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DS. Senado, Comisiones, núm. 310, de 28/05/2014
 





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COMISIÓN DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ LUIS RAMÓN TORRES COLOMER

Sesión celebrada el miércoles, 28 de mayo de 2014

ORDEN DEL DÍA

Dictaminar

– Proyecto de Ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario.

(Núm. exp. 621/000068)

Autor: GOBIERNO




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Se abre la sesión a las doce horas y veinticinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Buenos días.

Señorías, se abre la sesión de esta Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Vamos a proceder a dictaminar el Proyecto de Ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario. A este proyecto se han presentado 7 vetos y 312 enmiendas. El veto número 1 ha sido presentado por los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto. El veto número 2 ha sido presentado por la senadora Capella i Farré, también del Grupo Parlamentario Mixto. El veto número 3 es de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. El veto número 4 ha sido presentado por las senadoras Almiñana Riqué y Sequera García y por los senadores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs. El veto número 5 ha sido presentado por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. El veto número 6 lo ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista y el veto número 7 es del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Los vetos presentados por el Grupo Parlamentario Mixto los va a defender el senador Quintero, pero en estos momentos se encuentra en otra comisión. Si les parece bien, estos vetos se debatirán posteriormente y comenzaremos con los de los demás grupos parlamentarios.

Para la defensa del veto número 3, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Los doy por defendidos, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Para la defensa del veto número 4, tiene de nuevo la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Diré brevemente, señor presidente, que estamos ante un proyecto legislativo que desde nuestra perspectiva ha de sustituir a una ley aprobada en 2009. En contraposición con esa ley este proyecto adolece de una falta de consensos evidentes tanto con el amplio abanico sindical como con las comunidades autónomas, lo que nos parece un déficit importante a la hora de abordar un proyecto de ley de estas características. En este caso, además de añadir que falta el aval del Consejo de Estado y el del Consejo Económico y Social, desde nuestra perspectiva esta ley no va a solucionar los problemas de representatividad porque, como explicaré, mantiene una serie de cuestiones a resolver en este aspecto, siendo una de ellas el propio marco al que se refiere la ley para dilucidar esta representatividad. A nuestro parecer, el pretender realizar una consulta no haciéndolo en el marco de un régimen electoral creemos que es un error, entre otras cosas, porque una consulta no reúne los requisitos oportunos para poder dar las garantías necesarias desde un punto de vista democrático a la representatividad que deberá surgir de este marco legislativo. Nos parece que existe una dispersión evidente entre lo que son personas físicas y personas jurídicas; y no es razonable que no se fijen unas condiciones en las que esta representatividad caiga sobre aquellas personas que tienen la condición de agricultores activos, que son, en definitiva, los que deben tomar la palabra y tener la representatividad.

Por otra parte, en nuestras enmiendas y en el propio veto reclamamos que haya también un criterio respecto a la conjunción del 15% del total de los votos emitidos y el 5% de los emitidos en al menos 6 comunidades autónomas. Consideramos que hay unas diferencias de censo importantes en este caso y que, por tanto, 5 comunidades autónomas —por decirlo así— representan al 68% del censo, lo cual hace evidente que el techo del 15% debe ser rebajado al 10% para que esta situación pueda ser compensada y no se perjudique a aquellas comunidades autónomas que tienen, como decía, un censo mucho más alto.

Por otra parte, nos parece también justo mantener el Consejo Agroalimentario, porque es una figura muy necesaria, como se puso en evidencia en el debate sobre la Ley de la cadena alimentaria.

Por estas razones presentamos el veto ahora defendido.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.

Como ya está presente el senador Narvay Quintero, le voy a dar la palabra para que defienda los vetos números 1 y 2, del Grupo Parlamentario Mixto, porque tiene que ausentarse enseguida.

Tiene usted la palabra, senador.




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El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor presidente, y gracias a la comisión. Disculpen que me tenga que ausentar, pero esta comisión coincide con otra en la que también tengo que defender enmiendas.

Doy por defendido el veto número 1, de los senadores Iglesias y Mariscal, y el veto número 2, de la senadora Ester Capella.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Narvay Quintero.

Para defender el veto del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente.

En principio, damos por defendido el veto, sin perjuicio de que podamos ampliar nuestras opiniones en el Pleno. Anuncio también que votaremos favorablemente el resto de los vetos presentados.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Cazalis.

Para defender el veto número 6, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado un veto a este proyecto de ley porque ustedes pretenden determinar la representatividad de las organizaciones agrarias.

Desde el año 2009 teníamos una buena ley, una ley que fue aprobada con un alto grado de consenso político y social, incluido el suyo; una ley con plenas garantías democráticas y con un pequeño recorrido todavía en el tiempo, y estaba funcionando razonablemente bien. Por tanto, en principio, no había ninguna necesidad de derogarla y pretender aprobar otro texto legal, y es que, además, se da la circunstancia de que no lo ha pedido nadie.

