posibles y con la aplicación de soluciones creativas. La comunidad educativa está dispuesta a colaborar para conseguir los objetivos comunes haciendo los esfuerzos necesarios, esfuerzos realistas y asumibles. Es necesario trabajar muchos más aspectos que aporten mejoras y que no modifiquen la estructura, pero que son factores importantes para la consecución de los objetivos. En ámbitos como el profesorado, mejorando su formación inicial y permanente, dando el reconocimiento necesario a los equipos directivos de los centros; en referencia a los alumnos, aplicando la mejora constante y la adaptación de los currículums y la evaluación externa para mejorar constantemente la acción educativa, y en ámbitos transversales, trabajando para mejorar la educación en valores, educar en la cultura del esfuerzo y alcanzar las competencias para avanzar hacia una formación de alto nivel y de excelencia. Incluso en el ámbito familiar, tratando al entorno familiar como instrumento básico insustituible para situar a los alumnos en condiciones favorables para el aprendizaje. Muchos y variados aspectos a trabajar para mejorar los resultados, siempre permitiendo que el alumnado desarrolle al máximo su talento y sus habilidades para permitir que el sistema educativo tenga la función de ascensor social, sea garantía de la igualdad de oportunidades y mantenga por encima de todo la cohesión social.

En la moción se habla de realizar análisis de diagnóstico para constatar los problemas que ofrece la formación profesional actual. Los responsables de las comunidades autónomas y la comunidad educativa conocen la situación y los aspectos a mejorar. Conocen y tienen instrumentos para sistematizar los resultados de la evaluación constante que van realizando. Para prestigiar la formación profesional, conjuntamente con las comunidades autónomas, es necesario adecuarla acertada y constantemente a las necesidades del mercado de trabajo en función de la realidad socioeconómica de cada territorio y de su tejido empresarial. Y aquí sí que tenemos un reto importante: encontrar el mejor modelo que nos permita promover la alternancia entre formación y trabajo como herramienta para facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo y elevar el nivel de cualificación profesional. Incluso con el aumento de las dificultades de acceso al mercado laboral que la crisis económica ha ocasionado, los datos de inserción laboral se mantienen en las últimas promociones de estudiantes cualificados profesionalmente. Creemos que la formación profesional tiene que mejorar sustancialmente aumentando la empleabilidad y será este el aspecto que dará más prestigio a los estudios de formación profesional. La enmienda que hemos presentado va en esta dirección. En este apartado compartimos el objetivo pero tenemos claras diferencias con el modelo competencial y en su forma de ejecución.

Muchas gracias.


Página 42




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barberà.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moneo.

La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta una enmienda de sustitución que hoy tengo el honor de defender a la moción que nos ocupa, enmienda amparada en diferentes razones, aunque debo decir que después de escuchar a la portavoz de La Izquierda Plural la verdad es que se me podrían ocurrir muchísimas más. En primer lugar, debo decir, señorías, que resulta difícil permanecer impasible ante las sucesivas inexactitudes que recoge el texto de la moción sin articular, o por lo menos intentarlo, una respuesta sensata y coherente a la misma. En segundo lugar, es complicado considerar una moción cuyo espíritu está impregnado de un profundo inmovilismo, que puede ser considerado como el peor de los enemigos -yo diría que el peor- para la mejora de la calidad del sistema educativo español. Y en tercer lugar, presentamos esta enmienda de sustitución porque el texto de la moción se opone frontalmente a una de las medidas que a nuestro juicio mayor impacto provocará para poder atajar el grave problema de abandono educativo temprano que aqueja a nuestro país. Me estoy refiriendo, señorías, a la necesaria reforma de la educación secundaria, a la implantación de un nuevo modelo de bachillerato, a su carácter propedéutico, a su mayor duración y a la mayor intensidad y exigencia en sus conocimientos. Me estoy refiriendo también a la formación profesional, a la necesidad de diseñar un nuevo modelo de formación profesional más atractivo, más flexible, más ajustado a las necesidades del mercado laboral y sobre todo más receptivo a los intereses, a las aptitudes e inquietudes de todos y cada uno de los alumnos.

Señorías, nuestro modelo educativo tiene graves problemas y provoca graves problemas, problemas que se inician en la educación primaria y tienen su continuidad en secundaria y en etapas postobligatorias. Los indicadores europeos son más que concluyentes. España tiene una tasa de abandono educativo temprano que dobla la media de la Unión Europea, casi un 30 % de los jóvenes españoles son expulsados del sistema educativo por un modelo que rechaza a aquellos que no se adaptan a una orientación puramente académica -una orientación, por otra parte, de escasa exigencia y de escasa formación- y que precisarían de un sistema más flexible, adaptado a las legítimas necesidades y orientaciones e intereses de todos y cada uno de los alumnos. España no puede permitirse el lujo de que un alto porcentaje de jóvenes no finalicen con éxito ni siquiera la educación obligatoria porque formación y empleo están íntimamente relacionados. Organismos internacionales como la OCDE y la propia Comisión Europea han llamado la atención sobre el hecho de que en el año 2020 solo en torno al 16 % del empleo disponible podrá ser atendido por personas con un bajo nivel de cualificación. Quiere decir esto que el 84 % restante de personas en condiciones de trabajar tendrán que tener una cualificación media y alta. En estos momentos hay datos preocupantes para nuestro país: tan solo un 25,2 % de la población entre 25 y 34 años en España tiene estudios medios; en Alemania, el 60 %; en Francia, supera el 40 % y en Italia, el 50 %. Señorías, hagan un análisis en relación con el nivel de formación y estudios de nuestros jóvenes, los jóvenes europeos de nuestro entorno, el desempleo juvenil de esos países y las insoportables tasas de paro de los jóvenes españoles, que alcanzan el 50 %. Háganlo porque tendrán una de las razones fundamentales para acometer reformas en el sistema educativo y para acometer las reformas ya, que es lo que plantea el Grupo Parlamentario Popular.

Señorías, España no puede permanecer aislada en relación con el modelo educativo ni en relación con el nivel de conocimiento de los alumnos, ni tampoco en relación con los resultados. Sé que resulta difícil poner estadísticas y datos encima de la mesa, pero no nos cansaremos de repetir que tenemos el bachillerato más corto de Europa, dos años. Francia, Grecia, Portugal, Finlandia y Suecia tienen un bachillerato de tres años y hay otros países cuyo bachillerato es de cuatro años, lo dicen los datos de la Comisión Europea, de Eurydice y de Eurostat. Tenemos un bachillerato de dos años que, en la práctica, se quedan en año y medio debido a las exigencias de la prueba de acceso a la universidad; dos años que recogen un número elevado de materias que impide la profundización en ellas. Aun así tiene más suerte el bachillerato que la formación profesional; existe una desproporción excesiva entre los titulados de bachillerato y los de formación profesional: dos veces y medio más que los de formación profesional. Ustedes consideran que la formación profesional está razonablemente bien diseñada. Nosotros discrepamos, una formación profesional que tan solo arroja un 17 % de titulados medios no es atractiva ni efectiva. De ahí también la necesidad de la reforma. Nosotros pensamos -y voy terminando- que los caminos hacia el éxito pueden ser variados, de ahí que nuestro compromiso de reforma sea el de abrir puertas y no limitar alternativas. Nada de improvisaciones, rigurosidad en el análisis y efectividad en las medidas. Ustedes saben que el abandono educativo temprano no es nuevo, lleva imperando muchos años en el sistema educativo español, años en los que hemos tenido tiempo de analizarlo y de proponer alternativas. Otra cosa es que ustedes, el grupo proponente, prefieran acomodarse en el discurso ideológico para, al final, no hacer nada. Entenderán que no puedan contar con nosotros para esa cuestión.

