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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 187, de 13/03/2014
cve: DSCD-10-PL-187
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 187
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CELIA VILLALOBOS TALERO, VICEPRESIDENTA PRIMERA
Sesión plenaria núm. 175
celebrada el jueves,
13 de marzo de 2014


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ORDEN DEL DÍA:

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:

- Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados en los dos primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y costa cantábrica. ("BOE" núm. 46, de 22 de febrero de 2014). (Número de expediente 130/000049) ... (Página7)

- Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida. ("BOE" núm. 52, de 1 de marzo de 2014). (Número de expediente 130/000050) ... (Página18)

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de ley de la acción y del servicio exterior del Estado. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 51-1, de 21 de junio de 2013. (Número de expediente 121/000051) ... (Página36)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

- Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 130-1, de 6 de septiembre de 2013. (Número de expediente 127/000003) ... (Página45)

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados:

- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de señores diputados. (Número de expediente 042/000033) ... (Página57)


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Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley de navegación marítima. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 73-1, de 29 de noviembre de 2013. (Número de expediente 121/000073) ... (Página57)

- Proyecto de ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 75-1, de 17 de enero de 2014. (Número de expediente 121/000075) ... (Página78)

- Proyecto de ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 80-1, de 14 de febrero de 2014. (Número de expediente 121/000080) ... (Página95)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página113)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página116)

Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página117)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página118)

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Votación) ... (Página119)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página119)

Avocación por el Pleno ... (Página120)

Avocación por el Pleno ... (Página120)

Avocación por el Pleno ... (Página120)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

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Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página7)

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Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados en los dos primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y la costa cantábrica ... (Página7)

El señor ministro del Interior (Fernández Díaz) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Álvarez Sostres, la señora Fernández Davila y el señor Errekondo Saltsamendi, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Guillaumes i Ràfols, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora Gallego Arriola, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida ... (Página18)

La señora ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez García) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno en contra interviene la señora Gutiérrez del Castillo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda, la señora Fernández Davila y los señores Tardà i Coma y Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Álvarez-Arenas Cisneros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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Enmiendas del Senado ... (Página36)

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Proyecto de ley de la acción y del servicio exterior del Estado ... (Página36)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto, y Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; los señores Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Sáez Jubero, del Grupo Parlamentario Socialista, y Beneyto Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página45)

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Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha ... (Página45)

La Presidencia informa de que la votación de esta iniciativa no se realizará antes de las 6 de la tarde.

En defensa de las enmiendas que se mantienen vivas para su defensa en el Pleno intervienen los señores Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto; Lara Moya, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Alonso Núñez, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Conde Bajén, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados ... (Página57)

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Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de señores diputados ... (Página57)

La Presidencia anuncia que ningún grupo desea intervenir en este punto del orden del día.


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Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página57)

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Proyecto de ley de navegación marítima ... (Página57)

El señor ministro de Justicia (Ruiz-Gallardón Jiménez) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.

En defensa de la enmienda a la totalidad de devolución interviene el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

Contesta el señor ministro de Justicia.

Replica el señor Llamazares Trigo.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista, y Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Cierra el debate el señor ministro de Justicia.

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Proyecto de ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario ... (Página78)

El señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Arias Cañete) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.

En defensa de las enmiendas de totalidad de devolución intervienen la señora Fernández Davila, el señor Baldoví Roda y la señora Ariztegui Larragaña, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Solsona Aixalà, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), así como la señora Seara Sobrado, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Serrano Calurano, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Cierra el debate el señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

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Proyecto de ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito ... (Página95)

El señor ministro de Economía y Competitividad (De Guindos Jurado) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.

En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución intervienen la señora Jordà i Roura y el señor Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; así como el señor Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

La Presidencia informa a la Cámara de que se encuentra presente en la tribuna de invitados el señor embajador de Ucrania en España.

Contesta el señor ministro de Economía y Competitividad.


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Replica el señor Coscubiela Conesa.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Gómez Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Garrido Valenzuela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Cierra el debate el señor ministro de Economía y Competitividad.

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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página113)

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Pérez Fernández) a la moción consecuencia de interpelación urgente sobre medidas para dotar de carga de trabajo a los astilleros públicos de Navantia, situados en la ría de Ferrol, así como para que informe si ha tramitado ante la Unión Europea una consulta formal sobre la posibilidad de construir un dique flotante en dicha localidad, se rechaza por 117 votos a favor, 183 en contra y 14 abstenciones.

Sometidos a votación separada los diferentes puntos de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, al Ministro de Industria, Energía y Turismo sobre la política del Gobierno en relación con el precio de la electricidad, son rechazados todos.

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las aportaciones presupuestarias del Estado al transporte público de la región metropolitana de Barcelona, se aprueba por 298 votos a favor y 11 abstenciones.

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Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página116)

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados en los dos primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y la costa cantábrica, se aprueba por 284 votos a favor, más 3 votos telemáticos, 287, y 30 abstenciones.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley, se rechaza por 131 votos a favor, más 2 votos telemáticos, 133; 182 en contra, más 1 voto telemático, 183 y 1 abstención.

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-Ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida, se aprueba por 183 votos a favor, más 1 voto telemático, 184; 110 en contra, más 2 votos telemáticos, 112, y 21 abstenciones.

Sometida a votación su tramitación como procedimiento de urgencia, se rechaza por 129 votos a favor, más 2 votos telemáticos, 131; en contra, 181, más 1 voto telemático, 182, y 3 abstenciones.

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Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página117)

Sometidas a votación las diferentes enmiendas al proyecto de ley de la acción y del servicio exterior del estado, son aprobadas todas.

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Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página118)

Sometidas a votación las enmiendas a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, son rechazadas.


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Sometido a votación el dictamen de la citada propuesta, es aprobado.

Sometida a votación de conjunto por tener carácter orgánico, es aprobada por 179 votos a favor, más 1 voto telemático, 180; 110 en contra, más 2 votos telemáticos, 112 y 17 abstenciones.

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Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Votación) ... (Página119)

Sometido a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de los señores diputados, se aprueba por 251 votos a favor, 3 en contra y 45 abstenciones.

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Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página119)

Sometida a votación la enmienda a la totalidad de devolución presentada al proyecto de ley de Navegación Marítima, se rechaza por 12 votos a favor, 202 en contra, más 1 voto telemático, 203; y 96 abstenciones, más 2 votos telemáticos, 98.

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Avocación por el Pleno ... (Página120)

Sometida a votación la avocación por el Pleno de este proyecto de ley, se rechaza por 134 votos a favor, más 2 votos telemáticos, 136; y 180 en contra, más 1 voto telemático, 181.

Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas al proyecto de ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario, son rechazadas por 126 votos a favor, más 2 votos telemáticos, 128; en contra, 187, más 1 voto telemático, 188, y 1 abstención.

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Avocación por el Pleno ... (Página120)

Sometida a votación la avocación por el Pleno de este proyecto de ley, se rechaza por 134 votos a favor, más 2 votos telemáticos, 136; y 178 en contra, más 1 voto telemático, 179.

Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas al proyecto de ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, son rechazadas por 16 votos a favor, 204 en contra, más 1 voto telemático, 205; y 94 abstenciones, más 2 votos telemáticos, 96.

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Avocación por el Pleno ... (Página120)

Sometida a votación la avocación por el Pleno de este proyecto de ley, se rechaza por 138 votos a favor y 179 en contra.

Se levanta la sesión a las siete y cuarenta minutos de la tarde.


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Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 2/2014, DE 21 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS EN LOS DOS PRIMEROS MESES DE 2014 POR LAS TORMENTAS DE VIENTO Y MAR EN LA FACHADA ATLÁNTICA Y COSTA CANTÁBRICA. (Número de expediente 130/000049).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Se reanuda la sesión.

Como saben, en esta sesión de hoy se debate el dictamen de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Al tener carácter orgánico dicha ley, en el momento en que la vayamos a debatir diremos la hora aproximada de votación.

Vamos a iniciar la sesión de hoy con la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados en los dos primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y costa cantábrica. Para su presentación tiene la palabra el ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Señora presidenta, señorías, tengo el honor de presentar en nombre del Gobierno este Real Decreto-ley 2/2014, de 21 febrero, que entró en vigor, como saben sus señorías, el pasado 22 de febrero tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, por el cual se establecen medidas urgentes para paliar los daños producidos en los primeros meses del año por las tormentas de viento y de mar en varias comunidades autónomas de España. Quiero destacar, en primer lugar, el compromiso del Gobierno, que desde el inicio de la situación ha adoptado las medidas necesarias en colaboración con otras administraciones públicas afectadas del ámbito local, foral y autonómico, tanto para evitar los riesgos que para las personas y bienes pudieran derivarse de la sucesión de temporales y la mantenida situación de alerta en el tiempo, como para dar información y atención en la medida de lo posible a los damnificados, así como evaluar los daños efectivamente producidos para poder dar una respuesta ágil y proporcionada, atendiendo en tiempo y forma a todos los daños personales y a las infraestructuras públicas causadas por estos temporales.

Durante los primeros meses de este año, enero y febrero, con especial incidencia a principios de febrero, una sucesión de temporales con origen en borrascas atlánticas han alcanzado la Península, activando sucesivas alertas de fuertes vientos, lluvias y oleaje en las comunidades autónomas atlántico-cantábricas. Se han visto afectados por los temporales numerosos municipios costeros de las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco. Estos daños han alcanzado tanto a bienes particulares, fundamentalmente locales comerciales, viviendas y vehículos situados en las inmediaciones de zonas de playa o portuarias, como bienes de titularidad pública de las distintas administraciones, dominio público marítimo-terrestre, en particular playas y puertos de titularidad estatal, así como diversas infraestructuras municipales y autonómicas de las provincias afectadas. De acuerdo con las estimaciones aportadas hasta ahora por las distintas administraciones y el Consorcio de Compensación de Seguros se pueden estimar los daños por encima de los 130 millones de euros. Como les decía, señora presidenta, señorías, en estos momentos de especial dificultad presupuestaria, como sabemos perfectamente todos, es preciso, no obstante, que el Gobierno contribuya en la medida de sus posibilidades y responsabilidades a aliviar los daños personales y materiales sufridos por miles de personas en las zonas afectadas. Es en este ámbito, el de la solidaridad, donde el Gobierno pretende ayudar con este real decreto-ley a los perjudicados. Se diseña, señorías, de este modo un conjunto de medidas paliativas y compensatorias dirigidas, por una parte, al resarcimiento de los daños personales y, por otra, a la reparación de los daños en bienes y a la restauración de las zonas afectadas, que abarcan el ámbito de actuación de diversos departamentos ministeriales. Señorías, quiero también concretarles que los municipios y núcleos de población que en concreto se verán afectados por el ámbito de aplicación territorial de este decreto-ley serán determinados por orden del Ministerio del Interior.

Entrando ya en las actuaciones concretas previstas en esta norma, este real decreto-ley que presento para su eventual convalidación, en lo que hace referencia al Ministerio del Interior, prevé un completo catálogo asistencial que incluye las ayudas por daños personales, por daños materiales en viviendas habituales y enseres; ayudas a los titulares de establecimientos mercantiles, industriales, agrarios, marítimo-pesqueros y turísticos a los que, como novedad, se les propone la compensación de las cuantías


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de la franquicia no cubiertas por el consorcio de compensación de seguros; así como ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales o de bienes y a las corporaciones locales que hayan afrontado gastos derivados de estas situaciones de emergencia. En esta misma línea se facilitan -y seguimos en el ámbito del Ministerio del Interior en concreto- nuevos medios de acreditación de la titularidad de los inmuebles afectados, precisamente para facilitar en su caso la obtención de esas ayudas. Estos nuevos medios son, por ejemplo, recibos de pago del impuesto sobre bienes inmuebles u otros de análoga naturaleza y se prevé, entre otras medidas, también la exención de determinadas tasas de tráfico, como las debidas por baja de vehículos, duplicados de los permisos de conducción o circulación, entre otros. El real decreto-ley, señorías, establece un plazo de dos meses en lugar de uno, que es lo habitual en estos casos, para facilitar, como les decía, la obtención de esas ayudas. Además, con esta misma finalidad de agilizar su tramitación, el real decreto-ley reduce el plazo para resolver el procedimiento de concesión por el Ministerio del Interior a tres meses, en lugar de los seis meses habituales. Todas estas ayudas se abonarán con cargo a los créditos dotados con el carácter de ampliables en la vigente Ley de Presupuestos en el caso concreto que les estoy comentando ahora del Ministerio del Interior.

Destaca, asimismo, el programa de medidas previstas en el real decreto-ley dirigidas a la reparación de las zonas afectadas por estos temporales. Se procederá a conceder subvenciones por daños en infraestructuras municipales y en la red viaria de las diputaciones provinciales y forales de hasta el 50 % de su coste y se tramitarán por el procedimiento de emergencia las obras de reparación o restitución de las infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal de las mancomunidades y de la red viaria de las diputaciones. Se incluye, además, una convocatoria especial de préstamos bonificados a través del Fondo financiero para la modernización de las infraestructuras turísticas, el Fomit, para financiar las obras de reparación de las infraestructuras turísticas afectadas. Como saben ustedes, las playas y la zona costera han quedado muy afectadas, son zonas turísticas y es razonable y necesario este tipo de ayudas. Para ello, se van a convocar de forma especial y con cargo a este fondo convocatorias con la finalidad específica de financiar las obras de reparación de las infraestructuras turísticas municipales y establecimientos turísticos privados que hayan quedado especialmente afectados. En el ámbito del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se impulsarán, además, medidas en la costa por un valor aproximado de 35 millones de euros. Estas actuaciones está previsto que vayan dirigidas a restaurar las infraestructuras dañadas, tales como paseos marítimos, accesos a playas, reposición de arena, protección y conservación de los elementos que integran el dominio público marítimo-terrestre, así como los trabajos complementarios para asegurar la sostenibilidad de la costa y mitigar al mismo tiempo -y creo que esto es especialmente interesante-, mitigar al mismo tiempo, insisto, los efectos de futuros temporales y galernas que, por supuesto, no se pueden descartar. Por lo que se refiere al dominio público hidráulico, se impulsarán medidas por importe de 9 millones de euros destinadas a restaurar y reparar los daños causados por las avenidas de agua y viento, limpieza, retirada de tapones y reparaciones destinadas a prevenir los daños de futuras avenidas, así como la reparación de paseos fluviales y márgenes de los ríos. Por último, en materia de infraestructuras rurales, se impulsarán obras de emergencia por un valor aproximado de 600.000 euros para la reparación del camino natural Ruta del Cantábrico, también dañado por estos temporales, como saben sus señorías. Las actuaciones de restauración de las infraestructuras de titularidad estatal contempladas se financiarán mediante créditos extraordinarios con cargo al Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria.

Señora presidenta, señorías, otra cuestión especialmente relevante son los beneficios fiscales que incorpora el presente real decreto-ley, como, por ejemplo, la exención en el pago del impuesto sobre bienes inmuebles correspondiente al presente ejercicio 2014 de aquellas viviendas, establecimientos industriales y mercantiles, explotaciones agrarias y turísticas, locales de trabajo y similares que hayan sido dañados como consecuencia directa de estos siniestros. En esta misma línea se llevará a cabo una reducción en el impuesto sobre actividades económicas e igualmente se producen reducciones en el impuesto sobre el valor añadido para las explotaciones y actividades agrarias afectadas. Por otra parte, la disminución de ingresos en los tributos locales que producirán estas medidas será compensada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. En el ámbito laboral, se contempla, entre otras, una moratoria a las empresas, a los autónomos y a los trabajadores afectados de hasta un año sin interés en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social. Además, en los expedientes de regulación de empleo, así como en las pérdidas de actividad en los sectores marítimo-pesquero y de la hostelería y hospedaje que traigan causa precisamente de estos temporales, se exonerará al empresario del abono de las cuotas de la Seguridad Social mientras dure el periodo de suspensión. Igualmente en estos casos, en la percepción de


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prestaciones por desempleo no se exigirán los periodos de cotización necesarios para tener derecho a esas prestaciones. En esta misma línea, cuando se produzca la extinción del contrato, las indemnizaciones de los trabajadores correrán a cargo del Fondo de garantía salarial. Finalmente, para llevar a cabo las obras de reparación de los daños causados, las administraciones públicas y las entidades sin ánimo de lucro podrán solicitar del Servicio Público de Empleo la adscripción de trabajadores perceptores de las prestaciones de desempleo para trabajos por colaboración social. Por último, señorías, quiero incidir en las medidas dirigidas a impulsar la coordinación de las administraciones afectadas que, como sabemos, es un requisito esencial para lo que todos pretendemos, que es una gestión eficaz de esta clase de emergencias. A estos efectos quiero destacar la creación de una comisión interministerial para la aplicación y seguimiento de las medidas establecidas en el presente real decreto-ley que estoy presentando a sus señorías, sin perjuicio de la autorización al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para establecer con las administraciones públicas que proceda los convenios correspondientes para hacer más efectivas las medidas comprendidas en el ámbito de aplicación de este real decreto-ley.

En definitiva, señorías, con pleno respeto al ámbito competencial propio de los diferentes niveles de la Administración territorial del Estado, este real decreto-ley refleja la voluntad inequívoca del Gobierno de responder con la máxima urgencia posible a los daños ocasionados en los primeros meses de este año -y estamos en marzo- por catástrofes naturales, dando prioridad al interés de los afectados y sentando las bases para emprender sin dilación las tareas fundamentalmente de restitución y restauración medioambiental necesarias que antes les expuse. En virtud de lo que sumariamente acabo de exponerles, señora presidenta, señorías, les pido su apoyo para la convalidación de este real decreto-ley en el marco de lo dispuesto en el artículo 86 de nuestra Constitución.

Muchas gracias, señora presidenta, señorías. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, el señor Álvarez Sostres por el Grupo Mixto.

El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor ministro, Foro va a apoyar la convalidación de este real decreto por el que se establecen medidas urgentes para reparar los daños producidos por los fuertes temporales -la ahora llamada ciclogénesis que antes se llamaba y se llama galernas- en la franja costera que va desde Galicia hasta el País Vasco, pasando por Cantabria y Asturias.

Esta Cámara es consciente de que desgraciadamente las ayudas que se contemplan probablemente se van a quedar cortas porque en esta pasada semana el viento y la lluvia han vuelto a hacer de las suyas, quizás con mayor virulencia y con efectos más dañinos sobre nuestro litoral, sobre numerosos pueblos, numerosas propiedades. En definitiva, un gran drama. El Gobierno cifró a finales de febrero en más de 150 millones de euros los daños producidos por el temporal en Galicia, Cantabria, País Vasco y Asturias, que tuvieron los días 1 y 2 de febrero los incidentes de más gravedad con aquellas espectaculares olas gigantes que invadieron violentamente el litoral. Las playas, los puertos, los paseos marítimos, las embarcaciones, los diques, las calles, los coches, los comercios, los garajes, todo quedó semidestrozado o profundamente deteriorado. Asturias ha sido quizás -quizás, repito- la comunidad más afectada de todas. El Gobierno ha calculado en unos 12 millones de euros los daños sufridos en el Principado. Era pues necesaria y oportuna la aprobación urgente por parte del Gobierno del catálogo de medidas que hoy nos presenta para su convalidación con el fin de que el litoral vuelva a la situación en la que estaba. Pero, como ya dije antes, este fin de semana se ha producido una nueva edición de los temporales y esta vez con una gran incidencia en la localidad de Gijón, que por sí misma tiene evaluados y catalogados daños por más de medio millón de euros, pero también ha sido catastrófico, y usted, señor ministro, lo conoce perfectamente, en Cudillero, en zonas correspondientes a Llanes y a Luarca, a la que precisamente en una primera consignación se le han adjudicado unos raquíticos 2.400 euros. Yo no sé si ha sido como consecuencia de los comentarios de alguna popular comentarista en televisión preguntándose si los calamarcitos estaban vivos o muertos; yo no sé si esto ha tenido alguna incidencia y de ahí los 2.400 euros para restaurar los problemas de Luarca, fundamentalmente la restauración del Museo del Calamar que, como usted sabe, tenía y tiene un gran prestigio.

Todo esto va a significar que hay que hacer un esfuerzo en las subvenciones, hay que hacer un esfuerzo en las consignaciones y hay algo que es preocupante, que es que se liga al compromiso de déficit; eso sí que es realmente preocupante para todos porque todo es muy relativo. En todo caso, conviene decir que hay que volver a la situación anterior...


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Álvarez.

El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Termino, señora presidenta.

Hay mecanismos de carácter de emergencia que tienen que ser prioritarios, señor ministro, rápidos y eficientes, tanto en los presupuestos como en la ejecución de las obras. Repito que el compromiso de ligarlo al déficit probablemente no sea una buena idea.

Gracias, señor ministro.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Álvarez Sostres.

Señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señor ministro, tenemos que valorar en lo que vale este real decreto que hoy usted nos presenta aprobado por el Gobierno el 21 de febrero, porque efectivamente los gravísimos destrozos que provocó la catástrofe que realmente se vivió en toda la cornisa cantábrica y el litoral atlántico de Galicia fue de tal gravedad que obligaba al Gobierno a tomar medidas como estas. De hecho, el Bloque Nacionalista Galego el 10 de febrero ya presentó una proposición no de ley, porque efectivamente éramos conscientes de la gravedad de la situación, pero señor ministro, hemos de decir desde el Bloque Nacionalista Galego que la gravedad de lo que realmente representó una verdadera catástrofe natural no solamente radica en los días de ciclogénesis o graves temporales que hubo, y por tanto en los destrozos en la costa, paseos marítimos o afectaciones que se produjeron en el sector de hostelería, es que fueron dos meses y medio de intensísimas lluvias que afectaron enormemente a todo el territorio, no solamente a la costa, sino también al interior, por lo que han sido también las zonas agrícolas las que han sufrido las consecuencias de estos gravísimos temporales e intensísimas lluvias.

Señor ministro, como le decía, valorando en lo que vale este real decreto, nos parece insuficiente de acuerdo con las necesidades que existen; insuficiente, porque no recoge debidamente los graves perjuicios que tienen sectores como el agrario o el pesquero. Si bien es cierto que en el pesquero se reconocen aspectos como que las medidas también se destinan a destrozos de sus utensilios de trabajo, embarcaciones, etcétera, no se contempla que durante dos meses estas flotas marineras de toda la cornisa cantábrica y atlántica no han podido salir a faenar y, por lo tanto, las consecuencias económicas son muy graves, por lo que entendemos que deberían contemplarse también en el real decreto. Con relación a los sectores agrícolas, señor ministro, hay zonas, como por ejemplo en la provincia de Ourense, en concreto en la comarca de Limia, donde han sido muchos los ríos que se han desbordado, muchas las tierras agrícolas inundadas y el real decreto en absoluto las tiene en cuenta. Señor ministro, nosotros le instamos, aprovechando este debate, a ampliar este real decreto, ampliarlo de manera que también las zonas agrícolas sean motivo de ayudas por los desperfectos y la gravedad económica por no poder ejercer su actividad durante este tiempo, y sobre todo por las pérdidas de cosechas que existen. Sí, señor ministro, existen pérdidas de cosechas en este momento por estos graves temporales y lo que es en sí toda la catástrofe natural. También sería necesario que ampliaran este real decreto con ayudas al sector pesquero por no poder salir a faenar, no poder ejercer su actividad durante prácticamente dos meses, señor ministro, los meses de enero y febrero. Por tanto, el Bloque Nacionalista Galego, valorando la cuestión en lo que vale, entendemos que no podemos votar favorablemente; nos vamos a abstener, porque es necesario que el Gobierno amplíe el contenido del mismo para cubrir realmente las necesidades que existen en este momento como consecuencia de esta catástrofe.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández.

Por el mismo grupo, señor Errekondo.

El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Tenemos encima de la mesa un real decreto para reparar los daños causados por los temporales de estos dos últimos meses en la costa cantábrica, pero habrá que analizar también las causas a ver si se puede evitar al menos la enorme dimensión de los daños causados pero, ante la crítica situación actual, ahora lo que nos toca es responder de inmediato ante las consecuencias. La realidad es que estamos ante un panorama desolador en el que está en riesgo el futuro de miles de empresas y de miles y miles de trabajadores. Además, los municipios han sufrido ingentes destrozos para cuya reparación no disponen de los recursos suficientes, menos teniendo en cuenta la situación económica actual. Esta es la cruda realidad. Pero conviene dejar claro que para reparar los


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destrozos ocasionados en la costa es una obligación del Gobierno responder ante ellos. Los municipios y el resto de los afectados, lejos de pedir ningún favor, lo que están es exigiendo el cumplimiento de la responsabilidad, es decir, responder con recursos y con celeridad. Los ayuntamientos, las personas y las empresas afectadas tienen bien justificada la preocupación en estos momentos, teniendo en cuenta la virtual complejidad de los trámites con la Administración General del Estado. Por otro lado, esperemos que el Gobierno no caiga en la tentación de negar la competencia en determinados daños con la pretensión de ahorrar y dejar sin cobertura económica a los mismos. Por tanto, lo que toca es emitir las órdenes ministeriales y, además, de manera inmediata antes de que las consecuencias aumenten y se agraven, es decir, concretar los municipios incluidos, los daños reconocidos y las coberturas establecidas. El Gobierno ya ha escuchado directamente de boca de las diferentes instituciones las reclamaciones que se le están haciendo. Reparen inmediatamente el dominio público, destinen los recursos necesarios para reponer los daños causados, pongan en marcha de inmediato las aportaciones económicas y establezcan para ello la máxima prioridad en su tramitación. Que los tres meses que marca el decreto no queden en papel mojado. Tengan en cuenta, además, los limitados recursos de los municipios y el corsé financiero que les ha impuesto el Gobierno con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esperamos que el Gobierno responda realmente a estas urgentes necesidades y que este real decreto no resulte, como hemos dicho, papel mojado; que no sea una simple promoción a la candidatura del señor Cañete a las elecciones europeas. Pronto comprobaremos si, además de pasearse por toda la costa, cumple con sus responsabilidades.

Hablemos también de las causas. El mal ya está hecho, por supuesto, ¿pero será este Gobierno capaz de aprender algo de esta lección de la naturaleza? Nos cuesta creerlo, porque mientras hablan de la sostenibilidad de la costa, lo que hacen con sus medidas es dejarla cada vez más indefensa. Claro ejemplo ha sido la última reforma de la Ley de Costas mediante la cual se reduce enormemente la protección del dominio público, ya que altera y desnaturaliza sustancialmente la protección del litoral. Limita y reduce de forma importante la aplicación de la servidumbre de 100 metros a 20. Lejos de ir finalizando las concesiones, las aumenta. Así estamos, con un Gobierno que apoya privatizar los recursos naturales y, luego, cuando suceden estas cosas tira de las arcas públicas para dar cobertura a los intereses privados dentro de las servidumbres y del dominio. Por ello, tenemos muy claro que tenemos una idea muy diferente de lo que es la protección de la costa. Creemos que debe basarse en la protección, el respeto a la naturaleza y el respeto a la salud de las personas, pero este Gobierno con sus decisiones demuestra justo lo contrario. Por ello, en Amaiur tenemos muy claro que la verdadera protección de nuestra costa solo será posible gestionando el dominio público marítimo-terrestre con criterios propios desde Euskal Herria y para Euskal Herria...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Errekondo.

El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Voy acabando, me queda una frase.

... con una ley de costas propia de Euskal Herria y desde la soberanía plena de Euskal Herria.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero):Gracias, señor Errekondo.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, señor Agirretxea.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.

No me alargaré porque creo que lo más importante de este tema ya se ha dicho. Estamos ante la convalidación de un real decreto motivado, como ha explicado el ministro, por el temporal que se produjo en la primera semana de febrero, después también en la última de febrero y en la primera de marzo, en toda la costa cantábrica y parte del litoral atlántico de Galicia. Algunas zonas fueran muy afectadas, muy castigadas y todos vimos las imágenes que nos surtían las televisiones: olas que hasta ahora pocas veces habíamos visto, pleamares inmensas atacando duramente contra la costa, contra paseos, playas, casas, etcétera, en lugares como Donosti, Bermeo o en algunos otros lugares de Asturias o Cantabria, fueron verdaderamente espectaculares dentro de lo que podemos entender como espectacular cuando ocurren situaciones de estas. En el caso de Euskadi casi todas las localidades costeras fueron afectadas por este temporal y, en algunos casos, la afectación fue más intensa que en otros, porque en algunas situaciones concretas, muchos lugares, por ejemplo, en el caso de Bermeo donde las lonjas fueron inundadas, mucha gente se ha quedado sin actividad económica. Por lo tanto, era fundamental y necesario que el Gobierno


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convalidara y sacara a relucir un decreto de esta índole con ayudas; de la misma manera que otras instituciones que también son competentes en la materia lo han tenido que hacer. Ante esta tesitura y después de haber visto lo que ha ocurrido, en el caso de Euskadi el Gobierno vasco también ha aprobado un decreto, que después citaré, y era fundamental que el Gobierno lo emitiera para la costa cantábrica; hace menos de tres semanas hubo incluso una pregunta al ministro de Agricultura, en gestiones personales hemos estado comentándole la necesidad del mismo, y en este caso se ha actuado como se debía de actuar: había una situación de emergencia y había que actuar con una respuesta de emergencia.

Habría que diferenciar, tanto en el caso del real decreto como en lo que ha ocurrido, que las necesidades son de dos ámbitos: uno, para las infraestructuras que han quedado dañadas, que son competencia de las instituciones, sea el Gobierno central, sea el Gobierno vasco, en el caso de Euskadi, Gobiernos autónomos, incluso diputaciones forales; y ayudas directas para personas jurídicas o físicas que han quedado damnificadas por algo que el temporal ha producido en sus negocios o en sus actividades. Por una parte, han quedado dañadas las infraestructuras y, por otra parte, bienes y negocios privados. Habría que destacar que la actuación ha sido correcta en el sentido de la gran celeridad y el compromiso que muchas instituciones han tomado cuando ha ocurrido esto, y ha sido una cosa importante. En el caso de Euskadi, liderada por la consejera de Medio Ambiente del Gobierno vasco y las diputaciones forales y parte del departamento de Costas, se juntaron enseguida y crearon una especie de mesa de crisis fundamental que ha hecho que se pudiera hacer un planteamiento de prevención, en primer lugar; sabíamos que iba a llegar, las unidades de metodología han funcionado muy bien, sabíamos qué iba a haber, por lo tanto, la emergencia, la situación de emergencia estaba ya prevista. Nunca se pueden saber las consecuencias que ello podía acarrear pero había un plan de prevención. Una vez ocurridos los daños, sobre todo la primera semana de febrero, se hizo un análisis y una evaluación de lo que había ocurrido, exhaustivo, detallado y conciso y después se puso en marcha una coordinación conjunta para actuar ante estas situaciones. Las entidades que son competentes en la materia, cada una en su ámbito, han decidido plantearlo; en este caso tenemos al Gobierno central con una serie de medidas en este real decreto y el Gobierno vasco, por ejemplo, en el caso de Euskadi con otro decreto para las materias que son de su competencia.

Cuando hablamos de esta serie de decretos, como hoy, no es la primera vez, porque hemos tenido otras situaciones, siempre hablamos a posteriori; es normal porque las situaciones ocurren y después hay que actuar, pero siempre tendremos situaciones de esta índole o parecidas porque la naturaleza a veces no avisa, a veces ocurren cosas que no están previstas. Estas situaciones de catástrofe natural no solo tienen que servirnos para reparar; también tienen que servirnos para estudiar, para analizar lo que verdaderamente ocurre, por qué ocurre y cuándo ocurre, para proyectar un planteamiento de qué tipo de relación queremos con la naturaleza -en este caso sin duda alguna con el mar-, con la costa, con la situación que conlleva un temporal, por ejemplo, y para prevenir porque es uno de los elementos fundamentales en cualquier acción de estas, la prevención, la prevención para que no ocurran daños mayores. Vuelvo a reiterar que, gracias a que teníamos todo un equipo y movimiento de alerta, no hubo daños, por ejemplo, personales, aunque sí hubo uno precisamente en mi pueblo cuando a un chico de origen senegalés se lo llevó una ola y murió, pero no fue por falta de prevención. Tenemos que centrarnos en que este decreto-ley, como decíamos, por una parte nos tiene que valer para que el siguiente se elabore, porque hemos evitado ciertas cuestiones que quizá actuando de alguna forma podrían haber sido evitadas; por tanto, ayudas económicas e intervenciones en el dominio público. Está claro que el dominio público marítimo-terrestre es competencia del Gobierno central, también costas, por lo que tanto mi grupo como yo le pedimos celeridad, que actúe ya; la evaluación está hecha, los daños están cuantificados y medidos, sabemos lo que hay que hacer. En el caso de Euskadi, además, cuando el mar ataca tenemos infraestructuras que corresponden al departamento de Costas del Gobierno central; tenemos las carreteras, que son de competencia foral; los puertos, que son del Gobierno vasco y finalmente actuaciones que son competencia de los ayuntamientos. Yo sí citaría una cuestión a la que ha aludido el señor ministro, relativa al real decreto, en los artículos 9 y 10, cuando habla de exenciones para pagar el IBI, etcétera, y es que el real decreto adolece de una cuestión que debería ser planteada: la salvaguarda de la competencia foral prevista en la Ley de Concierto del País Vasco -que es competente en esa materia-, por lo que el real decreto debería contemplar esa salvaguarda cuando se plantea, por lo menos con los territorios del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra.

Para finalizar, lo que le pido al Gobierno es que si se convalida este real decreto lo importante es poner en marcha las medidas que se contemplan en la misma, con celeridad en sus actuaciones, sobre todo


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porque en el caso de Euskadi, que es lo que conozco, se debe actuar no solamente porque se haya estropeado sino porque cuánto más tiempo transcurra es peor. Por ejemplo, en el espigón de la playa de la Zurriola, de Donosti, hay un boquete que puede provocar que se vacíe de arena la playa si no se actúa y se repara, o en el caso del paseo Nuevo de Donosti o el paseo de Zarauz, por aludir a lo que es materia competencial del Estado, porque el Gobierno vasco ya está actuando para el puerto de Bermeo, para el puerto de Ondarroa, etcétera.

Esperamos que este decreto sea válido y eficaz y sirva para medir aquello que sabemos que siempre sucede cuando se produce una situación como esta, y que no podemos andar siempre reparando cosas que sabemos que siempre que haya un temporal van a ocurrir. Es el momento para hacer un análisis y en el caso de la materia competencial de la costa, hay ciertas cuestiones a tener en cuenta para que cada vez que haya un temporal no tengamos que estar siempre reparando lo mismo. Eso es algo que debería estudiar este Gobierno.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Presidenta, muy brevemente. Como no puede ser de otra forma, he de decir que apoyamos el real decreto y solamente me gustaría hacer tres o cuatro consideraciones. Primero, hay que recordar al señor ministro que no se deberían incluir los bienes de titularidad privada en el dominio público marítimo-terrestre. Nos parece que las edificaciones ilegales no pueden ser reconocidas ni amparadas por el interés general. Recuerdo cosas que dijimos aquí cuando estuvimos hablando de la Ley de Costas que nos trajo el señor Cañete y hoy vemos algunas de las consecuencias de lo que se hizo mal entonces. Recordamos que hay que invertir más en asegurar la integridad del dominio público marítimo-terrestre pues estamos viendo también hoy las consecuencias de esa cada vez menor inversión. Llamamos la atención sobre este aspecto. El presupuesto de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa mengua cada año y vemos ahora también las consecuencias. Hay que instar al Gobierno también y pedir que la Unión Europea revise cuál es la definición de zona catastrófica.

Termino diciendo que nos escudamos a propósito y muchas veces a diario en cuáles son los peligros "de la naturaleza", y sin embargo evitamos ver cuál es nuestra propia responsabilidad por la falta de previsión -ya he hablado de ello- y por la permisibilidad en las construcciones que establecemos en las zonas costeras.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Cantó.

Señor Llamazares. (Pausa). ¿No hay nadie de La Izquierda Plural? (Pausa).

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Guillaumes. (Pausa).

Después le daremos la palabra al señor Llamazares, que ha tenido que salir.

Señor Guillaumes, por favor, tiene la palabra.

El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Presidenta, señorías, a bote pronto no tendría que haber problemas en votar favorablemente a un decreto que al fin y al cabo de lo que habla es de ayudar a las personas. Pero hay más: cuando lo leemos y llegamos a la disposición final primera vemos que con carácter general, o sea no para estas comunidades sino con carácter general y no de manera provisional sino de manera permanente, se modifica la Ley de Haciendas Locales de tal manera que lamina a las comunidades autónomas en temas como la coordinación de la protección civil de los ayuntamientos, y reduce a poco o a nada la previsión de que los ayuntamientos saneados puedan dedicar sus remanentes a inversión. Un diputado de esta Cámara utilizaría la expresión de que es una falta de decoro parlamentario. -Esa es una frase que me impresionó la primera vez que la oí en esta Cámara-. Parece por tanto que es una falta de decoro parlamentario el que se cubra detrás de una norma humanitaria un recorte competencial. No es de recibo de ninguna de las maneras y no podemos votar de ninguna manera en contra de una norma que lo que pretende es ayudar a gente que lo ha pasado mal; pero lo que haremos como grupo es pedir su tramitación -pido que se tome nota- como proyecto de ley para modificar la disposición final primera, también el artículo 16 y quizá alguna cosa más. Si esto no es aceptado, y siempre dejando claro que se trata de un tema simplemente competencial, nosotros nos abstendríamos. Nuestra nueva diputada, Carme Sayós, escandalizada por este tipo de técnica legislativa que consiste en utilizar normas para modificar


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cosas que no tienen nada que ver, está preparando una batería de medidas para, como mínimo, limitar los daños de esta, podríamos decir, poco decorosa técnica legislativa. Pedimos su tramitación como proyecto de ley y, en su caso, nos abstendríamos, repito, por motivos simplemente competenciales.

Muchas gracias, presidenta; muchas gracias, señor ministro, señorías.

La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Guillaumes.

Señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.

Quiero agradecer la flexibilidad de la Presidencia porque estaba en la puerta y pensaba que no me correspondía el turno todavía a tenor de la intervención de Unión Progreso y Democracia. Agradezco la posibilidad de intervenir.

Bien, nosotros no nos vamos a oponer a este decreto de ayudas pero vamos a esperar a ver si el Gobierno y el grupo parlamentario que lo apoya permiten su tramitación como proyecto de ley. ¿Por qué? En primer lugar, porque nos parece un decreto de ayudas insuficiente. Pueden decir ustedes que ese volumen siempre parece insuficiente en la previsión inicial, pero es que en este caso ante una ciclogénesis permanente, que no es explosiva -llevamos en una ciclogénesis permanente prácticamente desde el mes de diciembre en la cornisa cantábrica y en la zona atlántica de nuestro país-, ante esta situación, la previsión del Gobierno de 150 millones de euros de daños nos parece claramente insuficiente. Incluso aunque esos daños se hubieran producido hasta el momento de la aprobación del decreto, con posterioridad al decreto hubo otra ciclogénesis explosiva en las comunidades autónomas de la cornisa cantábrica y de la fachada atlántica que supuso daños sobre los daños. Con lo cual, esa insuficiencia inicial puede convertirse en una insuficiencia global del decreto de ayudas, de subvenciones, de apoyos a los daños públicos y privados producidos por los vientos y mareas en la cornisa cantábrica. Más allá de esta cuestión de la insuficiencia del presupuesto, todos somos conscientes, señorías, de que no estamos ante un hecho más que provoque una situación catastrófica y unas ayudas de emergencia; estamos ante algo más importante. Nos da la impresión de que esta situación permanente en la cornisa cantábrica puede tener que ver con el cambio climático ya que, por ejemplo, ha impedido que buena parte de nuestros pesqueros salgan a la mar. Podemos ver cuáles son las situaciones conflictivas que hoy tenemos en Galicia o en otras comunidades del Estado en torno al futuro de la pesca. Podemos ver también los problemas que significa el diseño de la política costera con relación al cambio climático a lo largo de los últimos meses. En ese sentido, las medidas son insuficientes. Como medidas de coyuntura, sería necesaria una investigación a fondo para saber ante lo que estamos y medidas preventivas también en materia de costas.

Además de las insuficiencias, discrecionalidad en segundo lugar. Señorías, en varios aspectos del decreto se remite el carácter de problema de emergencia o de ayuda de emergencia a la decisión del Ministerio del Interior o del Ministerio de Agricultura. Nos parece que algunas de esas medidas, sobre todo las que tenían que ver con daños en bienes públicos, se podrían haber reconocido ya como ayudas de emergencia y no esperar a un desarrollo reglamentario por parte de los ministerios afectados. En ese sentido, nos preocupa la discrecionalidad que pueda haber en esas ayudas. En algunos casos es legítimo que eso tenga que decidirse por parte de los ministerios en aquellas ayudas que se pidan por parte de entidades privadas, pero hay otras, como el destrozo del puerto de Cudillero o la afectación de las playas del norte de España, de la mayor parte de las comunidades autónomas del norte, que ya se podrían considerar efectos de la catástrofe o sujetos objeto de la ayuda de emergencia.

Por último, señorías, nuestra principal reserva con el decreto no es la insuficiencia ni la discrecionalidad, nuestro principal problema con el decreto es el artículo 16, aquel que vincula la recepción de las ayudas al compromiso de déficit. Señorías, los ciudadanos de los municipios del norte no tienen la culpa de cómo gestionan sus administraciones. Eso atenta contra el principio de igualdad. Si la catástrofe se ha producido y ha afectado a ciudadanos y a entidades públicas y privadas, lo que no se puede hacer es vincular las ayudas al compromiso de déficit de esos municipios. Nos parece un grave error que afecta al principio de igualdad y que significa una política injusta con los ciudadanos. Los ciudadanos pueden ser de un ayuntamiento o de otro, pero no tienen la responsabilidad de cómo se han gestionado las finanzas en cada uno de los municipios. Nos parece una introducción de un elemento del Ministerio de Hacienda que no tiene nada que ver con un decreto de ayudas de emergencia, una introducción del Ministerio de Hacienda que plantea dudas a mi grupo parlamentario.


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Por esa razón no nos vamos a oponer al decreto. Vamos a tener una actitud abierta, y nuestro voto final será en función de si el Gobierno y el grupo que lo apoya finalmente lo hace como proyecto de ley y no solamente como decreto. Termino de nuevo agradeciendo a la Presidencia de la Cámara su flexibilidad.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Llamazares.

Por el Grupo Socialista, señora Gallego.

La señora GALLEGO ARRIOLA: Gracias, señora presidenta.

Muchos de nosotros, en primera persona, hemos asistido y sufrido, especialmente durante los primeros días del mes de febrero, unos fenómenos meteorológicos intensos y graves que han puesto a las cuatro comunidades autónomas de los litorales Cantábrico y Atlántico en situación de alerta máxima, con vientos huracanados, con rachas superiores a 150 kilómetros y con olas superiores a 12 metros que han provocado daños considerables. Estamos acostumbrados a los temporales, pero esta situación de tal intensidad y gravedad no la habíamos conocido. Los expertos ya están advirtiendo de que el número y la intensidad de los mismos va a ser cada vez más frecuente, por tanto, es deber del Gobierno atender a estas situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica y cumplir con el principio de constitucionalidad de la extraordinaria y urgente necesidad.

Al Grupo Socialista le ha llamado la atención que desde que ocurren los graves fenómenos meteorológicos hasta que el Consejo de Ministros aprueba el real decreto pasan más de veinte días. Ha existido un sonoro silencio y ha sido necesaria una pregunta parlamentaria de control, concretamente al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Ha sido necesaria una petición de comparecencia al ministro. Ha sido necesaria una proposición no de ley, que se ha debatido ayer en la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente, para que se habiliten medidas extraordinarias de solidaridad con los afectados y que ha sido rechazada con los votos del Partido Popular con argumentos peregrinos. Pero eso sí, una vez que se aprueba el real decreto comprobamos cómo la maquinaria propagandística del Gobierno funciona y el día 27 se abre la veda, se presenta el Plan litoral y se enfatiza la rápida reacción del Gobierno 25 días más tarde.

En esta campaña se incluyen actos sectarios impropios de un comportamiento democrático, de respeto institucional y de defensa del interés general, como es el caso de la visita de altos cargos a Asturias, al comparecer con responsables de su partido y con una descortesía hacia las autoridades del Gobierno de Asturias con las que está obligada la coordinación de actuaciones, tanto en la franja litoral como en las dotaciones y en los equipamientos públicos ejecutados mediante convenios. Igualmente, nos llama la atención que, siendo a la vicepresidenta y ministra de la Presidencia a la que le corresponde coordinar varios ministerios, no haya visitado a día de hoy las zonas afectadas ni haya conocido de primera mano las dificultades que están teniendo los responsables locales y autonómicos para restaurar cuanto antes sus territorios con urgencia. Incluso el presidente del Gobierno podría haber hecho hueco en su agenda para visitar su tierra, que es además donde ha habido víctimas mortales.

El real decreto que trae hoy el Gobierno y sus diferentes artículos están basados en un real decreto anterior, el 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situación de emergencia o de naturaleza catastrófica, y establece ya el procedimiento para su concesión, porque además la Constitución española recoge la seguridad pública como competencia exclusiva del Estado. El Grupo Socialista considera urgente la puesta en marcha de las ayudas a una costa devastada por los temporales, pero es necesario que se tramite como proyecto de ley porque es manifiestamente mejorable y, además de la oportunidad de mejora del texto y el alcance de las ayudas, porque se han vuelto a repetir nuevos temporales este mes de marzo y se han añadido nuevos daños no contemplados en el presente real decreto. Por tanto, es de sentido común aprovechar esta tramitación para actualizar el censo de daños e incorporar las nuevas actuaciones y ayudas. Ya existen daños evaluados por valor de 150 millones de euros. Esta tramitación no va a suponer retrasos en las ya incorporadas en el texto presente y en las ayudas a los territorios, porque el real decreto ha entrado en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Nos gustaría que utilizasen su mayoría parlamentaria para tratar de consensuar el proyecto. En segundo lugar, es buen momento para que existiera una verdadera coordinación eficaz entre la Agencia Estatal de Meteorología, dependiente del Ministerio de Agricultura, y Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, de tal forma que se perfeccionara el sistema de previsión del oleaje a corto plazo para mejorar la capacidad de predicción, aumentar la seguridad del tráfico marítimo y dotar de mayor eficacia en la difusión de la información a los


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ciudadanos en situaciones extremas. No lo digo yo, sino que lo dicen los responsables de ambas instituciones en una reunión que mantuvieron el 27 febrero, quizá porque se les ha escapado que han existido disfunciones o errores. Es necesario que el Gobierno entienda que la reforma de la Ley de Costas, aprobada por este Gobierno y recurrida al Constitucional por nuestro grupo, rebaja el nivel de protección de nuestras costas, que no prevé para nada el riesgo de zonas inundables ni los riesgos ambientales que provoca el cambio climático.

En su reforma no quisieron hablar para nada del efecto del cambio climático sobre el litoral, y los temporales cada vez van a ser más intensos y la mar arrasará si no se actúa a tiempo. No puede existir un plazo de dos años para la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático porque dentro de dos años, todos calvos. Todo esto a pesar de las evidencias sobre los efectos y las previsiones de los trabajos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático y los estudios que en este sentido realizó la Universidad de Santander. Tienen ustedes una Ley de Costas que ha contado con el rechazo del resto de los grupos políticos, y es tiempo de rectificar. Es ahora el momento de elaborar y presentar al Congreso de los Diputados, en un plazo no superior a seis meses, un informe evaluando las incidencias en el dominio público marítimo-terrestre, donde se especifiquen las situaciones de vulnerabilidad y los riesgos y donde se programen medidas de adaptación. Son propuestas de resolución que también presentó nuestro grupo en el debate sobre el estado de la Nación y que sistemáticamente fueron rechazadas por su mayoría parlamentaria. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que dejen de estar ciegos a lo que está pasando en nuestras costas?, ¿qué va a suceder cuando vuelvan los temporales? Es lo que nos estamos preguntando, sobre todo los que vivimos en esa costa y estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo.

Por cierto, estas consideraciones fueron rechazadas de nuevo ayer en el debate de la proposición no de ley, que presentó el Grupo Socialista en la Comisión de Medio Ambiente, con argumentos como que ya estaba presentado un plan. Me pregunto dónde está ese plan y si lo conocemos los grupos parlamentarios. Mientras tanto, nos sorprende -aunque ya no nos sorprende nada- que se haya introducido de rondón una disposición final primera que modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales con una redacción equívoca, mezclando peras con manzanas, que trata sobre una inversión financieramente sostenible y que supone una nueva falta de respeto a los municipios, porque han intentado ustedes colarla de nuevo en esta iniciativa, habiendo tenido que retirarla por un informe negativo del letrado en otra iniciativa mantenida. El Grupo Socialista ha presentado una proposición de ley para dar impulso a la inversión sostenible de las entidades locales, que pretende ofrecer a los ayuntamientos la posibilidad de emplear el superávit de su presupuesto para reactivar la economía, para crear empleo, para promover el bienestar social o la atención a los más necesitados. Esta medida apuesta por el protagonismo de las entidades locales para dinamizar la economía y para solucionar los problemas acuciantes de los vecinos, y ustedes se lo quieren despachar en una disposición final en un decreto-ley sobre medidas urgentes de reparación de daños. Por tanto, desde el Grupo Socialista les instamos a que retiren esta disposición final, a que los ayuntamientos de este país sean tratados como se merecen, con respeto; con respeto hacia otra Administración tan importante como la estatal, en un trámite parlamentario adecuado, enriqueciendo la proposición de ley que ha sido trabajada, estudiada y consensuada por el Grupo Socialista y aprobándola, por supuesto. Piénsenlo, no les hace falta este tipo de argucias con su mayoría arrolladora. Nuestro grupo esperará a que este decreto-ley se tramite como proyecto de ley. Eso es lo que esperamos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Gallego.

Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Azpiroz.

El señor AZPIROZ VILLAR: Muchas gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, señor ministro, tengo el honor de subir a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con la convalidación del Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero -de 21 de febrero; no de 21 de julio de 2014-. Me parece que, de vez en cuando, no está de más que se reconozca cuando las cosas se hacen con diligencia, con agilidad y con rapidez; no pasa nada. Hubo capítulos de desastres y temporales a primeros de febrero, pero también los hubo en enero y en marzo. Hubo predicciones climatológicas que avanzaban que nos encontrábamos en una situación especial donde la cadencia y repetición de estos acontecimientos no fue la normal. De forma y manera que vamos a situar las cosas en su justo contexto. Lamento tener que empezar así, sinceramente


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no lo iba hacer, pero cuando se sube aquí y gratuitamente se afirma lo que se afirma, hay que poner el cascabel al gato.

La verdad es que me hubiera gustado no tener que subir aquí, porque eso querría decir que no había necesidad, que no habría daños ni humanos ni materiales que reparar, subsanar o paliar, que es lo que hace este real decreto-ley cuya importancia es obvia, la ha expuesto con claridad el señor ministro, pero también porque verán que afecta a muchos ministerios como son el de Interior, el de Agricultura y Medio Ambiente, Hacienda y Administraciones Públicas, Fomento, Empleo y Seguridad Social, el de Industria, Energía y Turismo, y cómo no el de Presidencia. En todos ellos se adoptan diversas medidas que contribuyen a subsanar y paliar esta cuestión. Esta afectación de daños se traduce en una estimación de gasto para repararlos de 153 millones de euros, de los cuales 23 millones se refieren a daños producidos en particulares, y 130 millones como ha recordado el ministro se refieren a la actuación en bienes públicos, especialmente en playas, puertos e infraestructuras ferroviarias.

El real decreto-ley adopta una serie de medidas ya comentadas, tanto de carácter presupuestario, financiero y tributario como laboral y de seguridad social, de contratación pública, etcétera, sobre las personas, las costas, las playas, las infraestructuras públicas y privadas, los establecimientos mercantiles, pesqueros, turísticos e industriales, y las viviendas. No me voy a explayar en estas cuestiones porque creo que con más detalle y conocimiento que yo las ha expuesto ya hace un momento el señor ministro, pero sí quiero y debo agradecer al señor ministro una serie de cuestiones, en contraste con lo que algunos han expuesto. Le quiero agradecer al Gobierno, y en este caso al señor ministro, la celeridad en atender estos daños. Como he dicho hace un momento, han sido daños producidos los días 1 y 2 de febrero, y las ayudas estaban aprobadas por el Consejo de Ministros en la forma de este real decreto-ley que ahora convalidamos. A nadie se le oculta que para hacer un real decreto-ley que sea responsable y eficaz no puede pasarse el imperativo ineludible de hacer la evaluación concreta de los daños causados para poder disponer de los medios económicos y demás elementos que se aportan en este real decreto para paliar estas situaciones. Eso hubiera sido una locura, y además tampoco tiene precedentes en este país. Se ha actuado con rapidez, con celeridad y con inteligencia, pero también se ha actuado con rigor. Tanto es así que se ha establecido tanto para febrero como para enero del año 2014, aunque lamentablemente -y creo que el señor Álvarez Sostres lo ha recordado- el 3 de marzo también hubo afectaciones importantes en otros lugares -él ha citado Gijón y Cudillero, y yo puedo referirme a mi tierra, Zarautz-; pero también le quiero decir que se quede plenamente tranquilo, porque a las tormentas que se han producido a principios de marzo, es decir con posterioridad a la aprobación el 21 de febrero de este real decreto-ley, les resulta de inmediata aplicación el régimen ordinario de ayudas para las situaciones de emergencia del Ministerio del Interior, sistema de cobertura suficiente para cubrir estos daños, porque de acuerdo con informaciones recabadas sus efectos han sido mayoritariamente los de agravar daños previamente acaecidos en esta ciclogénesis repetida a lo largo del primer trimestre del año 2014, en el que todavía nos encontramos, y por lo tanto daños ya previstos y considerados en el real decreto-ley que por supuesto el Grupo Parlamentario Popular va a convalidar.

Un segundo aspecto: la eficacia en la valoración de los mismos. Además yo quiero agradecer las modificaciones de los plazos usuales en este tipo de reales decretos, porque la naturaleza nos aporta la necesidad de reparar; bien estará prevenir, pero hay que reparar, ya que no siempre se controlan las posibilidades de la fuerza de la naturaleza, y se ha reducido el plazo para resolver los expedientes de reclamación de seis a tres meses. Este es un avance importante, de la misma manera que lo es el ampliar de un mes a dos las posibilidades de reclamación por parte de entidades públicas y de personas particulares.

Sin embargo a mí este debate me ha traído una doble reflexión: ¿qué hay delante de lo que hoy convalidamos? Delante de lo que hoy convalidamos está la demostración de que cuando se desata la fuerza de la naturaleza los que vivimos en la costa -yo soy guipuzcoano, donostiarra y de los 31 millones previstos la mitad se queda en Guipúzcoa, por los daños causados en la costa; más de la mitad, 15.700.000 euros es la estimación- sabemos que suele haber cierta repetición en el tiempo de oleajes, de tormentas, de galernas. Ustedes saben bien que el agua, H2O, es un elemento insípido, incoloro e inodoro, pero cuando es impulsado por el viento, por las tormentas, por la fuerza de la naturaleza, es de muy difícil control, y la naturaleza nos enseña, al menos a mí, algo: que quizá deberíamos ser un poco más humildes, porque a veces se hacen afirmaciones gratuitas -y tal vez el primero sea yo-, dogmáticas, demagógicas, manipuladoras y distorsionadores de las cosas. Yo creo que la consecución del bien común exigiría y


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exige un poquito más de humildad de todos nosotros para dar adecuada respuesta a lo que nuestra sociedad espera de nosotros y nos demanda.

¿Y qué hay detrás? Pues detrás de esta situación está España, está el principio constitucional de solidaridad, hay ayudas reparadoras para los daños, hay presupuesto, hay aportación financiera, hay preocupación, hay coordinación interinstitucional que está resultando eficaz -y hay que decirlo-, hay por tanto una situación con independencia de quién reciba la ayuda, de qué posición política tenga o qué pretensiones secesionistas o no de España pueda tener; ahí al final está España, que aporta, y por cierto está aportación no suele ser denegada, y no suele ser denegada porque es debida, es justa, es conveniente y por mucho que se diga: yo aquí no quiero estar, cuando vienen mal dadas, hombre, no está mal que me apoyen, no está mal que me ayuden, no está mal que demostremos que todos somos españoles, no está mal que haya solidaridad; y este es un valor de nuestra nación: nos tenemos que apoyar todos, a las buenas y a las malas, en situaciones adversas y en situaciones positivas. (Aplausos). Y ese desde luego es el proyecto del Partido Popular, y esa es desde luego la posición del Partido Popular.

No quiero concluir sin hacer una mención -reconozco que me ha sido chivada, porque no soy experto en la materia, pero decir la verdad tampoco está mal de vez en cuando, aunque sea desde aquí-, porque un compañero mío me ha recordado con razón que es la Ley de Costas, aprobada por el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular, la que hace previsiones para actuar contra las consecuencias del cambio climático. Obviamente en la ejecución y materialización de eso espero que no exijan ustedes la rapidez absurda que han exigido al real decreto-ley probablemente más rápido en dar respuesta a una situación de catástrofe en España. (La señora Gallego Arriola: ¡Por favor!). Si quieren se ríen, si les gusta, pero esa es la verdad. (El señor Escobar Las Heras: Muy bien).

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiroz.

- REAL DECRETO-LEY 3/2014, DE 28 DE FEBRERO, DE MEDIDAS URGENTES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA. (Número de expediente 130/000050).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a analizar el Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida. Para su presentación tiene la palabra la señora ministra de Empleo y Seguridad Social.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, sometemos hoy a convalidación el Real Decreto-ley 3/2014, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 28 febrero, un real decreto-ley que forma parte de la segunda generación de reformas en materia de empleo que corresponden a esta nueva fase en la que nos encontramos, en la que estamos pasando como ustedes conocen muy bien de la recesión económica al crecimiento económico. Por tanto en este momento debemos favorecer y fortalecer el crecimiento económico, y pretendemos que cuanto antes se traduzca en creación de empleo, pero no en cualquier creación de empleo, sino en una creación de empleo estable y de calidad, que permita entre otras cosas corregir la dualidad laboral, que es uno de los desequilibrios más importantes que tiene nuestro mercado de trabajo.

Señorías, desde que comparecí para presentar la reforma laboral en esta Cámara, hace ya dos años, han cambiado muchas cosas. La rigidez endémica de nuestro mercado de trabajo como ustedes saben muy bien nos hacía destruir más empleo y más rápidamente que a los países de nuestro entorno. Sin alternativas al despido el número de parados se incrementó en 3.350.000 personas la pasada legislatura, elevando la tasa de paro en 13 puntos porcentuales. Les recuerdo que el 65 % del incremento del paro que se producía en Europa se producía en nuestro país. Es decir, aportábamos el 65 % de parados de todos los que se producían en la Unión Europea. Esa era la triste realidad de lo que acontecía en nuestro país. Por tanto nuestro primer objetivo era frenar esa sangría de destrucción de empleo mientras nuestro país permanecía en la recesión. Hoy podemos decir con humildad que ese primer objetivo lo hemos conseguido, pero lo hemos conseguido entre todos, entre los trabajadores, entre las empresas, los interlocutores sociales, los que cada día apoyando las medidas de flexibilidad interna han hecho posible, empresa a empresa y sector a sector, salvar muchos empleos en España y sin duda alguna evitar despidos cuando la economía todavía recaía en nuestro país.


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Hace dos años ustedes saben muy bien que el paro crecía a un ritmo interanual del 12,5 %; hoy el paro se reduce a un ritmo de algo más del 4,5 %, en 227.736 personas menos que hoy están en el paro que el año anterior. Pero no solo se ha parado la sangría del paro y la economía ha vuelto a crear por primera vez empleo. Los datos lo dicen así y lo atestiguan. Los datos recientes del mercado de trabajo empiezan a vislumbrar que estamos empezando a conseguir el otro gran objetivo de la reforma laboral, que era que se creara empleo con tasas de crecimiento más moderadas en nuestro país, no cuando alcanzáramos ese 2 % o ese 2,5 % a lo que nuestra historia económica reciente nos tenía acostumbrados. En el último trimestre de 2013 la ocupación se incrementó en un 0,29 %, cifra que no alcanzábamos desde el cuarto trimestre del año 2007. Entonces, en 2007, la economía crecía más del triple de lo que creció el pasado trimestre del año 2013, un 0,2 %. En febrero como ustedes conocen muy bien, porque es una noticia reciente, un mes que tradicionalmente es malo para el empleo, la afiliación aumentó en 39.000 personas y por primera vez en sesenta y ocho meses, después de una larga crisis, presentó una tasa interanual positiva, algo que significa que por fin hoy, tras casi seis años, vuelve a haber más afiliados a la Seguridad Social que el año anterior.

Señora presidenta, sabemos que nos queda mucho camino por recorrer en el ámbito del empleo, pero los datos sí constatan ya que nos movemos por la senda adecuada, una senda que ha permitido frenar la destrucción de empleo, que ha permitido a nuestra economía comenzar a crear empleo con menores tasas de crecimiento, y que tendremos que recorrer sin desfallecer para que el empleo sea también un empleo de calidad. Por tanto, señorías, hemos avanzado mucho, y como decía lo hemos hecho entre todos, pero aún nos queda mucho por hacer. Hay 5.800.000 personas que buscan un empleo y no lo tienen; 5.800.000 personas que merecen que hagamos todo lo que esté en nuestras manos para poner fin a esa situación dramática del desempleo; 5.800.000 personas que urgen a recorrer esa senda hacia el empleo con mayor celeridad, con un empleo también de calidad, promoviendo entre todos la contratación indefinida. Por ello el Gobierno ha seguido aprobando medidas en el ámbito laboral en los últimos meses. Como conocen muy bien hemos impulsado el trabajo a tiempo parcial, porque permite así afrontar una de las asignaturas pendientes de nuestro mercado de trabajo, que tiene un nivel de contratación a tiempo parcial muy inferior al de los países de nuestro entorno. En 2012, último dato que tenemos de Eurostat, en España el 14,7 % del empleo era a tiempo parcial frente al 19,95 de la Unión Europea, y el 21,5 % de la zona euro. El 25,7 % del empleo a tiempo parcial es la cifra que tiene Austria; el 26,5 % Suecia o el 26,7 % Alemania. Señorías, si España alcanzara la media de ocupados a tiempo parcial de la eurozona crearía más de un millón de empleos, como ocurre en los países de nuestro entorno, y ni en Alemania ni en Austria ni en Suecia va mal en términos de empleo.