Ustedes traen a esta Cámara una ley que no es otra cosa que un interés especial con el que partía desde hace 2 años y medio el ya exministro Cañete, y digo un interés especial y personal del exministro Cañete porque ni siquiera había un interés dentro del propio ministerio por cambiar esa ley, y ustedes lo saben. Por lo tanto, son los compromisos que él adquirió ahora hace más de 2 años los que nos traen a esta situación.

Es un proyecto absolutamente centralizador y excluyente; es un proyecto que carece de garantías legales; que no propone elecciones en el campo, sino que propone una consulta a la que después le otorgan, como decía el senador Boya, un carácter extremadamente vinculante; es un proyecto deslegitimador y contrario a nuestro propio régimen electoral. Por lo tanto, digámoslo claramente, es una auténtica farsa democrática que va a generar frustración e inseguridad en nuestro medio rural; es una norma que rompe con el criterio de representatividad paritaria e igualitaria; es una norma que perjudica a casi todas las organizaciones agrarias; es un proyecto que, en definitiva, no defiende los intereses de los agricultores o, mejor dicho, perjudica a aquellas opas que no son palmeros del Gobierno; es una norma superflua que se precipita para generar un conflicto en el campo, que sustituye el modo de determinar la condición de opas más representativas; una ley, como les decía, que aumenta la conflictividad jurídica entre distintas administraciones territoriales y entre las comunidades autónomas y el Estado; una ley que establece una consulta que vulnera, evidentemente, la legislación electoral en vigor y altera su procedimiento; una ley que impide ejercer el derecho de voto, alterando deliberadamente el censo; una ley que anula los límites de gasto electoral y de control electoral para que puedan votar unos y no puedan hacerlo otros; lo decía antes, una ley que rompe la paridad.

En definitiva, señorías, es una norma que no ha reclamado nadie y que va a derogar una buena ley. ¿Por qué? Tan solo porque sí, tan solo porque lo dijo el ministro Cañete, que se comprometió con algunos agricultores a vaya usted a saber qué.

Los socialistas pensamos que en el campo, en el mundo agrícola, en el mundo ganadero, en el mundo rural hay otras problemáticas, y no es necesario abrir el melón que ustedes van a abrir sin ningún sentido, y digo sin ningún sentido porque van a revolucionar una situación que estaba tranquila y que no generaba ningún conflicto. Y ustedes, al contrario, abren ese melón pero no gestionan una política agraria de verdad, no atienden esos problemas de verdad que tiene el campo, que tienen los agricultores y que tienen los ganaderos de nuestro país.




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Presenten ustedes planes de desarrollo agrario y rural, y no presenten consultas manipulables como ésta. No se pongan enfrente de las organizaciones que no son palmeros del Gobierno, y reconozcan que en un sector como este, con un importante riesgo, se debe trabajar con políticas que favorezcan el desarrollo, que favorezcan la inversión y que favorezcan la productividad. Eso es lo que un gobierno serio debería hacer, eso es lo que le debería importar, y no modificar textos legales que han estado funcionando razonablemente bien, que nadie ha puesto en solfa excepto ustedes y que, por lo tanto, no era necesario provocar una nueva ley para cambiarlo.

Por todo esto, señor presidente, es por lo que el Grupo Socialista presenta este veto, además de las enmiendas, que defenderá mi compañero el senador Toledo.

Les anuncio también el voto favorable a los vetos presentados por el resto de los grupos políticos a una ley que acabará siendo —como ya existen la Ley Gallardón y la Ley Wert—, estoy seguro, la ley póstuma de Cañete.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Rodríguez.

El último veto es del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió. Para defenderlo, tiene la palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Muchas gracias, señor presidente.

Este senador, en su primera intervención en el Pleno del Senado formuló una pregunta al ministro sobre la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias. No sé si aquella pregunta generó un desastre como el que nos presentan hoy, porque se comprometió a establecer, a mirar o a vincular la existencia de la representatividad real de las diferentes organizaciones profesionales agrarias. Eso al Grupo Convergència i Unió no le parece mal, lo que sí nos parece mal, entre otros aspectos, es: que no se respeten aquellos territorios que han realizado ya sus deberes en cuanto a la representatividad de las diferentes organizaciones profesionales agrarias; que se quiera realizar una consulta y no se utilicen los ámbitos reglamentarios y legales a la hora de realizar las diferentes —en este caso— elecciones; que no se tengan en cuenta la representatividad y el peso de las diferentes organizaciones profesionales agrarias; que no haya una figura armonizada en lo que se refiere a los censos electorales, porque puede ocurrir en este caso, en este proyecto de ley, que haya un censo electoral estatal diferente a otros censos que tenemos, en este caso en Cataluña, y esto puede provocar problemas a la hora de realizar consultas o elecciones, porque en el caso de Cataluña lo tenemos regulado tal como se establecía y como era necesario.

