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DS. Senado, Pleno, núm. 102, de 12/03/2014
 





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PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 48

celebrada el miércoles, 12 de marzo de 2014

ORDEN DEL DÍA

4. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

4.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para mejorar la competitividad económica del mundo rural.

(Núm. exp. 671/000112)

Autor: GPEPC

5. MOCIONES

5.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de logística.

(Núm. exp. 662/000124)

Autor: GPP

5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a continuar trabajando con las Comunidades Autónomas en la homogeneización de la clasificación y categorización de establecimientos rurales dentro del Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT).

(Núm. exp. 662/000125)

Autor: GPP

5.3. Moción por la que se insta al Gobierno a retirar el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada.

(Núm. exp. 662/000123)

Autor: GPEPC

6. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

6.1. ELECCIÓN DE MAGISTRADOS

6.1.1. Elección de una vacante de Magistrado del Tribunal Constitucional.

Comisión: Nombramientos

(Núm. exp. 725/000003)




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7. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

7.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

7.1.1. Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Justicia

(Núm. exp. 624/000002)

7.1.2. Proyecto de Ley de seguridad privada.

Comisión: Interior

(Núm. exp. 621/000060)




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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas.

4. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

4.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para mejorar la competitividad económica del mundo rural.

(Núm. exp. 671/000112)

Autor: GPEPC

9620

El señor Boya Alós defiende la moción.

El señor Iglesias Fernández defiende las tres enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas a iniciativa de este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

La señora Coves Botella defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Plana Farran defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Boya Alós expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando dos de las presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, la del Grupo Parlamentario Socialista y la del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

En turno de portavoces intervienen el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Boya Alós, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Plana Farran, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; la señora Coves Botella, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Cotillas López, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de dos de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto y las presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, con el siguiente resultado: presentes, 232; votos emitidos, 232; a favor, 84; en contra, 141; abstenciones, 7.

5. MOCIONES

5.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de logística.

(Núm. exp. 662/000124)

Autor: GPP

9632

El señor presidente informa a la Cámara de que el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, autor de la moción, ha presentado una corrección de error a su texto, que se entiende incorporada.

El señor Mateu Istúriz defiende la moción.

El señor Fernández Ortega defiende las siete enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, una de ellas con una corrección.

La señora Iparragirre Bemposta defiende las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

La señora Candini i Puig defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Mateu Istúriz expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.




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En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Iparragirre Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Fernández Ortega, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Mateu Istúriz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción, con el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 140; en contra, 80; abstenciones, 14.

5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a continuar trabajando con las Comunidades Autónomas en la homogeneización de la clasificación y categorización de establecimientos rurales dentro del Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT).

(Núm. exp. 662/000125)

Autor: GPP

9652

La señora García Romero defiende la moción.

El señor Boya Alós defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Serrano Boigas defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora García Romero expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.

En turno de portavoces intervienen el señor Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Boya Alós, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; la señora Serrano Boigas, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora García Romero, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción, con el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 204; en contra, 23; abstenciones, 11.

5.3. Moción por la que se insta al Gobierno a retirar el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada.

(Núm. exp. 662/000123)

Autor: GPEPC

9665

La señora Almiñana Riqué defiende la moción.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Vindel López, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Mendizabal Azurmendi, el señor Iglesias Fernández y la señora Capella i Farré, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; las señoras Parera Escrichs y Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Camacho Sánchez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Vindel López, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con el siguiente resultado: presentes, 253; votos emitidos, 253; a favor, 95; en contra, 155; abstenciones, 3.




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6. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

6.1. ELECCIÓN DE MAGISTRADOS

6.1.1. Elección de una vacante de Magistrado del Tribunal Constitucional.

Comisión: Nombramientos

9685

(Núm. exp. 725/000003)

El señor presidente informa a la Cámara del acuerdo de la Comisión de Nombramientos de elevar al Pleno la propuesta del Excmo. Sr. D. Ricardo Enríquez Sancho como candidato.

Se procede a la votación por papeletas, habiéndose autorizado el voto telemático para las senadoras Excmas. Sras. García Carrasco y Navarro Viscasillas, así como para el senador Excmo. Sr. Marín Torrecillas, todos del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Efectuada la votación, el resultado es el siguiente: votos emitidos, 247; votos a favor, 162; votos en blanco, 84; voto nulo, 1.

En consecuencia, el Pleno declara que, habiendo alcanzado el candidato mencionado la mayoría de tres quintos de la Cámara que exige el artículo 159.1 de la Constitución, el Senado acuerda proponer a S.M. el Rey el nombramiento como magistrado del Tribunal Constitucional del Excmo. Sr. D. Ricardo Enríquez Sancho.

7. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

7.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

7.1.1. Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Justicia

9686

(Núm. exp. 624/000002)

El señor Ramírez Rodríguez, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Se inicia el debate de las propuestas de veto.

La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende su propuesta de veto número 2.

El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto número 3, de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número 6, del señor Guillot Miravet y este senador, ambos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Unamunzaga Osoro defiende la propuesta de veto número 1, del señor Aiartza Azurtza, el señor Goioaga Llano, la señora Mendizabal Azurmendi y este senador, todos ellos del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Montilla Aguilera defiende la propuesta de veto número 7, de la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Bildarratz Sorron defiende la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Díaz Tejera defiende la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Socialista.




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En turno en contra hace uso de la palabra la señora Franco González, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Capella i Farré y el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Altava Lavall, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Bildarratz Sorron hace uso de la palabra en virtud del artículo 87 del Reglamento.

Se procede a votar las propuestas de veto.

El señor presidente informa a la Cámara de que el voto telemático ha sido autorizado para las senadoras Excmas. Sras. D.ª Catalina García Carrasco y D.ª María Navarro Viscasillas, así como el senador Excmo. Sr. D. Benito Marín Torrecillas, todos del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, siendo los tres en contra de los siete vetos.

Se rechaza el veto número 2, de la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, con el siguiente resultado: presentes, 240, más 3 votos telemáticos, 243; votos emitidos, 240, más 3 votos telemáticos, 243; a favor, 80; en contra, 146, más 3 votos telemáticos, 149; abstenciones, 14.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, con el siguiente resultado: presentes, 242, más 3 votos telemáticos, 245; votos emitidos, 242, más 3 votos telemáticos, 245; a favor, 78; en contra, 149, más 3 votos telemáticos, 152; abstenciones, 15.

Se rechaza la propuesta de veto número 6, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, con el siguiente resultado: presentes, 241, más 3 votos telemáticos, 244; votos emitidos, 241, más 3 votos telemáticos, 244; a favor, 78; en contra, 149, más 3 votos telemáticos, 152; abstenciones, 14.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, de los senadores Aiartza Azurtza, Goioaga Llano, Mendizabal Azurmendi y Unamunzaga Osoro, del Grupo Parlamentario Mixto, con el siguiente resultado: presentes, 242, más 3 votos telemáticos, 245; votos emitidos, 242, más 3 votos telemáticos, 245; a favor, 79; en contra, 149, más 3 votos telemáticos, 152; abstenciones, 14.

Se rechaza la propuesta de veto número 7, de la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, con el siguiente resultado: presentes, 241, más 3 votos telemáticos, 244; votos emitidos, 241, más 3 votos telemáticos, 244; a favor, 79; en contra, 147, más 3 votos telemáticos, 150; abstenciones, 15.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), con el siguiente resultado: presentes, 241, más 3 votos telemáticos, 244; votos emitidos, 241, más 3 votos telemáticos, 244; a favor, 78; en contra, 149, más 3 votos telemáticos, 152; abstenciones, 14.

Se rechaza la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente resultado: presentes, 241, más 3 votos telemáticos, 244; votos emitidos, 241, más 3 votos telemáticos, 244; a favor, 78; en contra, 149, más 3 votos telemáticos, 152; abstenciones, 14.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas números 1 y 2, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por este senador y el señor Mariscal Cifuentes.




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El señor Bildarratz Sorron defiende las enmiendas números 8 a 11, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Montilla Aguilera defiende las enmiendas números 17 a 21, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y da por defendida la número 22, del mismo grupo parlamentario.

La señora Rieradevall Tarrés defiende las enmiendas números 3 a 7, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Díaz Tejera defiende las enmiendas números 12 a 16, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Franco González, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Altava Lavall, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar

9731

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueba en un solo acto la proposición de ley.

El señor presidente informa a la Cámara de que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales la proposición de ley.

7.1.2. Proyecto de Ley de seguridad privada.

Comisión: Interior

9732

(Núm. exp. 621/000060)

El señor Rabanera Rivacoba, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate de las propuestas de veto.

La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende su propuesta de veto número 1.

El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto número 2, de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto número 3, de este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Bruguera Batalla defiende la propuesta de veto número 4, de la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Cascallana Gallastegui defiende la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor López Valdivieso, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); los señores Bruguera Batalla y Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Sendra Vellvè, por el Grupo Parlamentario




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Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Cascallana Gallastegui, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Aznar Fernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar las propuestas de veto.

El señor presidente informa a la Cámara de que el voto telemático ha sido autorizado para las senadoras Excmas. Sras. D.ª Catalina García Carrasco y D.ª María Navarro Viscasillas, así como el senador Excmo. Sr. D. Benito Marín Torrecillas, todos del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, siendo los tres en contra de los cinco vetos.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, de la senadora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, con el siguiente resultado: presentes, 246, más 3 votos telemáticos, 249; votos emitidos, 246, más 3 votos telemáticos, 249; a favor, 74; en contra, 166, más 3 votos telemáticos, 169; abstenciones, 6.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, con el siguiente resultado: presentes, 246, más 3 votos telemáticos, 249; votos emitidos, 246, más 3 votos telemáticos, 249; a favor, 72; en contra, 168, más 3 votos telemáticos, 171; abstenciones, 6.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, con el siguiente resultado: presentes, 246, más 3 votos telemáticos, 249; votos emitidos, 245, más 3 votos telemáticos, 248; a favor, 72; en contra, 167, más 3 votos telemáticos, 170; abstenciones, 6.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, de la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, con el siguiente resultado: presentes, 246, más 3 votos telemáticos, 249; votos emitidos, 246, más 3 votos telemáticos, 249; a favor, 72; en contra, 168, más 3 votos telemáticos, 171; abstenciones, 6.

Se rechaza la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente resultado: presentes, 245, más 3 votos telemáticos, 248; votos emitidos, 245, más 3 votos telemáticos, 248; a favor, 72; en contra, 167, más 3 votos telemáticos, 170; abstenciones, 6.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas números 1 a 34, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por este senador y el señor Mariscal Cifuentes. Anuncia en este trámite la retirada de las números 18 y 19.

El señor Anasagasti Olabeaga defiende las enmiendas números 35 a 64, 67 y 68, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas números 136 a 170, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Bruguera Batalla defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 171 a 217, 220, 221, 223 a 233 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 124, 125, 126, 128, 130 a 132, 134 y 135, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Sendra Vellvè defiende las enmiendas números 69, 70, 76, 77, 79, 88, 89, 91 a 95, 106, 114 a 116 y 121 a 123, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Ángel Batalla defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 234, 235, 237 a 283, 287, 288, 291, 293 a 302 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los




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Diputados en lo modificado por las enmiendas 98 y 99 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, las enmiendas 125, 126, 128, 130, 131 y 135 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, las enmiendas transaccionales aprobadas sobre la base de las enmiendas 127 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y 71 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, sobre las enmiendas 133 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y 101 y 103 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió y sobre la enmienda 105 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Aznar Fernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); los señores Guillot Miravet y Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Sendra Vellvè, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Ángel Batalla, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Aznar Fernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar

9775

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 112906.

Se aprueban en un solo acto aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.

Se aprueba en un solo acto el resto del proyecto de ley.

El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

Se suspende la sesión a las veintidós horas y cuarenta y cinco minutos.




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Se reanuda la sesión a las nueve horas.

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.

4. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN.

4.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DEL MUNDO RURAL.

(Núm. exp. 671/000112)

AUTOR: GPEPC

El señor presidente da lectura a los puntos 4. y 4.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación se han presentado cinco enmiendas: tres del Grupo Parlamentario Mixto, por iniciativa de los senadores Iglesias y Mariscal, dos de ellas con una corrección; una del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Boya por tiempo de cinco minutos.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente. Brevemente, voy a consumir cinco minutos.

Esta es una moción que pretende salir al paso especialmente de los problemas demográficos, como expliqué en la interpelación que hice al ministro señor Cañete, y también de aquellos ámbitos que afectan a la calidad de vida de las personas que viven en el mundo rural. Ayer tuvimos la oportunidad de oír hablar sobre esta materia y, por lo tanto, muchas de las cosas que se dijeron se pueden aplicar a esta moción. En este momento estamos todavía en el debate de la PAC, un debate maduro, avanzado, pero es cierto que la PAC ha retrocedido un 13% en el primer pilar, un 18% en el segundo y va a retroceder también en los fondos para el desarrollo rural, por lo que una parte de esta moción va destinada precisamente a instar al Gobierno a que mantenga sus aportaciones en este ámbito.

En cuanto al tema de los jóvenes agricultores, es una evidencia que necesitamos mejorar en este ámbito. Las aportaciones que hizo el ministerio en su presupuesto en 2012 y en 2013 entre las dos no suman la cantidad que se destinó en 2011; y para este año hay una cantidad de unos 12 millones de euros, que es absolutamente insuficiente. Por ponerles un ejemplo que ilustra lo que digo, un agricultor en nuestro país a la hora de establecerse recibe un 70% menos que en Francia y dada la situación de envejecimiento de nuestra población dedicada a las materias agrícolas y ganaderas se requieren medidas enérgicas y urgentes.

Ayer se trataron ampliamente los problemas energéticos en la interpelación del senador don Manel Plana al ministro señor Soria y yo creo que es un asunto grave. El ministro afirmó que había que darle soluciones. Pues, señor ministro, usted está precisamente para dar solución a estos problemas; es un problema que no teníamos, que hay una lógica detrás de las decisiones del ministerio pero, efectivamente, lo que no podemos es seguir únicamente una lógica economicista y dejar a sectores tan importantes como el del porcino en la situación a la que le han conducido determinadas decisiones. Está pasando lo mismo con la cogeneración y con los procesos de transformación de la industria agroalimentaria que en este momento están sufriendo también los problemas de la política energética de este Gobierno.

Es cierto que posiblemente haya que modificar y haya que cambiar normativas; hay que hacerlo, hay que adaptar estas normativas a la realidad, pero no se puede cambiar de bicicleta en mitad de la carrera y de un salto. Es decir, las empresas no soportan estos cambios. Y, en el asunto de la cogeneración, y esencialmente en ámbitos de agroalimentación, estamos poniendo en peligro cien mil puestos de trabajo, y los números que nos dan las empresas son enormemente preocupantes, porque el señor Soria se va a ahorrar un 1,7% del déficit tarifario, pero es que el Gobierno va a perder un 2,3% en la recaudación de las arcas del Estado. Y vamos a enviar a cien mil personas más al paro y vamos a generar un problema en el mundo rural muy importante, porque hay muchas y muchas industrias que se están apoyando en la cogeneración y necesitan mantener el estatus en un periodo de transición para poder hacer los cambios de una forma racional, no de un día para otro. Al igual que mucha gente, estoy seriamente preocupado por estas




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decisiones, porque quizá sí hay brotes verdes, pero —ya que estamos hablando de temas agrícolas— da la sensación de que los estamos tratando con herbicidas y, francamente, no creo que esa sea la solución ni la alternativa.

Estamos hablando también de la calidad de vida de la gente del mundo rural, del problema de los recortes y de cómo afectan en la vida cotidiana de la gente: centros de salud, becas, transporte escolar, etcétera. Es un problema real —ustedes lo saben— y por eso con esta moción pedimos también que haya una vigilancia sobre esta cuestión, para que estos recortes sean racionalizados, especialmente en el mundo rural, donde se dan casos muy sensibles a estas circunstancias.

Hablamos también de la mujer en el mundo rural. No tengo tiempo para extenderme más, pero necesitamos darle soporte social a través de las cooperativas, porque, al final, todos estos recortes recaen precisamente sobre su espalda. Por eso, en cualquier debate que tengamos sobre esta materia es evidente que necesitamos mencionar a la mujer, tenerla en cuenta y pensar que es una pieza clave, esencial, fundamental de la vida cotidiana en nuestro mundo rural. Por tanto, no solo debemos hablar de dinero y de costes, sino de este concepto de sociedad plena, donde la mujer tiene un papel esencial.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Boya.

Tiene la palabra el senador Iglesias, para defender las enmiendas del Grupo Mixto.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

De las tres enmiendas que formulamos, la primera tiene un carácter meramente técnico: salvar un lapsus expresivo y extender la reivindicación de que se facilite el acceso de jóvenes a las explotaciones agrarias y también a las ganaderas. Consulté el diccionario, a ver si la RAE permitía incluir en el concepto de agrícola el de ganadero pero, como no me quedó claro que fuera así —más bien, lo contrario—, presenté esta enmienda, para que aparezca de forma expresa el término ganadero.

En segundo lugar, planteamos otra enmienda para recabar apoyo específico a la agricultura y ganadería de carácter ecológico, desde la perspectiva de que son precisamente estas producciones las que en este momento tienen mayor capacidad de generar valor añadido y, por lo tanto, de aportar mayor rentabilidad a quienes viven del campo. Somos —y eso es muy positivo y hay que destacarlo— el país de la Unión Europea con más superficie dedicada a cultivos ecológicos, que representan ya en dicho ámbito aproximadamente el 27% del terreno cultivado. De hecho, los diez principales cultivos ecológicos ocupan en nuestro país más de 650 000 hectáreas. Pero este es un cauce por el que hay que seguir avanzando, precisamente por las potencialidades que ofrece. Seguramente, la coyuntura que vivimos, la de la crisis, no es la mejor para la producción de una serie de productos de alta calidad y, por lo tanto, de precio elevado. Sin embargo, los datos no indican una caída sustancial en el mercado, sino un sostenimiento, lo que supone una base firme para continuar avanzando en la generalización de los cultivos ecológicos.

La tercera enmienda, por el contrario, pretende salir al paso de otra realidad. La rentabilidad en el mundo rural, como en cualquier otro sector, no debe alcanzarse a cualquier precio. Y así como somos el país de la Unión Europea con mayor superficie dedicada a cultivos ecológicos, desgraciadamente, también somos el país de la Unión Europea con más cultivos transgénicos. En el año 2013, 130 000 hectáreas de maíz, el 32% de la producción de maíz en nuestro país, se realizó ya a partir de semillas modificadas genéticamente. Así, en relación con 2012, se produjo un incremento del 18% en la producción de maíz transgénico.

Como muy bien saben sus señorías, existe un debate político y social en España y en el resto de los países desarrollados en relación con la conveniencia o no de promover los cultivos y producciones modificados genéticamente. De hecho, en Europa hay ocho Estados que no permiten cultivos transgénicos: Bélgica, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Bulgaria, Irlanda, Polonia y Escandinavia.

Las encuestas sociológicas dicen que en nuestro país el 65% de los españoles se manifiestan en contra de los cultivos transgénicos. En este sentido, la enmienda no pretende que estos se prohíban, porque creemos que una medida de esas características ―aunque hemos promovido en mi comunidad autónoma declaraciones y planteamientos en este sentido, que salieron adelante por mayoría en la Junta General del Principado― no se debe abordar de una forma tangencial a




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través de una enmienda a una moción en un Pleno del Senado. Aspiramos a algo mucho menos ambicioso pero útil.

Según Ecologistas en Acción en el 90% de los productos no aparece en el etiquetado la presencia de transgénicos porque solo es obligatorio que aparezca en el etiquetado, según la normativa española, cuando se pueda detectar en el alimento el ADN modificado genéticamente. Por ello, están etiquetados los piensos pero, desde luego, en ninguna parte figura el huevo de la gallina que se alimentó con esos piensos o la carne de la ternera que también se alimentó con ellos, y pensamos que el consumidor tiene derecho a conocer esa información porque, por ejemplo, el maíz y la soja, que son las dos producciones fundamentales de transgénicos, están en el 60% de los productos transformados.

Por ello, nuestra enmienda simplemente propone que se etiquete y que aparezca de forma expresa la participación en el producto de transgénicos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Coves.

La señora COVES BOTELLA: Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista ha incluido una única enmienda de adición que trata de corregir lo que para nosotros ha significado un error en el último reparto de los fondos Feader a las comunidades autónomas que ha realizado el Gobierno.

Aceptando la palabra del señor ministro de que se ha conseguido en la negociación con Bruselas un mayor incremento en los fondos Feader, no comprendemos que haya una única comunidad autónoma que se haya visto perjudicada en este reparto. Por eso, nuestra enmienda propone que se redistribuyan esos fondos; queremos que se mantengan las asignaciones a todas las comunidades autónomas y que esa compensación para Andalucía ―que ha sido la comunidad autónoma perjudicada― proceda de un fondo estatal, inédito hasta ahora en el reparto de los fondos Feader, que se ha quedado el Gobierno de España.

Desde luego, es una enmienda que no perjudica a ninguna comunidad autónoma sino que solo viene a compensar un reparto que, a nuestro juicio, es subjetivo y perjudica claramente a una comunidad autónoma: Andalucía.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Coves.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Plana, para la defensa de su enmienda.

El señor PLANA FARRAN: Gràcies president.

El nostre grup ha presentat una esmena d’addició a tot l’articulat. Agraïm que ho hagi presentat el senador Boya, pel que fa al respecte del món rural, del seu entorn i, si em permeten l’expressió, de la ruralitat.

I el que volem fer és posar de manifest que, intervenció rere intervenció, el que volem des d’aquest grup és que es respectin les competències i les atribucions competencials com fixa la Constitució i els estatuts d’autonomia. I el que veiem en aquestes possibles aplicacions, en aquest cas de la PAC, és que no hi hagi una atribució corresponent a la matèria competencial. Per tant, el que estem fixant i volem incidir —i ho farem dia rere dia cada vegada que ens donin l’oportunitat tant de pujar aquí al faristol com en les comissions—, doncs és això, hi ha un marc competencial, hi ha unes atribucions a les comunitats autònomes i, per tant, el Govern de l’Estat ho ha de respectar. I ho ha de respectar entre d’altres coses, també, amb les atribucions i amb les contribucions al cofinançament per exemple dels plans de desenvolupament rural. Un dia per l’altre, hi va haver una desaparició d’una quantitat important de diners amb el seu cofinançament, que això anirà en detriment de les aportacions que facin les comunitats autònomes. Perquè, si alguna no pot arribar a fer totes les seves inversions perquè ha d’incrementar la seva aportació, és a dir, centrifugar dèficit i quedar-se els diners que fa l’administració del govern central, doncs el que provoca és que es faci una recentralització continuada i fixada en el dia a dia.

Dues puntualitzacions. Quan es parla de la subvenció que es fa als agricultors i ramaders amb la política de la PAC. No s’està subvencionant l’agricultura i la ramaderia, l’única cosa que es fa és




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rebaixar el preu de la producció d’aquests productes que es fan a l’agricultura i que es fan a la ramaderia. Per tant, el subjecte receptor al fina és el client. És aquella persona que va a buscar aquests productes. Per tant, crec que aquí i tots els senadors que estem posats en aquest tema dels plans de desenvolupament rural, els plans que afecten l’agricultura, la ramaderia i la fixació de la població al territori, hauríem de fer i hauríem de continuar fent aquesta tasca de pedagogia. L’agricultura i la ramaderia tenen una funció essencial, ja ho ha dit i ja ho va fer de forma expressa tant el senador Boya com el ministre quan responia a la interpel.lació. Va dir què és fixar territori, volem que hi hagi un equilibri entre l’Estat rural i l’Estat urbà, és necessari. Però perquè sigui necessari i perquè es pugui donar aquesta possibilitat de vertebració del territori el que hem de proporcionar nosaltres, des del Poder Legislatiu i també els governs des de l’Executiu —per això en teoria hi hauria d’haver aquesta separació de poders—, i dic en teoria, establir unes eines perquè les persones que estiguin a l’entorn rural puguin fer el seu projecte social que consisteix en viure en un entorn determinat juntament amb un projecte econòmic. Perquè tot projecte social no pot tirar endavant si no hi ha un projecte econòmic al darrera. I què vol dir? Doncs viure de les inversions que facin. I s’han de fixar i s’han d’establir unes estructures necessàries.

Ahir estava interpel.lant al ministre Soria sobre el tema de les plantes de cogeneració de purins. És un element crític. La seva criticitat d’aquestes plantes de tractament de purí, al cap i a la fi, són necessàries perquè tingui vigència i pugui continuar el desenvolupament de les explotacions, en aquest cas porcines. I hi ha d’altres exemples que després, al torn de portaveus, ja anirem esmentat. Però, sobretot, el que sí que li demanaria en aquest cas al senador Boya, si li sembla bé, si ho té a bé, és incorporar aquesta esmena perquè el que volem és que hi hagi una reconsideració dels criteris d’aplicació de la PAC i que hi hagi un reconeixement no tàcit, sinó explícit, de les contribucions i de les atribucions legals estatutàries i normatives que tenim les diferents comunitats autònomes.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda de adición a la moción, que agradecemos que haya presentado el senador Boya, por el respeto del mundo rural, de su entorno y, si me permiten la expresión, de la ruralidad.

Quiero poner de manifiesto que, intervención tras intervención, mi grupo parlamentario reclama que se respeten las competencias y las atribuciones competenciales, como fijan la Constitución y los estatutos de autonomía; sin embargo, lo que apreciamos con estas posibles aplicaciones, en este caso de la PAC, es que no hay una atribución correspondiente a la materia competencial. Por tanto, lo que estamos queriendo decir —queremos insistir en ello, y lo vamos a hacer día tras día cada vez que se nos dé la oportunidad tanto de estar en este estrado como en comisiones— es que hay un marco competencial, unas atribuciones de las comunidades autónomas y por eso el Gobierno del Estado español lo tiene que respetar, entre otras cosas, en las atribuciones y contribuciones a la cofinanciación, por ejemplo, a los planes de desarrollo rural. Un día por otro resulta que desapareció una cantidad importante de dinero con su cofinanciación, lo que irá en detrimento de las aportaciones que hagan las comunidades autónomas, y es que si alguna no puede llegar a hacer todas sus inversiones porque tiene que incrementar su aportación, es decir, porque tiene que centrifugar déficit y quedarse el dinero que pone la Administración del Gobierno central, lo que provoca es que se haga una recentralización continuada y fijada en el día a día.

Y dos puntualizaciones. Cuando se habla de la subvención que se les da a los agricultores y ganaderos con la política de la PAC, no se está subvencionando ni a la agricultura ni a la ganadería, lo único que se está haciendo es rebajar el precio de los productos agrícolas y ganaderos. Por tanto, al final, el sujeto receptor es el cliente, la persona que va a recoger estos productos. Creo que todos los senadores que estamos inmersos en los planes de desarrollo rural, planes que afectan a la agricultura, a la ganadería y a la fijación de la población en el territorio, tendríamos que seguir haciendo esta tarea pedagógica. La agricultura y la ganadería tienen una función esencial, como dijeron expresamente el senador Boya y el ministro, este último cuando respondía a la interpelación sobre qué es fijar territorio. ¿Queremos que haya un equilibrio entre el Estado rural y el Estado urbano? ¿Es necesario? Pues para que sea necesario y se pueda dar esa posibilidad de vertebración del territorio lo que tenemos que proporcionar, nosotros desde el Poder Legislativo, y




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también los Gobiernos desde el Ejecutivo —por eso tendría que haber una separación de poderes—, deberíamos crear unas herramientas para que las personas que están en el entorno rural puedan planificar su proyecto social, es decir, puedan vivir en un entorno determinado junto con un proyecto económico, ya que un proyecto social no puede seguir adelante si no existe detrás un proyecto económico. ¿Y qué quiere decir esto? Significa que esas personas puedan vivir de las inversiones que hagan. Por tanto, tienen que establecerse unas estructuras necesarias.

Ayer interpelé al ministro, señor Soria, sobre las plantas de cogeneración de purines, un elemento crítico. Esas plantas de tratamiento de purines son necesarias para que tenga vigencia y pueda continuar el desarrollo de las explotaciones porcinas en este caso. Hay otros ejemplos que irán saliendo en el turno de portavoces. Pero lo que sí le pediría al senador Boya, si le parece bien, es que se incorpore esta enmienda porque queremos que haya una reconsideración de los criterios de aplicación de la PAC y un reconocimiento, no tácito sino explícito, de las contribuciones y atribuciones legales estatutarias y normativas que tenemos las comunidades autónomas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Plana.

Tiene la palabra el senador Boya para indicar si acepta o no las enmiendas defendidas.

El señor BOYA ALÓS: Gràcies, senyor president.

Bé, em posicionaré primer sobre l’esmena que no acceptarem, que és la que ha defensat, des del Grup Parlamentari Mixt el senyor Iglesias, que no l’acceptarem perquè ell demana l’obligació de figurar en l’etiquetatge de làctics i de càrnics.

No és que hi estiguem en contra, no necessàriament hi estem en contra. De fet, una altra esmena que ens presenten, sobre la promoció dels cultius ecològics sí que li acceptarem. Nosaltres hem defensat algunes esmenes sobre aquesta matèria. Em sembla que el seu argument té tot el sentit. Però també és veritat que hi ha una complexitat darrera d’aquesta decisió que segurament s’escapa al marc d’aquesta moció perquè, efectivament, hi ha moltes explotacions que en aquest moment optarien per alimentar les seves granges amb productes no transgènics, d’altres no. La dificultat de subministrament, el problema d’establir zones acotades perquè no hi pugui haver pol·linització, hi ha una complexitat que ens sembla que s’escapa d’aquesta moció i, per tant, en aquest sentit i per una qüestió també de prudència, pensem que això requereix un debat més aprofundit i no simplement l’esmena a aquesta moció. Per tant, en aquest sentit no li podré acceptar. Sí que li acceptaré l’esmena 112 en relació a la promoció dels cultius i de les produccions ecològiques. També aquesta altra que és la de la política pels joves. Ens sembla que és absolutament essencial. Ho he dit i hi estem absolutament d’acord.

I, respecte al senyor Manel Plana, doncs francament. Ens sembla que en aquest moment la qüestió del debat sobre la PAC i, molt especialment, la territorialització d’aquesta PAC està feta. No és que nosaltres estiguem d’acord amb el model. Ens sembla bé la reflexió que fa vostè. Veiem difícil que en aquest moment el Govern accepti reobrir aquest debat. Però sí que és veritat que fins el dia 14 d’agost tenim encara tot el debat sobre el finançament dels plans de desenvolupament rural, tot el seu reglament corresponent i, per tant, ens sembla bé que puguem mantenir el debat, que es debati sobre el tema de les competències de les comunitats autònomes i, en aquest sentit, ens tindran al costat del Govern de la Generalitat per defensar justament aquesta eficàcia en la gestió.

I estem d’acord amb el que vostè ha dit de la recentralització. Aquest Govern ens està practicant de manera permanent una recentralització en totes aquelles lleis que arriben a aquesta Cambra. I fins i tot en una moció de la qual parlarem d’aquí a una estona sobre turisme rural explicaré també alguna anècdota —literària, si volen—, de quin és el tractament per a les comunitats autònomes.

Per últim, a la senyora Coves del Grup Socialista, li acceptarem la seva esmena. Pensem que no és just el tractament que ha rebut Andalusia en aquest repartiment de fons de la PAC. Ens sembla que és una comunitat autònoma que en surt molt perjudicada i que, en aquest sentit, és bo fer una reflexió al respecte.

Gràcies, senyor president. Deixi’m acabar amb l’agraïment als grups l’aportació de les esmenes i molt especialment també el to del debat.

Moltes gràcies, senyor president.




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Gracias, señor presidente.

Me voy a posicionar, en primer lugar, refiriéndome a una de las enmiendas, que no vamos a aceptar, que ha sido defendida desde el Grupo Parlamentario Mixto por el senador Iglesias. Y no la vamos a aceptar porque él solicita que sea obligatorio que esto figure en el etiquetado de lácteos y cárnicos.

No estamos en contra necesariamente. De hecho, vamos a aceptar la enmienda sobre la promoción de los cultivos ecológicos. Hemos defendido algunas enmiendas sobre esta materia. Parece que su argumento tiene todo el sentido, pero también es cierto que hay una complejidad detrás de esta decisión que, seguramente, se escapa al marco de esta moción, porque, efectivamente, hay muchas explotaciones que en estos momentos optarían por alimentar sus granjas con productos no transgénicos, otras no, pero sí es cierto que la dificultad de suministro, el problema de establecer zonas acotadas para que no pueda haber polinización, supone una complejidad que nos parece que se escapa de esta moción. Por lo tanto, en este sentido, por una cuestión también de prudencia, pensamos que esto requiere un debate más profundo y no simplemente una enmienda. Por consiguiente, no vamos a poder aceptarla. Sí vamos a aceptar la enmienda, como he dicho, relativa a la promoción de los cultivos y producciones ecológicas, así como la que se refiere a la política para los jóvenes, pues nos parece que es absolutamente esencial y estamos totalmente de acuerdo.

Senador Manel Plana, francamente, creemos que en este momento la cuestión del debate sobre la PAC, y muy especialmente su territorialización, está hecha. No es que nosotros estemos de acuerdo con este modelo, y por lo tanto nos parece muy bien la reflexión que usted hace, pero vemos difícil que en estos momentos el Gobierno acepte reabrir este debate, aunque es cierto que hasta el día 14 de agosto tenemos todavía margen para hablar sobre la financiación de los planes de desarrollo rural y toda la reglamentación correspondiente. Por ello, nos parece bien que se debata sobre el tema de las competencias de las comunidades autónomas y, en este sentido, nosotros vamos a estar junto al Gobierno de la Generalitat para defender justamente esta eficacia en la gestión.

Asimismo, estamos de acuerdo con lo que usted ha dicho sobre la recentralización. Este Gobierno está practicando de forma permanente una recentralización en todas esas leyes que llegan a esta Cámara. Por lo tanto, en la moción sobre turismo rural que vamos a tener oportunidad de tratar dentro de un rato, vamos a explicar también alguna anécdota —literaria, si quieren, pero una anécdota— de cuál es el tratamiento que reciben las comunidades autónomas.

Por último, le diré a la señora Coves, del Grupo Socialista, que, efectivamente, vamos a aceptar su enmienda. Pensamos que no es justo el tratamiento que ha recibido Andalucía en este reparto de fondos de la PAC. Es una comunidad autónoma que sale muy perjudicada, y es bueno hacer una reflexión al respecto.

Finalizo agradeciendo a todos los grupos la aportación de sus enmiendas y, muy especialmente, el tono del debate.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Boya.

¿Turno en contra? (Pausa).

No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

No hay intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on mahaiburu jauna. Egun on senatari jaun-andreok.

Yo quiero empezar agradeciendo al senador Boya su trabajo y su preocupación por el desarrollo rural. Me consta que la agricultura es un tema que le ocupa y le preocupa, esencialmente los entornos más difíciles, como los de montaña y alta montaña. Esto es una constante en su obra, de lo cual nos alegramos todos porque compartimos en el fondo la mayoría de los planteamientos, en este tema y en otros muchos, pero sobre todo en este.

Sí me sorprende, y tengo que decírselo, aunque se lo he dicho ya en privado, que no se haga más hincapié en el tema de la realidad institucional del Estado, porque, por desgracia, en esta




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Cámara, instar al Gobierno a, es igual a instar al Gobierno a que coja su querencia recentralizadora y acabe dando un bocado a aquello que le viene bien. A este Gobierno y también al anterior, tampoco vamos a dejar de decirlo.

En cuanto a la moción en sí, evidentemente nosotros no podemos más que estar de acuerdo con todos y cada uno de los puntos que se presentan en ella. Hablar de optimizar las condiciones para mejorar la competitividad de las explotaciones agrarias, lógicamente es un objetivo que compartimos todos los que estamos más o menos en contacto con este mundo. Lo mismo cabe decir de la incorporación de los jóvenes a la agricultura y a la ganadería, en eso también estoy de acuerdo con el senador Iglesias. Pero más allá de estar de acuerdo hemos presentado en esta Cámara iniciativas referidas tanto a la agricultura como a la pesca. Si no, evidentemente, desaparecería o cambiaría el sector primario tal y como lo conocemos y no solamente en los usos sino también en su vertiente social, y yo creo que tenemos que intentar que eso se mantenga.

Por lo tanto, estamos de acuerdo prácticamente en todos los puntos. Pero hay dos puntos que nos generan cierta incertidumbre, que son el 5 y el 6, porque hacer acuerdos marco con el ministerio y crear mesas nos vuelve a poner en la tesitura de la recentralización. No obstante, serían bienvenidos y estaríamos de acuerdo siempre que se cumpla el principio de colaboración y se respete nuestro ámbito competencial. Si de lo que se trata es de diseñar desde una mesa centralizada futuras políticas que luego han de aplicarse en todas las comunidades autónomas solo tiene sentido que lo haga el Gobierno directamente. Por lo tanto, sí, pero.

Lo que ya nos cuesta más es estar de acuerdo con el punto 1; en este sí que no podemos estarlo. Y no podemos estarlo, no porque no se mantengan los recursos del período 2007-2013, sino porque pensamos —y esa es la postura que nuestro Gobierno y nuestro grupo han mantenido en la negociación llevada a cabo al efecto— que no es justo mantenerlos. Y no nos parecía justo porque el reparto de los fondos Feder en este periodo se hizo con cierta subjetividad, causando graves distorsiones en algunas comunidades autónomas, lo que supuso en el caso de Euskadi una pérdida cercana al 40% respecto a la situación de partida del período 2000-2006. En este período el reparto fue más transparente o, por lo menos, estaba ligado a ciertos criterios objetivos. Si hubiera sido en el 2006 yo lo hubiera aceptado —también lo acepto ahora porque me parece justo que ninguna comunidad autónoma pierda dinero; eso me parece justo y en eso estoy de acuerdo con lo que dice la senadora Coves—, pero me hubiera gustado que este mismo criterio se hubiera seguido también en el 2006, cuando la Comunidad Autónoma del País Vasco perdió el 40% de sus fondos para desarrollo rural.

Esta es la postura que nosotros hemos defendido en la comisión sectorial a fin de que se incluyeran no un período, sino la media de los dos períodos, y además se modulara de alguna manera teniendo en cuenta los criterios de población —entendida no como población del padrón municipal, sino como padrón municipal—, los criterios de dispersión, los criterios de incorporación de peso en la industria agroalimentaria o también, por qué no, los grados de ejecución de los PDR anteriores. En Euskadi hemos estado haciendo esto, primero, a través de una sociedad que se llamaba Mendikoi, y después incorporamos el mar para abarcar el desarrollo rural y litoral. Ya llevamos bastantes años en esto, hemos trabajado mucho y se han hecho muchas cosas. Por lo tanto, está bien que no pierda nadie pero también habrá que potenciar que la gente haga cosas, y por eso nos hubiera gustado que se hubiera tenido en cuenta ese factor modulador a la hora de disponer de los recursos que ahora se están discutiendo.

En principio nos vamos a abstener, senador Boya. Como dije el otro día, solo estamos de acuerdo en el fondo y, por ello, repito, nos vamos a abstener.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gràcies, senyor president.

Vull agrair en primer lloc el suport dels grups que l’han manifestat. En aquest cas ens sembla que algunes qüestions que ha posat de relleu el senador Cazalis són qüestions que efectivament es poden matisar. Nosaltres, el que preteníem amb el punt 1 d’aquesta moció, és essencialment que el Govern de l’Estat no faci vexació d’un obligació que té de finançar els fons de desenvolupament rural. És a dir, ens sembla que l’aportació que ha fet fins ara, de gairebé el 50%




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de les partides globals totals del que són els fons de desenvolupament rural, hem sentit en aquesta cambra al senyor Montoro com se’n desdeia. I ara sembla que això no va amb el Govern de l’Estat i ens sembla que les comunitats autònomes difícilment podran suplir aquella pèrdua de gairebé dos mil milions d’euros que, en el conjunt del període de la PAC, hem calculat que aquests fons no hi seran. Per tant, aquest punt número 1 volia dir que, efectivament, potser no ha encertat en el període, perquè vostè diu que en el període anterior van sortir perjudicats, però, en tot cas, la idea fonamental era aquesta.

Hi ha una qüestió que jo voldria aprofitar per comentar en aquest torn. I és que fixin-se que aquesta crisi ha estat molt dura, i és una crisi que ha tingut uns efectes, en general, que coneixem sobradament i que no cal que jo en parli en el marc d’aquesta moció. Però és una crisi que té uns efectes gravíssims sobre el medi rural. I si alguns de vostès són de poble, que molts ho són, i permetin-me l’expressió, saben perfectament que la dificultat que té un jove emprenedor al món rural, que vulgui obrir una empresa, que vulgui impulsar una explotació agrària o una petita empresa artesanal, té uns problemes enormes. I són enormes perquè, entre d’altres coses, —i en un punt d’aquesta moció se’n parla—, el problema burocràtic de tràmits que ha de fer un emprenedor per posar al dia, per obrir les portes d’una petita explotació ja sigui de caràcter alimentari, de caràcter ramader, són enormes. I els poso un exemple. Vaig parlar l’altre dia de la dificultat que tenia el sector del porcí per competir en el marc de l’exportació per tots els problemes burocràtics que es plantejaven. Però, fixin-se, les persones que es dediquen a fer formatges en aquest país, que és una activitat força corrent en el món rural, i especialment en zones de muntanya, tenen una queixa en aquest moment.

Gracias, señor presidente.

Quiero agradecer, en primer lugar, el apoyo a los grupos que nos lo han manifestado. En este caso, nos parece que algunas cuestiones que ha puesto de relieve el senador Cazalis se pueden matizar. La verdad es que lo que nosotros pretendemos con el punto 1 de esta moción es esencialmente que el Gobierno no haga dejación de su obligación de cofinanciar los fondos de desarrollo rural. Hemos visto cómo en esta Cámara el señor Montoro decía que no a la aportación que se ha hecho hasta ahora de hasta el 50% de las partidas globales de los fondos de desarrollo rural; ahora parece que esto no va con el Gobierno. Y nos parece que las comunidades autónomas difícilmente van a poder suplir esa pérdida de casi 2000 millones de euros que hemos calculado del período de la PAC porque estos fondos no van a estar. Por tanto, lo que queríamos decir con este punto número 1 es que efectivamente quizá no se ha acertado con el período, porque usted dice que en el período anterior han salido perjudicados, pero la idea fundamental aquí era esta.