El Real Decreto 16/2013, de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, configuró el tiempo de trabajo como un mecanismo relevante en la organización flexible del trabajo, para adaptar los horarios a las necesidades reales de empresarios y trabajadores. A esta reforma también se sumaron los cambios introducidos en materia de protección social de los trabajadores a tiempo parcial, acentuando con ello el atractivo de trabajar a tiempo parcial. Gracias al apoyo de toda esta Cámara, hoy hay una mayor protección social para los trabajadores que sean contratados a tiempo parcial; pero no nos quedamos ahí, seguimos apoyando medidas para favorecer la contratación, entre ellas la simplificación administrativa de los modelos de contratación. Hoy en España hay cuatro modelos de contratación -indefinido, temporal, de formación y aprendizaje, y en prácticas-, lo que ha permitido clarificar los modelos y hacer la contratación más fácil, más atractiva y transparente para los empleadores, haciéndola también igual de segura para los trabajadores, porque los trabajadores conservan todos sus derechos en esa simplificación administrativa. Además hemos puesto en marcha un asistente virtual que facilita el proceso de contratación y reduce las cargas sobre los administrados.

Quiero resaltar también las medidas introducidas en el ámbito del fomento del emprendimiento, porque han sido también un instrumento eficaz para dar muchas oportunidades a los trabajadores autónomos. Pusimos en marcha la tarifa plana de 50 euros para jóvenes autónomos, que se introdujo en la estrategia de emprendimiento y empleo joven que se acordó con los interlocutores sociales para los menores de treinta años, y hoy podemos decir que 84.000 jóvenes han podido ya beneficiarse de ella. Una medida que, como iba en la buena dirección, ampliamos también para aquellas personas mayores de treinta años que pudieran darse de alta como autónomos, encontrando una oportunidad de autoempleo. Con 83.000 nuevos autónomos mayores de treinta años también hemos tenido éxito en la implementación de esta medida. En total son 167.000 personas las que se han dado de alta como autónomos gracias a esta tarifa plana de 50 euros. Con el resultado demostrado por esta tarifa para autónomas, y en coherencia con ello,


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hemos impulsado con este real decreto-ley una nueva tarifa plana, en este caso a la contratación de nuevos trabajadores de forma indefinida porque, ahora que la economía está iniciando su crecimiento, queremos que tenga un impulso adicional para que esa creación de empleo que se va a producir no sea una creación de empleo cualquiera, sino una creación de empleo de mayor calidad y con mayor estabilidad. La tarifa plana de 100 euros que introduce el real decreto permite extender estas reducciones en la cuota de Seguridad Social a las empresas y autónomos que creen empleo estable. El reto que tenemos por delante en los próximos meses es lograr que el crecimiento económico venga acompañado de creación de empleo neto, pero de empleo neto de calidad, íntimamente relacionada con la estabilidad en el empleo, y la superación de una de las características de nuestro mercado de trabajo que era la dualidad. Esta es la principal razón de urgencia para seguir abordando medidas que impulsen la contratación y la creación de empleo.

El real decreto-ley establece una reducción de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes por contratar de forma indefinida de la que podrán beneficiarse empresas y autónomos que aumenten y mantengan su nivel de empleo durante los próximos tres años. Implica que las empresas pagarán únicamente 100 euros mensuales a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes durante los veinticuatro primeros meses posteriores a la contratación. Una reducción en la cotización que sin embargo no reducirá, y esto es muy importante, los derechos de los trabajadores, que generarán los mismos derechos que si hubiera pagado la empresa por el trabajador todas las cantidades debidas. Esta reducción será aplicable a todos los contratos indefinidos que cumplan con los requisitos y se hayan realizado entre el 25 de febrero de este año y el próximo 31 de diciembre de 2014, y tendrá una duración general de veinticuatro meses, que hemos querido prolongar para aquellas empresas y autónomos que tengan más facilidad para contratar de forma estable. Por eso las empresas de menos de diez trabajadores podrán beneficiarse de una reducción adicional en el tercer año equivalente al 50 % por contingencias comunes que le correspondería en realidad. A su vez hemos querido, en coherencia con nuestro posicionamiento por el impulso de la contratación a tiempo parcial, que también este tipo de contratos se beneficie de la reducción. De este modo la tarifa plana será de 75 euros cuando la jornada de trabajo sea al menos equivalente al 75 % de la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable, y se reducirá a 50 euros cuando la jornada de trabajo sea al menos equivalente al 50 % de la jornada de un trabajador a tiempo completo.

Como he señalado, señorías, el objetivo de esta medida es fomentar la contratación estable. Por eso el real decreto establece que para poder beneficiarse de la tarifa plana las empresas y autónomos deberán incrementar, tanto el nivel de empleo indefinido como el nivel de empleo total en la empresa. A su vez, para seguir beneficiándose deberán mantener ese nivel de empleo total e indefinido dentro de la empresa durante los treinta y seis meses posteriores a la celebración de los contratos. Para evitar el fraude se exige que las empresas que quieran contratar con esta tarifa no hayan realizado, a partir del 25 de febrero en que fue anunciada, despidos colectivos o individuales que hayan sido declarados improcedentes. Este requisito se exigirá respecto de los seis meses previos al momento en que se realice la contratación indefinida. En cualquier caso, para mantener el derecho a la reducción de cotización, las empresas deberán mantener el empleo en los tres años siguientes a la contratación. De no ser así deberán reintegrar total o parcialmente las cantidades que se han ahorrado. Si incumpliesen durante el primer año deberán ingresar la totalidad de la reducción. Si lo hacen en el segundo el 50 %. Y si lo hiciesen en el tercero deberán ingresar el 33 % de lo ahorrado. Y por supuesto, como saben ustedes muy bien, desde la reforma laboral el despido en este país es siempre causal. Por tanto no se podrá despedir a un trabajador para beneficiarse de esta reducción, por lo que como hemos defendido desde el principio queremos contribuir a la creación de empleo neto y al empleo de calidad, porque creemos que las empresas que apuesten hoy por la contratación estable, las que llevan años luchando por sobrevivir en la crisis, las que han surgido con valentía en mitad de ella son las que constituyen el verdadero motor de la transformación económica de nuestro país, porque -y lo hemos dicho en muchas ocasiones- España no puede competir en costes, debe competir en talento y en productividad. Por eso el modelo económico debemos de seguir cimentándolo en trabajadores mejor formados y más productivos en empleos estables, y por eso con esta medida no solo fomentamos la creación de empleo estable, sino también que ese empleo sea de calidad.

Es como ven una medida de gran impacto, que tres días después de ser anunciada por el presidente en el debate sobre el estado de la Nación fue aprobada en Consejo de Ministros; supone un estímulo importante a la contratación e implica un importante ahorro en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, ahorro para las empresas, pero sin embargo no significará una caída de la recaudación.


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El impacto presupuestario, como conocen por la memoria económica, para las cuentas públicas es neutral. La pérdida recaudatoria derivada de la aplicación de la tarifa a contratos cuya celebración ya estaba prevista se verá compensada por las cotizaciones a la Seguridad Social por empleo nuevo generado gracias a este incentivo, y también por los incrementos de ingresos vía IRPF, impuesto sobre sociedades y otros impuestos indirectos, y por un ahorro también, señorías, en prestaciones sociales.

La mayor estabilidad del empleo también permitirá ingresos adicionales y menos gastos, y el resultado de una mayor incidencia del contrato indefinido supondrá también nuevas ganancias en el PIB. El Ministerio de Economía y Competitividad ha estimado que la tarifa plana aporta 3 décimas adicionales al crecimiento del PIB por esta medida. Como ustedes bien saben los trabajadores en contratos indefinidos son más productivos, al impulsar la contratación estable se aumenta la productividad laboral, generando con ello un mayor avance en el PIB. En definitiva, señorías, estamos ante una medida que pretende avanzar en ese círculo virtuoso de que más empleo y más actividad económica supone también mejor recaudación.

Termino ya. La tarifa plana de 100 euros es una medida ambiciosa y valiente, en ella concurren por su naturaleza y finalidad las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad para continuar con la agenda reformista que nos permita crear empleo, y empleo de calidad. Es un importante estímulo a la contratación estable que avanzó el presidente del Gobierno en el debate, que tengo confianza en que servirá para afianzar una salida de la crisis con bases más sólidas, que son las que ofrece el empleo estable. Por todo ello presento ante sus señorías este decreto-ley para que su convalidación sea también tenida en cuenta por ustedes y apoyada por la mayoría de la Cámara. Señoras y señores diputados, no tenemos tiempo que perder, hay más de 5 millones de personas que buscan una oportunidad laboral y no la tienen, y nuestra responsabilidad es hacer todo lo que sea posible para que lo consigan. Hoy con esta tarifa plana a la contratación estable damos un paso más en esa dirección.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora ministra.

Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Socialista, y para su defensa tiene la palabra la señora Gutiérrez del Castillo.

La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista se opone a la convalidación de este decreto-ley por tres razones: primero, porque la tarifa plana no crea empleo; segundo, porque es regresiva; y tercero -y sobre todo-, porque se olvida de los desempleados. Lo que ustedes presentan como tarifa plana es una gran transferencia de recursos de los más débiles, en este caso los pensionistas, a los poderosos. Según nuestros cálculos, la tarifa plana significa que entre 5.000 y 7.000 millones de euros van del sistema de pensiones a los bolsillos de unos pocos. Hacen ustedes lo que han venido haciendo desde el principio de su Gobierno, detraer recursos de los ciudadanos, de los pensionistas, para darlos sin contrapartida a la banca o a los empresarios. Esta es una valoración no solo del Grupo Socialista, sino también de expertos y especialistas económicos que califican la tarifa plana de regresiva, de un peso muerto para el empleo y de crear un inmenso agujero en el sistema de pensiones.

Lo primero que se constata al leer el decreto-ley es que el presidente del Gobierno mintió durante el debate del estado de la Nación, mintió nuevamente y sin rubor a esta Cámara, mintió a los 6 millones de pensionistas, a los trabajadores y al conjunto de la sociedad. El presidente del Gobierno afirmó de forma repetida que la tarifa plana estaría vinculada a la creación de empleo neto y el decreto-ley dice algo bien distinto. No hay vinculación entre la reducción de las cotizaciones sociales y el mantenimiento de las plantillas reales en las empresas. Tampoco hay un compromiso de creación de empleo neto, muy al contrario, el decreto-ley premia con una rebaja de cotizaciones cuando la empresa ha podido despedir trabajadores hasta el 25 de febrero, incluso a las empresas que han despedido de forma improcedente seis meses antes de la nueva contratación. ¿Cómo pueden hablar ustedes de mantenimiento de las plantillas cuando permiten a las empresas seguir despidiendo por causas objetivas durante el periodo de vigencia de la rebaja de las cotizaciones de este decreto-ley? Este decreto-ley premia a las empresas que han despedido con un ERE a los trabajadores de mayor antigüedad antes del 25 de febrero, a las que siguen despidiendo y a las que al día siguiente contratan trabajadores con menores salarios y peores condiciones de trabajo.

El decreto-ley, al igual que su reforma laboral, lo que realmente incentiva es el despido barato y el efecto sustitución de trabajadores y de rotación de contratos. Es un incentivo que va a todas las empresas,


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las que contratan y las que destruyen empleo, las que despiden a trabajadores de forma individual y las que lo hacen de forma colectiva. Su reforma laboral ya legitimaba estos despidos sangrantes, por eso la medida favorece el despido de trabajadores que tienen empleo de calidad y mayores salarios y premia su sustitución por trabajadores en condiciones más precarias. ¿Sabe usted en qué consiste el incentivo? Con las cuentas del presidente, nada más y nada menos que 7.000 euros por contrato en dos años para un salario medio, pero, si hablamos de grandes empresas, el incentivo son 17.000 euros por contrato y para los trabajadores menos cualificados, los que realmente tienen mayores dificultades de empleabilidad, solo 1.800 euros. Es decir, para aquellos que no tienen ninguna dificultad en encontrar empleo, 17.000 euros, para el que tiene problemas, 1.800 euros. Este regalo, señora ministra, se hace sin ninguna contrapartida porque el real decreto-ley tampoco recoge ningún compromiso de los empresarios para la creación de empleo neto. Este compromiso podría darse, como usted sabe, en el diálogo social, pero usted no quiere traer aquí un gran pacto por el empleo, que es lo que piden todos los ciudadanos.

Señora ministra, la media anual de contratos indefinidos celebrados desde 2008 es de 1.400.000; 1.400.000 contratos indefinidos cada año que se celebrarían en cualquier caso. O dicho de otra forma, la tarifa plana subvencionará contratos indefinidos que se habrían celebrado igualmente. ¿Qué efecto tiene esto sobre el empleo? La memoria económica que ha entrado en la Cámara hace apenas veinticuatro horas -y esto es un hecho absolutamente intolerable, esto es un insulto al Parlamento-, además de chapuza, han tardado quince días en elaborarla y hay apenas cinco folios para justificar económicamente la medida estrella del debate del estado de la Nación. Cuentan el cuento de La lechera, para concluir que se van a realizar la mitad de los contratos indefinidos que se hicieron en 2013 y un 40 % de los celebrados en 2012. El coste, señora ministra, no es neutro. Solo con que los empresarios hicieran los mismos contratos indefinidos que el año pasado, en torno al millón, ni uno más, estaríamos hablando de entre 5.000 y 7.000 millones de euros. Si usted dice que se celebrarán la mitad de los contratos indefinidos que se celebraron en 2013, la cuenta es fácil. No sé si usted ha leído la memoria. Me hubiese gustado que nos explicara cómo contratando indefinidamente con la mitad de los contratos que se hicieron el año pasado se va a producir no sé qué milagro y se va a generar empleo neto de un 0,3 %, 48.000 empleos en tres años.

Habla de fomentar el empleo y estima que los contratos que van a celebrar los empresarios van a ser la mitad de los que se hicieron el año pasado. Esto, señora ministra, es una auténtica tomadura de pelo. Además, con esta rebaja indiscriminada de cotizaciones incumplen el Estatuto de los Trabajadores, que prevé la consulta de empresarios y sindicatos para la modificación de cotizaciones y para que estas sean efectivas para la creación de empleo. Los grandes acuerdos sociales para la creación de empleo neto han priorizado las bonificaciones en la contratación a desempleados con mayor dificultad de inserción laboral. Todos los grandes acuerdos han descartado siempre reducciones indiscriminadas por ineficaces para la creación de empleo. Lo mismo les acaba de decir el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, que recomienda hasta la saciedad al Gobierno que una bonificación selectiva de cotizaciones para contratación indefinida de parados de larga duración debe ser el principal objetivo. O sea, justo lo contrario de lo que ustedes hacen. Señora ministra, en este tema hay coincidencia generalizada de expertos, instituciones y agentes sociales. La experiencia muestra que las reducciones de cuota indiscriminadas no generan empleo, y con seis millones de parados y tres de ellos de larga duración, esta medida es una vergüenza.

La medida es doblemente regresiva por ser una tarifa plana en lugar de un tanto alzado y sobre todo por el origen de los fondos. Señoría, el sistema de pensiones público pagará la factura, tocan nuevamente los ingresos del sistema de pensiones sin los necesarios acuerdos con los interlocutores sociales y sin contar con el Pacto de Toledo. Al tratarse de una reducción de cuotas, la Seguridad Social deja de ingresar entre 5.000 y 7.000 millones de cuota empresarial, y ese agujero, señora ministra, nunca se recupera; en caso de que hubiera nuevos cotizantes, estos generan a su vez nuevas prestaciones. Podían haber decidido que fuera una bonificación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Ahí podían hacer ustedes los cálculos, las compensaciones, con otras vías impositivas. Pero no, han decidido que la tarifa plana la pague el sistema de pensiones. Durante los años de gobierno del Partido Popular la Seguridad Social ha acumulado un déficit de 25.000 millones; 10.000 para el presente año, déficit que volverá a pagar el Fondo de reserva. En lugar de cubrir este déficit con nuevas fuentes de financiación lo que nos presentan es un nuevo hachazo a los ingresos del sistema público de pensiones. ¿Cómo es posible que con este déficit ustedes adopten medidas que suponen miles de millones de menos ingresos en el sistema


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público de pensiones durante 2014 y 2015? Esta medida supone, en realidad, un despilfarro y es malgastar el ahorro acumulado para los pensionistas durante la etapa de Gobierno socialista.

Señora ministra, la tarifa plana no crea empleo, es regresiva y olvida a los parados. El presidente del Gobierno presentó la tarifa plana como el gran hallazgo, el definitivo para el empleo y la creación de empleo. ¿Recuerda usted el contrato de emprendedores? Era ya la solución que contemplaba la reforma laboral para la creación de empleo y superar la dualidad del mercado de trabajo; un contrato con grandes incentivos económicos, con despido libre y, desde nuestro punto de vista, claramente inconstitucional. En dos años de vigencia este contrato apenas representa el 0,56 % del total de la contratación, y además -usted lo sabe- ha aumentado la segmentación y la precarización de nuestro mercado laboral; todo un éxito. En realidad la tarifa plana es el decimoquinto hallazgo desde que gobiernan; se suma a las catorce modificaciones anteriores que componen su reforma laboral y, qué casualidad, siempre en perjuicio de los derechos de los trabajadores. Alguien podría pensar que están dando palos de ciego. No, señora ministra, todo tiene un hilo conductor. Estas quince reformas han golpeado siempre a los mismos, a los derechos de los trabajadores.

Usted sabe que la reforma laboral ha provocado la destrucción de más de un millón de empleos, 900.000 cotizantes menos a la Seguridad Social, que los despidos objetivos sigan aumentando -señora ministra, los despidos objetivos siguen aumentando-, que el paro esté por encima del 26 % -creo que ahora van a hacer un apaño estadístico y bajará-, que de los 6 millones de desempleados, el 50 % no tenga ningún tipo de protección, que los trabajadores mayores de cincuenta años estén en el precipicio del despido con grandes dificultades para su recualificación, que el empleo de los jóvenes menores de treinta y cinco años se haya destruido en 174.000 en el último año y que los activos de estas edades se hayan reducido en 333.000 por desánimo, emigración o desesperación. Pero lo más grave de todo, señoría, es que el desempleo de larga duración afecta a todos los trabajadores, a los jóvenes menores de treinta y cinco años, a los de mayor edad o a las mujeres. Es un problema transversal, afecta sobre todo a los trabajadores con una menor cualificación profesional. Los parados de larga duración son más del 50 % del total, 3 millones de desempleados que cada día que pasa tienen una mayor dificultad para encontrar empleo.

Ante esa realidad, su política ha sido el recorte drástico de la protección a los parados y de las políticas activas de empleo, que tienen precisamente por objeto mejorar la empleabilidad de esos trabajadores con mayores dificultades para recolocarse. En estos dos años, señora ministra, usted ha recortado 7.000 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado dirigidos a las políticas activas de empleo. Para estos desempleados, para los parados de larga duración, ¿dónde están las medidas selectivas de bonificación de cotizaciones para ser los primeros contratados por los empresarios? Lo hacen al contrario, dan diez veces más de subvención al contrato de la persona que no lo necesita y diez veces menos a la persona que está parada y tiene especial dificultad para encontrar un empleo. Ni una vez menciona en su texto articulado al parado, ni una sola vez, señora ministra, se le ha olvidado. Todas las recomendaciones de la OCDE y de la Comisión Europea insisten una y otra vez en que este debe ser el objetivo prioritario. Mientras usted siga hablando de recuperación, dejan en la cuneta a un gran número de desempleados sin esperanza de reinserción.

Señora presidenta, voy concluyendo. Señora ministra, este decreto-ley convierte esta rebaja de costes de la Seguridad Social en una subvención indiscriminada, sin el más mínimo compromiso de creación de empleo y, como le he dicho, olvida totalmente a los parados. Es una medida inútil, injusta y con efectos perversos de sustitución de trabajadores y de rotación en el empleo. Señora ministra, el Grupo Socialista le pide que tramite este decreto-ley como un proyecto de ley y el Grupo Socialista también le exige a usted que lleve al Consejo de Ministros un gran plan de rescate para los desempleados, que promueva un gran pacto por el empleo que sea fruto...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Gutiérrez, tiene que finalizar.

La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Gracias, señora presidenta.

Pero quiero pedirle a la señora ministra algo que me parece fundamental y que demanda toda la ciudadanía, especialmente los parados, y es que promueva un gran pacto por el empleo que sea fruto del diálogo social. No traiga más propuestas planas. Lo que usted trae hoy es una improvisación que ni genera empleo ni atiende a los desempleados. Haga un esfuerzo. Como le decía, se lo pide y se lo exige la ciudadanía. Traiga al Parlamento ese gran pacto por el empleo y retire la tarifa plana.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Gutiérrez.

En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto, señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.

Llegó el presidente al debate del estado de la Nación con unas cifras del paro nada halagüeñas; con una sociedad machacada, víctima de sus propias políticas antipersonas; con el incremento de la pobreza, que se extiende incluso a los trabajadores; con pobreza energética; con cada vez más niños en situación de pobreza; con un nuevo incremento de los desahucios y con los titulares de la corrupción de su propio partido, que no cesan. Había que sacarse algo de la chistera, un titular para los medios de comunicación, un titular para despistar la atención, una idea, y esa idea fue la tarifa plana, aunque fuera de mentirijillas. Pero lo de tarifa plana era importante para los titulares.

Del real decreto quiero destacar una frase de su exposición de motivos. Dice: "... el Gobierno, además de las diferentes modificaciones normativas que han contribuido a la estabilización del mercado laboral...". Estabilización, qué gran mentira. Ninguna de sus reformas ha contribuido a estabilización alguna, lo único estable, permanente y persistente son las cifras del paro y de la pobreza, y sus reformas solo han traído despidos y precariedad. La reforma laboral ha duplicado las empresas con ERE. España es el país con más precariedad de toda Europa. Con ustedes la contratación indefinida ha caído a la mitad y el 90 % de los contratos son temporales. ¿Y creen que este panorama va a cambiar por los 100 euros de la tarifa plana? Tenemos claro que será que no. Los empresarios se ahorran algún dinero, pero la pregunta es: ¿Esa mínima reducción va a hacer que contraten a alguien más? Entendemos que los empresarios contratan si les hace falta y, si no, a pesar de su tarifa plana, no van a contratar. Ni tan siquiera se exige que el trabajador contratado esté en situación de demanda de empleo, y ello porque la realidad es que no estamos ante un decreto para crear empleo. Estamos ante un decreto para reducir los costes empresariales de la Seguridad Social y la consecuencia será menos dinero en las cuentas de la Seguridad Social, menos dinero para prestaciones y menos dinero para pensiones. ¿Beneficia en algo al trabajador, al que desde que ustedes gobiernan le han bajado o congelado el sueldo, diga lo que diga el ministro Montoro? Tampoco. ¿Va a cobrar más el nuevo contratado? Tampoco. ¿Se distingue entre un salario de 4.000 euros y uno de 400? Tampoco. Esta medida afecta a la financiación del sistema de la Seguridad Social. Las cuotas no se bonifican, se reducen, por lo que se recauda menos. Los conejos de chistera tienen un coste, y con ustedes ese coste siempre lo paga el trabajador y el pensionista.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.

Por el mismo grupo, señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.

Señora ministra, la medida que usted nos trae hoy aquí, anunciada por el presidente en el debate sobre el estado de la Nación es, apropiándome de un eslogan de ustedes, una medida trampa, y lo es porque lo que va a acabar siendo es la sustitución de unos trabajadores por otros. Bien es cierto que las empresas que se beneficien de esta medida tendrán que mantener cuando menos durante tres años el mismo nivel de empleo indefinido y también el de la contratación temporal, pero también es verdad que este real decreto permite transformar un contrato temporal en indefinido y asimismo sigue permitiendo el despido objetivo, que, por otra parte, es tan fácil después de la última reforma laboral. Por lo tanto, señorías, es completamente falsa la propuesta que hizo el presidente Rajoy en ese debate diciendo que era una medida para la creación de empleo neto y que gracias a esa medida se iban a crear puestos de trabajo. También es falso, señora ministra, completamente falso, que esta medida vaya a incrementar los ingresos de la Seguridad Social, como dice usted, porque el alto nivel de empleo que se va a generar vaya a sustituir el menor ingreso que va a representar esta tarifa plana de los 100 euros. Le preguntamos, ¿es que ustedes, con esta propuesta total y absolutamente electoralista, que no va a tener virtualidad ninguna para la creación de empleo, el único objetivo que se plantean es acabar definitivamente con el Fondo de reserva de la Seguridad Social? ¿Cuentan ustedes con eso simplemente y vamos a dilapidar ese fondo haciéndole un regalo al sector empresarial? Porque, señora ministra, esto no crea empleo, esto es completamente falso en relación con la creación de empleo que ustedes han anunciado, y únicamente es un regalo a los empresarios para contratar más precariamente.

Hablaba usted de que, además de la tarifa plana para los contratos indefinidos, también se regula la contratación que usted dice de manera beneficiosa para los trabajadores a tiempo parcial. Lo único que


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nosotros le tenemos que decir es que lo que ustedes hacen con este real decreto es precarizar el trabajo y precarizar el mercado laboral; es dejar a los trabajadores, sí, ante una posibilidad de empleo, en situación precaria, con menos horas y, por tanto, también con menos salario. Podremos llegar a trabajar absolutamente todos dentro de una pobreza y a ver cómo van a resolver ustedes después el problema de que las personas no tengan capacidad adquisitiva para mejorar el consumo y poder superar la crisis.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández.

Por el mismo grupo, señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.

Señora ministra, me gustaría que algún día usted reconociera que cualquier atisbo de recuperación económica se fundamenta en el dolor. Creo que empezaríamos a entendernos si hubiera una declaración suya reconociendo que convertir nuestra sociedad en una sociedad maquila a través de la devaluación salarial y de haber excluido a millones de personas del sistema laboral, sobre este sustrato de dolor, puede implementar una cierta recuperación económica. Si usted reconociera esto, quizás podríamos empezar a entendernos, porque coincidiríamos en que hay fronteras y líneas rojas que no hay que cruzar. Me refiero, por ejemplo, a todo aquello que tiene que ver con la defensa a ultranza de lo que nos queda de Seguridad Social.

Ustedes, a nivel presupuestario, han recortado las políticas activas de empleo y, por otro lado, hoy nos plantean esta propuesta que, por desgracia, no ha tenido siquiera la posibilidad de ser debatida con los agentes sociales ni con los grupos parlamentarios puesto que hoy posiblemente tampoco nos concederán el plácet de poder tramitarla como proyecto de ley, con lo cual nuestra presencia aquí es un tanto fantasmagórica. Nos preguntamos dónde está la equidad porque ciertamente a nivel procedimental usted sabe perfectamente que incluso alguien nada sospechoso de trotskista como la gente relacionada con la fundación Fedea han comentado la falta de equidad en todo aquello que tiene que ver con el diferencial de ahorro entre los salarios altos y aquellos que son menores. Se trata de una falta absoluta de equidad y un meter mano a la Seguridad Social. Además, todo ello está relacionado con lo que ustedes han previsto que será el déficit para este año de la Seguridad Social, 12.000 millones. Por tanto, entenderá que nos horrorice este escenario. Siempre hemos hablado que la solución estaba en los incrementos salariales, pero aquellos incrementos que, a su vez, aumentan el consumo y que tiran de la demanda interna, pero ustedes están apuntados a otra ecuación; una ecuación que nos condena a la miseria y a ver cómo, a una velocidad vertiginosa, se está desguazando todo aquello que generaciones de trabajadores han ido construyendo a partir de luchas y esfuerzos. Ahora toca meter mano a lo poco que nos queda de la Seguridad Social para facilitar un trasvase de recursos a las grandes empresas y a los empresarios. Cuando todo haya finalizado, ustedes podrán decir que son los padres y las madres fundacionales de la sociedad selva.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.

Por el mismo grupo, señor Cuadra.

El señor CUADRA LASARTE: Señoras y señores, hace cinco años tan solo se hablaba despectivamente de los mileuristas y de sus contratos. Hoy, sin embargo, tener un contrato de 1.000 euros es señal de que a uno se le ha aparecido la virgen no la del Rocío, por supuesto, señora ministra, esa arma de destrucción masiva de empleos y de creación de contratos de 400, 600, 700 euros. Los contratos basura de ayer hoy ya son contratos detritus, y seguimos avanzando. Junto a ello, ustedes y el Gobierno nos dicen que el paro está descendiendo. ¡Qué cosa! Lo que está ocurriendo en realidad es que los jóvenes y los inmigrantes se van del Estado, decenas, cientos y miles de personas, así el número desciende. Al exilio laboral forzoso lo llaman ustedes creación de empleo. Ustedes con los datos hacen algo parecido a lo que hacía Bárcenas con las declaraciones de renta, que siempre le salían a devolver. A ustedes siempre les salen expectativas positivas, cuando la gente no ve nada de esto.

La tarifa plana que ustedes nos presentan hoy con este decreto-ley es algo parecido, de creación de empleo, nada y de impulso de la contratación indefinida, tampoco. Lo primero a señalar es el gran tocomocho que ustedes quieren meter, porque es evidente que los 5.000, 6.000 o 7.000 millones de euros que supondrá esto en el descenso de cotizaciones a la Seguridad Social, este regalo que se le va hacer


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a los empresarios -al margen del bonito cuento de La lechera que usted nos ha contado-, con toda seguridad se sacarán del Fondo de reserva. En resumen, señora ministra, una vez más del bolsillo de los pensionistas se sacará el dinero que se regalará a espuertas a los empresarios. Ya se ha señalado por los que me han precedido que es evidente que con este real decreto se ha podido despedir -y se tendrán ayudas- y se podrá seguir despidiendo por montones a la gente en las fábricas. A pesar de todo ello, las nuevas contrataciones que se harán, que serán de peor calidad, tendrán este tipo de bonificaciones, de desgravaciones. Es decir, se seguirá destruyendo con expedientes colectivos y con despidos individuales el empleo de trabajadores con contratos de siete horas con antigüedad y se contratará a gente que no tendrá antigüedad, que tendrá unas desgravaciones en la Seguridad Social de un 50 o un 75 %, y todo ello para la buena salud económica de la patronal. Esto es así. También, como ya se ha señalado, se favorecerá muchísimo más a quienes menos lo merecen, los contratos que tendrán los sueldos más altos, en detrimento de los contratos con los sueldos más bajos.

En resumen, señora ministra, mucho ya se ha dicho, son contratos detritus los que se van a crear para sustituir a contratos fijos y de mayor calidad; exilio forzoso para decenas y cientos de miles de jóvenes y de inmigrantes; atraco a mano armada en los bolsillos de los pensionistas, y todo ello para solaz y regodeo y mayores beneficios de la patronal y los empresarios. La troika, la banca y la CEOE los ha aplaudido a ustedes a rabiar. España, su España, les va muy bien. Otra opinión distinta tienen los 6 millones de parados y paradas, los 9 millones de pensionistas, los 10 millones de personas que en estos momentos viven por debajo del umbral de la pobreza, pero, señora ministra, a ustedes toda esta gente les importa un pito. España, su querida España, que no es sino otra que la España del Ibex 35, de la Bolsa, de los negocios y del chanchulleo...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Cuadra, termine.

El señor CUADRA LASARTE: ... esta España va bien -estoy terminando-.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Termine.

El señor CUADRA LASARTE: Esta España va bien y todo lo demás a ustedes -ya lo he dicho- les importa un pito: a los demás que los zurzan.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): por el Grupo Vasco, PNV, señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.

Señora ministra, se celebró en Bilbao hace dos lunes un foro económico importante con presencias del mundo de la economía -la presidenta del Fondo Monetario Internacional y otros personajes relevantes-, que provocó acciones violentas y algunas manifestaciones, a las que se les reprochó por ciudadanos ordinarios, normales, la actitud violenta con la que se manifestaban, y se oyó perfectamente por la televisión la siguiente expresión de uno de los manifestantes violentos: "Saco de...," -vamos a poner unos puntos suspensivos porque no es un lenguaje que se pueda reproducir en esta Cámara- "seguro que llegas a fin de mes". Es un asunto grave que a mí me ha dejado perplejo y me ha obligado a reflexionar. Si desde luego el nivel de opresión de la clase trabajadora existe y los opresores son los que llegan a fin de mes, nos encontraríamos en una situación verdaderamente dramática, ya los niveles de pobreza serían espectaculares. Obviamente yo no voy a convalidar una reflexión de esa naturaleza, de ese tipo. El nivel de pobreza no ha llegado a esos extremos ni los que llegan a fin de mes son opresores de los trabajadores, suponiendo que sean los trabajadores los que son oprimidos porque no llegan a fin de mes. Al margen de estas circunstancias, lo que sí es obvio, señora ministra, y no se lo tengo que glosar, es que vivimos en una situación de pobreza sobrevenida en esta legislatura de forma importante y de cierto grado de proletarización de las clases medias que a usted no se le escapa ni a mí tampoco porque conocemos perfectamente la circunstancia.

¿A qué se deben estas situaciones de pobreza? En primer lugar al desempleo. A mí me parecen -y se lo digo con el cariño y la afabilidad con que solemos mantener este tipo de debates, este tipo de interlocución usted y yo- demasiado complacientes, casi apologéticas sus reflexiones en relación con la evolución del empleo. Mire, no, no tiene legitimidad, cuando menos estadística, para hacer reflexiones apologéticas en relación con la evolución del empleo. Parece que es un problema del pasado a veces oyendo a alguno de sus portavoces y oyéndola a usted misma, y no, esto es muy fluctuante. Ya solo los datos del paro registrado del anterior enero arrojaban que se habían destruido 113.000 empleos más -en el paro registrado-. Estamos ya contabilizando la campaña de Navidad. Aquí no estamos hablando


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de desempleo desestacionalizado sino de desempleo estacional. Ya sé que luego al mes siguiente los datos fueron mejores y ya podemos hablar de cifras de una cierta corrección o moderación de empleo o de creación de empleo desestacionalizado en este caso, pero estos datos siempre serán falsos en tanto en cuanto no se considere -y ustedes son muy renuentes y muy refractarios a afirmar esto- que la población activa desde que se aprobó la reforma laboral ha disminuido en 315.000 personas. Y cuando la población activa de un país disminuye en 315.000 personas estas personas que han dejado de pertenecer a la población activa deben incorporarse a las estadísticas como desempleados. Luego los 6 millones de desempleo acreditados por la última EPA de facto serían 6.300.000 personas. La población activa además, y ya se ha indicado por otros portavoces que me han precedido, disminuye por varios fenómenos, todos patológicos: el retorno de los emigrantes, que tienen mejores expectativas de empleo en sus países de origen; la huida y la marcha de nuestros jóvenes, los más preparados, como se suele decir recurrentemente, de nuestra historia, que tienen que buscar empleo en otros países, y quienes, ya desanimados y desesperados, desisten de inscribirse en los servicios públicos de empleo estatal y autonómicos y ya desisten de buscar un empleo nuevo. Ese es el dato real de empleo. No hay ocupación en términos netos, nueva. Esto es en lo que tenemos que trabajar desde una perspectiva transversal. Son varios los ministerios concernidos, no solo el suyo, pero, habiendo sido siempre nosotros -todos aquí o casi todos- cotributarios de esa teoría consistente en afirmar que la mejor política de empleo es la que no existe, que es la actividad económica o la generación de actividad económica la que con su efecto tractor crea empleo, hemos pasado a un discurso afortunadamente diferente y es necesario articular planes de choque o planes para el fomento de la contratación.

¿Este que usted nos presenta hoy es el bueno? Tenemos severas dudas, señora ministra. En primer lugar, tenemos severas dudas sobre su capacidad de hacer reflexiones que rayan en lo paranormal o en lo adivinatorio. No, usted no, el Ministerio de Economía. ¿Por qué sabe el Ministerio de Economía que va a crecer el producto interior bruto en 3 puntos? Dependerá me imagino de los contratos que se puedan concertar a partir de la aprobación de este real decreto-ley. ¿Y cómo sabe que estos contratos van a ser en número equivalente al crecimiento en 3 puntos nada menos del producto interior bruto? Usted me lo explicará después. Si hay algún adivino, si hay algún augur en el Ministerio de Economía -muchas veces parece que funcionan más como augures que como economistas algunos altos funcionarios del mismo-, que me lo explique después.

En segundo lugar, paso a su medida estrella para la estabilización del empleo, porque una de las causas de la pobreza en este país, además del alto volumen de desempleados, es la precariedad de los empleos. Existen más de un 1.200.000 empleos que tienen una duración inferior a la semana. Es indecoroso convivir en esa situación. Existen más de 2.500.000 desempleados cuyos contratos duran menos de un mes y sigue igual la situación. En cuanto a lo que puede ser una medida estrella para la estabilización o para el fomento de la contratación, primero, en el rótulo del real decreto utilizan indefinida, pero ya modifican -mediante un metalenguaje que es más que de matiz diferente- contratación estable. Sustituyen la alocución, el calificativo de indefinida por estable. No es lo mismo. Usted sabe que contratación indefinida no es lo mismo que contratación estable. Esta que puede ser una medida estrella quizá para fomentar la contratación estable -en su opinión, yo tengo algunas dudas o algunas reservas mentales al respecto- puede provocar que se estrelle la sostenibilidad financiera del sistema de Seguridad social, del sistema público de pensiones. ¿Por qué? Porque el sistema público de pensiones convive en este momento con un déficit estructural de 13.000 millones y, de forma inmediata, esta tarifa plana va a provocar un decrecimiento mayor de los ingresos del sistema público de pensiones y vamos a pasar de 13.000 millones de euros, salvo lo que nos indique el augur del Ministerio de Economía, que sabe realizar con tanta precisión estas identificaciones.

Usted sabe que vamos a empezar a convivir con la generación y pagar las pensiones del baby boom que se empieza a jubilar ya. Cuando se jubilen estas personas que pertenecían a unidades familiares con cinco, seis o siete hijos, sus pensiones van a ser financiadas por personas que son hijos de unidades de dos o tres hijos, en el caso de algunas más excéntricas que llegan a este número de hijos, con lo cual se produce un desequilibrio presupuestario que no necesito glosárselo porque lo hemos debatido en más de una ocasión usted y yo. El empleo no va a mejorar hasta el año 2015, si ustedes no mienten, no en los augurios, sino en su cuadro macroeconómico, el que presentaron para la aprobación de los presupuestos para 2014, en donde todavía mantenían que la cifra de desempleo que ustedes consignaban en su contabilidad, en su estructura contable de apoyo a estos presupuestos, sería del 25 % para el año 2015,


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y a nadie del Ministerio de Economía ni a nadie de su ministerio le he oído refutar esta cifra del mantenimiento de las cifras de desempleo.

¿Y qué nos presentan aquí? Una tarifa plana para contingencias comunes. Puede haber algún diputado que no sepa cuáles son las contingencias comunes, que son las objeto de protección. Se las voy a explicar yo. Son dos: las enfermedades no profesionales y los accidentes no laborales. Esta es la tarifa plana. A la protección de estas contingencias, no a ninguna otra, se destina la tarifa plana de 100 euros, de 75 o de 50 euros si se utiliza un contrato a tiempo parcial, en función de la jornada de trabajo que se realice. Desde esa perspectiva aquí nos encontramos con dos problemas difíciles de solventar. El ahorro, en términos nominales -aquí no hace falta ya recurrir a lo paranormal ni a los augurios-, es el siguiente. Para los que se contraten de forma indefinida y puedan acceder a esta tarifa plana de 100 euros, van a ahorrarle al empresario contratante, si van a cotizar por bases mínimas -que será lo ordinario si acceden a su primer contrato-, 77,7 euros al mes. Dígame usted si este es un estímulo económico suficiente para generar contrataciones de naturaleza indefinida, si tenemos en cuenta sobre todo la amplísima panoplia de contratos temporales -los cuatro del último real decreto que aprobamos, en concreto el Real Decreto-ley 16/2013-, todos con cuotas más bonificadas que las que se preconizan o proponen en este real decreto-ley. ¿Por qué se va a optar? ¿Por esto, por 77 euros de protección en el ámbito de las contingencias comunes, enfermedad no profesional o accidente no de trabajo, o por cuotas muy bonificadas que hacen referencia a contratos como el de a tiempo parcial, al contrato a tiempo parcial con horas extraordinarias, al contrato de emprendedores, sobre cuya legalidad ya ha habido pronunciamientos jurisdiccionales en el Estado español -en concreto ha sido declarado ilegal por un juzgado-?

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, tiene que ir finalizando.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Voy acabando.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Acabe, señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo.

Desde esa perspectiva, quisiera darle un margen de confianza a esta propuesta que, lejos de ser estrella, puede estrellar las finanzas del sistema público de pensiones dado que la tasa de dependencia cero no se va a producir en el año 2050 ni en el año 2027, cuando llegue la edad de jubilación a los sesenta y siete años, sino mucho antes. Estamos casi ya llegando a la tasa de dependencia cero. Es igual para los que están percibiendo algún tipo de protección que para los que están trabajando. Por eso pensamos que hay que dar un margen de confianza y nos vamos a abstener, señora ministra, pero nos gustaría seguir trabajando sobre cómo hay que afrontarlo, porque, entre otras, esto no ha sido negociado con nadie, ni con quien tiene la obligación legal de negociar a tenor de lo que mandata la Ley Orgánica de Libertad Sindical y el Estatuto de los Trabajadores.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.

Unión Progreso y Democracia viene insistiendo desde el inicio de la legislatura en que en nuestro mercado de trabajo no solo hay un problema grave de desempleo. Hay otro problema también importante, que es la precariedad, es el tipo de empleos que existen en nuestro país. Son empleos inestables y precarios y esto tiene graves consecuencias económicas, en primer lugar, para la formación de los trabajadores, que no tienen incentivos, ni ellos ni los empresarios, a formarse en contratos de unos meses de duración. Esto a su vez afecta también gravemente a la productividad y hace que sean empleos que se crean y se destruyen con facilidad, como ha demostrado la crisis económica.

Con la reforma laboral del Partido Popular esto no solo no ha disminuido, incluso se ha agravado. Si vemos los datos más recientes, hoy día en España el 93 % de los nuevos contratos son contratos temporales, y del 7 % de indefinidos casi la mitad, un 40 %, son a tiempo parcial. Es un grado de precariedad prácticamente total. Esto no se debe a la casualidad, no se debe a la mala suerte, no se debe a ninguna maldición bíblica. Tiene sus causas, tiene sus razones. Una de ellas tiene que ver con la dualidad entre contratos temporales e indefinidos. Hay un salto brusco en las indemnizaciones por despido y eso hace que los empresarios contraten temporales y que, cuando llega el momento en que deberían convertirlos


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en indefinidos, opten por un nuevo temporal. Ese salto brusco, con la reforma laboral, ha disminuido de altura pero sigue existiendo. En segundo lugar, tiene que ver con los incentivos a la precariedad, que con la reforma laboral han aumentado. Se ha incentivado el contrato a tiempo parcial con horas extras llamadas de otra manera, incluso con horas extras no pagadas, como demuestran las estadísticas. Este es el problema, la precariedad que hoy se pretende abordar con este real decreto, como si el Gobierno se asustase de las consecuencias de sus propias políticas: tenemos un 93 % de temporales, vamos a incentivar el contrato indefinido. Pero los tenemos por sus propias políticas, insisto.

¿Como se pretende contrarrestar esto? Explicándolo brevemente -ya otros oradores o la ministra lo han comentado-, se ofrece una tarifa plana de 100 euros mensuales, que es una especie de deducción en las contingencias comunes que pagan los empresarios. Esto se ofrece a los contratos que se firmen para lo que queda de año, desde el 25 de febrero hasta finales de 2014, si cumplen algunos requisitos: que sean indefinidos y, en teoría, como luego señalaré, que supongan incremento del empleo indefinidido e incremento total de la plantilla. En este caso se ofrece una reducción en estas contingencias comunes durante dos años.

¿Cómo podemos valorar estas medidas? Hay algunos efectos positivos que no queremos ignorar. En primer lugar, por lo menos se reconoce la importancia del tipo de contratación. Por fin se reconoce la importancia de que el empleo no sea precario y, puestos a bonificar, en vez de como en medidas anteriores, que se bonificaba el empleo temporal a tiempo parcial, esta es una bonificación a la contratación estable que algún efecto tendrá, pequeño, como luego señalaré, pero algún efecto tendrá. En segundo lugar, se reconoce también otro problema de la economía española, que es que las cotizaciones a la Seguridad Social, que son un impuesto sobre el empleo, son relativamente altas, como demuestran las comparaciones internacionales y los estudios de los expertos. Esta medida se puede interpretar como una rebaja selectiva de esas cotizaciones. En tercer lugar, esta medida va a implicar un adelanto de decisiones de contratación, porque solo se va a conceder a los que contraten a lo largo de este año. Hay incentivos por tanto para adelantar las decisiones para aprovecharse de esta bonificación. En nuestra opinión esto se hace sobre todo por motivos electorales para maquillar un poco las estadísticas de empleo indefinido antes de las elecciones europeas, pero también es cierto que tenemos un problema grave de desempleo estructural a largo plazo, de parados que van perdiendo habilidades, incentivos, y ese adelanto de contratación en sí puede ser un valor positivo. Estas valoraciones positivas son las que nos impiden oponernos a esta medida, pero no podemos apoyarla porque no podemos ignorar sus muchas limitaciones y sus graves inconvenientes. En esto no estamos haciendo de profetas ni de augures, como a veces hacemos los economistas, como señalaba acertadamente el señor Olabarría. Aquí hay poco que profetizar, porque bonificaciones a la contratación indefinida se han aplicado muchas veces en el pasado en nuestro país y sus efectos son conocidos. El último ejemplo lo hemos tenido con el contrato de emprendedores, un contrato fuertemente bonificado que ha fracasado estrepitosamente. La ministra nos suele dar los datos de contratación total, pero el porcentaje de ese contrato de emprendedores sobre la contratación indefinida es prácticamente nulo.

Han fracasado una y otra vez estas políticas, han tenido efectos pero muy pequeños porque tienen unos inconvenientes conocidos, insisto, que son sobre todo dos. El primer inconveniente es que son medidas costosas, esta en concreto, muy costosa. ¿Por qué? Porque el incentivo, la bonificación no solo lo va a recibir un empresario que no iba a contratar y ahora gracias a esta bonificación contrata -bienvenido sea en este caso-. También lo van a recibir todos los empresarios que habrían contratado trabajadores indefinidos, independientemente de esta medida. Si vemos los datos del año 2013, entre marzo y diciembre hubo 850.000 empleos indefinidos que se produjeron sin esta medida. Cabe esperar que en el año 2014 sean los mismos o algo más de 850.000 empleos indefinidos los que se van a beneficiar de la bonificación, pero se habrían producido en cualquier caso. Van a recibir como una especie de regalo esta bonificación y esto equivale a los 2.500 millones de euros cada uno de los dos años de la bonificación. La memoria económica hace auténticos malabarismos para disimular este efecto. Lo disimula tan bien que dice que es nulo. Bueno, se puede argumentar que en vez de 5.000 sean algo menos, pero que el efecto sea nulo es realmente un prodigio de manipulación de las estadísticas y del análisis económico. Es una medida costosa.

En segundo lugar, es una medida ineficiente, porque, más que crear empleo, lo que hace es sustituir un tipo de empleo por otro, sustituir empleo no bonificado por este empleo bonificado, desviar empleo más que crearlo, y en general suele hacer esto mientras dura la bonificación. Es decir, yo creo este tipo de empleo porque está bonificado, en vez de otro tipo de empleo, y además, una vez que acaba la bonificación,


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para qué lo voy a mantener. Hay estudios que demuestran que la tasa de despido aumenta en empleos bonificados cuando la bonificación termina. En esto hay que reconocer que la memoria económica es más realista, porque cuando nos dice cuánto va a incrementar el empleo esta medida establece que va a ser el 0,31 %. El 0,31 % del nivel de empleo actual equivale a unos 52.000 empleos, y de eso estamos hablando, que no son desdeñables, ningún empleo es desdeñable, pero estamos hablando de un mínimo efecto sobre el empleo. Estas medidas son costosas y son poco eficientes. Más que crear empleo, desvían empleo. Insisto, no desdeño el efecto, pero pongámoslo en su orden de magnitud, un 0,31 %, alrededor de 50.000 empleos.

Este efecto de sustitución de un tipo de empleos por otro se hace más probable en este caso por el mal diseño de la medida en el real decreto, porque hay unos requisitos que intentan evitar este efecto, pero solo se fijan en los datos del último mes antes del examen, y por tanto incentivan un tipo de comportamiento estratégico muy simple, que es que el empresario puede despedir a trabajadores indefinidos, de los que tiene ahora, no bonificados, esperar a que pase un mes y contratar otros trabajadores indefinidos bonificados, con lo que ese efecto, no de creación de empleo sino de sustitución de empleo no bonificado por empleo bonificado, cabe pensar que sea importante en este caso, como ha solido ser en experiencias similares en el pasado.

Aparte de estas consideraciones específicas, nos preocupa, señora ministra, sinceramente, la falta de una política coherente en su ministerio, tanto en el área de Seguridad Social como en el área laboral. No entendemos cuál es su política, no vemos una política coherente. Un día viene usted aquí y nos trae una medida para subir las cotizaciones sociales porque dice que la Seguridad Social tiene unas cuentas muy delicadas y que el Fondo de reserva se está agotando. Bien, puede ser una política coherente. Pero es que otro día, hoy, viene con una medida de rebaja de cotizaciones. ¿En qué quedamos? ¿Cuál es su política? ¿Hay que subir o bajar las cotizaciones? No lo sabemos. ¿Cuál es su política laboral? Un día viene y nos trae medidas para incentivar el contrato temporal a tiempo parcial porque cualquier empleo es bueno, mejor que estar en el paro. Bien, es una política posible, coherente. Otro día, hoy, nos viene con la política contraria: no, es importante que el empleo sea indefinido y es ese tipo de contratación la que hay que bonificar. Un día bonificamos el temporal a tiempo parcial, otro el indefinido. ¿Cuál es su política? ¿En qué quedamos? No lo sabemos. Desde luego, nuestra política sí la tenemos clara, es el contrato único indefinido, lo que permitiría ahorrar todo tipo de bonificaciones, y esas bonificaciones entre otras cosas se podrían utilizar para una rebaja modesta pero general y permanente en las cotizaciones a la Seguridad Social. Por tanto, como esta medida tiene algunos mínimos efectos positivos, no nos vamos a oponer a ella, pero como tiene todos estos inconvenientes y no es nuestra política, nos vamos a abstener. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señora ministra, hoy nos presenta a convalidación el decreto-ley que hace el número cincuenta de esta legislatura. Este Gobierno ha convertido lo que debería ser una excepción, el decreto-ley, en la norma. El Partido Popular ha conseguido convertir el Estado de derecho en un Estado de decreto. Están ustedes utilizando su mayoría absolutista para imponer un verdadero estado de excepción legislativo en el que el Congreso ha dejado de ser el legislador para pasar a ser el notario, el que toma nota de la actuación de un Ejecutivo que le ha usurpado al Parlamento sus funciones legislativas. Y por si fuera poco, señora ministra, usted nunca se digna a contestar a los grupos de la oposición y ha llegado el momento de que le preguntemos, ¿ha hecho usted acaso voto de silencio? ¿Forma usted parte de alguna congregación que le impide, le prohíbe debatir públicamente con la oposición? (Aplausos). Si no, dígnese a hacerlo en alguna ocasión, porque creo que eso le daría un poco más de autoridad a sus monólogos.

Señora ministra, La Izquierda Plural va a votar en contra de la convalidación de este decreto-ley porque no solo no incentiva el empleo, sino que incentiva su precarización, y porque, diga lo que diga usted, va a afectar negativamente a las cuentas de la Seguridad Social. Este decreto-ley está construido a nuestro entender sobre dos premisas falsas, se lo hemos dicho muchas veces. Ni la creación de empleo depende en estos momentos de los costes laborales, ni las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social son un instrumento útil para crear empleo, y se lo han dicho innumerables informes de muchos organismos. Posiblemente por ello, el Gobierno no ha sido capaz de presentar la memoria económica hasta hace escasamente veinte horas. Una memoria económica que se supone estaba en la mesa del Consejo de


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Ministros el día 28 ha tardado doce días en venir de Moncloa al Parlamento para después presentarnos, señora ministra, no cinco folios -ha sido muy bondadosa con usted la representante del Grupo Socialista-, sino medio folio para explicar el cuento de La lechera: dejo de ingresar vía tarifa plana y la Seguridad Social no deja de tener ingresos. La verdad es que hay que ser muy crédulo para creerse sus cuentas. Recuerde, señora ministra, todo lo que no son cuentas son cuentos, y cada vez que usted habla de reforma laboral no pasa cuentas, sino que nos cuenta un cuento, y llega un momento en el que uno cree que cualquier día de estos nos va a pedir que, además de que le creamos todos sus cuentos, nos chupemos el dedo todos los ciudadanos (Aplausos), el país y los diputados. Usted cree que nosotros somos débiles mentales cuando se dirige a nosotros. (Aplausos).

Señora ministra, lo que hoy en España dificulta la creación de empleo no son los costes laborales -se lo está diciendo todo el mundo-. Están muy por debajo de nuestros competidores y además bajando. Según Eurostat, sobre una media de cien, nuestros costes laborales y unitarios son el 89 % comparados con la Unión Europea de Veintisiete y, si se comparan con la zona euro, el 75 %, y además bajando. Cuando ustedes entraron en el Gobierno, en el primer trimestre de 2012, el coste laboral por trabajador era de media de 2.515 euros, global, no solo salarios. A finales de 2013, este coste se sitúa en 2.460 euros de media, es decir, hay una caída en términos nominales del 2,2 %. El problema para la creación de empleo en estos momentos no son los costes laborales, es la falta de crédito de las empresas y los problemas que tienen en mercados, por un lado, porque no pueden acceder al crédito -continuamos siendo el segundo país de la Unión Europea donde las pymes tienen más dificultades para acceder al crédito- y, en segundo lugar, porque ustedes con su política de austeridad salvaje están asfixiando el consumo de las familias y, por tanto, la economía, y, por si fuera poco, desgraciadamente, la exportación, un aspecto que había ido bien hasta el mes de septiembre, lleva teniendo indicadores negativos desde entonces hasta ahora.

Señora ministra, usted sabe perfectamente, debería saberlo al menos, que la historia de las relaciones laborales en este país desde 1984 demuestra que las bonificaciones no sirven para crear empleo. En el mejor de los casos, sirven y podrían servir para seleccionar a aquellos colectivos a los que se quiere primar en la búsqueda del empleo que existe, que crea la economía, colectivos con especiales dificultades. Si usted nos viene con una propuesta en ese sentido, vamos a dialogar y vamos a ver si nos ponemos de acuerdo, pero la bonificación no crea empleo. Lo que hace, al contrario, es malbaratar recursos. No se lo decimos solo nosotros. El informe Luis Toharia, que a comienzos de la crisis, en el año 2008, analizó la utilidad de las bonificaciones en un ciclo de casi veinte años, terminaba sus conclusiones con estas dos afirmaciones: Desde una perspectiva macroeconómica, los contratos incentivados no han logrado incidir en la creación de empleo, generando considerables efectos de peso muerto y de sustitución de un empleo por otro. Y continuaba: Quizás ha llegado el momento de dejar de subvencionar contrataciones, siempre que los fondos que se liberen puedan dedicarse a otras medidas que tengan un mayor impacto directo en el empleo o en la protección social de los trabajadores que se encuentran en desempleo. Ese informe tiene ya en estos momentos seis años de vida y es hora de que algún gobernante le haga caso en relación con el tema de las bonificaciones. Y si la premisa sobre la que usted construye la tarifa plana es falsa, la tarifa plana completamente es tramposa desde el mismo momento en que la presentó el señor Rajoy, cuando usted la presentó después del Consejo de Ministros y en el BOE. Usted dice que lo hace en términos estrictamente de generar empleo indefinido y que además eso no va a tener costes para la Seguridad Social. Vamos a ver, señora ministra, cualquier persona que conozca cómo funciona el mercado de trabajo sabe que existe un efecto sustitución y que bonificar cotizaciones de determinados empleos supone un riesgo evidente de sustitución de un empleo por otro. Pero es que además no es cierto que ustedes solo bonifiquen la creación neta de empleo, porque permiten que se puedan beneficiar aquellas empresas que hayan rescindido contratos antes del 25 de febrero, que es cuando Rajoy habló. Como Rajoy habló el 25 de febrero, se establece una frontera que es absolutamente artificial y que va a propiciar un efecto sustitución. Pero además tiene aspectos inconcebibles desde un punto de vista regulatorio que espero que usted pueda explicarnos.

El decreto-ley dice que quedan excluidas de la tarifa plana aquellas empresas que después del 25 de febrero despidan por causas disciplinarias y objetivas y el despido sea declarado improcedente por un juzgado. En cambio, si esas mismas empresas despiden por las mismas causas y en vez de ir al juzgado reconocen la improcedencia del despido, ¡sí se pueden beneficiar de la tarifa plana! ¿Puede usted explicarnos tamaña aberración? En algún momento yo tengo la impresión, de verdad, de que quien preside


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el Consejo de Ministros no es Rajoy, ¡es el mismísimo Kafka! (Aplausos). Porque si no, es inconcebible que ustedes sean capaces de venir aquí con una cosa tan profundamente irracional. (Aplausos).

Insisten ustedes en un proceso que presentan como incentivo a la estabilidad, pero van a permitir que continúe la estrategia de las empresas de contratar temporalmente en fraude de ley. ¡Y cuando convierten en indefinidos, ustedes encima les premian con una bonificación de la tarifa plana! Eso es una ruina, ha sido una ruina desde hace muchos años, hay muchas experiencias que lo demuestran. Por favor, escuchen a la historia y no solo a sus necesidades de marketing electoral. Además, la tarifa plana contribuye clarísimamente a la regresividad. Comporta una mayor rebaja de cotizaciones para los salarios más altos cuando todo el mundo, desde un servidor hasta el Fondo Monetario Internacional, estamos diciendo que si quieren incentivar algo incentiven a los trabajadores con salarios más bajos porque son los que están más castigados por la crisis. Ustedes tienen pocos recursos, los utilizan mal y encima los utilizan en detrimento de quienes más los necesitan. Otra cosa que continúa siendo inconcebible, señora ministra.

Además, afecta a la sostenibilidad del sistema y aquí sí que no vale el cuento de La lechera que usted nos ha explicado. Porque, por si fuera poco -y no quiero entrar en debate sobre cuánto cuesta esto-, la verdad es que hay unos datos que a mí me parecen rigurosos que dicen que en el mejor de los casos, en el menos malo de los casos para la Seguridad Social eso va a tener un impacto de minoración de 2.500 millones de euros. No lo sé, porque depende de cuál sea la evolución, depende de si se crean 50.000 empleos en cuatro años, que dice usted en la memoria que va a ser el éxito monumental de la tarifa plana. No lo sé. Lo que sí sé es que se han cargado ustedes el famoso principio de contributividad de la Seguridad Social. Recuerde: el principio por el cual se percibe en función de lo que se cotiza, trabajadores y también empresas. Han estado ustedes dos años -dos años- con una motosierra llamada principio de contributividad recortando derechos de pensionistas, modificaron la regulación de las lagunas de cotización, han endurecido el acceso a la jubilación anticipada y luego nos pegan el pensionazo, ¡y siempre con el principio de contributividad! Con una pancarta: principio de contributividad. Y cuando a ustedes les interesa hacer una campaña de marketing, se cargan el principio de contributividad. Entiendo que para ustedes sus principios son tan movibles, volubles y retráctiles como las fronteras de Ceuta: se mueven en función de la necesidad del momento. (Aplausos).

Señora ministra, esto va a tener un impacto también en las pensiones. Y, perdonen, hay una cosa que no se puede hacer: no pueden ustedes cargarse la cláusula de revalorización de pensiones automática por ley como un derecho universal por un sistema de cálculo...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Coscubiela, tiene que terminar.

El señor COSCUBIELA CONESA: Termino.

... que incorpora cuatro indicadores, entre ellos los ingresos del sistema y el déficit del sistema, y luego actuar negativamente sobre los ingresos y sobre el déficit y hacer que eso lo paguen los pensionistas.

Termino con una afirmación, señora ministra. Lo que no puede hacer este Gobierno, además de no hacer nada, es algo mucho peor: malversar los recursos que no son suyos, que son de los trabajadores y de los pensionistas. ¡Con el dinero de los demás no se juega! Les han metido ustedes la mano en el bolsillo muchas veces a los trabajadores como para que puedan continuar haciéndolo.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Esto no es una tarifa plana, es una política plana. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Coscubiela.

Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señora ministra, desde el inicio de la legislatura hemos mantenido una discrepancia en la política de empleo: la necesidad de que las reformas que se produjeran en el mercado de trabajo fuesen acompañadas con medidas de choque orientadas a la creación de empleo en el corto plazo. Fue el debate que mantuvimos ya en la convalidación de la reforma laboral a principios de la legislatura. Y cuando en el debate sobre el estado de la Nación el presidente Rajoy planteó la propuesta de tarifa plana, pudimos tener una primera sensación de rectificación en la política del Gobierno incorporando la necesidad de poner en marcha medidas que estimulasen la contratación y pudo sonar aquello de manera suficientemente adecuada y correcta. Además, como recordaba el señor Anchuelo, la medida ponía el acento en la


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contratación indefinida y pretendía reforzar con alguna referencia explícita a los autónomos, por ejemplo, previendo que los autónomos pudiesen contratar a sus hijos utilizando estas fórmulas. Pero una vez se supera el impacto que produce el anuncio del presidente del Gobierno y se analiza a fondo la medida y se sitúa en el conjunto de la política del Gobierno, aparecen las críticas que le venimos formulando todos los portavoces que han intervenido.

La medida tiene de entrada un punto de errática respecto a lo que ha sido la posición del Gobierno. Cuando la señora ministra en el principio de esta legislatura justificaba el brutal recorte en las políticas activas de empleo, nos recordaba que desde prácticamente el inicio de la crisis habíamos gastado más de 30.000 millones de euros en las políticas de bonificación y que los informes del señor Toharia, al que hacía referencia el señor Coscubiela, o el informe de la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas, encargado por el anterior Ejecutivo y acordado en el marco de una Comisión de Empleo en la pasada legislatura, apuntaban a la idea de que la política de bonificaciones no tenía ningún tipo de utilidad en términos de creación de empleo. Insisto, justificaron ustedes la desaparición de las bonificaciones basándose en esos informes y hoy recuperan ese tipo de políticas. Además, cuando hicieron desaparecer las bonificaciones tuvo efectos retroactivos y provocó un enorme escándalo en pequeñas y medianas empresas que venían beneficiándose muchos años de ese tipo de políticas y que en su momento dejaron de poder percibir esos recursos. Por ejemplo, la Cecot, la patronal de la pequeña y mediana empresa del Vallès Occidental, dice: es muy poco creíble que el Gobierno hoy nos proponga bonificaciones cuando hace cerca de dos años nos quitó las bonificaciones que ya teníamos.