Permítanme que les diga que en el fondo de todo esto existe una especie —y no se lo tomen a mal— de despotismo ilustrado de: todo para el pueblo pero sin el pueblo. Y me baso sobre todo en el preámbulo del proyecto de ley cuando establece las nuevas atribuciones que en este caso tendrá el Consejo Agrario, que dice textualmente: «El nuevo Consejo Agrario debe superar el modelo de órgano informativo para ser un órgano que informa y formula propuestas sobre las políticas agrarias.» La verdad es que es un ejercicio de creatividad literaria para decir según qué cosas sin entrar en el fondo de lo que se establece como representatividad de las organizaciones profesionales agrarias. Me refiero a que en este caso se debería haber alcanzado un mínimo consenso con las diferentes administraciones autonómicas y con las organizaciones profesionales agrarias, y ese consenso no ha existido. Por tanto, lo que podría ser una oportunidad para establecer una representatividad lo más ajustada a la realidad, si se considera necesaria para ejercer esta acción, se ha convertido en un ejercicio de imposición debido a los diferentes equilibrios parlamentarios, en los que no hemos podido participar ni las diferentes organizaciones profesionales agrarias ni los partidos políticos. Y quiero apelar aquí al Grupo Parlamentario Popular a que tenga en cuenta las aportaciones que han hecho los diferentes grupos parlamentarios aunando el sentir de la mayor parte de las organizaciones profesionales agrarias.

Creo que todavía estamos a tiempo, y apelo al diálogo. Pero por todo esto que he mencionado, y sobre todo por el hecho de no regular mediante lo establecido reglamentaria y legislativamente en lo que se refiere a las elecciones, presentamos este veto y anunciamos que si no media ningún tipo de aceptación por parte del grupo proponente, votaremos a favor de todos los vetos presentados por los distintos grupos parlamentarios. Y quiero incidir en un aspecto: se debe tener en cuenta el hecho de que haya una comunión, de que exista unidad de todas las fuerzas políticas que no dan apoyo al Gobierno del Estado a presentar los vetos. Esto quiere decir algo en el sentido de que las cosas en el sector agroindustrial y en cuanto a la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias se podrían hacer de otra manera.

Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Plana.

En el turno en contra, tiene la palabra el senador Martínez.

El señor MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Intervengo simplemente para anunciar en este momento del procedimiento el voto en contra de todos los vetos presentados porque desvirtúan el contenido de la ley, y, por supuesto, no estamos de acuerdo con el papel que otorga la ley para regular el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias; y se crea el Consejo Agrario para reforzar el papel de los agricultores y ganaderos, así como de las organizaciones profesionales agrarias. Por tanto, anuncio ya, como digo, que nuestro voto será en contra de todos y cada uno de los vetos presentados por los diferentes grupos parlamentarios.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez.

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario de Entesa? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Socialista? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Martínez.

El señor MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Intervengo brevemente para decir que este proyecto regula el procedimiento de consulta para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias de carácter general en el ámbito estatal y que la consulta se verificará mediante el voto personal directo y secreto de los agricultores. Asimismo quiero destacar que además de la consulta directa y simultánea en todo el territorio nacional, se ampliará el censo de votantes a todos los profesionales de la agricultura. Es cierto que el proyecto deroga la Ley de 2009, que ha tenido grandes dificultades para ser aplicada y, no en vano, excepto en dos comunidades autónomas, no se ha llevado a cabo y no se han producido las elecciones tal y como estaba previsto en la propia ley. De ahí la dificultad para llevar a la práctica esa ley, motivo por el cual el Grupo Parlamentario Popular ha propuesto, a través del ministerio, su reforma.

Se crea el Consejo Agrario, que sustituirá al Comité Asesor Agrario. Estará compuesto por 10 consejeros y tendrá unas finalidades específicas, tal y como recoge la ley.

Este proyecto indudablemente intenta reforzar el sector de la agricultura, la ganadería y la silvicultura, que tanto peso tiene en la economía española, a la vez que defender sus intereses, que son los del campo español, poniendo en valor su importante contribución a la economía en nuestro país y a su vertebración territorial, social y cultural. Esta ley pretende garantizar la máxima transparencia y eficacia en la ejecución de las políticas públicas. La consulta tiene por objeto conocer el peso representativo real —repito, el peso real— de cada organización profesional mediante un proceso igualitario y transparente —repito: proceso igual y transparente—. El Gobierno reconoce la trascendencia y el papel que juega en las organizaciones profesionales agrarias en el mundo rural, por ello, a través de esta ley, quiere articular un proceso democrático de determinación del peso representativo de esas organizaciones profesionales agrarias que permita establecer una interlocución ponderada con la Administración General del Estado en el seno del Consejo Agrario, interlocución que garantice la consideración de los intereses y necesidades de los agricultores y ganaderos en la formulación de las políticas y estrategias nacionales en beneficio del sector agrario.