Muchas gracias (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moneo.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Buyolo.

El señor BUYOLO GARCÍA: Gracias, presidente.


Página 43




Señoras y señores diputados, desde el Partido Socialista quiero adelantar nuestra posición favorable a la moción que presenta el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y, a la vez, la presentación de una enmienda de adición al texto presentado por este grupo. Es una enmienda que pretende incluir que se facilite el acceso a los programas de cualificación profesional inicial y que además se garanticen los itinerarios formativos desde 4.º de la ESO, tal como ya se determinaba en el Real Decreto 1146/2011. Desde la primera intervención del ministro Wert en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte hasta hoy, no ha habido un solo día en que no hayamos tenido un gran titular, eso sí, todos levantando la voz de alarma por las propuestas contrarreformistas y de retroceso planteadas por el ministro. Sinceramente, desde las palabras de su primera comparecencia, cuando afirmó que no iba a haber un cambio de ley, hasta hoy, la realidad del día a día, media un abismo. La reforma de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato supone en este momento un zarandeo legislativo que hace temblar los cimientos de la estructura de nuestro sistema educativo. Mal vamos. Lo que menos necesita la educación son vaivenes y atentados contra la estabilidad del sistema, derogaciones o congelaciones de las normas ya aprobadas y consensuadas por los distintos agentes sociales y educativos. Este no es el camino.

Pero, para que no me acusen de inmovilista o de ciego ante las realidades sociales, voy a analizar los objetivos que ha marcado el propio ministro Wert, que es lo que nos lleva a tener esta posición contraria a la reforma de la ESO y, por tanto, del sistema educativo en su etapa obligatoria. Tres son los objetivos que marcó: primero, reducir el abandono escolar temprano; segundo, conseguir más excelencia para el bachillerato, y, tercero, avanzar en la equidad y en la igualdad de oportunidades. Con la reforma planteada por el Partido Popular no se cumple ninguno de estos objetivos. Con esta contrarreforma no se reduce el abandono escolar, lo único que se reduce es la formación inicial en su etapa obligatoria sustituyendo un curso formativo, el 4.º de la ESO, por el 1.º de bachillerato, que tendría un carácter propedéutico para aquellos que sí van a seguir sus estudios y que resta formación básica a aquellos que concluirán su educación. Por otro lado, difícilmente podemos conseguir una mayor excelencia si el curso que ampliamos por un lado se lo restamos a la formación básica de todos. La excelencia no se logra con recortes, y menos con los que nos tiene acostumbrados el Partido Popular. Por último, la equidad y la igualdad de oportunidades quedan más mermadas. Ya está siendo reducida por las últimas medidas adoptadas por el ministerio que dirige el señor Wert: menos becas, menos recursos económicos y menos profesorado son la receta perfecta para romper con la equidad de nuestro sistema educativo y cercenar el derecho de igualdad de oportunidades para todos y todas (Aplausos). Esto no es justo.

Pero no solo no se cumplen los objetivos que persigue la reforma, sino que además su aplicación es inviable y costosa. Dudo mucho que, como dijo la portavoz de educación del Partido Popular, esta reforma sea el fruto del trabajo, el consenso y el estudio de muchos años y, si lo es, es claramente un atentado contra el sistema educativo. El trabajo, el estudio y el consenso se consiguieron en la anterior legislatura en el Ministerio de Educación con Ángel Gabilondo al frente del mismo. El Pacto social y político por la educación, no firmado por el Partido Popular en una clara actitud partidista y desleal con los agentes sociales y educativos, representa el trabajo y la entente cordial para llegar a acuerdos. En este documento se recogen, entre otras cosas, más de 25 propuestas para mejorar tanto la educación obligatoria como el bachillerato y la formación profesional, y ninguna de ellas suponía mermar la educación secundaria. Señoras y señores diputados, como decía anteriormente, esta reforma es inviable, es inoperativa, cargada de problemas y dificultades que merman la educación y restan igualdad de oportunidades, además de ser pedagógicamente nefasta para los alumnos y alumnas. Esta reforma supone un gasto innecesario en su aplicación, modificación de los centros educativos, la pérdida de profesorado, así como el cambio de todos los temarios y, por lo tanto, libros de texto. Más recortes en la educación pública. En los actuales momentos de crisis no creo que lo conveniente sea zarandear el sistema y desviar los recursos económicos, tan necesarios para mejorar de verdad nuestra educación. ¿O está en la voluntad del Gobierno beneficiar la iniciativa privada atentando nuevamente contra la educación pública? Creo en este caso que ni los centros privados van a estar con ustedes.

Concluyo. Si es necesario mejorar la ecuación posobligatoria, buscaremos las soluciones que sumen, no las que resten contenidos y calidad al sistema y por tanto a los alumnos y alumnas. Si es necesario reducir las tasas de abandono escolar temprano, potenciemos los itinerarios formativos, tal como se establecía el real decreto, y además dotémoslos de las medidas necesarias para garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades a través de los programas de cualificación profesional inicial. Y si es necesario mejorar la formación profesional, profundicemos y apliquemos las medidas del decreto de formación profesional, que establecía los mecanismos necesarios para mejorar la calidad de la formación y la empleabilidad de los jóvenes, adaptándola a las necesidades del tejido empresarial. Señoras y señores diputados, no es el momento de zarandeos al sistema educativo...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar.

El señor BUYOLO GARCÍA: Concluyo.

... sino de aplicar las medidas ya aprobadas y mejorar nuestra acción educativa. Medidas como el recorte de las becas para el estudio de inglés, la eliminación de las


Página 44




becas de doctorando o la reforma de la educación secundaria obligatoria no son el ejemplo para la mejora de los índices de calidad de nuestra educación.

Termino ya. La educación, lo que menos necesita son los zarandeos a sus cimientos y esta reforma es un atentado contra la equidad, calidad e igualdad de los derechos. Gracias (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Buyolo.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Álvarez Sostres.

El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señor presidente.

