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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 653, de 08/10/2014
cve: DSCD-10-CO-653
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 653
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. OVIDIO SÁNCHEZ DÍAZ
Sesión núm. 65
celebrada el miércoles,
8 de octubre de 2014


ORDEN DEL DÍA:

Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:

- Proyecto de ley por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva. (Número de expediente 121/000103) ... (Página2)

Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:

- Proyecto de ley por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva. (Número de expediente 121/000103) ... (Página2)


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Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.

RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR LA SIGUIENTE INICIATIVA LEGISLATIVA:

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULAN LAS ENTIDADES DE CAPITAL-RIESGO, OTRAS ENTIDADES DE INVERSIÓN COLECTIVA DE TIPO CERRADO Y LAS SOCIEDADES GESTORAS DE ENTIDADES DE INVERSIÓN COLECTIVA DE TIPO CERRADO, Y POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 35/2003, DE 4 DE NOVIEMBRE, DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA. (Número de expediente 121/000103).

El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar la sesión de la Comisión.

En primer lugar, ratificación de la ponencia designada para informar la siguiente iniciativa legislativa: proyecto de ley por la que se regulan las entidades de capital riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

¿Se aprueba por asentimiento? (Asentimiento). Queda aprobada.

APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULAN LAS ENTIDADES DE CAPITAL-RIESGO, OTRAS ENTIDADES DE INVERSIÓN COLECTIVA DE TIPO CERRADO Y LAS SOCIEDADES GESTORAS DE ENTIDADES DE INVERSIÓN COLECTIVA DE TIPO CERRADO, Y POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 35/2003, DE 4 DE NOVIEMBRE, DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA. (Número de expediente 121/000103).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre el proyecto de ley por la que se regulan las entidades de capital riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Larreina.

El señor LARREINA VALDERRAMA: Brevemente, para fijar el posicionamiento de mi grupo, Amaiur, ante esta ley y ante las enmiendas que se van a debatir y someter a votación a continuación. Como ustedes saben, el objetivo de nuestro grupo en este Congreso no es precisamente contribuir a la mejora de la legislación en general, sino que venimos con un objetivo político más global de defensa de la voz, la palabra y la decisión de Euskal Herria. Por eso precisamente no solemos presentar enmiendas parciales a los proyectos de ley y en este tampoco las hemos presentado.

El sentido de nuestro voto, en cuanto a las enmiendas, va a estar centrado en dos principios. Vamos a apoyar todas aquellas enmiendas que fomenten, protejan, impulsen o favorezcan en el ámbito de todas las entidades de inversión colectiva de capital riesgo, etcétera, la economía productiva y que pongan coto a la especulación, que es el peligro que pueden tener en muchas ocasiones las entidades de inversión colectiva, precisamente porque consideramos que es fundamental apoyar a la economía productiva, sobre todo a la pequeña y mediana empresa, a la economía social y a los autónomos. Esos destinatarios de necesidad de crédito suelen ser los menos preferidos por las entidades que se mueven en el ámbito de la economía especulativa. Por eso, consideramos que es importante vincular esta ley a la economía productiva, acortar las tentaciones de especulación financiera y, al mismo tiempo, debería ir unido a otro ámbito de la política que no corresponde a esta ley pero que sí tiene relación, que es el ámbito de la política fiscal, precisamente para penalizar la especulación financiera y primar el apoyo a la inversión de la economía productiva. Esa va a ser la razón que hemos utilizado a la hora de pronunciarnos sobre cada una de las enmiendas que se van a someter a votación.

El señor PRESIDENTE: El señor Sánchez i Llibre tiene la palabra.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Este proyecto de ley, por la que se regulan las entidades de capital riesgo y otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y sus sociedades gestoras, más la


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modificación de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, ha de permitir un desarrollo y unos mecanismos para que, finalmente, una parte importante del tejido productivo español se pueda financiar al margen del flujo de crédito habitual entre las entidades crediticias y los diferentes agentes económicos dentro de la economía productiva real. Por tanto, consideramos que es un buen mecanismo ya que se regulan, por primera vez dentro de la Unión Europea, los gestores de las instituciones de inversión colectiva, es decir, los fondos de inversión, las sociedades de inversión inmobiliaria, los hedge funds. El aspecto relevante es que la norma se centre en regular sociedades gestoras y no los aspectos ligados a la política de inversión, dado que estamos hablando de inversores profesionales. También introduce la novedad legislativa relativa a las entidades de capital riesgo pyme y al mismo tiempo hay una revisión yo diría que considerable de los aspectos que hacen referencia al régimen de capital riesgo para fomentar una mayor captación de fondos que permitan la financiación de un mayor número de empresas; especialmente aquel tejido de pequeñas y medianas empresas en sus primeras etapas de desarrollo y expansión que habitualmente nunca pueden acudir a la inversión o a la canalización del crédito porque en muchos casos no hay los bienes raíces de garantía suficientes para poder iniciar una actividad empresarial.

