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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 889, de 08/09/2015
cve: DSCD-10-CO-889
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 889
PRESUPUESTOS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ ENRIQUE SERRANO MARTÍNEZ
Sesión núm. 35
celebrada el martes,
8 de septiembre de 2015


ORDEN DEL DÍA:

Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:

- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. (Número de expediente 121/000163) ... (Página2)

Emitir dictamen a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:

- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. (Número de expediente 121/000163) ... (Página2)


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Se abre la sesión a las cuatro y cinco de la tarde.

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Señorías, vamos a empezar. No diré que cuanto antes empecemos antes acabaremos; no, no. Cuanto antes empecemos es probable que terminemos después, pero eso permitirá acabar antes mañana. Vamos a proceder a abordar la tarea que tenemos

Antes quiero decir tres o cuatro cosas para su gobierno y administración. Primero, como saben, teníamos previsto proceder a la elección del nuevo secretario primero de la Comisión, toda vez que el señor López Vilaboa hoy o mañana abandonará su condición de diputado. No lo haremos en este momento sino mañana a las doce de la mañana para permitir que la Comisión esté al completo en la medida de lo posible. Segundo, había algunas enmiendas pendientes de que por los distintos grupos se produjese la subsanación de algún error o problema. La Mesa las ha examinado. Hay algunas que se han incorporado ya al texto que vamos a debatir; de otras, de las que estábamos pendientes, se ha decidido su admisión, salvo las enmiendas 375 y 417 del Grupo Socialista, que se ha decidido no admitirlas a trámite con el voto expreso en contra del portavoz del Grupo Socialista. Y, por último, en cuanto a las votaciones, hoy no las habrá, pero eso no significa que vayamos a instalarnos todos delante de un televisor a una hora que no sé cuál es. Haremos una votación en torno a las doce de la mañana, justo después de proceder a la elección del secretario, y posteriormente, por la tarde, al acabar el debate. Con toda seguridad será imposible comenzar las votaciones antes de las cinco o las seis de la tarde, pero intentaremos iniciarlas en torno a esas horas para que quienes de sus señorías tengan que viajar puedan intentar hacerlo mañana mismo.

De acuerdo con lo que examinamos en la reunión de Mesa y portavoces de la semana pasada, quiero exponerles dos cuestiones. Aunque es responsabilidad de los portavoces, lo reitero. Necesitamos, para poder cumplir con ese horario aproximado, que hoy al término de la sesión los portavoces nos hagan llegar la relación de votaciones separadas que solicitan. Esto es lo que permitirá tener preparado el cuaderno de votaciones cuando mañana a las doce procedamos a la primera de las previstas.

También acordamos que el turno de intervenciones sería por un tiempo de cinco minutos. En contra de lo que es mi forma de ser, hoy seré estricto en aplicarlo. Para ello incluso estoy dispuesto a manejar este artefacto, cuyo funcionamiento desconozco.

RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:

- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2016. (Número de expediente 121/000163).

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, en cuanto al punto primero del orden del día -imagino que no habrá problema, toda vez que decidimos que todo quedara pendiente para el trabajo en Comisión-, ¿ratificamos la ponencia? (Asentimiento).

EMITIR DICTAMEN A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:

- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2016. (Número de expediente 121/000163).

El señor PRESIDENTE: Empezamos, como es tradicional, con el debate sobre el texto del proyecto de ley, el articulado, y el debate conjunto de los títulos I y II del proyecto. Como el Grupo Mixto, señora Fernández Davila, no tiene presentada enmienda, para defender las suyas, en nombre del Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Calduch.

El señor CALDUCH CERVERA: En términos generales -esta es una introducción que valdrá ya para todas mis intervenciones y las de mis compañeros-, estos presupuestos se han presentado por el Gobierno, afirmando algo que se puede constatar, que es el crecimiento de la economía desde 2014 y que estos eran los presupuestos que garantizarían precisamente la sostenibilidad a medio y largo plazo de ese crecimiento económico; que eran los únicos presupuestos capaces de garantizar eso. Precisamente porque la economía española está creciendo, y previsiblemente lo puede hacer durante 2016, nuestro grupo parlamentario en términos generales no puede apoyar ni va a respaldar que se siga con la política de recortes presupuestarios, especialmente en las políticas sociales y en las prestaciones asistenciales. Por ese motivo hemos presentado una serie de enmiendas y quiero destacar una que tiene que ver con

Títulos I y II


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el aumento del 1 % al 1,5 % de la retribución del personal del sector público, sean funcionarios o laborales. Es evidente que el impacto de la crisis ha sido sostenido en buena y directa medida, porque así lo permitían las decisiones y normas gubernamentales, por los empleados públicos, tanto los funcionarios como el personal laboral. Es hora ya de que, si la economía está creciendo, empiece a compensarse de verdad, y esa compensación no pasa solo por la recuperación de la paga extraordinaria que se perdió, sino por una serie de medidas para las cuales, por lo que se refiere a los títulos I y II, están las enmiendas presentadas.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Voy defender las enmiendas de mi grupo parlamentario en este punto del orden del día. Hemos presentado dos enmiendas y quisiera destacar específicamente -porque luego sirve para dar base a otra serie de enmiendas que hemos presentado en otra parte de los presupuestos- la enmienda 1922, que prevé un incremento de ingresos de 30.000 millones de euros que mi grupo parlamentario adjudica a la partida de imprevistos y funciones no clasificadas, en aras de poder sufragar toda una serie de políticas que entendemos que son absolutamente necesarias y básicas a desarrollar por parte del Estado en esta etapa, no sé si de crecimiento económico más o menos ajustado a las necesidades del Partido Popular pero desde luego no a lo que está pasando la mayoría de la población. Por eso mi grupo plantea la necesidad de modificar las políticas de ingreso del Estado y tratar de incrementar los ingresos que obtiene en diversas partidas presupuestarias no por la vía de gravar más a quien menos tiene, que ha sido muchas veces la más utilizada por este y otros gobiernos anteriores, sino haciendo una modificación fundamental del régimen de ingresos del Estado, con lo cual se acabe consiguiendo aquello que plantea la Constitución de tener un régimen progresivo y ajustado a los ingresos de cada ciudadano. Por eso hemos planteado este incremento de 30.000 millones de euros, que es posible hacer, que entendemos que es necesario hacer, sobre la base de la lucha contra el fraude fiscal y de un mayor equilibrio en los ingresos. Ello serviría para dotar al Estado de mayor capacidad de gasto en otras partidas que son absolutamente necesarias en medio de esta crisis económica que, por mucho que estemos en una etapa de crecimiento, continúa para muchos millones de españoles que siguen en paro y sin ningún ingreso.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo de Convergència i Unió, el señor Picó tiene la palabra.

El señor PICÓ I AZANZA: El Grupo Parlamentario de Convergència i d'Unió ha presentado una enmienda a estos dos títulos, concretamente al título I, del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2016, con la inclusión de un nuevo artículo 18 bis. Me refiero a la enmienda número 3495. En esta enmienda nuestro grupo parlamentario propone un ejercicio de transparencia en la actuación pública con relación a la distribución territorial de la actividad inversora de todos los entes que integran los Presupuestos Generales del Estado. Creemos que este ejercicio de mayor transparencia, con este conocimiento de la actuación pública relativa a la distribución territorial de la actividad inversora, mejoraría la calidad de la democracia en general. Por ello proponemos que el Gobierno remita semestralmente a las Cortes Generales, a través de la oficina presupuestaria, la información sobre el grado de ejecución de la inversión, con el detalle de distribución territorial -creo que es importante- de la Administración General del Estado y de sus organismos autónomos, a fin de que todos los diputados, los senadores y las comisiones parlamentarias podamos tener acceso a esta información singularizada. Creemos, repito, que es un ejercicio de transparencia y de conocimiento para mejorar la calidad de nuestra democracia.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, el señor Rangel.

El señor RANGEL TARRÉS: El Grupo Socialista entiende que, lejos de lo que afirma el Gobierno y el grupo que le da apoyo, estos presupuestos de 2016, que entendemos inoportunos porque, aplicando una mayoría absoluta que tiene fecha de caducidad, intentan mantener ese rodillo parlamentario para aprobar las cuentas para un ejercicio en el que habrá otra correlación de fuerzas en las Cortes Generales y seguramente un gobierno distinto, no contribuyen a modernizar nuestra economía, pero sí a consolidar un modelo de desigualdad, de hecho un modelo que ha ido sentando las bases a lo largo de la legislatura y que han confirmado los diversos Presupuestos Generales del Estado que se nos han sometido para su aprobación. Eso es lo que queremos combatir. Por eso los socialistas hemos presentado más de 1.600 enmiendas que van en la dirección contraria: intentar sentar las bases de un modelo económico que sea mucho más consistente, más sólido y luche contra la desigualdad, generando cohesión social. También ir


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contra la igualdad, por lo tanto apoyar la desigualdad, es no cumplir los estatutos de autonomía cuando hablamos de inversiones, porque se castiga a unos territorios. Eso hace que las empresas y los ciudadanos de esos territorios no tengan las condiciones que deberían tener para llevar a cabo la actividad económica y para ejercer sus derechos en pie de igualdad con todos los ciudadanos. Eso es lo que ha hecho el Grupo Popular durante toda la legislatura, no querer cumplir con las disposiciones adicionales de los estatutos de autonomía, por lo tanto en ese ámbito territorial se ha generado desigualdad.

La enmienda que presenta el Grupo Socialista pretende, junto con otras enmiendas conexas en otros títulos y en otras secciones, añadir un apartado ocho al artículo 10, en el que se propone autorizar las transferencias necesarias, un crédito presupuestario, a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Extremadura e Illes Balears en cumplimiento de lo establecido en materia de inversiones en sus respectivos estatutos de autonomía.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Olano.

El señor OLANO VELA: Como es habitual haré una valoración global de lo que representan estos presupuestos, pues a lo largo de estos días debatiremos más en detalle cada capítulo y sección por separado. La valoración global ha de ser necesariamente positiva. Estos son los presupuestos de la recuperación, y lo son por un doble motivo. En primer lugar, son fruto de la recuperación económica. Ustedes mismos ya hablan de recuperación económica; una recuperación que llegó en 2014 y lo ha hecho para quedarse, pues actualmente estamos creciendo al 1 % trimestral, un 4 % en tasa anualizada, algo impensable hace un año cuando ustedes mismos calificaban de irreales unas previsiones de crecimiento para 2015 del 2 %. La realidad rebate sus argumentos y este año creceremos como mínimo al 3,3 % y en 2016 lo haremos al 3 %, alcanzando una velocidad de crucero que no debemos variar para poder cumplir el último objetivo, que es crear como mínimo 500.000 empleos cada año a lo largo de la próxima legislatura. Es la recuperación la que permite avanzar en el fortalecimiento del Estado del bienestar, incrementando el gasto social hasta el 53,2 %, lo que hace de este un presupuesto eminentemente social. Asimismo, es la recuperación la que permite devolver a los ciudadanos parte del esfuerzo realizado durante la crisis, y lo hace a través de una bajada de impuestos para todos, especialmente para las rentas medias y bajas, y con mejoras sustanciales para el conjunto de los trabajadores públicos. En segundo lugar, estos presupuestos apuntalarán e impulsarán el crecimiento económico, y lo harán desde una doble vertiente: por un lado, apostando por una mayor inversión productiva -estas partidas suben en todas las secciones, en contra de lo que manifiestan algunos portavoces, y es fácilmente comprobable acudiendo al texto del proyecto- y, por otro, impulsando el consumo interno, apostando por incrementar la renta disponible de los españoles a través de una sustancial rebaja de impuestos, de hasta 9.000 millones de euros, que incidirán especialmente en las rentas medias y bajas, por mucho que insistan ustedes en decir lo contrario. Señorías, la rebaja fiscal beneficia especialmente a las rentas medias y bajas, al 80 % de la población.

Estos Presupuestos Generales del Estado apuestan por el mantenimiento de las políticas de consolidación fiscal que tan buen resultado están dando. La reducción del déficit público a lo largo de esta legislatura ha sido espectacular: 45.000 millones de reducción del déficit público desde el último año del Gobierno socialista. Pese a sus augurios respecto de un posible incumplimiento del objetivo -en esta ocasión no iba a ser distinto-, cada año hemos cumplido con el objetivo marcado, y así lo ha certificado la Unión Europea a través de Eurostat; en 2015 volveremos a hacerlo. Señorías, el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular creen en los beneficios de la reducción del déficit público. Me resulta chocante la preocupación que manifiestan algunos por el posible incumplimiento de este déficit cuando, sin embargo, la inmensa mayoría de las enmiendas presentadas a estos presupuestos suponen un incremento del gasto público, sin indicar de dónde iban a sacar el dinero. Si hiciéramos caso de sus enmiendas entonces se nos desbocaría el déficit público, pero si nos ajustamos a la previsión de ingresos y gastos que contiene este presupuesto el déficit continuará reduciéndose, y eso es muy positivo para todos

La situación económica de España ha variado mucho a lo largo de esta legislatura y lo ha hecho gracias al esfuerzo de los españoles y a las reformas estructurales aprobadas por el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular. Poco o nada han apoyado ustedes, eso es verdad. Pese a ello, como españoles que son, deberían sentirse orgullosos por lo logrado: de ser el problema más serio de la Unión Europea a ser el país que más crece hoy y que más va a crecer en 2016; de ser los que destruíamos el 60 % del empleo en Europa a ser los que crean más del 50 % del que hoy en día se está creando; en definitiva, de estar al borde del rescate a ser el ejemplo de cómo alcanzar la recuperación.


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Respecto de las enmiendas del titulo I y II presentadas por los distintos grupos, me llama la atención la persistencia de algunos en el error consistente en pretender que sean los distintos estatutos de autonomía los que establezcan dónde y en qué cuantía ha de invertir el Estado. Que esto lo hagan los grupos nacionalistas, francamente, no sorprende pero que lo haga el Grupo Socialista realmente me sorprende, pues ustedes deberían saber que el contenido de los estatutos de autonomía no resulta imperativo y en ningún caso puede condicionar la voluntad del legislador, plasmada en los Presupuestos Generales del Estado. Así lo ha manifestado en repetidas ocasiones el Tribunal Constitucional, entre otras seguramente de la forma más clara en la sentencia 31/2010. A mayor abundamiento, tampoco nos indican de dónde sacarían el dinero para esas inversiones, lo que hace inviable la aprobación de esas enmiendas. Respecto a las manifestaciones del señor Calduch y del señor Rangel sobre las enmiendas dirigidas a la función pública, me remito a la intervención del segundo portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Martín-Toledano, que les dará cumplida respuesta. Por lo tanto, señorías -finalizo ya-, el Grupo Popular va a rechazar todas las enmiendas presentadas a los títulos I y II.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate sobre el titulo III del proyecto.

Por el Grupo Mixto, señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Estas enmiendas están relacionadas con la subida de los salarios a los funcionarios públicos, hecho que entendemos que quiso hacer el Gobierno en los presupuestos como una actuación electoralista, tratando de buscar el apoyo de los funcionarios públicos, tan maltratados en los últimos años en relación con sus salarios o sus conquistas sociales. De todas maneras, y a pesar de que el Gobierno quiere dar ese espíritu electoralista a los presupuestos con medidas como estas, nosotros entendemos que se han quedado extremadamente cortos al aplicar una subida del 1 % a los salarios de los empleados públicos. Ello es así por una razón, porque si nos atenemos al poder adquisitivo que han perdido en estos últimos años nos encontramos con una cifra del 20 %; es decir, los empleados públicos en estos últimos cinco años han perdido un 20 % de poder adquisitivo. Por lo tanto, señorías, y con la prudencia que corresponde a unos presupuestos -somos conscientes- en una situación de crisis, entendemos que por lo menos es necesario elevar ese porcentaje a un 3 %. Sigue siendo insuficiente para paliar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras públicos, pero entendemos que estaría mucho más acorde con un acercamiento a la recuperación del elevado poder adquisitivo perdido en estos últimos tiempos. Por eso, señorías, defendemos estas enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: En esta primera intervención quiero hacer una breve reflexión sobre nuestra posición en relación con el presupuesto. Sus señorías conocen perfectamente los argumentos del Grupo Vasco para oponernos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. A finales de agosto, en el debate de totalidad, ya tuvimos la oportunidad de exponerlos en detalle. Hoy no procede reproducir aquel debate pero sí señalar que nuestra oposición al proyecto no fue en absoluto ni caprichosa ni irresponsable. Creíamos entonces -y creemos ahora- que con la aprobación de este proyecto de ley se comete un auténtico fraude democrático. Se utiliza la mayoría absoluta del Grupo Popular para que otro Gobierno y otras mayorías gestionen el presupuesto del año que viene. El único objetivo es, como dijimos el otro día, hacer electoralismo, hacer campaña electoral utilizando el debate presupuestario. Por otro lado, también criticamos la insuficiencia de los datos económicos a estas alturas del año para elaborar un cuadro macroeconómico consistente y unas creíbles variables presupuestarias. También consideramos que el modelo que el Gobierno del PP propugna, es decir, reducir el peso del gasto público en el PIB, va en dirección contraria a lo que se hace en Europa y a lo que defiende el Grupo Vasco. Apostamos por un futuro más equilibrado, con menos desigualdades, con mayor protección social y con unas políticas que defiendan la igualdad de oportunidades y protejan a los más necesitados. No es ese, al parecer, el camino del Partido Popular. Por último, pusimos de manifiesto que con las dotaciones presupuestarias contempladas para ejecutar el proyecto de la Y ferroviaria vasca era y es imposible cumplir con el compromiso demandado una y otra vez de que finalice dicho proyecto en 2019.

Con estas premisas nos planteamos si era responsable presentar múltiples enmiendas y entrar en el juego parlamentario y así, de alguna forma, legitimar el comportamiento del Grupo Popular y del Gobierno del señor Rajoy o, simplemente, presentar un número reducido de enmiendas, aunque importantes desde el ámbito competencial y económico. Esta ha sido nuestra propuesta. Entendemos que se hayan

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presentado más de 4.000 enmiendas pero teniendo en cuenta la nula voluntad del Gobierno del Partido Popular y del Grupo Popular de llegar a un acuerdo, me parece, sinceramente, una escenificación excesiva e innecesaria. En todo caso, el Grupo Vasco ha presentado ocho enmiendas: seis al articulado, una a esta sección y dos a otras secciones. En relación con esta sección, la enmienda número 236 plantea una modificación del artículo 20 para que se reduzca el número de limitaciones para las ofertas públicas de empleo, de manera que se respete lo que establece la Junta de Seguridad en lo referente a la Policía autonómica o Ertzaintza.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Calduch.

El señor CALDUCH CERVERA: Uno de los efectos más perversos que han tenido la crisis y los recortes presupuestarios que se impusieron como consecuencia de esa crisis ha sido la pérdida de personal cualificado al servicio de las administraciones públicas por las famosas tasas mal llamadas de reposición del 10 %, que eran de no reposición. Pero ya no estamos en la etapa de crisis económica, sino de recuperación de la crisis. Precisamente por eso, nuestro grupo ha presentado dos grupos de enmiendas. Un grupo va dirigido directamente a recuperar la tasa de reposición del cien por cien del personal que se jubila. ¿Cuál es el objetivo? Fundamentalmente, evitar que se siga deteriorando la calidad y la cantidad de los servicios públicos que se prestan y pagan los ciudadanos de su bolsillo. No hay que ignorar que bajo el supuesto de que se reduce gasto público con tasas de reposición -o de no reposición- del 50 %, en realidad puede que en muchos casos eso no ocurra sencillamente porque los costes indirectos de esa falta de mantenimiento o de reposición del personal que se jubila impide aprovechar las economías de escala -espero no tener que explicar a los diputados del Grupo Popular en qué consisten esas economías de escala-. Si reducimos sistemáticamente el personal, tanto las instalaciones como las capacidades de prestación de servicios generan unos costes indirectos que pueden llegar a ser tan importantes como las reducciones que se producen en el gasto público. Segundo, y para compensar lo que hemos propuesto en el título I respecto del aumento medio del 1,5 % de la retribución de los funcionarios, en este caso planteamos un límite máximo del 0,5 % al aumento de las retribuciones de los altos cargos y del personal directivo de las agencias, organismos autónomos, empresas públicas, etcétera. La idea es beneficiar a la mayoría de los funcionarios y no, como ha ocurrido incluso en plena crisis, a los altos cargos públicos.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Mi grupo parlamentario ha presentado más de una veintena de enmiendas a este título III de los Presupuestos Generales del Estado, al igual que otros grupos que me han precedido en el uso de la palabra, fundamentalmente a dos cuestiones principales. La primera, la tasa de reposición. Desde mi grupo parlamentario planteamos que al menos sea del cien por cien y sobre todo que se pueda incrementar posteriormente, porque creemos que un futuro Gobierno así lo hará. No es de recibo ni de justicia que se siga con esta política cicatera que lleva el Partido Popular desde hace cuatro años a la hora de contratar desde las administraciones públicas y que todavía estos presupuestos perpetúan para el futuro. Por eso, hemos planteado varias enmiendas en este sentido, tanto con el fin de que las escasas oposiciones que se han ido convocando aumenten sustancialmente y las plantillas vuelvan a recuperar parte de su tensión y de su nervio anterior, como sobre todo para reducir un mal derivado de esa falta de reposición, que es la temporalidad que se está dando en el sector público. Creemos necesario reducir esa temporalidad y convocar muchas más oposiciones de las que se están convocando.

Por otro lado, al igual que a otros grupos parlamentarios, nos preocupan sustancialmente los recortes que durante todos estos ejercicios se han producido en la capacidad adquisitiva de los funcionarios públicos. Por ese motivo hemos planteado en diversas enmiendas a lo largo del articulado superar el límite que marcan los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. En la línea del Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, que recomienda para el año 2016 incrementos económicos del 1,5 %, planteamos para los trabajadores públicos incrementos del 1,5 % en sus emolumentos para tratar de paliar, en la medida de lo posible, los enormes recortes que han venido sufriendo en sus nóminas durante los últimos años. Consideramos que no es de justicia, sino todo lo contrario. Lo que es de justicia es restituir a los funcionarios públicos su capacidad adquisitiva perdida y restituir a las administraciones públicas los puestos que se han ido amortizando en los últimos años.


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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i de Unió, señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: Desde el inicio de esta legislatura, todos los grupos parlamentarios hemos hablado de la necesidad de un cambio de modelo de desarrollo económico. A raíz de la crisis que hemos padecido y que seguimos padeciendo y las consecuencias sociales, y no solo económicas, que de ella se derivan, mi grupo parlamentario siempre ha defendido que es necesario potenciar, dentro de ese cambio de modelo de desarrollo económico, el sistema de investigación y desarrollo. Las inversiones que hagamos sobre esta materia, sobre investigación, desarrollo y tecnología, son decisivas para mañana. Posiblemente, mucha gente pueda considerar que pedir en estos momentos un incremento de gasto en materia de investigación, desarrollo e innovación puede resultar un gasto importante, y es así, pero es una inversión de cara al futuro. A pesar de que se han tomado algunas medidas, no las suficientes, los datos que se han alcanzado tanto respecto del gasto público -que es manifiesto que es excesivamente bajo-, como también en el caso del privado, no muestran un verdadero impulso en este sentido, y eso nos preocupa, especialmente en cuanto a medios humanos. Así, en cuanto a la tasa de reposición, hemos propuesto a través de dos enmiendas que hemos formulado a este título III, especialmente al artículo 20 en cuanto a la tasa de reposición, una excepción y una ampliación de la excepción que ya prevén los Presupuestos Generales del Estado.

En relación con la enmienda 3496, nuestra propuesta es que deberían quedar al margen de manera explícita las limitaciones a la contratación cuando esta se efectúe mediante recursos externos obtenidos en programas de fomento de I+D+i aplicables a las universidades, a los hospitales y a los centros de investigación, que en su gran mayoría poseen un carácter muy competitivo. No estamos hablando de recursos públicos, sino de recursos externos. Por tanto, cabría en ese sentido adicionar al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado una excepción al límite de la tasa de reposición porque, efectivamente, sería una mejora en la captación de recursos externos en la investigación y, en cualquier caso, significaría crear esa masa crítica, que es importante.

Otra enmienda que hemos presentado propone la ampliación a la excepción ya reconocida en el artículo 20.1, apartado 3, del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, proponemos ampliar esa excepción al ámbito universitario y que no computen en el límite de la tasa de reposición de efectivos las plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos equivalentes a una promoción interna, dada la peculiaridad del régimen jurídico del personal docente e investigador. Por tanto, hablamos, en un caso, de una nueva excepción a la tasa de reposición y, en otro caso, de una ampliación de la excepción ya prevista en el artículo 20 de los Presupuestos Generales del Estado para potenciar con estos presupuestos los recursos humanos en I+D+i, para mejorar la masa crítica en esta materia y para dar un apoyo decidido, algo que siempre ha pretendido nuestro grupo parlamentario y también muchos otros, al crecimiento de una economía sostenible.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Sumelzo.

La señora SUMELZO JORDÁN: El Gobierno, por primera vez en nuestra democracia, presenta unos presupuestos fuera del periodo de sesiones habitual, con prisas, antes de una convocatoria electoral, con una enorme probabilidad de no tener que gestionarlos y con una gravedad añadida que hoy ha reiterado en su intervención el portavoz del Grupo Popular: el Gobierno no tiene ninguna voluntad de cumplir con los estatutos de autonomía y esto, señorías, tensiona y dificulta enormemente la situación en muchas comunidades autónomas como Cataluña, Aragón y Andalucía. Esto, señorías, es un incumplimiento de la ley, una ley orgánica aprobada por estas Cortes Generales. ¿Qué les voy a decir yo? Esto es un incumplimiento más y una deslealtad institucional más a las que ya nos tiene acostumbrados este Gobierno.

Como el tiempo del que disponemos hoy en esta Comisión es escaso, vamos a pasar a defender esquemáticamente las treinta y siete enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado al título III, gastos de personal. En este caso, los Presupuestos Generales del Estado que el Grupo Popular nos presenta suponen una enmienda a la totalidad a las propias decisiones que el Gobierno ha tomado durante estos cuatro años. El Gobierno del Partido Popular no tiene ya ninguna credibilidad, si es que alguna vez la tuvo. La perdieron cuando arrebataron a los empleados públicos la paga extra, cuando empeoraron sus condiciones laborales, cuando recortaron a la mitad la formación o cuando les recortaron las prestaciones sanitarias. Todo esto ha ocurrido y, desde luego, están muy equivocados si creen que la van a recuperar con unas medidas parciales e insuficientes que responden única y exclusivamente al cálculo electoral del Partido Popular.


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Con estos presupuestos no se recupera poder adquisitivo, no se mejoran derechos y no se crea empleo público. (El señor Sánchez Barrera: ¡Qué malos somos!). Es falso y les voy a dar datos de la Comisión Europea. Según las últimas estimaciones, la inflación subirá en España un 1,1 %. Si nos fijamos en el análisis de Funcas del pasado mes de julio, sube al 1,3 %. En definitiva, los empleados públicos -nos lo cuente como nos lo cuente el Partido Popular- van a seguir perdiendo poder adquisitivo el año que viene. Además, saben perfectamente que con más de 200.000 empleos perdidos en estos cuatro años las tasas de reposición que el Gobierno propone no alcanzan ni de lejos para compensar lo que han destruido. Con estos presupuestos no se crea empleo público neto en servicios sociales básicos y tampoco en sectores fundamentales para el crecimiento económico, que tan importante es para los españoles.

¿Qué persiguen nuestras enmiendas, las del Grupo Parlamentario Socialista? Pues paliar los efectos tan negativos, tan perjudiciales para los españoles de estos Presupuestos Generales del Estado. Dispongo de poco tiempo, pero las vamos a agrupar en dos ámbitos. El primero, el de los derechos retributivos de los empleados públicos y, el segundo, una apuesta de futuro por un dimensionamiento adecuado de las plantillas. Todas ellas, repito, con una finalidad importante: recuperar la calidad de los servicios públicos, tan deteriorada tras cuatro años de Gobierno del Partido Popular. Comenzaremos con las retribuciones de los empleados públicos. Por tercer año consecutivo, el Grupo Parlamentario Socialista pide, y esta vez además lo hace modesta y responsablemente, que suban las retribuciones a los empleados públicos; que comience ya la recuperación del castigado poder adquisitivo de los empleados públicos. Y les digo que es una petición responsable porque no es superior al 1,5 %. Con el 1 % que ustedes proponen no se recupera poder adquisitivo. Y permítanme que además les aclare que solicitamos este incremento para los empleados públicos, no para los altos cargos y equivalentes; de estos ya se ocupa el Gobierno convenientemente. (Rumores). Le convendría al Gobierno reflexionar sobre si la subida del 1 % que aplica a los altos cargos debería utilizarla para subir el 1,5 % a los maestros, a los médicos y a todos aquellos que sostienen los servicios públicos esenciales que utilizan casi todos los ciudadanos de este país.

Le hablaba de dos grupos de enmiendas. El segundo se refiere a la tasa de reposición de efectivos que, tras tres años de tasas de reposición al cero por ciento...

El señor PRESIDENTE: Señora Sumelzo, tiene que acabar.

La señora SUMELZO JORDÁN: ... se han descapitalizado. Resulta urgente recuperar plazas de docentes, de médicos, de investigadores en nuestras universidades.

También presentamos un grupo de enmiendas para restituir los días de permiso que el Gobierno viene recuperando con cuentagotas. Además, creemos que pronto va a hacer una especie de anuncio de regalo; electoralista total.

El señor PRESIDENTE: Señora Sumelzo, acabe ya.

La señora SUMELZO JORDÁN: Termino ya.

El Gobierno, con estos presupuestos, se está enmendando a sí mismo, sobre todo sus políticas de retribuciones y de empleo público. Pero es poco creíble, electoralista y además se queda corto para paliar el daño que ha hecho a todos los españoles. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Martín-Toledano.