Señorías, nos encontramos con un nuevo debate, esta vez propuesto por La Izquierda Plural, relacionado con la necesaria reforma del sistema educativo y más en concreto con el anuncio del Gobierno de prolongar el bachillerato. Hace un mes ya nos pronunciamos al respecto cuando la señora Moneo trajo a este Pleno una proposición no de ley en la que el Grupo Popular pedía al propio Gobierno la implantación de un modelo de secundaria más flexible con un bachillerato de tres años. Se hacía eco de paso de la intención manifestada por el propio ministro señor Wert en su primera comparecencia, el 31 de enero, cuando anunció una profunda reforma de la educación secundaria consistente, entre otros objetivos, en aumentar en un año el bachillerato o formación profesional, de modo que ahora serían tres cursos de secundaria y otros tres de bachillerato o formación profesional. Foro ya se ha manifestado favorable a un cambio profundo, estructural, del sistema y compartimos la necesidad del 3+3. Nuestro bachillerato actual en dos años es muy corto, lo que ha producido una doble consecuencia negativa: de un lado, la alta tasa de abandono escolar hace que lleguen menos alumnos y, de otro lado, la puesta en práctica de un igualitarismo descompensador supone una formación que dificulta enormemente los propios objetivos de etapa, produciendo un importante déficit de conocimientos que ha obligado a las universidades a establecer cursos puente o cursos cero. Pero además de un cambio estructural -y aquí quiero hacer incidencia-, el sistema precisa de otros cambios fundamentales relacionados con la gestión y la autonomía de los centros: cambios en la organización, la mejora del acceso a la función docente, la definición de los perfiles profesionales y la dignificación de la figura del docente; en definitiva, nuevos modelos de gestión, de formación y de organización escolar con criterios de autonomía. Estamos hablando de la autonomía real, olvidada en textos ampulosos y retóricos en los que nunca se creyó por el carácter interventor de administraciones contradictorias.

Debemos dirigirnos a un modelo educativo donde el eje de la educación debe ser el individuo como verdadero poseedor de los derechos fundamentales y en el que el centro escolar, la autonomía de los centros, se sitúa como eje institucional del sistema, porque es precisamente en el centro escolar donde se producen las únicas adaptaciones del sistema a la diversidad de la población. Consecuentemente, el principio de autonomía escolar y descentralización administrativa debiera ser un objetivo irrenunciable en los próximos años donde debe estar el auténtico objetivo político de esta reforma. Con ello nos acercaríamos a los objetivos propuestos por la Unión Europea: mejora de la calidad y de la eficiencia de los sistemas de educación, a través de una mayor flexibilidad de nuestro sistema escolar. Falta que el Gobierno concrete la reforma y su alcance.

No podemos apoyar la moción de La Izquierda Plural en lo principal de su propuesta, la retirada por el Gobierno de su intención de aumentar la duración del bachillerato, aunque sería de considerar la parte de su moción que pide la realización de un diagnóstico, aunque no partiendo de la bondad del sistema, con la participación de la comunidad educativa y los agentes sociales sobre los elementos básicos de la formación profesional y su funcionamiento. Nosotros creemos en la necesidad básica de un gran acuerdo en educación, fruto de la reflexión de todas las fuerzas políticas, de todas las fuerzas sociales y de las comunidades autónomas, pero es absolutamente necesario que los socialistas y otras fuerzas políticas de izquierda dejen de considerarse guardianes de la ortodoxia educativa. Es preciso avanzar en los cambios estructurales y fundamentalmente organizativos del sistema escolar. Es aquí donde el Gobierno debe fijar su posición y su situación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez Sostres.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.

No vamos a apoyar la moción del Grupo de La Izquierda Plural sobre esta cuestión por un asunto importante, por una discrepancia de fondo que no creemos que se pueda solucionar con una transacción. La discrepancia es la siguiente, realmente nos preocupa que se eluda la cuestión que debería presidir cualquier debate sobre educación, que son los problemas serios que tiene el sistema educativo en España y el grado de estancamiento al que ha llegado. Estamos de acuerdo en que en los últimos diez, veinte o treinta años el sistema educativo en España ha conseguido grandes mejoras respecto a la situación de la que veníamos, que era de práctico subdesarrollo educativo, pero no se pueden ignorar los datos, que son eso, datos y no opiniones, sobre el hecho de que España es el único país de los que suscribieron los objetivos de Lisboa que en vez de acercarse a esos objetivos, como todos los demás países de la Unión Europea, ha retrocedido, y eso es una consecuencia del tipo de sistema educativo que tenemos. Por eso nos inquieta, nos preocupa, que esta moción parta de un afirmación


Página 45




tajante: no hace falta cambiar sustancialmente nada del sistema educativo tal y como está. Nosotros tampoco estamos seguros de qué plantea el Gobierno sobre esta cuestión, estamos muy interesados en que nos lo vayan aclarando un día de estos, pero lo que no se puede negar es el hecho de que el sistema educativo español necesita reformas... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdóneme un momento, señor diputado. Perdóneme un instante. Por favor, ruego silencio, no se puede oír al interviniente. El que desee tener alguna conversación, que salga fuera.

Continúe, señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.

Como decía, estamos hablando de un sistema educativo que adolece de una serie de fallos estructurales evidentes en su desarrollo. Fue un modelo que en su momento hizo una aportación importante, pero ahora está atascado, está gripado, tenemos que hacer algo al respecto. Nosotros pensamos que se debe ampliar el bachillerato, en la línea de lo que han hecho en otros países, no por una especie de manía clasista, sino precisamente por dos razones. Primero, porque tenemos que ser capaces de ofrecer a los jóvenes que no están interesados en los estudios académicos medios y superiores que puedan tener una formación profesional desestigmatizada, con prestigio y que por supuesto sirva para su entrada en el mercado laboral, cosa que ahora mismo no ocurre, porque todo el mundo sabe en España que, a pesar de las mejoras que se han producido, la formación profesional sigue siendo una línea B para estudiantes fracasados. Con eso hay que terminar y pensamos que la mejor manera de hacerlo es ampliar el bachillerato y desarrollar una reforma de la formación profesional adecuada. Desde luego, no sabemos muy bien, como les pasa a ustedes, qué es, como decía antes, lo que el Gobierno pretende al respecto, pero lo que no es sostenible y aceptable es la premisa de que parte su proposición, que es que el sistema educativo está muy bien como está, no lo toquemos, dejémoslo como está y, sencillamente, metamos más dinero. El dinero en este caso no es la solución porque tampoco es el problema; el problema es de modelo educativo. Y justamente por eso, por lo que les estoy diciendo, no vamos a apoyar esa proposición. Esperemos que más adelante podamos ponernos de acuerdo con ustedes en cuestiones importantes de educación.

Gracias (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.

Señora García Álvarez, aunque ha manifestado antes su posición, ¿me puede decir a efectos de la votación qué enmiendas acepta, si acepta alguna?

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Gracias, señor presidente.

Mantendremos la moción en sus justos términos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL IMPACTO QUE TENDRÁ EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS LA DISTRIBUCIÓN DEL AJUSTE FISCAL PREVISTO (Número de expediente 173/000014).

El señor PRESIDENTE: Comenzamos el debate de la última moción, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impacto que tendrá en las comunidades autónomas la distribución del ajuste fiscal previsto.