Si uno compara la filosofía de la política, reducir los costes de la contratación, con las medidas que han adoptado en las últimas semanas de incremento de los costes de la contratación -la ampliación de conceptos cotizables singularmente, el aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social de los autónomos, la desaparición del instrumento del Fogasa en materia de despidos para las pequeñas y medianas empresas-, lo cierto es que por un lado ustedes pretenden facilitar la contratación bajando los costes de la misma, pero están incrementando los costes del mantenimiento del empleo de aquellas empresas que ya tienen trabajadores ocupados y especialmente para las pequeñas y medianas empresas, para las microempresas y para los trabajadores autónomos. Por tanto, punto errático en la política del Gobierno.

Un reciente artículo en el blog Nada es gratis, del señor Conde-Ruiz, subdirector de Fedea, reitera los argumentos críticos de los informes Toharia y el informe de la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas sobre las políticas de bonificaciones: adelantar decisiones empresariales, discusión sobre si ese gasto público termina siendo útil, carácter regresivo de la medida, límites por el carácter temporal de la medida y riesgo de sustitución. Nuestra impresión es que en esta medida primó el impacto político mediático en el debate del estado de la Nación más que una reflexión a fondo por parte del Gobierno sobre las medidas que se necesitan en el corto plazo para generar empleo. Quizás el curiosísimo retraso del envío a la Cámara de la memoria económica y el débil contenido de esa memoria económica explican que la medida tiene más que ver con la política a corto plazo que con el enfoque de las políticas que se necesitan para crear empleo. Desde 1997 uno de los ejes de nuestra política de empleo ha sido la de las bonificaciones, y a partir de 2008, 2009 y 2010 decidimos entre todos que esa no era la política que tocaba. Hoy, frente a la necesidad de poner en marcha políticas que en el corto plazo ayuden a crear empleo, volvemos a lo de siempre, y con otro elemento que nos parece relevante. Nuestras políticas de empleo necesitan de una evaluación, necesitamos saber si aquello que pretendemos conseguir somos capaces de alcanzarlo con el instrumento que proponemos y después decidir, evaluar si ese instrumento ha sido útil. Pues, señorías, nada de lo que ustedes nos proponen en este real decreto y en la memoria que lo acompaña responde a esa lógica. La cuestión va a ser que cuando a finales de este año se deba decidir si mantenemos la política, si mantenemos las bonificaciones, si las prorrogamos para 2015, ¿vamos a tener capacidad de poder evaluar si esta política está siendo útil, si esos millones de euros que cuesta esta política están sirviendo para el objetivo que el Gobierno ha marcado? A nuestro entender, tal como está planteada en origen está propuesta va a ser imposible que podamos evaluar si esos cientos de millones de euros que nos va a costar están siendo útiles.

Y en paralelo, señora ministra, los retos que tenemos en la política de empleo nos los vienen indicando todos los organismos internacionales desde antes de la crisis -OCDE, Comisión Europea, Fondo Monetario-: las políticas activas de empleo, las políticas orientadas a la formación, al reciclaje, el acompañamiento de los desempleados, a la mejora de los servicios públicos de empleo, a la activación de los parados, etcétera. Ayer mismo manteníamos un encuentro -la señora Álvarez-Arenas y la señora


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Lucio, del Grupo Socialista, estaban en la reunión también- y una empresa importante del sector de la automoción que amplía su plantilla y que debe necesitar contratar nuevos trabajadores nos decía: Los perfiles profesionales que necesitamos vamos a tener que contratarlos en Portugal, porque a pesar de tener un 26 % de desempleados no encontramos los matriceros especializados que necesitamos para nuestros automóviles. Señora ministra, lo relevante, lo urgente es que, frente a la descualificación profesional de muchos de nuestros parados, invirtamos en el reciclaje profesional. Ese es el centro de las políticas activas que les está exigiendo la Unión Europea, que les está exigiendo la OCDE; no bonificaciones, sino apoyo a los servicios públicos de empleo, desarrollo de una inteligente colaboración público-privada, inversión en la formación profesional, inversión en el reciclaje profesional, no el recorte de 60 % que estas políticas han tenido a lo largo de esta legislatura.

Y si pretendemos abordar el debate sobre la reducción de los costes de la contratación, los informes de los expertos -Toharia, Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas, Fondo Monetario Internacional hace una semana, Jacques Delors hace veinte años- nos insisten en dos ideas muy simples. Tiene sentido concentrar la reducción de los costes salariales, bien en sectores que son muy intensivos en creación de ocupación, bien en aquellos trabajadores con sueldos bajos, donde efectivamente este puede ser un elemento relevante para facilitar la contratación, trabajadores con sueldos bajos que acostumbran a ser trabajadores con bajos niveles de cualificación. Como alguna vez ya he recordado desde esta tribuna, a lo largo de todas las crisis desde el año 1973 los varones mayores de treinta años con bajos niveles de cualificación son los que padecen más la crisis y los que menos se recuperan en el empleo cuando la economía vuelve a marchar. Ahí tiene sentido abrir ese debate, que es el que el Fondo Monetario Internacional está planteando, o también, como apuntaban los informes de los expertos, concentrar estas reducciones de costos salariales en la microempresa, donde sí puede ser relevante el coste de la contratación.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Termino, señora presidenta.

Esta medida nos parece más política de escaparate que política real. Ahora bien, si se crean 50.000 empleos, sean bienvenidos; no nos vamos a oponer a la convalidación pero tampoco la vamos a apoyar esta mañana.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Álvarez-Arenas.

La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Gracias, presidenta.

Dos cuestiones previas para centrar el debate. Una, dirigida al señor Coscubiela, que ha enfatizado mucho respecto a los silencios de la ministra. Yo le he oído a la señora ministra debates desde esta tribuna y en la Comisión con usted en los que usted no ha salido demasiado bien parado, así que no se ampare en los silencios de la ministra porque no le beneficia en absoluto. (Aplausos). Dos, señor Campuzano, tiene usted razón; ayer estuvimos en una reunión muy interesante, muy ilustrativa, pero además de lo que usted ha contado también se contaron otras cosas, y entre ellas cómo esa empresa está haciendo unos planes de formación y de contratación en prácticas para la formación dual gracias a las reformas del Gobierno y creando un gran centro que va a ser emblemático en Cataluña. Porque desde luego España cuenta con Cataluña para todo y también para esto, porque son ustedes muy importantes en este contexto de creación de empleo y de formación.

Señores socialistas, siguen en la oposición, pero siguen en la oposición porque sí, llueva, haga sol, nieve; da igual, ustedes con la escafandra del no. Por hacer oposición se la hacen hasta a ustedes mismos, porque en el mes de enero de 2013 -no hace mucho- el señor Rubalcaba presentó un gran documento sobre los temas de empleo y en su página 20, en el punto 8, pedía una tarifa plana durante tres años, con bonificación extraordinaria decreciente del 100 % de las cotizaciones sociales -no de las contingencias comunes- el primer año, del 75 % el segundo y del 50 % el tercero. Por tanto, se hacen oposición ustedes mismos. Vamos a ver si son ustedes un poquito más serios y además precisan las cosas, porque habla usted de mentiras y lo que no se puede hacer es subir aquí a decir lo que no es verdad. Ustedes no pueden decir -lo han dicho también algunos otros, pero creo que a un grupo que ha sido Gobierno y que aspira a volver a serlo hay que tenerle bastante consideración en lo que dice- que


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esto va a ser un contrato de sustitución; es que lo prohíbe literalmente el decreto. No se puede sustituir el empleo temporal por el empleo indefinido en el mismo contrato; no hay sustituciones. Tiene que haber una creación neta de empleo, que la plantilla sea superior a la que se tenía en la empresa el 25 de febrero. Por lo tanto, digamos la verdad y después fijemos posiciones. Pero ustedes es el no por el no y todo es malo, y eso no puede ser cierto.

Se instalaron ustedes en la negación de la crisis y siguen instalados ahora en la negación de la recuperación. Ustedes son negativos, pero negativos para los intereses generales de los españoles. Teníamos un enfermo agonizando, con certificado de defunción, y dos años después, pese a sus negaciones, que ya es complicado, estamos en la esperanza de la recuperación. Ha sido duro, pero el tratamiento está funcionando. La estabilización, las constantes vitales; la confianza, en el equipo médico habitual -entre comillas-; tratamiento de choque intensivo, las reformas. Esa primera fase nos ha llevado al reconocimiento de instituciones extranjeras y nacionales, y ustedes siguen en la negación. Anteayer -por no ir más lejos- Funcas ha dicho que hay una previsión del crecimiento del PIB del 1,2 % para 2014 y del 1,8 % para 2015. También ha rectificado lo que decía de que iba a haber más incremento de paro en 2014 -que después, cuando avanzaron las reformas y la incidencia de esas reformas en la economía pasó a decir que iba a haber una tasa cero, ni paro ni empleo- porque ayer dijo que va a haber 155.000 puestos de trabajo netos en 2014 y 240.000 adicionales en 2015. Y Funcas creo que es un instituto al que todos le damos credibilidad, que es serio, que no tiene ninguna acepción ni afinidad con nadie. Rectifica y reconoce la incidencia paulatina y positiva del tratamiento, entre comillas -hemos hablado antes-, que son las reformas que está introduciendo el Gobierno. Esas reformas están haciendo que sus previsiones cambien y evolucionen en la buena dirección. Por lo tanto, esto sí que son cuentas, señor Coscubiela; los cuentos de terror son los que cuentan ustedes. Esto sí son cuentas, que las hacen gente seria y con credibilidad. Además, le voy a recordar otra cosa ya que usted siempre introduce el terror: en España, desde que gobierna el Gobierno del señor Rajoy se ha acabado el despido libre. Antes serían 45 días, pero libre; ahora es un despido causal. Usted no puede ir y decir que ha despedido indebidamente y pagar 45 días, le dicen que no. Tiene que tener un motivo causal y será a 33 o a 20 días.

Señora Gutiérrez, habla usted de la Seguridad Social. Ayer la señora ministra ya contestó a la señora López i Chamosa -está en el "Diario de Sesiones" y no voy a reiterarlo- y hoy lo ha vuelto a decir clara y meridianamente. Este es un coste neutro -el tiempo nos va dando la razón, podremos verlo posteriormente- que lo que hace es conseguir una incentivación económica y una recuperación por otras vías. Ahí están las tres décimas de PIB -tres décimas, no tres puntos, señor Olabarría; hubiera sido demasiado grandilocuente.

Usted también ha hablado de la memoria. No mienta. Ustedes no han traído un real decreto a esta Cámara acompañado de una memoria económica, nunca. Que no es obligatorio es verdad -solo es obligatorio en los proyectos de ley-, pero el Gobierno la trae. Ustedes no la han traído. ¡Cómo se sube aquí a criticarlo, señora Gutiérrez!¡Un poco de pudor!, vamos a llamarlo así. Ustedes y otros muchos han dicho que esto va a ser negativo para los pensionistas porque favorece a las grandes empresas. Vamos a situar dos parámetros muy simples y muy cortos para no alargarme. A las grandes empresas los que las han beneficiado han sido ustedes con su política fiscal de no cobrarles el impuesto sobre sociedades en el nivel que tenían que haberlo pagado, que ninguna ha pagado más allá del 7 % porque ustedes se lo permitían. Eso sí que es favorecer a las grandes empresas. ¿Y a los pensionistas? Ustedes les violaron, les quitaron 15.000 millones que había de superávit en la Seguridad Social para pagar tensiones de tesorería de su mala gestión y no los ingresaron en la hucha de los pensionistas, cuando venían de ellos. Ustedes lo han hecho. Además, teniendo 70.000 millones en el fondo de pensiones -se lo dijo ayer la señora ministra- ustedes congelaron las pensiones. Por lo tanto, hablemos con un poco de rigor y no mintamos. No hable de mentiras. Ve usted la paja en el ojo ajeno pero la viga en el suyo no la ve nunca, señora Gutiérrez.

Señores socialistas, ustedes deberían mirarse en el espejo para verse, pero en un espejo de transparencia, no en el de Blancanieves en el que siempre se veía quién es la más guapa del mundo; no, en el de la transparencia. Así verían ustedes todas estas cosas que les estoy contando y se irían dando cuenta. El Grupo Popular ve con esperanza, desde luego sin euforia ni autocomplacencia, cómo están siendo positivos todos los indicadores de crecimiento y de empleo. Lo dicen los últimos datos de paro registrado. Claro, que cuando aparecen datos la señora Gutiérrez dice que hay cambios estadísticos, como los que hay no les gustan... Cuando salgan datos buenos, dirán que se han cambiado. No; seamos rigurosos. Lo que dicen los últimos datos de paro registrado es que se confirma la tendencia de los últimos


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meses que ha permitido reducir en 227.000 parados el número de desempleados y que los datos de afiliados a la Seguridad Social -que a todos nos preocupan- han tenido este mes una ganancia de 38.000 cotizantes nuevos, lo que no se producía en 2009 ni en 2011, ni en 2012, ni en 2013, y que son 12.000 afiliados más que en febrero de 2010, que fue positivo, pero en este caso 12.000 más que en aquel entonces. Entonces, lo que no podemos decir es que van siendo mejores porque se cambian las estadísticas, porque eso es hacerse trampas en el solitario.

Señorías, el interés general de los españoles no tiene que coincidir con los intereses partidistas aunque ahora haya elecciones europeas. El Gobierno va a lo suyo; en muchos casos las medidas que ha tomado han sido desgraciadamente muy duras, se puede pensar que quizá no eran favorables a las posiciones de nuestro partido, pero al Gobierno le ha dado igual. Pero ustedes van siempre a intereses partidistas porque cuando hacen un documento piden una cosa -lo acabamos de ver-, pero ahora que estamos en vísperas de elecciones eso lo callan y tachan de negativo algo que ustedes pedían hace exactamente un año, incluso algo todavía más hacia delante en cuanto ingresos de la Seguridad Social. Y esto después de todo lo que ustedes han hecho con la Seguridad Social, como ya hemos visto.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular -y termino, señora presidenta- está, insisto, moderadamente en la línea de la esperanza, satisfecho con su Gobierno, orgulloso de su Gobierno, desde luego un Gobierno que ha sido valiente y responsable y ustedes, señores socialistas, siguen siendo la negación sin fundamento: al Gobierno ni agua. Lo malo, el problema, señores socialistas, señoras y señores diputados, es que ustedes le niegan el agua no al Gobierno, sino a los españoles.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señora Álvarez-Arenas.

Con esta intervención concluye el debate de la convalidación del real decreto.

ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY DE LA ACCIÓN Y DEL SERVICIO EXTERIOR DEL ESTADO. (Número de expediente 121/000051).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a las enmiendas aprobadas en el Senado al proyecto de ley de acción y del servicio exterior del estado.

En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto, señor Tardà. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia).

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, las enmiendas republicanas vuelven del Senado tal como llegaron; es decir, totalmente rechazadas por parte de la mayoría parlamentaria del Partido Popular, con lo cual podemos afirmar que estamos ante una ley, ley que hoy será definitivamente aprobada, que desde el ridículo intenta controlar, fiscalizar y censurar la acción exterior de las comunidades autónomas, mirando específicamente hacia Cataluña atendiendo al proceso que se ha abierto en nuestro país a fin y efecto de poder ejercer el derecho a decidir el próximo mes de noviembre. Digo que las enmiendas han sido rechazadas porque efectivamente esta ley tiene un marchamo, un ADN nacionalista, centralizador, y evidentemente lo que pretende es cercenar las posibilidades de las comunidades autónomas, sobre todo de aquellas que son naciones en el Estado español, capaces de interlocutar con el mundo. De hecho, no nos importa demasiado, todo sea dicho. A medida que el ministro Margallo va cayendo en el ridículo con mayor asiduidad, a medida que se abre camino a este tipo de leyes y a otras que vendrán, a medida que se empecinan ustedes en negar al Gobierno de Cataluña la capacidad para convocar un referéndum -hoy mismo la prensa ha publicado otro informe del Ministerio de Exteriores en el que se ratifica el Gobierno español en la negativa rotunda y categórica a transferir al Gobierno de Cataluña la competencia para convocar un referéndum en el mes de noviembre-, a medida que se instalan en palabras tan vacuas como: nunca jamás, impensable, desastre y todas las calamidades y plagas bíblicas que de golpe y porrazo caerán sobre nuestro país, a medida que se va incrementando la acción patética del ministro Margallo, llegando incluso a decir que una declaración unilateral de independencia condenaría a Cataluña a vagar por el espacio sin reconocimiento por los siglos de los siglos -hasta ahí va la estupidez y el ridículo del Gobierno español-, una declaración de este tipo tan acientífica, tan propia de cómic barato; a pesar de todo ello, sepan ustedes que el producto catalán ya está instalado en el escaparate del mundo. Hay un escaparate en el cual hay dos productos: uno es el producto escocés, el otro es el producto


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catalán, y las democracias, el concierto internacional de todas las democracias miran hacia dos realidades nacionales que están ciertamente amparadas por una voluntad popular, razón por la cual democráticamente, por supuesto, pero sobre todo cívica y pacíficamente, ejerceremos el derecho a decidir.

En las últimas horas un editorial de The New York Times ya tiene claro que hay dos tipos de procesos: un proceso tutelado por las armas, un proceso poco democrático, que es el proceso que se ha abierto en Crimea, y los procesos democráticos, los procesos que desde su nacimiento son profundamente democráticos porque también son profundamente europeístas, y habla de Escocia y de Cataluña. De igual manera, en The Washington Post, hace cuarenta y ocho horas, en un artículo de Adam Taylor, un reconocido analista, se hablaba precisamente de esta nueva dialéctica que el señor Margallo no podrá evitar, la dialéctica que lo reduce todo a algo tan potente como democracia versus intolerancia. Y hablaba de los procesos escocés y catalán, haciendo referencia también al proceso de los quebequenses, de los québécois, de Quebec, hace unos años, frente a otros procesos absolutamente distintos. Pues ya pueden ir haciendo leyes como la que hoy aquí se aprueba. Incluso, fíjense, ustedes mismos negándolo todo están ratificando la existencia del proceso. El señor Margallo dice hoy en el nuevo informe que el Estado español -ya lo deja entrever- vetaría una república catalana. Muchas gracias, señor Margallo; muchas gracias, Gobierno español. Hace unos meses nunca hubieran dicho esto. Ustedes van reconociendo día a día, semana a semana, mes a mes que, a pesar de tanta palabrería, a pesar de tantas estupideces como las del señor Margallo hablando de las galaxias, se va abriendo camino la democracia. La democracia es imbatible y ustedes ya empiezan a hablar ahora de veto, luego fíjense qué tramo hemos recorrido en tan solo unos pocos meses. Pónganse como se pongan, el 9 de noviembre el pueblo catalán votará, saldremos a la calle cívica y pacíficamente, y si el pueblo catalán mayoritariamente -digo, mayoritariamente- vota a favor, proclamaremos la república y espero que las izquierdas españolas sepan estar a la altura de las circunstancias. Del Partido Popular poco podemos esperar, son hijos de lo que son, pero ustedes, la izquierda española, creo que finalmente estarán a la altura de las circunstancias. Que el señor Margallo vaya enviando proyectos de ley como este, que ustedes los vayan aprobando, que no podrán poner puertas al campo y al final la democracia se abrirá camino aquí y allí.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Tardà.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Esteban tiene la palabra.

El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.

Intervengo desde el escaño, porque este proyecto no merece que salgamos a la tribuna de oradores a hablar sobre él, porque es un auténtico desastre. Lo ha sido desde el principio, porque ha sido un auténtico despropósito en la negociación, en la tramitación en todas sus fases en esta Cámara y ha continuado siéndolo en el Senado; un galimatías no solo a la hora de negociar por parte del Gobierno con los grupos parlamentarios, sino incluso internamente en el Gobierno entre unos ministerios y otros, lo que va a dar lugar a que difícilmente se vaya a cumplir en muchos de sus puntos. Lo que nos parece absolutamente preocupante es que en el fondo no se distinga entre acción exterior y política exterior, un ámbito este último que sí corresponde al Estado en cuanto a representante en relaciones internacionales y formalización de compromisos, pero la acción exterior depende de las competencias que tenga cada una de las entidades, cada una de las comunidades autónomas de acuerdo a su Estatuto de Autonomía, y lo que no puede hacer el Estado es coartarlas, mientras no afecten a la política exterior, evidentemente. Sin embargo, en esta ley cuando se habla de acción exterior del Estado se habla del conjunto, de la acción exterior de todos los entes e instituciones del Estado español. Por tanto, nos podemos encontrar con que la acción exterior de todas las comunidades autónomas puede ser fiscalizada, mediatizada no ya solo por el Gobierno, sino incluso por una Cámara a la que no le corresponde, como podría ser esta, dado que también se exige por parte del Gobierno que esa acción exterior sea fiscalizada por esta Cámara. Desgraciadamente, no hemos conseguido mantener clara esa distinción, la libertad que deberían tener las comunidades autónomas mientras no influyan en la política exterior del Estado, y en ese sentido nos parece que tiene un contenido negativo.

Se podría decir que del Senado a aquí se ha avanzado en cuanto a esa fiscalización -que también aparece por primera vez en el ordenamiento jurídico español- de tener que comunicar, como si fuéramos de parvulario, cuáles son los viajes que se van a celebrar, a dónde, para qué, etcétera, para que el Gobierno nos dé su opinión. Entiendo que cada una de las instituciones son lo suficientemente mayorcitas para decidir, dentro de sus capacidades y de sus competencias, dónde tienen que ir, con quién tienen que


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realizar sus reuniones, etcétera. Aun así, en el Senado sí se ha moderado lo que salió del Congreso y, finalmente, aparece el acuerdo de mínimos al que en un principio se había llegado, de que únicamente los viajes de los consejeros tendrían que ser comunicados, no los de otros funcionarios o cargos políticos, y el ámbito de la Unión Europea queda excluido también de esa comunicación. Sin embargo, se vuelve a insistir, y es algo en lo que habíamos quedado que debería quedar excluido, en la comunicación por parte de la Administración local al Gobierno. Esto, de facto, va a ser imposible de fiscalizar y de realizar por parte del Gobierno, si es que se realiza por parte de todas las administraciones locales, pero este afán desmedido por controlar, por dirigir ámbitos que no le corresponden va a llevar a un auténtico caos práctico la aplicación de esta ley.

Insisto, no es solo la ley, sino que hay algunos artículos, por ejemplo, el artículo 11, en los que se nos anuncia que es al Gobierno del Estado al que le corresponde establecer medidas y directrices que regulen y coordinen las actividades en el exterior, con lo cual nos está diciendo que no solo se va a quedar en esta ley, sino que probablemente el Gobierno se va a descolgar con alguna norma de rango reglamentario en la que intente de nuevo poner coto a la actividad de la acción exterior de las comunidades autónomas. Y no solo eso, sino que además en algunos de los ámbitos de acción exterior del Estado, que tal y como dijo el Consejo de Estado era innecesario enumerarlos en esta ley, coarta, limita las competencias que han venido desarrollando algunas instituciones en el ámbito autonómico. Por ejemplo, ocurre en el ámbito de las relaciones internacionales con otros cuerpos policiales que han ido desarrollando la Ertzaintza o los Mossos d'Esquadra. Veremos en la práctica cómo queda todo esto, pero lo que apunta en la redacción de los ámbitos de acción exterior no da para pensar que esto va a interpretarse de una manera abierta y positiva. Sabemos que al no ser una ley orgánica no hay una votación de conjunto. La mecánica de votación en esta Cámara se va a reducir a votar las modificaciones, por otra parte insignificantes, salvo esa que he mencionado anteriormente de comunicación de viajes únicamente de consejeros. El resto, anecdóticas, si quieren de vocabulario, las que se han realizado en el Senado. Como no hay manera de expresar nuestro rechazo a la ley porque esa es la postura de mi grupo, un no rotundo a esta ley -lo digo desde mi escaño para que quede reflejado en el "Diario de Sesiones", aunque, insisto, estas son enmiendas que ni van ni vienen con respecto a lo que se aprobó en el Congreso, las que vamos a votar que llegan del Senado-, para mostrar nuestro rechazo directo a esta ley lo que haremos es votar no a esas enmiendas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Esteban.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Gracias, señor presidente.

Cuando se inició la tramitación de este proyecto de ley en el Congreso mi grupo ya citó como nuestra posible enmienda a la totalidad el informe que el propio Consejo de Estado hacía al anteproyecto de ley, que nos parecía muy acertado y muy sustantivo respecto al fondo de la cuestión que aquí se está dirimiendo, que es cómo se realiza la política exterior y la acción exterior por parte tanto del Estado, del Gobierno, como de las comunidades autónomas. Ese informe del Consejo de Estado decía con toda claridad, y era el principio que nosotros le pedíamos al Gobierno que incluyera en todo momento, que puesto que el Estado es el responsable de la política exterior, cualquier acción de una comunidad autónoma que perjudique a esa política exterior, aunque esa acción en sí misma sea acción exterior y no política exterior, insisto, cualquier acción que perjudique a la política exterior española, el Gobierno tenía la potestad, debía tenerla y así debía reflejarse en la ley, de corregirla y acotarla. Este principio, que hubiéramos querido que informara toda la ley, no fue posible aplicarlo porque el Gobierno desde el primer momento eligió negociar con los nacionalistas, tanto con el PNV como con CiU, lo que supuso, a nuestro modo de ver, tanto en el trámite catastrófico del Congreso como después ha ocurrido en el Senado, empeorar aún más la ley. Como no se ha conseguido imponer, sin ningún tipo de complejo, un control, esta corrección y esta acotación que indica el Consejo de Estado a la acción exterior de las comunidades autónomas para que no perjudique la política exterior, como no solo no ha sido imposible incluirlo, sino que se ha empeorado por hacer concesiones a los nacionalistas, no hay nada que merezca nuestro apoyo, ahora que la ley vuelve del Senado.

Como se ha señalado, la mayor parte de las enmiendas son correcciones de estilo que consideramos juiciosas, porque no es anecdótico que una ley española esté bien redactada, pero la única sustantiva lo que hace es ceder aún más en ese intento leve de control a la acción exterior de las comunidades


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autónomas. Esta ley específica debería servir de lección al Partido Popular, porque si hubiera elegido como interlocutor para esta ley a un grupo como Unión Progreso y Democracia -que, por cierto, tiene más votos, aunque tenga menos escaños a causa de una ley electoral injusta, que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió o el del Grupo Vasco, PNV-, no solo no se encontraría votando en solitario sino que nos encontraríamos una ley más acorde a lo que decía el Consejo de Estado y, por tanto, con más sentido de Estado respecto a la política exterior española. Lo que se encuentra hoy es que va a votar solo esta ley, que a pesar de haber hecho concesiones a los nacionalistas no ha conseguido su apoyo y que tampoco ha conseguido articular un buen texto legal para la política y la acción exterior española.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Lozano.

Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, Cha: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Nuet.

El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente.

¿Saben ustedes qué hay peor que una mayoría del Partido Popular en el Congreso? Pues una mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado; eso es aún peor. ¿Por qué? Porque resulta que esta importante ley, que ha sido calificada por el ministro como ley de Estado, de estrategia nuclear del Estado español, en el trámite en el Senado no solo no ha mejorado sino que ha empeorado. Evidentemente, ha mejorado en algunos aspectos técnicos, de lenguaje, de precisión, aunque no hacía falta el trámite del Senado para esas mejoras, pero en cambio en aspectos sustanciales, que luego referiré, por ejemplo el tema de los trabajadores del servicio exterior de nuestro país, ha empeorado, y el Partido Popular ha roto el diálogo y los acuerdos que tenía con las principales centrales sindicales de nuestro país para regular de forma adecuada la situación de los trabajadores españoles del servicio exterior de España.

Nuestro grupo parlamentario, por cinco razones, no va a votar a favor de las enmiendas, porque el proyecto de ley es absolutamente negativo. Vamos a mostrar también nuestra queja, nuestro enfado, con la tramitación y con el resultado de los trabajos a través del voto negativo a todas las enmiendas, por cinco motivos. En primer lugar, por el dirigismo que este proyecto de ley inflama, dirigismo por parte del Gobierno porque ha habido una falta de diálogo y una falta de acuerdos amplios en la tramitación de este proyecto de ley tanto en el Congreso como en el Senado. En segundo lugar, por la falta absoluta de un papel determinante de estas Cortes. Tanto el Senado como el Congreso van a jugar un papel político menor para poder aprobar, para poder determinar la política exterior de España y, por tanto, es un paso atrás desde el punto de vista del funcionamiento democrático de nuestro país. En tercer lugar, porque ha habido un menosprecio a algunas de nuestras propuestas. Por ejemplo, todas las propuestas de creación de consejos para el funcionamiento de la estructura exterior de España, consejos para mejorar la coordinación interministerial, consejos para fomentar la participación y consejos para crear equipos multidisciplinares dentro del vertical cuerpo diplomático, han sido absolutamente desechadas. En cuarto lugar, digámoslo claro, esta ley da la espalda a las comunidades autónomas y levanta de alguna forma una barrera entre el Estado central y las comunidades autónomas, no tratando a las comunidades autónomas como parte del Estado y, por tanto, no hay un correcto desarrollo ni de las competencias constitucionales que se le otorgan a las comunidades autónomas ni de las competencias constitucionales que se le otorgan a los estatutos de autonomía; hay de forma clara una mirada de reojo a las administraciones autonómicas desde este proyecto de ley, y esta ley se convierte también en un paso más del proceso de recentralización que el Gobierno del Partido Popular viene pilotando desde el inicio de la legislatura. Eso es una realidad incuestionable y, por tanto, también es una falta grave, una falta importante de este proyecto de ley. Y en último lugar, la quinta -la dejo para el final-, los tímidos compromisos de este Gobierno con algunos grupos parlamentarios, con las principales centrales sindicales de nuestro país respecto a la situación de los trabajadores y trabajadoras del servicio exterior del Estado se han volatilizado; esa es la realidad. Como por arte de magia, aparecieron tímidamente en el Congreso y desaparecieron en el trámite en el Senado. ¿A través de qué? Muy fácil, de una autoenmienda del Partido Popular, la autoenmienda 357, que modifica la disposición adicional cuarta, donde se cometen dos atracos a mano armada. Primer atraco, se pasa el periodo para el informe sobre el personal laboral exterior de seis a doce meses; una cuestión que ya era urgente para ayer, pasa de seis a doce meses y se rompe el compromiso con los sindicatos ante la urgencia de este informe. Pero, en segundo lugar y aún más grave, la referencia que había acordado sobre que se basaría ese informe en el acuerdo del 3 de diciembre de 2007 de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, sobre condiciones de trabajo del personal laboral en el exterior, ha desparecido. Significa que vamos a volver a partir de cero, que vamos a volver a hablar


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con las centrales sindicales y con los delegados de los trabajadores del servicio exterior partiendo de cero, por lo que todo lo que hemos acumulado de diálogo conjunto ha desaparecido, el Partido Popular no lo tiene en cuenta. ¿Por qué? Lo sabemos muy bien: los presupuestos mandan y los recortes se imponen. Se van a recortar embajadas, se van a recortar consulados y, sobre todo, se va a recortar en personal y, hoy, sin presupuesto y sin personal, este proyecto de ley nace muerto. Es un proyecto de ley que no va a tener capacidad ni posibilidad de reorganizar de forma positiva el servicio exterior de nuestro país, sino que va a ser la excusa para los recortes del Partido Popular a la acción exterior de España fuera de nuestro país. Esa es la realidad, una nueva puñalada, un nuevo atraco a los trabajadores del servicio exterior, de los que tenemos que decir que son de lo mejor que tiene nuestro servicio exterior.

Acabo. La marca España tiene un problema, y ese problema se llama Partido Popular. ¿Saben por qué? Porque este país, señoras y señores diputados del Partido Popular, está muy por encima de sus posibilidades.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Nuet.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, hoy terminamos la tramitación de la primera ley del servicio exterior en treinta y cinco años de democracia, y seguramente esto es lo que va a poner en valor el grupo de la mayoría, el Grupo Popular. Pero también podemos y debemos decir que esta primera ley en treinta y cinco años de democracia, después de treinta y ocho anteproyectos y tentativas de redactar una ley del servicio exterior, es una ley llena de artículos retóricos, especialmente los artículos referidos a aspectos de políticas sectoriales. Es una ley, como han puesto de manifiesto algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, que ha vivido una tramitación pésima en el Congreso y en el Senado, una tramitación atropellada incluso en la elaboración del redactado de algunos artículos transaccionados y, si me permiten utilizar esa expresión relativamente cursi que algunos comentaristas utilizan últimamente, es una ley que no tiene relato. El propio ministro, que ha estado dedicado a otros asuntos y ha dedicado su energía a otros aspectos, al final no ha sabido plantear el porqué de esta ley. A esta ley, señorías, como recordaba el diputado Aitor Esteban, los grupos nacionalistas la hemos dedicado tiempo y energía para intentar hacer contribuciones positivas, pero es una ley que al final también nos ha decepcionado a nosotros y a la portavoz de UPyD. Es una ley a la que le falta relato y orientación en la negociación desde el primer momento hasta el último, y al final es una ley que entrará en vigor en breve, pero no bien resuelta. Decía que es una ley no bien resuelta porque seguramente el ministro de Asuntos Exteriores, que tiene vocaciones amplias, acumulativas y a veces dispersas, ha dedicado su energía especialmente en los últimos meses a hablar de las relaciones entre Cataluña y España. Ustedes saben que en el Gobierno británico hay un ministro para Gales, un ministro para Escocia y un ministro para Irlanda del Norte. Yo creo que casi podríamos decir que el señor Margallo también es el ministro para Cataluña, porque curiosamente, señorías, el ministro Margallo acumula a su condición de ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación la condición de ministro para Cataluña, y curiosamente es el ministro de Asuntos Exteriores el más interesado en abordar el planteamiento democrático que surge de la mayoría política y de la mayoría social hoy reflejadas en el Parlamento de Cataluña.

Señorías, esta es una ley que en la recta final de su tramitación aún plantea desconfianzas notables hacia la política exterior de las comunidades autónomas. Repasen los artículos 11 y 12; son artículos que han quedado parcialmente vaciados respecto a su control inicial, a su obsesivo control inicial, pero continúan siendo artículos que parten de un prejuicio respecto al ámbito competencial que tienen las comunidades autónomas para el ejercicio de su acción exterior de acuerdo con su ámbito material de competencias y de acuerdo con el título habilitante de los Estatutos de Autonomía; sin ir más lejos, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, artículos 195 y otros. Pero también recuerdo perfectamente la literalidad de la inspiración en el Estatuto de Andalucía o en el Estatuto de Extremadura, que tiene incluso un artículo dedicado a las relaciones con Portugal sin que provoque las reacciones que están provocando la aplicación del artículo 195 y otros del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Señorías, se ha producido una mejora en el artículo 5, que deja de exigir el control previo por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, la comunicación del viaje de cualquier cargo público de administraciones autonómicas y de cualquier diputado elegido democráticamente de cualquier Asamblea legislativa de una comunidad autónoma. Pero, señorías, este artículo 5 continúa teniendo un monumento a la absurdidad,


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que es la obligación de la comunicación de todas las acciones de la Administración local en el ámbito internacional. Saben ustedes que esto es ridículo y que es materialmente imposible. En tiempo real, hoy, el municipio de Olot, que está estableciendo relaciones de buena vecindad con el municipio italiano de Lucca para el intercambio de los productos típicos y para lo que sea en el ámbito de la gastronomía y en el ámbito del turismo, en teoría ese municipio de Olot, como los ocho mil y pico de municipios que hay en España a pesar de su Ley de Administración local, tendría que comunicar cualquier acción exterior.

Pero, señorías, esta es la ley, que ha quedado como ha quedado. Y también, señorías, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el ministro de Asuntos Exteriores tienen la habilidad, tienen la audacia, tienen la estrategia de acompañar cada nuevo trámite de esta ley con la presentación en sociedad, con la presentación pública de un nuevo informe en su condición de ministro para Cataluña. El señor Margallo quizás es ministro de Asuntos Exteriores pero el señor Margallo, en su condición de productor de informes como ministro para Cataluña, nos va ilustrando con varios informes apocalípticos. En su momento fue el memorándum de 211 páginas invocando el servicio exterior y vinculándolo a la Transición y a Francesc Cambó; después fueron las instrucciones a los embajadores para replicar cualquier declaración de cargos electos del Govern de la Generalitat de Catalunya confrontando a una libertad básica como es la libertad de expresión; y esta novedad la encontramos justo durante la tramitación en el Senado. Y después llegaron, esta misma semana, otras afirmaciones que de tan apocalípticas, de tan exageradas, señorías, no producen ningún tipo de impacto en Cataluña. El ministro para Cataluña no tiene una especial habilidad cuando nos dice que Cataluña quedaría perdida en el espacio sideral, más bien como un personaje de la película Lost in Translation. Este ministerio, que tiene una actitud dispersa pensando a veces en Europa y en las elecciones europeas, y también en Cataluña, no se dedica a lo que se debería dedicar.

Hoy, señorías, justo hoy, en El Periódico de Catalunya y en la página web pueden encontrar el informe completo de otro informe apocalíptico del Ministerio de Asuntos Exteriores, un informe que dice que el PIB de Cataluña caería un 20 %. Señorías, esta semana The New York Times en su portada hablaba del Parlamento de Cataluña, del acuerdo de la mayoría amplia del Parlamento de Cataluña a favor del derecho a decidir. Llevamos dos años con una exposición absolutamente pública de los planteamientos del Gobierno de la Generalitat y de los planteamientos del Parlament de Catalunya. Señorías, estas tesis apocalípticas del ministro Margallo no coinciden con la realidad, que es mucho más poderosa que la apocalipsis final que nos proclama el ministro Margallo. En el informe de hoy el ministro Margallo nos comunica que Cataluña tendría una caída espectacular en exportaciones; las exportaciones de las empresas catalanas han subido, porque lo que la economía catalana necesita es una Administración respetuosa, que le deje respirar, que le deje tirar hacia delante. Nos anuncia también una caída espectacular de las inversiones extranjeras, cuando estos últimos meses, señorías, el conjunto de las inversiones extranjeras en España han recaído especialmente en Cataluña; y una caída de fuga de cerebros, cuando esta semana Barcelona ha sido elegida por la Comisión Europea Capital Europea de la Innovación. Señorías, lo que realmente empobrece a Cataluña es un Gobierno español que tiene una actitud negativa respecto a la financiación y a las inversiones en Cataluña, una actitud negativa respecto al recorte sistemático y premeditado del autogobierno de Cataluña. ¿Cómo no pueden entender que más y más catalanes busquen librarse de esta asfixia premeditada en la financiación, en las inversiones y en el recorte sistemático y premeditado del autogobierno de Cataluña? Decía Oscar Wilde que de lo sublime al ridículo solo hay un paso, y el Ministerio de Asuntos Exteriores con estos informes habitualmente suele dar el paso hacia el ridículo más absoluto.

Señorías, seamos demócratas, invoquemos el debate, invoquemos la deliberación, porque este informe sectario del ministro Margallo no resiste un debate serio con el presidente Mas, con el conseller Mas-Colell o con el conseller Felip Puig. Este informe sectario es puro márquetin hipermaquillado con el aparato del Estado y muchos recursos del Estado detrás. Señorías, de lo sublime al ridículo solo hay un paso y para Cataluña el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro García-Margallo, se ha situado ya en el ámbito del ridículo.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Xuclà.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sáez.

El señor SÁEZ JUBERO: Gracias, señor presidente.

Señorías, en octubre del año pasado desde esta misma tribuna anunciamos la enmienda a la totalidad del Grupo Socialista al proyecto de ley de la acción y del servicio exterior del Estado remitido por el


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Gobierno del Partido Popular. Desde entonces el proyecto de ley ha sido ampliamente debatido en esta Cámara y en el Senado y nos llega ahora de nuevo con las enmiendas introducidas en la Cámara Alta que implican la modificación de treinta y seis artículos y, de entre esas modificaciones, treinta y dos son meras correcciones técnicas. Quiero referirme especialmente a la enmienda transaccional al artículo 5.2, que recoge una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado excluyendo deber de comunicación de las comunidades autónomas en sus relaciones con la Unión Europea. En este caso, como en otros planteados en el Congreso, la visión del Grupo Socialista es la de una Europa que no crea fronteras internas, una Europa inclusiva y abierta. En definitiva, como destacaba Elena Valenciano recientemente, una Europa que no crea fracturas entre ciudadanos; esta es nuestra visión de Europa.

Señorías, nuestro voto a las enmiendas del Senado es un voto de responsabilidad. No compartimos el transfondo de esta ley ni la manera en cómo llegó a esta Cámara. No compartimos el enfoque centralista y miope del texto, y si bien valoramos la implicación personal del ministro en el trámite en el Congreso de la negociación de las enmiendas, esta resultó ser insuficiente y no corrigió los problemas de origen. No compartimos que durante todo este proceso se hallan ninguneado las propuestas de los sindicatos y de otras organizaciones que defendían derechos laborales, por eso votamos en contra de la enmienda a la disposición adicional cuarta sobre las condiciones del personal laboral en el exterior. No compartimos el carácter impositivo del que está imbuido el conjunto del texto frente a las propuestas que reiteradamente les hemos hecho para crear mecanismos de diálogo y de coordinación efectiva con los entes territoriales. No compartimos la ausencia de compromiso democrático, por mucho que gracias a las diferentes enmiendas que hemos planteado el texto que nos llega ahora prevea la comparecencia del ministro en sede parlamentaria para exponer la estrategia de política exterior. Finalmente, señores del Grupo Popular, no compartimos su falta de compromiso para alcanzar consensos cuando son oposición, pero es precisamente esta desavenencia lo que nos conduce con responsabilidad institucional a facilitar la aprobación de esta ley.

Señores del Grupo Popular, les decía en el debate a la totalidad que esta ley debía ser democrática en un sentido ambicioso, no solo por el hecho formal de ser aprobado en este Parlamento por la mayoría absoluta del Grupo Popular, debía tener el anclaje de sólidos principios internacionales, debía prever la rendición de su diseño y su ejecución en sede parlamentaria y debía procurar una mayor cercanía a los ciudadanos. Pero además de democrática, la ley debe ser útil, es decir, debía establecer medios efectivos que garanticen el principio de coordinación con los distintos actores implicados. Se han quedado a medio camino en todo. En primer lugar, reconocen un elenco de principios y objetivos que, al ser impuestos en la tramitación parlamentaria, no recalan en el conjunto del articulado. Así, por ejemplo, la expresión promoción de la paz solo aparece una vez en el texto entre los principios y luego se olvidan de ese compromiso que debe ser medular en nuestra acción exterior. Lo mismo ocurre con el multilateralismo, que curiosamente, después de los principios, solo se vuelve a mencionar con posterioridad al hablar de la acción exterior en materia de turismo y en materia de energía.

En segundo lugar, en cuanto al compromiso de rendición de cuentas en el Parlamento, conviene recordar que en las dos anteriores legislaturas el Gobierno socialista contrajo el compromiso de celebrar anualmente, tanto en el Congreso como en el Senado, debates de balance y perspectivas de la política exterior. Esta idea ha sido sustituida en el texto de la ley por la de hacer balance de la estrategia de política exterior. Pero, señores del Partido Popular, su aceptación de nuestras enmiendas en esta materia no es creíble. No tienen asumido que existe un compromiso democrático de rendir cuentas en sede parlamentaria de nuestra política exterior, y se lo voy a demostrar con hechos. Si así fuera, si existiera de verdad esa convicción democrática, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación habría ya comparecido en esta Cámara con carácter anual para hacer balance de la política exterior, pero no lo ha hecho; y no solo no lo ha hecho, sino que ante mis interpelaciones para que comparezca se ha amparado en que la ley todavía no ha entrado en vigor. Es cierto que contiene esa previsión de que en seis meses nos va a presentar su estrategia de política exterior, tal vez entonces tendremos este debate. Insisto, señorías del Partido Popular, no tienen arraigado ese compromiso democrático y su ausencia del Parlamento les delata.

En tercer lugar, cercanía a los ciudadanos. Es verdad que han accedido a incorporar la idea de servicio público en los principios rectores de la acción exterior a través de una enmienda de nuestro grupo parlamentario en el Congreso, pero el problema es que lo ligan a la promoción de la imagen de España, y el Grupo Socialista tiene una interpretación diferente. Nuestro punto de vista es que la acción exterior no puede quedar reducida a un marco de relaciones entre Estados, sino que debe ser impregnada de la idea


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de ofrecer un servicio público de calidad a los ciudadanos. El enfoque global de la ley se olvida de los ciudadanos y, en general, de la sociedad civil.

En cuarto lugar, utilidad. La ley debe establecer medios efectivos que garanticen el principio de coordinación de los distintos actores implicados. Se lo hemos repetido en numerosas ocasiones, tanto en el debate en el Congreso como en el Senado. La mejor manera de velar por el principio de unidad de acción en el exterior es establecer mecanismos de cooperación, no mediante la imposición. Se trata, señorías, de una cuestión de enorme importancia sobre la que ya el Consejo de Estado advirtió en su dictamen en el anteproyecto de ley aconsejando de manera muy elocuente que la regulación relativa a la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas no se formule únicamente en términos negativos. Eso es lo que nos decía el Consejo de Estado. El texto está trufado de barreras, límites, cortapisas; trufado en definitiva de desconfianza hacia las comunidades autónomas de las que no participa el Grupo Socialista. Han obligado a las comunidades autónomas a informar a Exteriores de la apertura de sus oficinas en el exterior y lo han condicionado a diferentes informes del Gobierno sobre su oportunidad y eficiencia. Quisieron crear un archivo exhaustivo de todos los viajes al exterior de cualquier cargo o funcionario autonómico y, finalmente, a través de la enmienda transaccional aprobada en el Senado obligan únicamente a presidentes y consejeros autonómicos a informar sobre los viajes; por cierto, algo que se produce con absoluta normalidad y que tal vez por ello no era necesario introducir en la ley. Por eso, nuestro grupo parlamentario en el trámite del Congreso abogaba por la supresión de este artículo.

Propusimos la enmienda de que las comunidades autónomas estuvieran representadas en el consejo ejecutivo de acción exterior y solo conseguimos que pudieran ser convocadas cuando así lo decida el Gobierno, es decir, que van a coordinar sin presencia de los coordinados. Eso, señorías, se llama imposición y no coordinación. Por favor, díganle al señor ministro que no utilice nuestro instrumento público, nuestras embajadas y nuestros embajadores para hacer más informes sobre Cataluña o sobre el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana. Es una utilización de un instrumento público para hacer partidismo y política partidista. Eso nos ha recordado durante estos días los telegramas que Ana de Palacio enviaba con ocasión del 11-M. Para lo que deben estar nuestras embajadas es para dar servicio al conjunto de los ciudadanos y no para dar una visión partidista. Hoy mismo hemos conocido un nuevo informe sobre Cataluña. No vamos a resolver el tema de Cataluña basándonos en informes y contrainformes; lo vamos a resolver por la vía del diálogo, del consenso y de los acuerdos en esta Cámara y entre los partidos políticos. Por tanto, díganle a nuestro ministro que nos hace un flaco favor enviando estos informes porque enconan el tema de Cataluña y nos impiden a los que estamos por el diálogo y por encontrar acuerdos encontrarlos. Por favor, dejen de hacer una auténtica utilización de nuestras embajadas en este tema.

Concluyo ya, señor presidente, y lo hago de la misma manera en que he comenzado. El proyecto de ley que de nuevo regresa a esta Cámara tras la votación en el Senado sobre la acción y el servicio exterior del Estado no responde a las expectativas legítimas de la España de 2014. El Grupo Socialista considera que las enmiendas aceptadas no han podido cambiar la esencia impositiva y desconfiada de nuestra propia realidad territorial sobre la que ha nacido este proyecto de ley de la acción y el servicio exterior del Estado. Este es el sentido de nuestra abstención al dictamen de la ley en el trámite del Congreso y en el del Senado, pero, como les anunciaba en el inicio de mi intervención, el Grupo Socialista se siente comprometido con los pactos que favorecen el consenso en aspectos medulares del Estado, y la acción exterior lo es.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Sáez.

Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Beneyto tiene la palabra.

El señor BENEYTO PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.

En ocasiones cuando uno escucha a los grupos de la oposición tiene la tentación de pensar que estamos en un planeta distinto. Qué poco tiene que ver lo que determinados grupos de la oposición dicen sobre el texto de la ley y sobre el trámite parlamentario con lo que efectivamente ha tenido lugar. Decir que esta ley no ha sido consensuada, que no ha habido negociación, que no ha habido en todo momento, a lo largo de estos seis meses, un permanente diálogo abierto que ha fructificado en una serie de enmiendas que han sido recogidas en la ley, sencillamente no responde a la realidad. Decir que la ley es única y fundamentalmente una ley que pretende recortar competencias en materia de la proyección exterior de las comunidades autónomas es sencillamente ver el universo a través de un canuto así de pequeño. La ley


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tiene dos artículos sobre las comunidades autónomas, pero como les voy a resumir ahora, la ley es mucho más amplia. Es una ley que, efectivamente, hacía falta después de treinta y cinco años. Como bien se ha dicho por algunos de los grupos, han hecho falta treinta y ocho borradores anteriores, anteproyectos, propuestas para que, por fin, el Gobierno y el Grupo Parlamentario del Partido Popular puedan hoy aprobar esta ley en esta Cámara.

Si toda política exterior es también política interior, como decía Churchill, hoy más que nunca. La interrelación entre los ámbitos exteriores e interiores ha llegado a una convergencia y, por eso, esta ley aborda desde una perspectiva moderna lo que es la acción exterior del Estado y no sólo la política exterior. Es una ley que se enmarca dentro de un plan estratégico que, hasta ahora, no habían tenido los anteriores ministerios en la época socialista. Un plan estratégico que incluye la ley de tratados, que está siendo ya debatida en esta Cámara; la estrategia de acción exterior, que ya está elaborada y está empezando a ser debatida fuera de la Cámara y va a llegar a la Cámara; el reglamento interior de la carrera diplomática, la ley de inmunidades jurisdiccionales, junto a los instrumentos de la estrategia de seguridad nacional, los instrumentos de cooperación al desarrollo, como el plan director, el plan anual, la comunicación anual de cooperación. Estamos dentro de un plan estratégico que tiene como objetivo reforzar nuestros principios, valores e intereses en política exterior. Por eso, la ley define los grandes principios vertebradores de esa acción exterior y de ese servicio exterior del Estado: la unidad de acción en el exterior, la lealtad institucional y la coordinación, la planificación y la eficiencia, la especialización, la transparencia y el servicio al interés general. Esos son los principios que gobiernan la ley y no ningún deseo en ningún momento de recortar competencias en su proyección exterior. Es más, la ley es rigurosamente estricta con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en estas materias.

La ley introduce también los instrumentos de planificación y seguimiento de la acción exterior que no existían hasta ahora, como el informe anual sobre la estrategia, con la obligación del ministro de comparecer en las dos Cámaras al menos anualmente para informar sobre el cumplimiento de la estrategia; el consejo de política exterior, que se reactiva; el consejo ejecutivo de política exterior; el grupo de emergencia consular, absolutamente necesario para situaciones de crisis, de emergencia y de atención a los ciudadanos españoles en el exterior; la promoción de la imagen de España y la acción informativa en el exterior. De nuevo, no solo la estrategia, sino también la reordenación de los medios, con esa ampliación del concepto hacia la acción exterior, incluyendo todos los sujetos, órganos del Estado que tienen una proyección exterior y también los ámbitos muy extensos que la ley contempla.

Quiero referirme también a una serie de innovaciones y pasos inmediatos a los cuales obliga la ley, para que se vea que en ningún momento esta ley tiene un objetivo determinado. Es una ley amplia, moderna, que cumple todas las necesidades de la ordenación del servicio exterior y la acción exterior del Estado. Por ejemplo, la mejora del control parlamentario. Se ha dicho aquí que no se avanza en la mejora del control parlamentario. Esto, sencillamente, no es cierto, leyendo el texto de la ley. En primer lugar, la comparecencia del ministro sobre la estrategia de acción exterior. En segundo lugar, la solicitud a los embajadores, una vez nombrados, para que comparezcan en la Comisión de Asuntos Exteriores e informen sobre la base de la carta de instrucciones que reciben; esta es una innovación que ha permitido la ley, la carta de instrucciones a los embajadores basada en la estrategia de acción exterior. Estamos, como decía, ante una planificación estratégica de la acción exterior del Estado que también se va a debatir en sede parlamentaria. Por tanto, se avanza enormemente en lo que significa el control parlamentario. La conexión con el Servicio Europeo de Acción Exterior y la Comunidad Iberoamericana de Naciones, con la posibilidad de creación de oficinas con misiones culturales conjuntas con terceros países de la Unión Europea, la incorporación de funcionarios españoles en las delegaciones de la Unión Europea -y ya estamos ante la posibilidad de que se cree en Azerbaiyán esa primera posibilidad-, las oficinas consulares conjuntas con países miembros de la Unión Europea y, lo que es muy relevante, las oficinas sectoriales conjuntas con países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. De nuevo otro elemento de innovación que contempla la ley.

En lo que hace referencia a las comunidades autónomas, se prevé la posibilidad de integrar las oficinas exteriores. Recordaré aquí que una gran mayoría de comunidades autónomas han hecho ya uso de esta posibilidad, excepto dos comunidades autónomas que no han considerado útil esa posibilidad, y la obligación de informar sobre los viajes, que ya existía de una manera informal y que ahora, gracias a una enmienda recogida por el Gobierno, se introduce en el artículo 5.2. También se observa la atención a las personas con la promoción profesional en la Unión Europea y en los organismos internacionales regulada y establecida en la ley en su artículo 50. Asimismo, la atención al personal laboral en el exterior


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y la conciliación familiar y que se haya extendido a doce meses no es en realidad más que una posibilidad de que se pueda llegar a un análisis exhaustivo de la situación del personal laboral en el exterior. También la revisión del Estatuto de la Escuela Diplomática con el establecimiento de formación continuada para los funcionarios en nuevas materias, y por último, en materia de eficiencia, el reforzamiento del jefe de misión, la posibilidad de creación de una sección de servicios comunes, que sin ninguna duda mejorará también los servicios que ofrecerán nuestras misiones en el exterior, y el reconocimiento de las nuevas formas de diplomacia parlamentaria pública, económica, etcétera. Es una ley completa, es una ley que recoge treinta y cinco años de intentos de llegar a una ley en esta materia; es una ley fundamental dentro del marco estratégico y normativo que ha previsto el Ministerio de Asuntos Exteriores, y gracias a esta ley va a ser posible que podamos llevar a cabo todas esas otras medidas de estrategia de acción exterior, de carta de instrucciones de los embajadores, en definitiva, la mejora en la eficiencia del servicio en esas dimensiones diplomática, económica, consular, que tiene nuestra acción exterior. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).

Quisiera acabar con una perspectiva histórica que es la que recoge la ley. La ley habla de la rica trayectoria histórica de la diplomacia española, y frente a esos intentos de reducir España a una visión provinciana, vamos a recordar que esa diplomacia es varias veces centenaria, que hunde sus raíces últimas en las valiosas aportaciones de la Escuela de Salamanca, que fundó el Derecho Internacional Público moderno; que las dimensiones genuinas de nuestra acción exterior, la europea, la iberoamericana, la atlántica entroncan sin duda con la mejor diplomacia castellana y aragonesa, pero también forman parte del universalismo del que desde el primer momento hizo gala el Estado español. España puede y debe contribuir al tratamiento de problemas globales, ese es nuestro desafío en estos momentos. En todo momento hemos abogado por el consenso, por la integración, por el diálogo; esta ley será hoy definitivamente aprobada y gracias a ella podremos llevar a cabo los objetivos que nos hemos propuesto.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Beneyto.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CASTILLA-LA MANCHA. (Número de expediente 127/000003).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al punto relativo al dictamen de comisiones sobre iniciativas legislativas, referente a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Teniendo en cuenta que está norma es de orden orgánico, debo anunciar a la Cámara que la votación no se producirá antes de las seis de la tarde.

Para defender las enmiendas formuladas a esta iniciativa, en primer lugar tiene la palabra el señor Baldoví. (Pausa). El señor Baldoví no está presente. Pasamos al Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.

Mi grupo ha presentado tres enmiendas a esta propuesta de reforma de un estatuto, cuestión que no es baladí y no solo porque sea una ley orgánica, sino porque creemos -lo hemos dicho muchas veces, lo voy a volver a explicar hoy con la esperanza de que alguien que quiera escuchar, escuche- que afecta -como digo- a una cuestión nuclear de la propia democracia, que es la conversión de los votos en representación, la incorporación del pluralismo en las instituciones democráticas y la constante corrección del sistema en el sentido de mejorarlo y no de empeorarlo y de convertirlo, por tanto, en un sistema inclusivo y no en un sistema que excluye a aquellos ciudadanos que tienen la extravagancia, por lo visto, en opinión de algunos, de votar a partidos que no son los de siempre que se van turnando en el poder. Las tres enmiendas que a continuación explicaré precisamente tratan de garantizar que esta tropelía no se cometa, y voy a repetir lo que he dicho, es una tropelía, es un atropello. No se puede aprovechar estar en una situación de mayoría en una institución, en este caso en el Parlamento de Castilla-La Mancha, para intentar aprobar reformas estatutarias que sirvan para blindar al partido que está en ese momento circunstancialmente, por mucho tiempo que sea, en la mayoría parlamentaria. Un sistema como el democrático español, que tiene sus defectos, que ha ido convirtiéndose en un mal sistema, como todos los ciudadanos repiten una y otra vez que se les pregunta, tiene un problema. Si no quiere cambiar solamente puede empeorar. Es decir, si no quiere librarse de algunos de los vicios que tiene, y uno de


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ellos es una ley electoral deficiente, solo puede empeorar, y esto es lo que está ocurriendo, a esto estamos asistiendo. No se ha querido hacer una reforma electoral que permita un sistema realmente proporcional y representativo, y lo que se está haciendo es presentar reformas electorales como esta, encubierta como una reforma estatutaria, que en realidad lo que hacen es empeorar todavía más un sistema electoral que ya deja muchos votos, que ya deja a muchos ciudadanos sin representación o que les deja con una representación completamente insuficiente, como es el caso de este Congreso donde la desproporción que existe entre votos y escaños en algunos grupos llega sencillamente a lo esperpéntico.

Señorías, de lo que se trata con esta reforma es de excluir de la representación política en las Cortes de Castilla-La Mancha a aquellos ciudadanos castellano-manchegos que no voten a algunos de los partidos mayoritarios. Esto no es un juicio de valor, es un hecho. Cuando se meten umbrales de acceso del 12 o del 15 % en determinadas provincias, lo que se está haciendo es, ni más ni menos, para que todo el mundo nos entienda, excluir de la representación a todas aquellas candidaturas que no obtengan ese 12 % o ese 15 % en las elecciones, lo cual en un sistema polipartidista es sumamente difícil y, como es sumamente difícil, aquí lo que se está haciendo al dificultarlo aún más es impedir que exista. Se trata de blindar, por tanto, un modelo bipartidista no mediante una oferta política de extraordinaria calidad que hace que los demás partidos queden fuera de juego, sino sencillamente excluyéndoles de la competición parlamentaria mediante una ley electoral que bloquea su acceso. Insisto, no importa lo que ocurra con los partidos, lo que importa es que a un porcentaje tan alto como el 12 % o el 15 % de los ciudadanos se les excluya de la representación. Esto va directamente contra el principio de que las instituciones democráticas están para expresar el pluralismo político de la sociedad.

Últimamente, se está extendiendo demasiado -lo acabamos de ver en Italia- el argumento de que una ley electoral tiene como finalidad permitir la gobernabilidad de un país. Esto es completamente falso. Una ley electoral tiene como principio y como única justificación permitir la conversión de los votos de una manera proporcional y representativa en representación. Cuando una ley electoral pone por delante la gobernabilidad o, como se ha expuesto muchas veces en la defensa de esta reforma estatutaria, el ahorro, lo que está haciendo es proponer que la democracia es un sistema despilfarrador en el que hay que ahorrar, evidentemente es un ataque completo al concepto mismo de democracia, o bien decir que la desaparición de la división de poderes ha llegado ya a tal extremo que los parlamentos molestan, fastidian a los Gobiernos, perturban su derecho a gobernar, y los Gobiernos no tienen un derecho especial a gobernar, solo tienen una encomienda de ejecución, pero bajo control parlamentario, si no, no es un régimen parlamentario. Lo que se presenta aquí es un ataque directo al régimen parlamentario, pero, claro, ni siquiera es uno de tipo asambleario o de democracia directa, que también tiene sus defensores legítimos, etcétera, no, aquí de lo que se trata es de un empeoramiento del sistema para pasar de una democracia a una oligarquía, es decir, un sistema en el que muy pocos tienen el control de la totalidad de las instituciones, pero bajo fórmulas supuestamente democráticas, que no lo son porque excluyen la igualdad de sufragio activo y pasivo, es decir, excluyen la igualdad de ser representante y de votar al representante que tú quieres que te represente. Esto es lo que está ocurriendo.

Hay más cosas en esta reforma electoral que se han comentado aquí en otros debates que no voy a dejar de mencionar porque hay que mencionarlas. Una reforma electoral vía estatutaria que bajo la invocación del ahorro como un bien absoluto reduce un parlamento autonómico a un número de diputados que es inferior al que tienen muchas ciudades en concejales, es decir, menos parlamentarios que los concejales que hay en una gran cantidad de ciudades en España, sencillamente es un parlamento que ha renunciado a tener contenido sustancial. Es mantener las instituciones para mantener la representación, para mantener cargos y para mantener todo lo que va en torno a una institución, pero vacía de contenido. Esto también explica por qué se ha dado ese paso de privar de dedicación exclusiva a los parlamentarios, de imponerles a todos la parcial y de sustituirla, lo cual es algo francamente fraudulento; es una remuneración pública, fija y conocida por todos, y sobre todo conocida por Hacienda, que se convierte en un sistema de dietas opaco que no tributa y que además es arbitrario, porque depende finalmente de la voluntad del grupo mayoritario, como ocurre, por cierto, en muchos ayuntamientos de España también. Es reducir un Parlamento autonómico a una especie de superayuntamiento, pero que ni siquiera tiene las competencias de un ayuntamiento, porque de alguna manera ya se da por hecho que no tiene el menor interés como órgano legislativo, puesto que no existe un fundamento real para su actividad; es sencillamente mantenerlo de un modo simbólico como una bandera que está ahí, pero no como una institución que sirve para el autogobierno.