El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: En primer lugar, tengo que decir que estos presupuestos están elaborados ya en un contexto de recuperación económica y por eso se puede dar cumplimiento a muchas de las promesas que el Partido Popular hizo a los empleados públicos, es decir que las medidas de ajuste que adoptó el Partido Popular eran temporales, eran coyunturales, no como las que adoptó el Partido Socialista en el famoso Real Decreto 8/2010, apoyado por ustedes, donde les bajaban, les retiraban un 5 % del salario y eso era una medida irreversible. (Aplausos). El poder adquisitivo de los empleados públicos no se ha visto afectado de la misma manera por la congelación salarial que por la disminución del 5 % de sus retribuciones en 2010, en 2011, en 2012... y para toda la vida, gracias a la postura del Partido Socialista, que ahora quiere ser amigo de los empleados públicos, pero los ha castigado más que nadie en toda la etapa democrática. Ustedes acusan de electoralista y falso a este presupuesto, pero al mismo tiempo niegan la recuperación económica y piden aumento de gasto. Eso no hay cómo casarlo. Eso solo demuestra que el electoralismo está en el Partido Socialista, que quiere hacer una labor


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de desgaste del Gobierno y no reconocer que estos presupuestos son responsables y que es una obligación legal presentarlos para su tramitación. (Un señor diputado: ¡Ahí, ahí!) Y además es una buena noticia para los empleados públicos. Solo desde la mala fe se puede negar que sean unos presupuestos con buenas noticias para los empleados públicos. Se lo voy a volver a repetir: ustedes bajaron un 5 % el salario -de media, porque en algunos casos fue hasta el 7 %- y ahora nos quieren dar lecciones. La paga extra de Navidad se va a terminar de devolver -porque no fue suprimida, fue suspendida su aplicación- en el presupuesto de 2016. Se aplica el fin de la congelación salarial. ¿Sabe usted cuándo empezó la congelación salarial? Con su Gobierno, del Partido Socialista. Y se incrementa un 1 % porque creemos que estamos en un contexto de IPC moderado. Se amplía la oferta pública de empleo al 50 % en la reposición general y al cien por cien en los servicios básicos esenciales. ¿Sabe cuándo empezó la tasa de reposición? Desde el 2009 -30 %, 15 %, 10 %-, aplicaban ustedes esa tasa de reposición. Y ahora no me diga que no. Pero es que además se mejora la financiación de la Muface, se devuelven los días de libre disposición y se crea un permiso retribuido a las empleadas públicas embarazadas a partir de la semana treinta y siete de gestación. Me imagino que eso les parecerá bien.

Si miran las enmiendas del Partido Socialista durante los años de Gobierno del Partido Popular verán que son poco coherentes y se resumen en lo siguiente: si el Partido Popular introducía una mejora en el presupuesto para los empleados públicos, ustedes la duplicaban; es decir, la política y dos huevos duros. Pero es que nunca se han adelantado a una sola propuesta del Partido Popular. Quiero decirles también a varios grupos que se podrían preocupar de por qué se suprimieron los complementos autonómicos a la paga extra en 2013-2014 por los Gobiernos de Andalucía y Cataluña, con el apoyo de Izquierda Unida y el PSOE en Andalucía, y de CiU y Esquerra en Cataluña; no he oído que se vayan a devolver esos complementos autonómicos. Ustedes hablan de electoralismo por devolver la paga extra... (Una señora diputada: Ahora). Bueno, ahora, pero es que el año pasado ya se devolvió un 25 %, este año otro 25 % y el año que viene un 50 %. Se dijo que iba a ser progresivo en función de la recuperación, pero ustedes desde el primer día decían que se devolviera toda, mientras que en Andalucía quitaban los complementos específicos. Tanto que les gustan los estatutos de autonomía y fíjense lo que hacen en Andalucía y lo que hacen también los señores de CiU y Esquerra en Cataluña con los complementos a la paga extra, que los han eliminado y no parece que los vayan a recuperar, de momento, los empleados públicos.

Por último, vamos a rechazar las enmiendas de los grupos de la oposición porque nos acusan de electoralistas y al mismo tiempo proponen medidas que no tienen cobertura presupuestaria. Lo único que plantean es: yo más que el Partido Popular. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de los títulos IV y VIII y sección 07.

Por el Grupo Mixto, señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señor presidente, doy por defendidas las enmiendas del Grupo Mixto y, en particular, las del Bloque Nacionalista Galego que están relacionadas -tanto la 3303 como la 3304- con el incremento de las pensiones. Entendemos que se debe garantizar la recuperación del poder adquisitivo de los pensionistas y, por tanto, no solamente se debe tener en cuenta el incremento del IPC para 2015, que según algunas fuentes puede ser del 1 % o incluso del 1,5 %, sino que a finales de 2016 se deben tener en cuenta las posibilidades de incremento del IPC para regularizar la pensión de ese año, como se venía haciendo con anterioridad. Por tanto, presentamos estas enmiendas para garantizar esta cuestión.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Calduch.

El señor CALDUCH CERVERA: Nuestro grupo, con sus enmiendas a este título, busca fundamentalmente dos cosas: recuperar capacidad adquisitiva de los pensionistas y de las clases pasivas, tanto de las pensiones contributivas como de las no contributivas, pero también algo más, que es hacer que esa recuperación económica perdida durante los años de la crisis y de los recortes presupuestarios se haga de una manera justa. La propuesta del Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado de aumentar el 0,25 % de forma lineal se puede argumentar mientras se mantenga la deflación, que no hace perder poder adquisitivo; no recupera el poder adquisitivo perdido, pero no genera más pérdida de poder adquisitivo. Pero también es manifiestamente injusta. ¿Por qué? Porque termina beneficiando más a las pensiones más altas. Por eso, además de proponer con nuestras enmiendas que se aumenten las pensiones una media del 1 %, y no del 0,25 %, simultáneamente proponemos que ese 1 % de media se

Títulos IV y VIII y Sección 07


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haga: aumentando un 1,5 % las pensiones de hasta 900 euros mensuales; que las pensiones comprendidas entre 901 y 1.500 euros suban tan solo el 1 % y que las pensiones por encima de 1.500 euros hasta el máximo que se recoge en los presupuestos suban tan solo el 0,5 %. De esa manera observaremos, cuando hagamos los cálculos -si el PP los hubiera hecho-, que, en términos generales, el aumento cuantitativo real mensual de cada uno de los pensionistas, a pesar de sus diferencias de ingresos, es aproximadamente el mismo: entre 12 y 16 euros mensuales. Por eso proponemos no solamente un aumento, sino que además ese aumento sea inversamente proporcional a la cuantía de sus pensiones.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Las enmiendas que ha planteado mi grupo parlamentario a este título IV van en línea similar a la que han presentado los grupos que me han precedido en el uso de la palabra: tratar de recuperar el poder adquisitivo perdido por las pensiones en los últimos años. El Grupo de La Izquierda Plural no plantea una recuperación escalonada, sino una recuperación lineal del 1,5 % para todas las pensiones con carácter general, con el objetivo de tratar de recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido por los recortes que tanto el Gobierno del Partido Popular como el anterior Gobierno del Partido Socialista impusieron a las pensiones. Por todo ello, planteamos que es absolutamente de justicia tratar de recuperar, en medio de este contexto de recuperación económica, el poder adquisitivo de las pensiones y en ese sentido van nuestras enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i d'Unió, señor Macias.

El señor MACIAS I ARAU: Nuestro grupo presenta dos enmiendas destinadas a garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y lo hacemos de una forma que nos parece muy racional. Ya que se prevé para el año que viene un incremento del IPC del 0,5 %, nos parece del todo lógico que el incremento de las pensiones se adecue, como mínimo, a esta cifra. Si hay voluntad real de garantizar este poder adquisitivo y ya se prevé el aumento del 0,5 %, parece que en lógica con este discurso se dedicara el 0,25 %. Esta es una cifra en valor absoluto ya diminuta, pero cuando la aplicamos a las pensiones mínimas, resulta que a nuestros mayores les vamos a subir las pensiones 1 euro y 50 céntimos, lo cual nos parece prácticamente insultante.

Cuando uno analiza los Presupuestos Generales del Estado, ve, por ejemplo, que las partidas destinadas a la alta dirección, que lógicamente la integran señores con un poder adquisitivo algo mayor que nuestros pensionistas de pensión mínima, suben un 3,4 %. Nos parece que esto no es justo, nos parece que incluso resulta insultante, y desde ese punto de vista presentamos esta enmienda; así como presentamos otra que prevé algo que también es de justicia, como que las pensiones del SOVI también experimenten una revalorización.

El señor PRESIDENTE: Por el mismo grupo, tiene ahora la palabra el señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: Muy brevemente, señor presidente.

El señor Macias ha explicado las razones en la presentación de esas dos enmiendas en relación, primero, al índice de revalorización y, después, al incremento o revalorización de las pensiones SOVI. En este sentido, también es importante señalar que son los segundos Presupuestos Generales del Estado que incluyen el nuevo sistema de revalorización de las pensiones, sistema que en el Pacto de Toledo no se debatió y que nadie entiende cómo se configurará hasta llegar a la revalorización de las pensiones que prevén los Presupuestos Generales del Estado. Esto está relacionado con una enmienda formulada a las disposiciones finales, una disposición final nueva, en la cual se propone retornar al sistema de revalorización de las pensiones anterior a la entrada en vigor de la Ley 23/2013, ley que, quiero recordar, no fue debatida ni trabajada en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo.

Quiero hacer una última referencia a la enmienda formulada al artículo 107 del título VIII, por el cual se prevé una cotización por la formación profesional en el régimen especial de trabajadores autónomos. Se trata de una cotización mínima que recoge una reclamación reiterada por parte de las asociaciones de trabajadores autónomos para acceder a los fondos de formación y mejorar así su capacitación. Es realmente sorprendente que los trabajadores autónomos aún no puedan acceder a estos fondos y, por tanto, y entendiendo que en los Presupuestos Generales del Estado debe estar incluida la previsión de una cotización por formación profesional de este régimen, creemos que sería importante tenerlo en cuenta.


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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Pérez Herraiz.

La señora PÉREZ HERRAIZ: Continuamos con este trámite fraudulento, que lo es doblemente para las pensiones. En esta España recuperada de la que habla el Gobierno, hay 179.414 afiliados a la Seguridad Social menos que en octubre de 2011. El Grupo Socialista insiste -como ha venido haciendo durante estos años y como demostró cuando gobernaba- en su apoyo al sistema público de pensiones. Somos conscientes de los problemas del sistema por la diferencia entre ingresos y gastos, pero consideramos que en los gastos ya se hicieron los ajustes necesarios y que lo que hay que mejorar son los ingresos.

Pero el Gobierno, una vez más, en estos presupuestos abandona a quienes necesitan ayuda y parece que quiere encaminar el sistema de pensiones hacia una cobertura pública mínima que necesite el complemento de las pensiones privadas. Además, y probablemente con la misma intención, presenta unos presupuestos con errores de cálculo evidentes que harán que la necesidad de recurrir al Fondo de reserva sea superior a la prevista. Es mucho mayor el incremento de cotizaciones por ocupados previsto que el incremento previsto para el empleo, lo cual resulta imposible. Lo mismo decíamos con los presupuestos de este año, y a mitad de año ya se demostró el error. Incluso el secretario de Estado en la presentación de los presupuestos dijo que las cotizaciones sociales suponen un ambicioso reto recaudatorio. Con la experiencia de este año, la previsión de ingresos parece más un engaño que un reto. Se repite también el hecho de que se reduce mucho más la previsión de cotizaciones por desempleados, 13,3 %, que la reducción del paro prevista, que es del 2,3 %. Otro año más aumentarán más las personas paradas sin prestación, menos del 50 % ya, mientras que con el Gobierno socialista estaban en el 80 %. El incremento de las pensiones de un 0,25 % hará que pierdan poder adquisitivo de forma clara. Aunque el IPC esté bajo, los pensionistas tienen que afrontar más gastos en medicinas, en servicios que no se prestan y en más copagos por esos servicios.

En resumen, las pensiones, todas -también las de las clases pasivas-, tendrían que subir el 2 % las más bajas y el 1 % el resto. Habría que recuperar el porcentaje de desempleados con prestación, derogar la reforma laboral y revisar las bonificaciones para mejorar los ingresos; que las escasas políticas activas de empleo no las financie la Seguridad Social; incorporar una prestación no contributiva de maternidad, y muy especialmente los socialistas estamos de acuerdo en estudiar formas para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social de manera global, pero no compartimos el paso de las pensiones de viudedad y orfandad a no contributivas. Sería una forma para nivelarlas todas a la baja y un primer paso para hacer posteriormente lo mismo con todas las pensiones. Hay que buscar nuevas fuentes de financiación pública que complementen los ingresos de la Seguridad Social con diálogo en el Pacto de Toledo y con la participación de los interlocutores sociales. Consideramos que hay que mantener la estructura básica del modelo de pensiones público de reparto, universal y solidario. Por eso presentamos enmiendas a los títulos IV, VIII y sección 7, pero una vez más estos presupuestos van en la dirección contraria de lo que se necesita.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, señora España.

La señora ESPAÑA REINA: Muchas gracias, señor presupuestos. (Risas).

El señor PRESIDENTE: Nunca lo hubiese imaginado.

La señora ESPAÑA REINA: Le pido disculpas, señor presidente.

Muchas gracias, señor presidente.

Como ya decíamos anteriormente, estos son unos presupuestos que consolidan el crecimiento económico y la creación de empleo; no en vano somos el país que más está creciendo y que más empleo está creando de toda la Unión Europea, aunque parezca que a algunos les moleste y no se lo crean, no vieron en su momento la crisis y parece que tampoco quieren ver la recuperación. Pero ahí están los 531.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social en el último año y el más de un millón de nuevos afiliados desde el peor momento de la crisis en el año 2013. Señorías, ya hay 350.000 parados menos que cuando el Partido Popular llegó al Gobierno a finales del año 2011. Por lo tanto, estos son unos presupuestos que recogen más empleo, más afiliación a la Seguridad Social y que sin duda implicarán mejores pensiones y más sostenibilidad del sistema, a diferencia de lo que nos encontramos, señorías: Seguridad Social en déficit, las pensiones congeladas, la hucha abierta por la puerta de atrás y 3,5 millones de españoles que el Partido Socialista mandó al desempleo.


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Estos presupuestos también ponen de manifiesto la subida de las pensiones, que vuelven a subir un 0,25 %. Ha habido aumento del poder adquisitivo en los años 2013 y 2014, 2.000 millones de euros de aumento de poder adquisitivo. Respecto al año 2015 -que tanto se habló en su día de que los pensionistas iban a perder poder adquisitivo- la realidad es que a fecha de agosto el IPC adelantado está en el menos 0,4. Por lo tanto, parece que en 2015 también los pensionistas van a tener aumento de poder adquisitivo. Hablan ustedes en sus enmiendas de recuperar el poder adquisitivo, pero el poder adquisitivo no solo no se ha perdido, sino que, como le estoy diciendo, se ha ganado en los últimos años. Al señor Picó quiero decirle que la ley que habla del 0,25 % ha sido absolutamente debatida en el Pacto de Toledo. Habría que decirles también a los pensionistas que si se aplicara la ley anterior, sin la reforma del 0,25 %, estaríamos perjudicándoles ya que estarían perdiendo poder adquisitivo porque el IPC está en cero o en negativo. Cuando realmente se perdió poder adquisitivo fue cuando los socialistas congelaron las pensiones, casi tres puntos de pérdida de poder adquisitivo, 2.000 millones de euros. Estos presupuestos consolidan la separación de las fuentes de financiación para que la Seguridad Social no tenga que pagar lo que no le corresponde, cosa que antes no ocurría, antes el Estado se financiaba de la Seguridad Social.

Apostamos por este sistema público de reparto. Ahora dice el Partido Socialista -eso es lo nuevo- que queremos llegar a un sistema mixto. Nada más lejos de la realidad; queremos este sistema público que tenemos, pero un sistema sostenible, no lo que dejaron ustedes. Precisamente aquí los únicos que han recomendado un sistema privado de pensiones han sido Gobiernos socialistas con los ministros Corbacho y Solbes.

Termino centrándome en las enmiendas que ha presentado este grupo, es decir las enmiendas 4241 y 4242, precisamente para que las mujeres que han trabajado y han sido madres puedan ver aumentada su pensión en un 5 %, un 10 % o un 15 % en función de los hijos que hayan tenido y que esto suceda a partir del año 2016. Así se reconoce la contribución que las madres trabajadoras han hecho a la sociedad y a la sostenibilidad del sistema de pensiones. Se hace justicia social puesto que se corrige esa doble penalización que existe hacia las mujeres por ser madres consistente en salarios más bajos, por un lado, y carreras más cortas de cotización, por otro, lo que implicaba que al final tuvieran pensiones más bajas que los hombres, en concreto un 38 % menos de pensión. Por lo tanto, señorías, ese concepto de cotización demográfica va a ser el nuevo concepto en la Seguridad Social, que al final lo que va a significar es que habrá pensiones más altas a mayor número de hijos, es decir, pensiones más altas para las madres trabajadoras. Esta es la demostración de que este Gobierno apuesta por las mujeres, por la natalidad y por las pensiones.

Espero que los grupos políticos que están aquí representados aprueben esta enmienda. No podríamos entender cualquier otra postura que no fuese el apoyo a esta enmienda dirigida a las mujeres que han sido madres trabajadoras, a las que les vamos a aumentar la pensión conforme se aprueben estos presupuestos.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el título V y la sección 6.

Señor Calduch, ¿renuncia a su intervención?

El señor CALDUCH CERVERA: Sí.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i d'Unió, el señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: La verdad es que estamos en un título relacionado con las operaciones financieras, pero el debate es más amplio en cuanto a la enmienda que hemos formulado por parte de nuestro grupo parlamentario porque estamos hablando de uno de los instrumentos que tiene la cooperación española para ejecutar y desarrollar sus cometidos, que es el Fondo de cooperación para la promoción del desarrollo, llamado Fonprode. Saben bien sus señorías que las dotaciones presupuestarias destinadas a cooperación internacional para el desarrollo han descendido de forma muy importante no solo desde el inicio de esta legislatura, sino desde el final de la anterior, para ser más exactos. Por tanto, en esta legislatura hemos debatido mucho sobre cooperación reembolsable y cooperación no reembolsable en la Comisión de Cooperación. El ministro de Exteriores y todos los miembros del Gobierno responsables de la materia de cooperación internacional para el desarrollo nos han dicho desde el inicio de la legislatura que se haría un esfuerzo, conforme fuera mejorando la actividad económica, en relación con las dotaciones presupuestarias en esta materia. A la vista de estos últimos Presupuestos Generales del Estado del Gobierno del Partido Popular, esta afirmación queda bastante lejos de la realidad porque continúa sin hacerse un esfuerzo importante en esta materia, y más cuando la realidad internacional más directa que

Título V y Sección 06


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nos afecta, tanto en el sur como en el este, reclamaría un compromiso más elevado por parte del Gobierno en esta materia.

¿Qué propone en este sentido la enmienda número 3500 que hemos formulado? Propone un incremento de las dotaciones presupuestarias y de los límites para la dotación de presupuestos de la cooperación reembolsable. El Fonprode es un instrumento que, a pesar de que no guste a muchos, puede ser útil para las políticas de cooperación en ciertos casos. El problema que hemos tenido en toda esta legislatura es que, a pesar de tener dotaciones presupuestarias para el Fonprode, nunca se han ejecutado; hemos tenido problemas reglamentarios, se modificó la Ley del Fonprode y también el reglamento, y, a pesar de eso, dudamos de que todas las partidas que están presupuestadas en relación con el Fonprode puedan ejecutarse realmente. ¿Qué propone la enmienda? La enmienda propone un incremento, tal y como se ha hecho en otras partidas, para este importante instrumento de la cooperación, pero nuestra exigencia no está solo relacionada con el incremento de estas dotaciones presupuestarias, sino sobre todo con una ejecución plena de este instrumento. Como digo, se puede ser muy crítico con ese instrumento -y yo no dejo de serlo en muchos casos-, pero para algunos supuestos puede ser un buen instrumento en la cooperación al desarrollo.

Por tanto, señorías, como hemos formulado en todos los presupuestos generales de esta legislatura, pedimos el incremento de las dotaciones presupuestarias que prevén los Presupuestos Generales del Estado para el Fonprode, pero sobre todo que se ejecuten anualmente.

El señor PRESIDENTE: ¿Desea intervenir, señora Fernández Davila, sobre este punto?

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: No, señor presidente, gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor Hurtado.

El señor HURTADO ZURERA: El título V es una de las razones añadidas al rechazo frontal del Grupo Parlamentario Socialista a este proyecto de presupuestos. Lo consideramos un proyecto de presupuestos electoralista, con pérdida de poder adquisitivo para pensionistas y para empleados públicos, con escaso esfuerzo inversor y mal repartido, un presupuesto que sigue sin acatar lo establecido en los estatutos de autonomía, que no crea un nuevo modelo productivo para salir de la crisis, que establece un agujero cada día más profundo a la Seguridad Social por falta de recursos y que no dota de suficientes recursos públicos para los desempleados. Pero, además, abunda en un nuevo problema que ha creado este Gobierno con los cinco proyectos de presupuestos que ha presentado, y es el problema del importante endeudamiento público del Estado español. (Muestra un gráfico). Los datos son muy significativos. Hemos llegado al cien por cien de nuestro PIB con una evolución totalmente alarmante. En estos últimos cuatro años, los últimos datos del Banco de España señalan que hemos aumentado la deuda pública en más de 300.000 millones de euros, en concreto 309.000 millones de euros. Este Gobierno ha aumentado en un 41,6 % la deuda pública en este país. Se dejó en 743.000 millones en 2011. Estamos en 1.053.000 millones de euros. Este es el problema que ha creado este Gobierno en esta legislatura y que está en entredicho y comentado por todos los organismos internacionales, desde el Fondo Monetario Internacional hasta la Comisión Europea, cuando se han referido al enorme endeudamiento que ha alcanzado nuestro país. Este problema no existía. Ahora sí existe después de esta legislatura. Se siguen emitiendo por encima de los 230.000 millones de euros, se siguen asumiendo gastos financieros, a pesar de la política expansiva del Banco Central Europeo, de más de 33.400 millones de euros. Una décima parte del presupuesto va destinada a los gastos financieros en este país. Esta ha sido la solución que ustedes han dado.

Yo diría más. Han creado una hipoteca a cada uno de los ciudadanos de este país. ¿Saben ustedes cuánto debe cada uno de los ciudadanos ya? De media, 22.400 euros por habitante. Los ciudadanos tienen una hipoteca de su casa, pero tienen otra hipoteca del Estado de 22.400 euros. Ustedes decían que la economía de este país tenía un problema de apalancamiento, que había que desapalancar la economía. (Muestra un gráfico). Pues bien, se ha desapalancado en las familias. El esfuerzo de esta legislatura ha sido una reducción del nivel de endeudamiento en las familias de más de un 15 %, 134.000 millones de euros menos. Esto ha sido un esfuerzo importante porque las entidades bancarias han cerrado el grifo a las familias a pesar del saneamiento y las familias han tenido que dejar de llevar a cabo gastos de inversión.

(Muestra un gráfico). Igual ha ocurrido con las empresas, no con todas, con las pequeñas empresas. Se han desapalancado, 261.000 millones de euros menos, un desapalancamiento de cerca de un 22 %


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con respecto al nivel de endeudamiento de las empresas en el año 2011. ¿Por qué? Porque los bancos no refinancian, no negocian con las pequeñas empresas; con la grandes empresas sí, porque, si no, caerían. Las pequeñas empresas se han visto obligadas al desapalancamiento. ¿Dónde ha ido a parar ese nivel de endeudamiento? A la deuda pública. Voy a concluir, presidente, y no le digo presidente presupuesto, le digo presidente nada más. (La señora España Reina: ¡Cordobés!). ¿Dónde ha ido? Y donde ha ido ha sido como consecuencia de que los bancos han hecho el negocio más fácil, y ustedes se lo han posibilitado. La liquidez del Banco Central Europeo, prácticamente a un 1 %, lo han invertido en deuda pública y no han tenido que prestar ni a las familias ni a las empresas y han hecho el negocio del siglo, y ese negocio lo han facilitado ustedes.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Olano.

El señor OLANO VELA: La deuda pública, señor Hurtado, se ha convertido en su tabla de salvación. Se agarra usted a la deuda pública para criticar la política económica del Gobierno. Es verdad que no pueden hacerlo con el déficit pues se está corrigiendo y cumplimos año tras año. Ya no pueden negar el crecimiento económico pues la realidad, trimestre a trimestre, rebate sus augurios, y es verdad también que no pueden hacerlo con el empleo pues la EPA les desmiente tercamente cada tres meses. Les queda la deuda pública y a ella se agarran, pero les explicaré por qué vuelven a estar equivocados en esta ocasión.

Nuestra deuda es muy elevada y se situará a final de este año en el 98,9 % del PIB, no ha llegado al cien y no llegará al cien, señor Hurtado. El dato que usted estaba diciendo no es correcto, y usted lo sabe. Debo recordarles -y esto es algo que ustedes obvian siempre- que la ratio de deuda pública de España respecto al PIB se encuentra en la línea con el resto de miembros de la Unión Europea. Recuerdo ahora las intervenciones de algunos portavoces de los grupos de la oposición cuando ya en el 2013 anunciaban que se superaría con creces el cien por cien de la ratio de deuda pública. Se equivocaron. O cuando decía el señor Hurtado, en el año 2012, que no le preocupaba que pudiera aumentar la deuda, que lo que realmente le preocupaba era el tipo medio de financiación, que era elevadísimo en aquel momento. Eso lo decía usted, señor Hurtado, en el año 2012. Pues, señoría, este tipo hoy no es elevado sino todo lo contrario, es el más bajo de nuestra historia, está por debajo del tipo medio del 1 %, inferior al tipo medio que teníamos antes de la crisis, cuando gobernaban ustedes. Hoy, en el corto y medio plazo nos pagan intereses por adquirir nuestra deuda pública. Es cuestión de confianza, señorías, y este Gobierno sí la tiene. Otros no pueden decir lo mismo. Es verdad que la deuda ha crecido mucho durante esta larga crisis. De 2008 a 2011, creció más de 30 puntos. La duplicaron. El Partido Socialista duplicó la deuda pública y fueron ustedes los que crearon este problema de deuda pública que hay que renegociar y por eso ahora crece también. En esta legislatura también crecerá aunque en menor medida que los 30 puntos, ese duplicar la deuda que consiguieron ustedes en los primeros años de la crisis. Este mayor endeudamiento, además, el suyo, no sirvió absolutamente para nada. Ahí tenemos el paradigma del despilfarro, aquel famoso PlanE, que supuso 15.000 millones de deuda pública y cero empleos creados tras seis meses de su implantación, o los 30.000 millones inyectados por los socialistas a la banca -sí, señor Hurtado, ustedes inyectaron dinero a la banca, más de 30.000 millones- y tampoco sirvió absolutamente para nada porque nuestra banca seguía estando como estaba y no precisamente en la Champions League.

Decía que la deuda ha crecido mucho estos años y les diré por qué lo ha hecho en esta legislatura. Fundamentalmente, por dos causas. En primer lugar, por el déficit heredado. Los datos aportados por Hacienda revelan que del total del crecimiento de la deuda en esta legislatura, el déficit es el responsable de más del 75 % del total. Cuando llegamos al Gobierno, a finales del año 2011, el déficit superaba el 9 % del PIB en un contexto de recesión económica con la consiguiente caída de ingresos, ligada a la menor actividad y al menor consumo. Solo en el primer año de legislatura el pasivo público creció en 15,3 puntos del PIB y casi la mitad fue debido al déficit heredado de los socialistas. Por eso precisamente es tan importante la reducción del déficit público, señorías, y por eso resulta incoherente su discurso en esta sección con el que tienen en el resto de secciones, pues si bien aquí muestran preocupación por el incremento de la deuda, en el resto de secciones, año tras año, presentan enmiendas que incrementarían el gasto público, es decir, el déficit público y, en consecuencia, la deuda en aproximadamente 10 puntos adicionales por anualidad. Este es el motivo principal por el que no se pueden aceptar la inmensa mayoría de sus enmiendas. Sería deseable un poquito más de coherencia y de honestidad con los españoles al hacer sus propuestas. En segundo lugar, la deuda pública ha aumentado por la necesidad de pagar las facturas que dejaron ustedes sin pagar, señores socialistas, el llamado Plan de pago a proveedores y


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especialmente para sufragar el Estado de bienestar en algunas comunidades autónomas. El conjunto de estos mecanismos de financiación autonómica y de pago de facturas suman más de 160.000 millones de euros a lo largo de esta legislatura.

Señorías, la difícil situación de algunas comunidades autónomas llevó al Ejecutivo a activar el Fondo de liquidez autonómica, conocido como FLA, para socorrer a esas autonomías con problemas de liquidez y sin acceso a los mercados financieros, con créditos para devolverlos en plazos y condiciones más que generosos, pues se hace cargo el Estado del pago de los intereses correspondientes, aliviando así la maltrecha situación de esas comunidades autónomas. Singularmente me gustaría hablar del caso de Cataluña que ha sido la más beneficiada por estos instrumentos de rescate, más de 41.000 millones que han permitido pagar las facturas y, en definitiva, la prestación de los servicios públicos a los catalanes que, de otra forma, el Gobierno de su comunidad autónoma no podría mantener. Señorías, por darles un dato, solo este año y el año que viene la exoneración de intereses de los préstamos facilitados por el Ejecutivo central a Cataluña supondrá un ahorro de más de 2.200 millones de euros. Por lo tanto, el discurso victimista que tienen algunas comunidades autónomas es del todo erróneo, es totalmente falso.

