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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 145, de 10/10/2013
cve: DSCD-10-PL-145
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 145
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 136
celebrada el jueves,
10 de octubre de 2013


ORDEN DEL DÍA:

Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados:

- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de señores diputados. (Número de expediente 042/000028) ... (Página4)

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 48-1, de 24 de mayo de 2013. (Número de expediente 121/000048) ... (Página5)

- Proyecto de ley orgánica de creación de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 53-1, de 3 de julio de 2013. (Número de expediente 121/000053) ... (Página33)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley de evaluación ambiental. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 59-1, de 13 de septiembre de 2013. (Número de expediente 121/000059) ... (Página46)

Propuestas de creación de subcomisiones:

- Propuesta de la Comisión de Fomento, de creación de una subcomisión de estudio y análisis del sistema ferroviario español. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 331, de 27 de septiembre de 2013. (Número de expediente 158/000039) ... (Página64)

Declaración institucional ... (Página65)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página65)


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Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Votación) ... (Página66)

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página66)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página84)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.

Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados ... (Página4)

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de señores diputados ... (Página4)

La Presidencia anuncia que ningún grupo desea intervenir en este punto del orden del día.

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página5)

Proyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa ... (Página5)

En defensa de las enmiendas y turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo, los señores Álvarez Sostres, Baldoví Roda y Quevedo Iturbe, la señora Pérez Fernández, y los señores Tardà i Coma y Errekondo Saltsamendi, del Grupo Parlamentario Popular; la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora García Álvarez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; y los señores Barberà i Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Bedera Bravo, por el Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones interviene la señora Moneo Díez, del Grupo Parlamentario Popular.

Hace uso de la palabra el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte (Wert Ortega).

En turno de réplica intervienen las señoras Sánchez Robles y García Álvarez; los señores Barberà i Montserrat y Bedera Martín, y la señora Moneo Díez. Duplica el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte (Wert Ortega).

Vuelve a hacer uso de la palabra la señora García Álvarez.

Proyecto de ley orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ... (Página33)

En defensa de las enmiendas y turno de fijación de posiciones intervienen el señor Salvador Armendáriz, las señoras Fernández Davila y Jordà i Roura, y el señor Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista.


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En turno de fijación de posiciones interviene la señora Asian González, del Grupo Parlamentario Popular.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página46)

Proyecto de ley de evaluación ambiental ... (Página46)

Para presentación y defensa del proyecto de ley hace uso de la palabra el señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Arias Cañete).

En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución y turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, el señor Baldoví Roda y las señoras Jordà i Roura y Ariztegui Larrañaga, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; y los señores Barberà i Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Ábalos Meco, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Collarte Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular.

Propuestas de creación de Subcomisiones ... (Página64)

Propuesta de la Comisión de Fomento, de creación de una Subcomisión de estudio y análisis del sistema ferroviario español ... (Página64)

Sometida a votación la propuesta, es aprobada por asentimiento.

Declaración institucional... (Página65)

La Presidencia da lectura a la declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Niña.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página65)

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada conjuntamente a la moción del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre cumplimiento del artículo 50 de la Constitución española que mandata a los poderes públicos garantizar pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, y a la moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la devaluación de las pensiones que se va a producir como consecuencia de las medidas anunciadas por el Gobierno, se rechaza por 130 votos a favor, 183 en contra y 8 abstenciones.

Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la modificación del Código Penal para tipificar como delito la banalización del holocausto o del nazismo, sea a través de la utilización de símbolos nazis y totalitarios, sea mediante la adjetivación de líderes, entidades e instituciones demócratas con el calificativo de nazi, nazista o nazismo, se rechaza por 141 votos a favor, 180 en contra y 1 abstención.


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Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Votación) ... (Página66)

Sometido a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de señores diputados, se aprueba por 242 votos a favor, 3 en contra y 61 abstenciones.

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página66)

Sometidas a votación las enmiendas al proyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, son rechazadas todas.

Sometido a votación el dictamen de la comisión, se aprueba por 178 votos a favor, 137 en contra y 3 abstenciones.

Sometido a votación el conjunto del proyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, se aprueba por 182 votos a favor, 136 en contra más un voto telemático, 137, y 2 abstenciones.

Sometidas a votación las enmiendas al proyecto de ley orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, son rechazadas todas.

Sometido a votación el dictamen de la Comisión, se aprueba por 182 votos a favor, 138 en contra y 1 abstención.

Sometido a votación de conjunto el proyecto de ley orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, se aprueba por 179 votos a favor, 141 en contra y 1 abstención.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página84)

Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas al proyecto de ley de evaluación ambiental, son rechazadas por 129 votos a favor más 2 telemáticos, 131; 185 en contra y 6 abstenciones.

Se levanta la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión. Esta sesión plenaria incluye diversos dictámenes de proyectos de ley de carácter orgánico. Por eso voy a dar una hora aproximada en la que podemos empezar a votar, antes de la cual desde luego no se votará; serán las dos de la tarde.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS.

- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS. (Número de expediente 042/000028).

El señor PRESIDENTE: Sobre el punto VII del orden del día, relativo al dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de sus señorías, no hay peticiones de palabra.


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DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA. (Número de expediente 121/000048).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a punto VIII, relativo a los dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. En primer lugar, el proyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa. Para la presentación de esta iniciativa, aunque es dictamen de la Comisión, tiene la palabra el ministro de Educación. (Denegación).

En ese caso, para defender las enmiendas formuladas, en primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Barkos.

La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.

Intervendré desde la tribuna muy brevemente para dar por defendidas las enmiendas presentadas por Geroa Bai a este proyecto de ley. Tengo que recordar que ni una sola de ellas ha sido aceptada en el trámite de Comisión, y quiero señalar que a punto de finalizar en el Congreso la tramitación de esta ley, sin cambios sustanciales y sin que el Gobierno haya escuchado a la comunidad educativa, desde el Grupo Mixto Geroa Bai se ratifica en su intención de proceder a su derogación en cuanto cambie la actual mayoría parlamentaria.

Gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.

Señor Álvarez Sostres.

El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, señorías, comenzamos el trámite final del debate sobre la Lomce, que va a resultar histórico por varias razones. La primera, porque me temo que va a resultar aprobado en exclusividad por el Partido Popular; la segunda, porque nace con el germen de su derogación, inoculado en su propia incompetencia e impericia política, y la tercera, porque si el voto fuese secreto muchos de sus diputados, al menos algunos, los más conocedores del mundo escolar, se abstendrían, como hace Foro. Permítanme, señorías, que con osadía, pero con humildad, excusable evidentemente, traslade por mi boca lo que ellos no pueden decir por disciplina de voto.

Foro ha presentado cuarenta enmiendas al proyecto de ley de mejora de la calidad educativa, todas ellas conducen a una consideración: el sistema escolar debe ser revisado como base del desarrollo económico y social del país, por eso nos opusimos a las enmiendas a la totalidad presentadas desde el principio, pero también por esa misma razón fuimos críticos con el nivel y profundidad revisionista que puso sobre la mesa el Gobierno. Nuestras enmiendas pretenden paliar esa rendida línea reformista, con el objetivo de no desaprovechar enteramente esta legislatura en materia educativa, porque resultaría de un descaro provocador para los bienintencionados profesores y familias hacerles creer que el Partido Popular está reformando el sistema escolar, de acuerdo con su programa electoral. Ustedes renuncian a su modelo educativo haciéndole un suave lifting al sistema escolar. La única aportación histórica de este proyecto reformista del ministerio es la redistribución de competencias en educación, reforzadas con las pruebas externas habilitadoras de títulos en educación secundaria y bachillerato. Esta es la única aportación reformista, quizá la única de cambio en acciones competenciales.

Nuestras ocho enmiendas convenidas y aceptadas palian y mejoran aspectos del proyecto, aunque manteniendo grandes contradicciones, como la libertad de elección de centro y las adscripciones. Pero no se han tenido en cuenta, señoría, otras importantes, transcendentes y de carácter estructural, organizativo y curricular. Se refieren a mejorar la adquisición de competencias básicas en educación primaria, en escritura, lectura y cálculo matemático, o a la ampliación del bachillerato, como anunció el presidente Rajoy en esta misma Cámara en su discurso de investidura, no quedando, junto a Estonia, Lituania, Malta y Rumania, como únicos países con dos años de bachillerato. Cumplan al menos esto, por favor. También a los cambios que impulse la historia de la filosofía, la segunda lengua extranjera y la educación artística o el decidido desarrollo de la pluralidad pedagógica y del impulso a la autonomía escolar. Se han impuesto a la necesidad centralizadora no los empecinamientos del PSOE, que siempre ha actuado así, al menos en la LOCE, o la dura obstinación de los nacionalistas a perder el control de la escuela, o incluso pasar por el fielato educativo-económico del señor Montoro; se han impuesto en realidad ciertos lobbies de influencia religiosa y de titularidad empresarial, que con talante de diplomacia vaticana alternan por el día


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con la oposición y sindicatos y por la noche con el Gobierno conservador. Y para culminar este ejercicio de tibieza y de inmenso error se obvia la inexcusable revisión del marco legal del profesor.

Todo esto explica mi abstención, pero yo les aseguro que es una abstención dinámica.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez Sostres.

Tiene la palabra el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, a punto de finalizar en el Congreso la tramitación de su ley, sin cambios sustanciales y sin que el Gobierno escuche a la comunidad educativa, Compromís Equo se ratifica en su intención de proceder a su derogación en cuanto cambie la actual mayoría parlamentaria.

Hoy muchos diputados habrán recibido esta postal antigua de una escuela de un pueblo de Cullera. Es un colegio que se fundó a principios del siglo XX para mejorar el nivel educativo de los alumnos de Cullera, para que las enseñanzas no se ajustaran a ningún dogma religioso, político o moral, y la llamaron la Escolaica, la escuela laica. Hoy, más de cien años después, la Escolaica se ha embarcado, como tantas escuelas, en un nuevo proyecto pedagógico a pesar de leyes que no ilusionan y que van en su contra. Este proyecto es la comunidad del aprendizaje, donde padres, alumnos, profesores y asociaciones locales trabajan juntos con un objetivo: evitar el fracaso escolar. (Continúa su intervención en valenciano), una escuela para todos, todos haciendo escuela; este es el eslogan que avala este proyecto. Señor Wert, escuche: padres, alumnos, profesores, asociaciones locales, juntos, repito, juntos, una palabra que usted parece que desconoce; trabajar juntos, proponer juntos, decidir juntos, justo lo contrario de lo que hacen usted y su partido, que no consensúan, no comparten, imponen la áspera soledad de su mayoría absoluta. Imponer es un verbo completamente alejado del verbo educar. Y educar -y se lo digo con la absoluta humildad de un maestro de escuela- es empatizar; educar es compartir; educar es en definitiva convencer. Y una ley de educación que aspira a reducir el fracaso escolar no se puede hacer teniendo en contra a la comunidad educativa; teniendo en contra a los docentes; teniendo en contra a todas las demás fuerzas políticas, porque será una ley que nacerá muerta. Será un zombi que se arrastrará torpemente justo hasta el momento en que el Partido Popular pierda su mayoría absoluta, como nos hemos comprometido aquí solemnemente todos los demás diputados. Señor Wert, usted ya ha manifestado que desea abandonar su cargo de ministro. Hágale un favor a la educación y retire este proyecto de ley. Hágase un favor a sí mismo y no pase a la historia por ser el ministro que firmó la ley de educación más efímera.

Acabo. Quiero traer las palabras de un profesor, las palabras de Miguel de Unamuno, pronunciadas, según él, en el templo de la inteligencia, en la universidad. Yo quiero reproducirlas aquí en el templo de la democracia: "Venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta; pero no convenceréis porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta: razón...".

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.

Señor Quevedo.

El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar daré lectura al texto que hemos consensuado en relación con este proyecto de ley: A punto de finalizar en el Congreso la tramitación de la ley Wert, sin cambios sustanciales y sin que el Gobierno escuche a la comunidad educativa, los nacionalistas canarios se ratifican en su intención de derogarla en cuanto cambie la actual mayoría parlamentaria. Creemos que esta es una frase que describe bien la posición de los nacionalistas canarios en torno a este tema. En su momento formulamos una enmienda a la totalidad, creemos que rigurosa, discutida, consensuada y elaborada que no mereció la consideración que creíamos -como las de tantos otros grupos- se merecía, porque era oportuna.

Nosotros hemos presentado solamente dos enmiendas que daban respuesta a dos problemas puntuales. Un, ante la necesidad de contemplar el hecho insular, y otra, ante la necesidad de que se contemplase la educación a distancia en determinados procedimientos como los exámenes y los alumnos, más que nada por un compromiso con ese colectivo que nos parecía justo defender, que han sido aceptadas a través de una transaccional -y lo agradecemos-, pero tenemos que decir que nos


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mantenemos en la posición que defendimos en la enmienda a la totalidad que formulamos en su momento, y por lo tanto anunciamos que votaremos en contra de este proyecto de ley.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quevedo.

Señora Pérez Fernández.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.

Señorías, señor ministro, el Bloque Nacionalista Galego también va a iniciar su intervención con el texto que hemos consensuado la mayoría de los grupos de esta Cámara, que dice lo siguiente: A punto de finalizar en el Congreso la tramitación de la ley Wert, sin cambios sustanciales y sin que el Gobierno escuche a la comunidad educativa, en este caso el Bloque Nacionalista Galego se ratifica en su intención de proceder a su derogación en cuanto cambie la actual mayoría parlamentaria.

Señor Wert, desde que usted presentó en el Congreso esta ley ha transcurrido prácticamente un año, y sin embargo estamos casi igual que en aquel momento, en el punto de partida, apenas sin variación. Hemos debatido, hemos escuchado a los expertos, hemos enmendado, y a día de hoy la columna vertebral de la Lomce sigue intacta. Todo un corpus ideológico puesto claramente al servicio de unos intereses que nada tienen que ver con la educación, con la formación, con la universalidad, con la calidad, y mucho menos con la igualdad. Va a pasar usted, ya lo está haciendo, señor ministro, por encima de quien haga falta y al precio que sea necesario para satisfacer esos intereses, los de la patronal de la enseñanza privada, los de la jerarquía eclesiástica, y los de los sectores más reaccionarios y más retrógrados de su partido. Señor Wert, ha emprendido una auténtica cruzada contra todo y contra todos, que afortunadamente la comunidad educativa no está dispuesta a tolerar. El próximo día 24 tendrá usted la enésima respuesta masiva en contra de esta ley, que aprobarán prácticamente en solitario.

El gran argumento, señor ministro, es la reducción de las altas tasas de abandono escolar, que a nuestro juicio no se atajan con esta ley. ¿Cuáles son, señor Wert, las medidas que van a contribuir a que haya menos fracaso escolar?, ¿la debilitación absoluta de la educación pública y por tanto el aumento de la desigualdad? ¿Dónde están, señor ministro, los aspectos pedagógicos del blindaje de los conciertos económicos y de la legalización de las subvenciones a centros que segregan al alumnado por razón de sexo?, ¿son ellos los que van a acabar con el abandono escolar? Por otra parte, señor ministro, ustedes, defensores a ultranza de una Constitución que utilizan a su antojo, no necesitan reformarla para acabar con la conformación plurinacional, plurilingüística y pluricultural del Estado; lo hacen ustedes todos los días mediante reales decretos y mediante reformas como la que hoy nos proponen. El Bloque Nacionalista Galego ha presentado más de cincuenta enmiendas precisamente en este sentido, y en la dirección de mantener y fortalecer una educación pública universal y de calidad, que ahora peligra gravemente. Ha sido un diálogo de sordos, no han cedido lo más mínimo, y nosotros evidentemente nos mantenemos también en nuestra posición.

Acabo, señor presidente. Señor ministro, usted ha expuesto y ha enseñado en numerosas ocasiones distintos informes internacionales, donde parece ser que la educación del Estado español no está bien situada. Pues bien, para acabar mi intervención voy también a citarle un informe internacional que acaba de salir a la luz pública. El Consejo de Europa advierte al Gobierno del Partido Popular -cito textualmente- que la política de recortes está provocando una degradación de los derechos humanos de los ciudadanos, y un preocupante incremento de la pobreza de las familias. Insta el comisario de Derechos Humanos a las autoridades españolas a hacer más por garantizar el respeto de los derechos humanos de los grupos más vulnerables. Señor Wert, la educación es una conquista, es un derecho, y ustedes evidentemente se han propuesto acabar con ella. Desde luego será con nuestro voto en contra.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez Fernández.

Señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

A punto de finalizar en el Congreso la tramitación de la ley Wert, sin cambios sustanciales y sin que el Gobierno escuche a la comunidad educativa, Esquerra Republicana se ratifica en su intención de proceder a su derogación -en caso de que todavía estemos presentes en este Parlamento- cuando cambie la actual mayoría parlamentaria.


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Señor Wert, su sectarismo no tiene perdón, porque su proyecto persigue asegurar para los suyos la mejor parte del pastel, ignorando interesadamente las desigualdades sociales. Su nostalgia no tiene perdón, porque consagra la segregación, dinamita la escuela inclusiva y comprensiva, y la aleja de las exigencias de los tiempos actuales. Su clasismo no tiene perdón, porque ha decidido enterrar la igualdad de oportunidades que garantizaba la escuela pública y que usted combate. Su nacionalismo no tiene perdón, porque persigue el triunfo de la asimilación de mi país mediante el control de los contenidos curriculares. Su irresponsabilidad no tiene perdón, porque pretende dinamitar la cohesión social de las naciones con lengua propia, finiquitando los sistemas de inmersión lingüística. Su fanatismo no tiene perdón, porque ha convertido su ley en una cruzada nacionalcatolicista propia de los tiempos del NO-DO. Su hipocresía política no tiene perdón, porque dice aspirar a combatir el abandono y el fracaso escolar, cuando en realidad lo que nos impone es la privatización de la educación y la estabulación de los estudiantes con dificultades sociales y económicas. Ya se lo dije: nos tendrá enfrente, y no pasarán. Pero cuando digo que no pasarán no es porque hayamos decidido oponernos a su postura, es mucho más sencillo, no inventamos nada: simplemente hemos decidido estar al lado de las familias, del colectivo de profesores, de los que defienden la lengua catalana, de los que quieren una escuela mejor, más justa, más inclusiva, menos sectaria y laica. En resumen, defendemos la postura de las personas que no tienen intereses creados para enriquecerse con la escuela, ni nostalgia de un pasado que ni fue mejor ni debería siquiera plantearse acercarnos a él.

Sabedores de que en esta batalla nos jugamos el presente y el futuro de nuestra sociedad, sepa usted, ministro Wert, que al igual que la ciudadanía de las Illes Balears le han dicho que no, no le vamos a permitir que siga poniendo en jaque la cohesión social y robando el futuro de nuestros hijos, y por supuesto -escúcheme bien, ministro Wert- en Cataluña no aplicaremos la ley. Se lo repito: no aplicaremos la ley. Franco intentó matar nuestra lengua, y no lo consiguió; usted tampoco. (Finaliza su intervención en catalán).

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardà.

Señor Errekondo.

El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Amaiur se ratifica en su apoyo a derogar esta ley a la primera oportunidad. Que tenga muy claro este Gobierno que en Euskal Herria jamás permitiremos que se imponga esta aberrante ley en nuestras escuelas. Desde Euskal Herria le respondemos un simple: no pasarán. Cuando los parlamentos de Navarra y de la Comunidad Autónoma vasca, la comunidad educativa, el alumnado, el profesorado, los padres y las madres, los trabajadores les exigen de manera inmediata que sea retirada esta ley, ¿quién es el Gobierno de Madrid para imponerla a nuestros hijos y a nuestras hijas? A este Gobierno le corresponde simple y llanamente respetar lo que la sociedad vasca decida.

Esta no es una ley de Euskal Herria, no es una ley nuestra, es españolizadora, recentralizadora, adoctrinadora, uniformizadora, contraria a la equidad y a la pluralidad, elitista, segregacionista, etcétera; es decir, una auténtica bomba en el corazón de nuestro pueblo. Y dicen que es para mejorar la educación, los resultados académicos. Sin embargo, ustedes saben que no son más que excusas, es una patraña que no se justifica de ningún modo, y menos en Euskal Herria, donde los resultados son coincidentes con los europeos. De hecho, el fracaso escolar en Euskal Herria es del 14 %, porcentaje que se duplica en el Estado, e igualmente el abandono escolar es de alrededor del 20 %, y este porcentaje se duplica también en el Estado. Lo mismo podríamos decir sobre los datos de la evaluación PISA. Por tanto, sus razones no se sustentan y no son más que una auténtica falacia, desde la primera hasta la última.

La educación es la columna vertebral de todo país y el idioma su corazón. De hecho, bien lo sabe el Partido Popular, que tiene muy claro que España tiene que ser el único país y el español el único idioma para todos. Pues allí, en casa, en Euskal Herria, también lo tenemos claro: Euskal Herria es el pueblo y el euskera la lengua. Tampoco es casual el olor a naftalina que desprende desde la primera lectura esta ley, porque bajo la excusa de la crisis económica este Gobierno hace suya la doctrina ultraderechista de FAES, y lo que está haciendo es aplicar sin ningún escrúpulo cada viernes decreto a decreto precisamente esa doctrina: la reforma laboral, la reforma de la ley educativa, la reforma de la Administración local, la dependencia, la privatización de la sanidad, el repago, etcétera. Por tanto, no es ninguna casualidad y tampoco es ninguna broma la Lomce, sino que entre otras cosas es la herramienta estratégica para recentralizar y españolizar Euskal Herria. No nos faltaba otra cosa más que pretender hacernos volver cuarenta años atrás e invadir nuestras aulas con la bandera española, con la fotografía del rey Borbón


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franquista o con el ultracatólico Rouco Varela. ¿Para qué? Para imponer esa magna lección que es obedecer y callar. ¿Pretenden ustedes que nuestras hijas y nuestros hijos sufran lo que sufrieron nuestros padres y nuestras madres cuando les grabaron a reglazos la asignatura de la Formación del Espíritu Nacional? ¿Pretenden eso?

Pues bien, la educación es de una importancia capital también para el idioma, y cuando en Euskal Herria el euskera está sufriendo una situación de diglosia, aún más. Coincide, de hecho, la opinión de la comunidad educativa con el último informe de la Unesco, que remarca la situación grave que vive el euskera. En esa situación, también esta ley para la normalización del euskera supone un auténtico veneno mortal de necesidad. ¿Vamos a permitir que desde Madrid se decida qué y cómo tienen que estudiar nuestras hijas y nuestros hijos? Le respondemos: no, y mil veces no. Las personas de Euskal Herria, y ninguna otra persona más, somos los que tenemos que decidir qué tienen que estudiar nuestras hijas y nuestros hijos. Vuelvo a repetir que lo que al Gobierno le corresponde es respetar lo que la sociedad vasca decida.

Porque tenemos razones y nos sobra corazón, la ciudadanía vasca sabe que ha llegado el momento de responder y de defender como pueblo lo que es nuestro, defender los derechos de nuestros hijos y de nuestra lengua. Por eso, este sábado 12 de octubre, en la manifestación multitudinaria de Bilbao, las calles serán abarrotadas por la sociedad vasca que a una única voz les gritará: Lomce, no. Y será una auténtica lección para este Gobierno, les vamos a dar una lección magistral en defensa de nuestros valores. (Continúa su intervención en euskera).

El señor PRESIDENTE: Señor Errekondo, le ruego que utilice el castellano.

El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: (Continúa su intervención en euskera).

El señor PRESIDENTE: Señor Errekondo, le llamo al orden por primera vez.

El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Señorías, esta es su educación: obedecer y callar y, si no, castigado, como se hacía en la escuela, castigado. (Sostiene dos libros con los brazos en cruz.-Rumores y protestas.-Pausa).

El señor PRESIDENTE: Tiene usted doce segundos hasta que se le acabe el tiempo, puede seguir así doce segundos, pero no más.

El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Que tenga muy claro el Gobierno que no vamos permitir que impongan esta aberrante ley en Euskal Herria y en nuestras escuelas. Nosotros solos decidiremos lo que van a estudiar nuestros hijos y nuestras hijas, y a ustedes les corresponde respetar la decisión de la sociedad vasca.

El señor PRESIDENTE: Su tiempo ha terminado. Debe usted retirarse con el castigo (Risas.-Rumores.-El señor Errekondo Saltsamendi: Castigado, castigado).

Por el Grupo Vasco, PNV, para defender sus enmiendas tiene la palabra la señora Sánchez Robles. (El señor Tardà i Coma pide la palabra). Señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Solamente quería decir que se dan por defendidas las enmiendas del diputado Carlos Salvador porque, por un problema doméstico, no ha llegado a tiempo; y, si no, decaerían sus enmiendas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà. Así se hará, y serán puestas a votación.

Señora Sánchez Robles.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señor presidente, señorías, señor ministro (Continúa su intervención en euskera), nuestra bienvenida a todos los invitados que hoy están en las tribunas de esta Cámara.

A punto de concluir en el Congreso la tramitación de la ley Wert sin cambios sustanciales y sin que el Gobierno escuche a la comunidad educativa, el Grupo Vasco se ratifica en su intención de proceder a su derogación en cuanto cambie la actual mayoría parlamentaria. Abordamos en esta mañana el último trámite en esta Cámara, antes de su traslado al Senado, de la eufemísticamente denominada ley de mejora de la calidad educativa. Y nunca mejor dicho, señor ministro, puro y duro trámite, y por ello hoy no


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me voy a ceñir exclusivamente a hablar de educación, quiero hablar también de democracia o, mejor dicho, de la maniquea utilización de los mecanismos parlamentarios que usted está protagonizando para hacer tragar a toda la sociedad española con un perverso ejercicio de autoritarismo e imposición, por otra parte inaceptable e impropio de una democracia europea. Esta ley es el paradigma del estilo de gerencia política que el Partido Popular está imponiendo en todas las estructuras del Estado en las que domina con su mayoría laminadora.

Señor ministro, su ostensible utilización de toda la maquinaria neoliberal para disciplinar y acallar cualquier opinión, por cualificada que sea, al percibir el más mínimo atisbo de discrepancia con su visión de la educación, es inadmisible. Y diga lo que diga, el proceso de gestación y tramitación de esta ley se ha convertido en un por aquí pasó María, en una ciega, sorda y precipitada cumplimentación formal de trámites, en un uso, en nuestra opinión, ilegítimo de los dispositivos legales del Estado de derecho para imponer su visión mesiánica de la educación, para alimentar el afán recentralizador, para en muchos casos rebanar injustamente los principios de igualdad y de equidad que deben constituir la base de cualquier sistema educativo, porque el proyecto de ley que con toda seguridad hoy va a ser aprobado en esta Cámara es centralizador, es sectario y segregador, que ancla sus raíces en el sustrato ideológico que nutre el alma política de la más conservadora y jacobina derecha española. Es un proyecto concebido desde la impunidad que les confiere su mayoría absoluta, que les faculta para poner en práctica sus decisiones sin la más mínima necesidad de justificarlas ante la ciudadanía, sin contar con ella, renunciando a la riqueza consustancial que aporta una visión trescientos sesenta grados y al valor, señor ministro, de la escucha, de la participación y de la cultura del pacto. Ni una sola enmienda ha sido aceptada al grupo que represento.

Señor ministro, por más que lo han intentado, no han podido evitar que esta iniciativa trasluzca su profunda base ideológica ni ocultar que, a través de su aprobación y puesta en marcha, pretenden de alguna manera orquestar una operación de maquillaje y trapos, diría yo, con el objetivo de salir favorecidos en los análisis e informes comparativos, llámense PISA, Mckinsey o cualquier otro que en el futuro pudiera ser de su interés. En todo caso, no se engañe, porque a la hora de la verdad, señor ministro, a la hora de demostrar la cualificación real, formativa y profesional de los alumnos y alumnas españoles, España volverá a quedar mal en la foto. Es sencillo de entender que uno de los pilares fundamentales en los que se apoya una ley de educación no puede ser una pura operación de márquetin y, al final, se descubrirá; y es que, señor ministro, de esta ley, si se aprueba tal y como está, no se puede esperar nada bueno.

Haga de verdad, por una vez, un ejercicio de sinceridad y dígame qué se puede esperar de una ley que promueve el aprendizaje de dos velocidades y una formación profesional -que sabe que es nuestra preocupación- de baja cualificación, que desconoce la riqueza y singularidades socioeconómicas, socioculturales y socioeducativas de los países y territorios que actualmente integran el Estado; de una ley que fulmina la equidad en su triple dimensión -la equidad de acceso, la equidad de trayectoria y la equidad de resultados-, que cercena la participación y condena en muchísimos casos al ostracismo a la comunidad y a los agentes sociales y educativos y que impacta de lleno contra los sistemas y modelos de enseñanza de las comunidades autónomas con lengua propia -catalán, euskera, galego, mallorquín, valenciano-. ¿Con qué pretensión? Sospecho que con la pretensión de devaluarlas y reducirlas a la mínima expresión. Permítame que le conteste a la pregunta, señor ministro. Yo creo que esto conlleva más España cañí, más deterioro de la marca España y menos Europa, más paro, menor competitividad, restricciones al crecimiento económico y menos Estado del bienestar; en definitiva, la España de hace cuarenta años: back to the future.

Si todo esto es extraordinariamente grave para el sistema educativo español en su conjunto, lo es más, si cabe, para el sistema educativo vasco, un sistema educativo de alto valor añadido, de resultados contrastados e incuestionables. Señor ministro, sé que le incomoda, pero se lo tengo que recordar una vez más. Las últimas evaluaciones internacionales y las evaluaciones de diagnóstico, las mismas que le han servido de argumento a usted y a su Ministerio de Educación para promover la reforma de la LOE, han reflejado que la situación y realidad de nuestros centros es diferente a la de otros sistemas educativos del Estado. Las tasas de abandono escolar temprano, el porcentaje de alumnado titulado en ESO y bachillerato, los ratios de titulados superiores y la alta satisfacción de las empresas y de la inserción laboral de la FP contribuyen a que el alumnado vasco alcance la media europea ya a día de hoy e incluso la supere en algunos casos, y por supuesto se sitúe entre las dos primeras posiciones en el Estado. En definitiva, un somero análisis de los datos basta para desarbolar por injustos e inconsistentes los argumentos esgrimidos por su ministerio para justificar esta reforma, especialmente en Euskadi; una


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reforma que solo es comprensible desde una visión uniformadora de la realidad educativa del Estado, desde la unidad de destino en lo universal que constituye para ustedes España.

También le diré que los vascos y las vascas vemos el futuro con optimismo. La experiencia demuestra que la tendencia a modelar la educación desde patrones uniformes impuestos verticalmente ha sido un fracaso o, al menos, un fracaso para el objetivo pretendido. De hecho, desde el final del franquismo hemos asistido a la aprobación de ni más ni menos que seis leyes de educación; ninguna de las cuales ha conseguido frenar la proyección del modelo de Euskadi, que ha ido evolucionando y perfeccionándose desde el pacto educativo de 1992. Y es que, señor ministro, ninguna ley puede inmovilizar a una comunidad educativa implicada, ninguna. Ninguna ley puede inmovilizar a una comunidad educativa implicada, y la vasca lo está. Euskadi es un ejemplo de consenso entre diferentes. Y es que, además, las razones que nos mueven son muy distintas a las suyas, señor ministro. Tenemos la clara convicción de que la educación es el humus de una sociedad, de un país, de un pueblo. Y precisamente partiendo de esta premisa, en positivo, pensando en Euskadi pero también en el resto de los pueblos y regiones que componen en la actualidad el Estado español -ya veremos en un futuro no muy lejano-, hemos formulado cuarenta y dos enmiendas a su proyecto de ley, hasta el momento sin demasiado éxito: una disposición adicional nueva que se fundamenta en el respeto al bloque de constitucionalidad y en las competencias exclusivas en materia de educación recogidas en la disposición adicional primera de la Constitución y en el artículo 16 del Estatuto de Gernika, incuestionablemente quebrantadas a lo largo de toda la disposición normativa, y cuarenta y una enmiendas al articulado del proyecto de ley, que abarcan todos y cada uno de los aspectos regulados por él. Y ello con un único objetivo, minimizar los efectos que conllevará su aplicación, de aprobarse en sus justos términos.

Hablemos de algunas de ellas. Comenzaré por las relativas a la formación profesional. Sé que esta cuestión, señor ministro, le priva. Juguemos al sabe a qué. ¿Sabía que el proyecto de Euskadi de formación en la alternancia ha sido elegido por la Comisión Europea como banco de pruebas para ejercer el liderazgo de cara a su implementación en otras regiones europeas? ¿Sabía que nuestro proyecto se coloca a la cabeza, por delante de la PF dual alemana, para ser modelo a aplicar en el marco de la estrategia europea 2020? Las razones de su elección se las explicaría gustosamente, pero igual en otro momento porque ahora no dispongo de tiempo. En todo caso, le formulo otra pregunta. ¿Estas cuestiones no le invitan a la reflexión, a la reconsideración de su incomprensible posición en materia de formación profesional? Confío en que al final de este camino de lágrimas en el que se ha convertido la tramitación de la ley, de su ley -y qué decirle de los "viernes de dolores"-, impere el sentido común y descarte el modelo regresivo de FP que plantea, que es calcado, por cierto, de la trasnochada y fracasada FP-1. ¿Y qué me dice, por otra parte, de las pasarelas entre enseñanzas académicas y enseñanzas aplicadas, de la posibilidad que proponemos de optar a la doble titulación en ESO y en FP de grado medio y superior y bachiller? ¿Y la opción de titular del bachiller tras estar en posesión del título de técnico o técnica en enseñanzas profesionales de música y danza, a qué le suena, y nunca mejor dicho? Aunque no sé si anda muy bien de oído, señor ministro, porque escuchar, escuchar, hasta el momento, por lo menos a mí me ha escuchado poco. Se lo apunto, señor ministro. Al Grupo Vasco nos suena a más equidad, a más igualdad, a abrir un abanico de nuevas oportunidades para nuestros jóvenes.

Por último -y tengo poco tiempo-, el tratamiento de las lenguas propias. Señor ministro, le hablaré del euskera. El tratamiento de las lenguas propias en la Lomce, y especialmente a raíz de la vuelta de tuerca que le han dado con la admisión de la enmienda de UPyD, catalogando al castellano como lengua vehicular, me ha provocado una reflexión que hago extensiva a otros pueblos y países del Estado, pero muy especialmente a Cataluña. Son ustedes quienes en el fondo no nos consideran españoles, señor ministro, y me explicaré. Si yo fuera un español o una española comme il faut o, como diría el presidente Rajoy, como Dios manda -a la vista está que no lo soy-, aspiraría a que la lengua originaria, la más genuina, la lengua más antigua de ese territorio que llamo España, la lengua que se hablaba ya antes de que los romanos o los árabes ocupasen las tierras del actual Reino de España -estoy hablando del euskera-, fuera referente, la cuidaría, la mimaría, la protegería, y por supuesto y en igual medida el català, el galego, el mallorquí, el valenciano, el castellano, lenguas todas ellas de evolución del latín que implantaron los romanos tras la conquista y dominación de prácticamente la totalidad de lo que hoy es territorio del Estado español, pero veo que no...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar.


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La señora SÁNCHEZ ROBLES: ... que usted no. Pero si le digo la verdad, señor ministro -y concluyó presidente-, no nos preocupa, porque, como dijo Jorge Oteiza -que, por cierto, no era euskaldún de casa, como decimos nosotros; yo tampoco lo soy-, refiriéndose a la lengua vasca en primera persona: Soy preindoeuropea, tengo 15.000 años y me encuentro bien.

Para concluir, señor ministro, no tenga la menor duda de que seremos creativos. Lucharemos por la defensa de los derechos educativos de los vascos y vascas; por los derechos educativos de todos los pueblos y naciones del Estado. La causa lo merece. Todavía queda tiempo y espacio para el acuerdo, aprovéchelo. De momento tiene nuestro no. En todo caso, y refiriéndome a los vascos, le diré algo: Nunca olvide lo que dijo Aita Barandiaran sobre ellos. (Continúa su intervención en euskera). Porque fueron somos y porque somos seremos, y ninguna ley de educación podrá acabar con nuestro pueblo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez Robles.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.

Siguiendo los debates de la Lomce que ha habido en esta Cámara, en Comisión y sobre todo en los plenos, es cuando uno se da cuenta de cuál es el principal problema que afecta a las leyes de educación, no digo a la educación, a las leyes de educación en España, que explica por qué esta va a ser la séptima u octava ley o reforma de una ley de educación que se hace en la democracia, lo cual hace, si echamos un cálculo simple, que cambiamos de ley de educación o cambiamos la anterior aproximadamente cada cinco años, caso insólito en los países que tienen una educación que funcione. Y es que el principal problema que afecta a la educación en España no es otro que el de la manipulación política de las leyes de educación, y esta es la cuestión.