Quisiera aprovechar este turno para comentar alguna cuestión. Esta crisis ha sido muy dura, es una crisis que ha tenido unos efectos que conocemos sobradamente y que ahora no es necesario que yo vuelva a repetir en el marco de esta moción, pero tiene unos efectos gravísimos en el medio rural. Imagino que muchos de ustedes son de pueblo, y saben perfectamente la dificultad que tiene un joven emprendedor en el mundo rural que quiera abrir una empresa, que quiera sacar adelante una explotación agrícola o una pequeña empresa artesanal. Tiene unos problemas enormes, entre otras cosas —y en un punto de esta moción se habla de ello—, porque los trámites burocráticos que tiene que hacer un emprendedor para abrir las puertas de una pequeña explotación, insisto, ya sea agroalimentaria, ganadera, etcétera, son enormes. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. El otro día hablé de la dificultad que tenía el sector porcino a la hora de competir en el marco de la exportación por todos los problemas burocráticos que se planteaban; pero, fíjense, las personas que se dedican a hacer quesos en este país, que es una actividad bastante corriente en el mundo rural, y sobre todo en zonas de montaña, tienen una queja en este momento.

La queja es que nuestro país es el que tiene más dificultades burocráticas y administrativas para conseguir poner al día, es decir, tener perfectamente en regla una quesería. Y no será que los franceses o los austríacos no hagan quesos, y no será que no los hagan dentro del marco de la calidad y de la seguridad alimentaria. Es decir, tenemos un exceso de burocracia, y eso tiene un efecto devastador sobre todo en el mundo rural. ¿Y ello por qué? Pues porque tenemos unas poblaciones donde efectivamente el emprendimiento es muy difícil, las dificultades que existen en el mundo rural para emprender son mayores que en el mundo urbano, y por tanto, el Gobierno y




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las comunidades autónomas tienen que hacer un esfuerzo en el marco de sus competencias para mejorar la competitividad de estas empresas y la facilidad para crearlas. Ese es un objetivo que está en sus programas de gobierno reiteradamente, y por tanto, tienen ustedes que hacer algo. Yo no sé qué dirá el portavoz del Grupo Parlamentario Popular; ya imagino que van a votar en contra de esta moción pero alguna cosa tenemos que hacer en esta materia porque considero que es clave para que, después de esta crisis, del desastre que tenemos en el mundo rural respecto a la posibilidad de encontrar un puesto de trabajo, y ya añado, un puesto de trabajo digno, todos aquellos jóvenes que tienen el valor de intentar iniciar un negocio, una aventura empresarial, puedan como mínimo ahorrarse una buena parte de la burocracia que en este momento están obligados a padecer. Y este es un tema no menor del que hablamos en esta moción y que efectivamente es fundamental.

Porque ustedes pueden decir en este momento —y quizá lo hagan—, que el problema demográfico no existe en España, y eso es absolutamente falso. Podríamos hablar de las cifras de Aragón —no lo haré porque no tengo tiempo—, pero en Cataluña, por ejemplo, en estos últimos años el éxodo calculado según datos de la Administración de la Generalitat, por tanto, no me las invento yo, es de casi cuatrocientas mil personas que se han ido del mundo rural a la ciudad. Así pues, sigue existiendo un problema que la crisis va a agudizar, e insisto, el Gobierno tiene que darle alguna solución.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gràcies, senyor president.

En primer lloc, fer palès que hi havia una necessitat imperant i crec que hi és, de fer un tractament ampli, explícit, de tot el que afecta la qüestió rural. Perquè a la moció presentada pel senador Boya —necessària—, hi ha molts aspectes que s’estan regulant. Qüestions d’aplicabilitat a l’entorn rural, facilitació de la vida d’aquelles persones que lliurement prenen la decisió de fixar-se i d’establir-se i de vertebrar aquest entorn rural fins a qüestions de mesures relacionades amb la gestió diària del dia a dia d’aquelles persones que tenen un projecte vital i empresarial en aquest entorn rural.

Algunes qüestions relatives, per exemple, al primer punt. Quan es parla de mantenir les aportacions financeres, a més a més es podria fer una altra cosa, hi hauria un altre aspecte. Amb això sí que el Govern de l’Estat espanyol té una visió molt clara d’aquelles Comunitats Autònomes que han estat capaces de gestionar de forma eficient, o d’aconseguir el màxim d’aplicació del fons del PDR. I, d’aquesta manera, si en algun moment determinat hi ha alguna Comunitat Autònoma que, pel que sigui, —perquè no aposta, perquè veu que no pot cofinançar, perquè no hi ha projectes, etc— sí que podria tenir aquesta funció d’aportar aquells fons que en algunes comunitats autònomes no s’han aplicat a d’altres que tenen voluntat de tirar endavant.

I això és una de les demandes que s’ha fet des del Govern de la Generalitat de Catalunya. Per sort, tenim un entorn rural jo crec que emprenedor, bastant fixat en el territori, i que té ganes de fer projectes. I ens hem trobat amb això. Que hi ha voluntat de fer projectes però, no és que no hi hagi una redistribució equitativa sinó que aquests diners que estan assignats i atribuïts de forma ineludible a cada comunitat autònoma, si una d’aquestes comunitats autònomes no és capaç d’aplicar-ho es perden. Per tant, aquest sentit de redistribució que pot tenir el Govern de l’Estat espanyol, miri, li compro aquesta possibilitat. El que no li puc comprar és que hi hagi o bé un intent d’invasió competencial des del nostre punt de vista continuat i sostingut, —podríem parlar de la llei d’unitat de mercat, etc. etc. en relació a unes competències exclusives que tenim atribuïdes les comunitats autònomes. Per resumir-ho, som els més constitucionaliste —si em permeten l’expressió— d’aquesta Cambra. Perquè sempre apel.lem a les competències exclusives que, en matèria d’agricultura i ramaderia, ens estan donant els estatuts d’autonomia que, al cap i a la fi, són unes lleis orgàniques.

Fet això i fet aquest esment que crec que és molt necessari, estic d’acord amb el que deia el senador Boya de les dificultats per crear el seu propi negoci que tenen aquelles persones emprenedores no tan sols en l’entorn rural sinó en tot tipus d’entorns econòmics. Hi ha un informe




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demolidor del Banc Mundial, en el qual l’Estat espanyol ocupa el lloc 168 de 185 països a l’hora de tenir facilitats per obrir el seu propi negoci. Això ho ha recollit el Govern de la Generalitat en una Llei Omnibus que el que vol és reduir al màxim les qüestions burocràtiques perquè hi hagi la màxima facilitat d’aplicació de l’emprenedoria. No pot ser possible que ens permetem el luxe, com a comunitat, que no es puguin tirar endavant negocis, que no es puguin tirar endavant petites iniciatives empresarials, per molt petites que siguin, per qüestions burocràtiques, això no pot ser.

Els poders públics, tant el Legislatiu com l’Executiu, estem al servei d’aquelles persones que lliurement, i de forma individualitzada o col.lectiva, volen tirar endavant els seus projectes empresarials perquè això, al cap i a la fi, reverteix en el benefici propi del territori, amb les aportacions a nivell microeconòmic. Ahir estava parlant amb el ministre Soria de qüestions macroeconòmiques però, en aquest cas, que és l’economia diària, del dia a dia, que poden facilitat i que, sobretot, necessitaríem facilitar aquestes qüestions en l’entorn rural. Petits negocis, transmissió generacional d’aquelles persones que, per edat, no poden portar el negoci, que tinguin facilitat per poder-ho passar a les següents generacions perquè, d’aquesta manera, el que estem fent és vertebrar el territori rural, que crec que en aquest punt tots els senadors aquí presents hi estem d’acord i podríem arribar a punts d’entesa.

Així, doncs, votarem a favor d’aquesta moció.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero poner sobre el tapete que existía una necesidad imperiosa de tratar amplia y explícitamente todo lo que afecta a la cuestión rural, porque en la moción presentada por el senador Boya —necesaria— se están regulando muchas cuestiones: desde cuestiones de aplicación en el entorno rural, facilitación de la vida de esas personas que libremente han tomado la decisión de establecerse y de vertebrar este entorno rural, hasta de medidas relacionadas con la gestión diaria de aquellas personas que tienen un proyecto vital y empresarial en este entorno rural.

Voy a referirme a algunos aspectos relacionados con el punto 1. Cuando se habla de mantener las aportaciones financieras, además se podría tener en cuenta otro aspecto. El Gobierno sí tiene una visión muy clara de aquellas comunidades autónomas que han sido capaces de gestionar de forma eficiente o de conseguir el máximo de aplicación del fondo del PDR, y de esta forma, si en un momento determinado hay alguna comunidad autónoma que por lo que sea no los utiliza —porque no apuesta, porque ve que no puede cofinanciar, porque no existen proyectos, etcétera—, sí que podría tener esta función de aportar esos fondos que en algunas comunidades autónomas no se han aplicado a otras que tienen voluntad de seguir hacia delante.

Esta es una de las demandas que se ha hecho desde el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Por suerte, tenemos un entorno rural bastante fijado en el territorio y que tiene muchas ganas de sacar adelante proyectos, y nos hemos encontrado con esta situación: que existe la voluntad de hacer proyectos, pero no es que no exista una redistribución equitativa, sino que este dinero que está asignado y atribuido de forma ineludible a cada comunidad autónoma, si una de estas comunidades autónomas no es capaz de aplicarlo, se pierde. Pues bien, le voy a comprar esta posibilidad de redistribución que puede tener el Gobierno del Estado español, lo que no le puedo admitir es que exista un intento de invasión competencial, desde nuestro punto de vista, continuado y sostenido —podríamos hablar de la Ley de la unidad de mercado, etcétera— en relación con unas competencias exclusivas que tenemos atribuidas las comunidades autónomas. Para resumir, somos los más constitucionalistas —si me permiten la expresión— de esta Cámara, porque siempre estamos apelando a las competencias exclusivas que en materia de agricultura y ganadería nos dan los estatutos de autonomía, que al fin y al cabo son leyes orgánicas.

Dicho esto, estoy muy de acuerdo con lo que decía el senador Boya sobre las dificultades de esas personas emprendedoras de crear su propio negocio, no solo en el entorno rural, sino en todo tipo de entorno económico. Hay un titular demoledor del Banco Mundial que dice que el Estado español está en el lugar 168 de 185 países para facilitar los trámites a las personas que quieran abrir su propio negocio. Esto está recogido, lo ha recogido el Gobierno de la Generalitat en una ley ómnibus que lo que quiere es reducir al máximo las cuestiones burocráticas para que exista la mayor facilidad de aplicación de la emprendeduría. No nos podemos permitir el lujo, como




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comunidad que somos, de que no se puedan sacar adelante negocios, que no se puedan impulsar pequeñas iniciativas empresariales, por muy pequeñas que sean, por cuestiones burocráticas, esto no puede ser.

Los poderes públicos, tanto el Legislativo como el Ejecutivo, están al servicio de esas personas que, libremente y de forma individual o colectiva, quieren impulsar sus proyectos empresariales, porque esto, con las aportaciones, a nivel microeconómico, al fin y al cabo, revierte en beneficio del propio territorio. Ayer hablábamos con el ministro Soria, cuando le interpelaba, de cuestiones macroeconómicas, pero aquí, en la microeconomía, la economía del día a día, podríamos facilitar, y necesitaríamos facilitar, estas cuestiones en el entorno rural: pequeños negocios; transmisión generacional, para que esas personas que, por edad, ya no pueden llevar su negocio, tengan facilidad para poder dejarlo a las siguientes generaciones. Así, lo que estaríamos haciendo es vertebrar el territorio rural y creo que, aquí, todos los senadores presentes estaríamos de acuerdo con esto y podríamos llegar a puntos de encuentro.

Así pues, vamos a votar a favor de esta moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Plana.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Coves.

La señora COVES BOTELLA: Gracias, señor presidente.

Buenos días. Quiero comenzar este turno de portavoces para fijar la posición del Grupo Socialista agradeciendo al Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y muy especialmente al senador Boya, la oportunidad que nos ha ofrecido de debatir sobre un tema de enorme transcendencia, como es el desarrollo rural y del que va a depender en gran medida la cohesión territorial y también social que tiene nuestro país.

No es la primera vez que hablamos aquí, en el Senado, sobre desarrollo rural. Hay un grupo de trabajo y en el Congreso se creó también un grupo de trabajo, así como en la Federación Española de Municipios y Provincias y en la Unión Europea se han diseñado distintas estrategias para la unidad territorial en Europa, e, incluso en los últimos días, cuatro comunidades autónomas, Aragón, Galicia, Castilla y León y Asturias, de diferentes grupos políticos, se han reunido para solicitar que la financiación autonómica a sus comunidades autónomas esté vinculada a la baja densidad, a la dispersión y al envejecimiento. Quiero decir con ello que hay una enorme preocupación en todo el territorio por la dispersión o por la falta de políticas de desarrollo rural. Motivos de preocupación que se incrementan en los últimos meses, cuando hemos conocido cuál es el reparto de los fondos Feader, de desarrollo rural, que el Gobierno de España ha realizado. Estamos preocupados porque se ha decidido disminuir drásticamente la aportación que hasta ahora venía haciendo el Gobierno de España en la cofinanciación de estos proyectos que invierten dinero directamente en el medio rural. Algunos medios de comunicación han cifrado esa disminución en unos 2000 millones de euros, pero lo más grave será que hay muchas comunidades autónomas que no podrán hacer frente a su parte de cofinanciación debido a las dificultades económicas que atraviesan. De hecho, ya hay algunas organizaciones agrarias que han dado la voz de alarma. Hay tres comunidades —Valencia, Extremadura y Madrid— que han devuelto, por falta de ejecución, 67 millones de euros en este último año y la previsión es que para el próximo año se devuelvan 165 millones de euros. Es una situación grave que va a repercutir muy negativamente en el afianzamiento de la población en el medio rural.

Pero, quizá, la mayor la mayor agresión que se ha hecho al campo en los últimos años procede de la Ley de reforma de la Administración Local y veremos sus efectos en los próximos tiempos cuando empiece a aplicarse. No vamos a insistir en el rechazo que el Grupo Socialista ha manifestado a esta ley —hemos recurrido hasta el Tribunal Constitucional—, pero, ciertamente, la reducción de municipios, el vaciado de competencias, la disminución de concejales, unido a un deterioro en los servicios que se prestan a la población que vive en el campo, no es el mejor argumento para afianzar la población y para tener un desarrollo rural acorde a la realidad. Lo que el Partido Popular ha llamado reforma de la Administración Local no es ni más ni menos que una recentralización de competencias y una vuelta a treinta años atrás.

Porque estamos preocupados por el medio rural, porque estamos preocupados por la gente que vive en el campo, porque queremos que tenga las mismas oportunidades que la gente que




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vive en la ciudad y porque, además, queremos que tengan los mismos servicios, ya le anticipo, señor Boya, que vamos a votar a favor de esta moción.

En España, el 83% de la población vive aproximadamente en el 15% del territorio. Eso quiere decir que tenemos unos niveles de despoblación enormes, alarmantes, de los peores de Europa. El abandono del medio rural va a tener consecuencias muy drásticas, desde una modificación de la cohesión social hasta llegar incluso a la pérdida de biodiversidad del territorio. Por eso ha sido enormemente importante el primer pilar de la política agraria común, las ayudas directas, y muy especialmente en estos momentos el segundo pilar, el desarrollo rural. Por eso nos resulta incomprensible, vuelvo a repetir, esa falta de compromiso del Gobierno de España con estas políticas que van a modernizar la agricultura, que van a hacerla más competitiva y que van a favorecer la incorporación de jóvenes al territorio. Porque si hay algo en lo que coinciden todos los expertos es que el campo adolece de envejecimiento y masculinización. Por tanto, debemos hacerlo atractivo para que jóvenes y mujeres puedan permanecer y vivir en municipios pequeños.

Pero claro, si la política que adoptamos es la del cierre de centros de salud o de centros escolares, por ejemplo, si se deja de financiar el transporte escolar para que los niños y las niñas puedan acudir a los colegios o se cierran...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora COVES BOTELLA: Sí, señor presidente.

Si se cierran centros de urgencia para atender a la población estaremos haciendo un flaco favor a las personas interesadas en residir en el medio rural.

Para terminar, quiero decir que somos conscientes de que la vida en el campo es muy dura y que además se trata de un trabajo, un oficio que no tiene una valoración social muy elevada. Por eso, desde aquí mi más sincero reconocimiento a ese noble oficio que es la agricultura y la ganadería y nuestro apoyo a esta moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Coves.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Cotillas López.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

En primer lugar, quiero agradecer al señor Boya, representante de Entesa, la presentación de esta moción consecuencia de interpelación que nos permite hablar del mundo rural, aunque es verdad que al escuchar su interpelación del otro día, leer la moción y ver todos los puntos que en ella se desarrollan, entiendo que ha querido abarcar muchos aspectos de un mundo ya de por sí diverso, en un Estado como el español, también diverso en su propia configuración administrativa. Por lo tanto, entrar en cada uno de esos puntos es complicado.

Permítame que le diga que debido a la posición mantenida por el Grupo Parlamentario Popular —que trabaja para que todos los ciudadanos del Estado español tengan los mismos derechos, las mismas obligaciones y las mismas oportunidades, independientemente del territorio en el que se viva, e independientemente de que se viva en el mundo rural o en el mundo urbano, con las dificultades y variaciones de ese mismo rural—, no podemos votar a favor de esta moción, más aún después de que su grupo haya admitido las enmiendas de los grupos parlamentarios Catalán en el Senado Convergència i Unió y Socialista.

Sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica y sostenibilidad social es lo que garantiza el mundo rural. En ese sentido, el Gobierno de España está trabajando en positivo. Esta sostenibilidad permite que los servicios públicos puedan funcionar y hace interesante a los ciudadanos emprender o vivir en el mundo del campo porque económicamente se pueden ganar la vida. En eso trabajamos. Evidentemente, aunque todos pretendemos que la calidad de vida en el mundo rural sea mayor, discrepamos del análisis inicial y, por lo tanto, de la respuesta que se da a ese análisis.

El mundo rural ha conseguido durante estos dos años mejorar su renta per cápita. El agricultor ha conseguido mejorar su renta en estos dos años y medio de Gobierno del Partido Popular de una manera muy notable. Las empresas agroalimentarias están cambiando su modelo de trabajo y apuestan por la internacionalización con el apoyo del Gobierno de España.




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Hemos conseguido dar la vuelta a una política agraria común muy nefasta para el mundo rural y hemos conseguido 47 000 millones de euros, de los cuales más de 8100 se van a destinar a políticas de desarrollo rural; políticas de desarrollo rural en las que hay más dinero y con la oportunidad de llevar a cabo un programa nacional de desarrollo rural, al mismo tiempo que programas regionales; programas regionales o reparto de los fondos regionales en los que se han tenido en cuenta a las comunidades autónomas y con un amplio consenso, en los que no pierden las comunidades autónomas sino que ganan; hubo otros periodos en los que con un menor reparto de dinero solo ganaron algunas y perdieron todas, mientras que en este ganan todas porque también gana aquella que va a percibir los fondos de una manera más objetiva, aunque parezca que percibe menos.

Y una Ley de fomento del cooperativismo que permite además que las cooperativas tengan una mayor actuación en el ámbito económico y social de los municipios de los pueblos donde viven; Ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria; Ley de igualdad en el trato, etcétera.

Señorías, permítanme que les diga algo: no se puede entender, y nos podemos perder mucho, que se hable continuamente de calidad de vida, de competencia de las comunidades autónomas, que se pida al Estado que ponga orden en la actuación de las comunidades autónomas y que cuando se ponga orden se diga que se recentraliza. No tiene sentido. No se puede hablar de eliminar trabas burocráticas y al mismo tiempo no estar de acuerdo con la posibilidad del mercado único dentro de nuestro propio país. No se puede decir, señora Coves, que no se pagan los transportes escolares, las guarderías u otra serie de cosas, generalizando. En Castilla-La Mancha se han mantenido todos los servicios sociales, educativos y sanitarios públicos. (Rumores). Y quizá ni en Andalucía ni en Cataluña se haya conseguido lo mismo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE:

Muchas gracias, senador Cotillas.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, con la incorporación de las siguientes enmiendas aceptadas: dos del Grupo Parlamentario Mixto, una del Grupo Parlamentario Socialista y una del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232; votos emitidos, 232; a favor, 84; en contra, 141; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

5. MOCIONES

5.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE LOGÍSTICA.

(Núm. exp. 662/000124)

AUTOR: GPP

El señor presidente da lectura a los puntos 5. y 5.1.

El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular en el Senado, autor de la moción, ha presentado una corrección de error a su texto que se entiende incorporada y, además, a esta moción se han presentado diez enmiendas: siete, del Grupo Parlamentario Socialista, una de ellas con una corrección; dos, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; y otra, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió. (Rumores).

El senador Mateu no va a comenzar su intervención hasta que no haya silencio en el hemiciclo. Por favor, señorías, guarden silencio.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Mateu.




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El señor MATEU ISTÚRIZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, buenos días. Comparezco en la mañana de hoy para presentarles una moción en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Senado relativa a la actividad logística, que es esencial para el desarrollo económico de España, para su vertebración social y también para la cohesión territorial. Es un gran motor de crecimiento y de generación de empleo y, más concretamente, es un factor fundamental puesto de manifiesto por multitud de tratadistas para conseguir una mayor competitividad de nuestras empresas y posicionarse más allá de nuestras fronteras.

Señorías, ya en el Pleno del pasado día 11 de septiembre, expusimos una moción relativa a la intermodalidad en el transporte, en la cual instábamos al Gobierno de España a seguir trabajando en la citada materia, puesto que valorábamos las ventajas que tenía seguir insistiendo en dicha actividad. Gracias a todas ustedes, señorías, se pudo sacar adelante esta moción con doscientos veintisiete votos a favor, prácticamente aprobado por la mayoría de los asistentes. Gracias de nuevo, señorías, por ese apoyo que nos prestaron en aquel momento. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Pues bien, para seguir insistiendo al Gobierno de España en esta materia, es por lo que hoy presentamos esta moción más amplia, pues se refiere fundamentalmente a toda la actividad logística en la que se encuentra inmerso también, por supuesto, el transporte intermodal y para solicitar de sus señorías nuevamente ese apoyo para instar al Gobierno a que adopte y haga suyas las medidas que luego propondremos.

Para ello, les voy a dar una serie de argumentos que con su refrendo provocarán esa actividad nuevamente del Gobierno de España. Pero, señorías, antes de empezar a plantearles ese argumentario, ¿qué entendemos por actividad logística? Según el Reverse Logistics Executive Council, la actividad logística es el proceso de planificar, implementar y controlar eficientemente el flujo de materias primas, productos en curso, productos terminados y la información relacionada con ellos, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el propósito de satisfacer los requerimientos del cliente. Así, la logística empresarial analiza la organización y gestión de todas aquellas actividades dirigidas a obtener, trasladar y almacenar materiales y productos desde su adquisición a proveedores hasta su posterior distribución a clientes y a consumidores.

En la actividad logística, señorías, se distinguen tres importantes áreas de actividad: el proceso de aprovisionamiento, la producción y la distribución.

Señorías, en un entorno globalizado, la logística es uno de los principales motores de desarrollo económico y tiene una gran influencia en la eficiencia económica y en la competitividad de los sistemas productivos nacionales y regionales. Las actividades logísticas conforman el sistema de enlace entre las materias primas, la producción y los mercados. Su implantación supone, pues, un factor de competitividad y oportunidad para el desarrollo económico.

La logística implica —como he dicho— a múltiples sectores: además de los mencionados, a los gestores de infraestructuras. Por ello es necesario definir una estrategia conjunta de actuaciones a nivel nacional para coordinar a todos los actores públicos y privados con competencia, responsabilidad e intereses.

Por todo ello, señorías, España se merece una buena planificación de su logística, pues es uno de los países punteros en infraestructuras de gran capacidad y calidad, ocupando la primera posición en red europea de autovías y autopistas; es el quinto país del mundo con mayor infraestructura ferroviaria y cuenta con la red de alta velocidad de ferrocarril más extensa de Europa. Además, tenemos que aprovechar también nuestra privilegiada posición geoestratégica en el Mediterráneo y nuestros lazos con Latinoamérica. Ello la convierte en una puerta de entrada idónea hacia Europa de las mercancías provenientes tanto del norte de África como de América y de Asia.

Ello nos permite también aprovechar nuestro posicionamiento en la globalidad de las denominadas rutas de transporte mundial, las rutas round de world que todas las grandes navieras ofrecen entre sus servicios. Pero, señorías, hay que aprovechar todas estas ventajas para convertir a España en la gran plataforma logística del sur de Europa y en punto de concentración y manipulación de los tráficos internacionales de mercancías, llevando a cabo la actividad logística




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principal y otras actividades importantes que generan un importante valor añadido, como puede ser el etiquetado, el embalaje, la consolidación y la desconsolidación de cargas, etcétera.

Señorías, en esta andadura no estamos solos; estamos bajo la planificación, los criterios, las directrices y las ayudas económicas de la Unión Europea, y así se manifestó ya en el Plan de acción para la logística del transporte de mercancías en el año 2007, que se recogió en la comunicación de la Comisión del año 2007/607 y que contemplaba una serie de iniciativas políticas para mejorar la eficacia y sostenibilidad del transporte de mercancías en la Unión Europea.

En el año 2012 la Comisión Europea también publicó el libro verde sobre el mercado integrado de los servicios de entrega para implementar el comercio electrónico. En él se estudiaban las maneras de distribuir lo que se adquiriera en beneficio tanto de los ciudadanos como de las pequeñas y medianas empresas. El Programa Marco Polo hay que considerarlo como impulsor de la logística, puesto que trataba de descongestionar las vías férreas del transporte de mercancías por carretera para trasvasarlo al transporte de mercancías por ferrocarril, al transporte marítimo de corta distancia y, desde luego, a las vías navegables interiores.

El primer Programa Marco Polo contó con una dotación de 115 millones de euros, que fue aprovechada parcialmente, en un aspecto mínimo, por el Gobierno de España. El Programa Marco Polo II se dotó con 450 millones de euros y, desde luego, tenía una cobertura geográfica más extensa.

La logística y el transporte, señorías, aportan a España aproximadamente el 5% del producto interior bruto y dan empleo a más de 850 000 personas. La mayor parte de estas empresas de transporte y logística en España están relacionadas con el transporte por carretera y con el almacenamiento. Este sector está aproximadamente constituido por 2700 empresas y 47 000 empleos, según datos de 2010. Gran parte de estas empresas se sitúan, señorías, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en Madrid.

Las empresas de transporte marítimo se concentran, lógicamente, en los grandes puertos de mar y básicamente en Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco, y también en Madrid debido a que las sedes están en la capital de España. Las empresas de transporte aéreo se concentran en las comunidades autónomas en los grandes aeropuertos, como Madrid y Barcelona. En cuanto al tamaño de estas empresas de transporte y logística, el 72% tienen menos de diecinueve empleados, y las de menos de diez empleados representan el 56%. Madrid es la que tiene más empresas, con más de quinientos empleados, y en Cataluña y en la Comunidad Valenciana se cuenta con un mayor número de pequeñas empresas, que se llaman así las de menos de diez empleados.

Señorías, tenemos en España un amplio mercado de servicios logísticos y de transportes, que se dividen técnicamente en sectores en función de los tipos de transporte que realizan. Así, tenemos sectores tan importantes como el del automóvil; el sector intermodal del transporte; el sector de la siderurgia; el sector petroquímico; el sector de los graneles, muy importante en cuanto a sus exportaciones a África, tanto de clínker como de cemento, y el sector de las mercancías en general. Según datos recogidos en el Pitvi, el tráfico interior de mercancías en el año 2011 fue de 310 864 millones de toneladas métricas por kilómetro, y la carretera fue el principal modo de transporte, con un 85,36% del total, seguido a gran distancia por el transporte marítimo, 12,33%, y por el ferrocarril, 2,46% y, por último, el transporte aéreo, con una tasa de un 0,02%.

Señorías, no podemos olvidar que nuestras políticas o nuestras peticiones al Gobierno de España en esta materia tienen que estar pintadas de verde, me explico, tienen que estar referenciadas en la defensa del medioambiente y por eso no tenemos que obviar lo dispuesto en el Libro Blanco del Transporte del año 2011, en el que hay diez medidas, dentro de las cuales hay una que considero muy importante: que hay que reducir el 60% de emisión de gases de efecto invernadero en el año 2050, comparándolo con los que se emitían en el año 1990. El transporte en Europa emite gases de efecto invernadero en un 24%, de los cuales el 17% corresponde al transporte por carretera y el 7% al resto de los modos. Por eso, señorías, imperiosamente hay que hacer ese trasvase del transporte de mercancías por carretera al transporte por ferrocarril, y es una de las exigencias que tenemos que hacer al Gobierno de España.

Señorías, nuestro sector logístico ha sido analizado por múltiples informes, por múltiples tratadistas y en muchas conferencias y sectores, y tiene unos puntos débiles y también, como contrapunto u otra cara de la moneda, unos argumentos a su favor. Dentro de los aspectos




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importantes que tiene nuestro sector logístico definidos en el foro logístico, organismo específico constituido por el Ministerio de Fomento y que se reunió el pasado 12 de febrero del año 2013, podemos decir que el primer punto bueno que tiene nuestro sector logístico es el de las infraestructuras, que son punteras en nuestro entorno europeo. El Gobierno de España también ha desarrollado y está desarrollando el corredor mediterráneo. También hay inversiones privadas en iniciativas ferroviarias y logísticas, aspecto que es loable y muy importante en este sector de la logística; convenios entre ADIF y las autoridades portuarias para generar los accesos a los puertos, y tenemos también la capacidad para hacer y terminar la liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril.

Señorías, esta preocupación por la logística ya fue manifestada por el Gobierno de España en la comparecencia de la ministra de Fomento el día 9 de febrero del año 2012 en el Congreso de los Diputados y posteriormente fue recogida en el Pitvi, que se presentó en el Congreso de los Diputados el día 26 de septiembre del año 2012, que es nuestra hoja de ruta, en la que se da un impulso a la logística y al transporte multimodal de mercancías, basados en la competitividad, desarrollo equilibrado, cohesión y vertebración, sostenibilidad, eficiencia e integración funcional. Por cierto, señorías, hoy finaliza el período de información pública tanto del documento básico del Pitvi como del de la ISA, el Informe de Sostenibilidad Ambiental.

Por todo lo que antecede, señorías, el Grupo Parlamentario Popular propone a la aprobación del Pleno del Senado la siguiente moción para instar al Gobierno a: fortalecer la Unidad Logística, creada a comienzos del año 2013, reforzando su composición y definiendo sus funciones para la implementación de la Estrategia Logística Nacional. Desarrollar una normativa específica de la logística, coordinada con las políticas europeas e internacionales, que dote al sector de un cuerpo jurídico propio y que contemple la logística como una actividad de servicios única y no como una suma de servicios regulados de forma individual. Culminar la liberalización del transporte ferroviario de mercancías al objeto de impulsar una mayor competencia de los mercados y mejorar su eficiencia. Desarrollar y mejorar la formación del sector de la logística en coordinación con los ministerios de Educación y de Empleo y con las comunidades autónomas. La elaboración de un código de buenas prácticas para dotar al sector de la logística de una mayor confianza y de una mayor transparencia. La creación de una ventanilla única para la tramitación administrativa que aligere y homogeneice los trámites en los diferentes modos de transporte, al objeto de armonizar la documentación requerida en las cadenas de transporte nacional e internacional, tanto para los diferentes modos como para todos los servicios administrativos. La integración de la logística en el Observatorio del transporte para que integre y analice todos los datos del sector, que pasará a denominarse del Transporte y de la Logística. Analizar las capacidades de carga en el transporte de mercancías por carretera para optimizar las capacidades y dimensiones de los vehículos pesados al objeto de fomentar la mejora de la productividad del transporte. Coordinar los calendarios de restricciones al transporte de mercancías por carretera que armonice la heterogénea situación actual. La puesta en servicio de autopistas ferroviarias entre los principales nodos logísticos, tanto nacionales como internacionales, al objeto de mejorar la sostenibilidad del sector mediante una colaboración de la carretera y del ferrocarril en el transporte de mercancías. Optimizar los modelos de gestión de terminales intermodales, que redunde en una mayor eficacia y competitividad de los mismos. El establecimiento de acuerdos con los sectores logístico e industrial que redunden en el potenciamiento del uso del ferrocarril. Adaptar los principales corredores ferroviarios para transporte de mercancías buscando una participación más activa del ferrocarril en la cadena del transporte tanto a nivel nacional como internacional. Adoptar medidas, como la reducción de tasas, al objeto de mejorar la relación calidad-precio de la oferta portuaria, incrementando con ello la competitividad de nuestros puertos. Analizar la puesta en servicio de nuevas autopistas del mar, impulsando los correspondientes acuerdos con los restantes países de la Unión Europea. Impulsar la implantación y mejora de las terminales logísticas definidas como estratégicas y prioritarias. La mejora de los accesos terrestres a los principales puertos, como nodos básicos de conexión multimodal, de acuerdo con los principios y orientaciones sectoriales establecidos en el Pitvi. Por último, proyectar en el interior del territorio cadenas eficientes y sostenibles de transporte marítimo-terrestre que enlacen directamente puertos de interés general con nodos logísticos del interior del territorio.




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Señorías, esto es lo que se pide al Gobierno de España, y espero su apoyo para aprobar la presente moción.

Muchas gracias por su atención.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mateu.

Para la defensa de las enmiendas tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el senador Fernández Ortega.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días.

Esta moción nos ha dado la oportunidad de estudiar el Plan de estrategia logística nacional que ha presentado el Gobierno, y cuando uno lo estudia descubre que hay muy poco contenido, tan poco contenido que no merece la pena llamarlo plan, y ya abundaré más en esta idea en el turno de portavoces.

Si estamos ante un documento que no es un plan, imagínense ustedes esta moción, que es una mala copia del plan y de la nota de prensa de su presentación. Además, se hace a destiempo. Vienen a presentar una moción en la que piden que el Gobierno atienda las medidas que el Gobierno ya ha publicado en un plan hace cuatro meses. No tiene ningún sentido que nos presenten una moción con esa petición, salvo el de rellenar el cupo del Partido Popular.

La primera enmienda que hemos presentado se refiere a una cuestión de forma. Ya que hacen una copia, cópienla bien. No entiendo que en la moción, las medidas estén relatadas en un orden distinto al que ya recoge el propio plan del Gobierno. No sé si es que pretendían que eso fuera la innovación de la moción. No sé si con eso pretendían innovar sobre el documento que ya tenía el Gobierno. No encuentro el sentido a esa forma de actuar y de presentar el trabajo.

La segunda enmienda que presentamos es para solicitar que venga de una vez aquí la ministra de Fomento a explicar el Pitvi, que es el documento del que trae causa este plan, puesto que este plan es un desarrollo sectorial, y que lo haga porque la propia ministra pidió su comparecencia en esta Cámara el 3 de agosto de 2012 para hablar de los planes de infraestructura de este país y todavía no ha comparecido. Huelga decir que lo hemos pedido todos los grupos y tampoco nos ha hecho caso.

También presentamos una enmienda porque para que un documento se llame plan lo menos que tiene que tener son plazos, compromisos, una planificación, un estudio detrás y una propuesta hacia adelante, y este plan no tiene ninguna de esas cosas. Por lo tanto, hemos planteado una enmienda para que el Gobierno, en dos meses, haga una propuesta de plazos. Y le decimos dos meses porque como sabemos que no tiene nada, y no podemos decir que nos presente lo que tiene porque este Gobierno carece de rigor, y mucho más cuando presenta documentos a los que llama planes de ámbito nacional.

La cuarta enmienda que hemos presentado pide que revisen ustedes los documentos que presentan y los adapten a la Unión Europea, porque, por lo visto, el Gobierno no se entera de las tramitaciones que se están llevando a cabo en la Unión Europea, y como ha publicado el plan y el Pitvi en noviembre, no se ha enterado de que en diciembre la Unión Europea ha aprobado unos reglamentos y, por lo tanto, no se sentía concernido a tener en cuenta cuál era el desarrollo de infraestructuras en Europa en su planificación para este país. Por consiguiente, pedimos en una enmienda que el Gobierno tenga en cuenta lo que acuerda y vota a favor en Europa, porque no se entera de que están pasando cosas un mes después de que presenta sus documentos.

Pedimos la supresión de la medida ocho como ejemplo de por qué hay que suprimir este plan por completo. El plan es absolutamente nefasto —y ya profundizaré en ese aspecto en el siguiente turno de portavoces—, es un documento prácticamente inútil, y la prueba de ello es la medida número ocho, que usted plantea y que está en el propio plan.

El Gobierno viene a decir que quiere estudiar las capacidades y las medidas de los vehículos pesados para mejorar el transporte y la logística, como si viviera en un mundo aparte de Europa. Señoría, Europa es el nivel competente para ocuparse de estas materias. Hemos firmado un tratado en la Unión Europea cuyo artículo 5 contiene el principio de subsidiariedad, en el que las reglas y las normas se hacen en función de quién es competente para ello; y para vehículos pesados que transportan cargas internacionales no vamos a hacer normas nacionales. La Unión Europea lleva años estudiando esto; ha elaborado un libro blanco en 2011, que conocen ustedes




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y al que se refieren en sus notas de prensa. Es más, hace seis meses hemos debatido en esta Cámara propuestas de la Unión Europea para modificar la capacidad y la carga de los vehículos pesados; tuvimos la ocasión de debatirlo en la Comisión Mixta de la Unión Europea —yo participé en ese debate— para alargar 15 centímetros los camiones a efectos de que puedan llevar los nuevos contenedores que van en el transporte marítimo. ¡Y vienen ustedes a decir que van a hacer una medida para el plan nacional que consiste en estudiar la capacidad y la carga de los vehículos! Es como si ustedes vivieran en un mundo aparte. Yo no sé si es que quien ha redactado este documento no se siente concernido por Europa, o que no se lee los papeles. Por lo tanto, proponemos que se suprima esa medida, porque va en contra de los convenios y tratados europeos que hemos firmado.

Además, hemos solicitado que se revisen los acuerdos publicados en la Unión Europea, el Reglamento 1316/2013 en particular, porque en el anexo I se dice que el corredor atlántico llega hasta Algeciras —el puerto más importante de España y uno de los más importantes de Europa— y en el Anexo II del mismo documento ya no se encuentra Algeciras como prioritario en el corredor de mercancías; y eso es muy importante para Andalucía y muy importante para España.

Y por último —y ya termino, señor presidente—, el Plan de Estrategia Logística que ha publicado el Gobierno dice que hay cuatro puertos en España que no tienen conexión ferroviaria, entre ellos el de mi provincia, Motril; pero luego no aparece ni una sola línea para decir cómo lo van a resolver. Y si esto es un plan...

El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA. Termino enseguida.

En España hay cuatro puertos, que son Almería, Motril, San Cibrao y Sagunto. Y yo añado que deberían haber puesto ustedes en el plan el acceso al puerto exterior de A Coruña. Planifiquen ustedes el acceso ferroviario.

No tengo más tiempo, pero creo que les ha quedado a ustedes claro que este plan no merece llamarse así y que, al menos, deberían escuchar a la oposición para que el Gobierno de España haga cosas sensatas.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: muchas gracias, senador Fernández Ortega.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Egun on, mahaiburu jauna; jaun-andreok. Buenos días, señor presidente, señorías.

La globalización y la apertura a los nuevos mercados internacionales, y en particular a los europeos, hace que la importancia de los flujos de materiales sea cada vez mayor en la industria, y es por esto que el enfoque básico a tener en cuenta a la hora de diseñar una estrategia logística ha de ser aquel que cumpla con las necesidades de estos flujos en el territorio. La distribución de productos globales implica, por un lado, la necesidad de infraestructuras complejas de circulación de flujos y, por otro, la existencia de lugares especializados de almacenamiento, rotura de carga, etcétera.

La situación geográfica de España convierte al país en un punto estratégico para todo el ámbito de la logística y el transporte al convertirse en una puerta tanto hacia Europa como hacia Sudamérica y África.

Me voy a centrar en Europa. Y es que este hecho coloca al sector como uno de los más importantes en el ámbito económico, ya que el principal cliente —entrecomillado— en términos de infraestructura logística, como decía, es Europa.

Todo esto lo digo al hilo de la enmienda que nuestro grupo ha presentado a la moción del Grupo Popular, una enmienda de modificación del punto 8, por la que solicitamos que al final de este punto se añada lo siguiente: «en concordancia con las directivas y la reglamentación europea, así como teniendo en cuenta la legislación aplicada en otros Estados de la Unión Europea», y al hilo también de lo que el portavoz socialista ha argumentado, como no podía ser de otra manera. No se podría plantear analizar las capacidades de carga en el transporte de mercancías por




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carretera para optimizar las capacidades y dimensiones de los vehículos pesados al objeto de fomentar la mejora de la productividad del transporte, siendo ajenos a ello.

Pero en esos flujos entre España y Europa, Euskadi se configura como un eslabón fundamental, tanto por su situación geográfica, como por las infraestructuras con las que cuenta, lo que en ocasiones, en momentos puntuales y en lugares concretos, conlleva algunos problemas añadidos, como es el caso de los pasos de tráfico por los peajes de las antiguas fronteras con Francia. De ahí la enmienda que nuestro grupo presenta al punto número 9, en el que el Grupo Popular plantea «coordinar los calendarios de restricciones al transporte de mercancías por carretera, que armonicen la heterogénea situación actual», a lo que nuestro grupo añade «con respecto a la capacidad normativa de las comunidades autónomas, particularmente de aquellas que por ser paso obligado en grandes ejes de transporte han de hacer frente a picos de tráfico significativos en determinadas franjas de días y horas».

Por otra parte, hemos presentado modificaciones al punto número 3 y al punto número 10, porque entendemos que debe hacerse partícipes en el proceso de toma de decisiones a las comunidades autónomas con competencias en el ámbito de las infraestructuras y servicios ferroviarios.

Asimismo, en otra enmienda proponemos la adición de dos nuevos apartados, y no porque fueran pocos los ya planteados. En uno de ellos planteamos potenciar el sistema aeroportuario como elemento clave de la logística y el transporte conforme a la reseña incluida en el Plan de Estrategia Logística Nacional, teniendo en cuenta la potencialidad y los volúmenes de tráfico de carga de los aeropuertos a la hora de aplicarles el Plan de Eficiencia Aeroportuaria, del que tanto hablamos ayer a última hora, de manera que no vean limitada su operatividad al ser medidos únicamente por el volumen de pasajeros transportados. Y en el otro punto pedimos poner en práctica las propuestas de resolución aprobadas durante el debate del estado de la nación los pasados días 25 y 26. Sobre ambos puntos, en la moción que ayer presentó mi grupo como consecuencia de la interpelación presentada en el pasado Pleno a la ministra sobre la realidad de los aeropuertos en la comunidad autónoma vasca, ya argumentamos suficientemente el porqué de su importancia.

Estas son las enmiendas que nuestro grupo plantea a la moción, que, como ha dicho el portavoz socialista, no viene más que a enumerar unos cuantos puntos del plan estratégico que ya presentó la ministra el pasado mes de noviembre. Y respecto a la valoración acerca de este tipo de mociones, me reservo para el turno de portavoces.

Nos gustaría que estas enmiendas fueran atendidas y aceptadas por el grupo proponente de la moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, bon dia, president. Bon dia, senadors i senadors.

