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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 174, de 11/02/2014
cve: DSCD-10-PL-174
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 174
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 162
celebrada el martes,
11 de febrero de 2014


ORDEN DEL DÍA:

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas:

- Del Parlamento de Cataluña, de medidas contra el sobreendeudamiento personal y familiar y de protección ante procedimientos de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 93-1, de 7 de septiembre de 2012. (Número de expediente 125/000011) ... (Página4)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 157-1, de 24 de enero de 2014. (Número de expediente 122/000136) ... (Página19)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre divulgación de las nuevas características y beneficios para el sector agrario y para la sociedad de la política agraria común (2014-2020). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 391, de 24 de enero de 2014. (Número de expediente 162/000833) ... (Página36)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre retirada del anteproyecto de Ley Orgánica por el que el Gobierno pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 388, de 17 de enero de 2014. (Número de expediente 162/000828) ... (Página45)

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página55)


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Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página55)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página55)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas ... (Página4)

Del Parlamento de Cataluña, de medidas contra el sobreendeudamiento personal y familiar y de protección ante procedimientos de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual ... (Página4)

En turno a favor intervienen la señora Roigé i Pedrosa, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, y los señores Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, y Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda, Bosch i Pascual y Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora Ciuró i Beldó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); así como los señores Ruiz i Carbonell, del Grupo Parlamentario Socialista, y Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página19)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal ... (Página19)

En turno a favor interviene el señor Castillo Calvín, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno en contra interviene la señora Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista.

Replica el señor Castillo Calvín y duplica la señora Rodríguez Ramos.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, y los señores Tardà i Coma y Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y el señor Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Proposiciones no de ley ... (Página36)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre divulgación de las nuevas características y beneficios para el sector agrario y para la sociedad de la Política Agraria Común (2014-2020) ... (Página36)

Defiende la proposición no de ley el señor Llorens Torres, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Fernández Davila y Ariztegui Larragaña, del Grupo Parlamentario Mixto; así como los señores Solsona Aixalà, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Alonso Núñez, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

Hace uso de la palabra la señora Aguilar Rivero, del Grupo Parlamentario Socialista, por alusiones. Contesta el señor Llorens Torres.

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre retirada del anteproyecto de Ley Orgánica por el que el Gobierno pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo ... (Página45)

Defiende la proposición no de ley la señora Valenciano Martínez-Orozco, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Fernández Davila, Jordà i Roura y Enbeita Maguregi, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; así como las señoras De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Surroca i Comas y Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Torrado de Castro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página55)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de comunidades y ciudades autónomas del Parlamento de Cataluña, de medidas contra el sobreendeudamiento personal y familiar y de protección ante procedimientos de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual, se rechaza por 159 votos a favor, más 1 voto telemático, 160; 178 en contra, más 2 votos telemáticos, 180; y 1 abstención.

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página55)

Sometida a votación la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal, se aprueba por 177 votos a favor, más 2 votos telemáticos, 179, y 162 en contra, más 1 voto telemático, 163.

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página55)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre divulgación de las nuevas características y beneficios para el sector agrario y para la sociedad de la Política Agraria Común (2014-2020), se aprueba por 181 votos a favor, 158 en contra y 1 abstención.

Sometida a votación secreta por papeletas la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre retirada del anteproyecto de Ley Orgánica por el que el Gobierno pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, se rechaza por 151 votos a favor, 183 en contra y 6 abstenciones.

Se suspende la sesión a las diez de la noche.


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Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS.

- DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, DE MEDIDAS CONTRA EL SOBREENDEUDAMIENTO PERSONAL Y FAMILIAR Y DE PROTECCIÓN ANTE PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA DE LA VIVIENDA HABITUAL. (Número de expediente 125/000011).

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Punto primero del orden del día: Toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña de medidas contra el sobreendeudamiento personal y familiar, y de protección ante procedimientos de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual.

Para su presentación nos acompañan tres representantes del Parlament de Catalunya que integran la delegación que defenderá la proposición de ley, y en nombre de la Cámara y en el mío propio les doy la bienvenida aquí en el Congreso de los Diputados.

En primer lugar, tiene la palabra doña Meritxell Roigé.

La SEÑORA REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Roigé i Pedrola): Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, companys diputats catalans, desde el Parlament de Catalunya y en este caso también desde el Govern de la Generalitat, que participó activamente en esta proposición de ley, venimos en representación del Grupo de Convergència i Unió a presentarles esta propuesta. Pretendemos que los grupos parlamentarios que hoy están en esta Cámara acojan como suyo, como propio este texto, y permitan que sean una realidad las tan necesarias reformas que necesitamos para aquellas familias que sufren una situación dramática por la pérdida de su vivienda por el impago de préstamos hipotecarios. Les recordamos que el Parlament de Catalunya aprobó esta propuesta por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, también de quien dispone de mayoría absoluta en esta Cámara. Es una proposición de ley que contempla medidas contra el sobreendeudamiento hipotecario y de protección frente a los procedimientos de ejecución hipotecaria que afectan a la vivienda habitual; una proposición que parte de la grave situación económica que padecen muchas familias de nuestro país, que creemos que pueden llegar a tener esta segunda oportunidad.

El hecho de que en el Estado español no haya ningún procedimiento, ninguna regulación de segunda oportunidad y liquidación ordenada de las deudas es una anomalía en nuestro entorno más inmediato. Así, en la Unión Europea solo el Estado español, junto con Malta y Chipre, no disponen de regulación específica, y este tipo de regulaciones se vienen aplicando en diferentes países desde hace décadas, por lo que consideramos del todo necesario que hoy también sea aquí una realidad. El código de buenas prácticas que aprobaron en su momento no ha resuelto el problema. Si nos fijamos en el ejemplo de Cataluña tan solo el 5,5 % de las familias que acuden al servicio de Ofideute de la Generalitat pueden acogerse a los criterios que marca el código. Los requisitos son tan estrictos que impiden que dicho código acabe resolviendo los problemas de la mayoría de las familias que están a punto de perder su vivienda.

Nuestra propuesta consiste en permitir una liquidación controlada de las deudas como medida de justicia social, pero al mismo tiempo estamos convencidos de que es un sistema que puede ayudar a la recuperación económica. En los países donde se ha introducido la segunda oportunidad se ha demostrado que ayuda a mejorar la economía, permite empezar de nuevo, y facilita nuevas iniciativas. Se trata de un sistema que en el Estado español no existe para las familias, pero sí que existen en nuestra tradición jurídica los concursos de acreedores para las empresas. No solo hace falta rescatar bancos, también hace falta rescatar familias, aquellas que de buena fe solo pretendieron adquirir una vivienda, y que hoy, debido a una normativa muy restrictiva y obsoleta, se encuentran en una situación desesperada. Hoy tenemos que actuar rápida y eficazmente para solucionar este problema. Así, el objetivo el texto es establecer medidas para resolver el sobreendeudamiento vinculado a la vivienda habitual, incluyendo entre otras medidas la dación en pago, siempre priorizando la permanencia de las familias en su vivienda. La propuesta pretende incidir en la regulación del mercado hipotecario estableciendo nuevas normas de juego mucho más claras para evitar el sobreendeudamiento de las familias. Habilita a su vez un procedimiento extrajudicial con una comisión de sobreendeudamiento y establece un plan de pago, así como un procedimiento judicial abreviado como alternativa a la exoneración de la deuda, y con la dación


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en pago de la vivienda de forma provisional, que luego se convierte en definitiva pasados cinco años. Se propone así la creación de un procedimiento extrajudicial de carácter administrativo que se articula alrededor de una nueva figura, las comisiones de sobreendeudamiento, comisiones de carácter territorial, de carácter autonómico, y el despliegue de las mismas corresponderá a las comunidades autónomas. Por otra parte esta propuesta modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil, a fin de regular de forma más adecuada las ejecuciones que afectan a la vivienda habitual, y finalmente contempla disposiciones a fin de garantizar la independencia y la imparcialidad de las sociedades de tasación, así como el tratamiento fiscal de la dación, si esta llega a producirse. Por tanto creemos que es una propuesta razonable en la línea de tener una legislación propia que permita una segunda oportunidad a las familias, sin olvidar establecer medidas para evitar que de nuevo vuelva a suceder el drama que padecen tantos y tantos ciudadanos de nuestro país.

Acabo ya, presidente, apelando de nuevo a la unanimidad que se produjo en el Parlament de Catalunya, y pidiendo a los grupos parlamentarios su apoyo a esta proposición, que creemos que va a mejorar la legislación del Estado español, y de esta manera también la de Cataluña, permitiendo aplicar medidas más acordes con la realidad de nuestro país y de los países de nuestro entorno. No se entendería que una propuesta aprobada por unanimidad por los grupos parlamentarios del Parlament de Catalunya aquí los mismos grupos no dieran su apoyo a esta proposición. Cataluña, como saben, está iniciando un nuevo camino y estamos convencidos de que vamos a legislar en este sentido desde el Parlament de Catalunya, pero en este momento consideramos necesario que en todo el Estado también se dé este paso y se mejore la legislación existente hacia una legislación más justa.

Gracias, diputados. Gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Roigé.

Don Pere Aragonès.

El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Aragonès i Garcia): Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, tomo la palabra ante todos ustedes como diputado designado por el Parlament de Catalunya en nombre de Esquerra Republicana de Catalunya para defender la proposición de ley de medidas contra el sobreendeudamiento personal y familiar, y de protección ante procedimientos de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual. Es una propuesta aprobada por unanimidad de todos los grupos del Parlament de Catalunya -repito, unanimidad de todos los grupos del Parlament de Catalunya- que tiene por objetivo hallar una solución justa, viable y razonada a la situación de desprotección en que se encuentran centenares de miles de personas afectadas en los últimos años por procesos de ejecución hipotecaria de su vivienda habitual. Los datos de este drama social y económico son de sobra conocidos por todos ustedes: entre 2007 y 2012 más de 4.400 ejecuciones hipotecarias en el conjunto del Estado. Y las causas también: el aumento del paro hasta niveles incomparables con los de nuestro entorno ha sumido a una parte importante de las familias en la imposibilidad de hacer frente a los pagos de sus hipotecas; hipotecas que a su vez fueron concedidas mediante contratos de préstamos que, en una proporción muy elevada, incluían cláusulas abusivas; hipotecas sobre unas viviendas cuyo precio sufrió una inflación extraordinaria, y cuyas tasaciones se hicieron en un marco de claro conflicto de interés entre las sociedades de tasación y las entidades financieras, debido a los vínculos de propiedad existentes en muchos casos.

En el Estado español la cuestión de la normativa alrededor de la ejecución hipotecaria es una anomalía, como en otros aspectos, respecto al entorno económico y jurídico de la Unión Europea, ya que atribuye la responsabilidad de forma profundamente desequilibrada entre entidades financieras y consumidores, y no prevé mecanismos de segunda oportunidad ni la liberación de deudas de las familias, como sí está previsto para empresas y sociedades mercantiles. El resultado es claro y diáfano: centenares de miles de familias pierden su vivienda, pero se quedan con una parte de la deuda imposible de pagar, condenados a lo que se llama la muerte civil y a la exclusión social y económica, con el perjuicio que provoca desde el punto de vista de la cohesión social y la dignidad de las personas, pero también sobre el conjunto de la economía, condenando a estas familias a la economía sumergida. Proponemos pues una solución razonable, viable, justa y necesaria: crear un mecanismo de ordenación de deudas de personas y familias que incluya la dación en pago, con un tratamiento individualizado y que permita evitar las situaciones de sobreendeudamiento.


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La proposición de ley, en primer lugar, establece una serie de medidas para evitar ex ante el sobreendeudamiento familiar y corregir algunos aspectos ya advertidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la necesidad de permitir la oposición a la ejecución hipotecaria por existencia de cláusulas abusivas. En segundo lugar, se establece un mecanismo extrajudicial de ordenación de deudas mediante las comisiones de sobreendeudamiento, que de forma similar a un procedimiento concursal establezca, a partir del activo y del pasivo de la familia, un plan de liquidación de deudas. El procedimiento se adapta a la realidad de una economía familiar, previendo la posibilidad de acordar por parte de dicha comisión la dación en pago, la quita o condonación total o parcial de la deuda. Este plan de pago tiene un plazo máximo de cinco años, tras el cual la familia puede quedar liberada de la deuda. La proposición también crea una modalidad de procedimiento concursal abreviado para las familias, y en caso de que el acuerdo de la comisión de seguimiento sea impugnado o si lo desea la familia se podrán acoger directamente a la tutela de los tribunales de justicia; y otros aspectos como mínimos inembargables, obligaciones fiscales, que han comentado mis compañeros. En definitiva, señorías, esta es una propuesta que atribuye de forma proporcionada la responsabilidad entre entidades financieras y familias en una situación de impago de la hipoteca. Plantea soluciones desde el punto de vista social y retorna la dignidad a las familias afectadas. Es una ley de segunda oportunidad, como existe en tantos países de la Unión Europea. En el Estado español hoy la segunda oportunidad está solo limitada a las empresas, pero privada a la ciudadanía.

Señores diputados, permítanme que me dirija especialmente a los diputados y diputadas del Partido Popular. Hoy tienen en sus manos también ustedes una segunda oportunidad, la oportunidad de corregir la anomalía existente y dar solución razonable y justa a los centenares de familias afectadas. No lo desaprovechen; está en sus manos, señorías.

Gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aragonès.

Tiene la palabra ahora don Salvador Milà.

El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Milà i Solsona): Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, en nombre del Parlamento de Cataluña y específicamente del Grupo Parlamentario de Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, me complace poder presentarles esta proposición. Esta no es una proposición más para que se incluya la dación en pago de forma generalizada, que también lo es. Esta es una proposición que, como su nombre indica, va mucho más allá e intenta abordar de una forma global los problemas del sobreendeudamiento familiar. Esta proposición de ley se ha trabajado de forma intensa sobre la base de múltiples aportaciones y experiencias, empezando por las entidades sociales como Cáritas, la plataforma de afectados por la hipoteca, los sindicatos, pero también los jueces y magistrados, los colegios profesionales, abogados, registradores, expertos, catedráticos, a todos ellos nuestro agradecimiento, y con el consenso -como se ha dicho- de todas las fuerzas políticas en Cataluña.

Esta propuesta, señoras y señores diputados, les da la oportunidad de incorporar las propuestas de la reciente directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contratos de crédito para bienes de uso residencial, que se aprobó definitivamente el pasado 28 enero. Esta proposición se ha formulado con la aportación del Parlamento Europeo a través de la intervención en Comisión del eurodiputado señor Sánchez Presedo, al que quiero agradecer sus aportaciones. Esta proposición, señoras y señores diputados, incorpora también la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso reciente de las familias expulsadas de un edificio en Salt, donde sentó la doctrina de que, en caso de procedimiento de lanzamiento, son las autoridades administrativas competentes en vivienda las que deben garantizar que la familia desalojada, para no incurrir en un trato inhumano y degradante, debe tener garantizada una vivienda social. Se contempla eso también en este proyecto.

Señorías, se ha hablado de la insuficiencia de los reales decreto-leyes de 9 de marzo de 2012 y de 15 de noviembre de 2012, sobre las segundas oportunidades y las buenas prácticas. Los datos son esclarecedores, señorías. Tenemos datos de 2012 del Consejo General del Poder Judicial y proyecciones para 2013: 49.202 ejecuciones iniciadas según los registradores; de estas solo 11.426 daciones en pago de vivienda habitual, y según el Banco de España solo 15.826 sobre un total de 39.167. Señoras y señores diputados, por desgracia los hechos demuestran que las buenas prácticas de los bancos y las


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cajas con sus deudores familiares y personales, que no con los promotores, son como las buenas prácticas de los lebreles con las liebres; las marean para cazarlas mejor, pero desde luego no las salvan.

La proposición del Parlamento de Cataluña es una oportunidad para que se adopten de una vez por todas soluciones legales con instrumentos ordenados, simples, claros, eficaces, rápidos y económicos para acabar con el drama social de la exclusión en el derecho de las familias y las personas a disponer de una vivienda habitual cuando corren el riesgo de perderla, pero también aborda el problema de los que ya han perdido la vivienda, de los que siguen arrastrando sus deudas a pesar de que no tienen ni vivienda, ni casa, ni ninguna ayuda, a diferencia de los bancos y de los promotores. Por eso se plantea un procedimiento concursal abreviado y de carácter voluntario. El procedimiento concursal actual no es suficiente. Durante el año 2012 se iniciaron 10.356 procedimientos concursales, y de estos solo 726 para personas físicas sin actividad empresarial. ¿Por qué las personas físicas no pueden acogerse a las oportunidades del procedimiento concursal en un procedimiento rápido, con una gestión extrajudicial del tema, que les permita rehacer su vida, que les permita volver a trabajar legalmente, y no arrastrar esta deuda para toda la vida?

Señoras y señores diputados, les pido que admitan a trámite esta proposición como un punto de partida para debatir, para mejorar, pero con el objetivo claro de que los ciudadanos de a pie, las personas y familias que han perdido su vivienda o están en riesgo de perderla tengan la esperanza de una segunda oportunidad, de rehacer su vida, de poder trabajar, de disponer de una vivienda digna y social. Señoras y señores diputados, rescaten también a las personas y a las familias. Denles la misma oportunidad que ya les han dado a los bancos, a las cajas y a los promotores, ciertamente de una forma más generosa y con más coste de lo que hoy les proponemos. Esperemos que esta proposición unánime del Parlamento de Cataluña sea una oportunidad de resolver estos problemas de una vez por todas y con el máximo consenso.

Gracias, señor presidente. Gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Milà.

No se ha presentado ningún turno en contra, y por tanto vamos a pasar al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Senyor president, la meua salutació y la benvinguda als representants del Parlament.

Ya en el año 2006 entidades como Adicae o Ceaccu reclamaban al Gobierno y a los grupos parlamentarios una ley que abordara el sobreendeudamiento familiar e hipotecario. Ocho años después aquí estamos, debatiendo con mucho retraso y demasiado tarde, sobre todo para demasiada gente, esta propuesta legislativa. La estafa económica que padece y ha padecido este país ha mostrado que los axiomas en que se basaban las decisiones económicas eran en muchos casos mentiras; mentiras al servicio de intereses ajenos a los consumidores y a las personas, mentiras a favor de las entidades financieras cuyos intereses protege tan bien este Gobierno, a los que les convenía una política agresiva de concesión de créditos, las mismas entidades que después han cerrado el grifo del crédito sin ninguna contemplación. Que los intereses de la gente son distintos a los de las entidades financieras es una obviedad. La cuestión a debatir hoy es si la mayoría del Partido Popular está dispuesta a hacer algo por los intereses de la gente, porque los de las entidades financieras están más que salvaguardados, muestra de ello es que Bankia ya obtiene beneficios al cierre de 2013.

Señorías, las familias españolas se encuentran entre las más endeudadas del mundo, y las preguntas que subyacen son: ¿piensa este Gobierno hacer algo? ¿Piensa hacer algo para evitar el sobreendeudamiento causado por la necesidad de tener una vivienda, de tener un techo? ¿Piensa hacer algo para ayudar a la gente, para darles una segunda oportunidad, como sí hicieron con la banca a la cual les sanearon las deudas con el dinero de todos? ¿Pagamos impuestos para la gente o para la banca? Urge una legislación que establezca medidas contra el sobreendeudamiento personal y familiar para permitir al ciudadano sanear una situación transitoria, para evitar que millones de hogares caigan en el exceso de endeudamiento, para impedir que más familias acaben en la calle, arruinadas, con deudas y sin hogar.

Se está pidiendo una legislación que ya existe en otros países europeos. Si esta ley se hubiera aprobado cuando fue reclamada muchos dramas sociales se habrían evitado. ¿Cuántas familias desahuciadas caben en algunas de sus conciencias? ¿Muchas? ¿Pocas? Son 35.098 entre enero y junio del pasado año. Esta propuesta legislativa no es revolucionaria, pero es sencillamente un comienzo absolutamente necesario. ¿Va a seguir este Gobierno negando el problema y mirando hacia otro lado?


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¿Va a regalarnos más lágrimas de cocodrilo la vicepresidenta mientras la gente sigue siendo desahuciada? ¿Tienen una alternativa a esta propuesta legislativa que realmente cambie el panorama? Si no la tienen sencillamente voten sí. ¿Hasta cuándo van a seguir dándole la espalda a la gente? Desde Compromís Equo hoy pensamos que sería una buena oportunidad para que el Partido Popular se pusiera del lado de los desahuciados, del lado de las personas. Por tanto desde Compromís Equo anunciamos nuestro voto favorable a esta iniciativa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.

Señor Bosch.

El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, señor presidente.

Señores diputados, señores diputados del Parlament de Catalunya, nos encontramos aquí discutiendo una proposición de ley proveniente del Parlamento de Cataluña contra el sobreendeudamiento y a favor de la protección de las personas afectadas por ejecuciones hipotecarias. Estamos hablando de situaciones tremendamente injustas que comportan mucho sufrimiento, y creo que estas personas merecen que les dediquemos nuestra atención y el mejor de los esfuerzos. Es gente que muchas veces tiene que cargar con deudas de por vida, aplastada por el sobreendeudamiento, y/o gente que pierde el techo, e incluso a veces se trata de personas que tienen que cargar con ambas cosas: pagar las deudas y además perder la vivienda, algo tremendamente injusto. Yo les pediría a los diputados del Partido Popular que prestaran toda su atención a esta propuesta, porque aquí se están trayendo soluciones, propuestas prácticas, de sentido común, que no voy a reproducir porque nuestros compañeros del Parlament de Catalunya -concretamente el diputado de Esquerra Pere Aragonès- ya les han detallado aquí qué soluciones se podrían adoptar. No me digan tampoco que no procede una legislación de este tipo viniendo de una comunidad autónoma, o que no toca porque esto se tendría que legislar desde aquí, y que ustedes han hecho no sé cuántas cosas. ¿Y qué que venga del Parlament de Catalunya? ¿O es que según ustedes el Parlament de Catalunya ya no forma parte de las instituciones del Reino de España? Porque si es así no nos hemos enterado. Explíquennoslo mejor, sí, porque eso es lo que dirán después. ¿Les interesa solucionar los problemas? ¿Les interesa solucionar los problemas de la gente? ¿Les interesa la gente? Pues bien, creo que la propuesta que se trae aquí con mano tendida al menos merece un cierto debate, y si puede ser un cierto acuerdo. ¿Desprecian la mano tendida? Porque detrás de esta mano tendida hay miles de dramas, miles de personas que lo están pasando mal, y miles de soluciones para todas estas personas. Ténganlo en cuenta: están despreciando la posibilidad de una segunda oportunidad, la posibilidad de rehacer la vida de mucha gente, y estarán vetando la posibilidad de introducir la dación en pago, así como una segunda oportunidad para mucha gente. Además, ustedes, que votaron a favor en Cataluña, ¿ahora van a decir que no? ¿Con qué argumento? ¿Cómo justifican una contradicción de este tipo?

Muchas veces ustedes nos dicen que solo venimos aquí a hablar de temas identitarios, de nuestro referéndum, etcétera. Saben perfectamente que el 80 % de los temas que planteamos aquí y también en el Parlamento de Cataluña son sociales, como este, y además son temas que confirman esa conexión que nosotros siempre hemos establecido entre problemas de tipo social y de tipo nacional en Cataluña. Esta es la ilustración perfecta, porque no me negarán ustedes que si existiera la república catalana, si Cataluña fuera independiente, la dación en pago y la segunda oportunidad serían ley en Cataluña. ¿Quieren más conexión que esa? Por esa razón nosotros queremos ir a votar sobre nuestro futuro y votaremos sobre nuestro futuro.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bosch.

Señor Larreina.

El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.

Diputados del Parlament de Catalunya, señorías, como decíamos ayer... Al final el debate que hoy tenemos es el debate que se ha planteado otras veces en esta Cámara, lo que pasa es que quizá nos hemos ido acostumbrando a que los desahucios sigan, a que las tragedias de muchas familias sigan vigentes, aunque ahora mismo en silencio. Ha acabado la notoriedad mediática del problema pero el problema sigue y además se está incrementando porque los índices de pobreza en el Estado español


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están aumentando de una forma alarmante, y eso significa que el problema del sobreendeudamiento y sus consecuencias, las consecuencias de esa política totalmente inhumana que ha llevado a cabo el sector financiero y especulativo se van a ir incrementando en el futuro. Por eso pensamos que el problema sigue y que sigue vigente la búsqueda de soluciones. Lo que aquí se ha legislado no ha sido suficiente para responder a esas necesidades y a esas tragedias personales. Por eso creo que es importante esta iniciativa del Parlament de Catalunya, precisamente para paliar todos esos problemas, para dar respuesta a toda esa gente que, insisto, lo está pasando muy mal y ahora mismo además lo está pasando mal con el silencio porque, como digo, esta cuestión ha perdido notoriedad, ha dejado de ser noticia desgraciadamente porque forma parte de la realidad diaria a lo largo y ancho de todo el Estado.

Tenemos que volver a denunciar la doble vara de medir del Gobierno del Estado, que tiene una gran urgencia y una gran diligencia a la hora de dar respuesta a los problemas del sector financiero y de la banca, que responde con prontitud a esas necesidades, sin embargo, es tremendamente lento a la hora de dar respuesta a los problemas de la gente de la calle, a los problemas de la gente que no tiene poder económico ni político. Esta es una reflexión que tenemos que hacer, es necesario dar respuesta a esa gente con más prontitud y diligencia que la que se le da a la banca y a los sectores especulativos que están detrás de este problema y del problema general de la crisis económica actual del Estado.

Finalmente -y con esto acabo, señor presidente-, creo que este planteamiento que se nos hace desde el Parlament de Catalunya nos tiene que llevar también a una reflexión importante. Allí se ha acordado por unanimidad una respuesta. Para quienes defendemos la soberanía de nuestras naciones -Catalunya, Euskal Herria, Galiza- queremos plantear esta cuestión con claridad: si el Parlament de Catalunya tuviese en sus manos los instrumentos de soberanía de cualquier nación habría dado respuesta ya a los problemas de esta gente, se habría dado una respuesta justa, eficaz; sin embargo, tienen que venir ahora a esta Cámara a plantear el cambio de la ley porque el problema sigue. Este es uno de los elementos que hacen reafirmarse a Amaiur en su exigencia de respeto a la soberanía de nuestro país, a nuestra gente, precisamente para poder dar respuesta a los problemas diarios de la ciudadanía con mayor eficacia, con mayor justicia social, con un compromiso claro con la defensa y el reforzamiento del Estado del bienestar, cosa que no es posible hoy en día desde las estructuras estatales. Es un elemento que hay que poner encima de la mesa y que hay que volver a reivindicar con claridad. Nuestras naciones tienen derecho a decidir su propio futuro y eso no va en detrimento de nadie; en todo caso, irá en favor de todos porque será un ejemplo a seguir también para la ciudadanía española, que verá que otros solucionan sus problemas y sus propias estructuras estatales no solo no los solucionan, sino que los agravan.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.

Intervengo desde el escaño para defender la posición del Grupo Vasco en relación con la cuestión que nos ha traído hoy aquí el Parlament de Catalunya. Desde hace prácticamente año y medio, que es cuando está fechada la proposición de ley presentada por el Parlament de Catalunya, hasta hoy han pasado muchas cosas en relación con el tema de protección de las personas y familias afectadas por procedimientos de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual. El asunto, que sigue siendo hoy en día importante y preocupante, está en una fase -no sé si más avanzada o no- diferente a la que contempla la iniciativa, tanto desde el punto de vista jurídico como desde la propia realidad, es decir, que la proposición de ley que hoy se debate está en gran parte superada. Debatimos en su día en esta Cámara una iniciativa legislativa popular apoyada por más de medio millón de firmas en este sentido y entonces todos los grupos parlamentarios tuvimos la ocasión de fijar nuestras posiciones al respecto. En síntesis, coincidimos en que el problema es de gran envergadura y en que no era de recibo que muchas personas y familias se vieran privadas de su vivienda habitual, con lo que ello supone además de exclusión social, por no poder hacer frente a una hipoteca, y no poder hacerlo no porque no se quiera, sino porque la crisis económica ha llevado a millones de personas a una situación de paro y desesperación. Los efectos de la crisis están siendo letales y la respuesta desde la política, desde los partidos y desde las instituciones financieras tiene que estar a la altura de las circunstancias.

El Gobierno trajo a esta Cámara un proyecto de ley en el que incluyó a su manera el contenido de la iniciativa legislativa popular, descafeinándola y devaluándola, pero aprobando una ley al respecto. También el Tribunal Europeo de Luxemburgo se manifestó en contra de las cláusulas abusivas con los consecuentes efectos sobre el tratamiento de los afectados por las hipotecas. Muchas entidades financieras, en


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aplicación del código de buenas prácticas, han dado pasos también positivos para paliar los efectos de los impagos y evitar los desahucios y de la misma manera han actuado múltiples administraciones públicas. ¿Con ello quiero decir que el tema está resuelto y que no hay problemas? Evidentemente, no. La crisis continúa, el paro no se reduce, los salarios de aquellos que todavía tienen la suerte de seguir trabajando continúan bajando y los casos de pobreza asoman con crudeza. Tenemos que evitar que la gente pierda su única vivienda, su hogar, su proyecto de vida. Hemos de pedir, exigir a las entidades financieras y a las instituciones competentes que solventen las situaciones extremas que se derivan de las ejecuciones hipotecarias. Para ello, tal vez esta iniciativa pueda permitirnos analizar y revisar de nuevo la situación en la que nos encontramos en relación con esta cuestión y solventar aquellos temas jurídicos que doten de mayor protección a las personas y familias afectadas, tal y como se plantea desde el Parlament de Catalunya. En este ánimo es en el que votaremos favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley, que por otra parte, como les decía, entendemos que de alguna forma está superada por la realidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.