Yo que soy vasco y soy profesor puedo decir dos cosas. Yo hablo en nombre de mi grupo. No pretendo hablar en nombre de los vascos, lo cual me parece un abuso intolerable, ni hablo en nombre de la comunidad educativa, que es otro abuso intolerable, porque en la comunidad educativa entre los vascos, los catalanes, los andaluces, los rusos, los ucranianos y los argentinos hay diferentes ideas y diferentes maneras de plantear las cuestiones, y una ley educativa no se hace para dar la razón a unos o a otros, sino sencillamente para ver qué se puede hacer para mejorar el marco legal en el que se desarrolla la educación. De esto se trata y no de venir aquí gente que en sus territorios intenta erradicar el pluralismo a acusar de que el debate sobre la ley de educación lo que hace es atacar el pluralismo que ellos representan, eso sí, siempre con unanimidad. Curioso oxímoron.

Entrando en la cuestión, nuestro grupo presentó una enmienda de totalidad a la Lomce y sigue en la convicción de que tenemos que votar que no a esta ley, pero voy a explicar por qué razones. Para empezar he de decir que, a pesar de todo, en la tramitación de esta ley hemos conseguido que el Gobierno aceptara algunas enmiendas que propusimos, algunas de ellas significativas y algunas de ellas también tergiversadas al explicar su significado. Que ahora la Lomce recoja que el castellano va a ser lengua vehicular en todo el Estado no significa que las demás lenguas cooficiales no vayan a serlo, lo que significa es que se va a restaurar lo que dice la Constitución, que las dos lenguas oficiales en las comunidades bilingües van a poder ser lenguas vehiculares, no que se va a erradicar una de ellas, que es lo que se había hecho restaurando la educación autonómica el franquismo. Porque no hay lenguas propias, solo hay lenguas maternas, y lo demás son construcciones ideológicas que no resisten un mero repaso ni filosófico ni filológico.

Vuelvo a lo que estamos diciendo, nosotros pensamos lo que piensan casi todos los expertos, observadores y protagonistas que han entrado en el sistema educativo. La educación en España desde los años setenta ha conseguido grandes avances y mejoras. Otra de las tergiversaciones que la manipulación política introduce en el debate educativo es considerar que los éxitos que ha habido se deben a tal ley y los fracasos también a tal ley. Esto no es así y además es una simpleza. Lo hemos vuelto a ver repetida a propósito de la publicación de los datos de PISA sobre la evaluación de adultos. España es un país, sobre todo en determinados estratos sociales y en determinados territorios, en particular los de pasado más rural, de un gran atraso educativo, y es normal. Arrastramos un atraso educativo. Lo que tienen que hacer las leyes es ir tratando de mejorar e ir cambiando esa situación, y de hecho se ha conseguido. Es evidente que hay una gran diferencia demográfica entre las personas de más de 50 años y las que ahora tienen desde niños hasta los 25 o 30 años. ¿Eso por qué? Sobre todo porque ha cambiado


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el país, a veces a pesar de las leyes, también hay que decirlo. Dentro de la discusión sobre cuáles son los problemas de lo que en España se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal es evidente que se ha progresado, y mucho, desde los años setenta en universalidad y equidad. De hecho, son dos de los rasgos más positivos del sistema educativo español. Pero tenemos problemas serios en lo que se refiere a fracaso escolar, abandono temprano y bajo nivel de conocimientos al final de algunas etapas educativas como la secundaria y el bachillerato.

Además, ¿qué más problemas de tipo político -estos ilegales- tenemos? Tenemos diecisiete subsistemas autonómicos educativos que en algún aspecto sin duda era interesante y positivo -lo sigue siendo- la descentralización de la gestión de la educación, pero en otros casos lo que ha habido es una tendencia, que, por cierto, la Lomce no corrige -enseguida explicaré esto- sino que creemos que la agrava, a la dispersión educativa. Es decir, al final cada subsistema acaba siendo un subsistema aislado, separado de los demás, lo cual impide, como hemos dicho muchas veces, un currículo común y además pone grandes trabas y barreras a la libre movilidad tanto de docentes como de escolares.

Por eso mismo y por otras cuestiones que están ahí en el debate educativo -digo el educativo, no el que por desgracia suele hacerse en esta Cámara, que tiene muy poco que ver con la educación- era una buena idea reformar la LOE y por eso se lo dijimos en su momento al ministro Wert cuando anunció sus intenciones. Lo que pasa -y esto también es muy curioso- es que al final la Lomce es básicamente una LOE reformada, que también fue la Logse reformada. Quiero hacer sobre esto una pequeña reflexión, porque tiene su interés, para explicar la deriva hacia el disparate ideológico, en el peor sentido de la palabra, que ha tenido el debate educativo en España. Nuestro grupo no se ha unido a ningún frente de rechazo, y bien lo sabe el ministro, el Gobierno y el Grupo Popular, al revés, hemos intentando llegar a acuerdos porque, aunque no compartamos la ley en su conjunto ni partes importantes de ella, sí creemos que es una obligación de los parlamentarios -para eso hemos sido elegidos- mejorar las leyes, incluyendo aquellas que vamos a votar que no. Por lo tanto, no nos hemos unido a ningún frente de rechazo, pero no deja de ser paradójico que se atribuyan a la Lomce tales maldades cuando básicamente la Lomce es en un 70 % la LOE y la LOE era a su vez la Logse reformada. Es decir, hay una gran continuidad y esta es una de las cosas que a nuestro grupo no le gustan. ¿Por qué? Porque una ley de educación tiene que tener una ambición de durabilidad, una ley de educación debería hacerse con la intención -aunque luego no se consiga-, al menos con el propósito de que dure veinte o treinta años, el plazo de una generación. Y para eso la ley tiene que ser sencilla, tiene que ser clara, tiene que ser modificable a través del desarrollo reglamentario, etcétera, y eso no pasa con esta ley. Es una ley tremendamente detallada, que entra en cuestiones de detalle verdaderamente sorprendentes y que, además, por sus propias características técnicas en cuanto tenga que ser modificada en algún aspecto -que, sin duda, acabará ocurriendo tarde o temprano, porque también la ley tendrá que ser evaluada y ver si mejora o no mejora aquellos objetivos que se había propuesto alcanzar, y lógicamente no lo va a hacer en todos los casos- digo que por sus propias características técnicas tendrá que volver a ser reformada y no solo porque aquí hay un frente de rechazo de muchos grupos. Eso es una debilidad de esta ley, y hemos tratado de explicarlo. La respuesta que se nos ha dado habitualmente es que eso es una consecuencia de la distribución competencial porque lo que quieren el Grupo Popular y el Gobierno es que esta ley ate de la mejor manera posible todo aquello que considera básico en la educación para que no pueda ser modificado por la normativa autonómica. Pero ¿por qué no hablamos entonces de las cosas con claridad y decimos que la distribución competencial de la educación es un problema en sí para el desarrollo de la calidad de la educación y que eso también hay que revisarlo? ¿Por qué no hablamos con claridad de que sería mucho mejor tener un sistema educativo único descentralizado en su gestión, que es lo que proponemos nosotros? Ya sabemos que eso es un problema para el Grupo Popular, que no quiere entrar en esta cuestión, pero es algo que tiene que estar ahí y que además sabemos, porque lo hemos hablado con ellos, que comparten muchos diputados del Grupo Popular.

Otro de los problemas que tiene esta ley -que es una ley básicamente continuista y porque es una ley básicamente continuista es muy difícil que acierte en solucionar los problemas que ella misma ha detectado- es que también ha renunciado a reformar algunos aspectos del modelo pedagógico que están en la raíz de los problemas de los fallos del sistema, por ejemplo de los escasos conocimientos que en muchos casos tiene la media, la mayoría de los escolares cuando acaban una etapa. ¿Por qué? Porque en gran parte tenemos dos serios problemas en la educación española que la Lomce no aborda y que son origen de los fundamentales de nuestro voto en contra. Por cierto -aprovecharé para repetirlo-,


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este grupo siempre ha votado que no a la Lomce. También debe ser un problema educativo que en España mucha gente no entienda lo que significa no y no no es sí, es no, y vamos a seguir con el no.

Como les decía, hay dos problemas educativos que la Lomce no aborda. Uno, el problema del modelo pedagógico, sobre todo en primaria. La primaria no se toca y es algo que realmente nos deja perplejos porque el propio diagnóstico que hace la Lomce en su exposición inicial habla claramente de los problemas que hay en el primer ciclo educativo, y lo deja tal cual. Y dos, fundamental: la cuestión de la selección y situación del profesorado. La calidad del profesorado es el requisito sine qua non para la calidad del sistema educativo y la Lomce ni siquiera trata del asunto. Hemos conseguido una pequeña enmienda -que no es tan pequeña, creemos que tiene importancia, es una de las que estamos más orgullosos de haber conseguido convencer al Gobierno que acepte-, que es la que le da al profesorado un estatus de autoridad pública, cosa que era muy importante y reclamada, eso sí estaba reclamado por gran parte de la comunidad educativa, sobre todo en la enseñanza primaria y secundaria, porque en la enseñanza primaria y secundaria gran parte del profesorado en España sufre un verdadero acoso y esta es una cosa que la ley tenía que discutir y asumir. Por lo menos algo se ha avanzado, aunque también, insisto, nos sigue pareciendo insuficiente. Una buena ley de educación -y en su momento habrá que hacerla porque no va a ser la Lomce, lo siento- tiene que asumir como problema fundamental la selección, formación y situación del profesorado. Sobre esto me gustaría hacer otra reflexión porque otra de las razones de por qué rechazamos la Lomce como proyecto global en su conjunto tiene que ver con el problema de la autonomía de los centros. La Lomce anuncia que va a dar más autonomía a los centros, pero hace lo contrario, porque ahora con la Lomce van a ser las autoridades de la comunidad autónoma las que nombren al director del centro público, y esto es un grave retroceso, en dos sentidos, primero, priva al profesorado, a los docentes de su capacidad, que es casi natural, de poder elegir a la dirección del centro educativo, por tanto da al centro menos autonomía y no más, y encima aumenta las competencias autonómicas en educación, porque al final va a ser un dirigente político o un asesor nombrado a dedo el que diga quién tiene que dirigir el centro educativo, que además va a ser la persona sobre la cual va a pivotar la evaluación de ese centro en su conjunto.

Para ir acabando -porque por desgracia no tenemos mucho más tiempo para hablar de una cuestión que merecería bastantes horas de debates, réplicas y contrarréplicas, que creo que ayudarían a mejorar esta ley- hay más cuestiones. No solamente priva de autonomía a los centros educativos públicos, y además instaura como un principio de gobierno educativo la desconfianza hacia los docentes, lo cual nos parece grave y les quiero llamar la atención sobre ello; no solamente eluden el problema de la selección del profesorado y su formación, sino que además los trata como a empleados públicos sin más, cuando los docentes son los protagonistas de la educación en cualquier sistema educativo, aunque los que tienen derechos y deben ser el centro son los escolares, pero los que lo protagonizan son ellos, y de ellos depende la calidad de los resultados. Ustedes dejan a los docentes como si fueran, como digo, empleados públicos bajo control, porque se sospecha que no son los más adecuados para decidir qué han de hacer en su trabajo. Es un grave error de enfoque y de concepto.

Como les decía, para ir finalizando, contrasta con esto cómo se amplía el concepto de concierto educativo, porque a los centros concertados que van a ser subvencionados y financiados con dinero público no se les pide lo mismo que a los centros públicos. Ese es otro grave error, porque introduce un principio de desigualdad y además de descontrol. Si un centro concertado -nosotros defendemos que haya una red de centros concertados para que la libertad de elección, también de ideario, sea una realidad- aspira, como de hecho consigue, a tener un concierto público, tiene que someterse a las mismas normas de evaluación y de contratación de profesorado que los públicos, y la Lomce, lejos de mejorar esta cuestión, lo que hace es relativizarla todavía más, abrirla todavía más. Es un problema nuevo que introducen ustedes, junto con la religión evaluable. Ya lo hemos dicho muchas veces.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Inmediatamente, señor presidente.

Junto con la religión evaluable, este descontrol de los conciertos educativos y el aumento de poder -porque esta es al final la cuestión- de las comunidades autónomas, todo eso nos va a llevar, junto a otras cuestiones que no tengo tiempo para exponer -porque, como son de educación, rara vez tenemos tiempo de discutir de ellas-, a votar que no, a pesar de las enmiendas que ustedes muy amablemente -estamos encantados de reconocerlo- han aceptado.

Muchas gracias. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora García Álvarez.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Señorías, lo primero que quiero hacer es dar la bienvenida a los invitados e invitadas pertenecientes en su mayoría a la comunidad educativa, porque la comunidad educativa sí existe, sí participa y sí reivindica. (Aplausos).

A punto de finalizar en el Congreso la tramitación de la ley Wert sin cambios sustanciales y sin que el Gobierno haya escuchado a esa comunidad educativa, el Grupo de La Izquierda Plural se ratifica en su intención de proceder a su derogación en cuanto cambie la actual mayoría parlamentaria, que será además en breve. La van a llamar la ley Wert, la breve.

Señorías, de nuevo subimos a este estrado para debatir, en este caso a propósito de la defensa de nuestras enmiendas, una ley que, si hubiera primado un mínimo de sensatez, señor ministro, se habría retirado tras comprobar que ha batido el récord de cosechar hasta once enmiendas a la totalidad procedentes de todo el arco parlamentario y, por si eso fuera poco, también ha batido el récord de concitar el mayor rechazo de la comunidad educativa conocido en democracia. Señor ministro, usted tiene una ley, como le dije hace ya algún tiempo, que nace prácticamente muerta. Sin embargo, ha primado la prepotencia, y hoy nos encontramos con que la contestación a la misma y a las políticas de recortes que han sido su antesala es un clamor a lo largo y ancho del Estado. No hay comunidad autónoma que no manifieste el descontento de estudiantes, familias y docentes e incluso de algunos Gobiernos de las propias comunidades, ante el desatino de las políticas educativas del Gobierno y de sus comunidades autónomas afines. Un ejemplo significativo ha sido la huelga indefinida en las Islas Baleares provocada por decisiones tan absurdas como arbitrarias del Gobierno balear. Son ustedes verdaderos genios a la hora de generar problemas donde no los hay.

Señorías, el Gobierno dice defender con esta ley la calidad de la enseñanza, pero lo que ha hecho hasta ahora es aplicar brutales recortes educativos, más de 5.000 millones, y adquirir el compromiso ante la Unión Europea de seguir recortando mucho más para 2015. ¿No se acuerda ya de ello, señor ministro? ¿Alguien puede creer que al Partido Popular le preocupa algo la calidad de la educación cuando impone por decreto el aumento de estudiantes por aula, reduce drásticamente las plantillas de los centros, suprime programas de apoyo al alumnado con más dificultades, reduce las becas y ayudas al estudio, etcétera? ¿De qué calidad habla el Partido Popular? ¿De qué calidad habla usted, señor ministro? ¿De qué calidad y para quién? ¿Para quien pueda pagarla?

El ministro dice defender también con esta ley a los profesionales, pero lo cierto es que en todo este tiempo los ha tachado de vagos y casi casi de maleantes. Ustedes con esta norma lo que pretenden no es mejorar la situación de los docentes y, consecuentemente, la del alumnado a su cargo; más bien al contrario, señorías, desconfían de su profesionalidad, introduciendo continuas evaluaciones externas, y limitan sus posibilidades de participación en los centros, dotando de amplios poderes a una dirección de corte empresarial, que también ustedes imponen. Vuelta al pasado, señor ministro. (Aplausos).

Esta ley es ante todo un atentado contra el sistema público educativo y, por ende, contra el derecho de todos y todas a una educación de calidad en condiciones de igualdad, porque no hay calidad si no hay igualdad a la hora de ejercer el derecho universal a la educación, y eso solo lo puede hacer, y lo garantiza, el sistema público de enseñanza, sistema que ustedes se quieren cargar. Familias, docentes, estudiantes y organizaciones sociales han entendido bien que lo que está en peligro con esta ley es la escuela pública como garante del derecho de todos y todas a la educación. Por eso han sido los grandes impulsores de las diferentes mareas que han recorrido el territorio español. Las familias ven el futuro de sus hijos e hijas condicionados por una norma que segrega y mercantiliza la educación, que limita sus posibilidades de aprendizaje en función de su procedencia económica, que deben emprender una carrera de obstáculos y reválidas a lo largo de su proceso educativo, evitando cualquier tropiezo que pueda truncar su futuro, en vez de adquirir el gusto, que es lo que debería ser, por el estudio y la pasión por el descubrimiento y el aprendizaje. A ustedes eso sencillamente no les interesa.

Estamos ante una ley que busca seleccionar y segregar al alumnado, condicionando su futuro desde edades muy tempranas, y bien sabe el señor Wert, o debería saber, que eso perjudica ante todo a los sectores sociales más desfavorecidos. Usted los menciona para otras cosas, pero esto no lo dice. ¿No será eso precisamente en este caso lo que usted busca? ¿Expulsar del sistema educativo a buena parte de los que han sido incluidos en los últimos treinta años de la democracia, le guste a usted o no le guste? Son muchos los estudiantes agrupados en diferentes organizaciones sociales y sindicales que lo han


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entendido así y que se están movilizando ante los brutales ataques que desde los Gobiernos de comunidades autónomas donde ustedes gobiernan y desde el Gobierno central se realizan contra la posibilidad de continuar con sus estudios: subida de tasas y matrícula, limitación y endurecimiento en el acceso a las becas, y para completar la sucesión de medidas segregadoras, volver al modelo de selección de los estudiantes. Me remito a un compareciente porque me gustó mucho su frase: los estudiantes malotes para formación profesional, para ser mano de obra barata, y los buenotes para el bachillerato y la universidad, siempre, claro está, señorías, señor ministro, que puedan pagarla.

Ustedes no quieren dignificar la formación profesional; más bien lo contrario. Si les importase un poquito, estarían ya ahora mismo extendiendo la oferta pública de plazas de formación profesional para atender a los miles y miles de estudiantes que se han quedado sin plaza, más de 20.000, señor ministro, solo en Madrid. ¿Y ustedes qué están haciendo? ¡Nada! (Aplausos). Pero a ustedes la formación para contrarrestar al paro juvenil les importa más bien poco, por no decir nada. Ustedes lo que quieren es mano de obra barata, como ya dije, y cuanto más dócil, mejor. Permítame un inciso. Resulta curioso que a pesar de la gran demanda existente, como ya le acabo de mencionar, en los presupuestos para 2014 la formación profesional no salga precisamente muy bien parada.

Señorías, mi grupo, La Izquierda Plural, ha presentado ciento sesenta enmiendas a este proyecto de ley. El Grupo Popular nos ofreció transaccionar tres. Como es natural, agradecemos el esfuerzo que han realizado, pero lo que nos proponían era sencillamente desvirtuar nuestras enmiendas. Es evidente y por tanto no requiere muchas explicaciones al respecto que el modelo educativo que ustedes proponen, profundamente privatizador, mercantilista, centralista y segregador, está muy alejado del modelo que desde La Izquierda Plural proponemos, que se ve reflejado perfectamente en nuestras enmiendas, consensuadas y trabajadas con aquello que a ustedes no les gusta, la comunidad educativa.

Sin renunciar en ningún momento a conseguir la retirada del proyecto, tal como hicimos en la enmienda a la totalidad, con esta completa batería de enmiendas parciales buscamos corregir o buscábamos corregir sustancialmente los objetivos profundamente clasistas y privatizadores de la Lomce. Las modificaciones planteadas en nuestras enmiendas defienden la escuela pública frente al papel subsidiario al que busca relegarla el Partido Popular, su ministerio, señor ministro, ustedes. Rechazamos radicalmente, en coincidencia con las demandas de la comunidad educativa -y vamos a insistir en ello una y otra vez-, el carácter netamente mercantilista de la ley, que supedita la educación a los intereses economicistas suprimiendo materias, insisto, suprimiendo materias y contenidos que se estiman poco útiles. ¿Cómo puede alguien decir que hay contenidos y materias poco útiles? Claro, poco útiles para el mercado, mientras se sitúa a las empresas como parte primordial del sistema educativo. En lo concreto, buena parte de las enmiendas planteadas denuncian la falta de base científica y pedagógica de la Lomce, plagada de afirmaciones y medidas que contradicen o tergiversan -o tergiversan-resultados de investigaciones internacionales con el fin de ajustarlas a los principios ideológicos ultraconservadores con los que se pretende justificar esta ley.

La propuesta parlamentaria de La Izquierda Plural rechaza y plantea alternativas a los itinerarios segregadores, una de las medidas estrella del Partido Popular para eliminar la comprensividad de la educación básica, es decir, la formación común a la que tiene derecho todo el alumnado en las etapas obligatorias, vuelvo a repetirlo por si no lo captan, la formación común a la que tiene derecho todo el alumnado en las etapas obligatorias. Otro bloque de enmiendas contrapone la defensa de una escuela pública, democrática y laica como eje vertebrador del sistema educativo frente a la potenciación de los conciertos educativos y el refuerzo del adoctrinamiento que promueve la Lomce, la ley Wert, señor ministro.

Señorías, como señala la Constitución, vivimos en un país plurinacional, pluricultural y plurilingüístico, mal que les pese a ustedes. Se hablan muchos idiomas afortunadamente en nuestro país. Ojalá todos, incluidos los castellanoparlantes, pudiéramos conocerlos, saberlos y aprenderlos. (Aplausos). Por tanto, muchas de las enmiendas que hemos presentado muestran un absoluto respeto y respaldo a las competencias de las comunidades autónomas, como no puede ser de otra manera, porque así se refleja en nuestro marco constitucional, que es además todo lo contrario de lo que se plantea en esta ley, que confronta y vulnera buena parte de las competencias en materias educativas que corresponden, insistimos, a las comunidades autónomas.

Las enmiendas registradas también se enfrentan a la enseñanza diferenciada por sexos, a las reválidas como instrumento de selección y no de mejora, a la supresión de los cauces democráticos de participación, a la vuelta a un currículo controlado por el Estado y a una pedagogía llamada del esfuerzo que a mí


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personalmente y a mi grupo parlamentario nos recuerda aquello de que la letra con sangre entra. Sabemos que nuestras enmiendas parten de un concepto de educación muy alejado del suyo, una educación pública y de calidad que inculque valores universales de respeto a los derechos humanos de libertad, de justicia y de igualdad, una educación que no tenga fines mercantilistas, una vez más, que forme a ciudadanas y ciudadanos críticos y participativos. Son enmiendas que por encima de todo apuestan por el sistema público educativo como eje central...,

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Termino ya.

... que ponen a la religión en su sitio, fuera de las aulas. Vuelvo a recordar que nuestra Constitución reconoce a este Estado como un Estado aconfesional. Por lo tanto, señor ministro, la religión fuera de las aulas. El que quiera que lo haga, pero en sus ámbitos.

Termino, señor presidente. Decía Malcom X que la educación es el pasaporte hacia el futuro. Por eso les pedimos, les solicitamos y les exigimos que no sigan adelante con esta ley. Hagan un favor a las próximas generaciones para que en el futuro el único pasaporte que les quede sea el pasaporte de poder vivir en España, no el que tienen ahora, que es simplemente un pasaporte que no recoge ni oportunidad ni proyectos ni futuro. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García Álvarez.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Barberà.

El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Gracias, señor presidente.

Señorías, ya a punto de finalizar en el Congreso la tramitación de la ley Wert sin cambios sustanciales y sin que el Gobierno escuche a la comunidad educativa, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió se ratifica en su intención de proceder a su derogación en cuanto cambie la actual mayoría parlamentaria.

Desde Convergència i Unió queremos empezar reafirmándonos en aquellos objetivos que necesitamos mejorar en la educación, y repetimos palabras de ayer del señor ministro: reducir el abandono escolar, reducir la tasa de repetición y mejorar la calidad de la educación. Sí, señor ministro, coincidimos en eso. Coincidimos en esos objetivos, en que hay que mejorar la educación. Esos objetivos podrían llevarnos a un gran consenso, a un gran pacto de Estado, que usted y el Grupo Parlamentario Popular no han querido conseguir. Con frases como: no podemos seguir como estamos, están rompiendo ese consenso. Claro que no podemos seguir como estamos en esos tres objetivos, pero el marco legal que tenemos -que se inició con la Logse, que se mejoró con la LOE y que permite que en Cataluña tengamos una Llei d'Educació de Catalunya- permite mejorar esos objetivos. A eso se ha negado el Partido Popular. Por eso, CiU presentó una batería de enmiendas que quieren respetar el marco competencial de la Llei d'Educació de Catalunya y del acuerdo del Parlament de Catalunya, la mayoría de supresión. Y nos decían desde Partido Popular y el ministro: supresión, supresión, eso no es construir. Pues sí que es construir. Es evitar que se haga algo mal hecho y volver a un marco legal que permite mejorar la educación.

Voy a basar mi intervención en dos aspectos de peso, fundamentales, pero con el tiempo que tenemos nos tenemos que centrar. Uno, la laminación de competencias; una laminación de competencias que cambia el compartir por el repartir, este es el modelo de la Lomce: cambiar el compartir por el repartir. Este cambio de compartir por repartir lo que hace es impedir que el modelo de escuela catalana pueda continuar, pueda desarrollarse. Lo que la Llei d'Educació de Catalunya permitió, este cambiar de compartir a repartir lo impide. Es un ataque al modelo de inmersión lingüística de Cataluña. Es un ataque que se ha agravado con las intervenciones que tuvieron los portavoces del Grupo Popular en las sesiones de la Comisión durante el debate de las enmiendas -después me referiré a ellas-, ya no digo con la disposición adicional trigésima octava. Ir a buscar a Unión Progreso y Democracia para resaltar esa disposición es un grave atentado al modelo de inmersión lingüística.

Recentralización de competencias, competencias traspasadas desde el año 1981. Llevamos ya muchos años con el modelo de inmersión lingüística, con un modelo de éxito. Incorporan evaluaciones censales con valor académico -no de diagnóstico como la LOE quería y como queremos- para la obtención de un título de educación secundaria obligatoria o de bachillerato. Aquí es donde ustedes aprovechan su competencia exclusiva en homologaciones o expedición de títulos para hacer todo el cambio estructural de la educación de este Estado. Estructuran las asignaturas de una manera totalmente


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incoherente pedagógicamente: troncales, específicas, de libre configuración autonómica. Quitan el castellano y el catalán, que estaban a un mismo nivel de asignaturas estructurales, y envían el catalán a un tercer orden. Se lo dije cuando debatimos en el Senado las enmiendas a la totalidad. Nosotros respetamos el castellano y el catalán. Son ustedes los que no quieren respetar por igual el castellano y el catalán. Es un reparto que además es curioso, porque defienden la autonomía de centros, van a mejorar la autonomía de los centros: el 50 % mínimo del horario a asignaturas troncales, dominadas, desde los contenidos hasta los criterios de evaluación, por el Estado.

Introducen -en esa enmienda el Grupo Popular creo que acertó- la formación integral, pero además de la formación integral y de las troncales, nosotros tenemos el catalán. ¿Usted puede decirnos qué autonomía va a tener un centro escolar en Cataluña? Cero, ninguna autonomía de centro si quiere mantener el modelo de formación integral, mantener el catalán y estudiar para aprobar sus evaluaciones finales -en ese sentido es una falacia total-, exámenes finales que además son el motor de cambio pedagógico, dicho por la secretaria de Estado: los exámenes finales, las evaluaciones finales harán cambiar la pedagogía, la manera de enseñar de los maestros y además harán que los alumnos cambien su modelo de estudiar. Pero, por favor, ¿conocen a nuestros maestros, conocen a nuestros alumnos? Parece que estén viviendo en otro mundo, porque nuestros maestros son profesionales, trabajan y evalúan muy bien, y nuestros alumnos estudian y quieren tener buenos resultados, no son unos vagos.

Laminar competencias, ¿para qué? Para que el proceso educativo que ahora es compartido sea solo para el Estado central. Llegan hasta a pervertir el concepto de propedéutico de 4.º de educación secundaria obligatoria -estaremos de acuerdo-, creando una formación profesional básica que echa por los suelos todo el avance que la formación profesional ha tenido durante estos años, pasando de ser una formación profesional académica a una formación profesional de verdad, de contacto directo con las empresas. Eso se había conseguido y su ley de mejora educativa va a devolvernos a antes de la Logse. El mundo profesional de la formación profesional no puede aceptar este cambio que ustedes quieren hacer.

Paso al modelo de inmersión lingüística, que se ve, según dijo el portavoz del Grupo Popular, que creaba cierta controversia en esta tramitación. Yo diría que bastante. Aquí voy a preguntar al señor ministro. Usted empezó la legislatura diciendo que el tema del castellano en Cataluña era una cuestión de derechos personales y que buscaríamos soluciones creativas. Usted ha impuesto una solución que no es creativa y no estamos de acuerdo en que solo sea cuestión de derechos personales, pero ahí podríamos opinar de forma diferente. Pero es que en las últimas sesiones de la Comisión hemos tenido que oír que el castellano tiene el mismo trato ahora que el catalán antes de 1978. Hemos tenido que oír que ahora en Cataluña se vive la situación inversa a antes de 1978 con el castellano. Hemos tenido que oír que nuestro modelo, compartido con el Estado, expulsa la lengua castellana. Hemos tenido que oír amenazas diciendo que el Tribunal Constitucional da poder al Estado para defender la lengua castellana; que las normas autonómicas impiden que el castellano sea lengua vehicular, cambiando única por normalmente con una flagrante mentira. Incluso hemos oído que la Lomce llega tarde, ministro, que está llegando tarde para solucionar el problema de inmersión lingüística; que estamos conculcando derechos de la sociedad catalana; que Cataluña, en definitiva, tiene una anomalía y, por cierto, que Convergència i Unió y este portavoz son intransigentes y que es imposible abrir cauces de modificación o rectificación de la anomalía, llegando a decir que esa anomalía perjudica a la sociedad catalana, que tiene un problema, la sociedad catalana con la lengua tiene un problema, y que además el problema lo que hace es afectar a las clases trabajadoras de más bajo nivel.

Para terminar con las opiniones del Grupo Popular en estas últimas comisiones: Con la fuerza de la razón las anomalías se han superado. No sé si quería decir el periódico o la razón fundamental. Nosotros sí vemos una anomalía y sí vemos una intransigencia en Cataluña. Es una anomalía democrática que una Llei d'Educació de Catalunya, aprobada por más del 85 % de los diputados, 105 en cada uno de sus títulos como mínimo, sea cambiada y se pase por encima por una mayoría democrática de este Congreso. Es una anomalía que aquello que usted no ha conseguido, que es un amplio consenso con la comunidad educativa y los grupos políticos, quiera borrarlo, quiera eliminarlo. Es una anomalía que se busquen soluciones a problemas que no existen. (Aplausos). Por eso le repetiré una cosa. Señor ministro, señores del Partido Popular, lo dije una vez y lo repito: mis padres no pudieron estudiar el catalán; mis amigos y yo solo pudimos hacerlo una hora a la semana; mis amigos no dominan el catalán escrito si no lo han necesitado profesionalmente; mis alumnos dominan por igual el catalán que el castellano, y mis hijos llegarán a dominar el catalán, el castellano y muy bien el inglés. Eso lo vamos a conseguir con la Llei d'Educació de Catalunya, no con la Lomce. (Aplausos). Por eso, señorías, lo que el Partido Popular y el


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señor ministro no pueden soportar es que el catalán y el castellano se dominen por igual. Ahí tenemos el problema: que el catalán y el castellano se dominen por igual. Por eso Convergència i Unió no va a permitir que ustedes creen un problema en Cataluña que no existe, que el catalán esté en un nivel inferior al castellano, que rompan un modelo de consenso que ha mantenido la cohesión social. CiU sí que ve una anomalía democrática en su manía persecutoria contra el modelo de la escuela catalana y contra el sistema de inmersión lingüística. Ministro, retire la Lomce y, se puede decir más alto: (Pronuncia palabras en catalán). Estamos en contra de la Lomce.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barberà.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Bedera.

El señor BEDERA BRAVO: Gracias, presidente.

A punto de finalizar en el Congreso la tramitación de la ley Wert sin cambios sustanciales y sin que el Gobierno escuche a la comunidad educativa, el Grupo Parlamentario Socialista se ratifica en su intención de proceder a su derogación en cuanto cambie la actual mayoría parlamentaria. (Aplausos).

Señorías, mi grupo quiere empezar este último trámite parlamentario con un reconocimiento y un saludo cordial a los representantes de la comunidad educativa que nos acompañan esta mañana en la tribuna: sindicatos de profesores, estudiantes, asociaciones de padres y otros colectivos del mundo educativo, que como una gran marea verde llevan casi dos años oponiéndose, como hacemos en esta Cámara, a ese desatino conocido como ley Wert. (Aplausos).

Señorías, en primer lugar, no hacía falta una nueva ley. Esta ley crea problemas donde no los había y no resuelve los existentes. El abandono escolar esgrimido por el ministro como causa generatriz de la reforma no se arregla cambiando la norma, señor ministro, porque con la misma ley el abandono en Asturias es del 12 % y en Valencia del 35 %, porque la diferencia entre las comunidades autónomas es mayor que la que existe entre Finlandia y España. Eso sí, han elegido el camino más fácil: acusar a las leyes socialistas de todos los males educativos. Todos los expertos de la OCDE coinciden en señalar que es mucho más efectivo garantizar el acceso a la educación desde la primera infancia por ejemplo, porque esa es la auténtica vacuna contra el abandono escolar temprano, en especial para las familias en desventaja.

¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema? El problema es que, por ejemplo, en educación infantil ha recortado usted un 40 % del presupuesto desde el año 2011 y ha eliminado el 0 a 3 porque no lo considera una etapa educativa.

En segundo lugar, el proyecto de ley carece de la más mínima voluntad de acuerdo. No hablaron con la comunidad educativa, señor ministro, al revés: la denostaron. Los profesores eran unos vagos que cobraban mucho y trabajaban poco; los padres, unos irresponsables y unos radicales por secundar la huelga, y los estudiantes, unos aprovechados que firmaban los exámenes en blanco y luego cogían las becas. No escucharon a los grupos políticos, por eso tuvieron once enmiendas a la totalidad. Todo el arco parlamentario, algo insólito. En el trámite de enmiendas tampoco es que mejorara mucho: aceptaron una docena de enmiendas inocuas de setecientas setenta pero, eso sí, incorporaron sus propias enmiendas de adicción. Sí, han oído bien, señorías, de adicción, porque todas ellas apuntan a sus tradicionales obsesiones, a sus adicciones: subordinar la escuela pública a la concertada, españolizar y recortar la participación de la comunidad educativa. Tampoco tuvieron en cuenta los informes de los expertos, ni el del Consejo de Estado, ni el del Consejo Escolar, ni el de la Conferencia de Rectores; ninguno. Ni siquiera sus propias comunidades autónomas les acompañan porque no saben cómo van a implantar este disparate legislativo ni con qué recursos. Toda la tramitación ha sido un ejercicio de autismo político, ha sido un soliloquio, señor ministro. Nunca un ministro se había atrevido a tanto y había dejado la educación pública en tan poco. Por eso resulta especialmente cínico escucharles decir a usted y a su secretaria de Estado que están con la mano tendida y que esta es la ley más consensuada de toda la democracia. Llevan practicando el mismo monólogo año y medio, por eso le hicieron una primera huelga y el día 24 le harán una segunda huelga general en la que participaremos todos porque será un éxito. (Aplausos).

Señorías, nos podemos preguntar con todos estos antecedentes cómo es posible que sean ustedes tan insensibles a este clamor general, cómo es posible tanta contumacia. Pues porque, como le dijo el escorpión a la rana, está en su naturaleza, señor ministro, es la naturaleza de la derecha española. ¿Se han parado a pensar, señorías, qué comparación podemos hacer, qué tiene en común la ley Wert con la ley Pilar del Castillo? Yo se lo voy a decir: una mayoría absoluta y una arrogancia absoluta. Por eso, ni


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prosperó aquella ni prosperará esta (Aplausos), porque ustedes son incapaces de sacar adelante una ley sin el rodillo parlamentario, porque ustedes no negocian, ustedes no hacen prisioneros, ustedes solamente imponen. Y, señor ministro, esta no es la ley que necesita nuestro país. Las únicas leyes que han funcionado en este país hasta ahora son las que han tenido un recorrido, las que han tenido un apoyo de la comunidad educativa. Tanto la Logse como la LOE -es verdad- salieron de Moncloa, salieron del presidente González y del presidente Zapatero. Pero, una vez que salieron de Moncloa, se socializaron, se debatieron, se enriquecieron y se convirtieron en leyes de país. Las dos veces que ustedes han acometido una reforma han hecho leyes de partido, no leyes de país. Por eso fracasaron y fracasarán otra vez. (Aplausos).