Además de estas dos causas principales, hay algunas más, aunque de menor entidad cuantitativamente hablando. Una ha sido el saneamiento financiero al que hubo que dedicar 40.000 millones, pero que esta vez sí ha logrado sanear nuestro sistema financiero. Otra causa, no menor, del incremento de la deuda pública ha sido el déficit de tarifa eléctrica que los socialistas...

El señor PRESIDENTE: Señor Olano, vaya terminando, por favor.

El señor OLANO VELA: Sí, termino ya, presidente.

... nos dejaron y que ascendía a más de 24.000 millones y que en estos momentos hemos conseguido controlar. Y, finalmente, la solidaridad de la Unión Europea con otros países que tuvieron que ser rescatados: Grecia, Irlanda y Portugal.

Señorías, la recuperación económica, el crecimiento económico y el consiguiente aumento del consumo interno y de la recaudación harán posible que, tal y como se contempla en el cuadro macroeconómico de estos Presupuestos Generales del Estado, poco a poco vayamos reduciendo la deuda pública. El primer año en el que esta deuda pública se aligerará será en el año 2016.

Por último -hago un pequeño inciso-, quiero dar por defendidas todas las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular por si alguno de mis compañeros se olvida de darlas por defendidas en sus intervenciones.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el título VI.

Señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: No tenemos enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Señor Calduch.

El señor CALDUCH CERVERA: Básicamente, en lo que se refiere al título VI, me voy a centrar en dos tipos de enmiendas que van, todas ellas, en la misma línea que señalé al principio de mis anteriores intervenciones y que es buscar compatibilizar la recuperación de la capacidad adquisitiva real de la mayor parte de los ciudadanos con que el sistema sea lo más justo y redistributivo posible. Yo comprendo que la lógica bipartidista lleva a la dialéctica entre los representantes del Partido Popular y el Partido Socialista y eso, sistemáticamente, hace que ignoren algunas de las propuestas que se van haciendo por otros grupos minoritarios, pero eso no significa que las propuestas que hagamos sean por ello menos importantes, aun cuando -repito- comprendo que no se les preste atención. En este sentido, voy a referirme a los dos tipos de enmiendas que hemos presentado.

Uno de ellos pretende reducir y simplificar el sistema de subvenciones y bonificaciones en el impuesto sobre sociedades porque, por un lado, distorsiona la libre competencia en el mercado, privilegiando a unas empresas y a unos sectores económicos respecto de otros y, en segundo lugar, porque genera desigualdades en los grupos sociales, sean empresarios o trabajadores, vinculados a los distintos tipos de empresas. En este sentido, hemos propuesto la supresión de la reducción del impuesto sobre sociedades en un 60 % respecto de las rentas de los activos intangibles. Por otro lado, otro tipo de enmiendas van en la línea de mejorar la capacidad adquisitiva de los sectores más débiles. En este sentido hemos propuesto el aumento del mínimo exento del IRPF a 14.000 euros. A nadie se le oculta que

Título VI


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la mayor parte de los ciudadanos, trabajadores por cuenta ajena o funcionarios y empleados públicos en este país operan sobre rentas reales no de doce pagas sino de catorce. Por tanto, el aumentar, aparentemente poco, estos 2.000 euros anuales en realidad supone un aumento significativo, sobre todo para el sector de rentas más bajas a que se refiere esta enmienda.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i d'Unió, señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: El Grupo Parlamentario de Convergència i d'Unió ha presentado unas cuantas enmiendas a este título VI de normas tributarias. Posiblemente, el final de la legislatura es el momento de hacer un balance de la política fiscal que ha llevado a cabo el Gobierno en estos últimos cuatro años, con una reforma fiscal que se aprobó solo con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular y una política en materia tributaria que ha supuesto un incremento generalizado de tipos en muchos impuestos como el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto sobre sociedades, el IVA e impuestos especiales. Una política en materia fiscal que, desde nuestra perspectiva, no ha apoyado suficientemente a la recuperación económica y a la creación de empleo y que, finalmente, ha supuesto un incremento de recaudación para la Administración General del Estado, únicamente para ella pero no para el resto de administraciones públicas. Por tanto, no hemos compartido, a lo largo de esta legislatura, la política fiscal que ha desarrollado el Gobierno.

En relación con las enmiendas que hemos formulado de tipo tributario, he de decir que algunas están dirigidas a este título VI y es un paquete de enmiendas que ha sido remitido -así lo hemos presentado- por el Cermi en relación con unos cambios muy concretos, sobre todo, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, como la actualización al alza del mínimo por descendientes, la actualización del mínimo por ascendientes o la mejora de los mínimos por descendientes, entre otras enmiendas. Otras muchas enmiendas que hemos formulado han sido incluidas a través de propuestas de nuevas disposiciones finales a la ley de Presupuestos Generales del Estado que, en su momento, ya debatiremos.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular señora Madrazo.

La señora MADRAZO DÍAZ: Pocas novedades hay en materia tributaria en estos Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, porque el Gobierno viene con los deberes hechos. La buena tendencia de nuestra economía ha permitido que podamos bajar los impuestos a los trabajadores, a los autónomos, a los pensionistas y a las familias, gracias a esa reforma fiscal impulsada por el Partido Popular. Las medidas fiscales que incorporan estos presupuestos son escasas y de carácter predominantemente técnico, pero menos novedades vemos aún en las enmiendas que presenta la oposición y que hemos debatido una y otra vez a lo largo de esta legislatura en esta Cámara. Enmiendas como el impuesto sobre grandes fortunas, el impuesto sobre las transacciones financieras, aumentar la tributación por el impuesto sobre sociedades, incrementar las tarifas en IRPF, etcétera, castillos en el aire, más de lo mismo, simple y pura demagogia. Enmiendas y más enmiendas que se pintan sobre el papel sin ninguna viabilidad financiera o económica. Sencillamente, creemos que no tienen un proyecto alternativo de futuro para España y, sobre todo, quiero decir al Partido Socialista que le falta credibilidad para plantear una reforma fiscal alternativa. Porque los resultados están ahí, y donde antes había recesión económica y destrucción de empleo ahora España está a la cabeza de Europa en crecimiento y en creación de empleo. Al Partido Socialista le falta credibilidad porque nos dejó una penosa herencia con una recaudación fiscal en mínimos históricos, un déficit encubierto de 30.000 millones de euros y facturas impagadas en los cajones. Credibilidad cero porque el PSOE asegura en sus enmiendas que podrían lograr hasta 11.000 millones de euros extras mediante una subida de impuestos a ciudadanos y empresas. Esto no es más que fuegos de artificio y castillos en el aire, como decía antes, señores socialistas, porque su proyecto alternativo está construido a base de demagogia, a base de engañar a los españoles y contrasta con lo que hicieron ustedes cuando gobernaron. Les falta credibilidad y les sobra demagogia en materia fiscal.

Frente a lo que hizo el Partido Socialista, el Partido Popular cierra la legislatura presentando unos presupuestos que demuestran que la política fiscal que ha desarrollado el Gobierno, a lo largo de la legislatura, ha sido la acertada. Hemos sido capaces de cambiar la tendencia de nuestra economía e ir dejando poco a poco atrás la mayor crisis económica de nuestro país. Nuestra economía crece a un ritmo del 3,3 % y vamos a crear -anoten bien esta cifra- más de un millón de empleos entre 2014 y 2015 (Varios señores diputados: Hala, hala) y, además, estamos creciendo tres veces más que el resto de


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Europa. Además, podemos terminar la legislatura aumentado el bienestar de todos los españoles e inyectando en los bolsillos de familias y empresas 9.000 millones de euros que están permitiendo incrementar el consumo y la inversión, lo que se traduce en crecimiento económico, creación de empleo y mayor recaudación fiscal.

Frente a su obstinación en reconocer esta realidad están las cifras, que son el mejor aval de la gestión de este Gobierno. La recaudación tributaria en España crece por encima del 5 % y, la recaudación del IVA que pagan las pymes, las pequeñas y medianas empresas, está creciendo a ritmos superiores al 12 %. Estas cifras revelan dos realidades que ustedes se empeñan en negar: Primera, que hay una recuperación económica muy sólida y, segunda, que este Gobierno con las medidas normativas aprobadas y con el magnífico trabajo que ha llevado a cabo la Agencia Tributaria está luchando con gran eficacia contra el fraude fiscal, porque es imposible explicar incrementos de recaudación como los que se están produciendo únicamente por el crecimiento de nuestra economía. En los tres años y medio de la presente legislatura se han recaudado más de 41.000 millones de euros, lo que supone 5.000 millones de euros más en la lucha contra el fraude que en los cuatro años de Gobierno socialista. -Voy terminando, señorías-. En nuestro ADN político está seguir bajando los impuestos para estimular la actividad económica y el empleo; en el de otros partidos de la oposición, está subir impuestos y derrochar en gastos improductivos. Por todo ello, vamos a votar en contra de sus enmiendas a este título VI. Ustedes apuestan por subir impuestos a los españoles; nosotros, el Partido Popular, vamos a seguir apostando -con estos presupuestos lo hacemos- por menos impuestos, más crecimiento y más empleo, que para nosotros es la mejor política social.

Por último, no quiero finalizar sin decir que doy por defendidas las enmiendas presentadas por mi grupo a este título VI. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Voy a corregir la línea que he mantenido hasta ahora en el sentido de que a partir de este momento, como ocurrirá a continuación, daré la palabra al Grupo Socialista para que fije posición, puesto que no tenía enmiendas, pero la cambiaré para que sea siempre el Grupo Popular quien cierre el turno. (Rumores).

Señora Vázquez Morillo.

La señora VÁZQUEZ MORILLO: Nosotros hemos presentado enmiendas a las normas tributarias a través de disposiciones adicionales nuevas, que siempre se han defendido en el título VI, que es lo que haré rápidamente en este turno que me ha dado el presidente.

He escuchado a la señora Madrazo, y es que viven en un mundo feliz, están muy satisfechos de lo que está pasando. Es verdad que la economía está creciendo, no lo negamos; nosotros no negamos el crecimiento, lo que sí negamos es que esté creciendo para todos, que los beneficios del crecimiento lo estén notando todos los ciudadanos. Lo están notando quienes lo están notando. Aquí todo el mundo, ... (La señora Madrazo Díaz: ¡Un millón de empleos!). Bueno, no le voy a contestar, voy a ceñirme a lo mío.

Nosotros hemos presentado una serie de enmiendas a las normas tributarias para modificar este sistema tributario que ha quedado tras este sube y baja al que han estado jugando con los impuestos a lo largo de la legislatura. En su programa prometieron una bajada de impuestos -¿verdad que sí?- y luego, cuando ya les habían dado los votos con esas promesas, se los subieron a todo el mundo. Ahora que se vuelven a aproximar las elecciones, vuelven a bajar los impuestos; eso sí, se los bajan sobre todo a las rentas más altas y eso no lo pueden ustedes discutir. Nosotros hemos presentado quince enmiendas a las normas tributarias, aun sabiendo que ninguna será aceptada. Señorías, recuerdo el debate de presupuestos de otras legislaturas y ha pasado de ser uno de los más importantes de cada año a ser el más estéril de todos. Es un debate importante porque es donde el Gobierno declara sobre qué política tributaria va a hacer, qué política económica, industrial, etcétera, pero también es importante porque los grupos presentamos enmiendas y se llega a acuerdos con el grupo del Gobierno. Nada de eso ocurre. Dicen los antiguos del lugar que estos acuerdos pasaban hasta con la mayoría absoluta de Aznar. Con la de Rajoy, se la han pasado por encima porque no aprueban prácticamente ninguna de los miles de enmiendas que presenta la oposición: tres un año, dos en otro, dos en otro, pero somos responsables y por eso lo hacemos.

Nuestras enmiendas persiguen -lo volvemos a decir- lograr un sistema fiscal progresivo y que pague más quien más tiene, esos que están ganando más con el crecimiento de la economía: las empresas del Ibex, los grandes patrimonios. A esos es a los que hay que subirles los impuestos. Hacemos, en este sentido, enmiendas al IRPF; al impuesto sobre sociedades, para recuperar el 30 % del tipo general; volvemos a proponer el impuesto transitorio de las grandes fortunas, hasta que se haga una reforma fiscal que


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contemple un impuesto que grave la riqueza, independientemente de dónde se haya obtenido. Incluimos también un cambio en la fiscalidad de las Sicav. Oiga, si no hemos hecho algunas cosas en otras legislaturas o si algunas las hemos mal, ¡no las copien ustedes! Porque dicen ustedes: es que ustedes también lo hicieron. Pues si no les gustaba, no copien lo que hicimos mal. Volvemos a proponer un 5 % de IVA para la cultura; volvemos a proponer un IVA superreducido para el material escolar porque no han perdido oportunidad, en toda la legislatura, de encarecer la cultura y la educación; además de que esto me parece una torpeza, económicamente hablando, me recuerda a otros tiempos: la educación para quien se la pueda pagar; porque así tiene más poder quien más educación tiene. Proponemos igualarnos en fiscalidad medioambiental a la media de la Unión Europea -con el permiso del primo del presidente (Risas)-.

Como no podré referirme a todas las enmiendas, no quiero dejar de hablar de la que presentamos para combatir la economía sumergida y el fraude fiscal. Porque ustedes están muy satisfechos, pero vuelvo a decir aquí que ustedes no han subido tanto la recaudación por fraude fiscal, no. Es un crecimiento sostenido -insisto-, y así lo llegó a decir el director de la Agencia Tributaria. Proponemos subir en 5.000 los efectivos de la Agencia Tributaria en los próximos cuatro años. Cuando el Gobierno del Partido Popular cogió la Agencia Tributaria ésta tenía 27.660 personas trabajando; ahora mismo tiene, dicho por el director de la agencia, 25.176, y en el presupuesto para el 2016 se proponen bajarlo aún más: a 24.600 personas. El Gobierno del próximo año subirá los primeros 1.000, y ese Gobierno espero que no sea el de ustedes.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al título VII.

Señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señor presidente, doy por defendidas las dos enmiendas presentadas a esta sección.

El señor PRESIDENTE: Se lo agradezco.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señor Calduch.

El señor CALDUCH CERVERA: Hemos presentado dos tipos de enmiendas. A nadie se le oculta que nuestro grupo parlamentario es el que mantiene una posición más claramente definida, y distinta de la del resto de grupos parlamentarios, en lo que afecta a los entes territoriales y en particular a las comunidades autónomas. En este sentido, hemos presentado una enmienda de supresión al artículo 93, precisamente porque nos oponemos a los regímenes fiscales especiales del País Vasco y de Navarra.

Consideramos que la perpetuación año tras año -y soy consciente de que eso tiene obviamente todo el respaldo jurídico, pero también es bien conocido que nuestro partido defiende la modificación de la Constitución precisamente, entre otras cosas, para abolir esos regímenes fiscales especiales, que por cierto también contribuyen a que otras comunidades autónomas empiecen ya a reclamarlos para sí, lo cual nos llevaría obviamente a una fragmentación total del régimen fiscal de este país-. El mantenimiento de este artículo para lo único que sirve es para perpetuar las desigualdades entre los ciudadanos. Sí, en cambio, admitimos otros regímenes fiscales especiales que lo son no por razones históricas, sino por razones objetivas, como es el caso de las islas Canarias o los enclaves de Ceuta y Melilla. (Rumores). El otro tipo de enmiendas que presentamos tiene que ver con el sistema desvirtuado que se ha generado de financiación de las comunidades autónomas. Antes el representante del Grupo Popular alegaba que han tenido que recurrir a créditos extraordinarios a través de fondos como el Fondo de liquidez autonómica, etcétera, para saldar las deudas que estaban acumuladas por las comunidades autónomas, pero lo cierto es que esa fórmula que el Partido Popular ha introducido, y que ha hecho aumentar la deuda, es una fórmula perversa porque esos fondos no son finalistas. Esos créditos que se asignan y se entregan a las comunidades autónomas no son finalistas, van a pagar unas deudas que las comunidades autónomas deciden libremente (El señor Matarí Sáez: ¡No!) y que, como ya hemos podido comprobar en el caso catalán y en otros muchos casos, lejos de haberse destinado a satisfacer las políticas sociales y las prestaciones sociales de sus ciudadanos, han ido a cubrir los gastos y siguen yendo a cubrir gastos extraordinarios como las campañas independentistas. Frente a eso, proponemos una enmienda que tiene como finalidad reforzar los fondos de compensación interterritorial porque esos fondos son finalistas y, para eso, proponemos la creación de una comisión de estudio que haga el seguimiento y permita evitar las desviaciones de las cantidades que vayan canalizadas a través de este Fondo de compensación interterritorial. (El señor Márquez de la Rubia pide la palabra).

Título VII


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El señor PRESIDENTE: Señor Márquez, ¿qué desea?

El señor MÁRQUEZ DE LA RUBIA: Señor presidente, con su permiso, quería hacer referencia a la intervención del anterior portavoz y me gustaría que retirara la palabra: enclaves, en referencia a las ciudades de Ceuta y Melilla para acoger su denominación oficial de ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. No son enclaves. (Aplausos.-El señor Calduch Cervera pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Señor Calduch.

El señor CALDUCH CERVERA: Quiero aclarar al interviniente que cuando he hecho la referencia a enclaves estaba directamente vinculado en mi exposición a las circunstancias objetivas que explican la naturaleza distinta del régimen fiscal. Por tanto, lamento mucho decirle que en el derecho internacional público el término enclave está perfectamente recogido y no me estaba refiriendo a la designación normativa de esas ciudades, sino a las circunstancias especiales que justifican el régimen especial. (El señor Márquez de la Rubia pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Señor Márquez.

El señor MÁRQUEZ DE LA RUBIA: No hay distinción alguna entre el régimen económico fiscal y especial de ciertos territorios de España entre los cuales están el País Vasco, la Comunidad Autónoma de Navarra o la Comunidad de las Islas Canarias, con utilizar la denominación oficial que tienen esos territorios. Por tanto, sería una cuestión de sensibilidad para con las poblaciones de ambos territorios denominarlas tal y como la Constitución dice: ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. (El señor Calduch Cervera pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Señor Calduch.

El señor CALDUCH CERVERA: Señor presidente, he explicado el sentido exacto de mi denominación y no retiro lo que acabo de decir.

El señor PRESIDENTE: Consta en el "Diario de Sesiones" su petición y sus reflexiones y también la reafirmación del señor Calduch

En nombre del Grupo de La Izquierda Plural, señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Intervengo para defender una enmienda que hemos presentado a este título VII, Entes territoriales, relativa a la propuesta que hacemos desde mi grupo parlamentario, La Izquierda Plural, de creación de un fondo especial de financiación de los municipios con población no superior a 20.000 habitantes. Mi grupo parlamentario no ha querido plantear en este presupuesto, al igual que lo han hecho otros grupos, una especie de maremágnum de enmiendas en el cual volcar los programas electorales,porque entendíamos que ese no era nuestro papel en este momento, aunque sí que lo ha sido el del Partido Popular porque sí que está haciendo una especie de mitin preelectoral con estos Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. Por eso hemos planteado una única enmienda, que nos ha parecido sustancial e importantísima, para esos ayuntamientos pequeños y medianos de menos de 20.000 habitantes que tienen una financiación por habitante muchas veces insuficiente para los servicios que están dando y que todavía continuando dando, a pesar de la reforma que el Partido Popular en esta legislatura. Proponemos una serie de medidas, de números, pero lo que queremos básicamente es que nunca la financiación estatal derivada de los impuestos básicos del Estado esté por debajo de los 154 euros por habitante en estos municipios pequeños y medianos y por eso hemos planteado la necesidad de creación de este fondo especial de financiación.

Nos encantaría que alguna de las enmiendas que está planteando alguno de los grupos fuese aprobada por el grupo mayoritario, aunque nos tememos que no, que estamos ante un ejercicio poco práctico de debate parlamentario porque el Grupo Parlamentario Popular sigue haciendo valer su rodillo, un rodillo ya espurio a estas alturas de la legislatura, y que ninguna de las enmiendas que estamos planteando desde mi grupo parlamentario va a ser aprobada. No obstante, entendemos que esta cuestión del fondo especial de financiación para pequeños y medianos ayuntamientos es una cuestión básica en lo que respecta a la Administración del Estado a estas alturas.


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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Macias.

El señor MACIAS I ARAU: Nuestro grupo presenta cinco enmiendas al título VII con objetivos distintos. En primer lugar, para respetar el ámbito competencial y además para respetar -ahora que está de moda- las sentencias del Tribunal Constitucional y, por tanto, como las competencias en materia de movilidad y sostenibilidad son de las comunidades autónomas, hay que eliminar, para dar cumplimiento a lo que dice el Tribunal Constitucional, la exigencia de que los planes de movilidad sostenible que desarrollen los ayuntamientos deban vincularse a la estrategia española de movilidad sostenible. Me parece que esto es simplemente que se cumpla la ley. En segundo lugar, nosotros pedimos que se mantenga lo que fue el Fondo especial de financiación a favor de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, que son los que siempre están sufriendo más dificultades para cuadrar sus cuentas públicas. Los otros tres hacen referencia al sistema de financiación autonómica e intentan garantizar que todas aquellas medidas que tome el Estado para financiarse no perjudiquen a las comunidades autónomas; es decir, si el Estado modifica los tipos impositivos estatales de los impuestos especiales o el IVA, que ello tenga un efecto neutral sobre la financiación de las comunidades autónomas; o sea, si el Estado sube el IVA, las comunidades autónomas que presten servicios tienen que pagar más y no se ven beneficiadas en absoluto de la mayor recaudación, porque el Estado se queda la totalidad de lo recaudado, y las comunidades autónomas no solo no se benefician de esta subida impositiva, sino que tienen que contribuir más a las arcas del Estado. Parece que esto es un sinsentido y pedimos que se subsane. Algo parecido ocurriría con aquello que tenga que ver con el aumento de los tipos de los impuestos especiales.

Hay una cuestión que nos parece especialmente relevante y a ello dedicamos la enmienda 3519, en la que pedimos que los recursos adicionales que aporta el gravamen complementario de la cuota íntegra estatal del IRPF se destinen a la provisión de los servicios de educación, sanidad y servicios sociales que recaen sobre las comunidades autónomas. Después del discurso del ministro Montoro diciendo que estos presupuestos eran tan y tan recontrasociales, estaría bien que hubiera una mínima sensibilidad, de forma que aquello que el Estado recauda de más por un gravamen complementario pudiera dedicarse precisamente a estos servicios de educación, sanidad y servicios sociales que recaen en las comunidades autónomas.

Nos parece que son enmiendas de estricta justicia y además son muy lógicas. Esto, en un contexto normal, haría que fueran aprobadas, pero en este contexto espectacular de fin de mandato en que nos encontramos, parece que todo aquello que es lógico y democrático conlleva el voto contrario del Partido Popular. Para que conste en el "Diario de Sesiones" al menos, vamos a seguir defendiendo la racionalidad y el cumplimiento de la ley.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Hurtado.

El señor HURTADO ZURERA: Nosotros también vamos a votar en contra de este título VII. Las razones son reiteradas, bastante reiteradas, puesto que el inmovilismo del Gobierno en ese sentido es alarmante, diría yo, y se lo está haciendo pasar cada día peor a las comunidades autónomas y a los entes locales, porque exige objetivos de déficit público inalcanzables, inalcanzables. Algunas comunidades han duplicado el objetivo de 2015 ya, por ejemplo, la Comunidad Valenciana o la de Murcia. Y por otra parte, restringe de forma reiterada su financiación. Para el proyecto de presupuestos de 2016, para el próximo año, se mantiene el sistema de financiación autonómica y local, y seguimos insistiendo en que dicho sistema no solamente ha puesto de manifiesto la necesidad de importantes ajustes, sino que el Gobierno está aplicándolo de forma intencionada y regularmente, y es un sistema de financiación que no garantiza el principio de suficiencia financiera de los entes locales ni el principio de suficiencia financiera de las comunidades autónomas.

Por tanto, entre objetivos de déficit y de estabilidad inalcanzables y lo que son restricciones en las transferencias en cuanto a la financiación, la situación cada día es más dramática. Y también es reiterada, porque siguen ustedes insistiendo en no cumplir con la ley, no cumplir con los estatutos de autonomía de seis comunidades. Por ejemplo, en Andalucía hay 2.500 millones de euros que no se han invertido, con el no cumplimiento de la disposición adicional tercera del estatuto. Y con Cataluña, Castilla y León, Baleares, Extremadura, Aragón, son seis comunidades que tienen establecido en su estatuto -legalmente establecido, y aprobado por el Parlamento español- lo que son cuotas a nivel de inversiones, y siguen ustedes sin cumplir con ello, siguen manteniendo congelado el Fondo de compensación interterritorial. En el caso de Andalucía, por ejemplo, Zapatero dejó el fondo en 245 millones de euros y para 2016 tiene


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asignados 116 millones de euros menos que en 2011. El Fondo de compensación interterritorial es el claro ejemplo del esfuerzo inversor del Estado para garantizar el equilibrio de los territorios, y ustedes lo congelan, pero lo congelan de forma intencionada, no haciendo bien los cálculos.

Nosotros establecemos una disposición adicional para cambiar de regulación, pero exigimos la aplicación de la actual normativa y, eso significa, que el fondo tiene que estar en función de las inversiones no solamente de los ministerios, sino también de las agencias y de las sociedades mercantiles. Eliminan ustedes las inversiones de las agencias y de las sociedades mercantiles para congelar ese Fondo de compensación interterritorial. También incluimos una disposición adicional, a través una enmienda fundamental, para crear dos fondos de compensación: uno de 2.008 millones de euros para las inversiones genéricas en todo el territorio español y, otro específico, para distribuir entre las comunidades autónomas de 646 millones de euros. El Fondo de compensación interterritorial garantiza el esfuerzo inversor en función de los niveles de desarrollo y de las necesidades de inversión de los distintos territorios. En las distintas disposiciones adicionales incluimos una relación de inversiones promovidas por las propias comunidades autónomas -esas seis comunidades autónomas- para compensar el déficit de inversión y de financiación producidos por el incumplimiento de sus estatutos, así como la necesidad de un plan de desarrollo rural, dotándolo de un fondo de cien millones a distribuir entre las comunidades autónomas, y de planes de empleo específicos. Para Andalucía, un plan de empleo de 200 millones de euros; para Castilla-La Mancha, de cien millones y para Extremadura, de 25 millones.

El señor PRESIDENTE: Señor Hurtado.

El señor HURTADO ZURERA: Concluyo, presidente.

Asimismo, proponemos un fondo de 1.000 millones de euros más para políticas activas de empleo. En definitiva, votamos en contra de nuevo de una dinámica de inercia y de acoso a la financiación de las comunidades autónomas y de los entes locales, así como de incumplimiento reiterado de la ley.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, señor Matarí.

El señor MATARÍ SÁEZ: Aunque ha sido ampliamente justificada la decisión, a mi juicio responsable, del Gobierno de presentar para su aprobación los Presupuestos Generales del Estado para 2016, lo primero que quiero decir es que esta decisión es especialmente beneficiosa para las comunidades autónomas y para las corporaciones locales españolas porque van a poder hacer sus presupuestos conociendo las transferencias que recibirán en 2016, cosa que no sucedió en 2011. Estos presupuestos que se van a aprobar con el respaldo del Partido Popular van a suponer, señor Hurtado, 11.000 millones de euros más para comunidades autónomas y ayuntamientos. No sé qué presupuestos se ha leído usted, porque los presupuestos de 2016 recogen el mayor incremento que se ha producido en esta legislatura de los recursos destinados a la financiación de los entes territoriales, lo que sin duda mejorará la financiación de servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación y los servicios sociales, porque a ellos destinan las comunidades autónomas y los ayuntamientos casi el 80 % de su presupuesto. Y a ustedes les parece mal que se aprueben estos presupuestos.

Pues bien, la financiación territorial se incrementa en algo más de 8.000 millones de euros, en concreto en nuestras comunidades autónomas 7.400 más 3.000 millones de ahorro de intereses, y 542 para los ayuntamientos. Señorías, insisto, 11.000 millones de euros más para comunidades autónomas y entidades locales en 2016; sin estos presupuestos, como ustedes quisieran, no contarían con ellos ni nuestras comunidades ni nuestros ayuntamientos y demás entes locales. Señorías, teniendo en cuenta estos datos de incremento de financiación, lógicamente la posición de nuestro grupo tiene que ser contraria a las enmiendas presentadas por los distintos grupos que pretenden incrementar de una u otra manera la financiación territorial. Ustedes presentan prácticamente las mismas enmiendas que en 2012, que en 2013, que en 2014 y que en 2015 (El señor Hurtado Zurera: !No los habéis cambiado!), sin tener en cuenta cómo han mejorado -señor Hurtado, léase los presupuestos- la financiación y la liquidez de las administraciones territoriales en estos cuatro años: un 12 % entre 2011 y 2016 y 180.000 millones para financiar, señor Calduch, los servicios públicos de comunidades autónomas y ayuntamientos, porque el 70 % de esos fondos se han destinado a pagar a proveedores de dichos servicios públicos esenciales. En fin, en nuestra opinión no se justifican ni fondos especiales, ni recursos para planes provinciales, ni incremento de subvenciones, ni nuevas transferencias, porque, por ejemplo, la financiación de ayuntamientos y diputaciones se ha incrementado a lo largo de esta legislatura un 22 %, 3.300 millones de euros.