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Respecto al autogobierno hay que tomárselo en serio. Aquí hay gente que tiene posturas muy distintas -unos son independentistas, otros son regionalistas, algunos somos federalistas, otros piensan que el Estado de las autonomías es un modelo perfecto-, pero hasta ahora no había habido nadie que dijera aquí que hay que mantener instituciones autogobierno, pero privadas de autogobierno. Esto es una novedad, pero una novedad de tipo degenerativo. ¿Cuál es el ahorro de reducir el número de parlamentarios?, ¿en qué consiste la mejora para la representatividad y el funcionamiento de las instituciones que se consigue quitando las retribuciones públicas e instaurando dietas? Por cierto, he de recordarles que ustedes, el Partido Popular, en la Asamblea de Madrid en el año 1997 suprimieron el sistema de dietas, e hicieron muy bien, porque se dieron cuenta de que era una sistema necesariamente degenerativo y fraudulento, porque se acababan convocando reuniones y comisiones sin ningún sentido solo para cobrar las dietas, y se vio que era un progreso de transparencia y de decencia que todos los parlamentarios tuvieran una retribución fija, que además todo el mundo supiera y que tributara. De manera que lo que proponen es un verdadero retroceso, es una propuesta de lo más retrógrada que se ha presentado en esta Cámara; no sabemos ni cómo calificarla, desde luego se califica sola.

Además hay alternativas, y paso a defender las tres enmiendas que mi grupo ha presentado, evidentemente sin ningún éxito, como todos los demás. Por ejemplo, se puede reducir el número de parlamentarios, manteniendo la proporcionalidad dentro de cierta lógica, sustituyendo el distrito provincial en Castilla-La Mancha por un distrito único. Ustedes lo han rechazado y, sin embargo, saben que se puede hacer. El Estatuto de Autonomía les permite instaurar un distrito único y reducir el número de parlamentarios manteniendo la representatividad y, por tanto, el pluralismo político. Lo han rechazado hasta ahora. Les hemos planteado también un sistema de listas desbloqueadas; tampoco les ha gustado, lo han rechazado. -No es casual que uno de los grandes oligarcas que campan por sus respetos, el señor Berslusconi en Italia, haya puesto también esta exigencia a Renzi para aprobar la ley electoral antipluralista que han aprobado ayer mismo en ese país-.

Finalmente, les proponemos que la dedicación de los parlamentarios sea opcional. Si creen ustedes que se puede ser parlamentario castellano-manchego sin dedicación exclusiva, muy bien, pero que haya un régimen opcional de dedicación exclusiva o de dedicación parcial compatible con dedicaciones profesionales. Que ustedes opten por que todo el mundo tenga que tener una dedicación puramente parcial va al fondo y al origen de la cuestión que les he dicho muchas veces. Eso es volver al modelo de parlamentos decimonónicos, que en realidad estaban ocupados por rentistas y aristócratas que no necesitaban trabajar y formaba parte de su dedicación ocupar un puesto parlamentario y dedicar algún rato a las cuestiones públicas con mayor o menor entusiasmo. Eso es algo muy alejado de lo que se entiende a día de hoy que tiene que ser un representante público. En fin, veremos lo que ustedes nos dicen.

Para acabar del todo, solo les quiero hacer un comentario que deberían tomar en consideración. Si en otras comunidades autónomas se aprobaran reformas como estas, el Partido Popular quedaría excluido de los parlamentos de comunidades como Euskadi, Navarra y Cataluña. No sé si esto a ustedes les importa o no, no sé ya qué pensar, pero esto sería un resultado prácticamente automático. ¿Qué ocurre, que lo que importa es mantener y defender el feudo, renunciar a una visión de Estado y renunciar a que haya sistemas autonómicos electoralmente representativos? Porque si eso es lo que quieren, con esta medida lo van a conseguir y sería un día de luto para la democracia.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.

El señor Baldoví, que era el interviniente anterior, me ha pedido la posibilidad de intervenir ahora. Ruego a los portavoces de los diferentes grupos que van a intervenir en algún punto del orden del día que se encuentren en el hemiciclo, porque inmediatamente que pasa su turno decaen las enmiendas, la moción o la interpelación. Así que ruego a los señores portavoces que van a intervenir, en este caso el señor Baldoví, que no abusen de la condescendencia de la Presidencia, la ostente en ese momento quien la ostente. Así que, adelante, señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta, por su condescendencia.

Había una canción de Dolores Flores, Lola, la Lola de España, que tenía un título singular: Cómo me las maravillaría yo. En esa canción se debió de inspirar Dolores de Cospedal, la presidenta de Castilla-La Mancha. Cómo me las maravillaría yo para perpetuarme en el poder en Castilla-La Mancha. Cómo me las maravillaría yo para silenciar a la oposición. Cómo me las maravillaría yo para impedir que otras fuerzas políticas accedan al parlamento. ¡Y vaya que se las maravilló!. Se las maravilló para urdir


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este atraco perfecto que hoy discutimos aquí; porque esto no es una reforma, esto es un atraco perfecto a la democracia perpetrado con la nocturnidad de su tramitación acelerada y la alevosía de su mayoría absoluta. Lo dejó bien claro el representante del Partido Popular en la ponencia hace apenas tres semanas: No vamos a aceptar ni una sola enmienda. Así de lacónico y así de duro. No han dado ni un solo motivo creíble en esta tramitación que justifique esta reforma. Ustedes solo persiguen una cosa: el silencio de los corderos, desactivar, desguazar, aplastar cualquier conato de oposición y convertir a ese parlamento en un parlamento de juguete, el juguete de María Dolores de Cospedal donde solo juegan los niños ricos del Partido Popular. Empezaron por quitar el sueldo a los diputados de la oposición mientras ustedes se reservaban las dietas, ya que solo los diputados que desempeñan puestos que determina el órgano rector de la Cámara pueden acceder a las dietas. Es decir, como solo desempeñan puestos los del Partido Popular, solo cobra el Partido Popular. Con lo que la oposición tiene que hacer oposición por las noches o los fines de semana porque tiene que estar en su puesto de trabajo, mientras el Partido Popular tiene todo el tiempo del mundo para hacer su labor. Unos diputados profesionales bien pagados, los del Partido Popular, y otros amateurs, sin sueldo, los de la oposición, que tienen que trabajar en la fábrica, en la oficina o abrir la persiana de su negocio familiar. El profesor valenciano Martínez Sospedra hacía una comparación muy oportuna: es como si el Club de Fútbol Tomelloso jugara contra el Real Madrid. ¿Pueden a la larga vencer los aficionados a tiempo parcial a los profesionales a tiempo completo?, ¿van a competir con ellos en condiciones de igualdad si solo pueden dedicar al cargo sus ratos libres? Y como no tenían suficiente, se sacaron de la manga esta reforma del estatuto con la reducción de diputados. Con la excusa de reducir gastos reducen diputados, pero no para ahorrar. Los diputados ya no cobran; en cambio, han aumentado los asesores. Su único objetivo es construir una valla más alta que la de Ceuta para que dentro solo quepan dos, poner concertinas en lo alto para que otras opciones no puedan superar este muro antidemocrático que supondrá esta reforma. Porque con esta reforma, por ejemplo, en Albacete, que antes de este pucherazo se podía acceder con el 7 % de los votos, ahora, después de este pucherazo, harán falta el 16 % de estos votos para impedir que partidos como el Partido Castellano -hay representantes hoy aquí en la tribuna- como Equo, como Unidad Castellana, como otros partidos pueden acceder al parlamento de Castilla. Hoy Compromís quiere que estas opciones tengan su voz. -Acabo-. Si quieren que los ciudadanos dejen de alejarse de la política lo tienen fácil. Nuestras enmiendas van por ese camino. Mantengan el número de diputados autonómicos en el límite mínimo y máximo que ya está fijado; creen una circunscripción electoral única en Castilla-La Mancha; aprueben una ley electoral que facilite la participación de los ciudadanos que dé mayor proporcionalidad en el reparto, eliminando ese límite mínimo para participar en el reparto de los mismos. En definitiva, si quieren ahorrar reduzcan el número de altos cargos y de asesores no electos por los ciudadanos. En definitiva, si quieren maravillarnos háganlo de verdad: retiren esta reforma totalitaria y excluyente y comiencen a conjugar un verbo del que se han olvidado desde que empezó la legislatura: consensuar. Un estatuto se reforma con consenso y no con una mayoría absoluta provisional y cerril como a la que nos tienen acostumbrados ustedes.

Muchas gracias, señora presidenta por su condescendencia.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.

Pasamos al grupo de La Izquierda Plural. Tiene la palabra el señor Lara.

El señor LARA MOYA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, parece que la decisión del Partido Popular es mantenella y no enmendalla, visto el recorrido que ha traído hasta el día de hoy esta propuesta de Castilla-La Mancha de reducir a la mitad el número de escaños en las Cortes pasando de 53 a una horquilla entre 25 y 35, unas Cortes que ya hoy son de las menos democráticas de España a efectos de representatividad, unas Cortes que ya hoy son las que tienen menos escaños por provincia, menos escaños por población y menos escaños por territorio, y a la que ahora con este recorte brutal de escaños la van a situar en el ridículo, en el esperpento antidemocrático. Porque a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que es la tercera en territorio de España, la tercera en número de provincias y la novena en población, la van a dejar como la comunidad autónoma con el menor número de escaños de todas las de España, incluida La Rioja que tiene 33 y, por supuesto, las uniprovinciales de Murcia o de Asturias que tienen 45. Ningún presidente, supongo, de otra comunidad autónoma, de comunidades autónomas gobernadas por el PP se ha atrevido a una imputación tan brutal en la representación democrática. Es el mayor ataque desde nuestro punto de vista que se da a la democracia representativa desde la Transición.


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Ustedes saben que la razón que se esgrime de ahorro económico carece de credibilidad y es una falacia. Hace veinticuatro años con un presupuesto diez veces inferior al que hay hoy en las Cortes había 47 escaños en las mismas. El ridículo ahorro que se supone se ha visto anulado por la contratación de cargos de libre designación -ya lo hemos dicho en diversas ocasiones-; han aumentado la partida de altos cargos y elegidos a dedo un 60 % en los dos últimos años; el argumento del ahorro no tiene ningún valor. Además, ¿de qué ahorro se habla si le han quitado el salario a los diputados? Es una medida que nosotros calificamos de miserable, porque se está haciendo al calor de un clima de la antipolítica que se ha creado en este país precisamente por todos los políticos y políticas, corruptos y corruptas, vendidos a empresarios sin escrúpulos sobornadores en nuestro país. Se pretende volver al sistema censitario, que solo gobiernen los que tengan recursos, los poderosos y sus satélites, para tener a las instituciones a su uso exclusivo y el de sus intereses.

Teniendo en cuenta que quien trae la propuesta de recortar escaños por el falso ahorro es la secretaria general del Partido Popular, pregunto: ¿Va a impulsar también que se reduzcan a la mitad los escaños en las comunidades autónomas?, ¿se va a impulsar que se reduzca a la mitad el número de escaños en este Parlamento?, ¿se va a impulsar que se reduzca a la mitad el número de senadores en el Senado de España?, ¿se va a proponer que en aras de la austeridad, tan manoseada, se suspendan las competencias en Castilla-La Mancha y se vuelva a la figura de los gobernadores civiles? Son preguntas para las que nos gustaría que hubiera respuestas. Además, señorías, ¿cómo puede entenderse que el Gobierno de Cospedal incrementara 4 escaños hace menos de dos años y ahora se vaya a una reducción de 25?, ¿antes no era antieconómico y ahora sí? La razón no es el ahorro, la única razón es reducir la democracia representativa y sustituirla por la dedocracia partidista; menos políticos elegidos democráticamente y más políticos fieles elegidos a dedo; los objetivos reales, todos lo sabemos, son: impedir que aumente el pluralismo, mantener el bipartidismo, evitar el control del Gobierno y mantener el poder de forma torticera; impedir que aumente el pluralismo porque se necesita al menos, se necesitará, un 14 % para obtener un escaño en cualquier provincia de Castilla-La Mancha; poner más zancadillas a un pluralismo ya cercenado. La fuerza política que yo modestamente represento en Castilla-La Mancha tuvo 44.000 votos en las últimas elecciones, cada diputado del PSOE o del PP salió con 22.000 votos en la región, nosotros no entramos en las Cortes. Quieren mantener el bipartidismo cuando las encuestas apuntan a que algunos grupos políticos podríamos entrar en las Cortes de Castilla-La Mancha y la solución es sencilla, se trata de reducir el número de escaños y aumentar la barrera. Eso no es ningún invento maravilloso. Es un bipartidismo que ha sido responsable de hundir a la caja de ahorros de la región -digo bipartidismo con mayúsculas- y hoy, el Partido Popular en esta Cámara se niega a investigar. También se han negado a investigar en Castilla-La Mancha a quienes son responsables del saqueo, pero también a saber quiénes son saqueadores.

Evitar el control del Gobierno es otra razón, por eso se reducen escaños, porque a Dolores de Cospedal no solo le sobran diputados, le sobra democracia, le sobran controles; tal vez por eso se cargó la Sindicatura de Cuentas y el Defensor del Pueblo. (Aplausos). Se quiere mantener el poder a toda costa de forma torticera, decía, limitando la democracia o haciendo del sistema electoral un traje a medida del Gobierno. Esas son las únicas razones, las únicas sinrazones. La reforma que proponen acentúa más el uso partidista que se ha hecho a lo largo de la historia electoral de Castilla-La Mancha y estamos ante un pucherazo, ante una chapuza.

Las chapuzas electorales en Castilla-La Mancha no son nuevas, vienen de lejos. En honor a la verdad hay que decir que ya se hizo un pacto en 1998 entre el Partido Popular, Bono y un diputado tránsfuga, el único de Izquierda Unida, para consolidar el bipartidismo de futuro en Castilla-La Mancha. Por eso se suprimió el procedimiento de asignación de escaños, único caso en toda España, lo que llevó a la chapuza de elegir en 2007 un diputado más por Cuenca que por Guadalajara, a pesar de tener menos número de habitantes. Esta situación todavía no se ha corregido, sigue estando ahí, tal vez porque venía bien entonces al pacto bipartidista y hoy viene bien al mantenimiento del poder del Partido Popular. Por cierto, deberían ustedes conocer el compromiso adquirido por su partido en 2007, cuando criticaban al Gobierno socialista por impulsar una reforma electoral y le acusábamos nosotros también de tener un grave déficit democrático y de vulnerar los principios de igualdad, proporcionalidad y representatividad e instábamos al Gobierno socialista a retirar aquella reforma. Hoy, ustedes, casi dos años después, están haciendo exactamente lo mismo que criticaban al Gobierno socialista de entonces, solo que más endurecido y más retorcido.

Ustedes saben que de cómo se acoplen los escaños en las provincias se podrá llegar probablemente a la aberración antidemocrática de que un partido con menos votos pueda tener mayoría de escaños en


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la Cámara. En Castilla-La Mancha aterrizaron, desde nuestro punto de vista, los reyes de la chapuza electoral, y María Dolores de Cospedal es la reina madre y va a ser capaz de superar a todos los anteriores. El poder, ¿para qué?. Para despedir empleados públicos, para eliminar servicios de urgencia, para poner la televisión de Castilla-La Mancha al servicio de un partido, para quitar recursos a la dependencia. Le han dado un premio, me han dicho, a María Dolores de Cospedal, y se lo han dado los dependientes con el calificativo que define perfectamente el hecho de gente sin alma.

Señorías, con esta propuesta se viola el espíritu y la letra de la Constitución y del propio estatuto de autonomía, consolida un pobre bipartidismo excluyente, quebrando los principios de igualdad, pluralismo político, proporcionalidad y representatividad. No figuraba en el programa electoral del Partido Popular, viene sin consenso político ni social, incumple las recomendaciones del Consejo de Estado sobre la proporcionalidad de las leyes electorales, encierra un peligroso discurso populista y autoritario que al final no sabemos nunca dónde termina.

Señorías, nosotros les planteamos la creación de una mesa para buscar el consenso y la participación de las organizaciones políticas y sociales en la reforma electoral para nuestra región, tal y como pedíamos juntos PP e Izquierda Unida en el año 2007. Está ahí, está en la hemeroteca. Queremos una reforma más justa, que apueste por la circunscripción única, manteniendo el mismo número de escaños. Sí es posible. Aunque la circunscripción sea provincial al hacerla única se pueden incorporar candidatos de las distintas provincias; sí es posible hacerlo legalmente y que, en todo caso, sean los ciudadanos los que decidan aprobar la reforma con su voto en el referéndum. Hoy va a ser un día triste para Castilla-La Mancha porque con la que está cayendo en aquella región, con lo que cae de empobrecimiento, de aumento del exilio juvenil, de destrucción del poco tejido industrial que tenemos, social y productivo de la degradación de servicios públicos -la sanidad, la educación, la dependencia, los servicios sociales-, lo único que se les ha ocurrido traer a esta Cámara es recortar la democracia y aumentar el déficit democrático en la región. Señorías, es un día triste para Castilla-La Mancha y el futuro tal vez lo definió perfectamente Tácito, que vino a decir que el poder conseguido por medios culpables nunca se ejercitó en buenos propósitos. Esta frase es probablemente la que mejor define esta propuesta del Partido Popular, esta triste propuesta del Partido Popular de Castilla-La Mancha.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Lara.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Alonso Núñez.

El señor ALONSO NÚÑEZ: Muchas gracias.

Nos trae el Partido Popular, de la mano de su secretaria general y presidenta de Castilla-La Mancha, la señora De Cospedal, una reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha que pretende reducir a una horquilla de 25 a 35 la Asamblea Legislativa Regional. Comienzo mi intervención lamentando la ausencia del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, don Alfonso Alonso, que ha estado toda la mañana y que ahora se ha ausentado, seguramente por lo que le voy a decir. Porque al portavoz del Grupo Parlamentario Popular se le tiene que caer la cara de vergüenza de traer aquí al Pleno hoy la votación definitiva de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha promovida por un solo partido político, con los votos del Partido Popular en la Asamblea Regional Castellano-Manchega cuando él se comprometió a que esto no ocurriera e incluso retrasó la toma en consideración y la tramitación del Estatuto de Murcia para promover, en Murcia en este caso, el consenso que una reforma de estatuto requería. Por tanto, señores del Partido Popular, les pido respeto a mi comunidad autónoma y les pido para mi comunidad autónoma el mismo trato, el mismo consenso que ustedes proclaman para las reformas de estatuto cuando vienen de cualquier otra comunidad autónoma, salvo que vengan de la presidida por la señora De Cospedal. (Aplausos).

Lo que ustedes van a votar hoy, señores del Partido Popular, significa -ya se ha dicho, pero lo vamos a decir más claramente- que a Castilla-La Mancha, una comunidad autónoma de 2.200.000 habitantes, con cinco provincias, la van a dejar con menos representación que a La Rioja -dicho con todos los respetos para La Rioja-. Ustedes saben mejor que yo que La Rioja tiene cinco veces menos población que Castilla-La Mancha. Esa es su decisión, ¡Explíquenla! Por qué cinco veces menos democracia en Castilla-La Mancha que en La Rioja. En España, ustedes lo saben, hay 1.268 diputados autonómicos y alguien de buena fe les podría comprar esta idea de reducción de diputados. Sin embargo, no va de buena fe su iniciativa porque ustedes no pretenden reducir el número de diputados; ustedes pretenden reducir el número de diputados ¡en Castilla-La Mancha!, donde gobierna su secretaria general, la secretaria general,


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la presidenta más desprestigiada de España, que necesita esta reforma para blindarse porque sabe que en condiciones normales, con la Ley Electoral actual, con el estatuto actual, en ningún caso volvería a ganar las elecciones. (Aplausos).

Su propuesta de reforma de estatuto deja a Castilla-La Mancha en estas condiciones: comparativamente con el resto, en Castilla-La Mancha van a elegir un diputado por cada 90.000 votantes; en La Rioja por cada 10.000; en Cantabria por cada 13.000; en Castilla y León, una comunidad autónoma grande, muchas provincias, por cada 30.000. ¡Pero, oiga, qué vergüenza! ¿Pero por qué le dan a Castilla-La Mancha las cosas que no se atreven a hacer en otras comunidades autónomas?, ¿no será por miedo? Se lo decía en la Comisión, será por miedo a las represalias.

Estoy seguro de que la mayoría de diputados del Partido Popular, que no son de Castilla-La Mancha, que no están sometidos al miedo cercano de la señora De Cospedal, esto no les puede gustar. ¿Por qué lo toleran? -Por eso me dirigía al portavoz del Grupo Parlamentario Popular-: porque esto es intolerable. Ustedes van a tomar una decisión que es fruto, única y exclusivamente, de las últimas encuestas que ha hecho la señora De Cospedal. La señora De Cospedal, ustedes lo tienen que saber, hace tan solo ocho meses -¡hace ocho meses, no estamos hablando de la prehistoria ni de hace 20 años!- ha modificado la Ley Electoral en Castilla-La Mancha. La señora De Cospedal en esta legislatura, hace ocho meses, incrementó el número de diputados; entonces le salían las cuentas mejor incrementando. Es cómico tener que decirlo aquí, en la soberanía nacional; el portavoz de la señora De Cospedal, el portavoz del Gobierno decía en la Asamblea Legislativa, en las Cortes de Castilla-La Mancha: incrementar diputados -decía hace ocho meses- es sano democráticamente, ahorrará gasto -aumentar diputados ahorraba gasto-, y permitirá la entrada de otras fuerzas políticas en el Parlamento regional. Antes era sano aumentar. ¿Y ahora esto qué es, señores del Grupo Parlamentario Popular? Reducir a la mitad. Lo hemos intentado, lo estamos intentando hoy todos los portavoces, pero esto no tiene consenso, no hay quién lo entienda. Hemos intentado convencer al Grupo Parlamentario Popular para que retire la iniciativa, para que al menos la retenga para adaptarla a otras previsiones legales -después me referiré al recurso de inconstitucionalidad-; pero no, ustedes tienen un mandato imperativo de la señora De Cospedal que les impide hacer lo que deberían hacer, que es no dar trámite a este atropello constitucional.

Los términos que hemos utilizado todos los portavoces en la ponencia y en la Comisión son términos gruesos, pero no podemos hacer otra cosa. Ahí se ha hablado por todos los portavoces de pucherazo, de abuso, de atraco, de escándalo, de desvergüenza, de manipulación. ¿Les parece poco, señores del Grupo Parlamentario Popular, para reconsiderar esta decisión, que nadie más que la señora De Cospedal entiende y ustedes sumisamente votan aquí aunque no la compartan? Han utilizado solo un argumento -posteriormente hablará el portavoz del Grupo Popular-, y el argumento que utilizan es el del ahorro económico. ¿Ustedes se creen que los diputados, los ciudadanos somos tontos? ¿dónde está el ahorro, señores del Grupo Popular, si en Castilla-La Mancha, además de tener el Parlamento regional más pequeño de toda España, los diputados no tienen sueldo, no tienen asignación?, ¿cómo se va a producir un ahorro sobre una situación que ya es cero, cero menos cero? Señores del Grupo Parlamentario Popular, el argumento es falso, totalmente falso, es un argumento demagógico, es un argumento que contribuye al desprestigio de la política española. El argumento no se puede aceptar, no se puede justificar. Invito al portavoz del Grupo Popular a que diga dónde se producen esos 4 millones de ahorro que han dicho en alguna rueda de prensa que se van a producir. ¿Los diputados de Castilla-La Mancha cobran 4 millones de dietas? Por favor, no les insulten, quítenles el sueldo, pero no les insulten. Es mentira, es pura y simplemente mentira.

Todos los partidos les hemos hablado aquí de las consecuencias que tendrían, y en la Comisión Constitucional yo se lo repetí. Si ustedes fueran serios -que no lo son tomando decisiones como las que hoy van a tomar- si ustedes, señorías del Grupo Popular, hicieran esto mismo en el resto de comunidades autónomas de España, la consecuencia inmediata sería que el Partido Popular no tendría representación en el País Vasco ni en Cataluña ni en Navarra; extraparlamentarios en estas tres comunidades autónomas. Pero es que si hicieran lo mismo en toda España, ustedes tendrían que estar trayendo aquí, a las Cortes Generales, propuestas de reformas de estatuto para dejar las asambleas legislativas de Murcia, de Cantabria y de La Rioja en asambleas legislativas de 6, de 7 o de 8 diputados. ¿Lo van a hacer, señores del Grupo Popular? Si no, estarán dándonos la razón a todos los que hemos intervenido en que esto es una tropelía política montada con sus votos exclusivamente al interés electoral de la presidenta De Cospedal. ¿Saben ustedes cómo la llaman? La presidenta del jueves. La presidenta De Cospedal tiene mucho interés en quitar sueldos a los diputados; en reducir organismos de control; en un Parlamento


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cortito, de poca capacidad, pero ella tiene su sueldecito -que yo sepa no se lo ha tocado-. La llaman la presidenta del jueves porque dedica un día a la semana; eso sí, el Partido Popular le exige otras dedicaciones el resto de la semana. (Aplausos).

Como decía, la propuesta del Grupo Popular tiene algunas consecuencias: reduce democracia, reduce la capacidad de representación, anulan la capacidad de control del Gobierno. Esto es lo que ustedes están buscando, unas Cortes cortitas, unos diputados que sean elegidos exclusivamente porque tienen patrimonio, ricos o funcionarios, pero trabajadores que tengan que compatibilizar el trabajo mejor que no vayan a la asamblea regional. Y eso sí, poco control: ni sindicatura de cuentas, ni consejo consultivo, ni órganos de control. Esto es lo que ustedes quieren, una reducción tremenda de la democracia en Castilla-La Mancha.

Como decía, y con esto voy a terminar, señora presidenta, esta reforma no hay por dónde cogerla. No reúne ninguno de los requisitos mínimos que debe exigirse a cualquier reforma constitucional. No tiene consenso, ni de origen ni de destino; ustedes no han conseguido sumar aquí ni una sola opinión, ni creo que votos a favor de su iniciativa. No da solución a ningún planteamiento desde el punto de vista regional, ni a una mejora de autogobierno, ni a una mejor redacción de nuestro estatuto de autonomía. Por otra parte -y esto quizá sea lo más grave- tiene para todo el mundo serias dudas de constitucionalidad. Ustedes saben que es inconstitucional. Lo saben, y por eso la proposición se hizo...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Alonso, tiene que acabar.

El señor ALONSO NÚÑEZ: ... a propuesta del grupo parlamentario -termino en un segundo, señora presidenta- para evitar los informes jurídicos del consejo consultivo. Pero es que deben tener serias dudas de constitucionalidad, señores del Partido Popular, y lo vuelvo a reiterar, porque ustedes están promoviendo aquí, también con el Partido Socialista, el establecimiento del recurso previo de inconstitucionalidad, y si no tienen dudas...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Alonso Núñez.

El señor ALONSO NÚÑEZ: ... de constitucionalidad, voten la enmienda que les hemos presentado para que este estatuto, al igual que el resto de estatutos, se someta...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Alonso, tiene que finalizar.

El señor ALONSO NÚÑEZ: ... al filtro de constitucionalidad -señora presidenta, termino en un segundo- que ustedes proponen y vienen proponiendo desde hace años: la aplicación de este recurso previo del Constitucional.

Termino mi intervención rechazando esta iniciativa, que avergüenza a cualquier demócrata, que solo va a dar satisfacción a quien la ha promovido, la presidenta...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Alonso.

El señor ALONSO NÚÑEZ: ... más desprestigiada de España, y que no duda, con su complicidad, señores del Partido Popular, en extender su desprestigio al conjunto de la política española.

Muchas gracias. (Prolongados aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, Grupo Vasco. Señor Olabarría. (Pausa). Señor Olabarría, es su turno.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, señora presidenta. Iba a dar un poco de tiempo a que sigan ovacionando al compañero del Partido Socialista, que por cierto ha hecho una intervención muy puesta en razón; yo también le podría ovacionar, aunque no de forma tan entusiasta.

Hacía una pregunta el señor Lara muy pertinente: ¿a dónde conduce el populismo? Le voy a dar mi opinión. El populismo conduce al nihilismo, y el nihilismo conduce a la negación de la democracia. Ante la negación de la democracia es ante lo que estamos topándonos con este debate, por eso no voy a bajar a la tribuna, señora presidenta. Usted ha terminado citando a Tácito y yo le podría parafrasear a Lucrecio. Lucrecio decía que hay opciones que no pueden estar nunca en la naturaleza de las cosas, y en la naturaleza de las cosas nunca podrá estar privar de un parlamento a una comunidad autónoma, porque no es democráticamente legítimo y porque no es constitucionalmente legal. El artículo 152 establece cuál


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es el contenido de cualquier estatuto de autonomía, y en ese contenido como materia indisponible y obligatoria debe estar la configuración de una asamblea parlamentaria, en el sentido más etimológico y jurídico de la expresión.

Le voy a hacer otra propuesta, señor Lara, y permítame que le convierta en un elemento referencial en este debate. Usted se acordará perfectamente de unas Cortes que estaban configuradas de la siguiente manera: 90 eclesiásticos; 56 juristas; 30 militares; 14 nobles; 15 catedráticos; 49 altos funcionarios; 8 comerciantes, y 20 personas sin profesión conocida -seguramente eran emprendedores o jóvenes demandantes del primer empleo-. Eran las Cortes de Cádiz que aprobaron la primera Constitución democrática en el Estado español en el año 1812, unas Cortes estamentales que sin embargo fueron capaces de elaborar una Constitución con los parámetros democráticos dimanantes del orden revolucionario francés, mucho más de lo que se consigna en esta propuesta de configuración parlamentaria de este estatuto de autonomía.

Pero no solo pasa eso. Hubo dos líneas ideológicas enfrentadas en las Cortes de Cádiz, la representada por Jovellanos, absolutista -he visto su retrato en alguno de los pasillos de esta Cámara; todavía la sombra de Jovellanos parece imbuirnos de cierto espíritu ultraconservador-, cuyo ideario se hubiera visto reflejado en esta propuesta de reforma estatutaria perfectamente; y los liberales, los señores Argüelles -no sé si está su retrato-, Pérez de Castro o Muñoz Torrero -no he visto los retratos de ninguno de ellos-; los liberales de las Cortes de Cádiz que consiguieron la configuración de una Constitución democrática. Pero no es lo único que cabe decir, cabe decir también -estas son propuestas de naturaleza ideológica, después de hacer reflexiones de naturaleza estrictamente jurídica- que el contenido de los estatutos de autonomías no es disponible para el legislador, porque está constitucionalizado, y el artículo 152 de la Constitución establece qué materias tienen que ubicarse en el contenido normativo de un estatuto de autonomía, entre otras la configuración de su parlamento. Y yo tengo dudas de que este sea un parlamento el que se propone en esta reforma estatutaria. Puede ser un parlamento, pero un parlamento estamental, seguramente con mucha más capacidad de realizar prestaciones democráticas que las propias Cortes de Cádiz.

Han dicho -a mí me preocuparía si esto fuera verdad- que dado el poder transversal y los conocimientos enciclopédicos de la presidenta de Castilla-La Mancha esto puede ser la línea a seguir en próxima reformas estatutarias. Para esto con nosotros no cuenten. Con los diputados vascos del Partido Popular tengo la convicción de que tampoco van a contar. Yo no sé con quién va a contar la señora De Cospedal para afrontar esta legislatura. Me gustaría preguntarle incluso si es abogada del Estado, dado su manejo del ordenamiento contractual laboral, pero es una referencia personal que es impertinente, señora presidenta, y se lo reconozco. Pero lo que no es oportuno -y esto lo digo con todo el respeto, señora presidenta- es una expresión que le escuché un día al señor Montoso: que la única fuente de derecho que en esta legislatura se puede reconocer es el ahorro. El ahorro no puede ser la única fuente de derecho. Qué diría el profesor Kelsen si oyera esto. El ahorro no puede ser la única fuente de derecho ni para las reformas estatutarias ni para ninguna ley. Existe una estructura de las fuentes del derecho, la pirámide invertida del profesor Kelsen, que se tiene que respetar no desde la perspectiva del ahorro, sino de los requerimientos y de la ontología de un ordenamiento jurídico que debería ser democrático.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Surroca. (El señor Xuclà i Costa hace gestos negativos). Señor Xuclà, ¿es usted? Es que aquí tenemos apuntada la señora Surroca.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.

Lo lamento por la expectativa que había provocado el anuncio de la subida a la tribuna de la señora Surroca, pero voy a intervenir yo.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Xuclà, es que su grupo parlamentario dijo que era la señora Surroca, pero me parece perfecto que sea usted o quien su grupo decida.

El señor XUCLÀ I COSTA: En segundo lugar, le quiero decir al señor Olabarría que justo la hora del almuerzo le inspira especialmente. Señor Olabarría, le quiero felicitar por su extraordinaria intervención.


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Señorías, es la primera vez en estos treinta y cinco años de debate democrático sobre la toma en consideración de estatutos y reformas de estatutos que este grupo parlamentario no vota favorablemente la toma en consideración de un estatuto. Había una doctrina clásica de nuestro grupo parlamentario que decía: vamos a votar favorablemente una toma en consideración porque no vamos a negar a otras comunidades autónomas aquello que es el techo de ambición competencial y de autogobierno de nuestra comunidad. Pero, señorías, más allá de nuestra vocación como catalanistas tenemos otra gran vocación como demócratas, y nosotros como demócratas, en la toma en consideración, en el debate en ponencia, en el debate en Comisión, en esta votación, en primera lectura en el Congreso de los Diputados, expresamos nuestra perplejidad, nuestra preocupación, nuestra distancia, y tomamos nota de algunos hechos relevantes que se están produciendo en el ámbito autonómico por parte del partido de la mayoría en esta Cámara, por parte del Partido Popular.

Señorías, esta es una modificación muy concreta sobre el sistema electoral de Castilla-La Mancha, pero esta reforma viene acompañada de todo un relato sobre la deconstrucción del Estado autonómico, el adelgazamiento del Estado autonómico, la reducción de organismos del Estado autonómico. Esta debe ser la vocación autonómica del Partido Popular respecto a Castilla-La Mancha, y supongo que por coherencia respecto a las otras comunidades autónomas en las que está gobernando el Partido Popular. Quizá desde el respeto, la discrepancia, la deferencia y la asimetría simplemente estamos volviendo al inicio, a los años 1977, 1978, 1979, expresando que claramente hay vocaciones de autogobierno distintas para realidades que se interpretan y se encuentran jurídicamente en una expresión distinta. Si solo fuera esto, el adelgazamiento de las instituciones, tendríamos que respetar esta propuesta que es cierto que ha salido con el apoyo de solo la mitad más uno de los diputados de un parlamento de una comunidad autónoma. Pero, señorías, no como catalanistas, no como grupo parlamentario con una motivación territorial, sino como demócratas, nos preocupa lo que plantea esta modificación.

En un sistema democrático, señorías, hay dos condiciones previas muy importantes para calificar la calidad democrática. Una es el sistema electoral, que informa a este sistema democrático, y otra es el sistema de financiación de los partidos políticos. Señorías, estamos preocupados por la evolución y la inspiración del grupo de la mayoría en relación con estos dos particulares. Quiero recordar que en esta legislatura, a través de dos reales decretos, el grupo de la mayoría ha hecho un recorte del 33 % en la financiación pública de los partidos políticos. Esto, señorías, seguramente tiene una gran venta, pero no va en la línea de la financiación pública y más equitativa para todos. Otra de las grandes características de la calidad democrática es la Ley Electoral. Señorías, esta propuesta que nos plantea legítimamente desde un punto de vista formal la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha es una Ley Electoral que plantea unos umbrales electorales para poder acceder a las Cortes -teniendo en cuenta que estamos hablando de cinco provincias- de entre el 12 % y el 15 %, en función del nivel de participación que se produzca en cada una de las elecciones. Señorías, anteayer en el Parlamento de Israel hubo un debate en profundidad sobre la calidad democrática de una modificación de la legislación en Israel, que pasaba el umbral para acceder al Parlamento de Israel del 2 % al 3,2 %. Señorías, hablando de Israel hablamos de un país de 8 millones de habitantes, con un sistema electoral proporcional puro, y con un nuevo umbral del 3,2 %. Señorías, aquí estamos hablando de una comunidad autónoma de 2,2 millones de habitantes en la que se nos propone una reducción del número de diputados hasta una franja de entre 25 y 35 diputados. Si se optara por la franja de 25 a 35 diputados en un sistema electoral con circunscripción única -véase el caso de Israel y podría hablar de otros países, pero no les quiero aburrir-, creo que la garantía democrática, la garantía de la calidad y nuestra preocupación como demócratas se verían salvadas. Pero no se ven salvadas con una imputación de una horquilla de 25 a 35 diputados, distribuidos entre 5 provincias, y con un umbral del 12 % al 15 %. Por cierto, estoy de acuerdo con algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra cuando ha dicho que veía con preocupación esta reforma cosmética, esta reforma italiana, tan bien vendida por un gran vendedor como es el nuevo primer ministro italiano, pero que pone umbrales de acceso al Parlamento que nos parecen preocupantes. Pero no nos vamos a meter en el sistema electoral italiano. Dejemos la reflexión en lo que nos ocupa esta tarde.

Señorías, para terminar, una vez más -creo que soy ponente de la tercera reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha- a través del trabajo en ponencia y en Comisión, este grupo parlamentario que ve desde el respeto, desde la implicación democrática, pero también desde la distancia lo que se traen el PP y el PSOE en Castilla-La Mancha, les tiene que decir que hay algo, hay un ambiente, hay una atmósfera un poquito del Antiguo Testamento en la alternancia del poder en Castilla-La Mancha, hay algo de aquello de: ojo por ojo, diente por diente. Y en la retirada de los sueldos que ahora impulsa el


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Partido Popular debo recordar que el mismo episodio se ha vivido con el Partido Socialista, y que en esta condición de calidad democrática que se debe tener en la alternancia entre el Gobierno y la oposición, algo de este ambiente -poco sano desde un punto de vista de respeto al oponente- lo hemos visto en el pasado. He hablado mucho de la vocación de disminución de la autonomía del Partido Popular, de este nuevo modelo autonómico del Partido Popular, pero, señorías, el exdiputado José Bono en la discusión del primer Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, a principios de los años ochenta, decía desde esta tribuna -inicio de la cita-: La autonomía de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha que consagra este estatuto no viene a culminar un proceso histórico. No ha habido, es cierto, una reivindicación histórica por la autonomía, el estatuto no viene a colmar una de las aspiraciones de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, sino simplemente a cubrir unas necesidades en el Estado de las autonomías. Señorías, después don José Bono se convirtió camaleónicamente en un gran defensor de la autonomía de Castilla-La Mancha, algo que empezó por descarte, algo que empezó mal, y algo que tendría que mejorar, señorías. Creo que es una apelación casi imposible, pero ustedes aún tienen la oportunidad de enmendar y de ponerse de acuerdo en la tramitación del Senado. Ustedes aún tienen la oportunidad de explorar sistemas electorales alternativos mucho más cercanos a los estándares de la Comisión de Venecia, el organismo más reputado del Consejo de Europa sobre calidad democrática.

Señorías, vamos a votar a favor de las enmiendas planteadas por los distintos grupos de la oposición; hay una muy clara, la del PSOE, que es la de supresión. También vamos a votar las enmiendas de otros grupos, aunque no nos parece la mejor fórmula las listas cerradas, no bloqueadas. Y vamos a hacer una abstención de respeto a la vocación del Parlamento de Castilla-La Mancha, pero también de una cierta distancia y perplejidad, en la votación final de conjunto, como ley orgánica que es, esta nueva reforma del estatuto. Creo que ustedes cierran en falso este capítulo, y creo que algún día volveremos a ver una reforma del sistema electoral de Castilla-La Mancha.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Xuclà.

Por el Grupo Popular, señor Conde.

El señor CONDE BAJÉN: Muchas gracias, señora presidenta; con su venia.

Señorías, culminamos hoy la tramitación de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que fue aprobada como iniciativa parlamentaria por las Cortes de Castilla-La Mancha, las Cortes surgidas de unas elecciones democráticas que ganó el Partido Popular, y que en uso legítimo de su derecho impulsa una determinada visión política de las cosas. El Partido Popular entiende que es momento de dimensionar las instituciones del Estado a los momentos que nos toca vivir, que es época en la que debemos hacer un Estado sostenible que pueda ser puesto al servicio de los ciudadanos, y que no sea una carga ni un lastre para la actividad de los ciudadanos mismos. En el Partido Popular entendemos que es la hora de intentar hacer más con menos, porque es lo que nos piden los ciudadanos y lo que nos pide el momento histórico que nos toca vivir. En esa línea el Partido Popular de Castilla-La Mancha ha impulsado una serie de reformas institucionales importantísimas. Hemos pretendido suprimir duplicidades, eliminando instituciones que estaban ya creadas por la Constitución para el servicio de todo el Estado, de todo el territorio nacional, porque creemos que la España de las autonomías no es necesariamente una España de 17 miniestados que se agrupan compartiendo el mismo suelo, porque creemos en definitiva, señorías, que los políticos, la llamada clase política, estamos para servir y no para estar. En ese sentido le tocaba también el turno al Poder Legislativo de la región, a la Asamblea Legislativa de Castilla-La Mancha. Hemos querido hacer una reducción a la mitad del número de diputados. Esto es lo que estamos debatiendo hoy, señorías, y no otras cosas diferentes. Lo que hoy se debate es el número de diputados que conforman la asamblea legislativa de la comunidad autónoma, que pasarán de esa horquilla de entre 47 y 59 a los propuestos 25 a 35 diputados.

Ahora, señorías, esta es la pregunta natural que puede suscitarse. ¿Son suficientes entre 25 y 35 diputados para prestar las funciones que se esperan de una asamblea legislativa de la comunidad autónoma? Nosotros entendemos que sí, señorías, y entendemos que sí porque habida cuenta de las funciones que tiene encomendada la asamblea legislativa, las Cortes de Castilla-La Mancha, y el trabajo que vienen realizando si quieren en las últimas tres legislaturas es algo más que proporcionado. Quizá alguna de sus señorías no sepa que si hacemos una media de las últimas tres legislaturas para saber cuántas sesiones plenarias han celebrado las Cortes de la región en los últimos doce años sabrán que esa media se circunscribe a veinte tardes de jueves al año, veinte tardes de jueves al año, y que han aprobado


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una media de diez leyes por año. (Rumores). Nosotros entendemos legítimamente que ese trabajo del control del Gobierno y Legislativo puede hacerse perfectamente con la mitad del número de los diputados que en este momento conforman la asamblea legislativa de la región.

Señorías, el número de los diputados es solo uno de los elementos que constituyen un sistema electoral, uno de los cinco elementos que constituyen un sistema electoral. (Rumores). Nosotros defendemos un sistema electoral neutro en el sentido de que permita que el partido que gana las elecciones sea el partido que gobierne el ámbito político que las elecciones decidan, y eso queda perfectamente garantizado con unas Cortes de Castilla-La Mancha compuestas por una horquilla de entre 25 y 35 diputados. Señorías, nada impedirá que el partido que obtenga la mayoría de los votos se alce con el Gobierno, porque eso será lo respetuoso con la voluntad de los ciudadanos.

Aquí se ha dicho que se pretende hacer una ley, un pucherazo electoral. No basta con sostener determinado tipo de palabras gruesas ni grandilocuentes ni hacerlo con el tono elevado. Es imprescindible, en mi opinión, pretender al menos tomarse la molestia de argumentarlo. ¿En qué impedirá la reducción del número de diputados que el partido que gane las elecciones pueda gobernar? En nada, señorías, salvo que el Partido Socialista pretenda, como de costumbre, poder venir a alzarse con el Gobierno cuando pierde las elecciones, como fue el caso de la Ley Electoral que se hizo en la pasada legislatura, que permitía que hubiera podido gobernar un partido que perdiese las elecciones, una ley electoral hecha a la medida del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, o como permite en este momento el caso de que en Andalucía esté gobernando el partido que perdió las elecciones (El señor Sixto Iglesias, el señor Llamazares Trigo y la señora Ortiz Castellví hacen gestos negativos) y esté en la oposición el partido que las ganó. (Aplausos.-Rumores). Si ese es su concepto de la democracia, señorías, nosotros no lo compartimos y tenemos perfecto derecho a no compartir esos criterios que ustedes tienen. (Protestas por parte del señor Sixto Iglesias y de la señora Ortiz Castellví.-Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento, señor Conde.

Hemos atendido a las intervenciones de cada uno de los portavoces, que han dicho lo que han considerado oportuno, así que exijo el mismo respeto con la intervención actual, exactamente el mismo, aunque no se comparta.

El señor CONDE BAJÉN: Muchas gracias, señora presidenta.

Ese es nuestro criterio de la legitimidad democrática: gobierna el que gana, y no compartimos el criterio de que unas determinadas minorías incapaces de ganar sean las que sistemáticamente determinan y vinculan a aquel que tiene que estar en el Gobierno. (El señor Sixto Iglesias, el señor Llamazares Trigo y la señora Ortiz Castellví hacen gestos negativos). Ese no ese nuestro concepto de la democracia. (Protestas por parte del señor Sixto Iglesias). Ustedes tienen uno y nosotros otro, y permítasenos que nosotros defendamos nuestra visión política de las cosas, y que cuando los ciudadanos nos otorgan la mayoría seamos capaces de llevarla a efecto. (Rumores). Señorías, cuando se habla en contra del bipartidismo por parte de algunos de los representantes de los grupos parlamentarios, y se denosta la existencia de dos partidos mayoritarios, parece que los partidos mayoritarios ostentan semejante condición porque les ha caído una especie de aerolito del cielo. Los partidos mayoritarios son mayoritarios precisamente porque cuentan con la mayoría de los apoyos de la población a la que representan. Si este partido, el Partido Popular, hoy ostenta la mayoría absoluta de la Cámara es porque hemos obtenido la confianza más que mayoritaria por parte de los españoles en las últimas elecciones, y tenemos derecho a pretender hacer como acto lo que era la voluntad de los ciudadanos que nos dieron su apoyo. (El señor Sixto Iglesias, la señora Ortiz Castellví y el señor Llamazares Trigo hacen gestos negativos.-Aplausos).

Señorías, voy terminando. Otra de las tachas que se le ha puesto a esta reforma es que es inconstitucional, pero nadie se ha tomado la molestia de pretender argumentar jurídicamente, siquiera de modo somero, por qué se sostiene semejante tacha de inconstitucionalidad. Permítanme decirles, en primer lugar, que las previsiones de inconstitucionalidad que hace el Partido Socialista son manifiestamente mejorables. El Partido Socialista ha acudido al recurso de inconstitucional como la última amarradera, el último instrumento arrojadizo en contra de la voluntad mayoritaria de esta Cámara. El Partido Socialista en estos dos años de legislatura ha interpuesto trece recursos de inconstitucionalidad, cuando el Partido Popular en los ocho años anteriores interpuso diecisiete; diecisiete en ocho años frente a trece en dos años del Partido Socialista. (Rumores). Señorías, el Tribunal Constitucional no es una tercera cámara en modo alguno, y estás ustedes sometiendo a una tensión a las instituciones que, en nuestra opinión, no es


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ni deseable ni razonable, pero es que además sus previsiones en cuanto a la inconstitucionalidad de las cosas se ve sistemáticamente frustrada. El Tribunal Constitucional ha dictado, muy oportunamente por cierto, una sentencia el día 27 del mes pasado, que resuelve exactamente la cuestión de si es o no constitucional que los diputados tengan o dejen de tener un sueldo. Es la sentencia dictada el día 27 de febrero de 2014, que dice: No puede afirmarse que una determinada modalidad retributiva, como es la percepción de un sueldo fijo, constituya per se un derecho que forma parte del núcleo esencial del derecho fundamental protegido por el artículo 23. La reforma impugnada por el Partido Socialista no vulnera el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. En la cuestión examinada no se constata menoscabo de la función legislativa o de control de la acción de gobierno. Esto es lo que dice el Tribunal Constitucional, no lo que dice el Partido Socialista. Señorías, la reforma era plenamente constitucional, y ese argumento sobre que serán solamente los ricos los que van a dedicar unas tarde a la semana a la función legislativa, que vulnera el contenido esencial del derecho al artículo 23, ha sido tumbado, echado por tierra por el Tribunal Constitucional.

Dicen ustedes también que sería inconstitucional esta reforma porque vulnera el criterio de proporcionalidad, pero como tuvimos ocasión de examinar en el debate en Comisión, la Sentencia 163/2011, de 2 de noviembre, o la de 25 de noviembre de 1998, o la de 3 de marzo del año 2011, todas ellas del Tribunal Constitucional, lo que sostienen es exactamente lo contrario, y es que el principio de proporcionalidad es un principio tendencial, que en todo caso puede estar sometido a todo tipo de modulaciones legítimamente establecidas por el Poder Legislativo a la hora de configurar el sistema electoral.

Señorías, tengan la tranquilidad de que van a votar una reforma del estatuto que reúne una serie de requisitos: uno, es plenamente constitucional; dos, permitirá que gobierne el que gane las elecciones; y tres, dimensionará las instituciones a lo que en este momento solicita la sociedad española. (El señor Sixto Iglesias, el señor Llamazares Trigo y la señora Ortiz Castellví hacen gestos negativos.-Rumores). Voten sí a esta reforma del estatuto.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Conde.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:

- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS. (Número de expediente 042/000033).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al siguiente punto del orden del día, relativo al dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de los señores diputados. No se ha pedido por ningún grupo intervención, y por tanto en el momento de la votación se someterá a ella.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY DE NAVEGACIÓN MARÍTIMA. (Número de expediente 121/000073).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al siguiente punto, que es relativo a los debates de totalidad de iniciativas legislativas. En primer lugar, corresponde el debate de totalidad del proyecto de ley de navegación marítima. Para su presentación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Justicia.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, tengo el honor de comparecer ante ustedes para debatir la enmienda a la totalidad que se ha presentado por un solo grupo parlamentario y que propone la devolución de una iniciativa legislativa que veo que no despierta el entusiasmo de sus señorías, pero que les tengo que decir que ello, no obstante, obedece a un esfuerzo largo de una, de dos, de tres legislaturas, que ha sido objeto de reiterados trabajos por parte de distintos gobiernos y parlamentos sin que hasta la fecha ninguno fuera capaz de sacarla adelante por razones no de incapacidad de sus gobiernos, no de falta de voluntad de estas Cámaras en sus anteriores composiciones, sino fundamentalmente por la enorme complejidad técnica del proyecto que hoy tengo el honor de exponerles.


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Partiendo de los trabajos que la Comisión de Codificación comenzó ya en la VI legislatura, las Cortes recibieron un proyecto de ley de navegación marítima en el año 2006, recibieron otro en el año 2008 y ahora, por tercera vez, sus señorías tienen ocasión de debatir sobre este que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 15 de noviembre del año 2013. Es un proceso arduo, es un proceso dilatado, es un proceso participado. Han participado en el mismo astilleros, navieros, aseguradoras, remolcadores, empresas estibadoras, consignatarios de buque, despachos especializados, el sector de la náutica de recreo, cámaras de comercio, universidades, la patronal, la Asociación Española de Derecho Marítimo, organizaciones ecologistas. Podríamos poner un largo etcétera para dar valor a lo que significa ahora la culminación parlamentaria de un trabajo que se ha construido no de arriba abajo, sino de abajo arriba por la sociedad española. He querido hacer esta introducción histórica como debido homenaje a todos aquellos que desde distintos gobiernos, desde distintas posiciones parlamentarias, desde la propia sociedad, de un modo u otro, han realizado una contribución sin la cual nosotros no hubiésemos podido presentar esta norma en este momento.

El reconocimiento no es unánime, y lo siento. Al plantear ahora esta objeción global el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural trata de enviar -si se me permite la expresión quizá no del todo ajena a la materia que nos ocupa- un auténtico torpedo contra la línea de flotación de un proyecto que tiene una inspiración básica que no es otra que el consenso social existente acerca de la necesidad de renovar la regulación de esta materia. Hay que recordar que la actual regulación está todavía contenida en el libro III del Código de Comercio y también en algunas leyes especiales posteriores. Se nos solicita, señorías, la retirada de un texto que cumple con esta finalidad y respecto al cual los distintos sectores afectados están pidiendo, tanto al Grupo Socialista, me consta, como al Grupo Popular, me consta también, como al Gobierno de la nación, lo he recibido yo mismo, la agilización de su tramitación parlamentaria. Lo que nos piden es la aprobación definitiva, y anteayer un diputado de esta Cámara, sabiendo que hoy se producía el debate de la totalidad, me preguntaba: ¿Crees ministro que esta vez de verdad lo vamos a aprobar en esta legislatura o va a ocurrir con él lo mismo que ha ocurrido con los anteriores proyectos, que han tenido peor suerte? No. La voluntad del Gobierno es firme. Sé que contamos con esa voluntad, sin perjuicio de las muy enriquecedoras modificaciones que aportarán al texto los grupos parlamentarios, pero sí quiero dejar claro ante sus señorías, y a través de sus señorías ante toda la sociedad española, que es voluntad clara del Gobierno y de este Parlamento que esta ley se apruebe en esta legislatura. Por eso creo que, pese a la enmienda a la totalidad, que por supuesto respeto, el proyecto merece la oportunidad de que se le deje salir del puerto, de que se le deje navegar en mar abierto y estoy convencido, además, de que van a ser muchos los ciudadanos españoles que lo celebren.

Señorías, lo que esta sociedad, los expertos y la economía española en su conjunto nos están demandando con esta norma son fundamentalmente tres objetivos. El primero es dotar a nuestro ordenamiento jurídico de homogeneidad, de la necesaria homogeneidad con el derecho marítimo internacional, derecho que ha sido adoptado con una inmensa extensión por los países marítimos de la Unión Europea y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y que es lógico además en un tráfico que si algo puede definirlo es por la transnacionalidad. El segundo objetivo es proporcionar seguridad jurídica. Al asegurar el engarce con las normas españolas y europeas y al hacerlo con los convenios internacionales hoy vigentes, tanto de derecho público como de derecho privado, lo que hacemos es garantizar seguridad jurídica, y como muchas veces han tenido sus señorías la generosidad de escucharme en esta Cámara, la seguridad jurídica además de un derecho es un factor determinante de competitividad. Y el tercer objetivo es reflejar la realidad práctica actual del transporte marítimo y tener en cuenta naturalmente las consecuencias de todo orden, consecuencias fundamentalmente económicas. Estos objetivos -con toda sinceridad, y tengo la obligación de decirlo- no tienen ningún parecido con las afirmaciones que se hacen en la enmienda de totalidad. Se dice que el proyecto es regresivo, se dice que consolida -y leo literalmente- privilegios de casta, o que ve tintes tecnoburocráticos y militaristas y también mercantilistas. Discrepo de todo menos de lo último, obviamente. Efectivamente, en relación con estos últimos no me queda más remedio que darles la razón. Señorías, estamos, por supuesto, ante una norma que también regula la legislación mercantil. No sé cómo se pude criticar que sea de carácter mercantil una norma que regula el contrato de fletamiento, que regula la construcción, que regula el arrendamiento, que regula la gestión naval, que regula la consignación de buques, por poner solamente algunos ejemplos.

Lo cierto, y quiero decirlo ahora, es que la contradicción que preside la enmienda es tan general como el consenso en esta Cámara en torno a la necesidad de esta ley. Por eso el texto registrado por


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La Izquierda Plural comienza por no distinguir los efectos de la ley de las consecuencias de la desaceleración económica mundial. Y si bien es verdad, señorías, que España al igual que los países de nuestro entorno ha sufrido dicha desaceleración, principalmente a causa de la caída del comercio de productos manufacturados entre Asia y Europa, podríamos precisar entre China y Europa, ello no puede atribuirse como hace la enmienda a la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante, que es verdad que desde su aprobación en 1992 ha experimentado modificaciones hasta llegar a la versión contenida en el texto refundido de 2011, pero que desde luego, señorías, y lo puedo decir con la autoridad que me da no haber participado en la elaboración y en la redacción de la misma, de ninguna de las formas le podemos achacar un saldo negativo para la marina civil española. Creo con toda sinceridad que la enmienda presentada confunde la marina mercante y el sector pesquero, confunde los problemas de los astilleros y los problemas de los navieros y olvida además otros muchos problemas. Se confunden estos sectores, se confunden los diagnósticos y se confunden las soluciones que a cada uno correspondan, para no saber apreciar finalmente el auténtico papel vertebrador que este proyecto de ley está llamado a tener en la navegación marítima sobre la base de un régimen equilibrado, un régimen moderno y un régimen competitivo.

En todo caso, señorías, quiero aprovechar la obligación parlamentaria, que creo haber cumplido, de explicar las razones por las que nos oponemos a la enmienda a la totalidad para hacer una presentación del proyecto a sus señorías. Este proyecto da respuestas a problemas muy diversos que se producen en el ámbito de la navegación marítima, y no solamente desde el punto de vista de la ordenación del tráfico económico entre los distintos operadores, sino también para la mejor protección del patrimonio cultural subacuático; también, señorías, para la lucha contra la contaminación; también para aspectos importantes relacionados con la extranjería y con la inmigración, como es el régimen que regula a los polizones; se refuerza la responsabilidad de los capitanes de buque y se hace, por un lado, para impedir cualquier tipo de connivencia en el embarque, pero también para proporcionarles y garantizarles un trato digno a bordo una vez que esa intromisión se ha producido.

Estamos ante un proyecto de ley que supone una mejora notable, en particular en lo que se refiere a la seguridad de la vida humana en el mar y también en lo que se refiere a la preservación del medio ambiente. Se destinan a este fin principalmente las normas que están contenidas en el título I del proyecto. Es un conjunto de normas de derecho público que se basan, por cierto, en la aplicación al derecho español de la Convención del Derecho del Mar de Naciones Unidas del año 1982, en las que naturalmente España ejerce su soberanía, y supone la formulación, por primera vez en la legislación marítima española, de una regulación muy completa, muy sistemática de policía administrativa. Ello nos va a permitir una mejor intervención de la Administración en la defensa de la seguridad marítima, en el salvamento de la vida humana en el mar y también -vuelvo a insistir en ello- en la defensa de los intereses medioambientales y de los intereses costeros. Y puesto que la herramienta más importante contra la contaminación del mar es la prevención, el texto prevé restricciones al tráfico por razones de seguridad y protección marítima, un mayor control de los buques que presenten graves deficiencias para navegar y también la previsión de lugares de abrigo para la arribada forzosa.

Señora presidenta, señorías, la regulación de los accidentes de navegación, por otra parte, se efectúa mediante una remisión a los convenios que regulan esta materia en los casos de abordaje, avería grave, salvamento, bienes naufragados o hundidos y responsabilidad civil por contaminación. En este último caso hay que destacar que el sistema establecido en el proyecto de ley tiene un carácter suplementario y adicional al que está previsto en diversos convenios internacionales, como es el de responsabilidad civil nacida de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos del año 1992, es decir, que solamente regulamos los supuestos en los que no sean aplicables dichos convenios. En estas situaciones se subsana la laguna existente en cuanto a normas procesales relativas al ejercicio del derecho a limitar la responsabilidad mediante un procedimiento específico, con independencia del procedimiento judicial, civil, penal o contencioso-administrativo utilizado para exigir dicha responsabilidad, incluso si esta se exigiera en vía administrativa.

Una de las novedades de la ley es que el sujeto que pretenda valerse de este proceso judicial específico deberá constituir con carácter previo un fondo de limitación que asegure el pago de las indemnizaciones que correspondan. También el texto regula los contratos de utilización del buque -arrendamiento, fletamento, pasaje, remolque- y también, como una novedad recientemente incluida, el de arrendamiento náutico. Asimismo regula los contratos auxiliares de la navegación -el contrato de gestión naval, el de consignación de buques y de practicaje y manipulación portuaria-, se establece el contrato de construcción


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naval, revisa el contrato de seguro marítimo e incorpora importantes innovaciones en el contrato de compraventa de buques, al tiempo que unifica la regulación de los llamados privilegios marítimos. Del mismo modo se actualizan las normas procesales aplicables al embargo preventivo de buques, la venta forzosa de buques y el procedimiento para limitar la responsabilidad por créditos marítimos.

En este sentido, también los viejos -dicho sea con todo respeto- expedientes de jurisdicción voluntaria de derecho marítimo -hay que recordar que esto lo estudiamos en la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 1881- se depuran, se actualizan y se reconvierten en expedientes notariales limitados a una serie de supuestos tasados. Estos expedientes son los de la protesta de mar e incidencias del viaje, la liquidación de avería gruesa, el depósito y venta de mercancías y equipajes en el transporte marítimo, el expediente sobre extravío, sustracción o destrucción del conocimiento de embarque y la enajenación de efectos mercantiles alterados o averiados. Este proyecto -es obvio que es así, pero invito a sus señorías a que lo cotejen y lo comprueben- se adecúa, como no podía ser de otra manera, al proyecto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 31 de octubre, de jurisdicción voluntaria, que sigue en la misma línea de descargar al Poder Judicial de todas aquellas materias que no sean las que constitucionalmente tiene encomendadas, es decir, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y, mediante esa desjudicialización de estos expedientes que o bien han quedado obsoletos o pueden efectuarse por operadores jurídicos distintos a los jueces, lo que hacemos es contribuir también de una manera pequeña, pero significativa y coherente con el discurso general del Gobierno, a agilizar el funcionamiento de nuestra justicia.

Por último, debo recordar que las responsabilidades administrativas se regulan en el texto refundido de la Ley de puertos del Estado y marina mercante, que las responsabilidades penales se encuentran recogidas en el artículo 325 del Código Penal, que, insisto en ello, tipifica entre otros los actos de contaminación en alta mar. Señorías, algunos de ustedes me lo han llegado a preguntar y se cuestionan si merece la pena promover un texto legal tan complejo, de 524 artículos, pero tengo que decir que no se conforma de ninguna de las maneras con la sustitución de los envejecidos textos del Código de Comercio de 1885, sino que lo que hace es formular un auténtico régimen general sobre la navegación marítima en el año 2014. Yo pensaba que, más allá de todo tecnicismo, la respuesta tenía que ser evidente; pero para aquellos que aún no lo perciben así, para aquellas de sus señorías que todavía tengan dudas, déjenme que les recuerde algunos datos de la importancia del tráfico marítimo en la economía española, del que he tenido ocasión de hablar con algunas de sus señorías en las últimas semanas a propósito de la tramitación de este proyecto.