Señor ministro, además su ley es una mala ley tanto desde el punto de vista técnico como pedagógico; más que una ley es un desatino jurídico. Con los buenos profesionales que hay en el ministerio, con los expertos que tiene usted en la bancada del Grupo Popular, ¿por qué han hecho una ley tan mala, tan incongruente, que ni un solo pedagogo se atreve a defenderla? ¿Cómo pueden defender en primaria un ciclo de seis cursos? ¿Cómo pueden confundir evaluación continua con consumativa? ¿Cómo pueden hacer una ordenación académica en la que asignaturas como Filosofía, Música, Tecnología quedan relegadas a un segundo lugar y pueden no ser vistas en todo el periplo académico de un alumno? Esta parece, señor ministro, una obra de advenedizos, de aficionados, y una ley como esta es mucho más importante que todo eso para dejarla en manos de aficionados. Por eso, le hacemos a usted responsable, porque usted es quien dirige el barco.

Pero, por encima de todo, es una ley tremendamente injusta porque rompe con la igualdad de oportunidades. Su ley va a hacer mucho más difícil que los chicos de las familias desfavorecidas lleguen a la universidad o a un nivel superior de formación profesional. Su ley no va contra el fracaso escolar -se lo hemos dicho más de una vez- sino contra los alumnos que fracasan, porque sin los apoyos necesarios los alumnos con dificultades están abocados a la exclusión educativa (Aplausos), que es la forma más perversa de educación social, porque excluye para el presente y para el futuro.

Señor ministro, el éxito educativo en este país ha hecho que de padres analfabetos tengamos hijos que han llegado a la universidad en tan solo una generación. Ustedes apuestan ahora por un darwinismo social que nadie quiere; nos quiere meter en el túnel del tiempo y retroceder a esa España de la reválida, de la segregación por sexo, de la selección de alumnos por razones económicas, y esta sociedad no lo va a permitir. Aquello se empezó a cambiar ya con la ley de educación de Villar Palasí, que justificaba aquella ley diciendo que no podían entrar en el sistema 100 alumnos, pasar 27 a la secundaria y llegar solo 3 a la universidad. Ahí vamos abocados con su ley. Su ley va a hacer mucho daño, señor ministro, va a abrir heridas muy difíciles de cerrar si se empeña en sacarla a las bravas. Háganos a todos un favor, abandone esta especie de onanismo legislativo y retire la ley. (Aplausos).

Señor ministro, en esta cruzada en la que usted se ha metido, su ley no deja títere con cabeza. Se han autoenmendado incluso para negar el carácter de servicio público a la educación. ¿Pero qué tendrá que ver eso, señor ministro, con que se preste en la red pública o en la red concertada? Es que ustedes están atacando la raíz más profunda de lo que significa la educación en todos los países de la OCDE. Lo mismo con el mito de la libre elección de centros, con la que nosotros estamos de acuerdo. Si el 90 % de las familias llevan a sus hijos a los centros que eligen; lo que ocurre es que, cuando en algún centro hay más demanda que oferta, tendrá que intervenir la planificación educativa. Y si nosotros no lo remediamos, su ley apunta en otra dirección, porque será al final el centro el que elija a los alumnos y lo hará en función de que le resulte o más barato o más parecido a su ideario o más rentable económicamente, y con eso no estamos de acuerdo, y quizá la más contundente de nuestras ciento una enmiendas vaya encaminada por ahí.

En definitiva, señor Wert, en su corta gestión tiene usted una larga lista de víctimas a su espalda: el Plan PROA, la educación infantil de 0 a 3, la cobertura de libros de texto, las becas Séneca, los campos de excelencia, el sistema integrado de formación profesional, las becas para estudiar en el extranjero, las competencias profesionales, la formación del profesorado. Ha logrado poner en contra absolutamente a todo el mundo y sus apariciones se cuentan por abucheos. Ha recortado usted 5.200 millones y piensa agudizarlo, como se ha dicho aquí, hasta dejar el gasto educativo enflaquecido hasta el 3,9 % del PIB en el año 2015.

Señor Wert -termino ya, presidente-, hay políticos que siempre serán recordados por su contribución a las res pública. De Cánovas, por ejemplo, se dice a la entrada del Senado que por sus talentos y patriotismo mereció el respeto de sus contemporáneos. A usted se le recordará como el ministro que intentó acabar con la educación pública y, por ello, ni merece el respeto de los contemporáneos ni tendrá


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su recuerdo, y cuando pasen los años y ante su retrato polvoriento en la galería del ministerio alguien pregunte cuál fue su contribución, le responderán los versos del soneto cervantino: Fuese y no hubo nada.

Gracias, presidente. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bedera.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Popular, la señora Moneo.

La señora MONEO DÍEZ: Señor presidente, señorías, señor ministro.

Señores del Grupo Socialista, lo único que no necesita este país es su modelo educativo. Sus leyes sobrevivieron porque nosotros creemos, a diferencia de ustedes, en las mayorías parlamentarias y les dimos una oportunidad. Nosotros no tenemos miedo ni a la alternancia ni a la alternativa; ustedes sí. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).

Al Grupo Parlamentario Popular la verdad es que le hubiese gustado otro debate. La oportunidad histórica que los ciudadanos han depositado en este Parlamento para que sea impulsor y garante de la necesaria mejora de la calidad del sistema educativo ha sido sustituida por un debate terriblemente ideologizado, interesado, sesgado, impropio de la importancia y la naturaleza de la materia objeto de discusión. Más de lo mismo, señorías; y la verdad es que no nos debiera sorprender. Mientras el resto del mundo avanza mediante cambios constantes a la búsqueda de nuevos retos, nuevas oportunidades que permitan ofrecer a los ciudadanos lo mejor, mientras esto ocurre, algunos en esta Cámara siguen empeñados en reafirmar sus propios errores, en blindar un modelo educativo al que día tras día todos los informes internacionales señalan como directamente responsable del estancamiento, cuando no demora, en la calidad del sistema. (Rumores).

Señorías, al Grupo Parlamentario Popular le hubiese gustado hablar de educación. Nos hubiera gustado debatir con relación a cómo elevar el nivel de conocimiento de los alumnos, cómo lograr que estos se sintieran cómodos en un sistema capaz de lograr de cada uno lo mejor... (Continúan los rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada.

Ruego silencio. Ha habido silencio hasta ahora y quiero que siga habiéndolo.

La señora MONEO DÍEZ:... cómo ayudar a quien más lo necesita y potenciar a aquel alumno brillante capaz de arrastrar con su impulso al resto de compañeros. Nos hubiera gustado debatir sobre las debilidades del sistema para actuar y que estas no supongan un freno en el potencial de lo mejor que tenemos, nuestros estudiantes; cómo dotar al sistema de una mayor transparencia, cómo lograr que la formación profesional fuese esa alternativa capaz de conjugar calidad en la educación y formación para el acceso al empleo. Nos hubiera gustado llegar a un acuerdo para acabar con esa España de diferentes velocidades que rompe día a día el principio de igualdad de oportunidades. Ha sido imposible, señorías. Cuando el principal partido de la oposición, que ha tenido responsabilidades de gobierno, impulsor del modelo vigente en los últimos veinte años, autor de la ley actual, dedica el 80 % de sus enmiendas a mantener lo caduco, lo fracasado, lo ya existente, es porque, o bien no está interesado en cambiar nada o, lo que es peor, no sabe cómo hacerlo. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos). Cuando otros grupos de esta Cámara también dedican la mitad de sus propuestas a blindar el sistema actual, a pesar del abandono escolar, que dobla la media europea, a pesar de que jóvenes y adultos estemos en el furgón de cola en relación con nuestro nivel de conocimientos, a pesar de que la OCDE señale sistemáticamente que formación y empleo están íntimamente relacionados y, solo, solamente logrando una mayor formación daremos una oportunidad a ese más de 50 % de jóvenes que están actualmente desempleados. Si, a pesar de todos esos datos, no dan ni una sola oportunidad a un nuevo modelo educativo, es más, niegan toda posibilidad de acuerdo y amenazan con derogar esta ley a la más mínima oportunidad, es que están anteponiendo sus intereses partidistas, políticos e ideológicos a la defensa del interés general. (Aplausos).

Señorías, que a algunos de ustedes no les interesa para nada la educación es un hecho; que han decidido convertir esta ley en terreno de confrontación, una realidad. ¿Cómo pueden decir que el modelo actual permite mejorar cuando estamos ahora peor que hace diez años? Muchas de sus señorías tenían decidida ya su oposición desde el momento en que esta ley apostó por garantizar la calidad, la igualdad de oportunidades, el uso del castellano en la escuela, la vertebración del sistema y la libertad. Ni dieciocho meses ni dieciocho años hubieran sido suficientes para debatir porque su respuesta siempre hubiera sido


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no. ¿Y ustedes nos hablan de diálogo? ¿Ustedes hablan de consenso? Señorías, el único consenso dentro y fuera de nuestras fronteras es que no podemos seguir así, pero evidentemente se niegan a aceptarlo. Por eso, deslegitiman mayorías, porque solo ustedes se creen investidos de autoridad, poseedores de la verdad absoluta, aquella que determina no ya cómo debe ser el sistema educativo, sino qué debe aprender cada alumno, de qué forma, dónde debe acudir y hasta qué debe pensar. Señorías, sus descalificaciones tan solo evidencian el miedo a la alternativa, y aquí, señorías, solo hay una única verdad, que este modelo ha frenado durante años la senda de la calidad y el crecimiento que necesitaba la educación española.

Algunas de sus señorías pretenden erigirse en defensores de la educación pública. Pues yo les digo que no hay nada más letal para la educación pública que el modelo educativo socialista, no hay nada más segregador que expulsar a uno de cada cuatro alumnos del sistema sin alternativa posible; no hay nada más injusto para las familias que vivir bajo la incertidumbre de no saber si la formación que reciben sus hijos responde a las exigencias que un mundo globalizado y competitivo le va a imponer a lo largo de su vida; no hay nada más cruel que condenar a un alumno de dieciséis años al más absoluto fracaso porque nadie le avisó a lo largo de los años de que su formación no era la adecuada, que los objetivos que marca el sistema estaban sin cumplir, porque nadie le ayudó ni le ofreció alternativas donde pudiera desarrollar sus intereses y aptitudes, porque esa uniformidad en la mediocridad que algunos de ustedes defienden apasionadamente tan solo busca la equidad en la entrada, nunca en la salida. (Aplausos). Se conforma con escolarizar a los alumnos, no con ofrecerles una educación de calidad. Por eso frustran vocaciones, por eso nuestros estudiantes no continúan hacia las enseñanzas posobligatorias, porque alguien les dijo que aquí finalizaba su camino y la responsabilidad del Estado terminaba con ella.

Pero, señorías, si alguien piensa que no hay esperanza, que nos tenemos que conformar con lo que tenemos, se equivoca. Nosotros no nos conformamos. La educación española puede mejorar y lo puede hacer de forma notable. Basta simplemente con recuperar aquellos principios que jamás debieron ser desterrado del sistema educativo: la cultura del esfuerzo, porque nuestros alumnos deben saber que no es lo mismo estudiar que no, esforzarse que no, acudir a clase que no; la equidad, la bien entendida equidad, para que el sistema ofrezca a cada uno lo que necesita, para que el alumno encuentre el camino que más se ajuste a sus intereses y aptitudes, para que, sea cual sea la opción que elija, siempre tenga la posibilidad de corregir su decisión, porque ningún camino supondrá un punto y final; la transparencia, señorías, porque solo desde un sistema educativo evaluado y evaluable que rinda cuentas en relación con el cumplimiento de los objetivos marcados podremos, en primer lugar, detectar las posibles debilidades del sistema y, sobre todo, poner soluciones, y en segundo lugar, acabar con esas diferencias tan notables que hay entre comunidades autónomas.

Señorías, si veinticuatro de los treinta y cuatro países de la OCDE, entre ellos diecisiete de la Unión Europea, tienen pruebas de evaluación; si en Francia, Alemania, Portugal, los Países Bajos, el cien por cien de los alumnos de secundaria se someten a una prueba externa de carácter nacional; si esto puede suponer una mejora de hasta 16 puntos en los resultados; si hasta el propio Consejo de Estado dictaminó que las evaluaciones externas son un mecanismo para diagnosticar y corregir los problemas del sistema educativo e incentivar el esfuerzo de los alumnos, dígannos, ¿cuál es el problema? Ninguno para el sistema educativo; posiblemente, señores del Grupo Socialista, uno para ustedes. La verdad es que les asusta la libertad y la transparencia (Aplausos), porque estos son enemigos de esa perversa uniformidad a la que quieren someter el sistema. Prefieren el oscurantismo para que las familias no puedan exigirles responsabilidades, para que su derecho a elegir la educación y el centro al que enviar a sus hijos se vea limitado por una falta absoluta de información. Ustedes pretenden sortear las carencias del sistema sustituyendo el papel que tienen los padres como primeros responsables de la educación de sus hijos. Porque una mayor información y libertad les pondrá frente al reflejo de sus propias contradicciones: que el único peligro real para la educación en general y para la educación pública en particular son y han sido ustedes.

Señorías, voy terminando. No podemos renunciar a que los alumnos se conviertan en el centro del sistema educativo. No podemos ignorar que tan solo desde una reflexión rigurosa, sensata y certera de la realidad que nos rodea podemos mejorar el sistema. ¿Por qué decir no a aquellas medidas que han supuesto el mayor impulso de mejora entre los mejores sistemas educativos del mundo, la autonomía de los centros, el refuerzo de la función directiva, una apuesta decidida por la formación profesional? Por cierto, a ustedes les preocupa mucho el profesorado pero no apoyaron su reconocimiento como autoridad pública. Señorías, nosotros no tenemos hipotecas, por ello queremos reiterar el compromiso para que el


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castellano sea lengua española oficial del Estado, para que sea lengua vehicular en el sistema educativo en el marco de un bilingüismo integrador. Cuando los padres, señorías del Grupo de Convergència i Unió, acuden a los tribunales en defensa de ese derecho no me hablen ustedes de normalidad en Cataluña, no me hablen de que no existe ningún problema porque el problema existe y las leyes están para resolverlo. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos). Son ustedes, señorías del Grupo Socialista, quienes debieran acompañarnos en este camino. Son ustedes, que se consideran supuestamente un partido nacional, los que son prisioneros de sus propias contradicciones, por eso se mueven en el alambre para no tener que garantizar abiertamente que nuestra lengua común, el castellano, la lengua oficial del Estado, pueda ser utilizada en el sistema educativo con absoluta normalidad.

Tampoco nos asusta abrir debates si estos responden al cumplimiento de la legalidad vigente. Ustedes utilizan el debate religioso porque lo que realmente les incomoda es que las familias pueden elegir libremente la formación de sus hijos y que esta no responda a doctrina que intentaron imponer con su asignatura estrella: Educación para la ciudadanía. Señoría, este proyecto de ley no obligará a que ninguna familia tenga que acudir a los tribunales para defender el derecho constitucional que le garantiza poder educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones, porque se acabaron las imposiciones, porque se acabó el adoctrinamiento, porque siempre habrá alternativa.

Señorías, España tiene que poner ahora en marcha un mecanismo eficaz que conlleve una mejora de los resultados. En definitiva, elevar la calidad de la educación. Ese es nuestro compromiso, lo ha sido siempre, lo es ahora y lo será en el futuro. Evidentemente no es el compromiso de algunos de ustedes.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Moneo.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Señor presidente, señoras y señores diputados, en primer lugar, quiero agradecer de forma muy especial a la portavoz del Partido Popular sus recientes palabras que suscribo en todos sus términos y que agradezco especialmente en la medida (Aplausos) en que me eximen de entrar a replicar buena parte de los argumentos que algunas otras señoras y señores portavoces han manifestado en el curso de este debate. Quiero igualmente agradecer al representante de Foro Asturias y al representante de Unión, Progreso y Democracia el carácter constructivo de las observaciones que han realizado, al margen, naturalmente, del sentido de su voto que, como es obvio, respeto. Y señoras y señores diputados, no voy a dedicar esta intervención ni voy a gastar el tiempo de sus señorías en todo lo que han sido descalificaciones puramente nacidas del prejuicio y, en todo caso, no argumentadas, mucho menos en lo que han sido directamente insultos o expresiones desconsideradas proferidas por algunos portavoces. Tal y como ha señalado la señora representante del Partido Popular, yo subo hoy a esta tribuna a hablar de algo que importa mucho, muchísimo, a esta sociedad que es la educación, algo de lo que, desgraciadamente, en el curso de esta mañana se ha hablado poco, por no decir que muy poco. (Rumores).

Señorías, tuvimos oportunidad hace dos días de conocer un informe de extraordinaria importancia, lo que se ha llamado el PISA de adultos, el programa de evaluación internacional de las competencias de adultos. Es la primera vez que la OCDE -que, como saben perfectamente todas sus señorías, es la organización multilateral que de forma más sistemática, rigurosa y prolongada en el tiempo se viene ocupando de las cuestiones educativas- realiza un ejercicio que, a mi juicio, tiene extraordinaria importancia, cual es el de no quedarse detenido, como hacen de hecho los estudios Pirls-Pimss a la edad de diez años, siempre hablando de la OCDE, o el estudio PISA a los quince años, en los resultados educativos de la población mientras se está estudiando, sino extender este análisis con una perspectiva longitudinal a las competencias que tiene la población adulta, en este caso la población en edad de trabajar, la población de dieciséis a sesenta y cinco años. ¿Y por qué es importante este ejercicio? Porque, en realidad, cuando estamos hablando de educación estamos fundamentalmente hablando de dos cosas: estamos hablando de un proceso formal a través del cual los niños y las niñas, los jóvenes, adquieren una serie de conocimientos que tienen que convertir en competencias y que les habilitan para desarrollarse con éxito en su vida personal y profesional en los años posteriores, a lo largo de toda su vida, pero también estamos hablando de cómo a partir de ese momento, sobre esa base que supone el proceso de educación formal, esos conocimientos adquiridos se van transformando en capacidad de enfrentarse a esos retos y qué resultados se obtienen. Evidentemente, yo no pienso que un estudio como este que nos ha dado a conocer la OCDE sea un estudio que se limite exclusivamente a evaluar la calidad del sistema


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educativo, evalúa muchas más cosas que están presentes en la sociedad, evalúa, por ejemplo, cómo son las relaciones industriales, cuáles son las oportunidades que se les ofrecen a la gente que trabaja de seguir desarrollando esas competencias, pero sí que nos proporciona una información muy importante y muy sólida sobre cómo la interacción entre el sistema educativo y muchos otros subsistemas que operan en la sociedad produce una sociedad que es capaz de enfrentarse a los retos que le plantea su desarrollo profesional sobre la base de los conocimientos que ha adquirido en ese sistema educativo.

Yo recomiendo muy vivamente a todas sus señorías la lectura hoy en el diario El País del artículo que publica el subdirector de Asuntos Educativos de la OCDE, Andreas Schleicher, reconocido como uno de los principales educadores en el campo internacional junto con algún otro, sobre lo que implica el resultado de este estudio para España. Voy a tratar de resumirlo de la forma más fiel posible, porque creo que hay dos dimensiones muy importantes a las que tenemos que atenernos. Primero, vemos que partiendo de una situación muy desfavorable que se refleja en los pobres resultados -paupérrimos, si quieren- que se obtienen en términos de estas competencias por la población que tiene entre cincuenta y cinco y sesenta y cinco años, la siguiente cohorte, el siguiente grupo de diez años, el que va de cuarenta y cinco a cincuenta y cuatro obtiene unos resultados en términos de esas competencias que son sensiblemente superiores a los del grupo de edad mayor. Es un avance de 21 puntos muy significativo, que se encuentra entre los más altos de los países de la OCDE estudiados. Pero a partir de ahí, como subraya el propio Andreas Schleicher en el artículo que acabo de citarles, lo que se produce es una situación de básico estancamiento en cuanto a la adquisición de competencias del resto de las cohortes de edad consideradas, es decir, de todas aquellas que tienen cuarenta y cinco años y menos, desde cuarenta y cinco a dieciséis, que obtienen tanto en la competencia matemática como en la competencia lectora unos resultados muy similares. Esto proporciona una radiografía muy precisa de cuál es la naturaleza de nuestros problemas educativos y creo sinceramente que proporciona igualmente la explicación más convincente de la necesidad de la norma cuya aprobación se trae hoy a esta Cámara. Porque lo que esos resultados ponen de manifiesto es fundamentalmente que tras haberse conseguido una sustancial mejora de las competencias a través de la universalización de la educación -y este es un mérito de la sociedad española a lo largo de los años de la Transición, es un mérito que comparten las distintas fuerzas políticas que sucesivamente se han visto representadas en esta Cámara, pero sobre todo es un mérito que corresponde al conjunto de la sociedad-, tras haber hecho ese esfuerzo de transformación de extraordinaria importancia, no se han hecho esfuerzos comparables y sobre todo no se han obtenido resultados comparables en términos de la extensión de la calidad y del sentido de la educación en el curso de los años siguientes. Desde ese punto de partida rigurosamente, con un enfoque basado en la evidencia, con un enfoque que se apoya en los éxitos que otros países que han abordado reformas educativas han podido obtener aplicando esas soluciones, que es un enfoque decididamente orientado a resultados, se aborda la ley orgánica de mejora de la calidad educativa.

Se ha hablado mucho esta mañana de algunas cuestiones como equidad o igualdad de oportunidades. Se han utilizado términos como segregación o exclusión. Yo respeto todas las opiniones, mejor dicho, todas menos aquellas que están en flagrante contradicción con nuestro marco constitucional, como algunas de las que esta mañana se han puesto de manifiesto, pero en cuanto a aquellas que sí están dentro de ese marco constitucional, tengo que decir que discrepo profundamente de los análisis que se hacen acerca de lo que algunas de sus señorías han considerado enfoque segregador o de exclusión respecto al tratamiento que la Lomce da a estas cuestiones.

Lo ha expresado la señora portavoz del Partido Popular, pero creo que la cuestión es suficientemente importante como para reiterarlo. No existe segregación más grave, no existe razón de exclusión más contundente, que el resultado de nuestro sistema en términos de abandono escolar temprano. (Aplausos). Creo sinceramente que haber mantenido, como hemos hecho, a lo largo de muchos años una tasa de abandono escolar temprano que duplica sustancialmente la media de los países de la Unión Europea, que hoy, pese a una reducción de seis puntos que se ha operado en los últimos años, les recuerdo...(Rumores). Perdón, incluidos los dos en que nosotros estamos gobernando. Haber mantenido tasas superiores al 30 % durante una serie de años, haber asistido impasibles a cómo los estudiantes desaparecían del sistema educativo en busca de trabajos muy bien retribuidos que exigían muy baja cualificación y sin pensar en cómo poner coto a esa situación, cuyas consecuencias negativas vemos ahora no solo en lo que es obvio, en términos del desempleo juvenil tan elevado que padecemos, sino sobre todo en las consecuencias en términos de conseguir un trabajo y un salario digno de toda esa parte de la población entonces joven, hoy ya joven adulta, que abandonó prematuramente los


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estudios durante los años de la burbuja inmobiliaria -eso lo tenemos claramente reflejado en el estudio al que me vengo refiriendo-, eso no solo es algo que supone -que lo supone de hecho- un drama personal, sino que es también un drama social y económico. Decididamente el planteamiento que hace la Lomce va destinado a evitar esa situación porque, en definitiva -lo he dicho varias veces pero no tengo ningún inconveniente en reiterarlo porque creo que se trata de un aspecto de la máxima importancia-, la inmensa mayoría de esos jóvenes que caen en la exclusión del sistema educativo y que a partir de ahí tienen un elevado riesgo de caer en una situación de exclusión social pertenecen a las capas sociales más desfavorecidas. ¿Por qué se produce ese abandono? ¿Por qué ese abandono tan elevado se viene registrando a lo largo de tantos años? Fundamentalmente -en esto quiero decirles que mi oposición al análisis que se hace sobre el tratamiento de los itinerarios alternativos en la Lomce no puede discrepar más del que han formulado algunos de los señores portavoces- porque no existían vías alternativas por la excesiva rigidez del sistema.

Abro un pequeño paréntesis para decir algo que me parece honesto poner de manifiesto. Yo no soy de aquellos que creen que una ley educativa resuelve todos los problemas educativos de una sociedad, en esto coincidiría diría que casi plenamente con una de las manifestaciones que ha hecho el señor Martínez Gorriarán, portavoz de Unión Progreso y Democracia. Mi confianza en la ley es limitada; la ley marca una serie de reglas del juego, que son importantes en la medida en que acotan el campo en el que se desenvuelve la educación y que les proporciona reglas a los jugadores, pero si los jugadores no juegan, no hay partido, esto es absolutamente evidente. Creo, y comparto en ese sentido la creencia que también han manifestado varios portavoces, en la importancia de profesores, directores y por supuesto padres y madres en el sistema educativo, pero sobre todo creo que el alumno es el centro del sistema educativo y que es importante tener presente que la educación está orientada a sus destinatarios. En ese sentido, teniendo la máxima sensibilidad hacia los puntos de vista que manifiestan otras partes del sistema educativo, ante cada decisión en esta cuestión, la primera pregunta y la más fundamental que tenemos que formularnos es cómo afecta esto al estudiante, cómo afecta esto al centro del sistema educativo.

Paso, señorías, a contestar con la mayor brevedad posible a algunas de las objeciones que han realizado los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Doy por contestadas las observaciones que se realizan sobre lo que han llamado enfoque mercantilista o enfoque segregador; enfoque orientado al mercado, han dicho algunos portavoces. Yo, por supuesto, entiendo que la educación es algo más, mejor dicho, es mucho más que proporcionar a un niño o a una niña herramientas adecuadas para insertarse profesionalmente, pero entiendo también que se le proporcionen sobre todo los fundamentos que más adelante le permitirán adquirir esas herramientas es un asunto absolutamente primordial. Coincido en esa percepción con el juicio del experto al que me he referido anteriormente, cuando en el artículo al que he hecho referencia dice que obtienen mucho mejores resultados aquellos sistemas en los que se han desarrollado fuertes vínculos entre el mundo de la educación y el trabajo y sobre todo que la formación práctica en el lugar de trabajo puede ayudar a motivar a los jóvenes que se han desconectado del sistema educativo a permanecer o volver a ese sistema y suavizar la transición entre la educación y el trabajo.

El martes tuve la oportunidad de participar en Santander en la inauguración del curso de formación profesional en el centro integrado número 1 de esa ciudad, donde pude comprobar algo que evidentemente ya conocíamos con una cierta base estadística a partir de los análisis que se hacen en el ministerio de la información que nos proporcionan las comunidades autónomas, pero realmente cuando uno lo ve con cara y ojos, cuando uno lo ve en la expresión y en las palabras del estudiante, adquiere la noción cabal de la importancia social que el fenómeno tiene. Allí vi una serie de estudiantes que se encuentran en este momento en esos centros, en este caso participando en proyectos de formación profesional conforme al modelo dual, pero también los había realizando ciclos de grado medio y ciclos de grado superior. Varios de ellos eran jóvenes que habían abandonado el sistema educativo durante la burbuja inmobiliaria y que gracias en este caso al sistema dual habían sido capaces de reinsertarse en el sistema educativo y estaban en el curso de tres años obteniendo una formación teórico práctica habilitante para luego continuar con su desarrollo formativo y, además, unos ciertos recursos mediante el procedimiento de la beca salario que les permitía atender una serie de gastos. Uno de ellos nos decía: yo ya no tengo tiempo que perder y les doy las gracias a ustedes por la creación de un mecanismo a través del cual se introduce la formación profesional conforme a este sistema dual, porque yo no puedo ir a un centro convencional a sentarme con chicos de dieciocho años -estoy hablando de un joven que tiene veintinueve-, yo ya no tengo tiempo que perder, tengo que aprovechar esta oportunidad y lo voy a hacer. Señorías, esa es la filosofía que


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impregna todos los itinerarios formativos en la Lomce, y no se me ocurre algo más contrario o más distinto a eso que llaman ustedes segregación y exclusión. Dar itinerarios flexibles, itinerarios reversibles, itinerarios con posibilidad de volver desde el camino a la autopista, crear un camino para aquel que se salga de la autopista, es algo absolutamente esencial a la hora de reducir esa lacra, porque la tasa de abandono escolar temprano es una lacra. Pero además de reducir la tasa de abandono escolar temprano queremos mejorar los resultados educativos según se van produciendo, porque otra lacra extraordinariamente importante en el funcionamiento del sistema es la baja tasa de idoneidad, la alta tasa de repetición que tenemos en nuestro país. Es malo porque crea una dificultad grave en la gestión de los grupos, etcétera, y yo creo que este es un tema que no se puede soslayar porque su importancia es enorme. También es grave porque genera un uso muy ineficiente de los recursos. Si hacemos una media de lo que pueden suponer las repeticiones -sin salir de la etapa de la formación obligatoria, entre primaria y educación secundaria obligatoria, haciendo una media de las dos etapas porque, como saben perfectamente sus señorías, la repetición se produce tanto en la primaria como en la secundaria-, cada repetidor incrementa el coste del sistema en una media próxima a los 7.000 euros. Si a los quince años tenemos una tasa de repetición próxima al 40 % -utilicen ustedes la calculadora-, calculando que cada estudiante solo repitiera una vez -no estoy yendo más allá de la fase obligatoria, desde 1º de primaria hasta 4º de la ESO- el coste global que en el curso de una cohorte pasando por el sistema educativo supone esa tasa de repetición sería de 24.000 millones de euros. Mejorar eso es una prioridad absoluta, y a ello van fundamentalmente orientadas las medidas de arquitectura de la Lomce. Son muy importantes, porque es muy importante que exista una detección precoz de las dificultades de los aprendizajes; es muy importante que exista una evaluación objetiva de los progresos.

Vamos a hablar de evaluaciones. Las evaluaciones no pueden ser más distintas a eso que, con un ánimo derogatorio, llaman ustedes reválidas, no pueden ser más distintas a las reválidas. Se trata de evaluaciones que intentan asegurar que el estudiante que finaliza un ciclo o que termina una etapa de su educación ha adquirido las competencias necesarias para pasar a la siguiente. Lo ha dicho con claridad y en términos también cuantitativos la portavoz del Partido Popular; no hay un solo país de la OCDE que haya incorporado estas evaluaciones externas y estandarizadas que en el curso de los dos o tres años siguientes no haya experimentado una mejora en sus resultados educativos tan significativa como la que los estudios de la OCDE ponen de manifiesto.

Los temas de ordenación académica que han suscitado algunos de los portavoces, evidentemente, no voy a decir que no, están sujetos a un amplio grado de opinabilidad. Es decir, uno puede considerar que es mejor definir los currículos de una manera o de otra; lo que sí les puedo decir es que la caricatura que sobre esa ordenación académica han realizado algunos de ustedes no tiene nada que ver con la realidad. Miro especialmente, además de al Partido Socialista, a los representantes del Grupo Vasco y del Grupo de Convergència i Unió, porque no es riguroso decir que se opera a través de ello una recentralización del sistema. El hecho de que el Estado defina los currículos de las asignaturas denominadas troncales no empece ni dificulta que el ámbito, no solo de las administraciones educativas sino también de los propios centros en la definición del resto de asignaturas, no resulte incluso más amplio del que existía en la ley anterior. Tengo especial interés, señorías, en referirme a la cuestión de la lengua porque creo que las observaciones que a este respecto se han formulado por distintos portavoces no tienen nada que ver - lo digo con toda claridad- con lo que la ley dice. No es justo ni es cierto, es decir, no se ajusta a la verdad, decir que hay una minusvaloración de las lenguas cooficiales propias. De hecho, es la primera ley educativa en la que, a efectos de horas, a efectos de evaluación -bien es verdad que la evaluación de la lengua propia lógicamente se deja en manos de la administración educativa propia- y a efectos de utilización dentro de la enseñanza, las lenguas cooficiales propias tienen el mismo tratamiento que la lengua cooficial común. En lo que se refiere a la modalidad lingüística que se utilice en la ordenación educativa es cierto -lo ha dicho el portavoz de Convergència i Unió, señor Barberà- que hemos tratado el tema del castellano como una cuestión de derechos, pero no es cierto, en contra de lo que ha dicho su señoría, que haya un ataque a la inmersión lingüística. De hecho, se trata de la primera norma estatal que reconoce la existencia de ese sistema de inmersión lingüística y lo único que hace a ese respecto -lo hace siguiendo un mandato casi más explícito que implícito del Tribunal Constitucional en ese sentido- es dejar sentado en la ley, precisamente para evitar litigiosidad en el futuro, las condiciones de oferta en las que ese sistema de inmersión lingüística puede considerarse conforme al bloque constitucional.

Algunas de sus señorías hablan de un supuesto ataque o de una supuesta minusvaloración de la escuela pública. No hay tal. ¿Cómo iba a haberla? (Rumores). ¿Cómo iba a haberla en un país en el que


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la escuela pública supone el 70 %, básicamente, de la escolarización? Además está creciendo; ha crecido algo en los cursos en los que llevamos en el Gobierno. En modo alguno, todo lo contrario. (Rumores.-El señor Buyolo García pronuncia palabras que no se perciben).

El señor PRESIDENTE: Señor Buyolo, le ruego silencio.

Continúe señor ministro.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Todo lo contrario. En un concepto en el que a los centros educativos, públicos y privados, se les dota de mayor autonomía -bien es cierto que autonomía tiene que ir siempre acompañada de un planteamiento más riguroso de la rendición de cuentas-, los centros públicos van a tener oportunidades que hoy no tienen y que sí tienen los centros privados y concertados para embarcarse en procesos de mejora. ¿Saben ustedes lo que supone el peor ataque a la escuela pública, cuál es el ataque más destructivo a la escuela pública? Marcarle un corsé normativo que le impida la mejora y que, a partir de ahí, esté creando una brecha de calidad entre los centros públicos y los centros privados (Aplausos), precisamente, señorías, algo de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, debido -insisto- a la escasa autonomía de la que en el marco normativo actual podían disfrutar los centros públicos.

Me ha parecido entenderle, señor Bedera, y si no es así le ruego que me disculpe -ha podido ser un defecto de audición o de atención-, que no le parecía bien que las familias eligieran el centro educativo, entre otras condiciones, en función de su ideario, porque le parecía a su señoría que lo que sucedía en ese caso, no sé en virtud de que extraño mecanismo de abducción, es que eran los centros los que elegían a los alumnos y no los padres de los alumnos los que elegían a los centros. Una afirmación de ese tipo -insisto en que si no la ha realizado retiro las observaciones- es rigurosamente incompatible con lo que dice al respecto el artículo 27 de la Constitución. Creo que es perfectamente compatible defender la escuela pública y defender lo que a ese respecto dice la Constitución, que señala la libertad de elección de centro.

Por último. No quiero cansar más la atención de sus señorías, me van a permitir... (Rumores). He omitido por completo cualquier referencia a las observaciones ad hóminem, e incluso en algunos casos a los insultos, que algunos de los portavoces han estimado oportuno dirigirme, pero hay uno, señorías, que no voy a dejar pasar. Yo desafío a la señora portavoz de La Izquierda Plural y al el señor portavoz del Partido Socialista a que me muestren dónde he llamado yo vagos a los profesores o a los estudiantes, y si no me lo demuestran que tengan la bondad de retirar sus palabras del "Diario de Sesiones". (Rumores.- Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Indudablemente, se ha abierto una intervención que permite la réplica. Querría saber qué portavoces quieren utilizar ese derecho a réplica... (Pausa). Vamos a dar cinco minutos. Les ruego, por favor, que se atengan al tiempo. Comienza la señora Sánchez Robles.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Gracias, señor presidente. Me pide brevedad y trataré de ajustarme al tiempo.

Señor ministro, informes PISA. Nosotros nunca le hemos discutido los datos estadísticos -están ahí- ni la foto fija, pero no desvíe usted el debate. No compartimos el análisis, las conclusiones que hace y que extrae de los mismos, que en ningún caso justifican los términos que propone usted en la ley del modelo, de la arquitectura del sistema educativo, y muchísimo menos, como usted bien sabe, en Euskadi. Le agradezco el minimáster que nos ha ofrecido a lo largo de esta sesión (Risas), pero como le decía y como usted bien sabe Euskadi no encaja en su patrón. Esta ley no es necesaria en Euskadi, eso nos lo va a seguir escuchando cada vez que hablemos de educación. Yo le sugiero una vez más que lea atentamente las enmiendas que hemos propuesto al proyecto de ley. Creo que serían buenas para nosotros pero también para el resto del Estado.

Con respecto a la formación profesional, señor ministro, su discurso no casa con el texto legal. No quiero volver a repetir aquello que le comenté en el Senado, pero es que lo que el texto legislativo recoge imposibilita un modelo como al que usted se ha referido. El modelo al que supuestamente aspira el Estado es exactamente el modelo Euskadi, un modelo desarrollado en el plano teórico, pero también en el plano práctico. No le voy a volver a recordar la Comisión Europea y el éxito de la presentación de nuestro proyecto y de su propuesta como banco de operaciones para implementarlo en otras regiones europeas. Me ha sorprendido y me ha descolocado un poco, pero bueno.