Tiene la palabra la señora Vázquez Morillo.

La señora VÁZQUEZ MORILLO: Gracias, señor presidente.

Traemos hoy una moción, consecuencia de interpelación urgente, sobre el impacto que tendrá la distribución del déficit previsto para las comunidades autónomas. El señor Montoro me dijo en su última intervención que me esperaba aquí con la moción. Bueno, ya veo que no ha venido, pero ustedes se lo contarán. Me dijo también que no tendría tanta emoción esta moción porque ya habrían pasado las elecciones andaluzas. Para mí tiene la misma emoción y el mismo interés por sacar esta propuesta adelante. Desde luego, la cara del señor Montoro en Sevilla el domingo por la noche no era precisamente de emoción, se lo puedo asegurar (Aplausos). En Sevilla ya sabe la gente que van a decir unas cosas y luego hacen otras. Aspiraba el señor Montoro incluso a ganar en las elecciones al señor Guerra en Sevilla. Mire, el señor Montoro no gana en Sevilla ni al dominó, así que vayan buscándole otra provincia (Aplausos). Tengo que decirle que tuvo cinco minutos de intervención, sus últimos cinco minutos, en la interpelación cuando yo ya no podía contestar, que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos de los asistentes que estuvieron allí -excepto el de la clac que tenía, claro- rayó en la falta de respeto, en la falta de educación y no hablemos ya de la cortesía parlamentaria de la que nos enorgullecíamos antes, porque las formas están cambiando mucho en esta tribuna.

Además de reconocerme el señor Montoro que no se estaba enterando muy bien, osó corregir los datos que yo presenté y de muy malas maneras. Repetiré aquí que cuando aprobamos el objetivo de déficit en 2011 en esta Cámara, la situación económica era muy diferente y preveíamos que la economía española crecería un 2,3 %. Lo dije y lo mantengo. Es más, el señor Montoro el 2 de marzo lo firmó. Le escribieron la introducción del acuerdo por el que se fija el objetivo de estabilidad y lo firmó, pero parece ser que no lo leyó. Yo les digo: retomen las formas en esta tribuna y atiendan a las proposiciones


Página 46




que les estamos haciendo; promuevan un acuerdo para reequilibrar el ajuste fiscal, para que seriamente todas las administraciones públicas podamos cumplir con el déficit marcado, que era el 5,8 pero ahora es el 5,3. Vamos a comprometernos todos a cumplirlo, pero con racionalidad y sobre todo preservando los derechos sociales. Es una cuestión de matemáticas. Si se supone que la media de los derechos básicos ocupa el 75 % de los presupuestos de las comunidades autónomas y suponemos -Funcas lo acaba de decir y yo estoy de acuerdo con ese dato- que el ajuste que va a haber que hacer es de 55.000 millones de euros, díganme cómo hará Castilla-La Mancha para bajar del 7,3 al 1,5; díganme cómo va a hacer Valencia para bajar de más del 3,6 % con una deuda además que roza el 20 % y habiendo reconocido ya su presidente que no podrá cumplir con ese objetivo de déficit, después de votar que sí.

Después de hacer recortes todas las comunidades autónomas ninguna cumplió el objetivo de déficit en 2011. Podemos decir ahora ninguna porque Madrid, después de salir a bombo y platillo diciendo que cumplía el objetivo de déficit, resulta que se le había olvidado incluir nada más y nada menos que 1.000 millones de euros, precisamente de impuestos gestionados por la comunidad directamente. Por eso, señores del PP, vienen los inspectores de la Unión Europea aquí, porque ustedes no dan confianza en las cuentas. Por eso le planteamos en nuestra moción que analicen seriamente la situación de las comunidades autónomas, comprueben su veracidad y tengan en cuenta además los olvidos de algunas comunidades autónomas. Planteen ese acuerdo para reequilibrar la distribución del déficit; utilicen la capacidad del Estado para priorizar en los Presupuestos Generales del Estado, que ya presentarán, las partidas destinadas a políticas sociales para evitar recortes en la educación pública, para asegurar la financiación de la sanidad pública y evitar el copago. Para eso nosotros le planteamos que suban el impuesto sobre el tabaco y el impuesto sobre las bebidas alcohólicas de alta graduación. Es una forma de complementar la financiación de la sanidad.

Mejoren además las emisiones de deuda pública de las comunidades autónomas. Parece que el señor De Guindos se ha puesto a pensar en algo de esto ya. Nosotros le aplaudiremos si acierta. Por eso le pediré al señor Montoro que se ponga también a pensar en este acuerdo que es bueno para todos, que no vale que cumpla el Estado y hablen mal de las comunidades autónomas después. Por eso yo solicito a esta Cámara que apoyen las propuestas de esta moción; también a ustedes, señores del PP. Hagan un esfuerzo de racionalidad y ahora que ya saben que no gobernarán en Andalucía -aunque salgan aquí a decirme que han ganado, las caras no eran de victoria-, presenten ya el presupuesto para que podamos empezar a trabajar seriamente y a ver si recuperamos algo de credibilidad en la Unión Europea.

Muchísimas gracias (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vázquez.

Para defender las enmiendas formuladas en primer lugar por el Grupo Mixto, porque van a intervenir varios, tiene la palabra el señor Jorquera.

El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, señores del Grupo Socialista, compartimos las preocupaciones que expresan en su moción, pero discrepamos de su obediencia a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de su apuesta por subir impuestos indirectos, pues el impuesto sobre el tabaco y el alcohol no deja de ser un impuesto indirecto. Nosotros somos partidarios de operar sobre los impuestos directos no sobre los indirectos y, si me permiten la broma, en esta posición nada tiene que ver mi lamentable condición de fumador.

El BNG es partidario de supeditar cualquier estrategia de ajuste fiscal al cumplimiento de los objetivos de crecimiento y creación de empleo. Entendemos que ya hay datos evidentes de que las políticas centradas en el ajuste solo están conllevando una agudización de la crisis y de la destrucción de empleo. Por todo ello, somos partidarios de otra estrategia presupuestaria que evite recortes en los servicios públicos básicos, actuando sobre el sistema impositivo para introducir más progresividad y un reparto más equitativo de la carga fiscal. Además, incluso si nos situamos en la lógica del ajuste, discrepamos profundamente de la distribución entre las distintas administraciones. En el reciente debate sobre el techo de gasto advertíamos sobre el gran efecto que tendrá para la educación, la sanidad y los servicios sociales el brutal ajuste que se exige a las comunidades autónomas, y recordábamos a quienes utilizan la crisis económica como coartada para el centralismo que el porcentaje de déficit público atribuible a las comunidades autónomas es sensiblemente inferior al porcentaje del gasto público que tienen la responsabilidad de gestionar, pese a que más de un 70 % de ese gasto lo absorben servicios públicos y sociales esenciales. Por esa razón, proponemos una distribución que tenga en cuenta el volumen de gasto que ejecuta cada administración y garantice la adecuada financiación de servicios básicos esenciales, cuyas competencias están atribuidas a las comunidades autónomas. Estas son las razones, señorías, que fundamentan la enmienda que hemos presentado a esta moción consecuencia de interpelación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.

Señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

Hoy he leído dos noticias muy relacionadas. La primera, en un medio valenciano: La red valenciana de


Página 47




servicios sociales es la peor de todo el Estado, es la que presenta un peor índice de desarrollo, es la segunda por la cola que menos dinero destina por habitante y año para estas prestaciones. Esto es por algo, señorías, y no solo por nuestros gobernantes, tiene que ver con la financiación, tiene que ver también con la distribución posterior de este ajuste fiscal. Haré una comparación elocuente sobre cómo puede afectar ese ajuste fiscal en comunidades diferentes; haré una comparación entre la Comunidad Valenciana y otra comunidad, cuyo nombre no diré, que está en la media estatal del producto interior bruto. Los valencianos estamos ahora nueve puntos por debajo de esa comunidad autónoma que está en la media. Pues bien, mientras que a los valencianos la Hacienda central nos retiene cada año 5.575 millones de nuestros impuestos para repartirlos a otras comunidades autónomas, a esa otra comunidad que está nueve puntos por encima, con menos paro y menos déficit, les da 3.692 millones. La presión fiscal de los valencianos es ahora mismo 100 euros superior a esa otra comunidad. Nosotros recibimos 650 euros menos por habitante que esa otra comunidad. Por tanto, cabe deducir que su Estado de bienestar -educación, sanidad y servicios sociales- será superior; efectivamente. La segunda noticia decía justamente eso, que esa otra comunidad obtiene los mejores resultados en servicios sociales, y en las dos comunidades autónomas manda el Partido Popular con mayoría absoluta desde hace muchos, muchos años.

En consecuencia, tenemos la paradoja de que en bastantes casos los ingresos por transferencias de la Administración central son superiores por habitante en algunas comunidades autónomas que hacen un esfuerzo fiscal inferior a pesar de que disponen de un producto interior bruto superior; es como el cuento de Robin Hood, pero al revés. Este modelo de solidaridad permite detraer recursos de una comunidad autónoma con una renta por habitante inferior para darlos a otras con una renta superior. He argumentado todo esto -y termino- por las palabras de mi presidente, el presidente de los valencianos, don Alberto Fabra: Sin ayuda, no podemos asumir los recortes. Los valencianos ya sufrimos recortes en sanidad, en educación y en servicios sociales. Por eso con una financiación ya deficiente respecto de otras comunidades autónomas, reconocida incluso por los diputados valencianos del PP, los nuevos ajustes fiscales pueden afectar más duramente al País Valenciano. Nuestro Estado de bienestar peligrará de manera evidente. Por tanto, Compromís-Equo votará a favor de cualquier medida que discurra por el camino de preservar la sanidad, la educación y los servicios sociales públicos. Y, aunque me gustaría que se aceptaran las enmiendas del BNG, Compromís-Equo votará a favor.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Oramas.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.

Señores diputados, Coalición Canaria-Nueva Canarias se abstendrá en la votación de esta moción consecuencia de interpelación, ya que, aunque estamos de acuerdo en que se realice otra distribución del ajuste fiscal, no coincidimos con el contenido de la fórmula que se propone en la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista. Los nacionalistas canarios consideramos que no se puede seguir interfiriendo en la capacidad de decisión de las comunidades autónomas, sobre todo si se trata de territorios como Canarias, donde ya se ha cumplido escrupulosamente con lo que se exige y donde se han priorizado los servicios públicos esenciales desde que se percibieron los primeros síntomas de la recesión.

Decimos un sí rotundo al control del déficit, pero discrepamos con la distribución realizada en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. También discrepamos del tratamiento que recibirán aquellas comunidades autónomas, como Canarias, que llevan esforzándose desde el inicio de la crisis en la aplicación estricta de contención de la deuda y en la implantación de medidas de austeridad para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Con la distribución del déficit público que ha realizado el Estado no es lógico que el Gobierno de España exija a las comunidades autónomas que carguen con el peso de los recortes, cuando son las autonomías las que tienen transferida la obligación de prestar los servicios públicos esenciales, esto es, la sanidad, la educación y los servicios sociales. Creemos en la necesidad de que el Estado establezca mecanismos de financiación adecuados a las necesidades de los servicios públicos que están obligados a prestar a los ciudadanos. Creemos también en la necesidad de establecer un gran pacto social por la sanidad en España, que permita dotarla de la financiación necesaria.

En definitiva, nos parece positiva la propuesta de que el Estado debe mejorar el acceso de las comunidades autónomas en sus emisiones de deuda que tengan autorizada a la financiación de los mercados. Sin embargo, discrepamos del uso de la capacidad del Estado para dirigir la acción político-presupuestaria de las comunidades autónomas. El Estado de las autonomías no se puede poner en duda constantemente recurriendo a la capacidad de intervención del Estado, sobre todo si las comunidades actúan con coherencia, rigor, austeridad y cumpliendo con el equilibrio presupuestario. En cualquier caso, esperamos a ver si se va a votar por puntos la moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.


Página 48




El Grupo Popular ha presentado una enmienda y la defiende la señora Madrazo.

La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, la interpelación del Grupo Socialista del pasado 15 de marzo tenía un claro tinte electoralista, con la vista puesta en las elecciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía del pasado domingo. Pero, afortunadamente, los andaluces quisieron con sus votos que el Partido Popular ganara las elecciones por primera vez en treinta años de socialismo (Aplausos). Los andaluces quisieron poner fin a una etapa muy negra de la historia democrática de Andalucía, y no hay más que ver quién le acompaña a usted en las listas por Sevilla, un hermano de Juan Guerra, del que todos nos acordamos, y el señor Viera, relacionado con ERE fraudulentos que han escandalizado a toda España. (Rumores y protestas.-Aplausos). Por eso, quisieron mostrar su disconformidad con el objetivo de estabilidad marcado para las comunidades autónomas, una vez más apelando al viejo mensaje del miedo: Que viene el ogro, que viene el Partido Popular, que les van a ustedes a recortar sanidad, educación y servicios sociales. Pero la sociedad española y los andaluces... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Por favor, ruego silencio a todos. Señora diputada, céntrese en el asunto.

La señora MADRAZO DÍAZ: Gracias, señor presidente.

Son muy adultos y, por tanto, ya no temen a los ogros de los cuentos infantiles.