Desde un punto de vista programático, en cuanto a las enmiendas de nuestro grupo parlamentario, hemos presentado cinco enmiendas para poder complementar aquellos aspectos que permiten una mayor flexibilidad y un mayor flujo de crédito a través de estos mecanismos, a través de las inversiones de sociedades e instituciones de inversión colectiva para que puedan llegar habitualmente a la economía real. A las enmiendas números 63 y 65 el Grupo Popular nos ha planteado una enmienda transaccional que vamos a aceptar, ya que entiendo que estas dos enmiendas van en la dirección de lo que nosotros entendemos que debería ser -y va a ser- una alternativa de la financiación bancaria a las empresas, pero se limita esta financiación empresarial a través de las empresas capital riesgo mediante la figura de préstamos participativos, con la que estamos totalmente de acuerdo. Pensamos que, dado que se regulan las instituciones de inversión colectiva cerradas, se debe permitir que estas abiertas, sus gestoras, también tengan libertad en invertir los recursos captados mediante estos vehículos. Entendemos que dicho objetivo que pretendemos mediante esta enmienda se alinea con el espíritu de la directiva y la forma de dar libertad a la gestión de los recursos que se captan y a su vez es una forma que existe en otras jurisdicciones de la Unión Europea, como pueden ser Holanda y Bélgica. En cuanto a la enmienda 65, a la que también se nos ha planteado una enmienda que vamos a aceptar, muchas cuestiones de la propia ley se remiten a su desarrollo reglamentario. Asimismo, cuestiones importantes como el régimen del depositario o las propias retribuciones de los gestores requieren su desarrollo, de forma que las sociedades gestoras solo deberán realizar las modificaciones de sus estatutos y sus reglamentos de gestión cuando las normas que los amparan sean modificadas en su totalidad. Por tanto, creemos que esta transaccional va en la buena dirección. Al mismo tiempo, doy por defendidas las dos enmiendas restantes.

El señor PRESIDENTE: El señor Hurtado tiene la palabra.

El señor HURTADO ZURERA: Nosotros hemos presentado cuatro enmiendas, las números 67, 68, 69 y 70. Desgraciadamente, no se nos ha hecho ninguna propuesta por parte del Grupo Popular para llegar a alguna transaccional. En concreto, estas cuatro enmiendas tienen tres objetivos fundamentalmente: uno, inyectar liquidez a la economía, sobre todo a las pymes, ante la falta de liquidez, ya que está en mínimos históricos el acceso al crédito por parte de las pequeñas empresas y por parte de las familias. Aquí presentamos dos enmiendas.

Por otra parte, presentamos una enmienda que sería un condicionante en el proceso de reestructuración bancaria que se está llevando a cabo en este país. Luego hay otra enmienda que trata de añadir medidas de protección a las existentes actualmente para los usuarios de servicios bancarios; medidas de protección a usuarios de servicios bancarios como consecuencia de los abusos, de cláusulas abusivas, situaciones que se han venido sufriendo en los últimos años. En concreto, en las de inyección de liquidez incluimos, por una parte, la creación de un banco público de inversión que integre a entidades de carácter financiero o de apoyo a la financiación de las pequeñas empresas que existen actualmente. Estamos hablando del ICO, de Cofides, de Cesce, de la Sociedad Estatal España Expansión Exterior, en concreto de diversas instituciones y entidades públicas que de una forma u otra están apoyando a las empresas en su acceso al crédito y, sobre todo, a los procesos de capitalización de inversión y de internacionalización de su actividad. Consideramos necesario crear este nuevo ente que tendría un compromiso claro con esos objetivos desde el punto de vista de facilitar, ayudar, incentivar y promover la inversión, la capitalización y la internacionalización de nuestro sector productivo y de nuestras pequeñas empresas.