La facturación por parte de las navieras nacionales es del orden de los 2.300 millones de euros en el año 2013. Ha habido un tráfico total en los puertos de interés general por lo que a movimiento de contenedores en tránsito internacional se refiere que alcanzó ese año los 45,4 millones de toneladas. La flota mercante total controlada por navieras españolas es de 215 buques y afecta al 85 % de las importaciones y al 50 % de las exportaciones españolas que se hacen a través de nuestros puertos. Y un último dato, porque muchas veces se devalúa, solo la náutica de recreo mantiene en España más de cien mil puestos de trabajo, incluyendo tanto los directos como los indirectos; y alcanza un valor añadido bruto de 5.690 millones de euros. Creo que estamos hablando de un sector muy importante para nuestra actividad productiva, muy importante para la generación de empleo y por eso creo que estamos obligados, entre tantos debates políticos de alto contenido y entre tanta tramitación legislativa de leyes que toda la sociedad considera importante, y no podemos devaluar la obligación que tenemos de legislar en el siglo XXI no mediante remiendos del siglo XIX, no manteniendo esa legislación, sino poniendo fin al desfase que a diario se produce en estos momentos en España entre las viejas normas del Código de Comercio y la incorporación sobre todo de convenios internacionales en esta materia. No tenemos sistemática. No hemos cubierto las lagunas legales que quedan entre unas y otros, y esto es precisamente lo que resuelve este proyecto de ley. Conviene, insisto en ello, que introduzcamos seguridad jurídica y, por lo tanto, confianza a la hora de emprender nuevas inversiones y proyectos generadores de empleo.

Por todo ello, señora presidenta, señorías -y con ello termino-, y como muestra definitiva de la necesidad de aprobar esta ley, quiero volver a recordar el apoyo de la generalidad de los sectores afectados. Ellos nos han hecho ver, como se lo hicieron a nuestros antecesores tanto en el Gobierno como en el Parlamento, que con esta norma van a ver superados muchos de los problemas que hoy tienen planteados empezando por el más importante, que es el de resolver las contradicciones existentes entre los distintos convenios internacionales que están vigentes en nuestro país, y son ley por tanto, y la muy dispersa normativa en esta materia. Esta ley proporciona un conjunto de normas modernas, equilibradas, alineadas con las soluciones que imperan en los países de nuestro entorno y, por lo tanto, van a redundar


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en beneficio del conjunto de la sociedad española, de su economía y en última instancia de unos niveles de empleo que pueden y deben crecer.

¿Significa esto, señorías, que esta es una norma que el Gobierno plantea como cerrada? En modo alguno. No solamente sería arrogante por mi parte utilizar la expresión aceptar, no es que aceptemos, es que solicitamos su trabajo, solicitamos sus propuestas. Solicitamos sus propuestas de modificación, de enriquecimiento. Solicitamos sus propuestas para poder hacer entre todos, en una ley que no tiene un discurso ideológico sino que se convierte en una respuesta a una demanda de la sociedad, una ley consensuada y abierta entre todos. Me siento orgulloso de este trabajo, y lo puedo decir, porque sería injusto por mi parte, y quiero terminar afirmándolo así, que sea un trabajo única y exclusivamente del equipo que llevamos en el ministerio desde las últimas elecciones generales. De ninguna de las maneras, señorías. Somos herederos; pero herederos, no voy a decir forzosos sino gozosos absolutamente del trabajo que se hizo antes que nosotros en las dos legislaturas anteriores y antes todavía, en la legislatura anterior desde que en un momento determinado la ministra Mariscal de Gante y posteriormente el ministro López Aguilar le dieron los impulsos iniciales y sucesivos a un texto que, con todas las vicisitudes parlamentarias que sus señorías conocen, hoy viene aquí me atrevo a decir que más que con vocación de consenso sobrevenido, que también, con un consenso de origen porque nosotros no es que hayamos bebido de esas fuentes, sino que intentando mejorarlas hemos hecho nuestro ese intenso trabajo que se ha hecho.

A la vista de todo ello, con toda sinceridad, la alternativa, que es lo que da origen a este debate, que es proponer que sigamos aferrados a un texto jurídico de hace 129 años, no me parece válida. Yo soy un gran lector de Conrad y también de Baroja y creo que son los contemporáneos de la regulación que en estos momentos tenemos vigente en España de nuestra navegación marítima. Pero creo que podemos seguir disfrutando del espejo del mar sin necesidad de aquellos que fueron hombres de su tiempo y que nos apoyarían. No dejemos de legislar sobre lo que nos están exigiendo nuestros hombres del mar, los de hoy, los del siglo XXI.

Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

Se ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución por parte del Grupo Parlamentario de La Izquierda plural. Para su defensa tiene la palabra el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, comparezco en nombre del grupo de La Izquierda Plural para presentar la enmienda a la totalidad al Gobierno en relación con el proyecto de ley de navegación marítima. Señorías, la principal razón es que, una vez aprobada, esta ley no evitaría el Prestige, no evitaría la catástrofe ecológica posterior, no evitaría la conversión de los hilillos en hundimiento; esta ley es, en nuestra opinión, de acto fallido. Es el tercer proyecto de ley de navegación marítima que se remite a las Cortes Generales. No cuestionamos la necesidad de actualizar y armonizar nuestro derecho marítimo, no, señor ministro, ni la oportunidad de sustituir el libro III del Código de Comercio de 1885, pero lo antiguo hay que transformarlo para mejorarlo y creemos que esta ley no lo hace. Es indudable que hay que ajustar nuestra legislación a los imperativos de los convenios, protocolos y normas internacionales. Sin embargo, señor ministro, lejos de contribuir a este objetivo, de dotar a la marina civil de un cuerpo normativo que integre en nuestro ordenamiento marítimo el conjunto de normas, el nuevo proyecto en nuestra opinión lo hace de forma parcial, y con ello aumenta la dispersión y la confusión. En definitiva, se renuncia a formular un proyecto de ley de la marina civil -por algo se habla de navegación marítima-, que es lo que requiere nuestro país, y se incurre en un grave error, el de conservar una parte de la vigente Ley de puertos y de la marina mercante, con lo que no solamente se duplica, se solapa, sino que se contribuye a un marasmo legislativo aún mayor.

En primer lugar, el nuevo proyecto de ley, señor ministro, no viene avalado por un análisis previo de los sectores que se verían afectados por su implantación o, si ese análisis ha tenido lugar, ha sido de forma parcial. Yo también me he reunido con el sector y el sector con el que me he reunido no está de acuerdo. Es decir, no existe un informe en el que se analice con el debido rigor e independencia la situación de los diferentes sectores afectados, como son la marina mercante, la pesca, la marina científica y de investigación, los servicios de búsqueda y rescate, los de vigilancia y control, los servicios auxiliares de obras marítimas, la marina de recreo y sus puertos, los de prospección y explotación de recursos del lecho y subsuelo marino y otros incluibles en estas actividades. Tampoco este proyecto valora el impacto


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negativo de la Ley de Puertos en la navegación marítima o en la marina civil, y ya tenemos una distancia suficiente para hacer esa valoración. La ley citada, lejos de conseguir sus objetivos, ha supuesto un progresivo retroceso de la flota civil en términos cuantitativos y en muchos aspectos cualitativos, y además de forma diferenciada, negativamente diferenciada, en relación con el resto de la marina civil de los países de nuestro entorno con marina civil.

A modo de resumen, los resultados se traducen en pérdida de mercados, graves desequilibrios de la balanza de fletes, incremento relativo del número y gravedad de los accidentes y en las costas, pérdida neta de empleo y progresiva desprofesionalización, esquilme de caladeros, graves irregularidades en la construcción y registro de buques pesqueros, confusión de competencias, derroche de recursos de infraestructuras sobredimensionadas en nuestros puertos -lo estamos viendo clarísimamente, con riesgo de quiebra en algunos casos-, cierre de astilleros y creación de un cuerpo técnico de la marina civil -por decirlo de alguna manera- muy contradictorio, que ha permitido aberraciones de este calibre, que un funcionario de Correos haya ejercido durante años de capitán marítimo. Esa es la realidad en nuestro modelo.

Señorías, no solo no ha mejorado la eficacia y el mejor control del tráfico marítimo, sino que se han dado numerosas situaciones que, en más de una ocasión, han derivado en accidentes, graves accidentes. Por ejemplo, la sucesión de accidentes en la bahía de Algeciras: Samothrakis, Tawe, Sierra Nava. Otro tanto ocurre en los servicios costeros: Sasemar, Guardia Civil del Mar, Vigilancia Aduanera, Cruz Roja, Bomberos, Armada. En definitiva, este matrimonio forzado de la marina mercante, en realidad marina civil, con puertos del Estado ha resultado un matrimonio fallido.

Señor ministro, a juicio de nuestro grupo parlamentario, este debería ser el punto de inicio, un análisis crítico, a partir del cual debería redactarse el nuevo proyecto de ley que ordene y regule el conjunto de competencias y materias propias de la marina civil. Desgraciadamente, creemos que no ha sido así. Estamos ante un proyecto de ley claramente regresivo, que lejos de defender el interés general viene a consolidar determinados intereses y privilegios de casta que siguen presentes en la marina civil de nuestro país. Intentaré demostrarlo. En segundo lugar, y por encima de objetivos formales, lo que caracteriza a este proyecto de ley es la desaparición o, al menos, el debilitamiento grave de la proyección pública del régimen de navegación. Más que el mercado, nos preocupa la mercantilización del régimen de navegación. Si bien se trata de establecer un pretendido ordenamiento armonizado del ámbito propio de la marina civil, se prescinde por completo de cualquier referencia a esta, camuflando bajo el simple título de navegación marítima lo que en realidad supone una norma encubierta y una reforma larvada de la Administración marítima, apuntando a la consolidación de privilegios tecnoburocráticos y a una remilitarización de una parte importante de las competencias de la marina civil. En tercer lugar, a lo largo de sus capítulos se juega intencionadamente con referencias a la Administración marítima, a la Capitanía marítima, a la Administración portuaria, sin definir exactamente cuál es el significado y el ámbito de competencia de cada una de ellas. En este sentido, se trata de una ley confusa. En cuarto lugar, aunque el mencionado proyecto afecta directamente a los profesionales de la marina civil y, de un modo especial, a los capitanes de los buques, estos no han sido tenidos en cuenta en ningún momento, ni han sido invitados a participar en la elaboración del anteproyecto en momento alguno. Por otra parte, el proyecto de ley evidencia marcadas asimetrías en el desarrollo de los diferentes aspectos que aborda, llegando en algunos casos al detalle próximo a un reglamento, mientras que en otros de mayor trascendencia se queda en lo meramente enunciativo, necesitado de nuevos reglamentos.

Señorías, sobre todo es un proyecto inseguro. La pobreza de definiciones o la ausencia de ellas es un buen síntoma de la filosofía que predomina en el articulado. Se crean, por tanto, condiciones propicias para la confusión y la interpretación subjetiva, que en el ámbito de la marina son graves, lo que dará lugar a la merma de la seguridad marítima en el más amplio sentido. En el proyecto se incluye como absurda innovación la diferencia jurídica entre buque y embarcación, con la pretensión de eludir o de disminuir los necesarios controles administrativos y las consecuencias derivadas de los mismos.

Con relación al nombramiento y cese del capitán, es un nombramiento y un cese, en nuestra opinión, regresivo y arcaico. La regulación de la seguridad marítima en esta materia es decepcionante. El régimen de practicaje ha quedado reducido a la mínima expresión. Se echa de menos una referencia más sustantiva y concreta al carácter obligatorio de este servicio, y otro tanto puede decirse de las vías de navegación y del servicio de tráfico marítimo. El proyecto no garantiza tampoco la protección jurídica de los derechos de quienes ejercen su profesión en el mar. Trata al capitán como si fuese un menor de edad, a juzgar por su falta de autonomía y la tutela directa a la que se le somete. En el artículo 174 se dice, por ejemplo, que


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el capitán es cargo de confianza y, por tanto, puede ser suspendido por el armador cuando considere que ha perdido la confianza. En algunos aspectos, como en el abandono del buque, volvemos hacia atrás, a las leyes de Olerón, porque se dice que el capitán debe anteponer los intereses del naviero a su propia vida, debiendo permanecer a bordo hasta que se pierda la última esperanza de salvar el barco. Señorías, es arcaico, no tiene nada que ver con la marina actual.

En relación con el salvamento de las vidas en el mar, el Gobierno pierde una oportunidad muy importante, porque elimina el capítulo VII del proyecto de ley de 2008: De la búsqueda y salvamento de vidas en la mar. Se pierde una nueva oportunidad para modernizar y actualizar nuestro sistema de gestión y de decisión ante siniestros marítimos como el reciente siniestro del Santa Ana. Desaparece cualquier mención a los servicios públicos de búsqueda y salvamento marítimo y a los planes nacionales de salvamento. A tenor de este texto, está claro que para este Gobierno el salvamento de la vida en el mar no es una prioridad y su posición pasa por mantener el Plan nacional de contingencias por contaminación marina de 2001, que no se aplicó en el siniestro del Prestige. Además este proyecto de ley sería el marco idóneo para regular algo nuevo, por ejemplo la incorporación del Sosrep, una figura técnica que toma decisiones por encima de las autoridades portuarias, marítimas, locales y autonómicas, sobre qué hacer en el caso de un accidente grave. El Gobierno omite sencillamente lo que ha funcionado bien en el marco internacional.

En cuanto a la lucha contra la contaminación marítima, esta es débil y también contradictoria. La lucha contra la contaminación marítima se ve diluida y los deberes de la Administración difuminados. Además, tampoco se contempla el diseño de un nuevo plan de contingencias para contaminación que mejore y modernice el actual. Finalmente, lo sucedido con la contaminación derivada de la explotación de recursos naturales, hoy en conflicto, dice a las claras que la intención del Gobierno es eliminar cualquier control legal al fracking y a la extracción de petróleo en Baleares, Comunidad Valenciana y Canarias. En el artículo 384 lo dice claramente. A la legislación nacional se le olvida la legislación internacional en esta materia de contaminación marítima. La exigencia de que la contaminación tenga que ser necesariamente intencional y grave ata las manos de los poderes públicos en la lucha contra la contaminación producida cuando se ejercite el derecho llamado de paso inocente.

En relación con la situación laboral en el mar, la deteriora aún más. Es rechazable la extensión de la norma del 50 % de tripulantes extranjeros a todos los buques nacionales recogida en el artículo 162. Hasta ahora este privilegio solo lo tenían los buques registrados en segundo registro. Ahora se extiende a todos los buques. Quiere decir que, en el futuro próximo, a los buques de segundo registro se les permitirá contratar a la totalidad de los tripulantes en otros países, con condiciones laborales precarias, aún más precarias todavía que las nuestras, y como consecuencia se degradarán las condiciones laborales de los tripulantes españoles.

Señorías, en arqueología submarina, por ejemplo, el capítulo dedicado a hallazgos y extracciones en el fondo del mar otorga el poder decisorio a la Armada. Comprendemos su participación, pero, señorías, sería necesario también introducir la creación de un órgano civil que comparta con la Armada esa responsabilidad, un órgano en el que deberían participar las asociaciones e instituciones científicas y profesionales dedicadas a la arqueología submarina, servicios que nos parecen importantes desde el punto de vista civil.

Lo más grave de este proyecto -lo he dicho en mi primera intervención- es que hay una manifiesta ausencia de las reformas requeridas para superar los altos índices de siniestralidad de la flota española. Por desgracia lo hemos visto en los últimos días de nuevo en el Santa Ana. El proyecto no crea estructuras administrativas adecuadas para garantizar la seguridad marítima y la preservación del medio ambiente marino. No garantiza los niveles académicos ni la titulación profesional, ni el grado de especialización náutica, ni la experiencia profesional requerida, que son exigibles a los funcionarios que han de ejercer estas actividades específicamente náuticas: despacho de buques, inspecciones, estiba y seguridad de la carga, determinación de dotaciones, titulaciones, formulaciones de cursos. No se modifica tampoco el cuerpo técnico de la marina civil.

Se aboga claramente por la privatización de la seguridad marítima, asignando competencias en esta materia tan delicada a las sociedades de clasificación de buques, lo que no deja de causar sorpresa después de la catástrofe del Prestige y de las reiteradas denuncias oficiales formuladas contra dichas sociedades de clasificación y concretamente contra el American Bureau por parte del propio Gobierno español.

En cuanto al despacho de buques, el diario de navegación, el cuaderno de bitácora, el diario de máquinas, es manifiesto el intento de reducir el ámbito de la exigencia, menospreciando quizás el valor


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probatorio de estos documentos en caso de accidentes y el valor probatorio que deberían haber tenido por ejemplo en la catástrofe del Prestige. La debilidad en materia de transparencia y en materia de documentación tiene y ha tenido consecuencias negativas.

El señor ministro -y termino ya con esto- se ha referido de manera socarrona a nuestra referencia a la militarización. Le diré cuatro materias en las que ustedes mantienen la militarización de manera anacrónica. Se mantiene la militarización de los buques civiles destinados a investigación, se mantiene la militarización de los museos y archivos que contienen documentos esenciales de la marina civil, se mantiene el Tribunal Marítimo Central y se mantiene militarizado el acceso a los pecios. ¿Les parece poco para decir que hay una excesiva militarización de la marina civil?

En definitiva, es una ley fallida, señor ministro, una oportunidad perdida.

Muchas gracias. (El señor ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón Jiménez, pide la palabra).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Llamazares.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señora presidenta.

Le tengo que dar las gracias, señor Llamazares, y se lo digo sin ningún tipo de segunda intención o ironía. Discrepo de lo que usted nos ha planteado aquí, pero quiero agradecerle que nos haya hecho un debate técnico, una serie de propuestas muy concretas y que haya entrado en detalle en varios aspectos de los extraordinariamente numerosos que regula esta ley, lo cual nos va a permitir -estoy convencido- sacar un gran texto de ley de este debate. Quiero empezar como después voy a terminar. Todo lo que usted ha argumentado, desde mi discrepancia, le digo que es susceptible de ser debatido, enmendado y corregido. No creo, se lo digo con la máxima cordialidad parlamentaria, que sea merecedor de una enmienda a la totalidad, antes al contrario. Usted ha hecho -lo acaba de demostrar ahora mismo- un estudio profundo de la ley, voy a intentar aclararle algunas cosas y creo que desde ese estudio profundo lo que tiene que hacer es sumarse al trabajo que va a hacer toda la Cámara para, desde el máximo consenso posible, alcanzar un texto en el que de verdad respondamos a lo que nos está pidiendo la sociedad española. No creo que este sea un texto merecedor de una enmienda a la totalidad. Algún diputado esta Cámara, no de mi grupo, me decía entre bromas: No te enfades, ministro, en el fondo lo que ha hecho el diputado Llamazares es hacerte un favor, porque con la enmienda a la totalidad puede venir a Pleno el debate y, de esa forma, podemos tramitarlo así. Si es así, se lo agradezco, pero créame que, después de escucharle y desde la discrepancia, estoy convencido de que con los trabajos parlamentarios en Comisión, con el conocimiento profundo que muchos diputados tienen -y usted hoy lo ha demostrado también- y el interés en esta materia de distintos grupos parlamentarios, estamos todos obligados a arrancar con gran texto de ley. Hay otros muchos proyectos en los que es imposible el acuerdo porque hay una diferencia ideológica inabordable entre unos y otros grupos de esta Cámara. No es el caso, de verdad que no es el caso y creo que tenemos que superar esa costumbre, esa querencia de presentar enmienda a la totalidad a cualquier proyecto que venga del Gobierno. Les aseguro que les voy a traer muchos proyectos a los que van a poder presentar muchas enmiendas a la totalidad, pero creo que este no es merecedor de ello.

Voy a intentar, se lo digo con toda humildad, convencerle en algunos aspectos que usted ha tratado aquí. Creo que he anotado todos y espero no haberme dejado ninguno. Empiezo por un principio de base que antes no he tenido ocasión de tocar. La ley parte de un régimen equilibrado en cuatro aspectos fundamentales, que son en definitiva los que tiene que regular una ley de navegación marítima. El primero, el medio, el medio acuático en el que se realiza la navegación. ¿Por qué es importante el medio? Porque está sometido a una reglamentación internacional, porque, por los límites lógicamente de soberanía de los distintos países, no podemos operar sobre un medio, a diferencia de lo que nos ocurre en otros sistemas de transporte sobre los que tenemos plena competencia. En este medio no la tenemos, estamos sometidos a los convenios. Segundo, el vehículo, que en este caso es el buque. Le voy a contestar por qué hacemos la diferenciación entre buque y embarcación, lo que creo que es un avance importante en la ley en este sentido. Tercero, la persona que organiza los instrumentos con los que se realiza ese desplazamiento por agua, es decir el naviero. Cuarto, la actividad. ¿Cuál es la actividad? La actividad principal realizada, y aquí es donde entra toda la parte mercantil, es decir la regulación de los contratos de utilización de buques, los contratos auxiliares y las previsiones relativas a los accidentes de navegación. Equilibrar estos cuatro aspectos no es tarea fácil, no lo es, y por eso yo he hecho un elogio de los técnicos que han participado en la redacción de este anteproyecto de ley y creo con toda sinceridad que lo han conseguido.


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Si en algún punto no lo hubiesen alcanzado, vamos entre todos a buscar la fórmula para alcanzar la redacción más adecuada.

Voy a dar respuesta e intentaré no alargarme, señorías, porque sé que el Pleno lo está haciendo, pero creo que el interés, el detalle y el trabajo del señor Llamazares exigen por mi parte que no despache única y exclusivamente con un criterio de brocha gorda las argumentaciones que él ha utilizado. Me ha hablado de la pobreza en la definición de buques, embarcaciones y artefactos navales y ha calificado, no sé cuál es la palabra, pero de no adecuada la distinción entre buque y embarcación. El concepto de buque que contiene el proyecto de ley es verdad que se caracteriza por su amplitud y por su generalidad. ¿Por qué lo hace? Porque lo que quiere es superar la actual situación que denominan los técnicos pluralidad de dualidades. Yo he tenido ocasión con motivo del trabajo de esta ley de repasar no solamente los temas de derecho marítimo que en mi oposición tuve, sino además de empaparme de una apasionante doctrina que está construida sobre esta realidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de pluralidad de dualidades? De ese concepto público, concepto privado; de buque civil, de buque militar; de buque mercante, de buque no mercante y, dentro de los no mercantes, de recreo, deportivos o científicos. ¿Qué es lo que hacemos? Establecer un concepto amplio que hace posible que dentro del mismo quepan todas las peculiaridades normativas en determinados extremos según de qué tipo de buque se trate. Esto es un paso muy importante a favor de la modernización, porque lo que hace es suprimir consecuencias paradójicas y contradictorias de la normativa que en estos momentos tenemos vigente. Hoy tenemos inseguridad acerca de la constitución de la hipoteca naval sobre un yate de valor económico con frecuencia muy superior al de muchas embarcaciones de pesca, pero este es un déficit de nuestra legislación y hemos aprovechado para corregirlo.

Los elementos que delimitan o definen el concepto general del buque son la capacidad para navegar, señor Llamazares. Aquí hemos hecho una opción por una tradicional polémica que existía en la materia: si debe ser la flotabilidad o si debe ser la navegabilidad el determinante, y lo hemos hecho favor de esta última, de la navegabilidad, que, por supuesto, necesariamente implica la presencia de la primera, la flotabilidad, es decir, la capacidad para transportar personas o cosas. Y esto supone atribuir la calificación de buque tanto a los tradicionales, cuyo destino sea comercial, como a aquellos cuya finalidad sea no comercial, de recreo, deportivos, científicos, que usted ha mencionado. Naturalmente esto significa la exclusión de las tablas, de los colchones, de los flotadores. ¿Por qué? Porque aunque tienen flotabilidad, carecen de la aptitud de navegabilidad.

Hace usted una crítica en cuanto al concepto de embarcación. Con toda sinceridad, yo no soy un experto, pero me dicen los expertos que el concepto se justifica plenamente en el hecho de que si se somete a este tipo de embarcaciones que son de pequeño tamaño, que son de menor valor, al mismo régimen de exigencia legal en materia de forma de contratos que la ley establece para los buques dentro del ámbito que antes he descrito, lo que estaríamos haciendo es obstruir de una forma muy poco operativa para el sistema económico general el tráfico de un sector que, como antes he dicho, es generador de importantes recursos económicos y, por lo tanto, de puestos de trabajo.

La segunda crítica que me ha hecho, incluso diciendo que lo tratábamos como menor de edad, es sobre el régimen de nombramiento y de cese del capitán del buque y la incidencia en la seguridad marítima. Señor Llamazares, yo creo que la complejidad de esta figura nos obliga a tener una visión general, porque estamos hablando de una figura que tiene funciones públicas, que tiene funciones técnicas, pero que también tiene funciones comerciales, y eso nos lo dice el vigente Código de Comercio en estos momentos. De verdad, créame que no tratamos al capitán como un menor de edad y si su señoría tiene esta percepción, vamos a modificar el texto para reforzar algo que no quiere el proyecto, no quiere el Gobierno y no quiere ninguno de los grupos parlamentarios. Es el jefe superior del buque, actúa con ese triple carácter de autoridad pública, director técnico de la navegación y también representante legal del armador, Desde su designación ostenta el mando y la dirección del buque; ostenta también la jefatura de la dotación y además, señoría, representa a la autoridad pública. Es un triple carácter. Yo le recomiendo que se lea un precepto tan importante como es el artículo 184 del proyecto -el 184, no el 174, que creo que es el que ha mencionado antes su señoría-. Este precepto lo que hace es proteger como hasta ahora no se había hecho en ninguna legislación española la libertad profesional del capitán para tomar decisiones, decisiones en materia de seguridad marítima y decisiones también, vuelvo a insistir en ello, en materia de medio ambiente. Además, se trata de hacer primar estos últimos intereses frente a los estrictamente comerciales. Cuando entran en conflicto los intereses de medio ambiente y los intereses comerciales, la ley opta claramente por el medio ambiente, pero no solamente lo hace con un título declarativo, sino que


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además protege al capitán de posibles represalias, de posibles reclamaciones y lo hace de acuerdo con el convenio, concretamente con la resolución A.443 de la Organización Marítima Internacional, y con lo dispuesto al respecto en el capítulo V del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar.

Me dice usted que plantea exigencias antiguas como la obligación de permanecer a bordo. Señoría, sí, usted ha citado algunos casos muy desgraciados, como fue el Prestige, pero en la mente de todos están algunos otros como es el Costa Concordia, en el que creo que cualquier profesional se sintió avergonzado de la actitud de ese capitán que abandonó el buque no solamente cuando el buque estaba en peligro, sino cuando estaban las personas, que él tenía obligación de custodiar, todavía embarcadas. Y me dice usted: es que su proyecto de ley obliga al capitán a quedarse a bordo. Sí, señor, le obliga y le obliga en beneficio de aquello de lo que él se ha hecho responsable: que por encima de la de la mercancía, que incluso por encima del daño medioambiental, pero lo establezco por ese orden, lo más importante de todo es el pasaje y por eso lo hacemos.

Me decía que se ha eliminado en el proyecto la regulación de la búsqueda y salvamento de la vida en el mar, pero, señoría, ese es un lapsus en el que yo podría haber incurrido porque no estuve presente en esta Cámara en la pasada legislatura, mal que me pese, pero no pude estarlo, pero usted sí, y usted tiene que recordar que la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante ya reguló este aspecto. Por tanto, no tiene sentido en estos momentos que procedamos a la repetición. Pero si usted quiere hacer una remisión a un texto que está vigente, ningún inconveniente por parte del Gobierno.

Considera, este es un tema muy importante, que la lucha contra la contaminación marítima se ve muy diluida. Créame de verdad que uno de los criterios que ha inspirado la redacción del anteproyecto de ley ha sido precisamente la protección frente a la contaminación marítima. Algunas de las disposiciones que están contenidas en este anteproyecto ya fueron recogidas por otros proyectos que se convirtieron en ley durante los larguísimos años que ha durado la tramitación, la citada Ley de puertos del Estado y de la marina mercante, pero también en la pasada legislatura la de protección del medio marítimo. Lo que hacemos ahora es sistematizar, lo hacemos en el título I del proyecto, la ordenación administrativa sobre la base del Convenio sobre el derecho del mar de Naciones Unidas del año 1982. ¿Qué hacemos por tanto? Pues configurar un régimen jurídico que, aunque es de origen estrictamente interno, va a resultar de general aplicación para españoles y para extranjeros. ¿Por qué? Porque nos acomodamos directamente al derecho internacional.

Brevemente, porque no me quiero alargar demasiado en este aspecto, pero es muy importante, déjeme que le recuerde lo que se recoge en este título para dar más eficacia a la lucha contra la contaminación. Se establece la asunción de deberes por la Administración, que serían fundamentalmente cuatro. Primero, velar por el cumplimiento de las normas. Segundo, promover las medidas técnicas operativas oportunas. Aquí van desde el cierre de los puertos al control de los buques que estén en aguas interiores o puertos nacionales, al amarre de los buques inactivos, a la intervención ante naufragios potenciales, a la reglamentación de las condiciones de entrada y estancia en puerto de los buques que transporten sustancias peligrosas, al desguace de los buques, a las facultades de inspección y control que puedan llevar a la paralización de buques, incluidos los extranjeros. Toda estas obligaciones se imponen en estos momentos a la Administración. También la de elaborar planes de salvamento y de prevención de lucha contra la contaminación y también, por supuesto, la cooperación internacional en las operaciones de lucha contra la contaminación y ulteriormente en las diligencias de averiguación del siniestro. Por otro lado, con el establecimiento y deberes para los buques, que deberán contar con una relación completa de carga, elaborar planes de emergencia a bordo, notificar a la Administración de los actos de contaminación y con la exigencia de diversos seguros, en especial el más importante, que es el seguro de responsabilidad civil, creo que dotamos de una herramienta importante para poder hacerlo. Quiero decirle también que la ley incorpora instrumentos -tres concretamente- que van a facilitar lo que insito es lo más importante para luchar contra la contaminación, que es la prevención. En primer lugar, una mejor regulación del tráfico marítimo, que va a permitir establecer restricciones por razones de seguridad y de protección marítima; en segundo lugar, un mayor control de los buques, especialmente aquellos que presenten graves deficiencias para navegar y, en tercer lugar, la previsión de lugares de abrigo para las situaciones de arribada forzosa.

Otra crítica que me he hecho su señoría es sobre la regulación de la nacionalidad de las dotaciones. Señorías, estamos ante un mercado global y eso es una realidad. En relación con este aspecto, la regulación lo que hace es distinguir -y no lo hacemos por voluntad propia, sino porque hay un requerimiento


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en el derecho de la Unión Europea- entre los llamados altos mandos, es decir, el capitán y el primer oficial de cubierta, que deben tener nacionalidad no de españoles pero sí de un Estado miembro del espacio económico europeo. Es verdad que el resto de la dotación de los buques mercantes deberá ser de nacionalidad española o de algún otro Estado miembro de la Unión Europea al menos en un 50 %. Con toda sinceridad, no creo que se produzca un paso atrás en esta materia, sino que lo que hacemos es poner fin a una inseguridad jurídica que termina con el prejuicio de las oportunidades de empleo de los marinos españoles. Si usted sigue con esa labor, que me consta que ha hecho, de interlocución con los sectores sociales, este mismo argumento que a mí me han dado se lo van a trasladar a su señoría.

Con relación a la Armada, sostiene que se le otorga un poder decisorio en relación con los hallazgos y extracciones del fondo del mar. Aquí, señoría, quizás no ha distinguido exactamente entre lo que son estos restos y los pecios, es decir, lo que es el patrimonio cultural subacuático, porque la regulación del patrimonio cultural subacuático tiene un régimen de protección, notificación, exploración, rastreo, localización y extracción que se rige por la legislación específica en esta materia, y muy especialmente por la Convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático del año 2001. Se lo digo con absoluta sinceridad -vuelvo a insistir, si estoy equivocado, buscaremos la rectificación, pero lo hemos estudiado en profundidad-, este proyecto de ley, señor Llamazares, ni otorga ni resta competencias a ningún órgano administrativo ni a ninguna Administración pública. Lo que hace es limitar y ordenar las funciones que según otras leyes ya corresponden a los mismos.

Nos ha acusado de falta de transparencia. Con toda sinceridad le digo que no, porque si hay un proyecto que ha tenido publicidad a lo largo de su historia ha sido este. En lo que se refiere a la actuación de este Gobierno, le puede decir que nosotros lo publicamos, y no estamos legalmente obligados a hacerlo y muchas veces puede tener inconvenientes políticos, porque puede ser un elemento de debate que se utilice legítimamente por la oposición frente al Gobierno. En cuanto la sección especial de la Comisión General de Codificación nos dio el texto que originó este proyecto, lo publicamos en la página web del ministerio, y de esa forma, además de incluir una memoria donde explicábamos las opciones principales que hemos mantenido, lo que hicimos fue dar todos los argumentos, que se sumaban a los históricos de los sucesivos proyectos que por distintos Gobiernos se habían presentado en esta Cámara.

Nos ha hablado de índices de siniestralidad en la flota española. De acuerdo con la Comisión de Accidentes Marítimos -los datos están colgados en la página web del Ministerio de Fomento- y de acuerdo con el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, del Ministerio del Interior, y con la Armada española, lo que hacen es partir de un concepto amplio de siniestro: aquí se comprenden los abordajes, los hundimientos, los accidentes operacionales, los incendios, la pérdida de control y otros supuestos. Según los datos que me han dado -evidentemente no soy un experto en la materia, pero me he documentado- estamos en un número de accidentes inferior a noventa al año. La Administración tiene la obligación de intentar evitar cualquier accidente, pero si comprobamos las causas de los mismos -no voy a entrar en esta materia ahora mismo, pero sería interesante profundizar en ella-, el número de accidentes que se producen no es reprochable ni a un déficit legislativo ni a un déficit de actuación de las administraciones públicas.

Me criticaba también que no regulamos los niveles académicos. Señoría, toda esta actuación está siendo llevada a cabo por la Dirección General de la Marina Mercante y lo hace ya desde hace muchos años. Creo con toda sinceridad que la tradición en España de los estudios marítimos y la calidad que tenemos de los cuerpos de funcionarios del Ministerio de Fomento dedicados a estas tareas nos permite estar tranquilos en esta materia.

Nos ha dicho algo con lo que, de verdad, si leen el texto, ninguna de sus señorías podrá coincidir, que huimos de cualquier referencia a los convenios. No he presentado en esta Cámara ni un solo proyecto de ley, ni siquiera aquellos que sean trasposición de directivas europeas, que esté tan plagado como este de referencias a los distintos convenios internacionales que regulan la lucha contra la contaminación, los salvamentos... Absolutamente todo, señorías, está directamente en el texto.

Me ha hablado de una privatización de la seguridad marítima cuando se contiene un régimen de seguridad de los buques y de las sociedades de clasificación. Señoría, le invito a que compruebe que esta normativa proviene directamente de la Unión Europea. Le vuelvo a decir lo que le decía al principio. La navegación marítima es necesariamente transnacional y, por lo tanto, nosotros adecuamos nuestra normativa a lo que dice la Unión Europea y a lo que dicen los países de nuestro entorno. Cuando nos acusan a la sociedades de clasificación por un -y lo ha mencionado usted, señoría- accidente en el que dicha labor tuvo lugar en un tercer país, y lo sabe usted, sin conocimiento alguno del rigor con el que


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desde el Ministerio de Fomento se han autorizado las sociedades de clasificación, que van a ser quienes emitan por delegación del ministerio los certificados de seguridad y de prevención de contaminación a los buques y embarcaciones nacionales, cuando hay un error debe denunciarse ese error, pero lo que no podemos hacer es generalizar y acusar de mal funcionamiento a las sociedades.

Se nos acusa de reducir el ámbito de las exigencias relativas, lo ha dicho usted también, al despacho de buques, al diario de navegación, al cuaderno de bitácora y al diario de máquinas, pero creo que aquí no han tenido en cuenta que el texto, cuando alude a esta documentación, lo que hace es coordinarse, señor Llamazares, con toda la normativa de la marina mercante. Se coordina con los convenios internacionales y se adecúa al texto refundido de la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante y a todas las normas reglamentarias dictadas estos años por los sucesivos Gobiernos y a las que se han seguido dictando hasta ahora.

Por último, nos ha acusado de mantener la militarización de los buques civiles destinados a la investigación. Efectivamente, señor Llamazares, esta sí puede ser una diferencia de criterio, no es de carácter técnico. El buque Hespérides pertenece a la Armada, pero tengo que decir que esta es una decisión que se adoptó en su día por otro Gobierno por razones de eficacia y por razones de eficiencia y es la Armada la que se ocupa de su mantenimiento, pero ello no obsta a que este buque científico naturalmente esté adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Le puedo asegurar que de la experiencia que me han trasladado los protagonistas de esta realidad es que la calidad de gestión que al respecto se lleva a cabo desde la Armada y la sincronización con los responsables del CSIC es absoluta.

Por todo ello, termino, señora presidenta, y pido perdón por la extensión de mi intervención -doy fe de que la he hecho porque creo que un estudio tan profundo, aunque sea tan discrepante, como el que ha hecho el señor Llamazares merecía una respuesta por el Gobierno-, no veo con toda sinceridad ningún obstáculo insalvable. Creo que con muchas de las observaciones que usted ha hecho -sin duda todas son pertinentes de cara a su estudio, aunque discrepemos de ellas- y con las que van a hacer en el trámite de enmiendas todas sus señorías, podemos entre todos sacar un gran proyecto de ley. Por eso, señor Llamazares, por favor, en aras de este compromiso de consenso que el Gobierno le ofrece en este acto parlamentario, le solicito que retire esa enmienda a la totalidad y que la convierta en todas las enmiendas parciales que pueden, de verdad, mejorar este texto, como lo va a hacer el resto de los grupos parlamentarios. En un asunto, insisto, carente de cualquier contenido ideológico, daríamos entre todos un mensaje extraordinario a un sector que nos lo está demandando. Me he equivocado cuando le he dicho que usted quería mantener el código del siglo XIX, porque usted me ha dicho que no, que lo que quiere es un texto nuevo, aunque no adecuado a lo que ha presentado el Gobierno. Si todos queremos un texto nuevo, no nos vayamos a una enmienda a la totalidad. Yo adquiero con usted el compromiso, si su señoría tiene a bien la retirada de esa enmienda, de mantener, como vamos a hacer con todos los grupos parlamentarios, un trabajo intenso, técnico, en el que tenemos que coronar el trabajo de mucha gente de muchos años, a los que les debemos rendir homenaje porque nos han dado unos cimientos sobre los cuales tenemos que construir el edificio de la navegación marítima del siglo XXI.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

Señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, agradezco la intervención con relación a la enmienda de totalidad. La primera no me había gustado tanto. Parecía como si la enmienda de totalidad fuera únicamente una enmienda de confrontación política. No es a sí, aunque es una enmienda en la que mi grupo defiende criterios políticos diferentes de los que defiende el Gobierno. Eso es legítimo en democracia, como son legítimos los intereses que hay en el sector naval y que están presentes en la iniciativa legislativa que sustenta el Gobierno. Esos intereses que están en la iniciativa que presenta el Gobierno son contradictorios con otros que nosotros creemos que han estado menos presentes y han salido mermados de esta iniciativa legislativa. Por eso nosotros hemos presentado la enmienda de totalidad y por eso vamos a mantener la enmienda de totalidad, sin perjuicio de que transformemos nuestra enmienda de totalidad en enmiendas parciales.

Inicialmente he de confesarle, señor ministro, que no pretendíamos presentar enmienda de totalidad. Nos parecía que después de dos intentos -aquello de que a la tercera va la vencida-, en 2006 y 2008, esta vez merecía la pena una ley, que es una ley necesaria después de tanto tiempo con un código ya sobrepasado por el tiempo y por la técnica. Lo que ocurre es que cuando nos hemos reunido con las


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organizaciones y cuando hemos hecho el análisis del contenido de la ley hay aspectos esenciales que no compartimos, y los tres aspectos esenciales de la ley que no compartimos son en nuestra opinión substanciales. Otros pueden ser objeto de consenso, de acuerdo, de transacción, pero esos no. El primero de ellos tiene que ver con el salvamento y la seguridad marítima. Creemos que el Gobierno no acierta en materia de salvamento y de seguridad marítima y que volvemos otra vez al modelo que podemos llamar privatizado o modelo de confusión de competencias -como queramos llamarlo- pero que ha fracasado en casos tan clamorosos como el del Prestige. Y en ese sentido nosotros no estamos de acuerdo. En segundo lugar, nosotros tampoco compartimos con el Gobierno un pronunciamiento favorable y una actitud laxa con respecto al tema de la contaminación y la explotación de los recursos naturales en el mar. Nosotros creemos que no acierta la ley del Gobierno y hemos dado argumentos, independientemente de la legislación y de los convenios internacionales que operan en tal materia. Y, por último, otra de las cuestiones que nos parece fundamental es la que tiene que ver con lo profesional y lo laboral. No es que no se desarrolle lo profesional en el mar, los aspectos que son contradictorios o deficientemente legislados en materia de las profesiones del mar, es que se desregula la profesión laboral en el mar y, en particular, los trabajadores del mar se van a ver ante situaciones de precariedad que antes solo conocíamos en las banderas de conveniencia; por ejemplo, en nuestra particular bandera de conveniencia, que también la tenemos. Ahora parece que se generalizan y nosotros no estamos de acuerdo, sencillamente; nosotros defendemos la calidad del empleo en la dura tarea de trabajar en el mar, una durísima tarea. Yo no soy exactamente de puerto, soy más bien de costa, cerca de un puerto, pero algo conozco de esa materia y, por tanto, es una cuestión que a nosotros nos preocupa.

En relación con los aspectos formales, estaba mirando ahora esa voluntad que tiene el Gobierno -dice-, por una parte, de modernización de la ley y, por otra parte, de incorporación de toda la legislación internacional que hay en materia relativa a la navegación marítima. Pues se les ha olvidado lo fundamental. Les pongo tres ejemplos nada más. En materia de contaminación se le ha olvidado al Gobierno el Convenio internacional para prevenir la contaminación de los buques -lo conocerán ustedes de la época del Prestige-, el Convenio Marpol. No aparece en la ley después de lo que ha ocurrido en este país. En inspección de buques, y digo lo mismo en relación con la inspección de petroleros y demás familias, resulta que el Gobierno no incorpora el Memorándum de París, ni en inspección de buques ni tampoco en las titulaciones y certificaciones de la inspección, etcétera. Y, por último, en salvamento el Gobierno obvia el Convenio Solas. Es decir, para incorporar los principales convenios en materia internacional se le han olvidado los fundamentales, y nosotros en ese sentido tenemos claras reticencias con respecto al texto.

Además, el Gobierno hace un texto tan amplio que uno pensaría que está ante un texto holístico, que prácticamente no hace necesario un desarrollo reglamentario; sin embargo, uno va a los artículos y los artículos, salvo aquellos que trasponen directivas internacionales o convenios internacionales, son totalmente genéricos y harán necesaria una nueva legislación o nuevos desarrollos reglamentarios. Nosotros creemos que en ese sentido el Gobierno no acierta al no reflexionar y modificar aspectos de la Ley de Puertos que se han mostrado contradictorios, incluso claramente negativos. Nosotros hemos reseñado algunos que son de conocimiento general y creemos que el Gobierno, en una, digamos, ley tan amplia como esta, con aspiraciones holísticas, debería haber incorporado esos elementos.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Termino, señoría, refiriéndome al tema de las corporaciones en el mar. Nosotros no tenemos ningún problema con la corporación militar, con la Armada, ninguno; ahora bien, hay materias que no son competencia de la Armada, sino materias específicamente civiles. La investigación es civil, los museos de la marina civil son civiles, no pueden ser militares. Por lo tanto, ¿qué problema tenía el Gobierno en entrar en esa materia? El problema que he dicho en un principio y que a mí preocupa, que determinados colectivos con influencia en el sector naval siguen queriendo mandar en el sector naval y el sector naval también se ha democratizado y ha avanzado. En ese sentido, el Gobierno no incorpora esa necesaria democratización.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Llamazares.

¿Señor ministro? (Denegación).

Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, señor Olabarría.


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El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.

Señor Llamazares, gracias por su enmienda tan prolija y tan lúcidamente explicada, pero a pesar de ello vamos a votar no y no porque carezcan de fundamento muchas de sus reflexiones, sino porque vamos a dar un voto de confianza al señor ministro. Usted, señor ministro, ha hecho una invocación al consenso, a la negociación, a la posibilidad de transacción, y hay un concepto en la ciencia política acreditado: que a medida que va discurriendo la legislatura las medidas absolutas se van suavizando porque llega un momento en que necesitan buscar complicidades y consenso, incluso por razones electorales. No terminamos de ver esa suavización en su propia mayoría absoluta, incluso he utilizado en más de una ocasión la expresión poco forense de que se están engorilando un poco, pero yo me fío de usted, qué quiere que le diga, no puedo evitarlo, para poder arreglar muchos de los problemas que el señor Llamazares con pertinencia criticaba. Me ha enternecido mucho su lectura de Baroja, que solo tiene una novela dedicada a las cuestiones vinculadas a la mar, por lo que imagino que se referirá a Las inquietudes de Shanti Andía. Era un escritor de tierra adentro más que de mar. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia). Y respecto de políticos y definición de políticos le recomiendo la lectura de otra obra, de otro ensayo de Pío Baroja, Siluetas románticas, donde define los perfiles políticos de la época, pudiendo usted reconocer perfectamente muchos de esos perfiles en este Congreso de los Diputados. He de indicarle que evidentemente la pretensión de mi grupo parlamentario es que tenemos... -señor ministro, si es tan amable de escucharme-...que intentar ir liberándonos ya de normativa decimonónica que sigue todavía configurando... Señor ministro, no sé si el señor Barreda le esta glosando a Pío Baroja, que también es otro gran lector de dicho autor. (Risas). Si hay alguna otra novela de ambiente marítimo, ya me la explicará después. Lo que le quería decir fundamentalmente es que tenemos que ir ya liberándonos del lastre de normativa decimonónica en este ámbito. El otro día se discutió sobre las medidas de gracia y el indulto, cuya regulación originaria es del año 1870, y estamos esperando, respecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882, que presente la nueva. Estamos conviviendo no con legislación del siglo pasado, sino con legislación de hace dos siglos y solo por eso merece la pena concederle el nivel de confianza que merece su aparente predisposición, que yo no voy a refutar ni a decir que no sea sincero.

Señora presidenta, como creo que en este proyecto de ley tenemos la obligación de respetar la Convención sobre el Derecho del Mar, pero también el Tratado contra la tortura y los tratos degradantes -alguien me explicará quien configura plenos de esta naturaleza y de esta dimensión, tan lesivos para la salud tanto física como psicológica de los que tienen que intervenir y los que tienen que padecer, escuchar o trabajar en este ámbito-, sencillamente voy a aceptar la predisposición al diálogo del señor ministro. El señor Llamazares ha comentado muchas cosas. Mire, el primer proyecto de ley que presentó la Comisión de codificación sufrió 167 peticiones de ampliación de enmiendas. Espero que no haya 167 peticiones y concesiones de ampliación de enmiendas en este proyecto cuyo debate se inicia hoy, porque lo que se acreditaría entonces es una falta de voluntad del legislador de regular esta materia, materia que se basa en lo que se puede considerar casi una cosmovisión de los problemas del mar. Pero el señor Llamazares se lo decía: con normas que van a necesitar desarrollos reglamentarios posteriores, en los cuales también nos gustaría participar en su negociación porque estamos hablando de cosas muy importantes. Usted lo ha glosado desde una perspectiva económica y desde una perspectiva de relaciones internacionales, admite muchos perfiles analíticos diferentes, incluido el último, al que el señor Llamazares se refería, algo que no seguimos comprendiendo, que es la militarización de determinadas actividades como la investigación o el control de los museos marítimoterrestres. Pero de todo esto se podrá hablar, presentaremos enmiendas y cuento con que esta vez si sea verdad su predisposición al diálogo, más que nada porque estoy particularmente escéptico ya que he intervenido en el trámite anterior, el de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Perdón, Castilla-La Mancha, si ya pasa esto también con el de León, es para preocuparse. Esperemos que el diálogo sea en el sentido etimológicamente real de la expresión diálogo.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Muchas gracias, señora presidenta.

Intervengo muy brevemente quizás para compensar un poco la gran erudición marinera que ha habido aquí. Lo que quiero decir es que nuestro grupo no va a apoyar la enmienda a la totalidad. Sabemos que


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es una ley que lleva una tramitación larguísima, una ley necesaria que tiene que actualizar una legislación que en muchos casos es anacrónica y por lo tanto confiamos en que durante el periodo de enmiendas parciales podamos tratar de llegar a acuerdos. Hay algunas cosas de esta ley que nos han llamado la atención, pero desde luego entendemos que es necesario llegar a su tramitación lo más rápidamente posible.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.

El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, señor ministro de Justicia, yo quiero también agradecer al señor Llamazares el hecho de que con su enmienda a la totalidad haya permitido hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados debatir un proyecto de ley que tiene una dimensión histórica. No es un proyecto de ley más, es un proyecto de ley, el de navegación marítima, que en su articulado, y concretamente en su disposición derogatoria, va a derogar lo que era el Libro Tercero del Código de Comercio de 22 de agosto de 1885. El señor ministro -y le honra- rendía homenaje a anteriores equipos de gobierno que no eran del Partido Popular pero que habían impulsado ya un proyecto de ley de navegación marítima. Se decía ahora: Se amplió cada martes en cada Mesa de la Cámara. Yo formaba parte de esa Mesa y cada martes ampliábamos. Y me preguntaba: ¿Se va a tramitar alguna vez el proyecto de ley de navegación marítima? Dos legislaturas en las que Gobiernos presentan un proyecto de ley y finalmente se disuelven las Cámaras y ese proyecto de ley queda en el cajón de los olvidos. Y hoy su ministerio, su Gobierno, se atreve no únicamente a defenderlo ante el Pleno, porque hay una enmienda a la totalidad, sino a comprometerse a que va a ver la luz, a sacar adelante una ley de navegación marítima y, por tanto, a superar esa legislación del siglo XIX. Pero yo quiero rendir también homenaje a esos legisladores del siglo XIX y de manera especial, si me lo permite, señor ministro, quiero también rendir homenaje a los juristas catalanes que recogiendo manuscritos del siglo XIV hicieron posible el Llibre del Consolat de Mar, un gran compendio de leyes de Derecho Marítimo que rigieron durante siglos el comercio en el Mediterráneo. Yo quiero rendir homenaje a mi profesor de Historia del Derecho, a Josep Maria Font i Rius, que en la Universidad de Barcelona nos imprimió a todos los alumnos ese sentimiento a favor de la historia y a favor de ese Derecho Marítimo y nos recordaba esos primeros contratos que eran del siglo XIII, en plena Edad Media, en los que se recogía exactamente els usos i costums de mar. En un contrato del año 1232 se incluía ya lo que era una expresión que después cobró fortuna y se fue extendiendo por el Mediterráneo: ad usum maris, usos de la mar. Se trataba de un conjunto de normas jurídicas, un derecho que no tenía un origen soberano, sino que surgía de la práctica más o menos general de los puertos mediterráneos. Se trataba de un derecho especial, el de navegación, que conocían los profesionales de los oficios de la mar. Hoy tenemos que rendir homenaje a esa historia porque vamos a actualizarla, lo decía muy bien en su intervención inicial. Vamos a poner al día con un proyecto de ley esa legislación, que tenía un anclaje histórico pero también muchos aspectos que hoy ya no tienen razón de ser y que aún siguen vigentes. Le pondré un ejemplo, este proyecto de ley de navegación marítima introduce una nueva modalidad de contrato, el contrato de construcción naval, y actualiza el contrato de compraventa de buques y establece innovaciones en esos contratos de compraventa, pero también cuando finalmente se publique en el BOE este proyecto de ley dejará de existir el contrato del préstamo a la gruesa, ya que como nadie lo había derogado aún seguía vigente, y lo estaba en el Código de Comercio de 1854 o en el de 1885. Por tanto, es una aportación histórica. Merecía, señor Llamazares, que tuviera la solemnidad de un Pleno de la Cámara; lástima que sea a estas horas del almuerzo y no tenga quizás el relieve que un proyecto de ley como este se merece. Votaremos en contra de la enmienda a la totalidad y ofrecemos la colaboración de Convergència i Unió para sacar adelante a través de enmiendas parciales -que las vamos a aportar- este nuevo texto legislativo de esa importancia histórica que hoy quería trasladarles.

Hay aspectos que nos preocupan; algunos coincidentes con lo que el propio señor Llamazares ha explicado en su extensa y bien fundamentada enmienda a la totalidad. Hay una cierta militarización en algunos aspectos, y uno de ellos podría conllevar una vulneración de competencias. El ministro nos ha tranquilizado y yo le he escuchado con atención. Cuando se habla de la competencia en intervenciones arqueológicas en los pecios y en las embarcaciones hay una normativa específica, la Ley de Patrimonio Histórico Español, el artículo 127 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, el artículo 149 de la Constitución, que marca un ámbito competencial y en ese ámbito competencial existe esa competencia autonómica; en


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el caso de la Generalitat de Cataluña, claramente como Gobierno tiene la competencia para autorizar las intervenciones arqueológicas en los pecios correspondientes a buques del Estado. Por tanto, habrá que buscar la fórmula para clarificar ese reparto competencial y que esa asunción por la Armada de esa competencia pueda ser compatible con la intervención autonómica, con las competencias que estatutariamente tienen asumidas determinadas comunidades autónomas.

También hay un aspecto importante en lo que es la regulación de las responsabilidades; concretamente es importante el artículo 322. En este artículo y en otros aspectos del proyecto de ley queremos introducir una regulación que vele por todos los actores que intervienen. Por tanto, a la hora de definir la responsabilidad debemos buscar una fórmula que no sea una responsabilidad que pueda acabar derivando únicamente en los transitarios, como podría poder suponerse de lo que establece el artículo 322. Concretamente, el presidente de Feteia, el señor Enric Ticó, siempre ha defendido a los transitorios; en todos los proyectos de ley y en todas las legislaturas Feteia y el señor Ticó han hecho una aportación importante que hemos sido capaces de recoger en muchos proyectos de ley. Nos ponían en alerta diciendo: que se regule también la figura del transitario marítimo con todas sus responsabilidades, con su estatuto jurídico, y que se regule ese régimen de responsabilidad, que no debe ser concentrado sino compartido. Por tanto, aquí también hago una apelación a la responsabilidad que también deben tener los navieros o consignatarios en su caso. Así pues, debemos buscar ese ámbito de la responsabilidad y dejarlo mejor definido.

Otros aspectos que nos ocupan. Yo no tengo ninguna embarcación marítima, pero conozco muchas personas en Torredembarra y en otros puertos de Tarragona que tienen embarcaciones marítimas y, con la crisis económica, a veces se está produciendo la situación de que tienen su embarcación en un amarre en los puertos y el que estaba alquilando ese amarre ha dejado de responder, y llega un momento en que el puerto necesita hacer algo con aquella embarcación. Este proyecto de ley sería una buena ocasión para regular lo que sería la subasta notarial. Sé que se está avanzando también en el proyecto de ley de jurisdicción voluntaria, pero sería una buena ocasión para establecer esa subasta notarial ante el abandono de embarcaciones en puertos, a los que les supone un coste económico. Deberíamos solventar estas situaciones. Como también es necesario que en algunos aspectos se refuerce la necesidad de escritura pública. Se ha hecho ya, y esto es un avance con relación al proyecto de ley de la pasada legislatura; es decir, en la transmisión de las embarcaciones se exige esa escritura pública. Pero no se hace en un aspecto de la Ley de Hipoteca Naval del siglo XIX, que hoy vamos a derogar, pues para la hipoteca naval es potestativa la escritura pública. Por razones de seguridad jurídica sería positivo establecer la escritura pública en la regulación de esa hipoteca naval. Igual que, como se ha hecho ya en la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, se podría prever también la escritura pública en el contrato de arrendamiento de buque. Son aspectos que le podemos plantear, señor ministro, a través enmiendas parciales.

Convergència i Unió coincide en que este proyecto de ley, dado que todo parece indicar que vamos a tramitarlo, que nos vamos a implicar a fondo en una ponencia y en una Comisión para mejorar el texto presentado, para realizar entre todos aportaciones, no merecía una enmienda a la total de devolución. Pero, repito, como decía al inicio, hoy este Pleno del Congreso de los Diputados en el siglo XXI ha servido para rememorar aquel trabajo de la Edad Media, de aquellos juristas catalanes con el Llibre del Consolat de Mar, o el de los propios legisladores españoles que en el siglo XIX fueron capaces de producir normas que aún están vigentes porque estuvieron bien hechas, bien estructuradas. Debemos rendirles un homenaje. Quiero terminar, ya que usted es ministro de Justicia, rindiendo también un homenaje a la Comisión General de Codificación, que ha estudiado y se ha implicado en este proyecto de ley para modernizar nuestro ordenamiento jurídico y nuestros códigos vigentes. Por tanto, para ellos también es nuestro pequeño homenaje hoy.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Jané.

Por Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Segura.

El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor ministro, comienzan mis palabras en representación del Grupo Parlamentario Socialista con una expresión honesta desde el punto de vista personal y del colectivo del que formo parte. Nos ha satisfecho muy profundamente la intervención que usted ha tenido ofreciéndonos posibilidad de diálogo, invitándonos al diálogo, invitándonos a la aportación positiva, y lo hacemos desde la perspectiva de que somos miembros de un grupo parlamentario con una inmensa sensibilidad hacia la mar. En muchas


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ocasiones hemos oído decir que el planeta Tierra no debería llamarse planeta Tierra. El 75 % de la superficie del planeta está cubierta por agua. Debería ser el planeta Mar. Somos un país ribereño, somos un país en el que prácticamente el 80 % de las mercancías que entran y salen de nuestro país son transportados por barcos. Y esos barcos tienen que operar, tienen que atracar, tienen que descargar mercancías, con todo lo que significa desde el punto de vista laboral y comercial. Este veterano parlamentario -porque he tenido el inmenso privilegio de haber sido miembro de las Cortes Generales de mi país en reiteradas y sucesivas legislaturas- le ha oído con satisfacción valorar en positivo el trabajo realizado por miembros de los sucesivos Gobiernos, prácticamente desde el año 2000 o 2001. Recuerdo un subsecretario con el ministro de Fomento Álvarez-Cascos, don Adolfo Menéndez, abogado del Estado de profesión, que hizo el inicial encargo a una serie de catedráticos de Derecho Mercantil en distintas universidades españolas para elaborar un documento que permitiese modernizar toda una avalancha de juicios en los que se veían inmersos los armadores, los estibadores, los consignatarios, los transitarios, todos los operadores del mundo mercantil de los buques. A partir de ese momento he seguido con mucho interés los acontecimientos que han ocurrido y hoy tengo la satisfacción de comprobar por la posición de los grupos parlamentarios que por fin va a comenzar la tramitación de este proyecto de ley.

Este país, que se llama España, tiene dos archipiélagos, la responsabilidad del control del tráfico marítimo en el Estrecho, dos ciudades autónomas en el continente africano, por nuestras aguas jurisdiccionales más de 600.000 buques de distintas características circulan, operan e incluso colisionan. En nuestro país el ser o el no ser está vinculado al tráfico marítimo. Permítanme otra licencia personal. Yo he tenido la oportunidad de ejercer la docencia en centros vinculados a la preparación de marinos mercantes de alta cualificación, que los hay en Bilbao, Portugalete, Barcelona, A Coruña, Santander, Gijón, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, que los hay en las escuelas de ingenieros navales y en las distintas facultades de Derecho y Economía. Por tanto, señor ministro, este es un proyecto largamente demandado por la necesidad imperiosa de adaptación a las múltiples y variadas normativas internacionales regulatorias del transporte de mercancías y de seres humanos de un país como el nuestro, con una larga historia marinera y en el que mientras las tecnologías vinculadas al transporte de mercancías y de seres humanos han ido avanzando, nuestro ordenamiento legal regulatorio de las variantes económicas, que inexorablemente aparecen vinculadas a la globalización y que encuentran el exponente más claro en el transporte de materias primas y productos industriales y en el aseguramiento de mercancías, etcétera, se encuentra, como aquí se ha dicho en reiteradas ocasiones, en ese tercer libro del Código de Comercio que viene del año 1885, cuya rúbrica del comercio marítimo proviene a su vez del Código de Comercio de 1829, que a su vez viene en una parte del Code francés y en otra parte de las Ordenanzas de Bilbao de 1737 y en el que se regula el comercio marítimo en general, ha dejado en la prehistoria la actividad comercial. En el año 1885, que es cuando se pone en marcha el Código de Comercio, los buques eran de vapor y muchos de ellos de vela, pero la tecnología del transporte marítimo ha avanzado. En aquellos finales de siglo XIX no existían los petroleros ni los portacontenedores, ni los bulk carriers, ni los buques gaseros, ni los quimiqueros, ni desde luego los modernos buques que hay hoy en día. Actualmente, en esta fase del siglo XXI en que nos encontramos, están los buques post-Panamáx -así denominados-, como el que aparece en un ejemplar monográfico que publicó el periódico El País el domingo pasado curiosamente -me satisface mucho que lo tenga usted en sus manos-, en el que aparece la fotografía de un buque de una empresa naviera acreditadísima en el transporte de mercancías por container que transporta 18.000 contenedores. Hay una transformación brutal en el mundo y nosotros no podemos seguir con una norma anclada en el Código de Comercio.

¿Por qué nuestro posicionamiento a favor del comienzo de la tramitación de este proyecto de ley, señorías? Por razones académicas, sociales y políticas. Los académicos estudiosos de esta materia en los últimos veinte años han conocido diversos proyectos de reforma parcial del libro III del Código de Comercio, como fue el anteproyecto de ley de contratos de utilización del buque y el frustrado anteproyecto regulador de la limitación de responsabilidad del naviero y los accidentes de la navegación, que en realidad pueden llegar a considerarse como antecedentes necesarios de la imprescindible tarea de reforma del derecho marítimo que ha venido desarrollando, como ha dicho aquí el ministro, la sección de derecho mercantil de la Comisión general de codificación española. La constitución en su seno de una sección especial para la reforma del derecho de la navegación constituyó, sin duda alguna, el empujón que se necesitaba para la reforma del derecho de la navegación marítima y esto viene prácticamente de hace veinte años. Fruto de los trabajos de esa referida sección especial para la reforma del derecho a la navegación, en noviembre de 2004 se publicó la propuesta de anteproyecto de ley de navegación marítima,


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que culminó en un acuerdo del Consejo de Ministros el 25 octubre de 2006 y que se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 10 de noviembre de 2006. Doy esta referencia porque creo que en este acto parlamentario que estamos experimentando, en el "Diario de Sesiones" deben constar con rigor estos datos.

Bien es cierto que nosotros estimamos que el proyecto de ley remitido actualmente por el Gobierno no supone un avance global sobre los precedentes legislativos de las pasadas legislaturas VIII y IX. Más bien creemos que es una ralentización de un avance que habían diseñado los Gobiernos anteriores porque, lejos de mejorar aquellos intentos que frustraron, los empeora sensiblemente. Es justo reconocer que aquellos proyectos tuvieron un origen intelectual y una legitimación técnica en la propuesta de anteproyecto de ley general de navegación marítima, como les acabo de decir, que fue constituida en el Ministerio de Justicia por la Comisión general de codificación. Estamos hablando, señorías, de trabajos que se iniciaron en la VII Legislatura, que dieron lugar a que ya en la VIII Legislatura, el 10 noviembre de 2006, como he dicho, se publicase en el Boletín Oficial de las Cortes Generales como proyecto de ley general, insisto, proyecto de ley general de navegación marítima que, después de experimentar cuarenta y cinco ampliaciones consecutivas del plazo de presentación de enmiendas, lamentablemente decayó al disolverse las Cortes en marzo de 2008. En la siguiente legislatura -y, repito, de esto debe quedar constancia en el inicio de esta tramitación legislativa-, en la IX Legislatura, la pasada, el 9 de diciembre de 2008 se volvió a publicar en el Boletín del Congreso de los Diputados, y después de más de un centenar de períodos consecutivos de ampliación del plazo de presentación de enmiendas, decayó en el mes de octubre de 2011 al disolverse de nuevo las Cortes Generales. Tampoco renunciamos a recordar, señorías -y aquí lo tengo en mis manos- que precisamente el 6 de julio de 2012 en el Boletín Oficial de las Cortes se publicó la proposición de ley -ya en esta legislatura- de este grupo parlamentario, repito, proposición de ley de navegación marítima de este grupo parlamentario socialista, que tenemos que decir que es plenamente coincidente con el texto del proyecto de ley del Gobierno socialista anterior. Esta es una historia parlamentaria que ahí queda.

Nosotros hemos analizado los informes que ha emitido el Consejo de Estado. El Consejo de Estado ha hecho una serie de consideraciones al Gobierno, muchas de las cuales las ha incorporado a lo que fue su anteproyecto de ley de hace un año aproximadamente, y de ello nos felicitamos. El Consejo de Estado decía en un momento determinado: Una lectura en paralelo de los textos... -punto suspensivos- permite constatar hasta qué punto la norma en ciernes -se refería al anteproyecto de ley gubernamental ya convertido en proyecto de ley y objeto del inicio de este debate- continúa siendo deudora de aquella propuesta, pese al paulatino alejamiento que los sucesivos anteproyectos han ido experimentando con respecto a ella en una serie de aspectos. Señorías, lamentamos que esta no sea una ley...

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Segura, tiene que ir terminando.

El señor SEGURA CLAVELL: Lamentamos que esta no sea una ley general, señor ministro; es una la ley de navegación. Nosotros hemos hecho una comparación y estos son datos de los que tenemos que dejar constancia en la Cámara. Permítanme esta expresión gráfica, señor ministro, señoras y señores diputados: Tengo en mi mano izquierda, como corresponde, el texto de la proposición de ley presentada en julio de 2012, proposición de ley general de navegación marítima del Grupo Parlamentario Socialista, y en esta mano, en la derecha, mantengo el proyecto de ley publicado el 29 noviembre de 2013, proyecto de ley gubernamental. No escondo la realidad; hay 427 artículos coincidentes, de 524. ¿Cómo el Grupo Parlamentario Socialista, que se siente coautor, como son coautores miles de personas cualificadas que han participado desde hace veinte años, vamos a presentar una enmienda a la totalidad? ¿Cómo vamos a apoyar una enmienda a la totalidad que impidiese teóricamente que se alcanzase el número suficiente de votos?

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Segura, tiene que ir terminando.

El señor SEGURA CLAVELL: ¿Cómo íbamos a apoyarla? Esta es una razón potente, pero esto no implica -nosotros desde luego queremos que se produzca la tramitación sin duda alguna, repito 427 artículos son coincidentes- que no presentemos probablemente más de un centenar de enmiendas parciales para su mejora, la mejora de este proyecto de ley. No entendemos cómo no figura el mar territorial, cómo no figura la zona contigua, la zona económica exclusiva, cómo no se profundiza en el Convenio de Rotterdam, cómo no se profundiza en el Convenio Solas y en tantos y tantos convenios. Ya


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hubiese querido yo disponer en esta tribuna -pero no se asusten, que la presidenta no me lo da- el tiempo del que ha dispuesto el señor ministro para poder hacer una serie de consideraciones.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Segura.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Ayala.

El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señores diputados, señor ministro, debatimos la enmienda de totalidad de La Izquierda Plural que ha presentado al proyecto de ley de navegación marítima, proyecto que acaba de presentar el ministro de Justicia y a cuya claridad, rigor y transparencia ni puedo ni debo añadir nada. Debatimos una enmienda de totalidad de La Izquierda Plural que, dicho con todos los respetos y el cariño personal que le tengo al señor Llamazares, no tiene sentido. Al margen de lo que le ha comentado el señor ministro de que podía dar lugar a una serie de enmiendas parciales y no de totalidad, la verdad es que esta enmienda de totalidad está preñada de motivaciones artificiosas y artificiales. Lo más expresivo, la primera manifestación que ha hecho el señor Llamazares al principio de su intervención: Esta ley no evita el Prestige. Señor Llamazares, confundir legislación con accidente le lleva a decir a usted lo que ha dicho y que es algo demagógico, es decir, que la causa del accidente es la ley, y me parece que es un poco fuerte en el Congreso de los Diputados hacer tamañas manifestaciones.

Señoras y señores diputados, partimos todos de la base que hemos admitido de que está plenamente justificado superar la regulación decimonónica del libro III del Código de Comercio y otras leyes también decimonónicas como la Ley de Hipoteca Naval o muy antiguas. Por tanto, no se entiende la crítica a la modernización de las regulaciones, tampoco del tratamiento de las instituciones y de la incorporación de los convenios internacionales y normas de la Unión Europea. Tampoco se entiende, señor Llamazares, que argumente la incompatibilidad con la Ley de Puertos, que regula cuestiones distintas. ¿Qué incompatibilidad de una ley que responde a la regulación administrativa de distintas instituciones con otra ley fundamentalmente de derecho privado, sea nacional o internacional, que regula las relaciones contractuales entre los sujetos que ostentan los distintos intereses en presencia de los actores en navegación y en transporte marítimos? No, no hay incompatibilidad. Ambas leyes conforman parte de nuestro ordenamiento jurídico, que es un todo, siendo las dos normas complementarias, le guste más o le guste menos. Usted ha mantenido su enmienda, que le había invitado el ministro a retirar, basándose fundamentalmente en tres cuestiones: el salvamento marítimo, la contaminación y el tratamiento de la profesionalidad y los temas laborales. Usted critica que no se regula la búsqueda del salvamento de vidas en el mar -ya se lo ha recordado el ministro-, sin haber querido reconocer o saber que esta regulación se llevó a la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que ha sido modificada tres veces en las dos últimas legislaturas, o que la lucha contra la contaminación marítima se ve muy diluida -son sus palabras-, cuando parte de su regulación también se introdujo en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante por la Ley 33/2010 y en la Ley 41/2010, de Protección del Medio Marino.

Utiliza usted como argumento para justificar su posición que no se cita ni el Convenio Marpol ni el Convenio Solas. El convenio Marpol está precisamente en la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, que le acabo de citar, que es la que incorpora los temas de contaminación. Con respecto al Convenio Solas, si usted se lee la memoria de impacto normativo que acompaña al proyecto de ley que ha presentado el Gobierno, en la página 22 y siguientes se dice -si quiere se lo leo-: La mayoría de los preceptos contenidos en el capítulo V del título I de la ley tienen por objeto introducir una serie de normas mínimas, inspiradas en el también capítulo V del anexo del Solas. Si se va usted a la página 23 o a la 33, verá que las referencias de los artículos 98 a 107 incorporan íntegramente el Solas. También puede usted leer la página 48 o la 53 de la memoria de impacto normativo para comprobar -y tranquilizarse- que sí incorporamos el Convenio Solas al proyecto de ley de navegación marítima. Lo que sí es verdad que hace este proyecto de ley, y usted obvia, es apostar por la prevención. Así, la exposición de motivos señala: Se establece un régimen para la contaminación marítima que impone una responsabilidad cuasi objetiva del armador del buque o del titular del artefacto que causa la contaminación, junto con el seguro obligatorio y la conformidad con los convenios internacionales aplicables, a los que la ley remite, y especialmente a los dos convenios que el señor ministro ha citado y que me evita a mí su cita, que son los dos de hidrocarburos, tanto el de 1992 como el denominado Bunkers de 2001. Por tanto, señorías, prevención, regulación y sanción para los infractores, en contra de la supuesta falta de regulación y dilución que denuncia La Izquierda Plural. Por cierto, las críticas a la Ley de Puertos y de la Marina Mercante no se


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entienden cuando es general el reconocimiento de su buen funcionamiento y su adaptación permanente a las circunstancias. No se pueden confundir estos ámbitos de actuación de una y de otra, porque la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante regula, y muy bien por cierto, tanto la legislación que le es propia como la del practicaje y otra serie de temas que usted quisiera que vinieran en otra ley.

Plantean además un panorama apocalíptico, que en absoluto se corresponde con la realidad: pérdida de mercados, desequilibrios en la balanza de fletes, incremento de accidentes -los datos del ministro han sido claros- y desprofesionalización. Debemos fijarnos en dónde estamos. También acusan de mercantilismo y de ser técnico-burocrático y militarista. Mercantilista, evidentemente -también lo ha dicho el ministro-. Estamos sustituyendo el libro III del Código de Comercio y, evidentemente, tiene que ser una ley mercantilista. En cuanto a lo de técnico-burocrático y militarista, la respuesta le ha quedado ya clara y está todo en sus justos términos.

Voy a renunciar a contestar a afirmaciones tan gratuitas como la pobreza de definiciones o a la absurda distinción entre buques y embarcaciones, en todo caso porque también el señor ministro se lo ha dejado bien claro, pero, señor Llamazares, no he visto todavía los intereses sectoriales que aquí se tratan de defender. Sí voy a hacer referencia a la tercera cuestión que usted decía que era tan importante para mantener su enmienda de totalidad, que son las críticas a la figura del capitán y la nacionalidad de las dotaciones. Exposición de motivos: Queda garantizada la libertad profesional del capitán para tomar decisiones autónomas en materia de seguridad, protección y medio ambiente. Su regulación en los artículos 171 a 187 creemos que es completa e irreprochable; mejorable sin ninguna duda, pero completa e irreprochable. Sí me interesa citar, al margen del artículo 184 que ha citado el señor ministro, el artículo 172; no el 174 en el que usted se confunde en su enmienda, sino el 172, que ustedes lo citan solo parcialmente. Y ya que siendo cierto y lógico que como cargo de confianza la pérdida de la misma pueda ser objeto de despido del capitán, que parece obvio, el mismo artículo 172, que usted no cita, dice que todo ello sin perjuicio de la indemnización que corresponda de acuerdo con la legislación laboral. Es decir, pleno reconocimiento a los derechos del capitán y a la relación laboral que tenga con el armador correspondiente. Por tanto, señor Llamazares, creemos que hay rigor y equilibrio y, por lo tanto, no hay nada ni de regresivo ni de arcaico, haciendo mías, como no puede ser de otra manera, las palabras del señor ministro cuando ha hecho algún recuerdo a algún accidente reciente. En cuanto a la nacionalidad de las dotaciones, como siempre, se pontifica y se aventuran intereses ocultos que no existen. En definitiva, esta regulación lo que hace es poner fin a la inseguridad jurídica, aclarando los límites que permiten la contratación de extranjeros en un mercado global. No le voy a señalar nada respecto a la transparencia, el corporativismo y la militarización, y tampoco al tema de la arqueología submarina, que creemos que queda bastante claro.

Señorías, vamos a tramitar y a aprobar esta ley con el consenso y colaboración de todos aquellos que quieran y cuyas aportaciones acogeremos con sumo interés. El Grupo Parlamentario Popular también hace a todos los grupos parlamentarios esa oferta pública de querer colaborar para que podamos alcanzar una ley de consenso. Pero también he de decir que cuando durante dos legislaturas los Gobiernos de turno no se han atrevido a tramitar un proyecto -indudablemente por falta de fe y confianza porque tuvieron dos años en cada legislatura para hacerlo-, ahora no pueden alegar que han presentado una proposición de ley con idéntico texto al que no quisieron debatir, porque están, dicho sea con todo mi cariño y mi respeto, enseñándonos sus vergüenzas. Y mucho menos nos lo pueden argumentar como razón de autoritas para justificar alguna enmienda parcial. Por lo tanto, plena colaboración y voluntad de alcanzar el consenso más amplio posible en la tramitación y aprobación de una ley que deviene ya imprescindible para incorporarse a nuestro ordenamiento y, como también ha señalado el ministro, pretende homogeneizar nuestro ordenamiento con el derecho marítimo internacional, proporcionar seguridad jurídica e interpretaciones unívocas en derecho internacional público y privado, y reflejar la realidad del transporte marítimo. Por lo tanto, rechazaremos la enmienda de totalidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Monserrat Monserrat): Muchas gracias, señor Ayala.

Por parte del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruíz-Gallardón Jiménez): Gracias, señora presidenta.

Con brevedad, quiero agradecer a todos los señores portavoces que han intervenido sus palabras, su voluntad y la decisión, que yo creo extraordinariamente importante, que hemos adoptado hoy. Señor Llamazares, solamente quiero decirle -ya se lo ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular-


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que no debe preocuparse por lo de Marpol y Solas. La ley hace permanente referencia a los convenios y Marpol, como sabe, está en la Ley de Puertos y, por lo tanto, cobra plena y absoluta vigencia. En lo que hace referencia a Solas, cuando antes hablaba del artículo 184 del proyecto es verdad que le he dicho que está de acuerdo con la resolución A-443 de la Organización Marítima Internacional, pero también -lo ha dicho el portavoz y se lo agradezco- con lo establecido en el capítulo V del anexo del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar o Solas. Señor Llamazares, siento que no hayan retirado la enmienda a la totalidad, pero agradezco su intervención y su aportación. Hago mía la frase: de la necesidad virtud. Como se ha dicho aquí, nos ha dado la ocasión de debatir este asunto en el Pleno de la Cámara y ya sabe que lo importante de esta vida parlamentaria no es cómo empiezan las cosas sino como acaban. Vamos a intentar que el final sea el que todos merecemos.

Gracias, señor Olabarría, por sus referencias. Se ha ido el señor Olabarría. No voy a hacer el relato sobre lo que me decía el señor Olabarría, solamente le trasladaré la convicción absoluta de ese vértigo responsable que yo siempre he dicho que tenemos que tener cuando modificamos una ley del siglo XIX, que llamamos antigua, no la llamemos vieja, porque una ley del siglo XIX que sigue vigente en el siglo XXI lo que demuestra es que tenía una enorme capacidad de legislación. Pero, señorías, hay una diferencia que yo les quiero matizar: si yo hubiese sido ministro en el siglo XIX, no les habría traído este proyecto de ley; les habría traído, como hacían los ministros en el siglo XIX, un proyecto de ley de bases para que las Cámaras fijasen las bases sobre las cuales después la Comisión General de Codificación elaboraba un texto definitivo que, posteriormente, por decreto legislativo era aprobado aquí. Esta previsión está prevista en nuestra Constitución, pero yo sé que sus señorías, por mucho que el proyecto sea de carácter técnico, me hubiesen reprochado, y con razón, hurtar el debate de la Cámara al articulado. Asumimos, por lo tanto, la responsabilidad de debatir no solamente los grandes principios sino artículo por artículo. Creo que eso nos obliga a todos y estoy convencido de que estaremos a la altura de lo que hacían los legisladores del siglo XIX.

Gracias, Unión Progreso y Democracia. Estoy absolutamente convencido de que con el espíritu que ha manifestado y con sus aportaciones el texto se enriquecerá. Y solamente una matización para no apuntarnos medallas que no nos corresponden. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Hablaba usted de la erudición. La erudición es derivada de mi obligación de presentar este proyecto aquí. Le puedo asegurar que antes de presentarlo en Consejo de Ministros mis conocimientos de derecho marítimo se limitaban a los cinco temas que estudié en mi oposición para la entrada en la Escuela Judicial. Una vez estudiado, le tengo que decir -y coincido con esa pasión que ha intentado desde el principio de legislatura inculcarme el señor Segura- que es uno de los temas más apasionantes y probablemente más desconocidos por la opinión pública por la importancia que tiene directamente para España. Desde el reconocimiento absoluto de lo que ha sido no solamente en esta materia, pero especialmente en ella, la aportación de los juristas catalanes, de la regulación del mar, del Mediterráneo, de esos usos del mar; ese derecho que también tuvimos nosotros ocasión de aprender en nuestra época universitaria, quizás con menos pasión y menos intensidad que quienes tuvieron la suerte de estudiar en universidades de Barcelona, pero que en todo caso tuvo la enorme transcendencia de que sin que en ese momento ni Cataluña, ni Aragón, ni España tuviesen capacidad de imponerlo a otros países, esos otros países lo adoptaron, y lo adoptaron por la calidad del trabajo que se había hecho. Y fue un primer momento en el que, sin firmar convenios internacionales, no solamente los buques sino las propias autoridades portuarias de esos otros espacios mediterráneos que tenían su soberanía propia, sin embargo, asumieron esa legislación catalana, aragonesa como consecuencia de la calidad de la misma. Ese es un homenaje del que todos nos tenemos que sentir absolutamente orgullosos.

Antes del agradecimiento a mi grupo parlamentario, señor Segura, le tengo que decir dos cosas. En primer lugar, para no guardar secretos a la Cámara, es verdad que yo tengo este reportaje sobre un buque impresionante; yo no sé si exagero, porque usted sabe más que yo de esto, pero creo que podríamos decir que es capaz de transportar en un solo flete hoy todo lo que, cuando se aprobó el Código Mercantil hace dos siglos, en el siglo XIX, transportaban todos los buques que operaban en el territorio español; esa es la transformación, 18.000 contenedores. Y esto está sometido a una regulación que, insisto, sumaba la de todos los buques de España cuando se aprobó esa ley. Eso es lo que nos obliga. Pero decía, para no ponerme tampoco ninguna medalla, que es verdad que yo tengo este documento, pero lo tengo porque usted me ha invitado a que lo tenga y me aconsejó que me lo estudiase antes de este debate, cosa que desde luego he hecho. Solamente quiero decirle que cuando habla usted de ley general, el término ley general no tiene consecuencias jurídicas. En la regulación en nuestra Constitución de los distintos tipos


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de leyes, como usted sabe, están las leyes de bases, están las leyes ordinarias, están las leyes orgánicas; la ley general, como tal, no lo tiene. Si con ese apellido de carácter no jurídico vinculante entiende su señoría que somos capaces de mejorar el proyecto, no tenga ninguna duda de que estamos absolutamente dispuestos a estudiarlo. Y desde luego con relación a su última afirmación de que se siente usted coautor, séalo, seámoslo todos. Dicen que Napoleón dijo que la victoria tiene cien padres y la derrota es huérfana. No sé si lo dijo Napoleón, pero probablemente en la vida política esto sabemos que es cierto. Si esto es una victoria, ni siquiera el Grupo Parlamentario Popular, cuya intervención, ayuda y apoyo agradezco de forma extraordinaria, ni desde luego el Gobierno, pretenden tenerla en exclusiva, porque no lo es históricamente y porque es un trabajo de todos. Por lo tanto, compartámosla ya, pero lo más importante, al margen de la paternidad, es que esto efectivamente sea una victoria.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS Y SE CREA EL CONSEJO AGRARIO. (Número de expediente 121/000075).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al siguiente punto del orden del día: Debate de totalidad del proyecto de ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el consejo agrario. Para su presentación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Muchas gracias, señora presidenta.

Comparezco hoy ante esta Cámara para presentar el proyecto de ley aprobado por el Gobierno por el que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y por el que se crea el consejo agrario. Se trata de una de las iniciativas que me comprometí a impulsar cuando tuve ocasión de exponer las reformas estructurales que pondríamos en marcha en el ámbito agrario en esta legislatura; iniciativas dirigidas todas ellas a reforzar este sector, a defender sus intereses, a poner en valor su importante contribución a la economía en nuestro país y a su vertebración territorial, social y cultural. En este marco de trabajo, señorías, las organizaciones profesionales agrarias desempeñan un papel de enorme relevancia a la hora de trasladar al Gobierno las preocupaciones y necesidades de los agricultores, ganaderos y silvicultores, y de ejercer la defensa de sus intereses generales. Son ellas quienes, en representación del conjunto del ámbito agrario español, deben asumir la interlocución con los responsables de la Administración General del Estado, a fin de garantizar la mayor transparencia y eficacia en la ejecución de las políticas públicas. El Gobierno, este Gobierno, reconoce la transcendencia y el valor de la función de estas organizaciones. Prueba de ello son las más de cien reuniones mantenidas hasta la fecha con los altos cargos del departamento, incluidas las siete convocatorias del comité asesor que se creó en la pasada legislatura, pero que este Gobierno reunió por primera vez. Por ello resulta imprescindible potenciar los mecanismos de interlocución con las organizaciones profesionales agrarias, para que quienes ejerzan la representación de todos los que desarrollan una actividad agrícola y ganadera lo hagan con la legitimidad necesaria y se puedan cumplir los principios de transparencia y de participación propios de una administración democrática consolidada. Esta es precisamente la finalidad del proyecto de ley aprobado por el Gobierno que es pionero en la materia. Es la primera vez que se regula un procedimiento para medir la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias de manera directa en el ámbito nacional. No existe ningún precedente en este sentido. Lo que se ha venido regulando hasta ahora, tanto en el ámbito nacional como en el autonómico, han sido procesos para elegir representantes, personas físicas en diferentes órganos, ya sean cámaras agrarias u otros órganos regionales. Y a partir de los resultados obtenidos en esas elecciones, es decir, de manera indirecta y sin seguir criterios ni claros ni homogéneos, se ha decidido cuáles eran las organizaciones agrarias más representativas.

En este punto, permítanme aclarar, señorías, que lo que pretendo regular en el proyecto de ley que someto a esta Cámara no es un proceso electoral propiamente dicho, sino una consulta a efectos de conocer el peso representativo real de cada organización profesional mediante un proceso igualitario y


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transparente. En el caso de un proceso electoral ordinario, una vez obtenidos los resultados, los sujetos, que son elegidos de forma individual e intransferible, ostentan la representación del conjunto del cuerpo de ciudadanos, que no de los electores ni de determinados votantes o territorios. Es decir, las elecciones ordinarias configuran sujetos a los que por delegación se otorga potestad para llevar a la práctica la voluntad general.

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, ni existen sujetos investidos de tal poder -se eligen candidaturas y los sujetos que las ejercen en cada concreta reunión pueden cambiar-, ni tampoco existe representación de cuerpo electoral alguno, ni tampoco hay atribución de competencias generales en virtud de una voluntad colectiva. Lo que el proyecto de ley prevé, señorías, es la mera consulta a los miembros del sector sobre sus preferencias para que una u otra organización agraria, con una u otra cantidad de representantes, defienda determinadas posiciones sobre las políticas agrarias nacionales. Se trata, por lo tanto, de una vía indirecta de participación de estos ciudadanos por cauces institucionalizados en las competencias públicas, lo que no equivale a una concertación, que sería imposible cuando las competencias son irrenunciables, pero que sí supone potenciar la interlocución y la transparencia a la hora de impulsar las políticas del sector. Así, no cabe aquí aplicar una ley que regula un proceso electoral, como es la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, porque lo que pretendemos regular es una consulta y no un proceso electoral.

Como señalaba, esta es la primera vez que se regula una consulta para medir la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias. El repaso histórico en este ámbito se remonta a la creación de las cámaras agrarias en 1977 y a la regulación del proceso para elegir a sus representantes mediante el Real Decreto 320/1978, de 17 de febrero. No se reguló entonces, en el año 1977-1978, ni siquiera se mencionaba, la determinación de la representatividad de las organizaciones agrarias. Posteriormente, con la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, modificada por la Ley 23/1991, de 15 de octubre, y la Ley 37/1994, de 27 de diciembre, se establecieron las bases de régimen jurídico de las cámaras agrarias. Por primera vez se estableció entonces que, a partir de los resultados a cámaras agrarias, se determinaría la representatividad de las organizaciones profesionales. Así, desde 1994 las comunidades autónomas comenzaron a convocar elecciones para cubrir los órganos de gobierno en las cámaras provinciales y determinar después, indirectamente y en sus respectivos ámbitos territoriales, la representatividad de cada una de las organizaciones profesionales. La Ley 18/2005 derogó la regulación de 1986, quedando las cámaras agrarias sujetas a la libre regulación autonómica, de forma que en algunos casos, incluso, se disolvieron. Es el caso del País Vasco, la Comunidad Valenciana, Canarias, Murcia o Andalucía. Y, por último, se aprobó la Ley 10/2009, de 20 de octubre, de creación de órganos consultivos del Estado y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias. Esta ley de 2009, actualmente en vigor, determina la representatividad, una vez más, de forma indirecta, y establece para ello dos procedimientos. El primero, basado en el reconocimiento como organizaciones profesionales agrarias más representativas de aquellas que hubieran obtenido, al menos, el 15 % de los votos emitidos en el conjunto de procesos electorales realizados por las comunidades autónomas, habiendo concurrido, como mínimo, en nueve de ellas. Y el segundo, atribuyendo el mismo estatus a las que hubieran sido declaradas más representativas en diez o más comunidades autónomas.

Pues bien, lo cierto es que este modelo no permite obtener datos fiables sobre la realidad de las organizaciones profesionales agrarias. En efecto, cuando las elecciones no se celebran simultáneamente o, incluso, simplemente no se celebran ni se aplican criterios homogéneos en las distintas comunidades, cuando varían los censos de una comunidad a otra y no son siempre lo suficientemente amplios, sencillamente, no es posible medir la representatividad real de estas organizaciones ni, por lo tanto, establecer una interlocución ajustada en la que tenga voz el conjunto de las explotaciones agrarias españolas.

En definitiva, en la situación actual la representatividad de una organización profesional agraria ha de decidirse sobre la base de datos de las elecciones a cámaras agrarias celebradas en once comunidades autónomas y entre 1999 y 2008. Es decir, a partir de datos, en primer lugar, incompletos y, en segundo lugar, totalmente obsoletos. Porque, aunque la mayoría de las legislaciones autonómicas prevén la convocatoria de procesos electorales cada cuatro años, tan solo tres comunidades autónomas, Castilla y León, Cataluña y Madrid, lo han hecho con regularidad; la última vez, en 2012, 2011 y 2008, respectivamente. Otras ocho, entre ellas, Aragón, Asturias, Cantabria, Extremadura, Galicia, La Rioja, Navarra y Murcia, no las convocan desde el año 2002. Y hay incluso seis, y algunas de tanta importancia productiva agraria como Andalucía o la Comunidad Valenciana, en las que no se han celebrado elecciones


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a cámaras agrarias desde 1978. De hecho, si tenemos en cuenta las cifras del censo agrario de 2009 de agricultores en cada comunidad autónoma, hay cerca de un 50 % de quienes ejercen la actividad agraria que desde 1978 no han tenido siquiera la oportunidad de votar a la organización agraria que desean que los represente. Es decir, señorías, en el modelo actual las comunidades miden la representatividad de su territorio cuando lo estiman oportuno y así lo deciden, ya sea por elecciones a cámaras agrarias -que, donde aún existen, no tienen desde hace años un funcionamiento acorde con el dinamismo de la actividad agraria- o por otro tipo de baremo. Pero no existen los requisitos necesarios para medir la representatividad en el ámbito estatal. Así, el Estado no tiene conocimiento, hoy por hoy, de cuál es la representatividad de estas organizaciones en el territorio nacional. Y, sin ese conocimiento, no se puede establecer una interlocución adecuada que garantice que el sector agrario tiene la participación y el poder de influencia que le corresponden.

A falta de criterios objetivos, se ha otorgado convencionalmente una representatividad a partes iguales entre las organizaciones de ámbito nacional, pero se trata de una medida que no soluciona el problema. Hay que recordar que en España las organizaciones profesionales agrarias, a diferencia de otros sectores económicos, nunca han estado de acuerdo en la amplitud representativa de la que gozan en el ámbito estatal, reclamando alguna de ellas la puesta en marcha de mecanismos que permitan una medición ajustada a la realidad.

Por todo ello, señorías, es necesario este proyecto de ley, que establece, por fin, un procedimiento de consulta directa y simultánea en todo el territorio nacional, basado en principios de transparencia y objetividad, con criterios comunes en toda España y garantía de convocatoria periódica cada cinco años por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La consulta se verificará mediante voto personal, directo y secreto, de forma presencial en las mesas o mediante voto por correo. Habrá mesas de consulta en cada capital de provincia y tantas otras como sean necesarias, en función del censo de la demarcación provincial, y en ningún caso abarcarán más de 1.400 electores para garantizar un fácil acceso en todo el territorio.

Como principio básico del proyecto, cabe destacar la ampliación del censo de votantes a todos los profesionales de la agricultura. Serán electores las personas físicas y jurídicas que, dedicándose a la agricultura, la ganadería o la silvicultura como actividad económica habitual, estén inscritas en él por igual para toda España. Se trata, por tanto, de reforzar la legitimidad del resultado, evitando exclusiones de la participación en la consulta. Es más, se publicará el censo, que podrá subsanarse en su caso, para contar con las máximas garantías de imparcialidad y rigor. En cuanto a las candidaturas, serán publicadas en la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al igual que la ubicación de las mesas y las localidades que agrupará cada mesa.

Concluido el proceso, los resultados implicarán el reconocimiento de organización representativa a toda organización profesional que obtenga votos en el proceso, independientemente del número obtenido. En cuanto a las más representativas, serán las que obtengan, al menos, un 15 % de los votos válidos emitidos en la consulta en todo el Estado y, además, en seis comunidades autónomas, al menos un 5 % de los votos válidos emitidos en la consulta en cada una de ellas. Esta consideración de más representativas otorgará a las organizaciones que la obtengan participación en el consejo agrario, que sustituye al antiguo Comité Asesor Agrario como órgano colegiado de carácter consultivo adscrito al ministerio y cuya finalidad es asesorar a la Administración General del Estado en las cuestiones de interés agrario y rural. La representación de las organizaciones profesionales en este consejo, con un total de diez puestos, será proporcional a los resultados obtenidos en la consulta. Así, el statu quo del actual Comité Asesor Agrario, en el que tres organizaciones profesionales participan de manera paritaria sin criterio objetivo alguno que lo sustente, dará paso a una composición del nuevo consejo ajustada a la representatividad real de las mismas para la defensa de los intereses de las explotaciones agrarias españolas.

Igualmente, se rompe con la paridad entre la Administración y representantes de las organizaciones, que es impropia de un órgano consultivo en el que debe prevalecer la opinión de los consultados, con independencia de la decisión que adopte quien realiza la consulta. Los consejeros deberán estar afiliados a la organización que representen y figurar en el censo como electores. Además, se prevé un equilibrio en la participación de hombres y mujeres, de manera que ningún sexo esté representado en proporción menor a la tercera parte de los consejeros.

Concretamente, las funciones del consejo serán informar los proyectos normativos en materia de agricultura y desarrollo rural; informar sobre las medidas de política agrícola común y estatal y sobre la evolución de la situación social y económica del sector agrario; formular recomendaciones para la adopción


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de medidas y efectuar sugerencias sobre políticas que puedan afectar a las condiciones socioeconómicas de los profesionales agrarios. Y se garantiza la celebración de al menos una reunión ordinaria del pleno cada seis meses, además de tantas como sean necesarias con carácter extraordinario, rompiendo así con la ausencia de reuniones del anterior comité asesor que se produjo hasta la llegada de este nuevo Gobierno.

En definitiva, el procedimiento que introduce el proyecto normativo que hoy presento permitirá conocer el peso real representativo de las organizaciones profesionales estatales y, en consonancia con ello, establecer una compensación adecuada para el consejo agrario, cuya labor consultiva y de representación es imprescindible, y ello, con independencia de la representatividad en el ámbito autonómico de cada organización y, por supuesto, del modo de proceder de cada comunidad autónoma en el ejercicio de sus competencias. Porque, en efecto, la consulta regulada en el proyecto de ley se refiere a organizaciones profesionales agrarias de ámbito nacional. Habida cuenta de que el proceso se desarrollará simultáneamente en todo el territorio del Estado y puesto que la Administración General del Estado es la interlocutora del consejo que se crea, no cabe otra opción normativa. No obstante, las organizaciones de base local, provincial o regional podrán participar en los órganos autonómicos y, en la mayoría de los casos, en las organizaciones nacionales en las que se integren.

Por último, el proyecto de ley establece que la representatividad obtenida por las organizaciones profesionales también será tenida en cuenta en la concesión de subvenciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para el desarrollo de actividades de representación y colaboración ante la Administración del Estado. El mismo criterio de organización representativa podrá ser considerado por otros departamentos para la modulación de ayudas públicas, e igualmente el uso de los bienes inmuebles de la extinta Confederación Nacional de Cámaras Agrarias se establecerá en función de dicha representatividad. Además, el proyecto prevé realizar un estudio sobre la conveniencia de promover una consulta para determinar la representatividad de las organizaciones de mujeres rurales, para considerar de manera más precisa sus intereses y necesidades.

En definitiva, señorías, con el proyecto de ley que acabo de presentar se articula un proceso democrático de determinación del peso representativo real de las organizaciones profesionales agrarias que permita establecer una interlocución ponderada con la Administración General del Estado en el seno del consejo agrario, interlocución que garantice la consideración de los intereses y necesidades de los agricultores y ganaderos en la formulación de las políticas y estrategias nacionales en beneficio del conjunto del sector agrario. Por ello, en nombre del Gobierno, pido el apoyo y respaldo de esta Cámara al proyecto de ley por el que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y por el que se crea el consejo agrario.

Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

Para la defensa de las enmiendas presentadas a este proyecto de ley, por el Grupo Mixto, iniciará las intervenciones la señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, voy a empezar a argumentar nuestras razones para presentar esta enmienda de devolución justamente por donde usted ha acabado. Lo hacemos, entre otras razones, señor ministro, porque somos conscientes de que, siguiendo la política recentralizadora del Gobierno, presenta un proyecto de ley en el que se excluyen aquellas entidades agrarias que no sean de carácter estatal, dejando fuera del proceso de elección a miles de agricultores y agricultoras que han optado por organizaciones, desde el punto de vista territorial, de ámbito inferior al Estado. Se impide así la representatividad de las organizaciones agrarias de las diferentes naciones del Estado, como es el caso de las existentes en Galicia, conculcando lo estipulado en la propia Constitución española, que recoge la singularidad y los derechos de los territorios denominados nacionalidades históricas.

El hecho de que estas organizaciones no se presenten en un mínimo de comunidades autónomas no debe ser razón para impedir su participación en los órganos de interlocución a nivel estatal. Por ese motivo, rechazamos que únicamente se establezca una única circunscripción electoral estatal, cuando consideramos que se debería implantar una circunscripción por cada comunidad autónoma. Tampoco podemos compartir que no se tenga en cuenta de manera prioritaria para otorgar la condición de elector o electora el factor de vinculación con el sector agrario, dados los fines del órgano que se debe crear. No se trata de circunscribirlo solo a la representación de todas las empresarias y empresarios agrarios,


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sino que se debe tener en cuenta a los trabajadores por cuenta propia del sector porque sus actividades agropecuarias son su medio básico de vida, además de que se han vinculado vital y profesionalmente al territorio.

De igual manera, para el BNG, señor ministro, la falta de unos principios que garanticen derechos fundamentales como la igualdad es muy relevante y no se debería obviar. Usted acaba de decir que un tercio será representación femenina. (El señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Arias Cañete, hace gestos negativos). ¿Dos tercios? Usted dijo un tercio. Señor ministro, nosotros entendemos que no puede ser menos de lo que está en este momento estipulado por ley en relación con la representación de géneros y, por lo tanto, no puede ser menos del 40 %.

Finalmente, señor ministro, dada la condición de trabajador o trabajadora por cuenta propia -situación de gran parte de los agricultores y agricultoras-, parece que lo adecuado sería que el reconocimiento de organizaciones agrarias se rija tanto por la Ley 11/1985, que regula las organizaciones sindicales, como por la Ley 19/1977, que regula las organizaciones empresariales, y no dejara, señor ministro, como hace esta ley, a las primeras fuera, porque la mayoría de los agricultores y agricultoras son trabajadores por cuenta propia...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: ... aunque estén en el régimen general de la Seguridad Social, pero no son empresarios, señor ministro.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández.

Señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.

Este es un proyecto de ley ampliamente deseado, y como valenciano lo entiendo porque los agricultores valencianos ya ni se acuerdan de la última vez que votaron. Es un proyecto de ley con el cual el ministro se comprometió en diversas ocasiones y que despertó muchas expectativas. A nuestro entender, una vez más las expectativas se ven defraudadas y esperamos sinceramente que se corrijan en la tramitación de la ley. El encabezamiento del título dice que es para regular el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones agrarias. ¿Y cómo se regula la representación? Con elecciones, entendemos. Lógico. Pues no se regula con elecciones, se regula con consulta; es decir, hay censos, hay votos, hay candidatura, hay escrutinio, hay electores, y se citan en el artículo 4 y en el 10, pero no hay elecciones, hay consulta. Y ahí está, a nuestro entender, uno de los déficits principales de este proyecto de ley. Esta consulta no tiene las mismas garantías que unas elecciones celebradas de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1985. ¿Cómo podrán los electores votar con responsabilidad si no se regulan ni la campaña, ni la publicidad, ni los actos de esta campaña, ni la utilización de los medios de comunicación, ni los gastos y las subvenciones electorales, ni las infracciones que se puedan cometer?

Entendemos que esta ley lo que permite es imponer diversas barreras. Una barrera es, por ejemplo, que haya una mesa por cada 1.400 electores, y justamente eso -y usted, señor ministro, lo sabe-, sobre todo en los territorios poco habitados, no facilitará la participación. No especifica que en cada isla tenga que haber una mesa electoral, con lo cual a veces algún agricultor tendría que desplazarse a otra isla para poder votar. Hay barreras también para las minorías cuando se pide que para determinadas organizaciones agrarias más representativas se exija un 15 % de los votos del conjunto del Estado y un 5 % en las seis comunidades autónomas, y también hay barreras en el censo cuando se imposibilita a las comunidades autónomas a tener los datos de las personas físicas que estén afiliadas a la Seguridad Social si quieren celebrar elecciones autonómicas.

En definitiva, esta es una ley que, a nuestro entender, no cumple con la finalidad señalada y que nace con muchas deficiencias y, por tanto, entendemos que debería retirarse y consensuarse. Anunciamos que, dado que previsiblemente rechazarán las enmiendas a la totalidad...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Termino. Última frase. Anunciamos también la presentación de enmiendas parciales que mejorarán el texto, porque, a nuestro juicio, es susceptible de una gran mejora.

Muchas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.

Por el mismo grupo, señora Ariztegui.

La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor ministro, hemos oído los objetivos maravillosos que se marca esta ley, pero, de verdad, ¿para qué es? Contamos con una ley que hace solo cuatro años se aprobó por la mayoría de esta Cámara y mediante ella once comunidades autónomas, entre ellas Nafarroa, han convocado elecciones agrarias con todas las garantías y sin ningún problema -bueno, al parecer solo para el ministerio, que no las asume-, y el que no las ha convocado es porque no ha querido, sobre todo porque no le interesa la representación que saldría, y ahí llamo la atención del PNV, porque en Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, a pesar de haberlo pedido -es una reivindicación histórica para nosotros-, nunca hemos tenido elecciones agrarias.

Pero, a lo que vamos, si existe ya un instrumento válido para medir la representatividad sindical mediante la suma de los resultados de las comunidades autónomas, asumido además por unanimidad por las tres organizaciones mayoritarias, ¿qué necesidad había de este proyecto de ley que nos habla de una supuesta consulta como algo menor, cuando en realidad son unas elecciones en toda regla pero sin las más mínimas garantías democráticas? Para Amaiur está claro que es otro paso en la recentralización, seguramente el caramelo envenenado, el regalito que nos deja Cañete en su despedida.

Euskal Herria cuenta con competencias exclusivas en materia agrícola, pero nuevamente, como con otras tantas leyes que ha promulgado, quieren instaurar un sistema absolutamente centralizado y uniforme. ¿Cómo quiere que entiendan estas votaciones nuestros baserritarras? Estamos ante una nueva intromisión absolutamente ilegal y un ataque directo a nuestra soberanía.

En segundo lugar, saltándose la Ley Electoral General y el derecho a la libertad sindical, jugando con la discrecionalidad y según su conveniencia política, pretenden ustedes debilitar todo lo posible la opción sindical que no es de su agrado, limitando el derecho a la participación de los agricultores y agricultoras. A la hora de componer el censo, incorporan criterios totalmente arbitrarios, incluso distorsionadores y discriminatorios, que no tienen nada que ver con la definición de agricultor o agricultora en activo precisamente aprobado en la conferencia sectorial no hace ni dos meses, por no hablar del freno que supone la mesa electoral por provincia o 1.400 habitantes. Es la mordaza de la falta de campaña, etcétera. Esta ley no garantiza en absoluto que sean profesionales en activo quienes voten y pone trabas claras al voto. Así, mediante este pucherazo, pueden ustedes constituir a su medida, a la carta, un consejo consultivo meramente informativo del que quedarían excluidas las funciones de negociación y concertación con los representantes del sector agrario, que serían sus principales funciones. Sí, señor ministro, más aún en este tiempo de continuas reformas agrarias, cambios y posibilidades tan relevantes que tiene el sector.

En tercer lugar, supone un paso atrás en cuanto al objetivo de la interlocución. Actualmente, el Comité Asesor Agrario posibilita el diálogo y la negociación y este nuevo consejo que se plantea viene casi vacío de funciones, solamente ha de ser informado, emitir informes, con presencia institucional limitada y no siendo vinculantes sus acuerdos. Entonces, ¿realmente para qué serviría? Es lo que pone, señor ministro. ¿Hacer como que votamos algunos y luego un paripé de órgano informativo solo para figurar? Pues no es válido. ¿Por qué no miran, por ejemplo, sin ir más lejos, a Francia, donde las organizaciones -cuya representatividad está medida, sí, democráticamente- cuentan con datos suficientes con antelación para, basándose en ellos, hacer las propuestas más convenientes? Así es como se trabaja con el sector. Respeten el derecho a la libertad sindical, respeten nuestra soberanía y retiren este proyecto. El campo y quienes allí trabajamos creemos que nos lo merecemos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ariztegui.

Por el Grupo Vasco, PNV, el señor Agirretxea.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.

Mi grupo ha presentado una enmienda a la totalidad, como otros cinco grupos. Por tanto, un primer aviso, señor ministro. Si cinco grupos presentan una enmienda a la totalidad, por lo menos es para tenerlo en cuenta, aunque cada uno seguramente lo haya hecho por motivos diferentes. Mi grupo ha presentado una enmienda a la totalidad principalmente por cuatro razones que luego explicaré, pero después de oír al ministro estoy convencido de que para el ministro este proyecto de ley es uno de sus mayores logros y


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es la forma en la cual él concibe que debe ser la agricultura, que debe ser el Estado agrario, y lo que él considera como territorio nacional y una cuestión unificada, etcétera, son aquellas cuestiones que le reafirman, y conociéndole un poco creo que es un criterio muy claro de que se ha plasmado su planteamiento de vertebración de Estado en este proyecto de ley. Precisamente por lo que él considera un logro, y es el ejemplo que decíamos de esta vertebración de Estado, etcétera, es por lo que a nosotros nos tendrá en frente. Precisamente los motivos por los cuales él considera que es un logro y que son los méritos de este proyecto de ley son aquellos por los que nosotros creemos que debemos presentar una enmienda a la totalidad. En el fondo, detrás de todo hay un concepto de Estado y de verticalidad del Estado. Es decir, considera que algunas comunidades autónomas pueden ser meros gestores o delegados de la función que el Gobierno central, es decir, el Estado -aunque ustedes son los que dicen que todos somos Estado-, debe ejercer. Por tanto, diferimos del criterio de base a la hora de plantear este proyecto de ley.

Voy, pues, a decir cuáles son los motivos por los que mi grupo ha presentado esta enmienda a la totalidad. El primero es el de concepto global, el que le he explicado. Pero haciendo una valoración del proyecto de ley, como decía, son cuatro los motivos principales. Con el argumento que dicen ustedes de que la situación normativa existente, constituida por la Ley 10/2009, de 20 octubre, de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias, dificulta la determinación de las organizaciones profesionales agrarias en el ámbito estatal, el Gobierno central plantea este proyecto de ley entendiendo que resulta necesario un cambio de modelo para fijar la determinación de las organizaciones profesionales agrarias en el ámbito del conjunto del Estado. El modelo propuesto en este proyecto es el que se deriva de la consideración de las organizaciones profesionales agrarias como asociaciones constituidas al amparo de los escasos contenidos dispositivos de la famosa Ley 19/1977, del 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical, que continúa todavía hoy en día en vigor. Así, la disposición derogatoria de la Ley Orgánica de Libertad Sindical derogó en el año 1997 todo lo que se opusiera a la ley orgánica, manteniendo únicamente vigente la regulación referida a las asociaciones profesionales, y en particular a las asociaciones profesionales cuya libertad de sindicación se reconoce a efectos de lo dispuesto en el artículo 281 de la Constitución y de los convenios internacionales suscritos por España.

El proyecto que usted ha presentado opta, en consecuencia, por un precepto preconstitucional para la determinación de las organizaciones profesionales agrarias, que, aunque se encuentre vigente y sea acorde con la Constitución, carece de fundamento constitucional expreso. En este contexto, el proyecto plantea un cambio de modelo en la elección de las organizaciones profesionales agrarias más representativas al pasar de uno en el que las comunidades autónomas ostentan un papel determinante en los procesos de elección a otro que ustedes definen por una consulta única en el conjunto del Estado. Ese es el quid de la cuestión, como más de un ponente va a añadir cuando suba a esta tribuna. Se pretende instaurar un sistema de carácter centralizado y uniforme -usted lo ha dicho y se siente orgulloso de que eso sea así-, en el que se elimina cualquier intervención de las comunidades autónomas, cuando usted sabe que estas ostentan competencia exclusiva en materia agraria, materia que, a fin de cuentas, es la que va a ser tratada en el seno del consejo agrario que crea la ley como resultado de lo que el Estado denomina una consulta de ámbito estatal.

El sistema para determinar la representación de las organizaciones profesionales agrarias que se recoge en este proyecto no es un auténtico proceso electoral revestido de las garantías inherentes a estos -como se ha citado en esta tribuna-, sino que se trata de una consulta a cuyos resultados se otorgan los mismos efectos que los de un proceso electoral, habida cuenta de que como consecuencia de dicha consulta se eligen las organizaciones profesionales agrarias más representativas, y a partir de ellas los representantes de dichas OPA en el consejo agrario. Por lo tanto, es una especie de vericueto, que empieza con una consulta y acaba teniendo los resultados como si hubiera sido un proceso electoral puro y duro. Ese es el primer bloque de crítica de mi grupo. El segundo tiene más relación con un tema puramente laboral, por el hecho de que las personas físicas electoras no respondan únicamente a quienes sean trabajadores agrarios afiliados a la Seguridad Social, sino que su concepto se extienda a quienes perciban pagos directos superiores a 3.000 euros o a los agricultores que declaren una renta procedente de actividades agrarias de un 25 % de su renta total. Usted sabe que eso resta carácter profesional al resultado del proceso al permitir que participen en la consulta quienes no tienen estrictamente un perfil profesional agrario y no dependen exclusivamente de la actividad agraria. Tercer bloque de crítica por nuestra parte. El Estado, para realizar este proyecto, se ampara en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución -el 149 que vale para todo; para la formulación de este proyecto de ley también-, considerando con ello


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que la regulación propuesta constituye materia propia de bases de régimen jurídico de las administraciones públicas. La innovación del artículo 149.1.18.ª resulta cuanto menos forzada. Lo que el texto del proyecto plantea no son las bases de un procedimiento administrativo específico, sino que se trata de un sistema de consulta que puede que participe en algunos casos de los elementos propios de un procedimiento administrativo, y que en otros casos lo haga en aspectos vinculados a un proceso electoral en el sentido estricto, con lo que la confusión resultante de esa intersección difícilmente puede encontrar su encaje en el famoso y citado artículo 149.1.18.ª Podría admitirse la validez de dicho fundamento competencial en el caso de que la representatividad se obtuviera, como se hacía en etapas anteriores, a través de las extintas cámaras agrarias, dada su condición de corporaciones vinculadas a las administraciones públicas que participan de la naturaleza de las administraciones públicas. Pero tratándose de organizaciones profesionales agrarias, el Estado no puede ampararse en el artículo 149.1.18.ª para dictar el presente proyecto de ley, como tampoco puede ampararse en título alguno relativo a la agricultura, porque en este ámbito las competencias pertenecen a las comunidades autónomas. En este sentido, la Comunidad Autónoma del País Vasco ha optado, en la Ley 17/2008, de 23 de diciembre de política agraria y alimentaria, por un sistema regularizado para fijar la representatividad de las organizaciones agrarias en sus relaciones con la administración competente, que se fundamenta en la configuración de las administraciones vascas como administraciones relacionales y de servicios hacia las personas físicas o jurídicas dedicadas a la agricultura, la ganadería, la explotación forestal y al sector agrario y alimentario en general, y en el que las organizaciones profesionales agrarias deben recoger en sus estatutos la función de representar y defender los intereses socioeconómicos de los agricultores con implantación al menos en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Ya que cito esto, señora Ariztegui, las preguntas al PNV en el Parlamento vasco; aquí, al Gobierno central.

Cuarta cuestión, que el proyecto tenga un ámbito estatal de actuaciones, sin que ello impida a las comunidades autónomas convocar procesos electorales para determinar la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias -disposición adicional tercera de este proyecto de ley-, lo que les viene otorgado por el régimen de distribución competencial vigente, como usted sabe perfectamente, no quiere decir que la consulta que se plantea en la ley y la consiguiente configuración del consejo agrario no puedan tener una posible incidencia en el ámbito competencial exclusivo autonómico en materia de agricultura. El objetivo final del proyecto, al medir la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias, es configurar un órgano consultivo estatal, el consejo agrario, adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que incluye entre sus funciones la de informar sobre los proyectos normativos del departamento en materia de agricultura y desarrollo rural o la de conocer e informar sobre las medidas de la Política Agraria Común y estatal que sean sometidas a su consideración, lo que en su caso puede implicar una afección directa en las competencias autonómicas.

La consulta que propone el proyecto de ley constituye una suerte de intervención estatal en el ámbito autonómico en el que pueden llevarse a cabo los procedimientos de selección de las organizaciones profesionales agrarias más representativas, de conformidad con la correspondiente normativa autonómica. Estas organizaciones profesionales de ámbito autonómico, si se aprueba esta ley, se verán difuminadas o infravaloradas en su propio ámbito de actuaciones al verse concernidas por una consulta única y centralizada que pretende desarrollarse también en ese mismo ámbito territorial de forma paralela y a modo de intromisión en un contexto más amplio y uniformizado que plantea el proyecto de ley. Por todo ello, por estas cuatro razones fundamentales, mi grupo no aprecia la necesidad objetiva de dictar una norma con rango de ley en los términos en los que se encuentra redactado el presente proyecto. Teniendo en cuenta las dudas que suscita desde la perspectiva de su posible afección a las competencias autonómicas en materia de agricultura, así como su articulación expresa sobre la base de una ley preconstitucional, creemos, consideramos y pedimos que se retire este proyecto de ley y por eso presentamos esta enmienda a la totalidad.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Centella.

El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, gracias por su explicación. No sé si realmente será esta su última comparecencia como ministro o todavía nos veremos más en esta tarea. No sé tampoco si usted está hoy más pendiente


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del dedo que le señale como candidato o de su todavía papel como ministro; en todo caso, yo le deseo buena suerte en ambas funciones, toda aquella que usted se pueda merecer.

Hoy el Partido Popular, desde esta tribuna, nos ha puesto sobre la mesa su idea sobre cuál es su proyecto de democracia. Hace unas horas nos ha dicho que lo importante de un Parlamento no es que sus miembros representemos fielmente al electorado, sino que quien gane unas elecciones o quien saque un voto más que otro pueda gobernar aunque sea con un 30 % y haya un 60 % del electorado en contra. Esa es su idea de democracia, no que los que estemos aquí representemos fielmente a los electores, a aquellos que representan la mayoría real de un cuerpo electoral, y que tampoco da igual que sean tres o trescientos...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Centella, está usted en un debate con el ministro de Agricultura, no respecto de las intervenciones anteriores. Le ruego que sea un poquitín más fino a la hora de plantearlo para no tener que abrir un debate. (Rumores).

El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, usted entenderá que estamos hablando de democracia, de lo que es realmente la democracia, de lo que ustedes entienden por democracia y de lo que otros podemos entender. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia). Ustedes tenían esa idea hace unas horas explicada aquí y ahora dan un paso más. Ustedes nos dicen que para qué elecciones; hagamos consultas. Esa es también su idea de democracia; para qué convocar elecciones, hagamos simplemente consultas y de esa manera sabremos realmente lo que opina de una forma, eso sí, testimonial el cuerpo electoral. Digo testimonial porque luego esa consulta no tendrá validez a la hora de elegir un órgano realmente ejecutivo.

Usted, señor ministro, ha subido a esta tribuna y nos ha hablado de que tiene especial interés en medir la representatividad. Usted nos ha dicho que ese es el objetivo fundamental de la consulta, y lo plantea como una vía indirecta -creo haberle escuchado- de participación, pero no nos ha explicado por qué no hace realmente unas elecciones. Nuestro grupo estaría encantado de haber contribuido a una ley que marcase la representatividad en el mundo rural en lo que se refiere a las organizaciones de agricultores. Pero lo que usted nos presenta aquí no es eso, señor ministro, sino algo muy diferente, que puede ser su idea de democracia pero que no es la idea de una democracia real. Usted ha defendido esa necesidad de que haya transparencia -lo ha dicho textualmente-, pero no hay candidatos. Usted ha hablado de objetividad, pero hay un voto por correo que no puede regularse como ustedes lo regulan. El voto por correo debe tener unas condiciones de regulación con arreglo a todas las garantías para que se asegure que sea personal, que sea secreto y que sea directo, es decir, que sea libremente ejercido. ¿Le suena, señor ministro? ¿Le suena, señora presidenta? Eso es hablar de democracia. Porque lo que está en juego en estos momentos no es solamente un proyecto de ley, sino el propio concepto de democracia que ustedes están vaciando cada vez más de contenido.

Usted nos habla del fácil acceso a las mesas y plantan una cifra que si la aplicásemos en cualquier consulta electoral, usted, como yo, sabría el resultado. Habla usted de un cuerpo electoral distribuido y de 1.400 electores. ¿Sabe usted qué ocurriría si aplicásemos algo similar a las elecciones europeas, esas en las que ustedes y nosotros vamos a estar dentro de unas semanas? Que el porcentaje de votación sería realmente ridículo y por tanto no sería democrático. Para que un proceso sea democrático tiene que cumplir unas características que tanto ustedes como nosotros sabemos.

Usted, señor ministro, ha venido hoy aquí a explicar, a plantearnos un proyecto de ley que no cumple ninguno de los objetivos que usted mismo ha planteado aquí y con los que nosotros podríamos estar de acuerdo, pero cuando pasamos a la letra, al texto, ahí estamos completamente diferenciados y por eso traemos una propuesta de enmienda a la totalidad. Ustedes nos dicen que tiene como objetivo regular un procedimiento, pero luego nos hablan de una consulta; algo que no tiene precedentes, al menos en lo que nosotros podamos entender, y eso usted no lo ha explicado. Usted tendría que explicar por qué una consulta y no unas elecciones, que sería lo normal y además lo correcto.

Este proyecto no ofrece garantías democráticas de participación para los profesionales del campo ni otorga al consejo agrario competencias que entendemos básicas para un proceso, como usted ha dicho, que se traslade al Gobierno y que se defiendan los intereses del sector. Con este consejo, ni una cosa ni la otra. Un consejo consultivo. Estamos volviendo a siglos pasados, donde el Gobierno escucha, consulta, pero no hay participación real ni ejercicio de esa defensa de los derechos con unas mínimas competencias. Por eso lo que ustedes nos presentan aquí, permítame que se lo diga, es una verdadera chapuza. En cuanto a voto por correo, en cuanto a mesas electorales, en cuanto a la legitimidad


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democrática es una verdadera chapuza, por eso nosotros, que estamos de acuerdo en que se haga una ley, en que se haga un proceso electoral, no podemos asumir lo que ustedes nos plantean porque lo llaman consulta y tiene solamente un objetivo, señor ministro. Nosotros solamente le podemos ver un objetivo a toda esta -permítame la expresión- chapuza: la discrecionalidad. Con este mecanismo, ustedes tienen la sartén por el mango a la hora de determinar el proceso y por lo tanto los resultados, porque ustedes, como nosotros, saben que quien determina el proceso también determina los resultados. Ustedes quieren una foto fija; pero quieren su foto fija, no quieren la realidad, que es lo que cualquier Parlamento debe representar, la realidad. Cualquier proceso debe representar la realidad. Usted sabe que lo que va a salir de esa consulta no es la realidad porque no va a haber la participación adecuada ni va a haber transparencia ni va a haber ni mucho menos la libertad y la objetividad de las que usted aquí nos ha hablado. Este proceso, repito, no tiene garantías; no tiene tampoco esa posibilidad de que pueda incorporar criterios objetivos de participación, criterios objetivos que realmente respondan a lo que debe ser el Consejo, que es la representación real de las organizaciones. Usted nos dice: ¿para qué va a haber candidatos? ¿Usted se imagina unas elecciones a Cortes Generales o a ayuntamientos donde no haya candidatos? Pero, claro, usted dice: es que no son unas elecciones, es una consulta. Evidentemente, ahí está la discrecionalidad. Es algo que no tiene explicación, no tiene defensa ni justificación, porque en ningún otro ámbito, ni en el sindical ni en el político, se presenta de esta manera.

Usted plantea también que esta consulta tiene consecuencias porque no solamente es una consulta que le podemos encargar a cualquier empresa demoscópica, luego tiene consecuencias. Tiene consecuencias legales y reales, tiene lo que podrían ser las consecuencias de unas elecciones, por tanto ustedes nos hacen trampas. Nos dicen: es una consulta y por tanto no hay garantías, no hay una regulación electoral, sino que la hacemos como a nosotros nos parece porque lo que queremos es consultar. Pero luego esa consulta sí tiene una plasmación, sí tiene una concreción a la hora de repartir, a la hora de determinar ciertos elementos que son -como usted y yo sabemos- muy importantes y que, por tanto, necesitarían de una elección, porque la cuestión es para nosotros de suma gravedad. No es solamente una chapuza, es realmente su concepto de democracia, es el concepto de democracia donde hay que poner la foto que nunca puede distorsionar lo que queremos; la realidad no importa, quién es realmente el cuerpo electoral no importa, lo importante es que la foto final corresponda a determinados intereses, que son los que ustedes quieren sacar adelante.

Ustedes han venido aquí a imponer un mecanismo de consulta que no va a resolver ninguno de los problemas, sino que los puede agravar. Con este mecanismo, si finalmente la foto no responde a la realidad, y no tiene por qué responder con este mecanismo, lo único que conseguiremos es que quien no se sienta representado tenga que escoger otra vía para que el ministerio o el Gobierno le escuche; vía totalmente democrática que a algunos les sirve en Ucrania pero que no les sirve en España, dicho sea de paso si la presidenta me lo permite y no me dice que me salgo de la cuestión.

Señor ministro, este proyecto que usted nos presenta no responde a sus objetivos. Si sus objetivos eran, como decía, medir la representatividad, vayamos a unas elecciones; si su objetivo era que hubiera un órgano para que defendiera los intereses, vayamos realmente a un consejo de competencia; si realmente queremos que la gente se sienta representada, que la gente vea que hemos avanzado en el siglo XXI hacia una democracia participativa, háganlo con todas las garantías jurídicas y legales. Es inaceptable que pueda haber personas físicas que no tengan actividad agraria real, que haya electores que sean personas físicas que no tengan actividad agraria real. Establecer el derecho de voto dependiendo de determinadas cuantías agrarias o ayudas comunitarias puede no solamente distorsionar el proceso electoral sino que nos lleva a otro tipo de democracia a la que hacíamos alusión hace unas horas, que es la democracia censitaria, que entendemos que hace siglos que estaba superada. Creemos que tampoco el censo es una cuestión homologable en cualquier consulta electoral, pero, claro, estamos en una consulta y no en unas elecciones -nos vuelve a decir-, por eso evidentemente es discrecional. Ese es el sentido que ustedes le quieren dar a esta consulta. Usted puede explicarnos el por qué de la consulta con estos criterios; hubiese sido más fácil una ley mucho más concreta con un párrafo que dijese: nos remitimos a la Ley Electoral General. Esa ley que usted sabe que a nosotros nos parece estrecha, esa ley que usted sabe que a nosotros nos parece muy limitada, sin embargo, viendo su consulta, nos parece revolucionaria, nos parece algo inalcanzable en este sector. Este proyecto de ley no reconoce las funciones propias de las organizaciones profesionales agrarias, esas que usted ha dicho aquí que hay que defender, que hay que alentar, y a las que yo saludo ya que están en la tribuna escuchando este debate, porque no


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les reconoce ni la reivindicación ni la negociación en defensa de sus intereses, y eso es lo fundamental, que se le reconozca la negociación y la posibilidad de ejercer esa representatividad, que hay que regularla.

En suma, este proyecto de ley pretende una consulta trucada, una consulta chapucera, una consulta que no va a resolver el problema de quién representa a quién, sino que finalmente todos quedarán descontentos. Ustedes pueden considerar que los profesionales del sector son ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría, a los que solamente se les puede consultar, a los que no se les puede llamar a participar en unas elecciones normales, señor ministro, con las garantías reguladas por la Ley Electoral y tener órganos con competencias reales. Eso es simplemente reconocer a los profesionales del sector que son ciudadanos del siglo XXI con todos sus derechos y, evidentemente, con todas sus obligaciones. Por eso, en paralelo a esta enmienda de totalidad, vamos a presentar enmiendas parciales para intentar que al menos se pueda llegar a paliar en algo esta chapuza, esta barbaridad que ustedes pueden cometer, porque, repito, nosotros queremos que haya una ley, queremos que haya representatividad en las organizaciones profesionales del sector, queremos que la haya con todas las garantías y con toda la legalidad. Queremos que haya una ley, pero no la que ustedes nos traen aquí hoy. Por eso le pedimos que la retire, que podamos elaborar una ley que sea realmente la que se necesita y, si no, al menos vamos a intentar que en el trámite parlamentario quede claro dónde están ustedes y dónde estamos nosotros, que es en un concepto muy diferente de lo que es la democracia.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Centella.

Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Solsona.

El señor SOLSONA AIXALÀ: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, señoras y señores diputados, representantes de las organizaciones profesionales agrarias que hoy nos acompañan, nuestro grupo presenta una enmienda de totalidad a este proyecto de ley que tiene como principal objetivo celebrar una consulta para determinar la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias de carácter general y en el ámbito estatal. El objetivo del ministerio, por tanto, del ministro, es definir una interlocución clara ante la imposibilidad de definirla, porque la Ley 10/2009 consideran que es inaplicable y por eso deciden que se tiene que derogar. El actual proyecto de ley reconoce la incapacidad del Estado para hacer cumplir la vigente ley y en vez de articular mecanismos de modificación de la norma y exigir el cumplimiento decide derogarla y elaborar una ley nueva, que es la que estamos hoy debatiendo aquí.

En esta primera consideración, permítanme apuntar que solo dos comunidades autónomas han hecho los deberes, es decir, han hecho elecciones, que son Cataluña y Castilla y León. Después de las comparecencias del otro día de los representantes de las OPA, quedó sobradamente de manifiesto que no hay un consenso claro sobre la necesidad de la presente ley, pero en lo que sí que hay un consenso claro es en que si hay que hacer elecciones se hagan, pero siempre con las garantías democráticas y con los máximos mecanismos de estímulo a la participación. Dicha consulta, que se propone, se celebrará cada cinco años y servirá para determinar la composición del consejo agrario; un consejo agrario que es un órgano consultivo adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y cuya finalidad, se dice, es asesorar a la Administración General del Estado en las cuestiones de interés general agrario y rural, es decir, se articula un proceso de elecciones mediante consulta vinculante para elegir un órgano consultivo que carece de poder para poder incidir y decidir sobre lo que le conviene o no al sector. Señor ministro, para hacer un órgano consultivo no hace falta hacer una consulta vinculante; hay otros mecanismos. Eso sí, esta consulta vinculante medirá la representación y se tendrá en cuenta para conceder las ayudas que el ministerio pueda conceder y también para poder hacer el reparto patrimonial de los bienes inmuebles de la distinta confederación nacional de cámaras agrarias. Por cierto, otro punto que carece del mínimo consenso entre las OPA. Señor ministro, si esto es así, no es solo una mera consulta como usted ha dicho en su discurso.

Desde el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió compartimos la necesidad de dotar siempre al sector agrario de un mayor protagonismo en la vida pública, así como también en las diferentes tomas de decisiones que puedan afectar directamente al sector, pero no compartimos el procedimiento establecido para la determinación de esta representatividad. El principal aspecto que determina las discrepancias de nuestro grupo parlamentario respecto al procedimiento de la consulta es la regulación de un procedimiento para determinar mediante una consulta vinculante que carece, como hemos dicho ya todos los grupos, de regulación y garantías democráticas, como sí tendría si se regulase directamente con un proceso electoral,


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aplicando la normativa del régimen electoral general prevista para las elecciones generales, dotando al procedimiento, en este caso sí, de todas las garantías y posibilitando que las organizaciones profesionales agrarias, tanto de ámbito estatal como autonómico, puedan ser candidatas a obtener representación en el consejo agrario si obtienen el porcentaje de votos suficiente en su demarcación electoral.

Tal y como nos plantea la consulta en la presente ley, todo el mundo menos el Partido Popular coincide en que no hay las suficientes garantías democráticas, en que se fomenta más la abstención que la participación, que no se pone límites al gasto, que no se regula el voto por correo, que no se establecen los criterios de utilización de los censos; en definitiva, se articula una consulta con pocas mesas electorales, renegando del principio de facilidad y proximidad de acceso para poder ejercer el voto. Desde la perspectiva electoral del procedimiento que contiene este proyecto de ley, nosotros no podemos compartir el artículo 5, el cual exige que para determinar las organizaciones agrarias más representativas, estas deben obtener al menos un 15 % de los votos válidos en el conjunto del Estado y, además, un mínimo del 5 % de los votos en seis comunidades autónomas. En comparación con la normativa contemplada en la Loreg, que simplemente exige el 3 % de los votos de la provincia en los comicios generales del Congreso de los Diputados, por ejemplo, todo indica que los requisitos exigidos en el proyecto de ley se orientan más al objetivo de concentrar fuertemente esta representatividad que no a garantizar su pluralidad. Asimismo, si se define el ámbito de la consulta sobre la base de circunscripción única, no entendemos y no compartimos el hecho de establecer dos criterios diferentes para poder medir su representatividad, el 15 % y el 5 % en seis comunidades autónomas.

Otro elemento de discrepancia con el proyecto de ley lo configura la elaboración del censo y los requisitos que deben reunir las personas físicas y jurídicas para tener derecho a participar en la consulta. En un primer momento, el proyecto establece que tendrán derecho a participar en la consulta las personas físicas y jurídicas que, dedicándose a la agricultura, la ganadería o la selvicultura como actividad económica habitual, estén inscritas en el censo. Pero posteriormente también se contempla la participación de personas que no ejercen la actividad agraria de forma habitual como, por ejemplo, las que perciban pagos superiores a 3.000 euros del Feaga, ya que no tienen por qué recibir pagos la gente que trabaja la tierra. En cambio, por ejemplo, excluye una forma societaria muy extendida en Cataluña como pueden ser las SCP, las Sociedades Civiles Particulares. También nos preocupa enormemente la simultaneidad de la consulta propuesta por el Estado con los diferentes procesos electorales de las comunidades autónomas. Usted podría decir que esto sería un problema menor. Como solo se han hecho dos, solo tendríamos que simultanear con dos. A nosotros nos preocupa porque esto puede devaluar los procesos autonómicos y acarrear más costes a las organizaciones agrarias que concurren en ellos. Otro elemento clave para nuestro grupo es la actualización de los censos y su propia configuración y elaboración. De ahí que la norma presentada, que parte de la derogación de la Ley 10/2009, supone imposibilitar a las comunidades autónomas a obtener, con fines electorales, para medir la representatividad, los datos de las personas físicas que están afiliadas a la Seguridad Social por cuenta propia, como consecuencia de sus actividades agrarias, ya que la Tesorería de la Seguridad Social debe tener, en una disposición con rango de ley, esta obligación de facilitar a las comunidades autónomas dichos datos. En caso contrario, la legislación autonómica, por no ser competente, no puede obligar a la Tesorería de la Seguridad Social a facilitarlos. Esto, básicamente, ¿a qué nos podría conducir? Eso nos puede imposibilitar, hacer inviable la organización de procesos electorales en las comunidades autónomas. Por eso, pedimos la habilitación de las comunidades autónomas para recabar, de oficio, la colaboración de la Tesorería de la Seguridad Social, para poder obtener los datos de las personas físicas afiliadas a la Seguridad Social y el alta como trabajadores agrarios por cuenta propia en el régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos.

A modo de conclusión, teniendo en cuenta el carácter autonómico del Estado, resultaría más coherente en nuestra distribución competencial en materia agraria celebrar un proceso electoral similar al regulado en el régimen electoral general para las elecciones generales; es decir, elecciones simultáneas en todo el Estado, pudiendo participar organizaciones profesionales agrarias de ámbito estatal y autonómico teniendo representación en el consejo agrario. Aquellas organizaciones profesionales que alcancen un mayor apoyo electoral en cada demarcación electoral tendrían su representación. De establecerse este proceso electoral para la determinación de la representatividad muchas de las incoherencias de este proyecto de ley quedarían subsanadas.

Señor ministro, nosotros desde aquí le manifestamos nuestra predisposición para mejorar este proyecto de ley, que en dos semanas se aprobará en Comisión. Si no se resuelven las discrepancias y no


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se aceptan las enmiendas y sucede como con otras leyes de esta misma Comisión de Agricultura, en la que se pasa el rodillo sin aceptar ninguna enmienda, en dos semanas y un día generará con seguridad un nuevo problema. De todas maneras, ya le indico que nuestra predisposición es positiva. Hemos empezado también a hablar con el portavoz del Grupo Popular para intentar tener un punto de encuentro, si es posible.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Solsona.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Seara.

La señora SEARA SOBRADO: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, permítanme que en este debate tan masculino que estamos teniendo esta tarde, y después de darle la bienvenida a todas las organizaciones agrarias de este país, salude de manera particular a Montse Cortiñas, como "lideresa" que es de una organización agraria y que también nos acompaña hoy en este debate. Tampoco puedo empezar esta intervención -lo tienen que entender-, señor ministro, sin un recuerdo a los marineros que perdieron su vida -algunos, otros están desaparecidos- frente a las costas del Cantábrico. (Aplausos). Tampoco puedo, sin abandonar el mundo del mar, señor ministro -unos segundos más-, dejar pedirle directamente a usted que escuche a los marineros gallegos y asturianos de la flota de cerco; que los atienda, que los escuche y que no los aporreen, como hicieron el martes delante del Parlamento de Galicia. Nuestros marineros, señor ministro, no son unos vándalos; son padres y madres defendiendo el pan para sus hijos, y lo menos que merecen es ser escuchados y respetados como trabajadores heroicos que son.

No sé si será este su último debate en el Congreso. Algún compañero más hizo referencia a esta cuestión. Quizá sea su última ley. Todos los mentideros le sitúan a usted como el candidato del Partido Popular a las elecciones europeas. Siendo así, créame que le deseo suerte y buen viaje. Seguro que lo echaremos más de menos en esta Cámara que en el campo y en el mar; siendo así, también nos gustaría que cambiara de tocata. Sí, señor Cañete, que usted cambiara de tocata, que cambie el ritmo con el que llegó hace poco más de dos años; un ritmo sin consensos y sin acuerdos; un ritmo caótico, ruidoso, polémico, porque mire que le gustan a usted las polémicas. Está claro que con esta ley tampoco iba a ser menos, porque a usted le gustan los charcos. Se lo han dicho todos mis compañeros que han subido a esta tribuna: nadie reclamaba esta ley. La ley actual fue apoyada por la inmensa mayoría del sector; fue el sector el que se la propuso al Gobierno y además fue aprobada con un amplísimo consenso parlamentario. No veo al señor Llorens, pero él lo sabe bien. Hubo un amplísimo acuerdo parlamentario -acabo de verle, señor Llorens- para sacar adelante esta ley, y lo saben porque se pactó íntegramente. Fue una ley consensuada en términos sociales y políticos, pero de repente a usted le dio por abrir el melón; abrió el melón que le sitúa frente a las organizaciones agrarias más importantes de este país. Es verdad que dio alguna explicación y hoy ha dado alguna más, pero en la prensa estas últimas semanas también ha hecho alguna aclaración más. Esgrimió que el actual sistema no permite obtener datos fiables sobre la representatividad de las OPA. Señor ministro, si no le ha dado tiempo a comprobarlo. ¿Cómo es posible que haga una aseveración de este tipo, cuando no le ha dado tiempo a comprobarlo? Es sorprendente además que una ley que se promulga en octubre de 2009, con un reglamento -fíjense bien- que se dicta en junio de 2010 y cuyos efectos comienzan a producirse en febrero de 2011 sea cuestionada por el ministro en su primera comparecencia en sede parlamentaria el 2 de febrero de 2012.

Hace dos días hablando con una agricultora de mi tierra, gallega, me decía que nunca se habían sentido tan desprotegidos en el campo. Efectivamente esta agricultora gallega tenía toda la razón. Usted ha atacado al medio rural desde que llegó al ministerio y lo ha hecho por tierra, mar y aire. Nunca, señor Cañete, se ha despreciado tanto al campo; nunca unos presupuestos para la agricultura han sido tan raquíticos; nunca las leyes que usted ha promulgado han sido tan contestadas, en el hemiciclo y fuera de él, por los agentes sociales y profesionales afectados. ¿Qué sentido tienen las leyes si sus destinatarios están en profundo desacuerdo? ¿Qué sentido tiene una ley cuando su destinatario está en profundo desacuerdo? Los destinatarios de esta ley, señor Cañete, son las organizaciones que representan al medio rural. Estas han hablado alto y claro, y usted lo sabe bien. Escuchamos a las principales organizaciones agrarias de este país en las pasadas semanas en comparecencias parlamentarias en la Comisión de Agricultura y todas, menos una, mostraron un gran rechazo -algunas drástico, otras más solapado- a esta ley. Es un proyecto de ley del que por cierto apenas ha hablado con las organizaciones agrarias y del que nunca les dijo que iría al Consejo de Ministro en esos términos. Les enseñaba el


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borrador, pero no les decía que ese era el que iba a ir al Consejo de Ministro. ¿Por qué no han llevado el texto para que lo informe el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social? Es una cuestión que también nos debería responder en este debate. Seguro que conoce la palabra negociar; no tengo ninguna duda de que el señor Cañete conoce la palabra negociar, pero probablemente no sabe su significado. Hablar no siempre significa negociar, escuchar no siempre significa pactar. Por tanto, los trámites de audiencia con las organizaciones agrarias los ha debido de hacer usted con tapones en los oídos, porque es evidente que las demandas que le plantearon a usted han caído en saco roto. (El señor vicepresidente, Jané i Guasch, ocupa la Presidencia).

Hay otra cuestión que queríamos poner sobre la mesa. Desconocemos las razones de su precipitación para tramitar este texto, salvo por su conocida apetencia por el barullo político, señor Cañete. Si esa era su intención, lo va a lograr. Hará confrontar a las organizaciones agrarias en un momento de importantes reivindicaciones del sector. Sabe que intentará difuminar -algo logrará seguramente- su representatividad. Sabe que con esta ley y con este proceso se pueden debilitar, pueden perder fuerza; lo sabe usted perfectamente. ¿Eso es lo que quiere, señor Cañete? ¿Quiere usted debilitar a todas las organizaciones agrarias de este país? Cada una de ellas representa a diferentes sensibilidades y a distintos sectores e incluso algunas están implantadas en diferentes comunidades autónomas. En definitiva, ¿quiere usted debilitarlas? Usted quiere que se vote, pero no propone un proceso electoral sino una mera consulta; como en un juego de trileros, lo hace para sortear la Ley Electoral, que garantizaría un proceso justo y democrático. Una consulta, señor Cañete -y usted lo sabe bien-, no tiene nivel jurídico para asignar la representatividad del sector agrario, que debería estar amparada por un verdadero proceso electoral; amparada, señor Cañete, por la Ley Electoral. Por tanto, la cuestión es: si usted quiere elecciones, convoque elecciones, pero hágalas con todas las garantías que nos da la ley, con todas las garantías constitucionales, con las garantías de la Ley Electoral. Nosotros también estaríamos dispuestos a retirar esta enmienda a la totalidad si usted dice: convocamos elecciones, pero las convocamos con todas las garantías constitucionales. Eso es lo que debería hacer, y no este paripé que ha montado.

Nos parece una barbaridad que solo haya una mesa sectorial por provincia, y alguna otra -es verdad- con el límite de 1.400 votantes por mesa. Esta es la prueba evidente, señor Cañete, de que quien hizo esta ley no conoce el medio rural de nuestro país, la dispersión que hay en el medio rural de este país. Váyase a Castilla y León; seguro que ha ido 200 millones de veces, pero a lo mejor no ha ido con la gente adecuada. Véngase a Galicia; yo le enseño Ourense, le enseño la Limia y la Baixa Limia y le enseño cómo están las carreteras y cuál es la dispersión que tienen los agricultores en esa zona. Es imposible que alguien que conozca el medio rural presente esta ley en estos términos y plantee que la gente vote en los términos en los que lo acaba de hacer. Esto va a suponer que muchos agricultores que viven y trabajan en zonas más dispersas no podrán votar, será imposible que voten; por cierto -ya lo han dicho también-, votar a organizaciones agrarias. Va a ser la primera vez que va a haber unas elecciones -según usted son elecciones; nosotros creemos que son otra cosa- en las que no se va a votar a personas, se va a votar a organizaciones.

Por otro lado, alteran deliberadamente el censo para dar voz a los que no son profesionales. Lo sabe bien, porque lo dijo textualmente el secretario general de una organización agraria en la Comisión de Agricultura. Dijo, textualmente, que jamás -nunca en este país- se discutió sobre la evidencia de que quienes tenían que votar para determinar la representatividad de los agricultores y ganaderos eran los propios agricultores, agricultoras y ganaderos y ganaderas. Esto jamás se ha discutido, salvo ahora. Actualmente, de los 320.000 profesionales agrarios reales el proyecto de ley podría ampliar el censo hasta los 500.000 o 600.000. Algunos dirán que de dónde salen y por qué. Porque pretenden incluir -lo van a incluir si no lo cambiamos; si no lo remedia esta Cámara- a todos los que cobran más de 3.000 euros de la política agraria común, es decir, personas y empresas a las que basta con ser propietarias de las tierras, no tienen por qué ser profesionales. Por tanto, van a poder votar jubilados y jubiladas, no activos; podrá votar la Iglesia católica, que tiene muchas propiedades -vaya si va a poder, sí-; agencias inmobiliarias; empresarios y empresarias de otros sectores que reciban esas ayudas, como se ha dicho aquí (notarios, arquitectos, arquitectas, dentistas, maestros, etcétera). En fin, tenemos tierras, recibimos más de 3.000 euros de ayudas de la PAC y ya podemos votar. Ese es el criterio -que nadie se llame a engaño- que marca esta ley. Por otro lado, el sistema no impone límites al gasto electoral ni ningún sistema de control. Yo lo quería decir suavemente, pero sin duda alguna esto va a beneficiar a aquellas organizaciones con mayor apoyo político y económico.


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Para terminar, señor Cañete, me quiero referir al nuevo órgano consultivo que crean: el consejo agrario, que sustituye al Comité Asesor Agrario -aquí se lo han dicho todos y todas, apenas varía en sus funciones-. Con él se están cargando el Consejo Agroalimentario y están dejando sin voz curiosamente -porque los dejan votar, pero después los dejan sin voz- en ese consejo a un sector importante, el de la industria agroalimentaria. Estamos hablando de las cooperativas, pero también de los sindicatos que no son agrarios, de los sindicatos de clase, y también de las empresas agroalimentarias. Se van a quedar fuera, no tienen voz. Se han reunido con nosotros y nos lo han transmitido: se quedan fuera, se quedan sin interlocución. Por tanto, señor Cañete, nosotros le pedimos que le preste su mejor servicio a la agricultura y a la ganadería retirando este proyecto de ley. Anunciamos también que estamos en disposición de negociar, si la ley se mejora en los términos tal y como los hemos planteado aquí, enmiendas parciales, como no podía ser de otra forma.

Por lo demás, a usted quiero desearle buen viaje si es que hay viaje.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Gracias, señora Seara.

En el turno de fijación de posiciones en primer lugar por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero mostrar nuestro acuerdo en que este es un proyecto de ley necesario. Creemos que es necesario establecer cuál es la representatividad agraria a nivel de Estado. No estamos por rechazar este proyecto de ley, sino por que se debata aquí, en Pleno, y por presentar nuestras enmiendas. Quisiera hacer una pequeña aclaración respecto a cuál es nuestra posición en lo que se ha estado diciendo hasta ahora. Básicamente, no nos parece un proyecto recentralizador, como se ha dicho desde los partidos nacionalistas. Es necesario establecer un censo y saber quiénes son los agricultores y cómo están reunidos en todo el Estado; es lógico. Respecto a lo que decía Izquierda Unida, no estamos hablando de una mesa de negociación sindical en la industria agraria. Nos parece que debemos acercarnos al proyecto de ley de otra forma. En cuanto a lo que dicen PNV, Convergència i Unió y el Grupo Socialista -iba a decir casi sorprendentemente, aunque ya casi es mejor decir que no nos sorprende-, nos parece que lo que ellos proponen es una simple abdicación de lo que debe hacer y de las herramientas que debe tener el Estado. No estaremos tampoco en eso. Es cierto que unas elecciones que se celebraron hace dos años no pueden ser la herramienta que se utilice para saber cuál es la representatividad actual en el sector. Con ese baremo, trasladado a nuestra Cámara, nosotros no existiríamos como grupo parlamentario. Quisiera abundar en ese punto, porque con alguna de las otras cosas que también enmendaremos en su día nosotros tampoco podríamos estar aquí. Ese límite del 15 % nos parece absolutamente injusto. De eso hablaremos con las enmiendas en su día, porque no queremos nada distinto para los agricultores de lo que queremos para el resto de los españoles en esta Cámara, por ejemplo. Hablaremos también de cuál es esa definición de agricultor; lo hicimos ya en su día tanto en Comisión como en el Pleno cuando debatíamos sobre las ayudas de la PAC. Tenemos diferencias con el Gobierno, con el ministro Cañete en definir qué nivel de renta debe tener el agricultor. Existe una diferencia obvia entre un proceso electoral y una consulta; a veces es confusa pero es obvio decir que si el Gobierno quiere un censo debe pagarlo. Aquí enmendaremos también temas que tienen que ver con el número de mesas, con la participación, con la duración y los medios con que se realizarán las campañas electorales, con el voto por correo, etcétera. En esa dirección irán también nuestras enmiendas.

Hoy mi compañero Carlos Martínez Gorriarán hablaba igualmente de esto, de representatividad. La democracia hay que pagarla, señores del Grupo Popular. Si deciden hacer un proceso como este, háganlo bien, porque de lo contrario lo que estaremos haciendo será algo meramente estético, cosmético, y ahí no nos van a encontrar.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señor Cantó.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Serrano Calurano.

El señor SERRANO CALURANO: Gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar nosotros también nos solidarizamos con las familias de las víctimas del accidente marítimo acaecido en los días anteriores.


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Señora Seara, usted se ha equivocado de día o de interpelación, porque esto no iba de pesca. De todas maneras, aprovechando que el Guadiana pasa por aquí, le voy a decir una cosa. En pesca, con el Gobierno socialista lo único que había eran sanciones, recortes de cuota, prohibiciones de pesca. Ustedes ahora a lo que se dedican es a la convocatoria de manifestaciones. Me voy a referir a una noticia de ayer. Con Cañete, como usted dice -con el ministro Cañete-, lo que ha habido es un aumento en la cuota de caballa; hemos pasado de 15.700 toneladas a 28.473. Esa es la política del ministro Arias Cañete en pesca y no la que ustedes hicieron en su día. (Aplausos).

Centrándonos ya en lo que verdaderamente importa, en primer lugar, me pregunto qué estarían ustedes diciendo si esto fuera al revés, es decir, si ustedes hubiesen presentado esta ley y nosotros hubiésemos estado en la oposición y les hubiésemos presentado una enmienda a la totalidad. Ustedes estarían diciendo que el PP es alérgico a las urnas, que el PP no quiere la democracia en el sector agrario, que el PP no quiere que se aclare la representatividad del sector agrario, que el PP quiere impedir la libertad de elección de los agricultores, que el PP quiere silenciar a la mayoría del sector agrario, que el PP no quiere interlocutores válidos en el Estado. Eso es lo que ustedes estarían diciendo aquí si esto hubiese sido al revés, pero esto es como es. Nosotros estamos en el Gobierno por decisión de los ciudadanos, votados democráticamente, y ustedes están en la oposición por mal Gobierno, también democráticamente. (Aplausos). Eso es fundamental. Todo esto es lo que hubiésemos escuchado hoy.

Somos el Gobierno del Partido Popular los que queremos que se pronuncie en las urnas el sector agroganadero español, somos el Gobierno del Partido Popular los que queremos dar más legitimidad a las organizaciones agrarias, somos el Gobierno del Partido Popular los que queremos que se aclaren en las urnas cuáles son las organizaciones agrarias más representativas de verdad, somos el Gobierno del Partido Popular los que queremos que exista una verdadera democracia en el campo y somos el Gobierno del Partido Popular los que queremos que las organizaciones agrarias sean elegidas por los agricultores y los ganaderos democráticamente en las urnas. Eso es lo que queremos el Gobierno del Partido Popular y el Grupo Popular en este Congreso. Para eso ha hecho este Gobierno esta ley, para todo esto. Sí, se lo decimos a las organizaciones agrarias que están en la tribuna, a las cuales también les doy la bienvenida.

Esta ley lo único que pretende es dar más legitimidad a las organizaciones agrarias, que ya la tienen, pero queremos reforzar esa legitimidad en las instituciones del Estado; aclarar realmente quién ostenta esa representatividad y en qué grado; tener unos interlocutores válidos, elegidos democráticamente y a nivel nacional; esta es una ley que va a permitir que haya claridad en el sector agrario. Señorías, nosotros no podemos entender cómo ustedes presentan una enmienda a la totalidad a una ley que pretende aclarar cuál es esa legitimidad en el sector agrario. Ustedes se amparan en que la Ley 10/2009 ya recoge toda esta representatividad y en que está plenamente en vigor. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Esta ley fue aprobada por consenso, también por el Grupo Popular -también la aprobamos nosotros-, pero eso no quiere decir que sea eternamente válida y aplicable en estos momentos para decidir la representatividad del sector agrario; no lo es y ustedes lo saben perfectamente. Es una ley que era bienintencionada, no lo duda nadie -nosotros la apoyamos en su día-, pero ustedes saben, como nosotros, que se ha quedado totalmente obsoleta y es inaplicable -ahora se lo demostraré-, además de que es una ley totalmente incongruente. Aunque se haya hecho por consenso, todo no es para toda la vida.

Si me permiten, vamos a analizar la Ley 10/2009. Dice en su artículo 4.2 que, para ser más representativa a nivel nacional, hay que haber obtenido al menos el 15 % de los votos en el conjunto de los procesos electorales de las comunidades autónomas, habiendo concurrido como mínimo a nueve procesos. Pues bien, de las diecisiete comunidades autónomas españolas, solo en dos -se ha dicho aquí antes-, Castilla y León y Cataluña, se celebran procesos electorales simultáneamente y cuando toca. En el resto de comunidades autónomas, en las nueve siguientes (Navarra, La Rioja, Aragón, Cantabria, Galicia, Extremadura, Murcia, Asturias y Madrid), en algunas hace dieciséis años que se celebraron las primeras elecciones, y las únicas, y en la que menos hace ocho años que se celebraron las últimas elecciones. Repito, solo se han celebrado unas elecciones en estas nueve comunidades autónomas. En cinco comunidades autónomas (Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Valencia y Baleares) nunca se han celebrado unas elecciones al campo, nunca. ¿Cómo consideran ustedes que esto puede ser válido? El País Vasco, que es la que falta, determina su representatividad en función de la afiliación de las organizaciones agrarias. ¿Me pueden decir cómo es posible que nosotros apliquemos el 15 % a procesos electorales que en algunos casos se han desarrollado hace dieciséis años? ¿Nos quieren explicar cómo? En el 53 %, en nueve comunidades autónomas, no se han celebrado elecciones más que una vez, en


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algún caso hace dieciséis años, y en el otro 30 %, en cinco de ellas, nunca se han celebrado unas elecciones al campo. Si no se celebran elecciones, ya me dirán ustedes cómo se puede medir la representatividad de estas organizaciones agrarias en el sector agrario. Ya nos pueden decir ustedes cómo se puede hacer esta medición si no se celebran los procesos electorales en las distintas comunidades autónomas. Es que no se celebran. El otro método que contempla la Ley 10/2009 es: cuando sean reconocidas en al menos diez comunidades autónomas. Si no hay elecciones, ¿cómo se determina? Porque hicieron ustedes el Reglamento 822, que desarrolla la ley, en el real decreto. Dígannos cómo se determina esto. ¿Cómo es? ¿A dedo por el consejero de turno? ¿El consejero es el que dice quién tiene la representatividad en la comunidad autónoma o no? ¿Por el antojo del consejero o por designación divina? ¿Cómo se determina? ¿Qué organización? ¿Cómo lo hacemos? Dígannos cómo lo hacemos. Se puede dar perfectamente el siguiente caso, que en diez comunidades autónomas se antoje a los consejeros decir que una organización agraria es representativa, emitan el certificado de que lo es, se presente en el registro y diga: yo soy representativa, teniendo una oficina en cada pueblo o ninguna. Como la ley no lo regula y el reglamento tampoco, lo dejan al albur, ya nos dirán ustedes si esto es un procedimiento creíble -legal sí porque está aprobado por esta Cámara- para determinar la representatividad. Señorías de la oposición, yo creo que ustedes no consideran esto serio ni creíble. Estoy plenamente convencido de ello. Nosotros no derogamos la Ley 10/2009 por capricho, sino porque es imposible medir la representatividad del sector agrario. Es imposible tener unas organizaciones agrarias que hayan sido elegidas en una sola elección a nivel nacional y que representen al conjunto de los agricultores de nuestro país. Lo hacemos porque es total y absolutamente imposible determinar esa representatividad, así como por el bien de las organizaciones agrarias, para que tengan esa legitimidad aumentada de la que ahora disponen.

Respecto de lo dicho por ustedes en las diferentes intervenciones, el Bloque Nacionalista Galego habla de ley recentralizadora. Yo no entiendo que sea una ley recentralizadota; todo lo contrario. Ya me dirá usted dónde recentraliza. Si a las comunidades autónomas les deja hacer lo que quiera, es más, no hacen lo que deben a través de la ley, no recentraliza absolutamente nada. Dicen que impide que se presenten las OPA regionales. Pues claro, esto es una consulta nacional. Se pueden presentar cuando quieran federándose o integrándose en las organizaciones agrarias nacionales. Así se pueden presentar en sus distintos territorios. Dicen también que no está regulada por la Ley 5/1985. No es un proceso electoral, aunque ustedes se empeñen; es una consulta para determinar la representatividad de las organizaciones agrarias, simple y llanamente.

En cuanto a La Izquierda Plural, ustedes tienen un concepto extraño de la democracia. Nos dicen que esto es una chapuza. Es un concepto extraño de la democracia que vengan a decir que una consulta electoral es una chapuza cuando ustedes apoyan a un régimen como el de Cuba. Tienen ustedes un extraño concepto de lo que es la democracia de verdad. (Aplausos). Lo digo sinceramente, con todos mis respetos. (Rumores). Dicen ustedes que el medio más legítimo para medir la representatividad son las elecciones. Pues menos mal, porque presentan ustedes una enmienda a la totalidad a una ley que pretende hacer eso. No lo entendemos. Dicen ustedes que tengan derecho al voto las personas físicas con actividad agropecuaria y que se hallen vinculadas vital y profesionalmente al territorio. ¿Qué ocurre, que las empresas y las entidades jurídicas no están vitalmente en el territorio? ¿Estas no se juegan su dinero? ¿Estas no potencian la actividad agraria? ¿Estas no generan riqueza? ¿Estas no generan empleo? Por favor.

El Partido Nacionalista Vasco se remite estrictamente a temas competenciales...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Serrano, tiene que ir terminando.

El señor SERRANO CALURANO: Voy terminando, señora presidenta.

No interfiere en las comunidades autónomas absolutamente para nada, ustedes pueden regular las elecciones que estimen convenientes. Convergència i Unió no comparte lo del 15 % y habla del 3, repito, no son unas elecciones generales, es una consulta para determinar la representatividad. En cuanto al Grupo Socialista, que durante dos años después de aprobar esta ley ni siquiera han convocado ni al consejo ni al comité que ustedes regularon en esta ley, que diga que hay falta de negociación después de tres borradores enviados a las organizaciones agrarias y a las comunidades autónomas, después de cuatro rondas de negociaciones con ellos, ¿cómo pretenden decir que hay falta de negociación? ¿Qué intereses nos mueven? Simplemente nos mueven los intereses de dar más legitimidad al sector agrario y a las organizaciones agrarias. Tienen ustedes objeciones al censo, como siempre la demagogia barata que ustedes usan con la Iglesia católica, con los notarios, con los agentes inmobiliarios. Saben ustedes


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que eso no es cierto y, además, habrá que abrir la participación a todos aquellos que generan riqueza en las zonas rurales, que se juegan su dinero en las empresas agrarias, que generan riqueza y que crean empleo y que, al mismo tiempo, eso de lo que usted se llena la boca, que fijan la población en el territorio, en las zonas rurales. Habrá que darles voz, que sean ellos los que elijan a las organizaciones agrarias que quieren representarlos.

Señorías, para terminar, a UPyD le agradecemos su aportación.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Serrano, tiene que finalizar ya.

El señor SERRANO CALURANO: Termino ya.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno hacemos una ley para medir la representatividad del sector agrario y a eso les invitamos, a que participen en ella, pero sin demagogia.

Muchas gracias. (Aplausos.-El señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Arias Cañete, pide la palabra).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Serrano.

Señor ministro de Agricultura.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Muy brevemente, presidenta, sin intención de reabrir el debate, que habría muchos elementos para hacerlo, quisiera simplemente agradecer a todos los grupos sus intervenciones, singularmente al Grupo de UPyD y al Grupo de Convergència i Unió, que han manifestado su disposición a participar activamente en las enmiendas. Vamos a tener en cuenta todas las que han puesto encima de la mesa y queremos hacer un esfuerzo para mejorar esta ley, que es una ley, como hemos dicho en la presentación, que persigue mejorar el funcionamiento de un consejo asesor desde la perspectiva de un Gobierno que no solo establece órganos en las leyes, sino que los pone en marcha, se reúne con ellos, los consulta y los escucha. Por lo tanto, en ese deseo, espero que en el proceso de enmiendas podamos ser lo suficientemente flexibles para tener el mayor grado de consenso posible.

Gracias, presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro de Agricultura.

- PROYECTO DE LEY DE ORDENACIÓN, SUPERVISIÓN Y SOLVENCIA DE ENTIDADES DE CRÉDITO. (Número de expediente 121/000080).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al debate de totalidad del proyecto de ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

Para su presentación en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Economía y Competitividad.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, tengo el honor de comparecer hoy en este Pleno para defender el proyecto de ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. Una ley que incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la totalidad de la normativa europea en materia de solvencia, el conocido como paquete CRD IV, aprobado por la Unión Europea en junio del año pasado. La normativa CRD IV está compuesta por un reglamento y una directiva que, como saben, son de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros. Esta normativa es fruto de los acuerdos conocidos como Basilea III, adoptados en diciembre de 2010 por el Comité de Basilea de supervisión bancaria. Basilea III constituye la primera respuesta internacional en el ámbito de la regulación prudencial bancaria a los problemas que la crisis puso de manifiesto. Como recordarán, una parte de esta normativa, la más urgente, ya está en vigor desde el pasado mes de diciembre, tras la convalidación del Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de solvencia y supervisión. Por su parte, la aplicación directa del reglamento desde comienzos de este año ahonda en todas las medidas de prudencia financiera al regular los requisitos relativos a la definición de capital, riesgos de crédito, liquidez, operacionales y normas relativas al apalancamiento. Este proyecto de ley no solo incorpora la directiva europea, sino que también fusiona y sistematiza la normativa de solvencia española que hasta ahora era dispersa y carente de sistemática.


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Antes de pasar a detallarles el contenido concreto de esta norma, me gustaría referirme brevemente al contexto que ha provocado estos cambios legislativos. Esta crisis ha tenido carácter marcadamente financiero y ha puesto de manifiesto que los instrumentos que pueden hacerle frente eran de alguna forma mejorables. La regulación existente no logró atemperar el comportamiento procíclico de las entidades, que incrementaron excesivamente el crédito en la fase de expansión y lo redujeron sustancialmente en la de contracción. La calidad y la cantidad del capital de las entidades se mostraron insuficientes para absorber las pérdidas originadas por un contexto de fuertes turbulencias. La principal consecuencia fue un agravamiento de la inestabilidad financiera y los efectos negativos sobre la economía real, prolongando la crisis económica. Era evidente que había que establecer unas nuevas bases para un sistema bancario más solvente, resistente ante posibles turbulencias financieras. Si algo ha puesto de manifiesto esta crisis es la necesidad de que todos los países en el ámbito internacional, y especialmente en el europeo, adopten perspectivas integradas a la hora de regular los mercados de capitales. Esto es especialmente significativo en el caso de la puesta en marcha de la unión bancaria. Los europeos necesitamos una legislación armonizada, unitaria, capaz de sentar unas bases comunes en materia financiera y en particular en lo que respecta a las entidades de crédito. Por eso, este proyecto de ley es fundamental porque, junto con el reglamento, constituye un marco más sólido e integrado para el sistema bancario ya que mejora la cantidad y la calidad del capital, establece colchones de liquidez y exige mayores medidas de transparencia y de buen gobierno corporativo en el sector.

Señorías, paso ya a detallar el contenido concreto de esta norma. En mi intervención abordaré los que considero como los cuatro ejes principales de este proyecto de ley. En primer lugar, me referiré al régimen jurídico de las entidades de crédito; en segundo lugar, a la supervisión prudencial y de solvencia de las entidades de crédito, así como a su régimen sancionador; en tercer lugar, a la modificación de la Ley del Mercado de Valores y, por último, a dos aspectos que considero relevantes, como son la adecuación del régimen de participaciones preferentes y la modificación de la composición de la comisión gestora del Fondo de garantía de depósitos.

Señorías, en relación con el primer punto, este proyecto de ley regula los aspectos generales de la creación de las entidades y el funcionamiento de sus órganos directivos. Compartirán conmigo que la regulación prudencial de las entidades debe promover las prácticas de gestión más eficientes y óptimas para el desarrollo de una actividad compleja como la financiera. Las entidades tienen que tener normas claras y prácticas transparentes para que una crisis como esta no se vuelva a reproducir. Por eso, la transparencia ha sido uno de los pilares de este Gobierno, presente en todas las reformas estructurales que hemos llevado a cabo. La norma que defiendo hoy profundiza en este camino. Les mencionaré los aspectos más relevantes en materia de idoneidad, honorabilidad y gobierno corporativo. Este proyecto de ley limita el ejercicio simultáneo de los cargos de presidente del consejo de administración y consejero delegado que, excepcionalmente, podrá ser autorizado por el Banco de España. Delimita el número de consejos en los que puede participar un consejero, con dos posibles combinaciones: un cargo ejecutivo junto con dos no ejecutivos, cuatro cargos no ejecutivos como máximo. Restringe la remuneración variable al cien por cien de la remuneración fija, salvo que la junta de accionistas lo autorizase hasta un límite máximo del 200 %. Somete una parte de la remuneración variable total a determinar por la entidad a cláusulas de reducción o incluso de recuperación de remuneraciones ya satisfechas. Introduce la obligatoriedad de que las entidades cuenten con un comité de remuneraciones y un comité de nombramientos. Exige a las entidades la publicación de las retribuciones totales percibidas anualmente por todos los miembros del consejo de administración y extiende a todas las entidades la necesidad de aprobar con carácter vinculante sus políticas de remuneraciones. En definitiva, esta norma persigue establecer las mejores prácticas en las entidades de los sistemas de gobierno corporativo eficientes y una política de remuneraciones coherente con los riesgos de la entidad.

Paso ya a referirme al segundo bloque de este proyecto de ley, el referido a la supervisión y al régimen sancionador, donde se recogen además las disposiciones sobre solvencia de las entidades. Esta norma establece la obligación de que las entidades cuenten con estrategias y procedimientos que les permitan evaluar la adecuación del capital mantenido en función de sus riesgos. Asimismo, se constituye la obligación del Banco de España de valorar diversos aspectos de funcionamiento de las entidades, con el fin de determinar el nivel adecuado de liquidez que deben mantener. La principal novedad que introduce este proyecto de ley son los denominados colchones de capital, que permitirán a los supervisores exigir niveles de capital superiores a los establecidos en el citado reglamento. Se establecen cinco colchones: tres de obligado cumplimiento y dos de carácter discrecional. Los de obligado cumplimiento son: el colchón


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de conservación de capital, el colchón para entidades de importancia sistémica mundial y, por último, el colchón para otras entidades de importancia sistémica. Estos obedecen a la necesidad de contar con reservas adicionales de capital frente a pérdidas inesperadas o para cubrir los riesgos originados por el carácter sistémico de determinadas entidades bancarias. En lo que respecta a los otros dos colchones, el colchón anticíclico y el colchón contra riesgo sistémico, son herramientas a disposición del Banco de España y sus objetivos son, por un lado, atenuar el efecto procíclico sobre el crédito de los requerimientos de capital y, por otro, abordar la aparición de determinados riesgos que afectan al sistema financiero en su conjunto. Además, se articula un sistema basado en restricciones a las distribuciones de capital y la elaboración de un plan de conservación del mismo. Todo ello con el fin de hacer frente a posibles incumplimientos del régimen de los colchones de capital. Igualmente, se establece una definición de capital más estricta para garantizar la capacidad real de absorber pérdidas de dichos recursos propios. Por último, se exigen mayores requisitos de liquidez, que deberán ser suficientes para cubrir necesidades en posibles escenarios de estrés así como una nueva ratio de apalancamiento que se aplicará a partir del año 2018.

Señorías, también dentro de este segundo bloque se establecen las funciones supervisoras en materia de solvencia del Banco de España, así como las obligaciones de las entidades a este respecto. En línea con la legislación actualmente en vigor, se designa al Banco de España como autoridad supervisora de las entidades de crédito y se le otorgan las facultades y poderes necesarios para realizar esta función. Entre las medidas más relevantes, les puedo señalar las siguientes: Se establece por primera vez la obligación expresa del Banco de España de presentar un programa supervisor que incluirá la elaboración de un test de estrés. Ambos se han de realizar al menos una vez al año. Se regulan las relaciones del Banco de España con otras autoridades supervisoras tanto nacionales como extranjeras con el fin de reforzar el principio de supervisión en origen. Se disponen las medidas supervisoras que el Banco de España puede imponer si se produce un incumplimiento de las entidades. Y también se recogen medidas de intervención y sustitución del órgano de gobierno de las entidades en situaciones de excepcional gravedad; se trata de situaciones de especial peligro para la estabilidad financiera, lo que supone, por ejemplo, la entrada en concurso de acreedores de una entidad de crédito. Respecto al segundo aspecto, el referente al régimen sancionador, se incrementan las cuantías de las sanciones y se modifica la fórmula para su cálculo. En lo que se refiere al tercer bloque de esta norma, la modificación de la Ley del Mercado de Valores, el fin que se persigue es extender a las empresas de servicios de inversión las previsiones en materia de supervisión de las entidades de crédito, en línea con las exigencias derivadas de los acuerdos en la Unión Europea.

Señorías, paso ya a referirme a la última parte de este proyecto de ley, que contiene dos aspectos fundamentales. Comenzaré por la adecuación de la normativa europea del régimen de participaciones preferentes. Como saben ustedes, el proyecto de ley aborda la regulación de estos instrumentos desde una triple perspectiva. En primer lugar, adapta, de conformidad con el nuevo reglamento europeo, los requisitos que las participaciones preferentes deben cumplir para computar como recursos propios de las entidades de crédito a efectos de solvencia. En segundo lugar, el proyecto de ley mantiene todas las condiciones de comercialización, de negociación y de protección que ya tenía la regulación española. Les recuerdo que el Gobierno exigió que al menos el 50 % de una emisión de preferentes debe estar colocada entre inversores institucionales. La inversión mínima a su vez debería ser de al menos 100.000 euros y además se exigía una expresión manuscrita del ahorrador que demuestre que efectivamente conoce la complejidad de este producto. En tercer lugar, el proyecto de ley recoge el régimen fiscal singular aplicable a estas participaciones siempre y cuando cumplan con todos los requisitos señalados anteriormente. Además, se introduce un cambio importante en lo que se refiere al tratamiento tributario de las emisiones de deuda de las sociedades cotizadas y las entidades de crédito. Esta norma amplía el régimen de no retención a no residentes a la emisión de deuda de cualquier tipo de sociedades españolas. El fin es facilitar los canales alternativos de financiación. Esto significa que se extiende a compañías no cotizadas, con independencia de su actividad, el tratamiento fiscal del que hoy disfrutaban exclusivamente las empresas cotizadas y las entidades de crédito. Se trata de un cambio verdaderamente sustantivo para incrementar y facilitar las posibilidades de financiación directa en los mercados de capitales para las empresas españolas como alternativa a la financiación bancaria.

Desde el inicio de la legislatura, uno de los principales objetivos de este Gobierno ha sido constituir, como saben ustedes, señorías, vías alternativas a la financiación bancaria. Se trata de un aspecto vital para la estabilidad financiera, por un lado, y para el crecimiento económico a medio y largo plazo, por otro.


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En lo que se refiere a la estabilidad financiera, la mayor multiplicidad de fuentes de inversión permite absorber mejor las posibles perturbaciones de carácter sistémico en una economía. Les pondré un ejemplo: el 70 % de la financiación de Estados Unidos es no bancaria y es una de las principales razones que explican que la economía americana respondiera mejor ante su reestructuración bancaria. Esta situación contrasta con la europea. El sistema bancario europeo tiene que proseguir con su necesario desapalancamiento y además adaptarse a un nuevo entorno regulatorio que implica nuevos requerimientos de solvencia, liquidez y límites al apalancamiento. Esto sin duda supondrá una mayor prudencia en la asunción de riesgos por los bancos. Por lo tanto, los nuevos inversores, en gran parte institucionales, como son los fondos de pensiones o los grandes fondos de inversión y las aseguradoras, entre otros, se convertirán en importantes agentes de financiación alternativos que cubrirán el espacio al que el sector bancario no puede hacer frente.

En lo que respecta al crecimiento económico, la financiación no bancaria será cada vez más relevante en una economía más diversificada y con un creciente peso de los servicios basados en el conocimiento. Entre otras razones, porque la financiación no bancaria, como por ejemplo el capital riesgo, permite asumir mayores riesgos en proyectos en los que la garantía o aval es escaso o no existe, un escenario difícilmente asumible por la financiación bancaria tradicional. Por eso, el Gobierno sigue trabajando en mecanismos que fomenten estas vías de financiación alternativas como el anteproyecto de ley de fomento de la financiación empresarial y el anteproyecto de ley por el que se regulan las entidades de capital riesgo y se modifica la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, recientemente aprobados en primera vuelta por el Consejo de Ministros. Por último, otro aspecto importante de esta norma se refiere al cambio de la composición de la gestora del Fondo de garantía de depósitos, ya que al estar incluido dentro del perímetro de consolidación fiscal, es necesaria la representación del Gobierno, concretamente de los Ministerios de Economía y Competitividad y de Hacienda y Administraciones Públicas.

Señorías, concluyo ya. Con el proyecto de ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, que les recuerdo que es de obligado cumplimiento para todas las entidades de los Estados miembros, adecuamos en primer lugar el ordenamiento jurídico español a Europa, refundimos y clarificamos nuestra normativa en materia de solvencia y exigimos mayores medidas de transparencia y de buen gobierno corporativo al sector financiero y bancario. El objetivo es que las entidades sean más solventes y estén mejor preparadas ante un escenario de dificultad y turbulencias. Tienen que ser capaces de afrontar por sí mismas cualquier situación adversa y evitar el efecto contagio al resto de la economía. Este proyecto de ley es fundamental y confirma que el camino emprendido por el Gobierno era el correcto, ya que persevera en todas las medidas tomadas desde el inicio de la legislatura. Hemos saneado, reestructurado y recapitalizado el sector financiero, le hemos dotado de mayor independencia y de un mejor gobierno corporativo para que superara los problemas que están en el origen de la actual crisis económica. Gracias a todas ellas hoy tenemos un sector financiero más transparente y solvente, que está contribuyendo a que nos situemos de nuevo en la recuperación al romperse el vínculo vicioso que teníamos entonces entre el sector bancario y el riesgo soberano. Así lo señalan todos los indicadores y lo reconoce la comunidad internacional. La pasada semana la Comisión Europea sacaba a España del grupo de países que presentaban desequilibrios económicos excesivos. La economía española se ha ganado de nuevo la credibilidad y confianza de inversores e instituciones, la mayor muestra la tenemos en el Tesoro, que hoy se financia con normalidad en los mercados y a tipos históricamente bajos. Esta mejora debe entenderse como un impulso para seguir trabajando con más fuerza. El espíritu reformista debe continuar hasta lograr acabar con el desempleo, el principal objetivo del Gobierno. Debemos conseguir que esta mejora en la economía financiera se traslade a la economía real, porque no habrá verdadera recuperación si no llega esta a los ciudadanos.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchísimas gracias, señor ministro de Economía.

A ese proyecto de ley se han presentado dos enmiendas a la totalidad de devolución. Por el Grupo Mixto, señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Señor ministro, señoras y señores diputados, penalizar lo escaso y estimular lo abundante, rescatar los bancos y dejar hundir a las personas, priorizar los derechos económicos de las entidades financieras y laminar los derechos sociales de las personas, fomentar, en definitiva, las grandes fortunas y empobrecer el resto de la población, puedo seguir, este es su mantra, señorías del Grupo Popular, este es su axioma neoliberal; de hecho, es a lo que nos tienen acostumbrados, preocuparse


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mucho, muchísimo de proteger a la banca y, la verdad, muy poco de proteger o de cuidar a la ciudadanía, y evidentemente este proyecto de ley no es ni tan siquiera la excepción que confirma la regla, en el caso que nos ocupa, respeto a la protección de los consumidores.

Dejen que haga básicamente dos preguntas. La primera, ¿cómo es posible que deliberadamente obvien incorporar en este texto los criterios que han ido estableciendo los centenares de sentencias sobre preferentes y, en particular, sobre la imperiosa y urgente necesidad de mejorar la información y los mecanismos de protección de consumidores, ya sea en forma de préstamo o en forma de inversión, en este caso en la comercialización de productos bancarios? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible también, señor ministro, que desaprovechen o, mejor dicho, que se deseche la oportunidad de incorporar en el proyecto de ley que estamos debatiendo los mecanismos de protección a los consumidores de préstamos financieros con garantía hipotecaria, tal y como prevé el texto de la recientemente acordada Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial, así como los principios que incorporará en breve la Directiva Mifid II sobre la protección de consumidores de productos financieros? ¿Cómo es también posible? Yo creo, humildemente, que es posible porque ustedes están exclusivamente a merced del poder, que es posible porque ustedes están exclusivamente a merced de los bancos y están dispuestos a proteger solo y exclusivamente a los suyos. Es verdad, y se tiene que reconocer, que el proyecto de ley incorpora una regulación más restrictiva, como así se ha explicado, de la comercialización de las participaciones preferentes, pero en ningún caso, en ninguno, se aborda oportunamente la protección en otros productos que también han provocado problemas, como por ejemplo las obligaciones de deuda subordinada. Pero esto no es todo. El texto carece a la vez de las suficientes garantías y prevenciones sobre los famosos swaps, que han sido también objeto de amplia judicialización y que se han comercializado realmente muy mal. Sin la información y la prevención oportunas la previsión de que los bancos puedan ofrecer seguros sobre la variación del tipo de interés en los préstamos con garantía hipotecaria puede llevar a importantes engaños sobre los costes de capitales vinculados al interés que finalmente se pagará en el retorno de las cuotas.

Finalmente, señor ministro, consideramos que también sería de vital importancia que este proyecto de ley incorporara el concepto de banca pública como entidad de crédito, porque, aunque si bien es cierto que hace referencia al ICO, debemos recordar que el Parlament de Catalunya defiende el desarrollo de una verdadera banca pública catalana a través del Instituto Catalán de Finanzas, como entidad de crédito y como una entidad al servicio de las personas. Por todo ello, hoy presentamos esta enmienda de devolución.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Jordà.

Por el mismo grupo, señor Larreina.

El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, señor ministro, nuestro grupo, Amaiur, va a apoyar las enmiendas de totalidad que se han presentado a este proyecto de ley pidiendo su devolución. No es que estemos en desacuerdo con el contenido de la ley, lo que queremos subrayar con nuestro voto es precisamente lo que no está en la ley. Como usted ha señalado, la ley lo que hace es desarrollar, aplicar, trasladar lo que se establece en Basilea III a la legislación del Estado español, como no podía ser de otra forma. Pero tenemos la sensación de que el Gobierno en este tema ha ido por detrás de la realidad. Tenía que haber aprovechado esta ocasión para aprender de todo lo que se ha sufrido en los últimos años a raíz de la crisis económica y de la crisis financiera, a raíz de todo lo que ha ocurrido alrededor del sistema financiero español, alrededor de ese fraude colectivo que se ha hecho al conjunto de la sociedad española precisamente para proteger a los más débiles, a los que más han sufrido esa crisis financiera. Porque la crisis financiera ha sido enorme, pero quienes más la han sufrido no han sido los responsables de esa crisis financiera. Al final, ellos han logrado salir más o menos a flote en el ámbito individual a cuenta del conjunto de la sociedad española, que ha ejercido su responsabilidad para que no se hundiese el sistema. Pero quienes más han sufrido las consecuencias de esa crisis, quienes más han sufrido las arbitrariedades del sistema financiero, de la cultura de la especulación financiera que ha estado reinando durante muchos años en el Estado español, es la gente de la calle que se ha visto afectada por las preferentes, por la deuda subordinada, por las hipotecas, por ese endeudamiento excesivo que se ha promovido muchas veces desde las propias


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entidades financieras, se había alentado a esas personas a que siguiesen endeudándose. Eso es lo que echamos en falta en esta ley, las medidas de protección para toda esa gente.

Mi grupo ha repetido en muchas ocasiones desde esta tribuna que este Gobierno y el Partido Popular son muy ágiles, reaccionan con inusitada rapidez ante las demandas y las necesidades de las grandes empresas, las necesidades de las grandes entidades financieras, ante las demandas y necesidades de esa economía especulativa, pero muchas veces es escandalosamente lento a la hora de reaccionar, de responder a las necesidades y angustias de la ciudadanía, de esa gente de la calle, de esa economía productiva, de esa economía sufriente, de esa economía de las personas que están en paro, de las que cobran una pensión decreciente, de las pymes, de la economía social. Eso es lo que nosotros reclamaríamos en este proyecto de ley, porque era la oportunidad que ustedes tenían para avanzar en esos temas que, como decía, no se concretan en el proyecto de ley, esa protección de los consumidores de productos financieros, aplicándoles, como señalaba la portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, toda la jurisprudencia que hay a nivel europeo sobre las preferentes, sobre la protección de los consumidores de productos financieros. Establecer nuevos mecanismos de protección en los préstamos con garantía hipotecaria, siguiendo también las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contratos de crédito para bienes inmuebles de uso residencial. Profundizar en esa protección frente a la comercialización de esos productos financieros, de los préstamos, la inversión, etcétera, por no hablar de los swap. Y hay otro elemento que consideramos que es fundamental y que está detrás de la economía especulativa y de la crisis del Estado español, que es precisamente abordar la situación de esos fondos de inversión que son especulativos, como son las Sicav. Como tampoco ha abordado, por ejemplo, el impuesto sobre las transacciones financieras, lo que puede ser una aplicación de la tasa Tobin. Podemos coincidir con usted en que esa normativa sería bueno hacerla en el conjunto de la Unión Europea, pero por algún sitio habrá que avanzar. Realmente hay Estados de la Unión Europea que han empezado a avanzar ya con ese impuesto sobre transacciones financieras. Pues también aquí se podría ir por delante y, sin embargo, se ha optado por ir por detrás.

Finalmente, creo que hay un elemento también fundamental desde nuestro punto de vista, y es que este ir por detrás de la realidad a nosotros nos reafirma -a Amaiur y a los soberanistas- en la necesidad de tener todos los instrumentos de soberanía en nuestra mano precisamente para abordar estas situaciones de la gente de la calle con mayor equidad, con mayor justicia social, para promover esa preeminencia de las personas sobre las cifras, esa preeminencia de los sectores sociales sobre los sectores especulativos, para apoyar a esa economía productiva, a esas pequeñas y medianas empresas, a las personas que están acogidas al régimen de autónomos, a los trabajadores y trabajadoras, a la economía social. Y para eso es necesario abordar con mayor decisión la necesidad de intervención también en el mercado financiero.

Creemos que es importante que exista una banca pública. Nosotros queremos que en nuestro país, en Euskal Herria, exista una banca pública precisamente para que sea una especie de contrapoder a los grandes sectores financieros, para que sirva de elemento de equilibrio dentro del mercado financiero. Pensamos que es una buena iniciativa y nos gustaría también que en el Estado español siguiesen por esa línea, porque el mercado financiero necesita de un contrapoder siempre; necesita de un elemento de equilibrio, y ahí los Gobiernos puedan jugar un papel importante a través de una banca pública que esté pendiente de esas necesidades de la economía real. Pensamos que este proyecto de ley -como le decía al comienzo- no se caracteriza por lo que pone sino por lo que no pone. Y ahí es donde nosotros queremos poner el elemento de atención y dar la campanada de aviso. Usted decía en su intervención que el objetivo es que las entidades financieras sean más solventes. Yo diría que está bien que sean más solventes, tienen que ser solventes, pero lo importante es que sean más respetuosas con sus clientes, con sus potenciales clientes; que sean más respetuosas con la ciudadanía de la calle, con la economía real, con las pequeñas y medianas empresas, y que realmente presten el servicio que esa economía real precisa. Por eso -y con esto acabo, señora presidenta-, nosotros vamos a votar a favor de las enmiendas de totalidad subrayando ese aspecto: lo importante es fijarse en lo que no pone este decreto-ley y en la oportunidad perdida por parte del Gobierno de avanzar hacia un mercado financiero que sea respetuoso con la gente, que sea más justo y que esté al servicio de la economía productiva.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Larreina.

Para la defensa de su enmienda, por el Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Coscubiela.

Por favor, ruego un poco de silencio.


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El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señor ministro, presentamos la enmienda a la totalidad y lo hacemos comenzando por reconocer la complejidad de una regulación como la que se presenta. Tanto, que es bastante probable que sea difícil que la ciudadanía nos pueda seguir en este debate. Vamos a intentarlo.

El proyecto contiene avances en relación a la regulación actual y queremos reconocérselo de entrada, pero a nuestro entender no aborda algunos de los grandes problemas de la regulación financiera y esta debería ser una oportunidad para un debate a fondo. Nuestro grupo comparte la necesidad de una nueva normativa por tres razones. Primero, porque la crisis ha puesto de manifiesto la obsolescencia y la debilidad de la normativa actual. Segundo, por la necesidad de agrupar en un solo texto la normativa española que, con el tiempo, estaba absolutamente dispersa. Y, tercero, por la necesidad de trasponer tanto la directiva como el reglamento en el marco del paquete al que usted ha hecho referencia. Pero a nuestro entender este proyecto de ley no es la respuesta que se necesita no tanto por lo que dice, sino por aquellos aspectos insuficientes, en los que carece de regulación, y porque estamos convencidos de que responde a la misma lógica del sistema financiero que se ha demostrado inútil frente a los riesgos de este sistema financiero que no solo es procíclico, sino que es profundamente gregario. Probablemente fue esta incapacidad para anticipar los riesgos del sistema financiero lo que llevó al presidente Zapatero a afirmar hace algún tiempo que España disponía del mejor sistema financiero del mundo, refiriéndose con autocomplacencia al modelo puesto en marcha para dar respuesta a la crisis de los años ochenta, o lo que ahora, hace escasamente unos días, ha llevado al señor Rajoy a afirmar que nuestro sistema financiero es el más solvente de la Unión Europea, obviando los riesgos evidentes aún de una creciente morosidad. Mucho me temo, señor ministro, que con la ley que va a salir de este Congreso nos jugamos repetir o no la historia que se reproduce cada treinta años de crisis del sistema financiero.

A nuestro entender este proyecto nace viejo, porque no es más que la actualización de un vetusto edificio que se derrumbó con la crisis financiera y que hoy no se puede reconstruir con un mero retoque. La clave no está en qué hacer cuando el sistema financiero salta por los aires y debe escogerse entre las menos malas de las soluciones; la clave está en qué hacer para evitar que se reproduzcan los tres graves factores de riesgo del sistema financiero: en primer lugar, el carácter procíclico, gregario, en algunos casos casi de rebaño, que tiene el sistema financiero; en segundo lugar, la profunda asimetría entre repartos de beneficios según las reglas del mercado en momentos de efervescencia y asunción de pérdidas socializando los costes cuando las cosas van mal, esa profunda asimetría, y, en tercer lugar, el grave riesgo moral que esa lógica provoca en los agentes del sistema. Somos conscientes, señor ministro, de la dificultad de avanzar en regulaciones nacionales en el marco de una economía globalizada, especialmente el sistema financiero, y en el marco de la regulación de la Unión Europea, pero el problema no está en los obstáculos comunitarios, sino que desgraciadamente los gobernantes europeos comparten en estos momentos una negativa a cruzar determinadas fronteras, a poner en duda algunas de las verdades absolutas con las que se ha construido el sistema financiero. Usted sabe perfectamente que incluso en Estados Unidos la regulación del sistema financiero es mucho más exigente que la que en estos momentos se está aprobando en el marco de la Unión Europea. En ese sentido, nos parece esta normativa absolutamente insuficiente.

Queremos de todas maneras empezar por decir que compartimos la necesidad de cooperación internacional y armonización dentro de la Unión Europea, pero déjeme que le diga que la armonización que ustedes están poniendo en marcha del sistema financiero es una armonización coja y debe avanzar más y más rápido, sobre todo en la mutualización de los riesgos. Señor ministro, no tiene ninguna lógica que los beneficios del sistema financiero se repartan globalmente cuando las cosas van bien y los costes se sufraguen localmente y por los ciudadanos de cada país cuando las cosas van mal. Esa asimetría no se resuelve desgraciadamente con su proyecto de ley. Discrepamos profundamente de algunas de las cosas que se regulan en este proyecto de ley, fundamentalmente porque creemos que usted ha optado por la versión más light de la adaptación de la normativa europea.

Entro en el apartado de exigencia de capital y control de riesgos. La última crisis ha demostrado que los mecanismos basados solo en los requisitos de capital y control de riesgo son insuficientes, incluso la nueva regulación sobre los nuevos colchones se queda absolutamente corta. Es más, se ha demostrado que cuanto más sofisticadas son las fórmulas matemáticas de control de riesgos, más oscurantistas son, menos garantías hay para un control social y más fácil es la manipulación interesada al servicio de estrategias cortoplacistas. (Rumores). A nuestro entender debería entrarse en nuevos mecanismos, como el establecimiento de mayores exigencias de ratios máximos de préstamo en función de los depósitos


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de cada entidad y así evitar que se obtengan esos recursos por la vía del sobreendeudamiento externo y exterior, como ha sucedido en España en la última crisis. El establecimiento de límites más exigentes con relación a la ratio de préstamos agregados de un país en función de la dimensión de la economía nacional para que cuando haya una crisis sistémica como esta, la crisis financiera no se lleve por delante a todo un país. Limitaciones también en los préstamos a sectores específicos de la economía para evitar concentración de riesgos que nos hubieran permitido y nos deberían permitir evitar situaciones como las del sistema inmobiliario.

Pero ustedes no abordan esas cuestiones y se quedan en lo viejo. Incluso desde esa perspectiva, incluso en esos casos hay un tema que no abordan: el elevado riesgo moral en el comportamiento de los agentes del sistema financiero. Ese negocio, el financiero, al que solo se aplican las reglas del mercado cuando se trata de repartir beneficios pero no cuando se trata de asumir costes, tiene un importante riesgo moral; más que cualquier otra actividad económica. Bancos cada vez más poderosos libres para crecer y repartir beneficios a espuertas pero no para asumir las pérdidas y siendo demasiado grandes para caer. Ese riesgo moral es hijo de la complicidad que se establece entre accionistas, capital y gestores, y ustedes no lo desactivan con este proyecto de ley. Eso solo es posible abordarlo con un mayor intervencionismo público y, sobre todo, con la existencia en régimen de competitividad de una banca pública fuerte que sea capaz de tener prácticas corporativas distintas. Si a la sociedad, señor ministro, se la obliga a ser el avalista de último recurso -que en eso se ha convertido a los ciudadanos de los países-, la sociedad está legitimada para un mayor grado de intervención pública, y eso es lo que desgraciadamente no han hecho ustedes, y eso pasa por establecer condiciones más estrictas en el Gobierno corporativo y por limitar o prohibir determinados sistemas de retribución.

Ustedes han avanzado -no digo que no-, pero de nada sirve avanzar en regulaciones más estrictas si el incumplimiento de las normas o la negligencia profesional no va acompañada de consecuencias o esas consecuencias son escasas, como las de este proyecto de ley. Es imprescindible aumentar el grado de responsabilidad -profesional, patrimonial y penal- personal de los gestores de las entidades financieras; de quienes tienen competencias supervisoras, que han sido muy negligentes en la anterior crisis, y también por supuesto de quienes actúan, como son las agencias de rating, desde fuera pero que condicionan las intervenciones de dentro. Sin duda -al menos esa es nuestra opinión-, el artículo 100, en el que ustedes presentan este elemento de responsabilidades, se ha quedado corto. Señorías, 5 millones de responsabilidad patrimonial y cinco años como máximo de inhabilitación para ejercer funciones en el sistema financiero no son un obstáculo que impida que esa gente continúe incurriendo en riesgo moral, porque los beneficios siempre son mayores a las consecuencias que tiene no tener en cuenta lo que eso ocasiona en el conjunto de la sociedad.

Por eso, le plantemos una vez más que aborde esas cuestiones con más dureza, porque en estos momentos hay una cosa brutal que continua existiendo en su regulación. La asimetría profunda entre la información y el poder que existe entre accionistas de un lado y deudores de otro, pero sobre todo entre accionistas y deudores que intentan salvarse cuando hay crisis y el conjunto de la ciudadanía, que es la que acaba pagando como avalista de último recurso esas crisis. Con su regulación se mantiene el mismo problema. En momentos de expansión las ganancias potenciales de los accionistas son ilimitadas, pero no las de los deudores. En cambio, cuando llegan las fases recesivas los riesgos potenciales se reparten y cuando no se pueden cubrir, hacia la sociedad, avalista de último recurso. Esa asimetría debe acabarse. ¿Se da cuenta usted, señor ministro, y se dan cuenta ustedes, señorías, de que los directivos de las entidades financieras son, junto con los entrenadores de algunos clubes de fútbol, los únicos que después de hacerlo rematadamente mal, provocar elevadas pérdidas en sus empresas y percibir importantes remuneraciones por rescindir sus contratos y pensiones millonarias siempre tienen algún sitio donde caerse y siempre se les vuelve a contratar? Eso no se aguanta. Y que lo aguanten los clubes de fútbol, bueno, aunque desgraciadamente también lo terminamos pagando entre todos, pero que lo aguante un país en relación con su sistema financiero no puede ser. Señorías, no puede ser que cuanto peor se actúe, más se retribuya. Eso no le pasa a un trabajador normal. Las consecuencias disciplinarias para un trabajador normal por bastantes menos responsabilidades como consecuencia de su situación son infinitamente más fuertes para su patrimonio y para su futuro, y desgraciadamente eso no lo aborda este proyecto de ley. Y no lo aborda por una cuestión, porque el riesgo moral tiene algo que ver con una connivencia perfecta entre accionistas y gestores, una endogamia que incluye también a reguladores, supervisores, agencias de rating que configuran una verdadera casta financiera, y lo digo con todas las palabras, con todas las letras que supone eso, porque además existe un mecanismo de autoprotección


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interno de esa casta, que se ve por ejemplo en comportamientos como el caso Sáenz o el caso Rato. Señor ministro, lo que no puede ser es que su normativa no sirva para evitar situaciones como la vergüenza del caso Sáenz, vicepresidente del Santander, condenado por el Tribunal Supremo por denuncia falsa contra un cliente -casi nada para un banquero- en el marco de una red de extorsión de clientes morosos, una condena por delito doloso que le impedía continuar en el cargo de director de la entidad financiera. Pero el Banco de España, en vez de aplicar la normativa, miró hacia otro lado y no aplicó la sentencia. Y, por si fuera poco, el Gobierno Zapatero en el último Consejo de Ministros de su mandato le otorga un indulto que le salva de la cárcel. Pero al no cancelar los antecedentes no le permitía continuar como directivo, y el Banco de España volvió a mirar para otro lado. Al final, el señor Sáenz se jubila voluntariamente con una pensión de lujo de por vida. Pues bien, señor ministro, usted no solo no lo resuelve, sino que al haber cambiado las reglas de la honorabilidad en este proyecto de ley van a continuar siendo posibles estos casos y además no van a tener que pasar por el bochorno de conceder el indulto, porque le dan al Banco de España discrecionalidad para que determine qué se entiende por honorabilidad. Honorable puede ser alguien que ha sido condenado por un delito doloso contra sus clientes. Eso es lo que explica de manera muy clara que no podemos continuar así.

Lo mismo sucede con el que podríamos llamar el caso Rato. ¿Es normal que alguien a quien usted mismo ha identificado, aunque sea muy sucintamente, como corresponsable al menos del fiasco de Bankia pueda continuar ejerciendo en estos momentos responsabilidades de banquero en el Banco Santander? Eso es lo que no puede continuar pasando y desgraciadamente va a pasar si se aprueba este proyecto de ley.

En el apartado de gobierno corporativo, señor ministro, en su capítulo V, el proyecto continúa siendo muy laxo y no hay mecanismos de control externo. Y para entidades que se comportan endogámicamente como una casta financiera los mecanismos de control externo son imprescindibles. Hay unos conceptos espectaculares: la autoevaluación concertada con el organismo supervisor; es decir, yo me lo guiso, yo me lo como. En definitiva, no hay ningún control externo. Por eso deben ustedes plantearse, por ejemplo, que la información sobre los salarios debe ser pública y además desglosada. No sirve saber qué cobra cada directivo, hay que saber qué cobra por el concepto fijo, por el concepto variable y por eso que se llama retribución variable diferida en el tiempo. En ese sentido ustedes continúan teniendo una regulación tremendamente laxa. El artículo 34 no avanza en ese control y sin duda lo que nos parece un poco fuera de tono es que ustedes se atrevan a reconocer la posibilidad de existencia de retribuciones variables garantizadas. ¿Qué significa retribuciones variables garantizadas? La lista es muy larga y eso es lo que justifica nuestra enmienda a la totalidad.

Termino con dos ideas. Lo que más falta en esta norma es la regulación de quién supervisa al supervisor, porque desgraciadamente eso nos ha llevado hasta aquí. ¿Recuerda usted esa frase que dice que no puede ser que quien gobierna el dinero de los otros no sea controlado por los representantes de los otros? No lo dijo precisamente un comunista, creo que fue Adan Smith.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Termino, señora presidenta, de verdad.

En ese sentido hay una cosa que falta clarísimamente en este proyecto de ley, vamos de cabeza a la oligopolización del sistema financiero y a la exclusión financiera. Esta crisis nos lleva a una concentración de poder y por tanto de más riesgos. Según el informe de Funcas...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: ... en once provincias españolas hay más del 10 % de la población que no tiene ninguna oficina bancaria. Usted sabe que hay informes de la Comisión Europea que ponen de manifiesto ese riesgo y no hacen nada en ese sentido, ni tan siquiera propiciar con ese proyecto de ley la posibilidad de una banca pública.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Dos segundos.

España va ser el único país europeo o de los pocos países europeos que no tengan banca pública y le recuerdo que la Asociación Europea de Banca Pública en sus informes reconoce que hay, en 32 países, 221 de bancos. Todo eso, señor ministro, nos ha llevado nosotros...


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Coscubiela, lo siento.

El señor COSCUBIELA CONESA: ... a plantear esa enmienda a la totalidad que espero que entienda que es con la voluntad de que usted modifique sustancialmente el proyecto de ley. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Coscubiela, lo siento, finalizó su tiempo.

Antes de continuar el debate, querría decirles a los miembros del Pleno que nos acompaña en este momento desde la tribuna el señor embajador de Ucrania en España, al que quiero dar la bienvenida. (Aplausos de las señoras y los señores diputados, puestos en pie). Muchísimas gracias.

Señor ministro. (Rumores). Por favor, ruego un poco de silencio para que podamos escuchar al señor ministro

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, voy a intentar incardinar esta ley de solvencia en el planteamiento que se está haciendo en Europa desde el punto de vista de la modificación de la supervisión financiera. Hay algo en lo que todos estamos de acuerdo: esta crisis es financiera, es una crisis que desde el punto de vista de su origen es distinta de otras crisis que hemos tenido prácticamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Es una crisis de sobreendeudamiento, en la cual lógicamente las entidades bancarias se ven inmediatamente afectadas, han fallado muchas cosas y esto ha llevado a que una crisis de sobreendeudamiento, una crisis de balances acabe teniendo consecuencias sobre la actividad económica real, porque efectivamente la resolución de estas situaciones es extremadamente complicada y dolorosa, y lo estamos viviendo en un caso muy especial, como es el caso español.

En primer lugar, esta es solamente una pieza de todo el entramado de reformas del sector bancario que se está haciendo conjuntamente en Europa y en el G-20. Únicamente hace referencia a las normativas de solvencia, de ratios de capital, de ratios de liquidez, desde el punto de vista del comportamiento del gobierno corporativo, desde el punto de vista de las remuneraciones, pero no es el conjunto de la modificación del sistema bancario. Ha habido varios elementos fundamentales en los cuales se han cometido errores, como decía anteriormente, y por eso mismo la Unión Europea, la unión monetaria, en conjunción y coordinación con los países del G-20 ha llevado a cabo un proceso, el proceso más importante de reforma del sector financiero que se ha realizado, como decía anteriormente, desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Yo querría ponerlo fundamentalmente en un contexto. Aquí se han hecho observaciones sobre preferentes, sobre préstamos hipotecarios, sobre defensa del consumidor. Señorías, existe otra mucha normativa en el ámbito europeo y en el ámbito español que ha establecido cambios importantes en dicho sentido. Simplemente, quiero recordarles que nosotros hemos sido los únicos, los primeros que hemos impuesto unas obligaciones; por ejemplo, en el caso de preferentes, hemos introducido tres cambios que ya comentaba anteriormente: el precio de la preferente tiene que estar fijado al menos por un segmento institucional que suponga el 50 %; no se pueden hacer inversiones de menos de 100.000 euros para evitar que haya pequeños ahorradores y, por último, se obliga a poner de puño y letra que efectivamente se entiende qué es este producto. Es decir, hay más claridad. Si hubiéramos tenido toda esta normativa en vigor, nos habríamos evitado muchos dolores de cabeza con la comercialización de preferentes y nos encontraríamos en una situación completamente distinta.

Pero los pilares de la reforma del sistema financiero en Europa, si me permiten ustedes, son los siguientes. Es esta normativa, que hace referencia a los requisitos de capital, de liquidez, gobierno corporativo, remuneraciones de las entidades bancarias; pero se tiene que ver complementada por otras. La primera es la Directiva de Resolución, que pone de manifiesto que en el caso de que un banco tenga pérdidas, los primeros que tienen que absorberlas son los accionistas; los segundos, los tenedores de deuda subordinada o de deuda preferente. Lo que ocurre en el mundo, por desgracia el problema de España, es que esta deuda preferente, que normalmente tenía que estar en manos institucionales, en España, como saben ustedes, estaba en manos -porque ahí se cometieron errores desde el punto de vista de la comercialización- de los ahorradores particulares, que nunca, de forma masiva, tenían que haber entrado en este producto, pero ahí está el segundo punto, el de los que tienen que asumir pérdidas. Y, en tercer lugar, los tenedores de deuda. Y a partir de que se ha generado una compensación de hasta el 8 % del conjunto de los pasivos de la banca se puede inyectar dinero. Esta es la normativa de solvencia. No tiene nada que ver con las pérdidas, con las ganancias, con la cobertura, con el rescate de los banqueros o con el rescate de los ciudadanos. En absoluto. Esto es otra cosa completamente distinta.


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Por otro lado, también se decía: se han cometido errores de supervisión. Por supuesto que se han cometido, por eso hemos tomado decisiones y nos encontramos con un supervisor único que va a ser el Banco Central Europeo, que en el caso concreto de España va a supervisar a prácticamente el 90 % de las entidades. Por tanto, también ahí se ha producido un cambio, pero no tiene por qué ser en esta ley, porque esta ley no tiene nada que ver con el supervisor en ese sentido.

Por último -lo que estamos discutiendo y que hace unos días estuvimos analizando en el Eurogrupo y en el Ecofin-, vamos a crear el mecanismo de resolución europeo, que lo que hace es crear una entidad que de algún modo se ocupe de la reestructuración-resolución de los bancos europeos, supervisados por el Banco Central Europeo, y que a su vez va a contar con un fondo de resolución que van a pagar los bancos. Va ser un impuesto específico que se va a poner sobre los bancos.

Yo pediría que ustedes analicen que esto es una pieza, es la normativa de solvencia específica de las entidades -ratios de capital, ratios de liquidez, gobierno corporativo-, y no hay nada en lo que se afloje en relación con la normativa anterior, porque Basilea III es más dura que Basilea II. Se considera que las entidades bancarias, como consecuencia de una serie de factores -errores de supervisión, errores de política monetaria, errores propios-, llevaron a un crecimiento excesivo del crédito que dio lugar, como decía anteriormente, a una crisis de balances, tanto de familias como de empresas, cuyas consecuencias son las que estamos pagando actualmente. Todos los parámetros se endurecen. Usted me puede decir: se pueden endurecer más. Se podrían haber endurecido más, pero hay un endurecimiento y ustedes están votando en contra de ese endurecimiento en el tratamiento de capital, de solvencia, de liquidez, de honorabilidad y de gobierno corporativo de los bancos.

Por otro lado, les vuelvo a repetir, pónganlo ustedes en el entorno anterior: supervisor único, mecanismo único de resolución y un fondo de garantía de depósitos único a futuro. Ese es el entorno en el cual hay que colocar esta pieza, y hay que complementarlo, como decía anteriormente, con la Directiva de Resolución. En definitiva, es una revolución absoluta de todo lo que tiene que ver con el control, la supervisión, la resolución, la reestructuración y los requisitos de capital del sistema bancario en Europa, y hay que hacerlo en el contexto de la moneda única. Además tenemos otro problema en Europa, que es la fragmentación de los mercados de crédito. No es aceptable que una pyme española esté pagando más en iguales condiciones desde el punto de vista de calidad de su balance que una pyme de un país del centro de Europa. Eso también tiene que ver con el sistema bancario. Se trata de todas estas cuestiones.

Vuelvo a repetirlo. Recapaciten sobre lo que están votando en contra, porque es el avance más importante que se ha producido desde el final de la Segunda Guerra Mundial para evitar que volvamos a tener una crisis como la que estamos teniendo ahora, cuyo origen fue bancario en Europa y en España. A partir de ahí, recapaciten ustedes. Yo les pediría que retiren su enmienda a la totalidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

¿Señora Jordá, va usted a utilizar su turno de réplica? (Denegación).

¿Señor Larreina? (Denegación).

Señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, no nos vuelva usted a hacer la trampa de siempre. No votamos en contra de mejorar la regulación, votamos a favor de devolver el toro -si se me permite- a los corrales y que nos lo traiga usted de nuevo aquí en mejores condiciones para hacer la función que le pedimos, que es evitar que crisis como las que han sucedido se vuelvan a repetir. Este proyecto de ley posiblemente podría haber servido, de haber estado aprobado en su momento, para evitar algunas de las consecuencias de las crisis anteriores, pero no va a servir -me temo- para evitar la siguiente, y usted sabe que eso no es ser agorero, sino que es desgraciadamente conocer la historia. Y lo dicen casi todos los analistas del sistema financiero: la innovación del sistema financiero es muy superior y mucho más rápida que la capacidad regulatoria. Por lo tanto, todo lo que ustedes regulen está muy bien o muy mal, pero no sirve de nada si no va acompañado de romper las reglas del juego del fuerte riesgo moral que tiene la casta financiera, que decide en muy pocas manos muchas de las cosas que luego pagan el conjunto de los ciudadanos porque, en el fondo, la capacidad del sistema financiero tiene un grado de sofisticación y la avaricia es tan absoluta que siempre va por delante de la capacidad regulatoria. En ese sentido, nosotros le insistimos en que la gran carencia de este proyecto de ley es ampliar las consecuencias patrimoniales, profesionales y penales


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de quienes incurran en responsabilidades y nos hagan pagar a todos los ciudadanos los costes de sus responsabilidades.

Nos pone usted dos ejemplos: en primer lugar, que a partir de ahora, y como consecuencia de los cambios europeos, accionistas, preferentistas y deuda subordinada van a hacerse cargo de las pérdidas hasta el 8 % del capital, pero usted sabe que eso es insuficiente. En segundo lugar, no nos mente usted al Fondo de garantía europeo, porque sabe de sobra que los recursos disponibles no sirven para la crisis de dos banquitos pequeños y además los han acordado ustedes ad calendas graecas, es decir, en el marco de una década. En ese sentido, señor ministro, creemos que este proyecto de ley es profundamente insuficiente. Por último, no me extraña que usted no haya hecho referencia a ninguna de las cosas que le hemos dicho en relación con las condiciones de regulación de los cargos directivos, porque la nueva regulación que usted hace de la honorabilidad y de las condiciones necesarias para ejercer no tiene ninguna explicación, salvo que entre ustedes se protegen -entre bomberos no se pisan la manguera- y en ese sentido se garantizan que si yo lo hago, tú me defiendes, porque si luego lo haces tú, te defenderé yo. Desgraciadamente, así ha funcionado el sistema financiero de este país y eso es lo que esta ley no cambia. Y eso es lo que nosotros le echamos en cara y le pedimos que mejore en el trámite porque, por supuesto, nuestra enmienda a la totalidad no va a prosperar, eso ya lo sabíamos.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Coscubiela.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señora presidenta.

Hace usted referencia a conceptos científicamente constatables, como es el de casta financiera, el de avaricia, etcétera. Señor Coscubiela, qué quiere que le haga yo.

En Europa vamos a un sistema de supervisión mucho más integrado, mucho más europeo; vamos a un sistema con un supervisor único, que va a ser el Banco Central Europeo, con un mecanismo de resolución único. Lo del 8 % que comentaba usted no es el 8 % del capital, es el 8 % del conjunto de los activos, lo cual supone que efectivamente antes de inyectar dinero del conjunto de los contribuyentes, los accionistas, los tenedores de deuda subordinada, los tenedores de deuda senior tendrán que asumir pérdidas. Lo que se hace es lo que ha pretendido el Gobierno durante estos últimos dos años: proteger a los depositantes, proteger fundamentalmente a millones de depositantes que tienen sus ahorros en la banca y que son prácticamente sus ahorros de toda su vida. El Fondo de resolución europeo son 55.000 millones, no sé si a usted le parecerá poco, pero desde luego también en este caso el dinero no lo ponen los contribuyentes sino que lo van a poner los banqueros.

Muchas gracias.(Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Señoras diputadas, señores diputados, señor ministro de Economía y Competitividad, desde el Grupo Vasco consideramos positiva la aprobación de este proyecto de ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades financieras. Creemos que, vista la experiencia vivida en los últimos años en el sector financiero y la necesidad de adoptar medidas con el fin de reforzarlo y evitar los problemas del pasado reciente, este proyecto de ley marco se convierte en imprescindible para el sector. Posiblemente habrá que ir más allá en algunos aspectos y para ello presentaremos las oportunas enmiendas parciales. Sin embargo, no consideramos oportuno devolver el proyecto al Gobierno, por lo que votaremos en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas por otros grupos.

La esencia del proyecto es la trasposición de un reglamento y de una directiva comunitaria con los que estamos básicamente de acuerdo, al margen de que sea una obligación conforme al tratado. Queremos, antes de nada, alabar la existencia de la directiva, ya que como hemos visto en el caso del Estado español, la crisis de una entidad de crédito extiende sus efectos más allá del ámbito de la misma y puede afectar al propio sistema financiero y, por extensión, producir impactos negativos en la economía en general. Ello justifica regular de modo preciso todo lo relativo a los requisitos y la exigencia a la entidad y a sus gestores, así como a los administradores. Hay que destacar, en primer lugar, lo referido a las normas de protección del cliente de servicios financieros prestados por las entidades de crédito a la vista de


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algunos comportamientos de algunas, no de todas, las entidades de crédito, regulando la actuación de las mismas antes del contrato, en el contrato y después del contrato correspondiente en términos de transparencia, etcétera, con especial atención a las personas consumidoras, que son las destinatarias de dicha protección. En segundo lugar, gracias a la directiva que ahora se incorpora al derecho, se establece una rigurosa regulación de las retribuciones de altos cargos de las entidades de crédito. Es necesario acabar con comportamientos de algunos, también directivos, que son intolerables desde una perspectiva no ya legal, sino ética. En este sentido, las restricciones, particularmente a los bonus que conocemos por los medios de comunicación, con fraccionamientos y diferimientos de pago a resultas de lo que pudiera ocurrir tras su cese, nos parece un acierto de la directiva. De igual manera, la intervención no meramente consultiva de la junta general de accionistas es otra cuestión que valoramos positivamente. Cuestión diferente es analizar si quienes con anterioridad tenían encomendada la función de controlar todas esas tropelías cumplieron o no -más bien parece que no- con sus obligaciones, con lo que nos hubieran ahorrado bastantes de los acontecimientos ocurridos en el sistema financiero. Es verdad aquello de que nunca es tarde si la dicha es buena, pero hubiese sido mucho mejor que no hubiera ocurrido ésta tan tarde.

Finalmente, por lo que se refiere a requerimientos de capital, los colchones o los buffers para todo el ámbito de la Unión, nuestro juicio sobre el contenido de la directiva es también positivo. Ahora bien, el Gobierno y el Banco de España deben asumir la responsabilidad de lograr que, más allá de esos requisitos comunes, se igualen otros que son evidentemente perjudiciales para las entidades de crédito del Estado español. Por citar algunos ejemplos, el peso ponderado de los activos, los activos ponderados por riesgo, que siendo el denominador de la fórmula para el cálculo del core capital presenta situaciones de profunda desigualdad para dichas entidades en comparación con las aplicables a las entidades de crédito de otros Estados miembros. No estamos hablando de ligeros desvíos, sino de que en algún caso la diferencia es entre el doble y la mitad o del tema de los activos fiscales diferidos. Nos parece bien que se trasponga la directiva al derecho, pero aquí su función es muy parecida a la del traductor. Hay otras materias, distintas de las contempladas aquí, en las que sería también exigible frente al Banco Central Europeo y a la EBA una actuación decidida. Por todo ello, y como ya les anunciaba, votaremos en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.

El proyecto de ley que debatimos básicamente se dedica a trasponer o, mejor dicho, a completar la trasposición de una directiva comunitaria. Este simple hecho a Unión Progreso y Democracia ya le predispone a favor de la aprobación. Nuestro partido es profundamente europeísta y cuando hemos criticado directivas comunitarias siempre ha sido porque se quedaban demasiado cortas, nunca porque avanzasen en la línea de la mayor integración europea. Y lo mismo nos pasa esta vez: todo paso a favor de la integración europea nos parece favorable, nos parece que debe encontrar en nosotros una disposición favorable. Además, no es esta una directiva comunitaria cualquiera, sino que incorpora ideas que vienen de Basilea III, incorpora a nuestro ordenamiento lecciones extraídas de la crisis financiera y como llevamos tiempo diciendo que hay que extraer las lecciones de la crisis, no parece coherente cuando por fin se incorporan esas lecciones, cuando llega una directiva que incorpora esas lecciones de Basilea III, que las rechacemos. Más bien podemos pensar si es suficiente, pero en cualquier caso seguro que son medidas necesarias. Y en tercer lugar, esto que nos llega en el proyecto de ley se enmarca perfectamente en el camino hacia la unión bancaria, un proceso que nosotros también apoyamos, que querríamos más ambicioso pero que desde luego apoyamos. Por tanto, un proyecto de ley que traspone directivas comunitarias, que incorpora lecciones de Basilea III, que supone un avance hacia la unión bancaria no es algo que creamos que la Cámara deba devolver al Gobierno. Apoyamos su tramitación.

Hay aspectos que valoramos positivamente y que querría resaltar de manera específica. Se incorporan mejoras en el gobierno corporativo y se tienen en cuenta límites a la remuneración variable. Hasta ahora había sistemas de incentivos perversos en la remuneración que aquí se tienen en cuenta. ¿Se podía hacer de manera más ambiciosa? Tal vez. Pero se incorporan límites a la remuneración variable en las entidades financieras y también una mayor transparencia que permitirá saber cuáles son las remuneraciones de los consejeros individuales. La segunda cuestión que valoramos positivamente es que se refuerzan las


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normas de solvencia. Hay nuevos requisitos de capital que incorporan elementos como el riesgo sistémico o la necesidad de que se diseñen de forma anticíclica, evitando los comportamientos procíclicos. Estas también son lecciones importantes de la crisis financiera, tener en cuenta los riesgos sistémicos y evitar los comportamientos procíclicos en las entidades. En tercer lugar, se actualizan y mejoran los procedimientos de supervisión bancaria, se dan nuevas competencias al Banco de España, se modernizan sus competencias, se refunde la normativa sobre ordenación y disciplina bancaria que estaba dispersa e inconexa por las numerosas modificaciones que ha ido sufriendo y se actualiza el régimen sancionador, incluyendo la cuantía de las penalizaciones, que había quedado desfasada. Por último, el proyecto de ley incorpora importantes modificaciones de la Ley del Mercado de Valores, de forma que se incorpore a este régimen de supervisión a las empresas del servicio de inversión y se traten cuestiones tan relevantes como los derivados extrabursátiles o las ventas en corto.

Nos parecen, sinceramente, avances muy significativos en todos los aspectos que he comentado y que no podemos desdeñar de ninguna manera. Por eso, insisto, rechazamos la devolución de este texto legal. El que rechacemos su devolución, el que incorpore avances significativos no quiere decir de ninguna manera que sea perfecto, por supuesto. Si, como esperamos, continúa su tramitación, querríamos enmendarlo, querríamos modificarlo. Algunas enmiendas de modificación para corregir lo que aquí nos llega: nosotros querríamos endurecer este régimen de incompatibilidades. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento, señor Anchuelo; un segundo.

Por favor, ruego un mínimo de silencio. El que tenga necesidad de hablar, por favor, que abandone el Pleno. Es imposible seguir al orador.

Adelante, señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Decía que el que apoyemos la tramitación del texto no quiere decir que sea perfecto; querríamos enmendarlo en el trámite siguiente. Algunas enmiendas serían de modificación, para corregir el texto que nos llega, porque nosotros querríamos endurecer el régimen de incompatibilidades que aquí se incorpora, en particular para acabar con el famoso fenómeno de la puerta giratoria. Querríamos que los cargos políticos que han tenido responsabilidades que les han permitido tomar decisiones sobre las entidades no pudiesen trabajar en esas entidades al menos cuatro años después de la salida de su cargo. Esa sería una medida importante y no necesito dar ejemplos concretos sobre la importancia de esta modificación en España. También querríamos limitar más la posibilidad de tener cargos simultáneos. Ya se limita aquí, pero se concede todavía mucha amplitud, a nuestro modo de ver. Querríamos también limitar el componente variable de forma más estricta, de manera que nunca pudiese suponer más del cien por cien del componente fijo sin excepciones, terminando con las excepciones que aquí se incorporan. Ese es el tipo de modificaciones que querríamos incorporar: más incompatibilidades, menos cargos simultáneos y una regulación más estricta del componente variable.

Junto a estas modificaciones hay adiciones, añadidos que querríamos incorporar, como sucede cada vez que llega una ley financiera a este Congreso, porque hay una serie de cuestiones que creemos que no se pueden ignorar cuando hablamos del sector financiero en España. Yo sé que el ministro siempre nos habla de mirar al futuro y nosotros también somos partidarios de mirar al futuro, pero es que hay una serie de cuestiones, una serie de problemas que siguen vivos hoy aunque su origen esté en el pasado reciente y no podemos ignorarlos porque siguen existiendo. Me refiero, como ya se imaginan porque insistimos en estas cuestiones, a asuntos como la exigencia de responsabilidades a los causantes del hundimiento de las cajas politizadas, una cuestión pendiente; estas personas siguen disfrutando de sus mal ganadas indemnizaciones. Me refiero a cuestiones como el resarcimiento de los preferentistas, una cuestión mal resuelta, siguen manifestándose; muchos estafados han perdido sus ahorros. Y me refiero a cuestiones como el coste público de ese rescate financiero y cómo se recuperará. Ese es el tipo de enmiendas que querríamos incorporar, algunas de modificación, otras de adición, pero no minusvaloramos la importancia de este proyecto de ley y por eso insisto en que nuestra postura es en contra de su devolución al Gobierno. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Anchuelo. (Rumores).

Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Sánchez i Llibre. Por favor, un poco de silencio.


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El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.

Señores diputados, señor ministro de Economía y Competitividad, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a votar favorablemente no la enmienda a la totalidad que han presentado diferentes grupos parlamentarios, sino que se pueda tramitar este proyecto de ley, ya que básicamente coincide con los mismos planteamientos del real decreto-ley que se trató anteriormente en esta Cámara, al que nuestro grupo parlamentario ya dio su voto positivo. Si estableciéramos los criterios por los cuales hemos llegado a esta situación probablemente tendríamos que disponer de una sesión o de más de una sesión de la Cámara, del Congreso de los Diputados, para poderlos analizar detenidamente, ya que es cierto que se ha producido una crisis sin precedentes en el sistema financiero y que muy probablemente, si en el momento oportuno el Gobierno de turno en aquellos momentos hubiera procedido a realizar determinadas actuaciones, como la creación de un banco malo de las entidades financieras como hicieron en algunos países desarrollados como Alemania, Inglaterra o Estados Unidos, la situación financiera de nuestro sistema no habría padecido lo que ha padecido y probablemente también se hubieran podido salvar muchas entidades financieras. Solamente quiero recordar que en algunos de estos países estos bancos que se nacionalizaron con fondos públicos ya han revertido al sector privado y en España la decisión de creación de un banco malo la ha tenido que tomar el Partido Popular. Nosotros siempre hemos mantenido que se ha tomado tarde, pero finalmente se ha tenido que tomar. Realmente el Gobierno se ha encontrado con una situación que no le ha quedado otra alternativa para regular la solvencia de las entidades de crédito, ya que se trata única y exclusivamente de trasposiciones de las directivas comunitarias.

Solamente una cuestión, señor ministro de Economía y Competitividad. Lo que viene persiguiendo nuestro grupo parlamentario a lo largo de esta legislatura y a lo largo de los diferentes Plenos en los que hemos coincidido para hablar del sector financiero es que la situación de liquidez llegue a las familias, llegue a las pequeñas y medianas empresas y llegue a los autónomos. Señor ministro de Economía y Competitividad, nos gustaría en este ámbito que no nos olvidemos del sector social, del tercer sector, que entendemos que es de vital importancia para vigorizar la economía productiva del país y de vital importancia también para poder dar musculatura financiera. Aquí hablamos muchísimas veces de las entidades de crédito, hablamos de la economía productiva, hablamos de las pequeñas y medianas empresas, hablamos de los empresarios autónomos, pero nunca hablamos en los debates de economía de las fundaciones, de las asociaciones, de los centros específicos de empleo, de las empresas de reinserción, que no dejan de ser motores económicos importantes, como siempre ha defendido muy bien nuestro diputado, portavoz en temas sociales, el señor Campuzano; este sector es el gran olvidado siempre en los grandes debates económicos. Señor ministro, quiero aprovechar este debate para plantearle que nosotros en los posteriores debates que podamos tener sobre las futuras leyes que puedan venir o sobre esta misma ley no vamos a desaprovechar la ocasión para plantear toda una serie de enmiendas que van en la dirección de dotar de liquidez a este tercer sector tan importante; al menos para Convergència i Unió siempre ha sido uno de los puntales para vigorizar la economía productiva del país. Sin dejar de lado, lógicamente, sectores tan importantes como los autónomos, las pequeñas y medianas empresas y los sectores industriales, no debemos olvidarnos, señor ministro, del tercer sector, de las asociaciones, de las fundaciones, de los centros específicos de empleo, de las sociedades de reinserción de colectivos desfavorecidos, a los que queremos dar una importancia fundamental y relevante en la tramitación de los próximos decretos-leyes.

Solamente quiero manifestar, repito, el voto favorable a este proyecto de ley y nuestro voto en contra a las dos enmiendas que se han presentado. Al mismo tiempo, quiero señalar que el sistema financiero español se ha visto en innumerables situaciones muy desfavorables, motivadas por la situación coyuntural de la economía española. Quizás algún día tendríamos que hablar, señor ministro, de cómo algunos países de la Unión Europea con datos macroeconómicos mucho más importantes que los de la economía española no tienen un sector financiero tan importante como el español. Me gustaría ver y comparar también las pruebas de stress test de los bancos de la República Federal Alemana y las de los bancos del Estado español. Por lo tanto, aquí también tendríamos que hacer un análisis y una reflexión importante de nuestras fortalezas y de nuestras debilidades para no hacer discursos electorales, que pueden quedar muy bien. Tendríamos que poner los pies en el suelo para conocer cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades y, al mismo tiempo, conocer también las debilidades de algunos países de la Unión Europea.

Muchísimas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sánchez i Llibre.

Por el Grupo Socialista, señor Gómez Sánchez.


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El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor ministro, señorías, a mediados del mes de diciembre pasado entró en la Cámara un decreto-ley sobre activos fiscales diferidos. Nuestro grupo utilizó entonces el turno en contra de la convalidación para advertir que no estábamos a favor de un decreto-ley que no solo incluía decisiones en materia de capital de las entidades financieras, sino que también se detenía en materias de regulación bancaria, y creíamos que no era el momento adecuado para tramitarlo de una forma que no fuera un proyecto de ley. La respuesta entonces del Gobierno fue la de trasladar ese debate de forma abierta, con voluntad dialogada, a un futuro proyecto de ley de ordenación y de supervisión, que es el que hoy en la práctica estamos discutiendo en la Cámara. Señor ministro, nuestra calificación de los acuerdos de Basilea III, que es lo que en realidad desarrolla esta ley, no es precisamente la de un sobresaliente, aunque el Grupo Socialista comparte sus objetivos. En muchas ocasiones los instrumentos son, por desgracia, insuficientes, pero se trata de una respuesta en la dirección adecuada. Compartimos, pues, los objetivos de este proyecto de ley y queremos mantener un diálogo abierto con el Gobierno y con los demás grupos de la Cámara sobre un tema especialmente trascendente. Nuestro voto hoy será de abstención, desde la voluntad de mantener un debate constructivo en los próximos días. Cómo no compartir la necesidad de reforzar los requerimientos de capital y los de liquidez en las entidades bancarias cuando han sido precisamente sus abusos en forma de endeudamiento, en forma de expansión irresponsable en sus balances los que están haciendo que los Estados y, al final, los propios contribuyentes terminen pagando sus errores.

Señorías, creemos que son necesarios niveles de capitalización ostensiblemente mayores, incluso, que los mínimos establecidos en Basilea III. No creemos que más capitalización bancaria sea equivalente a menos crédito; nunca lo hemos creído. Cuando un banco tiene más capital puede que su rendimiento por acción disminuya, pero también disminuye el riesgo de los accionistas y, sobre todo, disminuye el riesgo social. Sí, el riesgo social, señor ministro, porque, al final, es la sociedad la que termina por tener que capitalizar las entidades a las que los mercados no están dispuestos a financiar. Señor ministro, algunas creencias nos impusieron esa absurda visión de que los mercados financieros se autorregulan y, sin embargo, la ciencia y la evidencia del comportamiento de las entidades financieras a lo largo de la historia lo que nos dicen es que los mercados financieros deben ser vigilados, estrechamente vigilados, y viendo penalizar con rapidez sus peores conductas. La razón es obvia, sencillamente porque la prudencia, porque la sensatez no abundan siempre; no son las mejores características del comportamiento de los banqueros. Compartimos también algo esencial. La política macroprudencial tiene que ser anticíclica, pero en esto queremos ser coherentes. Es toda la política económica y toda la política fiscal la que debe ser anticíclica. Por eso es un error esta política de austeridad a ultranza, esta política de rigor extremo, de rigor suicida en muchos aspectos, que no aportará nada a nuestra capacidad de crecimiento y además terminará debilitando la propia fortaleza de nuestro sistema financiero.

Señorías, la unión bancaria es una pieza imprescindible en el nuevo entramado institucional del euro, porque, si lo pensamos bien, lo raro no es que el euro sobreviva hoy, cuando empezamos a tener algo parecido a un verdadero banco central en Europa, lo raro es que haya sobrevivido casi cuatro años desde que empezó la crisis; eso es lo raro. Cuatro años perdidos hasta el verano del año 2012, en el que, por fin, su presidente y su consejo de gobierno proclamaron su voluntad de ser el banco central que necesita el euro. El banco central de una moneda que en la práctica no tenía prestamista de última instancia para defender a sus bancos, para defender a su propia moneda y que había nacido -por cierto, todavía sigue viviendo- sin tesoro y sin política fiscal común. Esto es lo que tenemos. En esta aventura estamos embarcados. Pero la unión bancaria no puede existir sin un mecanismo de resolución. No despejaremos ninguna de las grandes incertidumbres que todavía pesan sobre el futuro de nuestra moneda si son los Estados los que tienen que hacer frente solos a cualquier crisis financiera. Estamos de acuerdo en pactar la forma en que se plantea un fondo de resolución común, pero no estamos de acuerdo con que el período transitorio sea de esos diez años; nos parecen muy escasos. Cincuenta y cinco mil millones dotados a lo largo de diez años es una cantidad lo suficientemente escasa como para desconfiar de su capacidad de romper ese círculo vicioso entre riesgo soberano y el conjunto de las necesidades de defensa de nuestro sistema financiero. Por cierto, echamos en falta el hecho de que, a estas alturas, todavía no se haya abordado en el ámbito europeo, que es donde corresponde hacerlo, la separación entre banca comercial y banca de inversión y la regulación efectiva de la denominada banca en la sombra. Aquí hay mucho que hacer todavía.

Señorías, nuestras aportaciones irán dirigidas a lograr los siguientes objetivos. En primer lugar, queremos que se refuerce la protección y la seguridad de los clientes minoristas en las entidades de


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crédito. Los servicios de defensa del cliente no pueden depender, no deben depender de la propia entidad de crédito; incluso, tampoco de la propia autoridad supervisora, sea el Banco Central o sea la CNMV. Para ello, planteamos, entre otras cosas, que haya una suerte de agencia financiera de protección financiera de los clientes, de los consumidores de productos financieros. En segundo lugar, defendemos una revisión en profundidad de los requisitos de idoneidad para poder ejercer la profesión de banquero. Queremos que se impulse el desarrollo de un código deontológico para todos los altos cargos de las entidades de crédito que operen en España, no solamente para los miembros de sus consejos de administración. Y, en tercer lugar, el proyecto de ley debe mejorarse en dos ámbitos esenciales, como son el gobierno corporativo y la política de retribuciones, publicando en la web los ratios de diferencia salarial entre directivos o consejeros, el que reciba una retribución más elevada, y la del trabajador que reciba la menor retribución en la entidad de crédito -artículo 29 de su proyecto de ley-, garantizando la presencia de consejeros independientes en los comités de nombramientos, reduciendo el componente variable de la retribución, que debe ser, en nuestra opinión, del 50 % del componente fijo, y limitar al cien por cien el nivel más elevado de la retribución variable; y, por último, exigiendo para esos incrementos, en todo caso, el voto cualificado, las dos terceras partes del voto en la junta general de accionistas.

Termino con el cuarto grupo de propuestas que van dirigidas a garantizar la seguridad para el contribuyente; es lo que podríamos llamar seguridad social financiera. Somos partidarios de crear un consejo de estabilidad financiera a nivel nacional con la colaboración de todas las entidades financieras nacionales, pero con funciones específicas de análisis de riesgos, de los riesgos potenciales en el conjunto del sistema financiero. Queremos también que se implante una tasa específica para hacer frente a los servicios de supervisión; necesarios, sí, pero unos servicios que deben ser reforzados y pagados al mismo tiempo por el supervisado, por la propia entidad financiera. Por cierto, no quiero dejar de mencionar, señor ministro, una preocupación, y me refiero a las cooperativas de crédito. Nosotros -ya se lo anticipo- no vamos a votar nada, ni ahora ni en el futuro, que suponga la aplicación a las cooperativas de crédito de una estrategia que termine conduciéndolas a su desaparición. Su comportamiento durante la burbuja, salvo alguna excepción, fue excelente y no hay razones para volver a cargar sobre el modelo cualquier responsabilidad de los malos gestores, como ya se hizo con las cajas de ahorros.

Señorías, cuando las entidades financieras asuman por sí mismas el coste de sus actos estarán en disposición de dar lecciones, de dar recomendaciones al Estado y a los contribuyentes. Lo creemos firmemente y creemos que esta es una de las principales lecciones de la crisis. Por eso, queremos que se consagre por ley el principio de coste cero para el erario público en materia de rescate de las entidades financieras. Si hay un euro público destinado al rescate de las entidades financieras, tiene que haber la garantía legal de que la industria financiera devolverá íntegramente, en los plazos que sean necesarios, el coste en que la sociedad incurra para sanearlas. Este principio debe también ser consagrado legalmente.

Por último, señor ministro, tengo por aquí -he tomado nota rápida- un correo que acabo de recibir hace un rato con el último informe de la situación financiera y económica en España. Es un informe de Paribas, de la Banca Nacional de París. Fíjese lo que dice el informe en el sumario, dice: Una abrupta e inesperada caída en el consumo público en la contabilidad nacional del cuarto trimestre español colocaría el déficit en el 6,7 % del PIB. Y sigue diciendo la nota: En ausencia de esta sorprendente caída -estoy traduciendo directamente- en el consumo, según nuestros cálculos, el déficit sería el 7,2 %, y el 7,7 % incluyendo las ayudas a la banca. Esto lo dice la Banca Nacional de París. Lo que le digo a usted, que sé que no es el responsable de esta materia -estará por aquí sentado en alguna parte del banco azul-, es lo siguiente: ¿no es posible acabar de una vez con este tipo de espectáculos?, ¿no es posible acabar de una vez con la práctica de un Gobierno que tuvo tanta prisa, tanta celeridad, tantas ganas de poner la responsabilidad en la espalda del Gobierno anterior un déficit ostensiblemente mayor, buscando hasta debajo de las piedras dónde había déficit, para que dos años después tengamos que estar asistiendo a este espectáculo, que es de qué forma absurda ocultamos lo que todo el mundo sabe? No consienta usted este tipo de espectáculos, entre otras cosas para no ver este tipo de informes de la Banca Nacional de París en países que tanto nos importan como el Estado francés.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Gómez.

Por el Grupo Popular, señora Garrido.


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La señora GARRIDO VALENZUELA: Gracias, presidenta.

Tomo la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, para fijar posición en torno a este proyecto de ley. Señorías, el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria acordó en diciembre de 2010 el marco regulador global de refuerzo de bancos y sistemas bancarios, lo que conocemos con el nombre de Basilea III, que, tratando de amortiguar futuras crisis y de mejorar la cooperación internacional, refuerza significativamente las exigencias de capital de los bancos. Como ha dicho el ministro en su exposición, toda esta normativa se traspone al ordenamiento europeo a través de un paquete denominado CRD IV, que cuenta con el Reglamento 575 y la Directiva 36 del Parlamento Europeo y del Consejo, ambos de fecha 26 de junio de 2013. Su trasposición a nuestro ordenamiento ya se inició con el real decreto del pasado mes de noviembre, y continúa y se completa con este proyecto de ley. Pero en este texto no solo se completa la trasposición europea a nuestro ordenamiento jurídico, también se consigue un objetivo que se llevaba persiguiendo muchos años: la necesaria refundición en un solo texto de las normas con rango de ley que regulan la ordenación y la disciplina de las entidades de crédito. Hasta el momento, también se ha dicho esto, se trataba de una normativa dispersa que a veces era ininteligible debido a las numerosas modificaciones que ha sido necesario realizar para adaptarnos a la rapidez evolutiva del entorno financiero.

A partir de este esfuerzo simplificador se beneficiarán todos los actores, tanto públicos y privados, porque se van a enfrentar a una única normativa que recoge toda la regulación en materia de supervisión y de solvencia bancaria. Esta normativa y este reglamento que originan el texto dan respuesta a carencias observadas en la regulación financiera en los últimos años, suponen la introducción de nuevos requisitos de solvencia y de refuerzo de los que ya existían, avanzando -y es muy importante- sustancialmente en la creación de una auténtica normativa bancaria única en materia de solvencia. Debemos darnos cuenta de lo importante que es este ejercicio de armonización, porque es imprescindible de cara a la constitución de la unión bancaria, porque parte de una normativa que va a ser común para todos los Estados miembros de cara a la constitución del mecanismo único de supervisión y de resolución. Como saben, ayer no se llegó a un acuerdo sobre el borrador de este mecanismo único de resolución y se va a firmar el próximo 19 en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea.

El objetivo fundamental de esta norma es establecer las bases del sistema bancario para hacerlo más trasparente, más solvente y resistente a posibles crisis financieras producidas por los ciclos económicos. Se pretende prevenir así de las fuertes restricciones de acceso al crédito, como las que estamos viviendo en este momento, por el deterioro repentino de la confianza de las entidades bancarias. El objetivo adicional es favorecer la integración del sector financiero europeo. Esto es especialmente relevante para la unión bancaria, porque, una vez aprobado este mecanismo, se cederá al Banco Central Europeo la supervisión de las entidades principales del sistema financiero español. El Banco Central Europeo va actuar en España en el marco de esta ley y en el marco del posterior desarrollo reglamentario. A partir de la entrada en vigor del ya cercano mecanismo único de supervisión de la Unión Europea, el Banco de España va a tener que acostumbrarse a actuar en cooperación con el Banco Central Europeo y sin perjuicio de las competencias que serán directamente atribuidas al mismo.

Señor Coscubiela, su grupo ha presentado una enmienda a la totalidad y señala numerosos aspectos. Poco han tenido que ver los aspectos de la enmienda con su intervención, pero me gustaría señalar una frase que figura en su enmienda, y leo: La prioridad política de trabajar para contar con un sistema financiero estable y eficiente, comprometido con el desarrollo y el bienestar de la ciudadanía. Esta frase, base de su enmienda a la totalidad, simplemente nos hace ver que está de acuerdo con muchas más cosas de las que piensa con respecto a este proyecto de ley, puesto que este es el objetivo primordial perseguido por esta ley. También indica en otro momento que el sistema financiero actual no tiene nada que ver con el de hace cinco años. Sé que lo dice en relación con la aparición de nuevos instrumentos financieros que va a ser necesario regular, porque se trata de una ley marco susceptible de posteriores modificaciones para adaptarse a las necesidades, pero con respecto a la frase de que el sistema financiero actual nada tiene que ver con el que teníamos hace cinco años, solo me queda decir que menos mal, señor Coscubiela, que no tiene nada que ver con el de hace cinco, cuatro o tres años.

También el Grupo Mixto ha presentado una enmienda a la totalidad, y quisiera detenerme un poco más en la apreciación que se hace de la protección al consumidor, porque ha sido mencionado por todos los grupos y por supuesto también es un eje fundamental para nosotros. En esta enmienda a la totalidad se dice textualmente que de los 118 artículos de los que consta este texto, tan solo en uno se hace referencia a la protección al consumidor, quedando desamparado. Esto me causa ciertas dudas sobre que o no se han leído el texto o no saben interpretarlo, estoy entre una y otra, porque el fundamento último de


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esta normativa es garantizar la estabilidad y el eficiente funcionamiento de los sistemas financieros, con el fin de proteger a los agentes implicados, y entre esos agentes implicados están los clientes de las entidades financieras, están los inversores y están los ahorradores. En definitiva, también tiene por objetivo proporcionar a las economías las condiciones de financiación para impulsar la prosperidad en el corto, medio y largo plazo, buscando siempre la sostenibilidad del sistema. ¿Parece de verdad, tal y como refleja la enmienda del Grupo Mixto, que esta ley no ofrece protección a los consumidores? ¿No ven que es el objetivo de esta regulación? Señora Jordà, señor Larreina, la protección al consumidor constituye la base del buen funcionamiento del sistema financiero. Esta norma de solvencia que hoy estamos estudiando en la Cámara es técnicamente necesaria, pero sería insuficiente si los intereses de los consumidores no constituyeran su eje principal.

Al Grupo Parlamentario Popular nos parece que este texto apoya rotundamente a los consumidores, que los protege, por eso el Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor de este proyecto de ley, pero lo que nos trae hoy aquí es la votación en contra de estas enmiendas a la totalidad. Apoyamos este proyecto porque pensamos que es un escalón más de cara a recuperar esa confianza tan necesaria para lograr el crecimiento económico que permita la generación de empleo. Será esta medida, junto con el resto de medidas de política económica, de reestructuración del sistema financiero, de saneamiento del mismo con el resto de las reformas estructurales, la que permita conseguir el único, esencial y definitivo objetivo, que es la creación de empleo.

Hemos escuchado a los diferentes grupos y en sus exposiciones observamos, en todas ellas, aspectos que deben ser tratados y que pueden ser discutidos, y para ello tenemos el trámite posterior que viene ahora en Comisión con la negociación de las enmiendas al articulado. Tengan la seguridad de que el Grupo Parlamentario Popular apoyará todas aquellas aportaciones que contribuyan a alcanzar los objetivos perseguidos por este proyecto de ley.

Me gustaría finalizar mostrando nuestra satisfacción por que la mayoría del arco parlamentario no haya presentado enmiendas a la totalidad y, por eso, les decimos a los portavoces de CiU, del PNV, de UPyD y del Partido Socialista, que se han abstenido de presentar estas enmiendas, que esto nos hace pensar que van a existir muchos puntos de negociación y que entre todos vamos a tratar de mejorar este texto que hoy presentamos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señora Garrido.

Señor ministro de Economía.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchísimas gracias, presidenta.

Simplemente intervengo para agradecer a todos los portavoces sus aportaciones. Se inicia la tramitación de este anteproyecto de ley, que es fundamental, y por supuesto hemos tomado buena nota de los comentarios que se han hecho al respecto.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro de Economía.

En dos minutos iniciamos las votaciones, así que rogaría a los señores diputados que fuesen ocupando sus escaños. (Pausa).

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA PÉREZ FERNÁNDEZ), SOBRE MEDIDAS PARA DOTAR DE CARGA DE TRABAJO A LOS ASTILLEROS PÚBLICOS DE NAVANTIA, SITUADOS EN LA RÍA DE FERROL, ASÍ COMO PARA QUE INFORME SI HA TRAMITADO ANTE LA UNIÓN EUROPEA UNA CONSULTA FORMAL SOBRE LA POSIBILIDAD DE CONSTRUIR UN DIQUE FLOTANTE EN DICHA LOCALIDAD. (Número de expediente 173/000135).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Debo decirles que, dado que la votación va a ser un poco larga, hemos reducido el tiempo a diez segundos.

Iniciamos la votación. En primer lugar, moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señora Pérez Fernández), sobre medidas para dotar de carga de trabajo a los astilleros públicos de Navantia, situados en la ría de Ferrol, así como para que informe si ha tramitado ante


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la Unión Europea una consulta formal sobre la posibilidad de construir un dique flotante en dicha localidad. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Pérez Fernández.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 117; en contra, 183; abstenciones, 14.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda rechazada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, AL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD. (Número de expediente 173/000136).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista al ministro de Industria, sobre la política del Gobierno en relación con el precio de la electricidad. Se ha solicitado la votación separada.

En primer lugar, punto número 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 130; en contra, 177; abstenciones, 6.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda rechazado.

Punto número 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 112; en contra, 180; abstenciones, 20.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda rechazado.

Punto número 3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 131; en contra, 179; abstenciones, 1.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda rechazado.

Punto número 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 131; en contra, 180.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda rechazado.

Punto número 5.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 133; en contra, 180.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda rechazado.

Punto número 6.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 120; en contra, 180; abstenciones, 13.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda rechazado.

Punto número 7.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 100; en contra, 201; abstenciones, 9.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda rechazado.

Punto número 8.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 124; en contra, 175; abstenciones, 11.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda rechazado.

Punto número 9.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 95; en contra, 196; abstenciones, 21.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda rechazado.

Punto número 10.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 110; en contra, 180; abstenciones, 21.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda rechazado.

Punto número 11.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 112; en contra, 180; abstenciones, 22.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda rechazado.

Punto número 12.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 127; en contra, 180; abstenciones, 6.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda rechazado.

Punto número 13.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 132; en contra, 180; abstenciones, 2.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda rechazado.

Por último, punto 14.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 103; en contra, 201; abstenciones, 9.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda rechazado.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS APORTACIONES PRESUPUESTARIAS DEL ESTADO AL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE BARCELONA. (Número de expediente 173/000137).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Moción del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, sobre las aportaciones presupuestarias del Estado al transporte público de la región


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metropolitana de Barcelona. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Socialista y el Grupo de Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 298; abstenciones, 11.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda aprobada. (Aplausos).

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):

- REAL DECRETO-LEY 2/2014, DE 21 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS EN LOS DOS PRIMEROS MESES DE 2014 POR LAS TORMENTAS DE VIENTO Y MAR EN LA FACHADA ATLÁNTICA Y COSTA CANTÁBRICA. (Núm. expte. 130/000049).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Convalidación o derogación de reales decretos. En primer lugar, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados en los dos primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar y en la fachada atlántica y costa cantábrica. Hay tres votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314, más 3 votos telemáticos, 317; a favor, 284, más 3 votos telemáticos, 287; abstenciones, 30.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda convalidado.

- TRAMITACIÓN COMO PROYECTO DE LEY POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA DEL REAL DECRETO-LEY 2/2014, DE 21 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS EN LOS DOS PRIMEROS MESES DE 2014 POR LAS TORMENTAS DE VIENTO Y MAR EN LA FACHADA ATLÁNTICA Y COSTA CANTÁBRICA. (Núm. expte. 130/000049).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia del real decreto ley del que hablamos. Hay también 3 votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314, más 3 votos telemáticos, 317; a favor, 131, más 2 votos telemáticos, 133; en contra, 182, más 1 voto telemático, 183; abstenciones, 1.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda rechazada.

- REAL DECRETO-LEY 3/2014, DE 28 DE FEBRERO, DE MEDIDAS URGENTES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA. (Núm. expte. 130/000050).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Convalidación o derogación del real decreto ley de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida. También hay 3 votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314, más 3 votos telemáticos, 317; a favor, 183, más 1 voto telemático, 184; en contra, 110, más 2 votos telemáticos, 112; abstenciones, 21.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda convalidado.


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- TRAMITACIÓN COMO PROYECTO DE LEY POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA DEL REAL DECRETO-LEY 3/2014, DE 28 DE FEBRERO, DE MEDIDAS URGENTES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA. (Núm. expte. 130/000050).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Tramitación como proyecto de ley de dicho decreto-ley. Hay 3 votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313, más 3 votos telemáticos, 316; a favor, 129, más 2 votos telemáticos, 131; en contra, 181, más 1 voto telemático, 182; abstenciones, 3.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda rechazada.

ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY DE LA ACCIÓN Y DEL SERVICIO EXTERIOR DEL ESTADO. (Número de expediente 121/000051).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Enmiendas del Senado al proyecto de ley de acción del servicio exterior del Estado. Votación separada de las enmiendas. Enmiendas al artículo 4.1, al artículo 6.1, al artículo 34, al artículo 44.2, al artículo 48.1, al artículo 49 y a la disposición adicional décimo sexta (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 193; en contra, 20; abstenciones, 99.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Quedan aprobadas.

Enmienda al artículo 5.2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 273; en contra, 34; abstenciones, 4.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda aprobada.

Enmiendas al artículo 7.3 y al artículo 45.4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 288; en contra, 19; abstenciones, 5.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Quedan aprobadas.

Enmienda al artículo 11.3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 193; en contra, 111; abstenciones, 8.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda aprobada.

Enmienda al artículo 42.3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 285; en contra, 19; abstenciones, 6.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda aprobada.

Enmienda al artículo 42.4.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 287; en contra, 19; abstenciones, 5.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda aprobada.

Enmienda al artículo 49.1.d).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 287; en contra, 20; abstenciones, 5.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda aprobada.

Resto de enmiendas al artículo 49.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 193; en contra, 20; abstenciones, 99.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Quedan aprobadas.

Enmienda a la disposición adicional cuarta.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 180; en contra, 125; abstenciones, 6.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda aprobada.

Resto de enmiendas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 288; en contra, 18; abstenciones, 6.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Quedan aprobadas.

DICTÁMENES DE COMISIONES DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):

- PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE CASTILLA-LA MANCHA. (Número de expediente 127/000003).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

Enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, señor Baldoví. Enmienda 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 32; en contra, 177; abstenciones, 97.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda rechazada.

Enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que se votan en bloque.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 19; en contra, 181; abstenciones, 106.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Enmienda número 5.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 28; en contra, 179; abstenciones, 99.


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda rechazada.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Enmienda número 6.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 118; en contra, 180; abstenciones, 7.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda rechazada.

Enmienda transaccional a la enmienda 5 del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 114; en contra, 178; abstenciones, 13.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda rechazada.

Votación del dictamen de la Comisión.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 180; en contra, 108; abstenciones, 19.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda aprobado.

Teniendo la condición de carácter orgánico esta reforma del Estatuto, vamos a votar el conjunto de la norma. (Rumores). Por favor, guarden silencio. Hay tres votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306, más 3 votos telemáticos, 309; a favor, 179, más 1 voto telemático, 180; en contra, 110, más 2 votos telemáticos, 112; abstenciones, 17.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda aprobada.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN):

- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS. (Número de expediente 042/000033).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 251; en contra, 3; abstenciones, 45.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda aprobado.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY DE NAVEGACIÓN MARÍTIMA. (Número de expediente 121/000073).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Debates de totalidad de iniciativas legislativas.

Votación de la enmienda a la totalidad de devolución presentada al proyecto de ley de Navegación Marítima por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. Hay tres votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310, más 3 votos telemáticos, 313; a favor, 12; en contra, 202, más 1 voto telemático, 203; abstenciones, 96, más 2 votos telemáticos, 98.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda rechazada.


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AVOCACIÓN POR EL PLENO. (Número de expediente 121/000073).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Solicitud de avocación por el Pleno del proyecto de ley de Navegación Marítima, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314, más 3 votos telemáticos, 317; a favor, 134, más 2 votos telemáticos, 136; en contra, 180, más 1 voto telemático, 181.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda rechazada.

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS Y SE CREA EL CONSEJO AGRARIO. (Número de expediente 121/000075).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas al proyecto de ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias. Las enmiendas son de los Grupos Parlamentarios Mixto (señora Fernández Davila), de IU,ICV-EUiA,CHA: La Izquierda Plural, Vasco, Catalán (Convergència i Unió) y Socialista. Hay tres votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314, más 3 votos telemáticos, 317; a favor, 126, más 2 votos telemáticos, 128; en contra, 187, más 1 voto telemático, 188; abstenciones, 1.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Quedan rechazadas.

AVOCACIÓN POR EL PLENO.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Solicitud de avocación por el Pleno del proyecto de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312, más 3 votos telemáticos, 315; a favor, 134, más 2 votos telemáticos, 136; en contra, 178, más 1 voto telemático, 179.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda rechazada.

- PROYECTO DE LEY DE ORDENACIÓN, SUPERVISIÓN Y SOLVENCIA DE ENTIDADES DE CRÉDITO. (Número de expediente 121/000080).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Debates de totalidad de iniciativas legislativas.

Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas al proyecto de ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito por los Grupos Parlamentarios Mixto (señora Jordà) y de IU,ICV-EUiA,CHA: La Izquierda Plural. Hay tres votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314, más 3 votos telemáticos, 317; a favor, 16; en contra, 204, más 1 voto telemático, 205; abstenciones, 94, más 2 votos telemáticos, 96.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Quedan rechazadas.

AVOCACIÓN POR EL PLENO.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Solicitud de avocación por el Pleno del proyecto de ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, presentada por el grupo parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. Hay tres votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314, más 3 votos telemáticos, 317; a favor, 138; en contra, 179.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda rechazada.

Se levanta la sesión.

Eran las siete y cuarenta minutos de la tarde.

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