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Con respecto a la recentralización, señor ministro, la invasión competencial que perpetra la ley es bárbara. En nuestro caso no respeta lo previsto en la disposición adicional primera de la Constitución y en el artículo 16 del Estatuto de Autonomía. Señor ministro, usted, en el ejercicio de sus competencias, ha sobrepasado los márgenes muy ampliamente; esto es indiscutible. Ustedes están cotidianamente en su labor legislativa tratando o aprobando pequeñas loapitas y esta es una de ellas en materia de educación. En vez de una Loapa grande, esta es una loapita y ahora, vía loapita, recentralizamos. Las competencias están indudablemente transgredidas.

Con respecto a la lengua, señor ministro, el Estado no tiene que decir nada con respecto al euskera; no tiene nada que decir. Es nuestra lengua y nuestro derecho, y así está reconocido por la propia Constitución. Yo le pediría -ya que ha aludido a ello- que diga los términos en los que yo me he expresado, con cariño, recogiendo y tratando de proyectar la riqueza de un Estado plurinacional en este momento y la riqueza que aporta la diversidad lingüística también, la pluralidad en general. Yo le pediría, por favor, que sean sensibles pero, le vuelvo a repetir, no deberían meterse en esta cuestión.

Para finalizar, señor ministro, usted esta ley la va a aprobar sin consenso, y no puede afirmar lo contrario. Le voy a hacer una comparación con Euskadi: diferentes realidades, diferentes estilos. Usted, señor ministro, está solo en el hemiciclo con su grupo parlamentario y son ustedes y su mayoría absoluta quienes van a sacar la ley adelante. Está solo ante el sector. Nosotros, los vascos, hemos conseguido que el Gobierno y los agentes educativos trabajen conjuntamente para salvaguardar y mejorar nuestro sistema educativo; esa es una de las claves de nuestro éxito. Estamos trabajando, señor ministro, para consensuar el marco pedagógico propio, un desarrollo curricular y normativo, el desarrollo legislativo de la que será nuestra futura regulación en Euskadi; todos y entre todos. Señor ministro, ayer se firmó un primer paso. Yo creo que es un buen ejemplo. ¿De verdad que no le da envidia? Yo creo que le debería dar un poquito de envidia -un poquito sí tendrá, ¿no?- esa capacidad que hemos tenido y que estamos teniendo de concentrar la opinión desde la diferencia de las distintas sensibilidades y sacar un proyecto educativo como el nuestro, un proyecto de éxito, por supuesto que mejorable en algunos aspectos más adelante.

Veo que se me acaba el tiempo y le he prometido al señor presidente que no me iba a pasar en exceso. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Robles.

Señora García Álvarez.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Señor ministro, no se crea usted el centro del mundo; mire a su alrededor. Se ha acusado a los profesores, a los docentes, de trabajar poco, sinónimo de vago, por eso le digo que no se crea usted el centro del mundo. Pero usted, como ministro, no los ha defendido, no ha salido a manifestar su posición en contra de esas acusaciones que se les hacían a los docentes. Insisto, mire alrededor que viene muy bien. Señor ministro, por otra parte, discrepar no es un insulto ni tampoco una descalificación, y sencillamente permítame que le diga que si alguien lo piensa así simplemente es dictatorial, y en su afán por tergiversar -que le gusta mucho-, informes internacionales y cualquier otro escrito que caiga en sus manos, tergiversa incluso el propio artículo que ha mencionado. Usted no ha dicho nada de otras cosas que se recogen en ese artículo, por eso le recomiendo -si quiere usted atenderlo- que lo vuelva a leer; seguramente le va a venir bien volverlo a leer. Tiene usted una curiosísima forma de poner en el centro del sistema al alumnado, a los alumnos y a las alumnas. Trabas, segregación, falta de apoyo social y económico, y usted pone al alumnado ahí, en el centro, para la rampa de salida, pero no para otras cuestiones sino para la rampa de salida a la marginalidad la mayoría de las veces.

Señor ministro, lo acaba de decir, lo ha dicho aquí, desde esta tribuna: ha hecho una ley a golpe de calculadora; no a golpe de derechos de ciudadanía sino a golpe de calculadora. Hace una ley de educación al servicio del mercado, por eso me va a permitir que sigamos diciendo desde nuestro grupo parlamentario que es una ley auténticamente mercantilista, porque usted la ha hecho bajo esos parámetros, los de la calculadora, y no de los derechos. (Aplausos).

Dice también algo que me ha llamado poderosamente la atención. Vivo en la Comunidad de Madrid, como bien sabe -seguramente las políticas que se aplican aquí son extrapolables a otras comunidades donde ustedes gobiernan-, y ¿me quiere usted decir dónde crecen los recursos públicos, señor ministro? A nuestro entender, en el mismo sitio, como se decía ayer, que los salarios: en ningún sitio, en ninguna parte del Estado. (Aplausos). Me va a permitir que termine con una poesía de Caballero Bonald, y ya le pido desde aquí al ilustre poeta que perdone mi declamación, que es francamente mala, por no decir nula: En esta casa hay siempre un simulacro de ruina/ los malditos oficios de musgos y cascotes perpetran en


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la piel de las paredes los prefacios de la devastación/ no hay sitio que no esté desposeído de su luz, de su afán, de su quietud/ no hay sombra sin la sombra irascible del gran demoledor.

Esas son sus políticas educativas, señor ministro; esas son las políticas del Partido Popular y del Gobierno del Partido Popular, en educación también. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García Álvarez.

Señor Barberà.

El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, estamos de acuerdo en muchos aspectos; se lo hemos dicho y se lo repetimos para destruir su relato de que a los demás grupos -en eso la portavoz de Educación del Grupo Popular se ha excedido; no sé si son insultos pero sí desprecio- no nos importa la educación, de que no nos importan nuestros alumnos y de que aquí estamos solo por intereses políticos. Usted podía conseguir un acuerdo importante, y se lo decimos porque las condiciones eran las propicias -en Catalunya lo vivimos y se consiguió-, pero no ha sido capaz. Eso sí, hay que felicitarle porque sus asesores han conseguido cambiar el peso de las intervenciones, la radicalidad la tienen sus portavoces y usted tiene moderación. En eso ha aprendido algo.

Fíjese, hablemos de formación profesional dual, que tanto dice usted. ¿Sabe lo que está haciendo la Lomce con la formación profesional? Está diferenciando el camino de la formación profesional y del bachillerato. Usted cambia las estructuras, en troncales, específicas, libre configuración autonómica, en primaria, en secundaria, enfoque bachillerato, enfoque universidad, y mantiene la misma estructura para la formación profesional, para las enseñanzas artísticas superiores, etcétera. ¿Si es bueno para unos, por qué no es bueno para otros? Ya se lo pregunté un día, hoy debería traer la respuesta preparada. -Espero-. En ese sentido la LOE permitía los programas de cualificación profesional inicial, programas que se compartían con diferentes organismos -ayuntamientos, asociaciones...- y que permitían a algunos alumnos -no un gran número pero sí a esos que tenían más dificultades de seguir la educación formal- ir a otro modelo no formal, de aula, de mesas, con tutores, más personalizado, lo cual ha hecho que en Catalunya un 25 % de esos alumnos aprobase el título de secundaria obligatoria y que más de un 50 o 55 % obtuviese un certificado de módulos superiores a los programas, mientras que solo un pequeño porcentaje no conseguía introducirse. Usted va a aplicar la FP-1, sí, sí, aquella FP donde si tu sacas el graduado escolar en 8.º, te vas al bachillerato y si te gusta mucho una profesión vas a formación profesional y al que no, se va a formación profesional. Eso es lo que va a conseguir. Está aumentando la carga académica de esos ciclos de formación profesional y está perdiendo la carga profesionalizadora que habíamos conseguido en muchas comunidades. Eso usted lo va a echar por los suelos. Esta es una ley que marca las reglas, que son infumables. Imagínese los reglamentos que vendrán después de estas reglas. Si sigue en ese proceso será muy difícil creer que usted está trabajando para mejorar la educación.

Si tenemos en cuenta los datos de la OCDE creo que clarísimamente va a tener que retirar la disposición adicional 38ª porque si usted mira el dominio del catalán y del castellano de los que tenían sesenta y cinco años y el de los de ahora, verá que el dominio del catalán ha mejorado y que el del castellano se mantiene, porque ya se tenía. Entonces la OCDE, siguiendo los mismos criterios, tendrá que derogar, quitar o sacar esa disposición adicional 38ª, y dejar de atacar el modelo lingüístico de Catalunya.

Derechos personales y sentencias. Ningún tribunal ha obligado a ejecutar nada. Ustedes defienden a 27 familias; Convergència i Unió defiende a más de un millón de familias. Ahí está la diferencia. Pero usted sabe interpretar bien las proporciones, y recuerdo cuando recibió un desplante -que no comparto- de titulados y dijo que no era nada, que eran 5 o 6 de 127. Ahí las proporciones fallan. Si 27 de más de un millón a usted le llevan a aprobar la Lomce, que modifica la Llei d'Educació de Catalunya, es que la proporción falla, porque entonces usted tendría que respetar la posición de esos estudiantes que le negaron el saludo y preocuparse de qué pasaba y por qué lo hicieron, porque si no, como le digo, las proporciones fallan.

El sistema de inmersión lingüística está claro y los portavoces en estas sesiones de la Comisión lo han dejado muy claro. Es una imposición ideológica, pero no nos da miedo solo esa imposición ideológica sino que nos da miedo dejar en sus manos la geografía y la historia de primaria y de secundaria, porque con esas actitudes y esas ideas radicales, recentralizadoras, de cambio de modelo nacional, del Estado, tenemos miedo. Pero no tenemos miedo de mejorar la educación, de trabajar para nuestros jóvenes y para que aumente su empleabilidad y su futuro.

Muchas gracias (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barberà.

Señor Bedera.

El señor BEDERA MARTÍN: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, quiero hacer una primera acotación. Entiendo que, cuando usted hablaba de insultos, lógicamente no se refería a este portavoz porque, si no, estoy convencido de que el señor presidente no lo hubiera consentido. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos).

En segundo lugar, usted nos aconseja la lectura de un artículo en el diario El País de hoy, del director del informe PISA, Andreas Schleicher. Se lo agradezco; lo he leído. Lo ha matizado la compañera de La Izquierda Plural, pero para ser consecuente le voy a recomendar otra lectura, una entrevista también a Andreas Schleicher en el periódico Expansión, el 23 de octubre de 2007, al año siguiente de promulgarse la Ley Orgánica de Educación. (Muestra un artículo de periódico en un soporte electrónico). Andreas Schleicher afirmaba: las medidas educativas puestas en marcha en esta legislatura en España coinciden con las de los mejores sistemas educativos del mundo. -Fin de la cita-. (Aplausos).

Señor ministro, tiene usted una cierta tendencia a confundir los datos y a confundir algunas afirmaciones. El Grupo Socialista no está enfrente, no está en contra de las evaluaciones; somos defensores acérrimos de las evaluaciones. Todo lo que no se evalúa, se devalúa. Evaluación, sí; reválida, no. Evaluación para saber cómo está el sistema y poder cambiar la deriva, sí; reválidas con efectos educativos, con suspensos, no. Por cierto, ya me va a explicar usted cómo va a mejorar las repeticiones poniendo palos en las ruedas constantemente a lo largo de nuestro sistema educativo. Es muy complicado. Los sistemas educativos que han aplicado las reválidas y que además sobre ellas han tomado medidas educativas son sistemas de fracaso. Señor ministro, lea un poquito más. En Estados Unidos, el sistema de reválidas y la posterior aplicación presupuestaria a los centros sobre los que se hacen ránquines, es un sistema fallido; en Estados Unidos, es un sistema fallido y, si no, léase usted el libro de Diane Ravitch, que fue la número dos del departamento americano y que, después de estar durante dos o tres años, ha ido pidiendo disculpas por lo que había hecho en los tiempos del presidente Bush. En Gran Bretaña, el sistema de reválidas aplicado con el ranquin correspondiente ha hecho que los mejores centros sean centros de excelencia y que los centros que tenían dificultades sean centros que se han hundido completamente; por lo tanto, tampoco me vale.

Como tengo poco tiempo, déjeme que le diga algo sobre lo que se llama el PISA de adultos, el informe Piacc. Usted tiene un problema de comprensión lectora, señor ministro. (Risas.-Aplausos). Lo que dice ese informe, entre otras cosas, es que la población entre cincuenta y cinco y sesenta y cinco años analizada obtiene 226 puntos, mientras que la encuestada entre dieciséis y treinta y cuatro alcanza los 263; es decir, 37 puntos de diferencia, la diferencia más alta de la OCDE. ¿Qué significa eso, señor ministro? Que las personas mayores tuvieron una peor educación y que los jóvenes tienen mejor educación, es decir, lo que dice este informe es que aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor no es cierto.

Termino, porque no puedo contestarle a todo. Cuando usted estaba analizando el informe Piaac, me acordaba de aquel famoso experimento científico donde se estudiaba la capacidad motora de una araña amaestrada. Se llamaba a la araña y la araña se acercaba al grupo de científicos. Se le fue quitando patas a la araña y la araña se fue acercando con más problemas, se fue arrastrando, pero seguía obedeciendo, hasta que al final la araña se quedó sin patas, y la conclusión del experimento fue que cuando a la araña se la quitan ocho patas se vuelve sorda. Eso es lo que pasa con usted. (Risas.-Aplausos.-La señora Moneo Díez pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bedera.

Señora Moneo, bien, pero le advierto que es para hablar sobre lo que ha dicho el ministro, no para reabrir el tema. Tiene la palabra.

La señora MONEO DÍEZ: Señor presidente, señorías, señor ministro, voy a ser extraordinariamente breve.

En primer lugar, quiero que mis palabras en nombre del Grupo Parlamentario Popular sean de agradecimiento al señor ministro por sus amables referencias. Señor ministro, no podemos sino estar de acuerdo con algunas de sus afirmaciones, fundamentalmente aquellas que hacen referencia a la necesidad de cambiar de sistema. No se trata ya del informe Pisa 2009, que evidencia que España se encuentra 12 puntos por debajo del informe Pisa 2000 y que expone con claridad que hemos perdido diez años en


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materia educativa, sino el abandono educativo temprano o la referencia que usted ha hecho al programa internacional para la evaluación de la competencia de los alumnos, al Piacc, que establece con claridad una realidad, y es que España partía desde un punto de inferioridad respecto a buena parte de los países europeos, pero el salto cuantitativo se produce en la década de los setenta, se produce un segundo incremento aunque menos significativo en la década de los ochenta, y ¿cuándo se produce el estancamiento? En la década de los noventa; que cada uno saque sus conclusiones.

Nosotros compartimos la necesidad de tener un sistema educativo vertebrado y vertebrador que garantice la misma igualdad de oportunidades a todos los alumnos, con independencia del lugar donde residen. No existen invasiones competenciales, señoría. Sí existe en esta ley una aplicación rigurosa de la Constitución española y de todas y cada una de las competencias de las comunidades autónomas; cuestión diferente es el análisis que podemos hacer desde la serenidad de todo lo que ha ocurrido hasta ese momento. Los datos nos lo dicen muy claramente: España es el país de la Unión Europea donde existen mayores diferencias entre sus comunidades autónomas o regiones, como ustedes prefieran definir; diferencias que llegan hasta a un curso académico. Señorías, no nos podemos permitir esa realidad ni podemos cerrar los ojos ante esa evidencia. Cada vez que no tomamos una decisión estamos haciendo que los alumnos españoles pierdan la oportunidad de mejorar la calidad del sistema educativo. Por eso le quiero reiterar este agradecimiento y le quiero reiterar nuestro compromiso. Lo que sí esperamos y deseamos es que a lo largo de los próximos días en el trámite parlamentario que queda podamos llegar al mayor número posible de acuerdos. Siempre hemos creído en el consenso, siempre hemos creído en el acuerdo; nos esforzamos día a día por lograrlo porque en educación, igual que en el resto de materias, es importante la aportación de todos y cada uno de los grupos de esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moneo.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, voy a responder con brevedad a las observaciones formuladas por los portavoces intervinientes. La señora Sánchez Robles sabe perfectamente que comparto en muy buena medida con ella el reconocimiento del superior rendimiento del sistema vasco en términos comparativos con el de otras comunidades autónomas, y desde luego nada más lejos de la intención de la ley que provocar que esa parte del rendimiento se vea en cuestión. Lo que pasa es que unas reglas del juego como las que establece la Lomce en principio lo que van a conseguir es que los que hoy tienen un rendimiento relativamente mejor puedan tener uno aún mejor y que los que tienen un rendimiento más bajo puedan obtener un rendimiento mayor. Lo que dice la señora Sánchez Robles acerca del tema de las lenguas, en el caso de la que imagino que a ella más le importa, que es el euskera, y que de alguna forma ha venido a reconocerlo, no está afectada por el planteamiento que hace la disposición adicional trigésimo octava, porque dentro de las distintas alternativas de tratamiento de las lenguas que se contemplan, el sistema vasco, que es un sistema múltiple, está perfectamente comprendido en ello. Y aunque, como digo, no es una cuestión que afecte especialmente al sistema vasco, aprovecho esta cuestión para decir que, por supuesto, el planteamiento de la ley es no solo respetuoso con las lenguas cooficiales propias, sino sumamente consciente del elemento de riqueza y de diversidad que esas lenguas proporcionan; sumamente, sumamente consecuente con la idea de que allá donde existe una lengua cooficial propia el objetivo del sistema educativo es que los estudiantes salgan de él con un conocimiento riguroso, con un conocimiento lo más completo posible, tanto de la lengua oficial común como de la lengua cooficial propia, y que en general todas las instancias que se dedican a la investigación educativa sugieren que la forma de conseguir ese conocimiento completo y equilibrado paralelo de una lengua cooficial propia y de una lengua cooficial común son sistemas de bilingüismo integrado. Pero ni siquiera la ley llega tan lejos, ni siquiera la ley plantea como exclusivo el sistema de bilingüismo integrado. La ley ofrece un abanico de posibilidades al que en el ejercicio de sus competencias se pueden acoger las distintas administraciones educativas. Lo único que hace, y lo reitero y con eso doy respuesta a los planteamientos en el sentido de la lengua del señor Barberá, es establecer un mecanismo temporal de salvaguarda de derechos que en el plano de la utilización también del castellano como lengua vehicular, pudieran verse desatendidos.

La señora García Plaza ha hablado de devastación. Lo ha hecho en un contexto poético. No se trataba de una referencia literal. Yo también soy un gran admirador de Pepe Caballero Bonald, incluso tuve la


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satisfacción de hacer su laudatio con ocasión de la entrega del Premio Cervantes el año pasado, pero la educación española es cualquier cosa menos una casa devastada. Apelo en ese sentido a su responsabilidad. No creen ustedes alarma donde no hay ningún motivo para crear alarma. Les hemos escuchado reiteradamente decir que con lo que llaman ustedes los recortes que se han producido en las administraciones educativas, es decir en las comunidades autónomas, con las medidas que se habían tomado se producía el desmantelamiento de la escuela. En este curso 2013-2014 hay 80.000 alumnos más en el sistema. Este curso 2013-2014 registra un crecimiento del 6 %, que alcanza el 16 % en el caso de la formación profesional a distancia en el conjunto de enseñanzas de formación profesional presenciales y a distancia. Y en este curso en algunas comunidades autónomas se ha producido un defecto de plazas públicas en formación profesional y nosotros queremos trabajar con las administraciones educativas que son las responsables con las comunidades autónomas, para que no se vea frustrada la participación en el sistema de la formación profesional de quienes quieran estudiarlo. Esto me lleva al planteamiento de la cuestión que sobre la formación profesional han planteado los distintos intervinientes, particularmente la señora Sánchez Robles y el señor Barberá. Se lo digo con toda franqueza, señora Sánchez Robles, le admito que el sistema de formación en alternancia que funciona en el País Vasco es un buen sistema. Le admito que, de hecho, una parte muy significativa de los resultados superiores que en términos de abandono escolar, titulación y demás obtiene el sistema vasco se debe a la mayor prevalencia dentro de él de este sistema de formación profesional. Dicho esto, déjenos que lo emulemos lo mejor posible en la ley nacional, a ver si conseguimos esos buenos resultados.

Respecto a lo que usted me decía, señor Barberà, en términos de la comparación entre la formación profesional básica y los llamados PCPI, los programas de cualificación profesional inicial, tengo que decirle que el concepto es exactamente lo contrario de lo que usted ha sugerido. Estoy seguro de que los PCPI se introdujeron en el sistema siguiendo una intención absolutamente loable, con la mejor voluntad, probablemente basándose en ejemplos que se pensó que podían servir para remediar algunos casos puntuales y concretos; no vayamos a pensar que ni los PCPI, que en este momento tienen una matrícula de 84.000 alumnos, ni la formación profesional básica que contempla la Lomce van a ser el sistema general, es un sistema de excepción, es claramente un sistema de excepción. Pero si transformamos los programas de cualificación profesional inicial e introducimos la formación profesional básica es precisamente para superar los problemas que esos programas de cualificación profesional inicial han mostrado en el sentido de no ser ni profesionales ni cualificantes, en el sentido de que no se ha conseguido que una parte significativa de los estudiantes que se enrolaban en tales programas cursaran el módulo voluntario y por tanto llegaran a poder titular en la educación secundaria obligatoria. Fíjese que los únicos datos que a ese respecto no tenemos son los datos de Cataluña, porque por alguna razón los datos del último curso de PCPI de Cataluña no sido posible integrarlos en la información estadística del ministerio; pero excluida Cataluña, de la que, como digo, no tenemos los datos, si analizamos el resto, vemos que en el curso 2012-2013 menos del 30 % de los alumnos que estaban en los programas de cualificación profesional inicial cursaron el segundo módulo y de ellos, la proporción de los que titularon fue aún más baja, en el entorno del 20 %. Por tanto desde ese punto de vista, insisto, por buena que fuera la voluntad, por buena incluso que fuera la idea, no ha funcionado, y las cosas que no funcionan hay que intentar sustituirlas por otras que al menos brinden la hipótesis razonable de que pueden funcionar. Esa es la formación profesional básica, no es la FP-1, como ha dicho su señoría, no; es una formación profesional básica que combina los módulos teóricos con la formación práctica de tal suerte que permita al final, en una situación de igualdad de condiciones con quienes han cursado la ESO hasta el final, una titulación de ESO que de verdad, no formalmente, sea habilitante para proseguir un itinerario educativo, ya sea el de los ciclos formativos de grado medio, ya sea el del bachillerato, que eso ya veríamos cómo se podría resolver.

El señor PRESIDENTE: Señor ministro, como usted sabe muy bien, su tiempo es ilimitado pero le agradeceríamos que lo limitara un poco. (Aplausos).

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES (Wert Ortega): Yo también lo agradecería, señor presidente. Lo que pasa es que tengo la impresión de que este es un tema en el que la clarificación y la pedagogía -sería raro, tratándose de educación, que eso no fuera importante- tienen un papel que jugar. (Rumores). Pero nadie más disciplinado que yo para atender las sugerencias, expresadas con la sutileza que lo ha hecho el señor presidente; por tanto me perdonará el señor Bedera si de alguna forma abrevio en la respuesta a su señoría. No voy a insistir ni mucho menos en lo de los


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insultos; llamarme cínico no debe ser un insulto, incorporaré este adjetivo como una bienintencionada expresión de cercanía y proximidad hacia mi interlocutor a partir de ahora; y ha habido también otras expresiones pero, de verdad, no tengo el menor interés en seguir por ese camino.

Me va a permitir, señor Bedera, que en vez de usar mis palabras, use las del especialista que en el día de hoy hemos traído reiteradamente a colación, el subdirector de Educación de la OCDE, en el artículo de hoy. Cito literalmente: a primera vista, los jóvenes españoles también han obtenido mejores resultados que los españoles de más edad, pero, a pesar de eso, siguen apareciendo entre los de peores resultados. De hecho, uno de cada cinco jóvenes españoles no puede leer tan bien como se esperaría de un niño de diez años. Durante mucho tiempo España fue capaz de mejorar su rendimiento debido al aumento del número de matrículas en las escuelas, pero el crecimiento se detuvo una vez que se generalizó la escolarización de la población. España tiene ahora que poner en marcha un proceso de reactivación de un mecanismo que conlleve la mejora de los resultados; en otras palabras, elevar la calidad y la relevancia de la educación, lo cual no se ha hecho todavía. A la respuesta a este reto les convoco a todos ustedes. Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. Le agradezco su sensibilidad a mi comentario. (La señora García Álvarez pide la palabra).

No, ya no hay más.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Solo es una corrección.

El señor PRESIDENTE: Señora García Álvarez, únicamente me ha parecido oír que ha sido llamada García Plaza.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Esa es la corrección.

El señor PRESIDENTE: Señora García Álvarez, tiene usted un minuto. (Protestas).

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Era la última enmienda al señor ministro. No soy García Plaza, soy García Álvarez. Lo digo por el bien de las taquígrafas, para que pongan bien mi nombre.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Ya me he adelantado yo como presidente para decirlo. Estoy muy encima del debate.

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CREACIÓN DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL. (Número de expediente 121/000053).

El señor PRESIDENTE: Vamos ahora con el proyecto de ley orgánica de creación de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal. Para defender las enmiendas formuladas, en primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Mixto, el señor Salvador. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.

Por obvios motivos -me disculparán- voy a defender las enmiendas desde mi escaño con brevedad.

Presentamos cuatro enmiendas a este proyecto de ley. Quiero agradecer al grupo de la mayoría que haya incorporado, a través de una transacción sobre la base de una enmienda de mi grupo y también del PNV, una cláusula nueva, una disposición quinta nueva que recoge la salvaguarda foral a ambos regímenes forales. Mantenemos vivas las otras tres enmiendas que presentamos. Una de ellas pide el cambio del título del propio proyecto de ley porque pensamos que esta figura, la autoridad independiente de responsabilidad fiscal, realmente debería ser de responsabilidad presupuestaria. En la segunda enmienda pedimos poner en valor el papel del Consejo de Política Fiscal y Financiera dándole la función de emitir un informe previo favorable al nombramiento de la autoridad. En la tercera y última enmienda que también mantendremos y presentaremos en el Senado pedimos una clarificación de los conceptos que se incluyen en la base imponible de la tasa de supervisión, análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fiscal que se recoge en la disposición adicional segunda de este proyecto. Como digo, las volveremos a reproducir en el Senado, donde esperamos que tengan más éxito que en esta tramitación.

Gracias, señora presidenta.


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Salvador.

Por el mismo grupo, la señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.

Pasaré a defender las doce enmiendas presentadas por nuestro grupo, el Bloque Nacionalista Galego, que tratan de corregir, por un lado, la recentralización competencial que pretende este proyecto de ley, así como la dependencia ministerial de un organismo que se define como independiente. Tal es así, señorías, que lo que se dispone en el artículo 18 supone un mecanismo directo al servicio del Ejecutivo central para intervenir en la política económica de las comunidades autónomas, al regular la intervención de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal en la fijación de objetivos de déficit y deuda pública de estas comunidades, cuando ello debe abordarse de forma bilateral para, en todo caso, formalizarse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. De ahí nuestra enmienda de supresión, tanto del artículo 18 como del artículo 19, por coherencia de los mismos.

De supresión es también nuestra enmienda a la disposición adicional segunda que pretende no solo someter obligatoriamente a todas las administraciones a los informes de opiniones de un nuevo organismo con amplias facultades para intervenir sus cuentas públicas y con clara vinculación con el poder Ejecutivo central, sino que estas han de contribuir obligatoriamente a su sostenimiento a través de una injusta tasa. De igual modo se pretende, a través de la disposición final primera, afianzar las competencias de la AIRF no solo sobre la Administración del Estado y el sector público estatal sino también sobre las comunidades autónomas. Por ello, señorías, proponemos suprimir también esta disposición.

En coherencia, por tanto, con estas enmiendas de supresión, proponemos una enmienda, en este caso de adición, una disposición final quinta, que trata de circunscribir el ámbito de este proyecto de ley al de las competencias del Estado. Desde el BNG pensamos que lo coherente y respetuoso con la distribución competencial será que las comunidades autónomas regulen la adaptación de sus mecanismos de control de déficit, al estar íntimamente ligado a su autonomía financiera constitucionalmente reconocida. Es por eso que además de defender nuestras enmiendas y votarlas a favor, votaremos en contra del proyecto de ley.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández.

Por el mismo grupo, señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Gracias, presidenta.

Con esta ley, señorías del Grupo Popular, ustedes culminan el proceso iniciado con la última reforma constitucional, una reforma, conviene no olvidarlo, hecha por procedimiento de lectura única y de urgencia, en quince días; una absoluta burla a la democracia y a la ciudadanía que solo pretendía contentar a los mercados y a la señora Merkel y -ya puestos- eliminar cualquier rastro de autonomía financiera de las comunidades autónomas. A nuestro entender, tendrían ustedes que avergonzarse, pero no; no solo no se avergüenzan sino que se vanaglorian y nos presentan hoy esta ley. La creación de esta autoridad independiente de responsabilidad fiscal supone la defunción definitiva de la mínima autonomía financiera de las comunidades autónomas, sustrayendo el ámbito de decisión política de las mismas y depositándola en el órgano cuyos miembros son nombrados a dedo por el Gobierno del Estado. La autoridad independiente de responsabilidad fiscal que se prevé no es en realidad tal, pese a su supuesta independencia orgánica y funcional; no es más que un nuevo organismo a merced del Gobierno de turno. En ese sentido, tanto su presidente como los directores de división serán nombrados por el Consejo de Ministros pese a, supuestamente, pretender la creación de una autoridad independiente. Con esta ley el Gobierno se ha reservado la facultad de nombrar a sus miembros sin mediar siquiera el control de las Cortes Generales. No solo eso, también pretenden desarrollar una mejor gobernanza económica mediante el control de la disciplina presupuestaria sobre la base de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, en otras palabras, afectando gravemente a las políticas sociales. La disciplina presupuestaria que tiene por objetivo garantizar la autoridad que hoy ustedes crean ya está repercutiendo en la atención de las personas y especialmente, como siempre, en las más necesitadas. Además, la falta de recursos públicos que supone dicha disciplina presupuestaria sirve como coartada para la privatización de los servicios sociales, afectando a su calidad y a su universalidad. Poner límites al déficit público, más cuando dichos límites están vinculados a decisiones europeas, supone el certificado de defunción de la política económica


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keynesiana y la aniquilación ideológica de la salida social de la crisis. Asimismo, la creación de una autoridad que tenga como objetivo el control de dichos límites significa la culminación de dicha aniquilación.

Término. En definitiva, señorías, una vez más, como siempre, se trata de centralizar y homogeneizar, privatizar y recortar; las mismas políticas con o sin autoridad de responsabilidad fiscal.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Jordà.

Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Larreina.

El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, estamos ante el trámite final en esta Cámara de una ley que tiene como objetivo establecer esa autoridad independiente de responsabilidad fiscal. Como ya señalamos en nuestro primer intervención, consideramos que al final esta ley no tiene autoridad moral para implantar esa autoridad independiente de responsabilidad fiscal ni, en definitiva, para implantar las políticas impulsadas desde la troika, que van en contra de la sociedad civil, de la ciudadanía, del Estado del bienestar. Tampoco es una autoridad independiente, porque está nombrada directamente por el Gobierno; por tanto, si se le quería dar un carácter de autoridad independiente se tendría que haber recurrido por ejemplo a esta Cámara, buscando unas mayorías cualificadas de tres quintos o de dos tercios precisamente para posibilitar la independencia de esa autoridad. Además insistimos en que es también una autoridad de irresponsabilidad fiscal más que de responsabilidad fiscal. Al final quienes están proponiendo esta iniciativa legislativa, quienes están proponiendo esta autoridad fiscal son los responsables de esa irresponsabilidad fiscal que se ha producido en muchas comunidades autónomas y que ha llevado, entre otras causas, a la situación de caos financiero del Estado español y a estar hoy en camino de quiebra como Estado, de ser un Estado fallido desde el punto de vista económico. Estas características siguen permaneciendo en la ley.

Ha habido algo que se ha mejorado parcialmente. Decíamos que esta ley no respetaba el ámbito de soberanía limitada que ejercemos en Euskal Herria a través del convenio o del concierto económico. Eso se ha solucionado parcialmente con unas enmiendas transaccionales con el Grupo Vasco y con UPN, pero seguimos pensando que hay que seguir vigilantes, porque hay otros aspectos que también atacan a la soberanía propia de Euskal Herria. Entre otras cosas - esto es en lo que quiero hacer más hincapié en mi intervención-, los esfuerzos del Gobierno no deberían centrarse en todas estas políticas de recentralización, de intentar controlar desde el Gobierno central todos los ámbitos de actuación política a lo largo y ancho de todo el Estado dando la espalda al modelo autonómico que en su día se impulsó ni desde luego a los ámbitos territoriales en los que hay una reclamación clara y mayoritaria de ejercicio de la soberanía. Deberían dedicar sus esfuerzos a atajar la causa, la raíz del problema que afecta al Estado español. La raíz del problema, que precisamente exige esa necesidad de control y de responsabilidad fiscal para buscar la estabilidad presupuestaria, el control de la deuda pública y establecer reglas de gastos racionales, es abordar la cuestión del fraude fiscal.

No todos los problemas del Estado español están en el gasto público, eso lo están utilizando ustedes como disculpa para desmontar el Estado del bienestar; el problema fundamental del Estado español está en el ingreso. Es decir, el porcentaje sobre el producto interior bruto que suponen los ingresos fiscales del Estado español está a la cola en la lista de los Estados de la Unión Europea, de la UE a veintisiete, porque el veintiocho no estaba todavía en las estadísticas anteriores. Por tanto, está ocupando el tercer o el cuarto puesto por la cola, por debajo de Grecia, por debajo de Italia, por debajo de Portugal, a los que todo el mundo pone como ejemplo de Estados caos. Mientras no se aborde esa cuestión no hay solución para el problema económico del estado español. Esa no solución a nosotros nos preocupa porque lleva a un mayor endeudamiento, y ese lo pagamos doblemente los ciudadanos de Euskal Herria. No es una cuestión de insolidaridad, es de racionalidad. No es que no queramos pagar más que el resto de los ciudadanos del Estado, pero pensamos que es una situación irracional que lleva al caos al Estado. Mientras el Gobierno del Partido Popular, mientras el señor Montoro no aborde esto con decisión y establezca un plan, una senda de reducción del fraude fiscal con plazos y compromisos concretos, el Estado español no tiene futuro y todas las leyes que hagan servirán para recentralizar, para desmontar el Estado de bienestar, pero desde luego no servirá para solucionar el problema de la ciudadanía del Estado español ni para sacar de la crisis al Estado español.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Larreina.

Por el Grupo Vasco PNV, señor Olabarría.


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El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, la única ventaja que encuentro yo en esta ley en relación con la que se ha debatido anteriormente es que, por lo menos, esta no se llama ley Montoro, como ha ocurrido con la ley Wert, la anterior. Su nombre es ley orgánica de creación de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal. Lo que pasa es que tampoco nos parece que el rótulo sea el más adecuado, porque ni estamos ante una autoridad ni la autoridad -esta inexistente- es independiente y ni siquiera es fiscal. Nos encontramos ante una manifiesta equivocación a la hora de rotular la ley. Como ha comentado ya alguno de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, en esta dialéctica recurrente en esta legislatura, en la que se enfrentan los requerimientos de la reforma del artículo 135 de la Constitución en materia de estabilidad presupuestaria y la ley que ha derivado de esta modificación del artículo 135 de la Constitución, la Ley de estabilidad presupuestaria, la Ley Orgánica 2/1012, nos encontramos con circunstancias vinculadas a competencias o a títulos competenciales autonómicos y particularmente con las circunstancias atinentes en los regímenes forales configurados por la Ley del Concierto Económico para el País Vasco y por el Convenio Económico para la Comunidad Foral de Navarra, de nuevo, por enésima vez y como siempre, prevalecen los criterios vinculados a la estabilidad, al rígido control de la estabilidad presupuestaria, y el endeudamiento sobre los requerimientos del concierto económico, de las competencias forales de las comunidades de régimen foral y también de las competencias de las comunidades de régimen común, alguna de las cuales, como la canaria, tienen un régimen fiscal específico.