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La segunda enmienda es complemento de la anterior. Se trata de un complemento para que las instituciones públicas puedan firmar convenios de colaboración con las entidades financieras para promover líneas de crédito a las pequeñas empresas donde las administraciones asuman parte del riesgo de la morosidad que puedan tener. Se establecen una serie de condiciones a estas empresas para acceder a estos créditos: en concreto, que su facturación no supere los 5 millones de euros, que el importe de financiación máxima de los proyectos no pueda ser superior a los 2 millones, que se pueda concertar la operación de crédito hasta el cien por cien del proyecto y, por último, que el plazo de amortización del crédito no sea superior a cinco años. Consideramos que sería, como he dicho anteriormente, un complemento a la creación del banco público de inversión, que no tendría capacidad instalada, sino que trabajaría para el resto de entidades bancarias y también para las instituciones que integraría y que he enumerado con anterioridad.

En relación con la tercera enmienda condicionante al proceso de reestructuración bancaria, quiero poner especial énfasis. Estamos asistiendo -y estamos perplejos- a las sucesivas ventas que se han producido de entidades nacionalizadas por parte del FROB; ventas con cargo a pérdidas muy, muy cuantiosas. Estamos hablando de la venta del Banco de Valencia, de la venta de Novagalicia Banco y también en este caso de Catalunya Caixa. Ventas que han supuesto ya pérdidas consolidadas, según el último informe del Tribunal de Cuentas del que disponemos, de aproximadamente 40.000 millones de euros. Son cifras escandalosas que consideramos que no se podían ni se debían haber propiciado. Creemos que el proceso de reestructuración y de resolución bancaria pretendía sanear las entidades y que, tras el proceso de venta, tuvieran un funcionamiento normal, tal como venían actuando. En este caso, parece que no hay credibilidad en el proceso de saneamiento, puesto que al final no se concluye el saneamiento y se vende antes de que estén completamente saneadas, como he dicho con anterioridad, con importantísimas y elevadísimas pérdidas con cargo a los fondos y al erario público. No estamos de acuerdo con este método que se está utilizando y creemos que cualquier proceso de venta, de enajenación o de fusión de cualquier entidad bancaria nacionalizada debe requerir el reintegro y el reingreso en las arcas públicas del dinero público aportado para su saneamiento; es decir, la recuperación en su totalidad de los fondos públicos.

Pensamos que está habiendo dos procesos de enajenación y venta totalmente distintos y que están dando resultados también totalmente distintos. Por una parte, están las ventas precipitadas -como consideramos nosotros- que se justifican diciendo que si se dejasen más tiempo, probablemente las pérdidas serían superiores, postulado que no compartimos. Son las tres entidades que he dicho con anterioridad que se han vendido antes de estar completamente saneadas y antes de haber recuperado un valor real, un patrimonio real y, sobre todo, antes de que estuviera garantizada la recuperación del dinero público invertido en las mismas. Por otra parte, en otra entidad, Bankia, se está haciendo de forma totalmente distinta. Está habiendo una gestión efectiva y eficaz de esta entidad, se está enajenando por partes, se está recuperando ya gran parte del dinero público y sobre todo estamos esperanzados en que, si no en su totalidad, sí gran parte del dinero inyectado a esta entidad se pueda recuperar. Todo depende de la gestión que se lleve a cabo en esta entidad, que esperamos que sea, como viene siendo, una gestión eficaz. Por tanto, incluimos esa disposición adicional para garantizar en los procesos de fusión, venta o absorción el reintegro o la recuperación de la totalidad del dinero utilizado para el saneamiento de la entidad bancaria.

Por último, introducimos una cuarta enmienda que no la hemos inventado nosotros, pues países que han salido ya de la crisis financiera, como Estados Unidos, han creído necesario ponerlo en marcha. En concreto, se trata de poner en marcha una agencia de protección a los usuarios de servicios bancarios, donde estarían integrados los reguladores, los supervisores -la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España y la Dirección General de Seguros- y también las comunidades autónomas que tuviesen competencias en la materia. Esto lo ha hecho Estados Unidos y desde este ente se han impuesto importantísimas sanciones a los responsables de las crisis financiera y bancaria que se han producido en este país. Esta entidad podría velar, poner las medidas adecuadas y garantizar -que es lo que nos interesa- la total e íntegra protección de los usuarios de servicios bancarios para que no vuelva a ocurrir en este país lo que ha ocurrido con preferentes, cláusulas suelo, swaps, con multitud de cláusulas que han supuesto miles y miles de desahucios en este país por una normativa hipotecaria más que obsoleta y anticuada, y sobre todo favorable a los intereses de los bancos. En definitiva, se trata de tomar las medidas y hacer los cambios normativos adecuados, a instancias de este ente, para garantizar esa protección total y absoluta. También hay que darle potestad, incluso sancionadora, para que cualquier tipo