Esta ley da más legitimidad a las organizaciones profesionales agrarias y queremos que los agricultores y ganaderos elijan democráticamente en las urnas a sus organizaciones profesionales. Se trata de una ley pionera y necesaria para garantizar los derechos democráticos de los agricultores y ganaderos del campo español y a su vez de las organizaciones profesionales agrarias.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez.

A continuación, procedemos a votar los vetos.

Votamos, en primer lugar, el veto número 1, del Grupo Parlamentario Mixto.




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos, a continuación, el veto número 2, también del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 3, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 4, también del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 5, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 6, del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Y por último votamos el veto número 7, del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Señorías, entramos en el debate de las enmiendas.

Enmiendas números 1 a 34, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas números 35 a 87, de los senadores Quintero Castañeda y Cerolo Aguilar, también del Grupo Parlamentario Mixto, y enmiendas 88 a 139, de la senadora Capella i Farré, también del Grupo Parlamentario Mixto. Entiendo que todas ellas serán defendidas por el senador Quintero, que tiene la palabra.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, ya adelanto que voy a dar por defendidas las enmiendas números 1 a 34, de los senadores Iglesias y Mariscal; 88 a 139, de la senadora Ester Capella, y 35 a 87, de Coalición Canaria.

Hemos votado a favor de los 7 vetos que se han presentado y vamos a votar a favor de muchas de las más de 300 enmiendas que se han formulado a este proyecto de ley, puesto que basta leerse las enmiendas para ver que muchas de ellas coinciden con las presentadas por nosotros, que no son más que las demandas que nos han hecho llegar tanto los agricultores y ganaderos como diferentes asociaciones profesionales agrarias a fin de que las elevemos al trámite de este proyecto de ley llevado a cabo en el Senado.

Existía una buena ley y la ley que se tramita ahora margina a algunos sectores agrarios y organizaciones de pequeña estructura, que evidentemente, por su tamaño no pudieron entrar y que quedarían completamente fuera. Esperamos que el partido que apoya al Gobierno entienda que los 7 vetos presentados por los diferentes partidos, que —como ya he dicho— en mi caso, e imagino que en el del resto, son demandas que nos han trasladado las propias organizaciones profesionales, los agricultores y los ganaderos; no se las inventa este senador, sale de las reuniones mantenidas con diferentes organizaciones, en el ámbito canario principalmente, y han de ser debatidas en esta Cámara con el grupo que apoya al Gobierno para intentar llegar a una solución más real sobre las organizaciones profesionales agrarias y el Consejo Agrario.




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Como ya he dicho, vamos a apoyar muchas de las enmiendas; algunas coinciden con las presentadas por nosotros y con otras estamos totalmente de acuerdo. Esperamos llegar a un entendimiento con el partido que apoya al Gobierno de aquí a que se celebre el Pleno la próxima semana, porque con la incorporación de muchas de ellas haríamos una ley mucho más justa y mejor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Quintero.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha presentado las enmiendas 140 a 177 y 178 a 212. Entiendo que van a ser defendidas por el senador Boya, por lo que su señoría tiene la palabra.

El señor BOYA ALÓS: Muchas gracias, señor presidente.

También las doy por defendidas, porque creo que en la defensa de los vetos ha quedado manifiestamente clara cuál es la posición general de los grupos de la oposición a esta ley.

Me sumo a la reflexión del señor Narvay Quintero en el sentido de la necesidad de entender que una ley de estas características no puede sostenerse contra viento y marea por una mayoría absoluta sin tener en cuenta todo aquello que los grupos de la oposición hemos recogido por medio de los representantes de la mayor parte de las asociaciones sindicales y agrarias.

Es obligatorio pedir una reflexión al grupo mayoritario para que entienda que sin consenso esta ley no tiene ningún sentido ni lógica. Defenderemos y apoyaremos la mayoría de las enmiendas presentadas porque nos parece que es lo que en este momento nos pide el mundo agrario.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.

Para la defensa de las enmiendas 252 a 300, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Muchas gracias, señor presidente.

Quiero establecer y fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, que parece que va en la línea de lo que se desprende de algunas de las manifestaciones hechas por el Ministerio de Agricultura en tanto que se plantea la posibilidad de postergar la convocatoria de elecciones agrarias. Esto ha salido publicado en diferentes medios de comunicación, lo que habla por sí mismo de la situación y de la posibilidad de que esta ley tenga su aplicación.

También vemos que en diferentes disposiciones, sobre todo en la transitoria y finales, se establece un periodo muy largo de aplicación. Nos parece un contrasentido que en una ley que en teoría debería tener aplicación lo más rápidamente posible se postergue su puesta en marcha, como mínimo, un año y medio. Esto me hace pensar, entre otras cosas, que o no se está haciendo bien o se necesita el consenso de todos los actores implicados, y nosotros, como representantes de la voluntad popular, también tenemos que tomar parte y posicionarnos, además de las diferentes organizaciones profesionales agrarias y de la representatividad territorial que pueda tener cada una de ellas en función de las propias características y condiciones. Me refiero, por ejemplo, a ciertas organizaciones profesionales agrarias que tienen su ámbito de actuación en un territorio concreto, pues parece ser que dentro de este proyecto de ley no se ven reflejadas; al contrario, están excluidas de la propia representatividad, a pesar de que su representatividad —y reitero este concepto— es más amplia de la que podría tener en otros territorios del Estado español.