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Y ahora me referiré a algunas enmiendas concretas -las de todos los años-, aquellas que proponen inversiones para el cumplimiento de las disposiciones adicionales. Se han referido a ellas el señor Rangel, la señora Sumelzo y también el señor Hurtado, y les digo lo mismo que les dije en 2013, en 2014 y en 2015: respetamos los estatutos de autonomía y también respetamos las sentencias del Tribunal Constitucional. No discutimos la vigencia de esas disposiciones, lo hemos dicho durante estos años. Las disposiciones se respetan y hay que respetarlas en los términos que ha interpretado el Tribunal Constitucional al decir en su sentencia que estas disposiciones no vinculan al Estado en la definición de su política de inversiones ni pueden condicionar la voluntad del Legislativo cuando determina los Presupuestos Generales del Estado. Pero además este año hay una novedad más porque hay una reciente sentencia de la Audiencia Nacional que ha rechazado que el Gobierno de España esté obligado a abonar a la Generalitat de Catalunya 750 millones que reclamaba en incumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía. Señorías, la deuda no existe y las sentencias efectivamente hay que cumplirlas.

Como no es posible entrar en el detalle de las enmiendas, me referiré muy rápidamente a algunas relativas a Andalucía porque desde luego la intervención del señor Hurtado es muy curiosa. Andalucía, como siempre con los Gobiernos del Partido Popular, es la comunidad que más inversiones recibe del Gobierno -1.922 millones de euros-, es la segunda comunidad que más financiación territorial recibe -17.121 millones-, con un 11 % más que el año pasado, 512 millones más que hay que sumar por los ahorros de los tipos de interés. Unos mecanismos por los que Andalucía ha recibido a lo largo de esta legislatura 28.000 millones de euros, más 4.000 millones de ahorro -como digo- de los tipos de interés. ¿Y ahora dicen ustedes que no se cumple el sistema de financiación? Pero, señor Hurtado, ¿quién aprobó ese sistema de financiación? Si lo aprobaron ustedes con el señor Zapatero, siendo además consejera de Presidencia en Andalucía la señora Díaz, y ahora están todo el día quejándose del sistema de financiación.

Termino. Se ha referido usted a una enmienda concreta de 200 millones para un plan de empleo para Andalucía. Hay que tener muy poca vergüenza para presentar esa enmienda cuando la Junta de Andalucía entre 2012 y 2013 ha dejado de invertir, de gastarse, justamente 240 millones de euros que el Ministerio de Empleo le ha transferido para políticas activas de empleo. (Aplausos). No se lo gastan, tienen que devolverlo y ahora presentan una enmienda para que se apruebe en esta Cámara. Señorías, hay que ser un poco más serios, déjense ustedes de tanta demagogia y de tanto cuento porque el cuento va a llegar a su fin creo que muy pronto. (Aplausos.-El señor Hurtado Zurera pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Sí, señoría.

El señor HURTADO ZURERA: Señor presidente, por cuestiones de forma me gustaría que el señor Matarí retirase lo de la vergüenza. Creo que los insultos sobran en un debate parlamentario y son innecesarios.

El señor PRESIDENTE: Señor Matarí.

El señor MATARÍ SÁEZ: Señor presidente, no tengo ningún inconveniente en retirarlo por el afecto y el cariño que le tengo al señor Hurtado. No me refería a vergüenza en el sentido personal sino a la vergüenza política de presentar una cosa sabiendo que la Junta no ha gestionado convenientemente esos 240 millones de euros.

El señor PRESIDENTE: Se lo agradezco. Así constará en el "Diario de Sesiones".

Los distintos portavoces, en los títulos del proyecto que hemos visto hasta ahora, han hecho en ocasiones referencia a las disposiciones adicionales, transitorias y finales del proyecto. En todo caso, hago una ronda rápida más corta por si quieren hacer alguna referencia adicional.

Señora Fernández Davila, tiene la palabra, por si quiere hacer algún comentario sobre las enmiendas a las disposiciones adicionales, transitorias y finales. (El señor Macias i Arau: Hay muchas enmiendas, muchas). Muchas, pero algunos de los intervinientes ya han hecho referencia a algunas de ellas.

Señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señor presidente, sí quería hacer referencia a algunas de las enmiendas presentadas a las disposiciones adicionales. Una de ellas, la enmienda 3315, tiene por objeto incrementar las plazas de reposición del sistema judicial, concretamente para jueces. Entendemos que es una necesidad que ya se ha manifestado en diferentes ocasiones, incluso desde sectores de la judicatura

Disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias, finales y anexos


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y del Poder Judicial. Nos gustaría destacar especialmente la enmienda 3317, que es de supresión de la disposición adicional quincuagésima octava, que limita, bloquea la aplicación de la Ley de la Dependencia. Entendemos que ya es momento de suprimir esta disposición adicional porque consideramos que no se puede seguir sin llevar a cabo las medidas que se contemplan en la Ley de Dependencia, cosa que está ocurriendo estos últimos años. Hay dos enmiendas, la 3318 y la 3319, que están relacionadas con medidas fiscales, como algunas de las que presentamos al título VI, y que tienen como objeto una mayor progresividad en el sistema fiscal del Estado español, dándole al mismo tiempo mayor equilibrio y sobre todo progresividad. En este caso se habla de una enmienda relacionada con los gravámenes de las Sicav, que entendemos que deben ser incrementados, del mismo modo que entendemos que se debe crear un impuesto a las grandes fortunas, como ya hemos dicho en otras ocasiones, y si no a las grandes fortunas, a los patrimonios que superen los 600.000 euros anuales. Esto ya lo hemos manifestado en otras ocasiones y, por lo tanto, seguimos manteniendo estas enmiendas porque darían a nuestro sistema fiscal mayor equidad.

En relación con nuestra enmienda 3321, el Grupo Parlamentario Popular, que es quien en estos momentos puede aceptar enmiendas, debería tener una mayor sensibilidad hacia lo que se pretende con ella, que es justamente rebajar el IVA para el sector agrario, y decimos de manera especial en este momento porque, como ustedes saben, hay una situación de crisis tan grave que ha llevado a los agricultores, pero fundamentalmente a los ganaderos, a unas movilizaciones en todo el territorio del Estado, y de manera especial en Galicia, por la gravísima crisis que están sufriendo por el bajo precio de la leche. Por lo tanto, nos parece importante que se tenga en cuenta para este año 2016 una rebaja del IVA, concretamente en aquellos aspectos relacionados con los útiles que este sector utiliza para la producción, con lo cual se podrían paliar algunos gastos de producción y minimizar las pérdidas que están teniendo en estos momentos.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco, el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Nuestro grupo ha presentado cinco enmiendas a las disposiciones adicionales y finales; concretamente, tres a las adicionales y dos a las finales. La primera de ellas, la enmienda 237, plantea que, dado que en esa disposición adicional se habla de la concesión de subvenciones o de la suscripción de convenios con comunidades autónomas, se respete el marco legal existente, que en nuestro caso es el marco de la foralidad, a la hora de aplicar estas condiciones en la Comunidad Autónoma del País Vasco o también en la Comunidad Foral de Navarra. En la enmienda 241, relativa a la Ley General de Subvenciones, planteamos una disposición final tercera bis en la que se incorpore una cláusula con el mismo fin de respeto al marco actual; además, es una cláusula que en estas leyes de referencia está perfectamente contemplada.

Por otra parte, hemos presentado la enmienda 238, relativa al tema de la Ertzaintza -me había referido al hablar de la primera enmienda al texto del articulado-, con la que pretendemos que se respete estrictamente lo establecido en relación con la dotación de plazas de la Ertzaintza por la Junta de Seguridad porque así se establece en el artículo 17 del Estatuto de Autonomía y así debe ser.

También hemos presentado la enmienda número 240, que pretende equiparar a los trabajadores públicos del cualquier Administración, y la 239, ante lo que debe de ser un error o de lo contrario me imagino que habría que ajustar las cantidades cuando se establezca el cupo a pagar. Es decir, no se ha tenido en cuenta en la disposición adicional septuagésima del proyecto de ley de presupuestos la transferencia de las políticas activas de empleo en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco. El hecho de no tenerlo en cuenta -no me voy a meter en partidas muy concretas por cuestiones técnicas- lo que haría es que, en cuanto al porcentaje del índice de imputación utilizado para el cálculo del cupo, habría que reducir de ese cupo a pagar lo que correspondería de asignar esta partida como corresponde, atendiendo a la transferencia realizada el 28 de octubre de 2010.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Calduch.

El señor CALDUCH CERVERA: Como habrá comprobado, he procurado ser sucinto en mis anteriores intervenciones. En este caso, dado el número importante de enmiendas que hemos presentado a las disposiciones adicionales, finales y derogatorias, quiero dejar claro, en primer lugar, que doy por defendidas todas aquellas a las que no haga referencia de manera expresa. En segundo lugar, voy a ir desgranando algunas de las que considero más importantes. Por ejemplo, la enmienda a la disposición adicional


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cuadragésima, por la que proponemos un aumento de 12 millones para el Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema para la autonomía y atención a la dependencia, porque es curioso cómo todo lo relativo a dicho sistema ha sido sistemáticamente mermado, salvo en los presupuestos de 2016, donde ya se prevé un aumento de las prestaciones a la dependencia, pero curiosamente no un aumento suficiente en los sistemas de infraestructuras y servicios. La enmienda a la disposición adicional sexagésima cuarta propone un aumento del 5 % en el salario mínimo interprofesional y en el Iprem. La enmienda a la disposición adicional septuagésima primera propone la inclusión de los trabajadores autónomos o por cuenta propia en el sistema de formación, garantizando al menos el 5 % de los fondos previstos para la formación de estos colectivos. La enmienda a la disposición adicional septuagésima cuarta propone la creación de la agencia estatal para la investigación, que ya estaba prevista en la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación y que todavía no ha sido puesta en marcha cuando no requeriría aumento presupuestario.

Es muy significativa y nueva la disposición adicional que proponemos por la que se establezca un plan nacional de lucha contra la pobreza infantil, y hay nuevas disposiciones adicionales para defender la reforma constitucional que lleve a cabo la abolición de los regímenes fiscales a los que ya he hecho referencia; la fusión de ayuntamientos y disolución de diputaciones provinciales; la revisión de las operaciones de comercialización preferente de Bankia respecto de los pequeños ahorradores afectados por esta estafa, lo mismo que modificaciones legales para resolver la situación de los pequeños ahorradores afectados por la estafa de Forum Filatélico, Afinsa y Arte y Naturaleza Gespart, que por cierto hacen referencia nada más y nada menos que a medio millón de ciudadanos de este país; una ley que armonice los impuestos de sucesiones y donaciones, algo que en este momento se ha convertido, por la aplicación de la autonomía fiscal de las comunidades autónomas, en un reino de taifas y que lleva a estas distorsiones a las que antes se referían al hablar de la necesidad de aportar financiación por vías extraordinarias a las comunidades autónomas para satisfacer servicios públicos básicos.

Finalmente, una serie de disposiciones adicionales específicamente dirigidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas. Es significativo que en este país, en el que constantemente se está haciendo referencia a la importancia, frente a las amenazas internas y exteriores, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas, todavía tengamos que presentar enmiendas como la que busca la equiparación de las condiciones salariales del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil con las escalas homólogas de las policías autonómicas, o la inclusión en los presupuestos ordinarios de los gastos de participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de paz, o el gasto anual de los programas especiales de armamento.

Por último, y concluyo, hago referencia a una nueva disposición final por la que defendemos la prolongación, obviamente de manera voluntaria, en el servicio activo tras la edad de jubilación de los profesores universitarios, ampliando la disponibilidad actual, que es de dos años, hasta cinco años.

El señor PRESIDENTE: Señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Intervengo para defender las cuarenta y tres enmiendas que mi grupo parlamentario, La Izquierda Plural, ha presentado a las disposiciones adicionales y transitorias. De esas cuarenta y tres enmiendas que defiendo en su conjunto, quisiera destacar al menos una docena, que paso a comentar a sus señorías. La primera que quisiera destacar es la 1951, que plantea la recuperación de la paga extraordinaria; queremos, tal como plantean los Presupuestos Generales del Estado, que alcance de verdad a todos los trabajadores de todos los ámbitos públicos y no se quede ninguno sin la devolución de esa paga extra que tan electoralmente ha adecuado el Partido Popular a la celebración de las próximas generales y para el año que viene; planteamos que no se quede nadie sin esa devolución, esté donde esté dentro de las administraciones públicas.

También quisiera destacar la enmienda 1952, en la misma línea que ha planteado la portavoz del Grupo Mixto: respecto a la oferta de empleo público para el acceso a las carreras judicial y fiscal. Nos parece absolutamente insuficiente ese máximo de 100 plazas y planteamos que se incremente ese máximo hasta las 350, pero que se establezca un mínimo de 300 plazas.

Entre las enmiendas que quiero destacar está también la 1957, que hace referencia a la Iglesia católica. Es una enmienda que mi grupo parlamentario viene presentando a lo largo de esta legislatura e históricamente. Lo que plantea es ni más ni menos que haya un plazo de adaptación por parte de la Iglesia católica a lo que es un compromiso histórico: que en algún momento la Iglesia católica se autofinancie y no dependa de los Presupuestos Generales del Estado. En ese sentido nuestra enmienda plantea que


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a 31 de diciembre del año 2018 la Iglesia católica sea capaz de autofinanciarse. También planteamos en esta misma enmienda 1957 que se termine con lo que nosotros entendemos como exceso que se está cometiendo con la exención del impuesto de bienes inmuebles de que goza la Iglesia católica en absolutamente todas sus propiedades. A 1 de enero del año 2018 debería terminar esa exención indiscriminada y atenerse única y exclusivamente a lo que contempla el concordato mientras este no sea revisado.

La enmienda 1958 plantea una cuestión muy concreta pero que para nosotros es muy importante. Es relativa al tema de las derivaciones y desplazamientos que está habiendo entre pacientes de diversas comunidades autónomas y específicamente en la cuestión de las enfermedades raras cuyo coste de tratamiento es sustancialmente elevado. Nos parece que es un tema importante; no afecta a una gran parte de la población, pero sí afecta de forma muy importante a una minoría que padece esas enfermedades extrañas, raras, y que muchas veces se ven con una dificultad de tratamiento enorme en una comunidad autónoma y tienen que trasladarse a otra. Planteamos que hay una diferencia de tratamiento en el sistema actual en las derivaciones y desplazamientos y pedimos que no haya ningún tipo de discriminación con las personas y las familias que se vean afectadas por una enfermedad rara.

Nuestra enmienda 1963 es para algo que quiero destacar de forma potente, la creación de un fondo estatal de lucha contra la pobreza, porque a pesar de la tan traída y llevada recuperación económica que dice el Partido Popular el nivel de pobreza en la población española sigue siendo absolutamente escandaloso. Planteamos la necesidad de que se cree un fondo estatal, que pretendemos que esté dotado con 150 millones de euros al menos, para tratar de paliar las necesidades de todos aquellos miles y miles de personas a los cuales no llega esa recuperación económica que tanto cacarea el Partido Popular.

Hay otra enmienda muy específica, la 1964, que también quiere destacar mi grupo parlamentario y que hace referencia a la hepatitis C y a los escandalosos beneficios de algunas empresas multinacionales farmacéuticas que quieren gravar al Estado y jugar con la salud de los ciudadanos. No entendemos que la normativa actual mantenga esa capacidad de determinadas farmacéuticas de lucrarse a costa de la salud de algunos y planteamos en esta enmienda 1964 el cambio de la formulación y la posibilidad de fabricación de los medicamentos contra la hepatitis C, para posibilitar su abaratamiento de forma sustancial y que lleguen a la mayoría de la población, dado que, por la actual estructura legal que tiene esta fabricación -y no lo decimos nosotros, lo dice la propia Organización Mundial de la Salud-, a pesar de que los costes de producción son sustancialmente bajos, los precios marcados al final por las multinacionales farmacéuticas son escandalosa e injustificadamente altos. (El señor vicepresidente, Sánchez de Alcázar Ocaña, ocupa la Presidencia).

En la enmienda 1965 planteamos algo que para nosotros es básico, la transparencia de la Casa Real, una transparencia que desde nuestro punto de vista debe basarse, entre otras cosas, en la aplicación a los miembros de la Casa Real que dependen de los Presupuestos Generales del Estado de las mismas obligaciones que tienen en relación con los registros de actividades y bienes las altas autoridades del Estado.

El señor VICEPRESIDENTE (Sánchez de Alcázar Ocaña): Tiene que ir terminando, señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Señor presidente, le ruego su indulgencia dado que en otras secciones no he utilizado el tiempo que tenía asignado y es en esta sección precisamente donde mi grupo parlamentario ha sintetizado buena parte de sus propuestas.

El señor VICEPRESIDENTE (Sánchez de Alcázar Ocaña): Le ruego haga un esfuerzo de síntesis, por favor.

El señor SIXTO IGLESIAS: Trato de hacerlo.

Hablaba de la transparencia, que además en este caso está relacionada con la falta que mi grupo ha detectado de redacción de determinado inventario de Patrimonio Nacional que es, como todas sus señorías saben, la parte del Estado que atiende las necesidades de la Casa Real y que tiene alguna falta de inventario, lo cual sería importante complementarlo con la transparencia en los patrimonios particulares y específicos de los miembros de la Casa Real.

Quisiera señalar que no se nos ha admitido la enmienda 1976 para derogar la Lomce y es una auténtica lástima, pero quiero continuar con cuatro enmiendas que me quedan. La 1971, para que a través del Boletín Oficial del Estado se establezca en el Instituto Nacional de Estadística un nuevo índice de progreso


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social. En este sentido, el ejemplo francés para nosotros es capital. No solamente los índices tienen que servir para hablar de macroeconomía sino que tienen que servir para hablar de las personas y de su situación.

El señor VICEPRESIDENTE (Sánchez de Alcázar Ocaña): Debe terminar, señor Sixto, por favor.

El señor SIXTO IGLESIAS: Concluyo con las tres enmiendas que me quedan. La enmienda 1972 plantea precisamente mejoras para aumentar la progresividad y suficiencia en el sistema tributario. Planteamos una modificación del IRPF, impuesto sobre sociedades, bienes suntuarios, la revisión del IVA, el establecimiento de un impuesto sobre transacciones financieras, un impuesto sobre la riqueza, aumentar la fiscalidad verde y aumentar sustancialmente el personal de la Agencia Tributaria.

La enmienda 1973 establece un sistema de renta mínima garantizada que para mi grupo parlamentario es una cuestión capital en este marco de recuperación que no llega a la mayoría de la población; sigue habiendo mucha población excluida de esa recuperación.

Por último, la enmienda 1974 plantea algo para nosotros también injustificable en este siglo XXI y es la supresión del privilegio de emisión de certificaciones de dominio sobre bienes inmobiliarios por parte de la Iglesia católica; es decir, esa capacidad que han tenido los obispos de ir directamente al registro de la propiedad a inscribir bienes que no son suyos en algunas de las ocasiones y que nos parece algo absolutamente injustificable en pleno siglo XXI.

El señor VICEPRESIDENTE (Sánchez de Alcázar Ocaña): A continuación tiene la palabra el Grupo de Convergència i d'Unió, señor Macias.

El señor MACIAS I ARAU: Voy a dividir el tiempo con el señor Picó.

El Grupo de Convergència i d'Unió tenemos cerca de ochenta enmiendas a las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales y por tanto no vamos a poder, aunque nos lo repartamos como buenos amigos, defenderlas todas. Voy a destacar algunas y luego el señor Picó va a hacer lo propio con otras.

Presentamos una enmienda referida a doblar los recursos destinados al Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo del Sistema de autonomía y atención a la dependencia, lógicamente por los motivos de los que ya hemos dado cuenta: el 20 % lo paga el Estado y el 80 % lo pagan las comunidades autónomas, lo que en estos momentos nos parece que es una auténtica barbaridad y por tanto hay que corregirlo.

Otra enmienda es la destinada a que el Partido Popular pueda cumplir la ley. Se trata de dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo en relación con las competencias de las comunidades autónomas para gestionar los recursos procedentes del 0,7 % de los recursos destinados a fines sociales. Pero, además, dada la situación de pobreza, de necesidades, pedimos que para este ejercicio se pase del 0,7 % al 1 %. También, en el mismo orden de poder luchar eficazmente contra la pobreza, pedimos que se incremente el Iprem, al menos un 1 %, que es la subida de los salarios del personal del servicio público. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Nos parece que es de justicia que este indicador también experimente un cierto aumento.

Quiero anunciar, señor presidente -no sé si hay que retirarla-, que como nuestra enmienda 3545 coincide con la enmienda 4236 del Partido Popular, les ofrecemos que también voten la nuestra porque es exactamente la misma: beneficios fiscales aplicables a la celebración del 25.º aniversario del Teatro del Liceo. Como hay una enmienda coincidente del Partido Popular, si el Partido Popular no quiere votar nuestra enmienda que conste en el "Diario de Sesiones" que es exactamente la misma y estamos contentos de que se pueda dar cumplimiento a esto.

Con la enmienda 3551 pedimos apoyo financiero a las actuaciones en parques científicos y tecnológicos y, sobre todo, una moratoria para los importes pendientes de pago, porque si no, al final, tendremos un país en el que Hacienda se dedique a embargar los parques tecnológicos.

Hay otra enmienda, la 3558, que coincide con la 4227 del Grupo Popular. En ella se propone la ampliación por un año más de la carencia de las instituciones sanitarias cuya titularidad ostenten las administraciones públicas o instituciones sin ánimo de lucro para el pago de una parte de sus deudas con la Seguridad Social anteriores al 31 de diciembre de 1994. Sugerimos que se apruebe la nuestra o bien se dé por subsumida dentro de la 4227 del Grupo Popular.


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Otra de las enmiendas que merece la pena relatar se refiere al cumplimiento de la ley, ya que se insta a hacer efectivo el cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2008, estableciendo una dotación de 750 millones de euros como compensación de lo establecido en dicha disposición. Tenemos otras enmiendas iguales para otros ejercicios, pero como la cifra de esta enmienda fue aprobada en la comisión mixta nos parece que debemos darle cumplimiento.

El señor PRESIDENTE: Señor Picó, el señor Macias ha sido voraz con el tiempo.

El señor PICÓ I AZANZA: Entenderá que 80 enmiendas formuladas por nuestro grupo a estas disposiciones finales, adicionales, transitorias y derogatorias exigen explicar algunas de ellas, no todas.

Una que creemos que es importante es la 3534. Ante los preocupantes índices de riesgo de exclusión social y de pobreza especialmente infantil, nuestro grupo parlamentario -como cada año y nunca se hace- pide que se incremente la cuantía de las prestaciones de la Seguridad Social por hijo a cargo para luchar contra la pobreza infantil. Esta es una medida directa para luchar contra esta lacra.

En relación con la disposición derogatoria, incluimos la derogación de la disposición adicional trigésimo octava y de la disposición final tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, que, recuerdo, rompe el sistema de inmersión lingüística existente en Cataluña y contempla la compensación a las familias que lleven a sus hijos a un centro privado. La posición del Grupo Parlamentario de Convergència i d'Unió ha sido muy clara en relación con este aspecto. Por tanto, pedimos la derogación de estos dos preceptos de la Lomce.

La enmienda 3584 propone una nueva disposición final sobre la modificación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, para la ampliación de la exención de la presentación de dicho impuesto para las pequeñas y medianas entidades sin ánimo de lucro. Quiero recordar al grupo mayoritario el compromiso asumido por el ministro Montoro, a raíz de una moción formulada por el señor Sánchez i Llibre, de dar una solución a este tema, que preocupa muy especialmente al tercer sector. Quiero recordarles que no se ha cumplido y que por tanto los Presupuestos Generales del Estado son la última oportunidad que tenemos para llevarlo a cabo. El tercer sector está muy atento a esta enmienda. Por otro lado, la enmienda 3586 corrige los aumentos de IVA dispuestos en el Real Decreto-ley 20/2012 en el sector de la cultura, en el de los gimnasios y en el de las peluquerías, que ustedes saben perfectamente que serían un buen motor para la reactivación económica.

A instancias de los diputados y diputadas de Unió Democràtica de Catalunya, hemos presentado una disposición final para pedir la ampliación del ámbito de aplicación del régimen de módulos del IRPF para los autónomos, tras la excesiva reducción de los mismos realizada en la reforma fiscal. Asimismo, se establecen beneficios fiscales para promover las actuaciones e inversiones en gestión forestal sostenible, con una deducción del 30 % en el IRPF y en el impuesto sobre sociedades de las inversiones realizadas en fincas forestales destinadas a cumplir con los objetivos previstos en sus correspondientes instrumentos de gestión o planificación forestal.

Para terminar, los diputados y diputadas de Unió Democràtica de Catalunya proponen una disposición final en relación con la modificación de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, por la cual se impulsan incentivos que permitan eximir del pago de este impuesto las donaciones de alimentos a bancos de alimentos o entidades sin ánimo de lucro, a semejanza de los modelos vigentes en países de nuestro más directo entorno.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, señor Caldera.

El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Las enmiendas del Grupo Socialista incluyen un programa dirigido a mejorar la recuperación de la economía española y a impulsar su modernización y la corrección de las desigualdades, triste herencia de esta crisis. Señorías del Grupo Parlamentario Popular, creo que deberíamos plantearnos si hay o no dudas sobre la sostenibilidad del modelo de crecimiento económico español, porque creo que hay dudas, y dudas serias. Si uno descompone los factores del crecimiento podrá comprobar que una parte muy importante de los mismos es exógena. Hoy hemos conocido que la caída del precio del petróleo ha supuesto un menor gasto para la economía española -13.000 millones de euros- en lo que llevamos de año. Si esto no hubiera sido así y a ello no uniéramos la política expansiva monetaria del Banco Central Europeo, probablemente nuestra tasa de crecimiento económico estaría en el 1 % o poco más, en el umbral de la tasa de creación de empleo, radicalmente insuficiente para corregir las gravísimas consecuencias de la crisis económica. Además, las previsiones de los


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organismos internacionales sitúan siempre por debajo la tasa de crecimiento, incluso potencial, de la economía española para los próximos años. Cualquier factor negativo que tiene incidencia en la economía mundial está afectando en estos momentos más proporcionalmente a España que a otros países de similar peso y estructura económica. Todo ello debería preocuparnos, ya sea la situación de China, ya sea la volatilidad de los mercados financieros, porque significa que hay problemas serios con nuestra estructura económica. Esto debería preocuparnos, y como no vemos que en estos presupuestos haya un programa siquiera moderado que vaya en la línea de favorecer estos objetivos, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado más de un centenar de enmiendas destinadas a lo mismo, a favorecer políticas de empleo y programas siquiera modestos de reindustrialización. Nuestro país se está desindustrializando -miren los datos de la última década-, por lo que es absolutamente esencial programar actividades y establecer incentivos que favorezcan la reindustrialización. Hay incentivos también para los sectores innovadores que tienen mayor capacidad tractora de crecimiento de la economía española. Hay algo que se conoce poco por parte de la opinión pública, pero si ustedes cogen la Clasificación Nacional de Actividades Económicas podrán observar que incluso en tiempos de crisis hay una serie de sectores económicos que no han perdido empleo, que no han perdido actividad, pero que están ralentizando la misma. Esto se debe seguramente a la falta de incentivos para favorecer, por ejemplo, la internacionalización de la economía española o para mejorar claramente el impacto económico y multiplicador positivo de los sectores innovadores. Muchos de los incentivos existentes han desaparecido y esto nos preocupa, y mucho. Como no se ven esas iniciativas, las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista contienen un paquete amplio que las favorecería.

La segunda parte tiene que ver con la cohesión social. Señoras y señores diputados, en una sociedad avanzada, en un espacio como el europeo, es ininteligible, aparte de cruel, que haya cientos de miles de familias que queriendo trabajar y no pudiendo hacerlo carezcan de cualquier tipo de ingreso. Hay recursos suficientes en este espacio para garantizar un ingreso mínimo vital; condicionado a la búsqueda activa de empleo, por supuesto, pero lo hay. Esto va a pesar como una losa en el futuro de la sociedad española y va a pesar, y mucho, en los factores de exclusión que tendremos que combatir en el futuro. Pensamos que en los presupuestos hay margen para establecer esta garantía, especialmente dirigida a unidades familiares con hijos.

Por último, hay algunas iniciativas -lo han destacado otros grupos parlamentarios- que tienen que ver con sectores que podríamos calificar de industrias sociales. La Ley de la Dependencia es uno de ellos. No acabamos de entender cómo habiendo un poco más de margen presupuestario no se acentúa la inversión en este sector, señorías, el más intensivo en empleo después de la construcción, un empleo de calidad y difícilmente deslocalizable. Todo son ventajas a la hora de definir un programa más intenso -dado que la aprobación de esa ley mereció el consenso de esta Cámara- que favorecería a las personas necesitadas y además la recuperación económica. Si España tuviera una tasa de empleo similar a la de Suecia -sé que nos llevará mucho tiempo- en este sector, estaríamos hablando de 400.000 empleos. Hoy tenemos aproximadamente ciento y pico mil y por tanto hay un yacimiento excepcional que podemos y debemos conquistar, haciendo además justicia social y un país mejor. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señor Olano, por el Grupo Parlamentario Popular.

El señor OLANO VELA: Señor presidente, el Grupo Parlamentario Popular entiende que resulta poco práctico el debate de las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias, finales y los anexos, toda vez que estamos hablando de un grupo demasiado heterogéneo de temas a tratar, y que resulta más conveniente debatirlos en las propias secciones para tener un mínimo de rigor y discutir con la oposición de la manera que se merece, porque estamos hablando de enmiendas que se refieren a justicia, dependencia, educación, financiación autonómica, régimen tributario, sanidad, libertad religiosa, vivienda, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Función pública, empleo, I+D+i, fusión de ayuntamientos o Fuerzas Armadas, simplemente por citar las que han defendido expresamente los portavoces anteriores.

Me gustaría hacer mención a la intervención del señor Caldera, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Ha dicho que el crecimiento económico en España y la creación de empleo se deben básicamente a factores exógenos. Nada más lejos de la realidad, toda vez que esos factores exógenos influirían de igual manera en cualquiera de los miembros de la Unión Europea y, sin embargo, España crecerá cinco veces más que Francia, siete veces más que Italia y dos veces y media más que la media europea. Si esos factores nos afectan a todos por igual, aquí hemos hecho algo distinto a los demás para que nuestro crecimiento y nuestra creación de empleo sean muy superiores. Por lo tanto, insisto, no son


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factores exógenos. Y si no, se pueden leer todos los informes -del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, incluso de algunos diarios económicos tan prestigiosos como el Financial Times- que hacen mención a las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno del Partido Popular, por el Gobierno del presidente Rajoy.