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de irregularidad que se detecte en la prestación de servicios bancarios pueda ser justamente sancionada y que no ocurra lo que está pasando en este país, donde ante todos esos desastres y abusos financieros y bancarios prácticamente no se asume ninguna responsabilidad o hay muy pocas acciones judiciales. Hoy mismo decía el ministro que son diecinueve las actuaciones judiciales en las que está personado el FROB, lo que es totalmente insuficiente después de la necesidad de saneamiento de 150.000 millones de euros, que afecta prácticamente a un tercio del sistema financiero español.

Estas son nuestras cuatro enmiendas. Sentimos que no se nos haya propuesto ningún tipo de transaccional por parte del Grupo Parlamentario Popular.

El señor PRESIDENTE: Señor Anchuelo, como hay varias Comisiones, estamos acomodándonos todos. Tiene usted la palabra.

El señor ANCHUELO CREGO: En primer lugar, quiero dar las gracias a la Presidencia y al resto de portavoces por las facilidades que me han dado para poder intervenir.

La valoración general que mi grupo hace de este proyecto de ley es positiva, porque buena parte del mismo se dedica a trasponer una serie de directivas comunitarias que nosotros apoyamos. Por ejemplo, valoramos especialmente la creación de un pasaporte para los fondos europeos que facilite la creación de un mercado único de fondos de inversión alternativa. Por otro lado, además de esta dimensión europea, era una carencia en nuestro sistema productivo la necesidad de potenciar el capital riesgo, sobre todo en las primeras fases de los proyectos, porque esta carencia ayuda a explicar que no haya más innovación en nuestra economía. Este sistema de capital riesgo funciona muy bien en otras economías, como en Estados Unidos, y facilita la innovación, facilita la llegada de recursos para actividades arriesgadas. Por tanto, nos parece bien la idea de flexibilizar la legislación, reducir cargas administrativas, y esto engarza con otras medidas para proporcionar recursos alternativos a la financiación bancaria a las empresas de nuestro país. Por eso nuestro voto va a ser favorable.

Sin embargo, hemos planteado una serie de enmiendas porque, como en otros proyectos de ley, es posible mejorar este texto que nos plantea el Gobierno. Buena parte de esas enmiendas tienen que ver con las ECR pymes, las entidades de capital riesgo pyme, que tal vez es el elemento más novedoso, fuera de las trasposiciones comunitarias, que el proyecto de ley incorpora a nuestra legislación y, por tanto, uno de los elementos más importantes del proyecto de ley. Planteamos cinco cuestiones con relación a estas ECR pymes. En primer lugar, pedimos elevar el porcentaje de su activo que se dedica a financiar las pymes. Se plantea un umbral del 70% en el proyecto y pedimos elevarlo hasta el 75%, porque nos parece que dejar un 25% a otros fines es suficiente, teniendo en cuenta que el fin esencial de estas ECR es financiar a las pequeñas y medianas empresas. Entendemos que el grupo mayoritario acepta esta propuesta. Una segunda enmienda tiene que ver con que aquí estamos hablando de pequeñas y medianas empresas en conjunto, pero la definición de mediana empresa a nivel europeo en realidad es una empresa muy grande en el contexto español. Una mediana empresa es la que tiene menos de 250 trabajadores o menos de 50 millones de volumen de negocio. Por eso, nos parece importante, dentro de la financiación a pequeñas y medianas empresas, diferenciar estas medianas empresas de lo que verdaderamente son pequeñas y microempresas, y garantizar que al menos un tercio de esa financiación se dedique verdaderamente a pequeñas empresas o microempresas, dado que si no, esto puede ir a medianas empresas, que en el contexto español son de un volumen más bien elevado. En tercer lugar, también en esa línea de facilitar al máximo la financiación, pedíamos facilitar la financiación sin el requisito de haber invertido previamente en activos ligados al capital de la empresa. En cuarto lugar, pedíamos un mayor nivel de diversificación. En la ley se impide que más del 40% de los recursos vayan a una misma empresa y nosotros pedimos limitar eso al 25%, con el fin de diversificar riesgos y de que esos recursos lleguen al mayor número de empresas posible. En quinto lugar, en los requisitos de capital mínimo no se diferencia en el proyecto de ley entre lo que son ECR y ECR pymes, y en ambos casos se pide 1.200.000 euros de capital. Creemos que en el caso de las ECR pymes se podía rebajar ese umbral de capital. Nosotros pedíamos que se rebajara a 500.000 euros y el portavoz del grupo mayoritario nos ha indicado la posibilidad de alcanzar un acuerdo en la cifra de 900.000 euros, que nos parece un acuerdo positivo porque recoge el espíritu de la propuesta, que es exigir un menor nivel de capital a la ECR pymes que a las ECR.