Puede ser que los agricultores, ganaderos y profesionales del sector agroindustrial en este caso no se vean reflejados en órganos que, según establece la exposición de motivos, tienen tanta importancia, lo que consideramos un contrasentido. Por un lado, se da mucha importancia al órgano que va a surgir a partir de esta consulta —nota a pie de página sobre el tema consulta: quizá algunos territorios deberíamos tomar nota al respecto—, y por otro lado, algunos territorios no se ven reflejados respecto de sus organizaciones profesionales agrarias.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Plana.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado dos grupos de enmiendas: 17 enmiendas, números 213 a 229, y otras 22, números 230 a 251.

Senador Toledo, tiene la palabra.




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El señor TOLEDO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.

Efectivamente, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado un total de 39 enmiendas al proyecto de ley remitido a esta Cámara. Dichas enmiendas tienen como objetivo fundamental la mejora, a través de la modificación, de este proyecto de ley, sobre todo en lo que tiene que ver con la derogación que se pretende de la actual normativa vigente —ya comentada por mi compañero el senador Rodríguez Esquerdo—, la Ley 10/2009, de 20 de octubre, de creación de los órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y determinación de la base de representación de las organizaciones profesionales agrarias.

La línea general de las enmiendas refuerza precisamente aquello en lo que mi grupo ya se ha posicionado al defender el veto. En primer lugar he de decir que la actual ley es buena, simplemente no ha sido desarrollada, posiblemente porque ciertos sectores y grupos políticos no han tenido el menor interés en desarrollarla. Toda ley, evidentemente, puede ser susceptible de mejora, sin lugar a dudas —y a eso estamos abiertos—, pero lo que ustedes han planteado es una derogación total y absoluta de la actual normativa. Presentan un proyecto de ley que, sin lugar a dudas, es menos garantista, y eso no solo lo dice el Grupo Parlamentario Socialista; todos los grupos de esta Cámara, excepto el Grupo Parlamentario Popular, coinciden absolutamente en este punto.

Además, este proyecto de ley ofrece dudas sobre el verdadero protagonista en un proceso de elecciones en el campo, que a nuestro entender debe ser el agricultor activo, el que trabaja el campo y la tierra.

No deja de sorprendernos —lo han comentado anteriormente algunas de sus señorías en esta comisión— que resulte tan escaso el nivel de consenso que el Grupo Parlamentario Popular, que sustenta al Gobierno, ha tenido con los grupos del Senado. No deja de sorprender que hayan sido 7 los vetos —además rechazados por la mayoría absoluta del Grupo Parlamentario Popular— presentados a este proyecto de ley. No deja de sorprender que los grupos parlamentarios prácticamente coincidamos, yo diría que casi en un 99%, en los motivos por los que presentamos los vetos. No deja de sorprender que la actual ley, la Ley 10/2009, fuese muy consensuada, incluso por ustedes, señorías del Grupo Parlamentario Popular, en la anterior legislatura, y muy consensuada e informada también por las organizaciones profesionales agrarias, muy afectadas en este asunto, y sin embargo en esta suceda todo lo contrario, pues no ha sido consensuada por los grupos parlamentarios, ni siquiera ha sido valorada por las organizaciones profesionales agrarias de nuestro país. Parece que siguen ustedes en la línea que últimamente mantienen: ir en contra de todo el mundo, absolutamente de todos. Y cuando se prepara una ley de este tipo, para nosotros el diálogo debe ser necesario, se deben buscar consensos. Pero eso, señorías, ha desaparecido. Y yo me pregunto si estamos legislando para mejorar de verdad las condiciones de nuestros ciudadanos o, simplemente, están ustedes actuando al dictado de intereses concretos que nada tienen que ver con el interés general —que estamos aquí para defenderlo— y, en concreto, con el interés general que tienen los agricultores y ganaderos del campo de nuestro país. Seguimos sin entender —ya se ha dicho aquí también, no lo voy a repetir— el verdadero motivo que tiene el Gobierno para hacer este tipo de proyecto de ley y modificar la normativa actual de esta manera.

Es evidente, y nos hace pensar a todos —ya se ha dicho también—, que el anterior ministro de Agricultura tuvo que llegar a algún tipo de acuerdo con algunos colectivos agrarios para modificar la estructura de la Ley 10/2009. Además, nos resulta curioso que, incluso a pesar de la modificación de la enmienda 310 que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular aquí en el Senado —parece ser— se alargue todavía más la posibilidad de cuándo se va a realizar esa consulta en el campo: hasta un máximo de 18 meses. En todo caso, estamos hablando ya de la próxima legislatura. Es decir, ustedes preparan un proyecto de ley en contra de todo el mundo, de todos los grupos parlamentarios, rechazan los vetos, no escuchan absolutamente a nadie, no escuchan a casi la totalidad de las organizaciones agrarias de este país, y encima dicen que van a aplicar este proyecto de ley 18 meses después de que se haya aprobado el reglamento que lo desarrolle. Para nosotros, para el Grupo Socialista, es un verdadero despropósito, es un caos absoluto, y ustedes deberían mirarlo y reflexionar —porque tenemos tiempo de aquí a que se presente en el Pleno del Senado—.