En esta dialéctica tenemos que volver a denunciar que se produce lo que se ha comentado ya, una sistemática recentralización del Estado, usando lo que el señor Montoro, con una honestidad digna de mejor causa, ha comentado: que la única fuente de derecho que reconoce es el ahorro. ¿Qué diría el profesor que Kelsen si resucitara oyendo una invocación de esta naturaleza? ¡El ahorro como única fuente de derecho! Ya no vale ni el principio de jerarquía normativa, ni el principio de legalidad, ni la ordenación en las normas de rango jurídico formal superior y otras de rango jurídico formal inferior. La única fuente del derecho es el ahorro. Esto se puede identificar en la omisión de todas las estructuras que dimanan tanto del concierto económico como del convenio económico. Ahí se incardina nuestra enmienda número 29, ya que en la determinación del ámbito subjetivo del proyecto de ley se ignora la existencia, además del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de una comisión mixta de concierto. Presentamos la enmienda número 30 porque se vuelve a ignorar, en relación con las potestades, facultades o competencias, además de la existencia de un Consejo de Política Fiscal y Financiera, la de una comisión mixta de concierto; la número 31, porque, por enésima vez, se vuelve olvidar que además del Consejo de Política Fiscal y Financiera existe una comisión mixta de concierto y la equivalente de la Comunidad Foral de Navarra.

Contra lo que le he entendido al señor Larreina o me ha parecido comprender, estos problemas no están salvaguardados por la aceptación de ningún tipo de enmiendas. Estos son problemas que siguen vigentes y habrá que seguir intentando luchar por el restablecimiento de los requerimientos del Concierto Económico de la Comunidad Autónoma del País Vasco y del Convenio económico de Navarra; incluso el señor Salvador ha comentado que está preocupado por esta circunstancia.

Nos encontramos con que la autoridad, que se denomina eufemísticamente independiente, no lo es en tanto en cuanto es el Consejo de Ministros el que aprobará, nada menos, su estatuto orgánico o su configuración orgánica. El Consejo de Estado ya ha reprochado o ha reprendido al Gobierno por presentar un proyecto de ley, orgánica nada menos, de estas características. Luego, no se puede hablar de plena autonomía funcional, como se establece o como se preconiza pretendidamente en el artículo 7, y plena autonomía orgánica cuando la configuración orgánica del propio órgano nuevo, ex novo, está determinado por el propio Consejo de Ministros.

En cuanto al presupuesto y al control económico-financiero, la gestión económica-financiera de la autoridad fiscal independiente debería estar sujeta solo al control del Tribunal de Cuentas; sin embargo no está sujeta solo o exclusivamente al control del Tribunal de Cuentas sino a la Intervención General del Estado. ¿Me podrá explicar el señor Montoro -lástima que no esté- cómo se puede considerar fiscalmente independiente, autónomo o independiente, a una autoridad fiscal sujeta a la Intervención de la Administración General del Estado? Este es un órgano administrativo más; si no la intervención General del Estado no podría penetrar en la fiscalización desde la perspectiva de la intervención de las funciones, que precisamente son contradictorias absolutamente con una sujeción a la Intervención General del Estado, puesto que es ella la que fiscaliza a la propia Intervención del Estado y al Estado, a las administraciones o a los órganos del Estado que tienen competencias de naturaleza económica o que determinan los criterios de endeudamiento y de déficit público. La autoridad independiente, llamada


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fiscalmente independiente, debería informar, cuando menos, sobre los requerimientos previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria en relación con el endeudamiento y el déficit público. ¿Para qué se crea, si no; para qué se incorpora una figura de estas características, sin perjuicio del requerimiento del Reglamento europeo que se invoca, si no es para informar de los objetivos en materia de endeudamiento y de déficit público? Carecería de sentido; y no se le atribuye en el proyecto de ley esta función de informar sobre los requerimientos de estabilidad presupuestaria. Se trata de un gravamen, deficiencia o atrofia normativa que ustedes nos explicaran a qué se puede deber.

No se posibilita que asista la autoridad fiscal independiente -a algunos de sus miembros o a su presidente- a la Comisión Mixta de Concierto Económico, como se le permite que asista a la Comisión de Política Fiscal y Financiera, con voz y sin voto. No se le permite porque no se reconoce la existencia de hechos forales, la existencia del concierto económico y del convenio económico, que dimanan directamente de la disposición adicional primera de la Constitución, que restablece los derechos históricos en la época postconstitucional, porque el concierto económico existe secularmente, igual que el convenio económico. El presidente o la presidencia se establece por un periodo de tres años. Es manifiestamente insuficiente en cuanto a la duración de la presidencia; habría que incrementar por lo menos a seis años la duración de la presidencia para que pueda cumplir eficientemente con sus funciones.

Con relación al comité directivo -ya lo ha dicho la representante de Esquerra Republicana- primero hay una intervención desmesurada, ultra vires, prácticamente, de la Administración del Estado en materia de designación de los componentes del comité directivo, lo cual también minora o quebranta la independencia de esta denominada comisión independiente. No se posibilita, en la asistencia de los seis expertos que propugnamos que se incorporen a este comité de dirección, que dos de ellos sean nombrados por dos órganos que tienen la misma competencia que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la Comisión Mixta del Concierto Económico y su equivalente en el ámbito del Convenio Económico de Navarra. Repito, solo pedimos que, de los seis expertos, uno de ellos sea nombrado por la Comisión Mixta del Concierto Económico y el otro por la Comisión Mixta del Convenio Económico previsto para la Comunidad Foral de Navarra. No se va a resquebrajar la estructura institucional del Estado ni la unidad de la patria por una mención o por una reivindicación de esta naturaleza.

Con relación a la enmienda 39, en donde se establece que habrá un comité técnico de cuentas nacionales, como no he sido capaz de discernir cuáles son las competencias ni la autoridad de este órgano, sin más explicaciones pedimos su supresión. Entre cosas, ni la ley explica para qué sirve, cuál es la finalidad o las funciones de un órgano de estas características. Ya se excluye a las comunidades autónomas, a las de régimen foral y a las de régimen común, de cualquier tipo de participación en el ámbito de este comité nacional.

Pedimos en la enmienda número 40 -que es de particular relevancia para nuestro grupo parlamentario- que en virtud de su régimen foral en la Comunidad Autónoma del País Vasco exista una autoridad fiscal independiente, si se decide crearla. Pedimos para la Comunidad Foral Navarra, en virtud de su convenio económico que establece un régimen de naturaleza bilateral en cuanto a la articulación y configuración de las relaciones financieras, si ella lo decide así, que se proceda a la constitución de una comisión fiscal independiente también en Navarra.

Señora presidenta, voy a finalizar con la enmienda número 44, que sería una especie de epítome o resumen de todo lo que estamos preconizando en la defensa de estas enmiendas y que es muy sencillo de comprender. En la enmienda 44 pedimos sencillamente que no exista una comisión fiscal independiente. Con esto, señora presidenta, doy concluida respuesta o explicación a las enmiendas presentadas por mi grupo parlamentario.

Gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.

Después del debate de totalidad y del debate en Comisión discutimos hoy por tercera vez el proyecto de ley de autoridad independiente de responsabilidad fiscal. Si recuerdan sus señorías en el debate de totalidad nosotros no presentamos una enmienda de devolución, porque somos partidarios de que haya una autoridad independiente de responsabilidad fiscal; de hecho fuimos el primer el grupo en proponerlo cuando se debatió la Ley de estabilidad en este Parlamento. También dijimos -aunque nos abstuvimos creíamos que había que tramitarla- que si en Comisión no se producían importantes cambios votaríamos


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en contra porque no se garantizaba la independencia de esta nueva autoridad. Fieles a nuestra palabra eso es exactamente lo que nos vimos obligados a hacer en Comisión; no se aceptó ninguna de nuestras enmiendas y la autoridad independiente de responsabilidad fiscal es cualquier cosa menos independiente. Por eso lo único que nos queda hoy por hacer es denunciar, con la mayor claridad y firmeza de las que seamos capaces, la falta de independencia de esta nueva autoridad. Debe ser un rasgo importante porque figura en su propio nombre, pero es independiente por desgracia solo en el nombre, en nuestra opinión.

Los economistas utilizamos el concepto de preferencia revelada para saber las verdaderas preferencias de un agente económico. No nos importa tanto lo que dice una empresa o un consumidor sino lo que hace, y a través de su comportamiento intentamos deducir sus verdaderas preferencias. Eso es lo que voy a intentar hacer con las verdaderas preferencias del Grupo Popular respecto a esta autoridad, porque se revela muy claramente al votar no a las enmiendas de Unión Progreso y Democracia; unas enmiendas que no se nos han ocurrido en una conversación de café, sino que se basan en la experiencia internacional -en otros países hay autoridades independientes, en muchos- y en la literatura académica. No hay que inventar nada; está muy estudiado lo que es necesario si se quiere de verdad que un organismo sea independiente. Ustedes al negarse a todo esto están revelando sus preferencias: no quieren una autoridad independiente.

Qué les hemos propuesto y a qué han dicho sistemáticamente que no. Hay un primer bloque de enmiendas que tienen que ver con la dirección de este organismo, con el presidente y el resto de directivos. Creo que estarán de acuerdo todos conmigo en que sería importante que en una autoridad independiente el presidente sea independiente. Por eso proponemos que lo nombre el Congreso de los Diputados y con una mayoría cualificada de dos tercios, de forma que no lo pueda nombrar solo el partido mayoritario. Esto es tan razonable que es lo que decía el señor Montoro cuando estaba en la oposición, que lo nombre el Congreso y con mayoría cualificada. Decimos también algo que está en la literatura académica sobre el tem, por puro sentido común: que ese presidente tenga mandatos largos y no renovables, para que una vez que está allí no esté pendiente de que se le renueve el cargo, no tenga que hacer méritos; que tenga un solo mandato largo y no renovable. Ustedes dicen a eso que no. No quieren que lo nombre el Congreso por mayoría cualificada, quieren que lo nombre el ministro de Hacienda; el ministro de Hacienda, que tiene que ser controlado por la autoridad, es quien nombra al presidente de la autoridad fiscal. Empezamos bien garantizando la independencia. Además no quieren que tengan mandatos largos y no renovables, sino dos cortitos, de tres años y renovables, para que el que nombra el señor Montoro, si luego sale díscolo, tenga cuidado, porque dentro de tres años se le podría no renovar. Empezamos bien garantizando la independencia.

Otras enmiendas nuestras proponían un carácter colegiado a este organismo. Es muy presidencialista. En otros países hay un grupo de expertos; aquí es un órgano presidencialista. Por qué no hacer un grupo de tres expertos, como hay en otros países, y que los directores de división los proponga el presidente -no vamos a quitarle esa autoridad al presidente-, pero que lo ratifique el Congreso de los Diputados, a todo lo cual ustedes también dicen que no. Que sea presidencialista, cómo no; si el presidente lo nombra el ministro de Hacienda y tiene un mandato corto, vamos a dejar a nuestro presidente todo su protagonismo, que para eso es el nuestro, y ese presidente nuestro que nombre a los directores de división, que los proponga y los nombre por mayoría simple el Congreso. No parece tampoco que garantice la independencia en la dirección de la autoridad fiscal supuestamente independiente.

Un segundo bloque de enmiendas tiene que ver con la falta de independencia funcional de este organismo. No es solo que el presidente no vaya a ser independiente, sino que las funciones asignadas a la propia institución, la forma en que está diseñada, no garantizan su independencia. Nosotros les proponíamos adscribir este organismo a las Cortes Generales con un estatuto similar al del Tribunal de Cuentas, y ustedes a eso también dicen que no. ¿A quién lo adscriben? Al Ministerio de Hacienda. Es decir, el ministro de Hacienda nombra al presidente y el organismo que le va a controlar además está adscrito al propio Ministerio de Hacienda. Una y otra vez revelan su preocupación por la independencia de esta autoridad.

Otra de nuestras enmiendas les proponía que dado que el estatuto de este organismo es tan importante, porque en él se desarrolla su organización y su funcionamiento interno, que el Gobierno señalase los grandes rasgos, las grandes líneas del estatuto, pero que no aprobase el detalle del estatuto. Ustedes a eso también dicen que no; el ministerio va a aprobar en detalle el estatuto, cómo se organiza internamente, cómo funciona internamente, no se nos vaya a desmandar. Otro rasgo, otra preferencia revelada en la dirección de la falta de independencia.


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Les proponíamos también que la financiación sea plurianual, otra de las características básicas en la literatura académica cuando se quiere garantizar la independencia de un organismo. Hay que darle un presupuesto durante varios años, porque si cada año se le va dotando con más o menos recursos se le puede penalizar o se le puede favorecer; penalizar si no es dócil o favorecer cuando es dócil, por tanto vamos a hacer un presupuesto plurianual. Su respuesta, la misma que a todo: no, cada año en los presupuestos ya le asignaremos recursos. Si son buenecitos ya les premiaremos, si no ya tenemos otra herramienta adicional para castigarles por medio de la financiación.

Tercer bloque de cuestiones: funciones asignadas a este organismo. Se trata de unas funciones muy limitadas, como si se le cortasen las alas antes de nacer, como si se desconfiase de él pese a todas estas precauciones -el presidente nombrado por el Ministerio de Hacienda, el organismo diseñado por el Ministerio de Hacienda-; pues toda precaución es poca. Se le cortan las alas incluso en las funciones que tiene asignadas. La función básica de este organismo es realizar previsiones, en nuestra opinión, pero ustedes no proponen que realice las previsiones, solo proponen que analice las previsiones que hacen otros organismos. En nuestra opinión, para que este organismo tenga sentido, debería elaborar las previsiones, los cuadros macroeconómicos en los que se basan los Presupuestos Generales del Estado o las variables que aparecen en la Ley de Estabilidad, como el déficit estructural, la tasa de crecimiento tendencial del PIB; todo esto es algo que debería realizar la nueva autoridad. Ustedes no es eso lo que proponen; solo proponen que analice las previsiones de otros. Por otro lado, en nuestra opinión tendría que diseñar la metodología con la que se hacen estas previsiones para que tengan credibilidad, y tampoco eso es lo que ustedes hacen aquí. Aquí le permiten opinar sobre la metodología, pero no son ellos quienes la diseñan. Es decir, incluso en su función más esencial, que es realizar previsiones y que estas sean creíbles por tener una metodología bien diseñada, ustedes cortan las alas de este organismo. Y para remate incluso limitan su capacidad de iniciativa. Hacen un listado muy detallado sobre las cuestiones en las que puede emitir informes o puede opinar; solo sobre lo que se detalla en la ley. ¿No habría que dejarle que, dentro de su ámbito de competencia, informe y opine sobre lo que le parezca conveniente? No, toda precaución es poca, insisto, para evitar cualquier mínimo atisbo de independencia.

La última de nuestras enmiendas proponía minimizar el coste de creación de este nuevo organismo, que se aprovechasen recursos existentes del servicio de estudios del Banco de España y del Instituto Nacional de Estadística. Ni siquiera esa enmienda ha sido aceptada, todas han sido rechazadas, y con eso queda demostrado lo que ustedes realmente quieren de esta nueva autoridad.

No puedo finalizar sin reconocer la enorme coherencia del Partido Popular en todo lo que tiene que ver con supervisores, con reguladores y con independencia, porque esto no es más que la culminación de todo un proceso anterior. Recuerden lo sucedido con la CNMV, con la CNMC, con el propio Tribunal Constitucional. La dirección de estos organismos está llena de personas que provienen de un escaño, de un partido político, de la Oficina Económica de La Moncloa, del Ministerio de Economía, incluso parece que hay familiares directos de ministros. En fin, esto no es más que la culminación de todo lo anterior. En todo lo que tiene que ver con independencia han sido muy coherentes, en la CNMV, en la CNMC, en el Tribunal Constitucional. Este es otro rasgo más de lo que venimos viendo desde el inicio de la legislatura: el bipartidismo por desgracia no es capaz de regenerarse desde dentro, hace lo que siempre ha hecho y lo que sabe hacer, independientemente de la crisis y de los fallos de los supervisores que nos han llevado a la crisis económica. Por eso creemos que la única esperanza de que esta y otras cosas cambien vendrá desde fuera. Serán los ciudadanos quienes regeneren el bipartidismo en cuanto tengan ocasión de ir a las urnas. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, señor Garzón.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señora presidenta.

Trataré de ser breve, porque es la tercera vez en menos de un mes que debatimos este proyecto de ley por cuestiones puramente de protocolo parlamentario. Venimos de un debate en Comisión en el que se han planteado las enmiendas a este proyecto, por lo que plantearemos algunas cuestiones muy brevemente.

La primera es que no estamos de acuerdo con el proyecto de ley que se presenta, ni en el fondo ni en la forma. Por eso las enmiendas están relacionadas con ambas partes, con la parte de la forma, de la pretendida independencia, porque consideramos que una entidad que tiene tanta capacidad para determinar y condicionar en última instancia la política económica no debería ser independiente. Y además


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creemos que no debería ser así por razones teóricas, de cómo entendemos la economía, pero también por razones históricas, porque hemos visto el funcionamiento de los pretendidamente independientes organismos reguladores, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia o el propio Banco de España, entidades -salvo la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, recién creada- que no han sabido gestionar adecuadamente la política económica, a pesar de que supuestamente ese carácter de independencia les iba a facilitar y a proporcionar las herramientas para hacerlo adecuadamente. En este sentido también el Banco Central Europeo podría insertarse en esa tipología de entidades independientes. Creemos que es una forma de institucionalizar una ideología, una determinada visión de la economía, y por lo tanto no corresponde a un Parlamento y a un sistema político democrático apartar de ese marco de decisión democrática a determinadas entidades. Por eso estamos en contra de la forma.

Ustedes proponen una entidad totalmente independiente, y nosotros lo que proponemos en las enmiendas que presentamos en este proyecto -que ya fueron debatidas y votadas en la anterior sesión de la Comisión, y que hoy de nuevo tendremos oportunidad de votarlas en esta Cámara- es que la autoridad independiente de responsabilidad fiscal dependa directamente de las Cortes Generarles, de esta Cámara, y no del Ministerio de Hacienda, para que sea -aunque sea en cuestiones de forma- democrática. Sin embargo lo que sabemos -y lo han denunciado otros ponentes anteriormente- es que estamos asistiendo a un mix entre estas opciones, a una especie de degeneración por la cual se mantiene formalmente la independencia, pero no se garantizan unos mínimos criterios objetivos determinados por todos los grupos parlamentarios para acceder a esos determinados puestos. Y al final acabamos en esa degeneración de otras entidades como el Tribunal Constitucional, formado por personas claramente vinculadas al Partido Popular, como se ha demostrado, u otras entidades independientes que están muy vinculadas a los partidos políticos que han ido creando estas instituciones. Por lo tanto no nos quedamos ni en la independencia ni en la democracia; nos quedamos en una especie de régimen corrupto de la forma de entender las instituciones políticas.

Por otra parte, el contenido, porque cuando se crea una entidad independiente que lo que está pretendiendo es fiscalizar sistemáticamente una política económica para adecuarla y estrecharla a una visión que es la de la consolidación fiscal, la del dogma de la consolidación fiscal, entendemos que se están cerrando las oportunidades y el margen de acción para los diferentes Gobiernos democráticos. Se está coartando la capacidad de los Gobiernos y de los diferentes grupos que acceden al Gobierno para tomar decisiones en aras de una visión estrecha de cómo funciona la economía. Además es una visión claramente errónea, porque ustedes mismos, el Partido Popular, hicieron unos presupuestos en el año 2013 en los que planteaban que el decrecimiento iba a ser del 0,5 % -supuestamente se apoyaba en predicciones muy interesantes-, y finalmente el decrecimiento va a ser del -1,5 % en el mejor de los casos, según parece. Lo que pone de relieve esto es que esa tesis de la consolidación fiscal es un fracaso, porque ni siquiera el propio Gobierno es capaz de entender cuáles son las consecuencias nefastas y negativas sobre el crecimiento económico, y por supuesto sobre el empleo y otras variables económicas, de ese dogma de la consolidación fiscal. Si no está funcionando, parece bastante inapropiado ponerlo con rango constitucional, como la reforma constitucional que se hizo en 2011, y después elevarlo en dos leyes orgánicas, como la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que fue el segundo paso, o esta nueva ley orgánica, que es el tercer paso. Parece bastante inapropiado, desde el punto de vista del rigor político, que cuando una receta está fallando se imponga al resto de Gobiernos futuros que sigan aplicando esa reforma y esas políticas; parece bastante insensato, además de inapropiado.

Por eso nosotros hemos elaborado una serie de enmiendas que aparecen hoy para poder ser debatidas, para cambiar también el fondo, para ampliar ese enfoque y salir de esa visión tan estrecha de la consolidación fiscal, y lo que pretenden es que esta entidad independiente no solo se obsesione con el déficit fiscal, sino que tenga en cuenta una serie de objetivos mucho más amplios, especialmente el objetivo del empleo, y que entonces recomiende de forma prescriptiva -no vinculante, como aparece también reflejado en esta ley orgánica- políticas encaminadas a esos otros objetivos de más alto alcance, porque si no nos vamos a arrepentir, como se arrepintió el ministro Montoro cuando criticó al Banco Central Europeo por no hacer nada hace apenas un año y unos pocos meses más. Porque si al Banco Central Europeo se le constitucionaliza, se le institucionaliza, de forma que solo pueda perseguir la inflación, no se puede venir después a quejarse y a decir que no piensa en otras alternativas ni en otras formas de entender la economía. No caigamos otra vez en el error de crear una entidad independiente que tenga una visión tan estrecha; aprovechemos la oportunidad, aprobemos las enmiendas de los grupos


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-entre ellos, el nuestro-, que plantean un enfoque más amplio, porque creemos que el enfoque de la consolidación fiscal, además de que es errado, sería antidemocrático insertarlo de esta forma en las instituciones políticas. Son una serie de enmiendas que van en esta dirección y esperamos que tengan a bien aprobarlas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Garzón.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, el señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, como recordarán, nuestro grupo parlamentario presentó una enmienda a la totalidad del proyecto de ley orgánica que hoy debatimos, y ello no por el propio objeto del proyecto de ley, sino por cómo se configura en el proyecto de ley la llamada autoridad independiente de responsabilidad fiscal. Tengan por seguro -repito, tengan por seguro- que si el proyecto de ley instrumentara una autoridad de responsabilidad fiscal que se caracterizara por la independencia y por la transparencia mi grupo parlamentario no habría presentado una enmienda a la totalidad. Pero estas no son desde nuestro punto de vista las características que el proyecto de ley otorga a dicha autoridad fiscal.

En el trámite de debate de las cinco enmiendas a la totalidad formuladas por los grupos parlamentarios tuvimos la oportunidad de manifestar los motivos generales por los cuales formulábamos la enmienda a la totalidad, la oposición de nuestro grupo parlamentario al proyecto de ley que hoy debatimos. Ahora, basándonos en esas carencias que ya observamos en el debate anterior en el texto remitido por el Congreso, les expondré las propuestas que formula nuestro grupo parlamentario para su modificación, de acuerdo con las enmiendas presentadas y que fueron debatidas en la Comisión, pero no aprobadas en ella.

Debo decir que de las veintidós enmiendas formuladas por mi grupo parlamentario dos han sido transaccionadas y una aprobada literalmente. Entre ellas se encuentra la que preveía que, con carácter previo a la evacuación de los informes de la autoridad, la propuesta se sometería a la audiencia de las administraciones o de la entidad destinataria, para que en el plazo de quince días pudiera realizar alegaciones a su contenido, que en caso de presentación se incorporarían también al informe, junto con su valoración. O por ejemplo añadir también a las comunidades autónomas como posibles solicitantes de estudios a la autoridad fiscal independiente. Finalmente, una cosa tan nimia como que en la página web de la autoridad fiscal se puedan encontrar los informes y las opiniones de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal. Pero estas enmiendas no han sido suficientes para cambiar el sentido del voto ni la opinión de nuestro grupo parlamentario en relación con el proyecto de ley orgánica.

En relación con la necesaria independencia orgánica y funcional que debe presidir la configuración de la autoridad nuestro grupo mantiene muchas dudas, debería decir que más que dudas, certezas. ¿En qué se basan? Han sido repetidas por los anteriores intervinientes en el debate. El nombramiento del presidente y de los directores de las divisiones corresponde al Consejo de Ministros, y depende orgánicamente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, artículo 24 del proyecto de ley. Será una orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la que determinará los datos, los documentos y los procedimientos a remitir a la autoridad, artículo 4 del proyecto de ley. Es el Consejo de Ministros el que aprueba su estatuto orgánico, el que desarrollará la organización y funcionamiento interno de la nueva institución, disposición final cuarta del proyecto de ley. Creo que no debo continuar relatando más artículos del proyecto para apoyar nuestra oposición a que la autoridad pueda llamarse independiente.

¿Propuestas que formulamos desde mi grupo parlamentario? Enmienda 117: establecer una vinculación de la autoridad con las Cortes Generales. Establecer que el estatuto orgánico de la autoridad deba ser aprobado por el Senado, enmienda 124. Enmienda 126, que la autoridad independiente elabore su propio presupuesto, que se integrará en los Presupuestos Generales del Estado en una sección independiente y será aprobado por las Cortes Generales. Enmienda 130, que el presidente de la autoridad fiscal sea nombrado por el Senado, y que el proceso de selección sea realizado por un jurado formado por expertos en el ámbito de la economía y las finanzas, con el fin de garantizar la máxima competencia profesional de los integrantes de la autoridad. Pero no únicamente por esta razón, ya de por sí suficientemente importante para posicionarnos en contra del proyecto de ley orgánica, es por lo que nuestro grupo parlamentario no puede apoyarlo. El proyecto de ley orgánica supone una limitación a la capacidad de acción en materia presupuestaria de las comunidades autónomas y un recorte de su autonomía, dado que refuerza las limitaciones introducidas por la Ley Orgánica de estabilidad


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presupuestaria y sostenibilidad financiera. El proyecto de ley, con las modificaciones que incorpora, condiciona enormemente la capacidad de las comunidades autónomas, y no únicamente a las comunidades autónomas, sino también al propio Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano paritario entre el Estado y las comunidades autónomas para participar en el proceso de distribución de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Las funciones que debe desarrollar la autoridad fiscal no pueden suponer un intento de paralizar el ejercicio de las funciones económico-presupuestarias que corresponden a las comunidades autónomas con competencias exclusivas en la materia.

¿Propuestas que realizamos? Enmienda 127, la autoridad tiene por objeto permitir que se emitan recursos contra las actuaciones de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal. Fíjense, la enmienda 128 recoge algo que no prevé expresamente el proyecto de ley: la participación de la autoridad fiscal en la determinación del objetivo de estabilidad presupuestaria y deuda pública de la Administración General del Estado; sí de las comunidades autónomas, no de la Administración General del Estado. Sorprendente. En tercer lugar, el proyecto de ley adolece de falta de transparencia en los cometidos de la autoridad fiscal. Solo pongo un ejemplo, una propuesta que hemos hecho a través de la enmienda 133: la autoridad independiente de responsabilidad fiscal debe someterse al menos una vez cada cinco años a una evaluación externa. O la enmienda 122: establecer que la autoridad independiente de responsabilidad fiscal deba informar en su web sobre las colaboraciones que mantenga en el ámbito de sus relaciones institucionales, y deberá publicar en la misma los informes o estudios que elabore en dicho marco. En último lugar, pero no menos importante, la creación de la tasa de supervisión, análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fiscal y de autoridad independiente de responsabilidad fiscal representa un coste adicional para las comunidades autónomas, y supone un mecanismo de control para las mismas. El proyecto de ley, como conocen sus señorías, revierte el coste de la tasa a las propias comunidades autónomas que deberán asumirla, además tomando como base imponible para su cálculo el montante total del presupuesto de cada una de ellas, perjudicando y castigando a aquellas comunidades autónomas que tienen asumidas competencias específicas, como es el caso de Cataluña, castigando la incorporación de transferencias finalistas, como por ejemplo los ingresos recibidos en concepto de participación de los municipios en los ingresos del Estado. Ni es lógica ni está correctamente configurada esta tasa. Los costes asociados a las competencias y funcionamiento de la autoridad fiscal independiente deben recaer única y exclusivamente en la Administración General del Estado, tal como sucede en el resto de los países de la Unión Europea, por ejemplo en Alemania, en Portugal, en Irlanda. En esos países los organismos equivalentes a la autoridad son financiados por los presupuestos generales del respectivo estado, y en ningún caso existe una tasa como la que se prevé en el proyecto de ley orgánica. Por ello la enmienda 135 formulada por mi grupo parlamentario propone suprimir la tasa de supervisión, y alternativamente la enmienda propone que se excluyan los gastos financiados con fondos finalistas del cálculo de la tasa o incorporar la lealtad institucional, con el fin de que el Estado anualmente compense a las comunidades autónomas por el importe devengado en razón de esta tasa.

Señorías, en resumen, no se ha configurado una autoridad independiente por mucho que así se califique, como ha manifestado el resto de grupos parlamentarios; se incorporan nuevos recortes al principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas, y se vulneran sus competencias. En el transcurso del tiempo creo que veremos cómo se desarrolla el trabajo de la autoridad fiscal independiente, y creo que dará mucho que hablar. Por todo ello nuestro grupo, de no corregirse los extremos manifestados, no dará apoyo al texto.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Picó.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Saura.

El señor SAURA GARCÍA: Señorías, señora presidenta, empiezo por leer algunas de las cosas que se han escrito en relación a la autoridad fiscal independiente. Solemne chapuza porque no es independiente, lo escribe Juan Rubio Ramírez, investigador de Fedea. Una autoridad sin autoridad, lo titulaba en un artículo Jonh Müller. Un mayordomo para Montoro, Vidal Foch. Una tomadura de pelo, decía mi compañera María José Vázquez hace unos días en la Comisión de Hacienda. Señorías, nos va a costar muy caro que no sea una autoridad fiscal independiente.

¿Cuál es el contexto en el que estamos viviendo? El Fondo Monetario Internacional nos dice que el año que viene vamos a llegar al cien por cien de la deuda pública en relación al PIB. El Tesoro va a tener que emitir el año que viene solo 250.000 millones de euros. El 90 % de la deuda pública nueva que se ha


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emitido en los mercados en lo que llevamos de año lo ha adquirido la banca española. El crédito al sector privado está disminuyendo a una tasa del 7 %. En el año 2001 el 50 % de la deuda pública era adquirida por no residentes, en el año 2013 el 37 %. La banca nos ha costado 60.000 millones de euros, pero nos puede costar otros 60.000, porque de entrada hemos avalado al sistema financiero español en 105.000 millones de euros. La deuda pública de los hogares y de las empresas es el 188 % del PIB español, con el problema que tiene de relación entre la deuda privada y la deuda pública. En lo que llevamos de año, lo que nos ha dicho el INE en las cuentas no financieras es que el déficit de España está, con la deuda de los bancos, en el 11 %, sin la deuda de los bancos, en el 7,5; eso es lo que nos ha dicho el INE en las cuentas no financieras. La tensión en el interés a largo plazo es evidente, y además España tiene una reputación. Hemos tenido a lo largo de nuestra historia trece defaults trece; hemos tenido seis en los siglos XVI y XVII, y en el siglo XIX siete defaults. Esta es la situación. La crisis de los países desarrollados y particularmente la de España ya tienen un apellido: es una crisis de deuda. Y España está en el epicentro de la deuda, de la deuda privada, que se está trasladando a la deuda pública. Además hay unas dudas importantes en cuanto que vayamos a cumplir los objetivos de déficit para este año y para los años siguientes. Este es el contexto en el que nos encontramos.

Por tanto el Ministerio de Hacienda tendría que habernos traído una autoridad fiscal independiente, como además se comprometió con todos los españoles en su programa electoral, y lo que nos trae efectivamente -como ha dicho todo el mundo, porque hay consenso de todo el espectro político español, hay consenso de todo el espectro de medios de comunicación y de analistas- no es autoridad y no es independiente, y esto, insisto, tiene unas consecuencias muy importantes para el futuro de España y sobre todo para el futuro más inmediato, para la recuperación, nos estamos jugando mucho.

Lo que nos dice la economía, la evidencia empírica, la teoría económica es que las instituciones verdaderamente independientes que no son utilizadas por los partidos políticos son la base, son un buen predictor del crecimiento económico y de la riqueza de las naciones. Por tanto para salir de la crisis económica necesitamos, en una crisis de deuda donde España, como digo, está en el epicentro de la deuda, particularmente de deuda privada, una verdadera autoridad fiscal independiente. Lo que nos traen aquí en realidad es un negociado más del Ministerio de Hacienda. Cuando el Partido Popular nos dice que se ve la luz al final del túnel, yo lo que encuentro es a Montoro con su linterna tratando de ahuyentar a los espíritus, en realidad no encuentro otra cosa, porque analizando la política fiscal de este país eso es lo que hay: una política fiscal que es procíclica, que ha subido los impuestos a todo el mundo, que no controla el déficit, que no controla la deuda; esta es la circunstancia. Por tanto necesitamos de manera urgente una autoridad fiscal verdaderamente independiente.

Además es que este proyecto de ley no cumple ninguno de los requerimientos de independencia de las instituciones de la OCDE, ni uno solo. Es verdad que a lo largo de la ley se habla mucho de independencia, pero no se cumple con ninguno de sus requerimientos. Nosotros no solo hemos planteado una enmienda a la totalidad -ya sé que la autoridad fiscal independiente no levanta pasiones entre el público, ni siquiera entre los diputados y las diputadas, pero es mucho más importante de lo que parece, señorías, mucho más importante de lo que parece, porque nuestra crisis tiene que ver con la crisis de deuda; es mucho más importante de lo que parece-, sino que incluso hemos presentado un texto alternativo. ¿Qué decimos en él? Que tiene que ser un órgano colegiado, que el estatuto orgánico debe ser aprobado por el propio organismo, no por el Consejo de Ministros, un organismo que se adscriba a las Cortes Generales y no sea, como decía anteriormente, un mero negociado del Ministerio de Hacienda, que el organismo elabore anualmente su propio presupuesto y lo incorpore al proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que sea elegido por tres quintas partes de las Cortes Generales y que su mandato sea largo para preservar esa independencia que necesita este poder.

Las instituciones en este país han fracasado, porque el Tribunal de Cuentas podría hacer este papel, pero no lo ha hecho. La Intervención General del Estado no es un organismo suficientemente independiente, porque depende del Gobierno de España. Los Gobiernos en el mundo han planteado una alternativa, las autoridades fiscales. Hay mucha experiencia al respecto, hay autoridades verdaderamente independientes en el mundo.

Creo que hoy estamos aprobando un proyecto de ley que no va a ayudar a la salida de la crisis y a incrementar la reputación de la economía española. Los problemas de financiación del sector privado y del sector público van a seguir dándose, en un escenario de tensión de los mercados de largo plazo que está ahí y con unas necesidades de financiación evidentes.


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El Gobierno de España está incumpliendo además su promesa electoral. Les decía en alguna de las intervenciones sobre esta ley que para mí el mayor fraude electoral del Partido Popular con la sociedad española está en el ámbito económico, más que en el social, porque ya sabíamos lo que iban a hacer en materia de recortes. La sociedad española pensaba que ustedes sí iban a manejar bien la economía. ¿En qué tres ámbitos han fracasado y han engañado a la sociedad española en lo económico? En primer lugar, en decir que iban a bajar los impuestos, y los han subido. En segundo lugar, en decir que iban a estabilizar el déficit público y la deuda, y ahora tenemos más déficit público que nunca y además más deuda. Y por último, que iban a nombrar a personas verdaderamente independientes y cualificadas para los órganos reguladores. Esos tres elementos fundamentales de su programa electoral se han incumplido. Por eso les digo, señorías, que el verdadero fraude electoral del Partido Popular con la sociedad española está en sus promesas económicas.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Saura.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Asian.

La señora ASIAN GONZÁLEZ: Señora presidenta, señorías, me corresponde consumir el turno de palabra en nombre del Grupo Popular para fijar nuestra posición respecto al dictamen de la Comisión en la tramitación de una ley orgánica fundamental para el presente, pero sobre todo para el futuro, para las nuevas generaciones. El objetivo de la ley no es otro, como se ha expuesto, que la creación de un ente de derecho público con personalidad jurídica propia, plena capacidad en el ámbito público y en el privado, con independencia funcional, adscripción al Ministerio de Hacienda y que tiene por objetivo fundamental garantizar el cumplimiento efectivo por todas las administraciones del mandato constitucional contenido en el artículo 135 de la Constitución española mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario, la evaluación del endeudamiento público y el análisis de las previsiones macroeconómicas.

Pero yo hoy no quiero hablar de los objetivos económicos o de los objetivos fiscales de esta ley porque, aprovechando la tramitación como ley orgánica, estos objetivos quedaron bien definidos cuando tuvimos ocasión del debate de totalidad en este mismo Pleno. Por ello quiero hablar de objetivos políticos y de objetivos constitucionales. Para ello quiero comenzar diciendo que la política de responsabilidad fiscal, esto es, la necesidad de controlar el déficit público a través de instituciones independientes deriva directamente de la existencia de un sesgo cortoplacista en las políticas fiscales. ¿En qué consiste ese sesgo cortoplacista? Consiste precisamente en la tentación que pueden tener algunos políticos irresponsables o simplemente equivocados de utilizar el gasto de manera aumentada en el presente y transferir a futuro el coste político del mismo a través del endeudamiento excesivo. Saben, señorías, que lo que estoy diciendo en este momento es mucho más que una posibilidad teórica, puesto que el Gobierno de España lleva dos años afrontando las consecuencias, los costes derivados del endeudamiento excesivo, del déficit excesivo en que incurrió el Gobierno anterior.