Nuestro grupo va a apoyar esta iniciativa del Parlament de Catalunya aprobada por unanimidad y aprovechamos para decirle que además con gran satisfacción, porque, como se suele decir, rectificar es de sabios y aquí parece que hay dos rectificaciones, una que se ha producido y otra que esperamos del Grupo Popular y del Gobierno. Porque evidentemente las medidas que se han tomado hasta la fecha para afrontar el problema de los desahucios y las ejecuciones hipotecarias está más que demostrado que han sido claramente insuficientes y en el fondo un fracaso en algo que no era tan complicado de solucionar por la vía legal de un modo razonable.

En fin, estamos encantados de que en el Parlament de Catalunya hayan descubierto que hay cantidad de cosas que interesan a todo el mundo más allá de su ideología o adscripción nacional y de su identidad, etcétera, que estas son las cosas que realmente importan a la gente y esto es lo que nos une a todos los seres humanos, problemas como el del derecho a la vivienda, al trabajo y otros derechos básicos que estamos aquí para tratar de solucionar y para que sean derechos efectivos y no meras declaraciones retóricas sin consecuencias materiales. En ese sentido, la propuesta que han traído es una propuesta que en gran parte recoge muchas de las cosas que se dijeron en el Congreso durante la tramitación de las distintas veces que se ha abordado la cuestión, tanto cuando se vio el código de buenas prácticas que presentó el Gobierno como después, durante la reforma de la Ley Hipotecaria y la legislación anexa, y por desgracia no hubo manera de convencer al Grupo Popular de que tomara nota de que lo que se estaba proponiendo eran cosas no solo sensatas, sino que, como luego se ha visto -y ahora me referiré a ello-, otras instituciones europeas iban a tomar buena nota de ellas y a tratar de desarrollar vía directiva europea. Con lo cual no va a haber más remedio, dicho sea de paso, que trasladarlas a la legislación nacional, y eso es en sí mismo una buena noticia.

La mala noticia es que estemos aquí dedicando tantas horas a una discusión bienintencionada, llena de argumentos probados y bien razonados, y que esto choque constantemente contra la goma y contra la impermeabilidad del argumento de posiciones prefijadas que ante todo parten de una negación. ¿Y cuál es la negación? Que en España la crisis hipotecaria, la crisis de ejecuciones hipotecarias, la de desahucios, es consecuencia de la crisis económica, que no solo ha afectado a créditos temerarios ni muchísimo menos sino a créditos que eran en su momento, cuando se concedieron, absolutamente razonables y de buena fe por ambas partes, pero que debido a una legislación que no protege de una manera suficiente y adecuada a los deudores, en este caso a los hipotecados, han acabado redundando en perjuicio solamente o sobre todo de una manera muy asimétrica y desmedida de aquellos ciudadanos que se han visto arrastrados a una situación de deuda sobrevenida. Y esta era la cuestión con la que nunca ha habido manera de entenderse con ustedes porque no les ha dado la real gana de entrar en la discusión. Es un problema de deuda sobrevenida, agravado por la crisis, agravado, como se ha dicho aquí antes -me uno a esa reflexión-, por la bajada de las rentas salariales, que ha hecho que incluso ahora gente que tiene un trabajo esté, sin embargo, en condiciones peores que antes para amortizar el crédito hipotecario que tomaron hace cinco, diez o quince años. Esta es una cuestión que tiene que resolver el Congreso, el Parlamento, porque para eso estamos y, si es a propuesta del Parlamento de Cataluña, bienvenida sea


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esa propuesta porque además muestra la parte más positiva, la parte más constructiva del sistema de descentralización política que tenemos en España a través del Estado de las autonomías y que a nosotros nos gustaría convertir en un Estado realmente federal.

Dicho esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Nosotros vamos a apoyar, como he dicho, esta proposición no ley porque da la oportunidad de que discutamos otra vez -y a ver si esta vez llegamos a una conclusión positiva- cómo se puede introducir un concurso de acreedores como el que ya existe para las empresas para aquellos deudores hipotecarios sobrevenidos bajo tutela judicial, para implementar medidas reales de segunda oportunidad o fresh start, para que nadie quede condenado a la ruina por no haber podido pagar en determinado momento de su vida una deuda que se ha convertido en impagable pero que cuando la asumió no lo era, para aceptar la dación en pago en determinadas condiciones como acuerdo entre las partes y bajo tutela y protección de la ley, de forma legal. Esto -también se ha dicho y nosotros nos unimos a esa reflexión porque es de puro sentido común- es aún más urgente después de lo que ha ocurrido en España tras el rescate a las entidades bancarias que precisamente financiaron la burbuja hipotecaria, y me refiero sobre todo a las cajas de ahorros. Es completamente inaceptable que se dé por hecho y por algo positivo que haya la obligación de rescatar a entidades que han sido las que han creado esta burbuja cuyos promotores personales además han obtenido pingües beneficios, en muchos casos ilegales, que están ya sub iudice, porque lo que ha ocurrido es un auténtico saqueo de las entidades de ahorro, y que, sin embargo, se niegue por parte de las instituciones públicas a dar facilidades para que se rescate a aquellas familias que han quedado atrapadas en una burbuja que ellas no crearon, de la cual han sido las víctimas, sobre todo, como digo, por un fenómeno que no se puede ignorar ya y que es de carácter social. Y es una crisis social el desmoronamiento de las clases medias y el arrastre de mucha gente que todavía incluso mantiene un trabajo a situaciones de pobreza, en las cuales no se puede atender las deudas que se contrajeron en un momento de mayor prosperidad familiar. Es además todavía más oportuno que hoy discutamos esto porque también creo que es conveniente una breve reflexión sobre esta cuestión. Hubo un momento de fervor y de ebullición en torno al problema de los desahucios, con movilizaciones sociales y todo tipo de declaraciones, algunas muy subidas de tono, y después simplemente ha pasado de moda. Esta cuestión, como tantas otras, está siendo triturada y olvidada por esa máquina de lo actual, de lo instantáneo, de la pérdida de memoria y de la falta de profundidad en la que se ha convertido en buena medida la comunicación política actual. Para eso estamos también las instituciones, para no estar influenciados por la moda, por la presión del momento, por aquellas personalidades o colectivos que en un momento dado consiguen una posición preferente y mimada por los medios de comunicación, sino para acordarnos todo el tiempo. Da igual que ahora no haya tanta movilización por los desahucios o que si la hay no tenga tanta repercusión. El problema de los desahucios no ha parado de aumentar, el de la morosidad también; solucionémoslo de una vez. Desde luego sería increíble que el Partido Popular hubiera votado a favor de esto en el Parlament de Catalunya y que ahora venga aquí y vote en contra. Ya ha ocurrido varias veces, así que no me sorprendería demasiado, pero desde luego sepan ustedes -se lo volveremos a decir una vez más a ver si alguna vez conseguimos que lo entiendan- que son este tipo de comportamientos y de conductas políticas completamente engañosas y que dan la espalda al compromiso con los ciudadanos los que llevan al desprestigio de las instituciones y de la propia democracia.

Para finalizar, quiero recordar que efectivamente el Parlamento Europeo aprobó felizmente el 10 de diciembre del año pasado una iniciativa para que se elaborara una directiva europea en el sentido de facilitar la dación en pago como medio de resolución de liquidación de deudas hipotecarias y para que se introduzcan instrumentos legales de segunda oportunidad semejantes, además, en todos los países miembros de la Unión Europea, etcétera. De manera que sería el colmo del absurdo y del escarnio que ustedes ahora votaran que no para después verse obligados a hacer una trasposición de una directiva europea que estará al caer y que además tiene un precedente -ya comentado también y a ese comentario me uno- en la sentencia del Tribunal de Luxemburgo en contra de las cláusulas abusivas. No hagamos el ridículo, por favor, hagamos lo que la gente quiere que hagamos, solucionemos sus problemas. Aquí hay una propuesta catalana que va en la buena dirección, que es muy útil, que es muy interesante, que podemos utilizar para resolverlo; no hagamos el indio, no volvamos a esperar a que nos multe la Comisión Europea por ser uno de los países -creo que el segundo, aunque todavía no nos han contestado a una pregunta en este sentido- con más multas por trasposición tardía e insuficiente de directivas europeas, y más cuando afecta a una cuestión de derechos básicos como es el derecho a la vivienda y a tener una vida económica autónoma y no lastrada por una deuda perpetua con una entidad de ahorro, porque


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cuando se tomó esa hipoteca o esa deuda las condiciones eran completamente diferentes. Al parecer, los deudores privados nunca tienen la oportunidad de cambiar las condiciones de juego, mientras que la banca la tiene constantemente por la protección de las instituciones del Estado. Eso es lo que hay que cambiar, tiene que haber igualdad de oportunidades para todos. Aquí tenemos una ocasión de oro para hacerlo, si no lo hacen ustedes, serán ustedes los que tendrán que responder por ello.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.

Señorías, quiero en primer lugar agradecer en nombre de Izquierda Plural y felicitar esa proposición de ley del Parlament de Catalunya, y anuncio evidentemente nuestro voto a favor. Cataluña encabeza las propuestas porque también encabeza el drama. Desgraciadamente, Cataluña es la comunidad autónoma con más situaciones de desahucios y de familias en la calle. En estos momentos esta iniciativa ofrece al Congreso una nueva oportunidad para abordar de una vez por todas un drama de proporciones gigantescas. Hasta ahora, el Gobierno del Partido Popular, utilizando su mayoría absoluta pero también sus triquiñuelas, ha impedido abordar a fondo el problema de las familias hipotecadas y desahuciadas. Afortunadamente, no lo ha conseguido, porque la lucha continúa en la calle gracias al trabajo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la PAH, de las organizaciones sociales y también de las instituciones de la mano de quienes no pensamos resignarnos a que los intereses del mercado hipotecario primen siempre por delante del derecho a la vivienda digna de todos los ciudadanos. Señorías del Partido Popular, el Gobierno y el Partido Popular se han resistido siempre a abordar reformas legislativas profundas y cuando lo ha hecho ha sido a remolque de las movilizaciones sociales o de la iniciativa de la oposición. Recuerden, hace dos años y en respuesta a la interpelación de nuestro grupo, La Izquierda Plural, el Gobierno trajo aquí el código de buenas prácticas bancarias del señor De Guindos, hijo de la improvisación y, como luego demostraré, un verdadero engaño. Poco tiempo después, a finales de 2012, ante el clamor ciudadano provocado por el aumento de los suicidios, el Gobierno se vio obligado a actuar, y lo hizo de nuevo con un decreto-ley que duró solo unos pocos meses y continuó sin abordar el problema de fondo. A comienzos de 2013, y con el objetivo de secuestrar la iniciativa legislativa popular impulsada por sindicatos, la PAH y organizaciones sociales, sacó adelante otra reforma legislativa que con el tiempo, desgraciadamente, se ha demostrado que no aborda los problemas de fondo. La razón es una: el PP desde el principio y hasta a hora está más preocupado por garantizar la estabilidad del mercado de cédulas hipotecarias que hoy tiene vivos 333.938 millones de euros que por las familias hipotecadas. Ese es el conflicto, esa es la razón por la cual estamos como desgraciadamente estábamos hace dos años.

Señorías del Partido Popular, ustedes no pueden decir que se han adoptado medidas y que, por lo tanto, esa proposición de ley no tiene sentido, porque continúa siendo más necesaria y más actual que nunca y porque el balance de las medidas adoptadas es desgraciadamente desastroso. Código de buenas prácticas. Recuerden: 9.861 solicitudes registradas hasta septiembre de 2013, de las cuales una parte importante han sido rechazadas, el 48 %, y solo del 52 % que han sido aceptadas 1.684 familias han podido acceder a la reestructuración de la deuda, solo 611 familias han podido acordar la dación en pago y solo seis familias se han beneficiado de la quita en su deuda. ¿Quieren que comparemos estos datos con los beneficios que están obteniendo en estos momentos los bancos de quitas multimillonarias, los promotores inmobiliarios y los deudores? Se lo voy a dar aquí: 70.000 millones de euros -último dato conocido- de refinanciación de la cartera crediticia a inmobiliarias y empresas. Esa doble vara de medir de los bancos es la que ustedes están avalando con su política. El resumen es que menos de 2.300 familias han podido acceder a los supuestos beneficios del código de Guindos y ustedes se han vanagloriado varias veces en esta Cámara. ¿Consideran de verdad aceptables estos resultados? Recuerden: 2.300 familias son muy importantes. Ha conseguido más la movilización social de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la solidaridad de los vecinos que todo ese código de buenas prácticas del que ustedes alardean.

Algo parecido, desgraciadamente, ha pasado con el Decreto-ley 27/2012, que tiene un título tan rimbombante: Reforzar la protección de los deudores hipotecarios, como escaso de contenido. Una moratoria de dos años con criterios absurdos, de pobreza extrema, que ha excluido a la inmensa mayoría de las personas de poder acceder a esa moratoria y con criterios absolutamente discriminatorios que penalizan a las familias que tienen hijos mayores de tres años. Le dijimos en su momento que eso no se resolvía con un


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listado de criterios de vulnerabilidad, que había que estudiar caso por caso y que ese era un papel clave que podían jugar las administraciones locales. Otro ejercicio de fariseísmo: el Fondo social de las viviendas, que tanto aireó el señor Guindos, integrado supuestamente por 6.000 inmuebles propiedad de las entidades financieras que cedían gratuitamente para hacer alquiler social. ¿Quieren ustedes saber cuál es el resultado de esa acción de gobierno? Se lo voy a recordar: solo 1.259 solicitudes presentadas por los criterios restrictivos, de las cuales se han rechazado 406. A fecha de hoy solo se han adjudicado 637 viviendas durante un año. ¿Consideran ustedes aceptables de verdad los resultados de la política que han practicado? ¿Saben por qué? Nuestros concejales en Cataluña -y seguro que los concejales de toda España- nos lo pueden explicar: por la opacidad total de las entidades financieras y también porque el estado de las viviendas facilitadas por esas entidades es el de verdaderos zulos. Lo que han permitido ustedes con el Fondo social de vivienda es que las entidades financieras se quitaran el stock de la purria que nadie quiere y se lo traspasaran a ese Fondo social de vivienda. Eso es lo que ustedes vendieron, humo y no política social.

Porque además se han negado reiteradamente a una propuesta que le hemos hecho muchos grupos y La Izquierda Plural en varias ocasiones: utilicen ustedes la oportunidad que les da el Sareb, den el visto bueno a utilizar una parte del patrimonio del Sareb para constituir un fondo social de alquiler; es una gran oportunidad. Recuerdo que el Sareb está financiado en una parte muy importante por recursos públicos y avales financiados por esos mismos ciudadanos a los cuales se les está desahuciando y dejando en la calle. No lo han hecho y nos encontramos pues en una situación francamente lamentable. Su ley, la última ley, la Ley 1/2013, se presentó como una mejora en ese sentido, por ejemplo, el criterio de mejora en la regulación de las subastas. Han mantenido ustedes un interés legal del dinero abusivo, el 12 %, con una inflación del 0,3 %; mantienen ustedes la condena a la deuda perpetua. ¿Ustedes creen que es posible para una familia en esas circunstancias pagar en cinco años el 65 % del total y entonces se les hace una quita del 35 % o si en diez años pagan el 20 % se les hace una quita del 80 %? Para eso no les necesitan a ustedes. Si las familias pudieran hacer eso, no necesitarían esas políticas del Partido Popular. Por eso insistimos de nuevo en que las políticas practicadas hasta hora son absolutamente insuficientes. Y no lo decimos nosotros, se lo dijo el dictamen del Banco Central Europeo de 22 de mayo del año 2013 y les instó a adoptar un conjunto de medidas más amplio; y lo dijo por dos razones, por razones de justicia social, por ética y porque si no ustedes están asfixiando la economía, porque manteniendo un porcentaje tan importante de la población en ese nivel de endeudamiento la economía española no tiene ninguna posibilidad de resarcirse y de recuperarse, sobre todo si va acompañada de niveles de paro y de niveles de bajada de salarios como los que tenemos.

El Parlament de Catalunya nos ofrece una nueva oportunidad de que este Congreso de los Diputados haga honor al nombre que tiene y a la responsabilidad que debería asumir y que ustedes, el Partido Popular, no nos han permitido asumir. He querido demostrar con los datos que ninguno de los grandes dramas que había hace dos años, cuando llegamos a esta Cámara y lo tratamos por primera vez, han desaparecido; al contrario, continua habiendo en estos momentos una drama cada vez más grande. No lo decimos nosotros, se lo vuelve a decir el Banco de España. Durante 2013 ha continuado creciendo la morosidad, estamos en niveles de morosidad que se acercan al 6 %, casi el doble de hace solo un año. Y además nos encontramos con una situación dramática, 600.000 familias están atrapadas con hipotecas que valen más que sus casas y son susceptibles de estar de nuevo en esa situación los que aún no lo están. Con esta situación de desempleo masivo y esa realidad es imprescindible intervenir y la proposición del Parlament de Catalunya nos brinda una oportunidad; aprovechémosla, por favor, aprovéchela el Grupo Popular. Solo les pedimos una cosa tan sencilla como que acepten la tramitación; luego ustedes tienen mayoría absoluta, pueden hacer lo que quieran, pero al menos déjennos la oportunidad de dar una esperanza a esas familias que hoy están en peores condiciones en muchos casos que cuando entramos todos a asumir nuestra responsabilidad.

Señores del Partido Popular, se llenan ustedes la boca de agenda reformista y su agenda reformista tiene el horizonte muy claro, sus reformas siempre van orientadas en la misma dirección: reforzar el poder de los poderosos y desproteger a los débiles. Lo han hecho con la reforma laboral, lo han hecho con el tema de las familias desahuciadas e hipotecadas. Den una oportunidad a esas personas. Y si no, por favor, dejen de decir que el Partido Popular defiende a las familias; será a algunas, porque a la mayoría no, sin duda. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Coscubiela.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Ciuró.


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La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señor presidente.

Benvinguts els companys del Parlament de Catalunya. Gràcies per portar-nos aquesta iniciativa, una iniciativa que, como se ha dicho, se ha aprobado por mayoría absoluta en el Parlament de Catalunya. Cataluña ha traído al Congreso de nuevo el debate sobre la cuestión hipotecaria, sobre el drama que están viviendo muchas familias que, como se ha dicho por oradores precedentes, aún a día de hoy no han visto resuelto su problema.

Para empezar, unos datos ¿De qué estamos hablando, señorías? Estamos hablando de que la deuda en los hogares españoles asciende a más de 800.000 millones de euros, de los cuales 600.000 millones están directamente vinculados a la deuda por vivienda.

Otro dato. Según el Consejo General del Poder Judicial, alrededor de 80.000 procesos judiciales de desahucio se han iniciado en los juzgados y tribunales del Estado español. Alrededor de 65.000 tienen que ver con procesos de vivienda. Un inciso aquí, señorías; tenemos un problema también en datos. No hay conciliación de datos y no hay manera de saber cuál es la realidad que hoy día rige en la cuestión hipotecaria y a cuánto ascienden los problemas de las familias, cuántos desahucios hay de primera vivienda, cuántos de segunda y además el problema de conciliación dificulta enormemente abordar las soluciones.

Un dato más. La economía sumergida en España, según estudios de la Fundación La Caixa, es un 20 % del producto interior bruto del Estado español. Dice también que, con toda la cautela que supone calcular lo que es la economía informal, hay alrededor de 80.000 millones de euros en economía sumergida. ¿Qué tenemos por el contrario? Tenemos unas iniciativas legislativas. Tenemos el código de buenas prácticas, tenemos la Ley de protección de deudores hipotecarios. Sinceramente, señorías, estos dos procesos legislativos que hemos seguido en esta Cámara no están dando las soluciones que deberían dar, no están sirviendo, no están siendo útiles para atajar el problema de las familias. Cada día 193 familias pierden su casa en España. Creo que es un dato alarmante y, como mínimo, deberíamos enmendar aquello que no acaba de funcionar. Un 1 % de las personas que se han acogido al código de buenas prácticas se han visto beneficiadas por él. No creo que sean unos números de los que nos tengamos que sentir muy orgullosos. Tenemos que abordar una ley de segunda oportunidad. Si no les gusta como viene redactada por parte del Parlament de Catalunya, hablemos, rectifiquemos y modifiquémosla. Es cierto que algunas de las medidas que se proponen en esta Ley del Parlament han sido en cierta forma adoptadas, pero a la vista está que de forma insuficiente. La realidad social -algún predecesor en la tribuna lo ha comentado- impera y dice que la morosidad de 2013 se incrementa de forma alarmante, ello indefectiblemente ligado a la falta de creación de empleo. A más morosidad, señorías, más procedimientos ejecutivos, más lanzamientos, más desahucios. Es una consecuencia lógica. La legislación española, además, tiene un maltrato específico para el incumplidor, sea o no de buena fe o sea o no de insolvencia sobrevenida. Aquel que deja de cumplir con sus obligaciones pecuniarias lo que le sucede es que tiene un tachón en su historial para toda la vida. No puede rehabilitarse en el mercado del crédito porque no hay forma humana de que la Ley Concursal dé respuesta a las necesidades de estas personas. La Ley Concursal está prevista para las empresas, no para las personas. Entre otros muchos problemas, lo que tiene es un enorme coste. Por tanto, deberíamos poder rehabilitar para la vida civil a esas personas que se han visto perjudicadas por causa de la crisis económica, que han perdido sus empleos y que de manera sobrevenida y de buena fe han dejado de cumplir con sus obligaciones. Tenemos la imperiosa necesidad de darles una segunda oportunidad porque si no esas personas no serán aptas para el autoempleo y, por tanto, no podrán ser autónomas porque no podrán acogerse a ninguna otra línea de crédito, y tampoco podrán ser candidatos a trabajo por cuenta ajena porque en el caso de que hayan perdido su vivienda es muy común que se queden con mucha deuda pendiente, que sigan aún debiendo. Esta nómina puede ser carne de cañón de futuros embargos. Suele pasar que a las familias españolas les salga más a cuenta y más beneficioso permanecer en la economía sumergida.

Más datos, señorías. El Banco Central Europeo, en julio de 2013, ha dicho al Estado español que si bien ha hecho algo de sus deberes, se ha quedado corto y no ha optado por las mejores fórmulas; no ha apoyado ni ha sacado adelante una ley de segunda oportunidad. Además, nos han dicho en Europa que España tiene el ingrato honor de ser el peor Estado de la Unión Europea en cuanto a políticas en defensa de familias con riesgo de exclusión social. Tenemos el dudoso honor de encabezar títulos como el de no prestar suficiente ayuda a las familias con riesgo de exclusión social. Tenemos que dar soluciones a la insolvencia de buena fe y sobrevenida. Tenemos que evitar la muerte civil. Tenemos la oportunidad de hacerlo, hay muchas fórmulas. Al margen de la ley, señorías -ustedes lo saben-, se están dando


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cantidad de casos de mediación. De las 35.000 ejecuciones de las que se ha hablado aquí del 1 al 30 de junio de 2013, más o menos 11.000 se han acogido a la mediación. Esto se está haciendo a pesar de que la ley no lo recoge, a pesar de que la ley no da ningún paraguas de protección para las consecuencias de esta mediación, porque resulta que cuando una familia se puede acoger a la mediación hipotecaria y encuentra una solución a su problema, como por ejemplo podría ser la dación en pago -no tiene que ser la única solución, pero puede ser una de ellas-, se encuentra que tiene después un enorme gravamen, por ejemplo, del incremento de patrimonio a nivel de la renta. También está la plusvalía municipal; los ayuntamientos están haciendo equilibrios para invertir el sujeto pasivo. En algunos supuestos se ha dado respuesta a esto, es verdad, pero queda la mayor, porque los criterios objetivos que ustedes fijaron con la aprobación de estas leyes son harto restrictivos y no dan respuesta a la media de personas.

Señorías, yo soy de Sabadell, y el municipio vecino a Sabadell es Tarrasa, con casi el mismo número de habitantes. En Tarrasa hay 5.000 viviendas vacías. Desde 2007 a 2013 han tenido lugar 13.000 procesos ejecutivos, 1.300 lanzamientos solo en 2013. La radiografía del ciudadano de Tarrasa víctima de esta situación se corresponde con familias jóvenes de treinta y cinco a cuarenta y cinco años, por tanto, con una vida laboral por delante muy larga y a menudo con menores pequeños, pero si estos tienen cuatro años no se pueden acoger a las medidas del Gobierno -un tema surrealista-; familias que pueden verse hipotecadas durante toda su vida sin ninguna posibilidad de solución. Repiénsenlo, rectificar es de sabios. No debería haber vuelto ningún tema relativo a las hipotecas porque tendría que haber salido de aquí solucionado. Los países de nuestro entorno tienen la ley de segunda oportunidad; la tiene Francia, la tiene Gran Bretaña y la tiene Portugal. Además, como he dicho anteriormente, hemos estado requeridos por el Banco Central Europeo para que nos pongamos las pilas en ese término, y lo mejor, señorías, es que lo tenían en su programa electoral. Concurrieron a las elecciones con un punto en su programa electoral que decía que ustedes abordarían la ley de sobreendeudamiento. No decimos que recojan exactamente lo que dice la proposición del Parlament de Catalunya, pero les solicitamos que la tomen en consideración, que entre en la Cámara para que la debatamos con cierta celeridad, porque los problemas de las personas no pueden esperar, y demos una solución. Señorías, no habrá recuperación económica solo con la recuperación de las empresas del Ibex 35. Debemos rescatar a las familias y hacerlas hábiles para que puedan volver a comprar en el mercado interior y, por tanto, en la mayoría de las microempresas y pequeñas empresas que hacen su función en el Estado español y que no son candidatas a la exportación sino que prestan sus servicios y bienes en el mercado interior. Para que estas personas, estas familias, puedan seguir comprando en estas empresas que necesitan también salir de la crisis, aportemos una solución mediante una ley de segunda oportunidad. Esta es nuestra obligación. Creo que no podemos dar aquí un no por respuesta a un Parlament de Catalunya que ha presentado por unanimidad -todos los diputados catalanes le dieron el sí- esta proposición. Vale la pena que la tomemos en consideración y que, por tanto, abordemos esta reforma.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ciuró.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ruiz i Carbonell.

El señor RUIZ I CARBONELL: Muchas gracias, señor presidente.

Señora comisionada, señores comissionats, he de decir que tras leer esta proposición de ley lo primero que pensé fue que tendríamos que preguntar al Gobierno cómo no ha sido capaz de elaborar una ley necesaria como esta desde el punto de vista social, legislativo y político, mientras el Parlament de Catalunya sí, ya en 2012, y por consenso. Tendríamos que preguntarle cómo no ha sido capaz de dar solución a una de las principales preocupaciones de aquellos a quienes representamos. Tendríamos que preguntar al Gobierno cómo ha dejado en manos de jueces la necesidad de tener un techo por no legislar, una respuesta al drama que supone el sobreendeudamiento y los desahucios. Tendríamos también que preguntarle cómo ha permitido tantos desalojos de viviendas sin hacer nada, sin pararlos, y tendríamos que volver a preguntar al Gobierno, como hicimos en su día, cómo pudo desoír el clamor que supuso la ILP sobre la dación en pago, cuya tramitación fue una burla al procedimiento legislativo y a los ciudadanos, dejando de lado sus tres ejes: una moratoria real de verdad a los desalojados, la dación en pago y medidas de alquiler social.

Quiero dar las gracias a quien hace posible que hoy hablemos de sobreendeudamiento y de ejecuciones hipotecarias, al Parlament de Catalunya, y a todos aquellos que creyeron que era posible una solución al drama que hay tras esas palabras, una solución pensando en quienes se quedaban en la calle. Me refiero


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a quienes se han movilizado, en especial a las plataformas de afectados, y me permitirán que lo personifique en una persona, en el coordinador de la de Tarragona, Joan Bel (Pronuncia palabras en catalán), no solo por ser de Tarragona, también porque le debo algo. Le debo haber aprendido más en una asamblea de la plataforma de Tarragona en un salón de reuniones atestado de buena gente, que con más de un informe, proyecto de ley o escuchando a algún experto; por cierto, una asamblea en la que te dicen con dureza cosas dirigidas a todos nosotros que no son agradables de oír, como en un escrache, pero con mucha más gente. Les aseguro que de eso también se aprende. Quiero también reconocer la labor de los concejales responsables de vivienda que tanto sufrimiento han compartido y tanto sufrimiento han evitado.

El Gobierno y su mayoría parlamentaria pueden continuar dificultando y rechazando esta iniciativa de hoy y otras que recogen lo mismo que pretende esta, como las que desde esta tribuna ha defendido vehementemente nuestra portavoz de vivienda Leire Iglesias, pero saben que tienen la batalla perdida. La opinión pública es favorable de forma abrumadora a llevar a cabo reformas legislativas para defender a las víctimas más débiles del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, cuyo origen ya nadie discute -fue la liberalización del suelo que llevó a cabo el presidente Aznar-, reformas que han de tener una idea básica, la de que no podemos dejar a una familia en la calle, y no crean que si no se suman a su aprobación los ciudadanos lo olvidarán; no lo harán, saben ustedes que no lo harán.