Por otro lado, las solicitudes que ha hecho al final de su intervención me recordaban mucho al discurso que tiene Podemos, lo cual no deja de sorprendernos; quizá no tanto, porque hoy nos hemos enterado de que comparten asesor económico, gurú económico. (Risas).

Señor presidente, por primera vez cumplo con el límite de tiempo que usted ha impuesto. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olano.

Voy a suspender dos minutos la sesión. Ruego a los portavoces que se acerquen a la Mesa para resolver un tema de ordenación del debate. (Pausa).

Reanudamos el debate con el examen de las secciones 01 a 05 y 08.

Señora Fernández Davila, abre usted el turno.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Doy por defendidas las enmiendas, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Señor Calduch.

El señor CALDUCH CERVERA: Con respecto a las secciones 01 a 05, doy por defendidas las enmiendas, salvo las referencias que voy a hacer a las dos enmiendas a la totalidad.

La primera es a la sección 01, que a diferencia de años anteriores no se debe a la solicitud de reducción del presupuesto de la Casa Real, porque consideramos que ese presupuesto, aunque no ha tenido el mismo recorte que otros ámbitos del Estado, otras instituciones estatales, ha llegado a un límite por debajo del cual la eficacia de una institución como es la Jefatura del Estado sería difícilmente sostenible. Por cierto, tengo que añadir que, desde el punto de vista simbólico, nuestro grupo parlamentario valora la decisión de su majestad el rey de recortarse el 20 % el sueldo, aunque también es verdad que sigue habiendo excesiva opacidad. Ya figura en los Presupuestos Generales del Estado la cantidad total, pero siguen faltando las referencias a las secciones. Eso no es responsabilidad directa de la Casa Real, lo sabemos, sino del Ministerio de Hacienda, pero nuestra enmienda a la totalidad va en la dirección de exigir que la misma transparencia que se requiere al resto de las instituciones del Estado, incluido el Poder Legislativo, se aplique a la Casa Real.

La segunda enmienda a la totalidad se refiere a la sección 02, que tiene que ver precisamente con las Cortes Generales. En principio, el total presupuestado para el año 2016 es equivalente al que se presupuestó hace cuatro años, lo cual significa que ha habido un cierto estancamiento, pero seguimos considerando que hay partidas que no tienen justificación, por ejemplo, la partida destinada a las traducciones de los distintos idiomas de las comunidades autónomas en el Senado. Si existe una lengua oficial para todo el Estado español, no tiene sentido seguir gastando dinero en unas traducciones en ese órgano y la prueba es que en el Congreso de los Diputados no las hay. Esto demuestra la paradoja. Si el Senado fuese realmente la cámara de representación territorial que nuestro partido siempre ha defendido, tal vez entenderíamos que hubiese ese gasto presupuestario.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Intervengo para defender las enmiendas que mi grupo parlamentario ha presentado a estas secciones 01 a 05 y 08. Sobre todo quisiera destacar la número 1995, que plantea una reducción en el presupuesto destinado a la Casa Real. Es una reducción del 20 %, que mi grupo parlamentario entiende que es absolutamente razonable en una política presupuestaria como la impulsada por el Gobierno del Partido Popular, que durante esta legislatura ha continuado ahondando en una política de recortes, pero no ha recortado en determinados sitios como debiera, y este es el caso de la Casa Real. Esto se une además a las enmiendas que mi grupo parlamentario ha presentado en otras secciones anteriores, ligadas también a la falta de transparencia con la que se gasta el dinero de la Casa Real. No podemos entender que en pleno siglo XXI se sigan aplicando a la Casa Real criterios que son de otro siglo, cuando hay monarquías europeas, como la inglesa, en las cuales se conoce absolutamente todo el dinero que se gasta la Casa Real, de dónde viene y a dónde va, cuál es su patrimonio personal y particular y cuál es el patrimonio del Estado que está a su disposición. En España, desgraciadamente, seguimos arrastrando viejos vicios, viejas costumbres ligadas a la Corona que siguen pesando todavía demasiado.

Secciones 01, 02, 03, 04, 05 y 08


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Entendemos que se tienen que superar y por eso hemos presentado tanto esta enmienda de reducción del 20 % como otras que favorecen la transparencia en la gestión del gasto de la Casa Real.

El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, señor Canongía.

El señor CANONGÍA GERONA: Intervengo sencillamente para decir que votaremos en contra de las enmiendas a la sección 01 y que en las de la sección 02 votaremos a favor de la de La Izquierda Plural y en contra de la de UPyD.

El señor PRESIDENTE: Señor Albendea.

El señor ALBENDEA PABÓN: La Izquierda Plural ha presentado la enmienda 1995, en la que pretende que se reduzca el presupuesto de la Casa de su majestad el rey en un 20 %, sin dar más razones que la de que con esa reducción contará con un presupuesto más que suficiente. El presupuesto de la Casa de su majestad el rey se redujo en el año 2011 un 5,20 % respecto a 2010, en el año 2012 se redujo un 2 % respecto a 2011 -ya vamos por una reducción del 7,20 %-, en el año 2013 se redujo un 4 % -ya alcanzamos una reducción del 11,20 %-, en el año 2014 se redujo otro 2 % -nos situamos ya en el 13,20 %-, el año 2015 tuvo la misma cantidad que en el 2014 y este año 2016 repite la misma cantidad que en los dos años anteriores. No sé cómo no les da a ustedes reparo hacer una propuesta tan injusta con la institución mejor valorada por los españoles. Estoy seguro de que si estuviéramos hablando del presupuesto de la presidencia de la república no harían ustedes una propuesta tan descabellada. Vamos a votar en contra. (Aplausos).

En la enmienda 1965 de La Izquierda Plural se propone una disposición adicional nueva con dos objetivos: uno, que los miembros de la Casa Real se asimilen a los altos cargos de la Administración General del Estado y miembros del Gobierno de la nación en cuanto a las obligaciones previstas en relación con los registros de actividades y de bienes y derechos patrimoniales y, el otro, que se presenten los presupuestos con desagregación por conceptos y subconceptos presupuestarios precisos para conocer la distribución. Lo primero que hay que recordarle a La Izquierda Plural es que el artículo 65 de la Constitución establece que el rey recibe de los presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de la familia y casa y distribuye libremente la misma. Pese a esa facultad constitucional, existe un convenio entre la Intervención General del Estado y la Casa de su majestad el rey, de fecha 18 de septiembre de 2014, en el que, entre otros compromisos, además del informe de auditoría de las cuentas, se establece que en los Presupuestos Generales del Estado se aplicarán, con las adaptaciones que resulten necesarias, derivadas de la configuración constitucional de la Casa de su majestad el rey, los principios presupuestarios y contables previstos en la Ley General Presupuestaria para las entidades integrantes del sector público administrativo. Luego esa preocupación de La Izquierda Plural ya ha sido satisfecha voluntariamente por el citado acuerdo entre la Casa de su majestad y la Intervención General de la Administración del Estado.

No deja de ser curiosa la enmienda 2644 de Unión Progreso y Democracia. Reconoce que el presupuesto de la Casa de su majestad el rey es similar al de los años 2014 y 2015 y un 8 % inferior al del 2011 y también reconoce el gesto de su majestad el rey de reducir su sueldo un 20 %, pero después de esos antecedentes, que elogia, propone que se devuelva el presupuesto de la Casa de su majestad el rey al Gobierno. ¿Será acaso para subir la dotación?, porque si no, después de esos antecedentes, no se explica el fundamento de la enmienda de totalidad.

La enmienda 2857 de Esquerra Republicana tiene ya arraigo de muchos años. Propone que se le asigne a su majestad el rey un sueldo similar al del presidente del Gobierno, pero se carga el presupuesto de la Casa Real y no dice cómo se financian todos los gastos de personal, de oficina, de viajes, etcétera, de la institución. Todos los años propone que nos saltemos a la torera el artículo 65 de la Constitución. El apartado 2 de dicho artículo recuerda que el rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su casa. Con la enmienda de Esquerra se pretende que el rey ejercite esa facultad y releve a todos los miembros de la casa.

El Bloque Nacionalista Galego, en su enmienda 3322, propone reducir la cantidad asignada a la Casa de su majestad el rey en un 30 %, bajo el falso argumento de que los recortes en los presupuestos de la Casa Real fueron menores en años precedentes de recesión económica y ajuste presupuestario. La perspectiva hay que verla en un periodo largo. Desde el año 2003 al año 2013, el incremento experimentado por los gastos no financieros del Estado ha sido del 40,58 % y el incremento del índice de precios al


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consumo ha sido del 27,50. Frente a estos porcentajes, ¿saben cuánto se ha incrementado el presupuesto de la Casa de su majestad el rey en el mismo periodo? El 3,49 %. Pese a ello, en los últimos cuatro años se ha reducido un 13,20 %. Lógicamente, vamos a votar en contra de esta enmienda.

A la sección 02, Cortes Generales, se han presentado dos enmiendas de La Izquierda Plural que tienen el mismo concepto y motivación y, sin embargo, cantidades distintas. Se refieren a la dotación de gastos corrientes del Observatorio de la vida militar dependiente del Congreso de los Diputados. En la enmienda 2026 se propone una dotación de 60.000 euros y en la 1996, 55.000 euros. Vamos a votar en contra, pues no consta que, estando dentro del Congreso, tenga algún gasto independiente.

Unión Progreso y Democracia propone que se devuelva al Gobierno el presupuesto de la sección 02, una afirmación grave en su exposición y que no explica sino que habla -cito literalmente- de importantes escándalos de gastos indebidos. También reitera algo ya muy manido: que se supriman los gastos de traducción del Senado. Además se queja de que su grupo no participa en la elaboración del presupuesto de las Cortes. Para ello UPyD tendría que estar presente en el Senado y luego tener suficiente número de diputados para formar parte de la Mesa del Congreso.

En fin, vamos a votar en contra de estas enmiendas. Y quiero recordar que las secciones 03, 05 y 08 no tienen enmiendas. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de las secciones 12 y 34. Señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Doy por defendidas las enmiendas de todo el Grupo Mixto.

El señor PRESIDENTE: Señor Calduch.

El señor CALDUCH CERVERA: Señor presidente, va a intervenir la diputada Irene Lozano, que está presente.

El señor PRESIDENTE: Señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Mi grupo ha presentado a estas secciones sendas enmiendas de totalidad.

En el caso del presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores, mi grupo ha comprobado con estupor que a pesar de que el presupuesto de este ministerio crece en 73 millones, en lo referente a la cooperación se vuelve a aplicar un recorte que se suma a los recortes enormes que se han aplicado en los últimos años; algunos de ellos han llegado a suponer el 80 % del presupuesto. Este año esta cantidad desciende en un 0,27 %, ya que únicamente se aportan 510 millones, frente a los 679 del primer presupuesto, por no compararlos con los 2.800 millones que se destinaban a la cooperación en el año 2009. Por lo tanto, el presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores para el año 2016 vuelve a dejar sin apenas recursos la ayuda oficial al desarrollo. En total le dedicaremos el 0,2 % de la renta nacional bruta, lejísimos, cada vez más lejos de ese 0,7, que es un compromiso internacional.

De nuevo, en el caso del Fondo de promoción del desarrollo, el Fonprode, el Gobierno establece que todas sus actividades sean reembolsables en el año 2016, y esto ocurre también con el Fondo de cooperación para el agua y saneamiento, el conocido como Fondo del agua. Nuestro grupo se ha manifestado reiteradamente en contra de que toda la ayuda de estos dos fondos sea de carácter reembolsable y hemos explicado en numerosas ocasiones algo que también defienden los principales actores del mundo de la cooperación: que hay numerosas acciones que no pueden llevarse a cabo con fondos de carácter reembolsable. Se trata de servicios prestados a población que vive bajo el umbral de la pobreza o en la pobreza extrema y que precisa de acciones asistenciales cuyo carácter reembolsable sencillamente es imposible de cumplir. Por todo esto y porque percibimos un compromiso nulo del Gobierno de ser un actor real en la ayuda oficial al desarrollo, consideramos que estos presupuestos merecen ser devueltos al Gobierno. Además, queremos subrayar que estos nuevos recortes en las partidas destinadas a la cooperación nos hablan -en un momento en el que ya no se pueden justificar, como en 2012 y en 2013, por la obligación de recortar el déficit, por las políticas de recortes- de que en suma no se hacen por motivos coyunturales sino de forma estructural. A pesar de que el presupuesto global del ministerio suba, esto nos hace ver que la política exterior del Gobierno no tiene ni la más mínima intención de consolidar la pata relativa a la cooperación que nos dio un protagonismo internacional incuestionable en años anteriores. Cuando hablamos de consensuar la política exterior nos referimos y nos debemos referir fundamentalmente a la cooperación. En estos días con la crisis de refugiados estamos


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escuchando numerosas intervenciones de distintos ministros del Gobierno en el sentido de que hay que solucionar los problemas en los países de origen, y una manera de hacerlo es aumentando los fondos a la cooperación, algo que luego el Gobierno no hace en esta ley de Presupuestos, lo cual supone una nueva incoherencia que queremos subrayar.

También quiero mencionar particularmente a tres enmiendas parciales con las cuales mi grupo pretende aumentar la dotación del Instituto Cervantes, incrementar en 140 millones la dotación para la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo y, por último -como explicaba-, que tanto los 15 millones de euros del Fondo del agua como 235 millones del Fonprode sean de carácter no reembolsable. Nos parece imposible que la labor de cooperación que se hace desde esos dos fondos tenga, como pretende el Gobierno, carácter reembolsable.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Pérez Moya.

El señor PÉREZ MOYA: Nuestro grupo ha presentado enmienda a la totalidad del proyecto de ley de presupuestos y un conjunto de diecisiete enmiendas parciales. Desde nuestro grupo criticamos una actuación en el conjunto de la legislatura que supone una pérdida permanente de recursos en las dotaciones destinadas a la política exterior y, sobre todo, a cooperación al desarrollo. En este sentido, el Gobierno obvia una realidad clara, la de los nuevos ciudadanos españoles que salen de nuestro país por razones básicamente económicas. Por eso se hace más necesaria que nunca la mejora de los servicios en muchos países de la Unión Europea y del resto del mundo. Este aspecto estaría recogido en la enmienda 1998, que justifica el refuerzo a la acción de consulados y embajadas. Los recursos de personal para ejercer la acción diplomática y para abordar los objetivos que debieran marcarse en el contexto europeo actual y las crisis abiertas siguen siendo insuficientes. En este sentido, el presupuesto es la constatación de la inexistencia de política exterior definida. Esta indefinición viene claramente marcada por una acción exterior que parece seguir supeditada a los intereses comerciales. Nada apunta en estos presupuestos en sentido inverso a esa visión comercial de la acción exterior, sino que, al contrario, parece que seguirá condicionada a los intereses de las grandes multinacionales españolas de los diversos sectores, pese a las denuncias de vulneración de derechos humanos, ambientales, sociales, laborales y de derechos de pueblos indígenas. Los presupuestos no están destinados a cumplir el objetivo de colaborar en la creación de un orden mundial justo y solidario. Además, incumplen los compromisos adquiridos por nuestro país en la lucha contra la pobreza, aspecto en el que se enmarca la enmienda 1999. Relativas a los derechos humanos son las enmiendas 2001 y 2003. La cooperación internacional no debe someterse a la inestabilidad en función de los excedentes y requiere un compromiso público sostenido. Los continuos recortes de este Gobierno están provocando el desmantelamiento de la política de cooperación española. El incumplimiento del compromiso del 0,7 es un ejemplo muy claro. La insuficiencia del programa 143.A, de cooperación para el desarrollo, ha ido disminuyendo su dotación un 3 % con respecto a 2014 y un 25 % respecto al inicio de la legislatura, y hay 1.455 millones menos de lo presupuestado para el ejercicio 2011. Por último, la enmienda 2006 y siguientes hacen referencia a que la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo es una de las principales perjudicadas y acumula una caída de más de 620 millones en toda la legislatura, lo que significa un 72 % menos de presupuesto con respecto a lo programado para 2011. Ello cuestiona la capacidad de desarrollar las orientaciones estratégicas del plan director en los veintitrés países priorizados, por lo que se hace necesario un aumento en la dotación presupuestaria de dicho programa que beneficie a las partidas gestionadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Para acabar, quiero expresar mi coincidencia con algunas intervenciones de esta tarde en el sentido de que el Fonprode no puede ser un programa reembolsable, porque eso hipoteca absolutamente los compromisos adquiridos y su gestión y viabilidad.

El señor PRESIDENTE: Señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: El Grupo Parlamentario de Convergència i d´Unió ha presentado una enmienda de devolución de la sección 12, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, así como doce enmiendas particulares a esta sección. La justificación de la presentación de la enmienda de devolución se basa en que estamos en una legislatura en la cual se ha reformado el sector exterior mediante diferentes leyes, singularmente con la aprobación de la Ley del Servicio Exterior, pero no observamos en los Presupuestos Generales del Estado que se realice ninguna modificación en las


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dotaciones presupuestarias que se destinan al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Fíjense, la principal novedad que vemos en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año en este ministerio es el incremento de recursos destinados al Instituto Cervantes, que experimenta una subida del 20 % en las aportaciones recibidas desde el ministerio. Si la reforma del sector exterior únicamente debe tener esa concreción en los Presupuestos Generales del Estado, no creemos que sea lo más adecuado. Creemos que hay otras razones: racionalización de embajadas, incremento de legaciones diplomáticas en Asia e intensificación en países emergentes del Cáucaso.

En el articulado, como ya se ha hecho referencia, no se cumple el compromiso del Gobierno, de acuerdo con la recuperación económica, de aumentar las partidas presupuestarias en materia de cooperación al desarrollo. Teniendo en cuenta además que estamos en un año muy importante, porque este mes de septiembre en Nueva York se aprobará por Naciones Unidas la Agenda post-2015, la agenda de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, habrían sido deseables unos presupuestos que reflejaran un cambio en las políticas públicas por la universalización de la agenda y por el cumplimiento de sus objetivos. Fíjese también en que, a pesar de que hay un aumento de la dotación global del ministerio, el apoyo a la cooperación internacional -las transferencias a la Aecid- se incrementa mínimamente, en un momento que creemos especialmente complicado en el que sería preciso elaborar políticas eficaces de cooperación para paliar los graves problemas que están afectando a los países del norte de África y de Oriente Medio. Las dotaciones para ayuda humanitaria se han reducido drásticamente desde el inicio de la legislatura. Por lo tanto, manifiesto nuestra sorpresa a las dotaciones presupuestarias que contiene esta sección.

Hay algunas enmiendas particulares que suponen un incremento, por ejemplo a dotaciones para ayuda humanitaria y para instituciones sin finalidad de lucro. También solicitamos en una enmienda la territorialización del 0,7 del IRPF para las comunidades autónomas en actividades de cooperación internacional al desarrollo, de acuerdo con las reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, así como el incremento de algunas dotaciones ya previstas, por ejemplo a la Fundación Cidob, a la Casa Asia, al Instituto Ramón Llull, entre muchas otras.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, señora Jiménez.

La señora JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA: Intervengo en nombre del Grupo Socialista para anunciar, como ya saben, que hemos presentado una enmienda a la totalidad, así como enmiendas parciales. De nuevo, por cuarto año consecutivo, nos vemos obligados a mostrar nuestro rechazo a unos presupuestos que en el ámbito de la política exterior están muy alejados de la ambición que debería mostrar España, tanto desde el punto de vista político y económico como social y cultural; en las distintas partidas que tienen que ver con estos sectores demuestra muy poca ambición. La totalidad de la política exterior en estos presupuestos está dotada con 1.474 millones de euros. Es verdad que ello representa un ligero incremento, del 3,7, respecto al año pasado -es una leve subida de 52 millones de euros-, pero si los examinamos desde la perspectiva de los últimos cuatro años de legislatura siguen siendo lo que el propio señor ministro de Asuntos Exteriores denominó unos presupuestos de guerra, lo cual nos lleva a pensar que nada ha cambiado. Si hace cuatro años los denominó presupuestos de guerra, hoy, que son prácticamente idénticos, siguen siendo todavía eso mismo. La tan anunciada mejoría económica no se ve reflejada en los presupuestos, y ello nos obliga a seguir haciendo una política exterior tímida, pacata, que parece tener la secreta aspiración de que no se nos oiga demasiado. Solamente así se explica la escasa relevancia que está teniendo el Gobierno español a la hora de abordar los grandes asuntos de la agenda internacional.

Quizá donde hemos concentrado nuestra mayor crítica en los últimos años y ahora es en el desmantelamiento de la cooperación al desarrollo. Con el Partido Popular la cooperación al desarrollo se ha reducido año tras año de una manera absolutamente alarmante y ha llegado en la actualidad a una reducción del 75 % respecto a 2011; es decir, en solo cuatro años se ha reducido la cooperación al desarrollo en un 75 %. Estamos al nivel de los años noventa, en un 0,21 de nuestra renta nacional. España fue durante los Gobiernos socialistas un referente en materia de cooperación al desarrollo. España gozaba de un gran prestigio y una gran solvencia en esta materia, tanto que el señor Margallo, en la campaña para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, utilizó de manera reiterada nuestro compromiso en la lucha contra la pobreza, nuestra contribución a la ayuda humanitaria. Es algo que también nos enorgullece, pero ¿qué queda de todo esto? Apenas una sombra de lo que hubo. Todo ello no sería más que una crítica política en un presupuesto más si no nos estuviéramos enfrentando en este momento a la crisis humanitaria más devastadora de los últimos tiempos en Europa, tanto por su dimensión


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como por la población civil implicada y la dificultad que estamos viendo de ofrecer una respuesta medianamente eficaz.

Les voy a dar unas cifras. Respecto a 2011, se ha recortado un 93 % en seguridad y ayuda alimentaria, presupuestando 2 millones de euros, al igual que en 2014 y 2015, muy lejos de los 29 millones de euros de 2011. En ayuda humanitaria hemos pasado de 71 millones de euros en 2011 a 16 millones de euros desde 2014. Esto significa de facto dejar a millones de personas que necesitan nuestra ayuda, como renunciar a tener un papel activo en las soluciones que se ofrezcan desde el ámbito internacional a este tipo de crisis. Incomprensiblemente, de nuevo vuelve a disminuirse el programa 143.A, de cooperación al desarrollo; pasamos de 516,476 millones de euros en 2015 a 515,085 millones de euros. No supone una gran diferencia de un año para otro, pero confirma la falta de voluntad política del actual Gobierno para recuperar el compromiso que en el pasado ya tuvimos con la cooperación al desarrollo. Todo ello sucede en un momento clave, no solamente por la crisis humanitaria, a la cual he hecho referencia, sino porque España está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y debería haber mostrado algo más de compromiso y ambición a la hora de hacer un presupuesto para diseñar la política exterior.

La sociedad española es solidaria y generosa, algo que no podemos decir de su Gobierno. Solo cuando la situación se ha desbordado tremendamente, cuando el Gobierno ha recibido la llamada de atención de Merkel y otros socios comunitarios; solo cuando las imágenes que nos han llegado resultan ya insoportables para nuestras conciencias, el Gobierno ha reaccionado. Hemos tenido que asistir a declaraciones del ministro del Interior diciendo que el cupo de refugiados es un efecto llamada y del ministro de Asuntos Exteriores diciendo que hay que hacer referencia a nuestro nivel de desempleo. La situación es absolutamente alarmante.

El señor PRESIDENTE: Señora Jiménez, debe terminar.

La señora JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA: Ahora puedo terminar. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señora Miguélez.

La señora MIGUÉLEZ PARIENTE: Nos corresponde ahora referirnos a las secciones 12 y 34 del presupuesto. La sección 34 no tiene enmiendas, por tanto, no me referiré a ella; es la que hace alusión a las relaciones financieras con la Unión Europea. Me centraré en la sección 12, Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional. Con carácter general el proyecto del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para las cuentas del año que viene recoge las prioridades que el Gobierno ha considerado idóneas dentro de la política general económica encaminada a lograr el crecimiento y la consolidación fiscal, continuando así durante el ejercicio 2016 con las medidas de contención del gasto adoptadas en ejercicios anteriores. Esto, a pesar de que a algunos no les guste, no impide que se garantice el cumplimiento de los objetivos estratégicos concretos tanto en el ámbito de la acción exterior como de la cooperación internacional. Las fórmulas de gestión que hemos estado aplicando durante toda esta legislatura son cada vez más eficaces a la hora de ordenar los medios humanos y materiales disponibles, y esto está dando resultados. No es de ninguna manera verdad que el Gobierno no tenga una política exterior. La tiene y muy clara. Todas sus líneas de actuación están recogidas en ese documento que es la estrategia de acción exterior, que ha sido aprobada últimamente, y también tenemos una idea clara sobre lo que queremos hacer en el tema de refugiados. En este momento se negocia con la Unión Europea los cupos de cada Estado. Luego lo demás de momento es todo demagogia.

Hay enmiendas concretas de grupos que prácticamente se repiten año tras año y voy a intentar agruparlas refiriéndome a aquellas que son más relevantes. Algunos grupos insisten en aumentar cantidades consignadas a distintas instituciones, como el Centro Sefarad Israel y el Centro de Estudios Internacionales. Todas estas instituciones tienen su consignación presupuestaria, es decir, están atendidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Se piden más cantidades para la protección de españoles en el extranjero y para acciones concretas como la defensa de los derechos humanos. El Gobierno entiende que todas las consignaciones, si bien es verdad que pudieran ser mayores -esto es discutible-, son las apropiadas para atender las necesidades previstas a la vez que se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria y el crecimiento sostenible, que es lo que marca el proceso de elaboración de las cuentas del Estado. Se habla de incrementar partidas o de incluir a instituciones como la Fundación Figo de Barcelona o la Fundación Elcano. Hay que recordar que hay una proposición no de ley del Congreso de los Diputados que ha establecido que estas subvenciones desaparezcan y acudan en un régimen de


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concurrencia competitiva, de forma que este año el Gobierno así lo ha previsto y las dotaciones presupuestarias existentes se han aumentado con el fin de atender a estos think tank de promoción de la política exterior de España.

Casi todos los grupos han hablado de la cooperación, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, de nuestra cuantía para la ayuda al desarrollo; de una u otra manera han incluido en sus enmiendas altas y bajas, cambios en los estados de ingresos y gastos para que se dote a la ayuda oficial al desarrollo con cantidades mayores. En el pasado ha habido Gobiernos que han contado con mayor dinero en sus arcas, han tenido una situación económica general del país mucho más boyante y, por tanto, han incrementado esta partida de cooperación al desarrollo; sin embargo, eso no se ha traducido en mayor eficacia, porque quizás el reparto se hiciera con poco control y menos criterio. Ahora el Gobierno del Partido Popular ha optado por una gestión mucho más transparente, mucho más eficaz en los recursos, sobre todo para ceñirnos a sectores geográficos y actuar en ámbitos en los que el plan director que concluye el año que viene ha centrado todos los esfuerzos con el fin de no dispersar los recursos. Por tanto, no siempre a mayores recursos hay mayor eficacia.

Lo mismo sucede con el Fonprode. También se considera que sus dotaciones son las adecuadas a las operaciones que se pretenden llevar a cabo con cargo al mismo. Algún grupo se ha referido en alguna enmienda a que se refuerce la erradicación del trabajo infantil y que se apoye a las organizaciones de exiliados colombianos en el proceso de paz, por ejemplo. Creemos que la Aecid tiene la flexibilidad suficiente para poder redireccionar sus saldos en función de las necesidades puntuales que se presenten. UPyD -la señora Lozano se ha referido a ello- propone que el Fonprode, así como el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, sean ayudas no reembolsables. No me cabe duda de que esta enmienda está inspirada por un noble espíritu, pero no olvidemos que la financiación de operaciones no reembolsables tendría un efecto directo sobre el cómputo del déficit público en términos de contabilidad nacional, lo que nos llevaría a una desviación de la consecución del objetivo de déficit fijado para 2016.

También propone UPyD una disposición derogatoria nueva en el sentido de que se recupere el nivel de ayuda al desarrollo que había antes de la crisis y el Gobierno se comprometa a hacerlo en un plazo no superior a diez años. Esto no lo podemos aceptar porque no tendría sentido incluir en una disposición derogatoria un compromiso del Gobierno de carácter tan general y además a un largo plazo en una disposición como la ley de presupuestos que tiene la vigencia de un año.

Por resumir, ya el ministerio recoge en su presupuesto las partidas específicas para estas cuestiones que los grupos plantean, y de acuerdo con el criterio del Gobierno seguimos implicados en la defensa y la protección de los derechos humanos, apoyando a los distintos fondos y con nuestras contribuciones obligatorias y voluntarias a organismos internacionales. En cuanto al Instituto Cervantes, hay discrepancias. A algunos grupos como a UPyD le parece que...

El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar, señora Miguélez.

La señora MIGUÉLEZ PARIENTE: Sí, señor presidente.

A UPyD le parece que el dinero es poco, sin embargo al Grupo Catalán le parece que es demasiado. El Ministerio de Hacienda le ha dado 11 millones de euros más para equilibrar su presupuesto.

Me quiero referir rápidamente a las enmiendas que ha presentado el Grupo Popular: una para aumentar el presupuesto destinado a becas en la Escuela Diplomática, que fue suprimido en 2012 por las restricciones presupuestarias, y que ahora se dota de un concepto específico de 80.000 euros; y la otra, de 100.000 euros más, para la Secretaría de Estado de Acción Exterior, con el fin de reforzar nuestra presencia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y para contribuir voluntariamente a algunas organizaciones internacionales como a la del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la sección 13. Señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Doy por defendidas las enmiendas del Grupo Mixto.