Están planteando una ley que supone un evidente paso atrás, sin lugar a dudas; una ley que plantea serias dudas en relación con las competencias con las comunidades autónomas; una ley que sí tiene una falta clara de garantías, también en el proceso, que para nosotros no es nada igualitario, sobre todo en la elaboración del censo —luego nos dará tiempo para poder discutirlo más a fondo en el Plenario—; una ley que, en el fondo, no va dirigida a los verdaderos profesionales, porque, además, se van incluir —casi van a doblar ese supuesto censo para la consulta— muchos propietarios que nada tienen que ver con los




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trabajadores profesionales agrarios y ganaderos de nuestra tierra y, sin embargo, van a poder votar en esta elecciones, que, en el fondo, es una simple consulta que están ustedes planteando. Por lo tanto, ni quisiera va dirigido a los verdaderos profesionales del campo y de la ganadería de nuestro país.

Además, hay que añadir que las enmiendas que aquí presentamos —ni qué decir tiene— están recogidas de las numerosas aportaciones y sugerencias que nos han hecho las organizaciones profesionales agrarias, que, repito, están absolutamente en contra, por lo menos en su gran mayoría —no voy a decir el cien por cien, evidentemente, pero sí en su gran mayoría, y ustedes lo saben, señorías—, de este proyecto de ley, porque, evidentemente, va dirigido hacia el interés de alguna de ellas, por tanto, no puede ser el cien por cien.

El desarrollo de nuestras enmiendas se centra en dos puntos fundamentales: el primero —ya lo he dicho anteriormente—, las garantías democráticas. Este Gobierno desea establecer una representatividad de las opas por medio de un proceso que no tiene las suficientes garantías democráticas que debe exigir nuestro ordenamiento jurídico. Se debe disponer de un procedimiento regido por los principios que recoge la Ley Orgánica de régimen electoral general o, en todo caso, en dicha norma se debe fijar como derecho supletorio a lo no establecido en este proyecto de ley. Por eso, en nuestra enmienda número 214, de modificación, manifestamos la sustitución del término tan genérico «consulta» por el más apropiado y democrático, a nuestro entender, «procedimiento electoral». Entendemos que lo establecido en el proyecto de ley en relación con la consulta supone un grave déficit democrático en el procedimiento para establecer esta representatividad de la que hablamos. Por ello, todo el paquete de enmiendas que presentamos, sobre todo al capítulo I —la representatividad de las organizaciones agrarias—, que va de la enmienda 218 a la 235, tiene por objeto fundamentalmente la modificación de todo lo relacionado con el establecimiento de la representatividad en el proceso electoral, con el propio proceso electoral; sobre quiénes tienen derecho al sufragio activo y también el derecho al sufragio pasivo; sobre las propias incompatibilidades; en relación, por supuesto, con el censo y la propia circunscripción electoral, el establecimiento de topes máximos sobre los gastos electorales, sus mecanismos de control y el régimen de financiación, entre otras cuestiones, que no quedan bien reguladas en este proyecto de ley.

En resumen, el Grupo Parlamentario Socialista, con estas enmiendas, pretende que todo el mecanismo utilizado para establecer la representatividad de las organizaciones agrarias no sea otro que el de un proceso electoral con las máximas garantías democráticas.

Por otro lado, presentamos un grupo de enmiendas que tienen que ver con la interlocución entre el Gobierno y el Consejo Agroalimentario del Estado. El bloque de enmiendas que presentamos al capítulo II, sobre el Consejo Agrario —enmiendas 236 a 246—, pretende fundamentalmente, a nuestro entender, la recuperación de la dualidad que ya existe en la actual Ley 10/2009 entre el Consejo Asesor Agrario y el Consejo Agroalimentario del Estado. Precisamente por eso presentamos una enmienda de modificación a la disposición derogatoria única, en la que pedimos que se excluya de esa derogación —en lo que se refiere a la Ley 10/2009— todo lo establecido en el artículo 2 en relación con el Consejo Agroalimentario del Estado, porque para nosotros, evidentemente —no solo ustedes lo han puesto en sus propias enmiendas—, ha sido un error, porque excluye una parte muy importante de la industria agroalimentaria de este país —no solamente a la industria, sino a las cooperativas, a los propios trabajadores por cuenta ajena y a los sindicatos—. Por tanto, eliminar este Consejo Agrario del Estado nos parecía el culmen del desacierto de este proyecto de ley, exceptuando la derogación de la totalidad del capítulo I del Real Decreto 822, que regula esta Ley 10/2009.