Per part del Grup Parlamentari de Convergència i Unió presentem unes esmenes a la moció. Si bé la moció, ens sembla, senador Mateu, que no és la primera vegada ni serà pas l’última, benvinguda sigui. Però creiem que tot el que és una declaració de principis, sense entrar en profunditat en quina manera s’ha de fer, en què afecta i quin n’és el grau de compromís, moltes vegades només és això, una declaració de principis, però no un pas per generar un compromís polític molt més ferm. Quan veiem que a la descripció de les mocions hi posa enfortir, desenvolupar, culminar, optimitzar, adaptar, coordinar, analitzar, integrar, crear, elaborar, si això és així, però sense arribar a més compromís, ens sembla que, com bé li ho dic, està bé per parlar-ne, però en tot cas no per comprometre-s’hi.

Certament, nosaltres, com a grup parlamentari, moltes vegades —i vostè ho recordarà— hem fet iniciatives parlamentàries a l’entorn de tot allò que representa la logística, en aquest món on el nostre món és el mon, on la globalització ens fa veure que la suma de petites coses és un gran univers, on sobretot, de manera molt clara, les infraestructures van lligades a les polítiques estructurals, i d’aquí que tot allò que té a veure amb la logística i les infraestructures és cabdal, estructural i, per tant, necessari.




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Nosaltres moltes vegades hem parlat, no únicament del poder econòmic, de la capacitat de la logística que representa Catalunya, València, el País Basc, Madrid, d’una manera molt especial l’arc mediterrani, Algesires, tot l’arc mediterrani, tot això el que vol dir és que, més enllà de la declaració de principis, és posar negre sobre blanc per poder donar resultats. Per això incorporem dues esmenes. Quan al punt 3 posa «culminar la liberalització», entrant en la filosofia del que li dic, aquí cal comprometre-hi alguna cosa més, per això incorporem unes frases que diuen «per això cal establir indicadors que confirmin anualment l’efectiva liberalització i increment de l’eficiència i competència del mercat ferroviari». Si bé és cert que existeix l’Observatori del Transport, vostè sap perfectament, senador Mateu, que no perquè existeixi implica que valora tots els indicadors. Quan nosaltres fem aquesta apreciació sobre els indicadors és perquè ens basem en dos elements que són importantíssims per valorar les coses: les subvencions i els cànons pagats. Si no sabem exactament quins són el tipus de subvencions —perdoni, va lligar a la Llei de transparència també, que crec que obligarà una mica a la reflexió global, perquè a partir de la nova Llei de la transparència hem de ser capaços que les mocions que es facin no siguin, insisteixo, purament testimonials des del discurs polític, sinó que en base a aquesta llei ens comprometi a fer un pas més. Bé, parlava de les subvencions que reben els diferents operadors. Si nosaltres no tenim aquest element, que no té en compte l’Observatori del Transport, difícilment podrem tenir criteri sobre què es pot liberalitzar, si el que es liberalitza és correcte, si tothom juga en les mateixes condicions o no.

I passa exactament el mateix pel que fa als cànons pagats per les diferents operadores. És evidentment que el cànon d’accés afavoreix la Renfe, perquè aquest es mesura en euros per quilòmetre. I és evident que aquells que estan operant molt més, se’n surten més beneficiats. Per tant, efectivament, per molt que parlem de liberalització, altres empreses privades o altres operadors parteixen en desigualtat respecte del que ha de ser l’autèntica liberalització. Per tant, hem presentat aquesta esmena juntament amb una altra.

Sempre li ho dic, senador Mateu, ho deia abans quan vostès eren a l’oposició: fer mocions que no acabin concretant territori, pensi que la política té noms i cognoms. Els territoris són noms i cognoms. Les polítiques sectorials són noms i cognoms. Perquè, si no, el que fem és retòrica. Per tant, des d’aquest compromís d’intentar que la política no sigui retòrica, sinó que sigui compromís i, a més a més, que aquest nom i cognom impliqui un territori, Algesires, País Basc, Catalunya, València, etc. En aquest exercici ha d’entendre que nosaltres, al segon punt, quan parlem del nostre territori...

Gracias y buenos días, señor presidente. Buenos días señoras y señores senadores.

El Grupo Convergència i Unió presenta una enmienda a esta moción. Aunque nos parece, senador Matute, que no es la primera vez ni tampoco va a ser la última que se presenta esta moción, bienvenida sea. Pero creemos que aquello que tiene que ver con una declaración de principios, sin entrar en profundidad en cuáles son las formas de llevarlo a cabo, en qué afecta y cuál es el grado de compromiso concreto, muchas veces se queda en eso, en una declaración de principios, y en realidad no representa un paso para generar un compromiso político más firme. Cuando la descripción de las mociones indica que hay que fortalecer, desarrollar, culminar, optimizar, adaptar, coordinar, analizar, integrar, crear, elaborar, etcétera, pero no se llega a un compromiso mayor, nos parece que aunque sea positivo, no exige un compromiso.

Mi grupo parlamentario en muchas ocasiones ha propuesto —y usted lo recordará— iniciativas parlamentarias relativas a todo lo que representa la logística en este mundo, que es de todos; el mundo en el que la globalización nos hace ver que la suma de pequeñas cosas genera un gran universo, este mundo en el que de forma muy clara las infraestructuras van ligadas a las políticas estructurales, y por ello todo lo relativo a la logística y las infraestructuras es esencial, es estructural y, por lo tanto, necesario.

Nosotros hemos hablado muchas veces del poder económico y de la capacidad logística de Cataluña, de Valencia, del País Vasco, de Madrid y, de forma muy especial, del arco mediterráneo y, evidentemente, de Algeciras. Todo ello implica que más allá de la declaración de principios, lo importante es poner negro sobre blanco esta propuesta para obtener resultados. De ahí que las modificaciones que proponemos sean dos: la primera es al punto 3, que propone culminar la liberalización, y en este sentido entrar en la filosofía de lo que les comentaba, con un compromiso mayor, y por eso solicitamos que se incorpore la siguiente frase: «...para ello es preciso establecer




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indicadores que confirmen anualmente la efectiva liberalización e incremento de la eficiencia y competencia del mercado ferroviario.» En este sentido, senador Mateu, aunque es cierto que existe el Observatorio del transporte, usted sabe que eso no implica que valore todos los indicadores; y si nosotros incluimos esta apreciación, estos indicadores, es porque nos basamos en dos elementos que son muy importantes en esta materia: las subvenciones y los cánones pagados. Si desconocemos exactamente cuáles son las subvenciones será necesario llevar a cabo una reflexión global, porque esto tiene que ver con la nueva Ley de transparencia y, a partir de su aprobación, tenemos que ser capaces de que las mociones que presentemos no sean estrictamente testimoniales, un discurso político, sino que nos comprometan a dar un paso más. Y si nosotros no conocemos las subvenciones que reciben los distintos operadores, y eso es algo que no contempla el Observatorio del transporte, difícilmente podremos tener un criterio sobre qué puede liberalizarse, o si lo que se está liberalizando es correcto, o si todo el mundo juega en las mismas condiciones o no.

Lo mismo sucede con respecto a los cánones pagados por las distintas operadoras. Es evidente que el canon de acceso favorece a Renfe, porque se mide en euros por kilómetro, y también es evidente que aquellos que operan mucho más, acaban saliendo más beneficiados. Por lo tanto, por mucho que hablemos de liberalización, es evidente que hay otras empresas privadas u otros operadores que parten con cierta desigualdad respecto de lo que debería ser la auténtica liberalización, y de ahí la enmienda que hemos presentado.

Senador Mateu, cuando ustedes estaban en la oposición proponían mociones en las que no concretaban el territorio, pero, al fin y al cabo, la política tiene siempre un nombre y un apellido. Los territorios implican un nombre y un apellido, y también las políticas sectoriales porque, de lo contrario, solo sería retórica. Es necesario el compromiso para que la política no sea retórica sino que realmente implique algo, como ese nombre y apellido por territorio: Algeciras, País Vasco, Cataluña, Valencia, etcétera. Y en este ejercicio y en ese sentido, usted debe entender que nosotros, en el segundo punto, cuando citamos específicamente infraestructuras de nuestro territorio —y todas las que correspondan— lo hacemos en esta línea.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora CANDINI I PUIG:

Acabo de seguida, president.

Quan nosaltres concretem específicament unes infraestructures, que evidentment poden ser les que escaiguin, va en aquesta línia: que la política vol dir compromís, i que els territoris i les polítiques sectorials tenen noms i cognoms.

Gràcies, president, per la seva paciència.

Acabo en seguida, señor presidente.

Repito que la política significa compromiso y que los territorios y las políticas sectoriales tienen nombre y apellido.

Muchas gracias, señor presidente, por su paciencia.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Candini.

Tiene la palabra el senador Mateu, para indicar si acepta o no las enmiendas.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días de nuevo.

En primer lugar, quiero agradecer el interés que todos ustedes demuestran por enriquecer la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, derivada de las importantes consecuencias que tiene para la economía nacional, y sobre todo en un aspecto que considero fundamental: incrementar la competitividad de las empresas españolas para que se posicionen más allá de nuestras fronteras y en especial para reducir los costes en el sector logístico que influirán de manera decisiva en el aumento de nuestro consumo y exportación.

Después de agradecer esa actitud, ese tono que han tenido en sus intervenciones, paso a relatarles cuál es el criterio del Grupo Parlamentario Popular en esta Cámara con respecto a las enmiendas que han presentado todos ustedes.

Comienzo con las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Senador Fernández Ortega, compañero en la Comisión de Fomento y gran trabajador de los sectores logístico y de transportes,




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he de decirle que esta moción no es a destiempo, como luego explicaré en el turno de portavoces, en el que también hablaremos de ese gran éxito que tuvo el Gobierno socialista en la gestión y ejecución de esas grandes infraestructuras, de esos grandes programas logísticos que se desarrollaban tanto en el PEIT, en el Plan Estratégico de Infraestructuras Terrestres, como en todas las actuaciones que han tenido. Por ahora me limito a decirles que no vamos a poder aceptar ninguna de las enmiendas que ustedes han presentado, porque tanto el período de exposición pública del Pitvi como el del ISA finalizaban en el día de hoy. Me ha surgido ahora la duda en cuanto a si es hoy o es mañana, porque son cuarenta y cinco días desde que se publicó en el Boletín Oficial del Estado, pero eso no tiene ninguna relevancia ya que el ministerio, para seguir enriqueciendo aún más ese documento, va a dar prácticamente una semana más para generar nuevas alegaciones o nuevas inquietudes que puedan ser recogidas en él. Son, pues, documentos que gozan de transparencia y publicidad para que todos los sectores puedan opinar sobre su contenido. Por eso, cuando culmine el proceso de aprobación del Pitvi será el momento oportuno para que comparezca la ministra y explique las modificaciones que hayan podido producirse en él. La ministra lo conoce absolutamente ya que ella participó tanto en la negociación del programa Conecta Europa —en el turno de portavoces lo explicaré con más detalle— como en el de la Red Transeuropea de Transporte. El Gobierno de España conoce perfectamente lo que dicen los Reglamentos 1315 y 1316 de diciembre del año pasado. Por eso no vamos a aceptar ninguna de sus enmiendas. Las rechazamos desde el plano formal que es el que realizamos en este trámite.

En cuanto a la senadora Candini, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado, le agradezco la inquietud que tienen ustedes por su propio territorio coordinando las políticas para que no sean pura retórica, pura palabra, sino para que tengan unas concreciones en el propio territorio. En el turno de portavoces comentaré cómo está trabajando el Gobierno de España con Cataluña. La ministra está repitiendo hasta la saciedad el compromiso que tiene el Gobierno de España con Cataluña, lo mismo que ayer mantuvo el presidente del Gobierno respecto de la actitud que se mantiene con el Gobierno de Cataluña y fundamentalmente con los ciudadanos, que es lo que le importa al Partido Popular.

Por eso, señoría, en cuanto a lo que usted plantea con respecto al observatorio para que también recoja esos indicadores, le diré que en una de mis peticiones al Gobierno de España solicitábamos que ese observatorio no fuera solamente para el transporte sino también para la logística. En la actividad de ese observatorio ya se contienen todos los indicadores y parámetros para saber si realmente la liberalización del transporte se lleva a cabo con un criterio de efectividad y de lealtad hacia los territorios, con un criterio básicamente de mejora de las condiciones de vida de todos los españoles. Por eso, desde el plano que le he comentado no podemos aceptar esa enmienda.

Y en cuanto a las concreciones que hace usted respecto al territorio, algo lícito, donde se demuestra que usted se preocupa y trabaja por él, lo mismo que hacemos nosotros por todos los españoles, están sometidas a una visión global de los nodos logísticos. Y, desde luego, habrá que ir priorizando, dentro de esa visión global qué nodos logísticos, qué plataformas, qué componentes de ese gran sector logístico tienen la prioridad que en este momento prevé el Gobierno de España, siempre dentro de esa planificación y de las disponibilidades presupuestarias.

Por eso, señora Candini, agradeciendo su actividad, no podemos aceptar ninguna enmienda de ustedes.

Por último, y no menos importante, me voy a referir al Grupo Parlamentario Vasco, a la senadora María Eugenia Iparragirre, que siempre tiene ese tono amable y sentido constructivo. He de decirle que no podemos aceptar las enmiendas que ha planteado su grupo y que usted bien ha expuesto, y es que todas las actuaciones que usted propone, manteniendo siempre esa preocupación por la invasión de competencias territoriales por parte del Gobierno de España, cosa que siendo muy respetuoso no hace, están contempladas en la estrategia logística presentada por la ministra, salvo la relativa a la liberalización del transporte de mercancías por ferrocarril, en la que ya se han dado grandes pasos.

Por eso les agradezco a todos su actitud y el trabajo que han presentado en esta Cámara, pero no podemos aceptar ninguna de sus enmiendas.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mateu.

¿Turno en contra? (Pausa).

No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Esta moción no deja de ser una continuidad o concreción de otra moción ya presentada por el Grupo Popular, que fue debatida, si mis datos no son erróneos, el 11 de septiembre del presente año.

En el caso concreto de la moción que hoy se somete a nuestra consideración, voy a votar en contra por los argumentos que a continuación desgranaré. Bastaría para ello la expresa consideración que realiza la moción de la necesidad de concluir el proceso de privatización del transporte ferroviario de mercancías, con la que mi grupo se ha manifestado discrepante desde el primer momento. Desde 1997, año en el que, si no me equivoco, se puso en marcha este proceso de privatización, los resultados han sido bastante exiguos. La previsión que entonces se hacía era que para 2010 el 10% del transporte ferroviario de mercancías se haría por gestores privados. No se alcanzó ni de lejos esa opción y seguimos en unos porcentajes realmente bajos.

Pero más allá de este motivo, que podríamos calificar casi de histórico o de ideológico, tenemos que manifestarnos en contra de esta moción, porque, aun compartiendo la utilidad y la necesidad de las zonas logísticas, aun compartiendo que dichas zonas son un instrumento imprescindible para lograr desarrollar todas las potencialidades del transporte marítimo y ferroviario, buscando las interconexiones entre ambos y, por lo tanto, algo útil para las zonas industriales, creemos que la estrategia logística elaborada por el Gobierno y que se pretende respaldar con esta moción —la razón última de esta moción es que el Senado exprese su apoyo a la estrategia logística diseñada por el Gobierno de España— no es adecuada y, además, va a generar conflictos. Y ello porque esa estrategia logística parte de la categorización de las zonas logísticas que las comunidades autónomas han ido impulsando en tres categorías. Dichas zonas serán calificadas como estratégicas, como principales o como complementarias. De hecho, lo que se deriva de los contenidos de la estrategia elaborada por el Gobierno de España, es que solo van a contar con un compromiso de financiación por parte del citado Gobierno, aquellas que pertenezcan a la primera categoría, las estratégicas. Y todo apunta a que no serán más de dos o tres las que van a ser calificadas de esta manera. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Inevitablemente, ello significa la marginación de las zonas estratégicas principales o complementarias. Comprenderá su señoría que las comunidades autónomas que no hayan sido agraciadas con la primera categoría, que serán la mayoría, van a expresar su rechazo a esta decisión. Y, seguramente, lo hago poniéndome la venda antes de la herida, pero fruto de la experiencia porque, como muy bien sabe su señoría, en la comunidad autónoma a la que pertenezco hay un proyecto de zona estratégica, la Zalia, que, en mi opinión, a pesar de ser fruto de un compromiso entre las tres administraciones: la del Estado —el Gobierno de la nación en su momento—, la comunidad autónoma —el Gobierno del Principado— y los ayuntamientos afectados —los más importantes, Gijón y Avilés—, precisamente, para potenciar los puertos de Gijón y Avilés, después de inversiones cuantiosas en su ampliación, fundamentalmente, en el de El Musel, y también para rentabilizar la cuantiosa inversión que suponía algo sobre lo que ayer tuve la oportunidad de debatir con la señora ministra de Fomento, los túneles de la variante de Pajares, me temo que tiene pocos números en este sorteo para que le toque ser calificada por el Gobierno de España como estratégica.

¿Por qué creo que tiene pocos números? Pues por la actitud del Gobierno de España hacia la Zalia, que se expresa en lo siguiente. En primer lugar, en que el Gobierno de España dio un paso atrás en sus compromisos de financiación cuando hubo que refinanciar con las entidades bancarias los préstamos que permitieron desarrollar la obra, a pesar de que tenía una participación importante en la Zalia a través de la Autoridad Portuaria de Gijón y de la Autoridad Portuaria de Avilés, que se negaron a participar en el incremento de las garantías exigidas por las entidades financieras para la refinanciación de los créditos concedidos. En segundo lugar, porque no hay forma de resolver




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algo que depende exclusivamente del Gobierno de España: la salida a la A-8 de las conexiones de la Zalia. Está a 50 metros en algunos puntos de esa A-8 y no es posible conseguir un proyecto y una autorización del Gobierno de España para que ese pinchazo en la autopista se produzca. Y en último lugar, una de las piezas fundamentales de la Zalia era la previsión de construcción de una estación intermodal. El pasado 31 de diciembre caducó el convenio suscrito entre las administraciones para la construcción de esa estación intermodal sin que el Gobierno de España haya expresado la más mínima disposición a renovar ese convenio y, por lo tanto, a propiciar la construcción de algo que resulta básico para ese objetivo que se describe de forma tan afortunada en la moción de lograr la potenciación de las interconexiones del transporte ferroviario y del transporte marítimo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Iparagirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias, señor presidente.

A la vista está que no estamos de acuerdo con la totalidad de la moción porque de lo contrario no hubiéramos presentado enmiendas. Y, repito, tras el debate de la última moción que nuestro grupo presentó ayer por la noche, no dejo de seguir sorprendida. Nos dicen que no nos pueden aceptar ninguna propuesta porque ya están recogidas en el plan, cosa con la que yo discrepo, porque todavía hay desacuerdos en algunos de esos puntos, y por ello utilizamos la vía de la enmienda, que es el camino a seguir. Creo que debe haber dos varas diferentes de medir, o por lo menos una doble. Y digo esto porque el argumento que ayer nos daba el Grupo Parlamentario Popular para no poder aceptar los puntos 2 y 3 de la enmienda presentada por nuestro grupo era que ya estaban incluidos o que ya se estaban llevando a cabo. Sin embargo, hoy parece que no existe ninguna dificultad para que los dieciocho puntos presentados por el Grupo Parlamentario Popular, a pesar de estar recogidos en el plan estratégico que fue presentado el 25 de noviembre por la ministra, puedan ser traídos a esta Cámara para su debate. Repito —y ayer ya lo dije, precisando hasta la semántica—, el término que nosotros planteábamos era concluir, por lo tanto se constataba que ya se estaba realizando, y los términos que hoy nos presentan son fortalecer, desarrollar, culminar, analizar, coordinar, optimizar, es decir se puede deducir que se está realizando. Por lo tanto, no entendemos por qué en unos casos sirve y en otros no.

Como ha dicho el senador Iglesias, esta fórmula y esta manera de traer a la Cámara mociones presentadas por el Grupo Parlamentario Popular basadas en unos planes que ya han sido presentados por el Gobierno, en concreto en este caso por la ministra de Fomento, nos lleva a que sea el Senado el que de alguna manera los ratifique. Por lo tanto —y utilizo los mismos términos que el senador Mateu—, sintiéndolo o no, con estos mimbres, con la discrepancia que manifestamos desde el principio, razón por la cual presentamos las enmiendas, no habiéndonos aceptado ninguna y no compartiendo tampoco las formas, nuestro grupo va a votar en contra.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Entesa, tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gràcies, president.

Senador Mateu, la veritat és que no sé què pensar. No sé si és que a vostè li fan fer el que en català en diem un paper d’estrassa o pensa prendre’ns el pèl a la resta de grups parlamentaris. La veritat és que la moció que ens presenten és absolutament inacceptable des del punt de vista del treball parlamentari. Vostè sap perfectíssimament, igual que el seu grup i tots nosaltres, que la funció de les mocions és articular les iniciatives polítiques no legislatives, empenyent la mateixa acció del Senat o, majoritàriament, de l’Executiu en una determinació direcció, fixant-ne o proposant orientacions, propostes, criteris, cap a una determinació direcció, en un determinant camp.

Aquesta moció, estic segur, senyor Mateu, que vostè n’és plenament conscient, no compleix en absolut aquesta funció. Més aviat és un escarni al treball parlamentari, perquè no té cap sentit, cap ni un, que vostè en aquesta moció afuselli sense cap mena de mirament ni contemplació el




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text de l’Estratègia Logística Nacional, presentada i per tant assumida i plantejada per part del Govern el dia 25 de novembre. El que hauria de passar és completament el contrari, que el Govern s’acostés a la Comissió, a aquesta cambra, i fomentés el debat abans de prendre les decisions. O és que el que pretenen vostès és que aquesta cambra sigui només una claca, un conjunt de palmeros que aplaudeixen el que ja està plantejat i decidit originàriament per part del Govern? A més, aquesta moció, com ha dit abans el senador Fernández, ni tan sols incorpora els canvis preceptius aprovats amb posterioritat per part de la Unió Europea.

Però a més, deixi’m que li digui de manera crua, senyor Mateu, des del respecte que li tinc, és que reprodueix a la introducció de la moció fil per randa el text de la nota de premsa, no ja del pla, del Ministeri. És una vergonya, senador Mateu. Com pot ser que aquesta moció sigui un afusellament en la introducció de la nota de premsa del Ministeri, que tinc aquí i si vol podem llegir: Esta estrategia persigue lograr un sistema de transporte multimodal seguro, eficiente, sostenible que conecte carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, que optimice el funcionamiento… Exactament el mateix que diu al paràgraf cinquè: Esta estrategia de la moción persigue lograr un sistema, etc. Per tant, una còpia estricta, un afusellament de la nota de premsa del Ministeri a la introducció, i després simplement una reproducció dels enunciats, en desordre, això sí, del mateix Pla, de les divuit fitxes que surten al Pla, una rere l’altra, senador Mateu. La veritat és que em sembla un autèntic escarni a la feina parlamentària. No té cap sentit. És considerar que la resta dels grups polítics i el treball d’aquesta cambra no serveix per a res. Simplement és complir l’expedient d’un debat buit que ja s’ha fet i que no es fa en les condicions que es mereixen i pertoquen.

Per tant, senador Mateu, no puc fer altra cosa que anunciar el nostre vot contrari a una moció que no té cap sentit parlamentari demanar-li si us plau que, en virtut del sentit i la vergonya d’aquesta cambra, retiri aquesta moció, que no està a l’altura de la feina de la nostra institució, sinó que la posa en qüestió i dóna arguments a moltes persones i a la ciutadania a pensar que no servim per a res, que aquesta cambra no serveix absolutament per a res. Per tant, li demano, reitero la meva petició, senador Mateu, retiri aquesta moció, facin les coses ben fetes, porti a debat i a discussió a la Comissió l’estratègia, treballem i després extraguem unes conclusions que no estiguin a priori absolutament determinades per un pla del Govern, permeti que els parlamentaris fem la nostra feina i que aquesta cambra estigui a l’altura de la seva dignitat i del que es mereix.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Gracias, presidente.

Senador Mateu, la verdad es que no sé qué pensar. No sé si es que a ustedes les obligan a hacer un mal papel o si es que quieren tomar el pelo al resto de los grupos parlamentarios. La moción que usted nos presenta es absolutamente inaceptable desde el punto de vista del trabajo parlamentario. Usted sabe perfectamente, al igual que lo sabe su grupo y todos nosotros, que la función de las mociones es la de articular las iniciativas políticas no legislativas, impulsando la misma acción del Senado, o mayoritariamente del Ejecutivo, en una u otra dirección; fijando o proponiendo orientaciones, propuestas, criterios hacia una determinada dirección en un determinado campo.

Estoy seguro, señor Mateu, de que usted es consciente de que esta moción no cumple en absoluto dicha función; más bien se trata de hacer un escarnio del trabajo parlamentario, porque carece absolutamente de sentido que en esta moción usted fusile sin miramientos ni contemplaciones el texto de la Estrategia Logística Nacional presentada, y por tanto, asumida y planteada por parte del Gobierno el día 25 de noviembre, cuando lo que debería suceder es estrictamente lo contrario. Lo que debería suceder es que el Gobierno se acercara a la comisión, que se acercara a esta Cámara y participara del debate antes de tomar decisiones. ¿O es que lo que ustedes pretenden es que esta Cámara sea tan solo un lugar donde un grupo de palmeros aplauden lo que ya está planteado y decidido? ¿Pretenden que sea estrictamente un lugar de parloteo cuando ya está todo decidido por el Gobierno? Y como ha dicho antes el senador Fernández, esta moción ni siquiera incorpora los cambios preceptivos aprobados con posterioridad por la Unión Europea.

Debo decirle, con el respeto que le profeso, pero también con crudeza, que en la introducción reproducen punto por punto la nota de prensa, ya no digamos el plan, sino la nota de prensa del




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ministerio. Eso es una vergüenza senador Mateu. ¿Cómo puede ser que la introducción de esta moción sea un fusilamiento de la nota de prensa del ministerio? Nota que tengo aquí, y que si quiere podemos leer: Esta estrategia persigue lograr un sistema de transporte multimodal seguro, eficiente, sostenible que conecte carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, que optimice el funcionamiento… Exactamente lo mismo que dice en el párrafo quinto: Esta estrategia de la moción persigue lograr un sistema… etcétera. Por tanto, como digo, la introducción es una copia estricta, un fusilamiento de la nota del ministerio, y luego sencillamente una reproducción, eso sí, de forma desordenada, de los enunciados del plan, de las dieciocho fichas que aparecen en el plan una tras otra, senador Mateu. La verdad es que me parece que esto es hacer un absoluto escarnio del trabajo y de la labor parlamentaria, y no tiene ningún sentido; significa considerar que ni los demás grupos parlamentarios ni el trabajo de esta Cámara sirven para nada. Sencillamente cumplen con el expediente con un debate vacío que ya se ha hecho y que no se da en las condiciones que corresponden.

Por tanto, senador Mateu, no puedo hacer otra cosa que anunciar nuestro voto en contra de una moción que no tiene ningún sentido parlamentario y pedirle, por favor, que en virtud del sentido y de la vergüenza de esta Cámara, retire esta moción que no está a la altura de la labor de nuestra institución, sino que sencillamente la pone en cuestión, incluso da argumentos a muchas personas para que piensen que no servimos para nada, que esta Cámara no sirve absolutamente para nada. Por ello, senador Mateu, reitero mi petición de que retire esta moción, de que haga las cosas como se debe, de que lleven a debate la estrategia en la comisión, trabajemos en ello, y a partir aquí, saquemos nuestras conclusiones, pero que no estén determinadas a priori por un plan del Gobierno. Permita que los parlamentarios realicemos nuestra labor y que esta Cámara esté a la altura de su dignidad y de lo que se merece.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora señora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.

Senador Mateu, vostè, en la primera part de la seva exposició, quan explicava la moció, per contextualitzar la necessitat de fer aquesta moció, que ve lligada a la logística i a la seva estratègia global, ha fet aquesta definició: «Es que no estamos solos». Doncs, si no volen estar sols en la logística, tampoc ho estiguin en l’acció política, perquè justament són vostès els que, a partir de totes aquestes premisses de no acceptar cap esmena, acaben estant sols.

Vostè sap que, en la dinàmica parlamentària, existeix allò que s’anomena transaccionar. Si li sembla que el punt concret d’una esmena, d’un partit o un altre, hi ha una part que comparteix però l’altra no, home, faci un exercici una mica més enllà i transaccioni. El que no val de cap de les maneres és que, senzillament, en la base hipotètica que no ho comparteix plenament o que, segons vostè, ja es fan les coses, que no transaccioni.

És una vegada més, jo repetiré en bona mesura algunes de les reflexions que han fet els meus companys d’altres partits, els portaveus de Foment en aquest sentit. Ens trobem davant d’una escenificació d’una moció que sembla que vol aprofundir en la logística, i això deu formar part de l’argumentari general i de les maneres de fer del Partit Popular, vostès agraeixen el to, diuen que enriqueix el debat, ho agraeixen tot, tot és molt maco, però a l’hora de la veritat no s’accepta cap esmena. Això en altres àmbits s’anomena com a mínim... En fi, no vull definir-ho per no pujar el to.

Senador Mateu, això no és avui, és cada dia, sobretot quan parla dels catalans, o en tot cas del Grup de Convergència i Unió, acaba dient que el Gobierno de España ayuda a las persones. Efectivament, en la mesura en què sigui. Si volen ajudar tant, paguin el deute. No parlo del dèficit fiscal, pagui del deute. I, ja que vostè feia menció a la intervenció ahir del president Rajoy, jo li parlaré de la intervenció del meu portaveu, que li va dir: si vostès es preocupen tant de les persones, els interessos que s’han de pagar pel FLA, el Fons de Liquiditat Autonòmica, els 1580 milions d’euros d’interessos del préstec, vostè sap la quantitat de polítiques socials que es podrien fer? Ho dic perquè vostès quan els convé parlen de territori, de la nación, però quan els convé parlen de les persones, i els altres sembla que no tenim ni territori ni persones, només tenim el que a vostès els interessi.




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Per tant, la veritat, si del que es tracta ara és de fer aquest reduccionisme, ens trobem una retòrica i després una defensa des del reduccionisme. Ens sap greu que vostès, una vegada més, baixin suposadament amb bones formes, ara quan vostè torni a intervenir tornarà a anar a cop d’argumentari, però cregui’m una cosa, senador Mateu: vostè davant de la bancada del Partit Popular suposo que haurà fet els mèrits d’allò que li demanen, però com a portaveu del Partit Popular de Foment i pel que representa als interessos dels catalans que van votar al Partit Popular, vostè no ha defensat res. Vostè no ha defensat res. Una altra cosa és, i senador Mateu, intento dir-li-ho de la mateixa manera, però fixi’s, jo crec que li ho dic de la manera més educada possible, però en canvi no utilitzo aquests eufemismes que utilitzen vostès, com és enriquecer i agradecer. Jo no li vull enriquir res a vostè, jo no li vull agrair res. Tinc l’obligació de venir aquí a treballar pel meu territori i també pel conjunt de l’Estat espanyol, i tant, i per Europa, i tant. Com millor funcionin els territoris, millor funcionaran les persones. I com millor funcionin les persones, millor funcionarà el territori. Per tant, no monopolitzi aquest concepte de la política, no el monopolitzi. Però sí que li vull dir que vostè haurà fet mèrits avui davant de la bancada del Partit Popular, però davant de les persones que van votar el Partit Popular a Catalunya, vostè ni un de mèrit, ni un, perquè com pot ser que no accepti que s’admeti el tema dels indicadors, que vol dir transparència? Vol dir quines subvencions i qui, quins són els cànons que es paguen. Això no ho agafa l’Observatori del Transport. Per tant, ho lamentem profundament.

També és veritat, i li ho he de dir, que nosaltres no votarem en contra. Nosaltres ens n’abstindrem. Per quina raó? Perquè no els volem fer el joc. Hi ha massa vegades que davant de coses d’aquestes vostès acaben dient: nosaltres presentem un pla en defensa de no sé què i vostès han votat en contra. I es deixen el matís, la justificació, l’explicació del posicionament, perquè en el matís, senador Mateu, de tots hi ha l’autèntica política. Nosaltres no tenim la veritat absoluta, almenys li parlo humilment. Estem convençuts des del Grup Parlamentari de Convergència i Unió que no tenim la veritat absoluta, però n’estem tan convençuts com n’estem que vostès no la tenen tampoc. I que quan es fan iniciatives parlamentàries s’ha d’agrair menys i tenir més capacitat política. No agraeixin tant, tinguin més capacitat de reacció política. Per tant, lamentem profundament aquesta manera de fer política, que és confondre majoria absoluta per veritat absoluta, i ho lamentem profundament.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Senador Mateu, usted en su primera exposición, cuando explicaba la moción para contextualizar un poco esa necesidad de dar seguimiento a esta moción sobre la logística y la estrategia global, ha dado una definición, ha dicho: Es que no estamos solos. Pues bien, si no quieren estar solos en la logística, tampoco lo estén en la acción política, porque precisamente son ustedes los que a partir de no aceptar ninguna enmienda acaban solos.

Usted sabe que en la dinámica parlamentaria existe lo que llamamos transaccionar. Si le parece que hay un punto concreto de una enmienda de un partido u otro que no comparte, haga usted un ejercicio para ir un poco más allá y transaccione; lo que no vale en absoluto es que, si hipotéticamente no comparte plenamente las enmiendas o según usted las cosas ya se van haciendo, no transaccionen.

Esto se repite una vez más. Básicamente estoy de acuerdo con algunas reflexiones de mis compañeros de otros partidos; en este sentido vamos a una: nos encontramos ante una escenificación de una moción, que parece ser que quiere profundizar en este caso en el ámbito de la logística, y ustedes —y es algo que debe formar parte del argumentario general y de las formas de hacer del Partido Popular— agradecen el tono, enriquecen el debate, lo agradecen todo, todo es precioso, pero luego a la hora de la verdad no aceptan ninguna enmienda. Esto en otros ámbitos tiene otro nombre, que tampoco quiero definir para no subir el tono.

Senador Mateu, no es hoy, son todos los días, y me parece que cuando habla de los catalanes o del Grupo Convergència i Unió siempre siempre acaba diciendo que el Gobierno de España ayuda y ayuda a las personas. Efectivamente, pero si tanto quieren ayudar, paguen la deuda —y no hablo del déficit fiscal—, paguen su deuda si tanto quieren ayudar. Y ya que usted hacía mención a la intervención de ayer del presidente Rajoy, yo también haré mención a la intervención de mi portavoz, que le dijo: Si ustedes se preocupan tanto de las personas, ¿sabe usted la cantidad




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de políticas sociales que se podrían realizar con esos 1580 millones de euros de intereses del préstamo que debe pagar el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómico? Se lo digo porque parece que cuando les conviene hablan de territorio, de la nación, pero cuando les conviene hablan de las personas, y parece que los demás no tenemos ni territorio ni personas, lo único que tenemos es lo que a ustedes les interesa.

Así, pues, si ahora de lo que se trata es de jugar a ese reduccionismo —recibimos retórica y luego la actitud es reduccionista— lo lamentamos, porque una vez más para ustedes, de forma premeditada, todo son buenas formas pero al final van a defender sus argumentos. Y créame una cosa, senador Mateu, en la bancada del Partido Popular imagino que tendrá los méritos necesarios para defender lo que le piden, pero como portavoz del Grupo Popular de Fomento y por lo que representan los intereses de los catalanes que votaron al Partido Popular, usted no ha defendido nada, usted no ha defendido nada. Senador Mateu, intento decírselo con las mejores formas, yo creo que se lo digo de la forma más educada posible, en cambio no utilizo esos eufemismos que ustedes utilizan como enriquecer y agradecer. Yo no quiero enriquecerle nada a usted, yo no quiero agradecerle nada, tengo la obligación de venir aquí a trabajar por mi territorio y también por el conjunto del Estado español. También, claro que sí. Y por Europa, claro que sí. Cuanto mejor funcionen los territorios, mejor funcionarán también las personas y cuanto mejor funcionen las personas, mejor funcionará el territorio. No monopolice ese concepto político; no lo monopolice. Sí me gustaría decirle que usted habrá hecho méritos hoy ante la bancada del Partido Popular, pero ante las personas que votaron al Partido Popular en Cataluña, ningún mérito. ¿Cómo puede ser que no acepte que se admitan, por ejemplo, los indicadores, que significan transparencia, saber quién recibe subvenciones, qué tipo de subvenciones y qué tipo de canon se paga? El Observatorio del Transporte no contempla esto. Así pues, lo lamentamos profundamente.

También es verdad —debo decírselo— que nosotros no vamos a votar en contra, nos vamos a abstener. ¿Por qué motivo? Porque no queremos jugar su juego. Muchas veces, demasiadas veces, ante este tipo de cosas luego ustedes acaban diciendo: Nosotros presentamos un plan en defensa de no sé qué y ustedes votaron en contra. Y se dejan el matiz, se dejan la justificación, se dejan la explicación del posicionamiento, porque en el matiz, senador Mateu, en ese matiz, el de todos, es donde realmente radica la auténtica política. Nosotros no tenemos la verdad absoluta. Le hablo desde la humildad. Nosotros, en el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió estamos convencidos de que no tenemos la verdad absoluta, como también lo estamos de que ustedes tampoco la tienen y que cuando se proponen iniciativas parlamentarias se tiene que agradecer menos y tener mayor capacidad política. No agradezcan tanto, tengan esa capacidad de reacción política. Así pues, lamentamos profundamente esta forma de hacer política, en la que se confunde mayoría absoluta con verdad absoluta. Lo lamentamos profundamente.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Candini.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Fernández.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señor presidente.

Señorías, creo que ha quedado constancia clara de que esta moción es absolutamente inapropiada, que es una copia mala, pero que tiene una virtud que hay que agradecer: nos va a permitir debatir sobre el Plan Estratégico Nacional de la logística de este país, que ha publicado el Gobierno.

Y como vamos a hablar del plan, porque la moción nos lo permite, lo primero que quiero decirles es que su lectura detenida genera una pobre impresión. Su análisis da la sensación de que estamos más ante un borrador de trabajo que ante un plan; que estamos ante un guion de lo que habría que preparar para sentarse a elaborar un plan. Más que un plan, en muchas ocasiones es un listado de tareas previas que hay que hacer. Está absolutamente vacío de contenido. Y, claro, alguien podría decir: hombre, esto lo dice el portavoz del PSOE. Pues vamos a analizar las medidas que nos propone la moción y que recoge el plan.

El Gobierno de España dice que su primera medida del Plan Estratégico Nacional es crear una unidad logística formada por los altos cargos del ministerio que tienen la obligación de sentarse, reunirse y coordinarse para impulsar el resto de las medidas. Esa es la primera gran medida de este plan logístico. Para eso el Gobierno ha tenido que hacer un gran esfuerzo para sentar a sus




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altos cargos en una única reunión. Y se han dado dos meses para conseguirlo. No les estoy exagerando, cualquier ciudadano puede leerse la ficha primera de esta medida que dice exactamente lo que les acabo de decir.

La tercera, por ejemplo, dice: Impulso a la liberalización del transporte ferroviario de mercancías. Y cuando miramos la ficha, resulta que el Gobierno nos informa de que esa medida tan importante para la logística de este país consiste en dividir Renfe en cuatro empresas, porque si lo hace Renfe como estaba el año pasado, alquilar material ferroviario no sería igual de importante para la logística de este país como que haya una empresa segregada. Y, además, esa medida ya estaba vigente el 1 de enero, porque la aprobó el Gobierno el 27 de septiembre. Pero el Gobierno no tiene ningún empacho en aprobarla el 27 de septiembre en el Consejo de Ministros y decir en el mes de noviembre que es una medida que va tomar en adelante. El colmo ya de la desfachatez es traerla en el mes de marzo como una propuesta para que el Gobierno lo haga. A mí me parece una cosa fuera de lugar, absolutamente.

Otra medida, señorías, medida número 5: Elaboración de un código de buenas prácticas del sector. Y dice el Gobierno en la descripción: miren ustedes, ya hay varios códigos de buenas prácticas, lo que vamos a hacer es unificarlos. Eso va a tener un impacto tremendo en la logística de este país. Este es un gran plan para el desarrollo de España, este es un plan sesudo del Gobierno de España que nos ha propuesto grandes medidas. (Por cierto, los códigos de buenas prácticas están teniendo un resultado nefasto porque son voluntaristas, y nosotros estamos aquí para legislar y elaborar leyes que redunden en beneficio de los ciudadanos y que quienes tienen la obligación de cumplirlas y no les conviene también).

Siguiente medida: vamos a hacer una ventanilla única para la tramitación administrativa. El Gobierno vive fuera de Europa, no se entera de que esto ya está impulsándose desde Europa y que le corresponde a Europa una vez más promover este tipo de medidas ¿o es que los transportes solo se van a mover por España? ¿Es que las mercancías no van a viajar y a salir hacia otros países? ¿No tenemos que estar coordinados con ellos? ¿No le he explicado ya que, por el principio de subsidiariedad, eso corresponde a la administración que mejor lo aplica? No sé cómo pueden plantearnos esto como una medida trascendental para cambiar la logística de este país.

Bueno, ya el punto 7 es de nota. El Gobierno elabora un plan y nos dice en el punto 7 que crea un observatorio del transporte y la logística. Como ya existe un observatorio del transporte, ahora al Gobierno se le ha ocurrido que se llame también de la logística, y encima le encarga que en el plazo de ocho meses recoja datos y realice un informe en un año. Ese es el trabajo y la gran medida para cambiar la logística de este país. La pregunta es: ¿Y cómo han hecho ustedes el plan: sin datos, sin análisis? ¿Han tenido que establecer una medida para obtener datos? Es algo absolutamente sorprendente. (Aplausos). Es un cúmulo de desfachateces.

Punto 8: Análisis de las capacidades de carga en el transporte de mercancías por carretera. Ya le he dicho en mi primera intervención que esto le corresponde a Europa —que además ya lo ha hecho de forma solvente, por cierto—, medidas sobre las que informó favorablemente el propio Gobierno. Se ve que la medida 1 era importante porque parece que una parte del Gobierno no se entera de lo que hace la otra y, claro, la ministra ha tenido que sentarlos en una mesa e informar al país de que ha tomado la medida de reunir a todos los altos cargos para que se enteren de lo que están haciendo. ¡Vaya Gobierno solvente y con rigor que tenemos! Y además lo publican. La cosa tiene mérito. Lo establecen en un plan para que todo el mundo sepa que necesitan sentarse en una mesa y hablar entre ustedes.

Propuesta 10: Puesta en servicio de autopistas ferroviarias. Señoría, ¿sabe a qué se compromete el Gobierno? A pensar durante ocho meses si construye una autopista o no. Eso es lo que dice la ficha: nos comprometemos a estar ocho meses pensando. ¡Coño, qué pedazo de plan! Ese es un plan profundo. Vamos, es que es irritante. (Aplausos). Cuando uno lee el plan, se irrita porque supone una falta de respeto a los ciudadanos y a las empresas de este país que están interesadas en desarrollar la logística.