El señor PRESIDENTE: Señor Calduch.

El señor CALDUCH CERVERA: Doy por defendidas las enmiendas, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Señor Sixto.

Sección 13


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El señor SIXTO IGLESIAS: Voy a defender las enmiendas que ha presentado mi grupo parlamentario a la sección 13, Justicia, entendiendo que son unos presupuestos cuya línea general no compartimos, por eso hemos presentado además una enmienda de totalidad a la sección. Entendemos que ahonda en determinados defectos y cuestiones que hemos criticado de forma puntual cuando se han tramitado determinados proyectos de ley o el Gobierno ha hecho a lo largo de esta legislatura vocación de traer a la Cámara determinadas leyes y cuestiones, algunas de las cuales afortunadamente no han sido tramitadas. Entendemos que estos presupuestos ahondan en una lógica que no compartimos en absoluto, por ejemplo la privatización de los registros; una lógica que se sigue complementando en estos presupuestos con una dotación para su mejora cuando, al final, se va a desjudicializar el registro civil y su gestión va a pasar a los recaudadores. Nos parece también un presupuesto muy cicatero en la convocatoria de plazas, de dotación de personal. En una situación en la cual la carga de trabajo existente es inasumible y debería ser rebajada se hace necesario incrementar las plazas. Por eso presentamos alguna enmienda en la parte anterior del debate, así como en esta sección para dotar presupuestariamente este incremento de plantillas. Igualmente nos parece claramente insuficiente la dotación que hay para equipamientos, para infraestructuras; exactamente igual sucede con la tan cacareada medida estrella de estos presupuestos, la Administración electrónica -papel cero-, cuya dotación nos parece insuficiente para conseguir los mismos objetivos que plantean los presupuestos.

El tema fundamental, el más importante, el de las tasas judiciales y la justicia gratuita, con una lógica perversa, en la que el Gobierno sigue ahondando en estos Presupuestos, no lo compartimos. El Gobierno trata de ofrecer una visión benéfica y de derecho prestacional en la cuestión de la justicia gratuita. Entendemos que esa no es la lógica que debe tener la justicia gratuita para la población española, sino que tiene que ser un derecho efectivo, suficiente y absolutamente bien dotado para que al menos haya un cierto brillo de ese derecho para los ciudadanos que no tienen recursos económicos con los cuales pagársela. En este sentido, el asunto de las tasas judiciales nos ha parecido absolutamente perverso, cuando además se recauda mucho más de lo que se fija presupuestariamente para la justicia gratuita, con lo cual se rompe la línea argumental que había establecido el Gobierno para proponer su tan famosa y conocida ley de tasas.

En cuanto a las enmiendas particulares que hemos presentado en esta sección, quisiera destacar las que dotan presupuestariamente la exhumación total de las fosas comunes para dignificar a las víctimas de la guerra civil y a las personas desaparecidas todavía hoy en día. También hemos planteado varias enmiendas para incrementar el plan de especialización de juzgados y familia, los grupos de lucha contra la corrupción, mejorar los juzgados de menores y los juzgados de vigilancia penitenciaria. Específicamente nos preocupa, como he dicho anteriormente, el turno de oficio y la justifica gratuita; en este caso, hemos planteado asimismo el incremento de la dotación para los turnos de oficio. Los juzgados de paz y la modernización de la Administración de Justicia deben estar dotados, aparte de disponer -cómo no- de algo que carece del presupuesto necesario para una implantación seria pero es absolutamente básico para la mejora de la justicia en nuestro país, la oficina judicial.

Con estas enmiendas mi grupo parlamentario pretende al menos mejorar, siquiera de forma mínima, esta sección para tratar de contribuir a una mejor justicia en España, algo que, desgraciadamente, el Gobierno del Partido Popular, después de cuatro años de ejecución y en este quinto presupuesto, no ha conseguido.

El señor PRESIDENTE: Señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: El Grupo Parlamentario de Convergència i d'Unió ha presentado una enmienda de devolución de toda la sección 13, Ministerio de Justicia, y tres enmiendas parciales a esta misma sección. La razón es fácil de entender, señorías. Solamente durante 2015 se han aprobado o se aprobarán cerca de una veintena de leyes en materia de justicia: reformas estructurales como la nueva Ley del Poder Judicial, la reforma sustancial del Código Penal, la del registro civil, la de los procedimientos judiciales en el ámbito penal y civil, entre muchas otras. Estos presupuestos, respecto a las comunidades autónomas que tienen delegadas las competencias en materia de justicia, no prevén ninguna partida presupuestaria ni transferencia corriente para hacer frente a los nuevos costes que supondrán estas reformas aprobadas por las Cortes Generales en relación con la Administración de Justicia y que conllevarán un coste importante para, en este caso, la Generalitat de Catalunya, que tiene delegada la competencia de ejecución en materia de justicia. Por el principio de lealtad institucional, previsto en la Lofca, esto debería tenerse en cuenta. Naturalmente el coste que puede suponer esta reforma sin la


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implementación de la Administración de Justicia en Cataluña va a ser importante, y no va a ser asumido -como digo, por el principio de lealtad institucional- por el Gobierno del Estado. Esto nos preocupa, señorías, y mucho. Les pondré un ejemplo. Los ingresos previstos en concepto de recaudación de las tasas judiciales para 2016 se estiman en 263 millones de euros; estas tasas, en principio, están vinculadas a la asistencia gratuita, al sistema de justicia gratuita que se debe establecer en los Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio. Existe un incumplimiento en el caso del Estado de dicha disposición, constituye una vulneración del principio establecido por la ley jurisdiccional de la justicia gratuita y de la modernización de la Administración de Justicia. No hay ninguna transferencia de esos 263 millones ni de parte de ellos a las comunidades autónomas para satisfacer la asistencia gratuita y el sistema de justicia gratuita. Simplemente, como ejemplo, consta en los presupuestos una dotación de 6 millones de euros relativa a las transferencias a las comunidades autónomas en el programa de la reforma de la Administración de Justicia. Una cuantía ínfima e insuficiente tanto para cubrir los gastos que sufragan las comunidades autónomas que tienen delegadas las competencias en materia de justicia gratuita como para todos aquellos incrementos de gasto que suponen esa veintena de modificaciones de leyes en materia de justicia que aprobaremos durante este año 2015. Este es un motivo principal para la presentación de la enmienda de devolución a la sección 13, Ministerio de Justicia. En coherencia con este razonamiento, hemos formulado otras dos enmiendas, una de ellas con una dotación presupuestaria de 55 millones de euros destinados a la transferencia a la Generalitat de Catalunya por los gastos de la justicia gratuita en la Administración de Justicia que, como he dicho, no se prevén en los Presupuestos Generales del Estado. Hay otro caso flagrante y que mi grupo parlamentario viene reclamando desde hace muchísimos años, y es que los intereses de las consignaciones judiciales en estos momentos van destinados únicamente a la Administración del Estado, no se transfiere a las comunidades autónomas con competencias en materia de Administración de Justicia nada de estos intereses. Si tenemos las competencias delegadas en materia de Administración de Justicia, creemos justo que se haga una transferencia a dichas comunidades autónomas con estas competencias por los intereses de las consignaciones judiciales. Por tanto, señorías, esta es nuestra posición respecto a esta sección por los motivos alegados en la enmienda de devolución y en las enmiendas particulares.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martín Peré.

El señor MARTÍN PERÉ: Señorías, no sé si a ustedes les ha sucedido lo mismo que a mí cuando preparaban sus intervenciones para el debate en esta Comisión y es que al repasar los diarios de sesiones de los Presupuestos Generales para 2015 me ha resultado curioso comprobar cómo todos creíamos que nos estábamos enfrentando a los últimos presupuestos de la legislatura. Esa ingenuidad incluso alcanzaba al portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Lo cierto es que, en función del bando en el que se situaba cada uno, ahora resulta cómico ver lo apocalípticas o triunfantes que eran las intervenciones de unos y otros. Ahora sí, no cabe la más mínima duda de que nos encontramos ante los últimos Presupuestos Generales del Estado de esta legislatura y, por lo tanto, es, en mi opinión, pertinente hacer una reflexión no solamente sobre los mismos, sino también una reflexión global de lo que ha supuesto en materia de justicia el Gobierno del Partido Popular durante estos cuatro años.

Al llegar esta tarde a mi despacho me he encontrado en la mesa, casualmente, la revista Temas para el debate, en la que figura un dosier sobre la justicia como servicio público. He pensado echarle un vistazo por si acaso me daba una idea para la intervención de esta tarde. Pues sí, he conseguido un dato ciertamente interesante y que desconocía, y es que durante la presente legislatura se ha gastado veinte veces más en salvar a los bancos, en darle dinero a los bancos, que en el sistema de justicia español. Supongo que a ninguno de los presentes se le escapa la paradoja de que es la Administración de Justicia -los juzgados y tribunales- la que se ha encargado durante la presente legislatura de corregir los abusos y desmanes de la banca. Me estoy refiriendo, naturalmente, a participaciones preferentes, subordinadas, cláusulas hipotecarias abusivas y demás productos financieros. El problema no es la existencia de los bancos, este no es un ataque contra los mismos -reconozco que cuando los bancos actúan dentro del marco legal comprendido son imprescindibles para nuestro sistema económico-, pero esa cifra sí pone de manifiesto la enorme desproporción que hay entre las prioridades del Gobierno cuando pretende salvaguardar antes a un sistema o a un determinado colectivo que a los ciudadanos que buscan la protección y la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales frente a los abusos que comete dicho colectivo. Ni más ni menos, es veinte veces más prioritaria para el Gobierno Popular una cosa que la otra.


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Los socialistas somos perfectamente conscientes de que la presentación de nuestras enmiendas no va conseguir paliar el daño que se ha generado a la Administración de Justicia en estos cuatro años, por supuesto, pero al mismo tiempo somos plenamente conscientes también de que si a ustedes les define lo que han hecho en justicia en estos cuatro años, a nosotros también nos definen las enmiendas que presentamos. Por eso creemos que también es un ejercicio de reivindicación del discurso de lo que concebimos nosotros que debería ser nuestra Administración de Justicia la presentación de estas enmiendas. Como les decía, había repasado los diarios de sesiones y me hacía gracia comprobar que la intervención del portavoz de justicia del Partido Popular hacía referencia, con la gracia que a él le caracteriza -y lo digo de manera totalmente sincera y él lo sabe-,a que cada año tenía que enfrentarse a las mismas enmiendas por parte de los grupos que las presentábamos. Señor Castillo, tiene usted toda la razón, pero es que, ¿sabe qué pasa? Que como ustedes cometen una y otra vez los mismos errores, nosotros tenemos que presentar las mismas enmiendas. De alguna manera podría decirse que el monstruo que ustedes han creado en justicia nos obliga a convertirnos a nosotros en un monstruo de la repetición haciendo buena aquella frase de Mark Twain, que a veces se ha atribuido a Nietzsche, de que para combatir monstruos, a veces se corre el riesgo de convertirse en uno de ellos. Así que si ustedes siguen insistiendo en seguir aplicando la tasa para el ejercicio de la potestad jurisdiccional a las pymes, a las ONG o a las cooperativas, nosotros seguiremos presentando una enmienda para que dejen de aplicarla. Si ustedes insisten en no proveer de suficientes plazas para jueces y fiscales en los apartados correspondientes de los presupuestos de cada año, nosotros insistiremos en presentar enmiendas para que continúe habiendo al menos el número de plazas disponibles que existían cuando nosotros gobernábamos, es decir, entre 250 y 300 anuales. Si ustedes insisten, por ejemplo, en no proveer de una partida suficiente la modernización tecnológica de la justicia, nosotros seguiremos presentando una enmienda valorándola en 15 millones de euros -acabo ya, señor presidente-, y lo mismo puedo decir respecto de la construcción de nuevos juzgados, medios materiales o del dinero destinado a pagos atrasados de abogados y procuradores que actúan en el turno de oficio. Sé que ustedes no van a votar a favor de estas enmiendas, pero finalizo mi intervención diciendo que probablemente tampoco sea necesario en esta ocasión, porque ustedes saben tan bien como nosotros que estos Presupuestos Generales del Estado no son más que un ejercicio de pirotecnia, unos fuegos artificiales con un propósito electoral y que con la configuración de la próxima legislatura en este Parlamento, esos fuegos artificiales se van a acabar diluyendo en la bruma en la que ustedes se van a encontrar. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, señor Castillo.

El señor CASTILLO CALVÍN: Es indudable que en cinco minutos me resultará imposible fijar posición individualizada, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, respecto de todas las enmiendas a la totalidad a esta sección, así como al resto de enmiendas parciales. Por tanto, trataré de hacerlo de forma global, procurando entrar en el detalle mientras el escaso tiempo del que disponemos para este trámite así me lo permita.

Comenzaré señalando que son sesenta y cinco las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición a esta sección 13, así como a las disposiciones adicionales y finales que son propias de justicia. De esas sesenta y cinco enmiendas, una vez más, cincuenta y tres son prácticamente de tijera y pegamento -siento decirlo- respecto de las que se presentaron el año pasado. De ellas, veinticuatro enmiendas han venido siendo presentadas desde el año 2012, convertidas de esta manera en auténticos clásicos de este debate. Por repetir, incluso en algunos casos se repiten año tras año los mismos errores, como la ya legendaria enmienda de La Izquierda Plural destinada a incrementar la aportación de España al Greco, Grupo de Estados contra la Corrupción, y que un año más este grupo parlamentario ha tenido la amabilidad de presentarnos, sin duda para escuchar por quinto año consecutivo la misma respuesta. Quería hacer, por tanto, esta primera reflexión porque, a tenor de estas enmiendas, con los mismos argumentos y similares discursos durante estos años, se podría pensar que el presupuesto y la distribución del gasto -eso que el portavoz socialista denomina como errores del Gobierno- siguen siendo todos los años los mismos y, la verdad, nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que ha cambiado notablemente el contexto en el que estos presupuestos se presentan comparado con el que vivíamos al inicio de la legislatura. Así, de la profunda crisis y de la difícil situación económica y financiera que atravesaba nuestro país hemos pasado, gracias precisamente al esfuerzo de reducción del déficit público y de las reformas estructurales imprescindibles, al crecimiento económico, alcanzando el tan ansiado objetivo de creación de empleo. Y en consecuencia, además del contexto, también han cambiado de forma notable las cifras de este


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presupuesto. De esta manera, el presupuesto que debatimos para 2016, que vuelve por segundo año consecutivo a experimentar un incremento respecto a ejercicios anteriores, aumenta en 106,5 millones de euros respecto al de este año, así que no me negarán que este dato supone una variación sustancial. Un crecimiento presupuestario que se produce en todos los programas de actuación del ministerio, salvo, lógicamente, la partida de gastos corrientes, que se reduce por la aplicación de las medidas CORA para permitir un aprovechamiento más eficiente de los recursos de la Administración General del Estado.

Llama por ello la atención que algunos grupos vuelvan a centrar sus enmiendas y sus críticas en los mismos asuntos y en los mismos temas, como la política de gasto de personal, que les parece insuficiente a pesar de destinar a esta partida la mayor parte del presupuesto de Justicia, concretamente el 82,6 % del presupuesto total del ministerio, con una dotación prevista de 1.303 millones de euros. Esto, señorías, supone incrementar en 85 millones de euros, es decir, prácticamente un 7 %, la cuantía aprobada en 2015. Con estas medidas se refuerza de manera considerable la oferta de empleo, con una ambiciosa convocatoria de más de 2.000 nuevas plazas para los cuerpos de la Administración de Justicia y permitirá la creación de cien nuevas plazas para jueces y fiscales, cifra que viene a sumarse a las 282 para jueces y 66 de fiscales creadas este último año. Llama la atención igualmente que reiteren sus críticas respecto al esfuerzo de gasto en materia de modernización tecnológica, a pesar de que la cantidad presupuestada para el próximo ejercicio, 64,62 millones de euros, supone un incremento cercano al 36 %. O que no tengan en cuenta la dotación destinada a desarrollar el Plan de modernización tecnológica de los Registros, dotado con 11,18 millones de euros, lo que supone un incremento del 27 % respecto a 2015. O que no les parezcan adecuadas las dotaciones que financian el gasto social, concretamente las destinadas a facilitar el acceso al beneficio de justicia gratuita, para lo que se asignan prácticamente 36,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 5 % sobre lo presupuestado para 2015. O que no se valore positivamente el incremento en un 54,6 % del gasto relacionado con el apoyo a las víctimas mediante asistencia psicológica y para la realización de pruebas periciales en los procesos judiciales. O que les parezca insuficiente el dinero destinado a obras y equipamientos, que sumará 19,41 millones, un 4 % más que en 2015. Y llama la atención que en vez de reconocer el esfuerzo que ha hecho el Gobierno para disponer de más y mejores recursos profesionales, materiales y tecnológicos para aplicar al servicio público de la justicia, algunos grupos insistan en rechazar en su totalidad el presupuesto de esta sección por considerarlo insuficiente.

Entiendo lógico que, como oposición, acudan a este argumento, porque a ver quién se opone a que alguien pida más dinero. La verdad es que a mí no se me ocurre ningún servicio público respecto al cual no se pueda decir que no le hace falta más dinero, esto es algo irrebatible. Por ello, en este punto, independientemente de que a todos nos gustaría que el incremento de las partidas hubiera sido mucho mayor, lo cierto es que los recursos, como los ingresos, son lógicamente limitados y esta es una premisa aplicable a cualquier presupuestario y, cómo no, también para los Presupuestos Generales del Estado. Con este punto de partida, creo conveniente recordarles que entre las políticas de gastos para los servicios públicos básicos, Justicia es la sección que más crece, con un 6,3 %. Un presupuesto que le reconoce un mayor peso específico.

El señor PRESIDENTE: Señor Castillo, debe concluir.

El señor CASTILLO CALVÍN: Termino.

Podrán discrepar sobre otras muchas cuestiones, pero en modo alguno pueden defender con un mínimo de rigor que la justicia no sea una prioridad para este Gobierno, pues lo cierto es que se ha hecho un notable esfuerzo en este sentido. Por todo lo expuesto respecto a las enmiendas a la totalidad de esta sección, así como de todas las enmiendas parciales presentadas, les adelanto, y supongo que no les sorprenderá, el voto negativo del Grupo Parlamentario Popular. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la sección 14.

Señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Igualmente, señor presidente, damos por defendidas las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor PRESIDENTE: Señor Calduch.

El señor CALDUCH CERVERA: Me gustaría iniciar mi intervención respecto de la enmienda a la totalidad que presenta nuestro grupo parlamentario a la sección 14 destacando que, aunque pueda


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parecer paradójico, y espero que después de mi intervención no se perciba así, nuestro grupo parlamentario viene denunciando desde hace tiempo que el presupuesto destinado a Defensa está rozando ya los límites inaceptables. Es un proceso de deterioro y de erosión presupuestaria constante que se ha desarrollado no ya desde el comienzo de esta legislatura, sino desde mucho antes, desde los comienzos del siglo actual. Es muy probable que ese deterioro se haya asociado indebidamente al proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas, pero lo cierto es que es así y de nuevo en los presupuestos que se presentan para 2016 ocurre lo mismo. Simultáneamente, nuestro grupo parlamentario también ha denunciado que se haga una distorsión digna de una falta de transparencia inaceptable cuando para dos partidas fundamentales de la actividad de las Fuerzas Armadas, una que tiene que ver con los programas especiales de armamento y otra con la participación en las misiones internacionales de paz, sistemáticamente, año tras año, figuran unas cantidades ridículas en el presupuesto que se aprueba por la Cámara y después, a mediados de año, el Gobierno trae reales decretos-leyes para aprobar créditos extraordinarios para ambas finalidades. Por ejemplo, para 2016 en los programas especiales de modernización de las Fuerzas Armadas aparecen 6,8 millones de euros cuando, sin ir más lejos, hace tan solo unas semanas se aprobaba un real decreto-ley para un crédito extraordinario para los programas especiales de armamento de 856 millones. Nuestro grupo parlamentario pretende con sus enmiendas que estas cantidades aparezcan reflejadas de manera sistemática en los conceptos correspondientes de los Presupuestos Generales del Estado y que se apruebe con normalidad lo que debería corresponder a una concepción normal de las funciones de Defensa.

Por último, también para justificar la enmienda a la totalidad, se encuentra la, como mínimo sorprendente, detección de que mientras finalmente para el presupuesto de 2016 se prevé un ligerísimo aumento de los gastos operativos de Defensa, simultáneamente se siguen reduciendo los gastos destinados a inversiones reales y logística. No hace falta ser un lince en los temas estratégicos para comprender que no se puede garantizar la operatividad de las Fuerzas Armadas, ni en general de ningún colectivo, si los fundamentos de inversiones reales y logísticas que se requieren para esa operatividad se siguen disminuyendo año tras año.

Por todas estas razones, nuestro grupo parlamentario ha presentado enmienda a la totalidad a la sección 14.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Sanz.

El señor SANZ REMÓN: Intervengo brevemente para plantear las líneas generales de la posición de nuestro grupo con respecto a la sección 14, Ministerio de Defensa, situando encima de la mesa la denuncia que permanentemente llevamos haciendo a lo largo de toda la legislatura. Todos los años, como bien se sabe, el presupuesto inicial que se debate en este trámite acaba siendo una realidad de gasto absolutamente diferente, a una media de 1.500 millones de euros extras por año por la vía de reales decretos. En 2012 fue un 30 % de incremento del presupuesto del Ministerio de Defensa, en 2013 un 24,5 %, en 2014 un 25,2 % y este año, según el avance del balance de gastos de 2015, se ha incrementado el presupuesto para lo que estaba consignado en 2015 en un 27,4 %. En las comparecencias y en el propio texto de los presupuestos vemos, como bien dijo el secretario de Estado, que son continuistas. Evidentemente, son continuistas porque vuelven a no decir la verdad, porque vuelven a no reflejar las políticas del Gobierno en materia presupuestaria y vuelven a no consignar debidamente gastos que ya están comprometidos y que luego se aprobarán por la vía de los reales decretos; una vía que además es alarmante en lo que respecta a seguridad jurídica porque no la da, como bien ha puesto encima de la mesa el Tribunal Constitucional. A partir de ahí, la política que reflejan estos presupuestos es, además, continuista con la anterior, como bien decía, y volvemos a esas partidas que se incrementan año a año y que son dos fundamentalmente: las destinadas al pago de armamento, al pago de los programas especiales de armamento, que este año además incorpora nuevos compromisos en materia de gasto, como 25 millones de euros para la adquisición de drones, y ese que tiene que ver con las partidas para las misiones en el exterior llamadas de paz, sin contar con lo que aparece en el resto de los ministerios que también afecta a la defensa y que desde La Izquierda Plural consideramos que también debería estar situado en el ámbito de los presupuestos que se destinan a este capítulo porque pensamos que es un gasto que la ciudadanía tiene que conocer, que necesitamos conocer todos y todas para abordar este debate debidamente. Si no, la transparencia, la trazabilidad y este debate serán absolutamente innecesarios y falsos, como lo están siendo a lo largo de los años, y estaremos ante manifiestos casos de fraude presupuestario, que es lo que, mucho nos tememos desde La Izquierda Plural, vamos a vivir este año 2016;


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además, curiosamente, unos presupuestos que ustedes no van a gestionar y que hipotecan, con esos compromisos a medio y largo plazo que en el caso de la defensa son multimillonarios, a futuros gobiernos.

A partir de ahí, ¿qué no dicen estos presupuestos? No dicen la realidad del elemento fundamental de las Fuerzas Armadas, que son los profesionales de las mismas. Las enmiendas de La Izquierda Plural van en esa dirección, en la de abordar las reformas necesarias de la Ley de Tropa y Marinería, en abordar las reformas necesarias de la Ley de la Carrera Militar y en abordar también cuestiones que tienen que ver con los derechos y deberes de los militares para garantizar que estos presupuestos tienen una visión hacia los profesionales de las Fuerzas Armadas a los que tanto se recurre para justificar determinadas cuestiones.

Son estas, grosso modo, las enmiendas que presenta mi grupo. La 1982 tiene que ver con el articulado y la 2027 y la 2028 también afectan al presupuesto del INTA, del Instituto Nacional de Técnica Aerospacial, precisamente para dotarlo del presupuesto necesario para personal después de los últimos cambios. Son propuestas absolutamente necesarias para abordar un debate posterior imprescindible, que es el del modelo de la defensa que necesita nuestro país en momentos tan complejos como los actuales, y no el modelo de la defensa que no marcamos nosotros, que seguimos a pies juntillas y que no nos va a llevar, mucho nos tememos, sino a la catástrofe.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Catalán, señor Macias.

El señor MACIAS I ARAU: Nuestro grupo presenta también una enmienda de totalidad a esta sección y creo que es una de las enmiendas más justificadas desde el punto de vista del incumplimiento de la Ley General Presupuestaria. Como todo el mundo sabe, uno de los preceptos de la Ley General Presupuestaria es que los presupuestos deben contener todas aquellas obligaciones a que el Gobierno se encuentra sometido. Debe, por ejemplo, consignar el pago de los sueldos de todo el personal que, previsiblemente, estará trabajando a su servicio, o consignar el pago de la deuda de los intereses, o consignar el pago de los contratos del Estado. Y el Estado tiene unos contratos por un valor de 30.000 millones en compra de material militar y, curiosamente, desde hace ya unos cuantos ejercicios, los pagos comprometidos según estos contratos no figuran en los presupuestos. Creo que este es un flagrante incumplimiento de la ley por parte de quien presenta estos presupuestos. Alguien se puede preguntar por lo que digo, pero podemos acudir al "Diario de Sesiones" del 8 de julio, en el cual diferentes señoras y señores diputados de la mayoría de los grupos denunciaron que, como viene siendo costumbre cada verano, se suplementaba en la cantidad exacta de 856 millones este año para hacer frente al pago de estas obligaciones que eran ya perfectamente conocidas. Esta es una irregularidad que a mí me parece que clama al cielo, es una irregularidad que además incumple la ley, y es evidente que esto merece por nuestra parte claramente una enmienda a la totalidad.

Fíjense, señores diputados, ¿cuál es el mecanismo? Dotamos al Fondo de contingencia de una cantidad, no decimos que el Ministerio de Defensa gasta esto que sabemos que va a gastar, y a mitad del ejercicio, hacemos este transformismo. ¿Tiene algo que ver esto con la transparencia, con los discursos de transparencia informativa? ¿Tiene algo que ver esto con los discursos o las lecciones sobre cumplimiento de la legalidad que parece que el Gobierno quiere dar cada día? A mí me parece que no tiene absolutamente nada que ver y, por tanto, nos parece que merece la pena esta enmienda a la totalidad.

Lástima que esta tarde no esté aquí el bueno del diputado señor Tardà, que hoy calificaba al ministro Morenés de ministro low cost. No es un ministro low cost, es un ministro de alto coste, porque estos suplementos de crédito en la compra de material militar no son precisamente low cost. Yo creo que es un ministro de alto coste pero sobre todo es un ministro que incumple flagrantemente la ley, puesto que está engañando a los ciudadanos. Nosotros tenemos este deber de denunciar este incumplimiento, que además invalida toda la legalidad del proceso de formación de los Presupuestos Generales del Estado. Por este motivo, presentamos esta enmienda a la totalidad.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, señora Pozuelo.

La señora POZUELO MEÑO: Señorías, no es de extrañar que haya una coincidencia tan amplia entre todos los portavoces a la hora de justificar una enmienda de totalidad a la sección 14, Ministerio de Defensa, de los presupuestos de 2016. El Grupo Socialista también ha presentado una enmienda de devolución de estos presupuestos porque repiten casi miméticamente los errores de todos los años anteriores, de los cuatro presupuestos anteriores que hemos debatido y se han aprobado esta Cámara, y


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tienen una insuficiencia financiera total para acometer las previsiones de gasto que contemplan los programas dentro del propio presupuesto. Este presupuesto un año más, una vez más, carece de objetivos estratégicos claros, no recoge la previsión realista del gasto que debe acometer, singularmente para los programas especiales de armamento y para las operaciones exteriores de las Fuerzas Armadas. No aborda soluciones para dar una respuesta a las necesidades de política de defensa de nuestro país, y con él difícilmente podremos cumplir nuestros compromisos internacionales dentro de la política de defensa común y dentro de los objetivos marcados por la OTAN que se establecieron fundamentalmente en la Cumbre de Gales.

Terminamos esta legislatura tal como la empezamos: sin tener un escenario claro de futuro sobre qué modelo de defensa, sobre qué estructura de Fuerzas Armadas debe tener nuestro país, sobre qué recursos se necesitan y cuál es realmente el proceso de modernización que necesitan nuestras Fuerzas Armadas. Y terminamos esta legislatura sin que el presupuesto anual que se aprueba dé cobertura a la previsión de gasto real que ya tiene comprometido el Gobierno. Señorías, en 2012 el presupuesto definitivo de Defensa fue un 40 % superior al aprobado inicialmente. En 2013 y 2014 el aumento real que se ejecutó del presupuesto de Defensa fue de un 35 % superior, 1.900 millones de euros más de lo presupuestado. El Ministerio de Defensa para el próximo año 2016 ha presupuestado 5.787 millones de euros, un 0,35 % más de lo que había presupuestado en 2015; esto es un simple ejemplo de la atención que merece el compromiso de los gastos adquiridos ya por el Ministerio de Defensa, por el Gobierno de España. De nuevo insisten en presentar unos presupuestos que no van a dar respuesta a ese programa especial de armamento, vuelven a repetir la cantidad de 6.842.500 de euros, la misma que han repetido en años anteriores y que ya sabemos, tal como han dicho otros portavoces, que luego es necesario ampliar a través de reales decretos-leyes para cubrir las necesidades reales de ese programa especial de armamento. En 2013 se aprobaron por este sistema 877 millones de euros, 884 en 2014 y 846 en 2015. Esta misma técnica presupuestaria se ha seguido utilizando para las operaciones de nuestras Fuerzas Armadas en el exterior. Los gastos ejecutados en estas operaciones en 2013 fueron de 791 millones de euros, una cantidad muy superior a la que contemplan los Presupuestos Generales del Estado para 2016; con eso se lo digo todo. Además, todos los años los informes del Tribunal de Cuentas advierten de la ilegalidad que se está cometiendo con esta técnica presupuestaria y este Parlamento ha requerido al Gobierno por parte de todos los grupos parlamentarios, tal como hemos visto repetir hoy aquí, que sea coherente y presente unos compromisos respetuosos con la necesaria transparencia y la debida planificación presupuestaria que se le exige a un Gobierno.