Junto a estas enmiendas referidas a la figura principal de la ley, hay un par de enmiendas que se refieren a los problemas habituales que nos encontramos cuando tratamos de asuntos financieros. Una tiene que ver con las remuneraciones, en este caso con las remuneraciones en las sociedades gestoras. Para evitar los incentivos perversos y el cortoplacismo proponemos, igual que se hizo en el sector bancario,


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que la remuneración variable en estas sociedades gestoras no pueda superar el cien por cien de la remuneración fija; existe el precedente bancario y estamos también en el ámbito financiero. El otro problema habitual es la comercialización de activos de alto riesgo a inversores no profesionales. Para evitar riesgos pedimos elevar el umbral de los 100.000 euros que incluye el proyecto de ley a 250.0000 para asegurarnos de que se deja fuera de esa comercialización de activos arriesgados a pequeños inversores no profesionales.

Otra de nuestras objeciones tiene que ver con los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones, por su naturaleza, no son apropiados para que se gestionen por este tipo de sociedades gestoras que se especializan en asumir altos riesgos; son fondos de inversión alternativa. Por eso, planteamos una serie de enmiendas de supresión porque, insisto, no creemos apropiado que sociedades especializadas en alto riesgo gestionen los fondos de pensiones. Otra enmienda se refiere a la cuantía de las sanciones que figuran en la ley, para que no queden desactualizadas con el paso del tiempo. Dado que muchas de ellas se especifican en euros, pedimos que se actualicen cada cinco años con el nivel de inflación.

En último lugar, ya que estamos hablando de crédito, hay dos enmiendas que tienen que ver también con el crédito. Una se refiere a las entidades nacionalizadas -otras veces hemos hecho esta propuesta-; no querríamos que se hubiesen nacionalizado, no queremos que permanezcan nacionalizadas para siempre, pero mientras lo estén, y habiendo invertido decenas de miles de millones de euros en rescatarlas, tiene sentido plantearles el cumplimiento de objetivos sociales, y un objetivo no muy exigente sería exigirles que no disminuyan, en términos reales, su volumen de crédito a las pymes. La segunda enmienda, en el área del aumento del crédito, tiene que ver con el ICO. Pedimos que el ICO cree dos nuevas líneas, una de leasing y otra de factoring, que son líneas que facilitarían, en un caso, el circulante de liquidez a corto a las empresas y, en el otro, la inversión en bienes de equipo. Una segunda novedad de estas líneas sería que podrían actuar como mediadores los establecimientos financieros de crédito, que son unos establecimientos que regula el Banco de España y que se especializan en ese tipo de operaciones de crédito. La tercera novedad de estas líneas sería que el ICO asumiría parte de los riesgos.

Haciendo una valoración global, termino como empecé. Creemos que la ley se podría mejorar en el sentido que indican nuestras enmiendas. Aun así, en su versión original supone una mejora con respecto a la situación previa en un campo importante y queremos agradecer el esfuerzo negociador del portavoz del Grupo Popular, que ha aceptado dos de nuestras propuestas que consideramos importantes en el ámbito de las ECR pyme, que son las que antes he indicado: que se dedique un porcentaje mayor a financiar a las pymes y que los requisitos de capital social mínimos se suavicen. Por eso, votaremos favorablemente al proyecto de ley.