Punto número 11: Optimización de los modelos de gestión. Ocho meses para pensar.

Punto número 12: Desarrollo de acuerdos específicos con las industrias a las que le pueda interesar que llegue el ferrocarril, para lo que se dan ocho meses. Es inaudito. O sea, que hasta ahora las empresas no habían hecho nada para conectarse con el ferrocarril, no habían hablado nunca con el Gobierno, ni siquiera cuando gobernaba Aznar o durante los dos años de su




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Gobierno. Se dan ustedes ocho meses para hablar, pero cuando pasen los ocho meses ya no hará falta hablar más, ya se acabó porque habrán resuelto todos los problemas y las empresas ya no los tendrán nunca más. Es de una falta de rigor absoluta que no soporta el más mínimo análisis solvente.

Hablan ustedes de la mejora de la competitividad de los puertos y se da un año para ver qué hay que hacer. Nos anuncian que la gran medida para la logística española es que van a bajar las tasas de los puertos, cosa que ya han hecho en los Presupuestos Generales de 2014. Esta es la gran medida. ¿Y el año 2015, qué harán ustedes? ¿Y en 2016? Por cierto, ya les dijimos en el debate de Presupuestos Generales del Estado que estábamos en contra de esta medida, porque no todos los puertos tienen las mismas necesidades. Les dijimos: Den ustedes una banda de tasas para que cada puerto elija la que más le conviene. No le digan a todos que la bajen linealmente, les vaya bien o mal, tengan mucha o poca deuda, quieran hacer o no hacer inversiones. Lo que proponen es un sinsentido. Alguien decide de forma caprichosa que lo mejor para España es bajar un 5% las tasas y ya no escuchan a nadie más. Se trata de un acto de soberbia como todos los de este Gobierno, que gobierna con el rodillo de la mayoría absoluta y con una soberbia intolerable en democracia. (Aplausos). Escuchen ustedes, por favor, escuchen.

Hablaba usted de la puesta en servicio de nuevas autopistas del mar. Otros ocho meses para pensar si hacemos una autopista o no la hacemos.

Impulso a las nuevas terminales logísticas, estratégicas y prioritarias. Esta es para nota, señoría, ya ven que el Gobierno ha hecho un plan para pensar, pero esta, repito, es para nota. Dicen: Nos damos ocho meses para analizar cuáles deben ser los dos principales nodos logísticos de este país. El Gobierno publica un plan y una de las grandes medidas estratégicas para desarrollar la logística de este país es que va a estar ocho meses pensando sesudamente cuáles son los dos principales nodos logísticos. El conjunto de las medidas es una auténtica burla para haberse publicado como un plan.

Medida número 16: Adaptación de los principales corredores ferroviarios para transporte de mercancías. Cuando uno entra en la descripción, comprueba que no existe el corredor atlántico, que se habla de una parte del corredor mediterráneo, que el puerto más importante de este país, el que más mercancías mueve, que es el de Algeciras, no existe en el plan, etcétera. La verdad es que no sé quién ha escrito este papel ni por encargo de quién. Esto lo ha escrito gente que no sabe de lo que habla, que no conoce la normativa europea y que no es capaz de aunar los intereses de toda España, que es Asturias, que es Galicia, que es Cataluña, que es el País Vasco, que es Andalucía y que son todas las autonomías, no solo una concreta, con un puerto o un aeropuerto concreto que puede interesar a la derecha de este país.

Medida número 17: Mejora de los accesos terrestres a los puertos. Dice que el ministerio va a mejorar el acceso a los puertos, pero, como he dicho anteriormente, hay cuatro puertos que no tienen acceso, de los que no se habla ni una sola palabra. No es que diga que se puede hacer en un tiempo lejano, es que no se le dedica ni una sola frase. Motril aparece una vez para decir que no tiene acceso ferroviario y ni una sola referencia más en este plan, lo cual lo descalifica absolutamente.

Señorías, lo único estratégico de este plan —y con esto termino, señorías— es la palabra que aparece en el título y, sobre todo, la estrategia de venta con fines electoralistas que hace el ministerio de un documento que vale menos que el papel en el que está escrito. Esa es la única estrategia que tiene el plan estratégico nacional logístico del Partido Popular, y digo bien, del Partido Popular, porque no está hablado, pactado, negociado ni debatido con nadie, y traerlo de nuevo hoy aquí para pedir nuestro apoyo es una falta de respeto a esta Cámara porque es imposible apoyar las medidas que he descrito.

Si el Grupo Parlamentario Popular quiere ser sensato, empiece por retirar esta moción, por retirar este plan y por ponerlo a disposición de todos los actores sociales y de todos los actores implicados en la logística de este país para que de esa forma se pueda hacer algo solvente y con un mínimo de rigor.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador señor Mateu.




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El señor MATEU ISTÚRIZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, creo que el tono se ha ido elevando y que, con los epítetos o calificativos de algunos comparecientes, en algún momento se ha vulnerado quizás un poquito la cortesía parlamentaria. Pero, bueno, eso es al margen, aquí vamos a lo que vamos.

Señor Fernández Ortega, usted ha hecho una crítica de las medidas de un plan estratégico nacional y no sé si —como se dice en la jerga judicial— ustedes no guardan sala, pero hay que acordarse de una proposición no de ley que se planteó en el Congreso de los Diputados el pasado 11 de septiembre y que fue aprobada por 197 diputados y 7 abstenciones. Por tanto, ustedes tienen un lenguaje en el Congreso y otro diferente en el Senado.

Usted, señor Fernández Ortega, ha querido descalificar, y además, insisto, con un tono vehemente, con el tono de por no hablar más alto, lo vamos a entender mejor, no ha dado la oportunidad de comprobar el desarrollo de este plan, porque va íntimamente ligado al Pitvi, y si usted se lo ha leído, verá que están contempladas muchas de las medidas que dice usted que faltan en este plan de estrategia logística, y, como he dicho anteriormente, el Pitvi, con esa semana de cortesía, va a ser enriquecido —a pesar de que algunos de los participantes no les guste esa palabra— con nuevas iniciativas. Por tanto, hay que dar la oportunidad, la cortesía parlamentaria, la cortesía de lealtad institucional a la ministra para que comparezca en ambas Cámaras y explique tanto el Pitvi como el Plan de Estrategia Logística Nacional. Por eso, señor Fernández Ortega, hay que dar tiempo al tiempo, hay que esperar a que transcurran estos plazos legales para que se pueda comparecer y explicarlos.

No apruebo sinceramente su visión catastrofista, esas expresiones de contenido apocalíptico, de falta de respeto, de tomadura de pelo, de actitud soberbia del Partido Popular, etcétera. Conozco su vehemencia, pero tenga usted, por favor, la consideración que yo suelo tener con usted, porque precisamente ustedes no han sido un ejemplo ni un modelo en su planificación de infraestructuras. Acuérdese de lo que siempre bien ha dicho la ministra, que cuando llegó al ministerio se encontró nada más que con un PowerPoint, con miles de facturas metidas en un cajón y con 40 000 millones de deuda. Efectivamente, esa es una descripción de los planes de infraestructuras que ustedes han elaborado en su etapa de Gobierno. He de recordarles que, antes de los planes sectoriales que hubo en su época, ustedes nunca creyeron en la intermodalidad, tampoco, por supuesto, creyeron en la logística. La liberalización era una utopía desde el momento en que ustedes lo establecieron en la Ley del Sector Ferroviario que databa ya del año 2004 y, desde luego, brillaba por su ausencia el diálogo con las instituciones que tenían algo que decir en sus representaciones en las reuniones que ustedes convocaban.

Hay que acordarnos del PEIT, año 2005, ese plan tan maravilloso que ahora parece que usted quiere rescatar del baúl de los recuerdos, que contemplaba prácticamente un 48% de inversión en ferrocarril. ¿Qué se ha hecho de ese plan? No tuvo el desarrollo de ejecución por ustedes deseado, pues, como se ha visto, el Gobierno Popular ha tenido que venir a enmendarles la plana y la situación. En ese plan, en teoría, se apostaba por el transporte de mercancías pero, desde luego, el resultado ahí lo tenemos: cero, cero, cero; insisto, el grado de ejecución fue absolutamente ínfimo.

Pasamos al año 2010. Aquí hacemos una modificación y hablamos del PEIT, más de lo mismo, y, además, se crea un desarrollo, un plan del transporte de mercancías por ferrocarril, con un presupuesto de unos 6500 millones de euros. Evidentemente, también fracaso absoluto. Por eso, no hay que venir a dar clases de lo que en su momento no se pudo resolver, señor Fernández Ortega, tenga usted siempre en cuenta esa situación. Y, desde luego, el PEIT preveía una inversión de 17 000 millones de euros y, al final, se tuvo que cortar porque el Consejo de Europa, la Unión Europea, llamó a España un mes de mayo del año 2010 y pegó un tirón de orejas al Gobierno del señor Zapatero para decirle quietos, parados, que no se podía seguir con esa situación de un endeudamiento feroz y voraz. Con lo cual, fue un plan absurdo y quedó también en la nada.

También se interesaron ustedes por algo excepcional, como fue aquella plataforma logística en Aranjuez. ¿Me pueden contar ustedes cómo está esa situación, cómo está ese centro de apoyo logístico en Aranjuez? Desde luego, tampoco lo veo por ningún lado. Y sigo insistiendo en que el transporte de mercancías por ferrocarril descendió un 40%, y nos pusimos a la cola de los países europeos en ese transporte de mercancías por ferrocarril, siempre por detrás de Grecia y de Italia.




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En definitiva, señorías, ustedes vienen aquí a pontificar cuando no han sido capaces de arreglar los problemas que en su momento se habían planteado y que ahora suponen un arrastre que el Gobierno del Partido Popular tiene que resolver. Por eso, hay que dar tiempo al tiempo y sobre todo, por cortesía parlamentaria, que venga a explicar el Gobierno de España ese plan en el que usted ha tomado la delantera y que ha querido explicar pero lo ha hecho arrimando el ascua a su sardina y no tiene ninguna razón en lo que usted ha planteado en esta Cámara.

Señor Fernández Ortega, en esas fichas que usted sí se ha estudiado —hay que decirlo— del punto 8 del Plan Estratégico de Logística Nacional, en el que usted dice que no somos competentes —leo textualmente—, se afirma lo siguiente: que los trabajos se realizarán y se verá qué implicaciones sociales, técnicas, económicas y medidas ambientales tiene y se iniciarán en su caso los cambios necesarios —si me quiere escuchar, señor Fernández Ortega, se lo agradeceré— para, si es oportuno, cambiar la regulación nacional y, en su caso, la legislación europea. Esto se lo digo para que vea usted que el Gobierno de España lo tiene en consideración.

Por lo que respecta a los demás grupos parlamentarios, qué decirles, pues al señor Iglesias lo mismo que con respecto al plan o al centro logístico de la Zalia le dije en su momento en aquella moción de septiembre del año pasado: que, desde luego, el Gobierno de España está priorizando los nodos logísticos y que, efectivamente, el convenio ha expirado el pasado 31 de diciembre, pero también que se sigue teniendo en consideración, porque se tienen en cuenta tanto los nodos ferroviarios, los puertos como los aeropuertos estratégicos para el desarrollo de todo el territorio nacional. Tendrá usted noticias, señor Iglesias, al respecto, por el interés que se tiene con los ciudadanos de Asturias, tal y como explicó ayer la ministra de Fomento con respecto a la llegada de la alta velocidad al Principado de Asturias.

Señora Iparragirre, usted se sorprende de que no se aprueben sus enmiendas, pero eso entra dentro de lo que es un estudio meditado, de lo que en su momento puede enriquecer o de las aportaciones que realiza el Gobierno de España en estos momentos. En esta situación no se ha considerado oportuno tenerlo como algo de creación ex novo porque está ya recogido en las actuaciones del Plan de Estrategia Logística Nacional. Por eso, no se han aceptado, no porque tengan o no tengan esa base de lógica y de razón, sino sencillamente porque el Gobierno de España ya lo ha contemplado. Agradezco, pues, nuevamente su tarea. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Tengo que decir al señor Martí Jufresa, de Entesa —si me permite la expresión cariñosa—, que usted se viene arriba en los plenos y, desde luego, utiliza unos epítetos o calificaciones que son para mí inaceptables. Yo soy una persona educada, correcta. No parece que usted haya escuchado bien la moción que ha planteado el Grupo Parlamentario Popular en el Senado. No me enseñe la nota de prensa, porque se ha hecho un trabajo muy importante para poder llegar a exhibirles lo que se les ha planteado en esta sala. Por eso, aquí no se toma a nadie el pelo y, desde luego, usted debe tener un poco más de moderación en sus expresiones. Inaceptables —decía— son las funciones de las mociones. Bien sabemos la función que tenemos que realizar aquí cada uno de los que estamos y, por eso, señoría, le ruego que en otra ocasión utilice unos epítetos distintos. Yo no utilizo con usted epítetos de ese tenor y con esa subida de tono.

He de decir a CiU —aplíquese el cuento también, si se me permite la expresión, el señor Martí Jufresa— que el gobierno del Partido Popular se preocupa por España, absolutamente por los ciudadanos y, en definitiva, por lo que cree que en el momento oportuno tiene que hacer a la vista de las disponibilidades presupuestarias y de la planificación, que es la principal tarea del Gobierno, y dentro de la planificación, la priorización. Por eso, señoría, señora Candini, he de decirle —en el sentido que entendemos— que Cataluña está magníficamente atendida. La inversión que se realiza en Cataluña por el Ministerio de Fomento en el año 2014 representa 1403 millones de euros y es la primera comunidad en dotación presupuestaria, el 14,2% del total nacional, que supone un incremento del 15% respecto de 2013. No me saque usted ahora a colación —porque ayer quedó muy clarito— lo que significa el FLA. Es un préstamo que lógicamente hay que devolver, pero sin ese préstamo ustedes no hubieran podido subvenir las necesidades básicas de los catalanes, de los ciudadanos, por el mal Gobierno que actualmente existe en esa comunidad. Siempre tenderemos la mano para el diálogo, para tratar de resolver las situaciones. Por eso, he de decirle, señoría, que entre el año 1996 y el año 2012 se han invertido en Cataluña más de 23 000 millones de euros. He de recordarle la conexión de la alta velocidad entre Francia y




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España, los trabajos del entorno de la estación de La Sagrera, la integración de la estación de Girona y la mejora de la red de Cercanías. Recuerden que el día 10 de marzo la ministra Pastor y el señor Vila presentaron las nuevas Cercanías que conectarán Reus y Tarragona...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.

El señor MATEU ISTÚRIZ: ...a partir —voy terminando, señor presidente— del 20 de marzo. Asimismo, he de mencionarles el corredor mediterráneo y la duplicación de la vía entre Vandellós y Tarragona para acceder por vía ancho internacional a la frontera. He de recordarles los accesos al puerto de Barcelona —acceso provisional de 23 millones de euros— y la licitación del pasado día 10 por cerca de 200 millones. En definitiva, señorías, no están ustedes solos. El Gobierno de España trabaja por todos los territorios. Siento, evidentemente, que no se vote a favor de la presente moción, porque es interesante para el desarrollo económico y para el bienestar de todos los ciudadanos.

Muchas gracias, señorías. Disculpe, señor presidente. Le quedo muy agradecido. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mateu.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 140; en contra, 80; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

5.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A CONTINUAR TRABAJANDO CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LA HOMOGENEIZACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS RURALES DENTRO DEL PLAN NACIONAL E INTEGRAL DE TURISMO (PNIT).

(Núm. exp. 662/000125)

AUTOR: GPP

El señor presidente da lectura al punto 5.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado dos enmiendas: una del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y otra del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la senadora García Romero. (Rumores).

Señorías, guarden, silencio, por favor. (Rumores).

Guarden, silencio, señorías, por favor.

Señorías, la senadora García Romero no va a iniciar su intervención hasta que no haya silencio.

Muchas gracias.

Cuando quiera, señoría.

La señora GARCÍA ROMERO: Gracias, presidente. Buenos días.

Señorías, subo a esta tribuna para defender la moción presentada por mi grupo, con el fin de instar al Gobierno a que, en aras de facilitar una promoción nacional e internacional más eficaz del turismo rural en España, continúe trabajando con las comunidades autónomas en la homogeneización de la clasificación y categorización de establecimientos rurales dentro del Plan Nacional e Integral de Turismo.

Señorías, el turismo en España es un pilar fundamental para nuestra economía, es un sector clave para la economía de este país ya que representa un 10,2%, y también es un pilar fundamental porque es un sector clave para el empleo, ya que el porcentaje que representa es del 13,39%. De ahí que el Gobierno de España, siguiendo su compromiso electoral, y consciente de la gran




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importancia que representa este sector para nuestro país —el sector turístico—, aprueba el Plan Nacional e Integral de Turismo el 22 de junio del 2012. Aprueba este documento con aportaciones de las comunidades autónomas, aprueba este documento con aportaciones de las organizaciones empresariales, aprueba este documento con las aportaciones de los sindicatos y aprueba este documento con las aportaciones tanto de organizaciones públicas como de organizaciones privadas. Su aplicación abarca el lapso temporal 2012-2015.

Señorías, este nuevo marco regulador define las líneas maestras para mejorar la competitividad del sector turístico como motor de la economía española —quiero reiterarlo—, analiza la situación real que atraviesa el sector haciendo un análisis DAFO y destaca como debilidad, como inconveniente para los turistas y también para el sector hotelero la heterogeneidad normativa que existía hoy por hoy en esta materia.

Este plan nacional de turismo es diferente a otros planes porque en 2011, cuando se pusieron a trabajar sobre él, requería una actuación distinta. De ahí que sea un plan integral, porque el cambio de ciclo afecta a todos los ámbitos de las administraciones públicas y también al sector privado. De ahí que sea nacional, porque España compite como destino y como marca con otras naciones en servicio al mismo cliente, que es el turista, y es estratégico, operativo y medible en términos de alcance de objetivos y cumplimiento de medidas —quiero dejarlo bien claro—.

Señorías, el turismo rural en España representa más de 15 000 establecimientos, en concreto 15 564 alojamientos rurales. Representa también más de 144 786 plazas. Representa también 2,5 millones de viajeros alojados. Representa también 6,9 millones de pernoctaciones y genera más de 22 000 puestos de trabajo directos en esta modalidad de alojamientos. Por tanto, señorías, en este nuevo documento, en el plan nacional de turismo, se enmarcan 28 medidas y 104 acciones distribuidas en seis ejes que son claves para el destino turístico, seis ejes que son claves para el destino de España —estos son: marca España, cliente, ofertas y destinos, alineamiento, conocimiento y talento— y centra —quiero dejarlo también bien claro— gran parte de esas medidas y acciones en la actuación sobre la oferta y destinos con un claro objeto que es: diversificar los productos turísticos sobre la base de experiencias de calidad para enriquecer nuestra oferta turística y permitir acceder a nuevas demandas de mercado. Esto es fundamental y aquí está el objeto de esta moción: la homogeneización de la clasificación y categorización de establecimientos hosteleros, rurales y campings, recogidos en el plan nacional de turismo dentro del eje 3, en concreto, bajo el nombre de Ofertas y destinos.

Señorías, quiero destacar que esta medida es una demanda histórica planteada por las asociaciones de turismo rural durante más de diez años —quiero dejarlo bien claro— ya que la regulación legislativa en esta materia —en materia de turismo rural— corresponde a cada una de las comunidades autónomas que componen nuestra nación, lo que se traduce en diecisiete normativas y da lugar a más de sesenta tipologías diferentes para llevar a cabo la comercialización de un mismo producto. Por tanto, señorías, esto era inviable, de ahí la demanda del sector. Por tanto, el reto principal en el tema que hoy nos ocupa es la armonización de la legislación y la articulación del producto para que se pueda realizar una buena promoción y homogénea del mismo. Reitero que esta medida ya está contemplada en nuestro Plan nacional de turismo. Y, en este sentido, quiero destacar la rapidez y la celeridad con la que se puso a trabajar la Secretaría de Estado de Turismo con las comunidades autónomas de forma consensuada y de forma coordinada para conseguir lo que estamos demandando: la mayor unicidad posible a la hora de presentar el turismo rural como producto turístico. De ahí que la Mesa de directores generales de Turismo, que se celebró en Pamplona en febrero de 2013, acordó constituir un grupo de trabajo encargado de estudiar la armonización de todas estas normativas autonómicas; y a esta mesa se sumaron, se incorporaron Comunidades Autónomas como Aragón, Andalucía, Canarias y La Rioja.

Con posterioridad, y con motivo del segundo encuentro de comunidades autónomas de interior, celebrado en Toledo el año pasado, en concreto el 25 de marzo de 2013, las Comunidades Autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha, La Rioja, Navarra, Madrid, Castilla y León y Extremadura acordaron homogeneizar la nomenclatura que están utilizando para clasificar sus alojamientos rurales con un nuevo símbolo como parte de esta estrategia común y con el fin de poder potenciar sus recursos y realizar una promoción conjunta, que es de lo que se trata.

Señorías, este es un paso decisivo, es un avance cuantitativo; es también un avance cualitativo para nuestro turismo rural, siendo prácticamente culminado en la Conferencia Sectorial de Turismo




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del 8 de abril de 2013, donde se acuerda incorporar un logotipo de cinco categorías de estrellas verdes como criterio de clasificación común y homogénea para distinguir a los alojamientos rurales españoles y poder realizar una promoción internacional más eficaz, una promoción internacional más eficiente.

Señorías, con este paso hacia delante, y tal y como lo vayan adaptando normativamente las comunidades autónomas, el nuevo logotipo, el nacido en esa conferencia sectorial, es decir, el logotipo de cinco categorías de estrellas verdes, distinguirá a todos y cada uno de los alojamientos rurales españoles. El logotipo, si así lo desean las comunidades autónomas, será único, y estas estrellas verdes van a sustituir a las hojas de roble; estas estrellas verdes van a sustituir a las encinas; estas estrellas verdes van a sustituir a las aceitunas; y estas estrellas verdes van a sustituir a los trisqueles y estrellas que tenemos en alguna comunidad autónoma.

Señorías, a todo ello hemos de sumar otro avance más, otro documento más aprobado hace escasos días por el Gobierno, que es el Plan para la promoción del turismo rural; en concreto fue aprobado el pasado 18 de febrero de 2014. Este documento recoge ciento ochenta y siete actividades en materia de promoción de turismo rural y las dirige a mercados maduros, tales como Francia, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemania, Reino Unido y Suiza, siempre teniendo en cuenta las preferencias expresadas por el sector de la hostelería en el ámbito rural. Quiero dejarlo bien claro.

Señorías, en estos mercados contamos con la colaboración de las oficinas españolas de turismo que desempeñan un papel clave. En la realización de actividades en cada país desempeñan algunas tan importantes como viajes de prensa, viajes de familiarización, promoción de productos en ferias, organización de jornadas en comunidades autónomas; y no tenemos que olvidar la promoción en medios on line, promoción también indispensable para que llegue al mayor número de personas posibles, algo fundamental para nuestro turismo rural, donde prima el contacto directo entre oferta y demanda a través de Internet. Esto también está recogido en este documento.

Por tanto, señorías, en un tiempo tan corto hemos avanzado mucho en homogeneización y promoción del turismo rural español. De ahí que con esta moción instamos al Gobierno a seguir trabajando y a que, junto a las comunidades autónomas, se lleve a cabo la culminación de estos objetivos, solicitando a cada comunidad, a aquellas que ya se sumaron en conferencia sectorial, que legisle para desarrollar y unificar esta materia.

Hay una comunidad autónoma que ya es pionera en este aspecto, que es la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Ha sido la primera y ya ha incorporado la nueva clasificación de alojamientos rurales mediante el Decreto 75/2013, de 28 de noviembre, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento de turismo rural en esta comunidad. Y, por su parte, la Comunidad Foral de Navarra también ha incorporado el sistema de estrellas a un subsector próximo al rural, el de los campamentos de turismo, sobre la base del Decreto Foral 73/2013, de 4 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Ordenación de los Campamentos de Turismo en la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto foral 24/2009, de 30 de marzo.

Por tanto, señorías, tras esta exposición, solo queda solicitar el voto favorable a esta moción de todos y cada uno de los grupos que tenemos representación territorial en el Senado. Y solicito este voto favorable porque esta homogeneización de la categorización de nuestros establecimientos rurales es una demanda histórica que va a redundar en beneficio de las empresas de turismo rural, va a redundar también en beneficio del sector hostelero, va a redundar en beneficio de nuestra marca España y, algo fundamental, redundará en favor de la promoción nacional e internacional del turismo rural en nuestro país, una vez que tenemos las líneas de actuación, una vez que tenemos el acuerdo con las comunidades autónomas, una vez que tenemos el acuerdo con los representantes del sector, que es de lo que se trata en estos momentos, de sumar esfuerzos para conseguir resultados en beneficio de nuestro turismo rural.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora García Romero.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador Boya.




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El señor BOYA ALÓS: Muchas gracias, señor presidente. Seré muy breve.

Efectivamente, hemos presentado una enmienda con la que pretendemos que se incorpore un punto que nos parece importante y que afecta a la tipología de este modo de alojamiento rural, teniendo en cuenta la especificidad, sobre todo en el caso de los alojamientos en zonas de montaña, porque requieren unas determinadas condiciones especiales. Es una demanda del sector y, por tanto, nos parece que sería bueno que en esta reflexión, en el plan de turismo y en las acciones que van a seguir, tal y como ha explicado la senadora, se tenga en cuenta esta tipología y estas condiciones de las viviendas, de los edificios donde se practica el turismo rural.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Serrano.

La señora SERRANO BOIGAS: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta una enmienda de adición por la que insta al Gobierno a que determine las cantidades presupuestarias que se van a destinar a este proceso de homogeneización en la clasificación de los establecimientos rurales, así como a determinar, impulsar y apoyar medidas de promoción y desarrollo del turismo rural y de interior como ejemplo de diversificación de la oferta turística, más allá del turismo de sol y playa.

El turismo rural necesita un apoyo efectivo y real y no un brindis al sol, como hace su Gobierno y como hacen ustedes con esta moción que hoy presentan en el Pleno de esta Cámara. Ese apoyo efectivo y real se demuestra con un apoyo financiero, se demuestra con un respaldo económico. Por eso, instamos al Gobierno a que consigne esas cantidades presupuestarias que van a determinar ese proceso de homogeneización, para que las comunidades autónomas, dentro de sus competencias, puedan llevar a cabo esta implantación. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular decía que se habían determinado las estrellas verdes, pero para poder implantarlas es necesaria una aportación económica adicional. Por eso es indispensable que el Gobierno determine qué cantidades se van a destinar en ese proceso de homogeneización en la clasificación de los establecimientos rurales.

También solicitamos que se impulsen y se apoyen medidas de promoción y desarrollo del turismo rural interior, como el ecoturismo, el agroturismo o la artesanía, en lugar de las medidas que hasta ahora está adoptando el Gobierno del Partido Popular, que son negativas para el sector en general y para el sector del turismo en particular y, sobre todo, la política de recortes y recortes y recortes que está llevando a cabo; medidas negativas como la subida del tipo del IVA, que afecta mucho al sector del turismo rural porque el turismo deportivo y el cultural han experimentado un incremento de 13 puntos, lo que afecta negativamente al turismo rural, y ese es el brindis al sol del Gobierno del Partido Popular con el turismo rural.

Lo mismo ocurre con los recortes en los Presupuestos Generales del Estado, de un 64% desde la llegada del Gobierno del Partido Popular; y, en la promoción turística, un recorte del 56%. Ya me dirán cómo se puede promocionar el turismo rural si la promoción turística, Turespaña, ha experimentado un recorte de un 56%.

Además, también tengo que mencionar la política agraria común, la PAC, porque la parte de desarrollo rural, la parte de la cofinanciación del Estado a las comunidades autónomas, como saben, ha sufrido un recorte de 2000 millones de euros en el Feader y, además, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, a la que pertenezco, un recorte de 218 millones de euros, lo que está afectando negativamente al desarrollo rural, a las empresas del sector turístico y a todo el empleo en este ámbito.

Por ello, instamos al Gobierno a que determine las cantidades presupuestarias que van a respaldar este proceso de homogeneización en la clasificación porque lo realmente necesario es ese respaldo económico para llevar a cabo esa implantación y medidas concretas de apoyo a la promoción y desarrollo en lugar de un plan integral de turismo para 2014, que es un plan mojado porque no cuenta con respaldo de partidas presupuestarias.

Muchas gracias. (Aplausos).




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Serrano.

Tiene la palabra la senadora García Romero, para indicar si acepta o no las enmiendas presentadas.

La señora GARCÍA ROMERO: Gracias, señor presidente.

En relación con la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de la Entesa, he de decir al señor Boya que no podemos aceptarla por varias razones. En principio, no es el foro adecuado para presentar esta enmienda ―no es que no queramos aceptarla―, pero, además, Cataluña ha sido la única comunidad autónoma que no ha querido que el turismo rural se homogeneice bajo estrellas verdes. No sé si tiene conocimiento de la situación, pero la Comunidad Autónoma de Cataluña se abstuvo a la hora de sumarse a esta iniciativa en la Conferencia Sectorial de Turismo. En palabras del propio consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig, no se aceptaba esta homologación y dijo que sería la propia Generalitat la que desarrollase el modelo turístico frente al modelo estatal. Creo que el que la comunidad autónoma correspondiente no quiera incluirse en el marco de esta armonización es una razón más que suficiente para rechazar esta enmienda.

Por tanto, lamento mucho el papel que le ha tocado desempeñar en nombre de su grupo porque no entendemos que Cataluña, que ha mostrado siempre su liderazgo en materia de turismo y en materia de turismo rural, haya acabado por tirar la toalla ante esta gran oportunidad, sin tener en cuenta los sensacionales establecimientos con que cuenta su comunidad en lugares idílicos, con un servicio excelente que usted debe conocer. Por ello, insisto en que lamento que no podamos aceptar su enmienda, pero ya le he dado reiteradas razones para ello.

En cuanto al Grupo Parlamentario Socialista, quiero decirle a su representante, Pilar Serrano, que tampoco podemos aceptar esta enmienda porque lo que viene a decirse en ella es algo que ya está hecho en los documentos que he mencionado antes. No se necesita exhortar al Gobierno a impulsar y apoyar medidas de promoción y desarrollo del turismo rural porque esa es la base fundamental del Plan para la promoción de turismo rural, al cual me he referido antes desde la tribuna, un documento que cuenta con ciento ochenta y siete actividades dirigidas a la promoción de turismo, eso sí, señoría, con un presupuesto de más de 430 000 euros cofinanciados por Turespaña y por las aportaciones de las comunidades autónomas. Y la comunidad autónoma en la que usted reside es beneficiaria de todas estas actuaciones. Por tanto, le invito a que lea con detenimiento este nuevo documento, donde verá cómo aparecen con precisión todas estas actividades promocionales. Estamos hablando de un documento que fue aprobado el día 18 de febrero de 2014 y por eso no le voy a enumerar una por una esas actividades ya que por cuestiones de tiempo resulta imposible. Le invito a que lo mire, y si tiene algún interés por ello, haga una lectura pormenorizada ya que, como le digo, son muchas las acciones. Y le reitero que ahí está incluida su comunidad autónoma y toda España. Por tanto, tampoco vamos a aceptar su enmienda.

Gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora García Romero.

¿Turno en contra? (Pausa).

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor presidente.

Señora senadora, veo que tampoco admiten ustedes las dos enmiendas de los grupos proponentes. Nosotros, como nacionalistas, cuando en cualquier iniciativa aparece la palabra homogeneización, reaccionamos como el gato ante el agua. No queremos ningún tipo de homogeneización, ya tuvimos un mal recuerdo con la Ley Orgánica de armonización del proceso autonómico después del 23-F. Por tanto, somos partidarios de la coordinación, pero no de la homogeneización, sobre todo en algo tan importante como esta iniciativa, porque el 99% de las competencias son de las comunidades autónomas, no del Estado. No sé qué hay detrás de esta moción. Yo creo que debe ser el propio ministerio el que está instando a recuperar competencias que anteriormente fueron delegadas.

En cuanto al caso concreto de los alojamientos rurales, se quiere que en todo el Estado haya cinco categorías y se clasifiquen en estrellas verdes. El caso es que cada comunidad autónoma




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tiene su normativa, y unas tienen estrellas, otras tienen espigas, unas tienen tres categorías, otras no los clasifican por categorías, como en Galicia, donde los clasifican como pazos, como hórreos y en otras comunidades los clasifican como cortijos. Es decir, en cualquier comunidad autónoma tienen su idiosincrasia y su manera de proceder. El problema está en cómo se define cada una de las categorías. Cada establecimiento de una misma categoría debería tener las mismas condiciones, pero eso no se da, señora senadora. Nosotros en Euskadi, por ejemplo, no tenemos problema en que haya cinco categorías porque, probablemente, de esas cinco habría dos que se quedarían vacías, pero sí tenemos problema en que no se reconozca la tipología o la idiosincrasia de nuestro caserío y en que nos obliguen a incluir elementos no característicos de él, así como en que tampoco se reconozcan figuras rurales que están en nuestra ley, como los hoteles y apartamentos rurales. De ningún modo se va a hacer una promoción internacional más eficaz si no se trabaja el contenido de cada categoría intentando aunar los criterios de todas las comunidades autónomas, pero de eso no hay nada. Como siempre, se trata del café para todos, pero cada comunidad autónoma tiene unos elementos rurales con características muy diferentes que esta moción, desgraciadamente, no las tiene en cuenta.

Y vuelvo a recordarle, señora senadora, que el 99% de la normativa en materia de turismo corresponde a las comunidades autónomas. Por tanto, esta moción sabemos que es una iniciativa del ministerio con muy malas intenciones.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gràcies, senyor president.

Senadora, la verdad es que me ha sorprendido porque se ha dirigido a mí como si yo perteneciera al grupo que da soporte al Gobierno en Cataluña, y no es el caso. Lo cierto es que compartimos algunos de los criterios que seguramente la portavoz del grupo de Convergència explicará en su turno de palabra. Yo me sumo a la reflexión que ha hecho el senador Anasagasti, y es suficiente leer la moción que ustedes presentan para ver su concepto de la Administración Pública en este país. Ustedes hablan de la administración turística nacional y también de la administración regional.

Como ya venimos en esta legislatura de un bagaje de leyes que van laminando absolutamente las competencias de las comunidades autónomas...

Doncs, miri, com diuen en català, gat escaldat de l’aigua calenta fuig o una cosa així. Per tant, la veritat és que nosaltres entenem una lògica, perquè és una lògica que hi és i la suma de les accions del conjunt del turisme rural, dels establiments de turisme rural, és bo que la promoció a l’exterior es faci d’una manera conjunta i que, per tant, hi hagi una sintonia i una coordinació quan diem i quan parlem de la categorització dels establiments de turisme rural, ara, això no vol dir que s’hagin d’homogeneïtzar els criteris sobre els quals doncs les característiques de cada comunitat autònoma respecte als seus habitatges o la manera d’identificar aquests habitatges. És que la diversitat és bona per se. Jo no sé per què vostès volen acabar amb tot allò que, d’alguna forma, en aquest país, il.lustra la diversitat que existeix. És que no és dolenta, la diversitat. Hauríem de ser capaços, vostès, com a Govern d’aquest país, de l’Estat d’aquest país, hauríem de ser capaços d’entendre’ns amb el conjunt de les comunitats autònomes i trobar marcs de cooperació en els quals l’argument d’uns per mantenir la seva tipologia i la seva diversitat fos compatible amb l’eficàcia que vostès reclamen i que nosaltres, en part, hi estem d’acord. Perquè, efectivament, hi ha coses que s’han de fer. Tenir quaranta-sis tipologies d’habitatges d’establiments rurals és obvi que no és competitiu quan França en té cinc o en té sis, quan Portugal en té sis o set i quan en aquest moment, Àustria, que ha estat un dels països pioners amb el turisme rural està canviant absolutament la fórmula que utilitza per identificar els seus establiments de turisme rural. I ho està fent no en l’oferta, sinó precisament amb criteris d’aquell que demanda turisme rural i que, per tant, vol una especificitat molt precisa del que li ofereix aquell turisme rural.

Per tant, és un debat molt obert i és un debat que és molt important perquè hem fet un debat, fa una estona, sobre una moció de món rural i ningú no pot negar que el turisme al món rural ha estat un baló d’oxigen per a reactivar, en molts pobles i en molts llocs, on realment l’activitat




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agrària tenia ja unes capacitats molt limitades per oferir possibilitats de crear riquesa, i el turisme rural ho ha fet. I és veritat que, si mirem les dades del país respecte a on són en aquest moment el 68% dels béns d’interès cultural d’aquest país, el 68% estan al món rural. Per tant, hi ha una capacitat importantíssima de generar riquesa. Les xifres vostè les ha donat i jo hi estic d’acord. Que és un àmbit cabdal. Ara, mirem com ho fem. Jo no entenc per què vostès tenen aquesta incapacitat d’aconseguir acords i, per tant, de generar contínuament un enfrontament amb les comunitats autònomes perquè no respecten ni el marc competencial. És a dir, jo crec que estan sistemàticament en contra de la diversitat perquè el seu projecte polític és la homogeneïtzació de l’Estat en un procés que va a la inversa d’allò que hem fet justament des dels temps de la transició.

Per tant, a nosaltres, que entenem la raó i el fons de la moció, ens hauria agradat que, efectivament, la literatura hagués acompanyat el desig i que, al mateix temps, vostès i, sobretot en la seva intervenció, la intervenció que vostè ha fet, haguessin tingut la sensibilitat d’entendre que aquest país és un país divers, que a aquest país la tipologia dels habitatges del món rural, com nosaltres els plantejàvem a l’esmena, ha de ser respectada —i ho ha dit el senador Anasagasti també— i, per tant, des d’aquesta perspectiva, no podem estar d’acord amb el plantejament que vostè ha fet.

Gràcies, senyor president.

Continúo en catalán porque, como decimos en mi tierra, el gato escaldado del agua fría huye. Por tanto, nosotros entendemos esta lógica que está en la suma de las acciones del conjunto del turismo rural, de los alojamientos de turismo rural. Es bueno que la promoción en el exterior se haga de una forma conjunta y que, por lo tanto, exista una sintonía y una coordinación cuando hablamos de la categorización de los establecimientos de turismo rural. Pero esto no significa que tengan que homogeneizarse los criterios para cada comunidad autónoma, sus características, por ejemplo, respecto a los tipos de vivienda. La diversidad es buena per se y no entiendo por qué ustedes quieren acabar con todo aquello que ilustra la diversidad que existe en este país. No es mala la diversidad. Ustedes, como Gobierno del Estado de este país, tendrían que ser capaces de entender al conjunto de las comunidades autónomas y encontrar marcos de cooperación en los que, evidentemente, el argumento de unos para mantener su tipología y diversidad fuese compatible con la eficacia que ustedes reclaman, con la que nosotros en parte estamos de acuerdo, pues ciertamente hay cosas que se tienen que hacer. Es obvio que tener cuarenta y seis tipologías de establecimientos rurales no es competitivo, cuando Francia tiene cinco o seis, Portugal seis o siete y Austria, que ha sido uno de los países pioneros en turismo rural, está cambiando absolutamente la fórmula que utiliza para identificar sus establecimientos de turismo rural, y lo está haciendo no en la oferta, sino con los criterios de aquel que demanda turismo rural y que lo que quiere es una especificidad muy precisa de lo que se le está ofreciendo.

Este es un debate muy abierto y muy importante. Hace poco tuvimos uno con ocasión de la moción sobre el mundo rural, y nadie puede negar que el turismo en el mundo rural ha sido un balón de oxígeno para reactivar en muchos pueblos la actividad agrícola, cuya capacidad estaba demasiado limitada como para ofrecer posibilidades de crear riqueza, y el turismo rural lo ha conseguido. Si observamos los datos del país, el 68% de los bienes de interés cultural se encuentran en el mundo rural. Por lo tanto, existe una capacidad importantísima de generar riqueza. Usted ha dado las cifras y yo estoy de acuerdo con que es un ámbito capital. Pero vamos a ver cómo lo hacemos. No entiendo por qué ustedes tienen esta incapacidad para conseguir acuerdos y para generar continuamente un enfrentamiento con las comunidades autónomas porque no respetan el marco competencial. Creo que están en contra sistemáticamente de la diversidad, porque su proyecto político es la homogeneización del Estado, en un proceso que va al revés de lo que hemos hecho desde los tiempos de la transición.

A nosotros, que entendemos la razón y el fondo de la moción, nos hubiera gustado que la literatura hubiese acompañado al deseo y que, al mismo tiempo, ustedes, en su intervención, hubieran tenido la sensibilidad de entender que este país es un país diverso, que la tipología de los establecimientos del mundo rural, como les planteábamos en la enmienda, tiene que ser respetada —lo ha dicho también el senador Anasagasti—. Desde esta perspectiva, el planteamiento que ustedes hacen no nos complace y no podemos estar de acuerdo con él.

Muchas gracias, señor presidente.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president, bon dia a tothom.

Senyories, novament ens trobem amb una moció del PP que no va més enllà de ser una moció aparador. Una moció aparador que li ha permès a vostè, novament, explicar-nos tot el Pla Nacional Integral del Turisme, el qual ja va ser presentat en aquesta Cambra i que els grups polítics, entre els quals el de Convergència i Unió, ja vam manifestar la nostra posició al respecte. En el nostre cas era un no perquè ja prevèiem, pel contingut d’aquell pla, que envairia competències de les comunitats autònomes, competències de Catalunya.

Una moció que, per una banda, insta el Govern a fer una cosa que ja fa, que està fent. Vostè mateixa ha manifestat aquí que ja hi ha resultats d’aquests efectes que vostè demana al govern que faci. Ja hi ha estrelles verdes posades als territoris. Per tant, vostè insta el Govern a fer una cosa que ja està fent.

I, d’altra banda, insta el Govern a regular alguna cosa que ja està regulada per les Comunitats Autònomes, en l’exercici de les seves competències. El Pla Nacional Integral del Turisme, en un dels seus paràgrafs principals, com a bastió d’aquest Pla Integral, ja deia alguna cosa així, de fet els ho llegiré literalment. El punt número 1: Liderazgo de la nación para alinear las voluntades de actores y recursos en un proyecto común.

Doncs, miri, senyora senadora. Nosaltres no estem tant per alinear voluntats i estem més, com ha dit el senador Anasagasti, per a cooperar, coordinar, posar en comú i col.laborar. Reconeixent que hi ha una dispersió normativa en el tema de turisme rural. És cert que el turisme rural és singular i característic a cada territori. Per tant, perdurable i autèntic i altament marcat per un criteri de proximitat que va lligat al lloc, al paisatge, als usos i als costums de cada establiment.