Para evitar este sesgo, ¿qué se puede hacer? Lo primero que hay que hacer es dotarnos de un marco legal, y sobre todo institucional, que vigile por la coherencia de la política fiscal a largo plazo. La responsabilidad fiscal no es más que la necesidad de que cada Gobierno tenga que recaudar lo que gasta, con todas las matizaciones técnicas que tengamos que hacer. ¿Para qué? Para que no puedan utilizar el endeudamiento como una herramienta para enviar señales equivocadas a la ciudadanía. A nadie le debería estar permitido poder gozar de las ventajas políticas derivadas del gasto público y transferir a las generaciones futuras, a los nuevos gobernantes, el coste político derivado del mismo, teniendo que hacer disminuciones del gasto o incremento de los impuestos. Por tanto, para el Grupo Popular la responsabilidad fiscal no es solo una necesidad económica -que lo es, y ha quedado de manifiesto que lo es-, sino también un elemento clave de la calidad democrática, y por supuesto de la lealtad que todos los grupos políticos le debemos al Estado (Aplausos), sea el que sea el que gobierne.

El Partido Popular ha tenido un compromiso ineludible con la consolidación fiscal, con la responsabilidad fiscal, y ese compromiso se inició ya en verano de 2011, cuando apoyó la reforma del artículo 135 de la Constitución española. Desde ese momento la responsabilidad fiscal es un compromiso de todos los españoles, independientemente de los partidos políticos, y tras la ratificación del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza europeo es un compromiso de todos los europeos.

Aclarados estos objetivos políticos y constitucionales de la ley, y centrándonos en lo que ha sido la tramitación en Comisión, tengo que decir que este anteproyecto de ley ha sido dilatado en el tiempo y ha sido objeto de muchísimas aportaciones de organismos nacionales e internacionales: el FMI, la Comisión


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Europea, el Instituto de Estudios Fiscales, la Comisión Nacional de la Administración Local, algunas comunidades autónomas y, por tanto, pocos han sido los cambios que se han realizado en el texto remitido por el Gobierno porque, a nuestro entender, no los necesitaba debido a las importantes aportaciones que se habían realizado en su tramitación. Ahora bien, se han admitido enmiendas, y todas con un denominador común, mejorar la interlocución con las administraciones territoriales. Así, por ejemplo, se ha aceptado una enmienda de Izquierda Unida y de CiU en el sentido de que las comunidades autónomas y las administraciones locales puedan solicitar estudios a la autoridad independiente de responsabilidad fiscal. Sobre todo hay una enmienda bastante importante que pone de manifiesto la voluntad de diálogo de la autoridad, del órgano público que hoy creamos; se trata de la configuración de un procedimiento en el cual se concede audiencia previa a las entidades u órganos administrativos a los que vayan dirigidos, que podrán realizar alegaciones, y en los informes de la autoridad fiscal independiente se tienen que recoger estas alegaciones y su valoración. También se han recogido enmiendas transaccionales con el Grupo Vasco y con UPN en el sentido de recoger explícitamente que las funciones de la autoridad fiscal independiente no influyen para nada ni contradicen el Concierto Económico vasco ni el Convenio con Navarra. Nosotros entendíamos que desde la redacción inicial esto era así, pero no hay problema alguno y se ha recogido explícitamente en la disposición final quinta bis este respeto a los territorios forales, recogido constitucionalmente, y el compromiso del Grupo Popular es de tal forma que nadie pueda dudar.

Voy a tratar de responder de manera genérica -porque han sido muchas y muy interesantes- a algunas de las intervenciones, a aquellas que me han resultado más interesantes. Se ha recurrido con frecuencia a poner en duda la independencia del nuevo órgano que hoy se crea por ley orgánica. Parece que estas dudas se derivan de la adscripción al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Este tema ya lo resolvió el Consejo de Estado, que mantuvo que la autonomía funcional estaba acreditada y que la adscripción era meramente administrativa, organizativa, respondiendo a las particularidades del derecho administrativo español. Además -ya se dijo en el debate a la totalidad-, la autoridad fiscal independiente goza de unas características similares a las del Instituto Nacional de Estadística. Así pues, quienes dudan de la falta de independencia que pueda tener la autoridad independiente de responsabilidad fiscal tendrán que explicarnos en qué ha fallado el Instituto Nacional de Estadística, cuáles han sido las pruebas de su supuesta falta de neutralidad política y exquisito carácter técnico.

Por otra parte, el Grupo Vasco propone la supresión del propio órgano que crea esta ley. Esta propuesta es inviable porque se trata de una exigencia europea y concretamente de la recomendación del Consejo, que lo exige para antes de finales de 2013, por lo que vamos ya con el calendario bastante apretado.

El Grupo de UPyD ha hablado de unas dudas preventivas sobre la falta de independencia que se puede producir en la actuación de esta institución y al final parece culpar al bipartidismo; ahí me he perdido, ha habido un salto, no sé por qué el bipartidismo va a ser la causa de la falta de independencia de esta autoridad. Puesto que ha manifestado expresamente que ve necesaria la existencia de esta institución, sí le puedo decir que las instituciones se consolidan a medida que van trabajando, antes no teníamos nada y ahora tenemos una institución. Yo creo que es bueno confiar en ella y esperar sus resultados.

El representante de La Izquierda Plural ha dicho que el concepto de consolidación fiscal que tiene el Partido Popular es estrecho. Yo no sé muy bien a qué se refiere, pero sí le puedo decir que es eficaz, si como eficacia definimos el grado de cumplimiento de los objetivos. ¿Y por qué es eficaz? Porque ya nadie duda sobre el rescate de España, ha generado confianza y la confianza es precisamente más bienestar, la confianza se transforma en bienestar. Prueba de ello es que en los Presupuestos Generales del Estado de 2014 se configura que de cada 100 euros, 52 euros se destinarán a gasto social. Por tanto, no sé si será estrecha -yo creo que no es estrecha-, él dice que tiene una más amplia, pero la nuestra es eficaz. Y como prueba de esa eficacia puedo decir que precisamente hoy, de la recuperación y de la confianza en España, España es primera de la OCDE en expectativa de crecimiento. Yo creo que esto es prueba más que evidente de cuál es la eficacia de la política de consolidación fiscal. (Aplausos).

También Amaiur ha comentado que el problema de España no es de gasto. Estamos totalmente de acuerdo. Los Presupuestos Generales del Estado de 2012, 2013 y 2014 son una prueba evidente de que se ha establecido un equilibrio entre una vigorosa consolidación fiscal y la cohesión social. Se ha mantenido el gasto social y, además, se ha exigido un esfuerzo a todos los españoles. Sí, pero se ha exigido con equidad. Se ha exigido más a aquellos que mas tienen. Buena prueba de ello es el incremento de los grandes contribuyentes en el impuesto sobre sociedades.


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Finalmente, el Grupo Socialista ha hecho un relato sobre que la deuda pública crece. ¡Cómo no va a crecer si teníamos facturas en todos los cajones! Hemos tenido que emplear 70.000 millones de euros en el Fondo de liquidez autonómico y en el Plan de pago a proveedores para evitar que se colapsen tanto el sector público como el privado. Ha hablado de déficit. Pues sí, verdaderamente cuesta mucho trabajo reducir el déficit. En estos dos últimos años hemos hecho la reducción de déficit -en términos estructurales- más importante de los países de nuestro entorno. Pero sí ha dicho algo con lo que coincido. Dice que esta ley es muy importante. Y sí, es muy importante esta ley. En eso coincido plenamente. Creo que la idea es buena, porque si hubiéramos tenido una autoridad fiscal independiente, posiblemente hoy no estaríamos en la situación en la que nos encontramos. Si hubiéramos tenido una autoridad independiente que pudiera evaluar el ciclo presupuestario, el endeudamiento público y las previsiones macroeconómicas no hubiéramos incurrido en el déficit público excesivo en el que hemos incurrido. Europa no nos tendría que haber puesto tantas condiciones, y no tendríamos que estar pidiéndoles ahora a todos los españoles los esfuerzos que les estamos pidiendo y que, afortunadamente, nos están permitiendo recuperar la confianza.

En definitiva, ¿a quién le puede parecer mal que se cree hoy una autoridad que vele por las futuras generaciones? ¿A quién le puede parecer mal esto? Yo creo que esto, en sí mismo, es una cosa buena y es una cuestión importante. Con esta ley que hoy aprobamos damos un cumplimiento sobresaliente a las exigencias europeas y creamos una institución que nos coloca a la vanguardia de todos los países de nuestro entorno en materia de autoridad independiente de responsabilidad fiscal.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Asian.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. (Número de expediente 121/000059).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al punto siguiente, que corresponde al debate de totalidad de la iniciativa legislativa, en concreto, del proyecto de ley de evaluación ambiental.

Para su presentación y defensa tiene la palabra el señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, el proyecto de ley de evaluación ambiental que presento hoy a esta Cámara responde al compromiso del Gobierno de afrontar una profunda reforma de nuestra legislación medioambiental y constituye un buen ejemplo de este empeño al que estamos dedicando grandes esfuerzos. El principal objetivo de estas reformas es hacer que las normas ambientales sean un instrumento eficaz para proteger el medio ambiente, anticiparse a los riesgos y prevenir los daños que la actividad humana pueda ocasionar. En muchas ocasiones, tanto por su concepción como por la forma en que son aplicadas, las normas ambientales se convierten en simples declaraciones programáticas que no cumplen la finalidad constitucional de proteger y mejorar la calidad de la vida de los ciudadanos. Una declaración de impacto ambiental que se retrasa años es un buen ejemplo de este fenómeno y, si me lo permiten, es una frustración; una frustración, señorías, que se produce en demasiadas ocasiones y que es inadmisible. La respuesta del Gobierno es este proyecto de ley. La morosidad nunca fue sinónimo de mayor protección, aunque sí ha sido un parapeto perfecto para encubrir la ineficacia.

Señora presidenta, señorías, la evaluación ambiental es una técnica que garantiza que el desarrollo económico respete nuestro entorno. Para ello, las normas que regulan la evaluación ambiental deben ser precisas, estar plenamente coordinadas y proyectar su eficacia sobre las actividades que tienen más impactos en el medio ambiente. Este proyecto de ley parte de la experiencia acumulada en los veinticinco años de aplicación en España de la evaluación ambiental. Durante este tiempo, y aunque la evaluación ambiental ha permitido asegurar la sostenibilidad del desarrollo económico, se han apreciado importantes disfunciones y numerosas carencias técnicas que debemos corregir sin dilación. Son ejemplo de estas insuficiencias, entre otros, la diversidad de normativas, en ocasiones sin ninguna justificación medioambiental, o la tardanza en la emisión de algunas declaraciones de impacto ambiental. La proliferación injustificada de leyes y las tramitaciones administrativas con plazos excesivamente largos no facilitan la protección ambiental y, además, constituyen un obstáculo para la actividad económica.


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Señorías, las cifras de expedientes en tramitación de evaluación ambiental en España pendientes de resolución son llamativas. Existen cerca de 10.000 expedientes en tramitación en todo el territorio del Estado. Cuando llegamos al Gobierno, había unos 1.119 expedientes pendientes en la Administración General del Estado, y aunque hemos hecho un esfuerzo por reducir estas cifras hasta los 780 actuales -una reducción del 30 %-, la cifra de expedientes pendientes sigue siendo excesiva. Por otro lado, las evaluaciones ambientales se dilatan excesivamente en el tiempo, con unos tiempos medios de casi tres años y medio, cuando el plazo previsto en la ley vigente es de dos. Estas dilaciones no encuentran ninguna justificación desde el punto de vista de la prevención ambiental. A esta situación se suma la existencia de abundante y dispar legislación autonómica, que distorsiona en ocasiones la unidad de mercado y genera inseguridad jurídica y confusión a los ciudadanos.

Señora presidenta, señorías, ante este panorama resultaba imperioso proceder a la reforma de la normativa de evaluación ambiental, que además sigue puntualmente las líneas del debate que en estos momentos está teniendo lugar en la Unión Europea y que persigue un triple objetivo: en primer lugar, reforzar la protección ambiental; en segundo lugar, simplificar y agilizar procedimientos; y, en tercer lugar, homogeneizar, dentro del marco constitucional, la legislación en todo el territorio nacional. Por lo que se refiere al primer objetivo, el proyecto de ley de evaluación ambiental refuerza, sin ningún género de dudas, la protección del medio ambiente y, además, concentra los esfuerzos en los proyectos que presentan mayores impactos ambientales. Es una ley que se fundamenta en los principios de precaución, acción preventiva y cautelar, corrección y compensación de los impactos sobre el medio ambiente y en el principio de que quien contamina paga. La ley consagra como principio el de proporcionalidad entre los efectos previstos en el medio ambiente y el tipo de procedimiento de evaluación ambiental que se deba aplicar. Así, por ejemplo, se refuerza la vertiente preventiva de esta norma al someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario los proyectos de fractura hidráulica o fracking que hasta ahora no estaban sujetos de forma preceptiva a esta evaluación. Y con el objetivo de garantizar la máxima protección del medio ambiente la ley también exige un mayor nivel de calidad a los documentos ambientales para que las decisiones se adopten sobre la base de los mejores criterios técnicos.

Asimismo, junto con la máxima protección del medio ambiente, que es el objetivo fundamental de la norma, el proyecto de ley simplifica y agiliza la evaluación ambiental porque, como ya he señalado, los proyectos complejos o poco ágiles no suponen mayor protección ambiental y constituyen un verdadero freno al desarrollo sostenible. Esta norma unifica en un solo cuerpo legal las leyes de Evaluación Ambiental Estratégica y las de Evaluación de Impacto Ambiental. Además, hemos simplificado los procedimientos de evaluación ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental al emplear un sistema similar para ambos, describiendo un procedimiento ordinario y otro simplificado, además de homogeneizar su terminología. Hemos hecho un esfuerzo para ajustar los tiempos de tramitación. Para ello en el proyecto de ley de evaluación ambiental se establece una regulación de plazos más cortos -cuatro meses para la evaluación de impacto ambiental ordinaria- y se han establecido como potestativos algunos trámites que antes eran obligatorios, como es el caso de la fase de determinación del alcance del estudio de impacto ambiental o scoping.

El proyecto de ley aporta soluciones jurídicas a cuestiones cruciales que las normas vigentes dejaban sin resolver, como son la modificación de las condiciones de las declaraciones ambientales a lo largo de la vida de los proyectos, como son la vigencia de declaraciones e informes ambientales, o como es el requerimiento al superior jerárquico del órgano que no haya emitido informe preceptivo en plazo y la consiguiente exigencia de responsabilidades, figura que antes no existía y que motivaba largas dilaciones en la resolución de los expedientes. Asimismo, el proyecto de ley favorece el uso de las nuevas tecnologías en los proyectos de evaluación ambiental.

El tercer gran objetivo de este proyecto normativo es incrementar la seguridad jurídica, mediante una legislación homogénea que promueva la unidad y la integración en materia de evaluación ambiental en todo el territorio nacional. Para ello, una parte importante de la ley y de todos los anexos que se incorporan tiene un carácter de legislación básica y, por lo tanto, resultará aplicable en todo el territorio nacional. De este modo se consigue la necesaria homogeneización de la diversidad de procedimientos de evaluación ambiental que existen en la actualidad en España. Ahora bien, en atención a la complejidad técnica de la norma se proporciona a las comunidades autónomas un plazo de un año para que puedan adaptar su normativa a esta ley, o para que procedan a hacer una revisión general a esta norma. El establecimiento de unos principios a los que debe someterse la evaluación ambiental y el llamamiento a la cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas va a permitir el desarrollo de una legislación homogénea.


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Asimismo, se configura la conferencia sectorial de medio ambiente como foro privilegiado para la propuesta y debate de las reformas legislativas que deban llevarse a cabo para la adaptación a esta ley. En suma, el proyecto de ley incrementa la seguridad jurídica de los promotores, garantizando que estos puedan conocer de antemano cuáles serán las exigencias legales de carácter medioambiental requeridas para la tramitación del correspondiente plan, programa o proyecto.

Señorías, aunque las directivas comunitarias no obligan a ello, pero persuadidos de que es una referencia ineludible, la ley introduce la obligación de tomar en consideración el cambio climático en los procesos de evaluación ambiental. Otra de las novedades del proyecto es la creación de bancos de conservación de la naturaleza. Se trata, en primer lugar, de un mecanismo voluntario y complementario a los utilizados tradicionalmente que permite compensar, reparar o restaurar las pérdidas netas de valores naturales. En el proyecto de ley se incluyen los elementos esenciales de la figura de los bancos de conservación de la naturaleza, que luego serán objeto de desarrollo reglamentario por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Los créditos generados en estos bancos serán inscritos en un registro oficial dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y podrán ser comercializados en condiciones de libre mercado directamente a entidades que lo requieran, especialmente en el ámbito de la legislación de evaluación y de responsabilidad ambiental y también a entidades sin ánimo de lucro y a las propias administraciones públicas. Estos créditos son otorgados de acuerdo con una cuantificación basada en criterios estrictamente biológicos y ecológicos y nunca económicos.

Señorías, la afirmación de que con esta medida se mercantiliza el medio ambiente no puede sostenerse sino desde el desconocimiento del funcionamiento de esta figura. Este mecanismo surge de la necesidad de mejorar la eficacia y utilidad de las medidas compensatorias por impactos negativos que provocan pérdida de valores naturales que no pueden ser evitadas ni reparadas in situ. En realidad, señorías, el Gobierno con esta medida cumple el Plan estratégico estatal del patrimonio natural y de la biodiversidad, que contempla la creación de los bancos de conservación de la biodiversidad y otorga a esta actividad la máxima prioridad. Además, el desarrollo de los bancos de conservación se encuentra entre las líneas estratégicas europeas en la materia. La necesidad de impulsar mecanismos -que no pérdida de neta- también ha sido reiterada por los Estados miembros a través del Consejo de la Unión Europea en las conclusiones de sus reuniones de 23 de junio y 19 de diciembre de 2011. Los bancos de conservación están implantados en Estados Unidos -donde llevan funcionando con éxito desde hace más de veinte años-, en Australia, Canadá y Alemania, y ya hay experiencias piloto en otros países de la Unión Europea, como Reino Unido, Suecia y Francia, además de en Brasil o Sudáfrica.

Señora presidenta, señorías, finalmente el proyecto de ley de evaluación ambiental introduce una serie de modificaciones en el régimen sancionador regulado por la Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad. Se trata de garantizar que las actividades que generan riesgos para el medio ambiente en los espacios naturales protegidos y en los espacios de la Red Natura 2000 se puedan sancionar. Además, se tipifican expresamente infracciones como el bunkering mediante el fondeo permanente de buques tanques o los vertidos de materiales para rellenos no permitidos. Son precisamente estas modificaciones las que han justificado que el Gobierno solicite la tramitación por el procedimiento de urgencia de este proyecto de ley. Resulta indispensable que con la mayor rapidez posible todas las conductas que puedan afectar negativamente o incluso poner en peligro la conservación de cualquier especio de la Red Natura 2000 tengan asegurada una sanción adecuada. De este modo, se colma una laguna y mejoramos la protección de nuestro litoral y de nuestros espacios marinos.

En definitiva, señorías, este proyecto de ley de evaluación ambiental no solo supone mejorar técnicamente la legislación sobre la materia, sino satisfacer la necesidad ampliamente demandada de que la evaluación ambiental cumpla con eficacia su finalidad. No acometer las reformas que exige nuestro tiempo, como pueda ser esta, es tanto como resignarse a no avanzar. El Gobierno está convencido de que este proyecto de ley mejorará la tramitación administrativa de las evaluaciones ambientales y con ello conseguiremos una mejor protección ambiental. Por todo lo que les acabo de exponer, solicito a esta Cámara que rechace las enmiendas a la totalidad presentadas e inicie la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley.

Muchas gracias, señorías, muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchísimas gracias, señor ministro.

A este proyecto de ley se han presentado cuatro enmiendas a la totalidad de devolución. En primer lugar, para la defensa de la enmienda del Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Fernández, añadiendo que todos los miembros de ese grupo que van a intervenir lo harán en este mismo turno. Señora Fernández.


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La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señor ministro, subo a esta tribuna para defender nuestra enmienda a la totalidad de devolución de este proyecto de ley de evaluación ambiental, porque la aprobación y tramitación de este proyecto de ley es totalmente inoportuna, pues en este momento la Unión Europea está en un proceso de profunda reforma de las directivas comunitarias. Todo indica por tanto que este texto ha de ser en breve adaptado a la nueva normativa comunitaria incorporando las innovaciones que se regulen en la misma. Se acomete en el día de hoy, señor ministro, un proceso legislativo que resultará estéril a corto plazo, más aún cuando la normativa comunitaria que se pretende trasponer, la Directiva 2011/92, es realmente un texto consolidado que unifica la regulación europea existente en materia de evaluación ambiental pero no introduce cambios.

El texto del proyecto de ley parte de la idea preconcebida de que las evaluaciones de impacto ambiental y estratégicas entorpecen, sin apreciar de ningún modo los efectos ambientales positivos que estos tienen. Bajo esa filosofía se avanza hacia una integración de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica en sentido contrario de hacia donde se orienta la reforma en discusión en el ámbito comunitario de la normativa vigente sobre la evaluación ambiental. Se trata por lo tanto de un paso atrás en materia de prevención ambiental, no soluciona los problemas de la evaluación ambiental presentes en la normativa en vigor ni mejora la calidad de los informes de impacto ambiental, mermándose en términos generales el carácter objetivo y determinante de la evaluación ambiental.

Desde el punto de vista constitucional, también avanza en una mayor centralización e invasión de competencias autonómicas, no solo consolidando una regresiva y discutible interpretación del Tribunal Constitucional, sino avanzando más aún en la intervención de la Administración General del Estado en obras y proyectos de interés y ámbito autonómico. En concreto, las actividades en las que ahora no va a haber autorización sustantiva sectorial al estar liberalizadas solo van a estar sometidas a comunicación previa y se garantiza solo la intervención estatal. Además, señor ministro, se avala que la emisión de la certificación sobre un espacio natural cuya gestión es competencia autonómica sea realizada por el Estado.

En cuanto al procedimiento, el proyecto de ley aboga por dejar en manos del órgano sustantivo el control de una evaluación de impacto ambiental, lo que supone una involución, además de ser totalmente incomprensible, porque dicho control debe efectuarse por el órgano ambiental. La decisión de dejarlo en manos del órgano sustantivo pretende, por una parte, en la línea recentralizadora, garantizar la presencia estatal a costa de las comunidades autónomas que tienen atribuidas las competencias en la gestión ambiental; por otra, es una vía para devaluar las consideraciones ambientales, ya que es evidente que el control de cumplimiento de la declaración de impacto ambiental lo realizará un órgano de la administración no responsable desde la perspectiva ambiental sino sectorial, por lo que las consideraciones ambientales quedarán relegadas y serán mucho más flexibles. En este punto también hemos de insistir en que en el proyecto de ley sigue sin establecerse la fórmula que impida un amplio margen de apreciación a la Administración a la hora de determinar la sujeción al procedimiento de evaluación ambiental de determinadas obras y proyectos. Se mantienen criterios que permiten una gran discrecionalidad en esa decisión, sin fijar umbrales mínimos que eviten la adaptación de decisiones dispares entre administraciones o incluso en una misma administración entre unos proyectos y otros.

Señorías, estamos básicamente ante un proyecto de ley con la aspiración reduccionista de acortar los plazos de los expedientes de evaluación ambiental, lo que afectará sin duda a la calidad de los estudios de impacto ambiental, lo cual repercutirá en definitiva en la prevención y protección medioambiental, razones, señorías, por las que el Bloque Nacionalista Galego presentó esta enmienda de totalidad a este proyecto de ley.

Finalizo, señora presidenta, sumándonos a la denuncia por la criminalización que se está haciendo en estos momentos de la asociación vasca Herrira.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández.

Por el mismo grupo, señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.

Este proyecto de ley de evaluación ambiental supone a nuestro juicio varios pasos atrás en la protección preventiva del medio ambiente. Quedan muy lejos de solucionar los problemas de evaluación ambiental presentes en la ley aún en vigor y mejorar los actuales informes de impacto ambiental


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absolutamente insuficientes, necesidad que ha quedado suficientemente acreditada tras los recientes seísmos provocados precisamente por las deficiencias en la evaluación ambiental del proyecto Castor.

El anteproyecto de ley busca principalmente recortar la calidad de los estudios, repercutiendo así de manera negativa en el medio ambiente. En primer lugar y en referencia a los proyectos que serán objeto de evaluación, no se puede en ningún momento llegar a considerar que el fin y objeto de un proyecto pueda ser motivo para eximirlo de una obligación ordinaria sin tener en cuenta su potencial impacto, ya que esto permitiría, por ejemplo, que una central nuclear que operase con una nueva tecnología fuera sometida a una evaluación simplificada, estableciéndose un plazo máximo de tramitación de tres meses, con los riesgos que eso podría conllevar. En segundo lugar, la nueva ley no contempla ni regula los impactos residuales que pudieran resultar de los proyectos.

El anteproyecto de ley busca también reducir el plazo para realizar una evaluación de impacto ambiental ordinaria a cuatro meses, prorrogables por otros dos más en casos justificados, cuando la experiencia indica que es un periodo de tiempo absolutamente insuficiente, tal y como aparece en el artículo 3 de la Directiva 2011/92, de la Unión Europea, de 13 de diciembre de 2011. Asimismo la nueva ley suprime la obligatoriedad del documento de alcance del estudio de impacto ambiental, aun cuando la misma es una herramienta imprescindible para el buen desarrollo de todo procedimiento de evaluación ambiental. El artículo 46 suprime la participación pública en lo que se refiere al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada al permitir que se tome la decisión de no sometimiento a evaluación de impacto ambiental de un proyecto, sin que se haya consultado ni permitido la participación del público, lo cual atenta contra la Ley 27/2006, de 18 de julio. Por último, el anteproyecto contempla la posibilidad de modificación de una declaración de impacto ambiental cuando el cumplimiento del condicionado resulte imposible. Esto no hace más que resaltar la ineficacia de la propia Administración, a la vez que da lugar a modificaciones que legalicen a posteriori evaluaciones mal hechas.

Señor ministro, tienen ustedes encima de su mesa un auténtico terremoto, el proyecto Castor, fruto de una evaluación ambiental a nuestro juicio absolutamente insuficiente, y Compromís-Equo no tiene dudas: votaremos en contra de este proyecto que puede propiciar nuevos Castor.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.

Por el mismo grupo, la señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Señoras y señores diputados, señor ministro, no sé por qué me da la sensación de que el Gobierno del Partido Popular sufre algún síndrome extraño: nunca va acorde con la situación ni tampoco con el tiempo, y este proyecto de ley tampoco es una excepción. El proyecto de ley de evaluación ambiental no podría llegar en peor momento. Ustedes saben, o deberían saber, que la Unión Europea está trabajando en una nueva directiva de impacto ambiental. No tiene sentido, pues, una modificación previa de la legislación sobre la materia, y no lo tiene porque resultará un proceso estéril a corto plazo, y más teniendo en cuenta que la normativa comunitaria que se pretende trasponer es realmente un texto consolidado que unifica la regulación.

También saben, pese a que nos veamos obligados a recordárselo constantemente, que la existencia de una regulación europea no modifica el orden de distribución de competencias. Ustedes aprovechan la más mínima oportunidad para centralizar y para homogeneizar. Pretenden convertir la Generalitat de Catalunya en una mera delegación del Gobierno del Estado. Señoras y señores del Partido Popular, pronto Cataluña será un nuevo Estado de la Unión Europea y entonces será justamente la Generalitat de Catalunya la que traspondrá las directivas comunitarias.

Este proyecto de ley no solo llega en un momento inoportuno, como he dicho, y está elaborado siguiendo una visión extensiva de las competencias del Estado, sino que además no resuelve los problemas actuales del procedimiento ambiental. Es una ley reduccionista, una ley que busca principalmente acortar los plazos de los expedientes, y este recorte en los tiempos provocará su incumplimiento, empeorando la calidad de los estudios de impacto ambiental. Además esta ley repercutirá también irremediablemente en el medio ambiente, lo que tiene, si me permiten, un punto de cinismo, porque es verdad que cuando se aplique por ejemplo a los proyectos del fracking -recuerdan, el fracking, aquella técnica que ustedes apuntan como una mágica solución, la que pone en riesgo la salud de las personas, los ecosistemas y la actividad económica de las zonas donde pretenden que se dé- estos proyectos tendrán que incorporar por primera vez una evaluación de impacto ambiental, pero, ¿de qué manera la van a incorporar? Se lo voy a decir. Lo harán únicamente para salvar sus espaldas, para salvar el


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expediente, van a seguir haciendo lo que les dé la gana sin escuchar a nadie y sin analizar nada, porque no habrá tiempo material para hacerlo.

Finalmente es importante decir, aunque de manera telegráfica por una cuestión de falta de tiempo, que en la elaboración de esta ley tampoco ha existido una correcta participación pública de los principales actores; actores como promotores, consultores, etcétera, y mucho menos, como ya se ha denunciado y se ha dicho, de las comunidades autónomas.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Jordà.

Por el mismo grupo tiene la palabra la señora Ariztegui.

La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Muchas gracias, señora presidenta.

Lo que está claro es que este Gobierno no superaría ni la más simple evaluación ambiental. Vemos que se van superando, porque esta es otra muestra más de la hipocresía que destila todo lo que sale de su horno. Oímos al señor Cañete esos objetivos loables, pero luego hay un articulado que abre la vía para todo lo contrario, para avanzar hacia atrás, con los ingredientes caducados a los que nos tienen acostumbrados, una urgencia que no viene al caso, y sobre todo olor a beneficio rápido de unos pocos, que es marca España. Como si fueran un anti-Midas, arruinan todo lo que tocan y un buen ejemplo de ello es la educación, triste protagonista de esta mañana. Son como esa suerte de repelente niño Vicente, que todo lo tiene que destripar, pero ustedes con un objetivo claro, siempre barriendo hacia esa España, una, grande y libre que tanto añoran, pero que ya nunca volverá. De ahí los esfuerzos recentralizadores de este proyecto.

Por eso, por el respeto que nos merecen nuestra tierra, aire y agua, por ese medio ambiente ya tan machacado que nos rodea, por el carácter estratégico e insustituible que deberían tener las evaluaciones de impacto ambiental en la salvaguarda de nuestros cada vez más escasos recursos medioambientales, decimos no a este proyecto, tanto por la forma como por el fondo. Decimos no a la urgencia en su tramitación, más aún cuando la nueva legislación europea está al caer. La vemos como una norma inoportuna y enseguida estéril. Decimos no al paso atrás que supone, porque parte de que las evaluaciones de impacto ambiental entorpecen y deben ser aligeradas, acortando e integrando los procedimientos, rebajando aún más sus exigencias. Con ese espíritu reduccionista, como si fuera una obligación formal o un trámite burocrático, ¿a quién quieren hacer creer que van a solucionar los problemas de la actual normativa, que van a mejorar la calidad de los informes de impacto ambiental y por tanto la prevención y la protección medioambiental? En la propuesta de dejar en manos del organismo sustantivo el control de la evaluación de impacto ambiental vemos una auténtica opacidad y falta de transparencia al establecer que el control de que se cumpla la declaración de impacto ambiental no sea realizado por un órgano responsable desde la perspectiva medioambiental sino sectorial. ¿Se puede ser más descarado en el propósito de abrir aún más la puerta a mayores desastres medioambientales?

Vemos que pretenden arreglarlo todo mediante la mercantilización del medio ambiente. Los riesgos de esos oscuros bancos de conservación de la naturaleza son patentes: abrir la puerta a la privatización y especulación con la biodiversidad. Decimos no al lavado de cara verde. Ahí está el claro ejemplo de los mercados de derechos de emisión. Al final, quien más contamina más gana. Y ahora que la sociedad vasca ha dicho muy alto no al fracking, no aceptamos esta ley que propone la evaluación solo cuando sea con fines comerciales y además a posteriori. Y lo hace para avalar este tipo de extracción tan destructora, intentando lavar la cara ante ese disparate. Por eso, no.

Sí hay un paso hacia delante, hacia la recentralización e invasión de competencias, y les decimos no y no. Otra vez ese deseo enfermizo de la homogenización bajo la falsa excusa de la eficacia, la típica trampa de establecer una declaración básica tan amplia y un marco normativo tan detallado que ni siquiera hace falta un desarrollo reglamentario. Amaiur exige, exigimos, una soberanía total también en este tema. Déjennos decidir sobre la evaluación medioambiental para que sea un instrumento eficaz para la protección de nuestra madre tierra y del trocito que nos ha tocado en suerte, que es Euskal Herria.

Muchas gracias. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ariztegui.

Para presentar también su enmienda a la totalidad, por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Ortiz.


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La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidente.

Señor ministro, bienvenido de nuevo a esta Cámara. Nos viene a presentar una nueva ley de evaluación ambiental en un momento donde el debate institucional, donde la agenda política coincide con el debate social, eso sí que es cierto, lamentablemente, ante la alarma creada sobre el proyecto Castor en la zona del Ebro. Este no debe pasar como un debate cualquiera, como a veces suele ocurrir con los debates sobre medio ambiente. Creemos que debemos aprovechar la oportunidad, el hecho de que hoy pongamos el foco sobre las consecuencias de cómo hacemos los procesos y cómo tomamos las decisiones, para aplicar un poco de mimo a cómo pasa esta ley por aquí.

Es una nueva ley que tiene que ver con cómo planificamos las políticas y qué instrumentos tenemos a nuestra disposición para proteger a nuestros ciudadanos y nuestro medio ambiente de proyectos que pueden ser temerarios, de cómo damos también garantías de publicidad, de transparencia, de información a todas las administraciones cuando están impactadas por un proyecto, ya sea energético, urbanístico, de investigación o de lo que sea. Lamentablemente, este debate no será sobre la teoría, como decía al principio, sino sobre una realidad donde vemos que se han cometido errores y que tiene consecuencias. Por tanto, deberíamos ver esta ley sobre esa realidad.

Nuestro grupo ha presentado una enmienda a la totalidad basada en seis argumentos. Uno primero es esa cuestión de forma, el procedimiento legislativo. Trae usted de nuevo una ley a este Parlamento tramitada por el procedimiento de urgencia, limitando el debate parlamentario y la participación en la elaboración de una ley que es transversal, que tiene impactos múltiples en sectores de la sociedad y que afecta a distintas administraciones públicas, pero que también tiene que ver con garantías de participación. Lo que hace es traerla aquí por el trámite de urgencia y sin dar ninguna garantía al Congreso de hacer bien las cosas.

Además, nos ha venido a justificar una urgencia, sinceramente, que solo se entiende como una urgencia personal, pero no una urgencia ni para los ciudadanos, ni para el país, ni para el Congreso, a la hora de tramitar esta ley. ¿Cree que se puede justificar que es urgente cuando ayer se estaba modificando la directiva que afecta precisamente a esa materia y no está todavía aprobada, cuando nos viene a presentar un proyecto de ley que no se anticipa a un futuro, no avanza sobre esa directiva o no es más innovadora, sino que lo que hace es dar pasos atrás? Lo que nos hace es ponernos en una situación de transitoriedad y de inseguridad jurídica, porque este texto no va a valer nada dentro de poco. Usted dice: lo del bunkering es muy importante. Claro que es importante. Son importantes muchísimas cosas, pero esta ley poco tiene que ver con la protección medioambiental. Tiene que ver seguramente con una hipocresía por parte de este Gobierno al tramitar por urgencia una ley de evaluación ambiental sin hacerla bien ni con el rigor necesario, simplemente para la lavar la cara a un ministro que ha salido tocado de un debate sobre el bunkering. Si desde la Unión Europea decían: bienvenidos a esa sensibilidad ambiental en España, que no se la reconocemos cuando estamos en los consejos de ministros europeos, y nos viene aquí a vender que tenemos esa urgencia. Señor ministro, eso no cuela y no se lo aceptamos.

El segundo motivo de oposición y de la enmienda a la totalidad es porque es una ley de evaluación ambiental que no sirve para mejorar la protección del medio ambiente, todo lo contrario. De hecho, la memoria del Gobierno es clarísima. Objetivos de la ley. Primer objetivo: simplificar la legislación vigente sobre evaluación ambiental. Segundo objetivo: incrementar la seguridad jurídica de los promotores. Son los dos objetivos que persigue el Gobierno con esta ley, ninguno más. En el siglo XXI no hay ningún objetivo medioambiental en esta ley que se sustente según la memoria que presenta el Gobierno. Son ustedes clarísimos. No interesa para nada cuidar nuestros ríos, nuestros mares, nuestros hábitats, nuestra fauna ni tampoco a la gente que vive y puede ser víctima de la mala calidad de los procesos de decisión o de las temeridades de los Gobiernos. Este es un ejemplo más en lo que llevamos de legislatura, una ley más, porque es lo mismo que han venido haciendo con la Ley de Costas por ejemplo. El interés de los promotores es el interés del Gobierno, pero dejamos a un lado el interés de la ciudadanía y de los afectados por esos proyectos.