Mi grupo ha presentado enmiendas dirigidas a corregir esta absurda y engañosa práctica presupuestaria, añadiendo dos nuevas disposiciones adicionales. La enmienda número 360 solicita que las partidas correspondientes a la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz recojan una previsión de gastos adecuada a las necesidades de estas operaciones en curso. Por otro lado, en la enmienda 358, relativa a inversiones militares en un sentido más amplio, solicitamos del Gobierno que remita a las Cortes un proyecto de ley de programación plurianual de inversiones militares de armamento. Creemos que, como ya hacen muchos otros países, es necesario dotarnos en nuestra política de defensa de un instrumento legal que permita un debate profundo y serio y un conocimiento exacto sobre las inversiones y las adquisiciones de armamento en ese escenario plurianual, concretando programa a programa cuál debe ser la dotación de armamento que necesitamos. Daríamos así cumplimiento, además, al acuerdo establecido en la Cumbre de Cardiff de la OTAN en el sentido de recomendar a todos los países miembros que destinen un 20 % de su presupuesto de defensa a inversión en adquisiciones y en investigación y desarrollo. Asimismo, creemos que el Parlamento debe conocer de manera más clara y amplia la planificación de la política de defensa. En este sentido, hemos presentado una enmienda, la 359, para que el Gobierno envíe al Congreso una comunicación con los siguientes aspectos: la estructura organizativa de los Ejércitos y la Armada, la financiación de los programas de armamento a la vista de las necesidades prioritarias que se establezcan y la planificación sobre el desarrollo de la industria de defensa.

También hemos presentado otra serie de enmiendas más concretas, a las que me referiré brevemente.

El señor PRESIDENTE: Brevemente, señora Pozuelo, porque tiene que terminar ya.

La señora POZUELO MEÑO: Muy brevemente, presidente.

Son enmiendas relativas a la inmediata puesta en marcha del proyecto de la segunda serie de la fragata F-100 que se desarrollará en Ferrol; al programa CEUS, respecto del que se viene prometiendo


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por parte del Ministerio de Defensa año tras año de manera fehaciente que se va a poner en marcha, aunque sigue sin tener el impulso suficiente a pesar de estar firmados los convenios correspondientes y contar con la financiación requerida a través de fondos Feder, de la Junta de Andalucía y del propio Ministerio de Defensa; a la reunificación de las bases de Ceuta y a un plan especial de empleo y de mejora de infraestructuras y de servicios urbanos para los municipios de Morón y Rota, donde están instaladas las bases de utilización conjunta de España y de Marruecos. Asimismo, hemos presentado otra serie de enmiendas que doy por defendidas, dado que el presidente me llama ya la atención por el tiempo consumido.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, señor Ferrer.

El señor FERRER ROSELLÓ: En primer lugar, quiero hacer constar en el "Diario de Sesiones" que tanto mi grupo como yo mismo también echamos de menos al señor Tardà. Esto no es lo mismo sin él. (Risas).

Voy a agrupar las enmiendas con el objeto de tratar de contestarlas. En primer lugar, el argumento fundamental de las enmiendas de totalidad y de devolución hace referencia básicamente a la indebida consignación de cantidades para hacer frente a los gastos derivados de las operaciones en el exterior y a los programas especiales de armamento. Señorías, les he explicado en numerosas ocasiones -con poco éxito- que las operaciones en el exterior son absolutamente imprevisibles. Podríamos retirarnos del Líbano o del Cuerno de África y verlas reducidas a la mitad, o tal vez España y sus aliados podrían tomar en consideración las múltiples voces que exigen hoy una decidida intervención en Siria, Irak o Libia para acabar con la amenaza del Daesh y poner fin al drama de los refugiados, permitiendo su vuelta. Y en ese caso dichas partidas se verían multiplicadas por cinco o por diez, según el alcance de la intervención, y esto puede ser una realidad el mes que viene.

En relación con los PEA -lo que es fijo y previsible para este Gobierno es el gasto en sanidad, educación, asistencia social, ayuda al desempleo y pensiones-, el dinero que se destina a la adquisición del material militar depende sin embargo de la evolución de la economía, de las negociaciones con las empresas, está muy condicionado también por la evolución de los datos económicos y posibilidades de nuestro país y, finalmente, por los ritmos de entrega de las unidades adquiridas. Hemos debatido el tema hasta la extenuación; ustedes han recurrido a los tribunales y yo no discuto su derecho. Debo reconocer que me resulta un tanto llamativo el caso del Partido Socialista porque este Gobierno utiliza el mismo sistema que utilizaba el Gobierno socialista, bueno, el mismo exactamente no, era el mismo hasta que se decidió por hacer lo que mis hijos gráficamente llaman un simpa en materia de defensa. (Risas). Luego están aquellas enmiendas que recogen subidas salariales para los militares, que van desde el 1,5 % al 3 %, y ustedes se muestran, como no podía ser de otra manera, profundamente indignados porque este se sitúa en el ámbito del 1 %. No digo que el 1 % sea un aumento prodigioso, pero seguro que coincidirán conmigo en que constituye un poderoso avance en relación con su política de recortarles el salario un 5 %. Hay un 6 % de diferencia en términos de consideración y respeto por los ingresos de los funcionarios públicos, incluidos los militares, que evidentemente establece la diferencia entre sus políticas y las del Partido Popular.

Hay otra serie de enmiendas que persiguen aumentar las inversiones en los capítulos más variados o la cesión gratuita de patrimonio. En la filosofía de muchas de ellas podríamos estar de acuerdo. Nosotros también quisiéramos destinar más dinero a la adquisición de combustible, al mantenimiento del material o a ayudas sociales, por citar alguna de las enmiendas a las que hago referencia, pero las enmiendas tienen dos problemas. Primero, si detrajéramos los fondos de las partidas que ustedes quieren, nos quedaríamos sin satélites de observación, sin guerra electrónica, sin redes de comunicación, sin ciberdefensa, sin combustible para la UME y sin poder trasladar a nuestros militares, por citar algunos ejemplos. Esto, como ustedes comprenderán, es imposible. Lo que nos deja con una única posibilidad, aumentar notablemente el presupuesto de defensa de nuestro país, y de momento no vamos a hacerlo. Nuestro país ha salido de la peor crisis económica que ha conocido, aún perduran algunos de sus efectos, pero ya hemos salido de ella. Sin embargo, sus señorías conocen perfectamente las turbulencias que azotan la economía mundial, la crisis china, brasileña, etcétera. Por tanto, este Gobierno va a ser prudente y no va a aumentar el gasto militar de forma significativa, por lo menos de momento. Somos conscientes de que son muchas las amenazas y de que tendremos que hacer frente a ese compromiso en un futuro próximo, pero no ahora, señorías. En este momento apostamos por invertir la tendencia de estos últimos años y utilizar los recursos existentes de la manera más eficiente posible.


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Muchas de las enmiendas de sus señorías dejan traslucir la idea de que España gasta demasiado en su defensa, y ese es un argumento falso de raíz, peligrosamente irresponsable y profundamente injusto, especialmente con el esfuerzo y sacrificio realizados por nuestros militares. El presupuesto de defensa es el que más recortes ha sufrido como consecuencia de la crisis, más de un tercio en términos absolutos. España destina el 0,6 % del PIB a su defensa. Si le sumamos todas las inversiones extraordinarias -que ustedes, en lugar de apreciar, denuncian- apenas alcanza el 0,9 %. Esto nos sitúa directamente a la cola en relación con los países de nuestro entorno, de la Unión Europea, de la OTAN y muy lejos desde luego del objetivo del 2 % marcado en la Cumbre de Cardiff. Pese a ello nuestros militares han realizado un espléndido trabajo y yo les pido que, por favor, no lo minusvaloren ni tampoco pretendan manipular a los ciudadanos en este sentido porque solo conseguirían abrir una brecha entre unos y otros de fatales consecuencias para la defensa nacional.

Por último, el Grupo Socialista introduce una serie de enmiendas para estudiar el modelo de Fuerzas Armadas y su financiación. Francamente no lo entiendo, les hemos ofrecido a ustedes y al resto de fuerzas políticas un gran acuerdo político a este respecto, un acuerdo que definiera las necesidades de la defensa y dotara de estabilidad a su marco presupuestario. Ustedes ni tan siquiera se han molestado en contestarnos y ahora nos presentan una batería de enmiendas. Entenderán que no nos parezca ni serio ni de recibo.

No quisiera terminar mi intervención sin afirmar que, tal y como ustedes sospechan, no vamos a apoyar las enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de las secciones 15 y 36.

Señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Además de dar por defendidas todas las enmiendas del Grupo Mixto, quisiera hacer referencia a dos presentadas por el Bloque Nacionalista Galego porque nos parecen importantes. Una de ellas está relacionada con el incremento en 15 millones de euros para organismos de la Agencia Tributaria a fin de actuar contra el fraude y la evasión fiscal. Bien es cierto que de vez en cuando el ministro Montoro nos informa de los éxitos de esa lucha contra el fraude y recientemente nos daba la cifra de 6.500 millones recaudados entre los meses de enero y junio. Finalmente, supongo que acabará el año con una cifra semejante a la de 2014, que llegó a los 12.300 millones. Es verdad que nos da estas cifras y que además nos dice que es un éxito para la Agencia Tributaria, que está luchando contra el fraude, pero lo cierto es que está muy lejos de la cantidad que diferentes estudios coinciden en indicar que representa el fraude fiscal en el Estado español, que es de 70.000 millones de euros. Según los inspectores de Hacienda, la cifra que representaría la evasión de grandes empresas y grandes fortunas sería la de 42.000 millones de euros y otros 18.000 millones por cuotas dejadas de ingresar por IVA. Por lo tanto, la lucha contra el fraude que está enfrentando el Gobierno no es suficiente, por lo que debería incrementarse no solamente lo que debe ser el compromiso político sino también los recursos, y por eso presentamos esta enmienda. Somos conscientes de que no son suficientes los recursos destinados a la agencia para luchar más eficazmente contra esta lacra, por lo que se pone de manifiesto la necesidad de que se incrementen las partidas presupuestarias que el Gobierno tiene destinadas al fraude y la evasión fiscal.

Otra enmienda, señorías, está relacionada con un fondo especial para la financiación a favor de los municipios de población no superior a 20.000 habitantes. Ante la situación de crisis y la necesidad de que estos municipios o ayuntamientos tengan que afrontar actuaciones destinadas a mejorar la calidad de vida de su vecinos o por lo menos a dotar de servicios públicos diferentes necesidades sociales que corresponden a estas administraciones públicas, entendemos que es fundamental que el Ministerio de Hacienda cree este fondo especial para esa financiación.

Dicho esto, señor presidente, vuelvo a incidir en la defensa del resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto.

El señor PRESIDENTE: Por Unión Progreso y Democracia, el señor Calduch.

El señor CALDUCH CERVERA: El total del presupuesto consolidado de la sección 15 para 2016 aumentará un 20 % respecto a 2015 y se queda en 30.299 millones. Fundamentalmente este aumento es debido a los 5.000 millones extra para las comunidades autónomas. Los fondos de financiación a las comunidades autónomas y a las entidades locales suben un 7,3 %, con 25.000 millones y 1.000 millones de euros respectivamente para ambas categorías, y vienen a reemplazar al Fondo de liquidez autonómica,

Secciones 15 y 36


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dotado en 2015 con 21.000 millones, y al Fondo para la financiación del pago a proveedores. Nuestro grupo parlamentario se opone al rescate que el Gobierno ha realizado de un sistema autonómico caduco sin imponer una condicionalidad finalista en el gasto exigible a los Gobiernos de las comunidades autónomas y entes locales. Sin tener esta partida en cuenta, el presupuesto total del ministerio aumenta cerca de un 5 % en el presente ejercicio. El problema es que dicho incremento podría haber encontrado mejor uso. Solo un 0,26 % de incremento va para la Agencia Tributaria.

Esta formación ha pedido en repetidas ocasiones un aumento considerable de los recursos humanos y materiales del ministerio y la Agencia Tributaria para la lucha contra el fraude, ya que la cuantía que supone en España el fraude fiscal es muy elevada y su eliminación debe ser una de las principales prioridades del Gobierno. En 2015 el Gobierno reforzó el gasto en personal con 24 millones de euros adicionales. Este año vuelve a poner el freno y solo añade un millón, sin lograr compensar el recorte de recursos humanos del 8,5 % en la Agencia Tributaria desde 2011. España tiene el doble de fraude que los países de Europa del norte y la mitad de inspectores fiscales por habitante y destina proporcionalmente la menor dotación presupuestaria a la Agencia Tributaria. La economía sumergida supone entre el 20 % y el 25 % del producto interior bruto español. Las cantidades que podrían recaudarse son muy significativas. Cada año dejan de recaudarse unos 70.000 millones de euros. Parece una regla de tres sencilla. Para luchar contra el fraude fiscal es indispensable que se aumenten los medios humanos y materiales de la agencia para que pueda realizar su labor inspectora.

Otro punto de descuido es el contrabando de tabaco. La recaudación del impuesto sobre el tabaco ha caído un 50 % en los últimos cinco años sin que pueda achacarse a ninguna otra razón que la entrada en nuestro mercado de tabaco ilegal. Las enmiendas de nuestro grupo desean asegurar los fondos necesarios a disposición de la Agencia Tributaria para mejorar sus medios tecnológicos en la lucha contra el fraude. Observamos que el gasto corriente destinado para operaciones confidenciales relacionadas con la persecución del contrabando lleva congelado los últimos cuatro años, lo que refleja abandono o desinterés. Si queremos ver mejores resultados en la lucha contra el contrabando, debemos consecuentemente ver esta partida reforzada sustancialmente. Las inversiones reales que deberían dotar a la Agencia Tributaria de los medios materiales y tecnológicos adecuados para combatir el fraude han disminuido de 37 millones de euros a 31 millones de euros entre 2011 y 2016.

Por otra parte, nuestro grupo parlamentario propuso en 2014, a través de cuatro enmiendas que fueron rechazadas, reducir la partida consignada al parque móvil del Estado en 4,31 millones de euros. En los presupuestos generales del año 2016 finalmente se reduce en torno a esa cuantía el presupuesto. Como en tantas otras ocasiones, el tiempo nos da la razón. Creemos que el Gobierno puede hacer un esfuerzo adicional en el recorte de estos gastos a los que todavía destina 37,8 millones de euros. Proponemos cortar a la mitad las cantidades destinadas a la sustitución o adquisición de nuevos vehículos.

Por último, respecto a la sección 36 que se presenta en estos presupuestos generales, consideramos -por eso presentamos enmienda a la totalidad- que no se ajusta a la realidad económica de nuestro país. Nuestro grupo parlamentario propone la supresión de las diputaciones provinciales, con el mantenimiento obviamente de los cabildos y los consejos insulares en las islas Canarias y Baleares. Esto supondría un ahorro de unos 3.800 millones de euros que podrían destinarse a mejores usos para garantizar la cohesión social y el dinamismo económico de nuestro país. España es de los pocos países europeos que no ha acometido desde la segunda mitad del siglo XX planes rigurosos de concentración municipal en los que se haya fijado un mínimo de población y de extensión territorial para poder constituirse en municipio y contar con una organización propia. Incluso ha seguido en las últimas décadas el camino contrario, de forma que entre 1996 y 2009 se han producido segregaciones que afectaron a más de treinta municipios. En otros países, sin embargo, como el Reino Unido, Alemania, Bélgica o Suecia, se han realizado importantes transformaciones del tamaño municipal mediante la fusión de municipios o entidades semejantes con el objetivo de poder prestar un mejor servicio a los ciudadanos y de reforzar el gobierno local y la responsabilidad política de sus gobernantes.

Con la realización de estas fusiones se podrían suprimir más fácilmente las diputaciones provinciales, una estructura administrativa que proviene del siglo XIX y que no se ha adaptado a la existencia del Estado de las autonomías y a su distribución competencial, por lo cual las diputaciones realizan muchas funciones duplicadas con las comunidades autónomas o con los municipios y gastan una gran parte de sus recursos, en torno al 10 %, en su propio mantenimiento y no en conseguir el cumplimiento de su objetivo esencial, garantizar la igualdad de los ciudadanos de la provincia en la recepción de servicios municipales esenciales. Concluyo, su desaparición implicaría un importante ahorro, pero, además, ayudaría, por una parte, a clarificar el reparto competencial entre comunidades autónomas y municipios, y por otra, a una mejora de


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la democracia, pues sus cargos representativos son de elección indirecta -no lo olvidemos- y, por tanto, eluden la capacidad de control que los ciudadanos tienen sobre los cargos electos.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra la señora De las Heras.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Desde La Izquierda Plural quiero defender las tres enmiendas que presentamos a la sección 15, haciendo hincapié, en primer lugar, en la enmienda 2031, donde pretendemos impulsar la financiación de los municipios con menos de 20.000 habitantes, creando un fondo especial con 40 millones. Estos ayuntamientos tienen una capacidad económica impositiva y recaudatoria muy reducida, que, además, se ha visto corregida y aumentada con la mal llamada ley de racionalidad y sostenibilidad de la Administración local y que ante los efectos devastadores de la crisis van a tener serios problemas para la gestión de muchos de sus servicios de proximidad muy importantes en estos momentos.

También hemos presentado una enmienda para recuperar una de las herramientas de financiación que creemos que es muy importante para la ciudad de Santiago de Compostela como es el consorcio para devolverle la capacidad que ha ido perdiendo a nivel recaudatorio desde el año 2008 que ha visto reducida su dotación a 5 millones. Por lo tanto, pedimos que se aumente en 2 millones de euros. No alcanzará los 11 que tenía en 2008, pero sí paliará la situación.

Por último, proponemos una dotación presupuestaria de 40 millones de euros para las diputaciones, cabildos, consejos insulares, comunidades autónomas uniprovinciales, ayuntamientos de Ceuta y Melilla destinados a la financiación de inversiones y equipamientos en las entidades locales mediante los planes de cooperación económica local del Estado, para mejorar los servicios públicos locales y con el fin de paliar el deterioro sufrido con los ajustes presupuestarios duros que se han impuesto en los últimos años.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i d'Unió, señor Macias.

El señor MACIAS I ARAU: Nuestro grupo presenta también una enmienda de devolución de esta sección y lo hacemos porque estamos convencidos de que el presupuesto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está orientado básicamente hacia la consolidación de la centralización del Estado, con una deficiente o muy deficiente financiación de las comunidades autónomas. Desde el 1 de enero de 2014, debería estar en funcionamiento un nuevo acuerdo de financiación de las comunidades autónomas que les otorgase más recursos de acuerdo con las competencias que gestionan, principalmente de ámbito social. En segundo lugar, para nosotros -y es algo muy grave- hay una falta de lealtad absoluta por parte del Gobierno que incumple la ley vigente de financiación de las comunidades autónomas. En cualquier caso, el ministerio no ha velado por la suficiencia financiera de los distintos niveles administrativos. Nos parece que en un contexto de mejora del crecimiento económico, de incremento de los ingresos, vía impuestos, el Gobierno no ha incrementado proporcionalmente la cuantía de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas, es decir, el Estado se sigue financiando de las comunidades autónomas. Justamente, cuando el Estado ya lleva todo un ejercicio recuperando ingresos, a las comunidades autónomas aún no se les repercute esta positiva acción de recaudación. Por tanto, nosotros presentamos esta enmienda a la totalidad.

Además, hemos presentado cinco enmiendas parciales, que pretenden, la primera, una aportación del Estado al Plan único de obras y servicios de la Generalitat de Catalunya. Había venido siendo hasta hace cuatro años una aportación normal, puesto que es una competencia traspasada, pero desapareció, de manera que los ayuntamientos de Cataluña están en inferioridad de condiciones por no disponer de esta aportación del Estado al Plan único de obras y servicios. Otra aportación que solicitamos es un fondo especial para la financiación de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. Ya se ha hecho referencia aquí a las dificultades por las que pasan los ayuntamientos, pero de forma especial quienes lo sufren muy intensamente son los ayuntamientos menores, que casi siempre son los que tienen más dificultades para poder cuadrar sus presupuestos. Finalmente, tenemos tres enmiendas a distintos organismos y a la propia Generalitat para formación de personal de administraciones públicas para el aula de altos estudios de electos y para el consorcio catalán para el desarrollo local, que son instituciones cuyo objetivo es la formación de los funcionarios.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Saura.

El señor SAURA GARCÍA: La enmienda de devolución de la sección 15 del Grupo Socialista este año para el presupuesto de 2016 es igual que la enmienda para el presupuesto de 2015, porque los problemas


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persisten. Cuatro razones explican nuestra enmienda a la totalidad a la sección 15. La primera es que estos presupuestos no ayudan a la recuperación económica, no ayudan a salir de la crisis; todo lo contrario. Me voy a explicar. Resulta que el déficit de este año 2015 va a estar más cerca del 5 % que del 4,2 %. Además, se han inflado los ingresos tributarios, como todos los años, también para el año 2016; también se han hinchado los ingresos relacionados con las cotizaciones sociales. Esto nos lleva a que, desgraciadamente, eso implique un recorte en el Estado del bienestar para el año que viene y también un recorte en la inversión pública. Como consecuencia de todo ello, la actividad económica se va a resentir; por eso la política fiscal de este Gobierno es procíclica. Es decir, que el año que viene, cuando parte de los motores externos de la economía dejen de tirar, no vamos a tener política fiscal porque efectivamente el déficit de este año, como consecuencia en gran parte del regalo fiscal a las rentas más altas, va a estar más cerca, como digo, del 5 % que del 4,2 %.

Ayer el señor Montoro en una entrevista decía que el próximo Gobierno no va a tener más gasto público que realizar. Llama la atención que el ministro que ha incrementado la deuda pública en el conjunto de la legislatura en 350.000 millones de euros diga que el próximo Gobierno no va a tener dinero, no va a tener posibilidades de incrementar el gasto público. Además, esta mañana el servicio de estudios del BBVA nos dice que el crecimiento para el trimestre en el que estamos va a ser inferior al del trimestre anterior, es decir, que hay un cambio de tendencia en la actividad económica. Asimismo, dice que el crecimiento para el año que viene va a estar por debajo de las estimaciones del Gobierno; es decir, que el año que viene se va a crecer menos que este año. También dice el servicio de estudios del BBVA que uno de los riesgos de la recuperación, uno de los riesgos de la salida de la crisis, justamente va a estar en el déficit público del año 2015. Ya dijo algo la autoridad fiscal, pero esta mañana lo ha dicho el servicio de estudios del BBVA. Por tanto, se trata de una política fiscal que no va a ayudar a la recuperación sino todo lo contrario, que va a deprimir la actividad económica como consecuencia del desvío del déficit de este año y como consecuencia de los desfases en las estimaciones de ingresos tributarios y de las cotizaciones. La segunda razón tiene que ver con una política fiscal que incrementa la desigualdad, y voy a dar dos datos. El gasto social en términos reales disminuye un 0,7 % en este presupuesto y, por el contrario, crecen los recursos destinados a las rentas más altas, es decir, la reforma fiscal, la rebaja del IRPF y del impuesto sobre sociedades suponen 5.200 millones de euros. Estos presupuestos son electoralistas, pero con una parte de la sociedad, con los que reciben 5.200 millones de euros porque el gasto social se reduce, en términos reales, en 0,7 %. Por tanto, es una política fiscal que incrementa la desigualdad.

La tercera razón tiene que ver con una política fiscal que no es ambiciosa desde el punto de vista de las fuentes permanentes del crecimiento. Señor presidente, ¿quiere decirme algo?

El señor PRESIDENTE: No, pero ya que me provoca, señor Saura, vaya terminando. (Risas).

El señor SAURA GARCÍA: Señor presidente, le he visto con interés en transmitirme alguna información y por eso se lo he preguntado.

La tercera razón -si me sigue la intervención, señor presidente- que argumenta nuestra enmienda a la totalidad a la sección 15 es que no se apuesta de manera ambiciosa por las fuentes permanentes de crecimiento. Voy a dar solo un dato: el incremento de los créditos destinados a I+D+i son tan modestos que se tardarían cincuenta años en volver a los niveles en I+D+i de la legislatura anterior. Ese dato es suficiente para entender lo poco ambicioso que es desde el punto de vista de las fuentes permanentes de crecimiento.

Por último, la dañina política en relación con la lucha contra el fraude. En esta legislatura se han reducido en 3.000 los efectivos destinados a la lucha contra el fraude. Para el presupuesto del año que viene casi 500. En segundo lugar, está el atentado contra la conciencia fiscal de los españoles que ha consistido la amnistía fiscal y los escándalos de la Agencia Tributaria.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Madrazo.

La señora MADRAZO DÍAZ: El portavoz del Grupo Socialista ejerce una vez más su papel de agorero y nos augura un futuro negro y toda clase de males en la economía española, pero quiero decirles que estamos hablando del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que ha sido una pieza clave en el desarrollo de la política fiscal y presupuestaria, que ha jugado un papel fundamental en la salida de la crisis y que va a seguir trabajando en esa línea hasta el último minuto de la legislatura y prueba de ello es que estemos a estas horas debatiendo los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.


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No ha sido original el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y, me temo, que yo tampoco voy a ser original porque, una vez más, los grupos de la oposición repiten los argumentos que se reiteran aquí año tras año y rechazan el presupuesto correspondiente a la sección 15, al Ministerio de Hacienda, con los mismos argumentos, que son comunes y coincidentes y basados fundamentalmente en dos cuestiones: que no les gusta la reforma fiscal del Gobierno -tampoco es ninguna novedad, lo hemos debatido ya en muchas ocasiones- y que tampoco les gusta el presupuesto de la Agencia Tributaria porque les parece insuficiente. Voy a empezar por esto último, el presupuesto de la Agencia Tributaria. En 2016 el Ministerio de Hacienda ha hecho una apuesta clara de apoyo al presupuesto de la Agencia Tributaria. Ha incrementado en un 2 % la financiación al presupuesto inicial de la agencia y, como muy bien sabe, ha hecho una oferta de empleo público ordinaria y extraordinaria. En 2014 se convocaron 54 nuevas plazas de inspectores del Estado y 490 plazas de técnicos de Hacienda y, en 2015, se convocaron 100 nuevas plazas de inspectores del Estado y 623 plazas de técnicos de Hacienda. Por tanto, hay una apuesta clara por incrementar los medios humanos de la Agencia Tributaria.

La mejor vacuna -lo he dicho en otras ocasiones- contra esa crítica destructiva son los resultados que ha alcanzo la Agencia Tributaria en esta legislatura. Por un lado, se mejora año tras año la recaudación tributaria; la recaudación calculada en estos presupuestos es 32.000 millones de euros superior a lo que se recaudaba en 2011, lo que permite hacer una mejor política social, señor Saura; es decir, permite financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales de una manera sostenible. Además de bajar los impuestos se ha reducido el fraude fiscal, y es aquí donde la Agencia Tributaria está cumpliendo con holgura sus objetivos, gracias al esfuerzo y dedicación de sus funcionarios, pero también al uso inteligente de las nuevas tecnologías y a los instrumentos legislativos que ha aprobado este Gobierno para luchar contra el fraude. También les quiero recordar que se ha incrementado notablemente la dotación de recursos humanos de la Agencia Tributaria, pero además la tasa de reposición se incrementa en estos presupuestos, pasando del 50 al cien por cien. Luego, señorías, apuesta decidida por la Agencia Tributaria y apuesta decidida en la lucha contra el fraude. También quisiera referirme a las enmiendas que año tras año se repiten sobre la cooperación económica local del Estado y la financiación de municipios con población no superior a 20.000 habitantes, a la que han aludido todos los portavoces de los distintos grupos, recordándoles que en estos presupuestos se incrementa la financiación de las entidades locales, un 3,1 %. Tengo que recordarles -porque no sé si se les había olvidado ese pequeño detalle- que las entidades locales ahora tienen sus cuentas saneadas, que cierran sus cuentas con superávit. Por otro lado, aunque quisiéramos votar favorablemente a esas enmiendas, son absolutamente inviables y ustedes lo saben; unos nos piden 40 millones, otros 25, otros 30, pero las cuentas son las que son y tienen que cuadrar.

Para concluir, vamos a rechazar las enmiendas presentadas -no creo que sea original en esto- y vamos a votar favorablemente los presupuestos de esta sección 15, porque pensamos que son decisivos para seguir impulsando una profunda transformación de nuestras administraciones públicas para que sean más ágiles, más modernas al servicio de los ciudadanos. Asimismo, vamos a continuar apostando por reforzar la lucha contra el fraude fiscal, que ha sido para este Gobierno una absoluta prioridad. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la sección 16. Cómo no, tiene la palabra la señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Intervengo para dar por defendidas las enmiendas del Grupo Mixto.

El señor PRESIDENTE: Señor Calduch.

