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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 185, de 11/03/2014
cve: DSCD-10-PL-185
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 185
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 173
celebrada el martes,
11 de marzo de 2014


ORDEN DEL DÍA:

Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página4)

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas:

- Del Parlamento de Galicia, de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para posibilitar la homogeneización del procedimiento de voto de las personas residentes en el exterior con el resto de los ciudadanos (Orgánica). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 20-1, de 28 de diciembre de 2011. (Número de expediente 25/000004) ... (Página4)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de reforma de la Ley de 18 de junio de 1870 del ejercicio de la Gracia de Indulto. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 144-1, de 22 de noviembre de 2013. (Número de expediente 122/000123) ... (Página18)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre reclamación a la República Bolivariana de Venezuela del respeto a los principios universales de la democracia, del Estado de Derecho y de los Derechos Humanos. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 412, de 28 de febrero de 2014. (Número de expediente 162/000887) ... (Página31)

- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), en relación con el cumplimiento de la obligación legal de vincular lo recaudado en concepto de tasas judiciales a la financiación del sistema de justicia gratuita. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 388, de 17 de enero de 2014. (Número de expediente 162/000823) ... (Página40)


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Minuto de silencio ... (Página45)

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página46)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página46)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página46)

Corrección de error ... (Página47)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página4)

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas ... (Página4)

- Del Parlamento de Galicia, de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para posibilitar la homogeneización del procedimiento de voto de las personas residentes en el exterior con el resto de los ciudadanos (Orgánica) ... (Página4)

En turno a favor intervienen las señoras Díaz Pérez, en nombre del Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda; Soneira Tajes, del Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, y Prado del Río, del Grupo Parlamentario Popular de Galicia.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Álvarez Sostres y las señoras Oramas González-Moro y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; el señor Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; las señoras Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Silva Rego, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Prada Presa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página18)

- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de reforma de la Ley de 18 de junio de 1870 del ejercicio de la Gracia de Indulto ... (Página18)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Llamazares Trigo.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda, la señora Fernández Davila y el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Surroca i Coma, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor


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Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Cortés Bureta, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposiciones no de ley ... (Página31)

- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, para que el Gobierno de España reclame al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela el respeto a los principios universales de la democracia, del Estado de Derecho y de los Derechos Humanos ... (Página31)

Defiende la proposición no de ley la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); González Cabaña, del Grupo Parlamentario Socialista, y Mariscal Anaya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Pérez Fernández, el señor Tardà i Coma y la señora Enbeita Maguregi, del Grupo Parlamentario Mixto; así como los señores Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Lozano Domingo.

- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), en relación con el cumplimiento de la obligación legal de vincular lo recaudado en concepto de tasas judiciales a la financiación del sistema de justicia gratuita ... (Página40)

Defiende la proposición no de ley el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Camacho Vizcaíno, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), así como la señora Escudero Berzal, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo interviene el señor Olabarría Muñoz.

Minuto de silencio ... (Página45)

La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del atentado perpetrado en Madrid el 11 de marzo de 2004, en su décimo aniversario.

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página46)


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Sometida a la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Galicia, de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para posibilitar la homogeneización del procedimiento de voto de las personas residentes en el exterior con el resto de los ciudadanos (Orgánica), se aprueba por 302 votos a favor, más 3 votos telemáticos, 305; y 11 abstenciones.

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página46)

Sometida a la toma en consideración la proposición de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de reforma de la Ley de 18 de junio de 1870 del ejercicio de la Gracia de Indulto, se rechaza por 131 votos a favor, más 2 votos telemáticos, 133; 170 en contra, más 1 voto telemático, 171; y 12 abstenciones.

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página46)

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, para que el Gobierno de España reclame al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela el respeto a los principios universales de la democracia, del Estado de Derecho y de los Derechos Humanos, se aprueba por 296 votos a favor, 14 en contra y 8 abstenciones.

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), en relación con el cumplimiento de la obligación legal de vincular lo recaudado en concepto de tasas judiciales a la financiación del sistema de justicia gratuita, con la inclusión de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 148 votos a favor y 170 en contra.

Se suspende la sesión a las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución, conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento. En sustitución de doña Susana Camarero Benítez pregunto a doña Teresa García Sena si jura o promete acatar la Constitución.

La señora GARCÍA SENA: Sí, juro.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Doña Teresa García Sena ha adquirido la condición plena de diputada. Enhorabuena. (Aplausos).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS:

- DEL PARLAMENTO DE GALICIA, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL, PARA POSIBILITAR LA HOMOGENEIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE VOTO DE LAS PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTERIOR CON EL RESTO DE LOS CIUDADANOS (ORGÁNICA). (Número de expediente 125/000004).

El señor PRESIDENTE: Punto I del orden del día, relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Galicia, de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para posibilitar la homogeneización del procedimiento de voto de las personas


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residentes en el exterior con el resto de los ciudadanos. Tiene carácter orgánico. Hay tres representantes del Parlamento de Galicia a los que damos nuestra calida bienvenida en nombre de toda la Cámara.

Para la presentación de esta iniciativa, tiene la palabra, en primer lugar, doña Yolanda Díaz.

La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Díaz Pérez): Procedemos a la defensa de la toma en consideración del procedimiento legislativo que fue debatido en Galicia el día 15 de julio de 2008. Comprenderán que para Galicia la emigración forma parte de nuestra razón de ser, tanto que parte de nuestro país fue construido fuera de nuestras fronteras gracias a la emigración. La Real Academia Galega fue construida en Cuba. El propio himno galego fue musicado e interpretado por primera vez a cargo de Pascual Veiga y de Fontenla Leal en La Habana en 1907. También conocerán seguro la cerámica de Sargadelos y el Laboratorio de Formas, con el gran Luis Seoane, un militante combativo antifranquista, que con el gran Isaac Díaz Pardo fueron los creadores del Laboratorio de Formas, también residenciados en Cuba. Hasta la construcción del canal de Panamá fue gracias a gallegos y gallegas que formaron parte de nuestra emigración. Por tanto, Galicia no se puede leer sin un elemento sustancial, que son nuestros emigrados y nuestras emigradas. Tanto es así que incluso obras magnas de Galicia, como Sempre en Galiza, de Castelao, como saben ustedes, vio la luz justamente en Argentina. Quiero agradecer a esos emigrantes y a esas emigrantes su trabajo justamente con unas palabras de Castelao en Sempre en Galiza. Decía (Pronuncia palabras en gallego). Seguramente Galicia sin ellos no seríamos nadie. Incluso, si me permiten, hoy cobra mayor relieve tras las políticas que se están practicando por los sucesivos gobiernos del Partido Popular, políticas austericidas que están provocando la expulsión, el exilio, la salida de jóvenes de nuestro país. Tanto es así que desde que ha llegado el señor Feijóo a la toma del poder en Galicia hace cinco años (Rumores), fueron más de 30.000 los jóvenes que salieron de Galicia. Por tanto, esta iniciativa tiene una importancia fundamental.

¿Qué es lo que tenemos que hacer? Garantizar que podamos votar en urna. Queremos que se derogue el artículo 75 de la Ley 2/2011, de 28 de enero, en la que, como saben, se incorporó el voto rogado. ¿Por qué lo queremos? Porque necesitamos que puedan participar en un proceso con las debidas garantías todas las personas que hoy, por razones de falta de trabajo, se encuentran fuera de nuestro país. Necesitamos, como defiende esta iniciativa, que también se depuren nuestros censos, que deje de pasar, como ha pasado, que voten los muertos. Hay que elegir entre que voten los muertos, como nos ha pasado en Galicia, y que se vote con la debida transparencia en nuestro país. Es un dato sustancial para nosotros. Queremos también, como dice esta iniciativa, que se regulen las campañas en el exterior, que haya igualdad de posibilidades entre todas las organizaciones políticas para que hagamos campaña en igualdad de condiciones. Queremos también que se regule el voto por correo. Todo ello ¿por qué? Porque en las pasadas elecciones autonómicas del 21 de octubre de 2012 fueron más de 397.000 personas las que tenían derecho a voto; casi el 20 % de nuestro censo votaba en el exterior, y son más que dos las provincias que tienen derecho a voto, como son las provincias del interior, Ourense y Lugo. En la circunstancia actual, según el censo recientemente publicado en enero, son exactamente 419.000 personas las que tienen derecho a voto. Estas son razones más que suficientes para que modifiquemos la Loreg y permitamos que esas personas que por razones de desempleo se encuentran fuera de nuestro país puedan acceder en igualdad de condiciones.

En las pasadas autonómicas, por la incorporación del voto rogado, tan solo 30.524 personas solicitaron el voto rogado, de las que finalmente lo materializaron 12.954; algo se estaba haciendo mal. Por esta razón, y sabiendo que las políticas que practica el Partido Popular por parte del señor Feijóo es darles una maleta a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes para que salgan del país y por parte de la ministra, señora Báñez, es pagarles el viaje, el billete, para que vayan a la emigración, instamos a que voten a favor de esta toma en consideración; de lo contrario, estaremos condenando a un país que tiene, insisto, el 20 % de su censo de electores y de electoras fuera de nuestro país a que no puedan ejercitarlo. Además, está la práctica de recortes también en políticas de exterior, por ejemplo, el impacto que ha tenido la supresión de la agencia consular en Basilea, con la que se vieron afectadas más de 10.000 personas, muchísimas de ellas gallegos y gallegas que, como saben, se tienen que trasladar ahora a Berna para poder recibir los cursos de lengua española que recibían los hijos y las hijas de emigrados galegos y galegas o, por ejemplo, aquellos becarios y becarias Erasmus que vieron dificultado de manera extrema su derecho a voto. Es fundamental, por tanto...

El señor PRESIDENTE: Señora Díaz, me resulta un poco violento por ser usted invitada, pero tiene que acabar.


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La señora DÍAZ PÉREZ: ... esta toma en consideración.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Soneira.

La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Soneira Tajes): Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, permítanme como cuestión previa, tratándose del día que se trata, transmitir a las familias, a las personas y al conjunto de la sociedad española, a través de esta Cámara que nos representa a todos, la solidaridad del Parlamento de Galicia y de mi grupo parlamentario en concreto con todas aquellas personas que se han visto afectadas por el azote del terrorismo irracional y, tratándose del día que se trata, permítanme también que muestre la solidaridad de mi grupo y del Parlamento de Galicia con las familias de los marineros que han perdido la vida la madrugada pasada en el Cantábrico. (Aplausos).

Estamos hablando del mar, que es una seña de identidad de Galicia, pero hablamos de emigración, que lo es también. Como dijo antes la diputada Yolanda Díaz, en la emigración nació nuestro himno, nació la bandera azul y blanca, la Real Academia Galega de la Lengua; allí tenemos nuestras raíces y allí la gente que tuvo que exiliarse por motivos económicos, y también políticos, por desgracia en muchas épocas de nuestra historia, encontró no solo una tierra de promisión sino también acomodo entre nuestros emigrantes. Nos dicen los datos fríos que a primeros de febrero teníamos 1.714.363 españoles y españolas en el exterior, que dicho así parece que es poca cosa, pero con los menores de edad y con sus familias es posible que estemos hablando de más de 3.000.000 de personas. Son más ciudadanos y ciudadanas que toda la población de Aragón, que toda la población de Asturias, que la de Baleares, que la de Cantabria, que la de Extremadura, que la de Murcia, que la de La Rioja, y la suma de las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Esa es la realidad, de manera individual, evidentemente, no la suma de todas ellas. Son ciudadanos y ciudadanas españoles que viven fuera de territorio de soberanía nacional español, pero, permítanme que se lo diga porque lo conozco y porque entre ellos he estado en muchas ocasiones, donde está cualquiera de ellos también está España, aunque no sea territorio sobre el que tengamos soberanía.

Les voy a dar números que por lo menos a mí me cubren de vergüenza, y quiero decirlo como lo siento. En las elecciones autonómicas de 2009 en Galicia votó el 30,32 % de los ciudadanos gallegos con derecho a voto que viven en el extranjero. En las de 2012, con la reforma de la Ley electoral, votaron el 3,26 %. En las elecciones generales de 2008 votaron el 31,88 %, y en las de 2011 el 4,95 %. ¿Nos imaginamos que hubiéramos provocado una modificación de la Ley electoral que impidiera al 95 % de los madrileños, de los habitantes de Barcelona, de los de Santiago de Compostela, de Sevilla o de Zaragoza que pudieran ejercer el primer derecho constitucional político, que es elegir a sus representantes? Sería un escándalo. Por lo tanto, señorías -señor presidente, no quiero abusar de su generosidad con el tiempo-, no lo planteamos por una cuestión puramente electoral y política de corto alcance; esto es un patrimonio inmenso. Entre todos esos ciudadanos, algunos de ellos sin nacionalidad española pero que podrían obtenerla, tenemos presidentes de repúblicas, ministros, científicos, deportistas de élite, tenemos pobres de solemnidad y archimillonarios. Son casi 3.000.000 de embajadores de España a los que les estamos negando la posibilidad de que con nosotros diseñen un proyecto de la España del futuro que queremos. No les quiero contar lo que significa para Galicia.

Quiero acabar con una frase de nuestro himno nacido en La Habana hace 106 años. Es un poema de Eduardo Pondal, de Ponteceso, Costa da Morte: Os tempos son chegados. Los tiempos han llegado. Y han llegado no porque corregir sea de sabios, porque en este caso será de justicia. Yo creo que, también en gallego... (Pronuncia palabras en gallego). Señorías, creo que no necesito traducir esto para que ustedes apoyen esta proposición de ley.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Soneira.

Tiene la palabra doña Paula Prado.

La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Prado del Río): Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, al igual que mi compañera y miembro de la mesa del Parlamento de Galicia, quiero sumarme a esas muestras de solidaridad con las familias que hoy hace diez años padecieron el gran horror que es


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el terrorismo y también, cómo no, con las familias gallegas que en estos momentos todavía no han recuperado los cuerpos de sus seres queridos.

Quisiera agradecer, en primer lugar, la sensibilidad de este Parlamento al debatir esta propuesta acordada de forma unánime en el Parlamento de Galicia y que busca un doble objetivo. Por un lado, garantizar la transparencia y limpieza en el ejercicio del voto para más de 1.700.000 españoles residentes en el extranjero, y, por otro, hacer sentir a nuestros ciudadanos en el exterior que son parte de nuestro presente y de nuestro futuro, que importan a nuestro Estado y que son esenciales para señalar el espacio de España en el concierto internacional. Es cierto que con posterioridad a la presentación de esta iniciativa se ha llevado a cabo una modificación de la Loreg en el año 2010, con un amplio consenso y persiguiendo dar garantías al ejercicio de voto de nuestros ciudadanos residentes ausentes. Una reforma que nació con muy buena intención pero que se ha revelado como ineficaz, ya que también es cierto que la consecuencia, estoy segura, no deseada de esta reforma ha sido una caída espectacular en la participación de nuestros ciudadanos residentes en el extranjero y un malestar generalizado por la metodología del ejercicio del voto.

La democracia es un proceso de control de poder y la esencia de ese control es el sistema electoral, que sigue siendo esencial para aplicar el derecho al sufragio activo que garantiza el artículo 23 de la Constitución española. Pero no nos vale cualquier mecanismo electoral, solo nos vale uno que sea robusto, adecuado a los altos estándares de calidad democrática, y la Constitución nos orienta sobre cómo deben de ser estos. El sufragio debe ser libre, igual, universal y secreto; así es como conseguimos la transparencia y la participación que una sociedad avanzada democrática requiere. Pues bien, el sistema actual no satisface estas elevadas exigencias de calidad democrática, ya que hemos pasado de índices de participación en torno al 30 % a menos del 5 % en las últimas elecciones al Congreso de los Diputados; lo dificultoso del proceso, sobre todo porque estamos hablando de personas mayores de sesenta y cinco años, y la falta de implementación de recursos técnicos que faciliten la solicitud y el ejercicio del voto -debemos señalar que en muchos países americanos los sistemas de correos no son eficaces, y en algunas delegaciones, como son la de la provincia de A Coruña y la de Pontevedra se han colapsado los faxes en los que se recibían las solicitudes de voto por parte de nuestros residentes en el exterior-, todas estas dificultades impidieron el ejercicio del derecho de sufragio fundamental que garantiza nuestra Constitución. Por tanto, se ha constatado que los ciudadanos residentes en el exterior no es que no voten porque tengan desafección o porque no quieran votar, sino porque el sistema que está actualmente implementado no se lo permite o bien se lo dificulta.

La filosofía que sustenta esta petición es clara. El ejercicio democrático de los derechos de participación se base en la igualdad; igualdad en el ejercicio al derecho al voto es lo que solicitan nuestros residentes en el exterior. Un ciudadano residente en Argentina, en Alemania, en Cuba o en Japón debe de poder ejercer su derecho como elector con la misma facilidad y con los mismos criterios que un elector en Albacete, en Ourense o en Tenerife. Debemos buscar los sistemas técnicos más adecuados y más apropiados que aúnen la necesidad de garantizar la transparencia y legitimidad en el derecho del voto en el extranjero con la necesaria accesibilidad y facilidad en este ejercicio para nuestros electores. Y no debemos olvidar que los casi 2.000.000 de ciudadanos españoles residentes en el exterior, mayoritariamente ya nacidos fuera de nuestras fronteras, son uno de nuestros mayores activos para el posicionamiento de España en el concierto de las naciones y para consolidar la marca España en el exterior. Si nuestros ciudadanos no se sienten reconocidos y apoyados por las instituciones españolas, si no los hacemos sentirse parte integral de nuestra realidad como nación, si no sabemos aprovechar su mayoritaria condición de doble ciudadanía entre España y los países en los que residen, no los vamos a poder hacer partícipes de nuestros esfuerzos por internacionalizar nuestra economía y proyectarla al exterior junto con la imagen de marca de un país moderno, cultural y económicamente avanzado y preparado para competir en los mercados internacionales. Estamos convencidos de que nuestra población residente en el exterior es uno de nuestros principales activos para avanzar en nuestra recuperación económica y para consolidar la presencia internacional de España. También estamos convencidos de que para ello es necesario que nuestros ciudadanos en el extranjero ejerzan sus derechos, esencialmente el derecho a la participación electoral, con plenas garantías y de la forma más sencilla posible para el elector.

Concluyo diciendo que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del derecho fundamental al sufragio activo recogido en el artículo 23 de nuestra Constitución. Sin el derecho al sufragio activo, hoy por hoy no podríamos hablar de democracia.

Muchas gracias. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Prado.

Gracias a los parlamentarios gallegos por su intervención.

En turno de fijación de posiciones, ya que ningún grupo ha pedido turno en contra, por el Grupo Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Álvarez Sostres.

El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señor presidente.

Señorías, parlamentarios de la Xunta gallega, quiero reiterar lo que en representación de mi grupo manifesté por la mañana en la Comisión de Fomento: la solidaridad, el respeto y la consideración para todas las víctimas y sus familiares por el atentado de Madrid de hace diez años, aunque luego me imagino que se manifestará este Congreso.

Subo a esta tribuna, señorías, para anunciar mi voto favorable a la proposición de ley de modificación de la Loreg. Unos meses antes de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2011, estas Cortes aprobaron una proposición de ley orgánica impulsada por los dos grupos mayoritarios de esta Cámara, el Partido Popular y el Partido Socialista, modificando la Loreg. Ello supuso un esquema que, resumiendo mucho, alude a la introducción del voto rogado con los correspondientes y farragosos requisitos y la privación del voto en las elecciones municipales a los españoles residentes en el extranjero. No cabe duda de que a los parlamentarios votantes de la reforma de la Ley Electoral se les debe de suponer el deseo de dar una mayor garantía al proceso democrático, más facilidades de voto para un conjunto de españoles que superan el millón y medio. Pero se consiguió lamentablemente el efecto contrario y, consecuentemente, muchos españoles, muchos asturianos, no pudieron ejercer el supremo derecho al voto por falta de información o por dificultades para hacerlo. Esto tuvo en Asturias una gran incidencia, lo mismo que en Galicia o en Canarias. Voy a darles solo una pincelada de datos. En cuatro años, desde 2008, se pasó de una participación del 37,10 al 3,87 con la nueva ley. El mismo fenómeno se ve en las generales de 2011, con descenso del 23,16 al 5,5. En el resto de comunidades ha pasado lo mismo, lo que quiere decir que se les ha privado del derecho sagrado al voto a los ciudadanos residentes en el extranjero, configurando dos categorías de españoles en términos de participación política y de vinculación con su patria.

Ya en el Pleno de 15 de diciembre de 2011, en la Junta del Principado de Asturias, se trasladó por parte de Foro que era fundamental la defensa de la igualdad de derechos en el ejercicio del voto y la recuperación de la visibilidad de la participación en la vida política. Este compromiso firme de rechazo a la modificación acordada por los grandes partidos, aunque compitan aparentemente a no ser responsables, es nuclear de este problema. Recientemente, en octubre de 2013, se debatieron en esta Cámara tres proposiciones no de ley del Grupo Socialista, de UPyD y de Izquierda Unida con el mismo objetivo. Las precisiones de estos grupos fueron rechazadas, aunque creamos en el consenso y en la modificación a través del consenso de cualquier contenido de esta ley. Ahora nos trae esta norma el Parlamento gallego con el mismo objetivo y el voto favorable del Partido Popular gallego. Consecuentemente, estamos seguros de la coherencia política de estos grupos en las grandes tomas de decisiones políticas sobre este tema. Ese era el momento de votar favorablemente la revisión de una norma regresiva con el voto rogado, homologando las condiciones de sufragio y el papel de las administraciones consulares en el procedimiento del voto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez Sostres.

Señora Oramas.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, lo advertimos. Falsos más que falsos. Excepto Izquierda Unida y los nacionalistas canarios, cuando se modificó la Loreg lo dijimos y advertimos sobre lo que iba a pasar. Los únicos que se opusieron en esta Cámara fueron Izquierda Unida y los nacionalistas canarios. No solo eso; ustedes, PSOE y PP, intentaron quitar el voto también en las autonómicas. ¿Saben por qué no lo pudieron hacer? No lo pudieron hacer porque en el Estatuto de Autonomía de Canarias ponía que tenían el derecho, y se la tuvieron que tragar. En la misma época en que se estaba modificando aquí en el Congreso el proyecto de ley, iban a Venezuela, Argentina y a otros países a hacer la campaña y a pedir el voto. ¡No hay derecho!

Los españoles, los canarios que están en el extranjero, tienen los mismos derechos y la misma Constitución; son nacionales de este país y nosotros vamos a pelear -así nos comprometimos y hemos


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presentado el recurso ante el Tribunal Constitucional que está pendiente de sentencia- por recuperar el voto en las municipales. Advertimos de que el sistema no servía y propusimos, Izquierda Unida y los nacionalistas canarios, el voto en urna; pero no el voto en urna nada más en los consulados y en las embajadas -en distancias como las que hay en Brasil, en Argentina o en Venezuela eso es imposible-. Propusimos que, como se hace en las elecciones del CERA -que controla el Gobierno español, por cierto-, se haga en todos los centros españoles en todos los países. No solo eso; con los avances electrónicos que hay hoy en día se podía hacer perfectamente. Pero, no señor, los señores del PSOE y del PP se opusieron y hoy estamos aquí.

Nosotros vamos a aceptar la tramitación. Vamos a hacer nuestras propuestas porque quiero recordar aquí que los nacionalistas canarios hemos presentado distintas iniciativas para la modificación de la Loreg en similares características a la que ahora se trae en las que preveíamos la regulación de las demarcaciones, las secciones electorales del voto en el exterior, las funciones de los consulados y las juntas electorales, las mesas el día de la elección, la campaña electoral, el voto por correspondencia inscrito en el CERA, así como las especificidades del escrutinio. Hasta la fecha ni al PSOE ni al PP ha interesado este asunto, y yo me alegro de que ahora efectivamente sea así porque se les levantó todo el mundo en todos esos países, porque se vieron atacados en sus derechos y en los compromisos políticos que uno y otro habían adquirido con la ciudadanía en el exterior. Espero que esta toma en consideración sirva para reflexionar y para reflexionar sobre que todos los españoles somos iguales.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.

Señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, señorías, deseo manifestar la solidaridad del Bloque Nacionalista Galego con las familias de las víctimas del 11-M pero también con las familias de las víctimas del naufragio que en el día de ayer nos ha conmocionado a todos.

Señor presidente, permítame dar la bienvenida a los diputados de Galicia que hoy nos acompañan.

Paso a exponer la posición del BNG en relación con este asunto. Empezaré comentando unos datos que me parecen interesantes para que se entienda la posición del Bloque Nacionalista Galego durante estos últimos años. El porcentaje que tiene el voto de la inmigración en el conjunto del Estado español es el 4,75 %, mientras que el peso que este voto tiene en Galicia es del 15,6 %. Es una diferencia suficientemente importante para entender que el Bloque Nacionalista Galego presentara tantas iniciativas en esta Cámara como en el Parlamento de Galicia; iniciativas que en 2007 presentamos y que han suscitado la proposición de ley que hoy nos trae el Parlamento de Galicia a debate a esta Cámara: una proposición de ley que fue aprobada por unanimidad en el año 2008. Señorías, ¡en el año 2008! Es importante hablar de esta fecha porque en este debate no podemos obviar que en 2011 fue aprobada la Ley orgánica 2/2011, de 28 de enero, que modifica la Ley orgánica 5/1985, del régimen general del Estado español. Por tanto, señorías, es una proposición de ley que en estos momentos ya está superada por la ley aprobada en 2011.

De la exposición de motivos de esta ley aprobada en 2011 nos parece interesante traer a colación el siguiente texto: Siguiendo las instrucciones de la Junta Electoral Central, se regula un procedimiento muy garantista que presenta la importante novedad de permitir a los españoles que viven en el extranjero depositar el voto en urna en el consulado durante los tres días últimos de campaña, sin perjuicio de mantener el voto por correo para todos aquellos y aquellas que no puedan desplazarse a votar en la dependencia habilitada a tal efecto. En esta ley se exigen las mismas cautelas -las que existen para el voto por correspondencia de los ciudadanos del Estado español y residentes en el Estado español que no pueden votar en su mesa electoral- para el voto por correspondencia de la emigración. Por tanto no podemos entender algunas de las cosas que se dicen aquí. Comprenderán, por consiguiente, que el Bloque Nacionalista Galego, aun siendo promotor de esta proposición de ley, no pueda votarla favorablemente. Nos preocupan -y mucho- las razones que tienen los grupos que lo van a hacer. Nos preocupa porque se puede aprovechar esta propuesta para dar un paso atrás en una legislación que, además de garantizar el derecho a voto de la ciudadanía en el exterior, garantiza que se elimine o sea mucho más difícil de ejercer el fraude electoral; fraude, señorías. Por los datos que hemos expuesto al principio, es razonable que la gran mayoría de ustedes no lo haya percibido ni vivido como lo hemos percibido y vivido nosotros. Que votaran personas inscritas en el CERA que habían muerto hacía meses


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o años no era en Galicia, señorías, anecdótico sino alarmante; que llegaran a las mesas electorales decenas, cientos de sobres con sus correspondientes votos con la misma letra y la misma dirección tampoco era cuestión anecdótica en las mesas electorales de Galicia en la contabilización del voto de la emigración. Por tanto han sido estas y otras cuestiones fraudulentas -como digo, que se han verificado- las que han aconsejado contar con una legislación garantista como la de 2011. No olviden ustedes que, además del debate político que este tema ha suscitado y reclamaciones como las del Bloque Nacionalista Galego, también la Junta Electoral Central ha dado instrucciones en ese sentido. Si nos vamos a la legislación comparada, señorías, se darán cuenta de que lo que se ha legislado no es muy diferente, en absoluto, de lo que existe en los Estados de nuestro entorno; incluso es mucho más flexible y da muchos más derechos a los ciudadanos en el exterior que esos otros Estados. No dudamos que reglamentariamente se puedan mejorar cuestiones a fin de facilitar a los votantes el ejercicio de sus derechos, pero siempre bajo la premisa del voto en urna y de que el voto por correo tenga que estar sujeto a las mismas garantías que se plantean para el voto por correo para cualquier otro ciudadano o ciudadana que, siendo residente del territorio del Estado, opte por esa fórmula para ejercer su derecho al voto. No podemos compartir ideas, para regular el voto de la emigración, que desde nuestro punto de vista pueden volver la legislación electoral a tiempos en los que, como en Galicia, personas que no hayan nacido ni vivido nunca en nuestro país puedan decidir quién les va a gobernar.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, se propone por parte del Parlamento de Galicia la redacción de una nueva sección, 18.ª nada menos, suprimiendo el artículo 75 que surgió con la última reforma. Lo que se viene a decir en el contenido de la propuesta -hay que señalarlo claramente- fue debatido y tomado ya en consideración por la ponencia que estuvo discutiendo durante bastante tiempo la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Por lo tanto, debatir y sopesar todos los motivos, incluso las fórmulas que aparecen en este texto, ya se hizo. En cualquier caso, no seremos nosotros quienes evitemos -si se quiere así- un nuevo debate. A la hora de debatir todo esto en la ponencia nos encontramos -creo que es imposible de negar por parte de ningún representante de ningún partido político- con que hay dificultades de tipo jurídico y también práctico, efectivo, real, realista para poder llevar a cabo lo que se dice. Constituir tal número de secciones, de mesas, reproducir un sistema electoral igual al que hay dentro del Estado en países con población que puede estar muy dispersa, en donde los medios, incluso las delegaciones diplomáticas españolas están a unas distancias muy grandes es muy difícil; eso sin considerar la propia jurisdicción de la Junta Electoral Central, y si esta verdaderamente tiene capacidad desde el punto de vista jurídico para poder asumir las funciones que se desarrollan en la propuesta que realiza el Parlamento de Galicia. Lo digo de la Junta Electoral Central pero lo mismo puedo decir de las juntas electorales de las comunidades autónomas, en el caso de que nos estuviéramos refiriendo a una elección solamente dentro de una comunidad autónoma.

Aparte de que se plantean temas que en el fondo nos parece que no son reales, se podría contribuir a una desigualdad de las representaciones, de los partidos políticos, de los contendientes en definitiva. Hablar de campaña, hablar de que se pongan a disposición lugares, etcétera, hablar de interventores, significa por una parte que estamos hablando de dinero, de bastante dinero, y por otra parte de que algunos partidos, los dos grandes partidos, quizá tengan posibilidades de movilizar tal maquinaria electoral por todo el mundo -digámoslo así porque ciudadanos españoles hay por todo el mundo- que el resto de partidos políticos quedaría en desventaja. Tampoco veo ninguna previsión en el texto que se propone para prever una serie de fondos que puedan ser destinados a esto, y en los momentos en que estamos no sé si sería entendible por la ciudadanía.

Comprendo que el voto rogado ha sido una dificultad, eso es evidente. Ustedes, los representantes del Parlamento gallego, lo han expuesto claramente; los datos están ahí y el descenso en el porcentaje de votantes está ahí. Yo veo difícil compatibilizar abrir el voto no rogado al voto en urna precisamente por la necesidad de fiabilidad del censo electoral, de a qué mesa corresponde y porque veo casi imposible extender en la práctica el sistema que ustedes están proponiendo aquí de tantas secciones. Quizás cabría la posibilidad de plantearnos el voto no rogado en el voto por correo, pero aquí también nos vamos a encontrar con problemas que estaban apuntados, quizás sin decirlo muy explícitamente -es con lo que nos hemos encontrado en años no tan lejanos-, como el voto de personas que ya habían fallecido y


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picaresca parecida. Contra todo se puso la exigencia del voto rogado pero quizás se han producido unos efectos que no se pensaba que pudieran ser tan grandes en la práctica. Por lo tanto, no vemos claro que el texto que se propone por el Parlamento gallego vaya a ser una solución. Lo vemos con muchos tipos de problemas prácticos pero también jurídicos, que además no van a satisfacer a todas las fuerzas políticas; por otra parte, insisto, no va a ser mi grupo político quien se oponga a que este tema sea tomado en consideración y se pueda debatir una vez más, por enésima vez.

Muchas gracias señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.

Por Unión Progreso y Democracia tiene la palabra la señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Gracias, señor presidente.

Señorías, hablamos del derecho al voto, que es el derecho político básico de todos los ciudadanos, por tanto, hablamos de una materia muy sensible. Nosotros no tenemos ninguna duda de las buenas intenciones del Parlamento gallego al plantear esta reforma, pero el devenir de los hechos ha provocado que estemos debatiendo sobre una anacronía en realidad. Es decir, ustedes plantean la modificación fundamentalmente del artículo 75 de la ley del año 1985, que ya se ha modificado posteriormente, la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, para introducir precisamente -ya lo han mencionado otros portavoces- el voto rogado que tantos problemas ha acarreado. Nos encontraríamos ante una circunstancia de difícil solución material que es cómo cambiar un artículo de una ley que ya no existe como tal, puesto que ya ha sido cambiado por modificaciones legales posteriores. Entendemos, no obstante, como decía, que la iniciativa es bienintencionada. En efecto ha habido numerosas quejas tanto de los ciudadanos que viven en el exterior como de los distintos grupos parlamentarios sobre el problema que se ha ocasionado con los residentes españoles en el exterior con esa modificación, la del año 2011. Creemos en todo caso que esta iniciativa nos da una buena ocasión para debatir de un asunto del que debemos preocuparnos y que debemos solucionar en esta Cámara porque efectivamente el voto rogado es una de las medidas que más ha dañado el principio de igualdad de los españoles que consagra el artículo 14 de la Constitución y ha supuesto un recorte flagrante de los derechos de los ciudadanos españoles que viven en el exterior.

Por citar los datos de participación que ya han sido mencionados por algún portavoz, pero que creo que es relevante, en 2011 el CERA, el Censo de Electores Residentes Ausentes, tenía registrado casi un millón y medio de españoles, de los cuales 138.000 tramitaron la solicitud; sin embargo, finalmente solo ejercieron ese derecho al voto 73.000, es decir, el 4,95 %, no llegó al 5 %, mientras que en las generales anteriores, en las de 2008, se llegó a un 31 % de participación del censo. Es decir, el descenso en la participación es sensible, y creo que en estos momentos de desafección de los ciudadanos a la política y de esa amenaza de baja participación que reflejan todas las encuestas sencillamente no nos podemos permitir el lujo, por modificaciones legales que han sido mal hechas y que no estamos corrigiendo, de excluir y de privar de ese derecho de participación política a ciudadanos que lo quieren hacer. Efectivamente el artículo 9.2 de la Constitución ordena promover la libertad y la igualdad de todos los españoles que se vulnera en ese derecho al voto del derecho político básico y también facilitar la participación de todos en la vida económica cultural y política. Por tanto, esa legislación, la de 2011, está impidiendo y está vulnerando artículos básicos de nuestra Constitución.

Aplaudimos, como digo, la intención, no la ejecución, de la iniciativa que contiene esta disfunción de la que hablaba. Aplaudimos en todo caso que se dé la ocasión de discutir sobre el voto rogado que tantos problemas ha causado, esa intención de simplificar el método de voto directo en los consulados y también la revisión periódica del censo electoral; sin embargo, creemos que a la hora de modificar -si se tomara en consideración esta iniciativa, como desde luego en mi grupo nos gustaría, como digo no por el fondo de la iniciativa en sí sino porque nos permitiría debatir sobre el problema del voto rogado y solucionarlo- habría que hacer una cirugía un poco más fina y no bastaría con eliminar ese artículo 75 sin más. Hay omisiones en esta proposición y hay imprecisiones jurídicas que creemos que acarrearían numerosos problemas. Por citarle simplemente una de cada una de ellas, una omisión significativa es que no regula expresamente el procedimiento del voto en urna de los españoles residentes en el exterior. Una imprecisión jurídica bastante llamativa es que al referirse a las personas residentes en el exterior -a las personas y no a los españoles- puede ocasionar un problema con respecto a los ciudadanos europeos y las elecciones europeas, porque los ciudadanos europeos que no tuvieran consulado en determinados países podrían exigir votar en los consulados españoles en las elecciones a Parlamento europeo, puesto que el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea permite que esos ciudadanos europeos en el extranjero


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voten en las mismas condiciones que los nacionales del Estado. Por tanto, conviene precisar que no hablamos de personas residentes en el exterior, sino de españoles residentes en el exterior, que es como se les llamaba en la ley y como, a nuestro juicio, se les debe seguir llamando.

Esta es la ocasión propicia para facilitar el debate sobre este asunto, para buscar una solución en esta Cámara en la Comisión Constitucional, que probablemente sea el lugar idóneo. No está afinada la puntería a la hora de señalar los problemas que hay ni tampoco los tiempos, ni se han tenido en cuenta las modificaciones posteriores de la ley, pero en todo caso votaremos favorablemente a su toma en consideración para que se permita dentro de esta Cámara llevar a cabo las modificaciones legales oportunas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.

Por La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Nuet.

El señor NUET PUJALS: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero dar la bienvenida a las tres diputadas gallegas. Es un honor tenerlas en esta Cámara de los pueblos de España, que es la suya también.

Desde la entrada en vigor de la reforma de la Loreg en el año 2011 se han celebrado las elecciones autonómicas y generales en ese mismo año. Los datos de todos estos comicios demuestran que la reforma de la ley ha significado un retroceso sin precedentes en el derecho de participación en los procesos electorales de los ciudadanos residentes en el exterior. Las elecciones autonómicas celebradas en Asturias -como antes se decía- y también en Andalucía significaron un desastre en la participación electoral; un desastre porque la participación en las elecciones andaluzas, que antes de la reforma era de casi el 30 %, en la última convocatoria se ha visto reducida al 4,7 %, y en las elecciones asturianas se tocó fondo, señoras y señores diputados, con una participación de solo el 3,3 % de los residentes en el exterior. A este paso no va a haber un problema de transparencia, porque no va a haber nadie que vote. Eso es lo que puede acabar consiguiendo la reforma de la ley que en su momento se aprobó en las Cámaras. Cabe decir de forma clara que también en las elecciones generales de 20 de noviembre de 2011 votó el 4,95 % de los emigrantes censados, aunque lo había solicitado el 9,3 %, quedándose sin poder ejercer el derecho a voto más de la mitad de los residentes que lo habían solicitado. ¿Cuál es la causa directa de este retroceso sin parangón en la participación de la ciudadanía española en el exterior en los procesos electorales? Tiene nombre y apellidos, se llama voto rogado; voto rogado como solicitud obligatoria del voto, como requisito previo a ejercer el derecho al voto, reconocido -no lo olvidemos- tanto por nuestra Constitución como por el Estatuto de la ciudadanía española en el exterior.

Por otro lado, la referida reforma llevada a cabo conlleva también la restricción al derecho de sufragio activo de los inmigrantes españoles para los comicios municipales, al conectar ese derecho con el requisito de residencia en España, suprimiendo así el derecho de voto de 1.700.000 personas en esos comicios en este momento. La pregunta es muy sencilla: ¿Qué categorías de gallegos existen, una o dos? ¿Qué categorías de españoles -de catalanes, de vascos, de canarios- existen? ¿Existe una categoría o dos categorías: los que viven en España y los que viven fuera de España, que tienen menos derechos políticos que los residentes españoles en nuestro país? A esa pregunta hay que poder contestar. Si tratamos a los españoles que viven en el extranjero como ciudadanos de segunda -que en este momento ya son 2 millones, y muchos se han tenido que marchar de España fruto de las desastrosas políticas del Partido Popular-, estamos cometiendo un agravio constitucional profundo, por tanto, estamos hablando de dos categorías políticas: los que viven en nuestro país y los que viven en el extranjero. Según la Oficina del Censo Electoral los datos a 1 de enero de 2014 dicen que en 2013 el total de inscritos en el censo electoral era de 1.709.901. Según los datos publicados por comunidades autónomas, estamos hablando de 419.000 gallegos, 220.000 andaluces, 199.000 catalanes, 173.000 castellanoleoneses, 133.000 canarios y ya 100.000 asturianos. Son cifras que en este momento hay que tomar en consideración, porque estamos hablando de muchísima gente. Además, queda pendiente y sin resolver una propuesta histórica, la creación de tres circunscripciones electorales en el exterior -la de Europa, la de América y la del resto del mundo-, con el fin de que los españoles residentes en el extranjero puedan elegir a sus propios representantes en las Cortes Generales, en este Congreso y en el Senado. Las dificultades introducidas por el Grupo Popular y por el Grupo Socialista en la reforma de la Loreg han significado un verdadero atentado a la democracia, un verdadero vía crucis, una carrera de obstáculos para los españoles que residen en el extranjero para poder ejercer libremente su derecho al


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voto. Eso realmente hay que denunciarlo. Nuestro grupo parlamentario se opuso en su momento con Coalición Canaria en el Congreso y en el Senado a estas reformas desde el inicio; ahora en coherencia nuestra posición es exigir una mejora. ¡Claro que es procedente la propuesta que nos trae hoy el Parlamento de Galicia! Tenemos ya una experiencia concreta. Ya no hablamos de la Loreg; hablamos de su reforma a la luz de los resultados electorales. Por tanto, tras esa experiencia es el momento de analizar los cambios legislativos imprescindibles en esa ley. Además, hay otra cosa importante. Los colectivos de españoles en el extranjero, dejados de la mano de dios por este Gobierno del Partido Popular, también nos exigen justicia. Quieren ser tratados con justicia y que se tengan en cuenta sus reivindicaciones. Por tanto, hagamos las modificaciones pertinentes. Nuestro grupo parlamentario hace un mes llevó esta propuesta a la Comisión Constitucional. El Grupo Parlamentario Popular en bloque la votó en contra. Votaron en contra de las promesas que este partido realiza a las comunidades de españoles en el extranjero. Votaron en contra de devolver el derecho al voto en elecciones municipales a los ciudadanos españoles residentes en el exterior. El Grupo Popular votó en contra de suprimir el voto rogado en el procedimiento para ejercer el derecho al voto. Votó en contra de regular la creación de una circunscripción electoral en el exterior para el Congreso y el Senado. Votó en contra de homologar las condiciones del ejercicio del derecho al sufragio para la ciudadanía residente en el exterior garantizando el voto en urna de forma efectiva y facilitando con todas las garantías el voto por correo. Votó en contra de regular las campañas electorales en el exterior. Bienvenidos ahora al debate sobre la reforma real que necesita la Loreg, bienvenidos. Se ha contribuido notablemente a acrecentar con esa modificación la desafección política. La pérdida del 50, el 60, el 70 y hasta el 90 % del voto es un castigo político que no se merecen los ciudadanos en el exterior. Estamos contribuyendo a la desafección política y, por tanto, estamos dejando que ciudadanos españoles en el extranjero estén en este momento sufriendo ya los recortes en embajadas y consulados del Ministerio de Asuntos Exteriores. Los estamos dejando más solos que la una. Como mínimo, démosles el voto porque si pueden votar seguro que podrán influir, y algún día podrán cambiar de política y ojalá puedan cambiar de Gobierno.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nuet.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Surroca.

La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, desde Convergència i Unió también damos la bienvenida a las diputadas del Parlamento de Galicia. Bienvenidas. Igualmente queremos dar la bienvenida a la iniciativa que hoy han defendido por cuanto plantea un debate que también preocupa a nuestro grupo parlamentario. De hecho, ya hemos registrado una proposición no de ley con el objeto de instar al Gobierno a reformar el actual sistema de ejercicio de voto de las personas españolas residentes en el extranjero, después de constatar las numerosas disfunciones y dificultades para ejercer el derecho de voto en la actual regulación. Como se ha dicho, la última reforma de la Ley Electoral incorporó un cambio sustancial en el derecho al sufragio activo por parte de los ciudadanos españoles que residen en el extranjero. Se introdujo el sistema denominado de voto rogado, mediante el cual los servicios en el exterior pasaban a realizar un papel fundamental en todo el proceso electoral. Mediante ese nuevo modelo se estableció un trámite de petición del voto con plazos muy cortos y hemos constatado que son de difícil cumplimiento. Se trataba de un sistema con una excesiva carga burocrática, poco eficaz y que, en lugar de facilitar el voto de las personas que residan en el exterior, lo dificultaba enormemente. Eso también lo ha demostrado la experiencia, dejando totalmente en manos de los servicios en el exterior, de su eficacia o no eficacia, la posibilidad del ejercicio de voto de esos ciudadanos españoles que residen en el exterior. La experiencia nos demuestra que es un sistema dificultoso, que no promueve la participación en los procesos electorales, sino todo lo contrario. En las últimas elecciones generales pudimos constatar que se produjeron algunas disfunciones en la práctica aplicación, en concreto, del artículo 75 de la Ley Electoral; hubo incidentes y dificultades que fueron múltiples. Sucedió lo mismo en las últimas elecciones al Parlament de Catalunya y nos preocupa el devenir de las próximas elecciones al Parlamento Europeo.

Es nuestra obligación facilitar y garantizar el derecho constitucional de voto de los residentes españoles en el exterior, y ello debe realizarse con las máximas garantías de seguridad, evitando la posibilidad de fraude, pero también procurando que el ejercicio de ese derecho constitucional se haga con las máximas facilidades para no dificultar y poner impedimentos innecesarios a la participación ciudadana en los procesos electorales. Como ya ha recordado algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra


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-el señor Esteban ha hecho mención a ello-, se debatieron y se valoraron distintos procedimientos, distintas fórmulas en los largos trabajos que hubo en la anterior legislatura de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y se llegó a una fórmula más o menos consensuada, pero la experiencia nos ha dicho que esa fórmula, como anteriormente explicábamos, ha conllevado más dificultades que beneficios. Es necesario volver a hacer un análisis exhaustivo de ese sistema, reflexionar sobre ello de manera rigurosa nuevamente con los datos y con la experiencia de los procesos electorales recientes que hemos vivido.

La mejor forma de ilustrar cómo este nuevo modelo del voto rogado perjudica e impide el ejercicio del derecho de voto por esos ciudadanos en el exterior, es analizar los datos de participación de unas elecciones realizadas sobre la base de ese nuevo marco legal. Voy a referirme a las pasadas elecciones autonómicas en Catalunya. En 2012 se contabilizaron un total de 9.538 votos de residentes en el extranjero. Eso representó una participación del 6,74 % del total, de 156.976 catalanes inscritos en el CERA que tenían derecho a voto en esas elecciones. En el caso mencionado la primera fase del voto rogado, con el envío del impreso de solicitud de voto, solo pudo ser completada con éxito por un total de 17.614 catalanes inscritos en el CERA, el 11,22 % del total. Así pues, desde el 27 de octubre de 2012, un total de 139.362 catalanes del exterior ya quedaban excluidos de toda posibilidad de votar. A posteriori únicamente 10.557, el 6,74 %, recibieron la documentación con las papeletas, y hay comunidades catalanas casi enteras, como la que está en Estados Unidos, que no recibieron ninguna documentación. Finalmente, por razones de inercia por parte de muchas personas que pensaban que el sobre con el voto aún se podía enviar por correo a la Junta Electoral, un total de 1.019 votos enviados directamente a las juntas provinciales fueron declarados nulos. Esto deja únicamente en 9.538, el 6,7 %, los votos de catalanes en el exterior declarados válidos y contabilizados. Esta participación es muy inferior a la que se había producido en otros procesos electorales idénticos. Lo mismo podemos hablar de las elecciones que tuvieron lugar en Galicia o en el País Vasco. Los datos son preocupantes. Es evidente que la participación de muchos ciudadanos quedó frustrada por ese nuevo sistema de voto. Esa nueva fórmula está perdiendo un porcentaje muy elevado de voto del exterior, lo cual comporta que el retroceso de la participación de la ciudadanía española en el exterior en los procesos electorales tiene mucha razón de ser, y la causa, como decíamos, es el nuevo sistema de voto rogado que dificulta el proceso. Asimismo, hay que recordar que el establecimiento de esa nueva fórmula de voto rogado para los residentes en el extranjero ha sido ampliamente criticado por un número importante de entidades y de colectivos. Ya se ha recordado aquí que otros grupos parlamentarios han presentado distintas iniciativas en el mismo sentido.

Por todo ello, desde Convergència i Unió acogemos de forma positiva la toma en consideración de esa iniciativa. Vemos bien que se abra este debate, buscar nuevas fórmulas para facilitar el ejercicio del derecho de voto de los ciudadanos españoles residentes en el exterior. Es necesario abrir ese debate para replantearnos el actual sistema de voto rogado. Consideramos que deberíamos empezar a estudiar la viabilidad del voto electrónico para que, al igual que sucede en otros países, empiece a implantarse como sistema posible para este tipo de convocatorias electorales, tanto para facilitar la participación ciudadana como para agilizar y facilitar el posterior registro y validación de los votos emitidos. Nuestro grupo parlamentario es partidario de impulsar esta reforma de la Ley Electoral para mejorar y perfeccionar el sistema de voto de los ciudadanos españoles residentes en el exterior. Somos partidarios, en primer lugar, de eliminar de la redacción del artículo 75 de la Ley Electoral el sistema de voto rogado para volver a los principios de la anterior legislación, pero conservando los aspectos positivos del actual redactado, por ejemplo, la posibilidad de votar directamente en las embajadas y consulados. En segundo lugar, se debe avanzar hacia un sistema de votación electrónica. Estudiar esa posibilidad es interesante y abrir el debate de una posible reforma del artículo 75 de la Ley Electoral también lo posibilitaría. Por tanto, ya anunciamos que vamos a apoyar la iniciativa que viene del Parlamento de Galicia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Surroca.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Silva.

La señora SILVA REGO: Gracias, señor presidente.

Antes de fijar la posición de mi grupo sobre esta proposición de ley que presenta el Parlamento de Galicia, permítanme que en nombre de todos los socialistas haga aquí un reconocimiento a las víctimas y a los familiares que han sufrido las consecuencias del terrorismo y muestre también nuestro pesar por el accidente marítimo acaecido en Muros.


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Pasando ya a fijar la posición quiero, en primer lugar, y en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, saludar a las representantes del Parlamento gallego: boas tardes e benvidas a esta Cámara. Ya les adelanto a ustedes que vamos a votar favorablemente la toma en consideración de esta iniciativa. Mi grupo considera que la caída brusquísima de participación electoral de la ciudadanía en el exterior desde que entró en vigor la obligatoriedad de rogar el voto impone que nos planteemos una modificación urgente de la ley. No vamos a entrar ahora en el contenido de esta proposición de ley que ha remitido el Parlamento gallego, pero sí nos felicitamos de que haya llegado a esta Cámara, porque nos permitirá abrir el debate y plantear en su tramitación, si hoy se toma en consideración -que así va a ser- cuáles son nuestras propuestas. Si hoy se admite tramitar esta iniciativa que fue aprobada por unanimidad siendo presidente de Galicia un socialista, Emilio Pérez Touriño, estaremos abriendo el camino para corregir una decisión que los datos han demostrado que no fue acertada. Como ya se mencionó aquí, en el año 2011 se modificó la Loreg, estableciendo la obligatoriedad de solicitar el voto por parte de la ciudadanía española en el exterior. El motivo de la modificación era alcanzar una mayor transparencia y seguridad jurídica en el ejercicio del derecho de la participación electoral. La intención de los votos parlamentarios que la votaron favorablemente era dotar de mayores garantías al voto exterior, ya que se producían denuncias bastante continuadas de fraude que incluso habían llegado a los juzgados. Pero transcurridos tres años de su puesta en vigor los efectos producidos nos obligan a reflexionar sobre unos resultados no deseados, ya se ha dicho aquí también.

Hemos pasado de cifras de participación de entre el 20 y 30 % a cifras de entre el 3 y el 5 %. Una caída de tal calado en el ejercicio de un derecho básico en las sociedades democráticas no puede dejarnos impasibles, no podemos mantener una norma que cuestiona la esencia de la democracia: la participación electoral. Tampoco podemos dejar de escuchar las peticiones, una y otra vez reiteradas, de los ciudadanos del exterior reclamando una modificación del sistema que nos dimos en 2011. Todas las asociaciones de emigrantes, todas las agrupaciones políticas con presencia en el exterior, el conjunto de los consejos de residentes españoles, el Consejo General de la Emigración y expertos y estudiosos de la materia reclaman un procedimiento que, salvaguardando todas las garantías, facilite esa participación electoral. Nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, que fuimos los impulsores de aquella modificación, creemos que la realidad de lo acontecido hace necesario reconsiderar aquella decisión. Es una cuestión de principios y valores democráticos, y cuando lo que está en juego son esos principios y valores, si hay que asumir que una decisión fue errónea se hace; nosotros así lo planteamos. Porque lo que es cierto es que con la normativa vigente no se garantiza uno de los derechos fundamentales que tiene todo ciudadano en las sociedades democráticas: el derecho a participar en los procesos electorales libremente y sin impedimentos.

El artículo 9.2 de la Constitución española, ya se ha mencionado aquí, mandata de forma tajante promover que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Más allá, el artículo 68.5 establece que la ley recogerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España. Los ínfimos datos de participación muestran que no se cumplen esos principios. Por ello tenemos que tener la valentía de reconocer el error y tomar las decisiones que permitan que las españolas y españoles que viven en el exterior puedan ejercer en plenitud los derechos que sin duda les corresponden. Las dificultades del ejercicio del sufragio en el exterior que ustedes conocen, las grandes distancias a consulados y oficinas diplomáticas, problemas con el sistema de correos de muchos de los países en los que viven los ciudadanos españoles y los escasos plazos para ejercer el derecho, nos obligan a idear mecanismos, instrumentos y procedimientos que permitan superar estas dificultades. Para favorecer que puedan votar bajo las mismas premisas que lo hacen los residentes en España, tenemos que dar respuesta a esas dificultades. Decía que es una cuestión de principios, pero hay otro dato añadido que en la actualidad también hay que tener en cuenta. Según las cifras más realistas producto de estudios de expertos en políticas migratorias, desde que comenzó la crisis se han ido de nuestro país más de 700.000 personas. Esas personas se van porque no tienen empleo, porque sienten que se les ha arrebatado su futuro en su país. No pueden encontrarse también con que tienen minorado su derecho al sufragio activo por todas las complicaciones existentes para ejercerlo. Es evidente que no podemos consentirlo. Los datos del CERA, a 1 de febrero de 2014, muestran que hay 1.714.633 españolas y españoles en el exterior. Estas cifras no contemplan los no inscritos, que son muchos, son muchos. Estamos hablando de un número elevadísimo de conciudadanos nuestros que tendrán serias dificultades para ejercer un derecho básico. Estos ciudadanos son causa más que suficiente para que reflexionemos sobre el


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procedimiento que establecimos sobre los resultados no deseados de aquella decisión, y sobre la necesidad de promover todas aquellas medidas que les permitan ser ciudadanos de pleno derecho. El Grupo Socialista apoya que lo hagamos. Eso sí, con todas las garantías y sin merma alguna de la seguridad jurídica del procedimiento.

Votar la toma en consideración de esta proposición de ley permitirá iniciar el debate y que se abra un espacio para el diálogo que permita acordar la modificación de la Loreg en lo relativo al voto exterior. Nosotros en los trámites posteriores plantearemos nuestras propuestas: eliminar el voto rogado haciéndolo con garantía, facilitar y perfeccionar el voto en urna, avanzar en el uso de las nuevas tecnologías, promover el voto electrónico y estudiar la posible creación de una circunscripción electoral. Todo ello, repito, definiendo con claridad las garantías del ejercicio de este derecho. Decía que hay 1.714.363 mujeres y hombres, españolas y españoles, que viven en el exterior; son casi dos millones de razones para que aprovechemos esta oportunidad y utilicemos esta iniciativa para volver a facilitar el voto en el exterior; para mi grupo sí son la razón que nos impulsa a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley.

El Grupo Socialista -finalizo- tiene en su haber ser el partido que ha defendido siempre a la ciudadanía española en el exterior: hemos sido quienes pusimos en marcha los instrumentos de participación y representación de nuestros emigrantes; quienes reconocimos sus derechos educativos, culturales, sanitarios, las pensiones, la dependencia, las ayudas a situaciones de necesidad; quienes reconocimos la nacionalidad a los hijos y a los nietos de los emigrantes en la Ley de Memoria Histórica; quienes aprobamos y propusimos un Estatuto de la ciudadanía en el exterior; quienes en esta legislatura hemos presentado más iniciativas para defender los derechos de la emigración española y, por lo tanto, lo que hoy estamos haciendo es mantener esta posición de defensa de los derechos de las españolas y españoles que residen fuera de nuestras fronteras, reconocer sus derechos políticos que son derechos democráticos básicos.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Silva.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Prada.

El señor PRADA PRESA: Gracias, señor presidente.

Señorías, no quiero empezar mis palabras, como han hecho otros diputados, sin recordar a todas y cada una de las víctimas del fatídico acto terrorista ocurrido en Madrid hace hoy diez años, así como agradecer desde este estrado una vez más el magnífico trabajo desempeñado por los cuerpos de emergencias y fuerzas de seguridad del Estado en la gestión de la tragedia, así como el de todos los ciudadanos de Madrid y del resto de España por volcarse desinteresadamente en las víctimas y en sus familiares. También nuestra solidaridad con los fallecidos, familias de los fallecidos y desaparecidos del accidente marítimo ocurrido en las costas del Cantábrico.

Señor presidente, señoras diputadas del Parlamento gallego, señorías, accedo a esta tribuna con el objetivo de fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con la proposición de ley de modificación de la Ley orgánica del régimen electoral general de 1985, presentada ante esta Cámara por el Parlamento de Galicia. El Grupo Parlamentario Popular, señorías, va a votar a favor de la toma en consideración de la proposición de ley, siendo conscientes de la obsolescencia del contenido de la misma, ya que como conocen bien sus señorías y se ha puesto de manifiesto en las distintas intervenciones, la Ley Orgánica de 1985, sufrió modificaciones sustanciales por la reforma de la ley llevada a cabo en enero de 2011, y especialmente en lo relativo al procedimiento del voto de los españoles residentes en el exterior. Durante la aplicación de la Ley de 1985 los españoles residentes en el exterior inscritos en el CERA, en el censo de españoles residentes ausentes, recibían en sus domicilios la documentación para ejercer su derecho a voto en cualquier proceso electoral que se hubiese convocado en nuestro país. Este sistema propiciaba inseguridad jurídica, falta de transparencia y daba pie a posibles episodios de fraude electoral, que con las modificaciones introducidas en la Ley de 2011 se trataron de evitar. Antes de que entrase en vigor esta reforma la participación de los españoles residentes en el exterior oscilaba en torno a un 15 % de media e inclusive en las elecciones generales de 2008 el límite de participación alcanzó más de un 31 %. Como he dicho, la reforma que se aprobó en enero de 2011 trataba de dotar a este proceso de elecciones de una mayor transparencia y de seguridad jurídica. Desde su aprobación, señorías, se han celebrado en España siete procesos electorales que han demostrado una mayor seguridad, pero han


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tenido como consecuencia una menor participación del electorado residente en el exterior, debido en gran medida también a las dificultades en la distribución de correo y en los plazos establecidos en la ley.

Entre las principales novedades que introdujo la reforma de 2011 cabe destacar la supresión del voto exterior para participar en los procesos electorales locales; supresión que no se hizo por capricho, sino que se fundamentó en un informe del Consejo de Estado relativo al derecho de vecindad y el derecho del voto. En segundo lugar, se estableció como gran novedad la necesidad de rogar el voto para ejercer tal derecho. Sirvan como ejemplo, señorías, los datos de solicitud de voto y de votantes en dos de los procesos electorales realizados, porque de los autonómicos ya se ha hecho referencia en varias ocasiones. Así, en las elecciones autonómicas de mayo de 2011, el porcentaje de españoles que solicitaron participar fue del 83,23 % y el de los votantes fue del 3,66 %. En las elecciones generales de noviembre de 2011 la solicitud de voto fue del 9,31 % y los votantes solo llegaron al 4,95 %. A la vista de estos datos, y de los datos que también se han barajado en las distintas elecciones autonómicas que se han celebrado, la conclusión a la que podemos llegar es que la participación en general ha descendido vertiginosamente en el exterior y que, de aquellos españoles residentes en el exterior que desean participar en los procesos electorales solicitando su voto, solamente el 50 % de media logran efectuarlo. Esto en gran medida se debe a la dificultad que apunté anteriormente sobre los problemas en la distribución de documentación electoral por parte de los sistemas de correos y los plazos que establece nuestra propia ley.

Sus señorías conocen perfectamente los pasos que debe realizar un español residente en el exterior para ejercer su derecho a voto. No cabe duda de que el sistema regulado por la Ley de 2011, por la que se modificaba la Ley de 1985, de Régimen Electoral General, en los artículos referidos al voto en el exterior dota al procedimiento de amplias, amplísimas, garantías jurídicas y de una gran transparencia, pero también es verdad que debido a ello se ha demostrado, con los datos de los procesos electorales llevados a cabo hasta la fecha, que la participación ha bajado drásticamente ya sea por el largo y riguroso procedimiento, ya por los cortos plazos de tiempo asignados para cumplimentar todos los requisitos que exige el procedimiento de votación o por el fallo en el funcionamiento en el sistema de correos de algunos países.

Permítanme, señorías, añadir que según los últimos datos publicados por la Oficina del Censo Electoral, actualmente residen fuera de España 1.714.363 personas, todas ellas están inscritas en el CERA, es decir con derecho a voto, frente a 1.416.766 españoles residentes en el exterior en enero de 2011, fecha en la que aprobaba la reforma de 2011. Esto supone, señorías, un incremento de más de un 17 % de los españoles que residen en el exterior desde que se aprobó la ley hasta el censo que se va a utilizar en las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Esto indica que progresivamente se ha ido incrementado el CERA con los nuevos nacionalizados a través de la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Histórica, por aquellos españoles que deciden irse a vivir al extranjero por causa de la situación económica y muchos emigrantes de otros países que ya habían obtenido la nacionalidad española y están regresando a sus países de origen con la condición de dobles nacionales. Se trata de un importante cuerpo electoral sin duda, hasta tal punto de que si en un hipotético escenario en el que la totalidad de los inscritos en el censo electoral de España y en el CERA ejerciesen todos ellos su derecho al voto, los residentes en el exterior supondrían la cuarta provincia española en número de votantes, solo por detrás de las provincias de Madrid, Barcelona y Valencia. El elevado porcentaje de electores que representan los españoles residentes en el exterior merece que facilitemos lo máximo posible su derecho a ejercer el voto. Contando, eso sí, con las máximas garantías jurídicas, la máxima transparencia e incentivando todo lo posible la participación. Sencillamente, señorías, la posibilidad de votar es un derecho que tienen todos los españoles sin importar que vivan en España o residan en el exterior, porque cuando uno se va pierde muchas cosas, sin duda, pero no pierde su nacionalidad ni su patria. El vínculo se mantiene hoy más que nunca gracias a las tecnologías de la información y sin olvidar -no podemos olvidar desde esta tribuna- a los que envían en remesas el fruto de su esfuerzo y el dolor de la distancia.

Señorías, por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular cree necesaria una revisión de la actual norma y alcanzar un acuerdo -básico esto, alcanzar un acuerdo- con todas las fuerzas políticas en el ámbito parlamentario, con el fin de mejorar el procedimiento de votación de los españoles residentes en el exterior. Esta proposición de ley puede, y no solo puede, debe también ser el punto de apoyo, el vehículo que facilite una reforma que conlleve una mayor participación sin merma de las garantías y de la seguridad jurídica en los procedimientos de votación, y sin olvidar en ningún momento,


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señorías, cuando tramitemos esas modificaciones, que los españoles del exterior, no por estar en el exterior son menos españoles.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Prada.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, DE REFORMA DE LA LEY DE 18 DE JUNIO DE 1870 DEL EJERCICIO DE LA GRACIA DE INDULTO. (Número de expediente 122/000123).

El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de reforma de la Ley de 18 de junio de 1870 del ejercicio de la Gracia de Indulto.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural propone hoy a esta Cámara abrir un debate en nuestra opinión imprescindible, abrir el debate de la reforma radical o de la derogación de la Ley de Indulto, una Ley de Indulto que podríamos denominar de indulto absolutista. Una herencia de hace dos siglos; es la reforma de la Ley de 1870, pero la Ley de 1870 es en buena parte también la Ley de 1812 y, en definitiva, nos encontramos ante la prerrogativa real de entonces del monarca absoluto de ejercer el Poder Judicial. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Parece mentira pero todavía está aquí. Parece mentira después de dos siglos pero todavía el indulto, la prerrogativa de gracia, sigue en nuestro sistema político al margen de la división de poderes y por encima de la división de poderes. Pero no solamente es una herencia anacrónica del pasado, se ha convertido en un escándalo. Se ha convertido en un escándalo porque da la impresión de que el indulto, junto con un Código Penal para pobres y junto también con un procedimiento penal realmente difícil para los delitos complejos y contundente con los delitos patrimoniales, esta especialidad del indulto se ha convertido en una suerte de cuarta instancia de ricos, en una suerte de cuarta instancia de los de primera clase.

Señorías, en un régimen democrático no puede haber justicia de primera, de segunda y de tercera clase, debe haber justicia para el conjunto de los ciudadanos por igual. Es una utopía pero es una parte importante del sistema democrático: la igualdad de voto, la igualdad ante la justicia y la igualdad social. Por eso, señorías, nuestro grupo parlamentario propone una reforma radical de la Ley de Indulto, porque consideramos que en estos momentos se está convirtiendo en una piedra de escándalo no solamente para los ciudadanos españoles, también para el propio Poder Judicial y asimismo para los organismos internacionales. No tengo que recordarles, señorías, cómo los ciudadanos han visto con estupor cómo distintos Gobiernos indultan a funcionarios públicos, a responsables políticos o a exgolpistas sin que se les mueva una ceja. No tengo que decirles, señorías, la estupefacción que ha producido en los organismos que luchan contra la corrupción a nivel internacional, como Transparencia Internacional, la utilización del indulto por parte de nuestro Gobierno y de Gobiernos anteriores en materia de corrupción para exonerar finalmente de la cárcel a corruptos reconocidos y condenados. Tampoco tengo que recordarles, señorías, que el propio Consejo de Europa, recientemente de forma reiterada, ha reprochado a los Gobiernos españoles que utilicen la especialidad del indulto para dar un derecho de gracia a quienes han utilizado su poder -en este caso a las policías o a otras instancias gubernamentales- para vulnerar la legislación, por ejemplo, en materia de torturas.

Señorías, estas razones deberían ser suficientes para que adoptemos una medida necesaria, que es la modificación o la supresión de esta Ley de Indulto. Pero nuestro grupo parlamentario reconoce que, aunque esa Ley de Indulto pretendía fundamentalmente que fuera una prerrogativa gubernamental la que contribuyera a solucionar los problemas de la legislación, los problemas de la justicia o los problemas penitenciarios, estos no han sido el motivo fundamental de la utilización del indulto. Es verdad que el mayor número de indultos tiene que ver con los delitos contra la salud pública y, en ese sentido, el indulto es útil; ha sido útil en nuestros barrios, con las familias de personas adictas a las drogas que habían tenido una situación de exclusión y que finalmente se habían reinsertado y, cuando ya lo habían hecho, les llegaba una pena que les desvinculaba de nuevo de sus familias y les impedía la reinserción social. En ese sentido, consideramos que la Ley de Indulto ha tenido una cierta utilidad; sigue teniendo una cierta


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utilidad una Ley de Indulto acotada a determinadas materias, incluso materias reflejadas en la Ley de 1870: cuando la legislación es excesiva, cuando la sentencia también es desproporcionada o cuando hay una determinada situación familiar o personal y la entrada en la cárcel impide la reinserción. Pero eso se puede hacer de otra manera -dirán ustedes- mucho más lógica, que es modificar la legislación para hacer de la legislación en materia de justicia una legislación más proporcionada, modificar, dar más medios y hacer más ágil la Administración de Justicia o, por otra parte, orientar -cosa que no está hecha en estos momentos- en mayor medida nuestra situación penitenciaria hacia la reinserción. Estamos más en la clave del encarcelamiento que de la reinserción y eso motiva que en estos momentos tengamos uno de los niveles delincuenciales más bajos de Europa y, sin embargo, unos niveles de encarcelamiento en los que somos el número uno de Europa.

En los últimos tiempos esta cuestión ha cambiado radicalmente. Si ustedes se atienen a las pocas informaciones y pocos datos -porque esta es una materia con una falta absoluta de transparencia- que existen en materia de indultos a través de la aprobación individual en el Boletín Oficial del Estado, se darán cuenta de cómo en relación con la tipología delictiva cada vez tienen mayor presencia ese tipo de delitos que nunca deberían ser motivo de indulto: los delitos que tienen que ver con funcionarios públicos, los que tienen que ver con la corrupción, la corrupción política, y los delitos de cuello blanco, delitos del poder económico. Es verdad que estos delitos son menos frecuentes, por ejemplo, que los que tienen que ver, como decía antes, con la salud pública, pero si uno hace un porcentaje, le sale un porcentaje cada vez mayor; por tanto, se está utilizando la Ley de Indulto de manera perversa no para la finalidad incluso que tuvo en su momento en el régimen absolutista, no como residuo del régimen absolutista, sino para otras materias más vinculadas a una suerte de justicia paralela, a una suerte de justicia política, como decía antes, a una suerte de clase club, una suerte de justicia de primera clase, que en nuestra opinión es inaceptable.

Eso se ha visto, señorías, a lo largo de los últimos tiempos en algunos hechos muy significativos. Por una parte, la Ley de Indulto sufre una primera modificación en plena democracia, en 1988, no para adaptarla a la división de poderes, no para subordinarla al Poder Judicial o para ponerla en la línea del Poder Judicial; no, no, señorías, para hacer lo contrario, para suprimir la exposición de motivos, la motivación de los indultos. ¡Llamativa esta medida en 1988! Posteriormente, se adopta una decisión que en nuestra opinión muestra cómo pasamos de la discrecionalidad a la arbitrariedad en materia de indultos: el indulto general en el período de Gobierno del Partido Popular, el indulto general del año jubilar del señor Acebes, que supuso 1.443 indultos de una tacada, señorías. En estos momentos hay una media de unos 500 indultos anuales; hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene una media de unos 20 indultos anuales, nosotros tenemos 500, pues el señor Acebes batió el récord mundial: aprobó 1.443 indultos de una sola vez, pasando, como he dicho antes, de la discrecionalidad a la total arbitrariedad en materia de indultos. Pero con posterioridad hemos visto, sobre todo a lo largo de los últimos meses, cómo se han adoptado decisiones que han provocado no solamente un escándalo social e internacional, sino una reacción inédita del Poder Judicial. Dos medidas han sido recurridas por el Poder Judicial y han sido parcialmente derogadas, dos indultos del Gobierno: uno que tenía que ver con un kamikaze, un indulto sin precedentes en materia de seguridad vial con resultado de muerte; y por otra parte, el indulto del señor Sáenz, que para el Gobierno traía aparejado lo que es contrario incluso a la propia ley, que es la abolición de sus antecedentes penales para que pudiera mantenerse en el Banco de Santander. Pues el Tribunal Supremo ha tenido que salir al paso de esos indultos y ha tenido que derogar parcialmente esos indultos donde el Gobierno ya se había pasado claramente de frenada. En nuestra opinión, es una expresión clara de la necesidad urgente de cambiar la Ley de Indulto de manera radical para no avergonzar a la justicia española y para no avergonzar a los ciudadanos.

Si necesitáramos más razones yo me atendría a las razones que dio el presidente del Gobierno en el debate del estado de la Nación. El presidente del Gobierno de manera solemne por enésima vez ha dicho que es un compromiso del Gobierno la lucha contra la corrupción. Pues bien, aparte de las reformas que el Gobierno ha anunciado en relación con el Código Penal, no cabe duda de que para que no haya una justicia paralela, en primer lugar tiene que cambiar el procedimiento judicial, en particular el procedimiento criminal, tiene que modificarse el procedimiento criminal porque es un procedimiento que, de garantista, se convierte en discriminatorio, discriminatorio para aquel que tiene una mejor y mayor defensa, y tiene que cambiar, por otra parte, para que no exista justicia paralela, también la Ley de Indulto. Esa puerta falsa donde aquel que a través del procedimiento judicial no retrasa suficientemente el proceso y no acaba con una pena prescrita, utiliza esa puerta falsa para evitar el encarcelamiento. En los últimos días hemos visto


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en el caso Matas cómo incluso ya el indulto se considera una medida también de carácter preventivo, es decir, tan solo la solicitud de indulto -la habitual jurisprudencia de los tribunales es que cuando este es muy corto, se atienda esa petición de indulto y se paralice la entrada en prisión-, da la impresión ahora de que tan solo la petición de indulto paralizaría la entrada en prisión por parte de los corruptos, en nuestra opinión inaceptable en un marco de lucha sincera por la regeneración democrática y contra la corrupción.

Por esta razón, señorías, proponemos una serie de medidas en nuestra reforma, pero estamos abiertos a otras muchas. No proponemos que los grupos parlamentarios acepten esta propuesta sin más, sino que queremos contribuir a esa reforma en un marco de diálogo y también de negociación. En primer lugar, nosotros creemos que un paso fundamental debería ser derogar o excluir del indulto todos aquellos elementos, todas aquellas conductas que tengan que ver con la corrupción o que tengan que ver con delitos graves. Es decir, no puede continuar el escándalo social de indultar materias como las relacionadas con la corrupción o, por ejemplo, recientemente también la orientación al Gobierno marroquí de indultar a un pederasta. Nos parece que es inaceptable. En segundo lugar, nosotros creemos que los informes preceptivos del Tribunal, de la Fiscalía y de Instituciones Penitenciarias deben ser informes vinculantes que tengan que ver con el indulto y no solamente informes en lo que se consulte sobre ese indulto. En tercer lugar, nosotros creemos que debe haber una clara motivación, debe motivarse el indulto, no esa referencia lacónica que aparece en el Boletín Oficial del Estado de la pena, del indulto y del nombre del indultado. Por último, creemos que debe haber un mecanismo de recurso claro en el ámbito del Poder Judicial, que vuelva esta especialidad externa al Poder Judicial, de donde nunca debió salir. Esas son las medidas a grandes rasgos que proponemos en nuestra modificación de la Ley de Indulto, pero, como digo, lo que queremos es abrir ese debate e incluir la modificación o la derogación de la Ley de Indulto como una parte de la lucha contra la corrupción y de la regeneración política en nuestro país.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Llamazares.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, en primer lugar, el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.

Una vez más debatimos en esta Cámara sobre la necesidad de actualizar la Ley de Indulto. Una vez más se hace con el trasfondo de la alarma social que genera esta institución, la petición de indulto de Del Nido, el distinto trato otorgado a la petición de indulto de la Asociación Medel para el juez Garzón respecto a Gómez de Liaño o el reingreso en prisión del kamikaze indultado por el ministro al que el despacho de su propio hijo le llevó el caso. Los indultos son difíciles de entender en un Estado democrático con pretendida separación de poderes; que el Poder Judicial vea enmendada la plana por el Poder Ejecutivo solo puede ser algo excepcional, objetivo y bajo el criterio de transparencia, cosa que no pasa hoy. Es más, se niegan las explicaciones sistemáticamente por este Gobierno, pero sobre todo no puede servir para resolver el problema judicial de los corruptos del propio partido o de los banqueros que les financian y les avalan ni para torturadores, como ya se ha hecho en esta legislatura. Urge poner límites y garantías y por ello Compromís-Equo ya presentó en su día una proposición no de ley para recoger la imposibilidad de indultar a las personas condenadas por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación o cualquier otro contra la Hacienda y la Administración pública, impidiendo así que los partidos políticos indulten a los propios corruptos condenados de sus propias filas como ocurre en la actualidad.

Queremos poner límites al autoindulto que practica el Gobierno y de igual modo pedimos incluir en la tramitación una extensa motivación de cada uno de los indultos para impedir la arbitrariedad y la necesaria trasparencia que habría de regir en estos procesos en los que el Poder Ejecutivo interfiere en las decisiones del Poder Judicial. El indulto no puede ser un ejercicio de poder arbitrario para los compañeros de poder, que a menudo excluye a personas plenamente reinsertadas. Cada vez que hay un cambio de Gobierno llega una fiesta del indulto para los amigos. No hay criterios, no hay transparencia, no hay justificación, y todo ello en una sociedad que mira a los políticos con desconfianza precisamente por estas cosas y que se pregunta si van a otorgar el indulto a Garzón, si indultarán a Matas, a Carlos Fabra, o a la trama Gürtel. Recordemos que hay más de cien imputados del Partido Popular, ¿habrá una fiesta del indulto? Es realmente absurdo e infame que el partido implicado en el mayor caso de corrupción tenga la potestad de indultar a todos sus militantes y cargos del partido condenados. No existe ningún país de Europa que se permita este abuso de poder. Si de verdad el Partido Popular...


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Baldoví, debe acabar.

El señor BALDOVÍ RODA: Acabo.

Si el Partido Popular quiere hacer algo para frenar la corrupción, debe empezar por su propio partido y deberían empezar por admitir esta propuesta y abrir un verdadero debate sobre el indulto.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.

Por el mismo grupo, señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.

La ley vigente, relativa al ejercicio de la gracia de indulto, es en esencia aprobada en 1870, y las diversas modificaciones introducidas, la última a través de la ley 1/1988, de 14 de enero, apenas han incorporado reformas de calado. Por tanto, compartimos lo que se afirma en la proposición de ley que hoy debatimos, que es la necesidad de reformar esa norma, incluso actuando de forma más ambiciosa a través de un nuevo texto completo sobre la regulación del indulto. Evidentemente, si el derecho de gracia se configura como un instrumento de política criminal legítimo, no como un poder discrecional en manos del Gobierno para alterar decisiones judiciales en el ámbito penal, su regulación ha de ser precisa y objetiva, es decir, totalmente reglada. No por ser una medida excepcional en el marco de los procesos penales, también se puede sostener la total excepcionalidad en cuanto a la arbitrariedad absoluta en su concesión. Precisamente ese carácter singular justifica aún más la regulación concisa de sus límites y la regulación exhaustiva de los límites de su ejercicio. Lo contrario, el ejercicio arbitrario del indulto, como se ha practicado en numerosas y reiteradas ocasiones con la ley vigente, algunas de las cuales se citan en la exposición de motivos, supondría equiparar la gracia del indulto a la clemencia ejercida con los presos en los Estados del antiguo régimen, donde resultaría lógico, dado que también el derecho penal se aplicaba arbitrariamente. No obstante, estamos en un Estado que se dota de un complejo sistema punitivo, con arreglo a un Código Penal que ordena las penas y sus castigos. Por tanto, es anómalo, contradictorio y anacrónico que se mantenga una norma con la que se otorgan indultos por gracia del Gobierno, con amplios márgenes de apreciación, una especie de derecho a perdonar amplio y laxo, cuando quien ejerce el derecho a castigar, el Poder Judicial, debe hacerlo dentro de un estricto y conciso sistema jurídico. Ya se ha dicho aquí, señorías, nos hemos encontrado con indultos en los que se indultaba a personas que habían sido condenadas, por ejemplo, por homicidio involuntario o imprudente, como ha ocurrido en algunos de los casos que se han planteado aquí. En cambio, señorías, no se ha indultado a sindicalistas que, en defensa de derechos de los trabajadores y trabajadoras, están en este momento condenados, como es el caso de Carlos Rivas y Serafín Rodríguez, en Vigo, que están reclamando un indulto que el Gobierno, en cambio, les niega, cuando realmente estas personas lo único que han hecho ha sido defender los intereses de trabajadores y trabajadoras. Por eso, señorías, anunciamos nuestro voto favorable a la proposición de ley que hoy acaba de defender el portavoz de La Izquierda Plural.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández.

Por el mismo grupo, señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, la institución del indulto es más propia de otros tiempos. Es una figura obsoleta y debería abolirse. Esta es la opinión de los republicanos catalanes. Se trata de una intromisión del poder político en el Poder Judicial inadmisible. Un Poder Judicial justo y eficiente haría impensable e innecesario el indulto. Fíjense, en el año 2013, Francia, cero indultos; Gran Bretaña, uno; Estados Unidos, siete; España, 204; y -atención- Marruecos, 2.300. Queda todo dicho. El indulto es el sumidero de los errores judiciales y la coartada para poder indultar a chorizos; léase banqueros y políticos corruptos. Estamos ante una institución absolutamente hipócrita fuera del tiempo. No se trata de usar el indulto para reparar las sentencias injustas, sino de acabar con las sentencias injustas. Ello conlleva hablar de la falta de jueces y de recursos e incluso de la corrupción en sus funciones del mismo Tribunal Constitucional que, como ustedes saben, no resuelve con celeridad los recursos de amparo.

Repito que estamos en contra del derecho de gracia, pero si mientras tanto tiene que existir, al menos hay que democratizarlo. Es decir, que la competencia de la gracia esté en manos de ustedes; o sea, que este Parlamento sea quien conceda los indultos, es decir, la Comisión de Justicia por una mayoría de tres


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quintas partes. Si hay que conceder indultos, mientras tanto que sea el Parlamento el que los conceda; solo el Parlamento y por una mayoría de tres quintas partes. Estamos de acuerdo con la propuesta de nuestros compañeros de Izquierda Unida. Es cierto que determinados delitos en los que existe un claro conflicto de intereses tienen que quedar excluidos. Es evidente que conviene evitar que el hecho de pertenecer a un partido político, a una institución pública o a poderes económicos relacionados con el delito sea motivo para que el reo pueda ser excluido de la condena. Por supuesto, deben quedar también excluidos -aquí los compañeros de Izquierda Unida deberían haber sido un poco más exhaustivos- los delitos de lesa humanidad o crímenes internacionales de genocidio. Aunque una vez abolida la justicia universal por la mayoría conservadora derechista del Grupo Parlamentario Popular en esta Cámara, difícilmente en el Estado español van a darse sentencias en este sentido. Así pues, mientras deba existir la institución del indulto -que repito que debería ser abolida-, la gracia tiene que corresponder a ustedes, diputados y diputadas de este Parlamento, y no al Gobierno, porque el Gobierno ya sabemos lo que hace: por un lado, indultar a los chorizos, banqueros y políticos corruptos; y, por otro, utilizar el indulto como coartada para algunos parias.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.

Señor Tardà, le agradezco otra vez que me haya puesto el bicho tan fácil de torear. Vamos a ver si completamos la faena adecuadamente. Tiene razón en lo que dice. No compartiendo quizás su retórica o su estilo literario, su estilo oratorio, estamos hablando de lo mismo: de a quiénes vamos a indultar, de qué personas se van a indultar. El problema es que no lo sabemos. Puede ser a los que usted ha dicho, puede ser a otras personas o puede ser a nadie, porque la característica y el problema que tenemos que resolver es, primero, la opacidad en materia de concesión de este derecho de gracia anacrónico, arcaico jurídicamente -estoy de acuerdo con el señor Llamazares-. No es solo anular este derecho de gracia o no es solo causalizar y motivar este derecho de gracia, sino evitar la opacidad con que se aplica. La opacidad es el problema, señor Llamazares, y por lo tanto no se sabe a quién se va a indultar. Si se pide, como se le pidió al señor Acebes en el año jubilar por el Papa Juan Pablo II, que se concedan indultos, volvemos a momentos arcaicos en la historia, cuando se vinculaba el ejercicio del derecho de gracia a eventos o acontecimientos religiosos, y efectivamente así ocurrió. El señor Acebes concedió de una tacada 1.442 indultos, prácticamente equiparando esa facultad a la que se le concedió por Carlos III a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús el Rico, en Málaga, que puede indultar a un preso todas las semanas santas.

Desde esta perspectiva estamos hablando de arcaísmos incluso en la configuración jurídica de la figura de este derecho de gracia. La ley es del año 1870. Cuando lo ha leído el presidente, ha puesto un énfasis especial porque yo creo que le ha sorprendido la fecha de la Ley Reguladora del Indulto: 1870. Bueno, la Ley de Enjuiciamiento Criminal es de estas fechas también, y el Código Civil, aunque ha sido reformado posteriormente. Esta ley es del año 1870 y, por lo tanto, absolutamente anacrónica, pero la incorporación del indulto y de esta medida de gracia a la Constitución española no es menos arcaica que la propia ley, porque se sigue considerando como una prerrogativa del rey en el artículo 62 de la Constitución. No sé si en este momento el rey, o una monarquía constitucional, puede atribuirse para sí mismo actos propios del Poder Ejecutivo de esta dimensión, de esta naturaleza, que interfieren de forma jurídicamente dudosa en el ejercicio de la acción jurisdiccional ex post, en el perímetro posterior en cuanto que pueden remitir una condena impuesta por un órgano judicial, pero así está concebido en la propia Constitución. Luego ya se ha ido reculando -perdone por la expresión, señora presidenta, poco forense-, se ha ido reconduciendo el derecho de gracia tanto en el Código Penal -artículo 130.1.4, donde ya se aprecian circunstancias más razonables y más ajustadas a nuestros tiempos como la apreciación por el órgano judicial de la desproporción entre la pena impuesta y las características del reo, del condenado- como parcialmente en la ley del año 1968, que incorpora actualizaciones manifiestamente insuficientes. Todavía estamos ante una prerrogativa real que se ejerce discrecionalmente y en un ámbito de absoluta opacidad.

No sabemos, para empezar, si a los reincidentes se les puede indultar porque ninguna de estas normas lo indica. No sabemos si en el caso de indulto a quienes han sido condenados a una pena de multa tienen que devolver la multa o no. No sabemos qué recursos caben, suponiendo que quepa alguno,


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contra una declaración de indulto a través de un real decreto del Gobierno. El Tribunal Supremo está reivindicando su competencia en materia casacional, pero no está previsto en la ley; tendríamos que preverlo en una nueva ley reguladora de la figura de indulto. Ahí nos movemos en el ámbito de la más absoluta inseguridad jurídica, contradiciendo el artículo 9.3 de la Constitución, que proclama el principio de seguridad jurídica, el principio de legalidad -lege estricta y escrita-, que en el ámbito del indulto se observa que no es así, sino que es opaco, que es un acto discrecional de la Administración y respecto al cual además los reales decretos proporcionan escasísimas referencias: los datos personales del indultado, las características del indulto, cuánto se remite -si el indulto es total o parcial-, el órgano judicial que impuso la sentencia a modo de ilustración complementaria y nada más. Esto es todo lo que se dice. Luego lo que ustedes preconizan -me voy a referir a la parte dispositiva de su proposición, que me parece más interesante que las reflexiones expositivas, que podemos compartirlas en sus propios términos- nos parece imprescindible para evitar la opacidad con la que se practica este ejercicio del derecho de gracia y para establecer elementos de motivación suficientes o de justificación razonables que permitan lo que no deja de ser una reconvención de una acción judicial, de un poder independiente del Poder Ejecutivo, donde penetra de forma dudosamente legítima el Poder Ejecutivo. En primer lugar, tendríamos que establecer el grado de ejecución alcanzado por la persona que va a ser indultada: si ha participado solo en actos preparatorios del delito, si ha participado o ha consumado el delito -se ha producido la consumación del delito-, o si ha participado en grado de tentativa. Esto es particularmente relevante para proveer de una seguridad jurídica indispensable a este ejercicio del derecho de gracia.

En segundo lugar, tendríamos que conocer cuál es el título de importación. Ustedes lo piden, y lo piden muy razonablemente. Si es autor no es lo mismo que si es cómplice, y si es cómplice no es lo mismo que si es inductor o propone el delito. Estos son datos absolutamente necesarios y deben ser objeto de justificación y consignarse en el real decreto a través del que se otorga una medida de gracia que constitucionalmente es una prerrogativa del rey. (Sic).

En tercer lugar, el magistrado o tribunal sentenciador tiene que manifestar algún tipo de opinión. Usted lo ha dicho bien, la mayoría de los insultos se realizan en relación a lo que puede ser exorbitante en muchas ocasiones, que son los delitos contra la salud pública y la sobredimensión de las penas para personas que padecen adicciones a sustancias tóxicas o estupefacientes. Está bien, pero lo que no está tan bien es que se concedan, sin conocer, por motivaciones exclusivamente políticas, determinados indultos a personas que tienen determinada militancia política o pertenecen a determinada institución pública o tienen características especiales. Luego está muy bien acreditar cuáles son los motivos justificantes y quién es el peticionario del indulto. En este momento, si analizamos un real decreto-ley donde se concede un indulto, nadie puede conocerlo, porque no siempre lo pide el propio condenado. Es más, normalmente no lo pide el propio condenado, lo piden terceras personas por razones habitualmente espurias. El peticionario del indulto es manifiestamente relevante para conocer la justificación o la legitimidad de la adopción de una medida de gracia tan perimetral en el ámbito de la justicia como esta.

Y luego me gustan mucho las excepciones. Las aceptamos todas. Hay que exceptuar delitos económicos, como los de estafa, apropiación indebida, insolvencia punible, alzamiento de bienes y blanqueo de dinero. Esto no admite ninguna discusión. Esto tiene que estar fuera de la capacidad de gracia del rey, del Parlamento o de quien tenga atribuida o esté habilitado o legitimado para la concesión de la medida de gracia. También hay que exceptuar los delitos masa -todos sabemos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de delitos masa-, los delitos societarios contra la Administración pública y la Hacienda pública -podríamos decir las administraciones públicas y las haciendas públicas-, los delitos de malversación y fraude, los delitos de prevaricación urbanística, los delitos de terrorismo, tenencia de explosivos y colaboración con banda armada -absolutamente excluidos de la posibilidad del derecho de gracia-, y los delitos de tortura. En este momento me parece tan relevante esto que le voy a transmitir una reflexión que ha hecho mi grupo más de una vez desde esta tribuna. No hay un solo responsable de la trama del GAL en este momento cumpliendo una pena de privación de libertad mediante el ejercicio, absolutamente arbitrario y legítimo, del indulto, ni uno solo de la trama GAL, repito, mediante una actuación abusiva por un Gobierno que no es el que en este momento gobierna, por una mayoría parlamentaria que no es la que en este momento hay, sino por otra. Por último, decía, los delitos de tortura, los delitos electorales y los delitos ecológicos.

Se prevé, y lo hace pertinentemente, señor Llamazares, la posibilidad de disconformidad del tribunal sentenciador. ¿Qué nos propugnan para corregir la disconformidad del tribunal sentenciador? La posibilidad de la existencia de una comisión mixta, compuesta por vocales del Consejo General del Poder


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Judicial y parlamentarios -ya desagregaríamos luego cuál es la composición de esta comisión mixta-, que evite un litigio o un conflicto entre la Administración de Justicia, el órgano que impuso la condena, y la Administración que quiere ejercer un derecho de gracia, muchas veces ilegítimamente. Y luego proponen la remisión cada seis meses a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados de las copias de los expedientes de indultos concedidos. Esto es información y esto es transparencia, señor Llamazares, y sabe usted que en materia de información y transparencia va a poder contar siempre con nosotros.

Existen arcaísmos como el indulto tal como está configurado constitucionalmente en el Estado español, aunque luego tanto los códigos penales como las leyes específicas han ido reconduciendo la figura hacia parámetros más correctos; arcaísmos como el indulto concedido graciosamente o vinculado a delitos de naturaleza religiosa; el indulto con la opacidad con la que se concede, con la falta de transparencia con la que se concede, con la falta de motivación; el indulto sin información a los ciudadanos y a estas Cortes Generales de cuántos se han concedido, los miles de indultos que se conceden en este país, que ocupa el primer puesto en el ranquin europeo de indultos concedidos, y los indultos concedidos por razones muchas veces espurias, bastardas...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo, señora presidenta.

... que no podrían ser asimiladas o interiorizadas por el cuerpo social que representamos. Esos indultos hay que removerlos del ordenamiento jurídico. Lo que pasa es que esta es una proposición interesante, pero la tenemos que complementar; faltan muchas cosas, señor Llamazares. Ojalá sea tomada en consideración y mejoremos el ejercicio del derecho de gracia, que no deja de ser algo excepcional y que además tiene que dejar de ser arcaico.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.

Señorías, el portavoz del Grupo de La Izquierda Plural, señor Llamazares, nos da nuevamente la oportunidad de reflexionar en esta tribuna sobre un asunto que efectivamente podríamos decir que es como una asignatura pendiente de nuestra democracia. Más allá del contenido material de la iniciativa, más allá del modelo que La Izquierda Plural ha planteado en su defensa de cómo tendría que ser la reforma de esta ley, de los artículos que contendría, más allá, por ejemplo, del modelo de catálogo de delitos que, a nuestro juicio, no es el mejor modelo, lo que me parece indiscutible es que estamos ante la necesidad imperiosa y cada vez más urgente de reformar una ley de 18 de junio del año 1870, no solamente porque sea una ley muy antigua, sino porque fue hecha para un tiempo, para una sociedad completamente diferente de esta, para unas instituciones que nada tienen que ver con las instituciones actuales. Más allá, insisto, de la antigüedad de la misma -como ya se ha puesto de manifiesto en todas las intervenciones que me han precedido- es que la forma en la que esta ley se utiliza ha producido demasiadas situaciones que son verdaderamente escandalosas y que hemos de corregir también por la vía de corregir la ley que da posibilidades de que estas cosas ocurran. Por tanto, pongamos por delante, quiero hacerlo en nombre de mi grupo, que vamos a apoyar la iniciativa. Estamos ante una toma en consideración; naturalmente, si tuviéramos el éxito que creo yo que se merece esta iniciativa y fuera aprobada y pasara a Comisión y a debate, allí tendríamos oportunidad de confrontar modelos, de afinar propuestas, de estudiar la legislación de los países de nuestro entorno, de ver si había que suprimirlo o modificarlo. Nuestro criterio en principio es la modificación, y hacerlo además atendiendo a muchas otras cuestiones que se producen, también desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción en España. Este es un tema que desde la perspectiva de los ciudadanos se relaciona demasiadas veces -y con mucha razón- con una sociedad, la nuestra, que tiene una debilidad democrática en esta materia y que no utiliza las leyes para combatir la mayor de las lacras de nuestra democracia, sino al contrario, en demasiadas ocasiones las utiliza para amparar a quienes vulneran la legalidad y atacan a las instituciones democráticas. La última vez -si no recuerdo mal- que debatimos sobre esta cuestión fue precisamente en la Comisión de Justicia, en ese caso con una proposición no de ley que había presentado nuestro grupo parlamentario, y ya en ese momento se puso de manifiesto el gran ámbito de consenso que tenemos sobre esta materia. Incluso


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quienes votaron en contra, en la articulación del discurso vinieron a reconocer que efectivamente esta ley necesita un repaso a fondo y en forma.

Un portavoz citaba el número de indultos que se producían en España y los que se producían en otros países, y creo recordar que en ese debate que les acabo de citar de diciembre del año pasado fue el portavoz del Grupo Popular quien argumentó para votar en contra también el número de indultos, argumentando que no eran tantos y que habían bajado en los últimos años. Creo, señorías, que esta, aunque sea importante, no es una cuestión cuantitativa, lo más importante es lo cualitativo. El número de indultos llama la atención, pero lo importante es que se ha convertido en un sistema arbitrario; no discrecional, sino arbitrario: no están fundados los indultos, no son públicos, no se da cuenta al Parlamento y no tienen control jurisdiccional. En fin, demasiadas cuestiones. Sé que el proponente no está de acuerdo en el control jurisdiccional, lo dice en su exposición de motivos, pero yo creo que sí cabe sin devaluar lo que significa el indulto. Cabe tanto como que se ha producido. Usted mismo, señor Llamazares, citaba un par de ocasiones en las que últimamente han sido los órganos de la justicia los que han modificado el criterio en los indultos del Gobierno.

Esta es una buenísima oportunidad, me gustaría que el Grupo Popular lo viera como tal, para iniciar un proceso de reforma de esta ley. Al fin y al cabo, hoy no haríamos más que tomar en consideración en el Pleno un asunto que los ciudadanos ya han tomado en consideración. Este debate está hoy aquí en la tribuna, pero también está en la calle, no podemos obviarlo. Esta es ya una de esas demandas que cada vez que les preguntan a los ciudadanos en una encuesta, en un barómetro como los que hace el CIS, encontramos que los ciudadanos están preocupados, no entienden y son exigentes sobre esta figura y sobre su uso. Por tanto, puesto que es una demanda social, una necesidad política y tenemos la oportunidad de no pronunciarnos sobre el conjunto de la propuesta sino sobre la necesidad de iniciar la reforma, yo pediría al grupo mayoritario que fuera sensible a esta cuestión. Como se suele decir de forma coloquial, la velocidad se demuestra andando. Pido al Grupo Popular que demuestre su compromiso con la regeneración democrática, su compromiso con una justicia independiente y de calidad, su compromiso con la justicia de verdad y con mayúsculas y que nos acompañe en este trámite, que vote la toma en consideración y podamos empezar a debatir en la comisión correspondiente sobre el fondo de la cuestión y así aprobáramos, precisamente por admitir esta iniciativa, la puesta en marcha de la misma, lo que a nuestro juicio es una asignatura pendiente de nuestra democracia.

Gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señora Díez.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señora Surroca.

La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señora presidenta.

Señorías, la propuesta que presenta y ha defendido La Izquierda Plural no es la primera vez que la debatimos. Concretamente en esta legislatura hubo varias iniciativas en la Comisión de Justicia en las que nuestro grupo parlamentario ya se pronunció al respecto. Esta es una cuestión que ha suscitado cierta polémica, la institución del indulto. En ocasiones porque ha habido concesiones de indultos que han provocado un eco mediático destacable, a veces por quién era el beneficiario de esta medida de gracia, a veces porque se trataba de casos que socialmente han tenido una notable repercusión por los motivos que sean. Pero nuestro grupo parlamentario cree que no procede entrar en este tipo de polémicas. No se puede debatir o impulsar la regulación de esa institución al fulgor de unos casos concretos. Una reforma reactiva no es el camino acertado. Por lo tanto, en la valoración de esta iniciativa Convergència i Unió huirá de esos planteamientos que buscan polemizar con el caso concreto. No obstante, sí vemos positivo que se abra el debate en relación al marco regulatorio de la institución del indulto. De hecho, Convergència i Unió ya ha fijado su posición en anteriores ocasiones en relación con la propuesta que nos plantea La Izquierda Plural. Esta iniciativa pretende modificar la ley de 18 de junio de 1870 para delimitar su excesiva indefinición en las disposiciones, así como dotar de mayor transparencia su concesión, según recoge el preámbulo de la proposición. En ese sentido, tenemos que decir que en términos generales nuestro grupo comparte esos objetivos, aunque nuestro planteamiento puede ir incluso más allá de esa propuesta. (El señor vicepresidente, Jané i Guasch, ocupa la Presidencia).

El actual marco regulatorio de la institución viene definido por la propia Constitución española y, como decíamos, por la Ley del Indulto de 1870. También por jurisprudencia, jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo que a lo largo de estos años han ido interpretando la institución. Nosotros entendemos que es necesario emprender una profunda revisión y modificación de la Ley del


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Indulto que, como hemos dicho reiteradamente, fue promulgada en 1870 y únicamente ha sido objeto de ligeras reformas parciales de tipo procedimental, por lo que el espíritu de esta institución es prácticamente el mismo de hace ciento cuarenta y cuatro años. Es más, tenemos que recordar que hubo una reforma, también parcial, en 1988, que impulsó el Gobierno socialista, por la que se suprimió la necesidad de motivar el indulto. Mediante esa reforma parcial se sustituyó en el artículo 30 la necesidad de que fuera un decreto motivado por la de real decreto, suprimiendo la obligación de motivarlo por parte del Ejecutivo. Por lo tanto, desde entonces, el posible ámbito de discrecionalidad del Gobierno en el ejercicio de ese derecho de gracia ha aumentado de forma considerable.

Es evidente que nuestra sociedad ha cambiado mucho desde la promulgación de la Ley del Indulto, igual que lo ha hecho nuestro modelo de Estado, también nuestro sistema judicial ha sufrido una evidente evolución, y los esquemas con los que se pensó esta institución en 1870 han variado de forma considerable. En definitiva, es indispensable adecuar esta institución a la nueva realidad, a la nueva sociedad, al nuevo modelo de Estado después de ciento cuarenta y cuatro años. Pensamos además que los problemas que actualmente suscita la concesión de esta medida de gracia provienen precisamente de lo vetusta que es esta Ley del Indulto, y esta situación tenemos que superarla. Ahora las exigencias son bien distintas; tenemos que revisar el procedimiento de concesión del indulto, pero también sus exigencias y requisitos para la concesión. El procedimiento debe ser mucho más riguroso, más transparente. En definitiva, creemos que debemos abrir un debate profundo y sereno sobre esta reforma, huyendo, insistimos, de los casos concretos que en ocasiones han suscitado polémica. Nuestra obligación es emprender ese debate con el máximo rigor y buscando también, no lo olvidemos, el debido consenso entre las distintas fuerzas parlamentarias. También debemos ajustar el actual marco regulatorio a la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que se ha fijado en relación con el indulto, simplemente tenemos que recordar la última y reciente sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de febrero de 2013, en la que se dicen -como bien saben- cosas muy interesantes en relación con esta institución y la posibilidad de que el Poder Judicial, nuestros tribunales, controlen el proceso de concesión del indulto por parte del Ejecutivo.

También han surgido a lo largo de este debate en relación con el indulto cuestiones que normalmente preocupan respecto a esta institución. En primer lugar, lo que se refiere a su arbitrariedad, como se ha dicho reiteradamente. El indulto sabemos que es un recurso excepcional que debería quedar alejado de un uso arbitrario por parte de quien tiene atribuida esa medida de gracia, porque en caso contrario estaríamos conculcando los principios elementales del Estado de derecho. En segundo lugar, se ha hablado de su posible instrumentalización. El uso indebido de esa institución puede poner en tensión las competencias entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, hay una injerencia de un poder en el otro. Por ello es importante revisar tanto el procedimiento como estudiar las posibles fórmulas para evitar precisamente ese uso indebido y esa instrumentalización del indulto. Sucede lo mismo con la arbitrariedad; debemos buscar una fórmula para que esa concesión sea efectivamente motivada y presidida por criterios objetivos.

Sabemos que ante esta posible reforma hay un debate abierto y planteamientos distintos entre los grupos parlamentarios en relación con la configuración de la institución y sus requisitos, y también en relación con las cuestiones de tipo procedimental. Asímismo, hay un debate abierto sobre si la nueva regulación tendría que contener o no un catálogo de los supuestos de aplicación o inaplicación del indulto. El proponente hace referencia expresa a ello en su proposición de ley y nos ha ofrecido unas medidas concretas en la reforma, pero también ha invitado a cada uno de los grupos a que haga su correspondiente propuesta. Yo le aseguro que Convergència i Unió haremos la nuestra. Tenemos que analizar si tenemos que hacer una lista excluyente según la entidad del delito cometido, según la pena impuesta, el tiempo transcurrido desde la comisión del delito hasta la imposición de la condena y su ejecución, la alarma social que han supuesto los hechos cometidos e incluso las circunstancias personales y familiares de la persona que solicita el indulto, así como su evolución personal y penal desde la comisión del delito hasta que se ordena la ejecución de la pena y se propone el indulto. Otro de los aspectos a debatir que también se ha puesto de relieve en este debate es el relativo al órgano que tiene que conceder el indulto. Nosotros estamos de acuerdo en el análisis de estos aspectos e incluso iríamos más allá, porque el grupo proponente sugiere una reforma parcial y nosotros creemos que debemos abordar una reforma de la institución con mucha profundidad y hacerlo desde el consenso. Ha habido algún grupo que, a tenor de sus palabras, ha dado la impresión de que lo que quería era suprimir esta institución del indulto. Nosotros lo que proponemos, en su caso, es analizar el derecho comparado, como también ha dicho la portavoz de UPyD. Esta institución existe en otros países de nuestro entorno y tenemos que hacer un estudio en profundidad sobre cómo está regulada esta cuestión en esos países e impulsar finalmente esta reforma con la debida


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profundidad. En términos generales, estamos de acuerdo con el espíritu de la iniciativa, aunque no compartimos las medidas concretas que se proponen en el texto que hoy se ha defendido.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señora Surroca.

Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Villarrubia.

El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, mi grupo coincide en la necesidad de modificar la antigua Ley del Indulto del año 1870 para dar una señal a la sociedad de que de verdad queremos luchar contra la corrupción, que se ha extendido por nuestro país y que es un factor determinante para la desafección de la ciudadanía en lo público y en la política en general. Mi grupo ya planteó en septiembre de 2012 dos PNL -una debatida en la Comisión de fecha 26 de febrero de 2013 y que fue rechazada con los solos votos del Partido Popular- que pretendían con carácter general que no se puedan conceder indultos en casos relacionados con delitos de corrupción. También mi grupo presentó sendas proposiciones de ley, una en febrero de 2013 y la última el 17 de enero de 2014, cuya inclusión en el orden del día de hoy no ha sido posible para su debate de forma acumulada por oponerse el grupo proponente, La Izquierda Plural. Valoramos positivamente la proposición de ley de La Izquierda Plural, pero lamentamos la no acumulación de nuestra proposición de ley, tendente al mismo fin. Mi grupo parlamentario plantea una serie de reglas para que el indulto sea un instrumento que se aplique de forma excepcional, adaptado a los parámetros democráticos del Estado de derecho y para que se atienda primordialmente a la reinserción en la sociedad. En definitiva, se trata de garantizar que no sea un acto arbitrario y para ello se exige la motivación del mismo.

El indulto, señorías, tal y como lo entendemos, debería atenerse a las siguientes reglas: Uno, exclusión de la concesión del indulto, ni total ni parcial, cuando se trate de delitos cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función o cargo público o prevaliéndose del mismo con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero; es decir, cualquier delito de corrupción. Dos: sería nula y no debe producir efecto ni deberá ejecutarse por el tribunal a quien corresponda la resolución del indulto que no haga mención expresa al menos a: la pena sobre la que recaiga la gracia, el delito cometido, el estado de ejecución, en su caso, de la pena impuesta, el título de imputación, el origen de la solicitud del indulto y, finalmente, la motivación que, a juicio del Gobierno, ha justificado su concesión. Será exigible que, a juicio del magistrado o tribunal sentenciador, existan razones de justicia, equidad, utilidad pública o debida reinserción social del condenado para otorgar el indulto total. Además, se exige que la concesión de los indultos, cualquiera que sea su clase, se haga en real-decreto motivado que se publicará en el Boletín Oficial del Estado y que incluirá las razones de justicia, equidad, utilidad pública o debida reinserción social del penado que concurren en la concesión del indulto a juicio del Gobierno. Por último, se prevé la exigencia de que el Gobierno remita cada seis meses a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados copia de las resoluciones de los indultos concedidos, derivándose de esta exigencia que esta Comisión de Justicia pueda requerir al ministerio la remisión de los expedientes completos de indulto si lo considerara necesario.

Señorías, es preciso trasladar un mensaje político colectivo y positivo a los ciudadanos de que gobierne quien gobierne, a partir de hoy, a partir de cuando se apruebe esta ley, no será posible indultar por delitos cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función o cargo público o prevaliéndose del mismo; es decir, por delitos de corrupción que tanto daño hacen a nuestro sistema democrático. Esta expresión, esta concreción del rechazo de la corrupción en el ámbito público y de los corruptos cargos o funcionarios públicos y su exclusión del beneficio del indulto, es preciso verla cuanto antes convertida en ley y dejarnos de meras declaraciones. Compartimos, señorías, y así lo recogemos también en nuestra proposición de ley, la exigencia de motivación, de razonamiento del propio indulto que garantiza el cumplimiento de la interdicción de la arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos que consagra nuestro artículo 9.3 de la Constitución y, con el fin de evitar una conducta arbitraria, procederá a exigir que los reales decretos de indulto sean motivados con las razones que conducen al Gobierno a concederlo. Debe abrirse, a juicio de mi grupo, una vía de control judicial sobre el acto de indulto que resulte radicalmente inmotivado o que en su aparente motivación vulnere las condiciones de justicia, equidad, utilidad pública o contribución a la reinserción social del condenado.

Consideramos más adecuada la fórmula propuesta por nuestro grupo respecto de la previsión de una dación de cuentas al Congreso de los Diputados cada seis meses de los indultos concedidos -modificación del artículo 34- que la propuesta que hace en este caso Izquierda Unida de una Comisión mixta Congreso-


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Consejo General del Poder Judicial. No lo vemos, no nos parece que sea la mejor opción, aunque estemos de acuerdo en buena parte de la proposición. Esta vía de control completa la anterior al posibilitar el ejercicio del control político parlamentario sobre este específico ejercicio de las competencias del Gobierno. La Comisión de Justicia podrá requerir al ministerio para que remita copia íntegra de los expedientes de indulto y no basta la mera revisión periódica que recoge su proposición.

Señorías, es bien conocida la línea jurisprudencial de la Sala tercera del Tribunal Supremo conforme a la cual el ejercicio del derecho de gracia es un acto controlable en vía jurisdiccional pero exclusivamente en relación con los aspectos formales de su elaboración y tramitación y, en concreto, a si se han solicitado los informes que la ley establece como preceptivos aunque no vinculantes -artículos 19 a 32 de la vigente Ley de Indulto-. Considera mi grupo necesario reconocer que el indulto es y debe ser un recurso excepcional para dar por cumplida, total o parcialmente, la responsabilidad penal impuesta conforme a la ley por los juzgados y tribunales y que, en consecuencia, solo es democráticamente asumible cuando en su concesión concurran, desde luego, las razones de justicia, equidad o utilidad pública que hasta hoy requiere la Ley de 1870, pero también su incidencia en la reinserción social del condenado para así cumplir con la finalidad que la Constitución española atribuye a las penas. Para ello, deberá incluirse, a nuestro juicio, entre los informes el de la junta de tratamiento del centro penitenciario en el que el reo cumple su condena, pero, lo que es más relevante, que la concesión de indulto total requiera la conformidad del magistrado o tribunal sentenciador.

Señorías, gracias a la reforma del Código Penal que aprobamos consensuadamente, con alguna excepción, en el año 2010, nuestro derecho penal cuenta con los instrumentos necesarios para combatir con mayores garantías de eficacia todos los fenómenos de corrupción cuyo poder destructivo atenta contra el mismo núcleo del Estado de derecho. Dicha reforma endureció el tratamiento y tipificación de los conocidos como delitos de cuello blanco, es decir, la lucha contra la corrupción pública y privada, a la vez que se humanizó un poco el Código Penal por su excesiva dureza con los más débiles. Ahora, el Partido Popular pretende endurecerlo de nuevo con una reforma que nos retrotrae a épocas predemocráticas. El Gobierno del Partido Popular, señorías, lleva desde el inicio de su gestión adoptando decisiones que debilitan gravemente la lucha contra la corrupción, favoreciendo a los delincuentes económicos: decisiones como la amnistía fiscal, como la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, que quitan el desvalor de la conducta a los delincuentes fiscales que defraudan más de 120.000 euros criminalizando, por el contrario, a desempleados, trabajadores y pensionistas -vergüenza del debiera dar-; mediante relevos en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, en la Comisaría de la Oficina Judicial, reduciendo los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como los grupos de respuesta contra el crimen organizado, Greco; los jueces y fiscales piden más medios para luchar contra la corrupción; el Tribunal de Cuentas reconoce que la institución no está preparada para luchar contra la corrupción, se necesitan más agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad especializados; la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, del Cuerpo Nacional de Policía, la UDEF, está colapsada y también necesita más medios.

Voy concluyendo. En definitiva, para ser creíbles cuando hablan de perseguir la corrupción -y me dirijo a la bancada del Partido Popular- provean los medios allá donde se requieren para combatirla en lugar de recortarlos y apoyen esta reforma de la Ley del ejercicio de gracia o indulto que desde mi grupo también apoyaremos. Compartimos buena parte de la proposición de ley de Izquierda Unida y su oportunidad, no algunos aspectos que discutiríamos en el trámite legislativo si la proposición de ley es tomada en consideración porque es coincidente en buena parte con la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista. Es una iniciativa positiva y necesaria que votaremos a favor y debiéramos hacerlo todos para llegar luego a un denominador común de la reforma necesaria de esta ley como uno de los instrumentos para luchar contra la corrupción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señor Villarrubia.

Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Cortés.

La señora CORTÉS BURETA: Gracias, señor presidente.

Señorías, tomo la palabra en nombre del Grupo Popular para fijar posición respecto a la toma en consideración de la proposición de ley de reforma de la Ley que regula el ejercicio de la gracia del indulto. Señorías, el indulto es una medida de gracia de carácter excepcional consistente en la condenación total o parcial de las penas de los condenados por sentencia firme que otorga el rey a propuesta del Ministerio de Justicia y con la previa deliberación del Consejo de Ministros. Una medida que trata de evitar en


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ocasiones aspectos en los que la aplicación de la ley, por las circunstancias especiales del caso o porque todavía no se ha producido una adaptación o una modernización legal, causan al penado un perjuicio que se considera excesivo. Va dirigido a subsanar medidas injustas o que pueden resultar injustas de la aplicación estricta de la norma legal. Por eso el indulto se ha revelado como un instrumento satisfactorio para excluir esos efectos negativos de la aplicación estricta de esas normas. A partir de ahí se puede hacer un estudio o un análisis jurídico-constitucional -y coincido con algunos portavoces que así lo han puesto de manifiesto en esta tribuna- sobre el derecho de gracia y sobre una de sus manifestaciones, como es el derecho individual, que, por cierto, es la única que prevé nuestra Constitución y que nuestro ordenamiento permite y regula. Y se puede hacer un estudio para revisar esa regulación, para intentar modernizarla, revisarla, ampliarla, limitarla e incluso, como también se ha dicho aquí, derogarla y cambiarla por una nueva, pero siempre partiendo, como digo, de una base sólida y rigurosa de lo que subyace bajo la previsión legal. Digo esto porque tras escuchar atentamente las intervenciones que me han precedido en el uso de la palabra, no estoy segura de que esa sea la intención de todos los grupos de esta Cámara. Creo sinceramente que algunos de los grupos en el debate de esta tarde lo están utilizando como una excusa para verter más críticas hacia el Gobierno y creo que la oportunidad política y algunos prejuicios ideológicos han presidido alguna de las intervenciones aquí escuchadas; incluso me atrevería a decir que alguna de ellas en algún momento con un tono de enfado. A pesar de eso y a pesar de que votaremos en contra de la toma en consideración, mi grupo quiere dar una respuesta a la proposición de una manera serena, fundada, rigurosa y, por mi parte, si me permiten, también amable.

Como punto de partida quiero dejar constancia de que el Gobierno del Partido Popular en esta materia, como en todas, pero en esta también, se ha limitado a cumplir la ley, con la que se podrá estar menos de acuerdo, pero es la que está en vigor y es la que se ha cumplido escrupulosamente a la hora de decidir la concesión de indultos; concesiones cimentadas sólidamente en la función de válvula de seguridad del sistema penal que el indulto tiene reconocida y nunca en razones de oportunidad política. Digo esto porque en mi grupo tenemos la impresión de que cuando el Partido Popular gobierna, comportamientos que vienen siendo habituales con otros Gobiernos a nosotros se nos cuestionan, cuando lo único que hacemos es cumplir la ley. Es posible que sea una sensación infundada, es posible, y que nada más lejos de la intención de algunos portavoces que cuestionar la actitud de este Gobierno, pero, como digo, es la sensación que tenemos y, señorías, este Gobierno no hace nada que no se haya hecho antes a la hora de conceder indultos. Es verdad que la Ley que regula el indulto es de 1870, pero eso no es de ahora, es la ley por la que se ha regido la política de indultos durante toda la democracia y resulta que ahora aparece esa necesidad imperiosa de revisarla, que no digo que no sea necesaria esa revisión, como he dicho antes, pero casualmente se plantea cuando gobierna el Partido Popular. Es verdad que es una Ley de 1870, que no es una fecha precisamente cercana pero también es llamativo que se refieran a esa fecha como de otra época y como obsolescente grupos o portavoces de grupos que reclaman la vuelta a presuntas y pretendidas ilusiones de fechas anteriores incluso a 1715. (Aplausos).

Me he permitido leer las intervenciones de algunos de los portavoces en la Comisión de Justicia cuando se ha debatido este mismo asunto y en esas mismas intervenciones ya advertí la urgencia que algunos portavoces han puesto aquí de manifiesto. Y a partir de ahí me he tomado el trabajo de consultar algunos de los programas electorales de 2011 de algunas de las fuerzas políticas aquí representadas esperando encontrar la plasmación de esa preocupación y de ese interés. Cuál ha sido mi sorpresa cuando no he encontrado la necesidad o la propuesta de reformar la Ley de Indulto ni en el programa electoral de Izquierda Unida ni del Partido Socialista ni de UPyD, en ninguno de ellos, y tampoco, señorías, guardo yo en memoria ni en mi retina imágenes o eslóganes o lemas de campaña pidiendo la reforma del indulto. Quizás sea yo la culpable de no tener ese recuerdo, pero ¿alguien recuerda alguna de esas imágenes? ¿Alguien recuerda algún cartel o alguna camiseta, del color que sea, pidiendo la reforma de la Ley de Indulto? (Aplausos). Señorías, desde luego, no es ese mi caso. En concreto, le diré al portavoz del Grupo Socialista que ustedes que han gobernado durante tanto tiempo, también es curioso que no hayan tenido tiempo para reformar la ley. ¿Nunca han tenido la necesidad de hacer esa reforma en los más de veinte años que han gobernado? No me diga, señor Villarrubia, que eso no es llamativo.

A pesar de las dudas que puede suscitar su premura, voy a referirme a algunas de las cuestiones que se plantean en la proposición cuya toma en consideración estamos hoy debatiendo. Se destaca especialmente en la exposición de motivos la falta de motivación de los indultos y luego se propone incluir una serie de datos y de informaciones que constituirían esa motivación. Todos los indultos que concede el Gobierno se publican en el BOE y en cada real decreto de concesión de indulto figura el tribunal


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sentenciador, la fecha de la sentencia, la tipificación del delito, las penas impuestas, la fecha de los hechos, el contenido exacto de la gracia y sus condiciones. Y a partir de ahí en numerosas ocasiones lo que ocurre es que la concesión se debe a peculiares circunstancias humanitarias, personales, laborales, médicas o familiares del condenado y debe rechazarse la publicación de esas informaciones porque, si así fuese, se estaría socavando la intimidad del indultado y estaríamos colocando el beneficio de la gracia a la misma altura que el perjuicio que puede sufrir por la publicidad de tales circunstancias. En cualquier caso, se ha dicho hoy en esta tribuna que la ley no obliga a la motivación de los indultos y el Grupo Socialista lo sabe perfectamente porque fue el Partido Socialista en 1988, en la única reforma que ha sufrido esta ley, quien introdujo una enmienda que eliminó esa obligación de motivación.

También se propone en la proposición la necesidad de aportar información sobre los motivos de justicia, equidad o utilidad que llevan a la concesión de esa medida de gracia. En ese sentido debo recordar y señalar que el indulto es, por su propia naturaleza, una institución discrecional; discrecionalidad que en ningún caso arbitrariedad, como en esta tribuna se ha dicho o se ha insinuado. Este Gobierno es respetuoso con la ley, es respetuoso con la Constitución que precisamente en su artículo 9.3 prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos y no es justo que por el hecho de que la concesión de algún indulto haya resultado polémica, se ponga en entredicho y se cuestione la institución del indulto. Señorías, decisiones polémicas se toman en cualquier ámbito. En esta Cámara seguro que también hemos tomado alguna decisión política e incluso en sede judicial y no por eso nos cuestionamos el sistema parlamentario ni el sistema judicial. La polémica que ha rodeado la concesión de algún indulto creo que no nos debe servir de excusa para acusar a un Gobierno de arbitrario en sus decisiones y no debemos hacer del caso concreto la categoría. En cuanto a limitar o excluir algunos delitos de la gracia del indulto, he de decir, señorías, que en principio suponer de antemano que las condenas por determinados delitos no pueden ser indultadas podría generar una situación de desigualdad entre los condenados por sentencias firmes en sede judicial. Se presenta una lista de delitos, pero yo creo que todos nosotros tendríamos nuestra particular lista, porque ¿con qué criterio se hace esa lista? ¿Se pretenden excluir los delitos que tienen mayor penalidad en el Código Penal? ¿Aquellos que reciben mayor reproche de los ciudadanos? ¿Por qué incluye el delito de torturas y no otros delitos contra la vida o la integridad física como el homicidio o el asesinato? ¿Por qué unos delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico y otros no? Seguramente son preguntas difíciles de responder, señorías; lo sé.

Se propone también la participación del Congreso de los Diputados y del Consejo General del Poder Judicial. La verdad es que la competencia para otorgar el indulto la tiene otorgada el Ejecutivo, el Legislativo no tiene competencia y el Judicial ya interviene porque informa al Gobierno sobre las peticiones de indulto y en concreto sus informes son absolutamente preceptivos. La petición de que el Gobierno dé cuenta de los indultos concedidos, señorías, forma parte de la actividad del Gobierno. El Gobierno da cuenta de su actuación en sede parlamentaria porque para eso se somete al control parlamentario y esta es la sede en la que se da esa información. Señorías, la clemencia, su expresión de perdón de delitos y penas, cuenta con una existencia casi inmemorial. La facultad de clemencia, la prerrogativa de perdón y la condonación en materia de ejecución, una vez dictada la condena, han sido sin lugar a dudas una constante en nuestra tradición histórica. A pesar de esa larga tradición, el indulto sigue ejerciendo en un Estado constitucional una serie de funciones que no pueden alejarse en modo alguno de la consecución de los valores y principios fundamentales de un ordenamiento que tiene en la justicia, en la libertad, en la igualdad y el pluralismo sus piedras angulares. Hay que hacer conciliable el derecho de gracia con el Estado de derecho, y se pueden dar todos los argumentos que queramos para justificar ese derecho de gracia, pero la verdad es que existe porque la Constitución lo prevé, y lo prevé además de una manera extraordinaria, y prueba de ello es que el Gobierno lo utiliza como tal: se vienen dando el 6 o el 7 % de las peticiones de indulto que el Gobierno recibe. Aun así -y voy acabando, presidente-, el Gobierno ha manifestado la voluntad de aplicar la ley con el mejor ánimo posible, buscando la equidad y procurando hacer un análisis mucho más riguroso, si cabe, de los procesos. El Grupo Popular, señorías, es consciente de que, en efecto, la ley actual de indulto es susceptible de ser adaptada al actual ordenamiento y a las actuales técnicas normativas. Sin embargo, eso no conlleva que tal norma sea opaca ni arbitraria ni injusta. Entendemos que debe hacerse desde el rigor, huyendo del oportunismo político y de los casos concretos, y atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y siempre, siempre movidos por el interés general.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señora Cortés.


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PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE RECLAMACIÓN A LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEL RESPETO A LOS PRINCIPIOS UNIVERSALES DE LA DEMOCRACIA, DEL ESTADO DE DERECHO Y DE LOS DERECHOS HUMANOS. (Número de expediente 162/000887).

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Pasamos al punto III del orden del día, relativo a proposiciones no de ley. En primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre reclamación a la República Bolivariana de Venezuela del respeto a los principios universales de la democracia, del Estado de derecho y de los derechos humanos. Para la presentación de esta proposición no de ley, tiene la palabra la diputada señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, presidente.

Señorías, empiezo por afirmar dos obviedades en las que creo que todos estaremos de acuerdo: la primera es que Venezuela es hoy un país al borde del colapso, y la segunda es que Venezuela ha sido durante siglos un país amigo y un país hermano. Por tanto, si Venezuela está al borde del colapso y es un país hermano, la conclusión obvia que se deduce es que los demócratas españoles deberíamos hacer algo, y ya se nos está haciendo un poco tarde, ya se nos han adelantado otros parlamentos respecto a hacer algo. Por eso mi grupo se honra en traer hoy aquí esta iniciativa para que esta Cámara tome posición respecto al conflicto que está viviendo Venezuela.

Digo que la situación es de colapso y lo es en distintos capítulos: en el económico, en el de seguridad y en el político. En el económico, la inflación alcanzó el año pasado el 53 %. Hay una evidente fuga de inversiones, un empobrecimiento generalizado de las clases medias y de las clases trabajadoras, mientras aumentan los privilegios de la nomenclatura ligada al chavismo. El desabastecimiento de productos ha sido, de hecho, el detonante para que muchos venezolanos salieran a la calle a protestar. Paradójicamente esto sucede en un país rico en petróleo, que a pesar de tener esa riqueza natural no ha sabido dedicarla al bienestar de la población, sino a fomentar las estructuras clientelares del chavismo. Hablo de la pobreza, pero hablo también de la inseguridad que se ha ido apoderando de Venezuela. En 2013 se cometieron 25.000 homicidios, frente a los 5.000 de hace quince años. Venezuela es hoy el tercer país más violento del mundo, y esta altísima tasa de criminalidad se explica en parte por la impunidad de que gozan los delincuentes, una impunidad y una criminalidad que se ha extendido en los últimos tiempos a la violencia de carácter político. El Gobierno ha dado alas a grupos parapoliciales y con ello ha perdido el monopolio de la violencia propio de los Estados, lo que da idea de la gravedad de la situación en que se encuentra el país. En la violencia de las últimas semanas han participado estos grupos parapoliciales y también manifestantes contrarios al Gobierno. Sin embargo, señorías, sería mucho más grave que un error político, sería un error moral de primera magnitud elegir la equidistancia en una situación como esta. De los 21 muertos de las últimas semanas -que son en realidad 22 con uno más que hubo ayer por la noche, con un último estudiante fallecido ayer mismo-, 2 son policías. De los 318 heridos, 80 son miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Lamentamos y condenamos todas las muertes y todas las vulneraciones de los derechos humanos, pedimos que se investiguen estas muertes y que se castigue a los culpables en juicios justos con plenas garantías para los acusados. Nos solidarizamos con las víctimas, pero creemos que sería un ejercicio de cinismo inconmensurable tratar, insisto, de establecer una equidistancia entre las dos posiciones enfrentadas hoy en Venezuela cuando una de ellas controla todas las instituciones -el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, ha laminado el Poder Judicial y está laminando todos los controles y equilibrios, entre ellos el control de la prensa de manera muy evidente- y, además, ha estimulado la creación de esos grupos paramilitares que hoy suponen el mayor foco violento y el mayor riesgo para el país.

Hablo también del colapso político. De los tres líderes de la oposición más destacados, uno de ellos está en la cárcel, Leopoldo López, y los otros dos -Enrique Capriles y Corina Machado- han discrepado sobre la necesidad o no de estas protestas callejeras, pero se han mostrado inequívocamente contrarios a la violencia. Por el contrario, el presidente del país, el señor Maduro, hizo una evidente alusión a esos grupos parapoliciales instándoles a tomarse la venganza por su mano recientemente cuando afirmó en relación con las hogueras y las barricadas que hay en las calles de todo el país: candelita que se prenda, candelita que se apaga, con los métodos a los que ya nos tienen acostumbrados esos grupos parapoliciales.


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Creemos que nuestro Gobierno -y si no, desde luego este Parlamento- debe actuar en una crisis como esta. Ya sabemos que el presidente del Gobierno tiene que superar cierta pereza para pronunciarse sobre las cuestiones internacionales. Hoy mismo hemos descubierto que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, le ha tenido que llamar por teléfono para saber cuál es la postura de España respecto a Ucrania, porque después de rebuscar en la prensa internacional y en los informes de sus embajadas no tenía clara cuál es la postura de España. Lo mismo le podría haber ocurrido con Venezuela y esperamos que esta resolución sirva, entre otras cosas, para que el resto de los países y Gobiernos sepan cuál es la postura de España al respecto. Nos hace sentir cierto bochorno esta inhibición permanente de nuestro Gobierno en todos los conflictos del mundo, pero particularmente nos haría sentir un gran bochorno y un gran ridículo que tuviera que llamar al Gobierno el presidente Obama para interesarse por la posición de España respecto a Venezuela, insisto, un país con lazos históricos y emocionales evidentes con nuestro país.

Pensamos que es urgente -y eso es lo que propone nuestra iniciativa- que el Gobierno reclame al Gobierno venezolano un escrupuloso respeto a los derechos humanos, que le inste a actuar para trasladar la calma a la sociedad y no para azuzar más la espiral de violencia en que está inmerso el país, porque si no, se pasaría del colapso al derrumbe. Sería muy triste para los venezolanos, pero también sería muy triste para nosotros, como demócratas españoles, pensar que no aprovechamos nuestra influencia y nuestro ascendente sobre ese país para hacer algo al respecto, para contribuir a que el conflicto se encauce y se resuelva de forma pacífica. Esa es la visión generosa, la que tenemos y la que creemos que compartimos todos los grupos de esta Cámara, la que reclama para todos los ciudadanos del mundo los mismos derechos de los que nosotros disfrutamos aquí. Pero hay también una visión más prosaica y más egoísta; egoísta en el mejor sentido. En términos políticos pragmáticos todos sabemos que donde hay democracia y Estado de derecho hay mayor estabilidad alrededor. Por tanto, nos interesa a todos que haya democracia en Venezuela. La visión cortoplacista que el Gobierno ha impuesto en las relaciones exteriores de España es inaceptable en este caso. Hipotecar los principios democráticos y la estabilidad de cualquier región del mundo a una venta masiva de armas o a un nuevo contrato para una de nuestras empresas sencillamente no es aceptable desde el punto de vista democrático. A corto plazo puede suponer una ventaja desde el punto de vista económico, pero mañana será un lastre y habremos hipotecado nuestra posición y nuestro prestigio internacional. Insisto, solo desde esta visión cortoplacista y provinciana se entiende la reacción del Gobierno.

No quiero extenderme mucho más. Hemos ofrecido a los grupos que nos han presentado enmiendas -enmiendas que agradecemos por el interés que denotan- una transaccional tratando de integrar las distintas visiones, las del Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista -que se han constituido de manera insólita en un solo grupo al enmendarnos conjuntamente- y la del Grupo Parlamentario Vasco (PNV). Les hemos ofrecido una transaccional que en realidad se queda por debajo de la resolución aprobada por el Parlamento Europeo hace apenas un par de semanas. En esa resolución el Parlamento Europeo iba mucho más lejos de lo que incluso nosotros hoy estamos dispuestos a ir con ustedes. Recordaba al Gobierno de Venezuela que la libertad de expresión y el derecho a participar en manifestaciones pacificas son derechos fundamentales en toda democracia; recuerda también el Parlamento Europeo al Gobierno de Venezuela su obligación de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos del país; recuerda que el principio de separación de poderes es fundamental en un régimen democrático y que el sistema judicial no puede ser utilizado como medio de persecución política, y pide -solo voy a leer una más de las resoluciones adoptadas por el Parlamento Europeo- a las autoridades venezolanas que desarmen y disuelvan inmediatamente a los grupos armados descontrolados.

Señorías, para nosotros es lamentable que hasta este momento el Gobierno no haya hecho nada respecto a Venezuela. Confiamos en poder acordar con el Gobierno y en que de esta Cámara salga una resolución, puesto que, si el Gobierno no lo hiciera en este momento, lo único que haría sería reforzar la posición del presidente Maduro. En todo caso, lo que no creemos es que nos debamos quedar por debajo del Parlamento Europeo. Sería un desdoro para los lazos históricos de España con Venezuela y sería un desdoro para nuestra democracia.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señora Lozano.

Pasamos a la defensa de las enmiendas presentadas por los grupos. En primer lugar, para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Esteban.


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El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.

Voy a limitarme a hablar de lo que nos trae aquí, sobre todo de la situación que se está dando en los últimos tiempos, en las últimas semanas en Venezuela. No voy a decir que sea un país que está al borde del colapso; no tengo datos para afirmarlo ni para desmentirlo. Que la situación económica es complicada es cierto, también que tiene grandes recursos para salir adelante; que ha aumentado el porcentaje de violencia en las calles, no por estos sucesos sino en general, es cierto, pero también es un país que, por otra parte, está realizando unas elecciones, está manteniendo unas elecciones y tiene una estructura, en principio, de Estado de derecho.

A partir de ahí creo que lo que esta Cámara tiene que hacer es -eso sí me parece que sería importante- tomar posición sobre las circunstancias que concurren en los últimos sucesos. Lo primero que creo que hay que manifestar por parte de toda la Cámara es la preocupación por que se produzcan estos sucesos violentos y de enfrentamiento que en un principio estaban más extendidos en todo el país y que en estos momentos se están produciendo ya en puntos más localizados. Son unos sucesos violentos que están azuzados por los extremos, porque extremos hay en todas las partes, tanto en lo que podrían ser los grupos políticos que soportan a la mayoría gubernamental como en los grupos políticos que forman parte de la oposición y que también se sitúan en el extremo. Lo que creo que debe hacer este Parlamento es fomentar el diálogo y el encuentro entre esos grupos que no se encuentran en el extremo. En ese sentido, creo que hay que solidarizarse, porque es un derecho ciudadano, con aquellos ciudadanos que se manifiesten pacíficamente. Esto es importante. El que la manifestación se haga de manera pacífica hay que subrayarlo y que los mecanismos del orden público se hagan proporcionalmente es lo que tenemos que pedir desde este Parlamento. Creemos que precisamente porque el Gobierno tiene la legitimidad del uso de la fuerza pública debe ser proporcionado el uso de ella y debe haber mecanismos de orden público con estándares de respeto y garantía de los derechos humanos. ¿En aras de qué? De que de esta manera el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado quede subrayado y pueda respetarse la libertad de expresión y de manifestación, los derechos políticos y sociales de los ciudadanos. Creo que también coincidiremos en que sería positivo que se produjeran investigaciones de oficio, independientes y transparentes sobre las violaciones de derechos humanos que hayan podido suceder en estas últimas semanas, que haya un debido proceso y garantías para los detenidos y también que a quien haya cometido abusos contra estas personas se le pueda procesar respetándose todas las garantías, como parece ser que han llegado noticias de que algunos funcionarios policiales han sido detenidos. El Estado de derecho está ahí y los mecanismos son utilizables; utilícense de forma razonable y democrática.

En algunos momentos se ha elevado el tono por parte de algunos representantes políticos que apoyan al Gobierno y de algunos líderes concretos de la oposición. Creo que habría que hacer un llamamiento a que no se cometan actos de violencia, descartando sobre todo los ataques a personas únicamente porque sean diferentes a la ideología que ellos propugnan. Creo que ese llamamiento hay que hacerlo a ambos lados de la barrera. Es una sociedad fuertemente polarizada, que exige un desarme verbal para evitar un enfrentamiento civil generalizado que lo único que podría traer sería el caos social y económico. Por eso animamos a un diálogo sincero entre todas las fuerzas políticas del país para resolver los actuales problemas que este tiene. Pensamos que la Organización de Estados Americanos puede coadyuvar a la distensión, puede contribuir a las soluciones negociadas dentro del Estado de derecho. Creemos que es importante la labor que pueda hacer la Celac, que ya el pasado 17 de febrero emitió un comunicado sobre la situación que se estaba produciendo en Venezuela.

Voy concluyendo. Creo que hay que acertar en diplomacia, cuando se habla con otros países, en el contenido y en las formas, desde la firmeza de la defensa de los derechos humanos, pero acertando en la forma del mensaje que se quiere enviar. Su iniciativa está ahí, pero lo que no sería bueno para la imagen del Estado, y creo que tampoco para los ciudadanos y las ciudadanas de Venezuela, es que no saliera ninguna resolución de esta Cámara en el día de hoy. Por eso quiero pedir al grupo proponente que reflexione. Tiene ahí ofertas. Tiene una oferta de enmiendas por parte de mi grupo, pero también por parte de los dos grupos mayoritarios, en las que más o menos podemos vernos reflejados -con más o menos vehemencia defenderíamos algunas cosas- todos los grupos de la Cámara y de esta manera mandar un mensaje directo, claro, en los términos precisos, para que sepa la ciudadanía venezolana que estamos preocupados por esa situación y que estamos siguiéndola. Enrocarse en los términos en los que su propuesta ha sido planteada -insisto, es importante el contenido, pero también lo son las formas- sería algo no positivo para esta Cámara, para lo que puede representar el Estado


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hacia Latinoamérica, pero sobre todo sería algo no positivo para la totalidad, diría yo, de los ciudadanos de ese país, de Venezuela.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señor Esteban.

Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor González Cabaña.

El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Muchas gracias, señor presidente.

Negar que Venezuela vive en estos últimos días una situación de fuerte conflictividad social sería negar la evidencia, y no es esa nuestra intención, pero el análisis de la situación venezolana no puede hacerse desde la mirada única, desde una perspectiva exclusivamente de parte. En este punto me gustaría recordar algunas palabras del discurso de Gabriel García Márquez en la aceptación del premio Nobel en 1982. Decía: No es difícil entender que los talentos racionales de este lado del mundo, extasiados en la contemplación de sus propias culturas, se hayan quedado sin un método válido para interpretarnos. Es comprensible que insistan en medirnos con la misma vara con que se miden a sí mismos, sin recordar que los estragos de la vida no son iguales para todos y que la búsqueda de la identidad propia es tan ardua y sangrienta para nosotros como lo fue para ellos. La interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos solo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más solitarios. Tal vez la Europa venerable sería más comprensiva si tratara de vernos en su propio pasado. Creo que los europeos de espíritu clarificador, los que luchan también aquí por una patria grande, más humana y más justa, podrían ayudarnos mejor si revisaran a fondo su manera de vernos. La solidaridad con nuestros sueños no nos haría sentir menos solos, mientras no se concrete con actos de respaldo legítimo a los pueblos que asuman la ilusión de tener una vida propia en el reparto del mundo. De ahí que nosotros pensemos que cualquier análisis de una realidad social o política tiene que hacerse desde una perspectiva múltiple, de ahí que no podamos prescindir de las declaraciones de la alta representante de la Unión Europea, la señora Ashton, en las que condena el uso de la violencia por todas las partes y pide, no solo al Gobierno sino también a la oposición, un diálogo global al mismo tiempo que la investigación a fondo y de manera imparcial, conforme al debido proceso legal de las posibles violaciones de derechos humanos. Si no podemos prescindir de la mirada europea, tampoco podemos hacerlo con la mirada regional. La voluntad manifestada por los organismos regionales, la Celac y la OEA, de rechazo de la violencia y promoción de la paz, la estabilidad y el desarrollo desde la garantía de la institucionalidad democrática, el respeto a la ley, la información fidedigna y veraz, así como el pleno respeto de todos los derechos humanos, alentando al diálogo entre todas las fuerzas del país en aras de la paz y la unidad nacional. Nos negamos, por tanto, a abordar la realidad desde la mirada única y proponemos hacerlo desde la perspectiva global, como demanda Amnistía Internacional.

Un segundo elemento que nos aleja de la posición fijada por UPyD en su PNL es lo que llamaríamos la visión maniquea. No podemos caer en un análisis simplista de la situación hablando de buenos y malos, porque con frecuencia ocurre que en situaciones conflictivas como la que se vive en estos momentos en la República Bolivariana de Venezuela, la delgada línea roja que separa a los supuestos buenos de los supuestos malos se traspasa a diario con bastante facilidad y algunos buenos pasan a ser malos y algunos malos pasan a ser buenos, lo que nos lleva a pensar que ni los buenos eran todos tan buenos ni los malos eran todos tan malos. Por tanto, dejemos todos de repartir culpabilidades según nuestro propio interés político y atengámonos a la mayor objetividad posible en un tema tan trágico y tan doloroso. Convendría distinguir, de una parte, un gobierno legítimo y una oposición democrática donde, por cierto, militan nuestros partidos hermanos y, de otra, aquellos que desde un extremo y desde otro ponen en cuestión la legitimidad del Gobierno y de la oposición. Por lo tanto, conviene tomar distancia con respecto a la visión maniquea y acercarnos a una visión más global. Ni podemos aceptar la mirada única sobre la realidad venezolana ni la visión maniquea sobre los actores de esa realidad. Debemos mostrar nuestra preocupación, yo diría que honda preocupación, sobre lo que allí sucede, así como nuestro talante conciliador para contribuir a la solución de la crisis, sin alentar comportamientos que solo pueden generar reacciones virulentas y contribuir a enconar el conflicto. El Partido Socialista tiene y ha tenido siempre la defensa de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos como línea directriz básica de la política exterior y las relaciones internacionales. En este punto creemos necesario apostar por una política exterior propia española que no se ampare solo en la política exterior de la Unión Europea, tanto en relación con Latinoamérica en general como con Venezuela en particular. Es en esa dirección en la que parece que


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apuesta el informe presentado recientemente por el Instituto Elcano y llamado hacia una renovación estratégica de la política exterior.

Los gobiernos socialistas fomentaron el diálogo, el fortalecimiento institucional y la cohesión social en Iberoamérica. De ahí que pensemos que la política exterior de nuestro país ni puede huir de esas responsabilidades, ni puede basarse en voladuras controladas. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Nosotros, desde nuestra actual situación de oposición, no vamos a renunciar a la búsqueda de consenso, sobre todo con quien es responsable de nuestra política exterior en estos momentos, que no es otro que el actual Gobierno de España, porque a lo que tampoco vamos a renunciar por intereses partidistas en la oposición es a lo que nunca renunciamos cuando fuimos gobierno, la responsabilidad de Estado a la que apelamos en el día de hoy.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchísimas gracias, señor diputado.

Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Mariscal.

El señor MARISCAL ANAYA: El Grupo Parlamentario Popular siempre ha apoyado la defensa de los derechos humanos y de la libertad, ha demostrado su compromiso con los valores democráticos y el rechazo a toda forma de violencia y de opresión contra esos principios. Por tanto, compartimos la preocupación sobre la situación de Venezuela.

Señorías, existe un vínculo con ese país muy poderoso, histórico, lingüístico, cultural, económico, que nos hace ser parte de lo mismo, de un todo de la comunidad iberoamericana. Por ello nos duele aún más el sufrimiento que están padeciendo los venezolanos. Nos duele como si lo estuviésemos padeciendo aquí mismo, en España. Hay más de 200.000 españoles viviendo en Venezuela. Son dolorosos los signos de fractura social que se observan en el país. Por un lado, la violencia política desatada tras la manifestación de estudiantes de la Universidad de Los Andes, y especialmente tras la protesta pacífica del pasado 12 de febrero. Veinte muertos, a cuyos familiares transmitimos nuestro más sincero pésame, más de 350 heridos y más de 1.000 detenidos. No quisiera obviar que entre los fallecidos se encuentra un ciudadano español y que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha solicitado las explicaciones oportunas sobre los hechos que motivaron la muerte violenta a las autoridades venezolanas, que son las competentes para investigar los hechos. Por otro lado, la situación económica y social de la Venezuela real es preocupante, con una inflación superior al 50 % y con una escasez que se cifra en torno al 28 %, tanto en la cesta básica como en los medicamentos. El no hay se ha convertido en una expresión frecuente en los anaqueles de las tiendas. Por último, los índices de delincuencia y seguridad son alarmantes, más de 25.000 muertes en 2013.

Lo que acabo de describir nos muestra una situación extremadamente compleja que debería invitar a toda la Cámara a una mirada responsable, prudente y constructiva. En el Partido Popular no hacemos otra cosa que lo que hacemos siempre. Lo mismo que queremos para los españoles lo deseamos para todos los venezolanos. Por eso estamos de acuerdo con el fondo de esta proposición, pero carece de los elementos fundamentales que creemos esenciales, motivo por el cual hemos presentado una enmienda en la que incorporamos la condena al uso de la violencia y una respuesta a la crisis que debe pasar por el diálogo. Creemos además que es fundamental el respeto sin restricciones y dentro de la legalidad de la libertad de expresión, asociación, manifestación y acción política. También nos preocupan, obviamente, las setenta y ocho agresiones a profesionales de los medios que han sido denunciadas. En tercer lugar, queremos promover el diálogo, que es una obligación de todos los Gobiernos democráticos, un diálogo sincero e inclusivo. La sociedad venezolana está muy polarizada, y declaraciones como las escuchadas el pasado 5 de marzo no ayudan ni contribuyen en absoluto a rebajar la tensión. En cuarto lugar, nos parece muy relevante lo suscrito por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Celac, el pasado mes de febrero en Costa Rica y que anteriormente mencionó el diputado socialista. En quinto lugar, pedimos a todas las partes que muestren de forma clara en sus declaraciones y acciones su respeto al Estado de derecho y al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación de forma pacífica, todo ello en la línea de lo que dijo hace unos días el ministro García-Margallo. Pidió respeto al derecho de manifestación e hizo un llamamiento a todas las partes a la calma, a la contención, al respeto de los derechos humanos y a la libertad de expresión.

Señorías, creemos que nuestro Gobierno, como así hace, debe tener una relación estrecha con Venezuela y un diálogo crítico con un país, con un Gobierno, que representa un prisma geoestratégico, papel central en la política y en la economía dentro de la comunidad iberoamericana. Nuestro trabajo


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como parlamentarios, y aún más si cabe en el caso que hoy nos ocupa, debe conducirnos a ser eficaces en nuestra acción política y, por tanto, a propiciar un diálogo que lleve al Gobierno venezolano a velar por un mayor respeto de los derechos humanos, a formas de gobernar no excluyentes y, finalmente, a un discurso de reconciliación nacional. (Aplausos). Encender los ánimos aún más no beneficia en absoluto al pueblo venezolan. El Gobierno español y este grupo parlamentario creen necesario continuar trabajando desde el compromiso y responsabilidad que mantenemos con los organismos regionales latinoamericanos, Celac o Unasur, con el fin de que haya mayor estabilidad, diálogo y, al final, un resultado positivo para la convivencia de todos los venezolanos.

Quisiera finalizar con unas palabras de un referente liberal, del premio Nobel Mario Vargas Llosa, palabras esperanzadoras. Recientemente escribía, refiriéndose a la situación que está viviendo la República Bolivariana de Venezuela, lo siguiente: Este lamentable espectáculo no debe desmoralizarnos a quienes creemos que, pese a tantos indicios en contrario, la cultura de la libertad ha echado raíces en el continente latinoamericano y no volverá a ser erradicada en el futuro inmediato como tantas veces en el pasado. Me permitiré añadir un pequeño apunte; también de nosotros como miembros de la comunidad iberoamericana dependerá que así sea.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Mariscal.

En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto, señora Pérez.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señora Lozano, empiezo por recomendarle que no es bueno elaborar iniciativas de este tipo con las vísceras, de una manera totalmente subjetiva, sesgada, tendenciosa y partidaria. La democracia venezolana ha sido refrendada en los últimos catorce años por diecinueve procesos electorales que desde 1998 contaron con observadores internacionales que las consideraron válidas, limpias y democráticas. (El señor presidente ocupa la Presidencia). No podemos decir lo mismo de otros países del mismo continente y, sin embargo, no hemos visto ninguna PNL de ustedes al respecto. Que hay violencia en Venezuela es un hecho objetivo en el que coincidimos, sí, pero ustedes saben como nosotros que el argumento de la violencia ha formado parte muchas veces de derrocamientos de Gobiernos democráticos y soberanos como, por ejemplo, el de Salvador Allende en 1973. No sabemos si ustedes defienden aquel golpe de Estado; nosotros desde luego no.

Señora Lozano, coincidimos en que la violencia es un problema, pero el principal problema que tiene Venezuela no es este, es, como en tantos otros casos, que mientras el Gobierno de Venezuela lucha por mantener su soberanía y por construir una sociedad más igualitaria, la política imperial de Estados Unidos no lo consiente ni lo soporta. El papel de Venezuela en la región, su política energética y su decisión de construir alianzas políticas y comerciales independientes de Estados Unidos son la causa de los principales problemas que tiene Venezuela. Señora Lozano, la Celac, Unasur, Mercosur o el Movimiento de Países no Alineados han reiterado su respaldo al Gobierno constitucional de Venezuela y han exigido respeto a su soberanía. Es más, el 7 de marzo, la OEA ha declarado que en Venezuela se está confrontando un intento de derrocamiento del Gobierno legítimo y constitucional. Todo esto, señoría, es la realidad no manipulada. Ustedes, es evidente -termino, presidente-, van en la dirección contraria, en la de alentar a los desestabilizadores, en la de la presión y en la de la injerencia externa en un país soberano; dirección con la que no concordamos, por lo que votaremos en contra de su proposición.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez Fernández.

Señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señorías, los republicanos catalanes subimos a la tribuna para defender la democracia en Venezuela. Un Gobierno legítimo nacido en las urnas solo puede ser sustituido por otro nacido igualmente en las urnas. Señora Lozano, estoy convencido de que usted está de acuerdo con lo dicho, por lo que no tiene ningún sentido que ustedes condenen la kale borroka en Europa y en cambio pudiera parecer -digo que pudiera parecer- que ustedes avalan la kale borroka en Venezuela, en las calles de Caracas. ¿A qué viene esta contradicción?


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La victoria electoral de Nicolás Maduro fue incuestionable en las elecciones presidenciales y fue extraordinaria en las municipales del mes de noviembre, donde el 70 % de los municipios votaron por las fuerzas bolivarianas. Por tanto, ¿a qué responde la incapacidad de los sectores pudientes y poderosos de la sociedad venezolana de no querer aceptar el resultado democrático? Son los protagonistas de acciones violentas de todo tipo para sembrar el caos y provocar una fractura en la sociedad venezolana. Se han producido incluso algunos actos salvajes como, por ejemplo, poner cables en las calles para que las personas que circulasen con motocicletas se degollaran; ha habido destrozos y uso de armas de fuego con resultado de muertes y heridos, todo ello al servicio de fracturar la sociedad.

Yo no subo aquí a hablar de los logros de la revolución bolivariana, que los ha habido y muy intensos; venimos, repito, a defender la democracia y evidentemente a denunciar la hipocresía de la derecha, que ya nos tiene acostumbrados a esto, no solamente en el caso venezolano, sino también en el caso de Bolivia o, por ejemplo, de la República de Cuba. La democracia es imbatible y les recuerdo que veintinueve de los treinta y dos Estados de la Organización de Estados Americanos hace tan solo unas horas han denunciado el intento de derrocamiento de un Gobierno legítimo, por lo que indudablemente instamos al Gobierno de Venezuela a hacer un llamamiento a la paz, a buscar el entendimiento y el diálogo así como a ser prudentes y a respetar, como no puede ser de otra manera, todo aquello que tiene que ver con los derechos civiles. Aun así, repito, denunciamos el jaque que se pretende hacer a un Gobierno legítimo nacido en las urnas y que, reitero, solo puede ser sustituido por la acción de los sufragios.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.

Señora Enbeita.

La señora ENBEITA MAGUREGI: Gracias, señor presidente.

Señorías, cuando hablamos de Venezuela, desde Amaiur nos gusta empezar afirmando que Venezuela es un Estado democrático. Las denominadas Fuerzas Bolivarianas han ganado las elecciones dieciocho veces. Es cierto que hay sectores en Venezuela que han mostrado su insatisfacción ante ciertas políticas del Gobierno o ante casos de corrupción y han promovido el cambio de manera pacífica y legal, y creemos que esa oposición es necesaria para la democracia de Venezuela. Lamentablemente hay otra oposición que se beneficia de los medios de información de occidente para legitimar sus intereses meramente golpistas. Ya en 2003 Amnistía Internacional alertó sobre la instrumentalización del discurso de los derechos humanos en Venezuela y ahora todavía hablamos de que no hay libertad de expresión, de que no hay libertad de manifestación cuando aquí, en el Estado español, se han cerrado periódicos para torturar y encarcelar a sus directores y nadie ha dicho nada. Ciertos sectores de la oposición venezolana intentan crear una opinión según la cual en Venezuela unos jóvenes o parte de la población ejerce su derecho a la protesta pacífica y son reprimidos y asesinados por el Estado o por las fuerzas del Estado. Eso, señorías, no es cierto o no es del todo cierto. Es verdad que ha habido abusos y ha habido agentes que han sido juzgados y condenados por estos hechos, pero, señorías, no nos olvidemos de que en la oposición venezolana hay una violencia organizada contra bienes y personas que ya se ha cargado a muchos. La situación es lamentable, pero el Gobierno de Venezuela ha reaccionado -con esto acabo, señor presidente-, ha llamado a una conferencia nacional de paz a la que ha invitado al conjunto de fuerzas políticas y sociales. A lo mejor el Estado español también podría imitar esa actitud. Los problemas se arreglan negociando. Creemos que todos y todas los que de verdad se encuentran preocupados por la situación en Venezuela deben apoyar este paso al diálogo nacional.

Para acabar, quisiera desde esta tribuna recordar a todas las personas que fueron víctimas hace diez años de los atentados del 11-Ministro, así como un recuerdo especial para Angel Berrueta y Kontxi Sanchiz, que también fueron víctimas de las mentiras del Partido Popular y que jamás fueron reconocidas como tales.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Enbeita.

Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Nuet.

El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente.

Nicolás Maduro, presidente legítimo de Venezuela desde abril de 2013, hace frente a una oposición que aspira a retomar el poder que perdió en 1998. Como esa oposición perdió las elecciones presidenciales de abril de 2013 por una diferencia de 1,59 %, la oposición rechazó, primero, los resultados electorales,


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avalados no obstante por algunas de las más importantes instituciones internacionales (la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y también el Centro Carter). Contra todo pronóstico las elecciones municipales se transformaron en un plebiscito a favor del poder chavista, que ganó el 76 % de los municipios contra el 23 % para la coalición que agrupó a toda la oposición. Desmoralizada la oposición por este serio revés y viendo que la perspectiva de una reconquista del poder por la vía democrática se alejaba otra vez porque las próximas elecciones, las legislativas, serán en diciembre de 2015, la oposición ha decidido reproducir el esquema de abril de 2002 que desembocó en un golpe de Estado mediático-militar contra el presidente Hugo Chávez y que en su día -no lo olvidemos- tuvo el apoyo y la comprensión del Gobierno del Partido Popular de José María Aznar y no sé si hoy tendría el apoyo y la comprensión de Unión Progreso y Democracia. El 6 de febrero de 2014, tras una manifestación de la oposición, un grupo de un centenar de estudiantes encapuchados ataca la residencia del gobernador del Estado de Táchira hiriendo a una decena de policías. La misma semana, varias manifestaciones de la oposición se suceden en diferentes Estados y degeneran todas en violencia de forma sincronizada. El 12 de febrero del año 2014 otra manifestación orquestada por la oposición frente al ministerio público, compuesta de estudiantes de las universidades privadas organizados en grupos de choque, resulta ser de una violencia inaudita: tres muertos, un centenar de heridos e innumerables daños materiales. Los siguientes días los manifestantes, oficialmente movilizados contra la vida cara y la inseguridad, se instalan en la plaza Altamira, situada en un barrio rico de Caracas. Desde hace varios meses Venezuela sufre una guerra económica orquestada por la oposición que controla aún amplios sectores, como la organización artificial de penurias, de acaparamiento de productos de primera necesidad y de multiplicación de actos especulativos. Así, el 5 de febrero las autoridades en el Estado de Táchira encuentran más de 1.000 toneladas de productos alimenticios (arroz, azúcar, aceite, café y otros productos básicos); en general, desde enero de 2013, 50.000 toneladas de alimentos incautados. Ante la posibilidad de que la oposición se incorporara a algún tipo de diálogo con el Gobierno, el 23 de enero de 2014 la propia oposición se da un golpe de estado interno y líderes que propugnan la violencia toman el mando de la oposición. Dirigentes opositores llaman públicamente a sus partidarios a participar en una operación que se denomina La salida, consistente en tomar las calles hasta lograr que sea derrocado de forma violenta el Gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro; sin embargo, en Venezuela no existe un estado de violencia generalizado. Entre los días 12 y 21 de febrero, los episodios de violencia se concentraron simplemente en dieciocho municipios y hoy afectan solo a seis municipios del país. Destacados líderes de la oposición han venido manifestando públicamente su desacuerdo y la oposición en este momento está profundamente dividida ante los intentos de violencia que una parte de la oposición lidera. Como resultado de estos hechos de violencia, se ha detenido a 1.322 personas, de las que a 1.103 se les ha aplicado medidas cautelares sustitutivas de libertad y a 35 se les ha dado libertad plena; el resto, 92, permanecen privadas de libertad bajo graves acusaciones de fomento de la violencia; también 15 miembros de los cuerpos de seguridad del Estado se encuentran privados de libertad por encontrarse incriminados en situaciones de abusos o de violaciones de los derechos humanos.

Nuestro grupo parlamentario, por supuesto, defiende una plena investigación de todos los hechos violentos sin exclusiones y el fomento de las mesas de diálogo y de paz como solución al conflicto. El patrón de los actuales acontecimientos de violencia guarda significativos paralelismos con los sucesos de abril de 2002 cuando sectores de la oposición asesinaron a personas de ambas tendencias políticas, buscando generar confrontaciones violentas que justificasen un golpe de Estado contra el presidente, en ese momento Hugo Chávez. Por supuesto, en Venezuela...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que ir acabando.

El señor NUET PUJALS: Acabo ya.

... la mayoría de los medios de comunicación son privados. El 60 % de los medios de comunicación son privados y acaparan el 90 % de la audiencia. Por supuesto, queremos recordar también dos aspectos. Ha habido pronunciamientos de organismos regionales (Celac, Unasur, Mercosur y el Movimiento de Países no Alineados), todos ellos defendiendo el respeto a la soberanía del Estado venezolano. Finalmente, la Organización de Estados Americanos en su declaración del 7 de marzo reflejó que la práctica totalidad de sus miembros, 29 de 32, entienden que Venezuela se está enfrentando a un intento de derrocamiento del Gobierno legítimo y constitucional. Señoras y señores diputados...

El señor PRESIDENTE: Señor Nuet, tiene usted que terminar.


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El señor NUET PUJALS: ... los golpes de Estado ni en Venezuela ni en ningún lugar, por tanto, defendamos la libertad y defendamos al Gobierno legítimo y democrático de Venezuela.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nuet.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: Gracias, señor presidente.

Seré breve. Mi grupo observa con profunda preocupación el creciente clima de violencia que vive Venezuela tras un mes de importantes movilizaciones sociales, tanto a favor como en contra del Gobierno; esas movilizaciones y la reacción de las fuerzas del orden público han provocado 21 fallecidos, entre ellos un ciudadano con nacionalidad española, 318 heridos y 1.322 detenidos -hablamos de víctimas mortales en este sentido-. Por tanto, nos encontramos aún ante una situación preocupante que ha provocado declaraciones de organismos internacionales de la región, así como del Parlamento Europeo, que aprobó una resolución al respecto, ciertamente, señora Lozano. La principal preocupación de mi grupo parlamentario reside en la existencia de una fuerte tensión política y la polarización social que está viviendo Venezuela, que está provocando ataques contra personas por sus opiniones políticas no admisibles en un Estado de derecho. Me refiero al Estado de derecho porque estamos hablando de un país con un sistema democrático, pero muchos también podemos compartir que los sistemas democráticos pueden padecer situaciones de preocupante degradación. Esta preocupación no es nueva en mi grupo parlamentario; le recuerdo que en 2007 en la Comisión de Asuntos Exteriores mi grupo presentó una proposición no de ley reclamando respeto a la libertad de expresión en la República de Venezuela, recordando la obligación de respetar y hacer respetar la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad de prensa; esa preocupación se repite de nuevo siete años más tarde.

En esta nueva y grave crisis política y social que está viviendo Venezuela, únicamente el respeto a los derechos y las libertades fundamentales, un diálogo constructivo y respetuoso y la tolerancia podrán ayudarla a vencer. Por ello mi grupo quiere alentar, como se ha dicho, a todas las partes del conflicto y en particular a las autoridades venezolanas a mantener un diálogo pacífico con todos los estamentos de la sociedad venezolana, para definir los puntos de convergencia que existen y deben existir y permitir que los interlocutores políticos debatan los problemas que afronta el país -de índole económica, social, de abastecimiento de algunos productos de primera necesidad y de seguridad, sobre todo también de seguridad-. Esta llamada -como dicen en Venezuela, llamado- es la que el Parlamento Europeo aprobó el pasado día 27 febrero a propuesta de los grupos parlamentarios europeos más importantes: el Grupo Popular Europeo, el Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, la Alianza de Socialistas y Demócratas y el Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa; entre otros aspectos a los que se ha referido la diputada de UPyD, también llama, señora Lozano, al diálogo pacífico, aspecto que no leo en su iniciativa y sí en las enmiendas planteadas por los grupos enmendantes. Dirijo la atención en primer lugar a las autoridades venezolanas porque son estas las que ostentan una responsabilidad añadida ante la situación de violencia para la garantía efectiva de los derechos humanos y para velar por que no se produzcan situaciones contrarias al Estado de derecho, sin olvidar tampoco a la oposición, que también tiene su responsabilidad.

Compartiendo el objetivo de la iniciativa formulada por el Grupo Parlamentario de UPyD, mi grupo tiene serias objeciones en relación con la redacción, con la forma que se le ha dado. Las formas en relaciones internacionales, como en otros casos, son importantes, muy importantes, señora Lozano. Recuerdo, como decía el Parlamento Europeo, que fueron cuatro iniciativas formuladas por parte de cuatro grupos parlamentarios que alcanzaron un acuerdo. El señor Esteban se ha referido a ello en su intervención. Como último interviniente en este punto quiero reiterarles que sería muy difícil entender que no alcanzáramos un acuerdo en el contenido del texto a votar por lo que exhorto al grupo proponente, a UPyD, y a los enmendantes -Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Socialista y Grupo Parlamentario Vasco- a alcanzar un acuerdo para someterlo a votación en el Pleno.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picó.

Señora Lozano, ¿qué hace usted con respecto a las enmiendas?


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La señora LOZANO DOMINGO: Señor presidente, en relación con la enmienda transaccional este grupo parlamentario, que condena todos los golpes de Estado y todas las dictaduras, incluida la cubana, está terminando de negociar la transaccional en estos momentos. Por tanto, intentaremos facilitarles el texto antes de la votación.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Cuando tenga la enmienda transaccional nos la facilita.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN LEGAL DE VINCULAR LO RECAUDADO EN CONCEPTO DE TASAS JUDICIALES A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA GRATUITA. (Número de expediente 162/000823).

El señor PRESIDENTE: Quiero advertir que este será el último tema que debatiremos esta tarde: proposición no de ley del Grupo Vasco, PNV, en relación con el cumplimiento de la obligación legal de vincular lo recaudado en concepto de tasas judiciales a la financiación del sistema de justicia gratuita. Para defender la proposición no de ley tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, acometemos el debate de una proposición no de ley importante en opinión de nuestro grupo sobre la que quizá con más tiempo y con un espíritu más flexible en el ámbito de las negociaciones previas se podía haber llegado a un acuerdo razonable sobre algo tan polémico y tan contradictorio con el ordenamiento jurídico como es la aplicación concreta y práctica de la Ley de Tasas, que está suponiendo en este momento una verdadera expoliación de recursos a las comunidades autónomas que deben prestar el servicio de asistencia jurídica gratuita por poseer competencias en materia de justicia y en donde todo es ilegal; permítanme la generalización que parece tan brutal, pero en el ámbito de la Ley de Tasas no observamos punto de legalidad alguna desde ninguna perspectiva analítica. En primer lugar, ya está produciendo efectos perversos o patológicos; está disminuyendo la litigiosidad, lo cual no es malo, pero sí es malo cuando esa disminución está provocada por la falta de recursos para litigar. En este momento tengo unas declaraciones del presidente del Consejo General de la Abogacía Española indicando que estamos en niveles de litigiosidad equivalentes a 2007 -nada menos que 2007-. Se ha utilizado el recurso económico de la tasa de manera fraudulenta. La tasa es un tributo desde la perspectiva del derecho tributario en que el hecho imponible está constituido fundamentalmente por la prestación de servicios en régimen de derecho público al obligado tributario; no está vinculada a la capacidad económica del obligado tributario sino a prestación de servicios en régimen de derecho público a un obligado tributario. Esto indica que con la naturaleza jurídica de la tasa es imposible utilizar este tributo para la financiación de un servicio público de carácter colectivo o general, como es el servicio de asistencia gratuita, al que deben proveer bien las comunidades autónomas o, en el territorio ministerio, el propio Ministerio de Justicia.

Las tasas no se crearon por la Ley 10/2012. Las tasas preexistían. Evidentemente existen desde el año 2002 -la Ley 53/2002 de acompañamiento de medidas fiscales administrativas y del orden social-. Se incrementaron o modificaron en la Ley 4/2011, de 24 de marzo, que atiende a los requerimientos de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley 1/2000, pero de forma muy marginal en relación con los recursos o procedimientos como el monitorio, procedimientos de escasa cuantía, que le daban a la tasa un componente absolutamente marginal y que no privaba al servicio público de la justicia y al derecho constitucional de la tutela judicial efectiva de su carácter universal y de su carácter gratuito. Sé que es polémica esta afirmación que estoy realizando, pero creo que dimana del contenido esencial interpretado jurisprudencialmente en el artículo 24 de la Constitución que el servicio público de la justicia, que la tutela judicial efectiva tiene que aplicarse a todos los ciudadanos con carácter universal y de forma gratuita, a pesar de las dudas -ya sé que me las van a señalar ustedes- que dimanan de una sentencia del Tribunal Constitucional, que es la sentencia 20 del año 2012. El hecho es que las tasas, en todo caso, han existido, siguen existiendo, se han incrementado notablemente, están impidiendo el acceso a la tutela judicial efectiva a ciudadanos por falta de recursos para litigar, por falta de recursos para presentar demandas y sobre todo por falta de recursos para presentar recursos contra las sentencias dictadas en primera instancia. Además, se está expoliando a las comunidades autónomas de los recursos a los que tienen derecho en virtud de las previsiones no solo de la propia Ley de Tasas, en su artículo 11, por el que corresponde a la Administración o a las administraciones competentes la financiación del sistema de justicia gratuito, la financiación del turno de oficio, sino fundamentalmente en virtud de lo previsto en la


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disposición final séptima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, en la que se establecía la vinculación entre las tasas recaudadas y la financiación del servicio de justicia gratuita.

Estas previsiones normativas, tanto el artículo 11 de la Ley 10/2012, Ley de Tasas, como la disposición final séptima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, obligan a establecer mecanismos financieros, flujos financieros y presupuestarios, para transferir a las comunidades autónomas competentes en materia de justicia la cantidad de la recaudación de las tasas que les corresponda, en virtud de lo previsto o negociado en conferencias sectoriales, para atender a sus propios servicios de justicia gratuita. Me estoy refiriendo a las comunidades con competencia en materia de justicia, que son las más importantes del Estado español: la Comunidad andaluza, la Comunidad de Cataluña, Comunidad de Valencia, la Comunidad de Galicia y la Comunidad del País Vasco; les corresponde la parte proporcional de las tasas recaudadas. Nos encontramos con que hasta el momento, y a pesar de la ampliación incluso de la protección de la Ley de Tasas acometida por el Real Decreto 3/2013, tanto del umbral de protección de las tasas como del ámbito subjetivo de protección del umbral, se incrementa nada menos que 2,5 veces el Iprem. A pesar de esto, estas comunidades autónomas no han recibido todavía un solo euro de lo recaudado por la Administración tributaria en materia de tasas. De los 300 millones -ya son más de 300 millones recaudados-, las comunidades autónomas con competencia para el ejercicio de esta competencia -atender al servicio de justicia gratuita, atender el turno de oficio- no han recibido un solo euro. Es más, al ministro de Justicia se le llena la boca cuando desde esta tribuna comenta que la justificación de una ley tan polémica -una ley además de dudosa constitucionalidad como la Ley de Tasas- se ha hecho para garantizar el servicio de justicia gratuita, para garantizar que las personas carentes de recursos para litigar puedan hacerlo. Este es el momento, dos años después de la aprobación de la Ley de Tasas, en el que ni un solo euro de lo recaudado a través de las tasas judiciales se ha destinado a financiar el servicio de justicia gratuita. Las comunidades autónomas con competencia lo están haciendo con cargo a sus propios recursos y las zonas que pertenecen o que se denominan territorio estatal lo hacen también con cargo a los presupuestos del Ministerio de Justicia. No puede seguir mintiendo el ministro de Justicia cuando se vuelve a subir a esta tribuna para afirmar que el elemento legitimante para aprobar una ley que vulnera el contenido esencial del artículo 24 de la Constitución, la tutela judicial efectiva que se garantiza en el mismo a todos los ciudadanos, se hace para garantizar la posibilidad de litigar a las personas con menos recursos económicos. Lo dice recurrente y sistemáticamente, y miente, porque ni un solo euro de los 300 millones de euros recaudados para tasas ha sido hasta el momento destinado a la financiación del servicio de justicia gratuita. Eso está provocando gravísimos problemas.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, acabo ya.

Como está provocando gravísimos problemas a las personas con medios más limitados o con recursos económicos más escasos, pedimos -este es el pedimento en esta proposición no de ley, y con esto acabo, señor presidente- que se proceda a dar cumplimiento al mandato legislativo de vincular la recaudación de las tasas judiciales con el sistema de justicia gratuito, primero, y librar sin más demora a las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia la parte de la recaudación de las tasas judiciales correspondientes al peso que la justicia gratuita reviste en cada una de ellas. Esto es lo que prometió el ministro cuando presentó la Ley de Tasas y lo que hasta el día de hoy el ministro ha incumplido. El ministro ha mentido y seguirá mintiendo mientras no cumpla con el pedimento de esta proposición no de ley.

Vamos a aceptar la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, porque la Ley de Tasas no solo es una ley de dudosa constitucionalidad sino que ahora ya, señor presidente, sabemos que es una ley manifiestamente inconstitucional.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.

Para presentar esa enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Camacho.

El señor CAMACHO VIZCAÍNO: Señorías, comparezco en esta tribuna con un doble objetivo: fijar la posición de mi grupo en relación con la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) y defender la enmienda que hemos presentado a la misma. Hago una reflexión previa: por


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mal camino anda nuestra democracia si ha de ser la oposición la que le pida al Gobierno el cumplimiento de una ley cuando esa misma oposición se opuso rotundamente a la aprobación de la norma.

Por lo que se refiere a la cuestión central de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), ninguna duda cabe. El artículo 11 de la Ley de Tasas establece expresamente una vinculación de los ingresos obtenidos como consecuencia de la aplicación de la ley al sistema de justicia gratuita en el marco de la legislación presupuestaria. Por otro lado, la disposición final séptima señala expresamente que la entrada en vigor de esa vinculación se producirá a partir del 1 de enero de 2013. Pues bien, nada se ha hecho hasta este momento, no existe esa vinculación y desconocemos hacia dónde van unos ingresos que al mismo tiempo atentan contra el derecho a la tutela judicial efectiva. Hemos presentado una enmienda que tiene por objeto cumplir con uno de nuestros objetivos en esta legislatura: que el Gobierno deje de pisotear, prescindir e incumplir derechos que corresponden a los ciudadanos. Toda la oposición, todo el arco parlamentario y todos los operadores jurídicos consideran que la Ley de Tasas atenta gravemente contra el derecho a la tutela judicial efectiva. Por tanto, esta Cámara tiene que instar al Gobierno a la derogación de esa norma.

Por lo que se refiere al marco constitucional, está claro. El artículo 103 de la Constitución establece expresamente que el Gobierno actúa con sometimiento pleno a la ley y al derecho. El artículo 108 otorga al Congreso el control de la responsabilidad en la que puede incurrir el Gobierno. En definitiva, el Gobierno debe cumplir con la ley y el Congreso de los Diputados en el supuesto de que no lo haga debe exigirle responsabilidad. Este control no corresponde a los grupos de la oposición, señores del Grupo Parlamentario Popular, sino a todos y cada uno de los diputados. No es una facultad, es una obligación. Como supongo que el representante del Grupo Parlamentario Popular subirá a esta tribuna a defender la acción del Gobierno, solo le pido que nos dé las razones por las cuales el Grupo Parlamentario Popular entiende que no se está incumpliendo la misma ley que ellos aprobaron. Existe una grave patología del sistema democrático en aquellos supuestos en los que quienes están obligados a controlar al Gobierno desisten de su obligación y, cumpliendo instrucciones del propio Gobierno, evitan que se le pueda exigir responsabilidad como consecuencia del incumplimiento de la ley. Más grave aún es la patología que hace referencia no al incumplimiento de una ley sino al incumplimiento total de un programa político, el programa que fue expuesto al inicio de esta legislatura por el presidente. En definitiva, la patología está en un Gobierno que miente y en una Cámara que no puede exigir responsabilidad porque el Grupo Popular se niega. Por tanto, señores del Grupo Popular, tengan gallardía -la propia del pueblo español-, suban aquí y justifiquen qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Dejen de escudarse en ese ladrillo que utilizan en todas y cada una de sus intervenciones. Toda su política está condicionada por la deuda que ustedes dicen que recibieron del anterior Gobierno. Señorías, también en esto mienten. Ustedes recibieron un país con una deuda del 70 % del producto interior bruto, y en este momento han llegado prácticamente al cien por cien de deuda en tanto por ciento sobre el PIB, es decir, han incrementado la deuda del Estado en casi 30 puntos.

En definitiva, el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar la proposición no de ley del Grupo Vasco. Es una obligación dado el papel que nos corresponde como representantes de la soberanía popular y lo único que pedimos del Partido Popular es que asuma su responsabilidad como partido que está admitiendo y que está soportando la política del Gobierno; que asuman su responsabilidad como representantes de unos ciudadanos a los cuales día a día les están vulnerando sus derechos.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Camacho.

En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Larreina. (Denegación).

Muchas gracias, señor Larreina.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

Intervengo para anunciar nuestro voto favorable a la proposición no de ley defendida por el Grupo Vasco. Lamento que no haya habido, por lo menos que yo sepa hasta el momento, la posibilidad de una transaccional. Nos hubiera gustado. Si la hubiera, la votaríamos todavía con mayor satisfacción, pero en todo caso sé que puede parecer un poco contradictorio apoyar que se reparta algo así como el botín, que es el botín de las tasas judiciales, figura contra la que este grupo parlamentario se manifestó en su día cuando se aprobó, sobre todo porque -ya lo dijimos en su momento- es un engaño que las tasas


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judiciales que se pusieron en marcha, abusivas y absolutamente injustas, tuvieran como pretensión financiar la justicia gratuita, que tiene sus propios procedimientos y su propia obligación de ser financiada por otros canales. Aunque estamos en contra de ese botín, que no tiene otro objetivo que recaudar dinero, y del argumento falaz de que financia la justicia gratuita, puede parecer un poco contradictorio que el Grupo Vasco pida la parte del botín -permítanme la expresión, coloquialmente hablando-; es decir, ya que dicen ustedes que es para financiar la justicia gratuita, piden la parte que les corresponde. Aunque estamos en contra de la puesta en marcha de esas tasas, dennos la parte que nos corresponde porque, si ustedes argumentan que era para eso, para la justicia gratuita, ya que esta comunidad autónoma tiene esas competencias -o a todas las comunidades autónomas que tienen competencias- y la está sufragando, dennos una parte de las tasas, la parte que sea.

Ciertamente, este grupo parlamentario es consciente de esa especie de contradicción, pero mientras la ley esté en vigor -ya nos gustaría que no estuviera y, por tanto, que se aprobara la posición del Grupo Socialista en su enmienda de que se derogara-, habrá que cumplirla, hasta el extremo de que también este grupo parlamentario ha preguntado por escrito en varias ocasiones al Gobierno, sin respuesta, cuánto se ha recaudado ya por ese procedimiento, por la vía de las tasas, para saber cómo ha de repartirse precisamente para financiar, si es que eso fuera verdad, la justicia gratuita. Dicho todo esto, el Grupo de Unión Progreso y Democracia, como dije al inicio de mi intervención, apoyará la proposición no de ley presentada por el Grupo Vasco.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.

Por La Izquierda Plural, el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.

Dicen que el infierno está empedrado de buenas intenciones. En este caso podríamos decir que el Ministerio de Justicia está empedrado de medias verdades y de mentiras. Y en ellas estamos, en las que tienen que ver con las tasas judiciales que, pudiendo extenderse al conjunto de la política del Gobierno, entran dentro de lo que podríamos llamar los repagos solidarios. Eso es que, además de los impuestos, los ciudadanos pagan una tasa por los servicios y aquellos que tienen más renta contribuyen a financiar los servicios de los que tienen menos renta. Eso que es toda una teoría para justificar la imposición fiscal, en algunos casos la expropiación fiscal, fracasa en un doble sentido en el ámbito de la justicia, porque el repago que ha puesto el Gobierno en el ámbito de la justicia, o la tasa judicial, no solamente ha disuadido de la mala utilización de la justicia, de la litigiosidad de la que hablaba el Gobierno, sino que ha desplomado la protección de los ciudadanos ante la justicia. La tutela judicial efectiva se ha desplomado en nuestro país de manera alarmante, de tal manera que ese negocio que pretendía tener el Gobierno se ha convertido en un negocio ruinoso, porque la previsión del Gobierno en materia de tasas judiciales en estos momentos no debe subir del 20 % de lo previsto. El Gobierno previó unos 1.500 millones de euros de ingresos que en estos momentos ni siquiera superan los 300 millones de euros, aunque, como ha dicho la señora Díez, no hemos tenido el honor de que el Gobierno nos responda a cuál ha sido la recaudación de las tasas judiciales. Sin embargo, no queda ahí la mentira. La mentira se extiende también a la Ley de Justicia Gratuita, porque el Gobierno anunció que ese excedente del repago iba a ir destinado a financiar un mayor número de personas protegidas por la justicia gratuita. ¡Oh, sorpresa! Cuando uno hace el cálculo del Iprem, lo comido por lo servido, señorías, prácticamente el mismo volumen de población que antes tenía derecho a la justicia gratuita en estos momentos con el Gobierno tiene derecho a la justicia gratuita.

¿Qué ha deducido el Gobierno de todo ello, de tener no los ingresos que creía sino la mitad de la mitad, y de que por otra parte también se haya producido con relación a la justicia gratuita, como él pretendía, un mantenimiento de la cobertura? Pues ni un euro para nadie. Eso es lo que ha decidido el Gobierno: ni un euro para las comunidades autónomas ni un euro para la financiación de la Ley de Justicia Gratuita. En eso estamos, en una gran estafa del Gobierno con las tasas judiciales que ha provocado la ruptura de la igualdad de todos ante la justicia, aquello que se llama tutela judicial efectiva, y que ha sido un mal negocio. O mejor dicho, hablando el señor Gallardón, las cuentas del Gran Capitán.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.


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El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.

Desde Convergència i Unió vamos a votar favorablemente la proposición no de ley que ha presentado hoy el Partido Nacionalista Vasco, y lo vamos a hacer desde una perspectiva global de oposición a la Ley 10/2012, que estableció unas tasas que en lugar de racionalizar el ejercicio de la función jurisdiccional, el acceso a la justicia, como decía su exposición de motivos, lo que ha hecho ha sido entorpecer el acceso a la justicia. Es cierto que ha bajado la tasa de litigiosidad, pero también lo es que estas tasas, como nos dice el Partido Nacionalista Vasco en su exposición de motivos, son una auténtica barrera económica para muchos ciudadanos, por tanto, conculcan también ese derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución. El Gobierno de la Generalitat de Catalunya ha recurrido ante el Tribunal Constitucional esta ley, y lo ha hecho en tanto que vulneración de ese derecho fundamental, pero también por vulneración de las competencias autonómicas en este ámbito.

Lo decía el señor Olabarría. Tenemos un marco en el que determinadas comunidades autónomas -el País Vasco y Catalunya entre ellas- tienen la competencia de la Administración de Justicia y deben asumir ese coste de la justicia gratuita. Es cierto que esta Ley de Tasas no nos gusta, que la tenemos recurrida, pero es cierto también que el articulado de la ley en su artículo 11 vincula lo que se va recaudar por tasas con la prestación de ese servicio de la justicia gratuita. Eso no es una casualidad, es un imperativo legal de una ley que no nos gusta, pero que en este caso concreto y en este artículo concreto debe cumplirse para evitar que esa recaudación, que sí se produce, no se destine a ese coste cada vez mayor que deben asumir las comunidades autónomas. Nosotros compartimos, señor Olabarría, este triple objetivo de su proposición no de ley: en primer lugar, dar cumplimiento al mandato legal, el artículo 11 y la exposición de motivos también recalcan esa vinculación entre lo que se recauda y la justicia gratuita, por tanto, dar cumplimiento. En segundo lugar, vincular recaudación de tasas judiciales con el sistema de justicia gratuita y, en tercer lugar, transferir a las comunidades autónomas la parte de recaudación de las tasas que corresponde al peso que asume esa comunidad autónoma en el servicio de justicia gratuita. Ello no supone, como podría interpretarse -decía la señora Díez- que pueda existir una cierta contradicción -estábamos en contra de la Ley de Tasas-, pero en cambio reclamamos esa transferencia. Es lógico que sea así porque gobernamos comunidades autónomas que tienen que asumir ese coste y mientras esa Ley de Tasas exista, vulnerando competencias autonómicas, pero exista, lógico es que se pida, como hoy hace aquí el Partido Nacionalista Vasco, que se transfieran esos fondos a las comunidades autónomas para prestar esas competencias en Administración de Justicia, y en concreto para los servicios relativos al sistema de justicia gratuita. Por tanto, voto de Convergència i Unió a favor de esta proposición no de ley. Agradecemos al Partido Nacionalista Vasco que la haya presentado y defendido hoy en el Pleno, porque es un tema de actualidad, es un tema que afecta al derecho a la tutela judicial efectiva, y es un tema que afecta al autogobierno de las comunidades autónomas que tenemos asumida esa competencia de la Administración de Justicia.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Escudero.

La señora ESCUDERO BERZAL: Señor presidente.

Señorías, los hechos no dejan de existir porque se les ignore. Lo decía Aldous Huxley en Un mundo feliz. En el debate de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco todos y cada uno de los grupos políticos han optado por hacer, disculpen la reiteración, un debate sobre la ya debatida y aprobada Ley de Tasas que lleva en vigor desde finales de octubre de 2012. Lamento la escasa originalidad en las intervenciones, ya que ha sido una reiteración de lo que se dijo en esta Cámara con ocasión del debate de la Ley 10/2012 de Tasas y del posterior debate del Real Decreto-ley 3/2013 de modificación del régimen de tasas. Pero los hechos y los datos están ahí, señorías, y ustedes pueden ignorarlos, pueden hacer que no los ven, pueden hacer que les da igual que estén o que no estén pero, señorías, están ahí. Desgraciadamente, estaban los malos datos y, afortunadamente, gracias al Gobierno del Partido Popular y a las leyes que se están aprobando muchas veces, como en las anteriores, solo con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular, los estamos cambiando. Yo sé que no les gusta a ninguno, principalmente al Partido Socialista, que hablemos de la herencia recibida, pero los hechos están ahí. Una herencia que puso en grave riesgo no solo los derechos fundamentales de los españoles como el derecho al trabajo, sino también a la práctica totalidad de los servicios públicos, entre otros sanidad y educación. También esa herencia recibida puso de manifiesto la mala gestión del dinero público, el derroche del dinero de todos los españoles en servicios públicos como el


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de la justicia. Señorías, el Gobierno del señor Zapatero se gastó 388 millones de euros para el Plan estratégico de modernización de la justicia 2009-2011; eran 96 proyectos de los que se ha ejecutado el 5 %, siendo esto solo un botón de la muestra. El Gobierno del Partido Popular, ante la situación de grave crisis tuvo que adoptar un gran número de medidas, muchas de ellas impopulares, por el bien del interés general. No solo controlar el derroche de gasto público, sino también proponer gran número de reformas en todos los ámbitos para hacer el sistema viable y sostenible. También en el ámbito de la justicia. Señorías, aunque no les guste reconocerlo, había que garantizar el servicio público de la justicia. Debo indicarles que los recursos para financiar los servicios de asistencia jurídica gratuita derivan de la Ley 10/2012, en la que se establece la vinculación de los ingresos obtenidos por el sistema de tasas judiciales a la financiación de la justicia gratuita. Los recursos presupuestarios serían si no insuficientes para su efectiva aplicación.

Del mismo modo que las tasas judiciales forman parte de los costes procesales, se estimó oportuno elevar los umbrales de renta, con el fin de evitar precisamente que las tasas judiciales puedan limitar el acceso a la tutela judicial efectiva a quienes carecen de recursos. Al hablar de la vinculación de las tasas a la justicia gratuita ya nos recordó el Consejo de Estado que se trata de una afectación atípica, puesto que el producto de la recaudación no se aplica a financiar el servicio público de la Administración de Justicia en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, sino que se establece a favor del sistema de la asistencia de justicia gratuita que es algo conceptualmente distinto, aunque ambos se sitúan en el ámbito del Ministerio de Justicia, en cuyo presupuesto de gasto por conceptos se incluyen separadamente. Lo que se pretende al aludir a la expresión 'vinculación' era que en momentos de crisis de los servicios públicos, como lo era el momento en que se aprobó esta ley, la realización de un servicio considerado esencial quedara suficientemente garantizado, evitando con ello que la presión del incremento del gasto que tendrían que soportar las comunidades autónomas y el Estado en territorio no transferido, como consecuencia de la modificación de la Ley de Asistencia Gratuita por el aumento de supuestos y de la ratio para acceder a la misma, pudiera hacer mella en su efectiva prestación. Con esa idea, en la conferencia sectorial celebrada en diciembre pasado a la que asistió el consejero de Justicia de la Comunidad Autónoma Vasca y además el Ministerio de Justicia a través del secretario de Estado, se explicó y se comprometió que para hacer frente a ese incremento de costes que suponían el sistema de financiación de las comunidades autónomas por el aumento de beneficiarios del derecho a la justicia gratuita, se remitirían las correspondientes propuestas para dar respuesta a ese problema. Y eso, señorías, es lo que se está haciendo. Por lo tanto, el voto negativo del Grupo Parlamentario Popular a esta proposición no de ley.

Respecto a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, termino diciéndoles que una vez más asistimos a la forma de trabajar de ese grupo político, la del rechazo por el rechazo y de la oposición a todo lo que se haga desde el Gobierno del Partido Popular. No solo pide que se deroguen los dos textos legales ya mencionados, sino que además anuncia su derogación en el caso de que lleguen de nuevo al Gobierno. Señorías del Partido Socialista, como dijo Aristóteles, los discursos inspiran menos confianza que las acciones. Ustedes sigan haciendo discursos que nosotros seguiremos trabajando.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Escudero.

Señor Olabarría, aunque ha insinuado algo a efectos declarativos respecto a la enmienda, tiene la palabra.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, señor presidente, aceptamos la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista en sus propios términos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.

Vamos a votar en breve. (Pausa).

MINUTO DE SILENCIO.

El señor PRESIDENTE: Señorías, hoy se cumplen diez años del brutal atentado terrorista de Atocha, del Pozo y de Santa Eugenia que se cobró la vida de 192 personas. El 11 de marzo de 2004 conmocionó a todos los españoles y quedará siempre en nuestra memoria. En recuerdo de las víctimas, unidos en el dolor a todos sus familiares, allegados y amigos, ruego que guardemos un minuto de silencio. (La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio).

Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados).


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TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS. (VOTACIÓN):

- DEL PARLAMENTO DE GALICIA, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL, PARA POSIBILITAR LA HOMOGENEIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE VOTO DE LAS PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTERIOR CON EL RESTO DE LOS CIUDADANOS (ORGÁNICA). (Número de expediente 125/000004).

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones.

En primer lugar, toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Galicia, de modificación de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para posibilitar la homogeneización del procedimiento de voto de las personas residentes en el exterior con el resto de los ciudadanos. Es una ley orgánica. Han sido emitidos tres votos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313, más 3 votos telemáticos, 316; a favor, 302, más 3 votos telemáticos, 305; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, DE REFORMA DE LA LEY DE 18 DE JUNIO DE 1870 DEL EJERCICIO DE LA GRACIA DE INDULTO. (Número de expediente 122/000123).

El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de reforma de la Ley de 18 de junio de 1870 del ejercicio de la gracia de indulto. Hay tres votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313, más 3 votos telemáticos, 316; a favor, 131, más 2 votos telemáticos, 133; en contra, 170, más 1 voto telemático, 171; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE RECLAMACIÓN A LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEL RESPETO A LOS PRINCIPIOS UNIVERSALES DE LA DEMOCRACIA, DEL ESTADO DE DERECHO Y DE LOS DERECHOS HUMANOS. (Número de expediente 162/000887).

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre reclamación a la República Bolivariana de Venezuela del respeto a los principios universales de la democracia, del Estado de derecho y de los derechos humanos.

Hay una enmienda transaccional a las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, Grupo Socialista y Grupo Popular. Procedemos a la votación de esa enmienda transaccional.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 296; en contra, 14; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN LEGAL DE VINCULAR LO RECAUDADO EN CONCEPTO DE TASAS JUDICIALES A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA GRATUITA. (Número de expediente 162/000823).

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, en relación con el cumplimiento de la obligación legal de vincular lo recaudado en concepto de tasas judiciales a la financiación del sistema de justicia gratuita. Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que ha sido aceptada por el grupo proponente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 148; en contra, 170.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Se suspende la sesión.

Eran las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.

Corrección de error.

En el "Diario de Sesiones" n.º 184, correspondiente a la sesión plenaria n.º 172, celebrada el jueves 27 de febrero de 2014, en la página 16, en la penúltima línea del segundo párrafo de la intervención del señor Castillo Calvín, donde dice "...es una figura atípica..." debe decir "...es una figura típica...".

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