El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, tiene usted la palabra.

El señor LOPEZ GARRIDO (don José): Señorías, es conveniente hacer una reflexión de entorno a la hora de hablar de un tema complejo como es la reforma del sistema de las entidades de capital riesgo en nuestro país. La reflexión de entorno económico, en este caso, tiene que ver con la coyuntura que se ha vivido en este país en los últimos seis o siete años largos. A lo largo de la última legislatura anterior a esta se produjo un gravísimo deterioro de las cuentas públicas que nos repercutió. Parece que en los sistemas económicos complejos todo tiene repercusión en otras cosas, de manera que ese déficit público detrajo fondos de la economía privada, detrajo fondos del sector privado, detrajo fondos que iban a cubrir las necesidades de la Administración, y nos encontramos con que la economía privada, los emprendedores, las empresas y las propias familias se encontraron con un déficit de crédito importante.

El Gobierno, en su inicio de legislatura, tuvo que hacer frente a estas dos cuestiones. Primero, al déficit público, a las reformas estructurales con un esfuerzo de consolidación fiscal; y, segundo, también a las reformas estructurales en materia financiera. Hubo que sanear el sistema financiero. Hay quien se queja de que se haya hecho así, pero lo cierto es que hubiera sido más barato hacerlo antes y no se hizo, y lo cierto es que el Gobierno tuvo que afrontar esa reforma para poder, de esta manera, recuperar confianza, recuperar credibilidad exterior e interior y, con ello, recuperar también el crecimiento, colocar al país en la senda del crecimiento económico y colocar al país en lo que es para todos más importante, que es crear empleo. Ese es el contexto de la coyuntura económica.

La coyuntura concreta con respecto a la financiación de las pequeñas, medianas y grandes empresas es que vivimos en un país en el que, tradicionalmente, la dependencia financiera de nuestra economía es del crédito bancario. A diferencia de otros sistemas en otros países, donde más del 90% de la inversión se canaliza a través de entidades de capital riesgo, del flujo de crédito privado, de inversores privados, que


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directamente trasladan esa inversión a la economía productiva, a las empresas, a los emprendedores, a las ideas innovadoras que surgen, a diferencia de esos sistemas, en el nuestro, sin embargo, todo ha venido girando mayoritariamente en torno a los bancos, de manera que cuando los bancos tienen un problema al final todo el sistema financiero, toda la financiación de las empresas acaba teniendo también un problema.

El capital riesgo, que es de lo que estamos hablando, de fomentar a través de la reforma del sistema de capital riesgo de las entidades de inversión colectiva de tipo cerrado -que es de lo que se habla en esta ley y no de otra cosa-, lo que pretende es cambiar un poco esa cultura; a ser posible, mucho. A ser posible, que quienes tengan inquietud inversora puedan coincidir con sus capitales con quienes tienen una inquietud emprendedora que, como se ha dicho ya a lo largo de esta sesión, en ocasiones acuden al banco. Y el banco, que no es precisamente un analista de proyectos sino más bien un analista de riesgos, lejos de analizar esa magnífica idea como una innovación tecnológica, una innovación en materia de telecomunicaciones, una innovación en materia de Internet o una innovación en materia de nanotecnología del tipo que sea, lo que analiza es el riesgo del sujeto que va con esa brillante idea y le exige garantías que evidentemente no tiene, porque tiene una magnífica idea que podría ser una magnífica garantía, pero eso lo será para una entidad de capital riesgo.

Es importante centrarnos en este fenómeno, las entidades de capital riesgo, que van a incidir muy positivamente en los sectores más dinámicos de la sociedad, allá donde haya emprendedores que tienen ideas. Estas entidades son capaces de valorar no tanto las garantías que ofrece el emprendedor sino la ambición del proyecto, las posibilidades de éxito del proyecto, para que podamos insuflar esa energía financiera a estas ideas nuevas de los nuevos emprendedores, y en estos niveles, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, en las que muy especialmente incide esta nueva regulación. De eso es de lo que tenemos que hablar.