Per tant, és clar que els criteris per definir un allotjament de turisme rural poden ser molt variats. Es tendeix en massa ocasions, per això, a simplificar en excés i concloure, en molts casos, que turisme rural és tota l’oferta d’allotjament que es troba en un medi rural, en un entorn rural. Així ens trobem amb Comunitats Autònomes que fan ús de criteris quantitatius, població, capacitat dels allotjaments. Altres en valoren simplement l’entorn o la tipologia de la construcció. I, d’altres, com és el cas de Catalunya, considerem paràmetres qualitatius, gastronomia, sostenibilitat, relacions de proximitat amb els titulars, atenció personal, atenció directa.

En aquest sentit, la legislació catalana, que com vostès mateixos indiquen en la seva part expositiva, és un fet —perquè en tenim les conseqüències— i, a més a més, com vostè també ha dit, hem sigut pioners en aquest tema, el que passa és que, en aquest tema, en la seva part expositiva, no posa la tipologia que se segueix a Catalunya. Jo li explico en un moment. És la competent en aquesta matèria. Ha intentat preservar sempre, li deia, la millor qualitat i l’autenticitat de l’oferta turística en turisme rural, cosa que, d’entrada, està contraposada, com a concepte, amb l’homogeneïtzació, que vostès proposen. Arribar a definir les diferents modalitats d’establiments de turisme rural ha estat a Catalunya un llarg procés, no ho hem fet d’avui per a demà. S’ha dut a terme amb el consens del sector i amb aquest mateix sector que, avui, consultat, no creu necessari plantejar una definició de les modalitats que, a Catalunya, con vostès saben, el turisme rural és un producte perfectament diferenciat dels establiments hotelers o dels apartaments rurals. Plantejar, doncs, una homogeneïtzació de les tipologies d’allotjaments rurals i dels requisits tècnics amb l’excusa de facilitar la promoció i sense abans tenir definit ni el propi concepte de medi rural o entorn o entorns rurals, no té sentit, no en té senyoria i això, per si mateix, denota un gran desconeixement del medi rural.

La categorització per estrelles que vostès proposen, que ja s’ha endegat a Castella i Lleó, és un greu error, ja que unifica visualment els hotels amb les cases rurals i són dues tipologies d’allotjament molt diferents, lligades a experiències absolutament diferents per al viatger, que només comparteixen l’escenari on s’ubiquen, el medi rural. El turisme i els turistes, senyoria, han evolucionat, i fa molt de temps que el turisme no es belluga únicament per allotjament, fins i tot s’ha superat la demanda en funció de l’activitat, per anar una mica més enllà encara, i viure experiències úniques, sensacions. El turista vol deixar de ser un espectador i passar a ser un actor.




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Som aquí, senyoria, som aquí des de fa molt temps. En aquest sentit, en la singularitat és on es troba l’autenticitat, l’exclusivitat on el turisme rural pot trobar el seu fort i, dins d’aquesta diversitat, podem identificar, dins de cada model, valors comuns i donar-los una visibilitat adequada en clau de qualitat turística. Amb una clara intenció d’orientació de la demanda.

Per aquest motiu a Catalunya —i vostè ho sap encara que no ho digui en la seva moció—, ja està funcionant, des del 2010, la categorització de turisme rural, de caràcter voluntari, integrat en el sistema de qualitat turística amb una representació gràfica de les cinc categories mitjançant espigues. Aquest és el nostre model i n’estem satisfets.

Ja hauran esbrinat, a hores d’ara, que no donarem suport a aquesta moció. En primer lloc, vol escenificar que, des de les Cambres parlamentàries, surten propostes per instar els Governs a que facin alguna cosa. Quan el Govern ja ho està fent. Són mocions que, malauradament, sovintegen i no aporten res, més enllà d’escenificar, en el cas de Catalunya, que aquells que ens acusen de maquillar les conseqüències del procés on estem situats, no paren d’aportar-hi causes que ara, ni tan sols, poden ja maquillar.

En segon lloc, continuem amb la insistent mania d’envair les competències de les comunitats autònomes. En aquest cas, Catalunya, ho recullen aquí i, a més a més, els diré una cosa, també em preocupa aquest adverbi de temps, actualmente la competencia legislativa, un adverbi de temps una mica sospitós. Què vol dir aquest actualmente? Ergo, en breve no? Podríem pensar això. Però, bé, és igual, ara no parlem de sintaxi. Els deia. Continuen vostès envaint competències a tort i a dret, això sí, amb una voluntat de diàleg, tenint en compte les Comunitats Autònomes i amb la mà estesa per al diàleg. O sigui, mientras vamos dialogando, nosotros vamos recentralizando, una miqueta així.

En tercer lloc, els diré, que no acceptem tampoc aquesta moció i hi votarem en contra perquè no és necessari homogeneïtzar per a promocionar bé. Per a promocionar bé, senyoria, que és el que vostès poden fer, cal conèixer molt bé el producte i les seves característiques. I adaptar-lo al mercat. I si vostès estan treballant en aquests mercats exteriors, que nosaltres des de Catalunya, ja fa més de cinc anys que els estem explorant i estem treballant, els viatges de familiarització a Catalunya són un fet del dia a dia del turisme, fins i tot en l’àmbit local, els diré que nosaltres estem trobant sectors molt concrets, per a àmbits rurals molt concrets. I li citaré un cas. En el cas del territori d’aquesta senadora, el Pirineu de Lleida, una zona rural, tenim turisme rural i un dels mercats més importants que estem treballant i ja fa un temps que hi estem treballant, és el mercat israelita, senyoria. Els mercats que vostè treballen aquí, per a aquesta franja concreta de territori i pels atractius que té aquest territori no ens serveixen. L’oferta i la demanda han d’anar lligades i no tot serveix per a tot ni tot serveix per a tothom.

Finalment, li vull assenyalar que, si els preocupa el món rural, si els preocupa el turisme rural, enlloc d’insistentment envair competències que no els són pròpies, si us plau, posin mesures en aquelles competències que vostès tenen. El turisme és transversal, per tant, vostès tenen competències en infraestructures. Una altra vegada donaré un exemple de la meva terra, ho poden extrapolar a qualsevol lloc de Catalunya. N-230, N-260, eixos de comunicació vitals per a unes zones que el 80% de la seva base econòmica és turística. Està en les seves mans. Neteja de lleres, parcs nacionals, zones perifèriques, se m’acuden tantes coses que vostès podrien fer i que, a més a més són competència seva, que no arribo a entendre, jo sí senyoria que no entenc, per què aquesta maleïda insistència en voler-se posar en coses que ja s’estan fent bé i, com vostè ha dit, a Catalunya s’estan fent molt bé i estan donant resultats.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente. Buenos días, señorías.

Una vez más, nos encontramos con una moción del PP que no va más allá de ser una moción escaparate; escaparate que le ha permitido a usted explicarnos nuevamente todo el Plan Nacional e Integral de Turismo, que ya se presentó en esta Cámara y sobre el que los grupos políticos, entre ellos Convergència i Unió, ya manifestamos nuestra postura. En nuestro caso, dijimos que no porque ya preveíamos, por el contenido de ese plan, que se iban a invadir competencias de las comunidades autónomas y, por ende, de Cataluña.

Esta moción insta al Gobierno a hacer algo que ya hace, que ya está haciendo. Usted misma ha manifestado aquí que ya hay resultados de estos efectos por eso mismo que usted está




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pidiendo al Gobierno que haga. Ya existen estrellas verdes en los territorios, ya están puestas, así que usted insta al Gobierno a hacer una cosa que ya está realizando.

También insta al Gobierno a regular algo que ya ha sido regulado por las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias. El Plan Nacional e Integral de Turismo, en uno de sus párrafos principales, señala como pilar de dicho Plan integral algo así. Se lo voy a leer literalmente: Punto número 1: Liderazgo de la nación para alinear las voluntades de actores y recursos en un proyecto común.

Pues mire, señora senadora, nosotros no estamos tanto por alinear voluntades, más bien preferimos la cooperación, la coordinación, la puesta en común y la colaboración. Reconocemos que existe una dispersión normativa en el tema del turismo rural. Es cierto que el turismo rural es singular y característico en cada territorio, por lo tanto perdurable en tanto que auténtico y altamente marcado por un criterio de proximidad que va vinculado al lugar, al paisaje, a los usos y a las costumbres de cada establecimiento.

En este sentido, es claro que los criterios para definir un establecimiento de turismo rural pueden ser muy variados. En muchas ocasiones se tiende a simplificar en exceso y a concluir que turismo rural es toda la oferta de alojamiento que se encuentra en un medio rural, en un entorno rural. Así, nos encontramos con comunidades autónomas que hacen uso de criterios cuantitativos: población o capacidad de los alojamientos; otras comunidades valoran el entorno o la tipología de la construcción; y otras, como es el caso de Cataluña, consideramos parámetros cualitativos: gastronomía, sostenibilidad, relaciones de proximidad con los titulares, atención directa.

En este sentido, como ustedes indican en su parte expositiva, la legislación catalana es un hecho —ya tenemos consecuencias— y, como también ha dicho usted, hemos sido pioneros en este tema. Me parece que en su parte expositiva usted no ha incluido la tipología que se sigue en Cataluña, pero se lo voy a explicar en un momento. Es la competente en esta materia. Hemos intentado preservar siempre la mejor calidad y la autenticidad de la oferta turística en turismo rural, cosa que de entrada, como concepto, se contrapone con la homogeneización que ustedes promueven. Llegar a definir las distintas modalidades de establecimientos de turismo rural en Cataluña ha supuesto un largo proceso —no lo hemos hecho en un abrir y cerrar de ojos— y se ha llevado a cabo contando con el consenso del sector. Y es este mismo sector, consultado hoy, el que no cree necesario replantear una definición de las modalidades. En Cataluña, como ustedes saben, el turismo rural es un producto perfectamente diferenciado de los establecimientos hoteleros o de los apartamentos rurales. Plantear, pues, una homogeneización de las tipologías de alojamiento rural y de los requisitos técnicos con la excusa de facilitar la promoción sin antes tener definido ni el propio concepto de medio o entorno rural no tiene sentido. No tiene sentido, señoría, y por sí mismo denota un gran desconocimiento del medio rural.

La categorización de estrellas que ustedes proponen, y que ya se ha puesto en marcha en Castilla y León, es un grave error, ya que unifica visualmente los hoteles con las casas rurales, y son dos tipologías de alojamiento muy distintas vinculadas a experiencias absolutamente diferentes para el turista, que solo comparten el escenario en el que se ubican, que es el medio rural. El turismo y los turistas han evolucionado, y hace mucho tiempo que el turismo ya no se mueve únicamente por el alojamiento, incluso se ha superado la demanda en función de la actividad para ir un poco más allá y vivir experiencias y sensaciones únicas. El turista quiere dejar de ser un espectador para pasar a ser actor.

Estamos aquí desde hace mucho tiempo, señoría, y en este sentido es en la singularidad donde se encuentra la autenticidad, la exclusividad, donde el turismo rural puede encontrar su punto fuerte. Y dentro de la diversidad, dentro de cada modelo podemos identificar, si quiere, valores comunes y darles una visibilidad adecuada en clave de calidad turística y orientados hacia la demanda.

Por este motivo en Cataluña —y usted lo sabe, aunque no lo dice en su moción— ya está funcionando desde el año 2010 la categorización de turismo rural de carácter voluntario integrada en el sistema de calidad turística con una representación gráfica de las cinco categorías mediante espigas. Este es nuestro modelo y estamos satisfechos.

Ya habrán visto que no vamos a apoyar esta moción, en primer lugar, porque quiere escenificar que desde las Cámaras parlamentarias salen propuestas para instar a los Gobiernos a que hagan alguna cosa, cuando el Gobierno ya lo está haciendo. Desgraciadamente son mociones muy




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frecuentes que no nos aportan nada más allá que significar, en el caso de Cataluña, que aquellos que nos acusan de maquillar las consecuencias del proceso donde estamos situados no paran de aportar causas que ahora ni tan solo pueden maquillar.

En segundo lugar, seguimos con la insistente manía de invadir las competencias de las comunidades autónomas, y en este caso de Cataluña. Pero también les voy a decir otra cosa, y es que me preocupa ese adverbio de tiempo que se utiliza, un adverbio de tiempo un poco sospechoso. ¿Qué quieren decir con ese «actualmente»? ¿Ergo en breve no? Podríamos pensar que es así. Pero, bueno, da igual porque ahora no vamos a hablar de sintaxis. Ustedes invaden competencias con mucha frecuencia, con una voluntad de diálogo y sin tener en cuenta a las comunidades autónomas, así que, mientras vamos dialogando, vamos recentralizando. Este sería su modelo.

En tercer lugar, no aceptamos esta moción, y vamos a votar en su contra, porque no es necesario homogeneizar para promocionar bien. Señorías, para promocionar bien, que es lo que ustedes pueden hacer, hay que conocer muy bien el producto y sus características, y adaptarlo al mercado. Si ustedes están trabajando con estos mercados exteriores, nosotros, desde Cataluña, hace ya más de cinco años que los estamos explorando y estamos trabajando en ello. Los viajes de familiarización en Cataluña son un hecho muy frecuente del turismo en el día a día, incluso en el ámbito local. Y les voy a decir que nosotros estamos encontrando sectores muy concretos para ámbitos rurales muy concretos. Le voy a mencionar un caso. En el caso de mi territorio, el Pirineo de Lérida, una zona rural con turismo rural, uno de los mercados más importantes que estamos trabajando ya desde hace tiempo es el israelí. Los mercados en los que ustedes trabajan aquí para esta franja concreta de territorio, para los activos que tiene este territorio no nos sirven. La oferta y la demanda tienen que ir vinculadas, y no todo sirve para todo ni para todo el mundo.

Finalmente le voy a señalar que si les preocupa el mundo rural y el turismo rural, en vez de invadir competencias insistentemente, por favor, adopten medidas en aquello que es de su competencia. El turismo es transversal, así pues, si ustedes tienen competencias en infraestructuras, actúen en ello. Voy a volver a poner como ejemplo a mi tierra, pero lo que les digo lo pueden extrapolar a cualquier punto de Cataluña. Tenemos la N-230 y N-260, ejes de comunicación vitales para unas zonas en las que el 80% de su base económica es turística. Eso sí está en sus manos, la limpieza de las carreteras, etcétera. Todo esto podían hacerlo ustedes y todo esto es de su competencia. La verdad es que no entiendo por qué esta maldita insistencia en meterse en cosas que ya se están haciendo bien y que, como he dicho, en Cataluña están dando ya sus frutos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Serrano.

La señora SERRANO BOIGAS: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quisiera decir al Grupo Parlamentario Popular que el Grupo Socialista va a votar a favor de esta moción a pesar de que no ha sido aceptada la enmienda por parte del Grupo Popular. Nosotros no vamos a poner ningún obstáculo, no vamos a ser ningún impedimento para el desarrollo del turismo rural. Dicho esto, voy a continuar ahora en mi turno de portavoces.

El turismo es un sector estratégico para la reactivación de la economía, el turismo es un elemento económico estratégico, motor de la economía, generador del empleo y, sobre todo, del mantenimiento del empleo; un sector al que el Gobierno del Partido Popular no le ha dado un apoyo efectivo y real, un sector que se ha consolidado como una gran industria a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel de mi provincia, Málaga —como saben, soy senadora por la provincia de Málaga—.

El sector turístico representa el 10,2% del PIB y representa el 11,5% del empleo en España. La entrada de turistas creció en España a lo largo de 2013 con una cifra récord de 60,6 millones de visitantes, lo que ha supuesto una aportación económica de 45 millones de euros; unos datos récord a pesar de la situación de incertidumbre, de preocupación y de desconfianza a la que ha llevado el Gobierno del Partido Popular al sector del turismo por las medidas adoptadas en tan solo dos años y por la política de recortes, recortes y recortes.




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En este concepto de turismo del que acabo de hablar como motor de la economía se engloban el turismo de sol y playa, el turismo de nieve, el turismo de montaña, en definitiva, el turismo rural, el que hoy nos ocupa. El turismo rural lo podríamos definir como la actividad turística en el entorno rural o natural; turismo rural es la actividad económica con un gran potencial en el medio rural, que genera o dinamiza la economía en el entorno donde se desarrolla, favorece el asentamiento de la población y el crecimiento de su renta y, además, contribuye a la conservación de los bienes de interés cultural en aquellos sitios donde se encuentran en el medio rural, además de impulsar los pequeños municipios donde se pone en valor el turismo cultural, el ecoturismo y la gastronomía.

Los datos se han dicho aquí: el turismo rural aporta más de 21 000 empleos, más de 15 000 establecimientos rurales, casi 140 000 plazas de alojamiento, 2,5 millones de alojados y 6 millones de pernoctaciones; podemos decir que el turismo rural ha estado creciendo a un ritmo de un 15% anual. Sin embargo, a pesar de estos datos el Gobierno del Partido Popular vuelve a hacer un brindis al sol al turismo rural al hablar del Plan integral de turismo rural para 2014, integrado en un Plan Nacional e Integral de Turismo a través del que se trata de impulsar nuevos destinos turísticos y el tejido empresarial, así como hace un brindis al sol con esta moción que hoy se ha presentado en el Pleno de esta Cámara.

El Plan integral de turismo —tanto el nacional como el rural— es un plan en teoría pero poco efectivo en la práctica, un plan que es papel mojado, porque si somos realistas y coherentes, si no existen unas partidas presupuestarias que respalden este plan difícilmente se puede llevar a cabo tanto el Plan Nacional de Turismo como el Plan integral de turismo rural. Insisto, unos recortes presupuestarios de un 60,5% en dos años de Gobierno, la promoción turística un 56% en recortes. Pero dirán ustedes que todas las actuaciones y todas las medidas que se llevan a cabo no tienen por qué contar con asignación presupuestaria, sino que se pueden realizar con recursos internos o correspondientes a otros organismos o empresas. Pero les recuerdo que todos los organismos y empresas públicas tienen que tener un respaldo presupuestario, y si no existe ese respaldo presupuestario difícilmente se puede llegar a cumplir un Plan Nacional de Turismo y, por ende, un Plan nacional de turismo rural. Sin recortes —con ellos, insisto, sería imposible— se puede llevar a cabo el desarrollo de ese Plan integral de turismo rural. Como ejemplo, la marca España. A través de Turespaña —lo he dicho— se ha recortado la promoción turística, siendo Turespaña la encargada de desarrollar ese Plan integral de turismo, con lo cual corroboro ese brindis al sol que hace el Gobierno del Partido Popular al turismo en general y al turismo rural en particular.

Por eso, insisto, como hemos pedido en nuestra enmienda, instamos al Gobierno a que se determinen cuáles son las cantidades presupuestarias para el proceso de homogeneización en la clasificación de los establecimientos rurales, así como que se realicen medidas de promoción y desarrollo del turismo rural como el ecoturismo, el agroturismo o la artesanía. Se necesita un apoyo efectivo y real por parte del Gobierno al turismo real. Y ese apoyo efectivo y real se hace a su vez con un apoyo financiero, donde se puedan llevar a cabo actuaciones que consoliden el turismo rural. Necesitamos que se determinen esas partidas para que se pueda llevar a cabo por las comunidades autónomas la implantación de esa homogeneización.

Además, insisto en el recorte de las políticas agrarias, como he dicho al principio de mi intervención. Con las ayudas a la política agraria común, en el caso del desarrollo rural, debido a la nefasta gestión del Gobierno del Partido Popular las comunidades autónomas recibirán 2000 millones de euros menos en el programa Feader, para el período 2014-2020, lo cual va a redundar negativamente en las empresas del sector turístico rural. Saldrán muy perjudicadas y, en concreto, la comunidad autónoma andaluza tendrá 218 millones de euros menos para el turismo rural, lo cual implicará destrucción de empleo y de las empresas.

Insistimos en que el Gobierno tiene que aportar o determinar las partidas presupuestarias, porque, a pesar de que ha dicho la portavoz que hay una partida de 460 000 euros para el Plan integral de turismo rural, esa partida no está. Por lo tanto, no se puede apoyar a este sector del turismo con esas medidas, y, además, no hay ni una sola partida para promoción y desarrollo del turismo rural.

Así pues, insistimos en ese apoyo financiero que debe respaldar esas medidas de apoyo y promoción, además de ese apoyo efectivo y real que necesita el turismo, no un brindis al sol, como hacen con todas las actuaciones que están llevando a cabo a lo largo de estos dos años de Gobierno.

Muchísimas gracias. (Aplausos).




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Serrano.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora García Romero.

La señora GARCÍA ROMERO: Gracias, presidente.

Quiero agradecer la intervención de los grupos en la defensa de esta moción, aunque quizá sea totalmente lo contrario.

Antes que nada, quiero dejar bien claro a todos los grupos que componemos esta Cámara territorial que lo que pretendemos aquí, con esta moción, es instar al Gobierno a que, en aras de facilitar una promoción nacional e internacional más eficaz del turismo rural en España, continúe trabajando con las comunidades autónomas en la homogeneización de la clasificación y categorización de establecimientos rurales dentro del Plan Nacional e Integral de Turismo. Quiero dejarlo claro, porque, parece ser, que ha habido determinados grupos que no han entendido para nada el objeto de esta moción o que pretenden desviar, porque no tienen argumentos, intentando confundir a la Cámara.

Una vez dicho esto, quiero puntualizar al portavoz del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, al senador Anasagasti, que es una demanda histórica del sector, no lo digo yo, no lo dice mi grupo, lo dice el sector, representado por multitud de asociaciones, quienes ante la celebración de la conferencia sectorial traducen lo siguiente: es una gran noticia que los directores generales de las comunidades autónomas vean la ventaja que supone para los clientes, los empresarios y el desarrollo del turismo rural la simplificación y el aumento de transparencia. Ha habido muchos proyectos, sin duda, bienintencionados, pero que provocaron multitud de normativa dispar, añadiendo confusión al público. No es entendible que digamos que es distinto una casona, un cortijo, una posada rural o un hotel rural. Esto no lo digo yo, esto no lo dice mi grupo, esto lo dicen las más de doscientas asociaciones de turismo rural que hay en España. Y hay otro que nos dice: ya era hora, lo estábamos pidiendo a gritos hace más de diez años.

Por lo tanto, lo he dejado claro: es una demanda del sector. ¿Y qué queremos hacer? Avanzar todos bajo un mismo paraguas para que la promoción redunde en beneficio de cada comunidad autónoma —¡ojo!—, para que redunde en beneficio de cada comunidad autónoma. Y no va a haber interferencias, porque no lo pretendemos, entre las competencias estatales y las autonómicas. Conocemos la Constitución y los estatutos de autonomía y sabemos quién tiene la competencia para legislar en esta materia. De ahí que se sienten en la conferencia sectorial Estado, comunidades autónomas y todos los responsables para que se lleve a cabo una armonización y no una recentralización ni una intromisión en esa materia competitiva. Por tanto, no hay mala intención, señor Anasagasti, se trata de la voluntad de generar riqueza con este sector.

En cuanto al responsable de la Entesa, quiero decirle que la diversidad, según nos dicen a su vez los responsables del sector, no es buena para llevar a cabo la promoción, no da resultados. Eso es lo que estamos haciendo aquí: homogeneizar y pedirle al Gobierno que culmine ese proceso. Es verdad que está hecha una gran parte, señora Rivero, el 84%, pero falta un poco más, el 16%, y queremos que se culmine. Para ello instamos al Gobierno a que siga demostrando que en un breve periodo de tiempo y respecto a una materia tan compleja han sido capaces de sentarse con las comunidades autónomas y con los responsables del sector y tirar para adelante en beneficio de este sector, que es de lo que se trata.

Al representante de la Entesa, señor Boya, quiero decirle que si yo fuera él me sumaría a esta moción, porque a sabiendas de que ustedes tienen medios diferentes para hacer, a título particular —por decirlo de alguna forma—, promoción exterior, la comunidad de Cataluña —lo digo por Entesa y por CiU—, a pesar de no estar de acuerdo con esta homogenización, tiene incluidas muchas acciones promocionales. No sé si les gustan o no, no sé si las conocen, pero hablamos de Bruselas, Düsseldorf o Londres y de acciones para difundir las posibilidades de Cataluña que están financiadas, que están aquí y, sin embargo, ustedes no se han adherido. Yo quiero dejárselo bien claro, señorías.

Por tanto, es una pena que simplemente por cuestiones que desconozco no se sumen a esta moción. Eso irá en la conciencia de cada uno de ustedes.

Agradecemos al Grupo Parlamentario Socialista su voto a favor. Evidentemente, no quieren que les digan que no defienden los intereses del turismo en aras a una promoción nacional e




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internacional de nuestras acciones. Yo querría decirles que esta moción no es para nada un brindis al sol, pues contamos con un plan de una vigencia de poco más de un año, y con otro al que se ha referido la senadora. Y no nos diga usted que este plan es poco efectivo porque acaba de nacer, lo hizo el 18 de febrero. ¿Cómo puede decirnos que es poco efectivo cuando tiene tan poca vigencia? Hay que realizar una por una todas las actuaciones que se contemplan en el mismo con dinero, señoría: 430 000 euros del presupuesto de Turespaña, más la colaboración, cofinanciación de las comunidades autónomas. Pero aún hay más, el presupuesto de Turespaña —por refrescarle la memoria— ha crecido un 20% en acciones promocionales si tenemos en cuenta y comparamos el presupuesto de 2013 con el de 2014. Lo que ha hecho ha sido reducir gastos de infraestructura por la reestructuración que se ha dado a todas las oficinas españolas de Turismo, pero ha crecido en promoción. Yo le invito a corroborar el dato porque está consignado en los presupuestos correspondientes.

En cuanto a esa reducción en materia de agricultura a la que se ha referido que va a redundar de forma negativa en todas las comunidades autónomas yo, señoría, tengo que decirle que no conozco en profundidad su comunidad autónoma en materia de turismo rural pero sí le puedo decir que, a pesar de que no es cierto que se hayan reducido estos programas y estas cuantías en relación con las partidas agrícolas, hay muchas líneas promocionales, pero quiero dejar bien claro que la mayor parte de los programas de desarrollo rural que se realizan en mi comunidad autónoma, en la Comunidad Autónoma de Castilla—La Mancha, vienen con fondos y están realizados en más de un noventa por ciento muy alto por los Leader, los Proder y se están haciendo actuaciones.

Yo le hablo de mi comunidad autónoma, señoría, no le estoy hablando de la comunidad autónoma andaluza, pero hay una conjunción de acciones entre desarrollos de programas rurales, y en este caso hay que sumar las acciones promocionales contempladas en este documento porque lo que pretendemos, señorías, es, repito una vez más, facilitar una promoción nacional e internacional mucho más eficaz del turismo rural, y que sean las comunidades autónomas quienes continúen trabajando con la dotación correspondiente para que consigamos dentro de un año hacer un análisis, una evaluación de esos resultados —porque nuestro plan es un documento medible— y podamos felicitar a todos los responsables ubicados en la conferencia sectorial porque la mejora del sector del turismo hotelero haya sido un éxito, fruto de estos dos documentos en España, pero en los ámbitos de cada comunidad autónoma, que, no olvidemos, señorías, hoy por hoy son las que tienen las competencias en esta materia.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García Romero.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 204; en contra, 23; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

5.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RETIRAR EL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA DEL CONCEBIDO Y DE LOS DERECHOS DE LA MUJER EMBARAZADA.

(Núm. exp. 662/000123)

AUTOR: GPEPC

El señor presidente da lectura al punto 5.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción no se han presentado enmiendas.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora Almiñana, por tiempo de quince minutos.




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La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidente. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia). Buenos días, señorías.

Vull començar la defensa d’aquesta moció amb les paraules d’una dona que va decidir interrompre el seu embaràs per una malformació fetal. Deia així: Algú, en saber-ho, em va dir que era un ésser viu. Es va atrevir a qüestionar-me. (Remors). Li vaig respondre que no era ningú per fer-ho. És la meva vida, és el meu cos, és la meva decisió.

Me gustaría empezar la defensa de esta moción con las palabras de una mujer que decidió interrumpir su embarazo por una malformación fetal, y decía así: Alguien, al saberlo, me dijo que era un ser vivo. Se atrevió a cuestionarme. (Rumores). Le respondí que no era nadie para hacerlo, es mi vida, es mi cuerpo, es mi decisión.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señorías, ruego silencio; no se puede oír a la oradora.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: El Grup Parlamentari de l’Entesa comparteix aquestes paraules. És la seva vida, és el seu cos, és la seva decisió. I per això hem presentat aquesta moció amb un únic punt: la retirada del Anteproyecto de Ley para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embaraza, la retirada de la reforma de la llei de l’avortament.

La seva proposta de llei ens fa retrocedir més enllà de l’any 1985. La Llei d’indicacions del senyor Gallardón s’ha acabat plasmant en un avantprojecte que contempla només dos supòsits. Primer, es podrà avortar en cas de violació, sempre que es presenti una denúncia en un termini màxim de dotze setmanes. Segon, en cas de perill per la salut física o psíquica de la mare. Això sí, serà necessari que dos metges certifiquin el motiu de la interrupció i que aquests metges no treballin en el mateix centre on es practicarà l’avortament. A més, s’haurà d’acompanyar d’un informe de Serveis Socials i set dies de reflexió, convertint en una cursa d’obstacles la sempre trista i angoixant decisió d’interrompre un embaràs.

El Grupo Parlamentario Entesa comparte esas palabras, es su vida, su cuerpo y su decisión. Por ello, hemos presentado esta moción con un único punto: la retirada del anteproyecto de ley para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, la retirada de la reforma de la ley del aborto.

Su propuesta de ley nos hace retroceder a antes de 1985. La ley de supuestos del señor Gallardón ha acabado plasmándose en un anteproyecto que contempla tan solo dos supuestos: uno, se podrá abortar en caso de violación siempre y cuando se presente una denuncia en un plazo máximo de doce semanas; dos, en caso de peligro para la salud física o psíquica de la madre. Eso sí, será necesario que dos médicos certifiquen el motivo de la interrupción y que esos médicos no trabajen en el mismo centro donde se vaya a practicar el aborto; además, deberá acompañarse de un informe de Servicios Sociales y siete días de reflexión, convirtiendo en una carrera de obstáculos la siempre triste y angustiosa decisión de interrumpir un embarazo.

¿Y todo esto por qué? ¿Qué es lo que les anima a cambiar una ley vigente que normaliza y garantiza con seguridad la práctica del aborto en nuestro país? ¿Por qué, señorías, del Partido Popular? ¿Por qué pretenden imponernos su ideología más ultraconservadora, en vez de demostrar que son ustedes una derecha europea, una derecha que no recorta los derechos de las mujeres, como en Alemania, en Italia o en Francia, por poner algunos ejemplos?

Señorías, sus políticas y las nuestras son diametralmente opuestas, pero ¿saben cuál es la principal diferencia? La principal diferencia es que nosotros no imponemos nuestra moral. La vigente Ley sobre el aborto protege la libertad de las mujeres pero no obliga a interrumpir un embarazo. La ley vigente permite que las mujeres puedan decidir libremente, sin tutelas, pero su anteproyecto de ley, señorías, es todo lo contrario, obliga a tener hijos no deseados. Más de dos mil ginecólogos, genetistas, psiquiatras y otros profesionales han firmado un manifiesto en el que señalan que ningún cambio es conveniente cuando una norma es acorde a la realidad social y sanitaria del país y aclara que hoy en día los abortos realizados en España son una práctica normalizada que se hace con total privacidad, intimidad y garantía sanitaria, y que restringir o dificultar el acceso no va a significar que las mujeres dejen de abortar. Se calcula que si su ley entra en vigor habrá unos cincuenta mil abortos en clandestinidad, y solo aquellas mujeres que




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puedan económicamente viajarán fuera de nuestras fronteras para abortar en condiciones de seguridad.

La organización médica colegial también censura duramente su anteproyecto de ley. Leo textualmente: «No es aceptable que una decisión tan importante quede en manos de terceros». Y añaden: «La mujer que por distintas circunstancias decide interrumpir su embarazo no ha de ser considerada ni definida de antemano como una enferma mental».

Estos son algunos de los motivos por los que esta ley ha sido noticia en Europa y en el mundo. The Independence, The Times, Le Monde, entre otros, por poner algunos ejemplos, han sido los periódicos internacionales que han recogido el retroceso que significa su reforma. También, algún exministro del Gobierno Sarkozy, que precisamente no se define por ser sospechoso de izquierdas, como Jean-Louis Bordeaux, decía: «Yo no abriría ese debate otra vez; se corre el riesgo de abrir la caja de Pandora». Este exministro recomienda estar extremadamente atentos a cualquier regresión porque el derecho de las mujeres a disponer de ellas mismas es una piedra fundamental y debe ser defendido de manera muy fuerte.

Por último, esta pasada semana, Amnistía Internacional se unió también a las críticas de su reforma, tal como recoge en su documento de la campaña Mi cuerpo, mis derechos, campaña centrada y pensada para países como Nepal, Burkina Faso, Malta, Irlanda y El Salvador. En ese documento se recoge un párrafo dedicado a España que dice: «El anuncio del Gobierno español del nuevo anteproyecto de ley sobre el aborto, en el caso de que este se aprobara, restringiría gravemente el acceso de las mujeres a la interrupción del embarazo, incumpliendo las obligaciones contraídas por España en virtud del derecho internacional de los derechos humanos». Derechos humanos, de eso es de lo que estamos hablando, señoría, de derechos de las mujeres.

El 88% de la población española afirma que nadie está en posesión de la verdad ni tiene derecho a decidir sobre los demás ni cómo deben pensar ni cómo tienen que vivir. Un 98% cree que uno puede pensar lo que quiera mientras se respeten las ideas de los demás y no trate de imponer las suyas.

Ayer en esta misma Cámara el señor Rajoy dijo: «No se tiene derecho a imponer a los demás su propia doctrina». Entonces, ¿con qué legitimidad se creen para imponer una ley que coarta la libertad del 52% de los ciudadanos de este país? No se confundan. Los votos que les otorgaron la mayoría para gobernar no les dieron la capacidad de imponer su moral ni su religión.

Las mujeres podemos ser jueces, médicos, alcaldesas, presidentas, profesoras, ingenieras, ¿y no podemos decidir sobre nuestro cuerpo? Nosotros no nos vamos a cansar de pedir que retiren su reforma de la ley del aborto. Lo haremos tantas veces como sea necesario. No nos vamos a callar. Hablaremos del aborto y de su anteproyecto hasta la saciedad; una, dos, hasta cien mil veces, las mismas que mujeres abortan en nuestro país. Porque cada una de esas mujeres, tengan la ideología que tengan, se merecen que nos dejemos la piel defendiendo su derecho a decidir libremente su maternidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

A esta moción no se han presentado enmiendas.

Para turno en contra, tiene la palabra la senadora Vindel.

La señora VINDEL LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, senadora Almiñana, qué paradoja. Habla usted de retroceso y, para empezar, es usted la que nos trae aquí esta moción y nos lleva nueve meses atrás, a junio de 2013, cuando debatimos exactamente la misma moción, consecuencia de interpelación, presentada por su señoría, sobre este asunto. Recuerdo que la senadora Capella decía en aquel debate que debatíamos sobre un globo sonda, y la verdad es que en aquel entonces tenía toda la razón porque discutíamos, señorías, sobre lo que no existía y ahora pasa exactamente lo mismo. Sí es cierto que hay un anteproyecto sobre la protección de la vida del concebido que está siendo sometido a dictámenes y a informes, cosa que usted, senadora Almiñana, sabe muy bien, pero espero sepan disculpar lo obvio, señor presidente, señorías, porque, como es un anteproyecto y no un proyecto, no ha entrado en el registro del Congreso de los Diputados. En este punto ocurre lo que pasa en los tribunales y en el mundo judicial, senadora. Hay un dicho que es: lo que no está en los autos, no está en el mundo; y a efectos parlamentarios, lo que no está en el registro, no




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existe. El problema es que no existiendo, se pide su retirada, con lo que, disculparán otra vez lo obvio, al no estar en las Cortes, es imposible que retiremos nada; es completamente imposible.

Sin embargo, senadora Almiñana, yo les quiero agradecer especialmente a usted y a su grupo que hayan presentado esta moción de imposible cumplimiento. ¿Por qué? Porque le va a permitir al Senado pronunciarse sobre lo que ya se han pronunciado otras Cámaras, como el Congreso de los Diputados, el Parlamento Europeo, parlamentos autonómicos, ayuntamientos y no sé ahora mismo si alguna entidad local menor. Yo pensaba que como su señoría milita en una familia ideológica que quiere suprimir el Senado, no sé si usted personalmente pero sí sus parientes ideológicos, pues no consideraban ni oportuno ni conveniente que esta Cámara se pronunciara sobre lo mismo que se han pronunciado las otras, sobre lo inexistente. Pero me alegra ver que estaba equivocada y que usted nos coloca al mismo nivel que ellas.

Pero esta no es una cuestión de procedimiento parlamentario, ¿verdad, senadora Almiñana? No, esta es más bien una cuestión de su procedimiento político y también de su dogmatismo político. Su método es: vamos a pedir la retirada de todas las leyes y anunciar su derogación antes de que se hayan debatido, antes de que sean proyecto. Este método es conocido ya como la oposición por derogación. Lo han utilizado tanto en esta legislatura —tanto— que ya se comenta que en su tablero de votación no hay los clásicos tres botones que tenemos el resto de sí, no o abstención. No, hay: no sin más, no y se derogará, y no y nos vamos al Constitucional. Así lo han hecho ustedes en la reforma laboral; en la reforma de las pensiones, que congelaron; en la reforma de la educación anteayer mismo y en cualquier otra reforma que se les someta a sus señorías a su consideración. Todo lo que no sea hacer lo que ustedes dicen, no es que haya que debatirlo, que es lo democrático, es que hay que derogarlo, lo que, por cierto, es muy poco democrático. A mí me parece, señoría, que el dogmatismo no es bueno en nada y mucho menos en estos asuntos en los que creo que hay que tener una gran sensibilidad social.

Yo recuerdo 2010, cuando todas sus señorías, con ocasión del debate de la ley hoy vigente del aborto, la ley Aído, ustedes pedían respeto para las posiciones de los demás, respeto que no conceden ahora a nadie. Solo desde el respeto se puede construir el consenso en este importante asunto y en cualquier otro. Por definición, señorías, y porque así lo establecen los textos que nos rigen, aquí debatimos y aprobamos leyes, tenemos potestad legislativa. El Gobierno va a presentar un proyecto de ley para la protección de la vida del concebido y ustedes piden su retirada antes de que se presente. Si usted está tan convencida, senadora Almiñana, de que tiene tantos argumentos para oponerse a la ley, como así parece, ¿por qué se niega a debatirla? ¿Por qué nos pide que la retiremos? ¿Por qué no acepta lo que tiene que hacer un parlamento democrático siempre ante una propuesta, que es debatirla y argumentarla? Por otro lado, ¿cómo se puede decir, señorías, que no defiende los derechos de una mujer una ley que lo primero que hará va a ser aplicar la doctrina del Tribunal Constitucional o es que luego me va a decir su señoría que el Tribunal Constitucional se aparta de la Constitución?

Tal parece, señor presidente, señorías, que hay espacios de la convivencia que no tienen que estar sometidos a una norma democrática, es decir, que se hagan de acuerdo con la voluntad de la mayoría, sino que tienen que estar reservados única y exclusivamente a las decisiones que adoptamos aquellos que tenemos el monopolio de la superioridad moral, o sea, ustedes. Pues va a ser que no, señorías; va a ser que no. El Partido Popular y el Gobierno están haciendo un acto de puro compromiso democrático con la presentación de esta ley y desde luego pensamos que ustedes no tienen superioridad moral ninguna en este caso ni en ningún otro.

En el año 2010, sin haberlo establecido en un programa electoral, anunciándolo previamente en un acto público, ustedes modificaron unilateralmente la legislación sobre el aborto, por cierto, con bastantes críticas internas. Nosotros dijimos en el programa electoral que modificaríamos la ley, a la que nos opusimos, como bien recordarán, durante su debate parlamentario. Nos fuimos al Tribunal Constitucional, donde argumentábamos por qué estábamos en contra de la ley del aborto, de la ley Aído y desde luego acudimos a cuantos actos fuimos convocados y a cuantos debates públicos nos invitaron. Ni engañamos ni nos escondimos. Y le voy a decir una cosa, y es que yo no tengo ninguna duda de que se nos podrá calificar de muchas maneras, como a ustedes, pero de incoherentes y de deshonestos políticamente, no, porque estamos actuando en cumplimiento de un programa electoral anunciado.




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Les dijimos a los ciudadanos en las elecciones generales pasadas lo que íbamos a hacer, y los ciudadanos les dijeron a ustedes que no y a nosotros que sí, que adelante. Y ustedes, que hace tres años se apartaron de la Constitución con la ley vigente del aborto, con la ley Aído, ahora vienen a reprocharnos a nosotros que retrocedemos porque el Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular quieren volver al criterio constitucional. Pero, senadora Almiñana, ¡si lo que es un auténtico retroceso es abandonar la jurisprudencia constitucional! Me pareció asombroso este razonamiento de su señoría hace nueve meses y me vuelve a parecer asombroso ahora porque, señorías, el Tribunal Constitucional ha establecido claramente que ningún derecho es absoluto, y tiene perfectamente definidos en la regulación de los derechos fundamentales los límites de esos derechos. El Tribunal Constitucional ha establecido que la mujer tiene derecho a su dignidad, a su salud, a su salud psicológica, pero que cuando este derecho entra en conflicto con un bien jurídico protegido, conocido con el nombre de nasciturus, el legislador tiene que resolver este conflicto. Resolverlo, señoría, pero no eliminarlo como hacen ustedes. Para ello, nuestro proyecto de ley defenderá los derechos de la mujer y los derechos del concebido y no nacido, como reconoce el Tribunal Constitucional, que afirma que un proyecto de vida, si no se interrumpe artificialmente, se convierte en una realidad, y por eso es susceptible de tener mecanismos de protección.

Tengo que decirles que el proyecto del Gobierno va a despenalizar esta conducta para la mujer. Despenalizar, ni multa ni cárcel. Y ahora, sea sincera y dígame quién penaliza a las mujeres, si quien les suprime el castigo penal o quien las hace pagar, como ahora, una multa, y si no tienen fondos suficientes para pagar esa multa, las conduce a la privación de libertad. ¿A qué no les han contado nada de esto sus señorías a las mujeres con las que se reunieron el sábado para festejar el Día de la Mujer Trabajadora? ¡Ya me lo temía yo!

Señorías, se nos achaca que estamos solos —tenemos una estruendosa compañía de casi once millones, ¡pero bueno!—, y se nos achaca también que somos una minoría extremista. Me parece importante señalar y contarles lo que ha ocurrido en el Parlamento Europeo hace pocas fechas, hace no mucho tiempo, concretamente en diciembre del año pasado. En diciembre del año pasado, senadora Almiñana, una compañera ideológica suya, una eurodiputada portuguesa, solicitó en el Parlamento Europeo que el aborto fuera considerado un derecho. La propuesta fue derrotada por la mayoría del Parlamento Europeo, que nos representa a todos los europeos. Entendió, y se lo voy a leer textualmente, «que no se podía considerar de ninguna de las formas como un derecho lo que es la resolución de un conflicto entre dos derechos, y que si solo se proclama uno de esos dos derechos, el de la mujer, y se ignoraba el otro, el del concebido y no nacido, estábamos ante una situación que violentaba esa equidad que hay que mantener en cualquier situación». Fin de la cita.