La señora Vázquez señalaba en esa interpelación que algo habríamos hecho mal para tener que hablar tanto en esta Cámara de déficit público. ¿De verdad quiere que recordemos una vez más qué es lo que ha hecho mal el Gobierno socialista? El Gobierno socialista ha mantenido hasta el último momento que íbamos a cumplir el objetivo de déficit del 6 % para el año 2011, y ocultaron el dato hasta que el nuevo Gobierno tomó posesión y se encontró un boquete, un agujero en las cuentas públicas, adicional, de 25.000 millones de euros, con una cifra de déficit que supera el 8,5 %. En abril de 2011 -como todos ustedes saben-, el Gobierno socialista fijó un objetivo de déficit del 4,4 % fundamentado en una previsión de crecimiento del 2,3 % y el escenario en el que nos encontramos actualmente, ustedes también lo saben, es de recesión económica. Por ello, el Gobierno actual ha actuado con responsabilidad y, sobre todo, con mucho realismo, procediendo a la revisión del objetivo de estabilidad para 2012, y todos los grupos deberíamos celebrar esa revisión por parte de la Comisión Europea de nuestros objetivos de estabilidad presupuestaria.

En cuanto al reparto de esos objetivos entre el Estado y las comunidades autónomas, con las que el Grupo Socialista no parece estar de acuerdo, el ministro de Hacienda dejó muy claro que el ajuste adicional del 0,5 % que deberemos hacer para cumplir el objetivo del 5,3 % recaerá sobre la Administración central. Señorías, es verdad que las comunidades autónomas financian gran parte de los servicios públicos esenciales y, por ello, el Gobierno de España en solo dos meses ha adoptado importantes medidas para ayudar a la financiación de las comunidades autónomas, como el aplazamiento a diez años del reintegro que deben hacer del exceso pagado en 2008 y 2009 o la inyección de 35.000 millones de euros para el pago de facturas a los proveedores. Por tanto, el esfuerzo que se pide de contención del déficit es razonable y, además, es lo que conviene a las comunidades autónomas y lo que conviene a España para mejorar la confianza y la credibilidad de nuestros inversores y de nuestros mercados.

Por otro lado, el Grupo Socialista insta al Gobierno a adoptar medidas que entran en el ámbito competencial de las comunidades autónomas, porque el elevado nivel de descentralización vigente en España obliga a las administraciones a adoptar las medidas necesarias para garantizar la prestación de los servicios de los que son responsables y, además, a hacer esa prestación sostenible en el tiempo.

Señorías, ha existido diálogo y ha existido coordinación con las comunidades autónomas, y el esfuerzo que tiene que hacer España para cumplir ese objetivo de déficit debe ser conjunto, arrimando el hombro todas las administraciones públicas, la central, la autonómica y la local, porque esto es lo que nos piden no una comunidad autónoma ni un ayuntamiento concreto, nos lo pide la sociedad, nos lo piden los ciudadanos. Nos piden que actuemos con responsabilidad y que, entre todos, sepamos adoptar las medidas adecuadas para sacarnos de la crisis y crear empleo, y la medida indispensable para ello es el compromiso ineludible con la estabilidad presupuestaria.

Muchas gracias (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Madrazo.

En turno ahora de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.

Señoras diputadas, señores diputados, el Grupo Vasco en el Congreso se va a abstener en la votación de esta iniciativa y lo va a hacer siguiendo la filosofía tradicional de abstenerse cuando se tratan temas fiscales y tributarios que no afectan a la Comunidad Foral de Navarra o a la Comunidad Autonómica de Euskadi en virtud del convenio y del concierto económico, respectivamente, y este es, claramente, el caso. No sé si esa era la voluntad del Grupo Socialista, puesto que su planteamiento es lo suficientemente generoso como para que pudieran incluir a los ámbitos precitados y excluidos, pero de hecho es así. Estamos de acuerdo en que hay que incorporar


Página 49




grandes dosis de racionalidad e incluso de imaginación para encajar de la mejor manera posible el proceso de consolidación fiscal en el conjunto de las instituciones públicas afectadas: la Administración Central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos; es preciso suprimir aquellos gastos cuyo impacto en la economía y en la sociedad sea el mínimo posible. Las políticas sociales, sobre las que existe un amplio consenso, deben ser preservadas y alteradas lo mínimo posible, puesto que son entre otras cosas un paliativo importante a los nefastos efectos de la crisis económica en que nos encontramos.

Creemos que establecer racionalidad, criterios, prioridades, en definitiva sentido común en un proceso que de lo contrario puede acabar como el rosario de la aurora es necesario, aunque no sea desgraciadamente suficiente. Sin embargo, como decía, la iniciativa, no nos afecta en Nafarroa ni en la Comunidad Autónoma de Euskadi, en la moción se habla tan solo de promover un acuerdo en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y ese marco nos es ajeno. No sé si es que el PSOE y su grupo parlamentario desconocen la realidad del convenio del Concierto Económico, lo cual después de tantos años es difícil de creer, o simplemente lo ignoran, lo que me parece aún peor. Yo creo que los diputados del PSE sí lo conocen, pero lo ignoran, no defienden en este caso las instituciones de autogobierno, y ello preocupa al Grupo Vasco, de ahí la indebida presencia también del Gobierno vasco en las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y nos preocupa, insisto, no por esta moción, cuyo alcance es muy limitado como todo el mundo sabe, sino por tantas otras iniciativas legislativas en las que no se oye su voz a este respecto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, tenemos que confesar que la interpelación y la moción del Grupo Socialista nos han sorprendido, porque desde que empezó esta legislatura han mantenido un debate muy vivo con el Grupo Popular sobre la responsabilidad en la desviación del déficit público, por qué el déficit público ha superado en 2,5 puntos el objetivo, y siempre que este tema ha salido la respuesta del Grupo Socialista ha sido la misma: el Estado ha cumplido, el Estado ha cumplido; las desviaciones en las comunidades, las desviaciones en las comunidades. Nos sorprende que -en mi opinión con cierta incoherencia- traigan una moción en la que interiorizan los dos postulados básicos de los partidos nacionalistas respecto al déficit, que son: por un lado, que si el déficit de las comunidades es menor que el del Estado se las está discriminando; y por otro lado, que no se puede afectar al gasto autonómico porque prácticamente es todo sanidad y educación, y cualquier recorte del gasto autonómico afecta a esos servicios fundamentales (Rumores).

Respecto a la primera cuestión hay motivos objetivos para que el déficit del Estado sea mayor que el de las comunidades sin que sea una discriminación; he tenido el honor de comentarlos en esta tribuna, pero como se repite el argumento y en España el que resiste gana -decía Camilo José Cela-, se repite el argumento y me van a permitir... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor diputado.

Por favor, ruego silencio. Es imposible oír al orador.

Continúe.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.

Decía que hay motivos evidentes para decir que el objetivo de déficit del Estado sea mayor porque el gasto del Estado incorpora los componentes asociados a la crisis, los componentes cíclicos, el gasto de desempleo fundamentalmente, y también los intereses de la deuda, porque las comunidades nacieron sin deuda y la mayor parte la acumula el Estado. El gasto del Estado incorpora el gasto en nivelaciones de transferencia, que es un gasto que va a las comunidades y que computa como déficit del Estado y reduce el de las comunidades. Si se corrigiese ese efecto las cifras serían muy diferentes. Las comunidades tienen sanidad y educación, pero eso crece a largo plazo no como consecuencia de la crisis. Por el lado de los ingresos las comunidades han tenido un tratamiento favorable desde el inicio de la crisis: se ha reformado su financiación autonómica, 11.000 millones más; se les han dado unos anticipos a cuenta mayores de los que les correspondían por unas previsiones infladas; se les han aplazado diez años las devoluciones; y además el impuesto que más ha caído, que es el impuesto sobre sociedades, es íntegramente estatal. Es decir, que no parece que sea discriminatorio que el objetivo de déficit del Estado sea mayor, parece más bien normal.