De hecho, no es solo una ley que no avanza sino que aumenta la indefensión. Ustedes visten de simplificación lo que es desregulación. Lo hacen cuando definen de forma tan restrictiva que todo puede quedar fuera de la evaluación, y de hecho desregulan de tal manera que incumplen las directivas europeas y vamos a hablar de algunos ejemplos. En primer lugar, usted no garantiza la evaluación de todos los planes y proyectos que puedan afectar a la Red Natura 2000, de vital importancia para la biodiversidad. La Directiva de conservación de hábitats explica que no puede haber límites a la evaluación. El artículo 5 es otro ejemplo, define que el impacto significativo es si afecta a la Red Natura, es decir, si no afecta a la Red Natura, no hay un impacto significativo, y eso es un coladero para dejar fuera precisamente de esa


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evaluación. Otra aberración: los planes aprobados por ley no tendrán evaluación ambiental. Esto es un coladero para que cualquier Parlamento, ya sea autonómico o estatal que tenga interés en un proyecto lo haga por vía de ley. Es decir, ustedes aquí están diciendo que si el Congreso o la Asamblea Madrid aprueban Eurovegas por ley, no necesitará evaluación ambiental, eso es lo que pone en este proyecto de ley. O que si alguien autoriza un proyecto de fracking por ley, no será necesario un proceso de evaluación ambiental, porque la única restricción que pone aquí es si cumple con los objetivos de la ley, que no son precisamente explícitos. Aquí entra todo, todo tipo de proyectos pueden entrar.

Ustedes se han ubicado también en los procedimientos simplificados y han excluido por la vía de los anexos bastantes cuestiones que no coinciden con las directivas. También lo hacen con las definiciones, y llevan al método simplificado muchas cuestiones que tienen menos garantías y tiempo para evaluar o excluyen de los anexos por las precisiones cuestiones muy relevantes. Por ejemplo, el almacenamiento de gas sobre terreno o los almacenamientos de gas van por el anexo simplificado; la captura de CO2 inferior a 1,5 toneladas la limitan a las tuberías, lo que no está en tuberías queda fuera de esa lista. Han hecho un trabajo de cirugía recortando en protección. De hecho se entiende cómo ha habido tantos borradores, ha habido muchísimos, y las discrepancias con Industria han sido constantes, porque si se ve la memoria, la discrepancia ha sido constante con el Ministerio de Industria. Ustedes han hecho una ley a medida -mediante la cirugía- que les ha pedido el propio ministro, y eso es lo que encontramos luego en todos los anexos y en esas definiciones concretas que han hecho.

Otro ejemplo de cómo han blindado por ley ese modelo. Abren la posibilidad de modificar el condicionado ambiental a solicitud del promotor, pero, en cambio, no a solicitud de los ciudadanos, de las ONG, de los ayuntamientos. ¿A quién queremos dar garantías? ¿Solo al promotor? ¿Por qué no se las damos a todo el mundo? ¿Por qué no se las damos a los ciudadanos? ¿Pero no ven las temeridades que están pasando? Pasa como en el ejemplo del Castor, pero es que ustedes comparten exactamente el mismo modelo, porque ¿qué pasa con las prospecciones petrolíferas en Canarias, donde tienen a la población levantada, o en las Columbretes, en Ibiza? ¿Eso no tiene riesgos? Claro que tiene riesgos, pero ustedes blindan su modelo e intentan no escuchar y no ver lo que sucede más allá de lo que les interesa.

Existe también desprotección porque acorta los plazos. Nosotros estamos de acuerdo en que la Administración sea eficiente, que sea rápida y que no alargue los plazos, porque al final eso dificulta la economía y también la celeridad para resolver cuestiones medioambientales. Pero es que aquí ustedes hacen magia, dicen que acortan los plazos pero no dotan recursos. Entonces, ¿cómo dan garantías de calidad en un proceso donde se necesitan informes, contrastes técnicos? Ustedes en cambio dicen que va a costar cero euros, que lo que se hacía en un tiempo ahora se hará en la mitad, pero que no tendrá un impacto en la calidad. Eso es recortar garantías medioambientales.

Otra razón por la que no daremos apoyo es porque es una ley al servicio de la opacidad, del secretismo y de las trabas a la participación. Ustedes hablan de simplificar y acortar trámites, y hay cuestiones que podemos compartir, claro que sí. Algunas son de sentido común y también se lo reconocemos, señor ministro. Es necesario corregir cuestiones como la obligación de informar al órgano para cancelar procesos de evaluación si los proyectos no se van a llevar a cabo y muchas otras. Pero luego toda la ley está llena de restricciones a la participación de los ciudadanos, mientras todas las garantías las tiene el promotor. Por ejemplo, excluye la participación en varias fases de los procesos negando la voz a los ciudadanos y, en consecuencia, negando la información y la tutela judicial efectiva. Vulneran directivas europeas y el propio convenio de Aarhus, que España debería cumplir. La falta de transparencia y de opacidad es el germen de los desastres. Mire el proyecto Castor. La Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia fue ninguneada, no fue escuchada. Tampoco lo fue la Generalitat de Catalunya, porque la actitud es siempre la confianza ciega en esa tecnología que nos salvará porque hay riesgo cero. No es cierto. Escuchen un poco más lo que nos puede pasar. Faciliten la participación.

Los intereses legítimos de un promotor deben contrastarse con los interesados, los que viven en un territorio, las organizaciones encargadas de velar por el medio ambiente. Los ciudadanos de Terres de l'Ebre tienen derecho a decidir si a su alrededor, además de las centrales nucleares, la química y todo lo que conlleva ese territorio, también quieren proyectos de este tipo. La opacidad la concretan con el artículo 15, que habla de confidencialidad. Aquí incluyen no solo la información privada de la empresa, sino también la información de las administraciones públicas. Eso es información ambiental. Y luego ustedes nos quieren hablar de transparencia.

Otro ejemplo son las consultas previas que antes eran obligatorias. Estas permitían hablar y que el promotor y los interesados anticiparan el conocimiento de los proyectos. La propuesta del Gobierno hace


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que sean potestad del promotor, con lo que, si se decide llevarlas adelante y saltarse esas consultas previas, el público interesado solo tendrá pocas semanas para conocer, estudiar y, en su caso, alegar a los proyectos que puedan tener gran complejidad.

Otra razón, además de la opacidad y la falta de participación, son los bancos de conservación, que usted vende como el gran instrumento. A nuestro entender, lo que hace esta ley con este instrumento es mercantilizar el medio ambiente eximiendo la responsabilidad pública de la protección. Los bancos de conservación son una figura que tiene que ver con la incapacidad del Gobierno de valorar de forma integral el patrimonio natural de todos los ciudadanos y de las futuras generaciones. Ustedes instauran el principio de especular con el medio ambiente o con el derecho a dañarlo. Además ven esto como la gran solución o panacea, pero no hay precedentes en Europa, y nuestra legislación ambiental tiene como referencia Europa y no Estados Unidos.

Ustedes están cambiando el concepto de quien contamina paga por el de quien paga contamina. Alguien puede paliar un daño que ha hecho comprando derechos para poder contaminar. No entendemos que este sea un instrumento, pero es la filosofía del Gobierno. Usted, cuando habla del mercado de derechos de emisión, dice: ¿veis qué bien, qué baratos hemos comprado los derechos de emisión? Lo que eso significa es que se ha hundido el precio del carbono y ahora contaminar sale muy barato. Esa no es la solución para luchar contra el cambio climático, igual que los bancos de conservación no lo son para proteger la biodiversidad.

Es una ley inconstitucional, desleal con las administraciones públicas, una ley que vuelve a recentralizar de forma flagrante las competencias autonómicas. Usted dice que es una legislación básica, pero se ha dedicado a legislar al detalle cosas que deberían ir en reglamentos. Eso es saltarse todas las competencias de las comunidades autónomas. Usted lo dice claramente en el preámbulo: el objetivo es homogeneizar y recentralizar, pero no para hacer un mínimo de garantía medioambiental, sino para vaciar la capacidad de las comunidades autónomas para proteger.

Otro ejemplo. Con el proyecto Castor fue la Generalitat de Catalunya, cuando estaba Iniciativa per Catalunya Verds en el departamento de Medio Ambiente, quien insistió en dos ocasiones en la necesidad de hacer informes técnicos del impacto sísmico que podía tener. Con esta ley ustedes restringen todavía más la capacidad de las comunidades autónomas de participar en esos procesos. Esto es una temeridad y una deslealtad institucional.

Otra razón por la que planteamos la enmienda a la totalidad es porque es una ley hipócrita que solo sirve para lavar la imagen del Gobierno. Ustedes hacen esta ley para legalizar el fracking y compensar la irresponsabilidad que supone la fractura hidráulica, una técnica que comporta riesgos sísmicos, uso de productos químicos altamente contaminantes en el subsuelo y consumo de litros y litros de agua, un recurso que no tenemos en este país, cuando en otros países se ha demostrado lo dañino que es para el medio ambiente y la salud de las personas. Dicen que lo someterán a evaluación ambiental, ¡es que solo faltaría! ¿Ustedes creen que una técnica tan agresiva como esta, que fractura las rocas, que inyecta productos químicos en el subsuelo, se puede hacer sin evaluación ambiental? Usted es capaz de pensar que se podría llevar a cabo. Pero esta ley solo es para lavarse la cara.

Otro ejemplo de hipocresía o de márquetin verde del Gobierno es lo que le decía del bunkering, lo regulan, sí, y aunque lo vemos positivo, no es por sensibilidad medioambiental, sino precisamente para lavarse la cara. En definitiva, es otra ley al servicio del Partido Popular y de los intereses que lo acompañan, muy alejada de lo que necesitaríamos hoy como una ley de evaluación ambiental a la altura de las circunstancias y de Europa. Una ley que se basa en el principio del todo por el dinero y la confianza ciega en la tecnología, una forma de pensar según la cual lo de Fukushima nunca podría pasar, que lo del Prestige nunca podría pasar o que no pasan ese tipo de cosas. Esas cosas pasan y este tipo de leyes se hacen para prevenirlas. Las prioridades y las alternativas pasan por defender a la gente y el medio ambiente y defender al planeta, que es el recurso más preciado que tenemos, y la alternativa pasa por decidir con la gente sobre el futuro de su entorno, sobre los costes y beneficios de estos macroproyectos, ya sean casinos, ciudades chinas o almacenes de gas. Tienen derecho a participar, a opinar, y merecen también el respeto del Gobierno, no solo los promotores.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ortiz.

Para presentar su enmienda, por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Barberà.


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El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Gracias, señor presidente.

Señorías, el pasado 30 de agosto el Consejo de Ministros acordó remitirnos el proyecto de ley de evaluación ambiental que se está tramitando por el procedimiento de urgencia. Desde mi grupo parlamentario tenemos que denunciar la rapidez con la que se quiere tramitar este proyecto de ley. Señorías, la experiencia vivida en los procedimientos realizados durante la tramitación de los proyectos hasta el momento nos ha impulsado, entre otros motivos que detallaré posteriormente, a presentar esta enmienda a la totalidad de devolución. Los mismos argumentos se repiten una y otra vez y las voluntades expresadas por el Gobierno no pasan de ser buenas intenciones muchas veces que posteriormente no se transforman en realidades en los textos legales que aprueba el Partido Popular. No se corrigen las invasiones competenciales, no se cumplen los principios de sostenibilidad para la conservación del medio ambiente y se aportan iniciativas para la mejora de las tramitaciones, que siempre acaban siendo excusa para la homogeneización y la simplificación, pero no de las tramitaciones, sino de las competencias estatales y de las obligaciones ambientales de los promotores de los proyectos. Desde el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió reconocemos, como también señala la exposición de motivos y el dictamen del Consejo de Estado, que la evaluación ambiental es unánimemente reconocida como el instrumento más adecuado como técnica preventiva para la preservación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. Para Convergència i Unió la evaluación ambiental resulta indispensable para incorporar los criterios de sostenibilidad y la variable ambiental en la toma de decisiones sobre planes, programas y proyectos que tienen potencialmente incidencia en el medio ambiente, a la vez que establece mecanismos eficaces de corrección y/o compensación. Es necesario que la evaluación ambiental acompañe al desarrollo, asegurando que este sea sostenible e integrador. Señorías, compartimos estas consideraciones y deseamos que la evaluación ambiental sea un instrumento eficaz para la protección medioambiental, coincidimos también en otros aspectos que valoramos positivamente, como las ventajas que puede suponer reunir en un único texto el régimen jurídico de elaboración de planes y programas y la de proyectos y aproximar y facilitar la aplicación de ambas regulaciones.

Señorías, señor ministro, hay tres aspectos muy importantes también que determinan la discrepancia de este grupo parlamentario con respecto al texto del proyecto de ley. El primero es de naturaleza competencial, concretamente de invasión competencial; este aspecto es fundamental y reiterativo por parte del Gobierno del Partido Popular hacia las comunidades autónomas. El segundo es respecto a su oportunidad y el tercero está relacionado con la regulación de los bancos de conservación de la naturaleza. Estos son tres aspectos a añadir al de la urgencia de su tramitación.

Empezaré por la oportunidad de este proyecto de ley. Los diferentes grupos que hemos presentado enmiendas a la totalidad coincidimos en este análisis. Señorías, el mismo texto anuncia una futura reforma europea en este ámbito, reforma que, como apunta el dictamen del Consejo de Estado, se está llevando a cabo en estos momentos, de manera que a corto plazo se va a tener que acometer una nueva y profunda reforma en evaluación ambiental para adecuarnos a la nueva normativa europea. Señorías, la propuesta de esta directiva europea se publicó en octubre de 2012; en diciembre del mismo año y en marzo y junio de 2013 tuvieron lugar los debates en el Consejo; el 11 julio se votó en Comisión y el 22 de ese mismo mes pasó al plenario. Pero es que anteayer tuvo lugar el debate y ayer se votó en el Pleno. Ahora vuelve al Consejo para su negociación y seguramente no será fácil compaginar la necesidad de adecuación a las nuevas realidades medioambientales y a las nuevas condiciones socioeconómicas, además de corregir las deficiencias detectadas de la aplicación de la actual directiva; por cierto, a la que nosotros vamos a adecuarnos.

Señorías, no es de recibo, por no decir poco serio, adaptarnos a una directiva europea que está revisándose al mismo tiempo. Además, y de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado, el texto propuesto por el Gobierno no se justifica por una modificación de la normativa europea, puesto que la Directiva 2011/92 es una mera codificación en un texto único de la directiva original y de sus tres modificaciones anteriores, texto único sin ningún tipo de innovación en lo referente al ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Nuestro grupo entiende que el proyecto del Gobierno del Partido Popular obedece a la misma finalidad que la no tan futura nueva directiva, que no es otra que la de incrementar la eficacia de la evaluación ambiental. Por lo tanto, consideramos que sería prudente y aconsejable esperar a la extensa modificación de la directiva vigente para ahorrarnos lo que inevitablemente va a producirse si no detenemos esta tramitación, que no es otra cosa que acometer dos revisiones en un corto espacio de tiempo, pues será necesaria la revisión a fondo de una gran parte de esta futura ley que ahora pretende tramitar el Gobierno. Creemos necesario esperar a que el nuevo modelo europeo


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entre en vigor, que posiblemente será en un plazo relativamente breve, si tenemos en cuenta el estado de su tramitación actual.

Señorías, otro motivo es la incertidumbre que crea la propuesta del Gobierno con la creación de los bancos de conservación de la naturaleza. Se trata de un instrumento complejo que requiere de un gran desarrollo normativo y con no demasiados precedentes internacionales, cuestión que no tiene que impedir su estudio si su regulación de detalle es técnicamente muy precisa para evitar riesgos innecesarios que puedan derivarse de una aplicación generalizada. Nos inquieta que las medidas compensatorias previstas en la legislación de evaluación ambiental, con el objetivo de equilibrar los efectos negativos ocasionados sobre el valor natural o ambiental con compensaciones positivas, puedan derivar en compensaciones desequilibradas en valor natural o ambiental, o bien que no se realicen en el mismo territorio, lo cual podría generar unos flujos compensatorios difíciles de comprender y aceptar.

Los títulos ambientales o créditos de conservación que otorgaría el ministerio en esta propuesta, o la Administración competente tal vez, como reflejaremos en las enmiendas, no es lo único que nos preocupa. Es necesario entender qué se quiere proteger y con las aportaciones de qué proyectos para analizar si los efectos reales sobre el medio ambiente en estos proyectos tienen relación alguna con los beneficios ambientales que se quieren originar con la protección de ciertas fincas. Señorías, como se refleja en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, por desgracia, la inversión política, además de estar mal distribuida, se ha reducido de forma importante y hay que tener en cuenta que van a cargo del Estado o de la Administración competente. Resumiendo, el sobrecoste de los créditos de compensación caerá sobre los presupuestos de las administraciones públicas empeorando el déficit de inversión en infraestructuras. Por lo tanto, parece que la intención es obtener financiación privada para la gestión de ciertas fincas, tal vez también privadas. Si es así, se verán obligados a la compra de créditos los proyectos de actividades privadas; es decir, ganadería, industria, extractiva. En definitiva, el anexo I.

Señorías, poca relación tiene el componente claramente industrial que estas actividades conlleva, como emisiones de aguas grises, gases contaminantes, residuos e incluso una posible contaminación del suelo, con la ocupación de grandes extensiones de terreno o el impacto sobre la fauna y la flora. Todas ellas tendrán que cumplir la normativa ambiental sectorial, pero la afectación de la actividad dentro de los límites permitidos afectará a la carga contaminante de ese territorio. Por lo tanto, la calidad del medio se habrá alterado con respecto a la situación previa a la implantación de la actividad. Por eso, creemos que para hablar de créditos de compensación hay que tener en cuenta qué es lo que hay que compensar. A las modificaciones ambientales y del medio de nada les servirá que se compense con la gestión de fincas naturales, estén cerca o en otro emplazamiento. Lo que desde Convergència i Unió creemos es que hay que compensar el medio que se va a empeorar con medidas que reduzcan esa carga que ha reducido la calidad medioambiental. Un claro ejemplo sería, para una actividad que produzca emisiones de gases al aire, la inversión en mejora del transporte público de esa zona para compensar ese cambio de calidad del aire. Las experiencias existen y en el puerto de Barcelona se han puesto en práctica.

Por eso, propondremos que los créditos de conservación deberían destinarse a la reducción de la carga contaminante generada por la actividad, por lo que tendrán que adquirirlos en la misma zona. Que no solamente se puedan aplicar a fincas, también podrán aplicarse a la mejora del transporte público, para bonificaciones de peajes a vehículos ecológicos que circulen por esa zona, etcétera. De esta forma impediremos la posibilidad de empeorar el medio hasta niveles no aceptables a cambio de mejorar una finca, tal vez privada, donde las afectaciones ambientales de ambas medidas no tienen relación alguna.

Señorías, para finalizar, otro aspecto que motiva la enmienda a la totalidad -y es sustancial para mi grupo parlamentario- es la cuestión competencial. Bastaría con detenerse en la primera parte de la exposición de motivos para comprobar que el texto propuesto es contrario a la vigente distribución competencial. El artículo 149.1.23.ª de la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva en legislación básica sobre protección del medio ambiente, frente a lo cual el proyecto de ley opta por establecer una legislación básica tan amplia y un marco normativo tan exhaustivo y detallado que, como en él mismo se indica, ni siquiera necesitan desarrollo reglamentario. No estamos de acuerdo con este principio del Partido Popular de mayoría absoluta, que se basa en una argumentación totalmente subjetiva y de base ideológica centralizadora, que defiende que la eficacia solo es posible homogeneizando y estableciendo al detalle procedimientos cerrados e iguales para todo el territorio del Estado, cuando las diferencias territoriales son evidentes y la necesidad de adecuación a las diferentes realidades totalmente necesarias. Quieren que todos abordemos esta cuestión exactamente del mismo modo, sin margen a las especificidades o peculiaridades y sin margen a lo que, de acuerdo con el bloque de constitucionalidad,


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corresponde a cada una de las administraciones. Pretenden armonizar los procedimientos administrativos autonómicos actualmente en vigor. Para Convergència i Unió esta intención no tiene nada que ver con la mejora de la protección ambiental, sino con un modelo de Gobierno recentralizador y que impone su modelo ideológico, que no funcional o de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Cómo lo intentan conseguir? Concertando la normativa autonómica sobre evaluación ambiental en todo el territorio del Estado. Por eso, los procedimientos objetos de regulación, la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental se regulan de manera exhaustiva, lo cual aporta dos aspectos a su modelo: sirve de incentivo obligado para que las comunidades autónomas los adopten en su ámbito de competencias y consiguen que el desarrollo reglamentario de la ley resulte innecesario.

Con la excusa de la unificación, la propuesta acaba convirtiendo disposiciones que no eran básicas en disposiciones básicas. En el trámite de enmiendas, a menos que la retiren o la paren para esperar a la nueva directiva, intentaremos hacer pedagogía para aplicar a la evaluación ambiental solo aquellos criterios que la mejoren, sin ideologías partidistas innecesarias.

Señorías, para terminar, quisiera poner unos ejemplos de la eficiencia de la estructura del Estado ante informes de los órganos medioambientales de las comunidades autónomas. El primero. El título es: Almacenamiento subterráneo de gas natural Castor. El asunto era: Estudio de impacto ambiental del proyecto de almacenamiento subterráneo de gas natural Castor. Solicita el informe preceptivo la dependencia del área de Industria y Energía de la subdelegación del Gobierno de Castellón, y en fase de consultas, en las conclusiones, desde la Generalitat de dice: Dadas las características y dimensiones del depósito Castor y de la obra proyectada, insistimos en la conveniencia de solicitar al Instituto Geológico de Cataluña informe en relación con los aspectos asociados a esta actuación. Pero, claro, el informe era preceptivo y no vinculante, y este apartado desaparecía a criterio de la Administración central. Como Convergència ya anunció, presentaremos una enmienda para incorporar el estudio de riesgo sísmico en los estudios de impacto ambiental.

También les podría hablar de la actuación del Gobierno central en relación con la fractura hidráulica, de la necesidad de que cada territorio pueda aportar a estos procesos de evaluación ambiental los estudios de impacto ambiental y repercusión económica para que desde el territorio se pueda decidir sobre ciertas actividades aún no estudiadas en profundidad y de consecuencias ambientales no suficientemente conocidas. O de la colaboración entre los ayuntamientos de la comarca de La Noya, junto con el Gobierno de Cataluña y el Parlamento de Cataluña, que han trabajado conjuntamente desde el interés público y territorial ante la petición de permitir investigaciones o prospecciones mineras de minerales, entre ellos el uranio y de una forma muy particular. La rigurosidad de los estudios y el trato transparente y racional del proceso han obtenido como resultado una unidad política de los partidos de la comarca.

Son tres ejemplos válidos que demuestran que Convergència i Unió no permitirá que estas invasiones competenciales sirvan para omitir y silenciar los intereses de los habitantes de una comarca y del Govern de la Generalitat. Estaremos codo a codo con los habitantes de La Noya y con los de las Terres de l´Ebre. Señorías, no estamos de acuerdo con esta invasión competencial que relega al territorio y a la Generalitat a un papel secundario, cuando muchas de estas actividades influyen directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barberà.

Por el Grupo Socialista, y para presentar su enmienda a la totalidad, tiene la palabra el señor Ábalos.

El señor ÁBALOS MECO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, voy a empezar por el final. Después de las intervenciones que aquí se han planteado y después de estudiar toda la documentación, creo que estamos ante un verdadero esperpento y ante un fraude, un fraude que permite evadir la legislación comunitaria y pretende servir a los intereses particulares de unas personas concretas. Iré diciendo por qué llego a esta conclusión. Básicamente la prueba es este carácter de urgencia. Es una iniciativa que entra en este mes de septiembre. Hoy tenemos el debate a la totalidad y mañana vence el plazo para las enmiendas al articulado. Un día para enmendar un texto. Eso es una absoluta burla a esta Cámara, de la que no se espera nada más que una votación disciplinada, resuelta, anticipada, pero ningún tipo de aportación, debate, consulta, en una ley que, además, es absolutamente técnica, transversal -se ha dicho aquí-, y a la que la mayoría de los presentes no alcanzamos ni en conocimientos ni en capacidad. Sería necesario tener el apoyo y el asesoramiento de expertos. Este grupo ha pedido la comparecencia de expertos y se nos ha negado, eso sí, después de un


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cierto sainete también burlesco en torno a este grupo. Se nos ha negado. Hoy tenemos este debate y mañana tendremos que tener preparadas, antes de las ocho de la tarde, las enmiendas al articulado. Todo tan urgente, urgencia que ya lamentó el Consejo de Estado, que decía textualmente que no les cabía sino lamentar que el anteproyecto había sido remitido para su consulta con carácter de urgente, ya que impide el análisis profundo no ya de la oportunidad de muchas de sus medidas sino incluso de su corrección jurídica, pues se trata de una materia no exenta de matices, donde tanto el derecho internacional como el de la Unión Europea, con múltiples sentencias del Tribunal de Justicia, han elaborado una extensa jurisprudencia de interpretación de las tres directivas afectadas. Pues nosotros aquí, con nuestra gran capacidad, esto lo vamos a resolver en veinticuatro horas. De aquí a mañana tenemos las enmiendas presentadas; el día 15, ponencia -y ya sabemos cómo se hacen las ponencias en este Congreso: se constituyen, y hasta la próxima-, y el día 30 debatiremos en Comisión esta ley que afecta claramente a la legislación comunitaria, porque de hecho el ordenamiento que tenemos es consecuencia de una trasposición comunitaria. En el colmo del esperpento, ayer mismo en Estrasburgo el Parlamento Europeo aprobó toda una serie de medidas que tienen que ver con la evaluación en la tramitación de la modificación de la Directiva 2011/11, de la Unión Europea; ayer mismo. Y hoy, aquí, ignoramos ese trámite; eso sí, el ministro ha dicho que como sabemos de qué va, podemos ir haciendo camino nosotros. Es decir, vamos al revés. Pero indudablemente estamos obligados a trasponer esa directiva, con lo cual, díganme en qué consiste el principio tan reiteradamente aclamado en materia de medio ambiente sobre seguridad jurídica, porque esto que vamos a aprobar está muerto ya. Esto que se va a aprobar -y que ustedes saben que se va a aprobar, por eso les importa muy poco el debate- ya nace muerto porque obligatoriamente tenemos que trasponer esa directiva.

¿Por qué entonces hacemos esto? ¿Por qué se va con esta urgencia? Yo lo que tengo que pensar es que esa urgencia nos permite burlar esa nueva directiva de la Unión Europea -eso sí, no se ha llegado a tiempo, nos ha ganado la Unión Europea por algún día- para dejar durante ese tiempo una situación normativa que permita atender esos intereses. En todo lo que ha dicho el ministro, que es lo mismo que las diapositivas que presentó, pasa como con el Partido Popular, que todo es falso menos alguna cosa. Pues todo es falso menos alguna cosa, y la cosa creo que son los 10.000 expedientes. Ahí radica la cuestión, no creo que les interesen los 10.000 expedientes, pero seguramente alguno de esos 10.000 sí que les interesa. Ahí está la razón: una verdadera amnistía a los procedimientos de evaluación, empresas o intereses que no consiguen superar la evaluación. En el anteproyecto que ustedes presentaron, el que fue sometido al Consejo de Estado, tenía un punto de sinceridad que no alcanza este proyecto, un punto de sinceridad con alguna expresión tan feliz como decir que la evaluación ambiental de proyectos es un obstáculo a la mejora de la productividad que sitúa a España en un puesto inadecuado para hacer negocios. Esa es la razón más clara, hasta tal punto que el Consejo de Estado les tiene que llamar la atención y decirles que sean un poco más equilibrados porque no queda bien regular un instrumento que en los primeros párrafos ya se empieza a denostar. No se puede regular la evaluación diciendo que la evaluación es un obstáculo para el crecimiento de este país. O sea, ustedes no se lo creen en absoluto. El problema de la evaluación, que es tanto como intentar proteger el medio ambiente, es un problema para ustedes, lo que pasa es que subvierten el lenguaje y como pasó con esa Ley de protección del litoral que desprotegía el litoral, nuevamente vuelven a cubrirse de todo esto. Pero en el fondo lo que de verdad les interesa son esos expedientes que están atrapados y quieren crear un marco normativo, una isla normativa confusa que es un galimatías que les permita hacer eso que quieren hacer ustedes.

El Consejo de Estado dice en relación con la urgencia que no hay razones, porque es una mera codificación -ustedes refunden dos textos normativos- y, por tanto -dice el Consejo de Estado- no conlleva necesidad alguna de cambiar el ordenamiento español. Lo dice así. Ahora bien, dice el dictamen, ya que ustedes se empeñan, arreglen algunas cosas. Si uno ve las observaciones del Consejo de Estado, sinceramente -sabiendo además que todos lo podemos leer-, yo no traería un documento así; no lo traería. Esta actitud tan desleal con Europa me parece impropia de este Estado. Yo veo aquí una cierta añoranza por la autarquía, por aquellos tiempos en los que España era España -solita, eso sí, muy sola- y hacía lo que quería. Ahora, afortunadamente, estamos en Europa, lo cual nos puede servir; siempre podremos decir que en esto al menos nos queda Europa. Fíjense que hasta el Consejo de Estado les llamó la atención porque habían eliminado o no habían expuesto -ahora sí, ahora está en el proyecto de ley- el principio de precaución, el primer principio que exige la Unión Europea. Ni constaba. Ahora ya sí; han puesto algunas cositas que les pidió el Consejo de Estado.


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En cuanto al contenido, es un proyecto de ley que parece un reglamento. Normalmente los proyectos de ley o las leyes no entran al detalle, como hace este proyecto de ley, y uno se pregunta ¿y por qué entra al detalle? ¿Por qué tiene que estar regulando los plazos, quién pone la póliza, etcétera? Porque lo que intentan es elevar todo lo procedimental y reglamentario a la categoría de norma básica con tal de que las comunidades autónomas no puedan hacer ejercicio de su competencia. El Estado tiene la potestad de norma básica, pero les corresponde a las comunidades autónomas desarrollar esa legislación, y ustedes ya les ponen hasta el color de la póliza, no les dejan ninguna capacidad. Están invadiendo absolutamente el ámbito normativo de la comunidad autónoma que, por otra parte, en la medida en que la legislación medioambiental es básica, pueden poner muchísimos más requisitos, y están en su derecho de ponerlos. Este es otro problema.

Este proyecto de ley, aparte, insisto, de desleal con la legislación comunitaria, contraviene el ámbito competencial de nuestro país, contraviene la legislación nacional, lo que tiene que ver con el acceso a la información en materia medioambiental, y por supuesto contraviene algunas directivas comunitarias. Para que vean en qué posición dejamos a la ciudadanía, que parece que no es la mayor preocupación, los trámites se simplifican para conseguir evaluaciones -algunos son meramente estéticos-, la posibilidad de recurso de los ciudadanos interesados se restringe mucho -no así la de los promotores-, las plataformas de afectados -es decir, los primeros afectados- no podrán recurrir sino que tiene que hacerlo una organización no gubernamental con años de experiencia, etcétera, pero aquellas personas a las que les afecta una planta y que tienen que movilizarse, esas no tienen capacidad. Asimismo, se limita el acceso a la justicia en relación con la declaración ambiental estratégica, el informe ambiental estratégico, la declaración de impacto ambiental y el informe de impacto ambiental. Por tanto, todo lo que regula el convenio de Aarhus en relación con el acceso a la justicia se restringe; el derecho a la información se restringe. Por tanto, ¿para quién está hecho esto? Para determinados promotores. Y para ponérselo más fácil todavía crean el banco de conservación. Es decir, si al final de todo esto usted no consigue superar una evaluación, siempre le quedará el recurso de pagar, porque con dinero todo se puede. El principio que inspira la legislación comunitaria de que el que contamina paga, aquí va a pasar a ser el que paga contamina. Es decir, si uno paga, puede contaminar. Créditos al banco. Eso sí, ese banco luego utilizará en ya veremos qué ese dinero en la zona en la que quiera o estime conveniente, no en la zona o en el espacio que ha quedado degradado o que puede quedar degradado. Ese es el banco que ustedes plantean como una gran innovación, que está en la filosofía de que con dinero todo se puede.

No quiero cansarles más. Aquí ha habido argumentaciones muy precisas y rigurosas y entiendo que casi todas coinciden. En definitiva, detrás de todo esto hay una concepción del Gobierno del Partido Popular que apuesta por un modelo económico que mi grupo no puede compartir; un modelo económico depredador, al servicio de los intereses privados en detrimento de los intereses de la mayoría, que apuesta por la precarización del empleo, una protección social baja y unas condiciones ambientales deterioradas; una isla tercermundista en un continente como Europa, que intenta superar esta situación. Ese es un modelo que no queremos, el que ustedes están construyendo, porque entienden que los costes salariales, las medidas de protección social y medioambiental no restan competitividad, y aquí de lo que se trata es de competir con el más africanista del mundo.

Termino ya. Creo, señor Cañete, que con esta iniciativa y con la Ley de Costas y otras más usted ha constituido un verdadero banco de favores. Creo que le deben mucho; ya veremos cómo se lo cobran.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ábalos.

En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, señoras y señores diputados, esto de subir a la tribuna en la última parte del debate hace que casi todo lo que tenía que decir esté dicho. Casi todas las personas que han subido aquí y se han mostrado contrarias o críticas con el proyecto de ley han utilizado argumentos que completan todo este almacén de posibilidades, porque más o menos todos coincidimos en las mismas cuestiones, como no puede ser de otra manera ya que cuando se ve que algo falla, suele fallar en aquello en lo que coincidimos casi todos.

La evaluación ambiental, tal y como señala la exposición de motivos del proyecto de ley y los antecedentes del dictamen del Consejo de Estado, es unánimemente reconocida como el instrumento


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más adecuado como técnica preventiva para la preservación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. Resulta indispensable para incorporar los criterios de sostenibilidad y la variable ambiental en la toma de decisiones sobre planes, programas y proyectos que tienen potencialmente incidencia en el medio ambiente, a la vez que se establecen mecanismos eficaces de corrección y/o compensación. Por tanto, la evaluación ambiental acompaña al desarrollo, asegurando que este sea sostenible e integrador. Esta es la declaración de principios de lo que es la evaluación ambiental, en la que evidentemente coincidimos y creemos que así debe ser. Pero la pregunta es la siguiente: ¿Este proyecto de ley que nos presenta el Gobierno cumple el objetivo que se pretende en esa declaración de intenciones?

Mi grupo es crítico con una serie de cuestiones. No hemos presentado enmienda a la totalidad, pero estamos en contra de muchas de las cuestiones que este proyecto de ley presenta. Hay un tema al que otros diputados también se han referido, y es la urgencia, la necesidad de traerlo mediante un procedimiento de urgencia a la Cámara y además sin debate, porque mañana mismo se acaba el plazo de enmiendas. Aparte de ser una tomadura de pelo para los que estamos aquí y a la capacidad que podamos tener, parece que lo que pretenden es quitárselo de encima y hasta parece que, si pudiera, el Gobierno se saltaría el trámite parlamentario, y eso no puede ser. Creo que no hay ninguna necesidad de ello, y además ni se ha debatido ni se ha dialogado ni se ha consultado lo necesario no ya con nosotros, sino incluso con las comunidades autónomas, porque la consulta que se ha hecho ha sido de aquella manera.

Voy a ir acelerando porque, si no, no me va a dar tiempo a todo. En el ámbito competencial somos críticos porque consideramos que invade en algunas cuestiones las competencias. Sabemos la respuesta del Gobierno, sabemos que dice que el Gobierno es competente en la materia, en la legislación básica, que la Administración General del Estado es competente en las obras y que el Tribunal Constitucional así lo ha dicho en su sentencia. Evidentemente, tal y como se ha reiterado en esta tribuna por otros compañeros, la legislación básica le compete al Gobierno, pero ustedes se han pasado en lo básico, es decir, lo han normativizado tanto, lo han extendido tanto, le han dado tanta amplitud que ya no hay sitio ni para la reglamentación, y evidentemente eso nos hace pensar por qué ocurre esto. Yo creo que, en el fondo, señor ministro, ustedes no se fían de las comunidades autónomas, e incluso de aquellas comunidades autónomas que tienen competencia amplia en materia de gestión medioambiental quizá menos, porque, si no, no se puede entender que quieran meterse hasta la cocina en una cuestión de esta índole. No se fían porque la intención del legislador se inclina claramente por que la ley no necesite un desarrollo reglamentario, lo que a todas luces supone una mala práctica jurídica, señor ministro. En efecto, dejar completamente cerrados por ley aspectos de sumo detalle de la tramitación, como se hace en el texto presentado, dificulta enormemente cualquier modificación -por pequeña que sea- que se vea necesaria en cuanto la práctica administrativa detecte cualquier tipo de disfunción, por ejemplo. Además, debe tenerse en cuenta que este contenido puede contravenir la doctrina constitucional respecto a la normativa básica y el desarrollo reglamentario que en materia de medio ambiente corresponde a las comunidades autónomas.