A mí, señorías, me parece un razonamiento impecable y, sobre todo, viene a demostrar que no estamos tan solos como dicen, y que para soledad, si me lo permiten, la de otros.

Ustedes dicen que no quieren que el aborto sea un método anticonceptivo, y en eso estamos completamente de acuerdo con ustedes. Pero muchas veces, senadora Almiñana, da la impresión, como acabamos de ver, que los hechos les desmienten, y que lo que están considerando única y exclusivamente como tal es esta forma de anticoncepción. Y ahí sí, por supuesto, estamos completamente en desacuerdo.

Yo estaba tentada de referirme ahora, como un argumento más, a Naciones Unidas y al requerimiento que nos efectuaron al aprobarse la vigente ley del aborto, la ley Aído, pero se lo voy a ahorrar. ¿Saben por qué? Porque tengo la impresión de que ustedes no tienen el menor interés en comprender el auténtico sentido del anteproyecto. Ustedes quieren que la mujer viva sola un proceso tan dramático. Ustedes quieren que no haya una existencia para ella en la que pueda tomar, dentro de los supuestos de la ley, una decisión responsable. Ustedes quieren, aunque no todos —todo hay que decirlo—, que la menor no vaya acompañada por sus padres. Y nosotros estamos en contra de esto, lo siento. Estamos en contra porque ustedes quieren que todo siga igual, que nada cambie. Estamos en contra de que se hable en nombre de todos los ciudadanos, de todas las mujeres, de todos los miembros de esta Cámara, que es lo que hacen ustedes. Porque, señorías, hay otros ciudadanos, hay otras mujeres y hay otros miembros en el Parlamento que no tienen por qué pensar como ustedes. Y estamos también en contra, señorías, porque reivindicamos el derecho a pensar distinto a ustedes, el derecho a tener nuestras propias ideas y, desde luego, el derecho a no tener que coincidir de ninguna de las maneras con ustedes.




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Por todos estos motivos estamos en contra. Y, además, señorías, porque lo que piden ustedes es de imposible cumplimiento. Y, además, lo saben muy bien.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Mendizabal.

La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Eskerrik asko, presidente jauna. Eguerdi on guztioi.

Tribuna honetara jaisten naiz aurkeztutako mozio honi gure babesa adierazteko. Azkenaldian hitz asko esan dira abortuaren inguruan; kasu askotan, elkarri errespetua galduz eta norbanakoaren sinesmenak besteen sinesmenen gainetik inposatzeko nahia agerian utziz. Kasu, kristau buruzagi batzuek egindako deklarazio zorigaitzekoak, kontuan hartu gabe haien hitzak, edozein kasutan ere, kristau komunitateko jarraitzaileak baldintzatu beharko lituzketela, ez gainontzeko guztiok. Tamalez, Abortuaren Legeak Estatu osoko emakumeei eragingo liguke, eta, ondorioz, emakumeak eta emakumeon nahia eduki behar genuke gogoan edozein hitz esan aurretik gai honen inguruan. Zeren Alderdi Popularrak gizartean sortu duen eztabaida honen funtsean hori baitago. Epeen gainetik, supuesto edo ustezkoen gainetik, edozein arrazoiren gainetik, funtsean dagoena da emakumeon autonomia; emakumeok gure bizitzaren, gure gorputzaren, gure sexualitatearen eta amatasunaren gainean dugun eskubidea. Hori dago funtsean, ez besterik.

Martxoaren 8a, lehenago aipatu bezala, berriki pasatu den honetan, Euskal Herriko kaleetan entzundako emakumeon aldarriaren oihartzuna Madrilen ere ozen entzutea nahiko nuke. Argi izan behar dugu, ez dezagun zalantzarik izan, emakumeok guk geuk daukagula gure gorputzarengan erabakitzeko eskubidea, ez beste inork. Soberan ditugu entzundako diskurtso paternalista horiek, ez dugu inoren tutelarik behar, eta ez dugu onartuko eskubide-urraketarik, ez emakumeak infantilizatzerik, ez beste batzuekiko dependentzia-ezarpenik. Gure eskubideak negoziaezinak dira. Emakumeon eskubideak ez dira negoziatzen, ezta gehiengo edo gutxiengoen jokoetan sartzen; are gutxiago, ezin dira elite erlijiosoen nahien arabera arautu, horien lekua, lehenago aipatu dudan bezala, esparru pribatura mugatzen baita. Hori ahaztu egiten dugu sarritan, baita Gobernuak ere. Horregatik, EH Bildutik diogu eskubideak ez direla negoziatzen.

Era berean, esan, norbere sinesmenetatik haratago, administrazioek, gu guztiok, jendarteari dagozkion eskubideen gauzapena bermatu behar dugula. Bizitzaren defentsan ari direla diotenei eta, batez ere, Gobernuan daudenei gogorarazi nahi diet eskubide sozialak murriztea bizitza kentzea dela, dependentziari laguntzak kentzea edo murriztea bizitza kentzea dela. Bizitza defendatzeko bitartekoak baditugu, zuek badituzue, zuek boterea duzue. Beraz, eutsi horiei. Bide honetan lan handia daukagu egiteko. Murrizketen eta debekuen bidea hartu ordez, laguntzak bideratu, asistentzia bermatu egin beharko genuke.

Bukatzeko, beraz, emakumeen burujabetzaren aldarriarekin bat egiten dugulako, gure eskubideen defentsan ez dugulako atzerapauso bat bera ere onartuko, gaurkoan aurkeztutako mozioari gure babesa emango diogu.

Eskerrik asko.

Muchas gracias, señor presidente. Buenos días.

Subo a esta tribuna para manifestar nuestro respaldo a esta moción. Últimamente se ha venido hablando mucho sobre el aborto; en muchos casos sin respeto mutuo, dejando patente la voluntad de imponer las creencias individuales sobre las creencias de los demás, como es el caso de las desafortunadas declaraciones realizadas por algunos dirigentes cristianos que no han tenido en cuenta que sus palabras, en cualquier caso, deberían condicionar a sus fieles de la comunidad cristiana. Sin embargo, desgraciadamente, la ley del aborto afectaría a todas las mujeres del Estado, por lo que antes de decir nada sobre este asunto se debería tomar en consideración a la mujer y la voluntad de la mujer. De hecho, esto es lo que subyace bajo el debate que el Partido Popular ha generado en la sociedad por encima de supuestos o cualquier otra razón. Lo que verdaderamente subyace es la autonomía de la mujer, el derecho de la mujer sobre su vida, su cuerpo, su sexualidad y la maternidad. Eso es todo.

Tal y como antes se ha mencionado, recientemente se ha celebrado el 8 de marzo, y me gustaría que escucharan el eco de la reivindicación que las mujeres han hecho oír en las calles de




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Euskal Herria. Tengan claro que las mujeres somos las únicas que tenemos derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Sobran los discursos paternalistas que venimos escuchando. No necesitamos de la tutela de nadie. No aceptaremos ninguna vulneración de derechos ni que se nos infantilice o se nos imponga la dependencia de otros. Nuestros derechos son innegociables. Los derechos de la mujer no se negocian, no entran en juegos de mayorías o minorías, y mucho menos pueden ser regulados sobre la base de la voluntad de las élites religiosas que, tal y como he mencionado anteriormente, a menudo olvidan que su lugar se limita al ámbito privado; también lo olvida el Gobierno. Por todo ello, desde Euskal Herria Bildu afirmamos que los derechos de la mujer no se negocian.

Asimismo, queremos recordar que las administraciones, más allá de las propias creencias, tienen el deber de garantizar el ejercicio de los derechos de la sociedad. Por otra parte, a quienes aseguran defender la vida, y sobre todo a quienes están en el Gobierno, debo recordarles que la reducción de derechos sociales significa quitar la vida; que la reducción de las ayudas a la dependencia significa quitar la vida. Disponen de medios para defender la vida: tienen el poder; por lo tanto, manténgalos. Pueden realizar en este sentido una gran labor y en lugar de optar por la vía de la reducción y la prohibición consignar ayudas y garantizar la asistencia.

Por lo tanto, porque nos sumamos a la reivindicación de la autonomía de la mujer, porque no aceptaremos ningún retroceso en la defensa de nuestros derechos, respaldaremos la moción presentada.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Intervengo en nombre de mi grupo, Izquierda Unida, para expresar nuestra coincidencia con los contenidos de la moción.

Y voy a hacer una primera consideración. El Partido Popular puede, en el ejercicio de la acción política y parlamentaria, traer a este Pleno, como acaba de hacer en la moción relativa a las zonas estratégicas, propuestas para que el Senado aplauda al Gobierno. Legítimamente, las fuerzas de la oposición también podemos traer iniciativas para decir al Gobierno que se equivoca y esta moción es el ejercicio legítimo de esa opción.

Han planteado ustedes una modificación del marco legal en torno al aborto que no responde a ninguna reivindicación social. Se escudan en que cumplen el programa electoral. ¿Recuerda usted aquella frase del presidente Rajoy de que iban a recortar todo menos la sanidad, la educación y las pensiones? (Aplausos). ¿Por qué no cumplen el programa electoral en esas tres cuestiones claves y, sin embargo, ahora pretenden hacer un regalo de despedida a monseñor Rouco, a costa del carácter aconfesional que la Constitución reconoce al Estado español y hacerlo, además, a costa de las mujeres? Tras el recorte de los derechos sociales y económicos, ustedes afrontan el recorte de las libertades, y empiezan por la parte más débil: empiezan por las mujeres, que son quienes además están padeciendo con más dureza las consecuencias de esta crisis.

Pasan ustedes a través del proyecto que plantean de un sistema de plazos, que contaba con un consenso social amplio en este país —nadie ha discutido socialmente desde 2010 hasta aquí el sistema de plazos—, a retornar, en un retroceso histórico, a un sistema de supuestos. Y lo hacen asumiendo dos riesgos. Un riesgo ya es evidente y claro. Ustedes estarán cumpliendo una promesa electoral, pero no están satisfaciendo a su electorado. La mayoría de su electorado también está en contra de esta reforma. Solo los sectores más extremos de la derecha pueden sentirse satisfechos. Van a perder ustedes el voto centrista que recibieron a resultas de esta reforma. ¡Allá ustedes! El problema es que las consecuencias de esta reforma legal van a caer sobre decenas de miles de mujeres. Se alinean ustedes con los seis países de la Unión Europea que mantienen también un sistema de supuestos y dan la espalda a los veintidós Estados de la Unión Europea que mantienen un sistema de plazos.

Hablaba usted del Parlamento Europeo. Yo hago referencia al Consejo de Europa, Resolución 1607, del año 2008, en la que se acordó que el aborto era un derecho. Con lo que ustedes plantean solo quedarán dentro de la legalidad los casos de violación, que en 2009 supusieron el 0,02% de los abortos, y los supuestos de riesgo para la salud y la vida de la mujer,




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que en 2011 supusieron el 5,67%. Dejan más del 90% de los casos fuera de esta ley. Y lo seguirán haciendo incluso aunque al final asuman como uno de los supuestos el riesgo grave de malformación del feto, porque es cruel defender el derecho a la vida sin reclamar a la vez que esa vida ha de ser una vida digna.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Bon dia.

L’Avantprojecte de Llei Orgànica per a la protecció a la vida del concebut i dels drets de la dona embarassada que ens proposa el ministre de Justícia, Alberto Ruiz-Gallardón, és un pas més en el procés d’involució en què el Govern del Partit Popular està sotmeten l’Estat espanyol. Aquest avantprojecte, que és veritat, ja no és un globus sonda, perquè amb el Partit Popular els globus sonda s’acaben convertint sempre en realitat, és molt més restrictiu que la llei de 1985, no obeeix a cap demanda social, no l’empara la realitat de les xifres en matèria d’interrupcions voluntàries de l’embaràs. El nombre d’interrupcions voluntàries de l’embaràs ha anat baixant any rere any. L’existència de la llei no fomenta l’avortament, malgrat que el ministre i alguns que l’acompanyen sí que ho defensen. L’avantprojecte es carrega el dret a decidir de les dones. El mateix títol de la llei, el seu nom, la delata, delata la consideració que vostès tenen de les dones, com a éssers que no tenim capacitat, que no tenen capacitat de prendre decisions per elles mateixes. Per això ens sometent a l’aval i la decisió i la tutela de tercers. Tota una declaració de principis. De veritat es creuen vostès que amb aquest avantprojecte de llei estan defensant la persona i, en aquest cas, les dones com a subjectes de drets i d’obligacions? L’avantprojecte és una mirada al passat i un retorn al passat. Ustedes están siempre instalados en aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor.

No dóna respostes a la realitat i a les necessitats de les dones. Més del 91% de les interrupcions de l’embaràs són a petició de la mateixa dona sense necessitat d’haver-ho de justificar. La mitjana de temps de gestació en el moment d’interrompre l’embaràs és de 8,1 setmanes.

Les conseqüències d’aquest avantprojecte de llei, si es converteix en llei, és que generarà més desigualtats i riscs. Tornem a la clandestinitat i al risc de les dones que no tinguin capacitats econòmica suficient per fer-ho a l’estranger.

Les dones sempre hem avortat, han avortat, legalment o clandestinament. La legislació prohibitiva no ho impedeix, només que les condicions en què es practica perjudiquen les dones. La reforma ens allunya d’Europa. Però això a vostès tant els fa. Vostès sí que seran aquells que navegaran a la deriva per l’espai sideral pels segles dels segles.

Al meu país, que no coincideix amb el seu, la posició del Parlament de Catalunya en aquest tema ha estat clara, contrària al seu avantprojecte de llei. Les dues terceres parts dels diputats del Parlament de Catalunya s’hi han pronunciat en contra. Els agradi o no, el dret de les dones a decidir si tenen o no fills, o quan i com tenir-los, s’emmarca dins dels drets sexuals i reproductius, com també ho fan el dret a l’educació sexual i l’accés a la contraconcepció, entre d’altres drets. Aquests drets van ser reconeguts com a drets sexuals i reproductius per la CEDAM l’any 1979 en el marc de la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona, a la Conferència Internacional sobre Població i Desenvolupament del Caire l’any 1994 i a la 4a Conferència Mundial sobre les Dones de Beijing l’any 1995. Per cert, tots aquests drets i acords internacionals van ser subscrits per l’Estat espanyol.

Mirin, Esquerra Republicana explícitament rebutja qualsevol modificació legislativa que comporti la pèrdua de drets per a les dones, drets pels quals van lluitar i lluiten les dones, moviments de dones i alguns partits polítics des de fa molts d’anys.

És clara la posició d’Esquerra Republicana des dels anys de la República. Drets que no permetrem que ens arrabassin. No volem que ens retornin al món patriarcal i confessional on les dones eren mers instruments.

Els impulsors d’aquesta reforma no fan més que pagar el seu deute amb el sector més conservador ultradretà i misogin, com és la Conferència Episcopal. I fan vostès un bon regal de jubilació al seu president, el senyor Rouco Varela.




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Els agradi o no, i malgrat vostès, les dones som protagonistes de la nostra vida i els nostres problemes, per tant, també hem de ser-ne nosaltres les protagonistes per buscar-ne les solucions. No ens calen les proteccions ni les tuteles dels pares, marits, companys. Ens cal la complicitat de tots els que ens acompanyen i ens estimen, perquè també cal suport quan s’ha de prendre una decisió que sempre és difícil i complicada i, al mateix temps, irreversible.

Acabo, president.

Votarem a favor d’aquesta moció, perquè és votar a favor de les dones, de totes les dones, les que volen ser mares i les que no. Significa votar a favor de la llibertat.

Des d’Esquerra Republicana defensem que la moral, la nostra moral, les nostres creences religioses no han de ser imposades en les lleis de l’Estat, en les lleis.

Buenos días, señorías.

El Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada que nos propone el ministro de Justicia, el señor Ruiz-Gallardón, es un paso más del proceso de involución en el que el Partido Popular y su Gobierno está sometiendo al Estado de los españoles, que es verdad que no es un globo sonda, porque los globos sonda del Partido Popular acaban siempre convirtiéndose en realidad. Es mucho más restrictivo que la ley del año 1985 y ya no obedece a ninguna demanda social ni a las cifras relativas a la interrupción voluntaria, una cifra que ha ido disminuyendo año tras año. La existencia de la ley no fomenta el aborto, aunque el ministro y algunos que le acompañan así lo defienden. Este anteproyecto se carga el derecho a decidir de las mujeres. El mismo título de la ley delata esa consideración que ustedes tienen de las mujeres, como seres que no tienen capacidad de tomar decisiones por ellas mismas. Por eso, la someten al aval, a la decisión de terceros y su tutela; toda una declaración de principios. ¿De verdad creen ustedes que con este anteproyecto de ley están defendiendo a la persona, en este caso a la mujer, como sujeto de derechos y obligaciones? El anteproyecto es una mirada hacia el pasado, un retorno hacia ese pasado. Ustedes están siempre instalados en aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor.

Tampoco da respuesta a la realidad ni a las necesidades de las mujeres. Más del 91% de las interrupciones del embarazo se realizan a petición de la propia mujer, sin necesidad de tener un justificante. La media de tiempo de gestación, en el momento de la interrupción del embarazo, es de 8,1 semanas.

En este sentido, las consecuencias de ese anteproyecto de ley, si se convirtiese en ley serían la generación de más desigualdades y riesgos. Volvemos a la clandestinidad y al riesgo de las mujeres que no tengan capacidad económica suficiente para poder pasar por ese proceso en el extranjero.

Las mujeres siempre hemos abortado, han abortado, de forma legal o clandestina, y la legislación prohibitiva no lo impide sino que se perjudican las condiciones en las que se practica ese aborto. La reforma nos aleja de Europa, aunque eso a ustedes les da igual. Ustedes son los que van a navegar a la deriva por el espacio sideral por los siglos de los siglos.

En mi país, que no coincide con el suyo, la posición del Parlamento de Cataluña en este sentido ha sido clara, y contraria a su anteproyecto de ley; dos tercios de los diputados en el Parlamento de Cataluña se han pronunciado en su contra. Les guste o no les guste, el derecho de las mujeres a decidir si tienen o no hijos, o cómo y cuándo tenerlos, se enmarca dentro de los derechos sexuales y reproductivos, como también es el caso del derecho a la educación sexual y el acceso a la contracepción, entre otros; derechos reconocidos por la Generalitat como derechos sexuales y reproductivos en el año 1979, dentro del marco de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994, así como en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín en el año 1995. Por cierto, todos estos derechos y acuerdos internacionales han sido suscritos por el Estado español.

Esquerra Republicana, explícitamente, rechaza cualquier modificación o iniciativa legislativa que comporte una pérdida de derechos para las mujeres; derechos por los que han luchado y por los que luchan las mujeres, movimientos de mujeres y algunos partidos políticos desde hace muchos años.




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La posición de Esquerra Republicana es clara desde los años de la República, y se trata de derechos que no vamos a permitir que nos arrebaten. Además, tampoco queremos retornar a un mundo patriarcal y confesional en el que las mujeres seamos instrumentos.

Los impulsores de esta reforma no hacen otra cosa que pagar su deuda con el sector más conservador, ultraderechista y misógino, como es la conferencia episcopal. Ustedes hacen todo un regalo de jubilación a su presidente, el señor Rouco Varela.

Les agrade o no, les guste o no, y a pesar de ustedes, las mujeres somos protagonistas de nuestra vida y, por lo tanto, también de nuestros problemas; en consecuencia, debemos ser también nosotras las protagonistas a la hora de buscar soluciones. No necesitamos protecciones ni tutelas de padres, maridos o compañeros; necesitamos la complicidad de los que nos acompañan y nos quieren, porque también necesitamos el apoyo cuando se debe tomar una decisión que siempre es difícil y complicada, y al mismo tiempo también irreversible.

Termino, señor presidente.

Vamos a votar a favor de esta moción porque significa votar a favor de las mujeres, de todas las mujeres, de las que quieren ser madres y de las que no quieren serlo; y significa votar a favor de la libertad.

En Esquerra Republicana defendemos que la moral, nuestra moral, nuestras creencias religiosas no deben ser impuestas a través de las leyes del Estado.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya terminando.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Acabo, señor presidente.

El ministre Ruiz Gallardón ens n’imposa la seva. Diu respectar la llibertat, però no és cert. S’immisceix en la meva, en la nostra, en la nostra capacitat de decidir, en la meva i en la nostra llibertat, en la capacitat i les llibertats de les dones. Per tant, nosaltres votarem a favor d’aquesta moció.

El camí no és prohibir, no és restringir drets. El camí és l’educació sexual i reproductiva i l’accés als mitjans anticonceptius.

Gràcies. (Aplaudiments).

El ministro Gallardón nos impone la suya y habla de respetar la libertad, pero no es cierto; se inmiscuye en la mía, en la nuestra, en nuestra capacidad de decidir, en nuestra capacidad de libertad, en las capacidades y las libertades de las mujeres. Por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor de esta moción.

El camino no es prohibir ni restringir derechos sino la educación sexual, reproductiva y el acceso a los medios anticonceptivos.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Capella.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Arratsalde on, mahaiburu jauna, senatari jaun-andreok.

Señorías, senadora Almiñana, vaya por delante la declaración de apoyo de mi grupo parlamentario a su iniciativa, en coherencia con la postura mantenida hasta ahora y también en consonancia con aquello que se decidió en el Parlamento vasco el día 20 de febrero, en el que se aprobó una proposición no de ley, con todos los votos favorables, salvo los del Grupo Parlamentario Popular.

Señorías del Grupo Parlamentario Popular, parece que esta ley no satisface a nadie salvo a ustedes, o eso es lo que nos quieren hacer creer. No satisface y agravia a las mujeres porque atenta contra su derecho inalienable a una maternidad libremente decidida y ejercida. No satisface a los profesionales médicos porque con la nueva situación se vuelve a los viejos tiempos de la práctica del aborto en clínicas extranjeras, y lo que es peor, en todo tipo de clínicas clandestinas con el enorme riesgo que para la salud de las mujeres esas prácticas conllevan, y por qué no decirlo, se vuelve al enorme gasto médico que suponía y supondrá atender a los desaguisados pseudoquirúrgicos producidos en estas prácticas clandestinas. Ni satisface a muchos colectivos sociales, y no hay más que ver los miles de personas que se manifiestan cada día.




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Pero, señorías, parece que tampoco satisface a los padres doctrinales de la iniciativa, esto es, a la Iglesia católica, o mejor dicho, y para ser más precisos, a sus jerarcas —y que no se me ofenda nadie—. No tienen ustedes más que leer la reciente pastoral del obispo de San Sebastián titulada El descarte del aborto, que convierte el propio anteproyecto de ley del Gobierno en paradigma de la moderación, aunque tal vez sea por eso por lo que la hace, porque así se compara. Afirma el señor obispo en esa pastoral que la Iglesia jamás va a bendecir un proyecto de ley que siga justificando el aborto aunque el embarazo proceda de una violación. Señorías, pedía el obispo una discusión ética, sin manipulaciones al servicio de la ideología o de lo políticamente correcto, para afirmar a continuación que el ser humano no tiene derecho a la vida porque un político se lo conceda. La deducción inmediata es, por tanto, que la ideología política no es aceptada en esta discusión que él llama ética y yo llamaría moral, pero la doctrina religiosa sí; que el derecho a la vida no lo puede conceder un político pero sí un obispo. Todo esto, señorías, en el seno de una sociedad laica y en un Estado aconfesional declarado me cuesta mucho entenderlo, me cuesta no enfadarme ni sentir vergüenza por ese tipo de posturas como católico, como persona que marca la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, como persona con principios y mínimamente formada y, sobre todo, como padre de una mujer adolescente.

Señorías, no deberíamos estar discutiendo la existencia o no de mecanismos legales para la interrupción voluntaria del embarazo. El recurso del aborto está socialmente asumido y aceptado, y esto es una afirmación. La discusión no es, por tanto, aborto sí o aborto no. La discusión podría ser en todo caso, si fuera necesario pero creemos que no lo es, sobre cuándo y cómo se puede interrumpir el embarazo sin que ello suponga un trauma para la sociedad y se respeten escrupulosamente los derechos de la mujer. Y tal vez tenga razón el obispo cuando dice que no se debería desarrollar esta discusión desde planteamientos ideológicos, y estoy de acuerdo, pero tampoco desde planteamientos doctrinales de una u otra religión.

Señorías, me gustaría hacer una reflexión respecto de este tema en la línea, por qué no, que nos sugería el obispo antes mencionado desde mi humilde punto de vista como representante de la soberanía popular que está aquí para intentar aportar un poquito de mi propio sentido común a lo que se discute y se decide en la Cámara.

Señorías, esencialmente podemos analizar la vida y la muerte desde tres puntos de vista: uno meramente biológico, uno filosófico, espiritual o religioso y, cómo no, un punto de vista legal y jurídico. Desde un punto de vista biológico la vida del ser humano y la del resto de animales es un continuo desde la formación de la primera célula hasta la lisis o destrucción de la última. Eso si hablamos de células cromosómicas completas y diferenciadas. También podríamos entrar en una discusión interminable del tipo «huevo o gallina», si es primero el gameto o el ser completo, la materia o el ser, pero nos vamos a quedar con la primera que es más sencilla.

Mucho más problemática ha sido históricamente, y lo sigue siendo, la concreción del momento en que un grupo de células humanas puede ser considerado un ser espiritual, del momento en que se da la animación, de origen divino, que hace al ser humano ser persona, siempre esto, por supuesto, según la concepción religiosa de la vida y de la muerte. Pero la concreción del momento de esta animación es arbitraria y depende de la escuela teológica de pensamiento o de la religión verdadera de la que estemos hablando. Para los judíos esto sucede a los cuarenta días, para los musulmanes generalmente también, pero hay algunas interpretaciones del Corán que ponen ese momento de la animación divina en los ciento veinte días. Como ven, cada religión, incluso cada línea de pensamiento teológico determina ese momento de diferente manera, con lo cual ya tenemos un problema. La Iglesia católica tampoco lo ha tenido muy claro hasta prácticamente el primer cuarto del siglo XX, cuando se definió la formación cromosómica de la primera célula o cigoto, lo que permitió a la Iglesia relacionar el momento de la animación del ser vivo con el momento de la fusión cromosómica de dos gametos. Bien. Pero sigamos con la lógica. Si aceptamos que la vida con alma comienza con la primera célula, la muerte, en justa correspondencia, tendría que sobrevenir tras la desaparición de la última célula, lo que es un problema. Porque podemos saber con una cierta exactitud cuándo surge la primera célula, pero es casi imposible saber cuándo mueren las últimas.

A este argumento le podemos añadir también que hace unos meses los científicos del Instituto Pasteur descubrían células madre pluripotenciales —y este calificativo es muy importante en la discusión— en tejidos musculares de una persona muerta a todos los efectos casi tres semanas




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antes. Siendo esto así, señorías, en este momento, desde el punto de vista de la vida y de la muerte espiritual y religiosa, se estarían cometiendo miles de homicidios en los cementerios y tanatorios de este país y de todo el mundo. Se estarían asesinando células vivas de ser humano de las formas más crueles: enterrándolas vivas y quemándolas.

Señorías, esto parece un despropósito, ¿a que sí? ¿Y saben por qué? Porque lo es. Es un despropósito que nos sirve para evidenciar cuál es el verdadero origen del problema, que no es otro que definir el momento de la vida y de la muerte mezclando el concepto de vida biológica con el concepto de vida animada y espiritual. Ese es el problema. ¿Solución? Imperiosa necesidad. Definir la vida y la muerte desde un punto de vista jurídico o legal. Siempre en función de los valores morales, de la sociedad concreta para la que se legisla y de las convenciones y acuerdos sociales en cada momento. Y, este, señorías, es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad. No de la Conferencia Episcopal ni del Vaticano. Y tenemos que hacer nuestro trabajo intentando mantener unos criterios basados en los hechos médicos, en la realidad y en las necesidades sociales, sin incluir las convicciones religiosas —tampoco ideológicas, según el obispo—, ni católicas ni de ninguna otra religión.

Para regular este tipo de conflictos es para lo que la sociedad civil, a través de sus representantes elegidos democráticamente, no ungidos, elegidos, dicta normas como la actual Ley de interrupción voluntaria del embarazo, en consonancia con lo que se está haciendo en los países socialmente más avanzados de nuestro entorno, así como en las convenciones sociales que tenemos asumidas y asimiladas en la España y en la Europa del siglo XXI. Esto es lo que ayer el senador Díaz Tejera nos recordó que definían las diversas sentencias del Tribunal Constitucional, aclarando la contraposición entre bien jurídico constitucionalmente protegido y el sujeto titular de derechos fundamentales, esto es, la no asimilación entre un grupo de células consideradas como bien jurídico constitucionalmente protegido y la mujer como sujeto titular de derechos fundamentales.

Señorías, la interrupción del embarazo es un recurso extremo y excepcional para dar respuesta a una situación extrema y excepcional, que se practica cuando la mujer cree que es la única solución a sus problemas o a los problemas del feto que porta en su seno. Por lo tanto, no busquemos subterfugios dialécticos o conceptuales para poner trabas a las mujeres, sujetos titulares de derechos fundamentales, que se encuentran muchas veces ya inmersas en traumáticos dilemas morales y existenciales. Ofrezcamos soluciones, no más conflicto. Soluciones.

Yo me atrevo a sugerir al Gobierno, que si quiere reducir el número de abortos, como queremos todos, se esfuerce en serio y con ahínco, como indica la propia Ley 2/2010, en educar a nuestros jóvenes, chicos y chicas, en fomentar y facilitar las medidas preventivas necesarias para evitar embarazos no deseados y mejorar las vías de apoyo e información a las mujeres susceptibles de padecer un embarazo. Y no solo eso, sino que también instaría al Gobierno a que aumente las ayudas públicas a las mujeres embarazadas, a que mejore los derechos y las condiciones sociolaborales vinculados al embarazo y a la maternidad, a que mejore sustancialmente las prestaciones y ayudas para la conciliación de la vida laboral y familiar, así como para el cuidado y atención a los hijos. Y, en caso de que el feto tenga algún tipo de malformación, a que ponga a disposición de la madre y de las familias mecanismos estables y suficientes para cubrir las necesidades especiales derivadas del padecimiento de la enfermedad del nacido. O a recuperar, y, en su caso, a mejorar, las ayudas destinadas al apoyo a la autonomía personal y a la dependencia, a volver a poner en activo ayudas a las personas cuidadoras o a mejorar la red asistencial asociativa de las personas discapacitadas.

Si el Grupo Popular quiere reducir el número de abortos, como queremos todos, estas son algunas de las claves en las que puede trabajar, empeñarse y concentrarse. Medidas todas ya recogidas en el ordenamiento jurídico vigente en el Estado, algunas de ellas, como he dicho, en la propia Ley 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Posiblemente estas mejoras no afecten demasiado a la reducción del número de abortos por razones médicas, pero facilitará la maternidad y la crianza de los hijos e hijas, por lo que seguro que puede persuadir a más de una mujer de no recurrir al aborto.

La ley vigente, como cualquier otra, siempre podría ser mejor. A mí me gustaría que se cambiara en algunos de sus términos. Lo digo claramente. Pero este anteproyecto que presenta el Gobierno no va en la línea de mejorar, ni la ley ni la situación de las mujeres y las familias.




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Por todo esto, señor presidente, nosotros vamos a votar a favor de esta iniciativa y haremos todo lo que podamos para que este anteproyecto no siga adelante.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Muchas gracias, señor presidente.

Senadora Vindel, en su intervención usted ha hablado muy poco del aborto propiamente y mucho de leyes. Ha dicho que estábamos haciendo una propuesta un poco irreal porque el anteproyecto de ley era inexistente, ya que no había entrado en el registro del Congreso. Pero, ¿sabe? El Parlamento, el Congreso y el Senado están para debatir lo que les preocupa a los ciudadanos, y por eso traemos esta moción a esta Cámara, porque estamos convencidos de que a los ciudadanos les preocupa el anuncio que hizo el Gobierno del anteproyecto de ley.

Fíjese si estamos convencidos de que a los ciudadanos les preocupa que les voy a contar una anécdota personal. Un domingo de este febrero, uno de estos domingos que hizo un sol espléndido, mientras paseaba escuché una conversación entre un hombre de unos 50 años y un adolescente. El señor le decía al chico: Ningún ministro puede imponer ni su moral ni su religión a un país. Me llamó la atención que un domingo dos hombres paseando estuvieran hablando de eso, con lo cual pensé en ese momento que la ciudadanía de nuestro país no iba a permitir que ustedes nos hiciesen retroceder a una España que ya no existe.

Santiago Dexeus, un prestigioso ginecólogo, decía el otro día en una entrevista que había firmado el manifiesto de los dos mil médicos por una sencilla razón. Decía: porque creo en la democracia y creo que quienes están a favor de mantener la ley actual son una mayoría. Hay pocos que dicen que debe reformarse, pero quizá tengan mucho poder. Tenemos una ley garantista que promueve el conocimiento de la mujer, que da respuesta a los problemas de anomalías fetales y que dispone del diagnóstico prenatal. La reforma termina con todo esto y supondría —decía el doctor Dexeus—, por ejemplo, que ya no se hará diagnóstico prenatal o solo en contadas ocasiones.

Porque, señorías, si las mujeres no pueden decidir abortar, ¿por qué vamos a hacer diagnóstico prenatal? ¿Para saber qué? Esta y otras muchas dudas son las que se plantean cuando uno lee detenidamente su propuesta de anteproyecto de ley. Por ejemplo, ¿por qué no habrá ningún registro donde un médico pueda decir que será objetor? En cambio, ustedes van a mantener el registro de las mujeres que abortan más de cinco años, ¿para qué?

Una encuesta muy reciente —se ha publicado hoy en los medios— realizada a más de seis mil mujeres que han interrumpido su embarazo de forma voluntaria en los últimos meses revela que un 62%, es decir casi dos mujeres de cada tres, abortaría igualmente aunque estuviera prohibido. De ellas, un 31,94% optaría por viajar al extranjero y un 30% recurriría al aborto clandestino; eso sí, un 28% de estas mujeres continuaría con un embarazo no deseado por distintos motivos, porque su entorno no la apoya, porque no sabe cómo resolver el conflicto, etcétera. ¿Eso es lo que ustedes quieren? Los datos dicen que prohibiendo, restringiendo el aborto no hay menos abortos, lo que hay son abortos menos seguros.

Ustedes se empeñan en decir que nosotros no queremos debatir este anteproyecto de ley en las Cámaras. Se lo voy a explicar. A nosotros nos parece inconcebible que una ley que trata a las mujeres como personas que necesitan ser tuteladas y que les quita derechos y libertades deba ser debatida en un Parlamento en el siglo XXI. Nos parece realmente inconcebible.

Señorías del Partido Popular, ustedes pueden intentar darnos lecciones —yo creo que no nos pueden dar lecciones de nada— pero, desde luego, no nos pueden dar lecciones sobre debatir leyes. De eso no pueden, ¿y saben por qué? Porque ustedes cambiaron la sanidad de este país, que pasó de ser universal a solo para asegurados, con un real decreto ley que ni pasó por esta Cámara. (Aplausos). Y ahora, ¿quieren debatir un anteproyecto de ley, que supone el recorte más brutal de derechos a las mujeres que se ha hecho en democracia —eso sí quieren debatirlo—, y cuestionan que nosotros no queramos debatir cuando estamos hablando de derechos humanos?

Sus argumentos y los esgrimidos por el ministro Gallardón son rebatibles y ustedes lo saben. Lo explicó ayer muy bien el senador Díaz Tejera y lo ha explicado hace un momento muy bien el




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senador Cazalis. El Tribunal Constitucional dictaminó sobre la Ley de 1985 que, en caso de conflicto entre un bien jurídico protegido y un sujeto titular de derecho, decide el sujeto titular de derecho: o sea, la mujer. Pero ustedes prefieren hacer malabarismos con la sentencia interpretando que es la obligación moral del Gobierno la que va a acabar decidiendo y no la propia mujer. Les recuerdo que sobre la ley vigente, la del 2010, la que a ustedes tanto les gusta llamar Aído —y yo me siento orgullosa cada vez que lo hacen— (Aplausos), sobre esta ley vigente, señora Vindel —por cierto, ayer el ministro Gallardón dijo que la iban a derogar y hoy ha dicho usted que derogar es muy poco democrático; ustedes mismos—, pues bien, como digo, el caso es que sobre esta ley que quieren derogar y no reformar, el Tribunal Constitucional aún no ha dictado ninguna sentencia. Por tanto, ustedes están formulando sus argumentos sobre una ley del año 1985, y yo creo que la sociedad española ha cambiado muchísimo en ese tiempo.

Quiero terminar esta intervención mostrándoles un cartel que forma parte de la campaña que antes les comentaba de Amnistía Internacional. Creo que este es un cartel que lo dice absolutamente todo. Dice así:» Mi vida. Mi salud. Mi educación. Mi decisión. Mi futuro. Mi cuerpo. Mis derechos.» El derecho de las mujeres.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Parera.

La señora PARERA ESCRICHS: Muchas gracias, señor presidente.

Como muy bien saben sus señorías, en estas cuestiones nuestro grupo parlamentario té llibertat de vot i, per tant, jo intervinc aquí avui en representació dels tres senadors que som d’Unió Democràtica de Catalunya i no parlo en nom del Grup Parlamentari. Ja avanço que nosaltres votarem no a la moció presentada pel Grup d’Entesa, ja que entenem que per principi no hem d’impossibilitar en cap cas la tramitació de cap projecte de llei, ens agradi més o menys.

Ja he criticat anteriorment a les meves intervencions en aquesta cambra en aquests temes que el debat sobre aquesta qüestió es fes en mitjans de comunicació, tant per part de l’oposició com per part del mateix Govern. Crec que és un tema massa important i massa sensible com per reduir-lo a titulars sensacionalistes o a manipular-lo amb finalitats partidistes. I crec que tampoc no s’hauria de debatre a través de mocions que no permeten aprofundir prou en aquesta qüestió.

Les Corts són les cambres on s’han de debatre, on s’han d’esmenar i aprovar els projectes de llei i qualsevol acció que impossibiliti aquest debat i que suposi un impediment que el Govern o qualsevol grup parlamentari exerceixi un dret legítim, com és el de presentar un projecte o una proposició de llei, entenem que va en contra de l’esperit d’aquesta cambra.

En aquest cas concret, estem parlant d’un avantprojecte que encara pot ser modificat abans de la seva entrada al Congrés. I, per tant, no té cap sentit emetre ara un judici de valors sobre el seu contingut, quan aquest contingut, reitero, pot ser encara modificat, i especialment quan hem vist a través dels mitjans de comunicació que fins i tot dintre del mateix Partit Popular hi ha sensibilitats diferents, opinions diferents, que poden portar al fet que hi hagi una modificació en l’articulat que ara coneixem.

Respectem la iniciativa legislativa del Govern, com no pot ser d’una altra manera, a l’espera de veure el text legislatiu que es presenti en el seu moment al Congrés i posteriorment aquí en aquesta cambra, al Senat. Aleshores crec que és el moment d’entrar a valorar-ne el fons, esmenant tot allò que creguem convenient o fins i tot presentant un veto a tot el projecte de llei.

Vull acabar puntualitzant que, des d’Unió Democràtica, sempre hem defensat el dret a la vida. Deia la senadora Almiñana: És el meu cos, és la meva vida. Em sembla molt bé aquesta afirmació, senyora Almiñana, sí que és veritat que és el seu cos, però no és només la seva vida. Des d’Unió Democràtica sempre hem entès que el dret a la vida s’ha de defensar i la vida del no nascut també mereix ser defensada i protegida.

La legislatura passada ja vam presentar una esmena a la totalitat i un veto a la Llei de l’avortament per no compartir les modificacions que es duien a terme. Desitgem que es canviï la llei actual en molts dels seus punts. (El senyor president ocupa la Presidència). Però no vull que ningú es porti a confusió: no volem que s’entengui de la nostra votació d’avui que donem carta blanca al Govern (Remors), perquè Unió té un posicionament propi en aquesta qüestió i aquest posicionament el farem valer en la tramitació del projecte de llei, que és democràticament s’han de




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modificar els projectes de llei, no a través de declaracions als mitjans de comunicació ni a través de posicionaments de mocions sobre un projecte de llei que ni coneixem ni ha tingut entrada, ni es coneix ni ha estat registrat a les Corts, que és on s’han de tramitar els projectes de llei.

Moltes gràcies.

Como muy bien saben sus señorías, en estas cuestiones nuestro grupo parlamentario tiene libertad de voto, así pues intervengo hoy aquí en representación de los tres senadores de Unió Democràtica de Catalunya y no voy a hablar en nombre del grupo parlamentario. Adelanto que nosotros vamos a votar en contra de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Entesa, porque entendemos que por principio no debemos imposibilitar en ningún caso la tramitación de ningún proyecto de ley, tanto si nos gusta como si no.

Anteriormente, en otras intervenciones ante esta Cámara sobre estos temas, he criticado que el debate sobre esta cuestión se realizara con medios de comunicación, tanto por parte de la oposición como del mismo Gobierno. Me parece que este es un tema demasiado importante y demasiado sensible como para reducirlo a titulares sensacionalistas o como para manipularlo con fines partidistas. Me parece que tampoco debería debatirse mediante mociones que no permiten profundizar lo suficiente en esta cuestión.

Las Cortes son las Cámaras donde los proyectos de ley deben debatirse y enmendarse, y cualquier acción que imposibilite dicho debate y que suponga un impedimento a que el Gobierno o cualquier grupo parlamentario ejerza un derecho legítimo, como es el de presentar un proyecto o una proposición de ley, va en contra del espíritu de esta Cámara.

En este caso concreto estamos hablando de un anteproyecto que aún puede ser modificado antes de su entrada en el Congreso, y por tanto, no tiene ningún sentido emitir ahora un juicio de valor sobre su contenido cuando ese contenido, insisto, puede aún ser modificado, y sobre todo cuando hemos visto a través de los medios de comunicación que incluso dentro del mismo Partido Popular existen sensibilidades y opiniones distintas que pueden hacer que se produzca una modificación en el articulado.

Como no puede ser de otra forma, respetamos la iniciativa legislativa del Gobierno a la espera de leer el texto definitivo que se presente en el Congreso y posteriormente en el Senado. En ese momento me parece que deberemos empezar a valorar el fondo del texto enmendando todo lo necesario e incluso presentado un veto al proyecto de ley.

Me gustaría terminar puntualizando que desde Unió Democràtica siempre hemos defendido el derecho a la vida. Decía la senadora Almiñana: Mi cuerpo; mi vida, y me parece muy bien esa afirmación, señoría. Es verdad, es su cuerpo, pero no es tan solo su vida. Desde Unió Democràtica siempre hemos entendido que el derecho a la vida debe defenderse, y la vida del nonato también merece ser defendida y protegida.