Por otro lado, hasta ahora las medidas que ha tomado el Gobierno han recaído más sobre el Estado que sobre las comunidades. En su primer decreto de medidas de urgencia rebajaron sobre todo partidas estatales. El otro día cuando hubo una desviación en el objetivo de déficit, los 5.000 millones se cargaron íntegros al Estado. Dentro de nada van a venir unos Presupuestos Generales del Estado muy restrictivos, y en las comunidades, por lo que yo he visto aquí como diputado estas semanas, ha sido un rescate para pagar a los proveedores, otro adelanto de anticipos, y en el futuro se habla ya de los hispabonos. Este discurso no se corresponde con las medidas que se han tomado hasta ahora, por lo menos en mi opinión. Parece que hubiese una agresión a las comunidades y el ajuste fundamental hasta ahora ha sido en el Estado. Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. El Estado no puede equilibrar las cuentas públicas él solo. Mi grupo habla de un Estado residual;


Página 50




se nos dice que somos exagerados. En algunos aspectos hay cifras que avalan lo que estamos diciendo. Hay una cifra que habla más que mil palabras: En el Registro central de personal, por medio de un dato oficial de julio de 2011, nos encontramos con las personas que trabajan para la Administración General del Estado, que son 237.000, y con las personas que trabajan para las comunidades autónomas, que son 1.350.000. Corrijan los datos todo lo que quieran, pero creo que son bastante reveladores del peso de unas y otras administraciones hoy en día. Y ese Estado residual no puede, porque las leyes de la aritmética no se pueden cambiar por mayoría absoluta, equilibrar solo las cuentas públicas, que son del conjunto de las administraciones.

Se nos dice también que el gasto de las comunidades es sanidad y educación. Desde luego es un gasto importante, pero va subiendo. Cuando me senté aquí por primera vez iba por el 70 % y algunos hablan ya del 90 %. También hay datos oficiales. Hay una liquidación de presupuestos de las comunidades autónomas del año 2009, y dentro de esa liquidación hay una clasificación que es la clasificación funcional donde se nos dice qué porcentaje del gasto de las comunidades es en sanidad y educación, y es del 55,6 %. Es decir, es un porcentaje alto, pero no el porcentaje del que se habla. Hay otra parte del gasto autonómico que es gasto superfluo que se generó con los altos ingresos de la burbuja inmobiliaria y que todavía no se ha corregido. No todo el gasto en sanidad y educación es gasto en medicinas. Hay un gasto en sanidad y educación que se puede recortar mejorando la eficiencia. Se vio, por ejemplo, con el nuevo acuerdo para comprar medicinas genéricas. Hay potencial de ahorro sin afectar a la calidad del servicio (Rumores). Nos parece muy preocupante que el principal partido de la oposición no tenga claras estas cuestiones, porque ya no estamos hablando de corregir estos problemas a años vista, estamos hablando de corregir el déficit público a meses vista...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.

El señor ANCHUELO CREGO: ...y no es posible corregirlo con una filosofía como la que ustedes proponen.

Muchas gracias (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.

Por el Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Centella.

El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, señorías, yo no voy a entrar en quien ganó o en quien perdió las elecciones en Andalucía el 25 de marzo (Rumores.-Varios señores diputados: ¡Anda!), lo que sí les voy a decir es que esa noche millones de andaluces y andaluzas durmieron tranquilos y tranquilas, porque sabían que la educación y la sanidad no iban a ser tocadas (Rumores y protestas.-Aplausos). Lo que sí les voy a decir es que al día siguiente yo me encontré por la calle a gente emocionada, a gente ilusionada por haber frenado a la derecha. Eso es lo importante que hoy se vive en Andalucía.

El señor PRESIDENTE: Señor Centella, vamos a centrarnos en la cuestión, dada la hora que es.

El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, no se preocupe que me centraré, pero no me negará que este debate se ha suscitado aquí, y por tanto no iba a dejar de dar mi opinión. Repito que eso es lo que hoy se vive en aquella tierra.

La verdad es que nos parece oportuno el debate. Nos parece oportuna esta moción que se plantea en tiempos en los que cada vez es más evidente que los recortes que impulsa el Partido Popular están empeorando los servicios públicos, y ahora es más interesante que nunca, después de lo que ha ocurrido en Asturias y en Andalucía. Porque es verdad que los recortes empeoran el crecimiento económico, llevan a un estancamiento e incluso empeoran el déficit. En términos sociales ustedes están produciendo desigualdad, pobreza, y eso es lo que hay que debatir. Pero hay algo más. La derecha nunca aceptó de buena gana un Estado autonómico avanzado y está aprovechando esta crisis para situar en las comunidades autónomas la responsabilidad del déficit, para vaciar de contenido la capacidad de autogobierno de estas comunidades autónomas. Ustedes están situando en las comunidades autónomas una responsabilidad que no corresponde, porque con lo que quieren acabar es con la posibilidad de avanzar en el autogobierno de los territorios de este país. También lo han hecho con los ayuntamientos, porque ustedes no acaban de entender que las comunidades y los ayuntamientos son también Estado. Ustedes no acaban de entender que el Estado también son las comunidades autónomas como lo son los ayuntamientos. Por eso nos parece que no van por el buen camino; por eso nos parece que esta moción, que este debate es interesante. Pero también tenemos que decirle al grupo proponente que el texto literal de la moción se sitúa en una lógica que no es la acertada. Aunque es verdad -y lo valoramos positivamente- que plantea que los recortes no deben de afectar a los servicios públicos, se sitúan en esa lógica, en la lógica que una vez más tenemos que combatir desde esta tribuna: la lógica del recorte.

En este punto entendemos que no hay que situar en los impuestos indirectos la prioridad. Nos parece un error. La prioridad tiene que ser situar en los impuestos directos la forma de financiar la sanidad y de financiar la educación de calidad. Eso sí: impuestos directos; que pague quien más tiene, que paguen realmente los que se están llevando los beneficios de la crisis. No vemos por lo tanto coherente criticar la subida del IVA como lo hacemos y seguir defendiendo subidas de impuestos


Página 51




indirectos. Los impuestos deben obtenerse a través de la lucha contra el fraude fiscal, como ya hemos repetido desde esta tribuna. Y por eso esa es la lógica en la que hay que situarse, una lógica en la que las comunidades autónomas no tienen por qué ser las grandes damnificadas. Tenemos que repensar la lógica de una economía cada vez más antisocial, de una economía cada vez más al servicio de los mercados. Hay que recuperar la lógica de la economía al servicio de las personas. La lógica de la economía al servicio de los más débiles. La lógica de la economía que permita que la gente pueda tener derecho a la educación, a la sanidad y a la vivienda. Porque, señorías, la lógica de los mercados es la que ha perdido las elecciones en Andalucía, es la que ha sido derrotada en Andalucía. Por eso termino como empecé, recordándoles la gente que uno ha viso emocionada, la gente que uno ha visto satisfecha porque en Andalucía hoy están aseguradas la sanidad pública y la educación pública. Eso es lo que ha ganado en Andalucía, mal que les pese a algunos de ustedes.