No voy a extenderme mucho más, porque son muchas las enmiendas que hemos presentado. Ya que no han podido ser valoradas ninguna de las enmiendas —no ya las nuestras, del Grupo Parlamentario Socialista, sino ninguna enmienda de ningún grupo, en la ponencia—, espero haber contado por lo menos con la atención de sus señoría del Grupo Popular.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Toledo Díaz.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado 12 enmiendas, 301 a 312.

Tiene la palabra el senador Ruiz Reyes.

El señor RUIZ REYES: Muchas gracias.

Sin lugar a dudas hemos atendido y escuchado todas las incorporaciones y todas las enmiendas que se han propuesto a esta normativa.




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Esta normativa era una necesidad importantísima en el campo —porque va a regular y va a dar, verdaderamente, la palabra a los agricultores—. Pretende ser una ley pionera, porque va a dar —como decía— legitimidad al sector agrario, que, si ya la tenía, aún más.

Indiscutiblemente, las 12 enmiendas que presenta el Grupo Popular son enmiendas para mejorar este texto y vienen recogidas de las reuniones, del consenso y del diálogo con las organizaciones profesionales agrarias, con las distintas comunidades autónomas; en definitiva, con el sector. Para nada es una norma sacada de una chistera, para nada es una norma que, como se ha dicho en distintas intervenciones, viene de un capricho, podíamos decir, del anterior ministro. Verdaderamente un capricho era la norma que existía anteriormente, la Ley 10/2009, que no se había aplicado en la representatividad del campo español. Solamente dos comunidades —Cataluña y Castilla y León— han aplicado esa normativa. Hay comunidades que hace más de 16 años que no tienen ningún tipo de consulta para elegir sus representantes a nivel nacional y hay comunidades —más de un 30% de la población, más de cinco comunidades— en las que nunca se habían celebrados consultas. Por lo tanto, con esta norma hacemos hincapié en dar la auténtica representatividad, en dar la palabra a los hombres y mujeres del campo para buscar a sus mejores representantes, a los que mejor pueden ayudar a mejorar el sector agrario. Que en ningún momento nos puedan decir que por el Grupo Popular ha existido falta de diálogo y falta de compromiso con el sector agrario. Usted se lo podrá decir a quien quiera, pero no a los hombres y mujeres del campo. El partido que verdaderamente ha tenido los compromisos, los gobiernos que han tenido los auténticos compromisos con el sector agrario, con el campo, con la ganadería, con la agricultura, ha sido el Partido Popular, tanto en Europa como en España. Eso es indudable y conocido por todos.

Podremos hablar de la mejora de los censos, de niveles de la PAC de 5000 o 3000 euros, de si las consultas con las mesas han de tener 500 o 50 votantes, pero lo que no se puede negar es que esta norma va a ofrecer una auténtica y actual representatividad del sector agrario, de las organizaciones profesionales agrarias. No puede haber un reparto entre las organizaciones que no equivalga a la realidad actual, porque —repito— hay zonas donde se hicieron las consultas hace 16 años y en otras no, nunca. Por lo tanto, no podemos hablar de una realidad que no existe. Así pues no damos un valor representativo y democrático a estas consultas de las que ustedes hablan.

Antes, en la ponencia, hemos hablado de ciertas mejoras que queremos incluir en esta normativa, por lo que desde hoy hasta el día del debate en el Pleno intentaremos llegar a acuerdos con los distintos grupos. Sin lugar a dudas, nuestro grupo va a estar abierto a ello. No obstante quiero decir que, aunque durante el debate algunos hablaron de la aplicación de la norma en el plazo de 18 meses, cuando se ha pedido que no se extralimite el plazo máximo de esos 18 meses, algunos han dicho rápidamente que no. Por lo tanto, ahora en el debate han dicho ustedes otra cosa.

En nuestras enmiendas proponemos una mejora de esta ley, y estaremos abiertos hasta el último momento para intentar transaccionar, mejorando distintas enmiendas positivas para el interés general del campo español.

Le diré en cuanto a la territorialidad que las organizaciones se pueden coaligar y unir para formar una representación nacional. Por lo tanto, no hay nada que aparte a ninguna organización profesional agraria de carácter autonómico.

Por nuestra parte simplemente quiero decir que esta es una normativa que da un auténtico valor a la representatividad actual del campo español y que va a ser pionera en España y en toda Europa. Esta no será una ley como la anterior, que no se aplicaba, sino una ley que se lleve a cabo y para que los hombres y mujeres del campo, los verdaderos interesados, sean partícipes y auténticos protagonistas de la elección de sus representantes en las organizaciones profesionales agrarias.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ruiz.

Pasamos al turno en contra.

¿No hay turno en contra? (Denegaciones).

Pasamos por tanto al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Toledo.




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El señor TOLEDO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.