La legislatura pasada ya presentamos una enmienda a la totalidad y un veto a la ley del aborto por no compartir las modificaciones realizadas, y esperamos que cambie la ley actual en muchos de sus puntos. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Pero que nadie se confunda, no queremos que se entienda de nuestra votación de hoy que estamos dando carta blanca al Gobierno (Rumores), porque Unió tiene un posicionamiento propio en esta cuestión, y ese posicionamiento lo vamos a defender en la tramitación del proyecto de ley, que es donde de forma democrática deben modificarse los proyecto de ley y no mediante declaraciones en los medios de comunicación ni a través de posicionamientos mediante mociones sobre un proyecto de ley que no conocemos ni ha sido registrado en las Cortes, que es donde deben tramitarse esos proyectos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Parera.

Tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Bé, senyories, molt bon dia a tothom.

Saben perfectament, ja que han observat en alguna ocasió al llarg d’aquesta mateixa legislatura, que quan debatem qüestions molt vinculades a l’ètica personal, o podríem dir amb una forta connotació moral, el nostre grup parlamentari dóna llibertat de vot als senadors que l’integrem i en formem part. Es tracta que cada senador i senadora es pugui posicionar segons la seva més




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profunda consciència i convicció i pugui expressar així amb total i plena llibertat els seus valors i la seva manera de concebre la vida.

És per aquest motiu probablement que avui es produeix certa disparitat de posicionaments entre els membres del nostre grup parlamentari, que no només assumim amb tranquil·litat lògica i normalitat, sinó que ho fem amb responsabilitat. De fet, ja voldríem, sincerament, que aquesta manera de fer fos compartida per la resta de partits polítics que sembla que són molt lluny del nostre model.

Els senadors de Convergència Democràtica compartim una premissa: l’avortament és un drama. La majoria de vegades esdevé l’única opció, l’única alternativa a què es poden acollir les dones que, lamentablement, no poden o no es veuen capaces d’afrontar la maternitat, i aquest dret creiem que s’ha de protegir, evidentment.

Algunes dades: l’any 2012 es van produir a l’Estat espanyol 112 390 avortaments, cosa que suposa que 12 de cada mil dones entre 15 i 49 anys hagi decidit practicar-se una interrupció voluntària de l’embaràs. Aquests més de 112 000 avortaments són, sense cap mena de dubte, 112 000 drames personals i, a pesar que a priori ens podríem alegrar de la xifra, de la dada, ja que representa una reducció del 5% d’avortaments respecte de 2011, la proporció o el percentatge de dones espanyoles que opten per aquesta alternativa o opció continua sent, al nostre entendre, força alt. Ara, dit això i analitzada aquesta dada, qualsevol que realitzi una comparativa de la nostra legislació vigent observarà que som molt en la línia de la legislació de la resta de països europeus i, en canvi, els nostres índexs, els nostres indicadors no són superiors o pitjors als índexs existents a altres països del nostre entorn. De fet, les dades demostren que el nombre d’interrupcions voluntàries de l’embaràs, més enllà de la legislació, fluctua de manera absolutament diferent en funció de criteris culturals, econòmics, socials, etc. No existeix una correlació directa entre més o menys restricció legislativa i el nombre d’avortaments. No existeix aquesta correlació. I a l’Estat espanyol els avortaments tenen un comportament, una tendència normal.

Per tant, tot i que podríem compartir alguns dels aspectes que han plantejat en l’avantprojecte de llei que han presentat —i del qual parlarem quan aquest es tramiti—, creiem que no era necessari proposar un canvi de model, i molt menys en els termes en què de moment està plantejat. El nostre model no és el seu, és un altre. Creiem que s’han de proposar noves campanyes d’educació sexual i reproductiva, entre joves i no tan joves, que hem de facilitar encara més l’accés als anticonceptius, a altres sistemes de prevenció i planificació familiar. Ho han dit anteriorment, a més s’ha de completar amb iniciatives i ajudes perquè es pugui fomentar de veritat la natalitat, si això és el que vostès busquen, i facilitar i ajudar les dones, els pares, en definitiva, perquè puguin afrontar aquesta nova etapa vital sense abismes, sense riscos i sense desigualtats.

Mirin, senyories, en cap cas podem plantejar o aprovar noves legislacions que facin minvar els drets de les dones, que tant, tant ens han costat d’aconseguir. La nostra obligació ha de ser minimitzar el nombre d’avortaments, però s’ha de fer a través de la convicció, no de la imposició. La nostra responsabilitat és acompanyar les dones que decideixen de manera absolutament personal passar per aquest traumàtic procés, garantir-ne especialment la seguretat.

Senyories, hem de mirar endavant i no endarrere. Hem de ser proactius i no reactius. Hem de començar per l’inici i no pel final. Hem de convèncer i no imposar. És tan senzill com això.

Moltíssimes gràcies. (Aplaudiments).

Muy buenos días a todos.

Saben perfectamente, puesto que lo han observado en algunas ocasiones a lo largo de esta misma legislatura, que cuando debatimos cuestiones muy vinculadas a la ética personal, con una fuerte connotación moral, nuestro grupo parlamentario da libertad de voto a los senadores que lo integramos y que formamos parte del mismo. Se trata de que cada senador y senadora pueda posicionarse según sus más profundas convicciones y conciencia y pueda expresar en total libertad sus valores, su forma de concebir la vida.

Por ese motivo, probablemente, hoy se producirá una cierta disparidad de posicionamientos entre los miembros de nuestro grupo parlamentario. No tan solo lo asumimos con tranquilidad y lógica normalidad, sino que lo asumimos con responsabilidad. Ya nos gustaría, sinceramente, que esta forma de hacer fuera compartida por los demás partidos políticos, que parece que están muy lejos de nuestro modelo.




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Los senadores de Convergència Democràtica compartimos una premisa, y es que el aborto es un drama. La mayoría de veces acaba siendo la última, la única opción, la única alternativa a la que pueden acogerse las mujeres que, lamentablemente, no pueden o no se ven capaces de afrontar la maternidad. Evidentemente, creemos que este derecho debe protegerse.

Unos datos. En el año 2012 se produjeron en el Estado español 112 390 abortos, lo que supone que doce de cada mil mujeres entre 15 y 49 años decidieron practicar una interrupción voluntaria de su embarazo; estos más de 112 000 abortos son sin lugar a dudas 112 000 dramas personales. A pesar de que a priori podríamos alegrarnos del dato, porque supone una reducción del 5% de abortos respecto a 2011, el porcentaje de mujeres españolas que optan por esa alternativa sigue siendo, a nuestro entender, bastante elevado. Ahora bien, una vez dicho esto y analizado este dato, cualquiera que realice una comparativa de la normativa vigente se dará cuenta de que no estamos en la línea legislativa de los demás países europeos, sino que nuestros indicadores tampoco son superiores o peores a los existentes en otros países de nuestro entorno. De hecho, los datos prueban que el número de interrupciones voluntarias del embarazo, más allá de la legislación, fluctúa de forma absolutamente distinta según sean los criterios culturales, económicos, sociales, etcétera. No existe una correlación directa entre mayor o menor restricción legislativa y número de abortos; no existe, no existe dicha correlación. En el Estado español los abortos tienen una tendencia normal.

Por lo tanto, aunque podríamos llegar a compartir algunos de los aspectos planteados en el anteproyecto de ley —y del que, evidentemente, vamos a hablar cuando se tramite—, pensamos que no era necesario proponer un cambio de modelo, y mucho menos en los términos en los que de momento ha sido planteado. Nuestro modelo no es el suyo, nuestro modelo es otro: creemos que deben proponerse nuevas campañas de educación sexual y reproductiva entre jóvenes y no tan jóvenes; que debemos facilitar aún más el acceso a los anticonceptivos, a otros sistemas de prevención y planificación familiar —lo han dicho anteriormente—; además, esto debe completarse con iniciativas y ayudas para que pueda fomentarse de verdad la natalidad, si esto es lo que ustedes buscan, y ayudar a las mujeres, a los padres en definitiva, para que puedan afrontar esta nueva etapa vital sin abismos, sin riesgos, sin desigualdades.

Señorías, en ningún caso podemos plantear nuevas legislaciones que mermen los derechos de las mujeres que tanto, tanto, nos ha costado lograr. Nuestra obligación debe ser minimizar el número de abortos, pero esto debe lograrse desde la convicción, no desde la imposición. Nuestra responsabilidad es la de acompañar a las mujeres que deciden de forma absolutamente personal pasar por este proceso traumático y garantizar, sobre todo, su seguridad.

Señorías, debemos mirar hacia adelante y no hacia atrás. Tenemos que ser proactivos y no reactivos. Tenemos que empezar por el principio y no por el final. Tenemos que convencer y no imponer. Es tan sencillo como esto.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cunyat.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Camacho.

El señor CAMACHO SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señora Vindel, qué difícil es explicar una posición contraria a unos planteamientos que se han hecho exclusivamente con una serie de argumentos jurídicos —entre comillas—, que sabe usted perfectamente que muchos de ellos no son ciertos. No sé la opinión que tendrá el presidente del Gobierno, el señor Rajoy, si le pasan la transcripción de lo que usted ha dicho en esta tribuna, cuando dice que un acuerdo del Consejo de Ministros —que yo entendía que era un acuerdo reglado— no existe. Lo ha dicho usted en esta tribuna, que es algo que no existe (Aplausos). La aprobación del anteproyecto de ley por parte del Consejo de Ministros, que se publicita además, no existe. Quizás no exista porque el Partido Popular, ahora, lo que ha hecho con ese anteproyecto de ley, con la excusa de que tienen que elaborarse una serie de informes, es guardarlo en un cajón hasta que pasen las próximas elecciones europeas (Aplausos), porque a ustedes les da miedo y vergüenza someterlo a la aprobación o al debate real del Parlamento, tanto del Congreso como del Senado. Atrévanse ustedes y tráiganlo al Parlamento. No van a aprobar esta moción, lo sabemos perfectamente, pero tengan ustedes el coraje político de traerlo al Parlamento antes del próximo día 25 de mayo y no después, no traten de engañar a los ciudadanos.




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¿Por qué se cambian las leyes, no ésta, todas? ¿Por qué se modifican las leyes? O ¿por qué se derogan, y ahora entraremos también en ese apartado? Puede ser una causa, porque ha cumplido el objetivo para el que se promulgó; no es el caso. O porque no se está utilizando de manera correcta y, por lo tanto, los objetivos para los que se legisló tampoco se están cumpliendo; tampoco es el caso, porque el número de abortos en este país se ha reducido desde que se está aplicando la modificación de la Ley del año 2010. Entonces, ¿cuál es el caso? ¿El cumplimiento del programa electoral del Partido Popular? Tampoco, tampoco, señora Vindel. Podría ser un argumento muy de peso, efectivamente, cumplir con el compromiso electoral con el que el Partido Popular se presentó a las pasadas elecciones, pero, curiosamente, sería, no digo el único, pero casi el único compromiso electoral que el Partido Popular va a cumplir en esta legislatura (Aplausos). Prácticamente, el único. Y, por si se les ha traspapelado, ayer hacía mención mi compañero, el senador Díaz Tejera a la página 108 del programa electoral del Partido Popular. Y antes de hablar de la modificación, de la regulación —ustedes lo llaman así— sobre el aborto, ese punto 0.6, al que hacía mención ayer mi compañero, plantea las siguientes medidas: «La maternidad debe estar protegida y apoyada. Promoveremos una ley de protección de la maternidad con medidas de apoyo a las mujeres embarazadas, especialmente a las que se encuentren en situación de dificultad. Impulsaremos redes de apoyo a la maternidad». ¿Me puede decir dónde está el cumplimiento de esto, que iba por delante de esta modificación? ¿Dónde? ¿También tienen ustedes tanto interés en que se cumpla eso? ¿Por qué no lo han traído ya a las Cámaras? ¿Dónde está? ¿Dónde está el cumplimiento de ese apartado? Por lo tanto, es muy difícil explicar por qué se modifica esta ley.

Ayer decía el ministro, sentado en esos escaños, que estábamos un poco confundidos, que no se estaba reformando la Ley del año 2010 sino que se va a derogar. Y es verdad. Por si alguien no había tenido la oportunidad de leer el anteproyecto, en la página número 23, la disposición derogatoria única dice: «Queda derogada la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo». Y yo les pregunto. ¿En el anteproyecto que han presentado, Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, dónde está la parte de salud sexual y reproductiva? ¿Se les ha olvidado? ¿Se les ha traspapelado? (Aplausos). ¿No les importa? Yo creo que detrás de todo esto, señorías del Grupo Popular, existe exclusivamente un interés moral, tan digno y respetable como cualquier otro; pero legislar o imponer la moral al resto de los ciudadanos a través de una ley me parece lo más antidemocrático que pueda existir, por muchos votos de mayoría absoluta que ustedes tengan en el Congreso, en el Senado y donde sea, incluido el Parlamento Europeo.

Señorías, este es un asunto muy muy serio. Ustedes quieren llevar a este país —como señalaban algunos intervinientes anteriores— muchos años atrás; yo diría, incluso, que mucho más atrás del año 1985, tratando de imponer esa moral de la que hablaba antes. Yo no acabo de entender —probablemente, por razón de mi sexo masculino, digan que no puedo entenderlo— cómo puede ser que un grupo parlamentario, compuesto por hombres y mujeres, trate de plasmar en un documento algo que no solo va en contra de la libertad de las mujeres; porque ustedes dicen que lo que quieren es preocuparse también por la vida del no nacido, pero es que no veo en ningún sitio que se preocupen por la vida de las mujeres. Y es que no sé si son conscientes —sería muy grave si no lo fueran— de que están obligando a aquellas mujeres que hasta ahora tomaban libremente la decisión de abortar, a hacerlo sin los requisitos y sin la seguridad con la que lo hacían hasta ahora. Es que las están obligando a ello. Para que alguno de ustedes sea capaz de convencernos de que con esta modificación que tratan de imponer en esta ley, las mujeres que tienen problemas y que toman la decisión de no seguir adelante con ese embarazo no van a abortar, tendrán que hacer un esfuerzo muy grande, porque cuando no existía esa posibilidad —de la modificación del año 2010 con la Ley de plazos— se producían muchos abortos clandestinos en España. ¿Eso es lo que quiere el Partido Popular, o simplemente se preocupan por aquella gente que, como dispone de recursos económicos, no va a tener ningún problema porque va a ir a donde sí le puedan atender libremente? Ese es el problema y de eso es de lo que estamos hablando.

Y ustedes —vuelvo a repetirlo, porque es lo más grave de todo— tratan de imponer esa moralidad. Sin embargo, luego escuchamos a responsables públicos del Partido Popular, como puede ser el ministro del Interior de este país, comparar el aborto con el terrorismo de ETA, cosas




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tan graves como esa, o a un representante de Nuevas Generaciones hace muy pocos días decir textualmente —y lo voy a leer para no equivocarme— que quien se abra de piernas, que apechugue. ¿Pero qué barbaridad es esta? ¿Esa es la moralidad del Partido Popular? ¿Eso es lo que tratan de imponernos con esta modificación de la ley? (Aplausos).

Señorías, vamos por muy mal camino. Se lo está diciendo a ustedes mucha gente, y no solamente el Grupo Parlamentario Socialista y el resto de los grupos.

Y respeto, evidentemente, como no puede ser de otra manera, el posicionamiento moral personal de cada uno. La moralidad personal de cada uno es muy respetable, la de ustedes y la nuestra, que también la tenemos, aunque ustedes lo duden. Pero lo que no se puede hacer, ni nosotros ni el resto de los grupos, ni siquiera ustedes, por muchos votos que tengan, es imponer su moral a los demás, cuando además esa moralidad les viene impuesta —y lo saben perfectamente, aunque lo nieguen— por la Conferencia Episcopal. (Aplausos.—Protestas). Esa es la realidad; sí, señores del Grupo Popular, esa es la realidad, y a eso es a lo que nos están llevando con este anteproyecto, cuya retirada pedimos. Efectivamente, no se ha tramitado todavía en el Parlamento, pero se lo pedimos y se lo seguiremos pidiendo hoy, antes del 25 de mayo, y después del 25 de mayo si lo traen al Parlamento, y si no lo traen y lo siguen teniendo tienen en un cajón guardado, hasta que tomen la decisión de retirarlo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Camacho.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora Vindel.

La señora VINDEL LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, de las menores, ni palabrita. De las menores que abortan no decimos nada. ¿Para qué? ¡Claro! (Rumores).

Senador Camacho, hacer pasar por prepotencia y por imposición de no sé qué moral la legítima utilización de una mayoría absoluta que nos han concedido las urnas y recriminárnoslo, cuando a ustedes no les parecía abusiva cuando gobernaban, es intolerable; señoría, es intolerable. (Aplausos). Y, por cierto, les agradezco que se lean nuestro programa electoral, nosotros también leemos el suyo, pero, como diría un castizo de mi circunscripción, nos tienen como a La Parrala: tan pronto hay que cumplirlo, como hay que incumplirlo; aquí hay que incumplirlo, y en otros casos hay que cumplirlo.

Les voy a decir una cosa, señorías: doy por válido el incumplimiento de nuestro programa electoral si con ello hemos conseguido sacar a España del erial en el que ustedes la dejaron; si hemos conseguido que no se vuelva a hablar de la prima de riesgo, del rescate, de la desaparición del euro; (Aplausos.—Rumores) si hemos conseguido que en Europa nos miren de otra manera, ahora que entre otras cosas empezamos a pagar las facturas que dejaron ustedes; (Aplausos.—Rumores) si hemos conseguido que vuelva la inversión extranjera y, sobre todo, si hemos conseguido que se empiece a crear, como se está empezando a crear, empleo. Así que, ¿qué quieren que les diga? (Aplausos). Claro que vamos a cumplir nuestro programa. Y les digo otra cosa, lo saben tan bien como que es imposible cumplir esta moción. Esto para empezar a hablar.

Señorías, voy a medir mucho mis palabras porque me parece un asunto muy importante. La Iglesia. A mí no me influye ni me desestabiliza en nada que se refieran a la Iglesia católica, a la Conferencia Episcopal, o como quieran llamarlo. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor. Y ahórrense comentarios personales.

La señora VINDEL LÓPEZ: A mí no me influye ni me desestabiliza. Pero ya que estamos, déjenme que les diga una cosa: esa Iglesia que ustedes nos invocan y me invocan como arma arrojadiza en el debate es la misma que todos ustedes llenan de elogios cuando critica cualquier conflicto armado y cuando critica la dejación en el salvamento de vidas humanas. Es la misma Iglesia, el mismo papa, la misma sede vaticana y la misma ciudad de Roma. (Aplausos). Miren por su coherencia, señorías, miren por su coherencia.

He creído entender, y creo que lo he entendido bien, que se ha dicho que este es el recorte más brutal de derechos sociales para las mujeres. (Rumores). Pues déjenme que les diga una




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cosa, nosotros entendemos como un derecho social el derecho al empleo, y si uno mira atrás ve la tasa de paro femenino que dejaron, que casi multiplican por tres. La mejor política social que hay, señorías, no es el derecho al aborto, no, es el derecho a un empleo, a un trabajo y a un futuro. (Aplausos).

En el último año el paro femenino —seguro que se alegrarán— se ha rebajado en un 2,32%; cuatro de cada diez mujeres de menos de veinticinco años han comenzado a abandonar las listas del paro, y el paro juvenil femenino se ha rebajado en un 9,78%. ¿Y me vienen ustedes aquí a hablar de recorte de derechos sociales por un anteproyecto que todavía no ha entrado en el Congreso de los Diputados?

Señorías, les voy a decir una cosa. Siento darles un disgusto, pero la lucha por la igualdad no es patrimonio solo de la izquierda, señorías, ese es un planteamiento muy del siglo pasado. La lucha por la igualdad es patrimonio de todos y es obligación de todos y, por tanto, no pueden hacer pasar como suya una obligación de toda la sociedad.

También se ha dicho que si estábamos divididos, que no todos estábamos de acuerdo, etcétera. Bien, déjenme que les diga una cosa: fue la guardia pretoriana de feministas radicales no muy brillantes que tenía alrededor Zapatero la que le cogió por banda y le llevó a legalizar el aborto de menores. (Rumores). Y ustedes defienden esto, y ustedes están muy orgullosos, porque esto es lo que viene en la ley del aborto, la ley Aído. Pues esto lo dice Alfonso Guerra, señorías. Esto lo ha dicho Alfonso Guerra en junio de 2013. (Rumores.—Aplausos). ¡Ah! ¿Alfonso Guerra no tiene autoridad ninguna? Está bien que se entere. Él ha dicho: «Yo mismo he hecho una especie de encuesta en el grupo parlamentario y nadie estaba de acuerdo.» Pero si no les gusta la declaración de Alfonso Guerra, tengo más. «Soy padre y no concibo que, si mi hija estuviera en ese supuesto, no se comunicara con su madre o conmigo», José María Barreda, presidente de Castilla-La Mancha. «No me gustaría que mi hija estuviera en las circunstancias de tener que interrumpir el embarazo y no lo consultara conmigo», José Blanco, ministro de Fomento. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora VINDEL LÓPEZ: José Antonio Pérez Tapias, entonces diputado del PSOE, dijo: «Una chica —miren qué bien lo define— de dieciséis años no tiene la madurez ni la autonomía suficiente para asumir y llevar en solitario esa decisión. Y esto que digo lo piensan muchos ciudadanos que están a favor de la ley del aborto.»

Señorías, además del gran desconcierto, del malestar que generó en su grupo parlamentario —soy testigo de ello— la vigente ley del aborto, la ley Aído, que, en definitiva, ya se ha visto que deja sola a la mujer en este terrible proceso, considero —ustedes sabrán por qué quieren que las menores se enfrenten solas a este dramón— que solo por eliminar de una vez por todas el reproche y la sanción penal merece la pena que este anteproyecto se convierta en proyecto de ley, solo por eso; solo por exigir mayoría de edad para prestar el consentimiento, lo que va a significar el fin de la soledad, una compañía y un apoyo para las menores, merece la pena presentar este proyecto. Ya sabemos, señorías, que no nos lo van a agradecer, ya lo sabemos, pero nos basta con saber que ustedes se van a sentir muy aliviados, como les acabo de leer. Solo por devolver al ordenamiento jurídico español su adecuación a la Constitución y a la doctrina constitucional, esa que algunos se atreven a negar, merece la pena presentar este proyecto.

¿Qué quieren que les diga? Ya sé que no les gusta que el Tribunal Constitucional afirme que la vida humana es un bien jurídico protegido y que los graves conflictos de carácter singular no se pueden contemplar tan solo desde la perspectiva de los derechos de la mujer, como ocurre ahora. Pues bien, señorías, solo por no desproteger a la mujer, por afirmar, como dice el Constitucional, su derecho a su salud física y psíquica, el desarrollo de su personalidad, el derecho a su integridad física y a la libertad de ideas y creencias, nos merece, desde luego, la pena presentar el futuro proyecto de ley. (Rumores).

La exposición de motivos de la vigente ley del aborto, la ley Aído, dice que recoge la objeción de conciencia del personal sanitario; pero observen si la recoge bien, que luego manda su regulación a un desarrollo reglamentario. Flaco favor, señorías, flaco favor. A nosotros, y por ellos, por los profesionales sanitarios, también nos merece la pena que el anteproyecto se convierta en proyecto de ley, porque no nos gustan las leyes que imponen sin más.




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Yo creo que ya he dicho en alguna ocasión que no entendía —y, señorías, sigo sin entender— por qué a algunos les da tanto miedo la hermosa palabra libertad. (Protestas). Como en ningún sitio está escrito que ni el Gobierno ni desde luego el grupo mayoritario de esta Cámara tengan que hacer —en este caso porque ustedes quieren— lo que ustedes quieren, y como además vamos a continuar pensando como pensamos, trabajando en lo que creemos, siguiendo nuestras convicciones y desde luego nuestra coherencia, vamos a dar todo nuestro apoyo al Gobierno también en esta materia.

No se trata, para su tranquilidad, señorías, de hacer una legislación acorde con los principios personales ni individuales de ninguna persona ni de ningún sector, ni de imponer una opción personal. No, eso se lo dejamos a ustedes. Se trata de que el texto sea acorde con la doctrina constitucional, respetuoso con los derechos de todos y que valga para la mayoría de la sociedad. Nos gustaría tener un debate tranquilo y sosegado, pero está visto que con ustedes fácil no va a ser.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Vindel.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 253; votos emitidos, 253; a favor, 95; en contra, 155; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada. (Aplausos).

6. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

6.1. ELECCIÓN DE MAGISTRADOS

6.1.1. ELECCIÓN DE UNA VACANTE DE MAGISTRADO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

COMISIÓN: NOMBRAMIENTOS

(Núm. exp. 725/000003)

El señor presidente da lectura a los puntos 6., 6.1. y 6.1.1.

El señor PRESIDENTE: Con fecha 2 de diciembre de 2013, la Presidencia del Tribunal Constitucional solicitó se diera inicio al procedimiento de elección de un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional como consecuencia del fallecimiento de don Francisco José Hernando Santiago, nombrado, a propuesta del Senado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15 y 23.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 159.1 de la Constitución y 16.1 de la citada ley orgánica, corresponde al Senado elegir a dicho magistrado, cuyo nombramiento se debe proponer a Su Majestad el Rey.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 184.1 y 7 del Reglamento del Senado y 16.1 y 5 de la citada ley orgánica, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas han presentado las correspondientes propuestas de candidatos para cubrir dicha vacante.

El día 4 de marzo de 2014, la Comisión de Nombramientos se reunió para sustanciar la comparecencia de los candidatos propuestos para cubrir dicho puesto.

Una vez efectuadas las comparecencias en la sesión indicada, la comisión aprobó, según lo previsto en el artículo 184.7 b) del reglamento del Senado, elevar al Pleno de la Cámara la siguiente propuesta de candidato: excelentísimo señor don Ricardo Enrique Sancho.

Vamos a proceder a la votación, por lo cual ruego a los servicios que llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Antes de iniciar la votación, que se hará por papeletas, recuerdo a sus señorías lo siguiente: cada papeleta podrá contener un solo nombre. Serán nulos los votos emitidos en papeletas que




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contengan un nombre no incluido en la propuesta de la Comisión de Nombramientos. Los votos en blanco podrán expresarse sin poner ningún nombre en la papeleta o tachando el que estuviere escrito en ella.

Según lo dispuesto en el artículo 159.1 de la Constitución, para ser elegido magistrado del Tribunal Constitucional, el candidato ha de obtener una mayoría de tres quintos de los miembros de la Cámara, es decir de 159 senadores.

En forma previa, se ha sorteado el nombre del senador por el que ha de empezar la votación y la votación comenzará por la senadora Peris.

Para realizar ordenadamente la votación, ruego a sus señorías que se acerquen a votar por la parte izquierda de la tribuna de oradores, faciliten su nombre a los letrados, depositen sus papeletas en la urna y salgan por la parte derecha de la tribuna.

Ruego al secretario primero de la Mesa que comience el llamamiento.

Comienza la votación.

(Los señores secretario primero, Conde Vázquez; secretario segundo, Rabanera Rivacoba; secretaria tercera, Alborch Bataller y secretario cuarto, Plana Farran, proceden al llamamiento de las señoras y los señores senadores, a partir de la citada).

Terminado el llamamiento, dijo

El señor PRESIDENTE: ¿Algún senador o senadora no ha sido llamado o no ha ejercido su derecho al voto? (Pausa). Ninguno.

Les comunico que el voto telemático ha sido autorizado para las senadoras García Carrasco y Navarro Viscasillas, asi como para el senador Marín Torrecillas. Por lo tanto, procederé a incluir en la urna sus papeletas de votación.

Les anuncio también que no vamos a detener el Pleno a la hora del almuerzo. Por lo tanto, una vez terminado el escrutinio, entraremos en el debate de los proyectos y proposiciones de ley; en primer lugar en el de la proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, relativa a la justicia universal. Se debatirán los vetos y no se votarán antes de las cuatro de la tarde.

Realizado el escrutinio, dijo

El señor PRESIDENTE: Efectuado el escrutinio, el resultado es el siguiente: votos emitidos, 247; votos a favor de don Ricardo Enríquez Sancho, 162; votos en blanco, 84; voto nulo, 1.

Por lo tanto, habiendo alcanzado el candidato mencionado la mayoría de tres quintos de la Cámara que exige el artículo 159.1 de la Constitución, el Senado propone a Su Majestad el Rey el nombramiento como magistrado del Tribunal Constitucional del excelentísimo señor don Ricardo Enríquez Sancho. (Aplausos.—La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).

7. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

7.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

7.1.1. PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, RELATIVA A LA JUSTICIA UNIVERSAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

COMISIÓN: JUSTICIA

(Núm. exp. 624/000002)

La señora vicepresidenta da lectura a los puntos 7., 7.1. y 7.1.1.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Para la presentación del dictamen tiene la palabra el representante elegido por la comisión, el señor Ramírez.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venia, señora presidenta.

Tal y como se resolvió el día 10 por parte de la Comisión de Justicia de esta Cámara, en este acto presentamos la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1




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de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal. Esta proposición de ley orgánica que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado y que se tramita por el procedimiento de urgencia tuvo entrada en esta Cámara el día 1 de marzo, fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas finalizó el día 5 de marzo del presente año 2014. A esta proposición de ley orgánica se han presentado siete propuestas de veto y veintidós enmiendas. La Comisión de Justicia se reunió para dictaminar el día 10 de marzo y, tras rechazar todas las propuestas de veto y todas las enmiendas, emitió el referido dictamen de conformidad con el texto remitido por el Congreso de los Diputados.

La proposición de ley consta en su redacción actual de un artículo único, una disposición transitoria y una disposición final, precedidos de una exposición de motivos. El artículo único, que se subdivide en dos apartados, modifica los artículos 23 y 57 de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial. La disposición transitoria determina la situación en que quedarían las causas que estén tramitándose a la entrada en vigor de la ley. La disposición final regula la entrada en vigor. Han presentado votos particulares a este dictamen la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y los Grupos Parlamentarios Vasco, Entesa pel Progrés de Catalunya, Convergència i Unió y Grupo Parlamentario Socialista.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Pasamos a debatir las propuestas de veto

En primer lugar, corresponde la propuesta de veto número 2, de la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.

Tiene la palabra, senadora.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Muchas gracias, señora presidenta.

Después de la vergonzosa modificación del artículo 135 de la Constitución, que fue reformada en el mes de agosto en tan solo quince días, mediante la suma de los procedimientos de urgencia y de lectura única y sin referéndum de ratificación posterior, la democracia española ya quedó tocada, y aquí sí que colaboraron los dos partidos mayoritarios.

Visto aquello, pensábamos que ya no serían capaces de más cosas, pero viniendo del Partido Popular cabe preguntarse de qué más no será capaz el Partido Popular. Entonces, como ahora, se quería legislar a toda prisa, poco importaba que se tratara de su hasta entonces irreformable Constitución. Las órdenes venían de arriba, pues la Europa del capital les mandó que priorizaran el pago de la deuda pública a los derechos sociales, y, aprovechando la ocasión, por qué no ir un poco más allá y liquidar la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Ahora las órdenes también les vienen de otro capital, seguramente más lejano, pero en definitiva obedecen órdenes.

Mucho tiene que ver aquella reforma con la actual liquidación de la justicia universal; quizá no su contenido, pero sí el procedimiento utilizado. Entonces debían legislar a toda prisa porque lo mandaba la troika y hoy, dos años y medio después, deben hacerlo al dictado de la presión china. Impunidad a precio de saldo ante los más graves crímenes internacionales.

Por ello, nuevamente nos presentan una reforma mediante la suma de los procedimientos de urgencia y de lectura única. Lo hacen a través de una proposición de ley y esta vez no se atreven a presentar un proyecto de ley porque saben, como ya les ha sucedido con el proyecto de seguridad ciudadana, que los preceptivos dictámenes cuestionarían la barbaridad que hoy debatimos.

Señorías del Partido Popular, en democracia, como en muchas otras cosas de la vida, las formas importan y hace mucho que ustedes imponen o dictatorializan la toma de decisiones en esta Cámara. Son mayoría, pero lo cierto es que las mayorías, como muchas otras cosas de la vida, van y vienen. Llegará el día en que no la tengan y en que ustedes también pasen a ser minoría.

En el debate de la semana pasada en el Congreso de los Diputados con ocasión de este mismo proyecto hicieron bandera de una sentencia del Tribunal Constitucional que avala el




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procedimiento de lectura única para este tipo de proyectos. Ciertamente, es bien conocido que por parte de Esquerra Republicana dicho tribunal está más que cuestionado y por eso el hecho de que ese tribunal avale este pésimo procedimiento no es ninguna garantía para nosotros. Sin embargo, aunque solo sea por pedirles un mínimo de coherencia esa que ustedes invocan tan a menudo, aunque después del debate de política general desarrollado la pasada semana quizá sea exigirles demasiado, les invito a leer la Sentencia 237/2005, de 26 de septiembre, de su tan querido e invocado Tribunal Constitucional. Léanla y quizá descubran que en ella se interpreta la jurisdicción universal española sin vinculación alguna a los intereses españoles. Lo sabemos, somos conscientes de ello: en el 2005 el tribunal no estaba presidido por uno de sus militantes —hoy seguro que el fallo no sería el mismo—, sin embargo harían bien en explicar por qué se apartan de tan consolidada jurisprudencia constitucional.

El principio de justicia universal es una conquista irrenunciable de toda la humanidad y, en particular, de las sociedades democráticas y un avance decisivo e importante en la defensa de los derechos humanos, universalmente reconocidos en una sociedad global. Forma parte del sistema de justicia internacional, que defiende los intereses y valores de la comunidad en su conjunto más allá de los puramente estatales o particulares, y posibilita que estos crímenes internacionales no queden impunes.

El derecho internacional vigente obliga a todos los Estados a perseguir por su especial gravedad— ciertos crímenes internacionales, se produzcan donde se produzcan, y con independencia de la nacionalidad o residencia de las personas agresoras y de sus víctimas, porque son conductas odiosas que nadie quiere que permanezcan en la impunidad, trascienden a las víctimas, ofenden a toda la humanidad y ponen en peligro los principios generales de civilización consagrados por las normas protectoras de los derechos humanos fundamentales.

El Estado español tiene el deber de hacer comparecer ante la justicia a los autores de delitos de derecho internacional, lo que supone la obligación de promulgar y hacer aplicar una legislación estatal que disponga que estos delitos de derecho internacional son también delitos en el derecho interno donde quiera que se hayan cometido e independientemente de quién los haya cometido e independientemente de quién sea la víctima o de su nacionalidad.

La existencia de una legislación sobre la aplicación efectiva del principio de justicia universal supone garantizar que se rinden cuentas por todos los crímenes de derecho internacional, asegurando que los tribunales españoles realizan dicha tarea. Por ello a Esquerra Republicana le habría gustado que hubiesen admitido el texto alternativo que presentamos en el Congreso de los Diputados, que pretendía engrandecer la calidad democrática de la justicia y nos comprometía a todos en la defensa de los derechos humanos después del paso atrás que, a juicio de Esquerra Republicana, se consumó en el año 2009. Hoy les retamos de nuevo a que vuelvan a garantizar una verdadera jurisdicción universal sin límites que no impida la actuación de los jueces y tribunales españoles cuando se trate de investigar y conocer los crímenes internacionales, nada más y nada menos que hacer lo que hacen los países de nuestra órbita —Bélgica, Dinamarca, Suecia, Italia o Alemania—, Estados todos ellos que incorporan con mayor o menor amplitud la represión de distintos crímenes contra la comunidad internacional en su ámbito de jurisdicción, sin restricciones motivadas en vínculos nacionales.

La modificación de la justicia universal que hoy nos plantean es contraria al derecho internacional e ignora deliberadamente el compromiso con la comunidad internacional en lo que representa la persecución de los crímenes más graves cuya naturaleza obliga a una persecución universal. Si en noviembre de 2009 la jurisdicción universal fue objeto de una importante reforma, que contó —en ese caso sí— con el apoyo del Partido Popular, del Partido Socialista Obrero Español, de Convergència i Unió y del Partido Nacionalista Vasco, ya supuso, a juicio de Esquerra Republicana, limitar considerablemente su ámbito de actuación. La iniciativa planteada hoy supone ir mucho más allá y liquidar el principio de jurisdicción universal tras haberse limitado ya su alcance.

Pero ustedes van más allá. Ante la inacción de un Ministerio Fiscal —en estos momentos demasiado ocupado en defender la honorabilidad de la Corona—, suprimen también las acusaciones populares del ejercicio de la jurisdicción universal, dejando exclusivamente la acción penal en sus manos, pese a que la experiencia demuestra el importante papel desarrollado por las acusaciones populares en el enjuiciamiento de crímenes bajo el principio de justicia universal.




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Ustedes no quieren que se investigue, no quieren que se imparta justicia y, para evitarlo, están dispuestos a lo que sea.

Finalmente, no tienen bastante con enterrar la justicia universal e incluso nos arrebatan cualquier posibilidad de luto. No se les ha ocurrido otra cosa que incorporar el sobreseimiento retroactivo de las causas que estén en tramitación en el momento de la entrada en vigor de la ley —una intromisión intolerable en el ámbito del Poder Judicial—, vulnerando de forma flagrante el principio de seguridad jurídica que de hecho impone la solución contraria. Asimismo arrebatan el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos y las ciudadanas, de las víctimas, y luego son ustedes quienes nos hablan del Estado de derecho. Tengan al menos la decencia, señorías, de no volver a mencionarlo.

Estas reformas son contrarias a la doctrina que mana del Tribunal de Núremberg. Espero que los tribunales europeos, que los tribunales internacionales les enmienden pronto la plana.

La defensa de los derechos humanos nos dignifica a cada uno de nosotros como personas, la impunidad de estos nos convierte en copartícipes de dichos delitos. Nosotros votaremos a favor de todos los vetos.

No quiero terminar sin antes hacerles una reflexión: ¿Qué puede esperarse de un Estado, y de quienes lo gobiernan en estos momentos, que hizo una transición de un régimen fascista a una democracia tutelada, en la que las víctimas renunciaron a todo y los verdugos a nada? En consecuencia, de esos polvos, estos lodos, y estamos donde estamos. En consecuencia, estamos en un proceso de evolución de la mano del Partido Popular.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas gracias.

Propuesta de veto número 3, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

Senador Iglesias, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Seguimos en el terreno de los derechos humanos, terreno en el que nos movíamos en la moción que precedió a la votación para la elección de un vocal del Tribunal Constitucional. Sin embargo, parece que el debate sobre los derechos humanos en nuestro país suscita más interés —basta con mirar a la Cámara— que el debate sobre el respeto a los derechos humanos más allá de nuestras fronteras, que en el fondo es de lo que trata esta proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial.

El veto se fundamenta en primer lugar en el procedimiento seguido. Yo no niego al Partido Popular —no puedo hacerlo ni en conciencia ni desde la perspectiva del ordenamiento jurídico— su legítimo derecho a presentar una proposición de ley sobre lo que considere más oportuno, ahora bien, tengo que destacar que esta opción que el grupo mayoritario que sustenta al Gobierno tiene no es frecuente que sea utilizada, no es habitual. La iniciativa legislativa en este Parlamento y en la mayoría de los parlamentos se reconoce principalmente al Gobierno, y solo cuando el Gobierno en cuestiones de relevancia y de trascendencia no utiliza esa prerrogativa, suelen acudir los grupos de la oposición al mecanismo de presentar una proposición de ley. Es llamativo, por tanto, que sea el grupo que sustenta al Gobierno quien salga a denunciar la inacción del Gobierno, a denunciar que el Gobierno no utiliza su legítima prerrogativa de presentar un proyecto de ley, a pesar de que la experiencia de esta legislatura es que los proyectos de ley llegan en gran número a esta Cámara y además mediante mecanismos procedimentales que son sumarísimos, que suponen la aprobación de los mismos en cortos períodos de tiempo —un mes, creo que es el procedimiento estadísticamente más frecuente en la tramitación de los proyectos de ley—.

¿Por qué entonces se acude al mecanismo no del proyecto, sino de la proposición de ley? ¿Para ganar tiempo? No, gana muy poco, muy poco tiempo, estamos hablando de días de diferencia entre la tramitación de un proyecto de ley por el trámite de un mes y el tiempo que ha llevado la tramitación de esta proposición de ley.

Hay otros motivos, y que yo me atrevo a calificar desde esta tribuna de fraude de ley, de fraude de la ley parlamentaria, de fraude del reglamento, de fraude de la Constitución, de fraude de la legislación que regula los contenidos y los informes que han de acompañar a los proyectos de ley. Se ha utilizado este mecanismo de la proposición de ley no porque el grupo parlamentario que




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sustenta al Gobierno se haya sentido convocado a jugar un papel protagonista, sino para eludir el conjunto de informes que debían haber acompañado a este mismo texto si hubiera emanado del Consejo de Ministros y llegara a las Cámaras como un proyecto de ley. Porque el Gobierno sabía que muchos de esos informes le iban a sacar los colores, no le iban a resultar favorables. Por eso utilizó este mecanismo, porque desde el ámbito de los derechos humanos, los pronunciamientos que en el escasísimo tiempo de la tramitación de la proposición se han producido han sido claramente negativos. Desde los ámbitos jurídicos, los fiscales de la Audiencia Nacional, por ejemplo, igualmente se han manifestado en contra. Diferentes asociaciones profesionales de jueces y magistrados también se han pronunciado en contra. Eso es lo que con el mecanismo de la proposición de ley querían ustedes evitar —y lograron impedir en lo formal— que se produjera y que acompañara al proyecto de ley para su debate. Porque el objetivo último de esta proposición de ley no es regular la justicia universal, es laminar, es acabar con el concepto de justicia universal en nuestro país, ese concepto de justicia universal que va más allá de precedentes históricos lejanos, con los que puede guardar alguna relación —desde la represión de la piratería, que cualquier Estado podía perseguir; después, la asunción, por parte de la Armada de Gran Bretaña, del papel de persecución de la trata, también frente a cualquier barco abanderado por el país que fuera—, más allá de todos esos precedentes, más próximos en el tiempo, y en relación con la piratería y en referencia sobre todo a la respuesta a la comisión de delitos en aguas internacionales, sobre los que no había competencia de ningún Estado. En ese sentido la doctrina del Comité Permanente de Justicia, en el caso Lotus, en 1927, es un precedente más próximo en el tiempo. Pero, de verdad, surge con fuerza ante los horrores del siglo XX, ante el pavor que en la sociedad provoca conocer los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad que en el ámbito de la segunda guerra mundial —por tanto, a finales de la primera mitad del siglo XX— se produjeron, la necesidad de dar una respuesta también civilizada, porque entonces se siguió acudiendo al mecanismo de la justicia de los vencedores eran los vencedores los que caracterizaban y tipificaban estos delitos, los que juzgaban, los que condenaban, los que ejecutaban—. Obviamente, ello no dejaba de ser una fase todavía —podemos entender— escasamente civilizada. La necesidad de superar esa justicia de los vencedores y a la vez garantizar que se pusiera cerco a la impunidad de los autores de estos crímenes tan horrendos dio lugar al Convenio contra el genocidio de 1948, a los Convenios de Ginebra relativo al derecho internacional humanitario de 1949 y al Convenio contra la tortura —más reciente— de 1984.