Ayer, hablando con el diputado socialista que defendió esta proposición en el Parlament de Catalunya, Roberto Labandera, me dijo que aprobarla hoy solo requería que los que la votaron allí también la voten aquí, como lo va a hacer el Grupo Socialista. En aquel debate, dirigiéndose al conseller, le pidió empezar a tomar medidas en los presupuestos de 2013 para preparar la Administración de la Generalitat. La excusa para no hacerlo en 2013 por parte de Convergència fue que eran prorrogados, pero ¿qué excusa tiene CiU con los de 2014? Presupuestos tachados de ser los más antisociales de los que ha aprobado el Parlament de Catalunya y, por cierto, con los votos de Esquerra Republicana de Catalunya. También votaremos favorablemente porque nos obliga la Constitución que aquí prometimos o juramos y que nos da a todos el derecho a una vivienda digna y a nosotros la responsabilidad de hacerlo posible, más ahora cuando la crisis lo hace mucho más difícil. Una obligación que exige una política de vivienda decidida y prioritaria, seguir la situación de quienes pueden quedarse sin una vivienda digna y poner las medidas para que eso no pase; acción decidida y prioritaria que tienen que llevar a cabo las comunidades autónomas, que son las competentes, mediante convenios en muchos casos con los ayuntamientos, pero acción a la que la Administración central no puede volver la espalda, porque, repito, es este Congreso, nosotros, quienes tenemos la responsabilidad de elaborar una ley como esta que salvaguarde el derecho del que estamos hablando. Pero es que, además, el Partido Popular ni come ni deja comer llevando al Tribunal Constitucional la ley del Parlamento andaluz que toma las medidas que el Gobierno central tendría que tomar para evitar que haya familias que se queden sin vivienda. La dejadez, la miopía y los errores del Gobierno han llevado ya a miles de familias en estos últimos años a perder las cuatro paredes donde tenían sus muebles, comían, dormían y guardaban sus recuerdos, todo ello mientras, eso sí, aprobaban su Ley 1/2013 con el engañoso nombre -lo leeré- de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, hecha a rastras de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que fija requisitos que reúnen solo el 5 % de los afectados. No paraliza los procesos de ejecución y solo aplaza el desalojo hasta mayo del próximo año, sin evitar la subasta y pérdida de la vivienda; crea un fondo social de vivienda sin derechos ni obligaciones; regula una dación en pago y reestructuración de la deuda a través del código de buenas prácticas, que ha sido un fracaso, como refleja el número de desahucios de 2013, y que ni la mitad de las entidades bancarias ha suscrito. Una dación en pago parece ser solo para el banco malo, la Sareb, para que la apliquen los bancos pero no a las familias. Una ley que hemos tenido que recurrir por la falta de garantías que supone para deudores y por cómo fue tramitada. Luego aprobaron otra el 5 abril, su Real Decreto 233/2013, con el nombre de Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, la regeneración urbana, en el que la vivienda solo es una inversión, no es un derecho, que ni afronta la situación de las viviendas vacías ni las ayudas al alquiler a personas con riesgo de exclusión social. Y luego otra, la 8/2013, de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, que tampoco ve en la vivienda un derecho. Todo un conjunto legislativo sin apenas efecto real para tapar su inacción y su sumisión a los dictados del mercado.

Admito que nuestra acción de gobierno podría haber sido mejor -ya lo pagamos en las urnas- y que ha supuesto un quebranto en la confianza de muchos ciudadanos y ciudadanas hacia nuestro grupo. Pero eso sí, no nos atribuyan, como hacen a veces, que la normativa de ejecución hipotecaria es del siglo


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pasado o del anterior -saben ustedes que la Ley de Enjuiciamiento Civil la reformó Aznar-, tampoco nos digan que no hicimos nada ya que fue durante el mandato socialista cuando subió el salario mínimo inembargable o el mínimo de adjudicación por subasta, ni tampoco pueden decir que los socialistas solo nos hemos dedicado durante su mandato actual a oponernos a sus medidas. Conscientes de la situación y de su ineficacia hemos propuesto continuamente medidas, como las de nuestra proposición de ley de insolvencia personal y de protección ante el sobreendeudamiento, que paraliza los procedimientos de ejecución hipotecaria cuando alguien se declara insolvente por causa de la crisis; la nulidad radical de las cláusulas abusivas; la segunda oportunidad, principio que no recoge todavía nuestra legislación por la cerrazón de la mayoría absoluta del Partido Popular; la dación en pago, también para quienes ya perdieron su vivienda; y la creación de una alternativa social de vivienda real. Lo votamos allá y votaremos aquí que se tramite porque es hora de tener una ley que solucione el sobreendeudamiento, como en la mayoría de los países de Europa. La votamos en 2012 y la votaremos hoy en 2014 porque propone crear una comisión de sobreendeudamiento en cada comunidad autónoma que permita encontrar soluciones rápidas y sencillas, con planes individualizados de liquidación ordenada de la deuda, de acuerdo con las posibilidades que tenga cada deudor.

No hace falta que les recuerde que la deuda en 2012 y en 2014, por voluntad del Gobierno, no termina en la mayoría de los casos con la devolución de la vivienda; continúa existiendo y llevando a muchas familias a una situación en la que no pueden comprar libros de texto, alimentarse suficientemente, vestir adecuadamente; en definitiva, vivir con dignidad, y no digamos ya encontrar una nueva vivienda, situación que, en muchas ocasiones, es el origen de la patada en la puerta y ocupación de pisos en los barrios de nuestras ciudades, cosa que además dice muy poco de para qué está sirviendo el banco malo.

Estamos también a favor de la proposición de ley del Parlament de Catalunya porque deja claro que la Administración no puede lavarse las manos con la dación en pago. Tiene que hacer seguimiento de qué sucede con la familia que devuelve las llaves, y también porque indica en sus disposiciones finales que, una vez aprobada esta ley, el Gobierno presentará, mediante proyectos de ley, la reforma de las sociedades cotizadas de inversión, las Socin, eso sí que lo han reformado, aunque a nuestro juicio de manera vergonzosa; o modificaciones en el IRPF y la práctica bonificación del IVA para que la dación no genere al deudor facturas que no puede pagar o los ayuntamientos vean reducidos sus ingresos. En definitiva, esta proposición de ley que hemos de decidir si se tramita o no, no deja de ser el desarrollo de un mandato que figura en la Constitución desde hace más de treinta años y que la crisis, hoy, nos exige de manera perentoria que atendamos. Las instituciones públicas actualmente tienen un grave problema de credibilidad por diversas razones; una es que para muchos ciudadanos y ciudadanas no atajamos los problemas que les afectan. Así que en el momento de votar, si no quieren tener en cuenta nuestros argumentos, no lo hagan, pero, eso sí, piensen en las familias sobreendeudadas, en todos los que ven peligrar continuar en su vivienda y en los que ya la han perdido y, sobre todo, no piensen en aquella frase atribuida a la secretaria general del Partido Popular de que los votantes del PP se ajustan el cinturón pero pagan la hipoteca, mientras otros, con excusas vagas, no hacen lo mismo. Les aseguro que al menos para los que asisten a las asambleas de las plataformas de afectados...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le ruego que vaya terminando.

El señor RUIZ I CARBONELL: Medio minuto, presidente.

... decirles algo así es reírse de ellos. Algunos tal vez nos estén siguiendo. Quiero utilizar mis últimas palabras para pedirles que no les decepcionen. (Pronuncia palabras en catalán).

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruiz i Carbonell.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.

El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, señorías, muchísimas gracias.

Quiero empezar dando las gracias al Parlament de Catalunya, tanto a los que ha venido hoy como al portavoz del Grupo Socialista que intervino en esta proposición de ley en el Parlament de Catalunya y al del Grupo Popular, que también intervino haciendo su trabajo. Me cuesta mucho esfuerzo subirme a la tribuna a defender este tema porque no quiero faltar al respeto a un trabajo intenso que seguro que ha hecho con esfuerzo el Parlament de Catalunya. Han puesto encima de la mesa un tema sobre el que indudablemente hay que reflexionar en sus dos facetas, tanto en lo que se refiere a la protección de los


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que por circunstancias sobrevenidas no pueden pagar la hipoteca, como a la denominada segunda oportunidad o permitir que ningún ciudadano se quede, como consecuencia de las deudas, como un ciudadano de segunda clase. Pero manifestando todo este respeto tanto al Parlament de Catalunya como al texto, quiero decir, al hilo de lo que ha manifestado el portavoz socialista sobre que el Grupo Parlamentario Popular debería pensar en las familias, que no se preocupe, que pensamos todos los días en las familias y que nadie en esta Cámara tiene el monopolio de lo social, nadie lo tiene. (Aplausos). Si hay alguien que se preocupa por mejorar la situación social es el Grupo Popular. Usted decía muy bien lo que el señor Solbes ha escrito en un libro, que dejaron a España en la ruina, es verdad, porque lo hicieron mal. Ahora lo estamos intentando solucionar y el Parlament de Catalunya trae un tema a la reflexión porque dejaron a España en la ruina. Esa es la verdad. Esto del monopolio de lo social no se consigue por no llevar corbata cuando uno se sube a la tribuna (Una señora diputada: ¡Muy bien!). No es eso el monopolio de lo social. (Aplausos).

Cuando preparaba este fin de semana este tema -lo digo con el máximo respeto porque me estudié la ley y me parece que está bien trazada- estaba leyendo a la vez un libro -no es frecuente que yo cite un libro, pero viene al caso y además les recomiendo que lo lean- de un paisano de alguno de nosotros -yo estaba entonces en esa tierra-, de Azorín, que se titula El político, donde da unos consejos a los políticos y es bastante bueno. Uno dice: "Pero el político no debe acoger sin estudio, sin una detenida reflexión previa, las leyes, trazas e instituciones de otros países -no es porque ustedes sean de otro país; de otras instituciones, digamos aquí- (Risas). Esto le puede llevar a gobernar con abstracciones; gobernar con abstracciones consiste en dar leyes sabias, justas, discretas, sí, pero leyes que no se acoplan ni tienen perfecta concordancia con la realidad para la que han sido hechas; es decir, que con toda su sabiduría, justicia y discreción, estas leyes solo lo serán tales en el papel, o, lo que es lo mismo, no serán eficaces". Nosotros, señorías, creemos que esta ley no es eficaz para dar solución a los problemas que tienen los ciudadanos, por eso vamos a votar que no. Señorías, vamos a votar que no porque de lo que se trata, aparte de subir a la tribuna y decir que hay personas que lo están pasando muy mal o decir que en España se necesita una ley de segunda oportunidad y que hay familias y dramas sociales, porque eso lo sabemos todos, es de saber qué es lo que queremos, qué objetivos perseguimos. Por ejemplo, ¿queremos que los jóvenes tengan acceso a la vivienda en el futuro? ¿Queremos que las familias se aprovechen de un mercado hipotecario que les garantice el acceso a la vivienda o dar una solución a un problema y cargarnos el mercado hipotecario para siempre y poner una barrera al acceso a la vivienda a jóvenes y familias en el futuro? Eso hay que pensarlo; hay que pensar si queremos que en España se mantenga la cultura de pago. No es lo mismo las personas que por razones sobrevenidas, por dificultades al haber perdido el empleo, no pueden pagar, que aquellas que no pagan porque, pudiendo, no quieren pagar o no priorizan el pago. Lo que tenemos que hacer los poderes públicos es proteger a las primeras pero no cargarnos la cultura de pago, porque eso llevaría a que rompiésemos el mercado de crédito en España, que por otra parte es un objetivo loable que, por ejemplo, el Grupo de CiU también plantea cada poco tiempo. Tenemos que ver si las garantías reales, es decir, la vivienda, tiene que ser o tener el concepto de crédito preferente, porque si nos cargamos la garantía real -y no voy a caer en tecnicalitis- como crédito preferente, podemos estar dificultando que muchas personas tengan acceso a financiación para el futuro. Por eso, me parece muy bien estudiar esta ley y proteger a las personas que no pueden hacer frente a los pagos, pero no nos carguemos otros objetivos, no nos confundamos y aprobemos temas que luego tienen consecuencias no deseadas en otros capítulos. Eso es lo que hay que pensar, esa es la responsabilidad, y a los que actúan con responsabilidad pensando en las consecuencias no deseadas no se les puede decir desde esta tribuna que no piensan en los pobres. No, pensamos lo mismo que el resto, lo que pasa es que queremos dar solución a eso y a los problemas de futuro en nuestro país. Eso es así, señorías. (Aplausos).

Se ha hecho mucho y, como se ha hecho mucho -no en balde esta ley que trae el Parlament se aprobó muy al principio de esta legislatura, cuando llevábamos pocos meses, a mitad de 2012-, a esta tribuna han subido algunos portavoces a decir que sí se ha hecho, pero que es insuficiente. Señorías, vamos a ver si es insuficiente; vamos a verlo. Si uno habla hoy -yo lo he hecho esta mañana- con algunos agentes del mercado, se da cuenta de cómo se han parado los lanzamientos -los desahucios son para los alquileres- casi en su totalidad. Es verdad, sigue habiendo muchas ejecuciones hipotecarias y se les ha dado solución. En este tiempo se ha aprobado el código de buenas prácticas. Hay quien dice que es insuficiente pero para quienes les ha ido bien, no lo es. ¿Que se podía haber avanzado? Se ha hecho con una limitación pero se ha hecho y ha dado respuesta a algunos ciudadanos. Se han reducido


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y limitado los intereses de demora, se ha ampliado el procedimiento ejecutivo, se han cambiado las tasaciones, se ha cambiado la fórmula para la firma de las hipotecas buscando mayores garantías, se ha puesto un fondo social de vivienda... Me decía que es insuficiente. Puede que lo sea, pero en Cataluña hay ahora mismo 1.260 viviendas públicas vacías -repito, 1.260-, solo en el Ayuntamiento de Barcelona hay 300 viviendas vacías. También se podrían poner a disposición de los ciudadanos, y seguro que cuando los poderes públicos no lo han hecho será porque tienen otros objetivos. Yo no los critico, pero es muy fácil subirse a esta tribuna y decir que en Cataluña hay 1.260 viviendas vacías y no se ponen a disposición de los que han sufrido lanzamiento. En Andalucía hay 5.000 vacías y tampoco se acogen a la nueva ley, pero no hago demagogia, simplemente lo digo. A lo mejor los poderes públicos de esas comunidades autónomas saben por qué lo hacen, pero existen esas viviendas vacías. El Gobierno puso en marcha un plan para constituir un fondo social de vivienda. Se ha hablado de segunda oportunidad en la Ley de Emprendedores. Uno puede decir que solo es para los emprendedores individuales, y es verdad, pero vamos a ver cómo funciona porque se está empezando a aplicar ahora. Señorías, se está haciendo mucho.

Comparto con algunos de los que han intervenido aquí que las entidades financieras son culpables de lo que ha pasado en este país, no se les puede echar las culpas solo a los que han firmado, las entidades financieras son culpables. Por cierto, la peor, la que más va a costar al erario público es la de Caixa Catalunya, que además es la que más hipotecas fallidas dio y la que más hizo sobreendeudarse a las familias. Pero no quiero entrar en polémica porque esta tarde estoy de buen rollo. Simplemente les diré, señorías, que votaremos que no, que entendemos muy bien el planteamiento (Rumores), pero que protegemos otros bienes y protegemos también a los ciudadanos que quieren acceder a la vivienda en el futuro y encontrarse con un mercado hipotecario que funcione.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, RELATIVA A LA JUSTICIA UNIVERSAL. (Número de expediente 122/000136).

El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal. Tiene la palabra para presentar la iniciativa el señor Castillo.

El señor CASTILLO CALVÍN: Con la venia, señor presidente.

Señorías, corresponde esta tarde a la Cámara la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular para la modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que afecta a la regulación de la denominada justicia universal. La finalidad que inspira la reforma es doble. Por un lado, ampliar la lista de delitos que, cometidos fuera del territorio nacional, son susceptibles de ser perseguidos por la jurisdicción española, como es el caso de los delitos de violencia contra la mujer, los delitos contra la libertad e integridad sexual cometidos sobre víctimas menores de edad, o los delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales. Por otro lado, delimitar con claridad, con plena aplicación del principio de legalidad internacional y reforzando la seguridad jurídica, los supuestos en que la jurisdicción española pueda investigar y conocer de delitos cometidos fuera del territorio en que España ejerce su soberanía, dando cumplimiento así a las obligaciones impuestas por los tratados internacionales que España ha ratificado.

Señorías, a veces resulta necesario comenzar recordando cuestiones básicas, sobre todo en el ámbito del derecho penal, para no perder la perspectiva más elemental a la hora de enfrentar cualquier problema jurídico con su mejor solución. Por este motivo, comenzaré señalando que cada Estado ejerce su jurisdicción, sin lugar a dudas, dentro de los límites de su soberanía territorial. Tampoco se puede cuestionar la posibilidad de extender la jurisdicción más allá de los límites territoriales cuando se trata de intereses que son titularidad del Estado o de delitos cometidos por españoles. Más allá de estos supuestos, cualquier extensión de la jurisdicción a delitos cometidos en el extranjero, como señala el artículo 2.7 de la Carta de Naciones Unidas, en la medida en que supone una intromisión de la jurisdicción nacional en hechos cometidos en el territorio de otro Estado, solo es admisible en supuestos de violaciones de


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derechos humanos cuando el derecho internacional o un tratado así lo autoricen. Así que partiendo de que la jurisdicción universal no es una jurisdicción ilimitada y que debe concebirse desde los límites y exigencias propias del derecho internacional, la proposición de ley ha querido garantizar el principio de subsidiariedad de la forma más clara y precisa. De esta manera excluye el proceso penal en España cuando los hechos delictivos a los que se refiere el artículo 23, apartado 4, están siendo conocidos por un tribunal internacional o cuando se haya iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en el Estado del lugar en el que se hubieran cometido los hechos o en el Estado de nacionalidad de la persona a la que se impute su comisión, siempre que dicha persona no se encuentre en territorio español o se hubiera iniciado un procedimiento para su extradición. Ahora bien, los tribunales españoles sí podrán perseguir aquellos hechos delictivos cuando el Estado extranjero no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o no pueda realmente hacerlo y así se valore por la Sala segunda del Tribunal Supremo. Además, se recogen los parámetros objetivos que han de ser valorados para determinar si hay o no disposición a actuar en un determinado asunto, así como aquellos que deben ser examinados para determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar en un asunto concreto, teniendo en cuenta los criterios recogidos en el estatuto de la Corte Penal Internacional. De esta manera, se garantiza de forma objetiva la persecución y enjuiciamiento en España de hechos delictivos cometidos fuera de nuestro territorio cuando el Estado del lugar de comisión de los hechos no quiere o no puede afrontar su persecución, respetando en caso contrario su legítimo ámbito de actuación.

En cuanto a los requisitos de procedibilidad, y dado el carácter excepcional de su ejercicio, la propuesta presentada exige la interposición de querella por el sujeto agraviado o por el ministerio fiscal para la persecución de los delitos a los que se refieren los apartados 3 y 4 del artículo 23. Conviene dejar claro que esta exigencia no implica limitación en el acceso a la jurisdicción, pues no existen restricciones de oportunidad aplicables a la actuación del fiscal, que vendrá obligado a presentar la querella en todos los casos en que conste que ha podido ser cometido uno de estos delitos, conforme al artículo 105 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En sistemas como los del Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Austria o Suiza, por citar algunos ejemplos, no está legalmente previsto que un juez pueda abrir un procedimiento automáticamente a la recepción de una denuncia o parte de lesiones. En todos estos países, como en el resto de Europa, la apertura de un procedimiento judicial requiere del ejercicio de la acción penal por el ministerio fiscal, sin que ello signifique una restricción en cuanto al ejercicio de la jurisdicción. De esta manera, se impone al ministerio fiscal el deber de ejercitar la acción penal sin privar a la víctima de la posibilidad de accionar si desea hacerlo.

Sin perjuicio de los argumentos expuestos hasta este momento, me gustaría dejar muy claro que la regulación proyectada ni limita ni restringe la competencia extraterritorial de los tribunales españoles sobre la base del principio de justicia universal ni crea espacios de impunidad para nadie, sino que muy al contrario permitirá que estos crímenes, sin crear falsas expectativas, puedan ser perseguidos y juzgados de manera más efectiva y eficaz que antes. Así que, si lo que queremos es que la justicia, concretamente la justicia universal, no quede en una mera declaración de principios, si queremos superar un sistema que se limita a promover una especie de justicia quijotesca que, buscando remediar las injusticias, no consigue resultado alguno, estaremos obligados a mejorar nuestra regulación para garantizar que la teoría y la práctica sean efectivas. Y eso es lo que se pretende con esta iniciativa.

Estamos frente a una propuesta que resulta más ambiciosa que la contenida en la redacción actual. De esta manera, los jueces españoles seguirán siendo competentes para juzgar los delitos descritos actualmente en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, como queda patente en la exposición de motivos, se amplía la lista de motivos que, cometidos fuera del territorio nacional, serán susceptibles de ser perseguidos por la jurisdicción española. Este es el caso, por ejemplo, de los delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica; también los previstos en la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o los delitos de corrupción de agente público extranjero previstos en el Convenio de la OCDE, delitos cuyas previsiones se incorporaron al Código Penal, si bien quedaba pendiente la definición de los aspectos de jurisdicción que ahora se incorporan a la presente ley.

Desde esta perspectiva, se amplía dentro del ámbito de la justicia universal los delitos de agresiones sexuales, abusos sexuales, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual cuando la víctima sea menor de edad, delitos que en la actualidad tienen difícil encaje en los supuestos comprendidos en el artículo 23. De esta forma -sirva a modo de ejemplo-, en el caso de los delitos contra la libertad e identidad sexual cometidos contra víctimas menores de edad, con la reforma propuesta los delincuentes


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sí que podrán ser perseguidos y condenados por los tribunales españoles, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad. También se amplía la competencia de la jurisdicción española para conocer de una pluralidad de delitos relativos a la violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica, violencia psicológica, acoso, violencia física, violencia sexual -incluida la violación-, matrimonios forzosos, aborto y esterilización forzosos, sin limitarse tan solo a los relativos a la mutilación genital femenina, como ocurre con la actual regulación. Se incorpora además una referencia expresa a la persecución del delito de trata de seres humanos cuando los hechos hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, resolviendo así el vacío legal en relación con la persecución de estos delitos.

Señorías, llegados a este punto me van a permitir que aborde también un aspecto puramente procedimental motivado por algunas criticas que desde algún grupo se han realizado, acerca de que el impulso legislativo haya tenido su origen en la iniciativa de este grupo parlamentario, materializándose, como marca el Reglamento, a través de una proposición de ley. Lo que se ha insinuado o, mejor dicho, de lo que se nos ha acusado, es de que, evitando presentar esta iniciativa como proyecto de ley, hemos pretendido hurtar intencionadamente en su fase previa los informes preceptivos que, conforme a las normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Estatuto orgánico del ministerio fiscal y Ley Orgánica del Consejo de Estado, deben emitir los órganos consultivos del Estado. No creo necesario recordarles, y mucho menos a los señores socialistas, cómo se gestó la anterior reforma del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial mediante la Ley Orgánica 1/2009, ley complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial. Un proyecto de ley que no fue aprobado en Consejo de Ministros ni fue remitido a las Cortes Generales, sino que surgió de forma atípica, del Congreso de los Diputados, vía enmiendas, y durante el transcurso de la tramitación de otro proyecto. Ello, a pesar de que el artículo 88 de la Constitución señala que los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros que los someterá al Congreso. Por tanto, una reforma que tampoco pudo contar con esos informes que ahora algunos tanto echan de menos pero que, a pesar de ello, tuvo el apoyo mayoritario de todos los grupos. Lo que hoy no puede criticarse es que el impulso legislativo tenga su origen precisamente en esta Cámara ni que se haga acudiendo al cauce procedimental que en este caso le corresponde, que no es otro que el de la proposición de ley. Les recuerdo a los señores socialistas que en la anterior legislatura el Grupo Parlamentario Socialista presentó trece proposiciones de ley, cuatro de ellas orgánicas, de las cuales algunas fueron tan importantes como la reforma del régimen electoral general o la Ley del Jurado, y ello empleando un procedimiento que ahora les parece tan escandaloso.

Para terminar, y como sin duda harán otros intervinientes, me gustaría retrotraerme brevemente al debate que en esta Cámara se desarrolló en el año 2009, precisamente para modificar este mismo precepto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y con ello la regulación de la justicia universal. Entonces, a ustedes en el Gobierno, señores del Grupo Socialista, y a nosotros, el Grupo Popular, se nos formularon innumerables críticas frente a la propuesta de modificación del artículo 23, que fue finalmente aprobada. Se nos dijo que con aquella reforma se frenaba la justicia universal, que se trataba de un paso atrás, que se quería dar carpetazo, que haría posible la impunidad de crímenes contra derechos humanos universales y protegidos en todo el mundo. Ustedes saben, los hechos así lo han demostrado, que no era verdad. Esta tarde probablemente podremos escuchar cómo desde esta tribuna se irán desgranando sobre esta reforma argumentos y afirmaciones muy similares, por no decir idénticas a los que entonces nos dijeron a ustedes y a nosotros. Hoy ustedes no están en el Gobierno; nosotros sí. Hoy espero que no utilicen ese mismo discurso, esos mismos argumentos que fueron dirigidos antes contra ustedes para devolverlos y lanzarlos ahora contra nosotros. Lo que me gustaría decirles es que también podemos ir abriendo un tiempo distinto, que podemos quitar carga de agresividad al lenguaje, que podemos ofrecer argumentos que estén más allá de la mera descalificación del adversario y que podemos abandonar los discursos antiguos cargados de demagogia, prejuicios y falsos tópicos. Por nuestra parte, si se toma en consideración esta iniciativa, no duden de que el Grupo Parlamentario Popular trabajará y colaborará con todos los grupos a lo largo de la tramitación legislativa posterior para buscar una solución consensuada y que permita mejorar el texto que hoy les hemos presentado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Castillo.

Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Socialista. Tiene la palabra en su representación la señora Rodríguez Ramos.


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La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Señorías, hemos pedido el turno en contra de esta proposición de ley que hoy se somete a la consideración de la Cámara para modificar la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal. Una propuesta que contiene la modificación del artículo 23 para introducir restricciones o, más bien, estrangular en la práctica la posibilidad del ejercicio del principio de jurisdicción universal, especialmente en los delitos y violaciones más graves de los derechos humanos. De aprobarse en su tramitación esta proposición en estos términos, que me imagino que hoy el grupo proponente votará a favor de su admisión, se elimina la jurisdicción universal en pro de la impunidad de terribles crímenes contra la humanidad. Esta es la realidad. Con la aplicación de la justicia universal, España se había colocado a la cabeza en la defensa de los derechos humanos. Las legislaciones de los países de la Unión Europea están siendo modificadas, como es el caso en estos momentos de la legislación francesa, precisamente para asemejarse a la legislación española. Como les digo, estábamos a la cabeza de la defensa de los derechos humanos contra crímenes execrables, y de aprobarse esta proposición de ley nos quedaremos a la cola. Señorías del Partido Popular, esta será su herencia, esta es su marca España. La reputación internacional de España queda seriamente dañada, además de perjudicarse y de vulnerarse de forma clara el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos españoles. (Aplausos).

El Grupo Popular tiene todo el derecho del mundo, al igual que el resto de los grupos parlamentarios de esta Cámara, a presentar proposiciones de ley. Es la primera proposición de ley que presenta el Grupo Popular en esta legislatura. A lo que no tiene derecho es a utilizar la proposición de ley como un atajo, como una trampa, para evitar que modificaciones legales sustanciales de derechos fundamentales y constitucionales de los españoles que afectan además de forma clara a los derechos humanos, se haga sin los informes y los consejos preceptivos. Después de que el Gobierno anunciara la modificación de la jurisdicción universal, el Grupo Popular registró esta proposición de ley. Creo claramente que lo han hecho buscando un atajo para evitar lo que es preceptivo y obligatorio de haberse tramitado como proyecto de ley. El artículo 561.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que es necesario y preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial cuando se realicen modificaciones legislativas que afecten a las competencias de los tribunales y juzgados españoles, cuando afecten a normas procesales o cuando afecten a derechos constitucionales de los españoles, en todo caso siempre que lo estimen procedentes el Gobierno, las Cortes Generales, es decir, nosotros, o cualquier asamblea legislativa autonómica. Por eso hemos pedido expresamente, la Mesa del Congreso con la mayoría del Partido Popular nos lo ha denegado, el informe del Consejo General del Poder Judicial. Si tan claro tuviera el Grupo Parlamentario Popular lo que acaba de decir su portavoz en esta tribuna de que se amplía, se mejora la jurisdicción, no tendría miedo a pedir este informe que sin ninguna duda sería un informe claramente negativo en contra de la propuesta. (Aplausos). Esta proposición de ley afecta al artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, afecta al artículo 57 y afecta de forma muy clara a los derechos fundamentales y libertades públicas de los españoles con su disposición transitoria única. Señorías, sabemos indudablemente que la aplicación del principio extraterritorial y de aplicación de la jurisdicción universal tiene problemas -claro que lo sabemos-, pero no pueden ser utilizados los problemas en su aplicación para eliminar el principio tutelador de los derechos humanos en cuya defensa todo demócrata debe estar implicado. Y debe estar implicado para impedir la impunidad de los autores de esos crímenes y no contribuir, favoreciendo la impunidad, a que otros no tengan miedo a cometerlos. Hay un mensaje muy claro, señorías, en la jurisdicción universal, un mensaje muy claro a los autores de estos delitos de lesa humanidad, del genocidio, de los crímenes de guerra, de las torturas. El mensaje es muy claro: aunque usted esté protegido por su país, por su legislación nacional no hay una impunidad completa, porque cuando salga de sus fronteras cualquier Estado comprometido en la lucha por los derechos humanos puede procesarle.

Señorías, conscientes de la importancia y de la relevancia de la jurisdicción universal, de los problemas existentes en 2009 hicimos una reforma; una reforma dialogada, pactada ampliamente en esta Cámara. Por el Partido Nacionalista Vasco, por CiU (El señor Esteban Bravo: No, ni hablar.-El señor Tardà i Coma pronuncia palabras que no se perciben), por el Partido Popular y por el Partido Socialista. -Por el Partido Nacionalista Vasco no, perdone, pensaba que sí, disculpe-. Esta reforma recogió lo que los tribunales en su jurisprudencia nos venían diciendo, la necesidad de establecer un principio de conexión con un interés nacional. Y el interés nacional claramente estaba en que la víctima fuera española y que el presunto autor de estos crímenes se encontrase en territorio nacional. Esto cambia radicalmente en la proposición de ley que hoy ustedes nos traen a su consideración. Y cambia radicalmente porque limita estableciendo requisitos de perseguibilidad que hacen en la práctica inviable la aplicación de la justicia universal, que hacen en la práctica inviable la posibilidad de que los jueces y tribunales españoles puedan


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proceder contra los presuntos autores de estos delitos. Lo más importante, además, es que las víctimas de nacionalidad española, víctimas de estos delitos, quedan sin ningún tipo de protección cuando no se reúnan estos requisitos de perseguibilidad que exigen ustedes en esta proposición de ley.

No basta, señorías, para ustedes con que el presunto culpable, el presunto autor de estos delitos se encuentre en España; no basta con que la víctima sea española; ustedes exigen la residencia habitual en el caso de que el presunto autor no tenga nacionalidad española, y además exigen un requisito que escapa a cualquier posibilidad de competencia del Estado español, de las autoridades españolas, el que se haya denegado una orden de extradición contra la persona que se quiere proceder. ¿Si no se ha pedido esa orden de extradición, encontrándose en España quedará impune?, ¿queda imposibilitado un juzgado, la jurisdicción española de proceder contra esos delitos? Esta es la realidad, señorías. No pueden hablar de ampliación sino de constricción hasta el límite del principio de jurisdicción universal y de competencia extraterritorial de la jurisdicción española. Por otra parte, ustedes hacen una exposición de motivos en su proposición de ley que no responde en absoluto a la realidad ni a la legislación internacional. Ustedes nos dicen en la exposición de motivos, para justificar la misma, la ratificación por parte de nuestro país del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Señorías, además de que esto no es absolutamente novedoso, de que no tiene nada que ver con lo que ustedes proponen sino que es contrario, la ratificación por España se produjo hace catorce años; en nada por lo tanto afecta a esta materia. Por otro lado, el Estatuto de Roma en el que precisamente se habla de las obligaciones de las partes que asumen la competencia del Tribunal Penal Internacional, se dice que los Estados tienen la obligación -todo Estado tiene la obligación- de ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales. Señorías, la comunidad internacional concluyó que determinados crímenes, incluidos los crímenes contra la humanidad, el genocidio, la tortura, las desapariciones forzadas, eran delitos tan graves que atentaban contra toda la comunidad internacional y que, por tanto, todos los Estados estaban comprometidos conjuntamente a investigar, perseguir y extraditar a cualquier persona presuntamente autora de estos delitos que se encontrara en su territorio. Por tanto, nada que ver con lo que ustedes establecen en el preámbulo, en la exposición de motivos de esta proposición de ley, porque ustedes realizan todo lo contrario. Y les digo que esto además supone que, de ser aprobada esta proposición de ley, ustedes estarían incumpliendo obligaciones internacionales asumidas en más de seis convenios internacionales de Ginebra, precisamente en el Estatuto de Roma, en la Convención contra la tortura. Por tanto, ustedes pueden ser denunciados como parte firmante y que incumple esta obligación a la que me acabo de referir.

Señorías, el Gobierno de España -no sé si lo saben, no sé si lo han tenido en cuenta, pero se lo digo también para su consideración a la hora de votar hoy y de tramitar esta ley- tiene que asumir en el año 2015 el examen sobre el cumplimiento de derechos humanos que se realiza de forma ordinaria por Naciones Unidas, el examen periódico universal de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Este examen, señorías, es en 2015, pero su procedimiento comienza ahora, en junio de 2014. Y yo les digo una cosa, si aprueban ustedes esta proposición de ley en los términos en los que hoy la someten a consideración, no se presenten al examen, señorías. El Gobierno de España está ya suspendido de antemano y, por tanto, ni vayan. (Aplausos).

Señorías, no tengo tiempo de examinar todos y cada uno de los delitos a los que ustedes hacen referencia en esta proposición de ley, pero quiero señalar dos aspectos a los que se ha referido el portavoz del Grupo Popular en la tribuna. Primero, no es verdad, señorías, que haya una ampliación de los delitos que se pueden perseguir en el ámbito de la jurisdicción universal en esta proposición de ley. La pretendida novedad de incluir los delitos de desaparición forzada y los delitos de tortura y contra la integridad moral de los artículos 174 a 177 del Código Penal no es tal novedad, es un cumplimiento exhaustivo de las obligaciones que tenemos como Gobierno, como Estado por la firma de los tratados internacionales que España ha ratificado. Indudablemente, ustedes podrían haber ampliado el catálogo de delitos hasta el infinito porque las condiciones de perseguibilidad de los mismos afectan a todos estos delitos de tal forma que hacen imposible su persecución. Y le digo una cosa, no tengo tiempo de analizarlos todos, pero sí quiero pararme aquí en los delitos a los que hace referencia el Consejo de Europa del 11 de mayo 2011, sobre la prevención y la lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. Les quiero manifestar desde esta tribuna y adelantar que para nuestro grupo parlamentario, para el Grupo Socialista es inasumible la restricción de perseguibilidad de estos delitos que se establecen en esta proposición de ley. (Aplausos). Señorías, en los delitos relativos a la violencia de género, a la trata de blancas, a los abusos sexuales contra menores, a la pederastia, a la ablación y a la mutilación genital femenina se produjo un avance fundamental en el año 2005, cuando para perseguir este tipo de delitos solo se requería


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la presencia del presunto autor en España. Estamos hablando de delitos execrables, de delitos inhumanos, de torturas inhumanas contra las mujeres, delitos que pueden afectar potencialmente a 17.000 personas en España, a más de 500.000 personas en la Unión Europea y que estimamos que cada año en el mundo afectan a más de 3 millones de mujeres. Pues bien, ahora ustedes en estos delitos de violencia, de abuso sexual, de mutilación genital femenina, de pederastia y de abusos sexuales de menores nos dicen que no es suficiente con que el presunto autor se encuentre en España, que no es suficiente la nacionalidad española de la víctima o que resida habitualmente en España, sino que el presunto autor debe residir también en España, y además, señorías, ustedes exigen la presentación de una querella. ¿Saben lo que es eso, señorías? ¿Saben cómo se detectan las mutilaciones genitales en España efectuadas a una menor por sus padres, por sus familiares? Se detectan tras una revisión médica, y están impidiendo que esta denuncia pueda efectuarse para perseguir en España estos delitos. (Aplausos). Esto es inasumible, no lo vamos a permitir, señorías, no lo vamos a permitir.

Quisiera citar algo, señorías, y lo voy a hacer para que quede constancia en el "Diario de Sesiones".

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, le recuerdo que ha pasado su tiempo.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Sí, señor presidente, permítame decir esto.

En 1950, en un famoso discurso en el Parlamento británico se dijo lo siguiente: Al igual que el romano antiguamente, en la antigua Roma, señorías, se sentía libre de cualquier afrenta al decir civis romanus sum, cualquier súbdito británico, esté donde esté, en cualquier lugar del mundo, tiene la seguridad de que el ojo vigilante y el fuerte brazo de Inglaterra les va a proteger de la injusticia y del daño. Hoy, en el año 2014, un ciudadano español no puede decir esto, porque ante las presiones de Gobiernos de países que no han aceptado la competencia del Tribunal Penal Internacional y que presionan al Gobierno de España para defender a sus nacionales, la respuesta terrible que da el Gobierno de España es una modificación de esta legislación para desproteger a los nacionales españoles. (Aplausos). Señorías, esto es lo que sucede. ¿Cómo pueden subirse a esta tribuna y decirnos que se amplía la jurisdicción internacional cuando establecen una disposición adicional que supondrá que todos los procedimientos abiertos en España en virtud de la jurisdicción internacional se sobresean de forma automática? Ya les digo que creo que es inconstitucional de forma clara. Una norma legislativa no puede cerrar un procedimiento judicial abierto de forma automática. Serán los jueces y las partes personadas en el proceso los que, revisando caso por caso, decidirán sobre la vida futura de ese procedimiento. No sé cómo pueden decir, señorías, que amplían la jurisdicción universal, si cuando aprueben esta legislación aquellos procedimientos hoy abiertos que ustedes pretenden cerrar de forma inmediata van a suponer el sobreseimiento, entre otros, del genocidio de Guatemala con el asalto a la Embajada española, de la muerte de José Couso en el procedimiento instado por su familia, de los sobrevivientes españoles en los campos de concentración nazis, del asesinato de Carmelo Soria, del asesinato de Ignacio Ellacuría, del ataque de Israel a la flotilla de la Libertad, donde murieron nueve personas. ¿Cómo pueden decir, con qué base, que esto amplía la jurisdicción y amplía la protección de los derechos de los españoles?

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar irremediablemente.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Les pido, por lo tanto, en nombre de mi grupo, que retiren esta proposición de ley que, como les he dicho al comienzo de mi intervención, pasa a situar la reputación internacional de un país -por lo tanto, la de todos los españoles- de la cabeza en la defensa de los derechos humanos a la cola de los países de la comunidad internacional en la impunidad contra estos crímenes.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez.

Señor Castillo.

El señor CASTILLO CALVÍN: Gracias, señor presidente.

Señora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, como me temía, ha desempolvado ese viejo discurso cargado de demagogia, prejuicios y falsos tópicos que en el año 2009 les lazaron a aquellos grupos que se posicionaron en contra de la reforma. No ha necesitado innovar, se ha limitado a reproducir aquellas mismas argumentaciones, pero esta vez contra nosotros. En todo caso, señorías, aunque creo


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que ha quedado suficientemente clara la posición de mi grupo, como se han planteado en la anterior intervención cuestiones concretas, me van a permitir que comente algunas brevemente.

Comenzaré contestando a la infundada crítica que se ha realizado acerca de que con esta reforma se desprotege a las mujeres y que lastrará la lucha contra la ablación, la pederastia y el maltrato, y nada más lejos de la realidad. La reforma propone una nueva referencia bajo el título Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales cometidos sobre víctimas menores de edad, que es más amplia que la actual referida solo al capítulo V del título VIII del Código Penal. ¿Están ustedes, señores socialistas, en contra de que se persiga a aquellos que, haciendo turismo sexual, abusan de niños? Pues, señores socialistas, con la propuesta se incluirán dentro del ámbito de la justicia universal los delitos de agresiones sexuales, abusos sexuales, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual cuando la víctima sea menor de edad. Respecto a los delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, le vuelvo a preguntar a los señores socialistas: ¿Están en contra de que se persiga a aquellos que ejerzan cualquier forma de violencia contra la mujer? Pues, señores socialistas, con la propuesta se amplía la competencia de la jurisdicción española para conocer de una pluralidad de delitos relativos a la violencia contra la mujer, a los que se refiere el citado convenio, y no solo de los relativos a la mutilación genital femenina, tal como prevé el vigente apartado 4 del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En este sentido, el citado convenio se aplica a todas las formas de violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica, e insta a los Estados parte a tipificar como delitos las siguientes conductas: violencia psicológica, acoso, violencia física, violencia sexual -incluida la violación-, matrimonios forzosos, mutilación genital femenina, aborto y esterilización forzosa, y acoso sexual. Realizada esta primera precisión, quiero continuar destacando que si existe una postura incongruente es la de ustedes, que, por un lado, critican el endurecimiento de las acciones penales previstas por la reforma del Código Penal que estamos tramitando en esta Cámara para delitos como la violencia doméstica, los abusos sexuales, la explotación sexual de menores, la pornografía infantil o la trata de seres humanos cuando estos delitos se cometen en España, pero, por otro lado, critican esta reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que pretende ampliar la lista de delitos que, cometidos fuera de España, serán susceptibles de ser perseguidos por nuestros tribunales y que, por tanto, con el Código Penal reformado serán ahora castigados con penas mucho más severas.

Para finalizar, quiero destacar que la realidad nos demuestra que, aunque España está a la vanguardia del mundo en cuanto a justicia universal, al menos en lo que a número de instrucciones se refiere, como muy bien ha señalado la portavoz socialista, lo cierto es que los resultados, desgraciadamente, no acompañan en este empeño. Admitir a trámite una causa no significa que pueda resolverse sobre el asunto; la práctica ha demostrado que lo habitual es el sobreseimiento o el archivo del caso sin resultado alguno, pues para este tipo de crímenes no cabe el enjuiciamiento en rebeldía. Saben ustedes que la Audiencia Nacional pudo condenar en nuestro país a Scilingo, militar argentino, como autor de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar argentina. Le voy a comentar que el motivo por el que se pudo condenar fue porque este militar se encontraba en España y él mismo consintió ser juzgado. Esto también es importante tenerlo en cuenta, porque no podemos crear falsas expectativas ante víctimas de atrocidades que piensan que, por el hecho de ponerse en marcha la maquinaria de la justicia, van a poder obtener una tutela eficaz. Si no establecemos mecanismos que garanticen con objetividad la eficacia de esta respuesta penal, seguiremos defraudando las legítimas expectativas de aquellos que acuden a nuestros tribunales y, con ello, estaremos haciendo un flaco favor a la justicia, también a la universal. Y esto, y no tanto los conflictos diplomáticos, es lo que realmente nos preocupa. Por ello, esta proposición de ley introduce el apartado quinto al artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en virtud del cual los jueces y tribunales españoles se reservan la posibilidad de continuar ejerciendo su jurisdicción si el Estado que la ejerce no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo. Así que la intención de esta propuesta legislativa no admite ninguna duda: nuestro compromiso, el del Grupo Parlamentario Popular, con la justicia y con la libertad. En definitiva, señorías, más allá del debate teórico, a veces acalorado, pues se trata de una materia sensible, nuestra regulación de justicia universal no solo no creará espacios de impunidad para nadie, sino que seguirá permitiendo que estos delitos más graves no queden impunes y puedan ser perseguidos y juzgados de manera más efectiva y eficaz que antes.

Muchas gracias. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castillo.

Señora Rodríguez Ramos.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Señoría, no he entendido muy bien su intervención de ahora, básicamente porque tampoco ha respondido a la mía. Se la traía tan escrita y tan preparada... Me ha acusado de muchas cosas, eso sí que lo he entendido. Yo no le voy a acusar a usted de nada. Le podría decir, en fin, como decía Unamuno: No me gustan las personas que hablan como libros y me gustan muy poco los libros que hablan como personas. Es decir, le podría decir que ha leído usted bien, pero poco más. Por el poco tiempo que tengo, señorías... (Varios señores diputados: No lo lea, no lo lea). No, no, no lo voy a leer, porque yo, normalmente, sé lo que digo en la tribuna, señorías. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Por favor, ruego silencio.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Sí, normalmente sí me lo sé.

El señor PRESIDENTE: No entremos en conversación.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Mire, señoría, solamente le pido -si puede- que me diga si es verdad o no lo que yo le pregunto en la persecución de los delitos de la Convención de Estambul a los que hemos hecho referencia y están recogidos en el Consejo de Europa. ¿No es cierto que para que se puedan perseguir en España estos delitos contra la violencia de género, la mutilación genital, los abusos sexuales y la pederastia, establecen ustedes en su proposición de ley que o bien el presunto autor del delito debe ser español o, de ser extranjero, debe tener residencia habitual en España? De ser la víctima española, ¿además debe concurrir la exigencia de que el presunto autor se encuentre en España y, además, eliminan la denuncia y exigen una querella? ¿Es cierto o no es cierto, señorías? ¿Es cierto o no es cierto que en el delito de torturas y en el de desaparición forzosa -señoría, dígame sí o no- lo que ustedes exigen ahora no es solo que la víctima sea española sino que además el autor sea español y, si no es así, que el presunto autor sea residente en España y la víctima tenga residencia española en el momento de cometerse los delitos de tortura? Y como sí es así, señoría, le quiero decir que, de aprobarse esto, España va a poder ser denunciada en la Corte Internacional de Justicia, que ya en 2012 en el asunto de Bélgica contra Senegal dispuso lo siguiente: Es obligación de enjuiciar por parte de los Estados miembros, como obligación recogida en la convención, cualquier acto o violación que suponga un acto ilegal, y el Estado que no persiga estos delitos de tortura, estableciendo requisitos de perseguibilidad que hacen imposible la apertura del procedimiento, tendrán responsabilidad. Señorías, ¿sabe lo que esto supone? Que ustedes, el Estado español, el Gobierno español, pueden ser denunciados por incumplimiento de obligaciones en el ámbito internacional. Permítame que le diga, señoría, que esta modificación de la jurisdicción universal que ustedes proponen, como es contraria a la legislación internacional y a los convenios internacionales que hemos firmado además no va a tener recorrido a largo plazo. El Estado español va a tener que rectificar. Pero a corto plazo, señorías, si ustedes lo aprueban van a traer mucho, mucho sufrimiento a todas aquellas personas que tienen expedientes y procedimientos abiertos, que vienen reclamando justicia desde hace años, y que han encontrado acogida para el ejercicio de sus demandas en la jurisdicción española. En definitiva, señoría, esto no es demagogia. Aquí sucede lo que en el resto de los recortes de derechos sociales, de libertades públicas, de derechos fundamentales que están haciendo en muchas otras materias. Todos van a tener marcha atrás, todos van a ser modificados cuando ustedes dejen de gobernar, pero en el corto plazo generan mucho sufrimiento a los afectados.

Créanme, señorías, que no vamos a permitir, esta Cámara no va lo va a permitir, los grupos políticos con representación parlamentaria en esta Cámara no vamos a permitir que vulneren el derecho a la tutela judicial efectiva de los nacionales españoles por garantizar y dar satisfacción a los Gobiernos y a los Estados que les están presionando y cuya respuesta ha sido la siguiente: haremos una modificación para estrangular la jurisdicción universal, pasando también por encima y arrollando el derecho de los justiciables nacionales españoles. Esto es lo que usted tiene que contestar en esta Cámara, no leerme lo que trae escrito de casa ni acusar a este grupo parlamentario ni a esta interviniente de demagogia. Tiene la posibilidad de hacerlo, hágalo. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez.

Vamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Fernández Davila.


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La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Señorías, la jurisdicción penal universal en caso de determinados delitos supuso un avance al permitir la persecución penal de los delitos más graves, incluso por encima de jurisdicciones estatales. De esta manera se rompe con la dependencia de determinados poderes judiciales de Estados con déficits democráticos al poder ser perseguidos los delitos desde órganos judiciales de otros Estados, sobre todo aquellos delitos de lesa humanidad. Y no estamos pensando en China, como puede estar de actualidad, pues en el Estado español una antidemocrática Ley de Amnistía impide también investigar los graves crímenes cometidos durante los cuarenta años de la dictadura. Señorías, mucho nos tememos que este proyecto de ley no sea consecuencia de las presiones de China, a las que algunos se refieren y que nosotros entendemos que seguro que las hay, sino que con esta propuesta lo que quieren realmente es dar una señal internacional de que se van a recortar las investigaciones penales de graves delitos desde el Estado español, para que recíprocamente en otros Estados se paralicen y archiven, y no se investiguen en el futuro causas de graves delitos, genocidios, torturas sistemáticas, etcétera, cometidos en territorio español y que, como ya hemos dicho, la justicia cuenta con el veto de la ley para investigar.

Queremos recordar, señorías, que el primer país que se opuso al principio de justicia penal universal en casos de delitos de lesa humanidad fue Estados Unidos, habida cuenta de su política imperial y de las previsibles atrocidades de sus invasiones militares. Con esta iniciativa, el Gobierno se alinea con ese imperialismo americano tratando de debilitar una cooperación internacional para perseguir y juzgar en cualquier parte del mundo los crímenes más graves. Señorías, de aprobarse esta ley, quedarán paralizados todos los procesos abiertos, como el de José Couso, demostrando así la insensibilidad del Partido Popular, que antepone su sumisión a la Administración americana a la defensa de ciudadanos del Estado. Como ya han dicho expertos juristas -y quien me ha precedido en el uso de la palabra también ha comentado estas cuestiones-, esta proposición de ley debilita el Estado de derecho, contraviene el derecho internacional, destroza los derechos humanos, vilipendia la dignidad de las víctimas de horrendos crímenes internacionales y garantiza la impunidad de los autores.

Señorías del Grupo Popular, deberían retirar esta proposición de ley, porque además de lo que hemos dicho ni siquiera han tenido en cuenta, dada la importancia de la misma, establecer un debate necesario cuando menos con los órganos consultivos del Poder Judicial, Consejo Fiscal y Consejo de Estado. Tienen tanto miedo a estos informes que han optado por la forma de proposición de ley y no por la de proyecto del Gobierno. Reiteramos nuestra petición de retirada de esta iniciativa y anunciamos nuestro voto en contra.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.

Señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señorías, para que todos nos entiendan, entre hacer justicia por la muerte de Xosé Couso o agradar a quienes le mataron, el Gobierno español ha optado por la impunidad de los asesinos. Esta es su fórmula, como lo ha sido proteger a fascistas, torturadores y genocidas franquistas, y negándose a reparar a las víctimas del franquismo, es decir, blindando un modelo de impunidad que es una excepción y una anomalía en el mundo. Pero hoy incluso se atreven a dar un paso hacia delante para vergüenza e insulto de todas las víctimas de vulneraciones de los derechos humanos. Ustedes están dispuestos a internacionalizar su modelo de impunidad, es decir, ustedes globalizan este modelo. Esta es su marca España. Como se dice popularmente, chorizos a arrobas; banqueros, políticos y miembros de la Casa Real; chorizos que mandan, gobiernan y diseñan el presente y el futuro de nuestra sociedad, y ustedes en este camino dinamitan un hito de nuestra civilización democrática, porque estábamos muy orgullosos de haber conseguido que cualquier genocida, que cualquier torturador, estuviera donde estuviera, hubiese transcurrido el tiempo que hubiera transcurrido desde la comisión del delito, supiera que tarde o temprano sería llevado delante de un tribunal. Desgraciadamente, el Partido Socialista -caballo de Troya- en la pasada legislatura acotó el alcance de la justicia universal. Ya lo hicieron ustedes, acotándola, limitándola solamente a los ciudadanos con nacionalidad española, pero lo que viene ahora es el entierro de la justicia universal. Además con efectos retroactivos es inadmisible que el Poder Legislativo pretenda el sobreseimiento de causas ya abiertas; es un precedente que conduce a la dictatorialización de la justicia. Por esta razón hacemos un llamamiento a esta Cámara, porque cincuenta diputados y diputadas tenemos la capacidad de firmar un recurso de inconstitucionalidad. Los republicanos somos tres solamente pero esperamos que


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se sumen distintas fuerzas políticas presentes en este Parlamento, incluido el Grupo Socialista, que de hecho sería muy necesario que se sumara, porque es verdad que sumando distintas fuerzas políticas minoritarias quizás no alcanzaríamos este número. Cincuenta diputados y diputadas tenemos a nuestro alcance poder presentar un recurso de inconstitucionalidad, y agradecería que los próximos compañeros que suban a esta tribuna se pronunciaran sobre ello. También hacemos un llamamiento a los jueces para que presenten una cuestión de inconstitucionalidad; aquí los jueces se la juegan.

Señores del Grupo Popular, termino diciéndoles que ustedes ofenden la memoria de millones de personas presentes y ausentes que dejaron la piel -insisto, dejaron la piel- y la vida, para que nuestra sociedad tuviera un valor de civilización tan preciado como la justicia universal. Esta es una actitud que raya con la sinvergonzonería.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.

Señor Cuadra.

El señor CUADRA LASARTE: Señoras, señores, las reformas impulsadas hasta hoy por el Gobierno en otros terrenos (laboral, financiero, de pensiones) habían evidenciado que lo que tenemos delante es una franquicia de la troika: Angela Merkel decía lo que había que hacer y el Gobierno se arrodillaba y decía amén. Hoy de lo que nos estamos enterando es de que en el todo a cien de este Gobierno hay más franquicias y de que se está a las órdenes, a lo que se dice desde potencias internacionales como Estados Unidos o China, entre otras. La reforma que plantea hoy el Grupo Popular, en definitiva, está hecha a la medida del velo con el que se pretende tapar toda una serie de violaciones de derechos humanos, de crímenes contra la humanidad y de genocidios que se practican en el planeta. La justicia universal -se ha hecho mención a esto-, seriamente recortada desde nuestro punto de vista por el anterior Gobierno y gracias también a presiones internacionales, queda hoy reducida a poco menos que nada. No se trata tan solo aquí de hablar de conceptos abstractos sino de realidades concretas. Lo que estamos viendo es que se pretende que en la Audiencia Nacional vaya a la papelera por ejemplo el asesinato de José Couso, periodista asesinado en Bagdag, en una guerra criminal, genocida, completamente arbitraria y en contra de todo principio legal. Así se pretende que estos crímenes contra la humanidad realizados por Estados Unidos en Afganistán, o aquellos otros organizados por ese otro país, por esa burocracia y su ejército criminal en el Tíbet, queden impunes. Igualmente se pretende barrer y dejar debajo de la alfombra realidades como la del asesinato de nuestro paisano el jesuita vasco Ellacuría y sus compañeros por el ejército salvadoreño, entrenado, armado y dirigido desde Estados Unidos; al igual que el crimen que se produjo en la embajada española en Guatemala, el asesinato de Carmelo Soria por la dictadura de Pinochet; o -también hay que mencionarlo- los cientos de crímenes cometidos por el ejército marroquí cuando entró en el Sáhara, después de que el valiente y arrojado ejército y Gobierno españoles entregaran aquel territorio a la dictadura alauita, después de que solo hacía muy poco tiempo hubieran declarado una y otra vez que aquel territorio formaba parte de la inseparable España, una grande y libre, indisoluble e indivisible.

La justicia en manos del PP no es sino sumisión en relación con los poderosos -con estas potencias- y arrogancia con los países y con las gentes débiles; a partir de esta ley los poderosos van a poder seguir actuando a su antojo, violando los derechos humanos a nivel internacional como quieran porque en el Estado español nadie les juzgará. Personas como José Couso o las cientos que trabajan en esas ONG, que se desplazan a las zonas en conflicto, a las zonas calientes a defender y a ser testigos de las violaciones de los derechos humanos, tendrán la vergüenza de saber que su Gobierno en ningún momento les va a ayudar y que les va a dejar a merced de aquellos que están violando los derechos humanos en esos lugares. ¿Qué se podía esperar de un gobierno que ha permitido y sigue permitiendo el genocidio que practicó la dictadura franquista durante cuarenta años, con más de 150.000 personas asesinadas y desaparecidas en este Estado; cuarenta años de dictadura, de represión, de cárcel, de castigos, de torturas, de trabajos forzados? ¿Qué se puede esperar de este Gobierno que no persigue en su casa estos crímenes? ¿Cómo los va a perseguir fuera? ¿Cómo va a defender fuera a sus propios ciudadanos cuando no los defiende en el Estado español? Ya lo dijimos en una ocasión y lo repetimos ahora, aunque probablemente, por desgracia, tendremos que hacerlo más veces. No nos consideramos españoles pero, de serlo, tendríamos la tremenda vergüenza de soportar a un gobierno como este y unas leyes como estas que ni siquiera defienden su propia ciudadanía.


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Para terminar, hablando de derechos humanos, de violaciones, de genocidios y de imputaciones, quisiera mencionar a una persona imputada por la justicia argentina, que fue miembro de un gobierno criminal franquista, responsable político directo de la ejecución mediante garrote vil de Salvador Puig Antich, don José Utrera Molina. Sería interesante que el portavoz del Grupo Popular transmitiera...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar.

El señor CUADRA LASARTE: Diez segundos.

... al ministro de Justicia la necesidad de que a esta persona se la sometiera a medidas preventivas y cautelares para que no siga afirmando después de hacer todo lo que hizo que es necesario mandar, entre otras cosas, la legión a Cataluña. (Una señora diputada pronuncia palabras que no se perciben).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuadra.

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Señoras y señores diputados, esta reforma podría haber sido presentada por el grupo proponente de muchas maneras, pero ha sido elegida la más insospechada, ya que se plantea como una ampliación de derechos, como una ampliación de la lista de delitos perseguibles. Lo que no dicen, lo que no se señala, lo que no se precisa es que viene con muchas rebajas, no solo a lo ahora precisado sino también a lo que ya estaba establecido por ley. Es más, da la sensación en muchos casos de que las condiciones que se ponen están sacadas de un estudio detallado de los casos que en estos momentos están siendo tramitados ante los tribunales, de manera que se puedan cortocircuitar.

Hablan de genocidio, de crímenes contra la humanidad, de crímenes de guerra, de torturas, de desapariciones forzadas; tienen que tener límites. Según nuestro modo de ver, el único límite que deberían tener es que las víctimas puedan ver su caso con garantías y puedan ser reconocidos sus derechos y lo que sucedió en su propio país. Si no es así, desde luego la jurisdicción universal tiene que funcionar y ustedes lo que hacen es poner palos en las ruedas y dificultades. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Yo quiero repetir lo que ya ha comentado algún otro orador. Para investigar y enjuiciar en España crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, el sospechoso debe ser español o un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España o un extranjero que se encuentre en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas, restringiendo de manera muy específica; por otra parte, para tortura o desaparición forzada, el sospechoso debe ser español o, alternativamente, la víctima debe tener la nacionalidad española en el momento de la comisión de los hechos y la persona sospechosa debe encontrarse en territorio español. Así un ejemplo tras otro -condiciones, puntos de conexión, insisto-, parece que han sido buscados ex profeso, sacándolos de los casos que en estos momentos se están viendo por los jueces para paralizarlos, de una manera u otra. Que no dejen valorar al juez, sino que sea la Sala segunda del Tribunal Supremo añade todavía más a lo que venimos diciendo.

Ha dicho el representante del Grupo Popular que ahora esta reforma permitirá que sean juzgados y que no quede en una mera declaración de principios. Ahora es cuando se va a permitir que sean juzgados. Diga esto a los familiares de Couso, por ejemplo, a ver si ahora va a poder juzgarse su caso, a ver si ahora su caso no va a quedar en una mera declaración de principios; o dígaselo a otras víctimas, como las de los vuelos de la CIA o el genocidio ruandés; o dígaselo también a los tibetanos, que fueron torturados y encarcelados durante décadas y décadas en prisiones inhumanas; díganlo alto y claro. Se han achantado ante los poderosos, ante los intereses del mercado, de la economía y de algunos agentes muy importantes en el ámbito de las relaciones internacionales; si no, de qué va a venir el Grupo Popular haciendo una proposición de ley, la única que ha hecho en toda la legislatura, sobre este tema específico; si no, de qué. Lo hacen así además -tengo que insistir, porque la reforma anterior no fue precisamente con mucha luz y taquígrafos y esta también es con nocturnidad- para que el proceso pueda acelerarse, para que los plazos sean más cortos y desde luego -sí, ¿por qué no?- también para evitar el bochorno de lo que pueda decirse en algunos informes.

Desde luego, de aprobarse lo que el Grupo Popular nos propone, en nuestra opinión supondría que se violarían obligaciones internacionales que tiene el Estado español; obligaciones internacionales que ya forman parte, por el mero hecho de haber firmado esos tratados, del ordenamiento jurídico interno del Estado. Eso no se puede obviar, no se puede mirar para otro lado. Crímenes tan graves deben ser juzgados por cualquiera, por cualquier Estado que pueda hacerlo. Los convenios de Ginebra lo dicen


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claramente: Cada una de las partes contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido u ordenado cometer cualquiera de las infracciones graves, etcétera. Señala: Sea cual fuere su nacionalidad. El Estatuto de Roma dice, al establecer la Corte Penal Internacional, que será complementaria de las jurisdicciones penales nacionales, pero no anula estas; todo lo contrario. Señala además que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales. Además, no es solo -que ya sería suficientemente grave- que haya un cambio de legislación y que, por lo tanto, vaya a haber una restricción prácticamente absoluta a partir de este momento para nuevos casos que puedan aparecer; no es solo eso, sino que su reforma también implicaría, tal y como queda establecido, aquellas causas que en estos momentos están abiertas. Hay una disposición transitoria que sinceramente es inaceptable porque está cerrando, está deteniendo de manera generalizada todos los procesos, todas las investigaciones que se estén llevando a cabo en estos momentos, lo cual es una forma de interferencia muy directa en la autoridad judicial. Busca efectos retroactivos y exige que las condiciones que ahora se plantean tengan que ser probadas para que pueda continuarse con ese procedimiento. Como he dicho antes, parece que las condiciones que se han buscado han sido precisamente para que no pueda continuarse con aquellos procedimientos que son más emblemáticos y pueden hacer más pupa a determinados poderes nacionales, que son desde luego árbitros muchas veces de la escena internacional. Que la reforma presentada proscriba que las acusaciones populares ejerciten el principio de justicia universal también nos parece algo absolutamente inadecuado; es más, esta pretensión de eliminar las acusaciones populares evidencia, deja más claro aun si cabe, cuál es el fin, cuál es la razón, cuál es el objetivo de la reforma.

Evidentemente, si el texto que ustedes proponen sale adelante tal y como lo proponen la reputación internacional de España va a verse dañada, sin lugar a duda. Ante algunos quedará muy bien, a algunos les deberán algún favor; será pequeño, ya verán cómo estas cosas se olvidan rápido. Además, en los intereses comerciales normalmente si el interés es de ambas partes suelen funcionar, por mucho que se amenace con que se acabe el mundo en estas cosas. Desde luego la reputación en materia de protección de derechos quedará absolutamente dañada cuando se intente asociar con el nombre del Estado español. Va a haber un antes y un después. Nosotros intentaremos que esta reforma no se lleve a cabo, pero si al final se va adelante, no solo se toma en consideración sino que se mantienen erre que erre en sus términos, propongo desde esta tribuna al resto de los grupos que hagamos que durante esta legislatura no sea este el único momento en el que se hable de la jurisdicción universal. Provoquemos las situaciones, aunque se haya llevado adelante la reforma, para volver legislativamente a un punto anterior, para mantener el debate durante toda esta legislatura y en una próxima, en la que esperemos que no haya mayoría absoluta, podamos modificarla.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Esteban.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, para centrar los términos y que se sepa con claridad de qué estamos hablando voy a hacer un breve relato de los hechos. Esta reforma legal que trae el Grupo Parlamentario Popular de manera inédita en esta legislatura es consecuencia de una querella que hay en la Audiencia Nacional planteada por un ciudadano español, Thubten Wangchen, de origen tibetano, pidiendo que se persiga a los responsables del genocidio del Tíbet. Como esa instrucción que se está llevando a cabo en la Audiencia Nacional estaba avanzando y dando buenos resultados, para evitarle molestias a la tiranía china, que se las ha transmitido de manera pertinente al Gobierno español, se presenta esta legislación ad hoc de manera vergonzante, planteando que esto es una ampliación de la jurisdicción universal, cuando lo único universal que va a quedar es esta reforma en la Historia universal de la infamia, que escribió Borges. Lo único universal que va a quedar, si esta reforma sale adelante, va a ser eso. Es una reforma ad hoc para acomodarse, insisto, a las exigencias del Gobierno chino para que no se persiga a sus jerarcas ni se investiguen las responsabilidades del Gobierno chino en el genocidio en el Tíbet. Con ella se da también carpetazo a muchos otros casos que están abiertos en la Audiencia Nacional y que también han supuesto incomodidades diplomáticas; por supuesto. Todos sabemos que la jurisdicción universal supone incomodidades diplomáticas, por eso se recortó en el año 2009, y aun así no se liquidó, que es lo que hace, en definitiva, esta reforma legal. No es recortarla; desde luego no la amplía, como cínicamente se nos ha tratado de explicar. No es que la recorte, es que la liquida; la liquida definitivamente. En un momento


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en el que otros países como Francia, reconociendo el papel vanguardista que nuestro país ha tenido en la defensa y en la práctica de la jurisdicción universal, empezaban a seguir nuestros pasos, nuestro Gobierno decide deshacer el camino andado y utilizar para ello al Grupo Parlamentario Popular que se ha prestado con diligencia lacayuna a hacer de tonto útil de la voluntad del Gobierno. Como además está...(Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un segundo, señor Lozano. Por favor, ruego silencio para que se pueda escuchar a la oradora.

La señora LOZANO DOMINGO: Además, como esta reforma está trufada de incompetencia, como casi todos los actos que ustedes llevan a cabo, nos encontramos con que va a garantizar la impunidad a numerosos criminales, como pasaré a explicar en el transcurso de esta intervención. La jurisdicción universal es un anhelo que no por casualidad surge después de los juicios de Nuremberg; no es por casualidad porque después de los crímenes tan graves de genocidio, crímenes contra la humanidad, se llega a la conclusión de que esos crímenes que ofenden a la humanidad entera deben poder ser perseguidos en cualquier parte del mundo, independientemente de la nacionalidad de quien los haya cometido. Ese anhelo que hasta ahora encontraba un hueco en el cuerpo jurídico español es lo que ustedes quieren liquidar. No era una jurisdicción limitada y entendemos que no lo puede ser. Precisamente como estaba en este momento permitía que España siguiera ejerciendo ese papel de liderazgo y de vanguardia en la defensa de la jurisdicción universal que había venido ejerciendo hasta ahora y que obedece, por cierto, a una larguísima tradición del derecho español que se remonta incluso a Francisco de Vitoria. En la exposición de motivos alegan de manera cínica que la existencia del Tribunal Penal Internacional y el Estatuto de Roma para perseguir este tipo de crímenes hace innecesaria y redundante la jurisdicción universal en España, cuando es justamente lo contrario. Países como China y Estados Unidos, que son los que se van a ver aliviados cuando se deje de perseguir el genocidio en el Tíbet o se deje de investigar la muerte de José Couso en la guerra de Irak, no han firmado el Estatuto de Roma, no son signatarios del Tribunal Penal Internacional. Por lo tanto, a ellos no se les aplica la jurisdicción de este tribunal que, en cualquier caso, se refiere a crímenes ocurridos después del año 2002, cuando entra en vigor, y muchos de ellos quedarían también excluidos por motivos de fecha.

Entrando en la casuística y para ejemplificar lo que puede significar esta reforma legal, para investigar el delito de genocidio al eliminar la necesidad de que la víctima sea española -que se mantiene, por ejemplo, en el caso del delito de piratería, puesto que se investigará si la víctima es un buque de pabellón español-, ustedes consiguen que quede impune, que ni siquiera se investigue al nazi que gaseó españoles en Mauthausen y, sin embargo, se persiga al pirata somalí, al que nosotros estamos de acuerdo en que hay que perseguir. Ustedes protegen a un barco antes que a una persona. Ustedes protegerían un barco y desprotegerían a Primo Levi o a Ana Frank porque, en vez de estar pescando atún, están escribiendo libros para agitar la conciencia internacional respecto a la repugnancia de los crímenes que cometió el nazismo. Eso es lo que ustedes plantean con esta reforma. Hoy mismo la fiscal de la Audiencia Nacional, Dolores Delgado, explicaba en prensa otro caso. Si un cártel colombiano entregara a Al Qaeda en alta mar un fardo de 10 toneladas de cocaína con destino final no conocido, pabellón de conveniencia y 50 personas de tripulación de distintas nacionalidades, con la legislación actual la Policía española podría responder con una acción rápida: transportar la carga, los miembros, el alijo, etcétera, al primer puerto español, dictar la detención de los implicados e iniciar un procedimiento. Con su reforma nada de esto será posible. Otro caso, las niñas musulmanas que son llevadas a sus países de origen para practicarles la mutilación genital, o que se les practica incluso en España, cuando sus padres las tienen aquí o cuando las llevan de vacaciones a sus países de origen. Igualmente desamparan a esas niñas, desprotegen a esas niñas para proteger a los jerarcas chinos; y también, por cierto, con esta reforma legal, protegen a los corruptos y a quienes tienen su dinero a buen recaudo en paraísos fiscales, pues en el momento en que haya testaferros como titulares de sociedades o de cuentas bancarias -como suele ocurrir- en esos paraísos fiscales ni siquiera se podrá iniciar una investigación para averiguar cuál es la identidad del verdadero responsable. También quedará impune. Ustedes van a conseguir que nuestro país, que el suelo español sea una buena base para redes mafiosas que actúen en el extranjero desde aquí.

Esta es la reforma: desamparar a los tibetanos, a los guatemaltecos, a las víctimas españolas de graves delitos, a los familiares de José Couso, de Ignacio Ellacurría, de Carmelo Soria; desamparar a las víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos, de ablación y amparar a corruptos, mafiosos,


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genocidas y tiranos. No discuto que pueda ser una buena compañía para ustedes; desde luego no lo es para el resto de los españoles. Asegurar que existe un conflicto de soberanía, que puede darse un conflicto de soberanía con otros países es seguramente hacer suyas palabras del régimen chino que suele argüir motivos de defensa de asuntos internos para impedir que otros países opinen sobre esas vulneraciones de derechos humanos. Bien, para los demócratas los derechos humanos no son un asunto interno y esto es algo que ha quedado ya bastante establecido en la doctrina política internacional. Ustedes negarán que existan estas presiones pero, como han quedado acreditadas en el caso de José Couso gracias a lo que publicó WikiLeaks tendremos simplemente que esperar a que haya un nuevo WikiLeaks para conocer en detalle las presiones del Gobierno chino sobre el Gobierno español.

Si hay algún problema verdaderamente de soberanía, el problema es nuestro; el problema es que ustedes están haciendo que el Gobierno chino pueda dictar las condiciones en que se redactan las leyes españolas y en que se desarrolla la democracia española. El debate de principios, de enorme profundidad que hay detrás de esta reforma legal -que es una discusión que se está librando en todo el mundo-, es si vamos a aceptar los estándares de China en la defensa de los derechos humanos o vamos a conseguir que China acepte los nuestros; si vamos a aceptar las exigencias de China en el establecimiento de una democracia o vamos a permitir que China nos diga a nosotros cómo debe ser nuestra democracia; si vamos a aceptar los estándares salariales de China o si vamos a conseguir que los chinos tengan unos niveles salariales como los europeos. Este es el gran debate, y queda claro de qué lado están ustedes. No es un debate sobre soberanía, es un debate sobre impunidad. Todos consideramos beneficioso que China se desarrolle económicamente -nosotros también queremos contribuir-, pero no se ayuda a ello permitiendo el desarrollo económico cuando quien controla el país es una élite, una oligarquía corrupta. Ustedes ayudan a esa élite corrupta y tiránica pero no ayudan ni a los chinos ni al desarrollo de la democracia en China, porque si hay algo que la historia demuestra es que, cuanto más fuertes son las instituciones democráticas, mejor funcionan los jueces, el Parlamento y la prensa, más se fortalece una democracia y más estabilidad económica hay. De esta manera, desde un punto de vista estrictamente egoísta, nos interesa a todos que se fortalezca la democracia en China y no que los chinos debiliten nuestra democracia, que es lo que ustedes consiguen con esta reforma.

El fondo del asunto, por lo tanto, es lamentable -ya termino- y las formas son bochornosas: una proposición de ley -permítanme que les diga- fraudulenta. No es que no tengan derecho a presentarla; claro que lo tienen, lo ejercen de forma fraudulenta para ejercer el poder vicario del Gobierno, a su vez poder vicario de otro gobierno extranjero. ¿Qué diría el Consejo de Estado? ¿Qué diría el Consejo General del Poder Judicial? Nos vamos a quedar sin saberlo gracias a que ustedes lo permiten.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: ¿Qué diría de esa disposición transitoria que se atreve a sobreseer todas las causas abiertas en este momento en la Audiencia Nacional?

Ya termino, presidenta. Nos hemos quedado con la duda, señor Castillo -esperaba que usted al menos lo explicara-, de qué le ha prometido el Gobierno chino al Gobierno español a cambio de esta faena superior. Sin duda ha de ser una buena recompensa cuando se atreven ustedes nada menos que, de un plumazo, a someter al Poder Legislativo a través de este grupo parlamentario, que ha mostrado diligencia lacayuna a la hora de tramitar esta proposición; a laminar el Poder Judicial también y a laminar el prestigio y la dignidad internacional de España. Esto es lo que consigue su reforma y esto es contra lo que nosotros vamos a estar. Y le proponemos desde aquí al Grupo Socialista, a la señora Rodríguez Ramos que ha hecho una crítica acerada de esta reforma, que si tienen intención de llevarlo al Tribunal Constitucional, cosa que nosotros no podemos porque no tenemos diputados suficientes para hacerlo, que lo hagan y que cuenten con el apoyo de este grupo. Desde luego ustedes tienen diputados suficientes para hacerlo, pero creemos que políticamente tendría mucho más efecto que diputados de todos los grupos parlamentarios participáramos en ese recurso ante el Constitucional.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Lozano.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Señorías, hace veintiocho años el Gobierno argentino aprobaba la llamada Ley de Punto Final a la que venía unida la Ley de Obediencia Debida. Hoy el Gobierno del Partido


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Popular tiene el dudoso honor de aprobar una ley de punto final en jurisdicción penal internacional y en seguir obediente, con obediencia debida, lo que le mandatan el resto de los Gobiernos a cambio de relaciones comerciales. ¡Qué vergüenza intercambiar relaciones comerciales por derechos humanos! Señorías, esta iniciativa es vergonzosa y vergonzante. Es vergonzosa porque no es una reforma de la jurisdicción penal internacional, no es cierto, es una derogación de la jurisdicción penal internacional, porque díganme ustedes qué delito de lesa humanidad vamos a perseguir con la condición de que la víctima sea española, que el victimario sea español o residente en España; ningún delito que tenga que ver con la jurisdicción internacional, ningún delito de lesa humanidad, ningún genocidio, y ninguna vulneración fundamental de los derechos humanos. Por tanto derogación de la jurisdicción penal internacional y garantía de la impunidad.

En segundo lugar, es una iniciativa vergonzante porque es verdad que se ha utilizado más veces la proposición de ley, tiene razón el portavoz del Grupo Popular, pero no se ha utilizado la proposición de ley como en este caso, con dos objetivos. El primer objetivo es evitar los informes de los órganos consultivos del Estado: el informe del Consejo General del Poder Judicial, el informe del Consejo de Estado, y el informe del Consejo Fiscal que son vitales en una reforma de la jurisdicción penal internacional, y en segundo lugar, para evitar un trámite de debate público que ustedes van a convertir en un debate sumarísimo en el Congreso de los Diputados. Por tanto, señorías, vergonzosa y vergonzante. Pero lo que más nos preocupa es que es una iniciativa humillante para las víctimas, humillante para todas las víctimas, para las de primera y para las de segunda, para las víctimas cuyos delitos se van a perseguir en el ámbito internacional, por ejemplo las de terrorismo, pero también para otras víctimas de genocidio o de tortura cuyos delitos no se van a perseguir a través de la jurisdicción penal internacional, dadas las restricciones que plantea el Gobierno. En definitiva humillante para las víctimas; pero humillante también para el país. Señorías, cambian ustedes la marca España por la marca de Caín; cambian ustedes la marca España por la marca de Caín. De ser un país de referencia internacional en la lucha en defensa de los derechos humanos convierten ustedes a este país en el país de la impunidad en la lucha contra la vulneración de los derechos humanos, hacia atrás, en la impunidad de la lucha contra la vulneración de los derechos humanos por parte del franquismo, y también en un país donde se fomenta la impunidad en la lucha contra las vulneraciones a los derechos humanos a nivel internacional.

Dice el portavoz del Grupo Parlamentario Popular que extienden los delitos, aumenta el número de delitos. Eso se hace siempre que se actúa con hipocresía. Cuando se actúa con hipocresía siempre se intenta embarrar el campo, y el Partido Popular en esta iniciativa intenta embarrar el campo. Aumenta el número de delitos de una forma enorme, delitos que por otra parte están ya contemplados en otros convenios de carácter internacional, y los aumenta para ocultar lo fundamental, embarra el campo para ocultar la jugada. ¿Cuál es la jugada? La jugada es restringir las posibilidades de acudir a la jurisdicción penal internacional. Las restringe al máximo, a tal punto que va a ser imposible acudir a la legislación penal internacional, en primer lugar, porque las características de víctima y victimario españoles van a obstaculizar en un 90 % las posibilidades de la jurisdicción penal internacional, pero si algún 10 % se escapase el Gobierno también plantea que solamente se podrá hacer por parte de la fiscalía o por parte del afectado por el delito. Señorías, un poco de respeto para quienes han sido objeto de genocidio, de torturas, quienes han sido objeto de crímenes de lesa humanidad. En este caso la acusación popular es esencial, si no hay acusación popular no hay persecución del delito internacional.

Por otra parte, el Gobierno establece un mecanismo que a nosotros nos parece claramente inconstitucional. En nuestra opinión es inconstitucional denunciar mediante esta ley seis convenios internacionales, como el Tratado de Roma, la Convención contra la Tortura o la convención que tiene que ver con las desapariciones forzadas. El Gobierno de manera implícita denuncia esos tratados sin denunciarlos, de alguna manera establece restricciones a los propios tratados, pero luego desde el punto e vista constitucional la medida de convertir esta ley en una ley retroactiva tiene todos los reproches constitucionales posibles. El hecho de pretender archivar todas las causas abiertas en estos momentos en aras de la jurisdicción penal internacional es una pretensión inconstitucional, por retroactiva y porque en nuestra opinión entra en el campo vedado del procedimiento judicial y de los derechos de las víctimas. El Gobierno no puede entrar a legislar de tal manera que acabe con un procedimiento abierto, eso es en nuestra opinión claramente inconstitucional.

Estas son nuestras razones para rechazar la ley de punto final. Hay que decir que hubo una ley de punto y aparte; en 2009 el Gobierno del Partido Socialista, sin la unanimidad de la Cámara, sin diálogo previo, aprobó una ley de punto y aparte. Hoy el Partido Popular aprueba la ley de punto final a la


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jurisdicción penal internacional, y nosotros lo lamentamos. Pero queremos recordarle algo al Partido Popular: el Gobierno Menem en aquel momento pensaba que con la Ley de Punto Final y la Ley de Obediencia Debida acababa con las reclamaciones del pasado, acababa de alguna manera con las reclamaciones de los derechos humanos, y ponía puertas abiertas a la impunidad. Se equivocó; al cabo de unos años la ciudadanía, los jueces y un futuro Congreso, en este caso un futuro Parlamento argentino, derogó la Ley de Punto Final y la Ley de Obediencia Debida. Yo estoy convencido de que en un futuro esta ley también se derogará y se recuperará la persecución penal internacional de los delitos, la defensa de los derechos humanos.

Termino diciendo algo que en mi opinión es muy importante. Mañana vienen ocho personas a declarar en el juicio del genocidio del Sahara; mejor dicho, venían, porque en aplicación retroactiva de esta ley el Gobierno no les ha dado visados para que vengan a declarar. El Gobierno actúa ya como si la ley estuviera aprobada, con la política de siempre, con la política de los hechos consumados, la política de los hechos consumados con españoles con carné que han aparecido en esas fosas comunes del genocidio de los pueblos saharaui, tibetano, salvadoreño, guatemalteco, chileno, argentino, sudanés, etcétera, todos esos pueblos quedan olvidados en esta iniciativa.

Para finalizar diré que no es cierto, señorías, que no haya servido de nada. En todas las sentencias de los tribunales chilenos, de los tribunales argentinos, de los tribunales guatemaltecos se hace referencia al papel básico que ha jugado la jurisdicción penal internacional para que se abrieran sus causas y para que esas causas terminasen en condenas, como la condena de los dictadores Videla o Ríos Montt. Por tanto esa jurisdicción penal internacional es muy importante. Y no es subsidiaria, no es cierto. Ustedes interpretan la legislación internacional a su acomodo. La legislación en esta materia, la persecución penal internacional de nuestro país es complementaria, no subsidiaria, al mismo nivel que el Tribunal Penal Internacional.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Llamazares.

Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Jané.

El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señorías, hoy asistimos en el Pleno del Congreso al debate de una proposición de ley que supone un evidente paso atrás. Es un paso atrás en la protección internacional de los derechos humanos, y supone limitar aún más la justicia universal. Es cierto que se acordó una reforma en esta Cámara en la anterior legislatura socialista, en el año 2009, y que esa reforma ya fue también un paso atrás, pues supuso una acotación. Se dijo entonces y se ha dicho hoy que la justicia universal es un tema serio y delicado, y es verdad; es serio, es delicado, pero es importante. Es importante que no queden impunes los delitos de tortura, de genocidio. Teníamos una puerta abierta para que desde nuestros juzgados se pudieran conocer, y hoy, con esta proposición de ley, se da un portazo a esa puerta que estaba entreabierta. Convergència i Unió dijo en el año 2009, cuando se aprobó esa también apresurada reforma, que era un paso atrás, pero que no iba a permitir nuevos pasos atrás -está en el "Diario de Sesiones"-. Hoy, en consecuencia, Convergència i Unió va a votar en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley, y lo hará por muchos motivos. En primer lugar, tal y como se ha destacado durante el debate, y por la serie de interrogantes que no han quedado resueltos aún, si observamos los delitos de tortura, los delitos contra la libertad sexual cometidos sobre víctimas menores de edad, los delitos contra la mujer, los delitos contra la desaparición forzada, ¿qué se exige para que a partir de la nueva propuesta que hoy se debate puedan ser juzgados aquí? Se exige no únicamente que la víctima tenga la nacionalidad española, sino que, si prospera esta proposición no de ley, se exige a partir de hoy que la persona a la que se imputa la comisión de ese delito se encuentre en España. Ambos requisitos a la vez, y ello convierte en casi imposible la lucha contra estos delitos. ¿Por qué en casi imposible? Solo porque el delincuente se marche del país, la víctima, aunque sea española, va a ver cerrada la puerta a esa justicia universal. Por tanto es un límite que comporta prácticamente su desaparición. Es un evidente paso atrás, y Convergència i Unió no lo puede admitir. Se cierra esa puerta, se cierra también la puerta a la acusación popular en este tipo de delitos, y además tratados internacionales que tenemos firmados por la puerta de atrás hoy van a ser conculcados de manera directa, porque no es cierto que todo se vaya a solucionar; porque sí que somos parte en la Corte Internacional que puede conocer este tipo de delitos; porque muchos de los países transgresores no son parte de esa Corte Internacional. Por tanto contra esos países que tienen un largo historial, y que tenemos ejemplos clarísimos de transgresión de sus derechos humanos, no vamos a poder actuar, incluso si la víctima tiene la nacionalidad española. Entendemos que no puede admitirse esta proposición de ley en los términos en que ha sido


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planteada. Además se ha dicho aquí -y desde Convergència i Unió también lo compartimos- que tiene aspectos de clara vulneración de la Constitución, porque el artículo 9.3 de la Constitución nos habla claramente de la irretroactividad y de qué forma la disposición transitoria de esta proposición de ley va a comportar de hecho el sobreseimiento automático de todos los supuestos de justicia universal que en estos momentos se están conociendo en España; todos, de forma automática, van a quedar sobreseídos. No va a haber ni tan siquiera un examen; sobreseimiento automático; un pim, pam, fuera; se acabó, se cierra la justicia universal. A partir de ese sobreseimiento automático vamos a ver, vamos a comprobar si se dan las nuevas circunstancias que la proposición de ley está regulando. Por tanto no es que se vayan a estudiar las circunstancias, y en todo caso se pueda llegar al sobreseimiento. De entrada se cierra la puerta; de entrada se complace a aquellos que están pidiendo que se cierre la puerta desde fuera de nuestras fronteras, y es un guiño a aquellos que han transgredido el derecho internacional, a aquellos que han transgredido los derechos humanos. Es un guiño a la impunidad, y nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros no podemos compartir de ninguna forma que los límites que entendemos que tienen que existir desaparezcan, y se dijo ya en el año 2009; podemos entender, podemos compartir que la justicia universal tenga sus límites, que la extraterritorialidad tenga sus límites, se entiende; se puede entender que tenga sus condiciones, se entiende; pero en ningún caso los límites a la extraterritorialidad pueden ocasionar lo que ocasiona esta proposición de ley, que es la impunidad. Ante esos límites decimos que no. Decimos que hemos dado una vuelta de tuerca más a aquello que ya fue una limitación en el año 2009.

Quiero recordar al Grupo Socialista que cuando planteó, también de forma apresurada en el año 2009, esa modificación contó al final con un cierto consenso parlamentario, y que ese consenso parlamentario de entonces era un valor a proteger. Hoy no existe para nada ese consenso parlamentario. Hoy existe una mayoría absoluta legítima en las urnas, pero que va a convertir en cómplices de una cierta impunidad ciertas actuaciones que a todos nos causan vergüenza, a todos, y no podemos mirar hacia otro lado. No podemos mirar hacia otro lado cuando se vulneran derechos humanos. No podemos mirar hacia otro lado cuando estamos ante una reforma que va mucho más allá de aquello que había supuesto un límite con la aprobación de la Ley Orgánica 1/2009.

He de indicar, para terminar, cómo en aquella ocasión, en el año 2009, se llegó a un equilibrio difícil porque portavoces en la Comisión de Exteriores, como el señor Xuclà, lo habían comentado en ocasiones al analizar casos concretos. Un equilibrio difícil porque había una serie de condiciones que no eran acumulativas, y en cuanto se diera una de las condiciones podía abrirse la justicia universal. Se decía: que su responsable se encuentre en España, pero alternativamente que existan víctimas de nacionalidad española, o alternativamente también, que se constatara algún vínculo de conexión relevante con España. Pues bien, han eliminado esta posibilidad. Aunque exista un vínculo de conexión relevante no van a poder conocer los tribunales españoles estos asuntos, porque deben darse en estas ocasiones concretas ese doble requisito: que el transgresor sea nacional, pero además que esté aquí y no se haya marchado. Eso convierte -repito- a esas conductas en impunes. Nosotros no podemos ser cómplices de esa impunidad, Convergència i Unió tiene una larguísima trayectoria en esta Cámara siempre a favor de los derechos humanos, siempre a favor de la legalidad internacional, y siempre en contra de aquellos países, de aquellos Estados que hayan podido cometer vulneraciones, genocidios, delitos de lesa humanidad, que hayan podido cometer atrocidades, y que se piensen aún que pueden quedar impunes en el contexto internacional de las naciones libres. Pues no, no van a quedar impunes. No vamos a permitir que esta reforma que hoy se quiere aprobar cuente con los votos de Convergència i Unió, porque Convergència i Unió está a favor de la libertad, está a favor de que se luche contra la impunidad, y está a favor de que cualquier transgresión de los derechos humanos, siempre que exista esa conexión y que podamos ser capaces de encontrarla, tal como permitía la norma del año 2009, podamos conocer de esos delitos porque nos lo piden las víctimas, y porque nos lo pide la comunidad internacional.

Finalizo ya, señora presidenta. Hablamos de justicia universal, pero deberíamos hablar hoy en este debate de justicia en mayúsculas. La justicia universal no es otra cosa que una manifestación concreta de un valor supremo de nuestro ordenamiento jurídico, que está en el artículo 1 de la Constitución, el valor superior de la justicia. Con los límites que hoy estamos imponiendo a la justicia universal estamos dando un portazo a ese valor supremo de nuestro ordenamiento jurídico, que es el valor de la justicia, y mi Grupo de Convergència i Unió no lo puede compartir.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Jané.


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PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE DIVULGACIÓN DE LAS NUEVAS CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS PARA EL SECTOR AGRARIO Y PARA LA SOCIEDAD DE LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN (2014-2020). (Número de expediente 162/000833).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al punto tercero del orden del día relativo a las proposiciones no de ley, y en primer lugar la del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre divulgación de las nuevas características y beneficios para el sector agrario y para la sociedad de la política agraria común 2014-2020. Para su presentación tiene la palabra el señor Llorens.

El señor LLORENS TORRES: Señorías, señora presidenta, quisiera trasladarles la gran satisfacción que siento por un éxito que sin duda compartimos con todos ustedes, junto con el sector agrario y en especial con el Partido Popular, en cuyo programa electoral figuraba como un objetivo prioritario mantener un sector agroalimentario, competitivo y vertebrador, para lo que era indispensable la firme defensa de los intereses españoles en la negociación de la PAC para el próximo periodo 2014-2020. Así ha sido, porque hay que destacar, en primer lugar, que este Gobierno ha logrado garantizar para España y para el próximo periodo un apoyo presupuestario europeo de 47.000 millones de euros, algo superior incluso a los del periodo anterior. Nuestro país dispondrá de 35.700 millones de euros para el primer pilar de las rentas, financiado exclusivamente por la Unión Europea, de 8.291 millones de euros para el segundo pilar del desarrollo rural, cofinanciado por la Unión Europea, y de casi 4.000 millones para las medidas de mercado. Un total de 47.000 millones en un escenario de restricciones presupuestarias, cuando los doce últimos Estados miembros han entrado por primera vez en el reparto de los fondos del primer pilar de la PAC, ha sido un éxito al que no ha sido ajeno -sería injusto omitirlo- el ministro Arias Cañete, cuya capacidad negociadora todos reconocen. Pero el proceso negociador que ha liderado el ministro de Agricultura, y que desde el principio se ha consensuado con las comunidades autónomas, no ha estado exento de dificultades, porque el modelo de reforma que pretendía imponer la Comunidad Europea y que defendía el anterior Gobierno socialista, y al que este Gobierno afortunadamente le ha dado la vuelta, comprometía gravemente la viabilidad de nuestro sector agrario. Así, se ha rechazado la tasa plana, una tasa por hectárea igual para todos los productores, que habría penalizado gravemente la agricultura productiva, y se ha evitado que la superficie con derecho a la percepción de las ayudas no se ampliara de los 22,5 millones actuales a 38 millones, lo que habría disminuido la ayuda media por hectárea de los 229 euros actuales a 126.

Y no solo eso. Me gustaría destacar entre los muchos logros conseguidos en la aplicación de la nueva PAC para España el modelo de regionalización, o mejor dicho, de comarcalización en la distribución interna de las ayudas, que permite minimizar respecto a los territorios, a los sectores y a los beneficiarios las diferencias con relación al periodo anterior, y las transferencias de fondos con relación a este periodo. Otros aspectos destacables son la suavización de las exigencias ambientales, la prórroga de los actuales sistema de limitación de la producción, el mantenimiento de las ayudas acopladas para los sectores en riesgo, la clarificación sobre la figura de beneficiarios de las ayudas comunitarias, en especial en lo que hace referencia al agricultor activo, y las ayudas a zonas desfavorecidas con limitaciones naturales. Respecto al desarrollo rural hay que resaltar que este Gobierno ha conseguido 8.291 millones de euros para España, un 3 % más que en el periodo anterior a pesar de que esta partida se había reducido, lo que hace inevitable recordar que el Gobierno socialista anterior en el periodo 2007-2013 perdió 1.300 millones de euros a pesar de que la entonces Unión Europea a Quince contaba para esta partida con 5.000 millones de euros más.

Finalmente, señorías, el objetivo de esta iniciativa es difundir entre los agricultores y ganaderos la enorme importancia de la nueva PAC, así como entre el conjunto de la ciudadanía, porque ningún sector de la economía española dispone de un apoyo similar como el que va a suponer que España continúe siendo un país receptor de fondos europeos, con un saldo de 2.000 millones de euros al año, cuando sin la PAC sería un país contribuyente nato. La PAC aporta, además de seguridad alimentaria, seguridad en las rentas agrarias, porque cerca de 900.000 agricultores y ganaderos perciben el 30 % de las rentas de la PAC, rentas agrarias que por otro lado se hundieron un 15 % de 2004 a 2008, y que se vienen recuperando con este Gobierno, porque en 2013 la renta agraria nacional creció un 7,7 %, hasta 24.337 millones de euros. Además permite esa seguridad en las rentas de nuestro tejido productivo fijar la población en el medio rural, frenar el éxodo a las ciudades, vertebrar el territorio, y garantizar la protección


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del medio ambiente y del medio natural. Pero la PAC también tiene un impacto notable en la competividad y modernización de las explotaciones agrarias, que son la palanca de una industria agroalimentaria puntera, la española, que con 38.900 millones de euros es ya la octava potencia mundial exportadora agroalimentaria, que contribuye al saldo positivo de nuestra balanza comercial con casi 6.000 millones de euros, y que se ha convertido en uno de los pilares de la recuperación de la economía española.

Este Gobierno, señorías, se encontró, como en tantos otros aspectos de la política española, con una pésima herencia, un escenario en el que el recorte de fondos comunitarios era más que previsible y una propuesta de reforma de la PAC de la Comunidad Europea -y apoyada por el Gobierno anterior- radicalmente contraria a nuestros intereses. Tras dos años de duras negociaciones ya tenemos una PAC segura, reformada y mejorada. Esa es la diferencia que hay entre los o las que no iban a Bruselas o que cuando iban no hablaban con nadie o se dedicaban a contar las nubes y los que no han escatimado esfuerzos en conseguir lo mejor para nuestros agricultores y ganaderos. La política que siguieron ustedes -y usted en particular, señora ministra- fue la peor de las que hubo en la época anterior, frente a la época en la que tenemos el mejor ministro de Agricultura que ha pasado por esta Cámara.

Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Llorens.

A esta proposición no de ley se han presentado diversas enmiendas. En primer lugar, las del Grupo Mixto. Para su presentación tiene la palabra la señora Fernández. (La señora Aguilar Rivero pide la palabra). Perdone un segundo, señora Fernández. Es que usted, señora Aguilar, no ha pedido la palabra ni se ha levantado. La tiene que pedir su portavoz, pero adelante, señora Aguilar.

La señora AGUILAR RIVERO: Señora presidenta, se lo había indicado porque he sido aludida directamente en el final de la intervención.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Cuando acabe el debate le daré la palabra dos minutos.

La señora AGUILAR RIVERO: Muchísimas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): De nada, señora diputada.

Adelante, señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.

Señor Llorens, si hemos presentado esta enmienda de sustitución de su propuesta no es tanto porque estemos en desacuerdo conque el Gobierno informe y haga una amplia divulgación de la política de la PAC y sobre todo de los acuerdos alcanzados, como usted ha defendido en esta proposición no de ley, sino que lo que nosotros querríamos -y por eso presentamos la enmienda- es que el Gobierno revisara con las comunidades autónomas los acuerdos alcanzados en este mes de enero y que tuvieran en cuenta no solamente el posicionamiento de los responsables de los Gobiernos autónomos sino también la opinión de las organizaciones profesionales agrarias. Lo decimos porque, en el caso concreto de Galicia, el descontento es enorme, y nosotros hablamos como organización nacionalista galega de lo que ocurre en nuestro país pero podemos decir, por el conocimiento que tenemos de informaciones que han pasado otras organizaciones de profesionales del Estado, que existe un descontento bastante generalizado.

Usted dice que se han mejorado muchísimas cuestiones y nosotros entendemos que no, que esta PAC permitía al Gobierno hacer unas mejoras en la distribución de las ayudas de la PAC, tanto en el primer pilar como en el segundo, y ustedes han renunciado, porque el gran logro que anunció la conselleira de Agricultura en Galicia es que todo ha quedado igual. Por lo tanto, no entendemos cómo se puede decir que han mejorado las cosas.

Señor Llorens, presentamos esta enmienda precisamente por eso, porque creemos que es necesario modificar el criterio de reparto de las ayudas que están establecidas por hectárea, en la medida en que sean más progresivas y que incluso se pongan topes máximos de las ayudas que se van a dar -un tope que nosotros ciframos en 100.000 euros- para que de esta manera puedan acceder a las ayudas más agricultores y explotaciones, para que puedan acceder a ellas las personas que realmente están trabajando y viven de la actividad agraria. También entendemos que se debería ajustar mejor el reconocimiento de trabajador agrario -agricultor o agricultora- con respecto a la consideración que se refleja en estos acuerdos, para que sean reconocidas las ayudas a las personas que realmente trabajan y viven de la


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agricultura y no, como ha ocurrido en tiempos anteriores, a explotaciones que incluso en muchos casos no se dedicaban a la actividad agraria. Por eso, señor Llorens, presentamos esta enmienda y no vamos a poder votar favorablemente la propuesta que usted hace hoy.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández.

Por el mismo grupo, también para defender sus enmiendas, tiene la palabra la señora Ariztegui.

La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Señora presidenta, señorías, señor Llorens, no nos vengan con milongas. A quienes pisamos diariamente la tierra de nuestros campos, a quienes apostamos por un modelo social y profesional de la agricultura que sea generador de empleo y de riqueza en el medio rural y que realmente responda a lo que pide esta sociedad no nos van a engañar. Estamos ante otra ocasión perdida, el enésimo intento de reformar la PAC para seguir dejando la foto fija, como estaba, y no solo eso, a nuestro entender, vamos a peor, porque en estos tiempos en los que la situación de quienes trabajamos la tierra es la que es debido a la desregulación de los mercados, que ya es casi total, cuando la situación empeora día a día y cuando prácticamente el único instrumento de regulación que nos queda para salvar esa volatilidad de los precios, esos precios míseros que tenemos, son las ayudas, van ustedes y aplican esta reforma realmente aberrante. Bien saben que la Unión Europea abría con esta reforma la posibilidad a una nueva política de ayudas que tuviera más en cuenta las características singulares de cada zona del territorio, la territorialidad, lo pegado a la tierra, pero, naturalmente, cómo no, ustedes optan nuevamente por lo contrario, por una política más centralizadora, a la que además añaden otros problemas, otras guindas, porque en su aplicación siguen mirando al pasado, buscando el mantenimiento del statu quo, que realmente solo puede contentar a esos agricultores y agricultoras de sofá que no trabajan la tierra. Anulan las políticas de las comunidades autónomas y cierran la puerta a una política agraria que mire al futuro. En definitiva, por mucho que quieran vender estas medidas como la panacea, no son más que otra mirada al pasado y desde luego están a años luz de un modelo de agricultura que responda a los retos de la sociedad actual.

Euskal Herria rechaza de pleno estas medidas. ¿Por qué? Porque se cierra la puerta a las posibilidades recomendadas por Europa, a que desde la cercanía, desde la propia mayor capacidad y soberanía que otorga la Unión Europea podamos diseñar políticas más cercanas al territorio que tengan en cuenta nuestras necesidades, nuestros retos. ¿Por qué -nos preguntamos- esos drásticos recortes en fondos de desarrollo rural, imprescindibles, vitales para esas medidas estructurales tan necesarias para el sector, para la incorporación de jóvenes, para la modernización de explotaciones, medidas agroambientales en zonas desfavorecidas? Por eso les decimos que hagan campañas, que vayan al territorio y hablen de lo que han hecho, pero vayan a escuchar a las organizaciones agrarias, a los verdaderos agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas, y apliquen lo que les piden. Revisen los acuerdos alcanzados y abran la puerta a la juventud, al futuro y a otra nueva política agrícola.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora diputada.

Por el Grupo de Convergència i Unió, para defender sus enmiendas, tiene la palabra el señor Solsona.

El señor SOLSONA AIXALÀ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, señor Llorens, la proposición no de ley que presenta el Grupo Popular entendemos que puede tener diferentes lecturas. Me explico. Es difícil, en principio, oponerse a la intención de divulgar los acuerdos de la PAC; por tanto, es fácil, en aras de la información, intentar proponer mecanismos para explicar y divulgar la nueva PAC. Lo que no podemos compartir es que esta campaña se centre solo en los beneficios en el sector agrario y ganadero y en toda la sociedad, básicamente porque nos parece un tanto tendencioso que una PAC que ha resultado, desde la óptica catalana, inmovilista, recentralizadora y como una ocasión pérdida, se plantee en los términos propuestos en esta PNL. Oyendo al señor Llorens he visto ya que tenemos el lema de la campaña: una PAC segura, reformada y mejorada; cuando mi lema de esta PAC sería: inmovilista, recentralizadora y compleja. Inmovilista porque se ha perseguido que haya los mínimos cambios posibles y, por lo tanto, que se siga con las incoherencias del actual periodo; recentralizadora porque se ha aprovechado el proceso negociador para recentralizar competencias y dejar sin margen -o con poco margen o con un limitado margen- de actuación para que las comunidades autónomas podamos hacer nuestras propias políticas agrarias.


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El Magrama ha apostado por un modelo más complejo y alejado de la realidad porque no ha resuelto prácticamente nada de los temas reivindicados y deseados que no cubría la actual PAC; una PAC que para muchos ha supuesto, como he dicho, una oportunidad perdida, una ocasión para adaptar la PAC a los nuevos retos del futuro del sector agrario, una PAC -es verdad- que ha conseguido mantener el marco económico y financiero. Esta reforma -es verdad- permitirá algunos tímidos avances en lo que se refiere a las ayudas del primer pilar para que estas vayan más a los agricultores profesionales, pero a la vez se está diseñando un modelo que no se ha hecho mirando hacia el futuro de la agricultura y la ganadería, sino al contrario, se ha hecho para mantener un modelo del pasado.

Pero, claro, como pintaba tan mal... Este es el argumento principal del señor ministro. Han vendido la negociación de la PAC como la consecución o el logro de un mal menor. Por lo tanto, seamos claros, expliquémoslo bien y hagamos un ejercicio de divulgación y de explicación en todos sus términos, en lo bueno y en lo malo; es decir, en lo incluyente pero también en lo excluyente. Por ejemplo, se tendrá que explicar y divulgar que esta nueva PAC no resuelve situaciones injustas y mantiene discriminaciones y competencias desleales entre productores de un mismo sector, como el de viña, frutas y otras. Las ayudas acopladas no responden a la realidad productiva del país ni a las oportunidades de futuro. Se ha infravalorado la ganadería sin base territorial, se asigna una cantidad ridícula a los frutos de cáscara y se excluye la alfalfa de regadío y no de secano, como otros cultivos.

En referencia al desarrollo rural, se ha hecho un tímido paso para corregir el peculiar reparto que se hizo en el anterior periodo de los fondos Feader -época socialista en España y época tripartita en Cataluña-, cuando Cataluña fue la tercera comunidad autónoma en perder más fondos Feader de todas las comunidades autónomas. Ahora bien, esta mínima corrección se ha visto superada por el anuncio del ministro de que el Estado para el próximo periodo haría una drástica reducción de sus aportaciones a las comunidades autónomas. Esto puede representar una rebaja de entre el 60 % y el 65 % de la aportación del Estado respecto al periodo anterior. Esto, si es así, supondría cargarse el desarrollo rural en España y obligar a mantener y a plantear unos PDR autonómicos fuertemente reducidos para los próximos siete años, cuando se ha demostrado que los PDR -desarrollo rural- han creado actividad económica en zonas rurales y han continuado manteniendo la cohesión social y sobre todo el equilibrio territorial.

Pero como este no es el motivo de esta PNL, ya tendremos mañana ocasión de plantear estos y otros temas al ministro en su comparecencia. Porque si estas consideraciones que creemos importantes no han sido la motivación para esta PNL, nos preguntamos: ¿para qué es esta PNL que nos presenta? ¿Será que los logros y los beneficios conseguidos por el ministro Cañete en la negociación no han sido percibidos como tales en el sector y ahora hace falta reforzar la posición con una campaña explicativa de los beneficios? ¿Será quizá que el impacto de la nueva PAC ha supuesto una decepción general y hay que intentar hacer ver lo contrario? No lo sé. Una campaña: una PAC segura, reformada y mejorada. Inmovilista, recentralizadora y compleja.

A pesar de todo ello, sea cual sea la situación o la motivación de su PNL, consideramos necesaria una amplia campaña de divulgación y creemos que esta debería diferenciar los objetivos en función de si se dirige al sector agrario o a la sociedad, y en ese sentido va nuestra enmienda. La agricultura dentro del Estado español es diversa, como diversa también lo es dentro de Cataluña. Para que la campaña sea efectiva se tiene que contemplar esta diversidad, si queremos emplear bien el dinero público a tal efecto. Por eso, y teniendo en cuenta -y respeto, espero- las competencias exclusivas en materia de agricultura que posee la Generalitat de Catalunya, la campaña la tendría que elaborar y ejecutar la propia Generalitat. Por tanto, el Estado tendría que territorializar los fondos que pretenda destinar a esta campaña y acordar, mediante convenios con la Generalitat, su destino finalista. Esperando a ver si serán atendidas o no nuestras enmiendas, manifestaremos el voto más tarde.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Solsona.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Alonso Núñez.

El señor ALONSO NÚÑEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señores del Partido Popular, señor Llorens, han presentado una iniciativa en relación con la PAC que sorprende, pero sorprende por su inconsistencia. Parece imposible que en un tema tan importante para la agricultura española ustedes traigan aquí una proposición no de ley al Pleno del Congreso de los Diputados para que se les autorice a realizar una campaña de divulgación de los efectos maravillosos del efecto Cañete. Sinceramente, señores del PP, creo que esto hubiera merecido el silencio de los portavoces de


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los grupos parlamentarios, el voto en contra que se ha ido anunciando por cada uno de ellos, si no fuera porque esto tiene tufo. Estamos leyendo en la prensa todos los días que el ministro va a ser nominado candidato a esas elecciones europeas de mayo, que está pendiente de la decisión del presidente Rajoy, y usted viene aquí, con respeto, como a hacer méritos: ¡qué bueno es Cañete!, vamos a financiarle su campaña electoral. ¿No ve, señor Llorens, que esto no es nada serio? Es un tema importante.

Ustedes, además, están en campaña permanente. Hubo una conferencia sectorial el pasado día 21 de enero, han pasado veinte o veintiún días, y he contado las ruedas de prensa que los altos cargos del Ministerio de Agricultura y los dirigentes del Partido Popular han dado y van más de doscientas ruedas de prensa. ¿Para qué quiere usted autorización del Congreso si llevan doscientas ruedas de prensa sobre un modelo de aplicación de la PAC que ni siquiera se ha aprobado?

En definitiva, señor Llorens, la iniciativa se descalifica por sí sola, pero usted también; usted se descalifica porque en la tribuna, como hacía la pasada legislatura, y ahora es mucho más criticable porque es presidente de la Comisión, usted miente y descalifica al adversario político, y eso no se le puede tolerar. Le ruego que pida disculpas a quien usted ha faltado en la tribuna. (Aplausos). Pero le pido además, señor Llorens, que antes de someter a votación esta proposición no de ley traiga aquí el papel que justifica esa crítica que usted hacía al Gobierno socialista. Usted basa la crítica -ya lo ha hecho en varias ocasiones también el ministro- en que el Gobierno socialista avaló la propuesta de tasa plana del comisario del Partido Popular Europeo en relación con la PAC. El Gobierno socialista la descalificó en todo momento, y si usted tiene vergüenza y seriedad, traiga aquí el papel del Gobierno, papel firmado por la ministra o por el secretario de Estado, que diga que el Gobierno socialista aprueba la propuesta del comisario de tasa plana. Si no puede, se demostrará que ha mentido aquí una vez más, además de faltar al respeto del adversario político.

El tema de la PAC, señores del Partido Popular, es un tema muy serio, y es verdad que la PAC en su tramitación se ha ido modificando desde la propuesta inicial, ¡ojo!, por cierto, gracias al trabajo de los eurodiputados socialistas, también del Gobierno, pero han sido los eurodiputados socialistas, ponentes en estos reglamentos, los que han conseguido introducir las modificaciones más importantes que han permitido dar flexibilidad en la aplicación del modelo de la PAC, que es lo que ahora está en juego. A eso es a lo que hay que ir, al fondo del asunto. Porque, señores del PP, están haciendo el modelo de aplicación de la PAC más retrógrado que se podía en el margen de aplicación que nos da el reglamento europeo. Y Les pregunto, señores del PP, aunque no me van a contestar -se lo voy a preguntar al ministro mañana también-, a ver por qué ustedes no han ampliado, como permite el reglamento comunitario, la lista de perceptores excluidos de las ayudas de la PAC. ¿Por qué ustedes -y que me conteste quien quiera del Partido Popular- van a permitir en el próximo periodo que sigan cobrando de la PAC, por ejemplo, las instalaciones militares, las propiedades de la Iglesia, las fincas de las administraciones? Ustedes con su reglamentación, eso que es tan bueno, señor Llorens, vayan a explicarle a los agricultores que son agricultores activos que las fincas de la Iglesia, las fincas de los militares, las fincas de las administraciones van a seguir cobrando de la PAC. Ustedes, señores del PP, han hecho una definición de agricultor activo que es un auténtico coladero para que todo el mundo pueda cobrar. No han tenido en cuenta el empleo ni la actividad principal ni los agricultores a título principal. No han establecido ningún sistema de modulación, de topes, como permite el Reglamento comunitario, para limitar las ayudas por encima de 150.000 euros. No han aplicado, como ha hecho Francia, una ayuda prioritaria a las 50 primeras hectáreas. Han excluido de la negociación de la PAC a las organizaciones profesionales agrarias y están tomando acuerdos, señores del Partido Popular, que son criticados incluso por los consejeros del Partido Popular.

Esta mañana ha salido una nota de prensa que dice que seis comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León y La Rioja, exigen al Gobierno la modificación de los acuerdos de la conferencia sectorial del día 21, porque se consideran engañados por ese ministro tan bueno que van a llevar ustedes de candidato. Ha engañado hasta a los consejeros del Partido Popular. Reduciendo la cofinanciación de los programas de desarrollo rural les ha dado a todos...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Alonso.

El señor ALONSO NÚÑEZ: Voy a terminar, señora presidenta. Les ha dado unas migajas, unos milloncitos más de la parte del Feader que le ha quitado a Andalucía. Le ha quitado dinero a Andalucía para dárselo a todos los demás. Tendrá que explicarlo el ministro mañana en la Comisión. Pero ¿qué es lo que ha hecho? La cofinanciación, lo que pagaba el Estado español que se financiaba al 50 %, lo ha


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rebajado al 30 %. Es decir, que a alguna comunidad autónoma como a la mía le da 4 millones más del Feader y le quita 290 de cofinanciación. Ese es el éxito de negociación...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Alonso.

El señor ALONSO NÚÑEZ: Ese es el éxito de negociación del ministro Cañete, al que ustedes quieren llevar de magnífico candidato: (Aplausos), 2.000 millones de euros menos en desarrollo rural, 2.000 millones de euros menos para modernización, para incorporación de jóvenes, etcétera. Es un modelo, vuelvo a repetir, retrógrado. De esto es de lo que teníamos que hablar aquí en el Parlamento, en una subcomisión, como ha pedido el Grupo Parlamentario Socialista, que marque las orientaciones, las directrices...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Alonso, lo siento pero tiene que acabar.

El señor ALONSO NÚÑEZ: Termino, señora presidenta.

... y no estas proposiciones no de ley para mayor gloria del ministro Cañete.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, ante la proposición no de ley que presenta el Partido Popular con el objetivo de que el Gobierno del Estado realice junto con las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias una amplia campaña de divulgación de la PAC, política agraria común. No cabe duda de que lo acordado y decidido en la nueva PAC va a tener consecuencias directas en el sector y va a incidir, tal y como apunta la PNL, en la renta y en la vertebración del sector, en la seguridad alimentaria y en su calidad. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Pero la forma en la que entiende el Partido Popular -y sin duda el Gobierno del Estado- cómo ha de concebirse la organización agraria, así como la distribución de estos fondos, difiere totalmente de los criterios que tiene mi grupo. El problema en este caso es doble. Por una parte, podemos estar de acuerdo o no sobre lo que se consiguió en la negociación de la PAC en Europa y, por otra parte, sobre cómo pretende el Gobierno distribuir la PAC dentro del Estado español. Por lo tanto, la divergencia es doble en este caso. Ustedes, señores del Partido Popular, siguen creyendo, y constatándolo con los hechos, en un Estado vertical. Para ustedes las comunidades autónomas son un escalón que está por debajo del Gobierno, una especie de sótano que recoge lo que el Gobierno del Estado quiere, es decir, lo que no quiere; una especie de Administración secundaria. Pues no, en materia transferida no hay verticalidad y, de haberla, en su caso, sería con Europa, no con España. No sé otros, pero Euskadi tiene plenas competencias en el marco de la aplicación de la política agraria en su territorio y voluntad política de ejercer dichas competencias en lo referente a la aplicación de esta reforma de la política agraria común en su ámbito de gestión. Se ha reclamado tanto en las diferentes conferencias sectoriales como en reuniones bilaterales y en los distintos grupos de alto nivel que se han celebrado y establecido al efecto; por lo tanto, es una reclamación conocida por el Gobierno.

El modelo de la reforma de la política agraria común impuesto no satisface las demandas reclamadas desde Euskadi. En todos los foros se ha defendido que era el momento de dar un vuelco a la situación, de reformular definitivamente el modelo establecido y orientar el apoyo hacia las explotaciones más profesionales. Además, resulta incomprensible mantener, en la esperanza del año 2019, un modelo basado en derechos históricos calculados sobre la media de las ayudas recibidas durante el periodo 2000-2002. Consideramos escaso el apoyo a determinadas orientaciones productivas estratégicas para nuestro territorio, en particular, al sector de vacuno de leche y al de la remolacha.

Por otra parte, y como tercer pilar fundamental, estamos a la espera de conocer el programa nacional y el alcance del marco nacional que ustedes plantean establecer en el Estado. Todo eso es relativo al segundo pilar. El Gobierno vasco se opone frontalmente a la decisión de incluir en un programa nacional medidas comunes de interés general y mi grupo recoge esta petición del Gobierno vasco como competente en la materia que es, porque supone una ataque directo a nuestra capacidad competencial. Además, rechazamos el establecimiento de un marco nacional que entre en la configuración de elementos comunes, criterios de subvencionalidad, obligatoriedad de sus medidas, priorización de las mínimas, etcétera, que


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condicionen de alguna manera nuestro campo de acción política. Como ven, discrepamos en el fondo y en la forma de muchas cuestiones.

Podríamos hablar -no me queda tiempo- del modelo de agricultor activo, podríamos hablar del sistema de reparto de fondos, también de las condiciones para la actividad agraria, del modelo de regionalización, de las ayudas acopladas y la rotunda oposición, como citaba, a lo que ustedes denominan programa nacional. Dejemos, señores del Partido Popular, que cada uno sea capaz de hacer su política agraria oportuna y la que estima que satisface los intereses y las demandas de sus ciudadanos y en este caso de su sector. Por lo tanto, mi grupo no va a apoyar esta proposición no de ley porque consideramos que no satisface en absoluto ni al sector ni a las competencias que en este caso tiene la comunidad de Euskadi.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señor Llorens, ya hemos dicho a menudo desde nuestro grupo parlamentario que a veces hay propuestas que nos trae el Partido Popular que parecen hechas simplemente para cubrir el cupo; hay otras veces que tememos que son casi peor todavía porque son propuestas meramente propagandísticas. Hoy hay que reconocerle un valor a su grupo parlamentario y es que ha sido capaz de aunar ambas posibilidades. Además, la propuesta que nos traen hoy aquí -permítame que le diga- nos recuerda un poquito a aquello de ¡Bienvenido, Mister Marshall!: ayudas europeas, os recibimos con alegría, y su argumentario -permítame que se lo diga también- es sonrojante porque nos salen baratas. El objetivo además es tramposo; usted sabe perfectamente que el sector agrícola está muy bien informado, por la cuenta que le trae además, de cuáles son las ayudas que se han conseguido en la negociación y de qué tienen que hacer para conseguirlas. Es quizá por eso, debido a la política común, uno de los sectores que está más concienciado de la importancia que tiene estar en la Unión Europea. Su propuesta además no trae aparejada cifra alguna, no nos ha explicado cuánto va a costar esa operación propagandística que van a llevar ustedes a cabo. Habla usted además de una coordinación que sustituye las políticas locales. Ustedes, precisamente ustedes que no hacen nada efectivo para considerar seriamente la unidad de mercado, ustedes, que junto al Partido Socialista, a Convergència y Unió y al PNV han venido jugando en materia de trasvases, en materia de regadíos, en el mantenimiento de montes, en la gestión hidrológica, en los planes de desarrollo rural todas las bazas que pone a su alcance una política, permítame decírselo, de parroquia y, por tanto, contraria a los supuestos de la PAC y contraria totalmente al espíritu de la Unión Europea. El dinero de la PAC, y esto es lo fundamental, no está sirviendo para lo que debiera servir en primer lugar, que es para ayudar a la creación de empleo. ¿Quieren usar ustedes los recursos que se van a gastar en esta campaña en Plan E socialista? ¿Quieren que les demos ideas para decirles en qué cosas se podrían gastar el dinero que se pensaban gastar o que se van a gastar me temo que en esta campaña? Les voy a dar varias. Un ejemplo, y cito este porque es algo que vamos a discutir prontito en la Comisión de Agricultura, ¿por qué no hacen un referéndum real y no una consulta para certificar cuál es el peso de las organizaciones agrarias? O, puestos a informar, ¿por qué no le cuentan al sector por qué esta PAC viene con menos presupuesto que la anterior? ¿Por qué no le cuentan al sector por qué se favorece a los agricultores de sofá y no a los agricultores que trabajan realmente la tierra? ¿Por qué no le cuentan al sector por qué se establece un suelo, un límite en las ayudas por debajo y no un techo, un límite a las ayudas máximas que se sigan dando? ¿Por qué no les explican por qué se priman los equilibrios administrativos, territoriales y sectoriales de la PAC frente a las reales explotaciones? ¿Por qué se diseña la PAC a espaldas de todo el sector, señor Llorens? ¿Por qué no se han puesto en contacto y no han hecho una campaña como esta a priori antes de negociar, antes de ir a Europa para conocer realmente cuáles son las necesidades del sector? ¿Por qué no explican a qué se debe el titubeo del ministro a la hora de establecer un presupuesto suficiente a las ayudas acopladas? ¿Por qué no han apostado por el pago a las primeras hectáreas de una explotación? ¿Qué pasa con la ganadería, señor Llorens? ¿Por qué no se gastan dinero en explicarnos eso? ¿Por qué no se apoyan los cultivos proteicos? ¿Cuáles han sido los criterios -y esto es muy importante- del ministro para repartir las ayudas entre las comunidades autónomas? ¿Quiere más ideas, señor Llorens? ¿Quieren más ideas, señores del Partido Popular? Les podemos dar más. Esa sí es una campaña necesaria, pero hubiera sido una campaña necesaria antes de hacer toda la negociación en Europa, no ahora. Dudo que cuenten al sector nada sobre esa lista interminable que les acabo de nombrar. Dudo que le cuenten al sector por qué realmente, y lo asuman, han fracasado en la negociación. Dudo que le cuenten los desatinos


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de la misma, por eso vamos a votar en contra, porque lo que nos presentan hoy, señor Llorens, nos huele a propaganda y, viendo el calendario, ¿sabe lo que le digo? No apoyaremos lo que claramente parece una campaña electoral del PP de cara a las europeas en el mundo rural. Señores del PP, si quieren una campaña electoral páguensela de su bolsillo.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cantó.

Por el Grupo de la Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Centella.

El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, nuestro grupo no ha presentado ninguna enmienda a esta proposición del Grupo Popular porque, sinceramente, no teníamos ningún interés en participar en un debate que, como ya se ha dicho, tiene todo de absurdo y nada de eficaz.

Parece que ustedes creen que los agricultores son gente a la que se le puede engañar y hay que explicar los beneficios en una campaña. Los agricultores a día de hoy saben ya lo que significa esta PAC, lo saben desde hace mucho tiempo y no hace falta que ustedes vayan en caravana a explicarles los beneficios de esta PAC. Yo no veo las manifestaciones de agricultores saludando al ministro Cañete, no veo los homenajes de las cooperativas al ministro Cañete, no lo veo sencillamente porque saben que no es una buena PAC. Saben que no es la PAC que el mundo rural necesita y, por tanto, ustedes tienen que venir aquí a sobreactuar, tienen que venir aquí a lanzarse los piropos que no les lanza nadie en este momento en el mundo rural y tienen que venir, eso sí, a poner la alfombra roja para que el ministro Cañete pueda salir por esta puerta y entrar por la puerta del Parlamento Europeo, pero eso va a muy pocos sitios, señores diputados del Partido Popular. También se nota que ustedes tienen unos grandes cubos parlamentarios y se pueden permitir el lujo de traer proposiciones como esta simplemente para autocomplacerse. Claro que el Gobierno tiene que hacer una campaña para explicar la PAC, no para explicar los beneficios, para explicar cómo hay que cumplirla, qué es lo que significa realmente. También podemos discutir -se discutirá mañana- qué significa. Significa ni más ni menos que esta PAC no cumple los objetivos que tenía que cumplir. Estamos en un clásico, se empieza con una propuesta desastrosa, se empieza con una propuesta catastrófica, que se va a hundir el mundo, para luego acabar en lo menos malo, y eso se vende como un gran éxito. Esto ya es un clásico en la Unión Europea, pero es algo que ya no vende, que ya no confunde. Por lo tanto, podemos discutir por qué esta política agraria común no va a ser la que realmente haga que el mundo rural tenga futuro, que se pueda permitir ese asentamiento de los agricultores. Ese futuro del mundo rural no va a llegar mientras no se modifiquen elementos fundamentales de la PAC, que es por lo que tendría que haber luchado el ministro Cañete, por que realmente existiese la PAC que el mundo rural, el campo, necesita.

Ustedes hoy vienen aquí a decir que hay que entrar por el aro, eso sí un poquito más grande; que hay que entrar por el aro de la propuesta de la Unión Europea pero que han conseguido ensanchar ese aro. Lo que no nos pueden decir es que ese aro es el arco del triunfo, no nos pueden decir que ese aro por el que ustedes van a meter al mundo rural español es el arco del triunfo por el cual se pasea el señor Cañete. No estamos de acuerdo, porque de aquí a un año o dos veremos cómo no ha mejorado la vida en el mundo rural y veremos cómo la PAC sigue teniendo los mismos defectos añadidos con menos fondos, porque no es verdad que vengan más fondos. Ustedes podrán hacer juego, como se hace en la calle Sierpes, para que no sepamos dónde está la bolita; ustedes manejarán los números y los cubiletes y finalmente los levantaremos y la bolita no estará debajo de ninguno, porque no es verdad que vengan esos fondos, no es verdad que vengan los fondos que el campo necesita, pero sobre todo no es verdad que se repartan de una forma justa. La PAC que ustedes defienden sigue siendo radicalmente injusta, sigue dando dinero a quien menos lo necesita, sigue concentrando las ayudas en un núcleo muy pequeño de grandes agricultores, en muchos casos ni siquiera agricultores, como ya se ha dicho en esta tribuna. Ese es el objetivo que debía haber tenido nuestro ministro, ese es el objetivo que debía haber tenido esta Cámara apoyando a un Gobierno que realmente se hubiese puesto a la cabeza de las necesidades. Por eso hoy nadie ha salido a defender esta política, por eso nadie ha salido a felicitar al ministro por este acuerdo, y por eso ustedes tienen que venir aquí a felicitarse a sí mismos. Realmente queda un poco ridículo que ustedes mismos vengan a decir que hay que explicar a los agricultores lo buena que es la PAC, que hay que hacer una campaña -pagada con fondos públicos, eso sí- para hablar de los beneficios y de lo maravilloso que es este acuerdo. Pues bien, ni ustedes nos van a engañar a nosotros, ni mucho menos van a engañar a los realmente afectados, que hoy están protestando y que mañana van


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a protestar. Eso sí, cuando el ministro Cañete se vaya camino de la campaña electoral yo le recomiendo que empiece por Jaén, que empiece explicando esta campaña en Jaén, que empiece explicando a los agricultores del olivar jaenero los beneficios de esta PAC, porque yo he estado allí y solamente he escuchado críticas y valoraciones negativas. Como eso está publicado en los medios de comunicación, ni ustedes ni nosotros podemos desmentirlo. Por tanto, nuestro voto será rotundamente negativo. Eso sí, quiero decirle al señor ministro que es una mala despedida que él mismo venga a intentar hacerse autopropaganda.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.

Por alusiones, tiene la palabra durante tres minutos la señora Aguilar.

La señora AGUILAR RIVERO: Muchas gracias, señor presidente.

Como se puede imaginar, por razones de la responsabilidad que he ostentado en el anterior Gobierno de España, nada más lejos de mi intención que intervenir en este tema, pero obviamente lo hago porque se ha producido por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Popular una descalificación, un insulto personal, y además ha sustentado su intervención en una gran mentira.

En primer lugar, en relación con lo que ha manifestado el portavoz del Grupo Popular de la tasa plana en cuanto a la posición que mantuvo el Gobierno de España, he de decirle que escrito está. Lo que se dijo por parte del Gobierno en relación con la tasa plana es que era una barbaridad y que no íbamos a admitir esa propuesta por parte de la Comisión Europea. Por tanto, es de difícil comprensión que conociendo que públicamente se dijo esto y que así se expresó en el marco de la Unión Europea en los consejos de ministros, ahora se venga a mentir a este Parlamento. En segundo lugar, reto al portavoz del Grupo Popular a que presente documento o acta de los consejos de ministros de la Unión Europea de Agricultura en el debate de la PAC donde el Gobierno de España haya defendido alguna vez -y, en este caso, yo como ministra- la tasa plana; que traiga aquí y presente los documentos oficiales en este Parlamento. En tercer lugar, la hoja de ruta que se siguió en el debate de la PAC fue consensuada por todas las comunidades autónomas, incluidas las del Partido Popular. Por tanto, llevamos la voz de España al ámbito de la Unión Europea en defensa de nuestra agricultura. Por último, y termino señor presidente, cuando se tiene que descalificar personalmente, cuando se tienen que hacer alusiones personales y cuando se tiene que mentir es porque no se tienen argumentos para defender, que es lo que ha ocurrido esta tarde aquí.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar.

Señor Llorens.

El señor LLORENS TORRES: Señor presidente, ¿puedo subir a la tribuna? Es que he sido aludido por todos los portavoces en términos descalificatorios.

El señor PRESIDENTE: No, no. Tiene usted exactamente dos minutos para contestar a la señora Aguilar.

El señor LLORENS TORRES: En primer lugar, señora exministra, siento haberla aludido. No estaba previsto en mi intervención, lo que pasa es que usted se hace notar con sus gestos continuos, con sus miradas de tipo intimidatorio, y no lo digo yo, lo dicen los agricultores. Lo siento mucho. Usted ha sido la peor ministra que ha pasado por el Gobierno, y eso no es descalificar, eso es trasladar una opinión. (Rumores). En segundo lugar, los papeles hay que leérselos. Todas las comunidades autónomas, incluso la de Andalucía, han suscrito la figura de agricultor en activo. Tercero, los papeles los voy a traer yo. No me hace falta decirles que ustedes mienten porque entonces no acabaríamos nunca, que ustedes no tienen vergüenza (Rumores.-Aplausos). Yo los traeré aquí y veremos quién miente o falta continuamente a la verdad. Todos tenemos una hoja de servicios.

Finalmente, señoras y señores diputados, ustedes no han entendido nada (Rumores.-Varios señores diputados: Nada), porque el objetivo de esta proposición era que nos ayudaran a...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, no se trata de que tenga usted un turno de réplica en la proposición. Ha dejado ya claro lo que opina usted de la señora Aguilar como ministra, ella se ha defendido y el incidente está saldado.


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El señor LLORENS TORRES: Simplemente, que, por ejemplo...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, está saldado el incidente. (Rumores).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE RETIRADA DEL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR EL QUE EL GOBIERNO PRETENDE REVISAR LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN ESPAÑA SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA E INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. (Número de expediente 162/000828).

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a la siguiente proposición no de ley, que será el último punto que debatiremos esta tarde. Después de esta proposición no de ley pasaremos a votar y mañana se verán las mociones, que se votarán el jueves. Proposición no de ley del Grupo Socialista sobre retirada del anteproyecto de ley orgánica por el que el Gobierno pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. Para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra la señora Valenciano.

La señora VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO: Gracias, presidente.

Señoras diputadas, señores diputados, con esta iniciativa el Grupo Socialista solicita al Gobierno que renuncie a convertir el anteproyecto de ley del aborto en un proyecto de ley. El Grupo Socialista solicita que el Gobierno no dé ni un paso más en la tramitación de un texto que supone un enorme retroceso para la sociedad española. Retiren su texto en vez de esconderlo hasta que pasen las elecciones europeas por miedo al desgaste que esta iniciativa lamentable está teniendo para ustedes. Les pedimos que no sigan adelante. Muchas, muchísimas mujeres españolas y europeas y también muchos hombres han sentido este proyecto del Gobierno como una auténtica agresión a la libertad y a la dignidad de las mujeres, a la dignidad de una ciudadanía que hace años ya ganó la batalla de poder elegir. Ese sentimiento internacional de que en España se está produciendo no solo un grave retroceso en derechos sociales, sino también un grave retroceso en libertades y derechos civiles, ese sentimiento internacional es el que explica las movilizaciones tanto en nuestras calles como en muchas ciudades y capitales europeas. Han llegado ustedes demasiado lejos. Ahora deben parar. Pregúntense cinco cosas: Si la ley que pretenden garantiza la libertad de las mujeres. (Una señora diputada: No). Si será eficaz para el fin que persigue. (Varios señores diputados: No). Si mejorará la igualdad entre las personas (Varios señores diputados: No.-Un señor diputado: Sí). Si dará más seguridad a las mujeres y si es una ley realmente necesaria. Contesten a cada una de estas preguntas y verán cómo la respuesta a cada una de ellas es no.

En primer lugar, esta ley no aumentará sino que cercenará la libertad de las mujeres porque no serán ellas las que decidan. Con este proyecto, España pasará a formar parte de los escasos países europeos que limitan o prohíben la libertad de las mujeres para decidir si son madres o no lo son. En el caso de España significa pasar del grupo de veintidós países europeos al grupo de seis países europeos; un inédito y enorme retroceso para nuestro país. En segundo lugar, esta ley no será eficaz. Señorías, supongamos por un momento que ustedes lo que quieren es reducir el número de abortos que se practican en España; vamos a suponer que esa es su intención. Pues ya les anticipo que no lo van a conseguir. Las leyes que restringen el libre derecho a la maternidad no hacen descender el número de abortos. Lo que consiguen es aumentar el número de abortos inseguros. Bélgica, Italia y Países Bajos, junto con España, tienen hoy menores tasas de abortos. Es así porque a la legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo unen estrategias de prevención y de salud sexual y reproductiva. Ese es el elemento clave, señorías, para reducir el número de embarazos no deseados y, por lo tanto, para reducir el número de abortos. Se llama más prevención y menos represión. Se llama educación sexual en los colegios y no catecismo. Se llama recursos y acceso fácil a los anticonceptivos, todo eso de lo que ustedes no quieren ni oír hablar. (Aplausos).

Su anteproyecto no solo se lleva por delante la libertad de las mujeres, es que deroga todas las estrategias de prevención que contiene la actual regulación. ¿Cómo piensan ustedes reducir el número de embarazos no deseados? ¿Se lo digo? Porque la castidad no parece una propuesta que goce de muchos seguidores. Si siguen adelante con sus intenciones, en España aumentará el número de abortos y muchos de ellos serán abortos más peligrosos para las mujeres; mejorarán las estadísticas porque serán abortos ocultos, serán abortos ilegales, pero habrá más abortos y no menos. En tercer lugar, esta ley aumentará la desigualdad. Las mujeres españolas volverán a dividirse en dos grupos; las que se pueden permitir viajar a un país vecino y acceder a un aborto seguro y las que no puedan y se vean


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obligadas a interrumpir su embarazo en condiciones ilegales, clandestinas, en nuestro país. Eso es, señorías, el túnel del tiempo y de la injusticia y de la hipocresía más cruel. En cuarto lugar, esta ley será menos segura para las mujeres y para los profesionales de la sanidad; mayor inseguridad sanitaria y también más inseguridad jurídica porque ustedes convierten a los médicos que practiquen las interrupciones voluntarias del embarazo en presuntos delincuentes, y sobre todo inseguridad vital, porque de avanzar este anteproyecto de ley el camino que deberá seguir una mujer para interrumpir su embarazo será un auténtico calvario, será una dramática carrera de obstáculos que además alargará el momento de interrumpir el embarazo, aumentando las semanas de gestación y, por lo tanto, aumentando los riesgos para la salud de las mujeres, y en el caso de las mujeres que vivan alejadas de los grandes núcleos urbanos esa carrera de obstáculos será directamente imposible. Y finalmente, señorías, este anteproyecto de ley es innecesario e inoportuno porque introduce en la sociedad española una nueva fractura sin que exista ninguna circunstancia objetiva que lo justifique. ¿No creen que la mayoría de las españolas ya tienen bastante con el desempleo que las golpea y con la crisis económica que pagan ellas como nadie? (Aplausos). Si de verdad les preocupa, si de verdad quieren promover la natalidad, ayuden a las madres a sacar adelante a sus familias, controlen el precio de la luz, no bajen los salarios, establezcan un sistema justo de ayuda a las familias y a la dependencia. Así sí, así sí se apoya a las mujeres. Señorías del Grupo Popular, nadie sabe por qué el Gobierno se ha metido en esta contrarreforma, nadie lo entiende, ni siquiera lo entienden muchos de ustedes. Tampoco en los países europeos entienden nada, el único que lo ha entendido ha sido Jean-Marie Le Pen. Si tienen un problema con el ala dura de su partido, las mujeres no deberíamos ser la moneda de cambio. (Aplausos).

Concluyo ya. Señores diputados, señoras diputadas, negar la libertad a quien nunca la ha tenido es muy grave, pero quitar la libertad a quien ya la ha disfrutado es cruel e insoportable porque no es la verdad, y mucho menos su verdad, la que nos hace libres; es la libertad la que nos hace libres. Dejen a las mujeres decidir, confíen en ellas. Las mujeres no son seres irresponsables a las que ustedes deban tutelar. Esta Cámara debe ser la Cámara de las libertades y no la Cámara de los dogmas. Estamos, están a tiempo de detener este retroceso caprichoso e injusto. Señorías, con todo respeto...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar.

La señora VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO: ... con el respeto que se le debe a los adversarios políticos en democracia, apelo a las diputadas del Grupo Popular para que no voten como diputadas lo que no votarían como mujeres. Sean libres y déjennos ser libres. (Aplausos de señoras y señores diputados, puestos en pie).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Valenciano.

Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Señorías, es habitual utilizar en los argumentos del Gobierno para justificar el anteproyecto de ley, cuya retirada pide esta iniciativa que desde el Bloque Nacionalista Galego vamos a apoyar, la sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985 y poner al mismo nivel los derechos del nasciturus y de la mujer. Se hace realmente una verdadera manipulación en la interpretación de ambas cuestiones para justificar, desde nuestro punto de vista, lo injustificable. Nosotros, que no dudamos de que haya que proteger al no nacido, no estamos de acuerdo con que esta protección jurídica colisione, prevalezca o elimine derechos fundamentales de las mujeres, como se pretende. De la propia sentencia de 1985 se desprende que ese bien jurídico puede ceder cuando choca con derechos fundamentales de la mujer, como la dignidad, la integridad física, el honor o el libre desarrollo de la personalidad.

Con este anteproyecto, el Gobierno pretende eliminar del ordenamiento jurídico español una ley, la Ley orgánica 2/2010, que no solamente respeta los derechos fundamentales de las mujeres sino que los garantiza: derecho a la dignidad, a la libertad religiosa, ideológica, ética y a la libertad de decidir. Ante una ley como la actual, sin imposiciones, garantista de la libertad de las mujeres, este Gobierno nos propone una ley opresiva y represiva, señorías; una ley en la que una minoría impone sus creencias prohibiendo y arrebatando la libertad alcanzada. La ley actual no obliga a ninguna mujer a abortar, pero garantiza que quien lo quiera y decida pueda hacerlo con seguridad jurídica y sanitaria. La propuesta del Gobierno obliga, condena a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo a hacerlo en la clandestinidad, en


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condiciones insalubres, con prácticas inadecuadas y en peligro de muerte. ¿A qué nos recuerda esto, señorías? Evidentemente a otros tiempos.

Finalizo, señor presidente. No podemos ni queremos perder ninguna de las libertades alcanzadas, y el hecho de que una sola de ellas esté en peligro pone en peligro todas las demás, por eso no estamos dispuestos a que el Partido Popular derogue una ley adecuada para imponernos una ley que nos niega el derecho a la libertad de decidir.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.

Señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Gracias, señor presidente.

Ni Gallardón ni Rouco van a decidir por mí. Ninguna persona, y aún menos los hombres, tiene derecho a hacerlo. Nadie tiene el derecho de decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida y sobre nuestro futuro. Insisto, no van a decidir por nosotras. El problema es que con la ley del aborto nos condenan a abortar en la inseguridad de la clandestinidad, poniendo en peligro nuestras propias vidas. Entre 200 y 400 mujeres murieron en el año 1976 por culpa de abortos clandestinos en España, según datos del Tribunal Supremo. Esta, señorías, es su moralidad, y ante ella, nuestra más absoluta repugnancia. Me avergüenza que en el siglo XXI alguien pretenda obligar a una mujer a tener un hijo que no quiere. ¡Qué tristeza tener un hijo no deseado! ¿Se dan cuenta ustedes de la barbaridad? Ustedes sí que deberían ir a la cárcel por intentar obligar a las mujeres a tener hijos no deseados.

Si Gallardón o Rouco consideran que el aborto es pecado, que no aborten, pero dejen a las mujeres creyentes o ateas que decidan sobre su cuerpo, porque ni ustedes se creen que un feto de dos meses es una criatura. Les voy a decir una cosa, si verdaderamente lo creyeran, no habrían esperado dos años de legislatura para hacer esta ley; unos 200.000 abortos después de llegar al poder. Pero, ¿qué se creen, señorías, que a las mujeres les gusta abortar? ¿No se dan cuenta de la difícil decisión que supone para la gran mayoría, como para encima tener que aguantar a retrógrados fascistas que las señalen por la calle, que las demonicen y que las insulten? La Santa Inquisición, como ya no puede quemarlas en la hoguera, pretende meterlas ahora en la cárcel. El ministro integrista que ha impulsado esta ley se encuentra entre el 20 % más retrógrado del Estado. El 78 % de los españoles, prácticamente 8 de cada 10, están en desacuerdo con el restrictivo proyecto de ley.

Acabo. Con esta ley han conseguido arrastrarnos a la década de los setenta y a ser de nuevo la vergüenza de Europa. Si incluso The Times, uno de los periódicos más conservadores del Reino Unido, define esta ley como un abuso de poder y titula: España propone restricciones al aborto que dañan la salud y la familia de las mujeres. Si molestan incluso, señorías, a la ultra Marine Le Pen. Han conseguido, en definitiva, ser la derecha de la extrema derecha. Si verdaderamente, señorías del Partido Popular, quieren defender la familia...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que acabar.

La señora JORDÀ I ROURA: Acabo.

... dejen por, favor, de rebajar sueldos y pensiones, de desahuciarlas, de machacarlas con injustos impuestos y facturas de la luz y de suprimirles las becas. Esto, entre muchas otras cosas. Retiren, por favor, este anteproyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.

Señora Enbeita.

La señora ENBEITA MAGUREGI: Señorías, estamos teniendo hoy un debate que ya no debería existir porque ningún ministro ni nadie debería jamás proponerse interceder en el derecho a decidir sobre el cuerpo de cualquier mujer. Años de lucha ha costado llegar a la legislación actual, que no es perfecta pero ahí está, y lejos de avanzar nos quieren llevar décadas hacia atrás en un túnel del tiempo... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada.

Ruego silencio para que se oiga a la señora diputada.


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La señora ENBEITA MAGUREGI: Gracias, señor presidente.

Es muy interesante esto de que se quiera votar personalmente y el voto secreto pero no nos engañemos. La reforma del aborto iba en el programa electoral del Partido Popular y, cínicamente, es el único punto que ustedes se han propuesto cumplir. Ustedes lo han privatizado absolutamente todo, pero llegan al cuerpo de las mujeres y lo convierten en cuestión de Estado. ¿Cómo explicarían ustedes lo que es un cuerpo sobre el cual pretenden decidir ministros de Justicia, curas o frailes católicos? Señorías, esto que ven aquí, que va de mi moño a mis pies, esto redondito, me pertenece solo a mí y cada decisión que a ello concierne la tomo yo. No quiero que me hablen de moral, porque este Gobierno acabará posibilitando que el violador que viole a una mujer salga antes de la cárcel que el médico que la ayuda a solucionar las consecuencias de esa violación. Tampoco me digan que defienden la vida, porque también es quitar la vida eliminar los derechos sociales y las ayudas a la dependencia e imposibilitar que las personas con diversidad funcional puedan tener una vida autónoma. Las mujeres que abortan lo hacen con responsabilidad, después de haber reflexionado sobre su futuro y el futuro de ese hijo que llevan dentro.

Señorías, con esto acabo. El Partido Popular pretende plantear que la Seguridad Social no garantice que una mujer soltera o una pareja de lesbianas puedan acceder a ser madres, sin embargo quieren obligar a toda hija de Dios a que tenga un hijo sin que lo quiera. Señorías, las mujeres no somos incubadoras, no tenemos la maternidad en los genes, las mujeres tenemos derecho a decidir. Señorías, en una frase: en mi coño y en mi moño mando yo y solamente yo.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Enbeita.

Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Agirretxea.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.

Volvemos a tratar el tema del aborto en esta legislatura y el de su posible reforma por tercera vez en esta Cámara y hoy mismo, basándonos en un anteproyecto que lo único que ha generado es inquietud, zozobra e inseguridad. Son siete las razones por las que el Partido Nacionalista Vasco no apoya la reforma que pretende el Gobierno y por las que en un principio vamos a apoyar la proposición no de ley del Grupo Socialista. El PNV considera que no hacía falta volver a algo que se resolvió en la legislatura anterior; teníamos una ley injusta previamente y engañosa, y se consiguió una ley que dotaba de seguridad jurídica y sanitaria, dos conceptos muy importantes a la hora de tratar el tema que estamos hablando, seguridad jurídica y sanitaria, no libre albedrío ni caprichos. En segundo lugar, la reforma que el Partido Popular pretende abordar se basa en una falta de consenso, tanto en cuanto a la necesidad de reformar la ley actual como en conceptos reformables. Independientemente de la opinión que cada uno de nosotros podamos tener sobre el aborto o sobre su ejercicio, no se puede negar que la reforma del año 2010 contaba con el mayor de los consensos posibles y daba seguridad jurídica y médica a las mujeres que se encontraban ante esta complicada tesitura. Sin embargo, la propuesta del Ministerio de Justicia que también es una cuestión a tratar porque el Partido Popular lo ha judicializado. ¿Por qué lo ha traído por mano del ministro de Justicia en vez de hacerlo a través de la ministra de Sanidad e Igualdad que hubiera sido mucho más lógico? A la espera de conocer las modificaciones que se pudieran dar tras los informes de los órganos preceptivos y su llegada al Congreso de los Diputados como proyecto de ley, carece de consensos y el Gobierno español no ha mostrado el más mínimo interés por el diálogo, al menos con el Grupo Vasco, no sé si con otros grupos. Así, pues, eso que dice el ministro de que van a consensuar, lo estamos esperando, porque quizá podríamos escuchar, quizá podríamos plantear, pero nadie se ha acercado, lo cual quiere decir que no quieren tener ustedes ningún cambio, ningún consenso.

En tercer lugar, el Gobierno español con esta propuesta normativa obvia un problema con una ley que lo único que hace es abrir una enorme brecha de desigualdad entre las mujeres. No consideramos que esta reforma sea necesaria y, en caso de querer abordarla, debería hacerse con un afán de mejorar la actual legislación, algo que en este caso, visto el anteproyecto, no se da. El PNV siempre va a considerar el aborto como el resultado de un fracaso, pero ante la realidad de que se producen interrupciones del embarazo, estas deben darse con seguridad médica y jurídica. No deja de haber abortos por el mero hecho de que el Gobierno no quiera que los haya, por lo que no querer ver esta realidad es ponerse una venda en los ojos. Como no quiero que haya abortos, voy a hacer este tipo de legislación. Esa no es la solución, señores del Grupo Popular. Mi grupo sigue manteniéndose firme en sus principios y sigue manteniendo los mismos criterios que mantuvo cuando trabajó para que la ley actual se aprobara, porque la anterior, en relación con la cual tanto apeló el señor ministro a la memoria de Felipe González o de Aznar, era defectuosa, injusta y totalmente insegura. Tenía un inmenso boquete en las paredes maestras


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de la propia ley, pues más del 85 % de las mujeres que abortaban lo hacían alegando motivos psicológicos, lo cual demuestra que aquella ley no fue capaz de reducir el número de abortos, que es de lo que se trata, tal como comentó y defendió el consejero de Sanidad del Gobierno vasco el viernes pasado en el Parlamento vasco. Con la ley actual vigente se producen menos abortos; son datos estadísticos. En el debate de totalidad de 2010 defendíamos en esta misma tribuna que el PNV consideraba que el aborto era el resultado de un fracaso, pero asimismo defendíamos la necesidad de una ley que permitiera regular el aborto, con garantías jurídicas y sanitarias, que integrara la objeción de conciencia médica y que atacase las causas desde su origen, evitando embarazos no deseados, porque, como decíamos entonces, un embarazo puede ser lo más hermoso y maravilloso del mundo si es deseado, pero puede ser un infierno si no lo es. En cuarto lugar, no estamos de acuerdo con que la única responsabilidad recaiga en los profesionales sanitarios. Ellos llevan a cabo una función sanitaria y no son jueces ni policías. Asimismo, queremos mostrar nuestro desacuerdo con el principio defendido por el ministro Gallardón, con el que asegura que esta reforma protege a las mujeres al despenalizarlas. Eso es una falacia. Hace unos meses -acabo- debatíamos otra moción de esta misma índole y repetíamos -lo vamos a hacer hasta la saciedad- que no podemos volver a posiciones ya superadas, consensuadas y homologadas en el resto de Europa occidental con el resto de los países que nos igualan.

Por último, quiero decir que aunque no tenemos el texto, sino su anteproyecto, los argumentos, que aunque no comparto puedo respetar, que esgrime el ministro también caen en una incoherencia; porque no es justa su propuesta, pues se basa en la causalidad, por la excepcionalidad, porque defiende cuestiones que pueden ser...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Acabo.

... caprichosas en base a la causalidad.

Por lo tanto, y para acabar, el Grupo Parlamentario Vasco anuncia su voto favorable a la proposición no de ley del Grupo Socialista que se ha debatido esta tarde, y solicita la retirada del anteproyecto de ley que reforma la vigente ley del aborto.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.

Nuestro grupo va a votar a favor de esta petición de retirada de este anteproyecto de ley por razones que voy a explicar ahora, aunque también le quiero decir a la señora Valenciano que nosotros consideramos que es una cuestión que afecta a hombres y mujeres, no solo a mujeres. Los derechos de las mujeres son asunto que concierne a toda la sociedad y a todos los que estamos aquí, no solo a las mujeres por supuesto; como no lo sería tampoco si fuera una cuestión que atañera solo a los hombres.

Respecto al fondo del debate, que creo que es lo que importa, la verdad es que seguramente este debate tendría una forma distinta si siguiéramos una máxima moral de Immanuel Kant que viene muy bien al caso, que dice que es muy importante tratar a los demás como fines en sí mismos y no como medios para nuestros objetivos. Si tratamos a las mujeres embarazadas que se enfrentan al dilema de interrumpir su embarazo como medios a favor de nuestro objetivo político, lo que estamos haciendo es pervertir no solamente la legislación democrática, sino también la ética en la que pretende inspirarse. Esta es una cuestión que hay que abordar, porque ¿de qué se trata a la hora de hacer una ley del aborto? Mejorar cambiar una que existe. Desde nuestro punto de vista, entrar en un debate sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo vigente solo puede tener dos objetivos: uno, mejorar la seguridad jurídica de la propia ley y, dos, aumentar la libertad, en este caso, de las mujeres embarazadas que quieran o no interrumpir su embarazo y, sin embargo, este no es el objetivo del anteproyecto de ley que nos ha presentado el Gobierno.

Hay que decir -esto es muy lamentable- que es un proyecto de ley que trata a las mujeres como sujetos menores de edad que no tienen capacidad de decidir por sí mismas y que deben ser tuteladas por terceros, por expertos, lo cual es ya un punto, un arranque completamente inaceptable para este anteproyecto de ley. Pero incluso se da la paradoja en este anteproyecto de que si la mujer finalmente no respetara lo que la legislación establece, ni siquiera se le consideraría responsable. Es un tratamiento


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que, pretendiendo ser benévolo, no es otra cosa que paternalista y desde luego introduce una desigualdad inaceptable para nuestro grupo desde el punto de vista ético-político de las mujeres respecto a los hombres, es decir, una relación de inferioridad.

En una sociedad plural como es la nuestra, existen diferentes éticas rivales. Éticas rivales significan que son éticas aceptables dentro de la democracia pero que no están de acuerdo en cuestiones como esta que nos afecta y, sin embargo, ustedes han tirado por la vía que es la única que choca frontalmente con la democracia y el pluralismo, es decir, pretenden que una ley del Estado adopte una moral particular como la moral pública que debe gobernar las decisiones personales de las personas. En este caso, estamos hablando ¿de qué? De interrupciones voluntarias del embarazo. Es decir, hablamos de millones de casos diferentes, distintos, personales que ninguna ley nunca va a poder reducir a una cuestión elemental. Lo único que la ley puede hacer ante esta situación es despenalizar la decisión que tomen de acuerdo con determinadas condiciones. Nuestro grupo -lo hemos explicado en varias ocasiones y este es el momento también de hacerlo- propone precisamente una ley de plazos pura, es decir, una ley que establezca un periodo de tiempo de catorce semanas o algo superior para que las mujeres puedan decidir por sus propias razones y bajo su propia responsabilidad si interrumpen o no su embarazo, sin tutela del Gobierno ni de ninguna Administración ni de expertos impuestos -esto es lo fundamental desde nuestro punto de vista-, y que además contemple la posibilidad de que haya razones médicas para que después de este plazo pueda haber situaciones especiales también en interrupción voluntaria. Esto sería lo esencial. Esto es en nuestra opinión lo único de acuerdo con una sociedad plural y pluralista, porque todo lo demás -poner supuestos, condicionar los plazos, tutelar mediante criterios supuestamente clínicos o científicos lo que las mujeres pueden hacer- introduce, como digo, la inferioridad jurídica de las mujeres, lo cual es inaceptable, e introduce además la pretensión, igualmente inaceptable, de que es el Estado el que adopta una moral particular privada como moral pública obligatoria para todo el mundo, y eso no se puede de ninguna manera ni consentir ni tolerar.

La única manera de hacer frente a esta cuestión es desde un punto de vista estrictamente laico, que no significa que vaya contra ninguna moral tradicional ni contra las convicciones de nadie, sino que precisamente prescinda de todo lo que tiene que ver con creencias morales, religiosas o de otro tipo en una legislación que lo que tiene que hacer es legislar para todo el mundo. De ninguna manera es tolerable esta idea que está constantemente en el fondo de este anteproyecto de que se legisla para un sector concreto con una moral concreta que -se presupone por razones puramente arbitrarias, que ustedes sabrán cuáles son pero a los demás no nos interesan- tiene que ser la guía moral del resto de la sociedad. Eso es fundamentalismo o totalitarismo o intervencionismo. Yo prefiero creer que sencillamente es un desliz intervencionista y que ustedes mismos harán lo que esperamos todos que hagan: guardar en algún cajón ese anteproyecto de ley para que no se acabe tramitando por completo en este Parlamento. ¿Por qué? Porque este Parlamento no puede tramitar leyes ni aprobarlas sin cometer un fallo de principios en lo que son sus fines, que pretendan imponer una moral privada al conjunto de la sociedad, por respetable que a ustedes les parezca. Por eso, como digo, apoyamos la propuesta de retirada.

No quiero concluir mi intervención sin hacer un comentario que me parece obligado sobre el hecho de que a propuesta del Grupo Socialista tengamos que votar en urna una cuestión como esta. Nos parece un fraude. Los votantes, los ciudadanos, tienen derecho a saber qué es lo que votamos cada uno de nosotros. No es una cuestión de conciencia, es una cuestión política, qué es lo que pensamos respecto de este anteproyecto de ley, si apoyamos o no su retirada. Exactamente igual que si se llegara a tramitar tendrían que saber qué enmiendas votamos, en qué condiciones y cómo votamos el conjunto de la ley. La verdad es que es un día bastante triste para aquellos que confunden la ética con la política y al final la política con cualquier otra cosa.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora De las Heras.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, presidente.

Señoras y señores diputados, en primer lugar, quiero señalar el voto favorable de La Izquierda Plural a esta iniciativa del Grupo Socialista, que coincide con la ofensiva parlamentaria que inició mi grupo el pasado 22 de enero, a través de una interpelación urgente al ministro de Justicia y que precisamente tiene su correlato con el debate de la moción que haremos mañana, en la que también exigimos la retirada inmediata del aberrante anteproyecto de ley de protección del concebido y de los derechos de la mujer


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embarazada. También hemos registrado una proposición no de ley en la que instamos al Gobierno a parar este descomunal despropósito con el que se pretende eliminar el derecho de las mujeres a decidir si quieren o no ser madres. Un anteproyecto basado en el derecho canónico, que huele a incienso y naftalina y que ha visto un multitudinario rechazo en las calles de nuestro país y fuera de nuestras fronteras, el rechazo de los movimientos y las asociaciones feministas, de los profesionales de la saludad, del Parlamento Europeo e incluso de muchas y de muchos representantes del Partido Popular; un rechazo que compartimos y que nos obliga, a pesar de que hoy no consigamos pararla, a seguir dando la batalla democrática a todos los niveles y en todos los ámbitos en que podamos, poniendo para ello todas nuestras energías y nuestro firme compromiso. Porque hoy, señoras y señores diputados, hoy, lo que está en juego aquí es la libertad de las mujeres de nuestro país, mujeres a las que se quiere recortar sus derechos fundamentales a decidir sobre su cuerpo, sobre su maternidad y sobre su propia sexualidad. Porque es precisamente esto, la libertad y el derecho de las mujeres en España lo que se está cuestionando hoy, mujeres que son capaces de decidir por sí solas qué es lo mejor para ellas, sin el tutelaje de nadie, mujeres a las que se pretende imponer una ley que quiere regular lo irregulable, que quiere legislar sobre algo que no es posible legislar, sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra conciencia.

Nosotras, ya incluso antes de ponerse en marcha la Ley de 2010 de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, pedíamos políticas de educación afectivo-sexual y de prevención de embarazos no deseados; pedíamos que el aborto voluntario se regulara mediante ley y dejase de estar tipificado como delito en el Código Penal; pedíamos que se pudiera practicar en toda la red de la sanidad pública, garantizando la equidad territorial, así como que se regularizara la objeción de conciencia en la sanidad pública. Con la ley de 2010 avanzamos, es cierto, pero todavía nos queda mucho camino como para volver a los tiempos pasados de la ruda y del perejil, mucho camino para que el aborto sea ahora clandestino y para que haya mujeres que pongan en riesgo su vida porque no puedan pagarse en el extranjero un aborto legal y seguro. El derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad no se puede enmarcar en un debate ajeno a la libre decisión de las mujeres. Es un derecho fundamental y como tal no puede ser objeto de intercambio con los estamentos religiosos y sociales más reaccionarios. Por eso entendemos como algo irrenunciable el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, porque entra dentro de la libre decisión de las mujeres sin interferencias, sin condicionantes, sin tutelas y sin penalizaciones. Sí, nosotras vamos a defender y defenderemos una ley que garantice la salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo, que contemple como mínimo la prevención contra los embarazos no deseados, una educación sexual que recorra todos los estadios educativos, la coeducación real y efectiva y la transmisión de valores de igualdad entre mujeres y hombres. Esto es lo que nos queda. Tenemos que avanzar y resulta que ahora nos encontramos con esta propuesta que deroga lo conseguido con la Ley de 2010 y que reforma de manera restrictiva una ley derogada de 1985. Esto es un insulto a las mujeres, al Estado laico y a la democracia.

No voy a entrar sobre si esta reforma estaba o no dentro del programa electoral del Partido Popular, porque tengo muy claro que así no figuraba, ya que el único párrafo en el que ustedes...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que terminar.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Termino.

... hablaban de este tema lo hacían con tal imprecisión que hubiera cabido cualquier cosa, y porque es vergonzoso que sea precisamente esto lo único que quieran cumplir de su programa electoral cuando no hay ninguna demanda social que se lo pida.

Señoras y señores del Partido Popular, su mayoría absoluta no significa absolutismo. El hecho de que su partido fuera votado por el 44 % de ciudadanos y ciudadanas no le da derecho a pisotear y pasar por encima de...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que acabar irremediablemente.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Hay muchas personas que no le han dado su confianza y otras que sí, pero ustedes gobiernan para todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y cuando están en juego los derechos fundamentales de las mujeres, no caben acuerdos y consensos, señores del Partido Popular, cabe cumplirlos con leyes que los preserven y que los protejan. Los derechos humanos no se negocian, se protegen y se preservan. Por lo tanto, guarden en el cajón, del que nunca tenían que haberlo sacado, este anteproyecto de ley y aprovechen la oportunidad de hoy para retirarlo.

Gracias. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De las Heras.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Surroca.

La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, saben que en cuestiones de conciencia como la que tratamos ahora, la referente a la interrupción voluntaria del embarazo, nuestro grupo parlamentario tiene libertad de voto, por lo que esta portavoz va a fijar posición en nombre de los seis diputados de Unió Democrática de Catalunya. Más allá de la cuestión que hoy está siendo objeto de protagonismo tal cual es, la votación en urna de este punto del orden del día, los diputados de Unió Democrática de Catalunya, desde un planteamiento de coherencia y rigor, vamos a posicionarnos ante esta petición de retirada del anteproyecto de ley de reforma de la legislación vigente sobre el aborto desde ese rigor que digo y desde esa coherencia. Anuncio que los diputados de Unió no vamos a apoyar esta proposición no de ley del Grupo Socialista (Aplausos), y lo haremos por los siguientes motivos. -No hace falta que me aplaudan porque voy a explicar ahora los motivos por los cuales no la apoyamos y probablemente no coincidiremos-. En primer lugar, porque se pide la retirada de un informe de un anteproyecto y Unió Democràtica de Catalunya, como criterio general, nunca se opone a la tramitación de un proyecto de ley y menos aún a la tramitación de un informe de anteproyecto que todavía tiene que pasar una serie de procesos consultivos como los correspondientes dictámenes, informes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado u otros organismos, después de los cuales, como bien saben ustedes, el Gobierno aún puede introducir múltiples cambios en el texto inicial.

Nosotros pensamos que todo Gobierno tiene derecho a presentar una iniciativa legislativa, nos guste o no nos guste; igual que los grupos parlamentarios también tenemos derecho a presentar las oportunas iniciativas en esta Cámara. Estas son las reglas del juego democrático e independientemente de nuestra posición, si esta coincide o no con el informe de anteproyecto, con el proyecto legislativo o cualquier otra iniciativa que se presente, de entrada debe respetarse la voluntad del Gobierno de presentar las iniciativas que considere y después, durante la tramitación parlamentaria, ya tendremos ocasión de fijar nuestra posición sobre el fondo del asunto de que se trate. Por lo tanto, los diputados de Unió Democràtica de Catalunya por coherencia con este principio general, que ahora no entendemos que tenga que modificarse, seguiremos ese criterio. Además Unió no ha tomado aún una decisión sobre el fondo de esta reforma. Insisto, no hay ni siquiera anteproyecto, no hay ley, no hay reforma, por lo tanto, esto supone adelantarnos a algo que aún no existe. Hoy nuestro voto no define la posición de Unió Democràtica de Catalunya ante una futura reforma de la ley del aborto; no nos confundamos, señorías. Estamos hablando de retirar o no una reforma que a día de hoy no existe. Por otra parte tenemos que recordar que en la anterior legislatura Unió Democràtica de Catalunya presentó una enmienda a la totalidad a la actual ley, por lo tanto la compartimos y queremos una modificación. Ahora bien, nosotros aún no nos hemos pronunciado -insisto- respecto a una posible reforma que aún no existe, que está en fase de informes y que aún puede ser muy modificada. Lamentamos profundamente que en una cuestión tan compleja, sensible, importante, delicada como esta, que tiene que ver con el derecho a la vida, a la dignidad de las mujeres, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista hagan política partidista para desviar la atención sobre determinados temas que en estos momentos pesan sobre la opinión pública ante posibles elecciones.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que terminar.

La señora SURROCA I COMAS: Voy terminando. Gracias, señor presidente.

Estamos ante una cortina de humo y lamentamos que se utilice un tema tan importante como es este desde un punto de vista totalmente partidista. Nosotros, como decía, nos opusimos a la actual ley y prestamos especial atención a la necesidad de impulsar políticas preventivas, educativas, informativas. Estamos ante cuestiones transversales que nos implican a todos; estamos ante cuestiones que no son solamente ideológicas. Estamos hablando de algo que va más allá de la ley; estamos hablando de muchas otras cuestiones que nos implican y por tanto, desde Unió Democràtica de Catalunya y los diputados en nombre de los cuales hablo hoy, votaremos en contra de esta proposición no de ley del Grupo Socialista.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Señora Ciuró.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, subo a la tribuna para manifestar y para explicar cuál es el posicionamiento general de Convergència Democràtica de Catalunya, porque quiero poner en valor y dejar bien claro, como todos


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ustedes saben, que nuestro partido político en estas cuestiones, cuestiones de gran dimensión moral, de conciencia, de ética da libertad de voto a sus diputados y diputadas para que se puedan expresar según mejor se sientan representados con la emisión de su voto. Por tanto, vaya por delante que Convergència Democràtica de Catalunya no votará probablemente en la misma dirección que todo el grupo, si bien sí que hemos alcanzado algunas posiciones básicas en común, que resultan de la proposición presentada por el Grupo Socialista derivada de la iniciativa parlamentaria del grupo de la mayoría.

Les tengo que decir que para Convergència Democràtica de Catalunya se nos antoja un anteproyecto o una reforma como mínimo innecesaria y, si me permiten, presentada con torpeza porque han tenido la virtud de que se pronuncien en contra de lo que han presentado ustedes mismos desde representantes de sus juventudes a presidentes de comunidades autónomas, a delegadas del Gobierno, con lo cual torpeza por parte del Gobierno en su presentación y además innecesariedad. Innecesariedad significa que no es necesario y cuando algo no es necesario es que sobra, es que es algo que no toca, es que no ha habido por el momento ninguna conflictividad social antes de que ustedes anunciaran la presentación de esta reforma.

Señorías, más que los modelos legales, son las cuestiones demográficas y las circunstancias económicas y sociales de un país las que juegan un papel clave en la evolución de las interrupciones voluntarias del embarazo. La ley de 2010 ha supuesto un descenso en estas interrupciones voluntarias del embarazo y esto es algo que todos los grupos deseamos y es algo de lo que todos nos deberíamos alegrar. En 2012 ha habido un 5 % menos de interrupciones voluntarias del embarazo de las que había habido en años anteriores por diferentes motivos, pero básicamente porque hay una mejor información para el acceso a métodos anticonceptivos y una normalización de la prestación sanitaria. Es más, se tiende a interrumpir voluntariamente embarazos cada vez más incipientes, con lo cual en la mayoría de las veces no se agotan los plazos fijados y, por tanto, podríamos concluir que se está en el buen camino. Todos queremos que siga así, que sigan bajando y que sigan disminuyendo. Más que cambios legales, reforcemos la formación en prevención. Más que cambios legales, reforcemos la información para que sea adecuada, para que sea completa, para que sea entendible y objetiva. La información es el mayor bien para adecuar conductas al fin que se persigue. Por tanto, señorías del Partido Popular, no nos cuenten milongas sobre cumplimiento de compromisos electorales. He subido a esta tribuna anteriormente precisamente para reclamarles que cumpliesen algunos de los puntos de su programa electoral. Es una lástima que tenga que ser este punto la excepción que confirma la regla de sus reiterados incumplimientos. También nos suena a milonga el hecho de que apelen a un consenso que, según ustedes, tenía la ley de 1985, pero que, a la vista de lo que se nos ha presentado, ni respetan ese consenso existente. Por tanto, ni el cumplimiento electoral sirve como argumento ni tampoco recuperación del consenso. Señorías, no hagan bueno lo que decía Groucho Marx: que no sirva la política para buscar un problema, encontrarlo, hacer un diagnóstico erróneo y aplicarle el remedio inadecuado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ciuró.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Torrado.

La señora TORRADO DE CASTRO: Gracias, señor presidente.

Señorías, este anteproyecto todavía no ha llegado a las Cortes, ha iniciado ahora su proceso de tramitación en los distintos órganos consultivos como el Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial, Comité de Bioética, Colegio de Médicos, Colegio de Enfermería, Organización Médica Colegial, Consejo Nacional de Discapacidad, asociaciones de mujeres y comunidades autónomas. Por tanto, es susceptible de debate, de mejora, de nuevas aportaciones y de diversos enfoques. Desde el Grupo Parlamentario Popular estamos dispuestos a dialogar con usted y con todos los grupos parlamentarios, y sería bueno llegar a algún tipo de acuerdo, de entendimiento para evitar, como se ha hecho en otras ocasiones, que se rompa unilateralmente el consenso.

Al ser un anteproyecto, el Gobierno lo está tramitando como otros anteproyectos de ley, es decir, se inicia en el Consejo de Ministros y se remite a los órganos consultivos, y una vez que se incorporan sus informes, llegará aquí, a las Cortes Generales, para dialogar, debatir y analizar posiciones y sugerencias. Porque este Gobierno está haciendo bien su trabajo, como corresponde, y a ustedes y a nosotros nos corresponderá cuando llegue a esta Cámara, como tiene que ser. Con su solicitud de retirada de anteproyecto, ¿no querrán quitar al Gobierno su iniciativa legislativa, verdad?, ¿no querrán que no se cumplan los procedimientos parlamentarios? Porque cuando aprobaron la anterior reforma no estaba en su programa, la llevaron a escondidas de su propio electorado y ningún ministro vino a comparecer al


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Congreso. (Aplausos). ¿Quieren que les recuerde cuándo vino aquí la señora Aído a despachar las comparecencias que tenían pendientes? Cuando la ley ya estaba aprobada y publicada en el BOE.

Todavía no estamos en el trámite parlamentario; ahora estamos en una cuestión de procedimiento político y de iniciativa del Gobierno, pero ustedes actúan con un método que ya vamos conociendo en su forma de hacer política. Piden la retirada de todas las leyes que propone el Gobierno y anuncian su derogación, antes incluso de que hayan llegado al Parlamento y en algunas ocasiones antes incluso de que sean anteproyecto. Ese método de oposición por derogación les sirve para todo, para la reforma laboral, para la reforma de las pensiones que, por cierto, ustedes congelaron, para la reforma de la educación, etcétera; en definitiva, para cualquier reforma. Todo lo que no sea hacer lo que el PSOE dice, hay que derogarlo, y con esta actitud no quieren que llegue aquí, al Parlamento, para debatirlo, que es lo democrático. ¿Qué pretenden? ¿Qué buscan con ello? ¿Dónde queda la tolerancia, el diálogo, el debate? ¿Dónde queda la democracia? Señorías, los tiempos del "porque lo digo yo" ya pasaron, afortunadamente (Rumores.-Aplausos), y este Gobierno ha presentado un anteproyecto, lo que implica un debate, unas aportaciones, una escucha. ¿Saben lo que es eso? Porque en su PNL instan a retirar inmediatamente y no continuar la tramitación del anteproyecto y se quedan tan tranquilos, por no decir tan anchos. Es la suya una forma muy particular de ejercer la democracia, muy del PSOE, con ese convencimiento que tienen de estar siempre en posesión de la verdad absoluta. Ahora dicen que hablan en nombre de todas las mujeres. Pues eso no es así, hay muchas mujeres que no pensamos como ustedes, mujeres que no somos ni menos modernas ni menos formadas que ustedes (Aplausos), mujeres que hemos superado ese feminismo rancio que algunas no pueden quitarse de encima (Rumores), dejando ver una animadversión casi patológica hacia los hombres. No vayan por ahí, los tiempos han cambiado, hay que subir esa autoestima y eliminar complejos. (Aplausos.-Rumores). Debemos mucho a todas aquellas heroínas que lucharon por reivindicar el papel de la mujer en nuestra sociedad, pero ustedes no son heroínas, y desde luego no lo serán si siguen con esa actitud. Evolucionen, sean consecuentes, no echen a perder el esfuerzo de generaciones anteriores (Rumores), porque hemos avanzado mucho y vamos a seguir avanzando.

Este anteproyecto de ley es muestra de todo ello, porque por primera vez -y ha tenido que ser un Gobierno del Partido Popular-, tras dos leyes sobre el aborto, no se contempla la posibilidad de que una mujer vaya jamás a la cárcel. (Aplausos.-Rumores). Ha tenido que ser un Gobierno del Partido Popular el que acompañe a la mujer en un trance tan duro como es poner fin a un embarazo, el que no la deje sola y el que le facilite asesoramiento y alternativas; y mucho más, el que no permita que una niña de dieciséis años tome en absoluta soledad y sin el conocimiento de sus padres una decisión que podrá marcar toda su vida (Aplausos), la misma niña a la que no permitimos ir de excursión sin la autorización de los padres pero a la que sí damos carta blanca para poder abortar. Nosotros no nos vamos a dedicar a denigrar sus posturas, ni a insultar, ni a ridiculizar, como hacen ustedes con quienes no comparten sus ideas, porque solo desde el respeto se pueden alcanzar acuerdos. Con su intervención, que más bien parecía un mitin de despedida (Aplausos), hemos asistido a una forma de ejercer la oposición ajena a cualquier razonamiento y con una postura previa ya completamente cerrada. Ustedes creen que tienen el monopolio de decidir qué está bien y qué está mal, se creen que tienen una superioridad moral en determinados temas. Pues no, señorías, ustedes no tienen una superioridad moral (Aplausos), porque ustedes no quieren modificar este anteproyecto, no quieren reflexionar (Rumores), no quieren profundizar ni dialogar sobre él, ustedes solo quieren retirarlo, es decir, que no haya debate. ¿Por qué no quieren que haya debate? ¿Por qué no quieren conocer todos los informes que ha solicitado el Gobierno? (La señora López i Chamosa pronuncia palabras que no se perciben).

El señor PRESIDENTE: Señora López i Chamosa.

La señora TORRADO DE CASTRO: Señorías, podemos y debemos debatir cuando el anteproyecto llegue a la Cámara. Hagamos entonces un debate profundo, escuchémonos unos a otros. Con su actitud muestran ser intolerantes, porque este Gobierno ha optado por un anteproyecto de ley, un mecanismo que busca y que permite escuchar a todos, presentar enmiendas, mejoras y aportaciones que nos ayuden a dialogar y a alcanzar la solución que más satisfaga a todas las sensibilidades. Por eso, hoy, el Grupo Parlamentario Popular no puede doblegarse ante su imposición de retirar el anteproyecto, porque queremos trabajar, queremos escuchar y queremos debatir.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Torrado.

Estamos llamando a votación y en dos minutos procederemos a ello. (Pausa).


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TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS. (VOTACIÓN):

- DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, DE MEDIDAS CONTRA EL SOBREENDEUDAMIENTO PERSONAL Y FAMILIAR Y DE PROTECCIÓN ANTE PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA DE LA VIVIENDA HABITUAL. (Número de expediente 125/000011).

El señor PRESIDENTE: Por favor, ocupen sus escaños. Vamos a proceder a las votaciones. En primer lugar, las electrónicas. Toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña de medidas contra el sobreendeudamiento personal y familiar y de protección ante procedimientos de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual. Hay tres votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338, más 3 votos telemáticos, 341; a favor, 159, más 1 voto telemático, 160; en contra, 178, más 2 votos telemáticos, 180; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, RELATIVA A LA JUSTICIA UNIVERSAL. (Número de expediente 122/000136).

El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal. Hay tres votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339, más 3 votos telemáticos, 342; a favor, 177, más 2 votos telemáticos, 179; en contra, 162, más 1 voto telemático, 163.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE DIVULGACIÓN DE LAS NUEVAS CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS PARA EL SECTOR AGRARIO Y PARA LA SOCIEDAD DE LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN. (Número de expediente 162/000833).

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre divulgación de las nuevas características y beneficios para el sector agrario y para la sociedad de la Política Agraria Común. Se vota en sus propios términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 181; en contra, 158; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE RETIRADA DEL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR EL QUE EL GOBIERNO PRETENDE REVISAR LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN ESPAÑA SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA E INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. (Número de expediente 162/000828).

El señor PRESIDENTE: La siguiente proposición no de ley del Grupo Socialista, sobre retirada del anteproyecto de Ley Orgánica por el que el Gobierno pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, la votaremos con urna. A tal efecto se llamará por los señores secretarios en orden alfabético y al final, como es habitual, votarán el


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Gobierno y los miembros de la Mesa. Se podrá escribir en la papeleta sí, no o abstención; en blanco equivale a abstención. Vamos a instalar la urna y empezaremos el llamamiento.

Por los señores secretarios de la Cámara se procede al llamamiento de las señoras y señores diputados.

Efectuada la votación y verificado el escrutinio, dijo

El señor PRESIDENTE: El resultado de la votación ha sido el siguiente: votos emitidos, 340; sí, 151; no, 183; abstenciones, 6.

Por tanto, queda rechazada la proposición no de ley. (Aplausos.-Protestas.-Varios señores diputados pronuncia palabras que no se perciben.-La señora Álvarez Álvarez: ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!-Varios señores diputados: ¡Democracia!, ¡democracia!-El señor Albendea Pabón: ¡Qué demócrata eres!).

Se suspende la sesión.

Eran las diez de la noche.

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