Muchas gracias (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, me corresponde tomar posición en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista relativa al impacto que tendrá en las comunidades autónomas la distribución del ajuste fiscal previsto. Para empezar debo decir que coincidimos con el Grupo Parlamentario Socialista respecto a la necesidad de paliar el impacto para las comunidades autónomas de la distribución del ajuste fiscal previsto para el ejercicio 2012. Ante dicha distribución del ajuste fiscal no puede desconocerse que las comunidades autónomas gestionan un mayor volumen de gasto derivado de las competencias que tienen asumidas en materia por ejemplo de sanidad, educación, dependencia y otros servicios sociales, servicios básicos para el mantenimiento del Estado del bienestar, servicios con un fuerte impacto en las cuentas públicas. Pero discrepamos del enfoque que el Grupo Socialista plantea en su moción, ya que consideramos que la respuesta al problema de la distribución del ajuste fiscal de las comunidades autónomas no concierne tanto al Consejo de Política Fiscal y Financiera, sino que debe abordarse en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que el próximo jueves comenzaremos a debatir, con las enmiendas de totalidad, entre otras la formulada por nuestro grupo parlamentario.

Asimismo en esta norma debe tenerse en cuenta la distribución del ajuste de los márgenes de déficit y de reducción de la deuda previstos por el Tratado de estabilidad, coordinación y gobernzanza de la unión económica y monetaria, así como con la reforma del nuevo artículo 135 de la Constitución. Y en este punto, desde nuestra perspectiva, debemos ser muy contundentes. El proyecto de ley orgánica aprobado por el Consejo de Ministros debe ampliar los márgenes de flexibilidad que permite, con objeto de equipararlos a los que admite el Tratado europeo de estabilidad y la propia reforma del artículo 135 de la Constitución. En segundo lugar, es preciso distribuir de forma equitativa y proporcional el esfuerzo de corrección del déficit y de reducción del exceso de deuda entre administraciones públicas, teniendo en cuenta su punto de partida. No es igual reconducir la situación de elevados endeudamientos que presentan algunas administraciones autonómicas que la de otras administraciones del mismo nivel con bajo endeudamiento. Si la unión económica y monetaria prevé flexibilidad con Estados miembros fuertemente endeudados con objeto de reconducir su elevado endeudamiento, también el Estado debería prever mecanismos de flexibilidad para tratar situaciones diferentes con aquellas administraciones autonómicas más endeudadas. Otorgar la flexibilidad que planteamos para las administraciones más endeudadas resulta fundamental para dar margen a estas administraciones en la instrumentación de medidas de impulso del crecimiento y del empleo, tal y como ha previsto Europa con los Estados miembros.

La moción formulada por el grupo proponente incluye la utilización de la capacidad del Estado para incrementar impuestos, concretamente alguno de los impuestos especiales. Respecto a este punto propuesto por el Grupo Socialista en general no somos partidarios de hacerlo en la actual situación económica, y por el incremento de presión fiscal que supone. Sin embargo en el caso de que se aplique algún incremento de la fiscalidad para reducir el déficit presupuestario de las comunidades autónomas, consideramos necesario evitar aquellos aumentos tributarios que no puedan ser distribuidos de forma homogénea entre los distintos niveles de la Administración, así como que estos incrementos fiscales reduzcan el margen de maniobrabilidad sobre los ingresos de una Administración pública a favor de otra.

En resumen, como decía al inicio de mi intervención, podemos coincidir con el grupo proponente en la necesidad de paliar el impacto sobre las comunidades autónomas de la distribución del ajuste fiscal, pero discrepamos en la solución y en la forma propuestas. Por ello nuestro grupo parlamentario no puede dar apoyo al texto y se abstendrá en su votación.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picó.

Señora Vázquez, a efectos de votación ¿acepta alguna enmienda?


Página 52




La señora VÁZQUEZ MORILLO: Señor presidente, quiero decir primero que estoy orgullosa de la lista de Sevilla (Varios señores diputados: ¡Anda!-Rumores). Y en segundo lugar, quiero decir que no aceptaremos ninguna enmienda, y queremos votación separada por cada uno de los puntos de la moción.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (Pausa).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 49/2002, DE 23 DE DICIEMBRE, DE RÉGIMEN FISCAL DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS Y DE LOS INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO (Número de expediente 122/000025).

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones.

En primer lugar, vamos a votar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 23; en contra, 290; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, ORGÁNICA SOBRE DISPONIBILIDAD DE LA PROPIA VIDA (Número de expediente 122/000038).

El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, orgánica sobre disponibilidad de la propia vida.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 25; en contra, 292; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

PROPOSICIONES NO DE LEY (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE SUPRESIÓN DE LAS SUBVENCIONES NOMINATIVAS (Número de expediente 162/000176).

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a continuación a la votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre supresión de las subvenciones nominativas. Se vota en sus propios términos.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 178; en contra, 129; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS RELACIONADAS CON EL COPAGO (Número de expediente 162/000003).

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre medidas relacionadas con el copago. También se vota en sus propios términos.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 135; en contra, 190; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA TOMAR EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA REFORMA DE LA ESO, EL BACHILLERATO Y LA FP, ASÍ COMO SOBRE SUS PREVISIBLES CONSECUENCIAS DE ÍNDOLE ORGANIZATIVA, CURRICULAR Y ECONÓMICA (Número de expediente 173/000013).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre las medidas que piensa tomar el Gobierno en relación con la reforma de la ESO, el bachillerato y la formación profesional, así como sobre sus previsibles


Página 53




consecuencias de índole organizativa, curricular y económica. Se vota en sus propios términos.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 123; en contra, 179; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL IMPACTO QUE TENDRÁ EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS LA DISTRIBUCIÓN DEL AJUSTE FISCAL PREVISTO (Número de expediente 173/000014).

El señor PRESIDENTE: Finalmente, la moción del Grupo Parlamentario Socialista sobre el impacto que tendrá en las comunidades autónomas la distribución del ajuste fiscal previsto. Va a votarse en sus propios términos, pero como ha solicitado el Grupo Socialista vamos a votar cada párrafo por separado, y son tres párrafos. En primer lugar se somete a votación el primer párrafo.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 110; en contra, 179; abstenciones, 34.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Segundo párrafo de la moción.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 125; en contra, 188; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Finalmente votamos el tercer párrafo de la moción.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 106; en contra, 195; abstenciones, 22.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado también este párrafo.

Se suspende la sesión.

Eran las nueve y treinta minutos de la noche.

Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal