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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 251, de 18/12/2014
cve: DSCD-10-PL-251
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 251
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 236
celebrada el jueves,
18 de diciembre de 2014


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ORDEN DEL DÍA:

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados:

- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de Excmos. Sres. Diputados. (Número de expediente 042/000041) ... (Página7)

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 106-1, de 25 de julio de 2014. (Número de expediente 121/000106) ... (Página7)

- Proyecto de ley de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 113-1, de 5 de septiembre de 2014. (Número de expediente 121/000113) ... (Página20)

- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 118-1, de 2 de octubre de 2014. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 118-3, de 3 de octubre de 2014. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 118-5, de 23 de octubre de 2014. (Número de expediente 121/000118) ... (Página28)

Declaración sobre la Cuenta General del Estado:

- Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2012, así como la Resolución adoptada por dicha Comisión. (Número de expediente 250/000007) ... (Página42)


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Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley orgánica por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales (antes denominado proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 114-1, de 5 de septiembre de 2014. (Número de expediente 121/000114) ... (Página51)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley Orgánica del código penal militar. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 110-1, de 5 de septiembre de 2014. (Número de expediente 121/000107) ... (Página61)

Debate relativo a la autorización por la Cámara prevista en el artículo 17.1 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional:

- Solicitud de autorización del Congreso de los Diputados para la participación de Unidades Militares Españolas en la Operación Resolute Support en Afganistán. (Número de expediente 095/000006) ... (Página74)

Declaración institucional ... (Página84)

Solicitud de prórroga de subcomisiones:

- Solicitud de prórroga de los trabajos de la subcomisión para el análisis y estudio de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. (Número de expediente 154/000011) ... (Página85)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página85)

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Votación) ... (Página85)

Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página86)

Declaración sobre la Cuenta General del Estado. (Votación) ... (Página91)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página91)

Votación de conjunto ... (Página93)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página93)

Debate relativo a la autorización por la Cámara prevista en el artículo 17.1 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional. (Votación) ... (Página93)


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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

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Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados... (Página7)

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- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de señores diputados ... (Página7)

La Presidencia anuncia que ningún grupo ha solicitado intervenir en este punto del orden del día.

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Enmiendas del Senado ... (Página7)

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- Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social... (Página7)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Salvador Armendáriz, Baldoví Roda, Tardà i Coma y Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Gutiérrez del Castillo, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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- Proyecto de Ley de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social ... (Página20)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ruiz i Carbonell, del Grupo Parlamentario Socialista, y Camps Devesa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Cierra el debate la señora ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez García).

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- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 ... (Página28)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Salvador Armendáriz, Álvarez Sostres y Baldoví Roda, las señoras Oramas González-Moro y Fernández Davila, y el señor Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Rangel Tarrés, del Grupo Parlamentario Socialista, y Gallego Burgos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Cierra el debate el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).


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- Declaración sobre la Cuenta General del Estado ... (Página42)

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- Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2012, así como la Resolución adoptada por dicha Comisión ... (Página42)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Pàramo i Ponsetí, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Císcar Casabán, del Grupo Parlamentario Socialista, y Suárez Lamata, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página51)

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- Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales (antes denominado Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales) ... (Página51)

En defensa de las enmiendas que se mantienen vivas para su defensa en Pleno intervienen el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Martín Peré, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Tardà i Coma y Urbina Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, y Casado Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página61)

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- Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal Militar ... (Página61)

El señor ministro de Defensa (Morenés Eulate) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.

En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas intervienen la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y el señor Sanz Remón, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); López Garrido, don Diego, del Grupo Parlamentario Socialista, y Ferrer Roselló, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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- Debate relativo a la autorización por la Cámara prevista en el artículo 17.1 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional ... (Página74)

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- Solicitud de autorización del Congreso de los Diputados para la participación de Unidades Militares Españolas en la Operación Resolute Support en Afganistán ... (Página74)

El señor ministro de Defensa (Morenés Eulate) interviene para solicitar a la Cámara la autorización prevista en el artículo 17.1 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, para la participación de Unidades Militares Españolas en la Operación Resolute Support en Afganistán.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores López Garrido, don Diego, del Grupo Parlamentario Socialista; Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardà i Coma y Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto, y la señora Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Cierra el debate el señor ministro de Defensa.

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Declaración institucional ... (Página84)

El señor secretario (Gil Lázaro) da lectura a la declaración institucional firmada por todos los grupos con motivo de la celebración del Año de la Biotecnología.

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Solicitud de prórroga de subcomisiones ... (Página85)

La Presidencia somete al Pleno la solicitud de prórroga de los trabajos de la Subcomisión para el análisis y estudio de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, constituida en el seno de la Comisión de Igualdad, lo que se aprueba por asentimiento.

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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página85)

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y el Grupo Parlamentario Mixto a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señora Barkos), sobre la posición del Gobierno ante los conflictos surgidos con la Comunidad Foral de Navarra, se rechaza por 142 votos a favor, 183 en contra y 4 abstenciones.

Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impacto de la política del Gobierno en nuestro sistema de la Seguridad Social y la situación del Fondo de Reserva, con la incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, se rechaza por 146 votos a favor, 183 en contra y 1 abstención.

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Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Votación) ... (Página85)

Sometido a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de señores diputados, se aprueba por 313 votos a favor y 14 abstenciones.


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Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página86)

Sometidas a votación las enmiendas al proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, son aprobadas todas.

Sometidas a votación las enmiendas al proyecto de ley de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social, son aprobadas por 321 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones.

Se someten a votación las enmiendas al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.

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Declaración sobre la Cuenta General del Estado. (Votación) ... (Página91)

Sometido a votación el dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2012, así como la Resolución adoptada por dicha Comisión, se aprueba por 297 votos a favor más 2 votos telemáticos, 299; 14 en contra y 13 abstenciones.

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Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página91)

Se someten a votación las enmiendas al proyecto de ley Orgánica por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales (antes denominado Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales).

Sometido a votación el dictamen de la comisión, es aprobado por 182 votos a favor, 44 en contra y 103 abstenciones.

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Votación de conjunto ... (Página93)

Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 183 votos a favor más 1 voto telemático, 184; 44 en contra y 101 abstenciones.

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Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página93)

Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley Orgánica del Código Penal Militar, se rechazan por 19 votos a favor; 182 en contra más 1 voto telemático, 183, y 123 abstenciones más 1 voto telemático, 124.


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- Debate relativo a la autorización por la Cámara prevista en el artículo 17.1 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional. (Votación) ... (Página93)

Sometida a votación la solicitud de autorización del Congreso de los Diputados para la participación de Unidades Militares Españolas en la Operación Resolute Support en Afganistán, es aprobada por 306 votos a favor más 2 votos telemáticos, 308; 11 en contra y 5 abstenciones.

Eran las cinco y veinte minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Hay debate de aprobación del proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo cual obliga a esta Presidencia a dar una idea de la hora de votación. Las votaciones no se producirán antes de las cuatro, pero yo creo que será algo, o bastante, más tarde. En todo caso, no antes de las cuatro.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:

- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS SEÑORES DIPUTADOS. (Número de expediente 042/000041).

El señor PRESIDENTE: En el primer punto, relativo al dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de los señores diputados, no se ha solicitado intervenir por parte de ningún grupo.

ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RELACIÓN CON EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000106).

El señor PRESIDENTE: Pasamos, por tanto, a las enmiendas del Senado. En primer lugar, enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

Tiene la palabra, por el Grupo Mixto, en primer lugar, el señor Salvador.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.

Tramitamos hoy la que hemos venido en llamar ley de mutuas y quisiera hacer una breve cronología de la participación de Unión del Pueblo Navarro. En nuestro caso, nos opusimos a las enmiendas de devolución de este proyecto de ley y hemos participado activamente presentando no menos de una docena de enmiendas parciales. Hicimos un seguimiento especial de la tramitación en la Comisión del Congreso y asistimos al interesante debate en Comisión de las enmiendas parciales y la defensa del dictamen. Fue un debate de alguna manera un poco contradictorio en la mayoría de las intervenciones porque unas venían a criticar el carácter privatizador de esta norma y otras lo acusaban precisamente de todo lo contrario, es decir, de desnaturalizar su esencia privada. Fue un debate un tanto contradictorio. Supongo que hoy el razonamiento del Grupo Popular para defender la centralidad de la ley será acudir a ese mismo debate en Comisión para alegar precisamente que la ley no hace ni una cosa ni otra, es decir, ni público ni privado, sino todo lo contrario. Lo cierto es que nuestras enmiendas, en general, no han sido muy bien recogidas, como esperábamos, y en nuestro caso solo hemos podido transaccionar tres de las trece que presentamos en el Senado.

Hoy vamos a aprobar únicamente las enmiendas del Senado que de alguna manera mejoran el texto pero que, desde nuestro punto de vista, siguen siendo insuficientes para poder afrontar sin complejos y


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con más valentía política un debate sobre la naturaleza jurídica, al menos en esta casa, sobre el papel de las mutuas, sobre las posibilidades de colaboración con la Seguridad Social, sobre la ampliación de sus funciones, sobre sus coberturas, sobre la actividad de las mismas, etcétera, y como digo, señorías, sin complejos. Desde nuestro punto de vista, se ha perdido una oportunidad única para hacer pedagogía política y para oponernos a quienes desde el prejuicio ideológico más trasnochado siguen queriendo dar lecciones e imponer un modelo en el que la libertad, el emprendimiento y la confianza en el mismo siguen siendo en su discurso un elemento para ellos disfuncional en un sistema de libertades. Es obvio que el sector no está del todo satisfecho, más allá de que se haya podido mejorar algo en el Senado con la defensa que el grupo de la mayoría ha hecho en esta tramitación de la ley, al que se le acusa no ya de modular o de dulcificar su discurso, sino de cambiar, modificar, incluso en algunos casos hemos oído hablar de traicionar lo que aquí mismo ha sido el tradicional discurso liberal, que hoy seguramente solo mantendrán algunas formaciones de la, digamos, derecha sociológica periférica.

Conviene en todo caso, señorías, tener las ideas claras y afrontar los debates como vienen. En mi comunidad, y probablemente también en el País Vasco, el que viene o el que puede venir en breve es uno que pretende, señorías -y no es habitual que ocurra o que vaya a ocurrir en otras comunidades-, desmutualizar a miles de trabajadores y funcionarios no porque lo pidan, ni porque se les trate mal en las mutuas, ni porque haya ningún colapso en ellas, ni porque se les desatienda, sino por puro odio -no sé si podría decirlo así-, por prejuicio de clase, que ya, señorías, me temo que ni en Cuba. Deberíamos haber aprovechado este debate legislativo para contrarrestar una determinada pedagogía como otros eficazmente, he de decirlo, hacen en sentido contrario. Yo espero, en todo caso, que el señor Olabarría, con su proverbial oratoria, siga hoy defendiendo lo mismo que defendió en la Comisión. Termino diciendo que al menos sí quiero que sepan que a nosotros no nos acaba de convencer el texto. Si hoy tuviéramos que votar el texto como tal, me temo que estaríamos más cerca de la abstención que del voto favorable. Pero también es cierto que en el Senado se ha mejorado algo el texto que salió de aquí, del Congreso. Como digo, hubiéramos esperado más neutralidad o siquiera más confianza en unas entidades que, a decir de la intensísima opinión de sus usuarios, funcionan a plena satisfacción y muy correctamente.

El señor PRESIDENTE: Tiene usted que terminar, señor Salvador.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Termino.

Señorías, hemos perdido una buena oportunidad y nosotros, Unión del Pueblo Navarro, lo lamentamos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.

Señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Hay una cosa que hay que reconocerle al PP en esta y en otras muchas leyes: es una ley coherente, avanza en la privatización de la atención sanitaria, ampliando las competencias y potestad de las mutuas de accidentes de trabajo, una de las vías de entrada de las empresas dedicadas a la sanidad privada en el Estado español, seguramente la puerta más importante. Algunos, ustedes, tienen mucha prisa por abrir una puerta de entrada a las empresas que hacen negocio de la sanidad y, como siempre, la vía se abre asegurándoles el negocio, haciendo un híbrido, obligando a los trabajadores a acudir a una mutua en lugar de ser atendidos por su médico del sistema público de salud. El negocio asegurado, las compañías de seguros y las mutuas viven del sector público; solo el 9,5 % de los clientes de la privada son privados. Así, les garantizan el negocio que de otra manera no tendrían. El objetivo es sacar al Estado de los servicios públicos para dar entrada al sector privado, para dar entrada al negocio. La sanidad privada ha crecido un 35 % en veinticinco años en detrimento del sistema público y regalar la gestión de la atención sanitaria a estas empresas genera día tras día que miles de trabajadores se enfrenten a problemas de altas cuando aún están enfermos, de persecución para dar de alta cuanto antes a pesar del estado de salud o, incluso, que algunas mujeres embarazadas hayan tenido problemas porque las mutuas se han negado a dar la baja durante los tres primeros meses de embarazo. Privatizar la atención sanitaria y el control de las bajas de los trabajadores y las trabajadoras fue, y sigue siendo, un verdadero despropósito en cuanto a la protección de la salud. Ampliar sus potestades renunciando a una labor que ha de ser pública y objetiva, y no un negocio, no es más que la prueba de cómo ven algunos la sanidad, como un espacio de negocio por conquistar y no como una responsabilidad de gestión hacia la gente. En lugar de pensar siempre que el trabajador es el que engaña, como a menudo hacen ustedes, la


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realidad es que son las mutuas las que hacen infinidad de maniobras para ahorrar costes y tener clientes. Es a las mutuas a quienes hay que controlar desde el primer día. ¿Cuántas quejas llegan a la inspección por el trato recibido por las mutuas? Miles. ¿Cuántas reclamaciones y juicios hay porque la mutua se ha negado a reconocer un accidente de trabajo? Las consecuencias las paga la salud de los trabajadores y las trabajadoras, las pagamos todos. La aprobación hoy de esta ley no es una buena noticia para los trabajadores. En realidad, en los últimos tres años cuando los jueves hay Pleno del Congreso, suelen ser siempre jueves negros para los ciudadanos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.

Señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervendré brevemente porque este debate ya lo hemos sustanciado en tres ocasiones en esta Cámara, pero no por ello con menor preocupación, puesto que entendemos que en el trámite del Senado incluso se han agravado los temores que teníamos, razón por la cual ya en su momento presentamos una enmienda a la totalidad. Hemos pasado de las mutuas entendidas como aquellas que tienen como objeto los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de los trabajadores -pasamos en el trámite del Congreso a las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social- y ahora ya estamos en el escenario de las mutuas con la Seguridad Social; es decir, creemos que incluso se ha acelerado el cambio del concepto de estas entidades. Dicho esto, deberíamos ratificarnos en aquello que en su momento expresamos y que provocó una gran alarma. Todo va a supeditarse a la lógica del beneficio económico privado y entendemos que esto es una perversidad. Como dijimos en su momento, es inadmisible que fuera el facultativo, el médico de la mutua el que decidiera las altas y las bajas de los trabajadores. Entendemos que se acelera la privatización de la sanidad. De hecho, todo ello se adecua de forma armónica con la concepción que tiene el Gobierno en todo aquello que afecta a los recortes de los sistemas públicos. Siempre hemos dicho que al final esto resultará caro para la Administración pública, en la medida que los efectos perversos de este razonamiento nos llevan al incremento del estrés y de las enfermedades de los trabajadores. Hoy día no se puede justificar lo que se pretende, puesto que todas las cifras indican que el absentismo o bien casi no existe o bien en algunos sectores industriales ha descendido a cifras casi irrisorias. Al final, pues, todo resultará caro. También recordamos el quebranto que significa el compromiso ético de los médicos, que se verán presionados por los resultados economicistas de las mismas mutuas, y es evidente que se van a resentir los derechos de los trabajadores.

No obstante, lo que nos preocupa ahora, y mucho, es hasta qué punto se da barra libre a las mutuas para que puedan hacer traslados de aportaciones económicas a todo aquello que tiene que ver con su patrimonio económico e histórico. De manera que estábamos preocupados cuando esta ley pasó por el trámite del Congreso de los Diputados y ahora estamos alarmados, una vez nos han devuelto este proyecto de ley del Senado. Un proyecto de ley que a partir de hoy ya será ley de forma definitiva y que entendemos que debería formar parte del debate de la próxima legislatura, en la medida en que no podemos aceptar que se arrase con todo aquello que han significado históricamente las mutuas, que hay que tener claro que gestionan fondos públicos y que ahora serán al cien por cien privadas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.

Señor Cuadra.

El señor CUADRA LASARTE: Señorías, negamos la mayor; Amaiur niega la mayor. Las mutuas, en cuanto estructura patronal privada paralela a la Seguridad Social que disfruta y utiliza sus fondos y que supuestamente atiende a la salud de los trabajadores y trabajadoras, son unas entidades que, desde nuestro punto de vista, no deberían existir con este carácter de colaborador oficial de la Seguridad Social, lo mismo que no existen ya desde hace cincuenta años en Europa. Porque se trata, en definitiva, de una estructura privada garrapata, adherida a la Seguridad Social, que succiona los fondos públicos de esta, obtenidos con las cotizaciones de los trabajadores y las trabajadoras, y que luego son utilizados por la patronal para, supuestamente, atender la salud de sus empleados.

Es evidente que la salud laboral en los últimos años, incluso décadas, está sufriendo un importante deterioro como consecuencia de la desregulación que se está produciendo en el marco de las relaciones


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laborales. Se están incrementando mucho los ritmos de producción; se están flexibilizando las condiciones de trabajo: jornadas, horarios, vacaciones; aumenta la turnicidad, aumenta la nocturnidad; se incrementan de forma brutal las horas extraordinarias y, como consecuencia de todo esto, disminuye el nivel de la salud laboral en los centros de trabajo. En resumen, mayores beneficios como consecuencia de lo anterior para la patronal y peores condiciones de trabajo para la gente. Visto esto, a quién se le ocurre, en qué mente cabe decir: vamos a dejar en manos de esta patronal que está deteriorando las condiciones de trabajo y el marco de la salud laboral, vamos a dejar en sus manos el control y la gestión de las bajas médicas. ¿Dónde cabe este disparate? Más aún en un contexto legal en el que la gente puede ser despedida incluso a pesar de tener bajas médicas firmadas por los facultativos. Con lo cual estamos en una situación que conocemos en nuestras casas, en nuestras cuadrillas: la gente va a trabajar con gripe, con fiebre, con dolores musculares porque si no, la echan. Y así es como se está funcionando, así va sucediendo que disminuye el número de bajas, porque existe miedo al despido, miedo a la sanción.

Según este proyecto de ley, las mutuas van a poder intervenir en el proceso de las bajas desde el primer día, haciendo bailar a su ritmo a los servicios sanitarios de la Seguridad Social, según los caprichos o los intereses concretos de la patronal y ejerciendo un pressing constante sobre las personas enfermas para que vuelvan a trabajar cuanto antes; esto es lo que va a ocurrir. ¿Qué pasaría si alguien propusiera que fueran los colegios privados, religiosos en su mayoría, quienes tuvieran poder para decir al profesorado de la enseñanza pública que no les gustan las calificaciones que han puesto y que por favor las revisen? ¿En qué mente cabría que fuese la enseñanza privada la que controlara la enseñanza pública y sus calificaciones? Sin embargo, en el marco de la salud laboral esto es lo que estamos viendo. Es la patronal, son sus médicos quienes controlan la actividad de los servicios públicos de la Seguridad Social. En definitiva, esta ley concibe al enfermo como un sospechoso de escaqueo, de fraude, como si las bajas las cogiera a voluntad. Las bajas las dan los profesionales sanitarios; profesionales, por cierto, que han obtenido sus puestos de trabajo como consecuencia de unas oposiciones abiertas, concurridas, que han sido valoradas por tribunales objetivos que, conforme a criterios de mérito y de capacidad, han otorgado las plazas...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, debe usted ir acabando.

El señor CUADRA LASARTE: ... a estas personas, lo contrario de lo que ocurre con los profesionales de las mutuas, que han sido nombrados a dedo y cuyos sueldos, primas de productividad y puestos de trabajo dependen de que sean dóciles para con quienes les han contratado.

Termino ya, señor presidente. Este proyecto de ley de mutuas es un paso más en la privatización de la salud laboral, en la privatización de la salud en general y en la privatización que está impulsando el Gobierno en materia de servicios sociales. Su paso por el Senado no ha contribuido a que la ley mejore, sino, desde nuestro punto de vista, a lo contrario. Se han introducido nuevos poderes a las mutuas y por eso Amaiur está en contra de este proyecto. Estamos en contra de las privatizaciones de los servicios de salud y de estas mutuas concebidas como entidades garrapatas y -diría yo- sanguijuelas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuadra.

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señora ministra, el señor Salvador se ha referido a la derecha sociológica periférica. La verdad es que desconocía esta expresión. No sé si la ha emitido porque él se considera -dice- de la izquierda sociológica o porque se refiere a algún partido en concreto. Nos da la impresión de que el Partido Socialista sería quien puede merecer este calificativo de derecha, lo que pasa es que luego ha utilizado mi nombre y apellidos y nos ha dado una pista sobre qué quería decir exactamente.

Señora ministra, le quiero agradecer que se hayan aceptado en el Senado exactamente las mismas enmiendas que presentamos en el Congreso. Lo que no sé es por qué pasan estas cosas, por qué las enmiendas no se aceptan en el Congreso y luego son objeto de remoción en el Senado de las dificultades aparentemente insuperables. Son cosas a las que estamos acostumbrados y esto también valoriza el Senado como institución, lo cual no es mala cosa. Ha habido una transmutación en cuanto a la naturaleza jurídica de las mutuas a través de las enmiendas aceptadas en el Senado, que coincide exactamente con la filosofía de la que participa mi grupo parlamentario, el de Convergència i Unió y el suyo. Quizá


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constituiríamos nosotros la derecha sociológica, unos la periférica y otros la general. Se ha evitado la publificación, casi la conversión de las mutuas en entidades gestoras, en una cuarta entidad gestora de la Seguridad Social. Se ha recuperado su derecho, su vocación privatista y su naturaleza jurídico-privada, que existe desde el año 1900. Son asociaciones de empresarios y colaboran con la gestión de la Seguridad Social en la gestión de ciertas contingencias, pero bajo el control y la tutela de la Seguridad Social, cosa que debe ser así en tanto en cuanto es el sistema público, la tesorería, la que financia la gestión de estas contingencias. No son contingencias irrelevantes. Estamos hablando de enfermedad profesional, de accidentes de trabajo. En el ámbito de las contingencias comunes, la incapacidad temporal, el RETA, el cese de actividad, el desempleo de los autónomos y otras. Sinceramente, opino que las mutuas o la mayoría de ellas las gestionan bien. Sabemos que hay mutuas con problemas y contra estas hay que actuar. Existen mecanismos disciplinarios, mecanismos de control y mecanismos de intervención desde la Administración, pero no se pueden generalizar las malas acciones, las acciones incorrectas, inadecuadas de algunas a la totalidad del sector porque, con carácter general, funcionan. No solo eso, funcionan tan bien que aquí se ha hablado del incremento del gasto desde la perspectiva de la recuperación de su naturaleza jurídica. No, además del Fondo de reserva obligatorio existe el Fondo de contingencia de las mutuas. Gracias a la existencia del Fondo de contingencia de las mutuas no ha habido que recurrir más que a captar del Fondo de reserva obligatorio para el pago de las pensiones 22.000 millones de euros. Otros 10.000 millones se han extraído del Fondo de contingencia de las mutuas, con lo cual estamos preservando y protegiendo este Fondo de reserva obligatorio que tiene este carácter anticíclico. En momentos de dificultad para el pago de las pensiones, existe este otro fondo que las mutuas, a través de una buena gestión, van consolidando. En el trámite en el Congreso del proyecto de ley presentado se expoliaron a las mutuas treinta y seis competencias que hacen referencia a la gestión ordinaria de las mismas, de las cuales la práctica mayoría se han recuperado. Se les expolió también o se hizo desaparecer lo que se denomina patrimonio histórico, que existe desde el año 1966; se ha recuperado o se han establecido los mecanismos para la recuperación y regeneración del patrimonio histórico. Tenga en cuenta, señora ministra, que este patrimonio histórico de las mutuas está muy vinculado a alguna de las funciones relevantes de las mutuas, como son las labores de prevención en materia de riesgo laboral que tampoco es una cuestión irrelevante que las mutuas realicen bien la función de prevención de riesgos laborales. Se ha desnaturalizado lo que se desnaturalizaba, que es la conversión en funcionarios de los empleados de las mutuas, cuyo régimen jurídico se va a regular a partir de este momento, como siempre fue por las previsiones de los convenios colectivos existentes en relación con este personal.

En relación con las retribuciones de los directivos, del personal de alta dirección y de los médicos de alta cualificación, se ha buscado un mecanismo un tanto alambicado y complejo, estructurado en retribuciones ordinarias y en retribuciones extraordinarias. Comprendo que había una referencia muy interesante en el proyecto de ley que dimanó del Congreso y establecer el tope en la retribución que tiene usted como ministra; no sé si es poca o mucha la retribución, es siempre una cuestión muy valorativa y muy deletérea saber si uno cobra mucho o poco. Todos tenemos la sensación de que cobramos poco, pero seguramente cobramos más que la mayoría de la población y con esto ya es más que suficiente. En todo caso, desde el personal de alta dirección la referencia, en tanto en cuanto son asociaciones de derecho privado, asociaciones de empresarios, al sector público empresarial y no al sector público administrativo nos parece muy pertinente no para mantener las retribuciones de los altos directivos de las mutuas o de los miembros del consejo, sino para mantener precisamente su naturaleza jurídica, ser coherentes con su naturaleza jurídica como asociaciones de empresarios de derecho privado.

Esto funciona así desde el año 1900, señora ministra. Desde el año 1900 las mutuas han funcionado, en términos generales, bien. Han ejercido las competencias en régimen de colaboración con el régimen público de la Seguridad Social, en términos generales, bien y han contribuido a la configuración de un Fondo de contingencia que nos ayuda en momentos en que hay que realizar actuaciones anticíclicas para mantener el sistema bien también. Es un fondo de contingencia bien gestionado. La verdad es que los remanentes que quedan para las mutuas de su buena gestión no son tan altos, son un porcentaje pequeño, del 10 %. El resto de los porcentajes se atribuyen a la Administración, que debería utilizarlos, por cierto, para reducir en la medida de lo posible las cotizaciones que en el Estado español son las segundas más altas de la Unión Europea. Esta es una cuestión que nos obligaría a discutir de otras cosas y lo que quiero es -parafraseando al señor Salvador, como miembro de la derecha sociológica periférica, expresión que le agradezco porque todos sabemos que él es de izquierdas- felicitarnos colectivamente porque al final


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el texto que hoy vamos a aprobar es un buen texto para garantizar el buen funcionamiento de las mutuas y la buena gestión y la eficacia que han demostrado tradicionalmente en relación con las contingencias que protegen.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.

Como recordarán sus señorías, Unión Progreso y Democracia fue uno de los grupos que en el debate de totalidad presentó una enmienda de devolución y voy a recordar brevemente los motivos de aquella enmienda. A nosotros no nos gustaba en esta ley de mutuas que se cambiase la denominación de las mutuas dando la sensación de que pueden asumir cualquier competencia de la Seguridad Social. Consideramos que estas mutuas se han ido alejando ya demasiado de su ámbito inicial de competencias, que eran los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

Por otro lado, la razón de ser de estas mutuas tiene que ver con su supuesta mayor eficiencia respecto al sector público. Por tanto, no veíamos el sentido de que tengan a menudo unos gastos de administración considerablemente mayores que las entidades gestoras de la Seguridad Social, cuando realizan funciones similares. Por eso, en el régimen económico financiero de las mutuas proponíamos que sus gastos de administración tuviesen como referencia los de las entidades gestoras para evitar casos, como ha habido, de mala gestión e incluso, como ha habido, importantes fraudes.

En tercer lugar, respecto a los órganos de administración, nos preocupaba sobre todo el régimen de retribuciones por el mismo motivo que acabo de señalar. No veíamos mucho sentido a que, realizando funciones similares, las retribuciones en estas mutuas sean frecuentemente muchísimo más elevadas que sus equivalentes en la Seguridad Social. Considerábamos que debían tener como referencia los sueldos en las entidades gestoras.

Por último, pero no menos importante, nos preocupaba la salud de los trabajadores en el caso de las incapacidades temporales por contingencias comunes. En esta ley se da un papel excesivo a las mutuas en el control de estas incapacidades y se establece una presunción de culpabilidad respecto a los trabajadores y de complicidad respecto a los médicos del sistema público de salud, algo que no compartíamos en absoluto.

Pese a todas estas reticencias, en Comisión se aceptaron numerosas enmiendas de Unión, Progreso y Democracia. Eran enmiendas transaccionadas con el Grupo Parlamentario Popular; ni siquiera eran nuestros textos propiamente, sino textos propuestos por el grupo mayoritario con el visto bueno del ministerio. Muchas de estas enmiendas tenían que ver precisamente con el régimen retributivo: el presidente de la mutua no podría cobrar más que el director gerente, el resto del personal directivo no podría cobrar más que la titular del Ministerio de Empleo, los planes de pensiones tendrían que ser aprobados por el ministerio, etcétera; todo un régimen retributivo propuesto por el partido mayoritario, que no era el nuestro pero se acercaba, y que acordamos mediante enmiendas transaccionales. Otras enmiendas aceptadas a UPyD tenían que ver con la evaluación de los resultados de esta ley y con que hubiese un plazo máximo para el desarrollo reglamentario.

Para nuestra sorpresa, en el trámite en el Senado todo esto ha quedado totalmente desvirtuado sin que en ningún momento se haya contado con nosotros ni siquiera para avisarnos, no digamos ya para consultarnos o negociarlo. Por tanto, consideramos que nuestra posición en Comisión, que fue abstenernos para reconocer el esfuerzo negociador del Gobierno, queda totalmente defraudada y volvemos a nuestra posición original de rechazo y voto negativo a esta ley. Ya que está la señora ministra -si tiene la amabilidad de escucharme, aunque solo sea treinta segundos- no quiero dejar de señalar que usted tiende muy a menudo la mano ofreciendo negociación, pero esas ofertas de negociación nunca se plasman en acuerdos concretos y las pocas veces que se plasman ya vemos en qué quedan en realidad. Es un comportamiento que suelen tener con los grupos de la oposición en general, pero en el que suelen alcanzar la excelencia cuando se trata de negociaciones con Unión, Progreso y Democracia. Se lo agradecemos como merece e insisto en que nuestro voto es contrario a la ley tal como queda tras las enmiendas del Senado.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.

Señorías, este proyecto de ley de mutuas vuelve del Senado mucho peor de lo que marchó. Una vez más -y son muchas- el lobby de las mutuas y sus directivos le han doblado el espinazo al Gobierno de turno, en este caso al Gobierno del Partido Popular, como en otras ocasiones lo hicieron con Gobiernos del Partido Socialista. Y una vez más las mutuas han contado con los mejores representantes, con la inestimable colaboración de los representantes políticos de las mutuas: PNV y Convergència i Unió. Además, no se esconden. El señor Olabarría, al que tengo mucho respeto y somos amigos, calificó esto como una ley bolchevique y hoy está contentísimo. Seguro que tiene razones; las mismas que tenemos nosotros para estar profundamente preocupados por este proceso.

En el debate de totalidad tuve la oportunidad de decirles a la ministra y al Gobierno que esta ley tenía luces y sombras. Hicimos una intervención profundamente equilibrada que la ministra debería haber aprovechado para concretar su oferta de diálogo. Señora ministra, a nosotros usted no nos ha ofrecido nada, pero como alguna vez nos ofrezca una silla para sentarnos le puedo asegurar que no se la vamos a coger, porque seguro que la retira a continuación y caemos al suelo. Se lo ha dicho el señor en Anchuelo, la verdad es que no sé quién se fiará de sus promesas, porque nosotros no. Desgraciadamente donde había sombras ahora hay oscuridad profunda y donde había luces ahora hay penumbras. En el Senado no se han aceptado las enmiendas que tenían por objeto ampliar el control de las mutuas y que su actuación garantizara el derecho de los trabajadores protegidos; en cambio se han empeorado aspectos trascendentales que algunos grupos valorábamos positivamente, que valorábamos como la primera oportunidad que había para que algún Gobierno pusiera de una vez por todas riendas a los gestoras de las mutuas. Por cierto, eso no es capitalismo, emprendimiento, que no sé quién lo ha dicho; pero qué va, si los gerentes de las mutuas trabajan en un mundo blindado, tienen el negocio asegurado, el salario es brutal, nadie les exige responsabilidades, los empresarios mancomunados pasan de exigirles; así tenemos a algunos a punto de entrar en la cárcel desde ese punto de vista. No, eso no es emprendimiento, no llega ni a capitalismo, excepto que se considere un especial capitalismo de casta de Estado o una cosa así, perpleja, que se ha construido desde hace muchos años.

Desgraciadamente se profundiza en ese proceso de privatización de las mutuas iniciado en 1995. No han tenido ustedes suficiente con cambiar el nombre -ya no son mutuas de accidentes de trabajo de la Seguridad Social, son mutuas colaboradoras de la Seguridad Social-, sino que incluso en el Senado han jugado ustedes con las preposiciones de la lengua castellana y han cambiado el concepto mutuas colaboradoras de la Seguridad Social por mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Alguien puede pensar que es un concepto lingüístico de algún pijiguero. No, el castellano dice que "de" representa concretamente sentido de pertenencia, por tanto no son de la Seguridad Social, y "con" significa acompañamiento, o sea que las mutuas acompañan a la Seguridad Social. Oiga que no, que las cotizaciones son públicas, son recursos públicos de los trabajadores y los empresarios; no son un sector privado que se arriesga en el emprendimiento, son recursos públicos que como tal deben ser tratados y ustedes se la han vuelto a envainar. Desde ese punto de vista, el Senado termina empeorando algunas de las cosas que había. Por ejemplo, el tema de las retribuciones de los gerentes de las mutuas. ¿Hacemos el debate, por favor, en profundidad? ¿Por qué ustedes han vuelto a retroceder en este aspecto por enésima vez, por enésimo Gobierno? Los límites de retribución estaban establecidos primero en el proyecto de ley, se dulcificaron en el Congreso, pero todavía podía pasar, y ahora, al final, han desaparecido. El resultado es que algunos de estos gerentes pueden continuar cobrando lo mismo que hasta ahora. Por cierto -fíjense ustedes bien-, con un salario con unos variables en función de los rendimientos de las mutuas, que dependen de que paguen menos prestaciones que los ingresos que tienen, y una manera de no pagar prestaciones es dar de alta a través del procedimiento que hay en otra parte de la ley, que prevé que se den altas por los médicos de las mutuas al margen del sistema público de sanidad. Es perfecto. ¿No se dan cuenta ustedes de que están haciendo lo mismo que hicieron con el sector bancario, generar incentivos a los directivos perversos, que van a tener consecuencias que perjudican a los trabajadores? Luego van a empezar a preguntar quién ha sido, si el uno o el otro, pero nadie va a ser responsable. No, son responsables todos los que van a votar esta ley, los que establecen la posibilidad de mantener unos salarios con incentivos que van a apremiar a aquellos directivos que sean más intransigentes, injustos e inmorales con las bajas de los trabajadores. Eso es lo que está en esa ley, además con dos agravantes. (Aplausos).


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Señora ministra, ¿considera usted que el director general de la Tesorería o los directores generales de las entidades gestoras de la Seguridad Social tienen menos responsabilidad que los directores de las mutuas? Yo creo que no. ¿Entonces por qué puñetas tienen que cobrar más? ¿Arriesgan algo? ¿Tienen algún elemento? No, sencillamente porque forman parte de ese lobby que ha mantenido pillado -no sé por dónde- a los respectivos Gobiernos de turno, y a usted también. Por cierto, no se puede comparar el sector empresarial; el sector empresarial, es verdad, es empresa pública, pero en algunos casos compiten en entornos muy competitivos y ahí puede tener sentido que se establezcan determinados incentivos al comportamiento de esos directivos. Pero no, eso es sector público puro y duro y los límites deberían estar en esos términos. Por favor, debatamos sobre esto alguna vez y veamos si tiene sentido.

Por cierto, tengo una inquietud brutal, ¿alguien me puede decir a qué persona corresponde concretamente la enmienda que permite que también los facultativos puedan cobrar más que los gerentes? Porque eso tiene nombres y apellidos, ¿eh? ¡Esa es una enmienda ad hominen! ¡Muchos facultativos en las mutuas que por su especialización y siendo trabajadores asalariados cobren más que los gerentes, no debe haber! Tengo inquietud por saber el nombre de esa o esas personas, porque eso sí que es una enmienda de encargo. Me encantaría saber a quién se le pueden pedir esos encargos tan interesantes.

Señorías, he puesto de manifiesto algunas de las cosas que hay, como por ejemplo la que hace referencia al patrimonio histórico. ¡Otra vez con el patrimonio histórico! En la enmienda al artículo 74 prevén ustedes un mecanismo que me temo que puede ser la coartada para algún negocio inmobiliario. Por ejemplo, los ingresos que puedan obtener las mutuas como consecuencia de los alquileres de edificios que no se utilicen para usos de mutua -por cierto, algunos están en centros históricos y son bastante valiosos- se van a poder situar en el patrimonio histórico, no en el patrimonio de las mutuas. ¿Por qué? ¿Alguien puede explicar ese razonamiento?

Otro aspecto importante. ¿Entienden ustedes que si el amo no vigila al gerente no va a haber control de la gestión del gerente? ¿Por qué ha pasado lo que ha pasado en algunas mutuas? Porque los empresarios mancomunados teóricamente tienen responsabilidades, pero nadie se las ha pedido nunca. En principio este proyecto de ley establecía mecanismos de responsabilidad de los empresarios mancomunados, pero ustedes, también en la enmienda al artículo 75, lo han devaluado, con lo cual volvemos otra vez a la situación en la que si el que es el propietario, que son los empresarios mancomunados, no tienen responsabilidad o se les diluye en relación con las barbaridades que hagan los gerentes no van a tener ningún interés en controlarlos. Por tanto, el riesgo de que se continúen haciendo barbaridades va a continuar.

Para que vean que nos hemos mirado con mucho cariño este proyecto de ley, ya les adelanto que vamos a votar a favor de tres enmiendas: la que reconoce el marco competencial de las comunidades autónomas en materia de prevención de riesgos; la que amplía, aunque de manera insuficiente, las funciones de control de las comisiones de seguimiento, y la que obliga a las mutuas a hacer públicas las quejas y las reclamaciones.

En resumen, señorías, señora ministra, el Gobierno y el PP han perdido de nuevo una oportunidad de hacer una reforma en profundidad de las mutuas. Es una pena porque era un buen momento; una reforma en profundidad que debería haber revertido una buena parte de las funciones que desde 1995 se le han adjudicado a las mutuas y que no tienen nada que ver con los riesgos profesionales; una reforma que debería haber profundizado en el carácter público de las mutuas, que nunca debieron ser otra cosa. Es verdad que venían del sector privado, pero deberían ser desde hace mucho tiempo ya sector público de la Seguridad Social; una reforma que debería haber acordado mayor control por parte de la Seguridad Social y ustedes han perdido su oportunidad. En cambio, han aprovechado muy bien la oportunidad para continuar en el proceso de mercantilización de la salud de los trabajadores, desgraciadamente iniciado en 1995, cuando al último Gobierno de Felipe González se le ocurrió la idea de situar las mutuas como gestores no solo de la incapacidad temporal por riesgos profesionales sino también por enfermedades comunes y accidentes no profesionales. Desgraciadamente, es el proceso que también ustedes consolidan en esta ley y, por lo tanto, siendo conscientes de que en este trámite no hay ninguna votación a la globalidad me parece que ha quedado bien claro que lo que podía haber sido una posición por parte de nuestro grupo más favorable a este proyecto de ley se convierte en un rechazo claro, porque ustedes, atendiendo a las exigencias del bloque antibolchevique -el bloque del lobby de las mutuas-, se la han vuelto a envainar otra vez.

Por cierto, señor Montoro, señora Báñez, ¿les puedo hacer una pregunta? ¿Están ustedes preocupados por la situación de Muface? Yo sí; yo lo estaría. A ver si hacen algo.

Gracias. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Coscubiela.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

Terminamos el trámite de esta ley. Desde la tribuna hace unas semanas, unos meses decía que tenía la sensación de que no todos leíamos de la misma manera este proyecto de ley; escuchando a algunos portavoces yo creo que algunos se inventan molinos para justificar sus cargas de caballería. Señorías, recordemos algunas cosas previas sobre las mutuas: que son entidades sin ánimo de lucro; que son entidades controladas también por los sindicatos a través de las comisiones de control, en las participan; que algunos grupos que hoy se manifiestan activamente en contra del modelo de mutuas cuando gobiernan o han gobernado buena parte de los trabajadores del sector público tienen cubiertas las contingencias a través de las mutuas. No recuerdo, por ejemplo, que en Cataluña el Gobierno tripartito optase por cubrir esas coberturas bajo el INSS, sino que las mantuvo en las mutuas, siendo una de las principales empresas cliente de las mutuas. Lo digo porque podemos generar una confusión en la opinión pública entre lo que se dice en la tribuna y lo que sucede en la vida práctica; por tanto, recomendaría un poco de seriedad, porque si no, insisto, vamos a confundir. Además, no tengo la sensación de que en las etapas de gobierno anteriores, donde algunos grupos de la Cámara fueron determinantes en la acción de gobierno, existiese ninguna iniciativa en relación con la cuestión de las mutuas. Por tanto, convendría un punto de tranquilidad para no generar más demagogia de la que habitualmente algunos grupos terminan ejerciendo desde esta tribuna.

Dicho esto, el trámite parlamentario ha mejorado a nuestro entender el contenido del proyecto de ley, y singularmente lo ha hecho el trámite del Senado. Desde el punto de vista catalán, en el trámite del Congreso conseguimos blindar el modelo de colaboración entre mutuas, sindicatos y Servicio Público de Salud para controlar las IT, modelo implementado en tiempo de Convergència i Unió y plenamente desarrollado en el Gobierno tripartito y modelo que esta ley blinda; insisto, impulsado por el Gobierno de Convergència i Unió y desarrollado por el Gobierno tripartito. Es un modelo en el que el Gobierno de la Generalitat, gobernando el tripartito, decidió mantener el control de la IT a través de las mutuas, eso sí, dejando una intervención de los médicos de primaria que está ley, por otro lado, mantiene, porque no es verdad que las mutuas puedan dar el alta a los trabajadores, van a continuar siendo en última instancia los servicios públicos de salud quienes van a dar las correspondientes altas. La ley, eso sí, blinda el modelo catalán, el ICAM; ojalá el modelo existente en Cataluña, que tiene consenso con los interlocutores sociales, con los sindicatos, con los médicos de la primaria, se extendiese al conjunto del Estado. Y además la ley también blinda las competencias que en materia de prevención de riesgos tiene el Gobierno de Cataluña en el artículo 165 del Estatuto. Por tanto, desde el punto de vista de las cuestiones competenciales el proyecto de ley satisface a Convergència i Unió.

Se mejora en el modelo de gobernanza de las mutuas. Algún portavoz ha mostrado de manera alarmista su preocupación por el cambio de la preposición "de" a la preposición "con" y, efectivamente, reforzamos la idea que Convergència i Unió y el Grupo Nacionalista Vasco hemos mantenido durante el trámite: que estas son iniciativas de carácter privado sin ánimo de lucro, con participación también de los interlocutores sociales, que colaboran con el sistema de la Seguridad Social. Nos parece una buena respuesta a la idea de colaboración público-privada con un sector privado sin ánimo de lucro. Establecemos un régimen de retribuciones que puede permitir que buenos profesionales opten por trabajar con las mutuas. Sí, sí, estamos de acuerdo en que las mutuas puedan contratar a buenos profesiones; es más, estoy convencido de que el día que algunos grupos vuelvan a gobernar en Cataluña querrán que esas mutuas con las que colabora el sector público catalán tengan buenos profesionales para atender a los trabajadores que son atendidos por las mismas. Reforzamos la posibilidad de que el patrimonio histórico de las mutuas, y el adjetivo histórico indica que es patrimonio existente antes de la publificación de las mutuas en los años sesenta, pueda mantenerse, entre otras cosas, porque el patrimonio histórico es lo que permite en última instancia responder a los problemas económicos de las mutuas y en el proyecto de ley se da una respuesta más o menos adecuada. Incorporamos -y ningún grupo ha hecho referencia- a las mutuas a la Ley de Economía Sostenible en materia de responsabilidad social de las empresas, enmienda de Convergència i Unió incorporada en el Senado, que nos parece significativa; obligamos a mayor transparencia en el funcionamiento de las mutuas bajo la lógica de la responsabilidad social. En el trámite del Congreso incorporamos un mandato significativo para el mundo empresarial, una revisión del sistema de bonus-malus para reconocer que aquellas empresas que tengan mejores resultados en relación con sus niveles de siniestralidad terminen pagando menos cotizaciones sociales. En tiempos del


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Gobierno anterior se puso en marcha un sistema de bonus-malus que no ha terminado de funcionar y pretendemos que exista un sistema que sí funcione y que efectivamente aquellas empresas con mejores comportamientos en materia de salud laboral puedan tener menos costes sociales. Es un paquete de enmiendas que en el Senado llevaron a Convergència i Unió a votar favorablemente este proyecto de ley. No siendo estrictamente el proyecto de ley que hubiese presentado mi grupo, sí contaba con los cambios suficientes para darle una valoración positiva.

El trámite del Senado, eso sí, ha empeorado una cuestión en concreto a través de una enmienda del Grupo Socialista aprobada por todos los grupos en el Senado y que hoy Convergència i Unió va a rechazar, que es la supresión de la administración concertada, la posibilidad de que las mutuas acuerden con los gestores el desarrollo de los trámites administrativos que hasta ahora se realizaban a través de los gestores. Alguien podrá pensar que ese era un modelo residual, que la implementación de los modelos electrónicos permite que las empresas puedan perfectamente efectuar esos trámites sin los costes económicos de realizarlos a través de un gestor, etcétera. Vamos a ver si alguien desde la tribuna defiende esto que se ha introducido, pero lo que es cierto es que va a implicar una disminución de los ingresos de los graduados sociales -todos los colegios profesionales están haciendo llegar a sus señorías su preocupación-, eso en plena crisis y cuando se trata de unos profesionales que hoy ya están haciendo esfuerzos para ajustar sus precios para atender a las empresas. Nos parece que ha sido un error del Senado haber introducido esa enmienda promovida por el Grupo Socialista y por tanto vamos a votar no a dicha enmienda.

Nos quedan sensaciones frustrantes en relación con algunas cuestiones que quisimos resolver en el proyecto de ley y que ni el trámite del Congreso ni el trámite del Senado han terminado por resolver. Es todo lo vinculado al subreconocimiento de determinadas enfermedades, especialmente del cáncer, a la mejora de la cobertura para los padres que atienden a niños con enfermedades graves. Existen elementos del funcionamiento de las mutuas desde este punto de vista que en este proyecto de ley no han quedado bien resueltos. Hay una enmienda que se mantiene al proyecto de ley y que es importante, una enmienda que introdujo el señor Anchuelo en la línea de algunas enmiendas defendidas por Convergència i Unió: la necesidad de este seguimiento del desarrollo de la ley de mutuas. Estamos seguros de que esta materia, en la que todas las señorías estamos mostrando tanto interés y tanta vehemencia en nuestras intervenciones, va a exigir un mayor compromiso del Parlamento en su seguimiento. Ojalá en lo que nos queda de legislatura, ojalá al final del próximo periodo de sesiones podamos empezar a hacer un balance del funcionamiento de esta ley. Sobre los mecanismos de funcionamiento en la actualidad, aparentemente no van a existir demasiados cambios. Se va mantener un control estricto de la administración de la Seguridad Social sobre el funcionamiento de las mutuas y se introduce un sistema más complejo de seguimiento de las bajas por parte de las mutuas, que mantienen el control público. El tiempo nos dirá si el nuevo modelo de gobernanza que apunta esta ley termina mejorando tanto los aspectos de salud de los trabajadores como la afectación de la gestión de estas cuestiones a la competitividad de las empresas. En ese equilibrio es donde encontraremos la opción óptima que finalmente permita valorar de manera positiva lo que ha supuesto este trámite legislativo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Gutiérrez del Castillo.

La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Señor presidente, señorías, el Grupo Socialista va a votar en contra de este proyecto de ley de mutuas porque el Grupo Popular, lejos de rectificarlo en línea con lo propuesto por el Grupo Socialista en ambas Cámaras, lo que ha hecho es traspasar nuevas líneas rojas en el Senado. Y, señor Campuzano, no invoque usted a los sindicatos como controladores de la gestión de las mutuas porque es falso. Hay que reconocer que usted ha ganado parte de sus posiciones en el trámite del Senado porque usted ha estado siempre en contra del patrimonio único de la Seguridad Social y ahora tiene una gran y fabulosa vía precisamente a través del patrimonio privativo de las mutuas.

El principal motivo de oposición de mi grupo a este proyecto de ley es la brecha que abre para favorecer la privatización del sistema público de salud. Mi compañera Isabel López i Chamosa y los senadores socialistas en la Cámara Alta han insistido en los argumentos básicos, que les recuerdo. Primero. No estamos de acuerdo en que las mutuas entren a controlar los partes de alta y baja, es decir, la asistencia sanitaria consecuencia de la enfermedad común. Quiero reiterar aquí nuestra clara oposición a que las mutuas entren en el ámbito de la sanidad pública porque se vulneran derechos de los trabajadores,


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se permite la privatización de la sanidad pública, se deslegitima al médico de cabecera y a la Inspección del Sistema Nacional de Salud, y se genera una gran burocracia para justificar recortes de derechos permitiendo que al final sea el propio empresario el que determine cuándo y cómo da de alta y baja por enfermedad común a los trabajadores. Para los socialistas esto es absolutamente inadmisible.

Segundo. El argumento del Gobierno según el cual encomiendan a las mutuas el control del alta y baja por enfermedad común como medio para combatir el absentismo laboral es, cuando menos, falaz. La propia memoria que acompaña al proyecto de ley muestra claramente que la gestión realizada por las entidades gestoras de la Seguridad Social y del Sistema Nacional de Salud es infinitamente más eficaz que el que realizan las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Tercero. Lo que quiere el Grupo Socialista es que las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se centren en el aseguramiento y en las prestaciones de servicios que exige la atención de los riesgos profesionales. Lo curioso es que, siendo este el objetivo para el que fueron creadas las mutuas, las prestaciones por riesgos profesionales no sean atendidas con el esmero y la extensión que serían exigibles. Donde se quiere ver mejor gestión lo que hay realmente es una desatención a las enfermedades producidas en el centro de trabajo y que las mutuas derivan sistemáticamente al sistema público de salud.

Cuarto. La nueva regulación permite que se detraigan recursos que con la legislación vigente irían al Fondo de reserva de las pensiones de la Seguridad Social. El proyecto de ley incrementa el número de reservas de las mutuas y sus márgenes de acumulación, siempre en detrimento del Fondo de pensiones de la Seguridad Social, y, señorías, en esto no estamos en absoluto de acuerdo. Parece que quieren liquidar el Fondo de reserva de la Seguridad Social; hasta ahora por la vía del gasto, pero a partir de ahora también limitando sus posibilidades de ingresos. A estos argumentos, expuestos ya en la Cámara, ahora se añaden nuevas preocupaciones provocadas por el texto que viene del Senado y que muestra los bandazos del Gobierno. Nos presentaron un proyecto de ley del que dijeron -y recuerdo las palabras de la propia ministra- que profundizaba en la naturaleza de las mutuas como entidades colaboradoras de la Seguridad Social. Pues bien, el proyecto de ley que hoy viene a la Cámara de vuelta del Senado presenta una regulación escandalosa que apunta todo lo contrario: una nueva regulación de las retribuciones de los responsables de las mutuas, una nueva regulación de los patrimonios privativos y una nueva rectificación del nombre de las mutuas, que ya no son ni mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ni entidades colaboradoras de la Seguridad Social, sino mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. En cuanto a la limitación de estas retribuciones, destejen por la noche en el Senado lo que tejieron de día en el Congreso. Si en el Congreso el Partido Popular incorporó algunas enmiendas para limitar las retribuciones a los directivos, estas han desaparecido; en ningún caso aceptaron nuestra propuesta para que dichas retribuciones se equipararan a las de los gestores de la Seguridad Social, con mucha más responsabilidad y mucha mejor gestión.

En cuanto al patrimonio privativo, merece un análisis más detenido. El proyecto que nos traen da un salto atrás de más de cincuenta años al reactivar el patrimonio histórico que desapareció en el desarrollo de la Ley de Bases de 1963. El Gobierno acude en socorro y rescate de determinadas mutuas en situación de quiebra, que ahora verán cómo con las cuotas de la Seguridad Social pueden nutrir y reponer sus patrimonios privativos. El proyecto del Gobierno crea una reserva complementaria para pagar con recursos públicos los excesos de los gestores y los gastos procesales y sanciones. La Seguridad Social premia así la mala gestión y paga con cuotas sociales a los defraudadores. Hasta ahora el patrimonio privativo estaba vinculado a finalidad de la Seguridad Social, y por ello se limitaba la actividad mercantil y el ánimo de lucro; ahora, se autoriza a las mutuas a utilizar este patrimonio con fines mercantiles y al negocio inmobiliario. También han decidido que parte de los recursos que se destinaban a premiar a las empresas que mejor gestionaban los riesgos profesionales se destinen a los patrimonios privativos.

Señor Campuzano, el bonus-malus da un tremendo paso atrás porque se queda sin recursos y se acude directamente a los patrimonios privativos. En cuanto a la enmienda socialista al artículo 68 que dice que usted votó en el Senado, le recuerdo que esa enmienda reponía la legislación vigente en estos momentos, porque el artículo que se incorporaba en el proyecto del Gobierno en relación con la gestión concertada amplía sustancialmente la regulación establecida en el Reglamento, y eso no es de recibo, señoría. (El señor Campuzano i Canadés realiza gestos negativos). Por esa razón se aceptó, también por el Gobierno y por el Grupo Popular, la eliminación de ese párrafo, que no existe en estos momentos en la ley y con rango de ley en el ordenamiento jurídico.

Señorías, las enmiendas del Senado que han posibilitado este dislate merecen nuestro más enérgico rechazo. ¿Cuáles son las consecuencias? Que las mutuas, es decir, las asociaciones privadas de


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empresarios, pueden resolver sus quiebras -provocadas exclusivamente por su mala gestión- con cargo a cuotas y con cargo a fondos públicos. Pero lo más preocupante es que esta triquiñuela legal es una forma de blanquear la mala gestión de determinadas mutuas, y así perjudican ustedes el resultado y la buena imagen de las mutuas que actúan correctamente. Las medidas incorporadas en el Senado, en relación con el patrimonio privativo, van en contra de los fines de colaboración y patrimonio único de la Seguridad Social. Señorías, en el momento de una mayor demanda de transparencia y de rigor en la gestión de los recursos públicos, el Partido Popular sigue aplicando su receta de la legislatura: las transferencias de recursos públicos a los bolsillos privados. ¿Que hay problema en la banca? ¡Bah!, el Gobierno resuelve el problema con deuda pública, convirtiendo así la deuda privada en deuda soberana. ¿Que hay una mutua con malos gestores que no controlan con el suficiente rigor los recursos públicos? El Gobierno los rescata, premiándolos al sufragar con cuotas sociales el proceso y la sanción. Finalmente, señorías, en el trámite del Senado se ha cambiado nuevamente la denominación de las mutuas -ya lo ha dicho el señor Coscubiela-, el "de" por el "con". Con este proyecto de ley han saltado todas las alarmas y han traspasado todas las líneas rojas; además sitúan a las mutuas en un difícil campo de juego en relación con las normas de la competencia, ya que son entidades privadas -como ha dicho el señor Olabarría- que colaboran desde fuera con el sistema de la Seguridad Social. Sugiero a los lobbistas y promotores de estos cambios que antes de celebrarlo analicen sus consecuencias, en relación con los nuevos compromisos que se derivan de los tratados internacionales que en estos momentos negocia en nuestro nombre la Unión Europea.

Termino, señor presidente, señorías. Una modificación tan sustancial en la gestión de un ámbito tan importante para la sociedad española, como es la Seguridad Social, hubiera exigido un amplio consenso social y político que garantizase que las reformas que se pretenden y que se emprenden son de futuro y con carácter de permanencia. Este proyecto no es el producto del pacto social, a pesar de que en la Ley 27/2011 y en el acuerdo social y económico de 2 febrero 2011 -que la alumbró- se contenía el mismo. Este proyecto de ley tampoco responde a un pacto político alcanzado en el seno del Pacto de Toledo. A una ley que debería nacer con voluntad de permanencia en el tiempo ustedes le pone la fecha de caducidad: el momento en que cambie la mayoría de esta Cámara. Se lo dijo mi compañera Isabel en el debate de totalidad, se lo han dicho nuestros compañeros en el Senado, y ahora lo reitero: esta ley no vincula al Partido Socialista y manifestamos nuestro compromiso de cambiarla.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gutiérrez del Castillo.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.

El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor Presidente.

Señora ministra, señoras y señores diputados, tengo el honor de intervenir en representación del Grupo Parlamentario Popular en un proyecto de ley que considero importante y que hoy será -dentro de no mucho tiempo- una ley. No voy a hacer aquí un debate de totalidad porque no es el tramite, y porque además me llevaría mucho hablar de si esto es público o privado, de si la gestión es buena o es mala, de si al final el hecho de las bajas se otorga unilateralmente o no. Ya está garantizado en la ley y ustedes lo saben bien que no es así; es el sistema público de salud quien en última instancia tiene o no la decisión de convalidar esa baja, que previamente ha de estar motivada. No voy a entrar en eso, no es el momento. El proyecto de ley de mutuas que nos devuelve el Senado fue objeto en el Congreso, quiero recordar, de siete enmiendas de totalidad de todos los grupos parlamentarios, con excepción de Convergència i Unió y naturalmente del grupo al que represento, el Grupo Parlamentario Popular. Tuvo la oposición sindical y también la decidida oposición de, AMAT, Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, tal y como todavía se denomina. Ya en el trámite previo a la remisión del proyecto de ley al Senado, la señora ministra y mi compañera ponente Carolina España, mostraron su voluntad de diálogo y de acuerdo. Quiero aprovechar este momento, porque es un honor para mí, para felicitar a la ministra de Empleo y Seguridad Social por la suscripción el pasado lunes de un importante acuerdo con los interlocutores sociales por el cual se arbitran mecanismos de solidaridad con aquellas personas que menos medios poseen en nuestra sociedad, como son los parados de larga duración sin ningún tipo de ayuda contributiva o no, y además con cargas familiares. Expreso mi reconocimiento y mi felicitación, señora ministra. (Aplausos). Por tanto, la ley es por una parte necesaria y por otra obligada, tal y como disponía la ley 27/2011, y también el programa de reformas del Gobierno popular para el año 2014.


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Esta ley, finalmente denominada -como se ha dicho- ley de mutuas colaboradoras con -no de- la Seguridad Social, es una ley compleja, con perfiles técnicos y políticos profundos e importantes. Afecta a la prestación de servicios esenciales -el derecho a la salud de los trabajadores, por ejemplo- de forma garantista, en favor de los mismos, pese a otras manifestaciones de algunos portavoces; afecta a una recaudación de 9.000 millones de euros, un billón y medio de las viejas pesetas; y afecta a la responsabilidad y salarios de gestores y directivos, a la situación de los trabajadores de las mutuas, y al patrimonio histórico de estas, entre otras muchas cuestiones. Además -no se ha subrayado demasiado en mi opinión-, se aborda una cuestión no menor como es la reformulación del acceso de los autónomos a la prestación del cese de actividad para que esta sea efectiva, ya que durante los años de vigencia de la misma poco más de un 20 % de los autónomos veían reconocido su derecho a la prestación por la que cotizaban, lo que no constituía el espíritu de la ley que lo estableció ni tampoco el espíritu de esta ley que destopa esta injusta situación.

Pues bien, podemos afirmar que el Senado ha hecho un excelente trabajo; si ya se hizo un trabajo importante en el Congreso, el Senado ha hecho, en nuestra opinión, un excelente trabajo, y con la capacidad negociadora del Grupo Popular, sus enmiendas han mejorado la ley. Especial reconocimiento que hicieron otros grupos parlamentarios, creo recordar que UPN, merece la senadora Peris.

Voy a dividir nuestra valoración en un análisis cuantitativo y otro cualitativo. Desde un análisis cuantitativo podemos decir que sobre ciento ochenta y dos enmiendas y siete vetos presentados, se han producido en Comisión cinco aceptaciones y siete transaccionales que afectaban a quince enmiendas; en Comisión, por tanto, se incorporaron veinte enmiendas. Y en el Pleno dos transaccionales que afectan a once enmiendas más otras tres aceptadas, catorce inclusiones, lo que eleva a treinta y cuatro el número de enmiendas afectadas por aceptación o transacción; de ellas, por cierto, trece del Grupo Parlamentario Convergència i Unió. En segundo lugar, desde un análisis cualitativo, entre otras cuestiones, se ha resuelto lo siguiente: primero, se ha establecido una reserva asistencial social con el 10 % del excedente -enmiendas 163 a 167 del Partido Popular-. Segundo, será la comisión de prestaciones especiales la competente para la concesión de beneficios con cargo a dicha reserva -transaccional con la 81 de Entesa-. Tercero, transaccional con la 188 -lo ha puesto de relieve el señor Campuzano- de Convergència i Unió sobre responsabilidad social empresarial. Cuarto, transaccional con la 119 de Convergència i Unió, 177 y 178 del PNV sobre con qué patrimonio se puede hacer frente a la responsabilidad mancomunada, que no es un tema menor ni era un tema de fácil solución. Quinto, con las 6 de Izquierda Unida y la 72 de Entesa, transaccional sobre la comisión de control y seguimiento donde, como ustedes saben, participan los agentes sociales, que dispondrán de informes periódicos de litigiosidad, reclamaciones y recursos, y además elaborarán recomendaciones. Sexto, transaccional con la 38 de UPN, la 110 de CiU y la 174 del PNV, que regula las incompatibilidades y retribuciones y da un plazo de tres años a la limitación de los salarios. Séptimo, transaccional con la 41 del Grupo Mixto, la 181 del PNV y la 29 del PAR, sobre la problemática del patrimonio -problemática, permítanme la expresión, especialmente para algunos- histórico para algunos. Octavo, 127 de CiU, enajenación de las sociedades de prevención, que se pospone del 31 de marzo al 30 de junio. Noveno, la tratada sobre el ámbito competencial, que es una transacción con la número 100 de CiU relativa a las actividades preventivas. Décimo, transaccional, se ha dicho hace un momento por la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, y yo respondo que hay una transaccional de la 22 del PAR, de la 36 de UPN, de las números 96, 103, 105, 113, 115 y 117 de Convergència i Unió y 171 y 172 con el Grupo Parlamentario Popular. Es decir, cinco grupos han apoyado la modificación de la denominación de la ley, sustituyendo el "de" por el "con"; cinco grupos. -Creo que esto hay que considerarlo-. En undécimo lugar, se acepta la 122 de CiU sobre convenios con entidades privadas. En duodécimo lugar, se incorpora la enmienda 138 del Grupo Socialista y la 48 de Entesa sobre supresión del punto sexto del artículo 68.

Ya ha explicado la portavoz socialista el porqué de su enmienda. Probablemente sea esa la razón y el hecho de que cada vez los medios informáticos están sustituyendo con más eficacia, lo que antes era necesario para un cúmulo de mutuas, que en los años ochenta eran en torno a doscientos y ahora existen tan solo veinte. Probablemente también porque si uno lee los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas en la contratación por las mutuas de los años 2006 y 2007 verá cómo hay un numeroso campo de incumplimientos.

Consecuencias de todo esto: no solo apoya el proyecto el Tribunal de Cuentas, como se dijo en la primera vuelta en esta Cámara, sino que se ha producido una mejora sustancial del proyecto de ley incluso en sus aspectos más complicados y relevantes. Se ha producido la retirada del veto por el PNV en


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el Senado, y ahora la expresión de apoyo por parte del señor Olabarría del Grupo Vasco a estas enmiendas y a este proyecto de ley. Se ha producido el reconocimiento de UPN en la disposición al diálogo que ha mantenido en todo momento el Grupo Parlamentario Popular. Se ha producido el apoyo de Convergència i Unió a estas enmiendas y al proyecto de ley, con la excepción que ha hecho a la enmienda 138 del Grupo Socialista y 48 de Entesa. Se ha producido el reconocimiento de las mutuas, tal y como personalmente me lo han trasladado, y su satisfacción por los cambios y las mejoras operadas en la tramitación de la ley, que ahora es vista con buenos ojos. Lo digo porque al principio de mis palabras expresé cómo dentro del ámbito de quienes se oponían a este proyecto de ley estaba AMAT y cómo estaban prácticamente todos los grupos políticos. Hoy debo agradecer expresamente que no sea así, con el apoyo de dos grupos importantes, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Vasco, y con la posición mucho más abierta y menos beligerante de UPN.

Por tanto, señorías, señor presidente, con plena satisfacción el Grupo Parlamentario Popular va a votar favorablemente a todas estas enmiendas que como fruto del diálogo han enriquecido el proyecto de ley, han contribuido a que haya adhesiones al mismo, y esperemos que tenga una larga vida, que sea fructífero y que ayude a que el sector funcione mejor de lo que lo hacía hasta la fecha.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiroz.

- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS EN MATERIA DE LIQUIDACIÓN E INGRESO DE CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000113).

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social. En primer lugar, para fijar posición, tiene la palabra el señor Olabarría, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

La ley es una ley que tiene una buena confección, y nosotros no tenemos reservas en relación con el contenido troncal de la misma que consiste sobre todo en desplazar las cotizaciones, en el hecho de cotizar, de liquidar y de autoliquidar, si estamos hablando de trabajadores autónomos, a la Seguridad Social desde la perspectiva de que es la Seguridad Social la que realiza este tipo de operaciones, evitando el gravamen que para un ciudadano o para un empresario supone realizar este tipo de gestiones. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Es un buen mecanismo también el previsto en la ley, a través de este procedimiento que requiere importantes infraestructuras informáticas para hacerlo bien y para tener, sobre todo, la versatilidad suficiente para evaluar lo fluctuantes que son los contratos, las modificaciones contractuales, las modificaciones que estas provocan en relación con las bases de cotización. Ya sé que el Ministerio de Trabajo está en condiciones de proveer con sus sistemas informáticos -o la Seguridad Social- una buena gestión.

Señora Báñez, desafortunadamente tengo que decir que nosotros no podemos participar de una ley que gravita fundamentalmente sobre un concepto que es el concepto de caja única de origen jurisprudencial, como saben, pero previsto originariamente por una sentencia del Tribunal Constitucional, la 124/1989 que, atribuyéndole al concepto de caja única una dimensión puramente contable de ordenación de los flujos financieros en el ámbito de las pensiones, ha convertido este concepto y se ha normativizado o positivizado así en un concepto impediente, en un concepto que no permite el cumplimiento de los requerimientos del bloque de constitucionalidad en relación con el ejercicio de competencias en materia de Seguridad Social. El Estatuto de Autonomía de Gernika, señora Báñez, prevé que corresponderán a las instituciones vascas la gestión económica del régimen de Seguridad Social. Lo establece en régimen de convenio, régimen que, si leemos el "Diario de Sesiones", la ley orgánica que aprueba el Estatuto de Autonomía de Gernika, nos llevaría a la identificación de esta locución: régimen de convenio, con una locución equivalente al régimen de concierto económico. Sería lo mismo. ¿Por qué se utiliza la locución convenio y no concierto económico? Porque el sistema de financiación de las prestaciones de Seguridad Social no es un sistema que dimane de los tributos recaudados o de la exacción de tributos, sino de la exacción de cotizaciones obligatorias de empresarios y trabajadores. Este concepto de caja única ha convertido la posibilidad de cumplir los requerimientos estatutarios, sobre todo, el relativo a la gestión por las instituciones vascas del régimen económico de la Seguridad Social en régimen de convenio, no solo en un precepto que ustedes arbitrariamente han decidido incumplir, sino que además, por razones que se me escapan, lo han


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convertido en una materia innegociable. Ni siquiera se puede negociar el cumplimiento de la legalidad dimanante de la Constitución, de la legalidad constitucional, de la legalidad prevista en el bloque de constitucionalidad, de la legalidad prevista en el Estatuto de Autonomía de Gernika y en otros Estatutos de Autonomía, en tanto en cuanto este proyecto de ley, de naturaleza aparentemente mecánica, metodológica, en cuanto al sistema de exacción de cuotas de Seguridad Social, gravita sobre este concepto permanentemente de caja única, un concepto que se ha pervertido.

No es el concepto originariamente constitucional o de la sentencia del Tribunal Constitucional que he citado de caja única, sino otro que ustedes han transmutado, pervertido, transformado en algo que les legitima para no cumplir lo que la Constitución española y diversos Estatutos de Autonomía les requieren en materia de transferencia en el ámbito de la Seguridad Social, de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y, por lo tanto, del régimen económico de sus prestaciones, del régimen económico de sus cotizaciones, del régimen económico de los elementos disciplinarios -en fin, lo que está previsto en el Estatuto de Autonomía de Gernika y en otros-.

Por esta razón, no por el contenido de la ley que nos parece correcto y que está bien articulado, sino porque se continúa con la perversión de extralimitar o de pervertir el concepto de caja única -que no es un concepto originariamente normativo, sino jurisprudencial, pervertido y positivizado, ya desde el año 2007 en la última ley sobre reforma de pensiones aprobada por el Partido Socialista, gobernando el presidente Zapatero-, desde esa perspectiva, ningún proyecto de ley donde se invoque el concepto de caja única tal como se invoca, obstaculizador del cumplimiento de los requerimientos de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía en materia de competencias, en materia de Seguridad Social autonómicas, ejercidas por las comunidades autónomas, ninguno, va a ser objeto de apoyo o de aprobación por parte de mi grupo.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.

Nos encontramos ante una ley con carácter aparentemente técnico, pero con gran importancia práctica, porque lo que hace es cambiar los procedimientos por los que funciona nuestro sistema de Seguridad Social y, al hacer esto, cambiar totalmente la forma de relacionarse entre la Seguridad Social y sus usuarios, las empresas. Hasta ahora hemos funcionado con un sistema de autoliquidación -las empresas tienen los datos, calculan cuánto tienen que cotizar e ingresan ese dinero, y la Seguridad Social tiene un papel pasivo- y vamos a pasar a un sistema de liquidación directa, con un papel mucho más activo de la Seguridad Social. Las empresas envían datos, pero la Seguridad Social les dice cuánto tienen que cotizar. Nosotros apoyamos este cambio, como manifestamos en Comisión, porque tiene importantes ventajas potenciales. Puede permitir un mayor uso de las nuevas tecnologías, prescindiendo del papel y agilizando la relación entre la Administración y las empresas. Puede evitar el envío de datos duplicados. Si hay datos que ya obran en poder de la Administración, no necesitará solicitarlos de nuevo, algo tan frecuente en las relaciones entre los ciudadanos y la Administración, y puede mejorar el control de deducciones y bonificaciones y, así, indirectamente mejorar la recaudación, porque a veces estas bonificaciones y deducciones no se aplican de forma correcta por las empresas. Por tanto, vemos que es una forma más moderna y con importantes ventajas potenciales para relacionarse la Seguridad Social con las empresas.

Dicho esto, quiero hacer una advertencia importante y dejar claro qué es lo que estamos aprobando aquí. En la ley vienen los grandes rasgos de esta reforma o la filosofía de esta reforma que, como hemos dicho, nos parece acertada. Pero el éxito de esta reforma no va a depender mucho de la ley o de los grandes rasgos, sino de la puesta en práctica concreta, del desarrollo reglamentario e incluso de decisiones administrativas. Para que la puesta en práctica concreta funcione bien y no se acabe convirtiendo en un caos o en algo que incremente incluso los costes empresariales, se tienen que dar una serie de condiciones. Recordemos que tenemos un tejido empresarial muy disperso con millones de pequeñas y medianas empresas, por tanto, es necesario que haya una buena campaña de información centrada en estas pequeñas y medianas empresas que les explique cómo va a cambiar el modelo de funcionamiento. Es importante que se diseñe el cambio de forma que los costes de adaptación sean los mínimos posibles, porque va a haber cambios en los sistemas informáticos y en la gestión interna de las empresas. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia). Es importante que haya un buen servicio de aclaración de dudas y también de subsanación de errores. No solo tenemos muchísimas pymes, sino que también hay mucha precariedad en el empleo. Las empresas van a estar continuamente enviando datos


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y, es necesario, que haya un buen servicio de subsanación de errores. Por supuesto, es preciso que el personal de la Seguridad Social reciba la formación adecuada y cuente con los recursos necesarios para hacer frente a las nuevas tareas a las que tendrá que enfrentarse. Por tanto, advertimos qué es lo que estamos aprobando y qué dependerá de la gestión de esta reforma. Estamos aprobando la filosofía y los grandes rasgos -que nos parecen bien-, y esperamos que en la gestión concreta de esta reforma se den estas condiciones; si no, advertimos del riesgo de que algo que en general es una buena idea se acabe concretando en molestias o aumento de costes para las empresas.

Dijimos esto en Comisión y las enmiendas del Senado son de detalle y mantienen en lo esencial la ley. Por tanto, mantenemos nuestra postura favorable a este cambio en la forma de relacionarse la Seguridad Social con los ciudadanos.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Anchuelo.

Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Señor Coscubiela, tiene la palabra.

El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.

Nuestro grupo, La Izquierda Plural, va a dar apoyo a las enmiendas que vienen del Senado y va a manifestar de nuevo nuestro voto favorable a este proyecto de ley. Sin duda, es un proyecto de ley no solo técnico -aunque pueda parecerlo-, sino que tiene un componente político importante, un concepto de Administración pública en el que se facilita la gestión de los particulares -en este caso, de las empresas y los propios trabajadores- en un sistema de liquidación de cuotas diseñado ya hace algún tiempo y que se va a poner en marcha en estos momentos. Nos parece adecuado tanto el objetivo como su plasmación, y así lo vamos a reflejar.

Advertimos de nuevo -no es ponerle agua al vino, sino sencillamente señalar algo que tenemos que tener presente- que tiene algunos riesgos. Vale la pena que los tengamos presentes y que la señora ministra y el equipo que lo tenga que poner en práctica los tenga muy en cuenta. No es lo mismo la gestión de este proceso en relación con las grandes empresas que en relación con las pymes. Eso va a suponer un cambio de comportamiento y de rutina que puede generar problemas. En ese sentido, solo quiero reiterar aquí la necesidad de que se ponga mucho énfasis en el carácter progresivo de su ejecución, que no se quiera ir más deprisa de lo que puede ser encajado por las pymes y que se dé toda la atención necesaria a las pequeñas y medianas empresas para que de este cambio, que tiene un buen objetivo, se desprenda una ventaja y no un inconveniente.

Tiene también dos riesgos, los que se derivan del hecho del control por parte de los propios trabajadores y de los representantes de los trabajadores de la información, y que de esa información no se puedan desprender situaciones de indefensión por falta de información o problemas de errores queridos o no en las cotizaciones, que en definitiva son las que dan derecho a las prestaciones. En ese sentido, como los mecanismos de control varían, hay que prestar mucha atención a esa cuestión. Por eso tanto nuestro grupo como al menos el Grupo Socialista -posiblemente también otros grupos- planteamos enmiendas con algunas limitaciones. Incluso en eso el Grupo Popular es cicatero en la negociación, porque en un planteamiento en el que venían con tanto diálogo se podría haber dado más concesiones a la hora de aceptar las enmiendas. Se han incorporado elementos de garantía tanto en los derechos de información como en el proceso de evaluación de la puesta en práctica de este proceso. En todo caso, lo que no se puede hacer, por supuesto, es no votar una ley porque puedan existir riesgos en su ejecución -eso existe siempre-; por tanto, nuestro voto es sin reservas mentales, aunque sí les digo que vamos a estar muy encima en el control de su ejecución.

Fíjense bien en que además estamos hablando de un tema importante, una de las bases de la estabilidad financiera del sistema es que funcione bien todo el sistema de liquidación de cuotas; por cierto, también las cuotas que reciben las mutuas de accidentes de trabajo. ¡Qué curioso!, ¿por qué la Tesorería de la Seguridad Social se encarga de las funciones de recaudación de las mutuas de accidentes de trabajo cuando, según ustedes, eso es el sector privado y lo único que se establece es una colaboración público-privada entre el sector privado y el sector público? Porque no es así, señores Campuzano y Emilio Olabarría, no es así. Es verdad que las mutuas han cambiado mucho desde que en los años mil novecientos a las empresas, no a las mutuas, se les exigió cubrir la indemnización por los accidentes que tenían sus trabajadores y posteriormente esa obligación se convirtió en la de asegurar y aseguraron entidades privadas.

Desde 1967, con el inicio de la actual Seguridad Social, esas entidades privadas pasaron a ser consideradas como entidades que desarrollaban funciones públicas; posteriormente y en la democracia,


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ese proceso de publificación de esas entidades mutuas ha ido avanzando con muchas dificultades, con muchas resistencias y no siempre con las colaboraciones necesarias desde algunos grupos políticos en esta Cámara. Eso es lo que creo que debemos tener presente, porque si las cotizaciones son recursos públicos, si las prestaciones a las que dan lugar esas cotizaciones son también de naturaleza pública, si además la que las recauda es la Tesorería General de la Seguridad Social, que está integrada dentro del sistema de entidades gestoras de la Seguridad Social, ¿de dónde se desprende que esa entidad es privada? No, es una función pública que se desarrolla porque viene por un proceso transitorio desde 1967, por un proceso que en algún momento se deberá terminar, por un proceso de mancomunación de los empresarios. También son cotizaciones empresariales las que se desprenden de otras cuestiones, como pensiones, y en cambio esa gestión no se ha dado a las empresas. Por cierto, además es que desde 1995 el criterio ese de carácter privado porque resulta que se gestionan prestaciones y cotizaciones vinculadas a accidentes profesionales ya no es así, porque desde 1995 las mutuas están gestionando prestaciones no estrictamente de riesgos profesionales: la incapacidad temporal por riesgos comunes. ¿Eso también es privado o es público? ¿Una prestación económica derivada de la situación de enfermedad, por ejemplo de un proceso cancerígeno, es privada? No, es pública. A ver si entre todos conseguimos clarificarlo. Otra cosa es que los gerentes de las mutuas y el lobby que hay detrás no quieran perder sus prebendas -porque son prebendas-. Claro que no hay ánimo de lucro en las mutuas. Perdón, sí lo hay, el ánimo de lucro de los gerentes con el sueldo que se han puesto, con los beneficios que se han obtenido a raíz de esto. Aquí seguro que don Gerardo Camps seguro que sabe las dificultades que tuvo en su momento para vencer las resistencias de esas mutuas, sabe el poder que tiene, como lo saben posiblemente los actuales gobernantes, y sabe también la facilidad que tienen algunos grupos para ponerse al servicio de ese lobby. Desgraciadamente, eso es lo que ha pasado; ahí estamos. Entonces, sí que hay ánimo de lucro. ¿Por quién? Por parte de los gerentes. Eso es lo que se trata de evitar. ¿Por qué alguien que está gestionando prestaciones que no tienen nada que ver con el origen de las mutuas en los años mil novecientos tienen que seguir teniendo la consideración de entidades privadas? Llegará un momento en que algún Gobierno se atreverá a dar el paso definitivo y a situarlas donde deben estar desde hace mucho tiempo, que es integradas dentro del sistema público de la Seguridad Social.

Eso no es incompatible con hacer una gestión eficiente, porque -y termino con esto- ¿es más eficiente la gestión de las mutuas que la gestión de la Tesorería o del INSS? No. Por lo tanto, el paradigma ultraliberal de que lo privado gestiona bien y lo público mal o peor, incluso en el tema de las mutuas, se le cae. El que quiera hacer un debate a fondo sobre el tema de las mutuas, adelante. Pero, señor Campuzano, sobre todo intente usted no equivocarse tanto. Los trabajadores no gestionan -ni ellos ni los sindicatos- las mutuas. Y si no lo ha dicho usted, aproveche la oportunidad para rectificarlo.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Coscubiela.

Por el Grupo Parlamentario Catalán tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

Este es un proyecto de ley con un contenido técnico muy evidente, que pretende mejorar el sistema de liquidación e ingresos de las cuotas a la Seguridad Social aprovechando todas las oportunidades que las tecnologías de la información y la comunicación contemplan. Es un proyecto de ley cuyo carácter técnico no implica su trascendencia para el tejido económico y social del conjunto del Estado. Algunos de los portavoces han hecho referencia a algunos de los retos prácticos que va a tener la implementación del sistema para autónomos, para pequeñas y medianas empresas y para los propios funcionarios de la Seguridad Social. El tiempo nos irá diciendo si las mejoras, que esperemos este proyecto de ley provoque, terminen respondiendo a esas expectativas.

Surge un debate, que ha planteado adecuadamente el señor Olabarría, que tiene que ver con el concepto de caja única, que va apareciendo en esta legislatura. En cualquier caso, visto desde Cataluña, el artículo 165 del actual estatuto de autonomía contempla expresamente la posibilidad de la gestión del sistema de la Seguridad Social por parte de las comunidades autónomas, sin afectación a que la regulación de los deberes y los derechos asociados a la Seguridad Social sea la que corresponde. Este es un debate que está ahí y, a nuestro entender, incluso el concepto de caja única, visto de una manera avanzada, es perfectamente compatible con esa gestión de carácter autonómico. Por tanto, queda pendiente el desarrollo, en el caso de Cataluña, del artículo 165 en toda su plenitud.


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Este tipo de debates y discusiones, las que hacen referencia a este proyecto de ley, que abordan aspectos muy técnicos, tienen siempre el riesgo de venir cargados de prejuicios ideológicos. Hace pocos segundos acabamos de tener una nueva expresión de ese tipo de planteamientos. En la gestión de las cotizaciones a la Seguridad Social, en la colaboración de las mutuas con el sistema de la Seguridad Social o con el Sistema Nacional de Salud, a menudo, el discurso que se hace desde la tribuna choca después cuando la gestión gubernamental te obliga a aceptar que, efectivamente, por ejemplo, las mutuas pueden ser buenas colaboradoras tanto del Sistema Nacional de Salud como del sistema de la Seguridad Social. El discurso hiperideológico desde la tribuna cuando se está en la oposición contrasta con el que se plasma cuando se gobierna. Por ejemplo, cuando en Cataluña -en el último Gobierno del presidente Pujol- se decide que para tener un buen control de la incapacidad temporal, de la enfermedad común, es bueno introducir un mecanismo que permita a las mutuas, a los médicos de la atención primaria, a los interlocutores sociales, crear un organismo de discusión, de seguimiento de los casos, quien entonces entra a gobernar a la Generalitat desarrolla plenamente ese modelo y lo explica con mucho orgullo. Entonces uno contrasta ese discurso hiperideológico con el pragmatismo de gobernar, y a quienes somos serios y a quienes tenemos cultura de gobierno nos irrita esa hipocresía de decir algunas cosas desde la tribuna que cuando se gobierna no se practican y que eso forme parte de las debilidades de nuestro sistema democrático. Quizás aquí en la próxima legislatura se sienten 30 o 40 diputados de Podemos que van a expresar el cansancio de mucha gente por aquellos que en la tribuna practican un discurso pero que en la acción gubernamental practican el contrario. Un esfuerzo de coherencia entre el discurso y la práctica política es el mejor servicio que podemos hacer a la calidad democrática. En cualquier caso, señor Coscubiela, mi intervención está escrita, usted la puede leer con calma, verá lo que he dicho y me reafirmo en todo.

Muchas gracias. (El señor Canongia Gerona: Aplícatelo tú).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Campuzano. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ruiz i Carbonell.

El señor RUIZ I CARBONELL: Gracias, señor presidente.

No estaría de más, señor Campuzano, que lo último que acaba de decir se lo aplicase también a su partido político, a la fuerza que representa.

Compartimos los objetivos de esta ley, de hecho fue un proyecto que el Gobierno socialista dejó muy avanzado y hace algún tiempo que se están haciendo pruebas con el nuevo sistema que prevé. Por eso, porque compartimos sus objetivos, desde el primer momento hemos querido llegar a acuerdos que nos permitieran votar favorablemente la ley, en la tramitación presentamos enmiendas y hemos llegado a posibles redactados alternativos y, aunque topamos con diferencias, el compartir objetivos y en buena medida la actitud desde el inicio de la tramitación del resto de los miembros de la ponencia, a los que desde aquí quiero reconocer su trabajo, hiz fácil llegar a acuerdos.

Como esta ley no pasó por este Pleno sino que se aprobó en Comisión y luego fue al Senado, les explicaré que pretende sustituir el sistema de cotización a la Tesorería de la Seguridad Social por uno nuevo en el que será la tesorería la que calculará lo que ha de cotizar cada empresario y cada trabajador de acuerdo con la información que tenga. Todo ello con varios objetivos: simplificar la obligación de cotizar, mejorar la calidad de atención e información a los ciudadanos, mejorar el control de la recaudación y reducir costes. Se trata también de combatir el fraude que pudiera tener la Seguridad Social y, por cierto, ayudar a mantener la conocida popularmente como hucha de la Seguridad Social de los pensionistas, en la que los 66.800 millones de euros, creo que no me he equivocado, que dejó el Gobierno socialista, tras tres años de Gobierno del Partido Popular se han reducido a 42.000. Como en nuestro tejido empresarial, la pequeña y mediana empresa es ampliamente mayoritaria, más del 90 %, el cambio no puede ser naturalmente de hoy para mañana, pequeñas y medianas empresas hacia las que la tesorería tendrá que desarrollar una campaña de información y formación, así como hacia las gestorías, porque no olvidemos que en la mayoría de los casos los trámites relacionados con cotizaciones y con todo lo que tiene que ver con la plantilla de la mayoría de estas empresas los llevan a cabo gestorías, la mayoría de las cuales están en pequeñas oficinas desparramadas por todas nuestras ciudades, y que recaerá en ellas y en las pymes, claro, que las pymes puedan adaptarse a la nueva ley en el menor tiempo posible y, en definitiva, recaerá en ellas una parte del éxito de esta ley. Por aprobarlo hoy aquí y porque mañana sea objeto de algunas líneas en algún periódico, las gestorías, bares, comercios y todo tipo de pequeñas empresas no se van a enterar y no van a estar preparadas para el cambio, como pude comprobar, sin ir más lejos, yo


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mismo este lunes hablando con Jacinto, el dueño del bar de Tarragona al que suelo ir a tomar un cortado a media mañana. Vamos a necesitar mucho más que el debate de hoy y que alguna línea en un periódico.

La ley prevé la composición de nuestro tejido empresarial como también tiene en cuenta la liquidación simplificada de las cuotas de los trabajadores autónomos, la de los trabajadores del mar y la de los colectivos como empleados del hogar, trabajadores agrarios, etcétera, y también que el nuevo y el actual sistema, pese a los esfuerzos de formación e información que se hagan, convivirán durante un tiempo que hoy todavía no sabemos precisar. Todo nos llevaba a votar favorablemente porque, reitero, no deja de ser un proyecto de ley que el Gobierno del PP se encontró en un cajón y que el anterior Gobierno ya tenía muy avanzado, y, por tanto, algo nuestro también es, ¿no creen?

Por cierto, un Gobierno del PP muy dado a decir que ha encontrado muchas cosas negativas en los cajones, en buena medida como excusa para tapar su mala gestión, y al que en cambio le cuesta decir que han encontrado proyectos de ley como este, que algo de bueno tendrá cuando ahora lo presenta el mismo Partido Popular y cuando además, por cierto, a diferencia de los proyectos de ley que originariamente son suyos, está muy cerca de alcanzar no la unanimidad pero sí un apoyo muy grande. Ahora bien, los cambios introducidos en el proyecto de ley, las enmiendas aprobadas por el Grupo Popular primero aquí y luego en el Senado, han hecho que continuemos cerca pero sin coincidir del todo.

Hemos querido llegar a un acuerdo lo más completo posible no solo por compartir los objetivos que he enumerado y por el avance tecnológico que suponen, sino también porque me permitirán que les recuerde que, como ya he dicho, la implantación del nuevo sistema se prevé larga, el próximo año hay elecciones generales y naturalmente el grupo que represento pretende ganarlas y ser quien acabe de implantar esta ley. De las enmiendas presentadas aquí en su día, nuestro grupo no aceptó la del Grupo Vasco, que cuestionaba la existencia de la caja única de la Seguridad Social, señor Olabarría, que es verdad que no está en la Constitución pero tiene un alcance jurídico al que el Tribunal Constitucional ha ido dando contenido y límites. Ya saben que nuestro grupo puede hablar de gestión pero no de su existencia, que ha defendido siempre y que seguirá defendiéndolo para que los recursos de Seguridad Social actúen como un fondo único de reparto solidario en toda España. Apoyamos las enmiendas del Grupo de La Izquierda Plural con el ánimo de llegar acuerdos transaccionales que garanticen como mínimo los mismos derechos de información y consulta a los trabajadores y a sus representantes que actualmente tienen. Por lo que hace a las enmiendas del Grupo Popular, les reiteramos una cosa que nos vemos obligados a recordarles continuamente: cada vez que presentan una ley, lo aprovechan ustedes todos para aprobar de todo. Un ejemplo, de las enmiendas que presentó en el Congreso al proyecto de ley que nos ocupa creo que era la enmienda 12 la que tenía tres páginas y media de argumentos para cambiar el nombre al Cuerpo de intervención y contabilidad de la Administración de la Seguridad Social que ahora proponen que se llame Cuerpo superior de interventores y auditores de la Administración de la Seguridad Social. ¡Tenía tres páginas y media! ¿Les parece que es como para una enmienda a un proyecto de ley, además a una ley que pretende iniciar un nuevo sistema sobre cómo los trabajadores cotizan a la Tesorería de la Seguridad Social?

Lo que sí nos preocupó -y así lo trasladamos a los ponentes del Grupo Popular- fue llegar a un acuerdo a partir de la enmienda 11 que pretendía que el INE estuviera obligado a facilitar información a la Seguridad Social, contando además con una frase que dice literalmente que el suministro de dicha información no precisará de consentimiento previo del interesado. Por eso les planteamos que habría que exigir que se justificaran las peticiones de información, por lo que propusimos añadir un redactado en el artículo 36 de la Ley General de la Seguridad Social recogiendo lo que nos indica en su informe la Agencia Española de Protección de Datos, en el sentido de que datos, informes y antecedentes suministrados, conforme a lo dispuesto en este artículo, únicamente serán tratados en el marco de las funciones de gestión de prestaciones atribuidas a las entidades gestoras de la Seguridad Social.

Finalmente, nuestra enmienda, que aparecía con el número 12, quería completar el artículo 32 de la Ley General de la Seguridad Social con un nuevo apartado poniendo un problema encima de la mesa con la pretensión de darle respuesta. Se trataba de dar seguridad jurídica a los trabajadores en relación con las prestaciones que perciben porque, ¿qué sucede si como consecuencia de la actuación de la Tesorería o de la Inspección de Trabajo, pongamos por caso, se tienen que modificar las bases de cotización y por tanto corresponde modificar las prestaciones que se hubieran reconocido al trabajador? ¿Tiene que salir perjudicado de un, digamos error, cuando la información a partir de la cual se han determinado las prestaciones proceden de la Administración o del empresario? Desde el principio estuvimos convencidos de que esta pretensión nuestra no sería un problema, que la compartiríamos todos y que encontraríamos un redactado aquí o en el Senado que podríamos consensuar, pues si desde ahora, a partir de los datos


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que le suministren o no las empresas, será la Tesorería la que determinará las prestaciones a que tenga derecho el trabajador y su cuantía, parece de justicia que el trabajador no pague las consecuencias. Por ello propusimos que la nueva prestación entrara en vigor a partir del primer día del mes siguiente a cuando se declare y sin efectos retroactivos. Quisiera añadir que en el trámite del Congreso los ponentes del grupo de la mayoría nos manifestaron la voluntad de presentarnos en el Senado un texto que completase nuestra pretensión y que contemplase la posibilidad de un procedimiento de responsabilidad del empresario que fuera causante indirecto de un perjuicio al trabajador. A lo que añadimos que, en un tiempo razonable - que para nosotros podría ser un año-, el Gobierno analizase las modificaciones que pudieran derivarse en las prestaciones de los trabajadores como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva ley, previendo las enmiendas aprobadas por el Senado.

No tenemos problema alguno en aprobar la enmienda que en el Senado se presentó con el número 5. Describe el contenido de la ley y además nos dice, en la disposición adicional primera, que se elaborará el estudio sobre cómo puede afectar a las prestaciones la rectificación de las bases de cotización. Por tanto, nada que objetar. Tampoco tenemos problema en aprobar la que en el Senado figuraba con el número 7, porque a nuestro juicio es una mejora técnica. Ahora bien, por lo que se refiere a la 6, he de decir que nos hemos sentido un tanto decepcionados. Esta enmienda responde a la transacción que se ha propuesto y sobre la que en la ponencia y en la Comisión parecía que podíamos llegar a acuerdo, o en el Senado, es verdad, pero con un plazo de dos años para hacer el estudio que estamos diciendo; dos años nos parece excesivo.

En resumen, estamos de acuerdo con esta ley -como dejamos claro tanto en ponencia como en Comisión y posteriormente en el Senado- aunque nos hubiera gustado que el Grupo Popular, y especialmente el Gobierno del Partido Popular, se hubiera implicado más en el punto que nos separa: el plazo para calcular si su entrada en funcionamiento afecta a las prestaciones. Si hemos de ser sinceros, nos pareció que era posible llegar a este acuerdo total. Así y todo, votaremos favorablemente en los tres casos y, eso sí, les estaremos recordando continuamente que, si es posible, no esperen a terminar esos dos años, que hagan un seguimiento lo mejor y lo más cercano posible para ver si el nuevo sistema afecta a las prestaciones que pueden percibir los trabajadores.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Ruiz i Carbonell.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Camps.

El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, señorías, se ofreció consenso por parte del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular y ese consenso se ha conseguido, gracias -como se ha reconocido ya aquí- al esfuerzo de aproximación a las posiciones de la mayor parte de los grupos parlamentario que yo quiero agradecer en nombre de los ponentes del Grupo Popular así como de todo mi grupo parlamentario. Porque, señorías, para nosotros alcanzar consensos es positivo, no hay que tener miedo a ello; además, tiene que ser la regla, no la excepción a la regla como desde algunos otros grupos parlamentarios -afortunadamente en esta materia no- se mantiene constantemente en esta Cámara. Desde mi grupo seguiremos trabajando para que el diálogo y, en su caso, el acuerdo sea la categoría y no la anécdota y no nos duelen prendas en reconocer -se lo digo al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista- que hay cosas que Gobiernos socialistas pudieron empezar bien y que posteriormente Gobiernos del Partido Popular acaban igual de bien o mejor. Pero se ha equivocado justamente en la materia de hoy.

Este sistema, que hoy ya conformamos desde una ley, no es algo que el Partido Popular se encontrara en un cajón porque lo hubiera hecho el Gobierno del Partido Socialista; más bien al contrario, se lo encontró el Gobierno del Partido Socialista porque lo había dejado un Gobierno anterior del Partido Popular. (Protestas). Y sepan ustedes que si lo digo yo es que de esto sé algo. Ese papel que ustedes dicen que nosotros nos encontramos en un cajón, lo hallaron ustedes en un cajón, lo tuvieron en ese cajón durante casi cuatro años y ha sido el papel que nosotros hemos cogido y hemos puesto en valor redactando la ley que hoy va a aprobar este Parlamento. (Un señor diputado: ¿Serían siete, no?) No, no, reitero, a nosotros no nos duelen prendas en reconocer que si ustedes hacen algo bien nosotros lo mantenemos y, si lo han empezado bien, nosotros intentamos acabarlo mejor. Pero no es el caso que hoy nos ocupa.

Al señor Olabarría le quiero decir que siempre estamos con el debate sobre el principio de caja única de la Seguridad Social. Era un debate que probablemente no hubiéramos tenido que tener obligatoriamente con esta ley porque la expresión del artículo que se modifica, justamente si algo no modifica, es que ya aparece en ese artículo la expresión como caja única de la Seguridad Social. Entiendo que para el señor


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Olabarría este sea un debate siempre presente cuando hablamos de la Seguridad Social y sea un debate en que las posturas también son ampliamente conocidas ya por todos. Nosotros conocemos la suya, que no compartimos -tampoco otros grupos de esta Cámara- y usted conoce la nuestra, que tampoco comparte. Reitero que sería una pena que durante este debate no pudiéramos conseguir también el apoyo del Grupo Parlamentario Vasco a esta ley, pero tengo que recordarle al señor Olabarría que para nosotros, con una posición sobradamente conocida, la unidad de caja constituye uno de los pilares legales en los que se fundamenta la gestión del sistema español de Seguridad Social, según figura establecido en la Ley General de la Seguridad Social. El señor Olabarría siempre se refiere a ese concepto como algo que está fuera de la ley; no, es verdad que fue el Tribunal Constitucional el que articuló este principio, pero posteriormente ya consta en nuestra Ley General de la Seguridad Social en cuanto norma básica reguladora del mismo y el 57.1 es exactamente su artículo. Por tanto, de su aplicación, junto con el principio de solidaridad financiera, nace toda la capacidad de los recursos unificados que hace la Tesorería General de la Seguridad Social. Por consiguiente, la configuración de la Tesorería General de la Seguridad Social como caja única del sistema es coherente, oportuna y necesaria para desempeñar la función que tiene de gestión liquidatoria y recaudatoria de los recursos del sistema.

Señorías, algunos grupos parlamentarios -afortunadamente hoy ya no lo han hecho así- mantuvieron que estábamos ante una ley eminentemente técnica y que por eso podía contar con un amplio consenso parlamentario. Nada más lejos de la realidad, esta ley es compleja técnicamente hablando; sin embargo, estamos ante un cambio de gran envergadura que variará sustancialmente la relación entre la Administración de la Seguridad Social y las empresas y el conjunto de los ciudadanos. Son 1.300.000 empresas las que mensualmente deben calcular y presentar las liquidaciones de cuotas de más de 13 millones de trabajadores. Con el nuevo sistema, la Tesorería General de la Seguridad Social pasará a facturar a todas estas empresas y dejará de ser agente pasivo para convertirse en agente activo; lo hace, además, eliminando el soporte papel, incrementando la capacidad de autogestión para la empresa, desarrollando todo el procedimiento por servicios telemáticos y mejorando la información proporcionada a los ciudadanos. Asimismo, dada su configuración, contribuye a aumentar el control de la recaudación y la prevención del fraude, con un ahorro neto -esto es importante, señorías, y no lo ha dicho ninguno de los portavoces anteriores- para los administrados de 63.475.000 euros anuales. En definitiva, beneficios tanto para las empresas y para los trabajadores como para la propia Administración. Por eso creo que ha merecido el apoyo, prácticamente unánime, de todos los grupos parlamentarios.

Señorías, no es algo solo o puramente técnico simplificar el cumplimiento de la obligación de cotizar, no es algo eminentemente técnico reducir costes para la Seguridad Social, no es algo solamente técnico conseguir una mayor estabilidad y efectividad en el control de una correcta gestión liquidatoria y recaudatoria de la Seguridad Social y no es algo solamente técnico, reitero, lograr una mejora en la calidad de la información utilizada para la liquidación de cuotas. Todo lo dispuesto es posible por los constantes avances tecnológicos que caracterizan la gestión de la Seguridad Social y gracias a los estupendos trabajadores públicos funcionarios de que goza la misma. Son ellos los que justamente permiten hoy que mejoremos la gestión liquidatoria y recaudatoria de los recursos del sistema.

Lamento no haber podido llegar a mayores acuerdos con el Grupo Socialista respecto de esa enmienda a la que ha hecho referencia su portavoz, y lo hemos intentando hasta el último momento. Saben que nació de la preocupación que mantenía el Grupo Socialista y entendíamos que en el Senado podríamos llegar a un acuerdo en cuanto a los casos que pudiera haber de variación de cotizaciones para que los trabajadores no resultaran perjudicados. El Grupo Popular mantuvo en el Senado su compromiso y presentamos la enmienda; ahora hay únicamente una diferencia relativa al plazo que debería tener el Gobierno para realizar esos estudios. El plazo de un año es corto, señorías, porque la Tesorería General de la Seguridad Social, y justamente por el mandato de esta ley, va a tener que realizar, también en un plazo muy corto de tiempo -tres meses-, todo el desarrollo reglamentario de la misma y se va a tener que volcar específicamente para realizarlo. Como también hemos dicho todos, esta ley es muy compleja en su desarrollo técnico, teniendo que ser la Tesorería General de la Seguridad Social la que tendrá que estar ojo avizor, además de ejecutando con enorme complejidad todo que se derive de este nuevo sistema. Por tanto, el plazo de un año era poco tiempo para poder realizar adecuadamente esos estudios y como nosotros y el Gobierno queremos hacer las cosas bien, hemos mantenido que el plazo de dos años era más correcto que el plazo de un año. Sin embargo, quiero recordar que respecto al contenido de lo que tiene que estudiar el Gobierno, estábamos de acuerdo el Grupo Parlamentario Socialista y también el Grupo Parlamentario Popular.


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Señorías, acabo. Hoy finaliza el trámite parlamentario de este proyecto de ley con un acuerdo prácticamente unánime de todos los grupos parlamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado, demostrando que en ocasiones somos capaces de ponernos de acuerdo en beneficio del interés general y de todos los ciudadanos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Camps.

Señora ministra de Empleo y Seguridad Social.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDIAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, presidente.

Quiero decir solo unas palabras para agradecer a todos los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado sus aportaciones a estos dos proyectos de ley, porque sin duda suponen un enriquecimiento y una mejora a lo largo de todo el trámite parlamentario. Quiero reconocer los avances que van a suponer en modernización y eficiencia en la gestión de la Seguridad Social. Sin duda ninguna, creo que ganan los trabajadores fortaleciendo sus derechos, estos dos proyectos de ley facilitan la gestión del día a día de las empresas y lo más importante para todos, para la sociedad española, fortalecen nuestro modelo de Seguridad Social, que es el corazón de nuestro sistema de bienestar. Por tanto, gracias a todos y cada uno de los diputados, gracias también desde aquí a los senadores por sus enmiendas y aportaciones. Solo me queda, presidente, desearles a todos una muy feliz Navidad. Buen trabajo por estos dos proyectos de ley.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora ministra.

- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2015. (Número de expediente 121/000118).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Siguiente punto del orden del día. Enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. Turno de fijación de posiciones. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Salvador.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.

Terminamos hoy la tramitación de la ley de presupuestos y conviene hacer una pequeña recapitulación. Mi partido votó en contra de las enmiendas de devolución a este proyecto de ley, lo hicimos porque tenemos un acuerdo expreso con el PP y nos gusta cumplir lo que firmamos. También porque no creíamos que existiera una alternativa para afrontar con más garantías la crisis y porque, sin llegar a los niveles de inversión de otros años, había mejorado la consignación con Navarra. En todo caso, como en años precedentes, nos reservamos el derecho a presentar enmiendas parciales y así lo hicimos. Presentamos, tanto en el Congreso como en el Senado, enmiendas que creíamos realistas, sensatas y justificables. Nuestra pretensión no era otra, modesta, que conociendo las estrecheces del presupuesto, agilizar una serie de ayudas y mejorar la inversión en algunas de las infraestructuras más importantes para Navarra. Podríamos habernos vuelto locos y haber pedido una nueva emisión de deuda pública por valor de 8.000 millones de euros, pero nosotros somos gente seria. Como creíamos en ellas, las hemos defendido con vehemencia y convicción en el Congreso y en el Senado. Si digo que el grupo de la mayoría ha sido inflexible no estaría haciendo una valoración, sino una mera descripción. Inflexibilidad o imposibilidad, cada uno hará su valoración, pero en todo caso ninguna de las enmiendas que hemos presentado se han aceptado. Se han aceptado ciento dos autoenmiendas, una del PNV recurrente, que es la que aprobamos todos los años, y dos de CiU. Con todo, nosotros hemos cumplido con la palabra dada, hemos intentado convencer a la mayoría de que podía mejorarse el compromiso del Gobierno con Navarra. Respetamos su criterio, aunque no compartimos las razones, para no mover su posición y sólo podemos mostrar hoy una cierta decepción. Esperamos que en este último cuarto de legislatura puedan cambiar las cosas. Como nosotros somos gente que insiste, vamos a defender aquello que creemos justo y que es bueno para Navarra y también para el país. Sabemos dónde estamos, señores de la mayoría, la fuerza que tenemos y somos realistas, pero vamos a seguir criticando lo que nos gusta, vamos a decir con lealtad y con libertad aquello que pensamos y vamos a facilitar en todo momento acuerdos cuando sea posible, con ánimo positivo desde luego, como siempre.


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Permítanme que termine con unas palabras de uno de los fundadores de mi partido, que describen de alguna manera la filosofía que nosotros quisiéramos que inspirara las relaciones entre el Gobierno de la nación y las instituciones de Navarra, cuando él reconocía ante determinado conflicto: Es verdad que no somos lo mismo, pero queremos lo mismo. Es ese afán precisamente por hacer que Navarra dentro de España progresen juntas y que todos los ciudadanos mejoren sus condiciones de vida el que debemos tener presente hoy para encontrar el modo de transformar los desencuentros de hoy en las oportunidades de mañana.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Salvador.

Señor Álvarez, tiene la palabra.

El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Señorías, subo a esta tribuna en cumplimiento del trámite último de aprobación de los presupuestos para 2015. A lo largo de todo el trámite se han sucedido varios plenos de este Congreso y del Senado pero el Partido Popular solo ha admitido tres enmiendas en el trámite del Senado de las más de cuatro mil presentadas. En realidad es de aplicación aquello de lex dura sed lex. Me hacía el año pasado la siguiente reflexión: ¿en realidad qué hago yo aquí? ¿Qué hacen tantos diputados de todos los grupos de la oposición en esta Cámara representando una gran sesión de role playing en una gigantesca sesión, repito, con escenas prediseñadas y final previsto año tras año en los tres últimos presupuestos y ahora en otras grandes leyes? Me sigo haciendo ahora las mismas preguntas. Esta sensación llega a la exasperación cuando pienso en el trato recibido por Asturias en estos presupuestos; no es fácil reconocer tantas humillaciones y vejaciones injustas con Asturias. Hemos presentado cuarenta y una enmiendas y no se nos ha aceptado ninguna, como sucedió en ejercicios precedentes.

Hace unos días la señora vicepresidenta decía que el Gobierno tiene un gran objetivo para todo el país: salida de la crisis y hacer que este funcione, llevando la prosperidad a los ciudadanos. Pues yo anticipo que esto no va ser para Asturias. Asturias es la comunidad autónoma más empobrecida de España en los últimos seis años, con datos negativos que no admiten contestación. El aislamiento de Asturias continúa, llevamos más de una década de retraso en disponer de las infraestructuras de transporte viario y por ferrocarril que otras muchas comunidades ya tienen; la minería del carbón galopa hacia el cierre y no se nos pagan ni las deudas correspondientes a las sentencias de los tribunales; el sector agroganadero y el pesquero han resultado escandalosamente marginados en el último reparto de las políticas agraria y pesquera. ¿Y qué decir de los aspectos industriales, que tienen su propia espada de Demóstenes? Digo bien, la de Demóstenes, que es peor que la de Damocles. Esa espada dice que Rajoy apoya los grandes lobbies eléctricos, a los que subordina los intereses industriales, inhibiéndose ante la falta de competitividad de nuestras empresas metalúrgicas del acero, zinc y aluminio, por el coste e imprevisión de la factura eléctrica, que pone en peligro convertir este sector industrial en un recuerdo. Así las cosas, este proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado presentado por el Gobierno resulta absolutamente inadecuado para España y absolutamente inadecuado para Asturias, señor ministro, ya lo sabe usted, porque están poniéndose las bases históricas de una profunda crisis social, una profunda crisis económica, una profunda crisis en definitiva en Asturias, sin actividad creadora de ningún tipo, y van a convertirnos en el rehén de la beneficiencia de toda España, señor ministro.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Álvarez.

Señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

El jueves pasado levanté los brazos y me puse el DNI en la boca. Pocos minutos después un amigo me llamó y me preguntó: ¿A qué sabe el DNI? Le dije que el DNI tenía un gusto amargo, y lo voy a explicar con una imagen. Antes de que algún diputado o diputada se exalte, les voy a decir que es un gráfico inocente y además de las cámaras de comercio valencianas. Es este. (Muestra un gráfico). Es la inversión de la Administración central comparada con la inversión en la Comunidad Autónoma Valenciana en euros por habitante. La línea azul es la inversión media española y la línea roja es la inversión valenciana en el periodo 2000-2013. Ha gobernado el PP, ha gobernado el PSOE, ha vuelto a gobernar el PP y siempre, siempre, siempre, la línea valenciana, la línea roja, está siempre por debajo. Solo se acerca un poquito en


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el 2011 cuando se aproximaban las elecciones. Al final, con el PP se vuelve a agrandar. Quince años por debajo. Han gobernado ustedes y ustedes y seguimos igual.

Ayer en la Comisión de Fomento se discutió un documento de las cámaras de comercio con la priorización de todas las infraestructuras que hacen falta allí. Nosotros hemos presentado enmiendas repetidas en los últimos cuatro presupuestos. En concreto, en 2015 hemos presentado ciento cuarenta y siete enmiendas valencianas por valor de casi 900 millones. Solo con haber invertido la media estatal, muchas de estas cosas estarían hechas varias veces. Recuerdo, señor Montoro, que la Comunidad Autónoma Valenciana tiene un PIB por habitante por debajo de la media, 2.800 euros inferior; un déficit fiscal reconocido por ustedes de 2.000 millones de euros anuales; somos la cuarta comunidad autónoma en número de habitantes, pero la decimocuarta en inversión por habitante. Por cada 100 euros que pagamos ustedes nos devuelven solo 77 euros, siendo una comunidad autónoma pobre, y lo único que hace el Gobierno del señor Rajoy, su Gobierno, es aprobar una sola enmienda por valor de 5 millones de euros en modernización de regadíos tradicionales. ¡Es tan ridículo, tan penoso!

Acabo, señor presidente. El miércoles 22 de octubre en el debate de enmiendas a los Presupuestos Generales fui interrumpido por la vicepresidenta cuando saqué un pan pequeño para señalar la infrafinanciación. El jueves pasado en el debate de la ley mordaza, la Ley de Seguridad Ciudadana, fui interrumpido por un diputado autónomo mientras levantaba las manos y me ponía el carnet de identidad en la boca. Me dedicaron un sustantivo de una profesión maravillosa con un sentido despectivo e insultante, como ha pasado otras muchas veces. Se comportaron como hooligans, esos hooligans que queremos sacar de los estadios, pero que a veces no conseguimos sacar de este Parlamento. Nunca he faltado al respeto a nadie. Estoy ahí arriba, en la frontera donde termina el Grupo Mixto y empieza el Grupo Popular, rodeado, casi por todas partes, por diputados y diputadas del Grupo Popular y saben que nunca he utilizado el insulto. Espero -y ahora sí que acabo- que esas personas del Grupo Popular que a veces vociferan o insultan se dediquen a partir de hoy a una labor mucho más encomiable, a ser justos con los valencianos y las valencianas para que el DNI no nos sepa amargo.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Baldoví.

Señora Oramas.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.

Parecía que estos presupuestos iban a ser los de la salida de la crisis. Hemos sufrido tres años de unos presupuestos bajo la psicosis, teóricamente, de los ajustes económicos, pero estos presupuestos no son ni los de la salida de la crisis ni los de la psicosis de los ajustes económicos. Este año son los presupuestos, sobre todo las enmiendas que vienen del Senado -ahora se lo voy a demostrar-, de los intereses partidistas del Partido Popular. Para unos hay ajustes económicos -es lo que se dice cuando te lo quitan- y para otros hay decisiones políticas. Aquí no hay ajustes económicos, sino decisiones políticas y se lo voy a demostrar. Son unos presupuestos en los que al convenio de carreteras de Canarias se le quitan 600 millones de euros mientras que aparecen enmiendas para carreteras en Galicia, concretamente en La Coruña, y en Huesca. Son unos presupuestos en los que desaparece el convenio de infraestructuras turísticas para Canarias porque el señor ministro -encima canario- dice que hay que hacer ajustes económico, pero se crea una partida para un plan de infraestructuras en la Costa del Sol que no existía y, además, en el trámite del Senado se mejora con otro medio millón de euros. ¿Es esa una decisión de ajuste económico o una decisión política? Resulta que mientras incrementamos, porque estamos saliendo de la crisis, miles de millones para el AVE -a Canarias no llega el AVE-, no aprobamos la enmienda para la carretera de La Aldea, la circunvalación, el cierre del anillo insular en Tenerife, el eje norte-sur de Fuerteventura o la circunvalación de Arrecife. Pero además, llevamos tres años diciendo a la ministra de Empleo que se adeudan muchos millones de euros -13 millones de euros- de los planes de empleo de Canarias del año 2013 antes de que los quitara el Partido Popular, y eso se ha negado aquí, pero mira por dónde en el Senado el Grupo Popular ha tenido que presentar una enmienda para poner 10 millones para el Plan de empleo, que algún senador del Partido Popular ha dicho: ¡Ay, 10 millones para Canarias para el Plan de empleo! No, señor, dinero que debían, que había ejecutado la Comunidad Autónoma de Canarias. Y estamos muy contentos porque los senadores de Canarias del PP han conseguido una enmienda para Canarias. ¿Saben cuál es? Quitar de una partida de Canarias para ponérselo a otra partida de Canarias. Es lo que han permitido; es la única enmienda que hay. ¿Esa es una decisión política? Claro que lo es. Se han creado partidas económicas para comunidades donde no hay


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criterio de ajuste económico, donde sí se está saliendo de la crisis, y yo quiero felicitar hoy a los diputados gallegos, a los de Baleares, a los de Huesca y a los de Alicante. Resulta que los Clicos, en Lanzarote, no es importante, pero aparecen 3 millones para el litoral de Almería y de Alicante. Yo lo siento mucho, porque a los diputados y senadores canarios los eligieron los canarios para que levantaran la mano para defender los intereses de Canarias. Aquí se ha levantado la mano para votar en contra de las enmiendas que necesita la ciudadanía y la Comunidad Autónoma de Canarias, pero se ha levantado la mano para que esas mismas partidas que se han quitado a Canarias se adjudiquen a otras comunidades autónomas. Esperemos que estos últimos presupuestos del Partido Popular sean los últimos presupuestos sectarios y políticos de un gobierno que no trata igual a todos los españoles, y los canarios no queremos ser mejores que nadie, lo que queremos es estar en las mismas condiciones y tener las mismas herramientas para salir de la crisis que el resto de los españoles.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Oramas.

Señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Estamos hoy ante el último trámite de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 y de nuevo se demuestra con las enmiendas que vienen del Senado la posición que ha tenido y tiene en esta legislatura el Partido Popular de utilizar el Senado para hacer una serie de rectificaciones en los proyectos de ley del Gobierno. Curiosamente es un trámite que pasa más desapercibido en el Congreso -por supuesto, sin reconocer ninguna enmienda de la oposición- y en el Senado se vuelve a hacer lo mismo, aunque con más enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Han sido más de cien enmiendas, señorías, lo cual evidentemente indica cómo el Grupo Parlamentario Popular enmienda los propios presupuestos del Estado. Aun así, estas enmiendas han servido para reforzar el contenido de unos presupuestos que, como hemos denunciado desde el principio, precarizan la vida de la mayoría de las personas en el Estado español. Esto se hace en un momento en que todos los días estamos oyendo al presidente del Gobierno y al resto de los ministros tratando de convencer a la sociedad de que lo peor de la crisis ya ha pasado; unas veces dicen lo peor de la crisis y otras veces dicen que la crisis ya ha pasado. Lo cierto es que lo peor de la crisis se recoge en estos presupuestos generales porque se mantienen los recortes; se mantienen los déficits que se han ido acumulando en servicios públicos básicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Además de este recorte de servicios, se mantiene el recorte del empleo en las administraciones públicas, porque no olvidemos que los servicios también generan empleo. Y, por supuesto, se mantienen los criterios de reducción de salario no solo para los trabajadores de la Administración pública, sino en general. Por tanto, volvemos a decir que los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 están destinados a incrementar el empobrecimiento que estos últimos años ya ha demostrado ser excesivo en el Estado español.

Señorías, si nos vamos a la cuestión territorial, hemos de decir que Galicia una vez más vuelve a ser objeto de desconsideración por parte del Gobierno en la medida en que algo que se había mejorado, que es el nivel del ingreso en Galicia en relación con el conjunto del Estado, en estos Presupuestos Generales se ha disminuido. Por otro lado, se contemplan unas partidas evidentemente infladas porque estamos en año electoral que demuestran que un año más el Gobierno del Estado va a incumplir con nuestro país, Galicia. Decimos un año más porque el propio Gobierno ha reconocido que de lo presupuestado para el año 2014 en Galicia apenas se va a ejecutar el 60 %. Por eso, señorías, seguimos diciendo que son unos presupuestos para el incumplimiento.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Fernández.

Señor Larreina.

El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, estamos en el trámite anual de vuelta de los presupuestos del Senado en el que, lejos de mejorarse, han empeorado, si eso es aún posible. Al final estamos ante unos Presupuestos Generales del Estado que dan la espalda a la mayoría de la ciudadanía del Estado español; que dan la espalda a la solución de los problemas estructurales del Estado español, como insistimos en la enmienda a la totalidad, que siguen estando vigentes; y dan también la espalda a la realidad política y social de


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Euskal Herria. Este Gobierno está haciendo una política centrada aproximadamente en el 30 % de la población que ni sufre ni vive la crisis económica. Ese es el error de estos presupuestos. Ustedes están pensando en los intereses de un sector de sus votantes que es ajeno a la crisis económica. Los datos que tenemos son muy significativos. Los datos del último informe de Cáritas dicen que solo el 34,3 % de la ciudadanía del Estado español vive sin carencias esenciales y, a continuación, señala que el 40,6 % vive en la precariedad. El problema de estos presupuestos, de la acción de este Gobierno y de las propias declaraciones del presidente del Gobierno, el señor Rajoy, cuando decía que estamos saliendo de la crisis y que eso se está notando ya en muchos sectores, es que están centrados precisamente en ese 30 % que vive sin carestías esenciales, pero se están olvidando del más del 60 % de la población que vive con grandes carencias, un 40 % que vive en la precariedad y otro 20 % aproximadamente que vive con la angustia de una crisis que le rodea por todas partes. Creo que ese es el elemento fundamental, porque si analizamos la actitud de su Gobierno, las políticas de su Gobierno en estos tres años, vemos que avanzan claramente en una dirección, en el incremento de la desigualdad en el Estado español. Ahora mismo el español es el Estado de la OCDE en el que más aumenta la desigualdad, y creo que esto tendría que ser un elemento de reflexión importante.

Antes yo me refería a que la mayoría de los problemas estructurales no estaban siendo abordados, como es por ejemplo el problema del ingreso, el problema del fraude fiscal. No menosprecio los esfuerzos que puede estar haciendo el Ministerio de Hacienda para avanzar en la lucha contra el fraude fiscal, porque sí, algo está haciendo, pero no está abordando el problema fundamental, que es la falta de recaudación en el ámbito de las grandes empresas que, como hemos repetido muchas veces desde esta tribuna por parte de Amaiur, su tipo efectivo está por debajo del 9 %, cuando una persona mileurista está pagando el 12 % o el 13 % de impuestos. Esto es una gran injusticia, es un escándalo social, y creo que la actitud de este Gobierno no aborda ese elemento fundamental. Tenemos otro dato que sirve como ejemplo de cómo aumenta esa desigualdad y cómo unos no viven ni sufren la crisis y otros la viven y la sufren. Las Sicav han aumentado su patrimonio a lo largo de este año, de enero a septiembre, en un 11, 91 %. Es decir, esas empresas, esos fondos de inversión colectiva están aumentando, lo que significa que hay gente que cada vez es más rica pero simultáneamente hay otra que cada vez es más pobre. Esto es lo que queremos subrayar de estos presupuestos y de la actitud y política del Gobierno a lo largo de estos tres años, que no están abordando el problema fundamental de la desigualdad en el Estado español. Eso lleva camino de convertir al Estado español en un Estado fallido desde el punto de vista económico, político y social.

La realidad es que este Gobierno está dando la espalda a toda esa gente; a esos ciento cincuenta desahucios diarios que se están produciendo a lo largo de este año, que son también familias que lo están pasando mal, que están sufriendo la crisis; con esa realidad de ese paro registrado que supera los 4 millones y medio, con una tasa de paro juvenil del 53,8 %, con un 40,7 % de los empleados que no cobra prestación de desempleo, con esas más de 3.779.000 personas paradas que carecen de todo tipo de prestación. Esa es la realidad a la que están dando la espalda estos presupuestos. Nosotros queremos subrayar esta situación, así como que estos presupuestos están dando la espalda a la realidad socioeconómica, política y social de Euskal Herria. Yo hoy no voy a entrar en esa especie de política que se produce a veces desde esta tribuna de decir que se da más a algún sitio que a otro; no, nosotros no entramos en ese tema, no nos preocupa que haya inversiones en otras zonas del Estado, lo que nos preocupa es que no se reconozca nuestra soberanía, nuestro derecho a decidir cómo nos queremos gobernar, qué políticas queremos hacer, cómo queremos abordar precisamente esa lucha contra la desigualdad, cómo queremos abordar una sociedad que sea más justa, más igualatoria, que aborde la situación de las personas con mayores dificultades, que lo están pasando peor, ese 60 % de personas a las que este Gobierno está dando la espalda. Por eso, nosotros aprovechamos este trámite para mostrar nuestro rechazo a los presupuestos, nuestro rechazo a la política ultraliberal de este Gobierno, así como una reivindicación de nuestra soberanía. Lo decimos con total claridad, nuestro grito de Gora Euskadi askatuta, gora Euskal Herria askatuta no es un grito insolidario, es un grito solidario que está al lado de todas esas personas que he citado antes, de esas ciento cincuenta personas que son desahuciadas diariamente, todas esas personas que están en paro y que no cobran ningún tipo de prestación, todas esas personas que están viviendo -como dice el informe de Cáritas- en la precariedad, todas esas personas que están sufriendo la pobreza energética.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, debe concluir.


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El señor LARREINA VALDERRAMA: Nuestro grito de declaración de soberanía es precisamente nuestra solidaridad con todas las personas que a lo largo y ancho del Estado español están sufriendo la crisis y a las que este Gobierno está dando la espalda.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Larreina.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Azpiazu tiene la palabra.

El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.

Intervendré brevemente desde el escaño para hablar de las enmiendas del Senado al proyecto de presupuestos. Como es lógico, y dado que las circunstancias económico-políticas de la economía española y del marco europeo de referencia, que son los que instrumentan la política económica básica, no han variado a lo largo de estos meses, nuestra posición en relación con estos presupuestos sigue siendo la misma. En su día, criticamos que el contexto de la política económica donde se insertan los presupuestos es la denominada austeridad expansiva o bien la austeridad expansiva más de forma, con un Banco Central Europeo que iba a su aire, y entendemos que esta no es la mejor manera de salir de la crisis.

Ahora, conscientes en Europa -y en el Gobierno español también- de que todavía nos esperan tiempos duros para la salida de esta situación, de que es muy previsible que haya bajos crecimientos económicos e inflaciones bajas, incluso con cierto riesgo de deflación, los señores Juncker y Draghi y otros más en Europa están empezando a preocuparse. Y seguramente están empezando a preocuparse por lo que han hecho o por lo que han hecho mal, y esto también tiene una responsabilidad. Me da la impresión de que ahora las medidas que quieren ir adoptando, dando la sensación de que hay un cierto cambio en la instrumentación de la política europea, se van a adoptar de una forma bastante tímida y que llegan muy tarde. En este sentido las instituciones europeas y algunos países europeos, como Alemania, tienen una responsabilidad importante en lo que está ocurriendo. Esperamos que reaccionen más pronto que tarde para que no estemos metidos en esta situación durante mucho más tiempo.

Sin embargo, lo que yo planteo ahora son futuribles, unos previsibles cambios que no necesariamente se van a dar o al menos no de la manera que se precisaría para que fueran efectivos. Por eso decía que estos presupuestos, señor Montoro, estaban insertos en un escenario de consolidación excesiva -en nuestra opinión- y de una reducción de déficit que van a dificultar que la economía crezca de forma suficiente para que la mejora la perciban los ciudadanos y las empresas, especialmente aquellos que han soportado en mayor medida los rigores de esta crisis.

Como saben sus señorías, nuestro grupo ha sido crítico con los presupuestos del Estado por las inversiones que contempla el proyecto y que, en nuestra opinión, no llegan de manera suficiente a Euskadi; o si lo hacen, como el caso de la Y ferroviaria vasca, son claramente insuficientes para concluir el proyecto en el plazo comprometido; es decir, antes del año 2020. Por cierto, es un plazo que ha ido cambiando sucesivamente; primero el objetivo era finalizar el proyecto en el año 2011 y después en el año 2013. Ahora parece que estamos en ese objetivo del año 2020, a finales de esta década, y esperemos que este objetivo se pueda cumplir, pero creemos que no se podrá cumplir si no se amplían las dotaciones en este presupuesto. Y no se han ampliado, a pesar de la enmienda que presentamos reclamando una cantidad adicional de 129 millones de euros, de manera que lo que se conseguía era que el proyecto de presupuestos del Estado contemplara una dotación similar a la que el Gobierno vasco contempla para este proyecto en sus propios presupuestos. El resultado ha sido nulo. También ha sido nulo en el caso de Foronda. Hemos intentado impulsar la actividad del aeropuerto, tan importante no solo para Vitoria-Gasteiz sino para Euskadi en su conjunto y para su actividad económica. También han decaído el resto de las enmiendas.

Sin embargo, si me permiten, me voy a referir a la enmienda 4038, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, que finalmente ha corregido un desperfecto que habría sido muy difícil de explicar para el Grupo Popular de no haber sido así. En el proyecto inicial, que era respetuoso con el compromiso alcanzado con el Grupo Popular y con el Gobierno del Grupo Popular el pasado año en relación con las aportaciones de las administraciones públicas a las entidades de previsión social voluntaria para aquellas contingencias que se produjeran también en las pensiones, en el proyecto inicial -digo- estaba perfectamente contemplado, tal y como habíamos pactado el año pasado. Pero incomprensiblemente y con una enmienda del Grupo Popular incorporada en ponencia a instancias del hoy ministro de Sanidad y anterior portavoz, señor Alonso, se modificó ese texto del proyecto de ley que el Gobierno había enviado a esta Cámara que, insisto, recogía perfectamente la literalidad del acuerdo pactado el año anterior entre el Gobierno y el Grupo Vasco. No lo entendimos, asumió la


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modificación el antes portavoz y no nos ha quedado más remedio que presentar esta enmienda para corregir la situación en el Senado. Afortunadamente, señor ministro, en el Senado hemos conseguido volver al texto inicial y recuperamos el acuerdo. En caso contrario, no se hubiera entendido esta ruptura unilateral de un pacto, de un acuerdo, de un compromiso entre el Grupo Popular y el Grupo Vasco el año pasado.

Por otra parte, también en el Senado se ha aprobado otra enmienda que nos parece importante, que es una enmienda presentada a instancias del Grupo Popular -si no hay voluntad del Grupo Popular no hay enmienda, evidentemente- para cumplir un compromiso del año pasado, el de cubrir la línea ferroviaria entre la Social Antzokia y el parque de Gastañabaltza en Basauri, Vizcaya. Este es un tema que estaban pendiente, que ya estaba contemplado el año pasado, que no se ha cumplido a lo largo de este año y que parece que se va a cumplir el año que viene, lo cual nos parece muy bien. Más vale tarde que nunca, señor ministro.

Votaremos a favor de estas dos cuestiones y no podremos hacerlo respecto del resto de las enmiendas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, hemos tenido ocasión ya de debatir en detalle estos presupuestos, una semana en Comisión, otra semana en el Pleno, y en este último trámite en el Congreso creo pertinente recordar a muy grandes rasgos y brevemente por qué Unión Progreso y Democracia se opone a los presupuestos que nos presentan. Querría recordar, en primer lugar, que son unos presupuestos en los que el Gobierno nos dice lo que cree que va a pasar en el último año de la legislatura y hay una desproporción absoluta entre el triunfalismo del discurso oficial del Gobierno y las propias cifras oficiales del Gobierno. Con este presupuesto se puede hacer balance de cómo creen ustedes que va a terminar la legislatura, y hay dos variables claras para hacer balance: la deuda pública y la situación del mercado de trabajo.

Mercado de trabajo. Ustedes llegaron al Gobierno con una tasa de paro del 22,85 %, veintidós y pico, y prevén dejar el Gobierno con una tasa de paro del 22,2 %, veintidós y pico, es decir, prácticamente igual. O si quiere, en términos de empleo, hoy en día, noviembre, últimos datos, hay más de medio millón de afiliados menos a la Seguridad Social, que si sus previsiones se dan bien a lo mejor se enjugan, pero ni siquiera eso está claro. ¿Cómo se puede traducir esto al lenguaje coloquial? El Gobierno va a dejar el paro, el empleo, si hay suerte, más o menos como se lo encontró, es decir, cuatro años perdidos para la creación de empleo.

Otra cifra de resumen de legislatura, la deuda pública. La deuda pública ha aumentado 30 puntos del PIB. Los puntos del PIB son una cosa muy técnica, pero cada punto del PIB son unos 10.000 millones de euros, es decir, la deuda pública habrá aumentado 300.000 millones de euros, estará por encima del cien por cien del PIB, y estos datos, para ponerlos en contexto, no se veían en nuestro país desde hace un siglo, desde los tiempos de la guerra de Cuba. ¿Cuáles son las causas de ese aumento de la deuda pública? Básicamente, como hemos discutido otras veces, el rescate generalizado de las cajas de ahorros politizadas y de las comunidades autónomas sin condicionalidad.

Hecho este balance de la legislatura, que no es tan triunfalista como el que sale por tantas bocas en los medios oficiales, creemos que estos presupuestos no son unos presupuestos adecuados para nuestro país en este momento, no son los presupuestos adecuados ni para la cohesión ni para el crecimiento, no son los presupuestos adecuados para la cohesión social. Se nos dice que hay recuperación, pero ¿llega esta recuperación a los ciudadanos en los presupuestos? Vamos a ver que hay enormes grupos sociales que quedan totalmente al margen de esa recuperación en los presupuestos. Me refiero, por ejemplo, a los 9 millones de pensionistas, cuyas presiones suben el 0,25 %, es decir, nada: 2 euros en una pensión de 800 euros. Para esos 9 millones de pensionistas no ha llegado la recuperación en los presupuestos. Sus pensiones permanecen prácticamente inalteradas. Me refiero también a los 3 millones de empleados públicos, cuyo salario permanece congelado un año más. Para esos 3 millones de empleados públicos y sus familias tampoco ha llegado la recuperación en los presupuestos. Y me refiero a los más de 3 millones de parados sin ninguna prestación. Para esos parados sin prestaciones hay un recorte del gasto de 4.400 millones de euros que se compensan solo en parte con la nueva ayuda del Gobierno de algo más de 1.000 millones. Aquí hay un cierto ejercicio de trilerismo con los números: yo te quito con una mano 4.000 y te devuelvo menos con la otra. De los 3 millones de parados sin prestaciones, la nueva


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ayuda cubriría, según las informaciones, a 400.000, es decir, al 15 % de esos parados sin prestaciones. Por tanto, los parados sin prestaciones se encuentran en estos presupuestos con menos recursos y tampoco para ellos llega la recuperación.

Y si no son los presupuestos de la cohesión social, tampoco, por desgracia, son los presupuestos del crecimiento porque a lo largo de la legislatura ha habido unos recortes brutales en las partidas presupuestarias más directamente ligadas al crecimiento económico, como son la investigación y el desarrollo, la educación, las políticas activas de empleo o las infraestructuras. En estos presupuestos hay unos pequeños incrementos en estas partidas pero no compensan ni de lejos los brutales recortes que sufrieron en presupuestos anteriores. Por tanto, tampoco son los presupuestos del crecimiento los que nos traen hoy aquí para este último trámite en el Congreso.

Con respecto a las enmiendas del Senado, es cierto que son numerosas, pero también lo es que no cambian nada esencial y que en su inmensa mayoría son enmiendas del propio Grupo Popular. En este sentido creo que lo obligado es felicitarles por la capacidad que tienen en el Partido Popular para llegar a acuerdos con ustedes mismos, que no es un arte nada desdeñable. En el caso de las enmiendas de nuestro grupo no se nos ha aceptado ninguna, por lo que repito que nuestra posición con respecto a estos presupuestos es al final de su tramitación la misma que al principio: no son los presupuestos que España necesita, no son los presupuestos adecuados para la cohesión social ni para el crecimiento y permiten hacer un balance nada triunfalista de la gestión económica del Gobierno a lo largo de la legislatura.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, el señor Garzón tiene la palabra.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señor presidente.

Terminamos este trámite de presupuestos con un escenario que en la calle se traduce en mayor emergencia social, en mayor miseria, pobreza, desigualdad, hambre y desempleo, y para aquellos que todavía tienen un empleo se traduce en menores salarios, como reflejan todos los indicadores; indicadores que demuestran el estancamiento de los salarios en el mejor de los casos, porque en realidad reflejan en términos reales una pérdida de poder adquisitivo. Ese es el escenario de emergencia, insisto, en el que se encuentra nuestra sociedad. Sin embargo, la retórica de este Gobierno, en voz de su presidente, Mariano Rajoy, ha sido la de salir y decir que la crisis es una cuestión del pasado. Entiendo que se estará refiriendo a la señora Botín o a las grandes fortunas, para las cuales efectivamente la crisis es una cosa del pasado, si es que acaso en algún momento hubo una situación de crisis en sus finanzas personales o en la de sus grandes empresas. Pero lo cierto, lo real, lo que se ve en las calles y en los comedores sociales que están ahí, a menos de 1 kilómetro, al lado de la plaza de Jacinto Benavente, no es que la crisis sea una cuestión del pasado; es que la crisis es una cuestión presente, y desgraciadamente, en tanto que se mantienen las mismas políticas que nos han traído hasta aquí, la crisis también es una cosa del futuro para una gran mayoría social. Por lo tanto, no valen discursos grandilocuentes que no arraiguen en una realidad económica que es la de que la gente sufre. Es una estrategia que yo creo que desvaloriza la capacidad de la política para transformar la sociedad, en tanto que produce una desconexión brutal entre lo que la gente percibe y lo que vive. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Estos presupuestos, que no se han enmendado realmente para cambiar la naturaleza del original sino que lo que han hecho ha sido agudizar un poco más su carácter restrictivo y regresivo, no vienen a resolver este problema que estábamos diagnosticando o describiendo. No se ha modificado la naturaleza, se sigue manteniendo una imagen, la cristalización de una ideología que es la neoliberal; se hace una gestión neoliberal de la crisis donde la prioridad no es ajustar la realidad social y dar mejores condiciones materiales de vida a la gente, sino, como parece bien claro, otra muy distinta. En el Senado han sido rechazadas por el Grupo Parlamentario Popular muchas enmiendas que venían a restablecer los derechos sociales y económicos perdidos en estos últimos años a todos los efectos del ámbito público. Podemos empezar con el empleo público. El empleo público es una garantía de que hay un sostén de empleo para poder salir de la crisis, en tanto que garantiza un poder adquisitivo y se permite seguir creciendo y desarrollando económicamente el país. Sin embargo, se ha preferido rechazar todas esas enmiendas y mantener lo que el Gobierno llama recuperación del empleo y que es un 50 % de tasa de reposición. No hace falta ser un extraordinario matemático para saber que el 50 % de tasa de reposición no es recuperación del empleo; sigue siendo destrucción del empleo, sigue siendo destrucción de uno de cada dos puestos


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de trabajo que se jubilan en el ámbito público, es decir, de profesores, de médicos, de funcionarios, de personal que se encarga de administrar los servicios públicos fundamentales que sostienen un Estado social. Por lo tanto, es cierto, y está sostenido por los datos, que estos presupuestos siguen minando el Estado social. Sin embargo, hay dinero, dinero que se ha destinado al rescate de autopistas, a las indemnizaciones de las grandes empresas, al gasto militar, a las subvenciones a la Iglesia católica, por no hablar ya del billón y medio de euros al sistema financiero en ayudas públicas, entre avales, garantías, compensaciones a fondo perdido e inyecciones de capital. Un billón y medio de euros. Es realmente lamentable que se piense que cuando hay dinero la prioridad se refiere más a la satisfacción de los intereses económicos de las grandes fortunas y las grandes empresas antes que a las realidades cotidianas que decíamos que está sufriendo la mayoría social.

Nuestro grupo, La Izquierda Plural, tiene una propuesta -en este caso de Izquierda Unida- que es el trabajo garantizado. Lo tenemos escrito -ya hemos llegado a debatirlo aquí, en esta sede- y, según los datos que tenemos, con 9.400 millones de euros -una cantidad no despreciable, pero sin duda menor que la que se ha gastado prorrateando cada año el rescate al sistema financiero- se podría sacar del desempleo a un millón de personas, con una gestión del dinero público hecha por la sociedad civil desde el ámbito local para saber cuáles son las verdaderas necesidades de cada territorio respecto a la creación de trabajo; trabajo necesario para llevar a cabo una comunidad política y desarrollarla. Para estos 9.400 millones de euros es fácil encontrar en este presupuesto posibilidades distintas a las que aparecen reflejadas, posibilidades que significarían llevar y construir esos 9.400 millones de euros para crear empleo público. Sin embargo, el Gobierno tiene una fe enorme en que el empleo privado nos va a sacar de la crisis; un empleo privado que solo se puede generar si hay un crecimiento económico que sí, que se predice, que aparece predicho como si fuera realmente arte de magia, porque la realidad de las pequeñas y medianas empresas es que la gente no está entrando a comprar y, por lo tanto, están acelerando el proceso de recesión.

Pero lo peor de todo es que estamos sufriendo las consecuencias de las privatizaciones históricas en este país por parte del bipartidismo. Además, y es una enmienda que apareció en el Senado de nuevo, las externalizaciones. Las externalizaciones son el recurso del Gobierno para decir que se gasta mejor, cuando en realidad llegamos a las enormes paradojas de que hay centros públicos -y un ejemplo concreto muy claro en el que hemos insistido recientemente es la Biblioteca Nacional- donde el proceso de externalización y el proceso de creación de intermediarios encarece en realidad el coste del mantenimiento del servicio. Si en un plan alternativo retiráramos todas las externalizaciones, acabáramos con los intermediarios y todo eso fuera directamente sufragado por la Administración pública, se ahorraría dinero. Eso son planes con datos encima de la mesa, pero es el propio Gobierno quien constriñe las posibilidades a través de la tasa de reposición. Por lo tanto, qué paradoja que el tener que recurrir a las externalizaciones y a las privatizaciones al final encarezca realmente el precio y se haga más difícil la recuperación económica, incluso la consideración del déficit fiscal. Estas son enmiendas que el Partido Popular ha rechazado en el Senado quien sabe por qué, probablemente porque prefieren mantener esa red parasitaria de intermediarios, de empresas privadas, con accionistas, con propietarios con nombres y apellidos muy vinculados a las diferentes oligarquías territoriales a lo largo y ancho del Estado. Es la única explicación para que desde la Administración pública se trabaje en contra de la Administración pública, es la única razón.

Termino ya diciendo que estos presupuestos no modifican el problema económico original: la estructura productiva de este país. En 1986 España entra en la Unión Europea y le toca un reparto de cartas muy característico: desindustrialízate tú que te daremos fondos para compensarte. Esa es la desindustrialización que estamos pagando a día de hoy, porque somos una economía dependiente, una economía periférica, una economía sin capacidad de tener industrias de alto valor añadido, una economía que es dependiente absolutamente de las economías del centro de Europa, de una Unión Europea diseñada a imagen y semejanza de lo que querían los intereses financieros, los intereses bancarios del norte de Europa, una Unión Europea que se está basando única y exclusivamente en que Alemania crezca empobreciendo a los vecinos; no Alemania como país, sino las grandes empresas y grandes fortunas alemanas. Se nos está desarticulando incluso la precaria situación que teníamos en innovación y desarrollo. Nuestros mejores talentos se están teniendo que marchar de nuestro país, se están fugando y cada año más, a pesar de la retórica del Partido Popular y de este Gobierno de que estamos saliendo de la crisis; cada año se están yendo miles de personas de este país, tanto personas cualificadas como sin cualificar. Pero en el ámbito de la ciencia, que debería ser el motor del cambio de la estructura productiva y, por lo tanto, de


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una actitud radical de ir a la raíz de los problemas económicos, este Gobierno ha preferido dar una patada hacia delante al problema y seguir avanzando en la vía de la devaluación salarial, de la competitividad por la vía de los bajos salarios, de la competitividad por la vía de la especialización en los sectores de bajo valor añadido, que incluyen, como siempre, precariedad laboral, contratos basura y contratos por hora y un incremento del empleo basado en contratos en los que si uno trabaja una hora aparece ya en las estadísticas como trabajador. ¿Ese es el modelo de sociedad que está construyendo el Partido Popular, empleados que trabajen una hora, empleados que tengan que tener diez empleos para poder llegar, con suerte, a fin de mes? ¿Ese es el modelo social que está construyendo el Partido Popular con su recuperación económica? A la luz de los datos, parece que sí. Por lo tanto, estos presupuestos no sirven absolutamente para nada a la gente que está en la calle sufriendo la crisis; puede servir para otras cosas, no lo pongo en duda, sobre todo para aquellos que sí han salido de la crisis y están en la pirámide de la jerarquía social de este país, pero para la mayoría social desde luego que no. Nos parece verdaderamente triste y lamentable desperdiciar otra oportunidad para cristalizar una política diferente en estos presupuestos, pero todavía queda mucho más tiempo para poder cambiar de política económica, si bien la gente desde luego no puede esperar mucho más.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garzón.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Macias.

El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, señor ministro, vamos culminar hoy la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 y habría que preguntarse qué han hecho las Cámaras, que han hecho las Cortes Generales en la tramitación de estos Presupuestos Generales. La mayoría de los grupos hemos intentado colaborar con lealtad institucional presentando miles de enmiendas. Incluso con una especie de ingenuidad que uno no debería tener a estas alturas, confieso que creí al señor ministro cuando en el Pleno en el que debatimos las enmiendas a la totalidad invitó a la participación y aseguró que serían oídas todas las voces y atendidas aquellas que tuvieran razón. Me niego a aceptar que más de 4.000 enmiendas de grupos muy diversos y con sensibilidades muy distintas hayan dado para tan poco, es decir que el paso de los Presupuestos Generales del Estado por las Cámaras haya significado tan poco en lo que a las aportaciones se refiere. Esto no es bueno para la regeneración democrática. Sería bueno que los ciudadanos se dieran cuenta de que los Gobiernos y las administraciones tienen una actitud abierta y positiva, pero tener una actitud abierta y positiva no casa con no querer aceptar casi nada de lo que los demás presentan. Por tanto, hay que concluir que en este trámite el Gobierno ha aplicado el rodillo sin atender casi a ninguna razón e introduciendo simplemente unas enmiendas que tienen que ver con correcciones técnicas, con mejoras técnicas, pero prácticamente ninguna de ellas con modificaciones políticas de cierto calado.

Todo ello hace que subsistan los problemas que nosotros denunciamos en estos Presupuestos Generales del Estado. En primer lugar, y este ha sido un diagnóstico común, a nuestro juicio, estos no son unos presupuestos que contribuyan a mejorar la igualdad de los ciudadanos o a disminuir el riesgo de desigualdades que, por desgracia, tanto amenazan a nuestra sociedad. Voy a poner dos ejemplos que creo que vale la pena relatar en estos momentos. En primer lugar, por lo que hace referencia a las políticas activas. Dijimos que como se iban a ahorrar bastantes cantidades de dinero en comparación con este año, porque evidentemente hay muchos menos parados que estén dentro de los años con derecho a cobro, esto da unos márgenes importantes. Para nosotros lo lógico es dedicar estos márgenes a políticas activas de ocupación. Sin embargo, no ha sido así. En segundo lugar, en las políticas de igualdad y las políticas sociales básicamente quien juega el papel principal son las comunidades autónomas. Ayer decía el conseller Mas-Colell, cuando presentaba los presupuestos de la Generalitat de Catalunya, que el 72 % de estos presupuestos se destinan a políticas sociales. Prácticamente todas las comunidades destinan alrededor de este 70 % de sus presupuestos a políticas sociales. Si nosotros a través de los Presupuestos Generales del Estado diseñamos una aplicación del marco de financiación de las comunidades autónomas que presione y ahogue las finanzas de las comunidades autónomas, tal y como reconoce todo el mundo -en Europa se reconoce, lo reconoce la Autoridad Fiscal Independiente e incluso lo reconoce en sus horas de sinceridad íntima el ministro Montoro-, estamos presionando sobre las políticas sociales. Por tanto, nosotros debemos insistir una vez más en la necesidad de adoptar medidas -porque se puede- para facilitar su financiación, si es que no se quiere acometer la reforma de la financiación de las comunidades autónomas.


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Señor Montoro, voy a repetir las propuestas que se han formulado desde Cataluña, algunas exclusivas pero otras en común y compartidas con otras muchas comunidades autónomas. En primer lugar, el Estado tiene que pagar sus deudas con Cataluña, los 750 millones correspondientes a la disposición adicional tercera del Estatuto ya acordados por la Comisión mixta Estado-Generalitat. Esto es ley y hay que pagarlo. Señor Montoro, la ley debe cumplirse, el Gobierno tiene que cumplir la ley. La financiación de la Generalitat y de las demás comunidades autónomas puede mejorarse también haciéndolas partícipes de una parte de los incrementos de recaudación derivados del aumento del IVA y de los impuestos especiales; creo que esto ayudaría a todos. Habría también otras vías, por ejemplo -pedido por la Comunidad Valenciana-, otorgando anticipos correspondientes al Fondo de competitividad de 2014 sin ir más lejos. Otra posibilidad es el impuesto sobre depósitos bancarios, del que usted ya ha permitido que algunas comunidades se beneficien, pero no lo ha permitido en el caso de la Generalitat, donde existen algunas reclamaciones judiciales. En estas últimas horas se ha conocido, aunque no se sabe el alcance exacto, que de todas las medidas que nosotros le sugerimos parece que va a atender una que puede tener un cierto impacto; me estoy refiriendo a la rebaja de los tipos del FLA o incluso a la anulación de los tipos del FLA. Evidentemente, a fuer de ser sinceros -si usted es sincero a veces, yo lo soy siempre- le diré que bienvenido sea esto. En cualquier caso, los cálculos que hacemos para Cataluña son 250 millones que pueden mejorar los presupuestos, aunque usted sabe que esto es claramente insuficiente, pero, repito, dando la bienvenida si esto llega, hay que reconocer que queda aún mucho camino por recorrer.

Hablaba de que los presupuestos no contribuyen a la igualdad; quiero hablar también de que los presupuestos no contribuyen a la economía productiva. Estos días he visto una polémica en relación con los costos de la energía eléctrica que hace que algunas empresas importantes no sitas en Cataluña -por esto las cito-, como Alcoa, se puedan ir porque la presión sobre los costos energéticos es inaguantable. Nosotros hemos venido reclamando apoyo a la economía productiva y le hemos ofrecido una medida absolutamente de libro, que era mantener la desgravación a la inversión ambiental. Se lo repito aquí, señor Montoro, porque va a quedar en acta y algún día usted se tendrá que comer esto con patatitas, muchas grandes empresas se van a deslocalizar a causa de esta medida. Europa nos está apretando ya para que se cumplan los procedimientos de mejora ambiental, para que en cada proceso haya las mejores técnicas disponibles, y las empresas que necesitan invertir si tienen ayudas en Bélgica y aquí no las tienen, se irán a Bélgica, y le voy a citar una empresa: Solvay. Algún día vamos a tener que defenderlo aquí y algún día usted va a tener que comerse con patatas su negativa a una enmienda racional de nuestro grupo que sobre todo tiene la voluntad de mantener la economía productiva. Lo mismo ocurre con tantas enmiendas en defensa de los autónomos y de las pequeñas y medianas empresas.

Finalmente, señor Montoro, estos siguen siendo los peores presupuestos en diecisiete años para Cataluña. No ha mejorado nada en el Senado. Yo he visto con cierto sonrojo cómo la diputada de Coalición Canaria contaba que en Canarias han tenido que hacer -al paso de los presupuestos por el Senado- una curiosa actuación, que es quitarle a una obra de Canarias para darle a otra obra de Canarias. Pues esto, amiga y señora diputada, también lo hacen en Cataluña, no en otros sitios, pero en Cataluña esto lo han hecho con tres enmiendas; por ejemplo, han quitado dinero de una obra de Lleida, de una autovía absolutamente imprescindible, para cubrir mínimamente otras obras que clama al cielo que no se hagan. A nosotros esto no nos parece ni bien ni mal pero, en cualquier caso, la suma es cero, la inversión del Estado en Cataluña es porcentualmente la más baja de los últimos diecisiete años. Esto es así y hay que decírselo a los ciudadanos de Cataluña: la Administración del Estado hoy es la más cicatera de los últimos diecisiete años. Como comprenderá, señor ministro, no podíamos aplaudir estos presupuestos; teníamos esperanza, hoy ya no la tenemos, ni margen para la misma, y por tanto seguimos sin poder aplaudirlos.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Rangel.

El señor RANGEL TARRÉS: Gracias, presidente.

Señorías, el trámite en el Senado de este proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 no aporta ninguna novedad especial. De hecho, confirma lo que habíamos comentado en el debate de presupuestos en esta Cámara tanto por lo que hace a las formas como al fondo. Por las formas porque continúan aplicando el rodillo parlamentario de su mayoría absoluta y no solo no admiten prácticamente ninguna enmienda de los grupos de la oposición, sino que también les ha servido para enmendar, entre


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comillas, su error de aprobarnos algunas enmiendas de inversiones territorializadas. Lo lamentamos y seguramente lo lamentan más los ciudadanos y ciudadanas de las provincias afectadas negativamente.

En cuanto al fondo, su modelo de salida de la crisis continúa intacto. Ya les dijimos que se llama desigualdad y lo aplican de forma inmisericorde. Y aunque ahora están echando las campanas al vuelo por la mejora de algunos datos macroeconómicas, señorías del Grupo Popular, no confundan esos datos mayoritariamente exógenos y coyunturales con la verdadera realidad económica que viven la mayoría de nuestras familias, porque los problemas estructurales de nuestra economía siguen sin resolverse y el incremento de la desigualdad no trae nada positivo para un crecimiento sostenible.

En lo que se refiere a las medidas adoptadas por este Gobierno, la tímida recuperación de la economía se hace a costa del sacrificio de la mayoría de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país con una política fiscal injusta tanto en ingresos como en gastos. La desigualdad continúa creciendo en España; así lo refleja el informe mundial sobre salarios 2014-2015 de la OIT, en donde se pone de manifiesto que España es el país desarrollado en el que más se incrementa la desigualdad entre el 10 % más rico y el 10 % más pobre. Se confirma también con datos del INI que reflejan un descenso de los costes salariales del 0,4 % en el tercer trimestre de 2014, y ya van nueve meses consecutivos de descenso.

Señorías, estas son las consecuencias de la reforma laboral que ha implicado una devaluación salarial. Para el Grupo Socialista al menos, si una reforma incrementa la desigualdad no es una buena reforma ni para la sociedad ni para la economía. El incremento del paro, la caída de los salarios, así como los recortes sociales, se han cebado en unas clases medias cada vez más empobrecidas y en los más débiles, señorías. La pérdida de empleo se ha unido a la pérdida de oportunidades y de expectativas futuras para muchas familias, y frente a esa desoladora realidad el Gobierno va repitiendo el mantra de que hay que hacer reformas duras que, según él, ya han llevado a la recuperación de nuestra economía. Eso seguramente provocó que el presidente Rajoy llegara a decretar el final de la crisis, teniendo que rectificar luego ese exceso verbal, por calificarlo de forma suave. Ahora, siguiendo esa estrategia propagandística, solo hace falta que se atribuya los méritos de que está bajando el precio del crudo o bien de las actuaciones del Banco Central Europeo.

Una vez manifestada nuestra discrepancia con el modelo fiscal que aplica el Gobierno y que recogen estos presupuestos, quisiera apuntar también que la Comisión Europea, en su dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de España, pone serios reparos a que se puedan cumplir en los términos previstos. Dicho dictamen alerta de las consecuencias del regalo fiscal que a través de su reforma puede provocar que no se pueda conseguir el objetivo de déficit para 2015.Ya se lo dijo en el debate nuestro portavoz y hoy lo reitero yo aquí, pero, como siempre, hicieron caso omiso a nuestras propuestas. Como conclusión, puede haber más recortes sociales en 2015 que pueden hacer todavía más injusta su política fiscal.

Finalmente, no deja de sorprendernos que muchas de las enmiendas introducidas en el Senado de la mano de la mayoría del Partido Popular no tengan demasiado rigor técnico. Básicamente, tienen un efecto propaganda, que no implican mayor gasto para 2015, es decir, son humo para que se pueda vender envuelto en celofán en los territorios en un año electoral como el que vamos a iniciar a partir del primero de enero. Ciertamente, es un precedente que se aprueben nuevos gastos corrientes financiados con operaciones del capítulo 8 -no lo habíamos visto nunca; enmienda 479, del Grupo Popular- o que se den altas sin dar bajas, descuadrando las cuentas para 2015 -enmienda 487-, por poner un par de ejemplos de una técnica más que deficiente, pero aún es más surrealista aprobar enmiendas que en realidad no lo son, porque lo único que hacen es modificar las previsiones de gasto plurianual, que solamente podrán ser confirmadas mediante las leyes correspondientes de los años 2016, 2017 y 2018. Ustedes sabrán por qué lo hacen; seguramente también para vender algo que no se traduce en ningún tipo de gasto para el ejercicio que es ley, que es el de 2015. En fin, señorías, mucho ruido y pocas nueces. Las nueces, como siempre, para los hijos de la buena estirpe, para los escogidos, y el ruido para el resto.

Finalmente, aunque me salga un poco del guión del debate -he pedido permiso al presidente-, quiero decir que ayer se celebró la última Comisión de Presupuestos y en ella su presidente, don Alfonso Guerra, se despidió formalmente de los miembros de la misma. Como fue una sesión muy rápida porque por asentimiento elegimos a una vocal de la Mesa que había quedado vacante y no tuvimos prácticamente ocasión de decirlo, voy a hacerlo ahora desde la tribuna. Como portavoz de la Comisión de Presupuestos del Grupo Socialista, en nombre de todos los compañeros y compañeras que estamos en dicha Comisión, quisiera agradecer la labor realizada durante estos tres años por el presidente. Ha tenido clarísimamente un carácter institucional que ha honrado el debate parlamentario porque ha dado justamente las mismas oportunidades a todos los grupos y eso hace falta que se ponga en relieve, resaltarlo, porque es lo que


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ennoblece la labor de la Cámara. Además, su actitud ha sido siempre de colaboración para que el trabajo, que se concentra en épocas muy reducidas pero que es muy intenso, de la Comisión de Presupuestos se pudiera llevar a cabo de la mejor manera posible. Por tanto, muchas gracias, presidente, y en esta nueva singladura que empieza ahora, en lo personal y en lo político también, por qué no, le deseamos todo lo mejor. Me permito romper el protocolo y decirte: ¡salud, compañero! (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rangel.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gallego.

El señor GALLEGO BURGOS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, hace más o menos un mes que en el Congreso debatíamos los Presupuestos Generales del Estado. Fueron remitidos al Senado y hoy vuelven aquí para que los aprobemos definitivamente. Desde ese último debate han pasado algunas cosas. Han pasado los datos del paro de noviembre, que han sido los mejores de toda la serie histórica. En España hay hoy 296.792 personas menos en paro que el año pasado. El paro ha caído un 6,17 % en el último año, la mayor caída desde 1998. En España hay hoy 402.209 afiliados más a la Seguridad Social que hace un año. Son personas con cara y ojos, no son datos macroeconómicos. Son personas que hoy tienen la oportunidad de trabajar y, por tanto, de labrarse un futuro. No son datos macroeconómicos.

Señorías, aunque les cueste reconocerlo y les duela escucharlo, no me cansaré de repetir que le hemos dado la vuelta a la situación económica que nos encontramos tras el devastador mandato del Partido Socialista Obrero Español entre el año 2007 y el año 2011. Nos encontramos un país en caída libre, que decrecía sistemáticamente y estaba destruyendo empleo. Llegamos a enganchar sesenta y ocho meses consecutivos de destrucción de empleo en nuestro país, pero paso a paso, escalón a escalón, estamos subiendo la escalera de la recuperación económica. Atrás quedan momentos como los que hemos vivido muchos de los que estamos aquí presentes en los que se hablaba de rescate, de corralito o de intervenciones. Llevamos cinco trimestres consecutivos creciendo y lo vamos a seguir haciendo. Ningún economista serio puede decir que estamos en recesión o en crisis con este dato encima de la mesa: cinco trimestres consecutivos. Hay una previsión de crecimiento del Gobierno del 2 %. Funcas -que no es del Gobierno-, la semana pasada, dijo que la economía española iba a crecer el año que viene un 2,4 %. No lo dice el Gobierno, lo dijo Funcas hace exactamente siete días. Todos los países del mundo en todos los foros internacionales están poniendo a España como ejemplo de la recuperación económica. Hoy estamos creciendo en torno al 2 %, pero cuando nosotros accedimos al Gobierno estábamos cayendo al 1,3 %. El diferencial es prácticamente de 3 puntos con respecto a lo que nos encontramos. ¿No se puede decir que este Gobierno le ha dado la vuelta a la situación? Por supuesto que le ha dado la vuelta a la situación. Estamos saneando las cuentas públicas; estamos pagando todas las facturas que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno; se está creciendo y creando empleo. Somos un país mucho más creíble que en el año 2011. Vean ustedes la prima de riesgo; está cuatro veces por debajo de la que había en diciembre de 2011. El que era entonces presidente del Gobierno decía aquí que la prima de riesgo era el mejor termómetro para analizar cómo estaba un país. Ahora está cuatro veces por debajo y, según esa regla de tres, podríamos decir que hay cuatro veces más confianza en la economía española que en el año 2011. ¿No pueden reconocer que algún dato positivo se ha podido producir en la economía española? ¿Cómo puede ser que todo lo que vean ustedes en la economía española sea malo?

Estamos en récord histórico de exportaciones, tampoco lo reconocen. Estamos en récord histórico de turistas, tampoco lo reconocen. La media de la inflación de los primeros once meses del año es cero, es decir, precios contenidos. Eso ayuda también a las exportaciones y a la competitividad de nuestras empresas. ¿Tampoco ha mejorado el déficit público en España? Teníamos un 9,1 % de déficit público en el año 2011 y vamos a acabar el año que viene en un 4,2 %. Son 50.000 millones menos -se dice pronto, aunque para ustedes seguro que es poca cosa- de números rojos. Eso va a ayudar también a controlar que no crezca la deuda pública; por cierto, deuda pública que se ha utilizado para financiar a algunas comunidades autónomas y a algunos ayuntamientos que, en definitiva, lo que hacen es pagar servicios públicos. Por eso ha aumentado en ese porcentaje la deuda pública, para pagar servicios públicos. Si quieren, no los pagamos. Si quieren, algunas comunidades autónomas que no tienen acceso a los mercados, que directamente no tengan derecho a la sanidad, a la educación o a los servicios sociales. El Gobierno ha actuado responsablemente y es evidente que la situación ha cambiado a mejor. Nos estamos financiando al precio más bajo de la historia de España. ¿Eso tampoco es bueno? No entiendo que los partidos de la oposición de esta Cámara lo vean todo mal. Esa es la prueba del ocho de que ustedes no


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ven las cosas con objetividad. Ustedes suben aquí a la tribuna a intentar rascar cuatro votos diciendo que los del PP todo lo hacen mal. No he escuchado que hayan reconocido que alguna cosa está bien. Todo es negativo. Eso es lo que hace que yo crea que no miran con objetividad estos presupuestos. ¿Por qué se ha podido arreglar la situación? Porque había estabilidad institucional, porque se han podido impulsar reformas para poder desarrollar estas políticas; por eso el año que viene vamos a crear 400.000 nuevos empleos más y por eso todos los foros internacionales hablan de que en España la cosa ha cambiado. Ustedes solo están ahí desde la barrera, esperando a ver si el toro coge al torero, pero es que realmente se han equivocado y la realidad se lo está demostrando. Ese es el contexto en el que yo observo estos presupuestos, donde existen una serie de mejoras. Es obvio que hay que resolver algunas cuestiones, claro que hay un elevado desempleo en nuestro país. ¿Cómo vamos a decir, con 4,5 millones de personas en las listas del INEM, que esto ya se ha acabado? No. Lógicamente tenemos que trabajar en ese sentido. Claro que tenemos que contener la deuda pública en nuestro país, por supuesto, por eso hay que contener el déficit público y mirar cada euro como si fuera el último; lo que no puede ser es que ustedes se quejen de la deuda y que en paralelo nos pidan que gastemos, gastemos y gastemos, ya que el 99 % de las cuatro mil enmiendas que ustedes presentan suponen un incremento del gasto. Hay que ser responsables con el dinero.

Estamos ayudando a las comunidades autónomas. Salía hoy en prensa -algún portavoz ha hecho referencia a ello- que este año va a ser al 0 % de interés. ¿Para qué? Para que puedan prestar los servicios públicos fundamentales. Decía el portavoz de Convergència i Unió que el 72 % de las políticas de la Generalitat era para sanidad, educación y servicios sociales, y en la Comunidad Valenciana por ejemplo es el 87 %. Para eso es el FLA, para eso es el Plan de pago a proveedores; por eso estamos poniendo en marcha ese instrumento. A lo largo de toda esta legislatura estaremos hablando de 163.000 millones de euros para este tipo de operaciones. Claro que crece la deuda en ese sentido y claro que hemos rescatado y saneado el sistema financiero español para garantizar los depósitos de los españoles, claro que hemos garantizado el pago de las pensiones y claro que es verdad que ningún español se ha quedado sin prestación por desempleo. También es verdad que vamos a poder pagar esa ayuda de 426 euros que se ha firmado a lo largo de esta semana a aquellas personas que están en una situación de desempleo de larga duración. Hay muchos elementos positivos en este presupuesto y nadie los reconoce ni los destaca. Un poquito de objetividad igual ayuda a eso que decían de la regeneración democrática, o que alguien diga alguna vez que algo, alguna de las mil quinientos millones de cosas que se hacen, está bien. No tiene sentido que todo lo que hagamos se haga mal. Han aumentado las partidas en infraestructuras, han mejorado las partidas en becas, en cultura, al fomento del empleo... El Gobierno, poco a poco y dentro del pequeño margen presupuestario que ha habido y que hay, va a intentar hacer políticas en las que a lo mejor podemos estar de acuerdo con ustedes, pero es que la situación era la que era. No nos encontramos un país boyante, nos encontramos un país cargado de deudas, y ahora, afortunadamente, está creciendo y se está creando empleo.

Los españoles nos hemos rescatado a nosotros mismos, nadie ha tenido que venir aquí a rescatarnos, no ha ocurrido aquello que se decía hace tres años de los hombres de negro; no vinieron los hombres de negro, nos hemos rescatado nosotros mismos con rigor presupuestario y con tesón. ¿Esto es autocomplacencia? No, insisto, hay muchas cosas por hacer, claro que sí, y tenemos que seguir haciéndolas, pero colaboren también un poquito, dejen de poner palos en las ruedas y de decir sistemáticamente que todo lo que hace el Gobierno del PP está mal, porque es un discurso que tampoco ayuda a la confianza ni a la credibilidad de los mercados internacionales y de los propios españoles en la economía española. Yo entiendo que puedan estar algo nerviosos por el fenómeno de los telepredicadores que hoy está tan de moda. Entiendo que a lo mejor ustedes puedan externar su discurso, decir ciertas cosas que se salen del sentido común y el mínimo común múltiplo de lo que son las políticas -si me permiten la expresión-, pero tendría que haber un poquito de coherencia, tendrían que decir cosas que se parecieran un poquito a lo que hacían cuando gobernaban. No puede ser que ahora hagan discursos más propios de la extrema izquierda que de un partido que tiene cultura de Gobierno, por supuesto. Insisto, creo que los españoles están viendo estos resultados, saben que en la crisis se entra por la izquierda y siempre se sale por la derecha, y saldremos de esta crisis por la derecha.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gallego.

Señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.


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El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Llegamos al final del trámite de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 y quiero agradecer el contenido y el planteamiento del debate. En primer lugar, quiero agradecer el apoyo del Grupo Parlamentario Popular y de otros grupos, como el del representante de UPN en esta Cámara; apoyo que fortalece la posición del Gobierno, sobre todo en términos de credibilidad, confianza y esperanza de cara al futuro. También quiero agradecer las posiciones que hoy hemos tenido ocasión de conocer, con motivo de las enmiendas del Senado, de los diferentes grupos de esta Cámara y también las que desarrollamos en el debate de totalidad a las enmiendas de estos Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.

En ese debate es donde se fortalece la democracia, y es en ese debate donde los gobiernos tomamos mayor conciencia de las dudas que expresan los diferentes grupos políticos; dudas sobre la fortaleza de la recuperación económica en España; dudas sobre cómo esa recuperación se traslada en términos de empleo; dudas sobre la desigualdad, las consecuencias peores de la crisis económicas en términos de desigualdad; y también dudas sobre el tratamiento de los presupuestos a las diferentes sensibilidades de los territorios que componen el Estado de las autonomías en España. Todo ello enriquece y completa la visión de lo que es esta Cámara, la representación política de esta Cámara.

El Gobierno lo que quiere -como tuve ocasión de escuchar a todos los componentes de los grupos de la oposición en el Senado de España- es mantener una posición en el cierre del debate que dé sobre todo confianza de cara al próximo año 2015, tratando de coincidir con esa gran mayoría de ciudadanos, de españoles, que esperan que el año 2015 sea un año más positivo, sobre todo en términos de recuperación de su bienestar y en términos de empleo. Quiero agradecer a todos este debate. Quiero insistir en que, por parte del Gobierno, tan importante es la aprobación de una enmienda como recibir el contenido del mensaje político de un dictamen que procede de un grupo de la oposición. Eso es la democracia y, una vez más, esta Cámara ha contribuido a fortalecer la democracia española.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO:

- DICTAMEN DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2012, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR DICHA COMISIÓN. (Número de expediente 250/000007).

El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2012, así como la resolución adoptada por dicha Comisión.

En primer lugar, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.

En este trámite se nos interroga a los grupos sobre si creemos que la Cuenta General del Estado para el año 2012 refleja fielmente la actividad económica y financiera del sector público estatal en ese año. Como en otras cuentas generales, la opinión de mi grupo es que sí; la cuenta general refleja fielmente esa actividad económico-financiera del sector público-estatal, lo que no quiere decir que sea perfecta o que no haya margen de mejora para perfeccionarla. Por eso, mi grupo, con un espíritu constructivo, ha planteado numerosas propuestas de resolución con el fin de mejorar la Cuenta General del Estado y algunas de ellas han sido aceptadas.

Quiero aprovechar para señalar el espíritu de consenso que suele primar en el Tribunal de Cuentas y cómo ha habido posibilidad de acuerdos entre los distintos grupos para formular estas propuestas de mejora. En las que conciernen a Unión Progreso y Democracia nosotros hemos hecho propuestas para que la cuenta tenga una presentación más clara y accesible. Es cierto que es muy completa, pero es una cuenta muy voluminosa, se podría decir que fosilizada, porque de año en año se cambian los datos pero se mantienen la estructura y buena parte del texto, y convendría un formato más moderno y accesible para el uso de los ciudadanos. Hemos hecho propuestas también sobre los plazos, ha habido mejora en ese sentido. Estamos en 2014 hablando de la cuenta de 2012, pero hay todavía posibilidades de mejora;


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hay instituciones que no rinden en plazo las cuentas y hay que acabar con ese tipo de prácticas. Y hemos hecho propuestas también referidas al sector público empresarial y fundacional, porque dentro del sector público es donde hay más dispersión de entes y más dificultad de hacerse una imagen clara de lo que está sucediendo. Y, por último, hemos hecho propuestas señalando la necesidad de gestionar mejor la tesorería en las entidades públicas y de fiscalizar el riesgo que suponen los avales, el riesgo potencial para las cuentas públicas. Todas estas iniciativas han sido aprobadas, a menudo compartidas por otros grupos.

Sin embargo, no quiero dejar de señalar que nosotros habríamos querido ir más allá -y así lo haremos constar en esta intervención y en cuentas sucesivas-, se puede ir más allá y hay propuestas de resolución que se nos han rechazado y habrían sido convenientes. En el tema de los plazos, además de señalar el deseo de que las cuentas se rindan en plazo, proponemos desde hace años dos iniciativas que ayudarían a mejorar la rendición de cuentas en plazo y a discutir la cuenta general del Estado solo con un año de retraso. Una tiene que ver con cambiar los plazos legales de rendición de cuentas. Los plazos legales de rendición de cuentas en España están fijos desde el año 1977 con la Ley General Presupuestaria y desde entonces las tecnologías de la información han avanzado mucho. ¿Por qué no acortar esos plazos de rendición de cuentas? Y la otra propuesta tiene que ver con que el Tribunal de Cuentas inicie la fiscalización incluso antes del cierre de las cuentas, que es algo que se hace en Europa y es la clave que permite que en la Unión Europea las cuentas se discutan con un año de retraso. Esto es algo que el propio presidente del Tribunal de Cuentas ha comentado que es deseable y esperamos que en el futuro se pueda conseguir.

Respecto a las cuentas de empresas, fundaciones, entes públicos, además de señalar lo que antes dije, nosotros de nuevo habríamos querido ir más allá, porque esa evaluación de fundaciones, empresas públicas, debe guiar la reforma de las administraciones públicas. Hay miles de entes de este tipo y a la hora de reformar la Administración, a la hora de reducir ese número de entes los tribunales de cuentas tienen un papel importante que desempeñar evaluando la eficiencia de los entes y guiando a los responsables públicos sobre cuáles son los recortes en el número de entes superfluos más adecuados. Otra propuesta de resolución, similar a la de años anteriores, señala la paradoja de que en nuestro ciclo presupuestario el déficit estructural tiene un protagonismo esencial, incluso está recogido en la reforma de la Constitución, y en la cuenta general del Estado se prescinde de este concepto, no se distingue entre lo que tiene que ver con el efecto cíclico sobre las cuentas públicas y lo que es este déficit estructural, y sería coherente en la cuenta general del Estado incorporar este concepto presupuestario tan importante en nuestra legislación actual. Y las últimas propuestas de resolución y con más contenido político tienen que ver con la transparencia en nuestro país. Nosotros proponíamos que en todos los entes públicos -empresas, fundaciones, agencias, consorcios- haya una información mucho más detallada e individualizada respecto a cuestiones como las retribuciones de la alta dirección, los gastos de representación y atención protocolaria, el número y uso de vehículos oficiales, y habría sido deseable incorporar esto porque una forma de evitar los abusos es la transparencia; muchos abusos se basan en la falta de conocimiento de lo que se está haciendo en este orden de cosas. Esta propuesta, sin embargo, ha sido rechazada. También en el ámbito, en cierta manera, de la transparencia creemos importante que el Tribunal de Cuentas profundice en el coste del rescate público de las entidades bancarias. Se hizo un informe sobre recursos comprometidos pero no sobre recursos perdidos y creemos que sería bueno hacer esa clarificación. Por tanto, hay margen de mejora en la cuenta general del Estado, pero incluso en la situación actual refleja fielmente la actividad económico-financiera del sector público estatal en el año 2012 y por tanto la votaremos favorablemente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.

Por La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.

Cuando el Pleno del Congreso acaba de ver el debate final de las cuentas, del presupuesto para el año que viene, que es el último año de esta legislatura, vemos ahora la liquidación final del que fue el primer año de la legislatura, el año 2012. La primera consideración que hacemos desde mi grupo parlamentario es que, como ha dicho el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, habría que agilizar la forma en que se contabiliza y se fiscaliza para que, de manera ideal, a finales de un año determinado se viese el presupuesto del año siguiente y la liquidación final y definitiva del presupuesto del año anterior, pero todavía queda mucho que andar para llegar a ese punto.


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Mi grupo parlamentario quiere hacer constar que este primer presupuesto de la legislatura, el del año 2012, fue un presupuesto en el que se empezó amagando. Se aprobó en el mes de marzo, se quiso esperar por parte del Gobierno a que transcurriesen las elecciones autonómicas en Andalucía para no mostrar hasta entonces cuál era su verdadera línea de carga; una línea de carga que el Ministerio de Asuntos Exteriores calificó en su momento como presupuestos de guerra. Efectivamente, se convirtieron en unos presupuestos de guerra y sabemos contra quién, contra la gente que menos tiene en este país y contra los trabajadores. Fueron los primeros Presupuestos Generales del Estado que se hicieron después de la reforma del artículo 135, del año 2011. Fueron unos presupuestos que iniciaron un camino de recentralización del Estado, como así queda de manifiesto en estas cuentas. Se hicieron después de una reforma laboral manifiestamente regresiva que nos ha conducido a una situación terrible en el desempleo, que es una de las cuestiones que no ha comentado como exitosas el portavoz del Grupo Popular que ha intervenido en el punto anterior. Fueron los presupuestos de los recortes radicales, los de la amnistía fiscal; una amnistía fiscal de la que en el presupuesto inicialmente se había cifrado que se iban a obtener unos ingresos de 2.500 millones de euros y que al final quedaron en menos de la mitad, en 1.195 millones de euros. No se alcanzaron los objetivos y, sin embargo, sí se produjo un ataque a la consolidación de la lucha contra el fraude fiscal mediante esta amnistía fiscal que no tuvo ninguna justificación. Fueron unos presupuestos que no apostaron por la fiscalidad medioambiental; todo lo contrario, significaron la criminalización de las energías renovables. Unos presupuestos que supusieron el desplome de la inversión pública, y la poca que hubo, absolutamente desequilibrada. Fueron los presupuestos de los recortes, de los hachazos en recortes; los más sangrantes en I+D+i, en sanidad, en educación, en ayuda oficial al desarrollo; recortes en los que se ha ido profundizando en años posteriores. Fue el año de la nueva congelación de las retribuciones del personal público, el año que se les quitó la paga de Navidad; el año del rescate por el MEDE al sector financiero; el año que se siguió sin reponer los efectivos. Hubo recortes significativos que afectaron a administraciones locales y autonómicas: el 97 % en las políticas de fomento de empleo de entidades locales y de agencias de empleo y desarrollo local; el 55 % en las transferencias a las comunidades autónomas para el desarrollo de políticas ocupacionales. Se convirtieron en los presupuestos más restrictivos de la democracia en aquel momento y lo han seguido siendo los presupuestos posteriores desarrollados por el Partido Popular.

Cuando miramos las cuentas que nos presenta el Tribunal de Cuentas nos encontramos con que vivimos prácticamente el día de la marmota. Al final, vemos que tenemos los mismos problemas en la presentación de la cuenta general del Estado año tras año, gobierne el Partido Socialista o el Partido Popular. Cincuenta y cinco de los sesenta y cuatro organismos autónomos estatales han presentado las cuentas; siete de las ocho agencias estatales; dieciocho de los veintiún organismos públicos; catorce de los diecisiete fondos; dieciséis de los veinte consorcios. No figuran veinte entidades; catorce no han enviados sus cuentas; dos auditorías muestran una opinión denegada, por un importe total de 1.039 millones de euros. Se han incumplido las resoluciones que, año tras año, vienen aprobando el Congreso y el Senado.

El Tribunal de Cuentas dice que la Intervención General de las Administraciones Públicas debe integrar sus cuentas: treinta entidades han rendido sus cuentas fuera de plazo; ochenta entidades han publicado el resumen de sus cuentas fuera de plazo y ocho ni siquiera lo han publicado. El Tribunal de Cuentas da opinión no favorable para ochenta y nueve entidades; a cincuenta y cinco les da la opinión con salvedades; a una se la da desfavorable y a cinco le deniega opinión por la falta de información. Falta homogeneidad de criterios a la hora de elaborar los estados contables. El tribunal detecta errores contables en el sistema interno; detecta que hay unas modificaciones de créditos iniciales con falta de criterios para la justificación. Hay más de 5.500 millones pendientes de reconocimiento de gastos del ejercicio; 4.375 de ejercicios anteriores; defectos en operaciones por importe negativo de 3.396 millones; obligaciones pendientes de pago por 9.086 millones al cierre de toda la contabilidad con antigüedad superior a los cuatro años. Hay cuestiones que son históricas, propias casi del Pleistoceno Medio. Las transferencias sanitarias al País Vasco y Navarra por el tema de Seguridad Social son cuestiones pendientes desde los años noventa, que ningún Gobierno, ni los anteriores ni este, han conseguido solucionar y que, año tras año, menciona el Tribunal de Cuentas. Derechos pendientes de cobro por valor de 19.000 millones, el 12,5 % de ejercicios anteriores al que estamos liquidando, que es el del año 2012. Un índice de ejecución solamente del 92,8 % a la liquidación del ejercicio. Fue el año del Fondo de reestructuración ordenada bancaria donde se desvió, además, la deuda pública en 2.421 millones, cuando los ingresos por deuda pública se multiplicaron e iniciaron un camino ascendente que ha llevado a que hoy en día el Estado español esté en unos índices


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de deuda pública próximos al cien por cien del PIB, algo rebajados después de la inclusión en el PIB de los números de la prostitución y otras actividades. Fue el año que se utilizó desmesuradamente por primera vez el Fondo de reserva de la Seguridad Social, más de 7.000 millones de euros dispuestos para pagar pensiones, y no solamente eso, sino también para pagar la gestión de las pensiones, que nosotros -y es la doctrina aprobada por esta Cámara- entendemos que debe ir a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y no del Fondo de pensiones ni de las cotizaciones de los trabajadores.

Nos llamó poderosamente la atención el incremento en la recaudación por parte del Estado de las multas, lo cual muestra qué carácter recaudatorio iba adquiriendo el Estado. Se incrementó el gasto en el FLA, en el FROB, en la amortización de deuda, es decir, en acabar pagando lo que otras administraciones habían gastado sin tener consignación presupuestaria. Véase el caso palmario del País Valenciano, donde se desmandaron durante años los Gobiernos del Partido Popular y al final nos ha acabado convirtiendo en la comunidad autónoma con mayor nivel de endeudamiento. Mientras tanto, para pagar todo eso, se recortó -y así lo deja blanco sobre negro la cuenta general del Estado del año 2012- en todas las áreas, destacando sobre todo las disminuciones en investigación y desarrollo y en fomento del empleo. Se incrementaron las operaciones financieras corrientes en un 104 %. Finalmente, se ingresó muchísimo menos de lo previsto con la amnistía fiscal, apenas 1.195 de los 2.500 millones presupuestados. Continúan las deficiencias en los inventarios, un tema absolutamente recurrente, año tras año, en las liquidaciones de las cuentas por parte del tribunal. En el informe que remitió el Estado se dice que de las aportaciones directas al FROB, 12.000 millones -aparte de los 39.000 millones que se ingresaron vía MEDE-, el Estado confiesa como deterioro 6.750 y el Tribunal de Cuentas dice que toda la aportación del Estado a ese fondo debe ser considerada como deterioro y como fondo perdido. El Fondo de reserva de las pensiones cerró el ejercicio con 61.000 millones, tras haberle sido detraído 7.000 millones, y el Estado continúa en esa dinámica. Desde nuestro punto de vista, la liquidación que hoy se plantea del presupuesto del año 2012 inició un camino en el que hoy, a pesar de que el portavoz del Grupo Popular en el punto anterior se ha mostrado absolutamente orgulloso, no debería expresarse orgulloso en absoluto, desde nuestro punto de vista, porque aunque la economía pueda crecer según determinados índices, la verdadera tragedia de este país es que prácticamente una de cada cuatro personas en edad de trabajar sigue en desempleo y no se les ofrece ninguna esperanza con las nuevas cuentas, como tampoco se les ofreció ninguna esperanza con este presupuesto del año 2012, que hoy liquidamos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Pàramo.

El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Gracias, señor presidente.

Analizando el contenido del informe presentado por el Tribunal de Cuentas referido a la cuenta general del Estado de 2012, vemos que se hacen realidad todas las predicciones del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. Efectivamente, en 2012 el Estado se sacó de encima, expulsó la necesaria política de austeridad, trasladando a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, a la Administración local, los sacrificios necesarios para obtención del objetivo de déficit. Esta cuenta general del Estado, para ser claros, es el reflejo de cómo el Estado ha mantenido su rumbo sin sacrificio alguno, haciendo pagar al ciudadano la factura que le correspondía a él, imponiendo recortes que afectan a los ejes básicos del Estado del bienestar, aun destacando que en el resultado presupuestario consolidado la reducción del déficit respecto del 2011 no se produjo por el ahorro en la gestión de la Administración del Estado, sino por el aumento de ingresos a causa del aumento de la presión fiscal. También se redujo el déficit a costa de prescindir de las inversiones necesarias en infraestructuras, que son un instrumento imprescindible para mejorar e impulsar la recuperación económica del país. Así, manteniendo el mismo nivel de gasto público sin aplicar medidas de austeridad ni racionalidad, solo a costa de las inversiones públicas, es mantenerse en un bucle perverso que en ningún caso favorece la creación de puestos de trabajo.

El informe a la cuenta general del sector público administrativo 2012 presentado por el Tribunal de Cuentas, demuestra que el Gobierno del Partido Popular, lejos de actuar con mano firme en la necesaria política de austeridad, necesitó que se aprobaran modificaciones de crédito aumentando las partidas destinadas a gastos por valor de 105.204 millones de euros. Es decir, el Estado gastó en imprevistos 65.000 millones de euros, a los que añadió otro imprevisto, el de los 40.000 millones de euros de ayuda a la banca a través del FROB. Ante tal despropósito y tal injusticia en el reparto de los sacrificios para la racionalización de la Administración pública -105.204 millones de euros-, la ciudadanía nos oye, nos


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escucha y lee y la desafectación crece, haciéndolo manifiestamente en Cataluña y subyacentemente en el resto de las comunidades autónomas a causa de la imagen evidente de un Estado ególatra e ineficaz y de unas Cortes Generales donde la crítica descarnada supera el diálogo, el consenso y el buen hacer.

Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, coherente con las resoluciones presentadas en la Comisión Mixta Congreso-Senado del Tribunal de Cuentas, instamos al Gobierno a: Uno, hacer efectiva la disminución en las dotaciones presupuestarias a las entidades y empresas cuyas cuentas no formen parte de la cuenta general del sector público administrativo o cuenta general del sector público empresarial. Dos, establecer las medidas oportunas con el fin de que los criterios aplicados en la elaboración de los estados contables sean homogéneos. Tres, elaborar directrices claras para evitar que se repitan una y otra vez las modificaciones de créditos iniciales, como sucedió en 2012 con los referidos 105.204 millones de euros, que hicieron pasar del déficit previsto para dicho año 2012, del 3,5, al 7,76 %. Cuatro, en particular instar al Ministerio de Defensa a ajustar sus presupuestos a su realidad, ya que en 2012 provocó una desviación al alza del 43 % en su presupuesto definitivo, desviación de 2.722 millones de euros que no solamente podemos calificar de desmesurada sino también de premeditada al ocultar la voluntad de gasto en Defensa por su incorrección política. Cinco, pedimos ejecutar en su totalidad las partidas presupuestarias que mejor pueden contribuir a salir de la crisis, como es el caso -también lo ha dicho el compañero Sixto- de las correspondientes a investigación, desarrollo e innovación, partida que se dejó de ejecutar por valor de 2.410 millones de euros. No solo instamos a ejecutar la totalidad de la partida prevista en investigación, desarrollo e innovación sino que exigimos que sea aumentada, entendiendo que es clave para aumentar la productividad así como las políticas de fomento de empleo. Seis, queremos corregir la costumbre de incrementar año tras año las operaciones de gastos pendientes de aplicar al presupuesto en curso, que el ejercicio 2012 supusieron 10.559 millones de euros de gastos, un 13 % superior a las del ejercicio anterior. Criticaba al Gobierno socialista y el Partido Popular ahora incurre y aún aumenta el mismo defecto. Siete, como bien dice el Tribunal de Cuentas, no se puede continuar sin los inventarios completos de los bienes y derechos del inmovilizado no financiero y es necesario evitar, de paso, las deficiencias en la cuenta de la Administración General del Estado por amortizaciones o detección de valores incorrectos. Ocho, igualmente exigimos plantear con urgencia en el marco de los Pactos de Toledo el análisis de las consideraciones efectuadas reiteradamente por el Tribunal de Cuentas en relación a la insuficiencia de transferencias del Estado a la Seguridad Social para la cobertura de los gastos que deben ser financiados por la Administración General del Estado, como pueden ser las prestaciones no contributivas y universales. Esos gastos no deben financiarse con cargo a cotizaciones, ya que ello contribuye a reducir el Fondo de reserva. Nueve, por enésima vez el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió exige articular los procedimientos que correspondan, con el fin de amortizar por parte de la Seguridad Social los once préstamos otorgados por la Administración General del Estado, cuyo importe: 17.169 millones de euros de euros, no ha variado en los últimos ejercicios. Esta exigencia también viene siendo reiterada por el Tribunal de Cuentas desde hace años.

Una parte de estos préstamos debería pagarse mediante la transferencia de inmuebles propiedad de la Seguridad Social, la vigencia de la disposición adicional trigésima octava de la Ley 27/2011, para facultar al Gobierno a realizar el desarrollo normativo que culmine con la entrega por la Seguridad Social a la Administración General del Estado de los inmuebles afectos a fines de asistencia sanitaria y servicios sociales transferidos a las comunidades autónomas, en pago a los préstamos que le fueron concedidos por el Estado por la insuficiencia financiera del extinto Insalud. Diez, exigimos a todas las entidades del sector público empresarial la obligación de publicar en el BOE las cuentas individuales y exigir responsabilidades penales a los transgresores. Especialmente, llamativo es el incumplimiento del grupo de Sociedades Estatales de Participación Industrial, SEPI.

Finalizo ya, señorías. Se nos dirá que la aprobación de cuentas es un trámite administrativo y así debería ser, pero nuestro voto será negativo porque las cuentas presentadas son un compendio de la mala praxis a la que la Administración General del Estado, sea con Gobiernos del Partido Popular o sea con Gobiernos del PSOE, nos tiene acostumbrados y que al parecer no quiere abandonar. No podemos aprobar unas cuentas que reiteran año tras año vicios adquiridos, displicencias y negligencias culpables. No podemos aprobar la cuenta general del sector público administrativo 2012 porque faltan las cuentas de veinte entidades, porque treinta entidades han presentado cuentas fuera de plazo, porque ocho entidades no han cumplido la obligación de publicar las cuentas en el BOE, porque los auditores han negado expresar opinión sobre cinco entidades, porque continúan sin la necesaria homogeneización de los criterios contables y de consistencia interna, y porque no tienen remedio, porque si no cumplen es porque no quieren o, peor,


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porque no les conviene. Por el contrario, reconocemos el mérito del Tribunal de Cuentas al continuar denunciando, año tras año, sin desfallecer todas las deficiencias a la vez que con la misma perseverancia propone soluciones y propuestas de mejora, aunque sus informes sean como predicar en el desierto.

Señor presidente, señorías, moltes gràcies, y aprovechando la fecha en que nos encontramos, a tots molt bon Nadal.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pàramo.

Por el Grupo Socialista, señor Císcar.

El señor CÍSCAR CASABÁN: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, intervengo en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, para defender nuestra posición en la consideración de la cuenta general del Estado de 2012 y también con relación a las propuestas de resolución que han sido planteadas y presentadas al Pleno por parte de la Comisión Mixta. Ya anuncio en este momento nuestro voto favorable a las propuestas de resolución en la medida en que son propuestas ampliamente acordadas por todos los grupos, aun cuando por parte del mío hubiéramos deseado que también se acogieran propuestas de otros grupos que votamos favorablemente pero la mayoría del Grupo Popular determinó en algunos casos que no hayan sido acogidas. No obstante, estas propuestas que aquí se presentan mejoran sin duda el conjunto de lo que tiene que ser la cuenta general del Estado y procuran subsanar los defectos que en la misma se producen.

La cuenta general del Estado, como bien conocemos, está integrada por tres cuentas: la cuenta del sector público administrativo, la cuenta del sector público empresarial y la cuenta del sector público fundacional. En este caso, la cuenta general del Estado de 2012 es la primera rendida por el Gobierno del Partido Popular después de las elecciones generales de noviembre de 2011. Como principales observaciones, quisiera indicar con relación a la cuenta general del sector público administrativo algunos aspectos que coinciden con las intervenciones de los grupos que me han precedido: no figuran integradas en la cuenta del sector público administrativo veinte entidades; se han presentado fuera del plazo correspondiente treinta entidades; y ha tenido el siguiente resultado: la opinión emitida ha sido favorable para ochenta y nueve, ha sido favorable con salvedades para cincuenta y cinco, desfavorable para una y se ha denegado la opinión en cinco de las mismas. He de hacer notar que el propio Tribunal de Cuentas indica que, no obstante, no se ve perjudicada la representatividad de la cuenta general de 2012.

En la liquidación del presupuesto se deduce como conclusión más importante que se han dejado de contraer presupuestariamente obligaciones que debieron reconocerse por corresponder a gastos realizados en el ejercicio, posponiendo en su mayor parte la contabilización a ejercicios posteriores. Ello ha traído como consecuencia por parte de las liquidaciones presupuestarias que no reflejen la auténtica realidad económica de los gastos a los que se refieren, y que en el balance se consideren inversiones financieras partidas destinadas a hacer frente a gastos corrientes o de capital. Las modificaciones de crédito iniciales han ascendido en términos netos a 105.000 millones de euros para el conjunto del Estado. El importe global agregado de las modificaciones netas supone un incremento del 38,2 % de los créditos iniciales. La mayor desviación en valor absoluto en la ejecución de los presupuestos de gastos se ha producido en la política de gasto, administración financiera y tributaria, motivada principalmente por la operación de concesión del préstamo al Fondo de reestructuración y ordenación bancaria. El importe de las obligaciones reconocidas ascendió a 39.468 millones.

Por lo que se refiere al presupuesto de ingresos, se pone de manifiesto claramente que los ingresos del capítulo 9, es decir, los obtenidos principalmente por deuda pública, han sido superiores a los inicialmente previstos de 66.736 millones como consecuencia de las mayores necesidades de financiación. Las disminuciones de gasto más significativas en términos absolutos se producen en las políticas de gestión y administración de la Seguridad Social, en fomento de empleo, en infraestructuras y en investigación, desarrollo e innovación. En cuanto a los estados financieros, el FROB presenta un patrimonio neto negativo de 21.832 millones. En la Seguridad Social, durante el año 2012 se han realizado disposiciones del fondo de reserva por un total de 7.003 millones de euros.

Con relación a la cuenta general del sector público empresarial, la cuenta de pérdidas y ganancias agregadas ofrece un resultado negativo atribuido al Estado de 24.710 millones de euros, originado fundamentalmente por las elevadas pérdidas obtenidas por el FROB, que ascienden a 26.000 millones de euros. La memoria de la cuenta general del sector público empresarial del ejercicio 2012 no ofrece una información consolidada representativa de la situación económica y financiera y de los resultados del sector empresarial estatal.


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Con relación a la cuenta general del sector público fundacional, el excedente de la actividad negativo agregado a cuarenta y tres fundaciones integradas ascendió a 31 millones de euros y el resultado financiero positivo a 5 millones de euros, generando por tanto un resultado negativo antes de impuestos de 26.000 millones de euros.

Permítanme algunas consideraciones. Hasta aquí los datos que parten del propio Tribunal de Cuentas en su dictamen. En primer lugar, ya hemos indicado que la cuenta general del Estado es la de 2012 y que, por tanto, la primera que corresponde o que ha rendido el actual Gobierno del Partido Popular en su ya cumplido tercer año de legislatura.

La constatación de la realidad a la que han conducido las políticas económicas del Partido Popular podría sintetizarse en los puntos siguientes: importantes desviaciones en la ejecución de los presupuestos de gasto derivadas del rescate financiero de nuestra economía, que no por negarse deja de tener reflejo presupuestario, e incremento descontrolado de la deuda pública en la medida en que de 2011 a 2012 la deuda pública experimenta un crecimiento considerable. Con relación a la deuda pública continúa el crecimiento descontrolado de dicho endeudamiento público. La deuda pública bruta era de 737.400 millones de euros en 2011. Cada español tendría que hacer frente, en caso de impago, a 15.626 euros. De acuerdo con las estimaciones de la Comisión Europea, a finales de la legislatura la deuda se incrementará hasta el cien por cien del PIB, es decir, 370.000 millones de euros más que al comienzo de la legislatura. Por tanto, 23.495 euros per cápita. Es decir, un crecimiento en este periodo de gobierno del Partido Popular del 50 % de la deuda pública. Y asimismo el déficit de la financiación de la Seguridad Social y también en general el recurso a operaciones de ingeniería presupuestaria no aplicado al presupuesto de gastos, obligaciones que debieron reconocerse como correspondientes a gastos realizados en el ejercicio.

Junto a estas anteriores desviaciones destacan importantes disminuciones de gasto que han afectado, como es conocido, a políticas de fomento de empleo, a la inversión en infraestructuras y a la I+D+i, aparte de las medidas adoptadas para reducir gastos en servicios esenciales como sanidad, educación y servicios sociales, competencias ejercidas fundamentalmente por las comunidades autónomas.

En cuanto al presupuesto de ingresos, destacan los menores ingresos por el IRPF y por la amnistía fiscal, lo que condujo en julio de 2014 a la subida generalizada del IVA. Desde 2012, la administración de la Seguridad Social presenta un desequilibrio sistemático entre ingresos por cotizaciones y gastos por prestaciones contributivas que el Gobierno actual ha ido cubriendo mediante el recurso al Fondo de reserva de la Seguridad Social, que ha descendido desde sus máximos históricos en el año 2011 de 67.000 euros a los 42.675 actuales si se confirma la disposición de los 8.000 millones de euros del presente ejercicio.

En definitiva, la cuenta general del Estado de 2012 refleja la apuesta que desde el inicio de la legislatura hizo el Partido Popular por la salida de la crisis sin un reparto equitativo de los costes, que ha conducido a un aumento insoportable de la desigualdad. Por el lado de los ingresos, se produjo un incremento sustancial de la fiscalidad indirecta que no consiguió recuperar un nivel aceptable de ingresos públicos, sin compensación alguna además a los perdedores, que han sido las rentas medias y bajas, máxime cuando se ha producido permanentemente el peso del gasto público y las rentas de trabajo en el PIB. A la vez se inició la imparable reducción de las inversiones en infraestructuras, educación, formación, I+D+i, aspectos prioritarios e imprescindibles para mejorar la distribución.

Termino, señor presidente, indicando que es muy probable que por parte del Grupo Parlamentario Popular una vez más se trate de atribuir esta situación de 2012 a lo que ellos vienen llamando la herencia, que no resistan la tentación de entrar en la herencia. Lo cierto es que esta legislatura, que ya lleva tres años y por tanto vamos a entrar en el último correspondiente a la misma, va a ser reconocible fundamentalmente por la aplicación de una ideología ocultada programáticamente en el momento electoral, desarrollada con precisión con posterioridad y con duras consecuencias para la ciudadanía: paro o empleo precario, prestaciones sociales recortadas, derechos sociales reducidos, impuestos a quienes pagamos, amnistía fiscal a quienes no pagan. En definitiva, una situación de mayor desigualdad entre las personas, hombres y mujeres, en España.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Císcar.

Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Suárez Lamata.


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El señor SUÁREZ LAMATA: Muchas gracias, señor presidente.

Hoy, señorías, analizamos la declaración de la cuenta general del ejercicio 2012 y las propuestas de resolución que se han incorporado, que tengo que decir que han sido muchas. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia).

Yo, señorías, para empezar vengo a hablar del informe, no de lo que algunos se han imaginado que dice el informe, y tengo que manifestar que, efectivamente, es una declaración de la cuenta general que corresponde a un año en el que ha gobernado el Partido Popular y que es distinta a la del año 2011. Para saber si es mejor o peor hay que compararla, porque salir aquí y dar unos porcentajes fríos no dice nada. A mí me sorprende realmente que ustedes hayan incidido en la representatividad. Tanto el señor Sixto como el señor Císcar han intentado aparentar que aquí nada había cambiado. Pues en un año de Gobierno del Partido Popular, señorías, se ha mejorado un 50 %. En esta cuenta general han rendido cuentas un 50 % más de entidades, que no lo hicieron en el año 2011, año en que, recuerdo, gobernaba el Partido Socialista. En un año hemos sido capaces de avanzar el 50 % del camino. No sé si es mucho o es poco, pero sí sé que anteriormente no pasaba. En un año de gobierno los resultados de la auditoría, a los que han hecho mención tanto el señor Sixto como el señor Císcar, han mejorado de forma importante. Lo pone en el informe, no es que lo diga el portavoz que les habla. Por si fuera poco esto, el Gobierno aprobó el 20 de diciembre de 2013 una resolución para, respecto a aquellas entidades que no cumplan con la legalidad, hacer un seguimiento y mejorar. Y se ha hecho un esfuerzo importante de recaudación de los ejercicios cerrados, lo reconoce el propio informe.

En cuanto a la gestión, luego hablaremos de los gastos, pero los gastos por operaciones no financieras han disminuido un 4 %. A sus señorías solamente se les ha olvidado decir una cosa: en pensiones el presupuesto se incrementó respecto al inicial en 4.383 millones de euros. Es un pequeño detalle, pero creo que muy importante a la vista de cómo han dibujado ustedes el panorama. Ha habido ingresos por operaciones corrientes en mayor cantidad que en gastos y eso ha supuesto un saldo favorable de casi 6.000 millones de euros, 5.974. En algo que evidentemente no han querido entrar -ya lo entiendo- es que el déficit ha mejorado respecto al ejercicio 2011 en nada más y nada menos que 30.000 millones de euros. Este Gobierno estuvo a punto de cumplir con el objetivo de déficit. Señor Císcar, ya sé que molesta mucho, pero puedo recordar aquellos años en los que la previsión de déficit era un 6 % y al final acababa siendo un 9 % o un 11 %, siendo eso muy complicado de explicar. Este Gobierno es bastante más serio y solamente le faltaron unas décimas.

Reconozco que no sé cómo abordar esta cuestión tanto con el Grupo Parlamentario Socialista como con La Izquierda Plural. Al final ustedes se quejan del gasto. ¿En qué quedamos? ¿Están con el artículo 135 o en contra del 135? Esto es muy complicado de entender, igual que cuando ustedes abordan el problema de la deuda. Respecto al gasto, se han quejado de que hay un concepto, actuaciones de carácter general, en el que el incremento es muy importante: 77.000 millones. Voy a explicar por qué es así. El portavoz de Convergència i Unió me ha sorprendido en este planteamiento, porque de esos 77.000 millones -que son una cantidad muy importante- una parte determinante es la aportación al FLA, del que Cataluña prácticamente se ha llevado el 50 %. La opción que tenía el Gobierno era dejar caer a las comunidades autónomas que, tal como estaba la economía, no las financiaba nadie. Con mucha responsabilidad el Gobierno de España acudió al rescate de las comunidades autónomas de todos los signos políticos; nueve comunidades autónomas. No podemos entender cómo ustedes se quejan ahora aquí. También se quejan del préstamo concedido al FROB. Señor Císcar, le voy a decir lo que hacían ustedes para recapitalizar la banca: acudieron a los minoristas. ¿De dónde se cree que viene el problema de las preferentes? Ustedes tomaron la decisión de no acudir a un préstamo para financiar a la banca, que ustedes decían que estaba muy bien. No, era un problema; la banca estaba como estaba y las cajas estaban como estaban. Y ustedes tomaron la decisión, grave decisión, de que los pequeños ahorradores en España financiaran los problemas que tenía la banca, y ahora la están pagando. Esa fue una decisión que tomó el Partido Socialista. Nosotros -ya entiendo que les moleste- optamos por FROB. Al final, a ver si va a ser un problema amortizar la deuda comprometida por Gobiernos anteriores. A la vista de cómo reniegan ustedes permanente y constantemente de las políticas del señor Zapatero, a lo mejor les puede molestar que en estos momentos se esté amortizando la deuda que dejó el Gobierno anterior. Estas tres circunstancias que he citado describen qué país nos dejaron. Entiendo que les moleste, el año 2012 fue nuestro primer año de gobierno y evidentemente no era un país fácil.

Me voy a extender en la deuda. Créanme, no entiendo la molestia que a ustedes les supone cuando evidentemente la propuesta formulada para intentar cambiar el artículo 135 no es muy coherente con el


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planteamiento. Yo voy a reconocer que el Partido Popular ha incrementado la deuda -no lo voy a negar, señorías- en 170.000 millones. Ahora bien, señor Císcar, a usted se le olvida que desde el año 2007 al año 2011, cuando gobernó el Partido Socialista, la deuda pasó del 30 % del PIB al 70 %, es decir, la deuda se incrementó en 40 puntos con el Gobierno anterior, y ahora se rasgan las vestiduras. Entonces, según ustedes, era otra cosa, España estaba con problemas y se podía acudir a la deuda. Vamos a analizar a qué se ha dedicado la deuda. Hay una parte de la deuda que corresponde a la Administración General del Estado, 97.000 millones. Señorías, con eso -yo no lo voy a negar- se pagó el aumento de la prima de riesgo. Es evidente que los mercados nos miraban con desconfianza, es evidente que este país no es que tuviera mucha solvencia, pero, señorías, es que las cosas no se corrigen en dos días, es que por el mero cambio de un presidente del Gobierno los mercados no creen que un país es más solvente; hay que tomar medidas y cuesta hacerlo. Pero una parte muy importante de esa deuda comprometida viene de ejercicios anteriores al año 2011. Les voy a citar exactamente la suma: 23.000 millones corresponden a créditos concedidos a las comunidades autónomas por liquidaciones negativas en los años 2008 y 2009. ¿Recuerdan ustedes cuando el Gobierno anterior decidió presupuestar muchos más ingresos y con eso se liquidó a las comunidades autónomas para no reconocer que había crisis? Evidentemente había que devolver este dinero y el Gobierno de España, con mucha responsabilidad, en el año 2012 decidió que en lugar de cinco años para esa evolución se incrementara a diez años y, por tanto, las comunidades autónomas se pudieran dedicar a financiar hospitales y a financiar colegios públicos. Señorías, eso se llama actuar con responsabilidad. (Aplausos). Hay 17.000 millones destinados al Fondo de liquidez autonómico y 10.000 millones destinados a nada más y nada menos que pagar el Fondo de rescate helénico, el que comprometió el señor Rodríguez Zapatero, pero, como tantas otras cosas, dejó para que los siguientes lo pagaran. ¿Se acuerdan ustedes de aquella foto? España salía a colaborar en el rescate de Grecia, 10.000 millones, efectivamente, y nos parece razonable. Ahora nosotros no vamos a dejar de pagar eso porque la decisión la tomara el señor Rodríguez Zapatero; no sé qué haría el Partido Socialista en estos momentos, tengo mis serias dudas. Además se han endeudado con 77.000 millones en el sector público empresarial; 46.000 millones en el FROB -yo no lo voy a discutir; hay varias maneras de solucionar el problema, yo ya me he referido a las preferentes- y una cantidad no desdeñable de 30.000 millones de euros para el Plan de pago a proveedores. Pagar lo que se debe es lo razonable, otra cosa es que en Gobiernos anteriores esto no se entendiera así. Y, claro, llegó un momento en que ni los ayuntamientos ni las comunidades autónomas podían pagar y el Gobierno de España puso encima de la mesa 27.372 millones para que se pagara lo que se les debía a pequeños, medianos y grandes proveedores. Sin lugar a dudas, señorías, eso contribuyó a que muchas empresas no tuvieran que cerrar.

Me voy a centrar en las propuestas de resolución. Es verdad que se ha hecho un esfuerzo importante, lo ha dicho ya el señor Anchuelo, y yo reconozco el esfuerzo que ustedes, señor Císcar, y los otros portavoces hacen, pero mi grupo parlamentario ha presentado cincuenta propuestas. Es verdad que hay muchas encaminadas a acortar los plazos y es cierto que yo creo que esta vez hemos acercado posiciones y es posible que las próximas cuentas generales se rindan en un plazo más breve, fundamentalmente fruto de las propuestas que hemos formulado, en las que tanto la Intervención General de la Administración del Estado como el Tribunal de Cuentas tendrán que trabajar de la mano, tendrán que anticipar esos trabajos a los que se ha hecho referencia. Hay propuestas para mejorar la rendición de las cuentas del sector público, para dar una mayor publicidad a las cuentas, y una batería de cuestiones destinadas a incrementar la información que contienen las memorias. También hay una, en la que hemos coincidido con UPyD, que es ese resumen ejecutivo o, por lo menos, un texto que sea más asequible a los ciudadanos, que es uno de los objetivos.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Suárez, tiene que ir terminando.

El señor SUÁREZ LAMATA: Acabo, señora presidenta.

Señor Anchuelo, con respecto a la transparencia no es que no nos parezca bien, es que creemos que ese flanco se cubre con la Ley de Transparencia.

Al hilo de todos los comentarios que he oído, voy hacer una pequeña reflexión, y con ello acabo. El presidente del Gobierno tomó posesión el 21 de diciembre. No había presupuestos aprobados, pero ni siquiera proyecto de presupuestos. Les quiero recordar, señor Císcar, que ustedes, por primera vez en la historia, acudieron sin programa económico a unas elecciones. Al no tener presupuesto, ustedes renunciaron a presentar su programa económico. ¿Saben por qué? Porque era complicado hacerlo. Este país se encontró en una situación complicada y difícil. No le voy a recordar los parados, las empresas, etcétera, porque eso ya lo saben todos los ciudadanos. Recibimos una herencia envenenada, señor Císcar.


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La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Suárez, tendría que ir terminando.

El señor SUÁREZ LAMATA: Acabo. Hemos tomado decisiones duras y hecho reformas estructurales importantes. Pero, señorías, quiero decirles algo, ni nos avergonzamos ni nos avergonzaremos; ni renegamos ni renegaremos de un presidente del Gobierno que hizo un esfuerzo titánico y fue capaz de evitar un rescate, ese que sus señorías querían que pidiéramos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Gracias, señor Suárez.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL Y LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA TRANSPONER LA DIRECTIVA 2010/64/UE, DE 20 DE OCTUBRE DE 2010, RELATIVA AL DERECHO A INTERPRETACIÓN Y A TRADUCCIÓN EN LOS PROCESOS PENALES Y LA DIRECTIVA 2012/13/UE, DE 22 DE MAYO DE 2012, RELATIVA AL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS PENALES (ANTES DENOMINADO PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL PARA TRANSPONER LA DIRECTIVA 2010/64/UE, DE 20 DE OCTUBRE DE 2010, RELATIVA AL DERECHO A INTERPRETACIÓN Y A TRADUCCIÓN EN LOS PROCESOS PENALES Y LA DIRECTIVA 2012/13/UE, DE 22 DE MAYO DE 2012, RELATIVA AL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS PENALES). (Número de expediente 121/000114).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Pasamos al punto relativo a dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. En concreto, al relativo al proyecto de ley orgánica por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64 de la UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales, y la Directiva 2012/13 de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales, anteriormente denominado proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para trasponer la Directiva 2010/64 de la Unión Europea, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13 de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales.

Para defender las enmiendas formuladas a esta iniciativa legislativa tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.

No voy a reproducir el título de la ley porque prácticamente se me agotaría el tiempo de intervención. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).

El proyecto de ley al que usted se ha referido con esta denominación tan prolija acredita de una forma preocupante, asaz preocupante, una de las perversiones que en materia de convergencia se están produciendo en las administraciones de Justicia de la Unión Europea cuando esta convergencia se intenta acometer bien a través de instrucciones marco o de directivas, en este caso estamos hablando de las dos directivas citadas. Aquí las directivas y las instrucciones marco se incorporan al ordenamiento jurídico español a su aire, por usar una expresión metajurídica; es decir, como al Gobierno le convenga o al grupo mayoritario le convenga. Ya pasó con las instrucciones marco relativas a la reciprocidad en materia de cumplimiento de sentencias extranjeras -las cuatro de los años 2008 y 2009- que hace tres semanas se incorporaron y que están provocando problemas interpretativos en cuanto al cómputo de los tiempos de cumplimiento en el extranjero de sentencias extranjeras entre distintas secciones de la Audiencia Nacional, problemas asaz conocidos y no resueltos todavía por la Sala segunda del Tribunal Supremo, donde nadie sabe muy bien cómo interpretar, en virtud de una enmienda incorporada en el trámite del Senado que posibilitaba la aberración jurídica de novar o modificar el contenido de las sentencias impuestas a delincuentes en países extranjeros de la Unión, que se permitía en virtud de esta enmienda aplicar -y este era el instrumento de novación- la legislación española en el ámbito de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el ámbito de la legislación penitenciaria, en el ámbito del Código Penal; en


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definitiva, vulnerando la autonomía y la soberanía política de un país en el ejercicio de uno de sus poderes, que es el Poder Judicial en este caso.

Aquí nos encontramos con una cosa parecida, señora presidenta. Hay tres carencias que nosotros queremos indicar y que van a provocar nuestro voto negativo al dictamen de la Comisión. En primer lugar, se configura un registro de intérpretes para cumplir lo que prevé el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el derecho a la traducción o interpretación de personas que no hablan o que no entienden la lengua del procedimiento del que son sujetos pasivos o activos, a los cuales se les reconoce a través de estas directivas la posibilidad de un traductor o un intérprete. Pero esto provoca la creación de un registro de traductores e intérpretes en el Estado español que no acoge a traductores o intérpretes que dominen todas las lenguas cooficiales del Estado español. Esto supone una vulneración de la propia Constitución, que regula la existencia de las lenguas cooficiales; supone una vulneración de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que también reconoce el uso de lenguas cooficiales en cualquiera de las diligencias o trámites de los procesos judiciales en el Estado español, y por proyección deberíamos entender que supone una vulneración del derecho a la defensa, del derecho a la tutela judicial efectiva. Desde esta perspectiva la no existencia en el registro de traductores oficiales de traductores o intérpretes que dominen las lenguas cooficiales nos parece un déficit que nos impide avalar este proyecto de ley.

En segundo lugar, el señor Jané tiene una serie de enmiendas relativas a la inexistencia o existencia insuficiente de traductores de la denominada lengua de signos. Quienes no tienen la posibilidad de comunicarse o de escuchar en un procedimiento a través del lenguaje oral convencional u ordinario, tienen también el derecho, que les reconoce el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, a una traducción específica a través de traductores en lengua de signos.

Y, en tercer lugar, y esta es la tercera disfunción a la que nos referíamos, señora presidenta, como el Estado en esta materia no tiene título competencial habilitante alguno ha recurrido a uno genérico que se utiliza con asaz frecuencia, que es el previsto en el artículo 149.1 de la Constitución, que es un derecho que en términos abstractos o generales garantiza la igualdad entre todos los españoles, pero no es un título atributivo de competencias específicas. Las competencias específicas en virtud de los títulos atributivos están previstas en otros proyectos de la Constitución y de los estatutos de autonomía, y en este ámbito estos títulos atributivos estarían consignados en lo que se denomina administración de la Administración de Justicia, y en el seno del personal y de los medios materiales al servicio de la Administración de Justicia esta se trata de una competencia autonómica en la mayoría de las comunidades autónomas, luego estos registros tendrían que estar residenciados -los de traductores e intérpretes- en las comunidades autónomas, gestionados por las comunidades autónomas que, por cierto, realizarían con toda seguridad la provisión de intérpretes en las lenguas oficiales en aquellas que posean lenguas cooficiales o también donde se tenga que aplicar el derecho civil propio o el derecho foral.

Desde esta perspectiva, como esto no ha sido bien resuelto en el trámite de la Comisión, señora presidenta, ya le adelanto que nuestro grupo votará en contra del dictamen de esta ley, cuyo título no voy a reproducir porque es más largo citar el título de la ley que la intervención que este diputado acaba de realizar.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, para defender sus enmiendas, señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.

Siguiendo con la reflexión que hacía el diputado señor Olabarría, no quiero entrar, en nombre de mi grupo, ni siquiera en la disquisición de dónde tienen que estar residenciados los intérpretes y traductores. El problema de la ley, según denunciamos todos los grupos parlamentarios -fíjese qué capacidad ha tenido el grupo mayoritario, el grupo que apoya al Gobierno, de generar la unanimidad del conjunto de los grupos en el trámite de esta ley; es verdad que unanimidad en contra pero unanimidad-, y como muy bien se destacó en el debate en Comisión, ya no es dónde se residencian. No cabe ni siquiera entrar en el debate competencial que suscitaba el señor Olabarría porque, como denunciaban todos los colectivos profesionales y académicos en una nota de prensa que conocimos ayer mismo (Muestra un documento), y que ya habíamos denunciado también en Comisión todos los grupos parlamentarios, el Gobierno no quiere traductores e intérpretes profesionales ni en las comisarías ni en los juzgados españoles. No es un problema competencial, es que -repito- no quiere intérpretes profesionales ni en las comisarías ni en los juzgados españoles. Esta es una cosa inexplicable que además el Grupo Popular no nos ha sabido justificar en el trámite en Comisión, porque no tiene explicación que no se acepten las enmiendas de los


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grupos sobre la trasposición de dos directivas de carácter técnico; enmiendas en las que no había intencionalidad ideológica, permítanme que se lo exprese así. Hay veces en que la disputa ideológica es sanísima -estamos en una democracia-, pero en este caso no había debate ideológico. Se trataba de trasponer bien las directivas y hacer eficaz esta ley que estamos aprobando para servir a los objetivos que tiene. Por no querer, no querían ustedes ni siquiera aceptar las enmiendas que tenían que ver con la lengua de signos. Admitieron tres: una en ponencia y dos en Comisión. Por lo que nos dice el señor Jané, parece que han visto alguna luz o se les ha encendido alguna bombilla y hoy van a admitir alguna más en una cosa que era absolutamente lógica, o sea que parecía un olvido. No han querido aceptar ninguna de las cincuenta enmiendas para cuyo rechazo no hay explicación ninguna, salvo la cerrazón del partido del Gobierno y del Gobierno de no aceptar que la oposición puede tener alguna idea buena, alguna que no les haga daño a ustedes y que favorezca a todos, como es el caso.

Por las cuestiones que ya he descrito, por todas las que ha descrito el señor Olabarría, sin entrar en el debate competencial o no -porque don Emilio aquí no es donde van a estar; es que no quieren que haya intérpretes profesionales; les da lo mismo dónde se sienten porque no quieren que se sienten en ningún sitio, no hay disputa competencial y, por último, como un motivo más para rechazar el texto que ya anuncio que también mi grupo lo rechazará-, además se trasponen dos directivas para mejorar la prestación y el servicio a los tribunales e incluyen ustedes una disposición final segunda en la que dicen que las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotación de personal ni de retribuciones ni otros en gastos de personal. O sea que trasponen las directivas y aprobamos la ley anunciando que no se va a cumplir porque, tal y como está la justicia, díganme ustedes, señores portavoces, ¿es que ustedes creen que se va a poder aplicar la ley con esta disposición adicional que dice que no nos tiene que costar ni un céntimo de euro más, ni en dotación de medios materiales ni de medios humanos? No nos tomen el pelo, ni a nosotros ni a los ciudadanos.

Se merecen ustedes un no rotundo a la ley y a ustedes por su forma de actuar.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.

Pido disculpas por mi voz. Señorías, este trámite parlamentario sobre la trasposición de la directiva en relación con la interpretación y traducción en los procesos penales, nos preocupa especialmente, porque ha sido el primer trámite que hemos vivido con el nuevo ministro de Justicia y no es muy diferente de lo vivido con el señor Gallardón. Pensábamos que el señor Gallardón imprimía carácter, pero nos da la impresión de que es el Ministerio de Justicia y el Gobierno del Partido Popular quienes imprimen carácter; un carácter muy poco dialogante, al contrario de lo que dijo el ministro en su primera intervención en la Cámara y un carácter, además de poco dialogante, escasamente sincero con la Cámara. El nuevo ministro, el señor Catalá, dijo ante esta Cámara que iba a reconsiderar una parte importante de las iniciativas del señor Gallardón -en concreto, la Ley de Tasas, el Código Penal, al menos- y que por otra parte iba a intentar dialogar y negociar con los grupos parlamentarios. No ha sido así; al menos en el trámite de esta iniciativa que hoy discutimos no ha habido esa voluntad de diálogo ni ha habido ninguna rectificación. Luego, o el ministro miente a la Cámara cuando dice que va a haber un cambio en su línea política durante este último año, o el ministro se ha encontrado con un clima tóxico en el Ministerio de Justicia que le impide modificar estas normas.

Con relación a la traducción e interpretación, mi grupo parlamentario lleva años planteando la trasposición de la directiva. Lo ha hecho, además, con buena parte de los profesionales de la interpretación y de la traducción que han pedido una trasposición ágil y correcta. La conclusión que sacamos, al menos en el trámite del Congreso, es que la trasposición se ha hecho tarde y se ha hecho muy mal. Renunciamos a presentar una enmienda de totalidad con la esperanza de que algunas enmiendas se pudieran negociar. Sin embargo, hemos visto a lo largo de la ponencia no el rodillo sino la apisonadora del Partido Popular donde han hecho oídos sordos a nuestra principal reivindicación, reivindicación que sigue pendiente y además que es coherente con la directiva comunitaria: la prueba de acceso para la inscripción de los profesionales en el registro, sin la cual tanto el espíritu como la letra de la directiva quedan desvirtuados e incumplidos.

Nuestras propuestas eran, y siguen siendo, las propuestas -repito- de la directiva; una directiva sobre una materia delicada como son las traducciones e interpretaciones en los procesos penales y que


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hace referencia a derechos fundamentales de los ciudadanos. Como decía la señora Díez, la burla de esta iniciativa legal es su disposición final segunda que dice: estas medidas no podrán suponer un incremento de dotaciones de personal ni de retribuciones ni de otros gastos, y ni siquiera precisa el tiempo durante el que esta norma debe mantenerse. Es algo, en nuestra opinión, impropio de un Gobierno serio. Esta ley, lo quiera o no el Gobierno, va a suponer un incremento del volumen de trabajo de traducción, traduciéndose obligatoriamente documentos como resoluciones de privación de libertad, escritos de acusación, sentencias y todo ello en los plazos más ajustados que impone la ley. El Gobierno plantea que sea la Administración la que elabore, a dedo, un listado de intérpretes posponiendo un año la creación del registro. No quiere aceptar que los candidatos tengan que superar una prueba objetiva y acorde con el criterio europeo y del derecho internacional que garantice una competencia mínima en interpretación y/o traducción jurídica. Disentimos completamente de esta concepción del registro que el Gobierno pretende llevar a la práctica, este nebuloso listado sin criterios concretos, más allá de la experiencia o en el mejor de los casos de la titulación, establecidos desde el poder político o la burocracia estatal.

Señorías, el Gobierno ya externalizó en 2008 el servicio de traducción e interpretación de los ministerios del Interior y de Justicia, todo ello a pesar de que contaban con una plantilla de empleados públicos que podían realizar el trabajo. De este modo, el Estado puso en manos de empresas privadas tareas que afectan a la seguridad pública y a la justicia. Ahora, con esta ley, el Gobierno pretende mantener o abrir la puerta, de par en par, a la intermediación de empresas en esta delicada materia. Son empresas sanguijuelas que se lucrarán a costa de la Hacienda pública a razón de 50 euros por hora y que pagarán a razón de 8 euros por hora a traductores e interpretes, a veces sin la necesaria cualificación y teniendo incluso algunos de ellos antecedentes penales.

Con la externalización del servicio se seguirán cometiendo tropelías e irregularidades en comisarías y juzgados, produciéndose quejas sistemáticas en las asociaciones de traductores e intérpretes e incluso en los sindicatos policiales. Además, el texto gubernamental solo hace referencia a los traductores e interpretes del ámbito judicial, olvidándose del ámbito policial cuando la directiva europea es clara en el hecho de que abarca a la totalidad del proceso penal. Para una mayor transparencia del proceso penal, nosotros también proponemos la grabación audiovisual e integral de los juicios, tal y como ocurre en los principales países de nuestro entorno. Finalmente, proponemos la derogación expresa de los artículos 398, 440, 441, 442, 762.8 del real decreto por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal para evitar malentendidos en el nombramiento de los intérpretes.

Es evidente, señorías, que ciento treinta y dos años después de aquella norma de 1882, estos artículos han quedado obsoletos. Nuestra principal preocupación es que esta norma nace también obsoleta.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Llamazares.

Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Jané.

El señor JANÉ I GUASCH: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, estamos ante un proyecto de ley orgánica, lo que exige su debate en Pleno. Por tanto, a lo que normalmente ocurre con los proyectos de ley, cuyo dictamen se encomienda a las comisiones con competencia legislativa plena, pasando posteriormente al Senado, hay que añadir que, al ser un proyecto de ley orgánica, forzosamente ha de debatirse en Pleno el dictamen de Comisión, lo que nos ha dado una nueva oportunidad. Por tanto, la reflexión que queremos hacer desde Convergència i Unió es que quizá deberíamos extender en más ocasiones lo que los grupos solicitamos respecto de la avocación a Pleno de los proyecto de ley, porque demuestra -y este es un ejemplo- que el hecho de tener una instancia más puede contribuir a mejorar lo que son propuestas de enmiendas de los grupos, dar una oportunidad más a esas propuestas de ser aceptadas.

Si recapitulamos sobre cuál ha sido la tramitación de este proyecto de ley, en ponencia solo se aceptó una enmienda de Convergència i Unió, la número 20; en Comisión solo se aceptaron dos enmiendas, la 24 y la 29, que se unieron a la 20 ya incorporada en ponencia, ambas también de Convergència i Unió. Hoy, el portavoz del Grupo Popular, el diputado Pablo Casado, a quien agradezco esa predisposición a intentar buscar más enmiendas que puedan ser aceptadas, nos anuncia que van a aceptar las enmiendas 17, 18, 21, 25, 27 y 28, de Convergència i Unió, que se unirían a las ya aceptadas previamente. Por tanto, le agradecemos desde Convergència i Unió esa posibilidad de avanzar en temas concretos que son importantes para un colectivo que quedaba olvidado en el proyecto de ley. Me estoy refiriendo, señora presidenta, a las personas con discapacidad auditiva y sordociegas. Desde Convergència


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i Unió tuvimos una especial sensibilidad al recoger las propuestas que nos llegaban de este colectivo. Gracias, hoy, a la incorporación de este conjunto de enmiendas de Convergència i Unió, este colectivo va a tener un reflejo adecuado en la ley orgánica de trasposición de directivas de cumplimiento de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, en esa concreta asunción de ese colectivo que quedaba marginado, queremos agradecer al grupo mayoritario que haya acogido estas enmiendas, porque no hubiera tenido explicación alguna habernos olvidado de ellos en el proyecto de ley y hacerlo también durante su tramitación parlamentaria. Así, bienvenido sea este ulterior trámite.

Lamentablemente, este proyecto de ley tiene un vicio de entrada en un aspecto que podríamos haber orillado del proyecto de ley, y seguramente hoy tendría una votación mucho más consensuada en este hemiciclo. Repito, hay un aspecto que podríamos apartar porque simplemente se remite a futuras normas y ya se harán en todo caso. Desde Convergència i Unió debemos denunciar este vicio porque convierte en inconstitucional este proyecto de ley. Es inconstitucional todo aquello que vulnere directamente la Constitución o los estatutos de autonomía aprobados, que forman parte de ese bloque de constitucionalidad. Lamentablemente, la disposición adicional única en su planteamiento del registro oficial único de traductores e intérpretes judiciales, se olvida que las competencias que en esta materia -lo decía también el señor Olabarría- las tienen asumidas las comunidades autónomas, en cuanto a la provisión de medios personales, materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia. En el caso de Cataluña se han hecho esos traspasos, el nuevo estatuto de autonomía los recoge de manera clara en los artículos 103 y 104. Estos artículos han pasado el filtro del Tribunal Constitucional, en el sentido de que no hay vicio de inconstitucionalidad alguna en ellos. Además la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 37 establece claramente que corresponde al Ministerio de Justicia o al órgano competente de la comunidad autónoma, con competencias en materia de justicia, proveer a los juzgados y tribunales de los medios precisos para el desarrollo de su función con independencia y eficacia. Todo ello, nos lleva a denunciar que todo lo relativo a medios personales y materiales para la traducción e interpretación se va a hacer desde un registro que vulnera esa competencia autonómica. Es una competencia en la administración de la Administración de Justicia y, por tanto, no podemos votar favorablemente este proyecto de ley. No lo podemos hacer porque en un tema que podría no haberse incluido, han quebrantado ese reparto competencial y lo lamentamos.

Desde la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya se hizo un informe cuando el Gobierno pidió consulta previa con respecto al anteproyecto de ley del estatuto de la víctima. Curiosamente, todo este aspecto de la Ley Enjuiciamiento Criminal, que hoy reformamos, venía inicialmente en el proyecto de ley del estatuto de la víctima y después se disoció. Y ese mal concepto del registro venía también en ese estatuto de la víctima. Finalmente, tenemos que lamentar que al disociarse ese vicio -que la Generalitat de Catalunya puso en evidencia en su informe- se haya eliminado ese registro único, se haya posibilitado la existencia de diversos registros, y que las comunidades autónomas -que son las competentes- no tengan en sus registros ese personal acreditado, ya que no se nos hizo caso. Lo advertimos antes, por eso lamentamos en este sentido que no hayamos aprovechado mejor el trámite de ponencia y de Comisión, aunque nos queda un Pleno en el Senado. Yo pido en este caso al grupo mayoritario, por esa apertura que hoy ha demostrado hacia ese colectivo de personas que utilizan el lenguaje de signos, que van a quedar finalmente bien amparados en el proyecto de ley, que nos gustaría que en el trámite del Senado o quizá incluso en la votación de las enmiendas del articulado que presentan el Grupo Vasco o Convergència i Unió, fueran sensibles a esos planteamientos competenciales. Y desearíamos que también fueran sensibles a los planteamientos que nos hacen los colectivos profesionales organizados en asociaciones, que interpelan a los grupos parlamentarios diciendo que el servicio de interpretación y traducción debe realizarse con las garantías debidas por esos profesionales, porque eso tampoco queda garantizado en el proyecto de ley.

Por tanto, conculcamos competencias, no recogemos los planteamientos de los profesionales en este ámbito y, por último -se ha dicho ya por parte de otros portavoces-, se dice: todo esto lo vamos a hacer sin incremento de medios, sin incremento de presupuesto; vamos a hacer una adaptación de la directiva que al final al ciudadano no le va a suponer ningún incremento presupuestario porque no le vamos a dar medios ni le vamos a dar una financiación adecuada. Entonces, ¿qué estamos legislando? No podemos poner en un proyecto de ley lo que parece ya una cláusula de salvaguardia del presupuesto futuro y decir a quien al final tenga que aplicar esta ley: cuídese mucho porque no va a poder destinar ni un euro más para mejorar algo.


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Esto lo pudimos vivir en Cataluña, con la traducción del catalán al castellano, respecto de personas y cargos del Gobierno en un juicio reciente en la Audiencia Nacional, donde no hubo una traducción adecuada en muchos momentos. Lamentamos que no se haya dado este paso adelante. Agradecemos a los ponentes del Grupo Popular, muy especialmente al señor Casado, la aceptación hoy de estas enmiendas para este colectivo sensible -que lo es para todos- y esperamos que en el trámite del Senado sigamos en esa necesaria mejora de este proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Janè.

Por el Grupo Socialista, señor Martín Peré.

El señor MARTÍN PERÉ: Gracias, señora presidenta.

Quiero comenzar mi intervención haciendo hincapié, como lo han hecho también otros ponentes y portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, en la necesidad de llevar a cabo la trasposición de estas directivas que han dado lugar al presente texto de nombre tan difícilmente mencionable. Y quiero hacerlo porque en un contexto o en un marco de globalización y de confluencia social, como en el que nos encontramos, que haya personas que pudieran encontrarse con una barrera en la defensa de sus derechos en un procedimiento penal por cuestiones idiomáticas es una cuestión que no podemos permitirnos en un Estado democrático y moderno como el nuestro; de ahí, como decía, la importancia de la trasposición de las directivas.

Ahora bien, lo que mi grupo no comprende ni comparte es que, ante una ley que establece derechos y garantías en materia de procedimiento penal y que además tenía fundamentalmente un calado técnico, haya habido un comportamiento por parte del Gobierno -que han citado y explicado muy bien los otros ponentes- que ha convertido prácticamente en una cuestión política lo que sin duda alguna era una cuestión técnica. Y quiero hacer mención, y he dicho expresamente el Gobierno, porque me consta el esfuerzo que ha habido por los ponentes del Partido Popular por tratar de llegar a acuerdos para la adopción de determinadas enmiendas que habíamos formulado para su mejora técnica. Pero ha sido precisamente el Gobierno el que con una actitud absolutamente inexplicable e intransigente, como decía, ha llevado esta cuestión al terreno de lo político. Porque ¿a quién le parece lógico que un proyecto de ley que teóricamente lo que tiene que hacer es instituir o garantizar derechos, fortalecer esas garantías en un procedimiento penal, y que además lleva aparejada la trasposición de dos directivas europeas, cuente con el voto en contra o con la abstención de prácticamente todas las fuerzas que conforman la oposición? Sin duda alguna, este es uno de aquellos casos en los que la mayoría absoluta que ostenta el grupo parlamentario que apoya al Gobierno demuestra que se encuentra con una soledad absoluta.

Paso a explicar algunos de los motivos por los que entendemos que nuestras enmiendas mejoraban técnicamente este proyecto en lo que supone la defensa y garantía de esos derechos procesales. Por ejemplo, en la reforma del artículo 123 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal hacíamos hincapié en que la traducción de todas las resoluciones, relativas también al procedimiento o fase de ejecución, era necesario que figurara de forma expresa en el texto del proyecto, y no solo lo decíamos nosotros y otras formaciones políticas, sino que el Consejo General del Poder Judicial en su informe preceptivo también hacía mención a este aspecto. Sin embargo, ustedes han preferido mantener la fórmula de que sean aquellas resoluciones que se consideren esenciales, con lo cual introducen un elemento de discrecionalidad, y tendrá que ser el juez correspondiente el que tome la decisión de cuáles son los documentos que se traducen y cuáles no que, en nuestra opinión, en modo alguno garantiza esos derechos. Consideramos que nuestra fórmula, siguiendo como decía también la recomendación del Consejo General del Poder Judicial, establecía una mejor garantía de esos derechos. Por eso entendemos que la explicación del Gobierno respecto a que con la fórmula que quedara finalmente en el texto quedaban plenamente cubiertos, es claramente insuficiente.

Lo mismo sucede con la reforma del artículo 124 y la que hace mención a la creación del registro oficial de traductores e intérpretes, sobre el que hay varias cuestiones que quiero sacar a colación. La primera de ellas es que si tan importante, y en eso estamos de acuerdo los grupos, es la trasposición de estas directivas porque garantizan y amplifican esos derechos, ¿cómo puede ser que después establezcamos el plazo de un año para la tramitación o mejor dicho presentación del Gobierno de una ley que suponga la creación del registro oficial? Digo el plazo de un año máximo porque, como ustedes saben, si se presenta esa ley en el plazo máximo de un año, después para su tramitación y posterior aprobación y creación va a transcurrir más tiempo. Si es tan importante la trasposición de las directivas,


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¿por qué dejamos coja a esta ley con la demora de la creación de un instrumento esencial que permitirá garantizar, a través del control de las personas que figuren inscritas en ese registro, la competencia de los traductores e intérpretes que deban figurar en el mismo?

Por otra parte, como bien decía el señor Jané y ha mencionado también el señor Olabarría, entre otros, entendemos que no costaba nada hacer una referencia a la existencia o posible existencia de otros registros oficiales, puesto que los estatutos de autonomía de segunda generación establecen que: determinadas comunidades autónomas podrán tener competencia en materia de justicia y aquellas que ya lo han solicitado así lo tienen. En este caso, nos encontramos con que una ley de estas características podría incurrir en una manifiesta inconstitucionalidad, cuando era sencilla la fórmula que nosotros habíamos propuesto de que se hiciera mención a otros registros de las administraciones competentes. Tampoco el Gobierno ha querido aceptar esta fórmula que habíamos propuesto. Insisto en que es incomprensible la falta de voluntad política del Gobierno por la mejora de un texto cuando no eran cuestiones netamente políticas.

Quiero hacer referencia también a que si condicionamos el cumplimiento o la ejecutividad de esta ley a la disponibilidad presupuestaria que haya, sin que pueda haber ningún incremento o coste alguno, literalmente estamos destinando la posible utilidad de esta ley a ninguna. Porque pretender que una ley de estas características va a poder ser llevada a cabo o las disposiciones que contiene sin que eso constituya ningún tipo de incremento económico, es estar de espaldas a la realidad. Por ese motivo mi grupo entiende que, aunque no vayamos a votar en contra de una ley de estas características, hay argumentos suficientes como para que nos abstengamos en la votación de la misma. Esa será, como decía, la postura de mi grupo.

Quiero finalizar mi intervención haciendo una pequeña digresión aprovechando que estoy aquí. Para este parlamentario ha sido un honor durante todos estos años haber podido compartir escaño y grupo parlamentario con un diputado de la talla de Alfonso Guerra, quien sin duda alguna ha sido un ejemplo para todos nosotros como parlamentario, como socialista, y quien sin duda alguna ha demostrado con su persona que el socialismo no solo se predica sino que se practica.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martín.

Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, tiene la palabra el señor Tardà. También intervendrá el señor Urbina.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señorías, ya anuncio que nuestro voto no será favorable a esta modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que no se han traspuesto las dos directivas europeas tal como nosotros considerábamos que tenía que hacerse. Después de tantos años denunciando las resistencias por parte del sistema judicial español a la normalización de las lenguas cooficiales, pero también a las lenguas propias no oficiales, después de constatar en los últimos años y denunciado cómo y de qué manera se ha ido en regresión en todo aquello que compete a la normalización de estas lenguas cooficiales, vemos cómo hoy se han traspuesto estas directivas europeas sin haberlo hecho de una manera explícita. Por enmendamos el proyecto de ley con una nueva redacción al artículo 124. No entendemos cómo los órganos judiciales, a solicitud de una de las partes, no ejecutan todo el procedimiento en la lengua cooficial de la comunidad autónoma donde está ubicado el órgano jurisdiccional.

Por supuesto, tampoco entendemos cómo no se garantizan los derechos del imputado o acusado a expresarse en la lengua propia del territorio, incluso -repito- si no es oficial, y cómo y de qué manera no se garantiza que las demandas y pruebas escritas u orales se redacten en la lengua del territorio y también todos los documentos atinentes a un procedimiento judicial, previa solicitud de la persona interesada. De hecho, habrán observado que a lo largo de mi intervención he hablado de lenguas cooficiales. En el Estado español hay cuatro -el catalán, el vasco, el gallego y el occitano-, además de la lengua española, que es oficial en todo el territorio del Estado. Esta trasposición debería haber sido fiel a la Carta europea de las lenguas regionales y minoritarias del año 1992, que el Estado español ratificó y suscribió. En ese sentido, esto no se garantiza. De hecho, deberíamos haber incorporado en el artículo 2, que es donde se especifican los derechos de las personas detenidas o presas, el derecho a expresarse en cualquier lengua oficial, aun cuando no fuera oficial, en cualquier lengua del territorio. La explicación es muy fácil: ¿Qué pasa con la lengua asturiana, qué pasa con la lengua tamazight, qué pasa con la lengua catalana en los territorios de la Comunidad Autónoma de Aragón, qué pasa con la lengua


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aragonesa? ¿Por qué estos ciudadanos del Estado español no tienen que tener garantizados -repito- sus derechos lingüísticos cuando el paraguas que nos protege a todos desde la legislación europea no es otro que el de la Carta europea de las lenguas minoritarias y regionales, que -repito- es del año 1992 y que fue ratificada por el Estado español?

Es evidente que estas directivas hubieran podido ser traspuestas y, aprovechando esta trasposición, garantizar los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos en aquellos territorios donde su lengua es cooficial, pero también hubiera sido una ley ejemplar a otras legislaciones europeas para que por fin se atendiera a las lenguas propias de un territorio aun cuando no sean oficiales. Déjenme que en honor a estos parlantes las cite: la lengua tamazight hablada por la mayoría de los ciudadanos de Melilla y Ceuta, la lengua asturiana, la lengua aragonesa y la lengua catalana hablada por miles de ciudadanos aragoneses.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.

Señor Urbina.

El señor URBINA FERNÁNDEZ: Señora presidenta, señorías, compartiendo muchas de las cosas que aquí se han dicho, una de las directivas que se traspone, la Directiva 2012/13, habla de mucho más que del derecho a la información. Es bastante más amplia y en uno de sus apartados nos queremos centrar. Más que en lo que dice el dictamen, queremos hacer hincapié en parte de lo que no dice por entender que tiene una importancia fundamental.

Una de las cosas que no conlleva es la derogación del régimen de detención incomunicada, algo que está muy relacionado con aquello que pretende defender esta directriz europea. Por tanto, no conlleva la derogación expresa de los artículos 520 bis y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es algo que se viene exigiendo tanto desde diferentes organismos del Estado español como desde instancias internacionales; por nombrar una de ellas, Naciones Unidas. Durante los últimos años se viene requiriendo al Estado español para que derogue esa situación de incomunicación. Es algo urgente porque sabemos que el artículo 527 supone en sí mismo una merma de derechos para el detenido. Además, supone un evidente riesgo de vulneración de derechos fundamentales. Esto es algo que no digo yo, sino que se ha reiterado en diferentes ocasiones por instituciones internacionales y que se constata por los cientos de denuncias de torturas que han existido a lo largo de los últimos años.

Además de urgente, creemos que es posible, porque a raíz de la trasposición de esta directiva se modifica -entre otros- el artículo 520 y la propia filosofía de la directiva o el hecho de intentar garantizar el derecho a designar abogado de confianza o a poder entrevistarse con él eran buenas disculpas para cumplir aquello que se está requiriendo de manera incisiva desde organismos e instancias internacionales. Pero no, el Gobierno sigue empecinado en mantener un régimen que, entre otras cosas, supone un riesgo de vulneración de derechos fundamentales. El hecho de que no se derogue es algo premeditado, consciente y reiterado, hasta el punto de que en el anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se siguen manteniendo esos mismos artículos aunque se pretenda maquillar, ya que evidentemente se mantiene el régimen de incomunicación. Esto es algo que además va acorde con la propia actitud que ha mantenido el Gobierno español, el de ahora y los anteriores, es acorde con la actitud que han mantenido el PSOE y el Partido Popular con el tema de la tortura, ya que a pesar de que en reiteradas ocasiones desde tribunales europeos -hasta en más de seis ocasiones se le ha requerido para que se realicen investigaciones en profundidad de las denuncias de torturas- no se ha adoptado ninguna medida para ello. Al contrario, nos encontramos con una posición negatoria, de negación de la existencia de la tortura, de ocultamiento y de no facilitar el esclarecimiento de todos esos hechos. Eso lo percibimos de manera diaria, hasta en nuestra propia actividad como diputados, cuando vemos negadas sistemáticamente informaciones que en modo alguno podrían ser negadas. En cualquier caso, llegará el día -igual que en Brasil, en Estados Unidos o en Túnez, como supimos la semana pasada- en que se realizarán comisiones de investigación de la tortura y posiblemente el Gobierno de turno tenga que reconocer a las víctimas de la tortura, tenga que reparar y tenga que poner mecanismos para que no se vuelva a repetir la tortura; uno de esos mecanismos tendrá que ser derogar los artículos 527 y 520 bis.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Urbina.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Casado.


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El señor CASADO BLANCO: Gracias, señora presidenta.

Tal y como se ha venido señalando -y también omitiendo- en un título tan largo de este dictamen del proyecto de ley que sometemos a debate y votación en esta Cámara, la trasposición de estas dos directivas comunitarias exigía una modificación parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por un lado, y de la Ley orgánica del Poder Judicial, por otro. En nuestra opinión, esta modificación refuerza las garantías del proceso penal y regula el derecho a la traducción, interpretación y a ser informado sobre el objeto del proceso penal para garantizar precisamente un eficaz ejercicio del derecho a la defensa; este es el objeto que hoy estamos debatiendo. Otras cuestiones se debatirán también en la reforma de otros artículos de la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal o por supuesto en la cercana entrada y debate en la Cámara de la reforma del Código Penal.

El derecho a la traducción e interpretación se consagra en la normativa internacional y en nuestra Constitución. En primer lugar, en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el artículo 14 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos de Naciones Unidas y, como decía, en nuestra Carta Magna según el apartado 3 del artículo 17 o en el propio artículo 24 al desarrollar derechos fundamentales y libertades públicas. Es este derecho del imputado o acusado a ser asistido por un intérprete el que se extiende a todas las actuaciones en las que sea necesaria su presencia incluyendo el interrogatorio policial o por el ministerio fiscal y todas las vistas judiciales. Creo que a esto se refería la portavoz de Unión Progreso y Democracia y, por supuesto, también se incluye el interrogatorio policial y las actuaciones del ministerio fiscal. También se extiende a la preparación de su defensa, a las comunicaciones con su abogado -lo acabamos de escuchar también, hay que leerse bien el texto-, que además pueden guardar relación directa con cualquier interrogatorio o vista judicial durante el proceso, o a la presentación de un recurso u otras solicitudes procesales. Asimismo contempla la traducción de los documentos esenciales, como son las resoluciones por las que se priva a una persona de libertad, los escritos de acusación o las sentencias. Es muy relevante que esta nueva regulación recoge que la traducción deberá hacerse en un plazo razonable y en consonancia con las exigencias del artículo 3 de la citada directiva europea, y además se posibilita el uso de las nuevas tecnologías para efectuar la interpretación, que es uno de los puntales que está defendiendo el Ministerio de Justicia: modernizar e informatizar la Administración de Justicia. También se garantiza el derecho a recurrir la decisión por la que se deniegue el derecho a la interpretación o a la traducción; con lo cual, podemos decir -y así lo pensamos desde el Grupo Parlamentario Popular- que las modificaciones introducidas en esta Ley de Enjuiciamiento Criminal reforzarán el derecho a la libertad y el derecho a un juicio equitativo.

Entrando, en concreto, en las modificaciones del articulado, es el 118 de esta ley el que regula el derecho de defensa, y ahora señala de forma clara y precisa que toda persona a la que se impute un acto punible tendrá derecho a ser informada de los hechos que se le imputan, así como de cualquier cambio relevante en el objeto de la investigación y en los hechos imputados, y ahora también el derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación para salvaguardar el derecho de defensa y el derecho a la traducción e interpretación que han de ser gratuitas.

El derecho a la información de los detenidos o presos se regula en el artículo -también citado- 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ya recogía la mayor parte de derechos a los que hace referencia la directiva, pero que resultaba necesario incluir, en primer lugar, el derecho de acceso a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad, también aquí citadas; en segundo lugar, el derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete; y, en tercer lugar, a la información del plazo máximo legal de duración de la detención hasta la puesta a disposición de la autoridad judicial.

En cuanto a la forma -también muy importante- en la que esta información ha de ser suministrada, se exige que sea proporcionada en un lenguaje accesible, adaptado a la edad, grado de madurez, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal del imputado o detenido. Además, en los casos de los detenidos o presos, la información de los derechos que les asisten deberá efectuarse siempre por escrito. De esto hablaré posteriormente, en cuanto a la incorporación de las previsiones a las que ha hecho referencia el portavoz de Convergència i Unió para las personas con discapacidad auditiva.

En relación con el plazo para recibir la información, los imputados deberán recibirla sin demora injustificada, y en los casos de los detenidos o presos la información deberá ser suministrada de forma inmediata. Con lo cual, las enmiendas presentadas -no está el señor Llamazares- con las atribuciones y expresiones, incluso como el rodillo o la apisonadora, hacia el grupo mayoritario respecto a las enmiendas presentadas por otros grupos, son absolutamente falsas. De hecho, un quinto de todas las enmiendas se


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han aprobado -es decir, diez enmiendas de cincuenta- y muchas no solo de los dos temas fundamentales de los que ahora mismo desglosaré, sino de otras cuestiones técnicas que, además de las precisiones de las propias letradas, se han ido incorporando a este texto. Por ejemplo, la enmienda número 4 del Grupo de La Izquierda Plural -a la que no ha hecho referencia el señor Llamazares- o las 21 y 20, de Convergència i Unió, que pensábamos que aportaban una positiva precisión técnica y jurídica al texto. También las de ese bloque para la adaptación de esta ley a las personas con discapacidad auditiva, incluyendo el lenguaje de signos en distintos artículos, ha sido la razón para aceptar las enmiendas 17, 18, 24, 25, 27, 28 y 29 del Grupo de Convergència i Unió.

¿Cuál era el otro bloque que a todos los grupos interesaba -a nosotros a los que más- y a las asociaciones judiciales, por cierto con las que lleva trabajando este grupo desde que se presentó una proposición no de ley el 8 de julio de 2013 para mejorar la formación de este colectivo? El bloque relativo a la creación del registro oficial de traductores e intérpretes judiciales que esta ley no regula, sino que simplemente anuncia que se ha de reglamentar, se ha de presentar por parte del Gobierno en el plazo de un año una ley que será la que lo desarrolle. Con lo cual, no estamos en un debate de contenido. Por supuesto que todos conocemos las competencias autonómicas. ¡Solo faltaba! Aquí no se habla de una inconstitucionalidad. ¡Claro que habrá que tener también un desarrollo en registros oficiales en aquellas comunidades autónomas que tengan transferidas las competencias en materia judicial! ¡Pero es que esta ley no lo regula! Con lo cual, lo que estamos diciendo es que se emplaza a la regulación -es decir, a la presentación de una ley en esta Cámara por parte del Gobierno- para desarrollar esta previsión que esta trasposición de directivas está haciendo a través de la modificación de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal.

Además, esta disposición final que se incluye en esta ley es bastante clara. Quiero hacer referencia a ella para que no haya ningún equívoco. Esta disposición final se refiere a la creación de este registro como mecanismo necesario para garantizar la adecuada realización de una tarea fundamental para el desarrollo de los procesos por parte de estos profesionales, que son imprescindibles y tremendamente valiosos en todo el procedimiento. De este modo -como decíamos-, habrá un plazo de un año -además, siempre se ha demostrado, por ejemplo, en la Ley de mediación que se cumple y que llegará a la Cámara-, de manera que con ese proyecto de ley, para crear ese registro, se puedan inscribir todos aquellos profesionales que cuenten con la debida habilitación y cualificación, aquella que reclamaban otros grupos, que ya está incluida en la propia disposición final y, por supuesto, se recogerá en el desarrollo legislativo de este registro. Además, se decía que ha de ser necesaria porque con el fin de elaborar las listas -tan criticadas aquí- de traductores e intérpretes a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se han de crear este registro y estas previsiones. ¿Cuáles serán las normas de funcionamiento de este registro? Pues serán las establecidas reglamentariamente, tampoco se ocupa el trámite legislativo de esas normas y, desde luego, tampoco es objeto de la presente ley orgánica que hoy debatimos.

En cuanto a la inscripción en este registro oficial, será requisito necesario para la actuación de estos profesionales por designación del juez o del secretario judicial ante la Administración de Justicia, que es algo que se reclama desde los grupos de la oposición y que reclamaban las asociaciones y, repito, ya estaba incorporado en esta disposición. Y por último, también hace referencia a los requisitos, que deberán ser proporcionados y no discriminatorios, y podrán basarse en la experiencia del profesional o en el conocimiento adicional de cuestiones procedimentales o jurídicas en cumplimiento con esos deberes también deontológicos previstos en la ley; es decir, que para inscribirse en este registro el Ministerio de Justicia podrá solicitar el cumplimiento de unos requisitos diferentes a la mera formación o titulación que se establezcan reglamentariamente según el idioma de que se trate, tal y como también se reclamaba.

En definitiva, señorías de los grupos de la oposición, yo agradezco las intervenciones tanto del Grupo de Convergència i Unió como del Grupo Socialista, en las que se destaca el esfuerzo que se ha hecho por parte de este grupo parlamentario y también por parte del Gobierno para indicar que esta trasposición de dos directivas comunitarias en la figura de una ley orgánica que modifica otras dos leyes orgánicas, evidentemente, no entra en la profundidad ni reglamentaria ni tampoco de desarrollo legislativo de un registro, mucho menos ya de otras cuestiones de entidad procesal, que deberían debatirse en la propia reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no solo en esta relativa a los derechos de traducción e interpretación e información. Coincidimos en el fondo pero en la forma esas previsiones se tendrán que desarrollar con una ley, que el Gobierno ya garantiza a través de la aprobación de esta ley orgánica que vendrá a la Cámara. En definitiva, esta ley garantiza lo que nos importa, que es la homologación a nivel europeo de la protección de los derechos procesales en los diversos países, lo que sin duda contribuirá a potenciar la confianza entre los


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Estados miembros, así como los instrumentos de reconocimiento mutuo que son tan importantes en la cooperación, y también enriquece nuestro proceso penal precisamente desde la perspectiva del acusado o imputado, del detenido o del preso y su derecho a su tutela judicial efectiva.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Casado.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL CÓDIGO PENAL MILITAR. (Número de expediente 121/000107).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al siguiente punto del orden del día. Debates de totalidad de iniciativas legislativa. Debate de totalidad del proyecto de ley orgánica del Código Penal Militar. Para su presentación, tiene la palabra el señor ministro de Defensa.

El señor MINISTRO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Señora presidenta, señorías, hace casi tres años, cuando comparecí por primera vez ante la Comisión de Defensa de esta Cámara para presentar los objetivos generales del Gobierno en materia de defensa, les anuncié que la legislatura sería parca en proyectos de ley, dada la intensidad en este aspecto de las anteriores, y el criterio, que mantengo, es que la institución de las Fuerzas Armadas requiere estabilidad jurídica y por ende poco vaivén legislativo. Sin perjuicio de lo anterior, también les anuncié en aquel acto que cumpliríamos los mandatos legislativos que heredábamos de la anterior legislatura y que eran necesarios, podríamos decir imprescindibles, para completar la arquitectura legal básica de la defensa nacional.

Así, me honra comparecer por segunda vez ante ustedes en un trámite de totalidad para presentarles el proyecto de ley orgánica del Código Penal Militar, que viene a reformar el vigente de 1985. Como les decía, la primera razón para la reforma la encontramos en el mandato establecido en el apartado 3 de la disposición final octava de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, el que dice que el Gobierno deberá remitir al Congreso de los Diputados un proyecto de ley para la actualización de la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar, y para realizar las necesarias adaptaciones de las leyes procesales militares. Este mandato no es arbitrario, trae varias causas que mayormente tienen su origen en que han pasado casi treinta años desde la entrada en vigor del Código Penal Militar vigente. Durante ese tiempo se ha llevado a cabo el proceso de modernización de la organización militar, la profesionalización ya culminada de las Fuerzas Armadas, así como el nuevo modelo organizativo y de despliegue territorial de las mismas. También hemos afrontado la permanente participación de nuestras unidades militares en misiones internacionales fuera de nuestro territorio.

Teniendo claro, por tanto, lo oportuno de realizar una actualización en las palabras de la Ley de derechos y deberes del vigente Código Penal Militar, procedimos a marcar unos objetivos a alcanzar con esta pieza legal. El primero y principal era el derivado de la naturaleza de ley penal especial del Código Penal Militar, por lo que debe de acoger en su articulado únicamente los preceptos que no tienen cabida en el texto común o, aun teniéndola, requieren alguna previsión singular que justifique su incorporación a la ley militar. En consecuencia, el número de disposiciones del proyecto que ahora les presento no alcanza la mitad de los del texto anterior de 1985; son 88 artículos frente a los 197 del Código vigente. Esta reducción es la lógica consecuencia de su complementariedad respecto del Código Penal común y es también acorde con los modelos actuales de códigos o leyes penales militares de los países de nuestro entorno.

El segundo objetivo que nos planteábamos era dar cumplimiento a las obligaciones convencionales asumidas por España, en particular las relativas a la prevención y el castigo de las violaciones del derecho internacional humanitario, así como a las derivadas de la ratificación de la Ley Orgánica 6/2000, de 4 de octubre, del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

El tercer objetivo se concretaba en la conveniencia de introducir nuevas figuras delictivas que agrupamos en un título propio y que otorgan protección penal al ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de los militares, por imperativo de la citada Ley Orgánica 9/2011. Por último, hemos llevado a cabo el perfeccionamiento jurídico del contenido por razones de orden técnico derivadas de la experiencia en la aplicación jurisprudencial del Código Penal Militar de 1985 y también de adaptación terminológica a un lenguaje técnico-jurídico más actual y de común aceptación.

Las tareas a realizar para alcanzar todos estos objetivos justifican plenamente que la actualización ordenada por la ley citada se haga mediante la elaboración de un Código Penal Militar completo. Facilitamos


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así su aplicación práctica, a la vista de los numerosos preceptos que deberían ser modificados y la notable reducción de su contenido, tanto en su parte general como en su parte especial. Permítanme que antes de pasar a hacerles un rápido repaso del contenido me detenga un momento en una reflexión conceptual de principios, que a la vista de las enmiendas a la totalidad que se han presentado ocupa la preocupación de los grupos. Comenzaré por lanzar una aclaración: este no es un debate sobre la jurisdicción militar. Muchos de los países de nuestro entorno tienen esta jurisdicción, otros menos no, pero prácticamente todos tienen un Código Penal especial. Es evidente que este Código especial que yo les presento ahora tiene su fundamento constitucional en el artículo 117.5 de la Ley fundamental y también que la doctrina del Tribunal Constitucional interpreta que la redacción del precepto pretende limitar el ámbito de la jurisdicción militar a lo estrictamente indispensable. Esta limitación se identifica en tiempos de normalidad con los delitos exclusivamente militares, tanto por su directa conexión con los objetivos, tareas y fines propios de las Fuerzas Armadas, como por la necesidad de una nueva vía judicial específica para su conocimiento y eventual represión. Así pues, el concepto central del proyecto es el delito militar, en torno al cual se construye la especialidad de la Ley Penal Militar y su carácter complementario con el Código Penal.

La noción de delito militar abarca no solo los definidos específicamente en la parte especial -en el libro segundo- como delitos militares, sino también aquellas conductas que lesionan bienes jurídicos estricta o esencialmente militares incriminados en la legislación penal común, siempre que sean cualificados por la condición militar del autor y además por su especial afección a los intereses, al servicio y a la eficacia de la organización castrense conforme con la doctrina constitucional. En consecuencia, son delitos militares los delitos de traición, delitos que comprometen la paz o independencia del Estado, delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado y determinados delitos contra la Administración pública cuando sean cometidos por un militar con abuso de las facultades e infracción de los deberes establecidos en la Ley Orgánica 9/2011, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, o en la Ley Orgánica 11/2007, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil. Estos delitos estaban ya tipificados en el vigente Código Penal Militar, pero en ocasiones se producían enojosas relaciones de alternatividad que ahora se solucionan con la técnica de complementariedad entre los dos cuerpos jurídicos. Es de destacar que la opción elegida por el proyecto ha sido objeto de informe favorable por el Consejo General del Poder Judicial, por el Consejo Fiscal y, por supuesto, por el Consejo de Estado.

Adentrándonos ya en el contenido del nuevo texto legal, este se divide en dos libros. El primero, dedicado a las disposiciones generales y, el segundo, a tipificar los delitos con el establecimiento de sus penas. Es bien apreciable la reducción del articulado en el libro primero, veintitrés artículos, frente a los cuarenta y ocho del código vigente, debido a la aplicación supletoria -ya lo he dicho- del Código Penal, profundizando en el citado principio de complementariedad de la Ley Penal Militar que se enuncia en el artículo 1. En el mismo precepto se regula la aplicación del código castrense a los miembros de la Guardia Civil, con exclusión expresa del ámbito de competencia militar, para conocer de las acciones u omisiones encuadrables en los actos propios del servicio desempeñados en el ejercicio de funciones de naturaleza policial, de acuerdo con la jurisprudencia consolidada de la Sala Militar de la doctrina de la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo y del dictamen del Consejo de Estado.

Por otra parte, se mantienen las definiciones que encabezan tradicionalmente el código castrense, actualizadas de acuerdo con las exigencias derivadas de la legislación interna o internacional ratificada por España y de las precisiones aportadas por la jurisprudencia y la doctrina. He de notar la simplificación del sistema penológico -en el título III- y su adecuación al del Código Penal, incluyendo la clasificación en penas graves y menos graves. Como novedad, se incorpora la pena de multa de dos a seis meses -multa según el Código Penal- en función de los haberes, como establece el citado cuerpo legal, incluyendo el que se reserva en la parte especial para algunos delitos culposos. Esta pena se determinará y aplicará por el sistema del Código Penal, como les acabo de decir. Asimismo, se determina el lugar de cumplimiento, el establecimiento penitenciario militar, de las penas privativas de libertad impuestas a militares y las especialidades previstas para la situación de conflicto armado. En la aplicación de las penas de los tribunales militares seguirán las mismas reglas señaladas en el Código Penal y razonarán en la sentencia la individualización penal. Se faculta a los tribunales para reducir la pena mínima de prisión de tres meses y un día en uno o dos grados, cuando corresponda según las reglas del Código Penal, sin que pueda ser inferior a dos meses y un día, con objeto de diferenciarla de la sanción máxima de dos meses de arresto previstas en el régimen disciplinario militar. Por otra parte, se determina la sustitución de la pena común de trabajos en beneficio de la comunidad, poco adecuada para cumplirse en el ámbito


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castrense por una pena corta privativa de libertad, facultando también para ello a los tribunales militares en el caso de que la imposición de la pena de multa comporte riesgo para el mantenimiento de la disciplina. Por último, se confiere a los tribunales militares la facultad de aplicar las formas sustitutivas de ejecución de las penas privativas de libertad de los penados que no tengan la condición militar y se les habilita para aplicar las medidas de seguridad y consecuencias accesorias previstas en el Código Penal.

Por lo que respecta al libro segundo, delitos y sus penas, en él se tipifican los delitos militares y se establecen las penas correspondientes. En sus seis títulos se recogen los ilícitos penales específicamente castrenses con una tipificación precisa, respetuosa con el principio de legalidad y taxatividad. En algunos delitos, para evitar problemas de alternatividad, hay una simple remisión a la descripción típica prevista en el Código Penal, conforme al principio de complementariedad que preside este código. El núcleo más característico de las infracciones penales militares está constituido por los delitos contra la disciplina, que se agrupan en el titulo II de este libro. En el capítulo I la ruptura colectiva de la disciplina militar se castiga como delito de sedición militar, incriminando conductas de diferente gravedad y los actos preparatorios. Está previsto que las conductas menos graves puedan sancionarse en vía disciplinaria militar. El capítulo II tipifica, bajo el epígrafe de insubordinación, el insulto al superior y la desobediencia. Aquí, una de las novedades más relevantes de este proyecto de ley es la inclusión de los atentados contra la libertad o indemnidad sexual, sin perjuicio de los clásicos maltratos de obra e insulto al superior. En el delito de desobediencia descrito en términos bien consolidados por la doctrina jurisprudencial, se contempla la exención de responsabilidad criminal en términos similares a los previstos en el Código Penal y en el Estatuto de la Corte Penal Internacional por desobedecer órdenes que entrañen ejecución de actos que constituyan delito o una infracción manifiesta, clara y terminante de una norma con rango de ley o del derecho internacional de los conflictos armados. El capítulo III incrimina el abuso de autoridad, castigando, entre otras conductas, el maltrato de obra, el trato degradante, inhumano o humillante, los acosos sexuales, amenazas, coacciones, injurias y calumnias, así como los atentados a la intimidad, dignidad personal en el trabajo y otros actos discriminatorios. Una de las novedades más relevantes del presente código es precisamente la incorporación del titulo III, ya que incluye y castiga los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas por los militares, otorgando adecuada protección penal a esos derechos y libertades subrayados por la Ley 9/2011. A continuación, el capítulo VII, del título IV, relativo a los delitos contra la eficacia en el servicio, abarca desde las conductas imprudentes hasta violaciones de los deberes militares que inciden directamente en el bien jurídico protegido: la eficacia en el desarrollo de los cometidos estrictamente castrenses. Se incluyen en la tipificación de los daños los ocasionados por naufragio, abordaje, varada, aterrizaje indebido o colisión con otra aeronave para incriminar aquellos delitos náuticos más característicos. La innovación más demandada por la realidad criminológica -de más desgraciada actualidad y con abundantes ejemplos en la legislación comparada- es la incriminación por el tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, con remisión a los tipos del Código Penal cuando tales hechos son cometidos por militar en instalaciones militares, buques, aeronaves, campamentos o durante los ejercicios correspondientes. Son circunstancias que afectan indudablemente a la eficacia en la prestación del servicio y comportan un riesgo evidente para quienes utilizan armas y medios cuyo manejo requiere un especial deber de cuidado, por lo que el castigo de este delito debe ser incorporado al ámbito estrictamente castrense. Otro de los destacados delitos que tipifica este capitulo consiste en la imprudencia en acto de servicio de armas, con resultado de muerte o lesiones constitutivas de delito, con la remisión para su castigo a las penas previstas en el Código Penal para el homicidio o lesiones imprudentes.

El título VI se refiere a los delitos contra el patrimonio en el ámbito militar. Al lado de infracciones clásicas, como la solicitud de crédito para atención supuesta, se incriminan, con remisión a los tipos previstos en el Código Penal, los delitos de hurto, robo, apropiación indebida y daños cometidos por un militar en relación con el equipo reglamentario, materiales o efectos conexos. Se incorporan como novedad determinados delitos contra el patrimonio tipificados también en el Código Penal y cometidos por un militar en instalaciones militares, buques, aeronaves, campamentos o durante ejercicios, cuando afecten al servicio o vulneren las reglas de comportamiento de los militares. Además de la tipificación del prevalimiento de un militar para procurarse intereses en un contrato que afecte a la Administración militar con la remisión al delito previsto en el artículo 441 del Código Penal, se completa el castigo de estas conductas reprobables. Finalmente, se sanciona penalmente el incumplimiento de contrato en caso de conflicto armado o estado de sitio, así como determinadas conductas ilícitas relacionadas con la logística de las Fuerzas Armadas. El título termina con la incriminación específica de la receptación, que remite para su castigo a las penas previstas en el Código Penal.


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Voy concluyendo, señorías. En definitiva, la idea que ha presidido la redacción del presente Código Penal Militar es que los bienes jurídicos protegidos por la norma penal han de ser estrictamente castrenses en función de los fines que constitucionalmente correspondan a las Fuerzas Armadas, de los medios puestos a su disposición para cumplir sus misiones y del carácter militar de las obligaciones y deberes cuyo incumplimiento se tipifica como delito militar. Confío en que esta norma pueda ser debatida en positivo y de forma constructiva. Estamos abiertos a incorporar aquellos elementos de mejora que puedan ser traídos a consideración durante el trámite parlamentario que ahora comienza y que espero sea productivo y se refleje en la mejor legislación posible para nuestras Fuerzas Armadas.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

A este proyecto de ley se han presentado dos enmiendas a la totalidad. En primer lugar, para la defensa de la presentada por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.

Señorías, señor ministro, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia ha presentado -como usted bien sabe- una enmienda a la totalidad con petición de devolución al Gobierno de este Código Penal Militar porque a nuestro juicio la jurisdicción militar en tiempos de paz carece de sentido en un país democrático europeo en el siglo XXI, y su obstinación, aunque sea como continuación de la obstinación del Gobierno anterior, en mantenerla dice al debate de este proyecto del Código Penal Militar. Existen numerosos ejemplos más y menos recientes, muy señaladamente la catástrofe del Yakolev 42, pero también otros en los que las tragedias han tenido menor repercusión social y la justicia militar ha demostrado ser el instrumento de la impunidad de los responsables de delitos, la herramienta con la que encubrir a los autores de otros crímenes y, en suma, el mecanismo por el que se desvirtúa lo que debe ser la Administración de Justicia. Este es el objeto, señor ministro, de nuestra petición de devolución de este texto al Gobierno. La justicia militar, además de garantizar con frecuencia la impunidad, como decía, no puede asegurar su propia independencia, pues en ella prevalecen los criterios de jerarquía y disciplina, que siendo consustanciales a la milicia, entran en contradicción frontal con la Administración de Justicia. Si la justicia no mantiene su rigor ni su independencia, ¿qué sentido tiene, señor nuestro? En un país cuyo sistema democrático está plenamente consolidado, la justicia militar carece de objeto y mantenerla solo es un signo más de inmovilismo de los muchos que caracterizan este fin de época. Nada justifica sustraer a la jurisdicción civil el conocimiento de los hechos relativos al mundo castrense, como tampoco resulta comprensible mantener una jurisdicción de excepción, salvo porque se ponga especial empeño en cultivar con criterios clientelares ciertos ámbitos burocráticos o administrativos.

Por último, la justicia militar ha demostrado ser tan manifiestamente opaca, que si algún sentido tenía lo pierde por completo al haberse extendido en nuestro país ansias de transparencia ciudadana; ansias que superan en mucho, señor ministro, las dos enmiendas de totalidad que usted citaba como haciendo referencia a que hay un consenso tan amplio que solo ha habido dos grupos que hayan enmendado a la totalidad y pedido devolución. Digo que hay ansias de transparencia ciudadana a las que es obligado dar respuesta, entre otras cosas, porque son los propios ciudadanos de uniforme, que llevan uniforme y son militares pero lo primero que son es ciudadanos españoles, son ellos mismos quienes la reclaman, reclaman esa transparencia que es consustancial con la propia democracia. Desde el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia instamos a comenzar a estudiar su desaparición, la del Código Penal Militar, para que sus competencias sean asumidas por la jurisdicción ordinaria, que sería la responsable de aplicar la ley penal militar especial.

En cuanto a la Ley Orgánica 13/1985, de 9 diciembre, del Código Penal Militar, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia cree que debe ser reformada pero ha de ser una reforma orientada a restringir su contenido, ya que gran parte de los delitos recogidos en este Código Penal únicamente se dan en tiempos de guerra, insisto, y en lo referido a tiempos de paz son usualmente delitos contra la disciplina o contra el servicio: delitos contra los deberes de servicio, delitos contra los deberes de servicios relacionados con la navegación, entre otros que usted ha citado, de los que algunos ya se encuentran tipificados en la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal general. ¿Qué quiere decir esto? Ni más ni menos que el objetivo debería ser una ley penal militar cuya regulación se dirija únicamente a lo relativo a lo castrense y para determinadas situaciones de carácter excepcional en la vida de un Estado: estado de alarma, de excepción o de sitio, o declarada la guerra, por ejemplo y como citaba antes. Naturalmente, esto conllevaría traspasar las tipificaciones de delitos o faltas más graves al Código Penal y las más leves


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al régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. El proyecto aprobado por el Gobierno, el que hoy discutimos, extiende además su ámbito de aplicación a tipos penales de los que en modo alguno, insisto, pueden predicar la exclusividad en la preservación de lo estrictamente castrense. Así, el proyecto, como último ejemplo, regula como delitos militares ilícitos penales ya recogidos en el Código Penal común. En contra de lo que se nos dice, de aprobarse el proyecto actual, habría un número mucho mayor de delitos militares tipificados con respecto a los que el Código Penal Militar de 1985 recoge en la actualidad. Usted ha puesto mucho empeño en hablar del número de páginas, pero realmente hay muchos más delitos recogidos en este Código Penal.

Finalmente, una última apreciación. Desde nuestro grupo parlamentario me parece importante destacarlo, no pierden ustedes la oportunidad de meterle un pullazo a la Guardia Civil, y como no pierden oportunidad, ya sea en una ley de acompañamiento, ya sea en la reforma de los presupuestos, ya sea donde sea, también en este Código Penal Militar, aparte de destacar aquellos supuestos que les serían de aplicación a la Guardia Civil recogidos en el 1.4, que no tengo nada que decir al respecto, salvo las reflexiones de carácter general que he hecho para el conjunto, ustedes también hacen una excepción en el artículo 1.5.º Desde nuestro grupo parlamentario lo haremos también en el trámite de enmiendas parciales, si no tenemos éxito y no conseguimos que ustedes hoy acepten la retirada de la ley. Nuestro grupo parlamentario considera que este artículo 1.5.º ha de ser suprimido para que a los miembros de la Guardia Civil les sea únicamente de aplicación lo recogido en el artículo 1.4.º Ya está bien de que ustedes utilicen todos los trámites que pueden para ejercer un nuevo atentado contra los derechos de los ciudadanos que visten en este caso el uniforme verde de la Guardia Civil.

Por todas esas cuestiones, nuestro grupo parlamentario solicita sea rechazado este proyecto y en el trámite en el que estamos la única manera de rechazarlo es que sea devuelto al Gobierno.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Sanz Remón.

El señor SANZ REMÓN: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señor ministro, como hiciera nuestro grupo hace apenas unas semanas y compartiendo gran parte de los argumentos que entonces nos llevaron a rechazar el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, hoy les proponemos devolver su proyecto de ley orgánica de Código Penal Militar. Y lo hacemos también en coherencia con esa ley a la que usted hacía referencia, la Ley de derechos y deberes de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, en concreto en lo que respecta a su disposición final octava en su apartado 3. Señor ministro, esa disposición mandataba dos cosas a esta Cámara: una, actualizar la norma, el Código Penal aún en vigor, no hacer una nueva, actualizarla y, dos, adaptar las leyes procesales que afectan al ámbito militar. Pues bien, después de la lectura de este proyecto que hoy nos traen aquí, ninguno de esos dos mandatos se cumplen debidamente. Eso, sumado a otras cuestiones que iré detallando a continuación, hace más que necesaria la presentación de esta enmienda a la totalidad.

Señor ministro, son muchas las razones que aconsejan desestimar esta ley, muchas, una vez hemos estudiado el texto y hemos podido comprobar los innumerables efectos negativos de aprobarse esta norma que van a tener sobre una cuestión tan básica y fundamental como es la esfera de derechos y libertades individuales de los hombres y de las mujeres que comportan nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Guardia Civil, que es hacia quienes va dirigida esta ley. Lamentablemente, una vez más su Gobierno se caracteriza por la imposición, por las urgencias y en este caso permítame que le diga por la chapuza, y nos trae un texto que dentro de cuatro días, señor ministro, va a tener que ser reformado si queremos cumplir con la norma y con el derecho. ¿Y por qué le digo esto? Porque es absurdo traer aquí una ley penal, que usted mismo ha reconocido que es una ley especial derivada del Código Penal común, cuando esa norma está ahora mismo en trámite de debate en esta Cámara. Es absolutamente absurdo. No entendemos las urgencias ni entendemos la necesidad y lo que sí que denunciamos es que se nos está hurtando un debate mayor, que es la necesidad o no de ese régimen penal militar. ¿Por qué no esperan? No se lo decimos nosotros, no se lo dice el Grupo de La Izquierda Plural, no se lo ha dicho el otro grupo que ha presentado la enmienda a la totalidad, sino que se lo dice el Consejo de Estado en el informe sobre esta ley. ¿Por qué no esperan?

Además, no se quedan aquí y tramitan esta ley también sin tener en cuenta el contenido de los regímenes disciplinarios existentes tanto para las Fuerzas Armadas como para la Guardia Civil, que deberían suponer, señor ministro, el límite previo de configuración de los tipos penales si queremos


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garantizar el principio de intervención mínima penal en el ámbito castrense. Estas normas disciplinarias, señor ministro, a nuestro juicio, y teniendo en cuenta el debate que le he dicho antes que tuvimos hace muy poco tiempo, recogen en buena medida y deberían ser suficientes para la llamada salvaguarda de los bienes jurídicos castrenses. Pero es que, claro, si sumamos además cómo han tramitado esta ley, evidentemente la enmienda a la totalidad recoge muchísimo más sentido. Lo han hecho de espaldas a todos los sectores implicados y a la sociedad en su conjunto. Señor ministro, este Código Penal Militar está elaborado por pocos militares para el conjunto de trabajadores y trabajadoras de las Fuerzas Armadas de nuestro país y del cuerpo de la Guardia Civil. No ha participado el resto de ministerios y ni siquiera ha participado el Ministerio de Justicia. Han desoído absolutamente todo. Han impedido la preceptiva participación de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil -lo de la Guardia Civil fue bochornoso en el trámite previo, señor ministro- y de las Fuerzas Armadas en su debate, incluso el posicionamiento del consejo de personal de las Fuerzas Armadas. Todo esto lo han desoído. El propio informe del Consejo de Estado sobre esta ley así lo determina y así lo dice. Ustedes han hurtado este debate social en la elaboración de esta norma que recoge exclusivamente una única sensibilidad y percepción y niega otros caminos posibles. Ya se lo han dicho desde esta tribuna y yo se lo vuelvo a decir, por qué esta ley no solo se circunscribe a lo estrictamente castrense y sería de aplicar única y exclusivamente en determinadas circunstancias de la vida del Estado. ¿Por qué no se opta por ese modelo? O ¿por qué no se opta por la integración de los delitos militares dentro del Código Penal común? ¿Por qué no? ¿Por qué no se hace ese debate? Sí es preceptivo ese debate antes que este. Ese debate es preceptivo, es antes que este y ustedes evidentemente no lo han permitido. Por el contrario, además extienden el ámbito de aplicación de este Código Penal Militar más allá de lo castrense. Usted ha intentado aquí explicarnos lo contrario, pero, desde luego, leído el texto y analizado, nada de nada, señor ministro. Es así porque recogen ilícitos penales, y usted lo ha reconocido, contemplados ya en el Código Penal común. No entendemos si este país está en una situación de plena democracia, de plena tranquilidad, si tenemos un régimen disciplinario que es muy agresivo, ya se lo dijimos en su día, no entendemos por qué además incorpora ilícitos ya contemplados en el Código Penal común. Es decir, lo que esto supone, independientemente de que el número de artículos se haya rebajado, es que se incrementa el número de delitos militares tipificados.

Señorías, esta norma está afectando al límite constitucional, infranqueable, al aplicar la justicia militar fuera del ámbito castrense. Eso es lo que ustedes traen hoy aquí y tenemos que ser conscientes todos de lo que estamos votando. Además -usted decía que no es momento de hablar de la jurisdicción militar-, ¿qué momento va a ser más apropiado que este si no, señor ministro? Mantienen una jurisdicción militar falta de independencia -se lo dijimos en el anterior debate-, servida por miembros de un único cuerpo que interactúan como jueces, fiscales, secretarios y asesores jurídicos del mando, cuya carrera profesional, evidentemente, depende del Ministerio de Defensa. Señor ministro, si es mala cosa que los jueces sean parte en ningún orden jurisdiccional, en una democracia parece incluso peor que un juez tenga superiores a la hora de desarrollar su trabajo. ¿Les interesa a ustedes o no que haya justicia en el ámbito militar? Es una pregunta que hay que hacerse. O por el contrario ¿prefieren que todo siga como está y se obedezca a los responsables de turno del ministerio, aunque ello suponga la vulneración de los principios fundamentales de los trabajadores y trabajadoras de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de la Guardia Civil? Además, no siendo esto suficiente, incumplen el mandato de esa disposición a la que usted hacía referencia de adaptar las leyes procesales militares a la realidad actual. Eso es determinante para garantizar el derecho fundamental de tutela efectiva, que ahora mismo no se está produciendo en el ámbito castrense, señor ministro, y nosotros le exigimos cambiar ya esta situación. Debemos añadir, por si esto fuera poco, y al igual que pasó con la norma anterior, que afectaba al régimen disciplinario, la falta de taxatividad y certeza que gravita de forma transversal a lo largo de toda la norma y que de aprobarse, señor ministro, tal cual está redactada, no generará ninguna seguridad jurídica y por tanto vulnerará el principio de legalidad. Le voy a poner dos ejemplos. Uno es el que tiene que ver con el apartado 3 del artículo 77. No podían haber hecho una redacción más confusa, oscura e impredecible, a no ser que quisieran garantizar de forma clara, transparente y predecible un tipo penal que utilizar y del que abusar, señor ministro -se lo tengo que decir así-, para perseguir a cuanto militar o a cuanto trabajador de la Guardia Civil resulte molesto. Señor ministro, estro es muy preocupante, porque además ya está pasando en el ámbito castrense y usted lo sabe. Ya está pasando en estos momentos; hay gente, hay trabajadores, hay ciudadanos privados de libertad sin las debidas garantías.

Le decía que iba a poner dos ejemplos. He puesto uno y ahora voy a poner otro. ¿Qué me puede decir -ya se lo han dicho aquí- del apartado 5 del artículo 1, por el que se aplica el Código Penal a la Guardia


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Civil sin definir con absoluta precisión el tipo penal, lo que quiere decir en otras palabras, sin describir con precisión las acciones u omisiones que son consideradas como delito y a las que se les va a asignar una pena. En este sentido, le quiero recordar de nuevo el informe que hace el Consejo de Estado. Lo que dice el Consejo de Estado es lapidario y debería hacerles reflexionar. Se lo leo literalmente. Dice: es preciso identificar con respecto a ese texto -que ustedes cambian y lo pasan de un artículo a otro, pero lo mantienen igual- y catalogar los concretos tipos penales que están incluidos en este apartado. Fíjese, señor ministro, que dicha tarea exigiría en principio, según dice el Consejo de Estado, la revisión completa de todo el libro segundo, delitos y penas. ¿Pero ustedes creen que en estas condiciones podemos aprobar esta ley? ¿No consideran que es necesario reformar, reformular, estudiar y abrir un debate amplio sobre la justicia en el ámbito de lo militar?

En resumen, señorías, señor ministro, a nuestro juicio esto es una verdadera chapuza que rezuma olor a otros tiempos. Queríamos resumirle los cinco elementos que para nosotros caracterizan esto que le acabo de decir. En primer lugar, Proponen una norma que está elaborada de espaldas al conjunto de ministerios y organizaciones profesionales de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas, a los estamentos de consulta preceptivos, a la comunidad universitaria -por qué no- y a la sociedad en su conjunto. Segundo motivo. Elaboran esta norma sin tener en cuenta el Código Penal del que es subsidiaria como ley especial. No tienen en cuenta que esa ley está en proceso de reforma y obvian en su redacción las leyes de carácter disciplinario ya existentes, impidiendo así -aunque usted se empeñe en decirnos desde esta tribuna lo contrario- la imprescindible homogeneidad del sistema penal general de nuestro país. Tercera cuestión. Aumentan el número de delitos militares y el ámbito de aplicación, invadiendo los límites constitucionales tal y como les recuerda y les alerta el informe del Consejo de Estado. Cuarta cuestión. Mantienen una jurisdicción militar dependiente del mando y unas leyes procesales que no garantizan el derecho de tutela efectiva. Quinta y última cuestión y, quizá, el colmo de los motivos: incrementan la falta de certeza y taxatividad exigida constitucionalmente, incumpliendo así el principio de legalidad. Señor ministro, esto es absolutamente inaceptable desde cualquier punto de vista y, sobre todo, desde el punto de vista de la justicia; y estamos hablando de justicia, en última instancia. Si a todo esto le sumamos la arbitrariedad que implica la exclusión de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad y su sustitución por pena de prisión obligada, el canje de la pena de multa por la de prisión o el hecho de que la ejecución de penas de prisión no pueda ser sustituida para la milicia o la Guardia Civil, vuelvo a decirle, señor ministro, que este texto rezuma principios y criterios de otros tiempos ya olvidados.

Señor ministro, parece que este texto estuviera redactado en diciembre de 1978 y no en diciembre de 2014. Quizá suceda esto otra vez porque esta ley haya salido de la cabeza de esos pocos mandos de los estados mayores -eso sí, con el beneplácito de determinadas opciones políticas- que no han entendido que España ya no es aquella España, que España ha cambiado y que no quiere volver a esos tiempos. Hay que avanzar hacia el futuro, no podemos quedarnos atrás. Por eso, pedimos el voto favorable a esta enmienda a la totalidad.

Señor ministro -y con esto acabo-, España no necesita mordazas ni dentro ni fuera de los cuarteles.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Remón.

Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Agirretxea.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.

No creo que vaya a consumir el tiempo que se me asigna. Intervendrá brevemente e intentaré ser conciso.

Tenemos dos enmiendas a la totalidad a la nueva ley orgánica del Código Penal Militar. Podemos hablar de las enmiendas a la totalidad o podemos hablar del proyecto de ley. Es verdad que partimos de una ley que modifica la existente, que data de 1985. Podríamos decir que esa ley fue la que democratizó el Código Penal Militar anterior, del que mejor no hablar. Posteriormente, se modificó el Código Penal común en 1995 y actualmente se está trabajando en otra modificación del mismo, como se ha indicado aquí por parte de otros oradores. Como ustedes saben, señor ministro y señores del PP, mi grupo siempre ha mantenido cierta distancia con lo militar y con el ejército, pero entendemos que los miembros de las Fuerzas Armadas, sean del lugar que sean, necesitan sin duda alguna de leyes que sustenten su actividad. ¿No hubiera sido mejor esperar, tal como ha dicho alguno que otro, a la modificación del Código Penal común para poder incorporar aquellas cuestiones que verdaderamente son necesarias, ya que el Código


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Penal común es la madre que de alguna manera va a regir sobre el Código Penal Militar? Es una pregunta que nos hacemos. Y también nos preguntamos si realmente existe la necesidad de que se mantenga en la jurisprudencia del Estado un código penal específicamente militar. Quizás es más moderno incorporar -el ministro lo ha dicho, otros países más modernos que nosotros incluso lo tienen- lo estrictamente castrense, esos delitos que se definen como solamente militares, en el Código Penal común, incorporarlos diciendo claramente qué son, cuáles son y por qué lo son, sobre todo cuando el texto que estamos debatiendo hoy está constantemente remitiéndonos al Código Penal común, tanto en preceptos penales como en castigos. Además, nos surgen muchas dudas, no tanto en torno al texto en sí, sino en torno a la posterior interpretación que se pueda hacer o se haga de ese texto a la hora de juzgar esos delitos, tanto en lo relativo a lo punitivo de algunos preceptos como a las diferentes proporciones de los castigos. Porque, a veces, leyendo el texto, uno se pregunta por qué esto tiene tantos años y esto tantos otros o por qué esto es más delito o esto es menos. Por tanto, yo creo que nos da un poquito de miedo en esta horquilla de los delitos y de los castigos la interpretación que se pueda hacer cuando se tenga que juzgar a esas personas por haber cometido presuntamente esos delitos. Injurias, insultos al rey, a la Constitución, de quién o hacia quién son preguntas que nos quedan en el aire. Criticar al rey o incitar a rebelarse contra los que piensan políticamente de otra manera. ¿Cuánto de crítica y no de delito tienen, por ejemplo, las declaraciones de algunos generales y cuánto de delito y no de crítica tienen las manifestaciones de algunos suboficiales, por ejemplo, en defensa de algunos derechos o libertades? También se ha criticado desde esta tribuna la no participación de otros agentes, otras entidades, otras asociaciones o incluso de otros ministerios a la hora de elaborar este proyecto de ley. Nosotros consideramos que por lo menos desde una perspectiva consultiva esto se debería de haber realizado.

Me centro ahora en las enmiendas a la totalidad. Creemos que tanto una como otra tienen cosas positivas, cosas razonables y cosas razonadas, pero además sabemos, desde una perspectiva puramente pragmática, que no van a prosperar. Por tanto, también sabemos que es mejor esta modificación que trae el Gobierno que el Código Penal Militar vigente, entre otras cosas porque son muchos los preceptos que han desaparecido, que se han despenalizado o que han sido trasladados al Código Penal común. Por eso me parecen interesantes las reflexiones que hace el Consejo General del Poder Judicial en su informe ante este proyecto de ley, que al fin y al cabo dice cuáles son los razonamientos -al menos los que entienden ellos- por los que tiene sentido este proyecto. Primero el tiempo que ha transcurrido desde la aprobación del Código Penal Militar vigente, que es de 1985, y eso requiere una modificación. Automáticamente ese correr el tiempo ha hecho que se considere un segundo planteamiento, que se debe asumir la naturaleza de la Ley penal especial del Código Penal Militar, que al fin y al cabo en su articulado únicamente los preceptos que no tienen cabida en el texto común, o aun teniéndola, requieren una previsión singular que justifique su incorporación a la Ley militar dentro del ámbito estrictamente castrense -después tendríamos que ver si coincidimos o no en lo que es estrictamente castrense-. El tercer punto sería la modernización, que también lo plantea el Consejo General del Poder Judicial cuando se refiere al proceso de modernización de la organización militar, la profesionalización de las Fuerzas Armadas y el nuevo modelo organizativo y de despliegue territorial de la fuerza y la permanente participación de unidades militares en misiones internacionales. Han transcurrido unos años desde la modernización del Código Penal Militar anterior y han pasado muchas cosas, no solamente años, y hoy en día tenemos cuestiones que antes ni se planteaban en un Código Penal pero que hoy existen. El mero hecho de esa profesionalización y esa modernización del ejército es un elemento sustantivo a la hora de realizarla. El cuarto punto que plantea el Consejo General del Poder Judicial es la internacionalización, que deriva de lo que he dicho anteriormente. Es decir, España ha adquirido compromisos internacionales en misiones especiales, en coaliciones, en uniones militares y en expediciones en las que tiene que asumir ciertos compromisos universales con los derechos humanos y con ciertas cuestiones que son fundamentales. Por lo tanto, de una u otra manera garantiza ciertas cuestiones que para nosotros son muy importantes. Evidentemente no estamos de acuerdo con algunas cuestiones que aparecen en el texto, pero esperamos que en el trámite se subsanen posteriormente.

Por último, lo que sí tiene claro mi grupo -y muchas veces lo hemos demostrado- es nuestra posición claramente en contra con la existencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, de la Sala Militar. Creemos que debe desaparecer; no tiene sentido hoy en día su existencia. Creemos que esas cuestiones perfectamente se pueden derivar a la segunda o a la tercera. Hoy en día, en un país europeo, no tiene sentido su existencia, tanto desde la perspectiva judicial como desde la perspectiva de su composición. Por lo tanto, volveremos a acometer acciones legislativas para que desaparezca esa sala. Ante las


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enmiendas a la totalidad mi grupo se abstendrá, y ya veremos si en el proceso de las enmiendas parciales podemos contribuir a que ciertas cuestiones que para nosotros sobran desaparezcan de este código.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, señor ministro, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán ante estas dos enmiendas de devolución. Permítanme, en primer lugar, valorar si es positivo que hoy discutamos una actualización en profundidad del Código Penal Militar o no, a la luz del mandato de la Ley de derechos y deberes de las Fuerzas Armadas, a la que nuestro grupo votó favorablemente, y que contempla un mandato al Gobierno para la presentación de una reforma del Código Penal Militar, y a la luz también del otro argumento que se ha vertido por parte de los autores de las dos enmiendas a la totalidad, que es la tramitación en esta Cámara de una reforma del Código Penal. Pongamos en contexto dónde estamos; en el año 1985 las Cortes democráticas promulgaron un Código Penal Militar impulsado por un ministro de defensa que en algunos asuntos de la política catalana no ha sido precisamente muy constructivo con el grupo parlamentario que represento, pero que en la reforma del ejército el ministro Narcís Serra, con el impulso de este Código Penal Militar del año 1985, pasó página y cumplió con el mandato del artículo 117.5 de la Constitución española.

Posteriormente, tenemos una ley orgánica sobre el procedimiento militar del año 1989, y solo después, en el año 1995, por parte de un ministro en la última legislatura socialista, el ministro Belloch, un ministro muy activo en sus funciones como ministro de Justicia y en otras funciones en aquellos años- impulsó el llamado Código Penal de la democracia. Con lo cual, tenemos un Código Penal Militar del año 1985 que se debe sincronizar con el Código Penal que vio la luz diez años después y que ha tenido algunas reformas parciales posteriores.

Quiero reiterar que tenemos un mandato claro de la Ley de derechos y deberes de las Fuerzas Armadas. Nosotros votamos favorablemente aquella ley y votamos favorablemente al mandato de la reforma del Código Penal Militar pensando que podía ser un nuevo Código Penal complementario; estamos hablando de una ley penal especial y complementaria del Código Penal ordinario, que informa y conforma los tipos penales para todos los ciudadanos de este país en un nuevo marco, en un marco distinto que el de 1985, por muchos motivos, y algunos han sido apuntados por parte del ministro. Yo quiero apuntar solo uno y quiero reivindicar la acción de mi grupo parlamentario: la profesionalización de las Fuerzas Armadas, tributaria del acuerdo de investidura del año 1996 del presidente Aznar y tributaria de una aportación concreta del Grupo Parlamentario Catalán, con un gran debate y con una gran oposición en aquel momento por parte de algunos grupos y de algunos políticos a título individual que estaban en contra de la profesionalización de las Fuerzas Armadas, que después se repitió, en pocos meses, en Francia y en otros países. Con lo cual, a la pregunta de si estamos a favor o no de esta reforma, nosotros decimos, utilizando algo que los socialistas utilizaban en los años ochenta del siglo pasado: de entrada, sí; de entrada sí a la reforma del Código Penal Militar.

Después de decir de entrada, sí, con lo cual nosotros no estamos a favor de devolver al Gobierno esta reforma del Código Penal Militar, aunque hay aspectos de este proyecto de ley no secundarios, para nada secundarios, que serán objeto de enmiendas parciales por parte de mi grupo parlamentario. Señor ministro, le solicito la máxima predisposición al diálogo, al pacto y al acuerdo. El grupo que le apoya es un grupo con mayoría absoluta, con una destacada mayoría absoluta, pero el pacto y el acuerdo siempre son necesarios cuando se tiene mayoría absoluta y cuando siempre se sabe que el destino de una mayoría absoluta es convertirse algún día en mayoría relativa. Es bueno que entremos en el fondo de algunos aspectos que serán objeto de discrepancia en la tramitación. De entrada me sumo a las voces que han dicho que la Guardia Civil debe estar bajo la disciplina del Código Penal Militar exclusivamente en los apartados referidos al artículo 1.4, es decir, en caso de tiempo de conflicto armado, durante la vigencia del estado de sitio, en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que se le encomiendan a la Guardia Civil y mientras se encuentran integradas en las unidades de las Fuerzas Armadas. Más allá de las previsiones del artículo 1.4 hay una incorporación extensiva y excesiva de la Guardia Civil al Código Penal Militar.

Nosotros discrepamos también de que haya tipos penales especiales y tipos penales que suponen una pena suplementaria o una pena con un nivel de arbitrariedad importante en este Código Penal Militar. Les podría poner muchos ejemplos, artículo 21, artículo 22, alguna reflexión sobre el artículo 25. Les voy


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a leer simplemente el artículo 21: Cuando la pena establecida en el Código Penal para los delitos militares previstos en este código sea la de trabajos en beneficio de la comunidad, se aplicará la pena de prisión de dos meses y un día a tres meses. Señorías, es más que discutible que la pena de trabajos en beneficio de la comunidad automáticamente a través del Código Penal Militar no se convierta dentro del ejército en trabajos en beneficio de la comunidad o del ejército y que se convierta automáticamente en una pena privativa de libertad entre dos meses y un día a tres meses de prisión. Lo mismo les podría decir de nuestras observaciones sobre el artículo 22 o incluso desde un punto de vista de derecho comparado y seguramente tendremos que estudiar los modelos comparados, señor ministro. Las penas de diez a veinte años de prisión para los espías extranjeros contempladas en el artículo 25 y una pena inferior para los españoles y la manera de articular la aplicación del párrafo 1.º del artículo 25 sobre el espionaje militar también tiene que ser motivo de debate en el debate parcial de las enmiendas. También presentaremos, señor ministro, porque intuyo que la mayoría absoluta del Partido Popular va a rechazar las enmiendas a la totalidad, enmiendas sobre la necesidad de evitar la discriminación de aquellos militares que pertenecen a asociaciones profesionales en el ámbito militar, en defensa de la no discriminación y del apoyo a la libertad de asociación. Esto es absolutamente necesario.

Señor ministro, la buena opción de la reforma del Código Penal Militar tendría que venir acompañada en esta misma legislatura, como se hizo en los años ochenta del siglo pasado, por una ley orgánica de modernización de la jurisdicción militar. Ustedes plantean un nuevo Código Penal Militar en sintonía con el código del año 1995 y ustedes deben plantear en esta legislatura una nueva ley procesal militar en sintonía con el nuevo Código Penal que vamos a tramitar en la recta final de esta legislatura. Se ha abierto un debate por parte de algunos sobre si sería mejor modificar el Código Penal Militar después de la modificación del Código Penal. No tengo ninguna intuición al cien por cien. Creo que se va a producir en esta legislatura una reforma del Código Penal general de carácter muy concreto que podremos ver en el próximo mes de enero en el Pleno extraordinario referida a algunas de las medidas de la lucha contra la corrupción y el mal uso del dinero público. Creo que eso se va a producir en el mes de enero y creo que no vamos a ver una reforma del Código Penal en su conjunto, con lo cual nos parece oportuno el tiempo.

Para terminar, señora presidenta, señor ministro, me quiero sumar a las palabras del portavoz del Grupo Parlamentario Vasco: debemos estudiar muy en profundidad la naturaleza y el sentido de la jurisdicción militar en lo más alto, la Sala Quinta del Tribunal Supremo, sus funciones, sus cometidos, la forma del nombramiento, la doctrina que desarrolla y la importancia de integrar la doctrina general penal respecto a este último recurso en el Tribunal Supremo.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Xuclà.

Por el Grupo Socialista, señor López Garrido.

El señor LÓPEZ GARRIDO (don Diego): Señora presidenta, señorías, señor ministro.

Nuestro grupo parlamentario se va a abstener en la votación sobre estas dos enmiendas a la totalidad que se han defendido aquí por la señora Díez y por el señor Sanz. Coincidimos con algunos de los argumentos que se han expuesto, tanto por los defensores de las enmiendas a la totalidad como por los grupos parlamentarios que han intervenido después, pero entendemos que un nuevo Código Penal Militar es necesario. Además, es verdad, como decía el ministro en su intervención, que viene ordenado por una ley que se aprobó en esta Cámara por unanimidad, como es la Ley de derechos y deberes. Un nuevo Código Penal Militar es necesario, es conveniente y es, por tanto, oportuno. No por eso vamos a rechazar el proyecto de ley, pero su contenido no nos satisface en una gran medida. Si se sometiera a votación hoy ese proyecto que nos traen ustedes nuestro voto sería no. En este trámite y en este momento creemos que hay que dar una oportunidad, como lo hicimos con la Ley de Régimen Disciplinario, a un acuerdo y una negociación, ante la que el ministro se ha mostrado muy abierto, algo que es alentador. Tampoco votaremos que no a las enmiendas de totalidad porque muchos de los argumentos que expresan son adecuados y porque no nos gusta el contenido del Código Penal Militar que nos traen aquí.

Para empezar, es discutible que incluso merezca la palabra código un texto que desde el punto de vista cuantitativo ha ido disminuyendo. Incluso en el informe del Consejo General del Poder Judicial se pone de manifiesto lo discutible de la palabra código con su sentido, global y totalizador de todo lo que tiene que ver con la materia jurídica. Más bien es una ley especial que hay que añadir al Código Penal general. Lo dice bien la exposición de motivos del proyecto de ley, que es una buena exposición de motivos en el apartado 1. Pero la verdad es que, después de decir que tiene que haber un propósito de


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estricto ámbito castrense en relación con el Código Penal Militar y que los bienes protegidos por la norma penal han de ser estrictamente castrenses, alguien ha redactado el resto de la exposición de motivos y el Código Penal Militar que no tiene nada que ver con esa inicial orientación, que es una orientación positiva. La orientación que desde el comienzo de la democracia se le ha dado al Código Penal Militar y a la jurisdicción militar es a su disminución, a su empequeñecimiento claro, cuantitativo o cualitativo, desde una jurisdicción militar omnicomprensiva como era propia de un régimen distinto, evidentemente muy distinto, al que hoy tenemos. El proyecto de Código Penal Militar que ustedes nos traen no va en esa dirección sino que amplía el ámbito del Código Penal Militar y, por tanto, el ámbito de la jurisdicción militar.

Yo tengo aquí una lista de asuntos que reflejaremos en nuestras enmiendas, pero hay muchísimos tipos expresados en este texto que tienen su paralelo, su clónico, en el Código Penal general cuya reforma se está debatiendo en esta Cámara en estas mismas semanas. Delito de traición; delito que compromete la paz o la independencia del Estado. Este es un delito no estrictamente militar. Lo que compromete la paz y la independencia del Estado afecta al Estado, no solo a las Fuerzas Armadas. Delito contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado; delito de prevaricación de funcionarios públicos, cohecho, tráfico de influencias. Estos son delitos que comete un funcionario, sea militar o no; no hay por qué hacer una regulación específica para un militar. El artículo 9.2 -quizá salvo el delito de rebelión- es un artículo que debería sencillamente suprimirse y pasarse al Código Penal común. En la parte especial, la traición, el espionaje, la revelación de secretos, los atentados contra los medios o recursos de la seguridad y defensa nacionales, la sedición. Todos estos son delitos que no tendrían por qué estar en este Código Penal Militar; deberían ser delitos que se juzgasen, en su caso, por la jurisdicción civil con arreglo al Código Penal general. O los delitos sobre los derechos fundamentales de la persona. ¡Si los derechos fundamentales de la persona son los mismos para los militares que para los no militares! Son de los españoles, de los ciudadanos, no tiene por qué haber una especificidad en un Código Penal Militar.

Los delitos contra la Administración de la justicia militar. ¿La justicia militar forma parte del Poder Judicial o no? Se supone que sí. ¿Por qué tiene que haber un delito diferente contra la justicia militar? No tiene ningún sentido, cuando se supone que forma parte del Poder Judicial. En la Constitución está incluido dentro del Poder Judicial y hace una mención a la jurisdicción militar, pero en el ámbito estrictamente castrense y desde luego como parte del Poder Judicial. O delitos contra el patrimonio militar. ¿Hay un patrimonio militar diferente del patrimonio del Estado? Es un patrimonio del Estado; las Fuerzas Armadas no tienen un patrimonio propio. El patrimonio que administran las Fuerzas Armadas es el patrimonio de los españoles, del Estado. ¿Por qué un delito contra el patrimonio militar? Son algunos ejemplos de multitud de artículos que están en este proyecto de código y que deberían remitirse al código general. Hay aspectos -alguno ha sido mencionado antes- como, por ejemplo, el artículo 22, que niega a los militares la aplicación de penas sustitutivas de prisión. ¿Por qué, si se considera que es adecuada para su rehabilitación?, ¿por qué los militares no pueden tener derecho a esas penas? ¿Es algo humillante? ¿Por qué, cuál es la razón? O cuando se habla en el artículo 30 de los bandos militares, que nos recuerdan tiempos de la prehistoria: el que se negare a cumplir las prescripciones contenidas en los bandos que dicten las autoridades militares en situación de conflicto armado o estado de sitio. Es la creación por la autoridad militar de múltiples delitos, todos los que quiera, en estado de sitio y el que no siga ese bando comete un delito. Es algo tan absolutamente anacrónico que debería desaparecer de este proyecto.

También se ha señalado su aplicación a la Guardia Civil. Ayer le pregunté al señor ministro -se acordará, señor Morenés- por la Guardia Civil y las misiones internacionales. Usted me dijo: Cuando la Guardia Civil actúa en una misión internacional está bajo la dependencia del Jefe del Estado Mayor, hay una dependencia militar. Ahí sí tiene sentido que el Código Penal Militar -lo que nosotros llamaríamos Ley penal especial y no Código Penal Militar- se le aplique a un guardia civil cuando actúa dentro de una unidad militar con objetivos militares, pero en sus funciones policiales por qué. ¿Por qué se tiene que aplicar un Código Penal Militar a la Guardia Civil cuando realiza funciones de seguridad? Es algo que el artículo 1.5 señala en este proyecto y que, desde nuestro punto de vista, no tiene sentido; algo que también ha sido puesto de manifiesto por alguno de los anteriores intervinientes.

Con esto desembocamos en el tema de la jurisdicción militar, muy mencionada esta mañana aquí, en esta tribuna. La jurisdicción militar tiene que ser reformada, es otro de los mandatos de la Ley de derechos y deberes. La jurisdicción militar tiene que integrarse plenamente en la justicia, en el Poder Judicial, tiene que tener un estatuto de absoluta independencia. No digo que no sea parte del Poder Judicial porque el Tribunal Constitucional lo considera como una justicia; puede actuar plenamente, no se le discute su carácter de jurisdicción, pero tiene que ser reformada. No tiene sentido que una jueza militar vaya a un


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regimiento y el comandante de dicho regimiento se niegue a que realice una indagación, no se lo permita. No tiene ningún sentido. ¿Es porque el comandante es de superior rango a la jueza? No tiene sentido que la carrera de un juez militar dependa de superiores que luego van a intervenir en su carrera.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor López Garrido, tiene que terminar.

El señor LÓPEZ GARRIDO (Diego): Termino, señora presidenta.

Estas cosas tienen que terminar. No tiene sentido que hoy, salvo las sentencias de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, no se puedan conocer las sentencias de los tribunales militares. ¿Saben ustedes que las sentencias de los tribunales militares no se conocen, no se pueden conocer, a diferencia de otros tribunales ordinarios? ¿Tiene sentido eso a día de hoy? Nosotros esperamos que todo esto pueda ser debatido con el Gobierno, con el Grupo Popular y que en el trámite parlamentario se mejore y podamos llegar a un resultado como el alcanzado con la Ley de Régimen Disciplinario. Por esa razón no vamos a votar en contra, no hemos presentado enmienda a la totalidad, pero nos vamos a abstener porque nos parece que tiene mucho sentido que profundicemos en esa idea clave de que las Fuerzas Armadas no son un mundo aparte de la sociedad, sino que forman parte plenamente de la misma.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor López Garrido.

Por el Grupo Popular, señor Ferrer.

El señor FERRER ROSELLÓ: Señora presidenta, señor ministro, señorías, antes de meterme en honduras, permítanme que les diga que no es que los códigos penales me conmuevan o enternezcan, pero sí despiertan en mí cierto sentido de la solidaridad porque nunca han tenido buena imagen; creo que como consecuencia de la aversión que determinados sectores de la inteligencia de izquierdas han sentido por ellos, ya que los han visto siempre como un instrumento de represión. Y si el código, a su condición de penal sumaba la de militar, ya inmediatamente despertaba todos los fantasmas del imaginario colectivo de los progresistas. Esto, a mi juicio, señorías, es profundamente injusto. No digo que injustificable -quienes hemos conocido las consecuencias de la ley penal al servicio de una dictadura sabemos de qué hablamos-, pero esto, señorías, nada tiene que ver con la legislación penal en los sistemas democráticos. En el caso de España, el Código Penal y por ende el Código Penal Militar es la última trinchera en la que la sociedad libra la batalla por proteger sus libertades básicas, sus derechos fundamentales. Es el instrumento mediante el que el legislador protege a los más débiles de aquellos que actúan como depredadores sociales, de aquellos que desprecian la ley. Desde ese punto de vista, señorías, desde el Partido Popular abordamos el proyecto del Código Penal Militar remitido por el Gobierno, porque a este punto de vista responde su redacción. Presentamos pues ante la Cámara una norma pensada para proteger a la sociedad militar, pensada también para preservar aquellos valores que le son consustanciales y de los que depende su existencia y su eficacia como garante de la defensa nacional, pero es también la ley que en última instancia salvaguarda los derechos y libertades de los hombres y mujeres que, como dicen los viejos oficiales británicos, hacen el trabajo del rey.

Señorías, la oportunidad del nuevo texto no requiere de un profundo debate; el Gobierno se ha limitado a dar cumplimiento al mandato de la ley y el hecho de optar por un nuevo código en lugar de limitarse a una reforma parcial o un parcheado no responde nada más que al sentido común. El código anterior extendía su vigencia a treinta años, la realidad de nuestro ejército como consecuencia de su profesionalización era diametralmente opuesta, la participación de nuestras unidades en misiones internacionales es una realidad cotidiana, la necesidad de dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por España, en particular relativas a la prevención y castigo de las violaciones del derecho internacional humanitario y las derivadas de la ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional, era una necesidad que no podía dilatarse. Todo ello, sin olvidar la protección penal al ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de los militares, derivados de la aprobación de la Ley de derechos y deberes. Todas estas razones hacían aconsejable la elaboración de un Código Penal Militar completo que, además de reducir su articulado -como bien ha apuntado el ministro- a menos de la mitad, introducía con fuerza el carácter subsidiario en relación con el Código Penal ordinario.

Pasemos ahora, si sus señorías lo estiman oportuno, a estudiar las dos enmiendas de devolución que La Izquierda Plural y UPyD han presentado al proyecto. Debo reconocer que, en mi ingenuidad, llegué a pensar que tal vez podríamos llegar a ahorrarnos este trámite contando como cuenta el proyecto con el


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dictamen favorable del Consejo de personal, del Consejo de la Guardia Civil, del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado, pero esto es lo que nos pasa a los ingenuos. No voy a entrar en aquellas razones que incluyen los enmendantes y que podríamos agrupar en el apartado de reparos técnicos. Lo hago así por razones de tiempo pero también porque, a mi juicio, tales reparos no pueden justificar jamás una enmienda a la totalidad, una enmienda de devolución. Tales objeciones deben concretarse en enmiendas al articulado que puedan mejorar el texto y desde hoy les manifiesto la voluntad de mi grupo de alcanzar cuantos acuerdos sean posibles a este respecto. La enmienda a la totalidad solo puede sustentarse en grandes razones, en divergencias de fondo, de filosofía y me voy a centrar en ellas.

En primer lugar, tanto La Izquierda Plural como UPyD consideran que deberían desaparecer como tales tanto el Código Penal Militar como la jurisdicción militar, pasando a integrarse, salvo en caso de guerra, en la jurisdicción y la codificación penal civil. Si sus señorías leen el texto de las enmiendas acabarán, como yo, con la sensación de que la existencia de un Código Penal Militar en nuestro país y de la jurisdicción correspondiente constituye una singularidad más de nuestra pobre, vieja y atrasada nación y por supuesto del rancio autoritarismo de la institución militar. Pues bien, si sus señorías se toman la molestia, podrán comprobar que la mayoría de países de nuestro entorno dispone de una jurisdicción militar muy similar a la nuestra y la práctica totalidad de los mismos de una ley militar. Les estoy hablando de países con una honda tradición democrática y de respeto de los derechos y libertades. Nosotros, señorías, en este tema no somos más que uno más de tantos, uno más que añadir a la lista de países como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Holanda, Suiza, Estados Unidos o Canadá, por citar solo algunos. El segundo de los argumentos hace referencia a la inoportunidad de aprobar el Código Penal Militar antes del Código Penal ordinario, del que es subsidiario. En primer lugar, el reparo parte de un hecho que todavía está por ver y es que el Código Penal Militar se apruebe antes que el Civil, que por cierto tuvo entrada en esta Cámara con bastante anticipación, por lo que el resultado final podría ser muy bien el contrario del apuntado. En segundo lugar, el hecho de que los dos hayan sido elaborados prácticamente al alimón y tramitados conjuntamente en el Congreso -yo mismo tengo el honor de participar como coponente en ambos proyectos- no solo no dificulta sino que asegura la necesaria coordinación. El carácter subsidiario del Código Penal Militar en relación con el Civil que ustedes plantean como un grave impedimento a la hora de establecer el orden de aprobación de los proyectos, el Partido Popular lo percibe como una ventaja precisamente por su carácter netamente subsidiario. En tercer lugar, pretenden ustedes excluir del Código Penal Militar a la Guardia Civil. La Guardia Civil tiene la doble condición de cuerpo policial y militar -naturaleza que comparte, por otra parte, con la gendarmería francesa o los carabinieri italianos; tampoco es una singularidad-, y es en esa condición militar en la que está sujeta al Código Penal Militar, de la misma manera que si la infracción se produce en el ámbito de sus deberes policiales es a su propia legislación y a la civil general a la que se somete. En definitiva, una solución, señorías, a todas luces razonable. En cuarto lugar, Izquierda Unida rechaza el proyecto porque su redacción no ha tenido el necesario carácter participativo, asambleario y popular, con la intervención de las universidades, la sociedad civil, otros ministerios, el movimiento asociativo, etcétera. Hay una cierta línea delgada y compleja, lo reconozco, entre lo que sería una elaboración participativa y lo que podríamos denominar una romería legislativa, y aunque es tenue la diferencia, deberíamos tenerlo en cuenta. En su redacción han participado oficiales jurídicos de las Fuerzas Armadas, buenos conocedores del derecho y la realidad militar, los Estados mayores, diversos departamentos del ministerio; han contribuido las asociaciones profesionales a través del Consejo de personal, el Consejo de la Guardia Civil, el Consejo fiscal, el Consejo General del Poder Judicial y finalmente el Consejo de Estado. Puede que no sea lo suficientemente asambleario, pero les aseguro que es gente muy preparada. En cuanto al carácter popular y participativo, es precisamente lo que usted y yo, señoría, le aseguramos a la ley; usted y yo y los restantes 350 diputados de esta Cámara que representamos a los ciudadanos y que representamos la soberanía popular, que somos en definitiva quienes redactaremos, modificaremos y en su caso aprobaremos esta ley de considerar que ello responde a los intereses de nuestros compatriotas. ¿O se ha creído usted también la milonga esta de la casta? (Risas).

Finalmente, UPyD -lamento que no haya nadie de este grupo- inicia su enmienda afirmando -y citan casos concretos- que jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas, jefes y oficiales del cuerpo jurídico han sido el instrumento de la impunidad de los responsables de delitos o que han contribuido -cito textualmente- a encubrir a autores de crímenes. Ambas posibilidades constituyen uno de los delitos más graves y deshonrosos que puede cometer un militar, y más concretamente un oficial jurídico. Ambos casos


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conllevan aparejado el final de sus carreras, la expulsión de las Fuerzas Armadas y el internamiento en un castillo que, como ustedes saben, es una prisión militar. De una tacada han convertido a nuestro cuerpo de oficiales en poco menos que una organización mafiosa dedicada a proteger delincuentes y a encubrir criminales. Desde la creación de la figura del auditor general de las gentes de guerra hace algo más de quinientos años, el cuerpo jurídico de nuestros ejércitos viene prestando servicio a este país con honestidad, profesionalidad, abnegación y espíritu de sacrificio, y no es justo, no está bien, señorías, que esta Cámara asista impasible al hecho de ver cómo se enturbia su historia y se les llena de oprobio. El Partido Popular no lo va a consentir y yo no lo voy a consentir. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Ferrer.

DEBATE RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN POR LA CÁMARA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17.1 DE LA LEY ORGÁNICA 5/2005, DE 17 DE NOVIEMBRE, DE LA DEFENSA NACIONAL:

- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE UNIDADES MILITARES ESPAÑOLAS EN LA OPERACIÓN RESOLUTE SUPPORT EN AFGANISTÁN. (Número de expediente 095/000006).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al siguiente punto, debate relativo a la autorización por la Cámara prevista en el artículo 17.1 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, del acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de diciembre de 2014 por el que se solicita autorización del Congreso de los Diputados para la participación de unidades militares españolas en la operación Resolute Support en Afganistán.

Señor ministro de Defensa. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

El señor MINISTRO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Señor presidente, señorías, comparezco ante la Cámara con objeto de solicitar la autorización prevista en el artículo 17 de la Ley 5/2005 de la Defensa Nacional para la participación de tropas españolas en el exterior. Es la sexta vez que comparezco en esta legislatura por este motivo, tercera ante el Pleno, lo que es todo un indicio de la necesidad de defensa y seguridad ante la grave situación de la inestabilidad mundial que atravesamos. En este caso solicito, en nombre del Gobierno, su permiso para el despliegue y la participación de las Fuerzas Armadas en la misión Resolute Support de la OTAN y sus aliados según lo establecido en el acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de diciembre de 2014. La misión tiene el objetivo de fortalecer el proceso avanzado de estabilización de Afganistán, así como reforzar y perfeccionar las capacidades y la capacitación de los miembros de las Fuerzas de Seguridad afganas para que puedan hacerse cargo de la defensa del Estado y de la seguridad de sus ciudadanos frente a las amenazas existentes. La transición a Resolute Support responde a la lógica de la necesidad del empoderamiento afgano. Tras la fase álgida de la intervención que representa ISAF se inicia una etapa en la que solo la asunción de capacidades locales puede consolidar el terreno ganado, evitando de esta forma que aquellos cuyo único interés y principio es destruir, señale para legitimarse a la intervención extranjera como la causa de sus males.

Señorías, trataré de no extenderme demasiado, ya que estoy seguro de que la cuestión afgana y la situación en general es bien conocida por todos ustedes. No en vano ayer pudimos dedicar una buena parte de la comparecencia anual destinada a informar sobre la situación de las misiones en el exterior a este tema y creo que hicimos un balance bastante exhaustivo de ISAF, la operación de imposición de la paz, es decir, de uso legítimo de la fuerza contra aquellos que secuestran la libertad y los derechos humanos de los afganos y atentan contra las vidas y haciendas de todos.

Hace trece años, después de aquel 11 de septiembre que nunca olvidaremos, en Naciones Unidas decidimos que no podíamos permitir la formación y pervivencia de Estados que diesen acogida al terrorismo internacional en cualquiera de sus formas, en este caso al terror yihadista. Por ese motivo y sobre la base de los acuerdos de Bonn de 5 de diciembre del año 2001, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por medio de la Resolución 1386, de 20 de diciembre de ese mismo año, autorizaba el establecimiento de una fuerza internacional de asistencia para la seguridad, ISAF, para apoyar a la autoridad interina afgana en el mantenimiento de la seguridad de Kabul y sus alrededores. En el año 2002 la OTAN, a la que se han ido sumando países no miembros de la Alianza hasta alcanzar los cincuenta socios, comenzó a asumir el liderazgo de la operación en un proceso que culminaría en 2003. España participa desde el primer momento en ISAF. La primera autorización del Gobierno de España se produjo mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 2001, llegando los primeros 350


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efectivos a principios de 2002. La misión inicialmente circunscrita a Kabul y sus alrededores fue ampliándose en territorios y objetivos al amparo de subsiguientes resoluciones, entre la 1510 de 13 de octubre de 2003 y la 2069 de 9 de octubre de 2012, adaptándose también a los diferentes cambios estratégicos que se han ido produciendo en la misión.

Resumiendo muy someramente la misión en etapas, tendríamos de 2001 a 2005 una actuación totalmente militar que se centró en asegurar Kabul y sus alrededores. De 2005 a 2010 se produce la expansión a todo el territorio afgano bajo el escenario del enfoque integral. Se asumía que únicamente a través de la actuación militar no era posible alcanzar los objetivos de estabilidad, por lo que se configuraban los equipos de reconstrucción provincial y se reforzaban las labores de asesoramiento y enlace para la formación del ejército afgano. Sin embargo, el proceso no avanzaba como era deseable y tras la existencia del jefe operativo general McChrystal y los matices y la influencia del secretario de Defensa Gates, el presidente de Estados Unidos, señor Obama, decide liderar en OTAN en 2009 un incremento temporal de tropas que pueda terminar de derrotar militarmente a los insurgentes remanentes antes de comenzar a preparar a los afganos para la asunción de sus responsabilidades. Por último, entre los años 2011 y 2014 podemos situar el proceso de transición, aunque realmente fue en la cumbre de Chicago del año 2012 cuando la OTAN decidió realizar la transferencia definitiva de la responsabilidad sobre la seguridad en Afganistán a las fuerzas afganas y fijó un inexorable calendario de repliegue de los efectivos de ISAF a finales de 2014.

La evolución de la presencia en la actividad española es muy similar, pasando de 350 militares a 540 en 2004, ya con el Gobierno del presidente Zapatero, y continuando progresivamente el incremento de efectivos hasta superar los 1.500 en 2011. Como desgraciadamente les consta, hemos tenido cien bajas en la misión, hombres y mujeres que han hecho un sacrificio máximo en cumplimiento de la misma y con los que tenemos una deuda perenne de gratitud. En esta última fase nuestros efectivos realizaron un proceso de repliegue totalmente ejemplar, que culminó el pasado 25 de septiembre del año 2013 con la transferencia de todas las actividades de seguridad a las fuerzas afganas en la provincia de Badghis. En la actualidad, a punto de cerrarse la misión ISAF, la presencia española continúa en la provincia de Herat, donde gestionamos la actual base de apoyo avanzado de la OTAN, que incluye el aeropuerto civil y militar. También en el destacamento logístico y de apoyo, en el que se incluye la dirección de un hospital Role 2, así como en el mando oeste de entrenamiento y asesoramiento de ISAF. Por su parte, en Kabul están desplegados un total de veinte efectivos en los cuarteles generales de la misión.

Como les comentaba ayer en la comparecencia a algunos de ustedes, he tenido la oportunidad, acompañando a la vicepresidenta, de visitar a nuestros efectivos, que están plenos de moral, orgullosos por la misión realizada y cumplida y deseosos de comenzar con las nuevas tareas, aunque bastante parecidas a las que han estado llevando a cabo en esta última fase de la misión. A finales de mes, España entregará el mando de la base de apoyo a Italia, que, como nación marco de la nueva visión liderada por OTAN, se hará cargo de su gestión. No obstante, seguiremos compartiendo espacios con su contingente y con el de Estados Unidos en Herat. Como les decía anteriormente, ya hicimos un balance extenso de esta misión ayer, por lo que me quedaría con un resumen muy breve. ISAF ha sido un éxito en relación con las posibilidades de la coalición y el punto de partida que vimos en el país afgano hace ya trece años. Puedo afirmar sin temor a equivocarme que la coalición ha triunfado en su propósito y ahora debemos prepararnos también para triunfar en esta fase no de combate, sino de paz.

Paso ya a la operación para la que vengo a pedirles autorización. Como les decía, una vez fijada la fecha de salida de ISAF en la cumbre de Chicago, se comenzó a trabajar en cómo ayudar a fortalecer el proceso de asunción de responsabilidades por las fuerzas afganas. Sobre todo se trataba de que los sacrificios que hicieron tanto los aliados, que totalizamos 3.500 bajas, como los propios afganos, principales protagonistas de ese sufrimiento, con la privación y la amenaza constante todos estos años, no fuese un esfuerzo en vano. Estábamos y estamos convencidos de que debemos tanto proteger lo alcanzado como disponer de la mejor coyuntura posible para el éxito del llamado empoderamiento afgano. Con esta idea, en la cumbre de Gales, tras ratificarse que el próximo 31 de diciembre la operación ISAF, la más larga y de mayor entidad de la historia de la OTAN, finalizará formalmente, en esa misma fecha la Alianza cesará en sus operaciones de combate en Afganistán y se dará por transferida la responsabilidad completa de la seguridad en el país a las fuerzas afganas de seguridad y defensa. Se decidió que el 1 de enero de 2015 comenzara la emisión de no combate Resolute Support con el objeto de entrenar, asesorar y asistir a las fuerzas de seguridad afganas. Además, los aliados y sus socios mantendrán su compromiso duradero con


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la seguridad del país mediante la participación en los mecanismos de sostenimiento de las Fuerzas Armadas afganas y de apoyo al nuevo Gobierno, cuestiones consideradas clave para la estabilidad futura del país.

La nueva misión cuenta ya con el marco legal necesario tras la ratificación por el Parlamento afgano a finales de noviembre del acuerdo bilateral de seguridad con Estados Unidos y del acuerdo con la OTAN sobre el estatuto de las fuerzas. Aunque desde el punto de vista del derecho internacional y de la Ley 5/2005 la petición y los permisos afganos serían suficientes para que la realización de la misión fuese totalmente legítima, el pasado viernes 12 de diciembre, poco después de nuestro acuerdo del Consejo de Ministros, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su resolución 2189, acoge positivamente el acuerdo entre la OTAN y Afganistán para el establecimiento de la Resolute Support. En la resolución queda recogida la naturaleza de misión no de combate, para entrenar, asesorar y asistir a las fuerzas de seguridad y defensa afganas al mismo tiempo que exhorta a la comunidad internacional a apoyar el proceso de estabilización de Afganistán y la mejora de las capacidades de sus fuerzas armadas, con el objetivo de que mantenga por sí misma la seguridad y la estabillidad en todo el país. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor ministro. Ruego silencio y atención a las palabras del ministro.

Continúe, señor ministro.

El señor MINISTRO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Gracias, señor presidente.

Pasando a los cometidos particulares, tras solventar el Consejo Atlántico y los socios operacionales diversas circunstancias en las autorizaciones y en la conferencia de generación de fuerzas y cerrar la directiva de ejecución, la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN, ya en formato Resolute Support, celebrada el 2 de diciembre, dio el pistoletazo de salida a la misión. La decisión se vería reforzada poco después con el anuncio norteamericano de que añadiría temporalmente 1.000 hombres a la posición inicial de 9.800 que habían comprometido para facilitar su inicio. España -como no podía ser de otra forma- mantiene su apoyo a la posición común aliada y su compromiso de participación en la nueva misión como muestra de su apoyo al pueblo y a las instituciones afganas. Así, como reza el artículo del Consejo de Ministros del pasado 12 de diciembre, participaremos, en caso de que su señorías lo aprueben, aportando las siguientes capacidades y medios: el personal integrado en los cuarteles generales de la operación; un equipo de asesores que trabajarán con las fuerzas armadas afganas; la instalación sanitaria tipo Role 2; una unidad de apoyo a la gestión del aeropuerto de Herat; unidades de apoyo logístico y de apoyo al despliegue y una unidad de protección de las fuerzas españolas desplegadas. El detalle de las cifras que tenemos previstas para el contingente nacional en estos momentos es el siguiente: la unidad de seguridad y de protección de la fuerza contará con 217 efectivos; en el Role 2 serán 31; el equipo de asesoramiento del 207 cuerpo del ejército afgano serán 10 personas; el personal de apoyo al mantenimiento de los servicios aeroportuarios de Herat será de 11 personas y en el cuartel general regional habrá 15 militares, mientras que en los cuarteles generales de la misión serán 24 nuestros efectivos para un total aproximado, aún sujeto a variaciones en estos conceptos, de 308, a los que hay que sumar 2 oficiales de enlace en Reino Unido y Holanda. A esta cifra será preciso añadir también el elemento nacional de apoyo en Herat, formado por 67 personas, en el que también se encuadra la unidad logística con 41 hombres y mujeres más; un equipo de policía militar de 7 personas y un elemento operativo conjunto de 8. Por lo tanto, el número de efectivos máximos a desplegar para el que solicitamos la autorización de sus señorías sería de 485.

Respecto al futuro repliegue del contingente español y la duración de la misión, está aún pendiente de decisión la fecha definitiva, aunque las previsiones esperan que en el tercer trimestre del año 2015 se hayan alcanzado los objetivos definidos para el área oeste, cediendo el aeropuerto de Herat al gobierno afgano y replegando España, en estrecha coordinación con Italia, todos los efectivos de ambos países desplegados en Herat. Inicialmente se ha acordado con Italia el establecimiento del mes de noviembre de 2015 como fecha límite, siempre pendiente de coordinar este repliegue con el conjunto de los aliados y socios participantes en la misión y en función de los objetivos globales de la misma. Por tanto, ante la dificultad de fijar una fecha concreta antes de la reunión ministerial de Defensa de la OTAN de febrero de 2015, hemos decidido solicitarles autorización inicial hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, pudiendo ser renovada de acuerdo con la evolución de la situación. Los gastos derivados de la participación española en esta operación se financiarán con cargo a la rúbrica presupuestaria -como ha venido haciéndose hasta ahora- participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz del presupuesto del Ministerio de Defensa. Por último, las variaciones operativas que no supongan modificaciones muy relevantes en las características del contingente o, por


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supuesto, en la naturaleza de la misión se solicita que se deleguen en la competencia de quien les habla como ministro de Defensa.

Concluyo ya, señorías. Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, cumpliéndose las condiciones previstas en el artículo 19 de la Ley 5/2005, de la Defensa Nacional, para que las Fuerzas Armadas puedan realizar misiones en el exterior, definidas en sus apartados a), b) y c), y considerando nuestro deber y responsabilidad en el mantenimiento de la paz y seguridad en el mundo como primer y fundamental elemento para el desarrollo, me atrevo a solicitar de ustedes, de sus señorías, el voto favorable para la aprobación del acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 12 de diciembre para la participación de España en la misión Resolute Support de Afganistán.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Defensa.

Pasamos ahora al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, y por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor López Garrido.