Nosotros no hemos venido aquí a hacer un mitin político, sino a trabajar sobre un proyecto de ley concreto que el Gobierno ha presentado en esta Cámara.

Empezaré por el final. Sobre la disposición adicional quinta, que nosotros no hemos aceptado, le diré lo siguiente. A mí no me deja de sorprender que ustedes presenten una enmienda que modifica un proyecto de ley que ya cambiaron con sus propias enmiendas en el Congreso de los Diputados y durante la ponencia se den cuenta de que han cometido nuevamente un error. La enmienda dice lo que dice, y ustedes tienen la mayoría para modificar lo que quieran, pero no nos digan que no hemos querido modificar una cosa cuando no existe ningún interés por parte del Gobierno de realizar esta consulta, simple y llanamente porque es una chapuza. Por tanto, no nos carguen a nosotros lo que están ustedes haciendo mal. Es su responsabilidad. Si hablan de un máximo de 18 meses, pues lo cambian ustedes en el plenario y establecen el máximo de los 18 meses, pero no nos echen la culpa.

Señorías, la ley anterior no se desarrolló porque no se ha querido. De todas las comunidades autónomas solamente cuatro no están gobernadas por el Partido Popular, y una ya celebró las elecciones al campo. Por tanto, ustedes tienen gran parte de responsabilidad sobre la aplicación o no de lo que dice la Ley 10/2009.

Y no me queda mucho más que decir. Nos sorprende que ustedes nos digan que están abiertos al diálogo. Nosotros sí que estamos abiertos al diálogo, pero no nos han aceptado ni una sola enmienda, ni siquiera hemos podido discutirlas —solamente hemos podido debatir las suyas—. Por lo tanto, si ustedes quieren que hablemos de sus enmiendas, por favor, por lo menos escuchen o muestren un mínimo interés por las nuestras, aunque solo sea por respeto parlamentario.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Toledo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Ruiz para hacer uso del turno de portavoces.

El señor RUIZ REYES: Mire, si se ha pedido diálogo para mejorar la ley, no nos digan ustedes ahora, cuando tenemos intención de mejorar algo y lo intentamos enmendar, que estamos cerrados al diálogo. Estamos tratando de mejorar todo lo que desde nuestro punto de vista es mejorable. No nos pidan que seamos nosotros los que llevemos a cabo sus posicionamientos porque lo que intentamos es mejorar los nuestros.

Usted ha dicho que la Ley 10/2009, la ley anterior, no se ha querido desarrollar. Le voy a decir una cosa: en dos años, desde el año 2009 al año 2011 —cuando llegó el Gobierno del Partido Popular—, no se convocó ni al comité ni al consejo que regulaba la ley. Por tanto, si hubo alguien que no estuvo de acuerdo en hacer factible y real la anterior normativa y en convertirla en una auténtica representación del campo español fue el anterior Gobierno del Partido Socialista.

Repito que, con esta norma, queremos dar la palabra a los agricultores, a los hombres y mujeres del campo, para que sean ellos quienes verdaderamente elijan y pongan en la mesa a sus representantes, con la disposición del Gobierno para que esto se lleve a cabo de una forma democrática y para que participe el mayor número de agricultores.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ruiz.

Procedemos a continuación a la votación del informe de la ponencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el informe. (La señora Coves Botella pide la palabra.)

Les comunico a todos que deberán presentarse los votos particulares, lo más tarde, mañana.

Último punto: Designación del miembro de la comisión que llevará a cabo la presentación del dictamen en el Pleno del Senado. Sus señorías me han trasladado estar de acuerdo en que sea el mismo presidente de esta comisión.

Muchas gracias.

La señora Coves ha pedido la palabra.

La señora COVES BOTELLA. ¿Es posible o usual que se abra un turno de preguntas?




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El señor PRESIDENTE: No está contemplado un turno de ruegos y preguntas, pero si tiene alguna inquietud, exprésela usted, por favor.

La señora COVES BOTELLA: Mi inquietud, señor presidente, es que la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha reunido en una sola ocasión este año —creo que la comisión se reunió solo el mes de febrero y no lo ha vuelto a hacer—. Todos los grupos hemos presentado muchas iniciativas, preguntas y mociones, por lo que le rogaría al presidente, por favor, por favor, que pidiera al Gobierno que conteste a las preguntas que tiene pendientes y, por tanto, se diera paso a la convocatoria de una comisión.

Solamente quería decir esto. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Haré todo lo posible y lo imposible para desbloquear esta situación. De todas formas, como sabe, se ha producido un cambio de ministro —el señor Cañete ha sido sustituido por la señora García Tejerina—. No obstante, hablaré personalmente con la ministra para que venga a contestar las preguntas —causa fundamental del bloqueo de la comisión— el secretario, la propia ministra o quien ella designe y así esta comisión empiece a funcionar normalmente, como es mi deseo.

Muchas gracias a todos.

Se levanta la sesión.

Eran las trece y veinte minutos.


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