El señor CALDUCH CERVERA: Señor presidente, el sentido de la enmienda a totalidad que presentamos a la sección 16 está basado en una serie de elementos que en parte también coinciden con las referencias que hice a la enmienda a la totalidad de la sección 14. Nuestro grupo parlamentario considera que el presupuesto que se asigna en 2016 a la sección 16 es manifiestamente insuficiente respecto de la realidad de los retos que tiene que enfrentar nuestro país, tanto en lo que atañe a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como en lo que atañe a Instituciones Penitenciarias. No cabe la menor duda de que una de las reivindicaciones fundamentales que se requiere para que se pueda hacer frente a la realidad de la seguridad en nuestro país, es que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, fundamentalmente el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, tengan unas remuneraciones adecuadas y que, sobre todo, no se produzca la injusticia sistemática de la discriminación de los sueldos

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y de los recursos materiales de los que disponen estos cuerpos que tienen que operar en todo el Estado respecto de las policías autonómicas o locales.

La segunda cuestión por la que se justifica nuestra enmienda a la totalidad tiene que ver con el manifiesto recorte que sistemáticamente se realiza en Instituciones Penitenciarias y atención a la inmigración. Creo que a estas alturas, y con lo que estamos viviendo estos días, queda bien patente que la asignación presupuestaria para inmigración y asilo es manifiestamente insuficiente en lo que atañe a los Presupuestos Generales del Estado español y manifiestamente insuficientemente en lo que atañe a los presupuestos de la Unión Europea. Al problema de la inmigración ilegal crónico que tiene este país, se ha venido a añadir en los últimos meses el problema del desplazamiento masivo de refugiados procedentes de los conflictos bélicos que se dan en Oriente Próximo. Es evidente que estos presupuestos, en lo que atañe a al partida de inmigración y asilo, nacen ya abortados porque el presidente del Gobierno ha tenido que ir a la Unión Europea a negociar recursos extraordinarios para este fin. Por todo ello, se justifica la enmienda a la totalidad que presentamos a la sección 16.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, el señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Paso a defender la enmienda a la totalidad y las enmiendas parciales que mi grupo parlamentario, el Grupo de La Izquierda Plural, ha presentado a esta sección 16. La enmienda a la totalidad, aparte de en otras cuestiones, está basada sobre todo en una diferencia genérica de criterio respecto al modelo de seguridad que planteamos, desde mi grupo parlamentario, con el que se ha venido desarrollando por este Gobierno y también por gobiernos anteriores: un modelo de seguridad implementado en diferentes cuerpos que desde mi grupo parlamentario no compartimos; ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones y más en esta legislatura, en la cual se han tramitado varios proyectos de ley que han ahondado en una determinada característica que nosotros hemos dado en llamar: militarización de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado. No hemos compartido el modelo que el Gobierno del Partido Popular ha implementado y ha complementado además en los presupuestos anteriores y en éste, además de en otros proyectos de ley que se han tramitado en esta legislatura.

Sin embargo, quisiera hacer alguna mención específica a cuestiones que no ha alterado este presupuesto y que nos han llamado poderosamente la atención. Por ejemplo: que se esté destinando más dinero al gasto en fiestas oficiales -en desfiles básicamente- que en dotar a las unidades, a nivel de puesto, del material y de los vehículos que serían necesarios para el desarrollo de sus funciones. Hemos hablado además en nuestra enmienda a la totalidad de una cuestión específica que sí merecería algún punto de reflexión por el Grupo Parlamentario Popular, que habla de mejoras en la gestión y en cómo se tiene que gastar el dinero público. Por ejemplo: el tema de la formación. En un contexto en el cual se ha visto tan poco ampliada la oferta pública de empleo para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la formación que se lleva a cabo por la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, hace que el dinero que se está dedicando a formación por persona formada se haya incrementado en ejercicios anteriores y en este ejercicio también. Nos llama poderosamente la atención que no se implemente ningún cambio en formación de la Guardia Civil y Policía Nacional para ir a esas sinergias de las que tanto habla el Partido Popular y tratar de recortar gastos absolutamente innecesarios.

Hay algunas cuestiones en el funcionamiento del ministerio que nos llaman poderosamente la atención como es que no se aborde en ningún apartado de los Presupuestos Generales del Estado, sobre todo, después de un informe del Tribunal de Cuentas que hablaba de determinadas deficiencias en la gestión de subvenciones y en la gestión puramente administrativa del dinero en el Ministerio del Interior, sobre todo -como digo-, en subvenciones y, específicamente, en la cuestión de desastres naturales, en la cual hay un retraso considerable en la gestión de los expedientes y una baja ejecución de las partidos presupuestarias. Y no lo decimos nosotros, sino que lo dice un informe del Tribunal de Cuentas respecto de todas estas cuestiones. No compartimos la política penitenciaria que ha venido desarrollando el Partido Popular y, específicamente, en algunas cuestiones como la asistencia penitenciaria psiquiátrica dentro del asunto de la sanidad penitencia. Seguimos creyendo que ésta no va por el camino que marca la legislatura vigente, que debería ser el acuerdo con las comunidades autónomas. Específicamente en cuanto al tráfico, estamos viendo con preocupación cómo parece ser que en los últimos datos se invierte la tendencia de los últimos años de reducción de accidentes. Por eso creemos que se tiene que revisar la política presupuestaria del Gobierno, para tratar -eso lo compartimos todos los grupos parlamentarios- de mantener otra vez esa tendencia e ir a eliminar ese cambio en la tendencia que se ha producido últimamente.


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Mencionaré específicamente la política de inmigración del Gobierno, ya que es una política que ha llevado a este grupo parlamentario a agrios enfrentamientos con el ministro del Interior por la política que ha desarrollado de devoluciones en caliente, y que estos Presupuestos Generales del Estado siguen manteniendo con la apertura de los centros de internamiento de extranjeros y una política de inmigración que ya digo que mi grupo parlamentario en absoluto comparte.

Por todo ello, hemos presentado esta enmienda a la totalidad y algunas enmiendas específicas que, como siempre, nos llevan -voy concluyendo, veo la cara del señor presidente- a proponer una reducción de los gastos reservados y un incremento de la dotación presupuestaria para los solicitantes de protección internacional en España. Ya he dicho que no compartimos la política de asilo porque tiene importantes deficiencias, importantes diferencias, según provengan los asilados de un lugar o de otro, y en ese sentido planteamos un incremento. Planteamos el cierre progresivo de los centros de internamiento de extranjeros, proponemos enmiendas sobre el culto en los centros penitenciarios y todas esas son las propuestas de mi grupo parlamentario sobre la sección 16, Ministerio del Interior.

El señor PRESIDENTE: Señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: Voy a ser breve, señor presidente, se lo prometo.

El Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d'Unió ha presentado enmienda de devolución a la sección correspondiente al Ministerio del Interior, y la justificación que damos es más que suficiente. Quiero solo mencionar en este sentido que el programa de seguridad vial del Ministerio del Interior tiene un presupuesto que se incrementa un poco, pero que aún queda muy por debajo del nivel previo a la legislatura actual, por tanto, atención porque es un asunto importante sin lugar a dudas.

En relación con las enmiendas singulares, hemos presentado una enmienda en relación con la dotación presupuestaria para infraestructuras para acoger a las personas refugiadas y apátridas. El incremento en el número de solicitantes de protección internacional también hace necesario destinar presupuesto para habilitar y mejorar espacios, sobre todo, en puestos fronterizos, especialmente en salas en aeropuertos y en las fronteras de Ceuta y Melilla. Algunos de nosotros los hemos visitado y realmente es necesario que se haga una dotación presupuestaria para mejorar estas salas en fronteras y en aeropuertos. Además, debe aumentarse esta partida para ofrecer una respuesta adecuada a las personas solicitantes de protección internacional en España, y permitir así poner en marcha puestos habilitados para la atención de personas solicitantes de protección internacional en nuestras fronteras, así como las que sean necesarias para su atención, más que necesaria en la situación actual, y que todos los diputados conocen sobradamente y no hace falta que me refiera a ella. Una segunda enmienda, que es importante, pone de manifiesto algo que nos preocupa especialmente y es que, a pesar de que hemos hablado mucho sobre el sistema de financiación del sistema de salud, no hemos arreglado muchas cosas. Les voy a poner un ejemplo y es la enmienda que hemos formulado en ese sentido. El Gobierno central autoriza tratamientos sanitarios con un elevado impacto presupuestario, pero no prevé una aportación económica adicional para ello. Esto supone en muchos casos a las comunidades autónomas un problema y un problema grave.

En relación con este ministerio, ¿por qué estoy hablando de esto? Lo hago porque en relación con el tratamiento de la Hepatitis C el Gobierno garantiza estos nuevos medicamentos, pero son las comunidades autónomas las que deben sufragarlos y en el caso de los reclusos penitenciarios, en el caso de Cataluña es así porque tiene las competencias ejecutivas en materia de prisiones. Si el ministerio dispone de una dotación presupuestaria de 20 millones de euros destinados a financiar los productos farmacéuticos para tratar a los reclusos contagiados de Hepatitis C, no destina nada a aquellas comunidades autónomas que tienen transferida la competencia en materia de prisiones. Por tanto, con la enmienda que hemos presentado, en la cual dotaríamos de unos 10 millones de euros para transferencias a las comunidades autónomas, se garantizaría los derechos sanitarios a toda la población interna en centros penitenciarios, independientemente de la Administración que los gestiona.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Sicilia.

El señor SICILIA ALFÉREZ: Señorías, este es el último presupuesto que presenta el Gobierno del PP y desde el primer presupuesto que nos presentó en el año 2012 hasta este el Ministerio del Interior ha bajado su presupuesto en términos absolutos en 451 millones de euros. Las notas que caracterizan los presupuestos del ministerio, desde ese año 2012 -el primero que presentó el Gobierno del PP- hasta la actualidad respecto a la gestión en lo que a la seguridad pública se refiere, contienen de manera


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reiterada tres elementos muy significativos: en primer lugar, el descenso en términos absolutos del gasto y el descenso de alrededor de un 6 % de los recursos destinados a las políticas de seguridad. En segundo lugar, una disminución acusada de las plantillas de los miembros que conforman las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también del personal de Instituciones Penitenciarias. Por último, una serie de reformas legislativas de un gran contenido ideológico y que no han contado con el apoyo de los grupos de esta Cámara ni de la sociedad española.

La situación actual de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es preocupante, como también la del personal de Instituciones Penitenciarias. En el Cuerpo Nacional de Policía hay un total de 10.764 vacantes de miembros en servicio activo, un servicio que no permite cubrir ni siquiera los objetivos que se proponen en diversas especialidades como seguridad ciudadana o policía judicial ni los dedicados, por ejemplo, a violencia de género y familiar. Pero si hablamos de Guardia Civil los datos no son mejores: hay un total de 9.030 vacantes de miembros de la Guardia Civil en servicio activo, y es por ello por lo que han disminuido efectivos en el servicio fiscal, en el servicio marítimo, en la intervención de armas o en seguridad ciudadana, entre otros. En Instituciones Penitenciarias se han perdido más de 1.400 efectivos y tenemos un problema de envejecimiento de la plantilla: más del 36 % de funcionarios y funcionarias de Instituciones Penitenciarias tienen más de cincuenta años.

El resultado de esta política no es otro que una falta de cobertura y, por tanto, un empeoramiento en la prestación de los servicios, que desde el Ministerio del Interior se ha resuelto de una manera fácil y es aprobando una nueva Ley de seguridad privada que ha incrementado las posibilidades de negocio de estas empresas a costa de la seguridad pública. Por otro lado, y debido a la falta de plantillas, nos encontramos con prisiones acabadas y sin abrir o con prisiones abiertas que tienen módulos cerrados -hasta veinticinco- por carecer de personal que pueda abrirlos con un mínimo de seguridad. Por otro lado, resulta alarmante el presupuesto del programa 132.C, actuaciones policiales en materia de droga; un presupuesto que ha caído año tras año y, mientras los traficantes se dotan de mejores medios y recursos, nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad siguen con medios obsoletos y con menos personal, tal y como se refleja en el presupuesto que ahora debatimos. En materia de protección civil, llama la atención que para el próximo 2016, año en que tiene que implementarse la nueva Ley de Protección Civil, se prevé una bajada del presupuesto del 0,22 %, lo que mantiene por cierto una senda continuista de bajada en esta materia presupuesto tras presupuesto, año tras año.

Terminaré mi intervención haciendo una especial mención al programa 131.P, derecho de asilo y apátridas. Las razones son obvias. En materia de asilo el presupuesto muestra lo que ya venimos conociendo y denunciando año tras año: la ausencia de política destinada a garantizar una protección internacional para aquellas personas que llegan a nuestras fronteras y, lo que es peor, la falta de interés de este Gobierno por la política de asilo. Sirvan algunos ejemplos de esto que les digo: tras cuatro años del Gobierno del Partido Popular seguimos sin un reglamento que desarrolle la Ley de Asilo. Otro ejemplo: la denuncia que hacía la Defensora del Pueblo que habla de un sistema de acogida para los asilados que está saturado, con oficinas de asilo y refugio donde los solicitantes de protección reciben cita para cursar su petición para dentro de cuatro meses; eso por no hablar de las vergonzantes declaraciones del ministro del Interior que para rechazar el reparto por cuota, que hace unos meses proponía la Comisión Europea, no se le ocurrió otra cosa que hablar de efecto llamada; como vergonzante resultó ver al presidente y a la vicepresidenta negociando a la baja con la Comisión el número de personas peticionarias de asilo que nuestro país estaba dispuesto a aceptar. -Voy terminando, señor presidente-. Han tenido que ser las duras y dramáticas imágenes de estos días las que han hecho moverse un poquito al Gobierno en su actitud. Pero han cambiado las palabras, no los hechos, porque el presupuesto sigue siendo el mismo; el presupuesto para 2016 es el mismo que el de 2015, con una excepción: son 3 millones más para una actuación puntual comprometida en el último Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, pero el presupuesto es el mismo pese a que ustedes reconocen que este año va a haber más peticiones de asilo y el que viene muchos más.

Pueden corregir su error -termino, señor presidente- y es bien fácil: aceptando la enmienda que ha presentado mi grupo para que dotemos de mayores medios a este programa. Como les digo, estas son algunas de las razones que han llevado a mi grupo a presentar esta enmienda de devolución a la sección que debatimos.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, señor Márquez de la Rubia.

El señor MÁRQUEZ DE LA RUBIA: Frente a las intervenciones de los portavoces de la oposición, que desde mi punto de vista están plagadas de datos sesgados, prejuicios bien o mal intencionados y con una


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visión absolutamente distinta a la que tiene el Grupo Parlamentario Popular sobre los presupuestos de la sección 16, Ministerio del Interior, nosotros creemos que este presupuesto confirma el cambio de tendencia general en el país. Un cambio de tendencia que requiere inexorablemente -eso es lo que ustedes parecen no comprender- continuar con la reducción del déficit público, cuyo objetivo se ha fijado para el próximo año -se lo recuerdo- en un 2,8 %. Son unos presupuestos, reitero, que continúan la senda reactivadora de la economía emprendida en años precedentes, manteniendo y reforzando los servicios públicos.

Permítanme referirme a algunos datos concretos que quieren rebatir las intervenciones anteriores. En primer lugar, es un presupuesto que aborda, de una vez por todas, la mejora retributiva necesaria y justa de los empleados públicos, que ha sido comprometida por el Gobierno de la nación en la negociación sindical: el 1 % de actualización monetaria y el 50 % de la paga extraordinaria. Es un presupuesto que tiene un dato muy relevante, un dato que echa por tierra los argumentos y el conjunto de las enmiendas presentadas por la oposición y, concretamente, por el Grupo Socialista; es un presupuesto que aumenta el capítulo 6 de inversiones en un 14,61 %, porcentaje que se eleva al 23 % si excluimos a los organismos autónomos. Es un crecimiento de créditos especialmente importante por su efecto dinamizador de la economía y generador de empleo y permitirá, sin duda, al ministerio aumentar y mejorar los recursos, infraestructuras y equipamientos en relación con la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero también de la Dirección General de Tráfico. Me van a permitir citarles algunas de las obras que están previstas en esas inversiones como la nueva comisaría de policía de Lorca, el cuartel de la guardia civil de Villanueva de los Infantes o la anualidad de las obras correspondientes a las nuevas comisarías de policía de Jerez de la Frontera, Calatayud, Vélez en Málaga, un nuevo cuartel de la guardia civil en Priego de Córdoba y otra serie de obras en nuevos cuarteles como el de Carrión de los Condes o la nueva comisaría de policía de Almendralejo.

Hay un tema que ha sido tratado en todas y cada una de las intervenciones que me han precedido y es el ámbito de las políticas de asilo y migración. Es un asunto importante a destacar, pero es que el presupuesto destinado a asilo, refugio, régimen de apátridas y atención a desplazados, el programa 131.P, asciende en 2016 a 6,2 millones de euros, lo que supone un incremento nada más y nada menos que del 105,28, es decir, 3,18 millones más con respecto a 2015. Esta fuerte subida, superior al cien por cien, tiene por objetivo reforzar la Oficina de Asilo y Refugio, completando las medidas que ya se han venido adoptando este año, y sobre todo permitirá hacer frente de una forma adecuada a las nuevas necesidades y a los compromisos que se derivan de los acuerdos del Consejo Europeo del pasado junio, y seguramente de los que en adelante tengamos que adoptar en función de la solidaridad europea que ahora se tendrá que poner sobre la mesa. Para hacer frente a la situación, se ha consignado un nuevo crédito bajo el concepto 488, un programa de asentamiento y reubicación de refugiados, algo novedoso en el presupuesto, que se dota con 3 millones de euros. Pero no solamente esta es la única aportación que hace este presupuesto a las nuevas circunstancias internacionales en las que nos movemos, se mantienen dotaciones de crédito para la cooperación internacional por un importe de más de 13 millones de euros que se distribuyen en dos grandes bloques, dos grandes bloques que han contribuido a la exitosa política de lucha contra la migración ilegal en nuestro país: por un lado, ayudas directas de cooperación policial, por un importe de 13 millones de euros, y ayudas a la formación en el ámbito de la cooperación, por un importe de 292.000 euros. Se completa además con una partida destinada al fomento y retorno voluntario de inmigrantes, y precisamente para poner en marcha ese programa se ha dotado partida de crédito que se canalizará a través de la Organización Internacional para las Migraciones. Por tanto, atención, mucha atención a los fenómenos que estamos viviendo estos días, que sin duda nos darán mucho sobre lo que reflexionar y muchas decisiones que tomar.

En cuanto al agorero panorama que ha pintado el señor Sicilia sobre los datos de seguridad, es cierto que se han ido reduciendo los presupuestos de la sección 16, Interior, en los últimos años, pero curiosamente se han ido incrementando los niveles de eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estad, reduciéndose en 20 puntos las tasas de criminalidad en España desde hace tres años. Es decir, menos gasto, más eficacia. (Rumores). Es curioso que esto no pudieran decirlo ustedes en la época en que gobernaban. (El señor Sicilia Alférez: ¡Es impresionante!). Un aspecto muy significativo con relación a la seguridad es que aumentan en el capítulo 6, de inversiones, todas aquellas dedicadas al área de seguridad, y en concreto la dirección General de Policía experimenta un incremento del 54,23 % con respecto a 2015 y la Dirección General de la Guardia Civil un incremento del 28,16 %.


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Concluyo. Realmente creo que han pasado los años más intensos del imprescindible ajuste de la crisis que ustedes nos dejaron; hoy presentamos unos presupuestos que consolidan un cambio de tendencia y que no se limitan al mantenimiento de los recursos necesarios para la prestación eficaz de los servicios públicos, sino que los aumentan con partidas tan importantes como las que les he expuesto. Por eso, vamos a rechazar las enmiendas presentadas por la oposición y vamos a votar favorablemente las dos enmiendas presentadas por el Grupo Popular. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la sección 25. Señor Calduch.

El señor CALDUCH CERVERA: Señor presidente, doy por defendidas las enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez Amor.

El señor SÁNCHEZ AMOR: Doy por defendidas todas las enmiendas, incluida la de devolución, pero quería detenerme en la que me parece que tiene mas contenido político, a pesar de que es, como podrán observar, un clásico en este debate de presupuestos. Si no fuera un tema tan serio haría la broma de El día de la marmota, pero tratándose de lo que se trata, prefiero ahorrármelo. He oído desde el despacho cómo el portavoz de Justicia del Partido Popular se asombraba esta tarde de que la oposición reiterara un año tras otro las enmiendas, cuando lo asombroso sería que no lo hiciéramos. Y más asombroso sería que no lo hiciéramos porque alguna vez el Gobierno aceptara alguna enmienda. Me estoy refiriendo al asunto de la memoria histórica, y recordaré datos que ya se han dado en la comparecencia del subsecretario. La última partida con la que se dotó este aspecto durante el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero fue de 6,25 millones de euros. Si no recuerdo mal -estoy hablando de memoria-, en el primer año de ejercicio del Partido Popular se redujo a 2,5 millones de euros, y a partir de ese año la dotación para la ejecución de la Ley de la Memoria Histórica en esta sección fue sencillamente de cero euros, con excusas de todo tipo que hemos oído a los comparecientes responsables del Gobierno y a los miembros de la mayoría. Excusas que en primer término no suponían un rechazo ideológico de las operaciones de exhumación o de ayudas a las asociaciones, sino que hacían referencia a los malos tiempos financieros y a la necesidad de reducir gastos por parte del Gobierno. Nunca se hizo un discurso ideológico frontal contra la política de exhumaciones. Sin embargo, parece que en este nuevo presupuesto, metido en esa estrategia electoral, sencillamente se ha recurrido a hacer desaparecer esta partida, con muchas excusas. Decía el portavoz de la mayoría en una sesión anterior que la demanda de ayudas ha caído un 500 %. No sé si una demanda puede caer un 500 %, porque yo creo que si cae un cien por cien ya se queda en cero, pero en cualquier caso inevitablemente la demanda cae cuando no se hacen convocatorias de ayudas, y todo el mundo sabe que no hay ayudas para la memoria histórica. Por tanto, no podemos colegir que no haya necesidad de crédito porque la gente no pida dinero, porque la gente no pide dinero porque que no se le ofrece dinero mediante las convocatorias públicas. De tal manera que lo que nos encontramos en los presupuestos este año es sencillamente una desaparición en la que ya no hay excusas, seguramente tendrá que ver con ese perfil de los presupuestos como parte inicial de una estrategia electoral en la que supongo que hay que dar algún tipo de alpiste ideológico a alguna parte -espero que pequeña- del electorado del Partido Popular que sigue siendo deudora psicológica del franquismo. Y digo que espero que sea pequeña. La escusa que hemos oído es que la oficina que se encargaba de estas funciones ha pasado al Ministerio de Justicia. No hay el más mínimo rastro presupuestario de que esto sea así. En la sección del Ministerio de Justicia la oficina que hay es la Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual y el Registro Central de Protección de Víctimas de Violencia de Género. No hay un traslado de la oficina o por lo menos no hay registro financiero o presupuestario de ese traslado de la oficina al Ministerio de Justicia, que se nos ha dicho que se ha hecho este año. Pero es que el Ministerio de Justicia tiene funciones de desarrollo de la Ley de Memoria Histórica desde el inicio, porque hay cuestiones que tienen que ver con el Registro Civil, otras tienen que ver con lo que se llamó en la ley la declaración de reparación y efectivamente esas funciones siempre las ha hecho el Ministerio de Justicia porque son materialmente del Ministerio de Justicia. Pero eso no quiere decir -o al menos, reitero, no hay registro presupuestario de ello- que la oficina que atendía la memoria histórica en la Vicepresidencia del Gobierno haya pasado a Justicia. Justicia ha tenido siempre funciones de desarrollo de memoria histórica y las mantiene, y no hay más que ver la memoria del año pasado en la que ya el Ministerio de Justicia, como hace este año, hacía referencia a esas funciones residuales.

Título VII

Sección 25


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El hecho es obvio; es decir, el Partido Popular siempre ha estado incómodo con la política de exhumaciones y de ayudas a las asociaciones y ha decidido ya ni siquiera disimular diciendo que era un tema financiero y que cuando hubiera dinero volverían a dotarlo, sino que sencillamente lo ha hecho desaparecer, y la escusa es que ha ido a otro ministerio. En cualquier caso, me da igual. Nosotros hacemos una enmienda que pretende crear una partida nueva para exhumaciones a través de los municipios y para ayudas a asociaciones. ¿Que ustedes quieren crearla en Vicepresidencia y luego trasladarla a Justicia? Es igual, pero por favor díganle a la sociedad que están ustedes dispuestos a continuar con esta especie de derogación de facto de una ley que aparentemente está vigente. Lo que le pido es que doten la ley, porque es una obligación legal de este Parlamento hacerlo y si tienen que decirle a la sociedad que no lo hacen por un motivo ideológico, lo hagan.

Gracias, señor presidente. Voy a comenzar a celebrar el día de Extremadura, que se celebra hoy a partir de estas horas de la noche.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez Amor. Disfrute de la celebración e invítenos a acompañarle, aunque no todos vayamos.

Señor Gómez de la Serna.

El señor GÓMEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS: Voy a limitarme a responder al señor Sánchez Amor puesto que es la única enmienda que se ha defendido, la relativa a la cuestión de la memoria histórica. Me hubiese gustado que alguien hubiese puesto en valor que en un ministerio en el que el 95 % del gasto es gasto corriente hayamos ahorrado 22 millones de euros desde el presupuesto de 2011 hasta el presupuesto de este año. En todo caso, señor Sánchez Amor, usted y yo nos conocemos y no creo que usted dude de la sinceridad de mis palabras. Me parece que haber utilizado la expresión de alpiste ideológico, como poco, es desafortunada. Hay una novela de Saramago que se llama Ensayo sobre la ceguera -es una novela pero se llama Ensayo sobre la ceguera- y en ella hay una expresión que él utiliza recurrentemente que se refiere a los ciegos que, viendo, no ven. Esto en términos jurídicos -usted que es jurista lo sabe- se llama la ignorancia deliberada y en términos de sociología política se llama la ceguera voluntaria, y consiste en que hay hechos que se producen y que se desconocen voluntariamente por razones ideológicas, por razones religiosas, por razones afectivas, por lo que sea. Creo que estamos ante un caso claro de ceguera voluntaria en lo que se refiere a su intervención y le voy a explicar por qué. En primer lugar, porque sabe usted perfectamente que estamos debatiendo de la sección 25 de los Presupuestos Generales del Estado y que desde el año pasado las cuestiones relativas a la memoria histórica pasaron a la sección 16 -creo que es la 16, si no corríjame-, correspondiente al Ministerio de Justicia. En segundo lugar, es verdad que si no fuera una tragedia estaríamos hablando de El día de la marmota porque yo me he cansado de dar en esta Comisión y también en Pleno las cifras que se han destinado a la cuestión de la memoria histórica. Si quiere, se las repito. Se han destinado 25 millones de euros, 8,2 millones de euros en apertura de fosas y exhumación de cadáveres. Se han identificado 2.382 fosas y 45.134 víctimas. La demanda social ha caído en un 500 %, no en lo que se refiere a la solicitud de ayudas sino a las declaraciones de reconocimiento, que son gratis y se han producido 1.620 declaraciones de reconocimiento de víctimas. Se ha retirado el 90 % de los símbolos franquistas, y los que no se han retirado ha sido porque afectan a temas de patrimonio histórico, tienen especial valor histórico. En definitiva, no se nos puede acusar de haber paralizado este programa de memoria histórica, lo que ocurre es que el noventa o el ochenta y tantos por ciento de las cuestiones relativas a memoria histórica se han solucionado satisfactoriamente. Otra cosa es pretender por una cuestión ideológica alargar en el tiempo este tema.

Como sé que usted es un socialista honesto, les voy a pedir que no pasen de la ceguera al estrabismo. ¿Por qué? Ustedes han apoyado a determinados partidos políticos que han alcanzado el poder en muchos lugares de España y que a día de hoy todavía no han condenado determinados crímenes, que también son memoria histórica. La memoria histórica abarca un periodo muy duro: la Guerra Civil, donde las dos Españas sufrieron mucho, y el régimen dictatorial del general Franco, donde la España que perdió sufrió mucho fuera de España, en el exilio, y dentro de España mediante la represión. Pero después del año 1974 en España ha habido 1.000 víctimas de la violencia terrorista por grupos como el FRAP, el Grapo o la organización terrorista ETA, sobre todo en términos numéricos. Ha habido muy buenos socialistas, a cuyos entierros he asistido, asesinados por esas organizaciones terroristas. Me gustaría que su partido, que ha aupado, por ejemplo, a la CUP en Cataluña en no pocos ayuntamientos... (Rumores.-Un señor diputado: ¿Cómo?). Repito. Me gustaría que su partido, que ha aupado a la CUP en no pocos ayuntamientos (Un señor diputado: ¿Dónde?), por ejemplo, si alguien me pregunta, en el Ayuntamiento de Badalona, plantease preguntas de reivindicación de la memoria de determinados socialistas tan insignes como el señor Lluch. Lo digo porque la CUP en el mes de enero recaudó dinero en favor de los presos de ETA, muchos de los cuales son criminales de socialistas demócratas de pro. Esta es una memoria histórica mucho más reciente que la otra. Háganlo ustedes también en el Ayuntamiento de Vitoria, porque ustedes han llegado a un pacto con Bildu para sacar del ayuntamiento al señor Maroto, y quiero recordar que el señor Buesa, a cuyo entierro también fui, fue asesinado por ETA. (Rumores). Sí, esos son datos objetivos.

El señor PRESIDENTE: Señor Gómez de la Serna, debe terminar.


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El señor GÓMEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS: Estos son datos objetivos.

Voy terminando. Por lo tanto, señores, estoy absolutamente de acuerdo con el respeto a la memoria histórica de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo y espero de ustedes un acto de equilibrio, de valentía y de coraje político llevando a esos ayuntamientos reivindicación de la memoria de sus muertos, que son los muertos de todos.

El señor PRESIDENTE: Hemos concluido el debate de la sección 25 y, en consecuencia, podemos dar por cumplida la labor que nos habíamos asignado para el día de hoy.

Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.

Eran las nueve y quince minutos de la noche.

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