También me gustaría decir que en este ámbito hay un apartado que se está debatiendo mucho, y es la capacidad de emitir informes por parte de las comunidades autónomas y, en este caso, un informe de evaluación ambiental. Nosotros consideramos, y así lo vamos a presentar en las enmiendas parciales, que dichos informes, los informes necesarios, deben tener la consideración de informes determinantes por parte de las comunidades autónomas, y le voy a explicar por qué. Tal y como se extrae de la doctrina constitucional y de otros preceptos de este mismo proyecto de ley, una de las técnicas de cooperación entre dos administraciones son los informes preceptivos determinantes que, aun careciendo de la naturaleza de los vinculantes, permite que sean fundamentales a la hora de conformar una decisión de la Administración actuante, pudiendo, si está debidamente motivada, separarse de dicho informe. Por otra parte, la doctrina constitucional recordó que en los casos en que los títulos competenciales correspondientes a materias de competencia estatal, o competencia sustantiva, atraen a la competencia ambiental, ello no obsta ni puede hacer olvidar las competencias que ostentan las comunidades autónomas a las que afecte territorialmente la actuación estatal. Por tanto, señor ministro, incluso en aquellas materias u obras de interés general que realice el Estado, el informe que emita la comunidad autónoma correspondiente es fundamental, es determinante. ¿O usted considera que, si la comunidad autónoma emite un informe contrario, usted se siente legitimado o capacitado para hacer lo contrario? Creo que es importante que esta ley asuma la capacidad determinante de los informes de las comunidades autónomas.

Hay otro elemento que es importante ya que tiene mucho que ver con la línea llamémosla política de su ministerio, porque todas las veces que usted ha presentado un proyecto de ley -hoy mismo en su


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intervención ha utilizado el mismo concepto que utilizó en el anterior proyecto de ley- ha hablado de legislación homogénea en todo el territorio nacional. Me da la sensación de que cada vez que suba y traiga un proyecto de ley, sea de la índole que sea, va a utilizar ese término, porque cree en ello y porque cree además que ya está bien de que aquí tengamos muchísimas legislaciones y de que cada uno haga lo que quiera, en el peor sentido de la palabra. Cada uno no hace lo que quiere; cada uno hace lo que le corresponde y lo que le compete, y parece ser que a algunos no les gusta que eso sea así. Entre otras cosas, ustedes, de repente, han descubierto -en esta ley aparece- un artefacto -perdóneme la expresión-, que es la conferencia sectorial. Han descubierto de repente en el Partido Popular una especie de régimen asambleario en el que todo puede decidirse en ese nuevo ámbito que es la conferencia sectorial. Seguramente si los consejeros que componen la conferencia sectorial no fueran del color que son -mayoría, mayoría, excepto unas cuantas comunidades autónomas-, seguro que no le darían toda esa capacitación que le están dando ustedes en estos momentos. Además, no va dentro de la ley. La labor de la conferencia sectorial se dirigía a la posibilidad de propuesta de las modificaciones normativas necesarias para cumplir con la ley y en particular para impulsar los cambios normativos y reformas necesarias de la normativa autonómica existente. Además, en su seno pueden elaborarse guías metodológicas de evaluación ambiental con el objetivo de estandarización de los procedimientos. Eso dice el artículo 4. Tamaña labor, a nuestro juicio, supera la naturaleza y funciones ordinarias de estos instrumentos de colaboración, constituidos como foros de discusión e intercambio de información o creación de bases conjuntas, más que como piezas claves. Quizá proponer modificaciones normativas y establecer un procedimiento de evaluación homogéneo -dice el proyecto- del entramado jurídico-normativo de las comunidades autónomas, dotándolas -aunque no pueda decirse así en el proyecto- de una fuerza cuasi vinculante respecto de las decisiones de la conferencia adoptadas. Es decir, el organismo de la conferencia sectorial es para lo que es, pero ustedes le quieren dotar, y en esta ley se nota, para algo que tenga capacitación, y creo que eso no es así.

Tengo que terminar. Hay una especie de ambiente en torno a todo este proyecto de ley y además, tal y como han dicho otros, no sé a qué viene cuando Europa hoy, mañana o pasado, es decir ya, va a tomar una decisión que cambiará la Directiva 2011/92. No sé qué vamos a hacer cuando nos digan que lo que se ha decidido aquí no vale, o que hay que cambiarlo, o que no es ajustado exactamente a lo que allí se ha decidido. Yo también tengo ese temor de a qué se debe esa necesidad, esa urgencia y esas ganas de traerlo que han mostrado ustedes, cuando Europa mañana mismo nos va a cambiar lo que aprobemos hoy aquí.

Señor ministro, el medio ambiente no puede ser un problema, y da la sensación de que las leyes que aquí se están aprobando hacen que, como es un pequeño problema que tenemos que salvar, genere legislaciones como la que hoy tenemos encima de la mesa; proyectos de ley que lo que quieren es evitar los problemas que genera el medio ambiente y que no son problemas de tramitación; son los problemas que a algunos les generan temas como el medio ambiente, que quizá no los consideren prioritarios.

Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.

Antes de nada quisiera expresar la satisfacción de nuestro grupo parlamentario por el premio Sájarov que el Parlamento Europeo ha concedido a Malala por su defensa de la educación de las mujeres. (Aplausos). Me parece que es un día especial y tiene que ver con un acto al que acudimos ayer de PLAN, Por ser Niña, que también tiene que ver con la educación y queríamos mostrar nuestra satisfacción.

Vamos a la ley de impacto ambiental, señor ministro. Desde aquí hemos dicho ya repetidas veces que el Gobierno ha elegido el camino equivocado para ganar en competitividad. Mientras todas las familias y las empresas españolas se ven obligadas a revisar sus estructuras para evitar un gasto inútil, parece que ustedes, señores del Gobierno, solo están dispuestos a bajar salarios e incluso a vanagloriarse de ello en el extranjero y a bajar prestaciones, mientras siguen manteniendo estructuras inútiles donde colocar a los suyos. Y hoy, señor ministro, nos llega aquí otro ejemplo perfecto de cómo, a nuestro juicio, no se debe ganar en competitividad, porque, a pesar del enunciado de la ley que usted ha hecho, con frases como, por ejemplo, esta ley incrementa la seguridad jurídica de los promotores, a uno se le despejan las dudas en cuanto al destinatario real de esta ley, en cuanto a quién se quiere beneficiar con ella. Al medio ambiente a nosotros nos parece que no. Aquí nos encontramos con otro de esos problemas acerca de los cuales hemos


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advertido a menudo a este Gobierno. No es facilitando la ocupación o el mal uso del medio ambiente como ganaremos en competitividad, señor ministro. Ese es el modelo que nos ha traído hasta aquí. Es al revés, debemos hacer lo contrario, señores del Partido Popular. Nuestro medio ambiente -hay que recordar que todavía es uno de los más ricos de todos los países de nuestro entorno, y también hay que recordar que es a pesar suyo, señores del Partido Socialista, señores del Partido Popular, que, en primer lugar, creando la burbuja inmobiliaria y, en segundo lugar, no frenándola cuando sabían que lo era, permitieron su destrucción-, que es uno de nuestros valores más grandes, uno de los valores en los que somos importantes a través de los países de nuestro entorno, ustedes siguen sin ocuparse de él como es debido. Nos hacen perder de esa forma a todos los ciudadanos españoles y sobre todo a nuestros descendientes una de nuestras mayores fuentes de riqueza y también uno de nuestros derechos más importantes.

Señores del Partido Popular, el medio ambiente no puede ser un negocio, o no debe ser solo un negocio. Lo que deben ustedes incrementar es la protección del medio ambiente y de los ciudadanos. Los promotores ya se encargarán de proteger sus inversiones. Nosotros estamos de acuerdo en que las competencias en todo lo que tiene que ver con esto sean del Estado. Queremos que sean las comunidades autónomas las que adapten su legislación al respecto. Ojalá doten al Estado de una herramienta real y no pase como siempre, que se quede todo esto en una declaración meramente voluntarista.

Nos parece importante, y ya voy entrando en alguno de los detalles de la ley, decir que de nada sirve hacer estudios de evaluación de impacto ambiental si desde la etapa del proyecto no se evalúan los riesgos industriales del proceso y se complementan con los riesgos naturales. Por ejemplo, el desastre medioambiental es claramente el resultado de no haber evaluado entre otras cosas los riesgos naturales. Quisiera ir, señor ministro, de forma más concreta a criticar algunas cosas que tienen que ver con este proyecto de ley que nos presenta hoy. En primer lugar, el procedimiento, la forma. Una urgencia que, por otra parte, vista en contexto con la directiva europea, a uno le extraña, o no le extraña porque, a lo mejor, precisamente tiene que ver con eso, con una ley que va a venir desde fuera y que puede que sea más severa que la nuestra, o puede tener que ver con evaluaciones que están pendientes. Nos parece que ustedes vuelven a incurrir en opacidades y en falta de transparencia. Repito que mercantilizan, y esa es una de nuestras críticas fundamentales, el medio ambiente.

Nos preocupa también lo que una medida que en realidad per se no tiene por qué ser mala, como es el banco de conservación, puede producir en sus manos. Tememos que pueda llevar a cabo especulación. Nos preguntamos si es compatible la gestión de intereses generales, como lo son los del medio ambiente, con los particulares, con el mercado. La ley nos parece insuficiente en un caso como el que están sufriendo las costas valencianas y catalanas en el tema Castor, almacenamiento de gas. Todas nuestras enmiendas irán en esas direcciones. Pero quisiera detenerme en un par de cosas concretas que nos parecen especialmente graves.

Señor ministro ¿qué quiere decir que en supuestos excepcionales y mediante un acuerdo motivado podrán excluir a un proyecto de la evaluación de impacto medioambiental? Señores del Partido Popular, ¿el modelo Euvovegas está creando escuela en su manera de gobernar el país? ¿Pretenden saltarse la ley cuando les interesa? ¿Para qué la presentan entonces? Deben clarificarnos muchísimo más de lo que lo hacen cuáles son esos supuestos que dicen ustedes excepcionales. Hay algo más que para nosotros está en la base del problema de lo que estamos hablando hoy aquí. Ustedes acortan plazos y solo acortando plazos de forma voluntarista con la ley esto es vendido por ustedes como un triunfo. Unos plazos que hay que decir, señor ministro, no se han cumplido nunca. Nosotros pensamos que la solución no es simplemente acortar los plazos. La solución es dotar de los medios necesarios a aquellos que se ocupan de ello para que puedan cumplirse esos plazos, porque lo demás es cinismo o superstición. Es una especie de pensamiento mágico, como esa especie de ley de transparencia que parece que si se presenta aquí ya va a existir transparencia; luego nos estamos dando cuenta de que no es así. Señor ministro, sin medios no se acortarán los plazos y estaremos en una situación mucho peor de la que estamos ahora. Si siguen haciendo recortes en horas extras, si siguen haciendo recortes en personal, es obvio que más tareas van a tener que ser realizadas por menos gente, por lo tanto, los plazos seguirán sin cumplirse.

Nos asusta también lo que ustedes llaman medidas compensatorias, porque, señor Cañete, suena peligrosamente a posibles compras de su aceptación. Además, nos plantea un problema conceptual. ¿Realmente se puede compensar el daño medioambiental? ¿No va eso precisamente en contra de la ley que usted nos propone aquí? ¿Qué quiere decir, que vamos a poder pagar para poder contaminar?

Modifican ustedes también un régimen sancionador en temas como el bunkering. Pero, señor ministro, el bunkering, por poner otro ejemplo, estaba prohibido ya desde el 12 de diciembre de 2012, ¿cuántas


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sanciones se han llevado a cabo desde entonces? Habla del fracking, cuando ustedes tumbaron en Comisión la única PNL que trataba ese tema de forma seria y que fue presentada por nuestro grupo parlamentario. ¿Es capaz nuestra Administración, señor ministro, de gestionar eficazmente esta ley? Nosotros tenemos precedentes de lo contrario; la Ley de Aguas sería un buen precedente de lo contrario, señor ministro. Nosotros tenemos nuestra dudas. Mi grupo ha presentado un montón de enmiendas que defenderemos en Comisión, y vuelvo a elevar mi queja por cómo ha sido el procedimiento y la urgencia con la que vamos a tener que llevar a cabo nuestro trabajo parlamentario.

Señor Cañete, creo que todos somos conscientes de que nuestro medio ambiente ya no es el que era. Ha sido un gran error de los sucesivos gobiernos no protegerlo como es debido; las políticas cortoplacistas que han llevado a cabo ustedes, señores del Partido Popular, y también los Gobiernos del Partido Socialista, no han sido capaces de generar la riqueza que prometían; generaron una riqueza que no era tal, que era mentirosa y además impiden que ciudadanos como nosotros, como todos, podamos disfrutar de nuestro entorno natural. Pero como a veces uno tiene la sensación de que los únicos argumentos que entienden ustedes son los económicos, habrá que decirlo de otra manera, y es que también en eso ustedes se están equivocando, señores del Gobierno, están haciendo un mal negocio. No protegiendo como es debido una de nuestras mayores fuentes de riqueza, ustedes nos están empobreciendo a todos.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cantó.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Collarte.

El señor COLLARTE RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, no sé muy bien por dónde empezar mi intervención. Señor Ábalos, no sé si he entendido bien lo que ha dicho sobre un supuesto de prevaricación que se oculta en la aprobación de esta ley. Tampoco me ha quedado muy claro a quién aparentemente pretendemos ayudar de manera urgente con esta ley. Si lo sabe, me gustaría que nos lo dijera o lo llevase donde le pareciese oportuno. Cuando estaba preparando mi intervención no sabía muy bien cómo la tenía que montar, pero esta mañana, sin escucharle, escribí algo que le voy a leer, no dedicado solo al Grupo Socialista sino a algún grupo más de la Cámara. La verdad es que uno se cansa -y creo que hablo en nombre de mis compañeros- de que ustedes quieran convertirnos en una pandilla de desalmados que solo pretendemos destrozar el maravilloso país en el que vivíamos gracias a ustedes, y, mire, a eso ya casi nos hemos acostumbrado, pero ahora también quieren convertirnos en unos depredadores ambientales que vamos a consentir cuantos desmadres se les ocurran a nuestros amigos los ricos y poderosos para arrasar el medio ambiente de este país, quizá en un intento de crear un poquito de riqueza y empleo que tanta falta nos hace. Tal vez, según su criterio, es mejor seguir acumulando expedientes, deteniendo actuaciones en vez de generar un documento que permita, con la mayor rapidez posible y con las mayores garantías posibles, que la gente que tiene la intención de invertir y generar riqueza pueda hacerlo. De verdad que no sé muy bien qué es lo que pretenden con ese discurso hacia todos nosotros, no lo sé muy bien. No creo que les sorprenda que no apoyemos las enmiendas a la totalidad que ustedes han presentado. Resuelta esa duda inicial, quiero felicitar al ministro por su brillante intervención, excepcionalmente pausada, e igualmente por el magnífico proyecto de ley que ha presentado, así como a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural que me consta que ha trabajado enormemente en este proyecto.

Me llama la atención la acusación de precipitación, casi de nocturnidad y alevosía, que se quiere derramar sobre este proyecto. El borrador que ha aprobado el Consejo de Ministros, si no he leído mal, es el séptimo. Para hacerlo de la noche a la mañana ya ha habido tiempo de hacer borradores. No creo que sea un proyecto de ley que haya surgido de la noche a la mañana. Se quejaban algunos portavoces de los grupos parlamentarios de que es un proyecto precipitado. Me gustaría anunciarles que vamos a solicitar que se amplíe el plazo de enmiendas hasta el día 15 de octubre. Todos los estudiantes preparamos los exámenes a última hora, pero considero que tenemos un plazo suficiente para que las enmiendas puedan presentarse. En nombre de mi grupo les tiendo la mano para que entre todos seamos capaces de mejorar este proyecto que tan importante es, en eso estoy de acuerdo con todos ustedes. Tienen la mano tendida, y tenemos tiempo más que suficiente para que, si todos tenemos de verdad voluntad de hacerlo, seamos capaces de mejorarlo.

Les ha preocupado enormemente también el tema de Europa. Algo conozco al señor ministro de Agricultura, entre otras muchas razones porque fue mi jefe durante una buena temporada, y estoy absolutamente convencido de que el proyecto de ley que vamos a aprobar no tendrá especiales inconvenientes en adaptarse


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a la directiva europea que se apruebe. Es una preocupación añadida que no responde a la realidad. Si hubiese que cambiar alguna cosa, estoy absolutamente convencido de que en el trámite parlamentario que nos queda pendiente, tanto en el Congreso como en el Senado, seremos capaces de resolverla. Estoy seguro de que cuando el proyecto vuelva a esta Cámara para su aprobación definitiva se habrán recogido las posibles modificaciones que hayan aparecido en la directiva europea. No creo que eso sea un problema añadido. Les preocupa enormemente la invasión de competencias de comunidades autónomas. El proyecto de ley establece un mecanismo bastante sencillo y no tiene mayores dificultades de adaptación.

Hay un contrasentido en todo el proyecto que me llama la atención. Después de escucharles toda la mañana, no he entendido muy bien si el proyecto es liberalizador o reglamentista, si es una coladera, si nos lo hemos montado para que los señores poderosos hagan lo que les dé la gana o si hemos hecho un proyecto de ley que, según dicen ustedes mismos, lo regula absolutamente todo. No termino de saber muy bien con cuál de las dos cosas quedarme. Es un proyecto de ley suficientemente bueno, es mejorable como todos, pero o es reglamentista y garantista o es una coladera; no puede ser las dos cosas a la vez y recibir críticas por ambas cosas.

A mi buen amigo el portavoz de CiU tengo que agradecerle que me haya hecho parte del trabajo. Hoy ha sobrevolado en este debate el asunto de Castor. Hoy hemos recibido una lección sobre el tema medioambiental, hace poco tiempo recibimos una sobre la corrupción que nos invade, evidentemente a la gente del Partido Popular nada más. Alguien dijo que no estaba por lo de: y tú más. No voy ni un milímetro más allá de quien dijo aquello en su día, que es el presidente del Gobierno, y por lo tanto no voy a hacer un tú más. Estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo para que en el proyecto de ley que se apruebe definitivamente se recojan las garantías suficientes para que no vuelva a suceder una tramitación ambiental con la ausencia que tiene el proyecto de Castor. Sin ir más lejos, en lo que ha tramitado ya este Gobierno, que son unos almacenamientos en Doñana, se exige como un requisito de absoluto cumplimiento el estudio de la sismicidad de esos almacenamientos de gas. Seremos capaces de resolverlo. Es un problema para todos, y metiéndole el dedo al ojo al enemigo no se resuelve casi ningún problema; este desde luego no se resuelve.

Les preocupa también enormemente el fracking. A ustedes les parece que nosotros hemos aprobado lo del fracking porque queremos autorizarlo o porque somos una especie de delegación de alguna multinacional que lo quiere explotar. Nada más lejos de esto, lo único que pretendemos es regularlo. Sobre el fracking quería hacerles solo una pequeña reflexión: la capacidad que tiene más o menos estimada nuestro país de gas a extraer por este procedimiento son aproximadamente 2.000 CBM. Si fuese aprovechable aproximadamente un 35 % estaríamos hablando de entre 700 y 750 CBM. (Rumores). Lo que gastamos anualmente son 35. Estaríamos hablando de un potencial para los próximos veinte años. El problema que tenemos es que ni tan siquiera las empresas que quieren intentar hacer eso pueden llegar a tener una garantía de esos datos; el problema, por lo tanto, no creo que sea que estamos liberalizando el fracking ni de que estamos dándole vía libre a esa técnica, sino todo lo contrario. Si ustedes hablasen con las empresas que están interesadas en ese tema, sus problemas y sus dificultades son de otra índole. (Continúan los rumores).

Para terminar -se lo he dicho antes-, ya sé que a estas alturas pretender que alguien te preste atención es complicado y difícil, pero de verdad que nada más lejos de la intención de este proyecto de ley que ser un mecanismo liberalizador, sino todo lo contrario. Lo único que se pretende es agilizar y simplificar trámites y tiempos, nada más; no creo que haya el más mínimo interés en ayudar y apoyar a ningún grupo de presión de manera absoluta.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Collarte.

PROPUESTA DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES:

- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE FOMENTO, DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN DE ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL SISTEMA FERROVIARIO ESPAÑOL. (Número de expediente 158/000039).

El señor PRESIDENTE: El último punto del orden del día es la creación, a propuesta de la Comisión de Fomento, de una subcomisión de estudio y análisis del sistema ferroviario español. Creo que interpreto el sentimiento de la Cámara si la aprobamos por asentimiento. (Asentimiento).

En unos minutos estamos votando. (Pausa).


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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL.

- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA. (Número de expediente 140/000015).

El señor PRESIDENTE: Con motivo del Día Internacional de la Niña ha llegado a esta Presidencia una declaración institucional firmada por todos los grupos que paso a leer. El Congreso de los Diputados se suma a la campaña que, con motivo del Día Internacional de la Niña que se celebra el 11 octubre, está llevando a cabo la organización, Plan Internacional por ser Niña, en la que se hace un llamamiento a la comunidad internacional para que: mantenga como una prioridad en la agenda del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la erradicación del matrimonio infantil forzado, así como la promulgación de una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2014 que termine con esta práctica y que garantice un entorno seguro en el que se elimine cualquier tipo de violencia relacionada con el género, incluida la mutilación genital femenina; garantice el acceso, al menos, a nueve años de educación de calidad gratuita, sin estereotipos de género de todas las niñas y niños en los países de vías de desarrollo para que puedan completar, de esta manera, la enseñanza primaria y de educación secundaria, del mismo modo que se actúe en la eliminación del trabajo infantil. (Aplausos).

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA QUE MANDATA A LOS PODERES PÚBLICOS GARANTIZAR PENSIONES ADECUADAS Y PERIÓDICAMENTE ACTUALIZADAS. (Número de expediente 173/000105).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA DEVALUACIÓN DE LAS PENSIONES QUE SE VA A PRODUCIR COMO CONSECUENCIA DE LAS MEDIDAS ANUNCIADAS POR EL GOBIERNO. (Número de expediente 173/000106).

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar ahora a las votaciones. Quiero avisar a sus señorías de que la votación durará alrededor de una hora, por lo tanto, pido silencio y paciencia.

Comenzamos por las mociones consecuencia de interpelación. Se van a votar conjuntamente las mociones del Grupo de La Izquierda Plural, sobre cumplimiento del artículo 50 de la Constitución española que mandata a los poderes públicos a garantizar pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas; y la del Grupo Socialista sobre la devaluación de las pensiones que se va a producir como consecuencia de las medidas anunciadas por el Gobierno.

Hay una enmienda a ambas mociones. Se ha presentado una enmienda transaccional por los grupos Socialista, Catalán de Convergència i Unió, La Izquierda Plural, Unión Progreso y Democracia, Vasco PNV, y Mixto, señor Tardà, señora Fernández Davila, señora Oramas y señora Barkos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 130; en contra, 183; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA A LA MODIFICACION DEL CÓDIGO PENAL PARA TIPIFICAR COMO DELITO LA BANALIZACIÓN DEL HOLOCAUSTO O DEL NAZISMO, SEA A TRAVÉS DE LA UTILIZACIÓN DE SÍMBOLOS NAZIS Y TOTALITARIOS, SEA MEDIANTE LA ADJETIVACIÓN DE LÍDERES, ENTIDADES E INSTITUCIONES DEMÓCRATAS CON EL CALIFICATIVO DE NAZI, NAZISTA O NAZISMO. (Número de expediente 173/000107).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la modificación del Código Penal para tipificar como delito la banalización del holocausto o del nazismo, sea a través de la utilización de símbolos nazis y totalitarios, sea mediante la adjetivación de líderes, entidades e instituciones demócratas con el calificativo de nazi, nazista o nazismo. Hay una enmienda transaccional,


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presentada por los Grupo Socialista, Catalán (Convergència i Unió), La Izquierda Plural, UPyD y Mixto, señor Salvador. Esa enmienda transaccional es la que pasamos a votar.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 141; en contra, 180; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN):

- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS EXCELENTÍSIMOS SEÑORES DIPUTADOS. (Número de expediente 042/000028).

El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre incompatibilidades.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 242; en contra, 3; abstenciones, 61.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIONES):

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA. (Número de expediente 121/000048).

El señor PRESIDENTE: Dictamen de Comisión sobre el proyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa. Comenzamos con las enmiendas del Grupo Mixto, señora Barkos. Primero, enmienda 248.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 323; a favor, 124; en contra, 199.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 254, 255, 258, 259, 261, 262, 263, 264 y 266.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 43; en contra, 182; abstenciones, 97.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 256, 260 y 265.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 33; en contra, 183; abstenciones, 106.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 271.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 128; en contra, 183; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas de la señora Barkos.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 134; en contra, 182; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del señor Salvador. Enmienda 369.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 6; en contra, 314; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 371.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 102; en contra, 208; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 372.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 95; en contra, 193; abstenciones, 33.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 374.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 23; en contra, 203; abstenciones, 96.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 377.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 6; en contra, 302; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 378.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 18; en contra, 305.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas del señor Salvador.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 14; en contra, 307.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del señor Álvarez Sostres. En primer lugar, enmiendas 175 y 206.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 1; en contra, 296; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 180, 190 y 192.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 21; en contra, 290; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas de 189, 191, 200 y 201.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 16; en contra, 293; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de enmiendas del señor Álvarez Sostres.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 1; en contra, 301; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 715, 717, 718, 720, 721 y 725 del señor Baldoví.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 31; en contra, 277; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 723.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 33; en contra, 277; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 727.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 136; en contra, 182.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas del señor Baldoví.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 33; en contra, 288.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Ahora enmiendas de la señora Pérez Fernández. En primer lugar, enmienda 288.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 105; en contra, 188; abstenciones, 28.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 289 y 290.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 36; en contra, 188; abstenciones 94.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 291, 292 y 297.

Comienza la votación. (Pausa).


Página 69




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 28; en contra, 181; abstenciones, 112.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 295, 303, 304 y 308.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 128; en contra, 182; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 296.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 29; en contra, 181; abstenciones, 109.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 299.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 135; en contra, 181; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 302.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 27; en contra, 190; abstenciones, 101.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas de la señora Pérez Fernández.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 132; en contra, 184; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del señor Tardà. En primer lugar, enmiendas 380, 381, 388, 394, 477, 507, 513, 517, 522, 523 y 530.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 40; en contra, 186; abstenciones, 94.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 384.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 116; en contra, 187; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 391, 392, 401, 402, 407, 408, 421 y 426.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 27; en contra, 197; abstenciones, 95.


Página 70




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 395, 404, 405, 410, 411, 424, 484, 485, 529, 536, 538 y 539.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 27; en contra, 187; abstenciones, 105.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 397, 442, 445, 448, 449, 450, 475, 476, 479, 486, 492, 494, 501, 502, 503, 505, 506, 511, 512, 514, 515, 516, 518 a 521, 524, 526, 527 y 533.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 37; en contra, 280; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 429, 487, 488, 497, 499, 500, 525, 532, 534, 535, 537, 540 y 541.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 25; en contra, 279; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos ahora la enmienda 448.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 28; en contra, 283; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 457.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 119; en contra, 187; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 454.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 27; en contra, 281; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 489.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 28; en contra, 290; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 490.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 12; en contra, 285; abstenciones, 22.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 491.

Comienza la votación. (Pausa).


Página 71




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 18; en contra, 289; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 493.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 117; en contra, 187; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 528.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 27; en contra, 189; abstenciones, 100.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 531.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 22; en contra, 282; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas del señor Tardà.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 127; en contra, 187; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas de la señora Aristegi y del señor Errekondo. Se van a votar todas en bloque.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 13; en contra, 281; abstenciones, 26.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Vasco PNV. Comenzamos con la enmienda 327.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 18; en contra, 292; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 331 y 346.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 118; en contra, 190; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 328, 332, 333, 334, 338, 340, 341, 342, 343, 359, 360 y 361.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 14; en contra, 291; abstenciones, 14.


Página 72




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 335 a 337.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 23; en contra, 291; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 339.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 14; en contra, 293; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 344.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 132; en contra, 188.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 345.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 26; en contra, 190; abstenciones, 103.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 347.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 108; en contra, 198; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 348.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 25; en contra, 198; abstenciones, 97.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 349.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 29; en contra, 192; abstenciones, 98.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 350.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 119; en contra, 196; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 351.

Comienza la votación. (Pausa).


Página 73




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 115; en contra, 192; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 352.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 29; en contra, 194; abstenciones, 94.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 353.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 119; en contra, 187; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 356.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 121; en contra, 198.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 357, 362, 366, 367 y 368.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 132; en contra, 188.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 358.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 28; en contra, 281; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 363.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 28; en contra, 281; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 365.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 27; en contra, 290; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas del PNV.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 25; en contra, 291; abstenciones, 4.


Página 74




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. En primer lugar, enmiendas 214, 222, 223 y 243.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 6; en contra, 312; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 216.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 97; en contra, 221; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 224 a 227.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 19; en contra, 286; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 228.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 113; en contra, 207; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 233.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 5; en contra, 300; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 237.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 7; en contra, 298; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas de UPyD.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 5; en contra, 315; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas de La Izquierda Plural. En primer lugar, las enmiendas 13, 16 a 39, 41, 42, 43, 47, 48, 56, 59, 64, 66, 67, 70, 72 a 78, 84 a 86, 100, 103, 107, 110, 118, 120, 133 a 137, 139, 144, 152, 157 y 159.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 111; en contra, 184; abstenciones, 25.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 14, 40 y 68.


Página 75




Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 16; en contra, 280; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 45, 121, 123, 129, 130, 138, 140, 142, 143, 146, 147, 150 y 155.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 107; en contra, 200; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 46, 61, 62, 63, 71, 83, 99, 113, 141, 166, 167 y 168.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 17; en contra, 189; abstenciones, 108.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 51.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 22; en contra, 181; abstenciones, 110.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 60.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 17; en contra, 290; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 87 y 127.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 23; en contra, 192; abstenciones, 101.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 88.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 131; en contra, 185.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 95 y 114.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 34; en contra, 275; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 96.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 22; en contra, 276; abstenciones, 17.


Página 76




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 106.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 116; en contra, 195; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 116, 117, 122, 124, 131, 154, 156, 162, 163, 164, 165, 169 y 170.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 18; en contra, 197; abstenciones, 101.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 125 y 126.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 17; en contra, 288; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de enmiendas de La Izquierda Plural.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 126; en contra, 185; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, las enmiendas 542, 543, 545, 546, 548, 555, 556, 558, 559, 561, 563, 566, 568, 569, 571, 572, 573, 574, 577, 578, 585, 587, 588, 590, 597, 598, 600, 603, 606, 607, 608, 609 y 610.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 124; en contra, 189; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 544, 552, 553 y 591.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 32; en contra, 190; abstenciones, 94.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 549, 550, 554, 570 y 576.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 32; en contra, 187; abstenciones, 93.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 565.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 117; en contra, 197; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 575, 580, 583, 601, 602 y 613.

Comienza la votación. (Pausa).


Página 77




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 29; en contra, 280; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 579, 595, 611 y 612.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 15; en contra, 291, abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de enmiendas de CiU.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 126; en contra, 188; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas y votos particulares del Grupo Socialista. En primer lugar, enmiendas 614 y 713.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 95; en contra, 200; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 616, 620, 625, 665, 666, 670, 671, 674, 676, 689, 697, 698, 705 y 711.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 112; en contra, 182; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 619, 667, 691 y 695.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 111; en contra, 196; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 622, 663, 679, 680, 684 y 707.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 110; en contra, 182; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 635.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 105; en contra, 197; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 642 y 643.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 112; en contra, 185; abstenciones, 17.


Página 78




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 644.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 109; en contra, 188; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 645.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 123; en contra, 185; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 646.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 116; en contra, 184; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 647.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 118; en contra, 183; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 648.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 132; en contra, 184.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 669.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 112; en contra, 183; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 672, 673 y 675.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 96; en contra, 184; abstenciones, 35.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de enmiendas del Grupo Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 126; en contra, 187; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votos particulares 1, 2, 4, 8, 9 y 10.

Comienza la votación. (Pausa).


Página 79




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 113; en contra, 181; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.

Resto de votos particulares.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 127; en contra, 182; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.

Vamos a votar ahora el dictamen de la Comisión.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 178; en contra, 137; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Rumores.-Aplausos en los bancos del Grupo Popular).

No se precipiten con los aplausos porque todavía nos queda una votación en este punto.

VOTACIÓN DE CONJUNTO.

El señor PRESIDENTE: Votación del conjunto del proyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa por tener el mismo carácter orgánico.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320, más un voto telemático, 321; a favor, 182; en contra, 136, más un voto telemático, 137; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular).

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CREACIÓN DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL. (Número de expediente 121/000053).

El señor PRESIDENTE: Dictamen del proyecto de ley orgánica de creación de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal. En primer lugar, enmiendas del señor Salvador. Enmienda 76.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 14; en contra, 189; abstenciones, 117.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas del señor Salvador.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 7; en contra, 191; abstenciones, 120.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas de la señora Fernández Davila. Enmiendas 63, 64, 66, 70 y 75.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 38; en contra, 281; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 71 y 72.

Comienza la votación. (Pausa).


Página 80




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 36; en contra, 186; abstenciones, 98.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 73.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 134; en contra, 186.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas de la señora Fernández Davila.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 38; en contra, 282.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas de la señora Jordà. Enmiendas 78, 79, 88 y 89.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 38; en contra, 282; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 80 y 87.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 38; en contra, 254; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 82, 83 y 84.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 135; en contra, 183; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de enmiendas de la señora Jordà.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 37; en contra, 284.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, PNV. En primer lugar, enmiendas 29, 38 y 40.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 27; en contra, 189; abstenciones, 104.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 30 y 31.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 27; en contra, 187; abstenciones, 106.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 32.

Comienza la votación. (Pausa).


Página 81




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 37; en contra, 284.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 33.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 138; en contra, 182; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 36.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 26; en contra, 187; abstenciones, 107.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 39.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 28; en contra, 282; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas del PNV.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 121; en contra, 187; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia. En primer lugar, enmienda 52.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 137; en contra, 182; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 53.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 19; en contra, 208; abstenciones 92.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 54, 55, 57 y 59.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 15; en contra, 186; abstenciones, 117.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 56.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 5; en contra, 310; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 61.

Comienza la votación. (Pausa).


Página 82




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 6; en contra 288; abstenciones, 26.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas de UPyD.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 110; en contra, 182, abstenciones, 27.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas de La Izquierda Plural. En primer lugar, enmiendas 2, 7, 8 y 13.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 130; en contra, 182; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 10.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 44; en contra, 181; abstenciones, 93.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 14, 20, 21 y 23.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 28; en contra, 269; abstenciones, 23.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de enmiendas de La Izquierda Plural.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 27; en contra, 185; abstenciones, 108.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, enmiendas 118, 124, 128 y 134.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 37; en contra, 183; abstenciones, 99.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 127.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 37; en contra, 281; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 129.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 38; en contra, 278; abstenciones, 2.


Página 83




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 130, 131 y 137.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 25; en contra, 182; abstenciones, 110.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 132.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 121; en contra, 182; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 136.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 23; en contra, 277; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas de CiU.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 120; en contra, 184; abstenciones, 15,

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Socialista. En primer lugar, enmiendas 96, 99, 100, 107 y 113.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 125; en contra, 182; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 111.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 133; en contra, 186.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas del Grupo Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 112; en contra, 181; abstenciones, 26.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votación del dictamen de la Comisión.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 182; en contra, 138; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Página 84




VOTACIÓN DE CONJUNTO.

El señor PRESIDENTE: Votación de conjunto del proyecto de ley orgánica de creación de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal por tener el mismo carácter orgánico.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 179; en contra, 141; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.

VOTACIÓN DE CONJUNTO:

- PROYECTO DE LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. (Número de expediente 121/000059).

El señor PRESIDENTE: Vamos a votar ahora conjuntamente las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas al proyecto de ley de evaluación ambiental por el Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández Davila), el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Han sido emitidos dos votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320, más 2 votos telemáticos, 322; a favor, 129, más 2 telemáticos, 131; en contra, 185; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Se levanta la sesión.

Eran las cuatro y treinta minutos de la tarde.

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