El señor LÓPEZ GARRIDO (don Diego): Gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, nosotros vamos a apoyar el cambio de misión que se va a producir el 1 de enero de 2015 del contingente español en Afganistán; una nueva misión -desaparece ISAF- centrada en el adiestramiento, en la instrucción, de las Fuerzas Armadas afganas con el objetivo militar y el objetivo político de que sean las Fuerzas Armadas afganas, las fuerzas de seguridad, el Gobierno afgano, las que se hagan cargo por completo de la seguridad de Afganistán. No hay problema, por tanto, en cuanto a nuestra posición. La misión de Afganistán, sobre todo desde el momento en el que se han reproducido los ataques del llamado Estado Islámico, empezaba a tener menos peso en la estrategia de la OTAN, en la estrategia de los Estados Unidos y mucho más énfasis, sin embargo, en Irak, pero sigue habiendo una situación grave de inestabilidad y de inseguridad en Afganistán. Nosotros queremos preguntarle especialmente sobre las misiones que realmente van a desarrollar los españoles allí en Afganistán. Desde el punto de vista de la seguridad, quisiéramos saber si van a seguir siendo unas misiones en las que las tropas españolas en Afganistán -nunca fueron tropas de combate, fueron tropas que naturalmente repelían los ataques que había contra ellos porque patrullaban y acompañaban a efectivos afganos- van a realizar funciones de acompañamiento o patrullaje con tropas y efectivos afganos, si va a ser así efectivamente o si va a ser una misión puramente dentro de las instalaciones militares y que tiene, por tanto, otros problemas de seguridad. Porque, si es la primera opción, hay muchas más cosas que hacer que acompañar, como sabe muy bien, por razones de seguridad. Queríamos una precisión al respecto. En ese caso, tendríamos que pensar en otras unidades que acompañaran, tendríamos que pensar en reglas de enfrentamiento. Usted ha señalado una orientación temporal en la segunda parte del año que viene, aunque no con toda seguridad.

Lo cierto es que las preguntas que le hago quizá podrían ser respondidas en una reunión con el jefe del Estado Mayor y los portavoces de los grupos parlamentarios, como se hacía en la anterior legislatura -costumbre que no se ha seguido en la actual-, porque todavía hay serios problemas de fondo tanto políticos como de estrategia militar en Afganistán. Ahora mismo es el país del mundo donde más insegura resulta la situación para quienes, por ejemplo, van a ayudar en funciones de cooperación y el país vecino, Pakistán, acaba de sufrir un atentado terrible que todos hemos lamentado profundamente. En Estados Unidos todavía existe una discrepancia interna, y es que prevalece la decisión de Obama de que finalice la misión ISAF y arranque una misión diferente de adiestramiento e instrucción, aunque hay sectores del Pentágono y de Estados Unidos, así como el propio Gobierno afgano, que presionan para que continúe por más tiempo la misión anterior.

Sabemos que el planeamiento que se hará a partir de ahora será muy complejo porque entre otras cosas no ha sido hecho de manera conjunta; que hay un primer ministro -Gani- en Afganistán, pero que no hay un Gobierno completo; que la presión que Estados Unidos está ejerciendo sobre Pakistán para que se cuide más de sus fronteras ha propiciado también el recrudecimiento de ataques de los talibanes. Todo esto lo sabemos, por tanto, estamos ante una situación complicada, con un Estado todavía en precario y con la sombra de la posible contaminación por parte del sin duda mayor fenómeno amenazante que supone Daesh o el Estado Islámico. También nos gustaría saber a qué se refiere la resolución cuando habla de los ajustes operativos que se autorizan a hacer al Gobierno si hay algún cambio al respecto y, en todo caso, señor ministro, le rogamos que mantenga informada a la Cámara en todo momento a lo largo del año que viene sobre los cambios que se puedan producir y que, si es necesario, como le he dicho


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anteriormente, haya reuniones específicas, monográficas, con los grupos parlamentarios para explicarles cómo se desarrolla esta importante misión que ha durado trece años -y que durará algo más- y que ha dejado Afganistán algo mejor de lo que estaba cuando iniciara la misión en 2001 aunque sigue teniendo muchos problemas políticos, militares, económicos, humanitarios, lo cual merece nuestra observación, nuestro cuidado y nuestro seguimiento desde el punto de vista de un Parlamento democrático como este.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López Garrido.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro de Defensa, vaya por delante el anuncio del voto favorable de mi grupo parlamentario a esta nueva misión del Ejército español integrada por 485 efectivos, una misión distinta en Afganistán de adiestramiento y de consolidación de las Fuerzas Armadas afganas para que ellas mismas sean capaces de articular una institucionalidad y un Estado viable.

Hoy es el momento de debatir en el Pleno la autorización de esta misión. Ayer, en la Comisión de Defensa, con más tiempo y con dos turnos de intervención -y con menos presión de ser el último punto del orden del día del último Pleno del año-, tuvimos la oportunidad de hablar en profundidad de la misión que hoy autorizamos, pero también de hacer un balance de los acuerdos que dieron paso a los acuerdos de Bonn de 5 de diciembre del año 2001, que a su vez dieron paso a una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la 1386, de 20 de diciembre del año 2001, que dieron paso a la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, ISAF.

Señorías, son trece años de ISAF, y si ustedes repasan las declaraciones de intención política de los Estados miembros en Naciones Unidas y en el acuerdo de Bonn, de finales de 2001, y los objetivos alcanzados trece años después, vemos claramente que ha habido un replanteamiento a la baja, una lectura más modesta de las posibilidades y que la doctrina de algunos de los cuarteles occidentales y de Estados Unidos sobre las posibilidades de estas misiones han cambiado. No ha sido una misión que haya servido para exportar la democracia. El arraigo de la democracia requiere de unas condiciones de estabilidad, de seguridad, de condiciones económicas, de desarrollo económico y de cultura política previa. Aquel viejo ideal, después del impacto de los atentados del 11 de septiembre del año 2001, de que la paz en el mundo se conseguiría exportando democracia, fast democracy, la gran lección de los primeros años del siglo XXI es que esto no es tan sencillo. Y si en algún escenario internacional se ha demostrado ha sido precisamente en Afganistán. Hemos pasado de la construcción rápida de la democracia a una misión de imposición por la fuerza de la paz, de estabilización, peacekeeping, pero no de una democracia perfecta.

El señor ministro decía ayer en Comisión, y le cito literalmente: Hemos conseguido, después de estos trece años, algo parecido a un Estado viable. Este escenario, algo parecido a un Estado viable, ahora le tenemos que capacitar para que sean ellos mismos, las fuerzas afganas, en definitiva, la afganización de Afganistán. Parece una frase un poco compleja, pero es exactamente esto, la afganización de Afganistán, la retirada de la misión internacional, la culminación de la misión de ISAF, que culmina el día 31 de diciembre del año 2014, y una misión nueva que es posible hoy, después de un tenso debate y de una tensa negociación entre Estados Unidos y las autoridades afganas. No se nos debe escapar este dato. Las autoridades afganas, poliédricas, complejas, cooperadoras con Occidente, pero con sus intereses en la región, han hecho este acuerdo, un acuerdo muy difícil, primero, con Estados Unidos y, posteriormente, con los acuerdos de la Cumbre de Gales a principios del mes de septiembre. A la vista de lo que pueda pasar en el futuro, debemos tener claro que Afganistán es un socio, pero no es un socio incondicional de la Alianza que va a prestar ayuda a través de esta nueva misión, una misión con un mandato de un año prorrogable a otro año, con una dotación presupuestaria fijada aproximadamente y que siempre requiere al final de la misión un debate en Comisión para saber el coste exacto, y una misión que culmina la implicación más importante que ha tenido el Ejército español en una misión internacional. Quiero recordar a los 26.000 efectivos que han estado presentes en Afganistán por parte de las misiones españolas desde el año 2002 hasta el presente; 26.000 efectivos es un número relevante.

Señorías, esto es lo que quería decir. Estamos a punto de culminar en menos de quince días la misión ISAF. Debemos hacer una valoración crítica de los objetivos alcanzados, algo parecido a un Estado viable. Debemos apoyar a Afganistán en su afganización. Debemos tomar nota de la gran complejidad de las relaciones de un país que mantiene tratos con Occidente, pero que, a la vez, juega un rol complejo en la región con su vecino Pakistán. Tenemos que desear que a medio plazo, aquello que ISAF no pudo conseguir


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desde el realismo en los primeros diez años de su misión, esto es, la creación de un marco de democracia, de respeto a los derechos humanos, de igualdad entre los hombres y las mujeres, que esto que no fue posible en el corto plazo lo sea en el medio y el largo plazo. Porque la causa de ISAF, la causa de la nueva misión y nuestros valores, los valores de Naciones Unidas, no tienen que ser interpretados como los valores del mundo occidental, sino como los valores propios de la Carta Universal de Derechos Humanos.

Señor presidente, señorías, en nombre propio y en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, les deseo unas buenas fiestas y un feliz año 2015.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.

Por el Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Centella.

El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, como usted bien ha recordado, llevamos trece años de guerra, trece años de acción militar y usted nos viene a decir que ha sido un éxito esta operación. Estamos en época de evaluación escolar y habría que contestar alguna pregunta. Me gustaría preguntarle a usted o al portavoz del Grupo Popular, que hace a veces también de portavoz de su Gobierno, si hoy el mundo es más seguro que hace trece años, porque ese era el objetivo que ustedes nos dijeron que tenía esta guerra. También podría contestarnos si hoy el integrismo es más débil, si hoy el terrorismo islámico es más débil que hace trece años. También podría contestarnos si hoy la zona concreta -ya que el mundo, no- es más segura o si el terrorismo en esa zona es más débil. (Rumores). Pues bien, en todas las preguntas suspende la operación, porque hoy ni el mundo es más seguro, ni el terrorismo es más débil, ni siquiera la zona -como se ha demostrado hace pocos días- es más segura. Por tanto, si usted viene aquí a proclamar que la operación ha sido un éxito y que ha triunfado, habrá que hacer otras preguntas, habrá que buscar otros intereses, porque lo que ustedes y otros grupos han venido repitiendo en estos trece años... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Centella.

Por favor, atiendan al orador.

Continúe.

El señor CENTELLA GÓMEZ: Yo no les pediría tanto, les pediría que al menos no molestasen. Lo de atender, ya es una cuestión voluntaria.

Señor presidente, como decía al señor ministro y a quienes han apoyado esta guerra, les voy a repetir que hay que hacerse otras preguntas para llegar, si no al éxito, al menos al aprobado. Efectivamente, creemos que la guerra ha sido un éxito y que los objetivos se han cumplido, pero los objetivos no eran ni dar más seguridad al planeta ni debilitar al terrorismo, los objetivos eran claros y lo hemos venido repitiendo, era que los recursos naturales estuviesen en manos seguras, en manos adecuadas, diría yo. Eso sí se ha cumplido. Y no solamente hay que hablar de Afganistán, porque no ha sido una operación aislada, hay que hablar de Libia, donde también ustedes han tenido un gran éxito con su operación. ¿Hoy Libia es un país seguro y democrático donde se cumplen todos los derechos humanos? Pues, tampoco. Eso sí, el petróleo libio hoy está en manos adecuadas. También podríamos hablar de Siria, donde parece que al final el malvado ahora forma parte de la solución. Ustedes tienen una lógica, que es la lógica de que la guerra, la agresión, resuelve situaciones. Y la situación es ni más ni menos que el control de los recursos naturales del planeta por los intereses que ustedes defienden. Trece años después, proclamamos que en los objetivos de seguridad y de lucha contra el terrorismo ustedes han fracasado, pero en los objetivos de cambiar de manos el petróleo ustedes no fracasan.

Ahora ustedes buscan una salida más o menos airosa, pero no se van, no nos sacan de Afganistán. Ustedes lo proclamaron a los cuatro vientos, llegó la hora y nos vamos, pero nos quedamos; nos retiramos pero seguimos allí, no porque lo hayamos decidido, sino porque otros, los que realmente mandan -los que le dicen a usted, a su Gobierno dónde hay que estar, dónde hay que bombardear, dónde hay que intervenir-, han decidido que hay que seguir en Afganistán, porque hay que seguir cuidando de los intereses, de esos intereses que no son precisamente los del pueblo afgano.

Ustedes se siguen equivocando de lógica. No sé si el portavoz del Grupo Popular nos podrá contestar cuántos médicos, por ejemplo, tenemos destacados en Afganistán, cuántos médicos o cuántos maestros ha mandado el Gobierno español a Afganistán, porque esa sí sería una buena vara de medir nuestra preocupación por mejorar la calidad de vida del pueblo afgano. Esa sí sería una vara de medir. En lugar


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de soldados, mandemos otro tipo de recursos; pero ustedes siguen empeñados en mandar soldados. Usted viene de nuevo a pedir que volvamos a mandar soldados a Afganistán, que volvamos a seguir formando parte de una operación militar. ¿Por qué no mandamos a ONG? Esas ya van por su cuenta y ya tienen los problemas que tienen. Ustedes lo que mandan son soldados; ustedes van a una operación militar, y lo ha dicho claramente cuando se ha referido a aquellos que son los que van a ir.

No sé si las cuentas nos cuadran o no, pero seguimos denunciando que ustedes siguen haciendo unos presupuestos de defensa tramposos, porque estamos convencidos de que las partidas que presentan no son reales y que lo que nos proponen tendrá que venir también a cargo de créditos extraordinarios como otros pagos, porque siguen empeñados en maquillar los presupuestos de defensa, prueba evidente de que les da cierta vergüenza reconocer que se gastan dinero en la guerra, en operaciones militares. Tienen que camuflarlos, y tendrá que venir el señor Montoro a hacer una rueda de prensa hoy, cuando termine ya la tramitación parlamentaria, y dar la cifra que usted sabe, porque no es la primera vez que la tiene que modificar a lo largo del año siguiente.

Pues bien, nosotros no vamos a votar a favor, no van a tener nuestro respaldo. Hemos venido defendiendo esta postura durante estos trece años. No estamos de acuerdo con esa lógica que ustedes tienen. En lugar de militares, preferiríamos que Afganistán consistiese en otro tipo de actividad, que de verdad colaborásemos en recuperar la economía y la calidad de vida del pueblo afgano, y no se hace por este camino. Ustedes incendiaron y no son capaces de apagar el fuego que han creado. Utilizaron el 11 de septiembre como una excusa y, cuando hablo de ustedes, no me refiero a usted -ya sé que usted no decide-, porque los que realmente deciden lo hacen en su nombre. Ustedes utilizaron una lógica a partir de ese 11 de septiembre que hace que hoy el mundo sea más inseguro, que hoy el terrorismo sea más fuerte y, en definitiva, que hoy tengamos una lacra que hace trece años podíamos tener, pero que ustedes no la han combatido adecuadamente, y ya tenemos datos. Hace pocos días ya se ha denunciado en los tribunales norteamericanos que ha habido torturas en todo lo relacionado con estas operaciones. Repito, al menos podremos decir, mirándonos al espejo, que con nuestro voto no va a ser así.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

El Grupo de Unión Progreso y Democracia va a apoyar la petición de autorización que nos ha presentado el Gobierno, y en su nombre el ministro de Defensa, para participar en esta nueva operación dentro de la misión de nuestras Fuerzas Armadas en Afganistán.

No voy a hacer sino una intervención bien breve para reseñar dos cuestiones que me parecen importantes, respecto de las cuales nuestro grupo entiende que está avalado el apoyo a esta nueva operación dentro de una misión, como se ha expresado, que se inició en el año 2002. La primera consideración a destacar es que esta es una misión que tiene su sentido en un momento en que hay ausencia de tropas de combate de los países aliados, incluido Estados Unidos, y que cumple con un objetivo básico de seguir adiestrando y supervisando las acciones militares del siempre renqueante -permítaseme la expresión- ejército afgano y de las fuerzas de seguridad. La meta, por tanto, es que Afganistán progrese en el afianzamiento de sus instituciones y no se convierta nunca más -no haya esa posibilidad- en un Estado fallido. En esta consideración y en este objetivo se enmarca, a juicio de nuestro grupo parlamentario, esta nueva operación. Por eso tiene el apoyo de nuestro grupo la petición del Gobierno.

Una segunda consideración. Esta operación general de Afganistán dentro de la que se enmarca esta misión se ha convertido -lo decía el ministro, pero quiero destacarlo también en nombre de mi grupo- en la más importante en la que han participado tropas españolas. Desde esa fecha de enero de 2002, 26.000 militares y guardias civiles -también guardias civiles- han pisado tierras afganas. Podemos hablar de una nueva generación de militares españoles que ha crecido en esta guerra y que, por otra parte, ha alumbrado nuevos modos de hacer y defenderse en la guerra: hemos conocido aviones no tripulados, acciones civiles y militares de apoyo a la población -importante lo de operaciones de apoyo a la población civil-, artefactos explosivos improvisados, etcétera. En fin, cosas buenas en el sentido de que ha habido una nueva forma de estar presente en misiones internacionales, incluso en países en situación de guerra, y otras lamentablemente malas en las que hemos tenido que aprender a sobrevivir y a proteger a los ciudadanos que viven en aquel país. Se puede hablar, por tanto, como reseñaba hace nada un medio de comunicación, de la generación de Afganistán en términos militares por nuestra gente que allí ha estado.


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Buen momento para recordar la participación de nuestros hombres y mujeres, militares y guardias civiles. Buen momento para recordar su generosidad, su entrega, su altruismo, su profesionalidad. Buen momento para recordar su sacrificio. El señor ministro hablaba de las cien víctimas de militares y guardias civiles y un traductor con nacionalidad española. Recordarles a ellos es recordar su trabajo y su generosidad, sí, es recordar la presencia de España en el mundo de una forma no conocida hasta hace muy pocos años y es recordar -por qué no decirlo con el mismo énfasis- a sus familias, a la gente que desde España les mira, a la gente que desde España y desde sus entornos más cercanos y más familiares vive con angustia su situación, su trabajo y su entrega y no solamente no les pide que se queden, sino que les acompaña en su presencia en ese país. A todos ellos, a los que están, a los que han perdido la vida, a todas sus familias, además de apoyar su nueva presencia o su mantenimiento, un reconocimiento de honra, un reconocimiento de agradecimiento. Llevan por el mundo la mejor cara de España, la cara en la que todos, por supuesto este grupo parlamentario que les habla, nos sentimos de la mejor manera representados.

Gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.

Mi grupo no se va a oponer a esta nueva participación, a esta operación en Afganistán. Seguimos pidiendo, eso sí, prudencia y transparencia en la información al explicar los objetivos, las dotaciones y el presupuesto que se va a utilizar para el mismo. Creemos que las labores de la instrucción y la educación y los medios que se van a utilizar para esos objetivos son los que están englobados en esa nueva operación del Resolute Support y que ayer nos explicó el ministro en la comparecencia que tuvo en la Comisión de Defensa.

Mi compañero Jordi Xuclà decía que optamos por la afganización. Puedo estar de acuerdo. Yo diría algo así como civilización, es decir, civilizar lo que está militarizado para que poco a poco elementos como democracia y libertad puedan ser cada vez el pan de cada día en ese país que se llama Afganistán. En cualquier caso, consideramos importante la participación en un proyecto común donde participan otros países; al fin y al cabo, en Afganistán se debe trabajar para conseguir tres objetivos fundamentales: que sea un país democrático y libre, que se respeten los derechos humanos y que finalice el conflicto armado.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.

Tiene ahora la palabra, por el Grupo Mixto, el señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, ayer usted nos decía que se había reducido la factura de las operaciones militares en el exterior, pero hoy nos trae aquí una nueva propuesta, una nueva intervención para 2015 en Afganistán, luego podemos hablar a ciencia cierta de una ampliación del gasto, en la medida que también se argumentaba que parte del ahorro venía provocado por la reducción de las tropas en Afganistán. Teniendo en cuenta que hay previstas otras actuaciones, otras intervenciones; teniendo en cuenta además que el Consejo de Ministros no contempló el gasto específico de esta intervención que usted hoy ha venido a solicitar a este Parlamento; teniendo en cuenta que usted dice que todo va a cargo de la rúbrica presupuestaria: participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz; teniendo en cuenta que estas partidas siempre se quedan cortas y que siempre se van ampliando, es decir, teniendo en cuenta que siempre se va ampliando el gasto militar por estas operaciones y por los programas especiales de armamento, todo a través del Fondo de contingencia y a través también de la deuda, le pregunto si puede informarnos, porque esto es determinante para nuestra posición, cuánto va a costar en concreto esta operación que usted hoy nos ha presentado aquí.

También me gustaría preguntarle si se va a cubrir con la partida que usted tiene presupuestada, porque hoy aquí hemos aprobado los Presupuestos Generales del Estado, y la intervención en Afganistán se decidió en el mes de septiembre en la Cumbre de Gales. Luego creo que tiene sentido que yo le pregunte si ya en septiembre usted previó que habría un gasto y si está incorporado en la partida del ejercicio 2015. Le recuerdo y les recuerdo a todos ustedes que buena parte de los recortes sociales que padecemos vienen motivados por la deuda de casi 30.000 millones en gasto militar y que hablamos de


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forma recurrente del gasto militar de un euro por día por ciudadano, con lo cual tengo, creo, derecho, todos tenemos derecho a cuestionarnos cuánto cuesta todo aquello que nos ha presentado hoy el ministro.

Además, después de trece años de intervención en Afganistán, cuando nadie duda que de democratización nada de nada, cuando además todos sabemos que han aparecido nuevos agentes activos en toda la cuestión relacionada con Afganistán, y les estoy hablando de la intervención económica de chinos, americanos y alemanes, que además de repartirse todo el pastel anterior, ahora los nuevos yacimientos de petróleo, precisamente porque son reservas muy suculentas, han despertado la apetencia de estos capitales. Después de trece años, en los que ciertamente todos nos hemos amparado bajo la coartada del aval de la ONU, viendo cuáles son los resultados de una absoluta falta de democratización en Afganistán, cuando vemos que es una noria de un sinfín que no va a resolver absolutamente nada, uno se pregunta si realmente no somos los tontos útiles, repito, si no somos los tontos útiles de estos grandes capitales internacionales que están jugando a la geopolítica de los intereses militares y económicos en este tablero de aquella zona del globo terráqueo. De manera que esta es la razón por la que, ya que usted no nos ha hablado de todas las verdades, ha escondido toda esta variable que yo le he presentado y además no ha respondido a las preguntas de cuánto va a costar todo ello, le decimos que nosotros ya no vamos a avalar, tal como hemos hecho hasta ahora, esta nueva intervención porque tenemos la impresión de que nos toman el pelo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.

También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Salvador.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, hoy, como usted acaba de reiterar, evacuamos el debate por el que el Gobierno solicita la autorización para la participación de nuestras tropas en la misión Resolute Support, continuación de alguna manera de ISAF, en Afganistán en cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 17 de la Ley 5/2005, de Defensa Nacional.

Mi partido, Unión del Pueblo Navarro, comparte el diagnóstico, las razones y el análisis que realiza el Gobierno sobre la necesidad de participar en esta misión descrito en el acuerdo que nos han pasado en tiempo y forma del Consejo de Ministros. No han cambiado, señor ministro, mucho las circunstancias globales que nos obligan a tomar partido una vez más en la defensa de la paz y de la seguridad mundial. Por eso yo quisiera que usted, señor ministro, transmitiera a los miembros de las Fuerzas Armadas, en primer lugar, el agradecimiento por su trabajo y, en segundo lugar, nuestra felicitación por la profesionalidad de todos cuantos han participado en las innumerables misiones y operaciones durante tanto tiempo y en tan diversos y complicados lugares del planeta. Usted ayer en la Comisión de Defensa lo resumía bien: más de 80.000 miembros de las Fuerzas Armadas en las diez misiones que usted nos explicaba y nos informaba que siguen abiertas y más de 142.000 miembros de las Fuerzas Armadas en el total de las misiones en las que ha participado España en el exterior. Quiero resaltar el altísimo nivel de preparación de todos ellos y asimismo el grado óptimo de cumplimiento de todos los objetivos en las distintas misiones.

En estos días pasados, tanto en la Comisión de Defensa como en la de Asuntos Exteriores, hemos recordado y coincidido en que vivimos tiempos muy difíciles en un mundo cada vez más complicado. Pasamos del horror de Pakistán o de Yemen a la esperanza de libertad en Cuba, a la incertidumbre en Argelia o al posible colapso de Rusia, todo ello en el mismo lapso de tiempo y todo ello bajo la influencia de lo que el Papa Francisco definía en un discurso reciente ante el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa como la globalización de la indiferencia. Le dije, señor ministro, en Comisión que no sabía si el servicio militar que prestan nuestras Fuerzas Armadas puede catalogarse como, entre comillas, marca España, pero lo cierto es que su papel como copartícipes y como cogarantes de la seguridad mundial permite que luego muchas de las acciones, objetivos y estrategias que nos planteamos de acción exterior tanto nacionales, españolas, como junto con nuestros aliados puedan llegar a ser una auténtica realidad.

Termino, señorías, en puertas de la Navidad, un tiempo de buenos deseos, y quisiera que el mío fuera hoy para desear que aquellas misiones en las que participan nuestros hombres terminen o lleguen a buen término cuanto antes. Les deseo también a todos los que vayan a participar en esta misión que hoy seguramente autorizaremos que desarrollen su deber con integridad, con profesionalidad y, desde luego, con orgullo. En especial quisiera decir a las familias de los 167 compatriotas que han perdido la vida en todo este tiempo y en todas las misiones en el exterior en las que ha participado España por defender la paz y la


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seguridad representando a nuestro país que tengan bien presente el respeto, la consideración y el homenaje perpetuo de agradecimiento que para nosotros tuvo su vida, su valentía, su sacrificio y su ejemplo.

Señor ministro, votaremos a favor de la autorización. Muchas gracias y siendo, creo, la última intervención del día y también del año, quisiera desearles a todos feliz Navidad y próspero año nuevo en lo personal y que tarden mucho en incumplir todos sus buenos propósitos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones.

La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, esta es mi última intervención y la de mi grupo en este año y prefiero empezar, en lugar de terminar, deseándoles a todos ustedes y a todo el personal de la casa y a sus familias una buena Navidad y un feliz año 2015. (Aplausos).

Nos solicita hoy el Gobierno la autorización para una nueva misión, un nuevo capítulo de nuestra presencia en Afganistán. Ha sido una misión -el ministro lo ha explicado claramente- de trece años en Afganistán desde su inicio y ahora se trata de abrir un capítulo nuevo, un capítulo en el que cambian las funciones y vamos a estar asesorando, adiestrando y asistiendo en sus funciones a las Fuerzas Armadas de Afganistán, de manera que consigan garantizar la seguridad de su país en un plazo en el que no nos necesiten. Es por lo tanto un buen momento para hacer un balance de lo que ha sido Afganistán, de lo que han sido estos trece años de misión. El señor ministro lo ha hecho muy bien desde el punto de vista técnico. Yo solamente quiero resumir. El señor López Garrido ha dicho: Las cosas están algo mejor. Las cosas están muchísimo mejor en Afganistán, lo cual no quiere decir que se hayan conjurado todos los riesgos y todas las malas y graves situaciones. En Afganistán se ha conjurado hoy el peligro terrorista. Era el refugio del terrorismo talibán, hoy no lo es. Hay un tremendo terrorismo, como hemos visto ahora, en Pakistán, y por lo tanto el riesgo sigue y tenemos que luchar porque es la seguridad de ellos, pero también es la nuestra la seguridad que allí se está defendiendo. En Afganistán hay ahora un régimen democrático, hay elecciones, el Gobierno deriva de unas elecciones, hay una constitución, hay un Estado de derecho, muy frágil, pero lo hay.

En Afganistán hay una situación social acerca de la cual me ha sorprendido oír lo que ha dicho el señor Centella. No es mi misión darle respuesta, pero aprovecho para precisar su comentario. En Afganistán el progreso social ha sido enorme. Cuando se pregunta quién se ha beneficiado allí, creo que usted no ha estado allí, señor Centella, yo sí. Si le dice usted a las mujeres de Afganistán que no han mejorado tengo que comentarle lo que me decía una de ellas, una diputada muy activa: Yo he llevado treinta y cuatro años el burka y mírame ahora cómo voy, defendiendo los derechos de todas las mujeres. Para qué hablarle de la situación de las niñas. En el año 2001 eran 5.000 las niñas que había en las escuelas. Pregunte usted ahora por las niñas en Afganistán. Por tanto, tenemos a la mujer como símbolo de un progreso social, una base para el desarrollo con unas infraestructuras grandes y unas Fuerzas Armadas muy bien entrenadas que pueden hoy garantizar la seguridad de su país, aunque para llegar a una plena actividad todavía necesitan nuestro apoyo.

En consecuencia, se puede decir sin la menor duda que misión cumplida sí, ahora bien, misión acabada no. Por eso ahora empezamos la misión Resolute Support con todas las características que ha explicado el señor ministro. Misión acabada no -y esto es muy importante- porque, si hay una gran lección aprendida, es que las misiones tienen que acabar bien. Es decir, Irak acabó mal, Libia acabó mal... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada.

Vamos a atender un poco para que se pueda escuchar a la oradora.

Continúe.

La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Creo que es mejor ir terminado. Únicamente quiero decir que allí estamos ahora para los tres objetivos que he enumerado, que vienen claros en la misión, sobre los que también me importa decirle al señor López Garrido que seremos informados. No hablo en nombre del Gobierno, pero sabemos que a lo largo de este año el EMAD nos ha convocado frecuentemente para darnos explicaciones y ayer el señor ministro volvió a ofrecerse. Él mismo, el EMAD y el gabinete -dijo- estarán a nuestra disposición. Ahora solicitaba el señor Tardà que le dieran una precisión sobre


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el coste. Es absurdo pedirla en este momento, pero la transparencia es total hasta el último euro. Por tanto, emprendemos la misión con los aliados -algo a lo que concedemos una extraordinaria importancia, pues esta colaboración es fundamental en la defensa de nuestro país- contra un terrorismo que nos sigue aterrando, y nuestra colaboración de las fuerzas afganas será muy importante. Además, la emprendemos -y, señorías, eso me importa mucho decirlo- porque tenemos el compromiso moral de que esto termine bien, porque 100 soldados españoles han dejado su vida allí. Hemos hablado de todas las víctimas que ha habido, 167, algo que recordaba el señor Salvador. Son 100 los soldados españoles que han dejado allí su vida, 87 han sido heridos de enorme gravedad y nuestro compromiso moral es que este esfuerzo, este sacrificio no sea inútil, por lo menos que no sea vano, inútil desde luego no va a ser.

Con esta mención a las gentes que han dejado allí su vida termino solicitando al señor ministro que transmita a nuestras Fuerzas Armadas, a los más de 1.500 hombres que ahora están pasando estos días alejados de su familia, nuestro reconocimiento, nuestra admiración y también esta voluntad de que el esfuerzo de todos ellos no sea vano. Nosotros ponemos muchas veces el escepticismo, que es muy fácil, ellos ponen el trabajo de todos los días. Señor ministro, a las familias de los 100 hombres que han muerto les manifestamos de nuevo nuestro homenaje y nuestro honor y, desde luego, nuestro compromiso con todos ellos en la confianza y en la seguridad de que este esfuerzo para ellos no ha sido vano.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones. (El señor ministro de Defensa, Morenés Eulate, pide la palabra).

Señor ministro de Defensa.

El señor MINISTRO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Gracias, señor presidente.

Intervengo únicamente para dar las gracias a los grupos que van a votar a favor y también por su recuerdo a las Fuerzas Armadas y a los familiares de los fallecidos a lo largo de estos años, y para garantizar la transparencia y la información a quienes la han solicitado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

En muy pocos minutos vamos a votar. (Pausa).

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL. (Número de expediente 140/000026).

El señor PRESIDENTE: Se ha hecho llegar a esta Presidencia una declaración institucional con motivo de la celebración del Año de la Biotecnología. Dicha declaración ha sido firmada por todos los grupos parlamentarios, así que ruego al señor secretario primero que proceda a su lectura.

El señor SECRETARIO (Gil Lázaro): Con la venia, señor presidente.

Antes de finalizar el Año de la Biotecnología el Pleno del Congreso de los Diputados quiere manifestar su compromiso por este sector y por su aportación al crecimiento económico y social del país. La celebración del Año de la Biotecnología ha permitido poner en valor un sector muy relevante, muy transversal y con un alto valor añadido. En un momento de apuesta por un cambio de nuestro modelo productivo y por un crecimiento basado en el conocimiento, el sector de la biotecnología adquiere una importancia estratégica especialmente por su capacidad de actuar como palanca de innovación en múltiples sectores. Al mismo tiempo es innegable su componente básica de investigación y conocimiento y su capacidad de transferencia, tratándose de un sector que permite que la investigación y el conocimiento se transformen en innovación y en el que la transferencia es su principal aliado.

Es por ello por lo que nos sumamos al compromiso de las entidades promotoras del Año: Asebio, Fediotec, Sebito y Fecit, por el impulso de este sector en el que el conocimiento y la industria española tienen un papel muy relevante y así lo avalan no solo los logros internacionales y el reconocimiento en materia de investigación, sino que también lo ha puesto de manifiesto la misma OCDE reconociendo el dinamismo de nuestra economía en este sector y la capacidad de crear un sector biotecnológico altamente relevante que nos sitúa en una de las primeras posiciones en el ránquin mundial.

Nos felicitamos por los avances registrados, por el papel que el conjunto de agentes que conforman el sistema han tenido y tienen en este crecimiento y por su aportación social y a un crecimiento cualitativo, basado en el conocimiento y que aporta un gran valor a la competitividad de nuestro sistema económico.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario.

SOLICITUD DE PRÓRROGA DE SUBCOMISIONES:

- SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LOS TRABAJOS DE LA SUBCOMISIÓN PARA EL ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA TRATA DE SERES HUMANOS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL. (Número de expediente 154/000011).

El señor PRESIDENTE: De conformidad con lo acordado en la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno la prórroga, hasta la finalización del próximo periodo de sesiones, del plazo otorgado para emitir informe a la Subcomisión para el análisis y el estudio de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, constituida en el seno de la Comisión de Igualdad. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). Queda acordado.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA BARKOS), SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ANTE LOS CONFLICTOS SURGIDOS CON LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. (Número de expediente 173/000188).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Mixto, de la señora Barkos, sobre la posición del Gobierno ante los conflictos surgidos con la Comunidad Foral de Navarra. Hay una enmienda transaccional presentada por los Grupos de La Izquierda Plural y Mixto. En esas condiciones se vota.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 142; en contra, 183; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL IMPACTO DE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN NUESTRO SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA SITUACIÓN DEL FONDO DE RESERVA. (Número de expediente 173/000189).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista sobre el impacto de la política del Gobierno en nuestro sistema de la Seguridad Social y la situación del Fondo de reserva. Se han incorporado a esta moción las enmiendas presentadas por el Grupo Catalán de Convergència i Unió y por el Grupo de Unión Progreso y Democracia. En esas condiciones se vota.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 146; en contra, 183; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN):

- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE EXCELENTÍSIMOS SEÑORES DIPUTADOS. (Número de expediente 042/000041).

El señor PRESIDENTE: Votación del dictamen de la Comisión de Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de los señores diputados.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 313; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


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ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RELACIÓN CON EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000106).

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado. Proyecto de ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Votación separada de las enmiendas. Primero, enmiendas al apartado III del preámbulo; al artículo único. uno, por la que se modifica el artículo 68.3.c) de la Ley General de la Seguridad Social; al artículo único. uno, por la que se modifica el artículo 73.5 de la Ley General de la Seguridad Social; al artículo único. uno, por la que se modifica el artículo 75 bis, apartado 1.b) y enmienda por la que se crea una disposición final cuarta (nueva). En estas enmiendas, como en el resto, me limitaré a señalar si quedan aprobadas o quedan rechazadas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 210; en contra, 118; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda al artículo unico.uno, de supresión del segundo párrafo del artículo 68.6 de la Ley General de la Seguridad Social.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 291; en contra, 26; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada

Enmienda al artículo único.uno, de modificación del artículo 71.4 de la Ley General de la Seguridad Social; y enmienda por la que se introduce una disposición transitoria sexta (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 199; en contra, 126; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda al artículo único.1, de modificación del artículo 71.6 de la Ley General de la Seguridad Social.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 307; en contra, 6; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda por la que, a lo largo del texto del proyecto de ley, se sustituye la denominación "Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social" por "Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social". Enmiendas al artículo único.1, por la que se modifica el artículo 74.2 de la Ley General de la Seguridad Social; al artículo único.1, por la que se modifica el artículo 75.ter, apartado 4, y se crea el artículo 75.ter.5 en la Ley General de la Seguridad Social; al artículo único.1, por la que se añade una nueva letra f) al artículo 76 de la Ley General de la Seguridad Social; al artículo único.2, por la que se modifica el apartado 6 de la disposición adicional undécima de la Ley General de la Seguridad Social; y enmienda por la que se crea una disposición adicional sexta (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 200; en contra, 129; abstenciones, 1.


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El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda a la disposición transitoria tercera.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 320; en contra, 6; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda por la que se modifica la disposición final sexta (entrada en vigor).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 200; en contra, 111; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Resto de enmiendas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 200; en contra, 111; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS EN MATERIA DE LIQUIDACIÓN E INGRESO DE CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000113).

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Socia. Se votan en bloque todas las enmiendas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329, a favor, 321; en contra, 6; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2015. (Número de expediente 121/000118).

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. Comenzamos con enmiendas al preámbulo, al artículo 9, al artículo 13, al artículo 21.1.2, g), al artículo 49, al artículo 103, a la disposición adicional décimo séptima, a la disposición adicional septuagésima quinta (bis), a la disposición adicional octogésima octava (nueva), a la disposición transitoria séptima (nueva) y a los anexos XV, XVI y XVII.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 181; en contra, 111; abstenciones, 36.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo 14; al artículo 21.1.2, i); a la disposición final décimo séptima bis (nueva), y al anexo VII.

Comienza la votación. (Rumores).

Se interrumpe la votación y pregunto: ¿hay alguna duda? (Asentimiento). Voy a repetir lo que vamos a votar: enmiendas al artículo 14; al artículo 21.1.2, i); a la disposición final décimo séptima bis (nueva), y al anexo VII. (La señora Hernanz Costa pide la palabra). Señora Hernanz.

La señora HERNANZ COSTA: Señor presidente, ¿puedo pedirle un minuto de receso, por un problema con la ordenación de las votaciones? (Rumores).


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El señor PRESIDENTE: Por supuesto que lo tiene. (Rumores).

Un momento de silencio, por favor. A ver si nos centramos en la votación. Señor Ayala, siéntese, por favor. (Pausa).

La señora HERNANZ COSTA: Disculpe, señor presidente. Teníamos alterado el guión de la votación, pero ya está subsanado. Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores).

El señor PRESIDENTE: Muy bien.

Sometemos a votación las enmiendas al artículo 14; al artículo 21.1.2, i); a la disposición final décimo séptima bis (nueva), y al anexo VII.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 180; en contra, 109; abstenciones, 40.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda al artículo 20.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 325; en contra, 1; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda al artículo 21.1.2, c).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 291; en contra, 16; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas al artículo 23, al artículo 29 y a la disposición adicional décimo segunda; enmienda a la disposición final octava, de modificación de la disposición adicional novena de la Ley 47/2003; y enmiendas a la disposición final décimo novena.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 181; en contra, 7; abstenciones, 141.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas a la disposición adicional cuadragésima bis (nueva) y a la disposición adicional octogésima novena (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 318; en contra, 6; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda a la disposición adicional quincuagésimo primera.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 306; en contra, 6; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas a la disposición adicional sexagésimo primera bis (nueva), a la disposición adicional sexagésimo primera ter (nueva), a la disposición adicional sexagésimo primera quáter (nueva) y a la disposición adicional sexagésimo primera septies (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 287; en contra, 18; abstenciones, 24.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas a la disposición adicional sexagésimo primera quinquies (nueva) y a la disposición adicional sexagésimo primera sexies (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 307; en contra, 6; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda a la disposición final octava, de modificación del apartado 1, h) del artículo 3 de la Ley 47/2003.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 183; en contra, 7; abstenciones, 139.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición final octava, de modificación del artículo 111 de la Ley 47/2003, en lo relativo al inciso "y entidades integrantes" incluido en el apartado 2 de dicho artículo 111.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 6; en contra, 186; abstenciones, 137.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de la enmienda a la disposición final octava, de modificación del artículo 111 de la Ley 47/2003.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 186; en contra, 6; abstenciones, 136.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas a la disposición final décimo novena bis (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 192; en contra, 120; abstenciones 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al anexo II.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 181; en contra, 127; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda a la Sección 27, relativa al Ciemat (correspondiente a la enmienda 497 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 287; en contra, 19; abstenciones, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas a la sección 13 relativas al nuevo Campus de Justicia de Valladolid, al programa Badajoz N.E.J. y al programa Ibiza N.E.J.; enmienda a la sección 15, relativa al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno; enmienda a la sección 17, relativa al proyecto tramo A-14 Almenar-LP Huesca. Enmiendas a la


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sección 23, relativas a la Fundación Biodiversidad, al convenio para la creación del Consorcio Centro de Actividades Regionales para el Consumo y la Producción Sostenibles, y al Consejo Internacional de la Caza. Enmienda a la sección 26, relativa al Real Patronato sobre Discapacidad. Enmiendas a la sección 27 relativas a las transferencias al CSIC y al estado de gastos del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria y al Instituto de Salud Carlos III.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 181; en contra, 6; abstenciones, 139.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda a la sección 14.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 190; en contra, 109; abstenciones, 28.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la sección 17, relativa a la subvención al transporte marítimo y aéreo de mercancías entre la península y las islas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 295; en contra, 6; abstenciones 28.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la sección 17, relativa al proyecto N-230 Sopeira-Boca Sur Turno de Vielha.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 193; en contra, 6; abstenciones 127.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la sección 17, relativa a la cubrición de la línea ferroviaria entre el Social Antzokia y el Parque de Gastañabaltza en Basauri-Bizkaia.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 289; en contra, 6; abstenciones 34.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas a la sección 18, relativas a la Fundación Francisco Giner de los Ríos, a estudios y trabajos técnicos, a la Fundación Centro Superior para la Enseñanza Virtual, al Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, a la Fundación para la proyección internacional de las universidades españolas y a la provisión del complemento de productividad incluido en los gastos de personal. Enmiendas a la sección 20, relativas al Instituto de Turismo de España, al proyecto España en Internet, y a la ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información. Enmienda a la sección 23, relativa al programa 413A sobre competitividad de la industria alimentaria y calidad alimentaria. Y enmienda a la sección 27, relativa a intereses de demora.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 181; en contra, 107; abstenciones 40.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda a la sección 19, relativa a las aportaciones del Servicio Público de Empleo Estatal al IV Plan integral de empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 300; en contra, 7; abstención, 22.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la sección 23, relativa al proyecto segunda fase de sustitución de bombeos de Acuífero Mancha Oriental.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 188; en contra, 7; abstenciones 134.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la sección 27, relativa al Instituto de Salud Carlos III, y enmienda a la sección 32, relativa a la Comunidad de La Rioja para financiar inversiones e infraestructuras sanitarias.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 297; en contra, 6; abstenciones, 25.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Resto de enmiendas del Senado al proyecto de ley de presupuestos de 2015.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 287; en contra, 8; abstenciones, 34.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO. (VOTACIÓN):

- DICTAMEN DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2012, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR DICHA COMISIÓN. (Número de expediente 250/000007).

El señor PRESIDENTE: Declaración sobre la cuenta general del Estado. Votación conjunta del dictamen de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2012, y de la resolución adoptada por dicha Comisión. Hay 2 votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324 más 2 votos telemáticos, 326; a favor, 297 más 2 votos telemáticos, 299; en contra, 14; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL Y LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA TRASPONER LA DIRECTIVA 2010/64/UE, DE 20 DE OCTUBRE DE 2010, RELATIVA AL DERECHO A INTERPRETACIÓN Y A TRADUCCIÓN EN LOS PROCESOS PENALES Y LA DIRECTIVA 2012/13/UE, DE 22 DE MAYO DE 2012, RELATIVA AL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS PENALES (ANTES DENOMINADO PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL PARA TRASPONER LA DIRECTIVA 2010/64/UE, DE 20 DE OCTUBRE DE 2010, RELATIVA AL DERECHO A INTERPRETACIÓN Y A TRADUCCIÓN EN LOS PROCESOS PENALES Y LA DIRECTIVA 2012/13/UE, DE 22 DE MAYO DE 2012, RELATIVA AL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS PENALES). (Número de expediente 121/000114).


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El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley orgánica por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para trasponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales, y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales (antes denominado proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para trasponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales, y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales). Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Votación en bloque de todas las enmiendas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 140; en contra, 183; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votación en bloque del las enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 134; en contra, 188; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas de La Izquierda Plural. En primer lugar, la enmienda número 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 319; en contra, 2; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Resto de enmiendas de La Izquierda Plural.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 136; en contra, 186; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Votamos primero las enmiendas 17, 18, 25, 27 y 28.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 320; en contra, 1; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Resto de enmiendas de Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 141; en contra, 182; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votación en bloque de las enmiendas del Grupo Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 139; en contra, 183; abstenciones, 7.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos ahora el dictamen de la Comisión.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 182; en contra, 44; abstenciones, 103.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

VOTACIÓN DE CONJUNTO:

El señor PRESIDENTE: Como se trata de una ley orgánica, hay una votación de conjunto para la que sí se ha emitido un voto telemático.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328 más 1 voto telemático, 329; a favor, 183 más 1 voto telemático, 184; en contra, 44; abstenciones, 101.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado con esta carácter de ley orgánica.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL CÓDIGO PENAL MILITAR. (Número de expediente 121/000107).

El señor PRESIDENTE: Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley orgánica del Código Penal Militar, presentadas por Izquierda Unida y por Unión Progreso y Democracia.

Hay dos votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324 más 2 votos telemáticos, 326; a favor, 19; en contra, 182 más 1 voto telemático, 183; abstenciones 123 más 1 voto telemático, 124.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas de devolución.

DEBATE RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN POR LA CÁMARA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17.1 DE LA LEY ORGÁNICA 5/2005, DE 17 DE NOVIEMBRE, DE LA DEFENSA NACIONAL. (VOTACIÓN):

- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE UNIDADES MILITARES ESPAÑOLAS EN LA OPERACIÓN RESOLUTE SUPPORT EN AFGANISTÁN. (Número de expediente 095/000006).

El señor PRESIDENTE: Solicitud de autorización del Congreso de los Diputados para la participación de unidades militares españolas en la operación Resolute Support de Afganistán.

Hay dos votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322 más 2 votos telemáticos, 324; a favor, 306 más 2 votos telemáticos, 308; en contra, 11; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Se levanta la sesión.

Eran las cinco y veinte minutos de la tarde.

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