Decía el señor Hurtado que el Partido Popular no había hecho caso a sus enmiendas, y el Partido Popular, la verdad, es que no le había entendido, porque cuando estamos hablando de esto, que es capital riesgo, ustedes nos hablan de una banca pública, nos hablan de la colaboración pública-privada para financiar a la pequeña y mediana empresa Y estamos hablando de capital riesgo; no estamos hablando de banca pública ni de banca privada en colaboración. Cuando hablamos de eso y ustedes nos dicen: manzanas traigo, la verdad, discúlpeme, pero creí que no quería hablar de esto; y como no quería hablar de esto, no merecía la pena y no voy a dedicar más tiempo a esta cuestión. Con quienes sí nos hemos podido entender es con quienes han planteado cuestiones que tienen que ver específicamente con el capital riesgo, que es de lo que estamos hablando, de canalizar o de poner en contacto directamente a quienes tienen cierto capital, cierta capacidad de inversión y cierto interés en invertir en modelos innovadores de negocio, en nuevas empresas, etcétera, con quienes son emprendedores, con quienes tienen las ideas, y no precisamente con quienes quieren constituir un gran banco público, juntando el ICO y no se sabe cuántas entidades más, porque no tiene nada que ver con esto. De manera que me voy a referir única y exclusivamente a quienes sí que han aportado esas ideas, y espero, antes de que llegue el momento de las votaciones, poder cerrar alguna transaccional más de las que ya creo tener cerradas, con los grupos políticos, como UPyD, como el Partido Nacionalista Vasco, como Convergència i Unió, o incluso como La Izquierda Plural -que también han planteado enmiendas que van a ser aceptadas y alguna transaccional les hemos propuesto-, que sí que se han centrado en el capital riesgo.

Desde este punto de vista, la nueva regulación, ¿qué es lo que pretende? Pretende que esa mayoría de flujo financiero desde las entidades de crédito, desde la banca, que hay en nuestro país pueda ser revertida hacia, si no una mayoría, sí una mayor entrada de esa financiación directa por parte de esos inversores, que tienen una mayor asunción de riesgo y una mayor vocación emprendedora o de lanzar proyectos adelante, como bien se ha dicho en esta sesión, y no me voy a alargar mucho más en ello. Esto deriva, ciertamente, de la trasposición de directivas europeas a nuestro ordenamiento jurídico -y se ha felicitado algún grupo político de esa trasposición de directivas y nosotros nos felicitamos también-, pero deriva también de aprovechar esta coyuntura, no solo de trasposición de directivas o de aprobación de nuevos reglamentos en la Unión Europea, sino de aprovechar esta coyuntura para provocar -como digo- ese vuelco en cuanto a la cultura financiera en nuestro país. Yo creo que eso es lo importante, que esa cultura financiera no sea la banca, que no es especialista -salvo alguna determinada banca muy concreta- en análisis de proyectos, sino que sean otros inversores quienes puedan impulsar estas nuevas empresas, estos nuevos proyectos emprendedores.


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Muy brevemente ya -y para acabar-, quiero decir que la nueva regulación nos plantea un régimen más flexible para que precisamente se pueda producir esta entrada de capital riesgo con mayor abundancia en nuestro país. Seguirá la figura de las entidades de capital riesgo pyme y le garantizo ya, señor Anchuelo, que ya está ahí la transnacional, en donde aceptamos pasar del 70% por ciento en el coeficiente obligatorio de inversión al 75%, como planteaba UPyD. Tendrán estas entidades de capital riesgo un régimen financiero más flexible del que tienen otras, las que van orientadas hacia las pymes. Las entidades de inversión colectiva podrán adoptar forma de fondos o de sociedades y gozarán de más flexibilidad operativa.

En cuanto a la protección de los inversores, no se le olvida, porque no se le olvida a las directivas europeas y, por tanto, tampoco podría olvidarse en la trasposición de las directivas europeas, no se le olvida -repito- prever mecanismos de cooperación entre las autoridades supervisoras, la existencia obligatoria de un depositario, nuevos requisitos a las sociedades gestoras para que cuenten con una estructura y organización adecuada, qué funciones deben cumplir esas sociedades gestoras y traspasar también a la Comisión Nacional del Mercado de Valores las competencias de autorización y revocación de las sociedades gestoras, así como la imposición de sanciones por infracciones muy graves.

Señorías, con esto damos un paso muy importante dentro de lo que es este cambio cultural financiero. Les anticipo otro. Hace muy pocos días el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de fomento de la financiación empresarial, que va a ir a otro nivel aún más bajo del inversor minorista, que es el que hace referencia, por ejemplo, a esa figura, a ese vocablo anglosajón que se oye tanto, que es el crowdfunding, cómo canalizar la financiación en masa de pequeños inversores hacia estas pequeñas y medianas empresas. Por tanto, con eso no sé si acabaremos de concluir la reforma de nuestro sistema financiero, pero desde luego sí habremos dado, junto con este nuevo proyecto que llegará al Parlamento, unos buenos pasos en orden a cambiar esa cultura financiera.

Señorías, yo quiero agradecer, en primer lugar, a mis compañeros ponentes el esfuerzo en esta tarea y muy especialmente doy las gracias al resto de grupos que han hecho un esfuerzo en materia de capital riesgo. A quienes han hablado de otras cosas, lamento no haberles entendido pero desde luego no era este el lugar para hablar de esas cosas. Les agradezco sinceramente a los grupos el esfuerzo de transaccionar, de acordar y el tono general que mantenemos en esta Comisión. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López Garrido.

Suspendemos la sesión hasta seis menos cuarto. (Pausa).

El señor PRESIDENTE: Vamos a conceder, antes de las votaciones, un minuto al señor Coscubiela, ya que antes no pudo intervenir. Tiene usted la palabra.

El señor COSCUBIELA CONESA: En primer lugar, pido disculpas al resto de miembros de la Comisión. Tenía que estar también en Educación y no ha sido posible compatibilizar mi asistencia allí y en esta Comisión.

En todo caso, quiero intervenir para explicar la orientación de nuestro voto. Hemos aceptado -ya lo hemos dicho- las transacciones ofrecidas a las enmiendas 26 y 27. Se nos han aceptado las números 6, 31 y 43, cosa que valoramos. Simplemente voy a dar una explicación en relación con la enmienda 41. Valoramos positivamente que se haya aceptado nuestra enmienda, en relación con la aplicación del artículo 23 de la Ley 25/2003, sobre inversión colectiva, pero lamentablemente no podemos estar de acuerdo con que en esa misma transacción se incorpore una transaccional con Convergència i Unió sobre fondos de inversión libres, sobre fondos buitre que no compartimos y, por eso, hemos pedido que se voten separadamente.

Mantenemos el resto, las enmiendas de la 32 a la 46, que pretendían contribuir a la lucha contra los paraísos fiscales, buscando límites, especialmente para la actuación de aquellas entidades constituidas en Estados opacos fiscalmente. También lamentamos que no hayan valorado nuestras enmiendas 35 y 36, porque con ellas había una oportunidad para situar el papel de determinadas instituciones, concretamente las Sicav, donde les corresponde. Por eso, planteamos la limitación del 5% en relación con los accionistas y partícipes en el conjunto de las instituciones de inversión colectiva. Es una oportunidad que se ha perdido, es una pena, pero intentaremos aprovecharla en otro momento.

El señor PRESIDENTE: Vamos empezar con las votaciones. Comenzamos por las enmiendas transaccionales. Transaccional del Grupo Parlamentario Popular a la 26 de La Izquierda Plural.


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Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Transaccional del Grupo Popular a la 27 de Izquierda Plural.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Transaccional a la 77 del Grupo Parlamentario Popular, 58 del Grupo del PNV y 63 de CiU.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos ahora la transaccional a la 60 del Grupo del PNV, 65 de CiU y 76 del Grupo Parlamentario Popular.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Transaccional a la 49 de UPyD.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Votamos la transaccional a la 51 de UPyD.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Votamos la enmienda número 61 del Grupo Parlamentario Vasco.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 23; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

La 59 y la 62 del mismo grupo.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos de Unión Progreso y Democracia, todas las enmiendas, salvo la 49 y la 51, que ya han sido transaccionadas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 23; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Sometemos a votación las enmiendas del Grupo de La Izquierda Plural, la 6, la 31 y la 43.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Resto de las enmiendas, salvo la 26 y 27, que ya han sido transaccionadas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, sometemos a votación las enmiendas del Grupo Catalán; en este caso la 64.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 23; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 66 de CiU.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 23; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Sometemos ahora a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista; en este caso la 67.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votación de la enmienda 68 a la 70 del mismo grupo.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 23; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular; todas las enmiendas, salvo la 76 y la 77, que han sido transaccionadas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votación del texto del informe.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Se levanta la sesión.

Eran las cinco y cincuenta y cinco minutos de la tarde.

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