Evidentemente, el régimen anterior —la dictadura franquista— vivió de espaldas a esta realidad, a estos cambios normativos, a estos convenios, aunque solo fuera porque durante mucho tiempo permaneció al margen de las relaciones internacionales y es, por tanto, el sistema democrático, la recuperación de las libertades en nuestro país y fundamentalmente la acción de la Audiencia Nacional, ratificada por distintas sentencias del Tribunal Supremo, incluso del Tribunal Constitucional, las que impulsaron la aplicación del concepto de justicia universal, de jurisdicción universal, empezando de forma más destacada con aquella orden de detención internacional que provocó la detención de Pinochet, en Londres, en 1998 y, posteriormente, la condena de Adolfo Scilingo, por la Audiencia Nacional, en 2005, por las torturas y los crímenes cometidos en Argentina. Esta vía, que había sido delimitada por los convenios y tratados internacionales pero sobremanera por la interpretación de la Audiencia Nacional, fue estrechada ya con la reforma del artículo 23.4 —como apuntaba la portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya— de la Ley Orgánica del Poder Judicial, realizada mediante la Ley Orgánica 1/2009, que limitó el ejercicio de la jurisdicción universal en España en materia de persecución de delitos internacionales al establecer que solo se podía hacer uso de la misma cuando se produjeran como condiciones la presencia en España de los responsables de los delitos perseguidos, o la existencia de víctimas españolas causadas en el extranjero a consecuencia de esos delitos o la existencia de un abstracto término —lo cual no es deseable en derecho penal, pero lo es menos que desaparezca este concepto— de un interés relevante para España, una conexión con un interrogante para España. Lo lógico hubiera sido definir el contenido de este concepto abstracto.

Esta reforma que se produjo entonces respondía a una exigencia expresa del Gobierno israelí ante unas denuncias y querellas presentadas ante la Audiencia Nacional por crímenes cometidos en Palestina. Es curiosa, eso sí, la eficacia del Gobierno de Israel a la hora de conseguir ir acotando, acortando la justicia universal. Lo logró en 2009 en España, lo había conseguido




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previamente en Bélgica, como también lo había alcanzado previamente en el Reino Unido. Cambiaba claramente el enfoque de la justicia universal. Lo determinante ya no era la impunidad de los victimarios, lo determinante fundamentalmente era la nacionalidad española de las víctimas.

Esta proposición de Ley Orgánica de modificación incluye cortapisas que acaban con la justicia universal. Se introduce con carácter general la exigencia de que la víctima o el victimario sean españoles, así como que el victimario, si no es español, resida en España, salvo en casos de terrorismo. Y yo me pregunto: ¿por qué se produce esta exención en los casos del terrorismo? ¿No son igualmente horribles los casos de tortura? ¿No son igualmente deleznables los crímenes contra la humanidad? ¿No son igualmente abominables los crímenes de guerra? Yo digo que sí y, por lo tanto, ninguna razón o justificación hay para diferenciar el tratamiento.

Si bien formalmente se amplía la lista de delitos internacionales, es cierto que en la práctica, con la redacción del artículo 23.4, la mayoría ya eran perseguidos previamente, mientras que la exigencia de la nacionalidad española de la víctima o del victimario y su residencia limita profundamente su aplicación, restringiendo aún más esa aplicación el listado de condiciones para su ejercicio —unas alternativas, otras acumulativas—. Asimismo desaparece —como también destacaba la portavoz de Esquerra Republicana— la posibilidad de que el inicio sea fruto de una acusación popular y desaparece el concepto abstracto del vínculo de conexión con nuestro país.

En concreto, la persecución de los crímenes de genocidio y lesa humanidad o crímenes de guerra se condiciona a que el autor sea español o residente, exigiendo que se haya denegado la extradición. Si la impunidad es tal que en su país no se le persigue, no va a haber solicitud de extradición en ningún caso.

En cuanto a la persecución de los delitos de tortura ocurre lo mismo, pero, además, si es extranjero el victimario, se exige que la víctima sea española, lo cual vulnera expresamente el Convenio contra la tortura, suscrito por España en 1987. En los casos de piratería se pide que el autor o las víctimas sean españolas, o que el buque víctima navegue bajo bandera española o se encuentre en instalaciones ubicadas en la plataforma continental —supongo que se refiere a las plataformas petrolíferas—, lo cual va a complicar bastante la operación Atalanta, porque si uno de nuestros buques detiene a unos piratas que no han abordado un barco español sino de otra nacionalidad, ya me dirán qué tiene que hacer con ellos y a quién se los tiene que entregar, porque en España ya no los va a poder enjuiciar.

En los delitos contra la seguridad nuclear solo se perseguirá cuando el autor sea español. En los de tráfico de drogas se dificulta la aprehensión de alijos en altamar puesto que se necesita autorización del Estado del pabellón. Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual sobre víctimas menores de edad se limitan de forma muy importante, vulnerando los contenidos del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrito en Nueva York el 25 de mayo del año 2000 y ratificado por España en 2002. Lo mismo ocurre con los delitos de violencia sobre la mujer porque se vulnera el Convenio del Consejo de Europa, de 11 de mayo de 2011, sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica; así lo han expresado en un correo que han recibido sus señorías de Médicos del Mundo, por ejemplo.

La trata de seres humanos no se perseguirá si no se cometió en España y el victimario sea extranjero no residente, aunque la víctima sea española. ¡Es que llegamos a negar la protección incluso a ciudadanos españoles en determinados delitos! Lo mismo ocurre en los delitos de corrupción entre particulares o en las transferencias económicas internacionales. Igual en los casos de desaparición forzosa, lo cual confronta con la previsión de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, suscrito en Nueva York el 20 de diciembre de 2006.

Concluyo. El hecho de que introduzcan esa disposición transitoria disponiendo de un archivo provisional de todas las causas en tramitación hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos supone carpetazo al caso Couso, Guantánamo, vuelos de la CIA, genocidio en Guatemala, caso Ellacuría y los cinco jesuitas asesinados también, caso Carmelo Soria...

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya terminando.




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El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Quince segundos, señora presidenta.

Caso de los 4300 españoles que murieron en Mauthausen, desaparición de saharauis, Tíbet, y en fase inicial otros como el ataque contra la Flotilla de la Libertad y los refugiados iraníes en el campamento de Ashraf.

Desde luego, después de esto, no es que España sea menos libre, es que, gracias a esta proposición de ley, el mundo es menos libre.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Propuesto de veto número 6, de los senadores Guillot y Saura.

Tiene la palabra el señor Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.

En primer lugar quiero decir que no sé si la importancia del tema requiere un Senado con estas ausencias, no tanto para que nos escuchen a los que hablamos sino porque pienso que es improcedente que una cuestión de estas características sea debatida con tan poca gente.

Voy a defender el veto que hemos presentado Jordi Guillot y yo mismo a esta proposición de ley relativa a la justicia universal, y quiero empezar diciendo que cuando se apruebe esta proposición de ley, va a haber personas muy contentas y va a haber muchas más personas tristes, defraudadas, desesperanzadas. No es difícil adivinar quiénes van a estar alegres y quiénes van a estar tristes. Van a estar alegres los secuestradores, los tiranos, los genocidas, los corruptos —es un día de alegría para ellos hoy— y van a estar tristes las víctimas que viven, los familiares, los amigos o la gente de buena fe. Concreto más, señorías: van a estar contentos veinte militares salvadoreños que tienen orden de busca y captura por el asesinato de ocho personas en San Salvador, entre ellos el exjesuita Ignacio Ellacuría —estos van a estar muy contentos—. Van a estar contentos los tres militares estadounidenses reclamados por la justicia española por el asesinato de José Couso —esos también van a estar muy contentos—. Van a estar contentos diversos dirigentes de Ruanda por el genocidio que cometieron, en concreto, por el asesinato de nueve españoles. Van a estar contentos los exdirigentes y responsables de la DINA chilena que participaron en el secuestro y asesinato de un diplomático español, de Carmelo Soria. Van a estar muy contentos los exlíderes chinos que tienen orden de detención por el genocidio del Tíbet. La relación sería muy larga. Y con estos hechos, ¿ustedes nos piden que votemos a favor de esta proposición de ley? ¿Alguien puede pedirnos ante estos hechos el voto favorable? Porque estamos en un veto político, como siempre, pero, fundamentalmente, cargado de contenido ético y moral. ¿Por qué? Porque el principio de justicia universal atribuye a los tribunales nacionales la facultad, la capacidad de perseguir y enjuiciar terribles delitos de la humanidad. Y esa proposición de ley lo que hace es situar una serie de requisitos —que no voy a repetir porque el señor Fernández ya los ha dicho, y muy bien— que, de hecho, imposibilitan el desarrollo y la aplicación de la justicia universal. Además son retroactivos, entran en contradicción con imposiciones o con directrices internacionales.

Por todo esto, el motivo fundamental de nuestro veto es que estamos en contra de que se dé impunidad a personas que han cometido graves delitos de terrorismo. Y yo decía el otro día en la comisión: ¿Por qué el Gobierno, por qué el Grupo Parlamentario Popular hace esto? Hay algunas preguntas que no se han respondido: ¿Por qué es una proposición de ley? ¿Por qué razón se hace por urgencia? ¿Por qué razón no se piden comparecencias? Y creo que la razón es una: que no nos gusta. Se están cambiando derechos e impunidades por relaciones diplomáticas, relaciones económicas, y si quieren, lo diré de forma más bestia: por dinero. En esta proposición de ley existe un cambio de derechos humanos y de impunidad sobre los derechos humanos en relación con las relaciones económicas.

Más allá de este argumento central, quiero caracterizar con tres palabras aún más la proposición de ley. Las palabras son: felonía, hipocresía y soledad. La palabra felonía me la presta el señor Olabarría, que, al definir esta proposición de ley en el Congreso, dijo que era verdaderamente una felonía parlamentaria. Pensé que era una buena palabra. ¿Por qué es una felonía parlamentaria? Porque es inconcebible que una iniciativa de estas características —de derechos humanos— eluda y evada todos los informes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo del Estado y de otras instituciones y además, que se haga por urgencia.




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La segunda palabra es hipocresía. Miren ustedes, yo no sé cómo se atreven a argumentar que amplían derechos cuando imposibilitan en definitiva la aplicación de la justicia universal, no sé cómo lo pueden hacer. Lo están haciendo en otras leyes, en otros anteproyectos de ley. En el aborto: no entiendo cómo puede haber un anteproyecto de ley que hable de derechos de la mujer cuando en el contenido del anteproyecto se eliminan; quitan derechos, pero los ponen en el titular. Por tanto, existe una hipocresía en relación con los contenidos.

Y la tercera palabra es soledad. El presidente Rajoy decía el otro día que quieren gobernar para todos. Yo entiendo que están gobernando contra todos en el aborto si legislan en esta ley. Están absolutamente solos desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista social. No hay nadie que dé soporte a este proyecto de ley —ni el colegio de abogados de Madrid, ni Amnistía Internacional, etcétera—.

Por otra parte quiero decir que cuando leí su proyecto de ley me impactó, pero al cabo de poco tiempo no me sorprendió. ¿Saben por qué? Porque un eje transversal de toda acción de este Gobierno es restringir las libertades y derechos de la ciudadanía, y esta ley es un ejemplo más. Cuando digo restringir, ¿qué quiero decir? Que plantean un anteproyecto de seguridad ciudadana que restringe el derecho a la manifestación; que plantean una ley de tasas que restringe el derecho a la justicia; que plantean una reforma laboral que restringe los derechos de los trabajadores y prácticamente inutilizan la negociación colectiva; que plantean, en definitiva, una política municipal que dejan a los municipios sin competencias. Por tanto, esta ley se inscribe en una dinámica general de restricción de derechos.

Acabo diciendo que España ha sido un referente en la jurisdicción universal y que el trabajo de Garzón, en relación con Pinochet, fue reconocido mundialmente y abrió nuevas expectativas. Hoy España ha dejado de ser ese referente. No es referente, al revés, es referente absolutamente para cuestiones negativas.

Los soldados salvadoreños, los americanos, los chilenos que mataron, que participaron en el asesinato de Carmelo Soria, señores senadores, hoy aquí votarían que sí. Seguro que iban a votar que sí contentos. Nosotros vamos a votar que no, con tristeza y con rabia. La duda que tengo es si con su voto afirmativo van a votar contentos o tristes.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 1, del senador Aiartza, del senador Goyoaga, de la senadora Mendizábal y del senador Unamunzaga.

Tiene la palabra el senador Unamunzaga.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Muchas gracias, señora presidenta.

Evidentemente lo primero es la foto. Estamos hablando de lo que estamos hablando y estamos los que estamos. Esto, al margen de la propia propuesta que se nos trae, nos tendría que hacer pensar. Francamente es desolador, y más visto desde aquí.

Aunque, desgraciadamente, estemos acostumbrados en esta Legislatura a que la mayoría del Grupo Popular retuerza el reglamento y prive de derechos a los senadores y senadoras de esta Cámara, no pensábamos sinceramente que se iba a llegar a este extremo en esta ocasión.

Con motivo de la tramitación de esta modificación de la Ley Orgánica 6/1985, hemos asistido a todo un retorcimiento, a una perversión, a un incumplimiento del Reglamento de la Cámara del Congreso de los Diputados a la hora de su tramitación. Es otro caso claro de privación de los derechos de los diputados y diputadas de esa Cámara y nos parece que es un atentado directo a las bases de la democracia. Como muestra, un botón. La propuesta de reforma, tal y como se ha expresado aquí por las personas que han hablado antes que yo, ha sido canalizada por la insólita vía de proposición de ley del Grupo Popular en lugar de un proyecto del Gobierno y, como antes ha salido de esta manera, lo que se evita es la petición previa de informes a diferentes instituciones del Estado. El resultado de la aprobación es que va a dejar prácticamente vacía de contenido la jurisdicción universal.

En definitiva, se trata de una vulneración del funcionamiento democrático de la Cámara Baja que ha tenido su continuidad en su tramitación en el Senado, impidiendo el debate, vetando comparecencias, prohibiendo la reflexión en torno a este tema que es especialmente grave, como es el de la justicia universal. Y así es, en la Comisión de Justicia se ha vetado la posibilidad de




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desarrollar nuestro trabajo al vetar la comparecencia de don Juan José Álvarez Rubio, catedrático de Derecho Internacional en la Universidad del País Vasco; don Esteban Beltrán Verdes, director de la sección España de Amnistía Internacional; don Carlos Castresana Fernández, fiscal de la Sala del Tribunal Supremo; don Joaquín Giménez García, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo; don Javier Martínez Lázaro, magistrado de la Audiencia Nacional; don Fernando Mariño Menéndez, catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad Carlos III; don Eduard Sagarra Trías, doctor en Derecho y especialista en Derecho Internacional Público.

¿A qué es a lo que tienen miedo, señoras y señores del Partido Popular? ¿Es al debate? ¿A confrontar ideas? ¿A cuestionar las decisiones que emanan del Gobierno? ¿A tener un criterio? ¿A la pluralidad? ¿A la posibilidad de disentir y afirmar que otros vemos la realidad de otra manera? Son las únicas explicaciones para intentar entender por qué han vetado, con un comportamiento cacique que manda en su territorio, la comparecencia de esos expertos que ha sido solicitada por todos los grupos parlamentarios menos por el suyo. Y siendo esto tremendamente grave, lo es especialmente en este caso por el tema que estamos tratando.

Este proyecto intenta negar un compromiso con la defensa activa de todos los derechos humanos en todas partes. Las reformas impulsadas hasta hoy por el Gobierno en otros terrenos —el laboral, el financiero, el de las pensiones— habían evidenciado que lo que tenemos delante es una franquicia a la troika. Ángela Merkel decía lo que había que hacer y el Gobierno se arrodillaba y decía amén. Hoy, de lo que nos estamos enterando es de que en el todo a cien de este Gobierno hay más franquicias y de que se está a las órdenes de lo que se dice desde potencias internacionales como Estados Unidos o China, entre otras.

Esta reforma está hecha a la medida del velo con el que se pretende tapar toda una serie de violaciones de derechos humanos, de crímenes contra la humanidad y de genocidios que se practican en el planeta. La justicia universal, seriamente recortada desde nuestro punto de vista por el anterior Gobierno, gracias también a presiones internacionales, queda hoy reducida a poco menos que nada, y la modificación legal puede significar el sobreseimiento de la mayor parte de causas que investiga actualmente la justicia española por graves crímenes cometidos en otros países.

En Amaiur hemos señalado en todo momento que en su literalidad la Constitución de los españoles era una Constitución muy avanzada en lo referido a los derechos individuales, a la promoción, al respeto y a la protección de los derechos individuales, y el fallo que tenía —y es el fallo que tiene hoy en día— es que no contemplaba el reconocimiento ni la protección ni el apoyo a los derechos colectivos y, en concreto, al derecho que tiene nuestro país, Euskal Herria, a decidir su propio futuro y su derecho a la autodeterminación. Pero, precisamente, ese ámbito positivo que tenía la Constitución Española, que podemos afirmar que era una Constitución puntera en el ámbito internacional, seguramente por ser de las últimas que se habían aprobado, se ha ido devaluando a lo largo de los años. Ese compromiso con los derechos individuales, ese compromiso con las libertades, lo han ido devaluando los sucesivos Gobiernos del Estado cuando a lo largo de estos años han ido, por ejemplo, promoviendo el cierre de periódicos, dando impunidad cuando no ocultamiento a la tortura y exaltando a los torturadores, y cabe destacar expresamente que recientemente se cumplió el aniversario del asesinato de José Arregui y quien estuvo condenado por esa tortura y ese asesinato, cuando murió fue reconocido con todo tipo de honores policiales. Del mismo modo han ido reduciéndose compromisos con los derechos individuales, con la ilegalización de partidos políticos, con la ley que ahora promueven de seguridad ciudadana, que también es una ley de recortes de libertades individuales.

En suma, podemos afirmar que a lo largo de estos casi cuarenta años los diferentes Gobiernos del Estado han ido devaluando, degradando ese compromiso constitucional con los derechos individuales y ahora lo que hace el Gobierno del Partido Popular con este proyecto de ley es ir hacia la anulación práctica de la justicia universal, un ámbito en el que el Estado va a pasar de estar en cabeza a nivel internacional a estar en la cola, de ser modelo por la persecución de gravísimas violaciones de derechos humanos mediante la aplicación de un principio de justicia universal puro a estar en la cola, de ser modelo a ser algo de lo que avergonzarse. De la devaluación importante que se produjo con la reforma de la Ley del Poder Judicial del año 2009 se ha pasado ahora a su práctica anulación con esta modificación, en la que lo que están haciendo es primar los intereses económicos y comerciales por encima de la dignidad de las personas. Al




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final, priman los intereses y las presiones de Estados Unidos, de China, de Israel, de Marruecos, por encima de los derechos individuales de las personas. Al final, lo que se está realizando con el presente proyecto de ley es promover espacios de impunidad para las vulneraciones de derechos humanos. Y esta reforma propuesta es contraria al derecho a la tutela judicial efectiva, es una reforma claramente inconstitucional, es una reforma que atenta contra el derecho internacional, que va en contra del Convenio de Ginebra, que al final está dando cobertura, entre otros, a genocidios como los del Tíbet, Guatemala, Sáhara o Ruanda. Lo que estamos viendo es que se pretende que con la Audiencia Nacional vaya a la papelera, por ejemplo, el asesinato de José Couso, periodista asesinado en Bagdad en una guerra criminal, genocida, completamente arbitraria y en contra de todo principio legal. Lo mismo ocurre con los crímenes contra la humanidad realizados por Estados Unidos en Afganistán. Igualmente, se pretende barrer y meter debajo de la alfombra realidades como la del asesinato de nuestro paisano, el jesuita vasco Ellacuría, y sus compañeros por el ejército salvadoreño, entrenado, armado y dirigido desde Estados Unidos.

En definitiva, lo que se está haciendo con su texto constitucional por medio de este proyecto de ley y otros ya aprobados es devaluarlo y anularlo en uno de los elementos en los que era ejemplar para el ámbito internacional, que era el compromiso con la defensa activa de los derechos humanos y de las libertades individuales. Por otra parte, no quiero dejar pasar que no se puede afirmar que esta jurisdicción comporte ninguna extralimitación, puesto que la regulación actualmente vigente del Estado y la jurisprudencia configuran la jurisdicción universal como estrictamente subsidiaria; es decir, que no se activa si un tribunal internacional o bien el Estado donde se han cometido estos crímenes o del cual sean nacionales sus responsables proceden, como sería su obligación por otra parte, a investigar y juzgar con garantías estos crímenes.

En definitiva, esta propuesta supone retroceder en las obligaciones internacionales contraídas, ofrece impunidad a los responsables de crímenes internacionales e impide a las víctimas el acceso a la justicia española. Frente a esta propuesta, en Amaiur afirmamos que en materia de derechos humanos no caben excepciones, no se pueden anteponer los intereses económicos y geoestratégicos a los derechos, a la dignidad de las personas, al principio de justicia universal y a los derechos de las víctimas.

Mila esker. Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas gracias, señoría.

Propuesta de veto número 7, de la senadora Almiñana, del senador Boya, del senador Bruguera, del senador Martí, del senador Montilla, del senador Sabaté y de la senadora Sequera, del Grupo de la Entesa.

Tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Señora presidenta, señorías, las razones que motivan la presentación del veto de los senadores y senadoras socialistas catalanes a esta Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, relativa al principio de justicia universal de la jurisdicción española, son razones de forma y razones de fondo. Las razones de forma tienen relación con la absoluta desconsideración del Gobierno y el partido mayoritario en esta Cámara hacia las buenas prácticas legislativas. A lo largo de toda la legislatura venimos viendo cómo mecanismos necesarios, pero previstos en el ordenamiento como excepcionales —los decretos leyes—, se han convertido en el instrumento usual y ordinario de legislar por parte del Gobierno del Partido Popular. Prácticamente no hay Consejo de Ministros semanal donde no se utilice. Se hurta así al Legislativo, y especialmente a esta Cámara, al Senado, de una de sus funciones, que es colegislar. Nunca ningún Gobierno, máxime cuando el actual además dispone de mayoría absoluta, ha usado y abusado tanto de un instrumento como el decreto ley, que está pensado para situaciones excepcionales, repito.

Pero en esta ocasión el Grupo Parlamentario Popular se ha prestado a hacer algo todavía más grave con la tramitación de esta proposición de ley, evitando la fórmula de proyecto de ley y su obligado trámite de consulta a los órganos constitucionales, como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial. Y ello es, desde nuestro punto de vista, un hecho gravísimo, porque estamos delante de una ley orgánica que en este caso incluye modificaciones sustanciales de derechos fundamentales y constitucionales de los ciudadanos que afectan, además, a los derechos humanos. Y, para colmo, calificaron su tramitación con carácter de urgencia y en lectura




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única en el Congreso, una excusa reglamentaria, en definitiva, para reducir considerablemente la oportunidad de un estudio sereno y en detalle de esta iniciativa, reduciendo además el tiempo del debate y la búsqueda posible del consenso político. Aplicar el rodillo pura y simplemente es lo que hace la mayoría de esta Cámara. Ni aceptar la petición de comparecencias que habíamos formulado el resto de grupos parlamentarios. ¿Es que el Grupo Popular tenía miedo de las posibles aportaciones de estas personas? ¿O tiene miedo el Gobierno de lo que hubiesen podido informar el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial? ¿Miedo del debate público que sin ningún género de dudas se produciría? Porque, señorías, ¿alguien nos impone y limita nuestra soberanía? Esa es la pregunta. Lo digo por lo de deprisa, deprisa, porque parece ser que esa es la consigna que tienen el Partido Popular y el Gobierno. No deja en buen lugar este procedimiento al Gobierno de España ni dejará en buen lugar tampoco a la justicia española.

Decía que nos oponemos a esta proposición de ley por razones de forma, pero fundamentalmente nuestras razones son de fondo. Esta modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es un paso atrás evidentísimo en la protección internacional de los derechos humanos y una limitación clarísima a la justicia universal, limitación que comporta su casi desaparición en nuestro país. Desde nuestro punto de vista es obvio que la justicia universal ha de tener unos límites, que la extraterritorialidad ha de tener unos límites. Incluso consideramos que a veces actuaciones justicieras más pensadas en clave mediática que de verdadera protección de los derechos humanos han podido frivolizar y debilitar la jurisdicción universal. Pero ustedes, con la modificación que nos proponen, la convierten en algo vacío, aunque sea acompañada de una supuesta ampliación de supuestos, que en realidad es una excusa, y ustedes lo saben. Saben que esos supuestos, los de la desaparición forzada, los delitos de tortura y contra la integridad moral de los artículos 174 a 177 del Código Penal, ya están contemplados en tratados internacionales que nuestro país ha suscrito.

La primera consecuencia real de la entrada en vigor del texto que nos proponen tiene por objeto el archivo de numerosas causas abiertas. Este es el tema. Porque este es el verdadero objetivo de esta proposición de ley, no nos engañemos. Su aprobación comporta el sobreseimiento de numerosos procedimientos hoy en marcha que aquí han citado otros portavoces, desde la muerte de José Couso, el asesinato de Carmelo Soria, el genocidio de Guatemala con el asalto a la embajada española, el asesinato de Ignacio Ellacuría, el ataque de Israel a la Flotilla de la Libertad, entre otros. Y otros que no mencionaré pero que están en la mente de todos y que tienen que ver con eso que el señor Saura decía, con el dinero, y que han sido determinantes, no nos engañemos, para que el Gobierno y la mayoría parlamentaria que lo apoya decidieran liquidar la jurisdicción universal en nuestro país. Eso es lo que supondrá, entre otras cosas, esta modificación y la disposición transitoria que recoge su propuesta. A partir de ahora, si esta proposición de ley se aprueba, se limitará la posibilidad de aplicación de la justicia universal al establecer requisitos de perseguibilidad que harán imposible proceder contra los autores de estos delitos.

Señorías, a partir de este momento, víctimas de nacionalidad española, víctimas de estos gravísimos delitos quedarán sin protección. Ya no solo será necesario que la víctima sea española y que el presunto autor del delito se encuentre en España, sino que se le exige residencia habitual en el caso de que no tenga la nacionalidad española, además de que se haya producido una denegación de la orden de extradición contra la persona contra la que se quiere proceder; o sea, que pueden quedar impunes aun encontrándose en España.

Señorías, no existe la supuesta ampliación de supuestos sino una constricción hasta convertir la jurisdicción en algo irrelevante. Señorías, ya sabemos que la aplicación del principio de extraterritorialidad y de aplicación de la jurisdicción universal no es fácil, que comporta problemas, especialmente a los Gobiernos de turno, no nos engañemos, pero ello no puede suponer en ninguno caso ni el plegarse a presiones de terceros, y menos renunciar al principio de tutela de los derechos humanos con los cuales todos estamos comprometidos. Es necesario que no desaparezca, sino todo lo contrario, un mensaje a los autores de estos crímenes de que la impunidad no existe, el que no se garantiza la protección de su país y la legislación coyuntural de este, porque cualquier Estado comprometido con la defensa de los derechos humanos puede procesarle.

También se nos ha dicho que ya se hizo una reforma en 2009 referida al mismo tema. No obstante, señorías, la diferencia es que aquella contó con un amplio y heterogéneo apoyo en las




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Cámaras parlamentarias, seguramente también por lo limitado de su alcance ya que, como ustedes recordarán, solo hizo recoger lo que la jurisprudencia venía apuntando: el principio de conexión con un interés general después de la sentencia del 25 de febrero de 2003 respecto al asunto de Guatemala.

Pero, señorías de la mayoría, no es verdad, como afirma la exposición de motivos de su proposición de ley, que la extensión de la jurisdicción española, más allá de los límites territoriales españoles, debe venir legitimada y justificada por la existencia de un tratado internacional que lo prevea y lo autorice y que debe ajustarse a los compromisos derivados de la ratificación por España del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Señorías, el Estatuto de Roma, en el que se habla de las obligaciones de las partes que asumen la competencia de la Corte, es claro a la hora de señalar que los Estados tienen la obligación de ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales.

Señorías, afortunadamente, la Comunidad Internacional concluyó que determinados crímenes, como los crímenes contra la humanidad, el genocidio, la tortura o las desapariciones forzadas, eran delitos de tal magnitud que atentaban contra toda la comunidad internacional y, por tanto, todos los Estados están comprometidos, deben estar comprometidos a investigar, a perseguir y a extraditar a cualquier persona presuntamente autora que se encuentre en su territorio. Y ello es muy relevante, aunque haya habido países muy importantes, como Estados Unidos o China, que ni firmaron el Estatuto de Roma ni la Corte Penal.

Por eso opino que la modificación que supone esta proposición de ley atenta contra los convenios internacionales suscritos por España, entre otros casos, porque la Corte Penal Internacional es complementaria de las jurisdicciones penales nacionales pero no las anula, como muy acertadamente señala la doctrina, y entre otros también un informe del ilustre Colegio de Abogados de Madrid elaborado sobre esta reforma legislativa que ustedes nos proponen y que antes he comentado con un senador de esta Cámara.

Porque, señorías, lo que conviene en este debate es no confundir la defensa que pueden hacer algunos de su pretendida soberanía —que no está en cuestión— con el encubrimiento en el fondo de una impunidad. Porque de eso estamos hablando, de impunidad, de la impunidad en la que se pueden instalar actores de delitos gravísimos. Soberanía y dignidad son valores y principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo y el ejercicio a través de los cuales se sustentan reglas, a menudo contrapuestas, cuyo acomodo resulta en ocasiones extremadamente difícil, y somos conscientes de ello. Por eso, señorías, el recurso de mecanismos descentralizados, como son precisamente las jurisdicciones nacionales —la española, en este caso—, para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales que aspiran a tutelar intereses esenciales comunes —y, entre ellos, los relativos a la suspensión de la barbarie— está justificado y es legítimo en determinadas condiciones, y renunciar a ello sería en muchos casos dejar que las normas fundamentales quedasen reducidas a la letra muerta. Seguro que todos compartiremos que lo mejor sería que se profundizase en el proceso de institucionalización de la justicia penal internacional que representa la Corte Penal Internacional, no para suplantarnos en la represión de estos delitos, sino para que la lucha contra la impunidad se desarrolle con más garantías desde instancias inequívocamente representativas de la comunidad internacional.

Ahora bien, mientras ello no sea así, la jurisdicción universal sigue siendo imprescindible para combatir la impunidad de los responsables de las más graves atrocidades desde las instancias en este caso nacionales. No nos batamos en retirada, señorías, porque eso es lo que comporta la modificación legislativa que ustedes nos proponen. Reconozco que la regulación actual puede provocar situaciones políticas incómodas al Gobierno, pero solo con una firme defensa de la dignidad y de los derechos humanos, haciendo cuando menos difícil la impunidad de los criminales, lograremos más seguridad, más justicia y más respeto a la vida humana en nuestro tiempo.

Por estas y otras razones, les pedimos el voto favorable a nuestro veto.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.




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El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias.

Buenas tardes, señorías. Vayan mis primeras palabras para la señora presidenta, porque todas sus señorías saben que nos encontramos en un proceso de reflexión sobre la reforma de las funciones del Senado, en uno de los textos legislativos más importantes, si no el más importante, que estamos viendo en esta legislatura, y ver esta fotografía genera, cuando menos, sorpresa y tristeza. En ese sentido, quisiera invitar a la presidenta a que al menos recoja el parecer de todos los portavoces que han intervenido desde esta tribuna y han trasladado el mismo sentir, para que se aborde una situación que para la ciudadanía verdaderamente es incomprensible.

Y refiriéndome al tema que hoy nos ocupa, quisiera decir que justamente hoy se cumplen cincuenta y seis años de la desaparición del primer político por razones evidentemente políticas. Como ustedes recordarán, se trata del vasco Jesús de Galíndez, quien desapareció un día como hoy hace cincuenta y seis años. Era miembro del Partido Nacionalista Vasco y delegado vasco en el exilio en Nueva York, y fue secuestrado y asesinado por Trujillo, con la connivencia del Gobierno de Estados Unidos. Quisiera que el debate de hoy y estas palabras y todas estas intenciones que estamos poniendo sobre la mesa las dirigiéramos tanto a él como a todas las víctimas de genocidas, terroristas, torturadores, es decir, a todas aquellas víctimas que hasta hoy podrían haber tenido una pequeña esperanza de encontrar un poco de consuelo en un futuro. Solo les voy a pedir dos condiciones para que lo hagamos así: una es utilizar rigor en el debate y, otra, que se responda a las preguntas y a las dudas que aquí se están planteando. En este sentido, poco haríamos si a todo este mensaje, a todas las reflexiones que se están lanzando no enfrentáramos nuestras propias reflexiones, nuestras reflexiones diferentes para entender qué es lo que lleva al Partido Popular a ir en contra de todo aquello que se aceptaba hasta ahora.

Hoy, hace un mes también, el 12 de febrero de hace treinta y ocho años, fueron secuestrados una serie de miembros de una misma familia en el Sáhara. Repito, fueron secuestrados en febrero de 1976, e imagínense lo que sus familias sintieron: miedo, nostalgia, temor. Estos familiares no supieron nada, al menos de manera fehaciente, hasta el año pasado en el que, como ustedes recordarán, se culminó una investigación realizada por la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Todos habían muerto por acción de arma de fuego, pero había un testigo y, dado que existía una causa abierta en la Audiencia Nacional, se pidió la comparecencia de ese único testigo. Pues bien, señorías, el principio universal hace tiempo que en el Estado español no se lleva adelante, aunque la legislación diga otra cosa, porque no sé si sabrán que el Gobierno español denegó el visado para que dicho testigo pudiera comparecer a declarar; es decir, tal y como he dicho, el principio de jurisdicción universal hace tiempo que se está cuestionando. Así, no hay más que recordar los papeles de Wikileaks o todo lo que se publicó sobre el caso de José Couso y la relación del Gobierno con Estados Unidos.

Tampoco olvidemos que el Estado español es el segundo país del mundo en desapariciones. Todavía hay más de cien mil personas que están en cunetas, a la espera de que un Gobierno decente quiera conocer la verdad, la quiera reconocer, la quiera reparar y quiera aplicar la justicia.

El contexto de este debate de jurisdicción universal se enmarca en un ámbito y una voluntad de la comunidad internacional cuando en 1945, al final de la segunda guerra mundial, los horrores de Auschwitz, Mauthausen, etcétera, provocaron que esta asumiera la necesidad de regular penalmente diversas conductas delictivas que a partir de entonces se conocieron como crímenes contra la humanidad. Se consideró que la ofensa que producían determinados comportamientos aberrantes no es que ofendieran solo a las personas que los padecían sino que, además, debían afectar a todo el mundo, a todas las personas, a todos los ciudadanos y no únicamente a los países que pudieran estar directamente implicados, sino a todos los países del mundo, a la humanidad.

En ese contexto, la eliminación sistemática y ordenada de determinados sectores de población fue tipificada como genocidio, perseguible con independencia del tiempo y del lugar de su comisión, que es cuando se establece, evidentemente, el concepto de jurisdicción universal, en virtud del cual todos los Estados están obligados a perseguir los crímenes de lesa humanidad y a posibilitar su persecución por los demás.

Los crímenes que ofenden a toda la comunidad internacional deben ser perseguidos por toda la comunidad internacional y no puede haber excepciones, porque la impunidad es un insulto a todas las conciencias democráticas y a todas las víctimas, y más en unas fechas como las que




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estamos viviendo. Porque cada vez que los crímenes quedan sin castigo se posibilita que hechos como estos se vuelvan a repetir. La violación de los derechos humanos no es una cuestión de derecho interno sino un problema internacional, pues, evidentemente, se ve afectado el orden internacional.

Los senadores y senadoras que me han precedido en el uso de la palabra han hablado mucho también del procedimiento. En comisión la senadora Franco reconocía además que este era un tema importante. Creo que nadie duda de que el tema que hoy estamos discutiendo es un tema muy muy importante. Entonces, ¿cómo es posible que en un tema tan básico, tan inmerso en los derechos humanos, se propicie un debate a hurtadillas, a escondidas, a oscuras, sin mirarnos a los ojos, sin querer debatir, sin querer escuchar a gente que piensa de forma diferente, sin querer responder a todo lo que cantidad de víctimas han sufrido, están sufriendo y van a sufrir? Es evidente que sobre todo con el procedimiento seguido en el Congreso y también en el Senado hay una clara degradación del Estado de derecho. Todos conocemos las razones por las que el Grupo Popular ha tramitado este texto como proposición de ley, todos las conocemos, pero, evidentemente, eso es algo que el grupo mayoritario debería explicar a esta Cámara.

En el preámbulo del Estatuto de Roma, que, como saben ustedes, está en vigor desde el 1 de julio de 2002, se dice que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo, y a tal fin hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia, recordando que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales con el propósito de poner fin a la impunidad de sus autores.

Y en el tiempo que me queda quiero lanzarles unas preguntas e invitarles a que en los turnos que vayan a utilizar a continuación las respondan.

Senadora Franco, senador Altava, como portavoces del Grupo Parlamentario Popular, ¿por qué han utilizado el trámite de proposición de ley? ¿Por qué?

Siguiente pregunta. Eliminando el principio de justicia universal ¿quedan importantes lagunas de impunidad en materia de persecución y castigo de los crímenes más graves? ¿Sí o no? ¿Hay mayor impunidad con o sin justicia universal?

¿Qué les van a contar a las víctimas cuando vean apagadas sus esperanzas de verse reconfortadas? ¿Qué les van a decir? ¿Qué les van a decir a los familiares de José Couso, qué les van a decir a los familiares de Ignacio Ellacuría, o qué les van a decir a colectivos como el de los periodistas, que como consecuencia de lo que están adoptando no van a ir protegidos a cubrir noticias, por ejemplo, a Siria? ¿No se está promoviendo que haya una justicia que no ampara a los periodistas, es decir, que los periodistas vayan desprotegidos, lo que quiere decir que tenemos una sociedad mucho más vulnerable porque no pueden realizar la función que tienen que hacer porque ustedes no les están protegiendo?

¿Por qué el principio de justicia universal sí se va a utilizar para aquel que falsifique un puñado de billetes de cinco euros o aquel que falsifique la firma de un ministro o aquel que atente contra una autoridad? ¿Por qué sí para el que falsifica unos billetes, sí para el que falsifique la firma de un ministro, y no para el que mata a un cámara, el que mata a un sacerdote o el que mata a millones de tibetanos? ¿Por qué sí se aplica el principio de justifica universal por la falsificación de una firma y por qué no se hace si alguien ha sido asesinado?

Hablan de la inutilidad de la jurisdicción universal. Así se trasladó en comisión. La pregunta sería, ¿solo el caso Scilingo, que es el que pusieron como ejemplo, no lo justifica? ¿Solo ese caso? ¿Solo el caso Pinochet y sus consecuencias no lo justifican? Porque en el 1998 toda la ciudadanía supo y tuvo claro qué es el concepto de jurisdicción universal. ¿No merece solo una vida, la de cualquier persona, que sigamos trabajando con el principio de jurisdicción universal, aun reconociendo que tiene sus errores, sus fallas, y que hay que mejorarlo?

Termino, señora presidenta, con lo que planteaba José Antonio Martín Pallín en las últimas jornadas que tuvieron lugar en el Congreso de los Diputados. Él hacía la siguiente pregunta: ¿Quién teme la jurisdicción universal? ¿Quién la teme? ¿Los genocidas? ¿Los terroristas? ¿Los torturadores? ¿Y por qué les da miedo a ustedes?

Gracias. (Aplausos).




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La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidenta. ¡Qué gusto decirlo así! Buenas tardes, señorías.

Empiezo por el primer razonamiento que han hecho todos los portavoces. Los compañeros y compañeras del Grupo Socialista pueden dar fe de que en mi grupo siempre he manifestado, en público y a la dirección, que me parece que al mediodía todo el mundo entiende que se pare el Pleno para que la gente almuerce —puede ser de dos y media a tres y media o de tres a cuatro, como todo el mundo—. Estas fórmulas estajanovistas, ¿a quién le convienen? A quien quiere hurtar el debate, claro. A quien quiere hurtar el debate le conviene este tipo de fórmula. Por eso, de nuevo mi reclamo a la mayoría de la Mesa de la Cámara para que al mediodía se interrumpa y luego reanudemos el debate.

Segunda cuestión. Asumo lo que han dicho todos y todas, sin excepción, en torno al procedimiento. Yo he escuchado aquí audiciones relativas a asuntos simpáticos, interesantes, y en alguna ocasión hasta extravagantes, y escucho porque nada del ser humano me es ajeno. Pero siempre me asombra lo que podríamos denominar la deriva autoritaria en la que está el complejo llamado mayoría-Gobierno-Administración.

Esa deriva autoritaria tiene diversas manifestaciones en procedimientos y en contenidos. En procedimientos, una prueba de esa deriva autoritaria es el acuerdo de la Mesa de la Comisión de Justicia del pasado martes, no ayer sino el martes de la semana pasada. Ha sido tradición en esta Cámara que la Mesa de la Comisión de Justicia siempre haya aprobado todas las peticiones de comparecencia de todos los grupos, sin excepción, fuese cual fuese la autoridad del Estado a la que se reclamara. Siempre ha sido así; y luego el presidente de la comisión gestionaba con esa autoridad que viniese cuando le conviniese según su agenda. Siempre. Pero se rompe esa tradición y se impone de forma autoritaria, venciendo, que no convenciendo un ápice —en ese momento el presidente de la comisión asumía la función de portavoz por la ausencia de este—, al decir que por razones políticas no se quiere que comparezca el ministro para hablar de la última moción debatida aquí, de ese proyecto de supresión del derecho a la libre maternidad y de esa imposición de una reproducción imperativa, de una gestación obligatoria. O sea, por razones políticas no quieren que comparezca. E incluso cuando se plantea abordar esta otra materia en la que estamos trabajando esta tarde tampoco quieren que comparezca por razones políticas. Una buena manera de dignificar y prestigiar la política: usarla como instrumento autoritario para que no venga un miembro del Gobierno a explicar aquí a los representantes de la soberanía cuáles son sus criterios.

Yo he de manifestarle lealmente al Grupo Popular que ayer fui a hablar con el ministro y le dije: Ministro, ¿tú has dado órdenes a tu grupo porque no quieres venir al Senado? No, en absoluto. No he dado para nada esa instrucción. Pues revísalo, porque tu grupo no quiere que aparezcas; no sé si tiene miedo a la palabra, a que comparezcas, o te da por amortizado o es que siente pánico de que vengas a la Comisión de Justicia. Y me dijo que en absoluto era eso y que comparecería en la Comisión de Justicia siempre que lo pidiera. Ya veremos en las próximas semanas si es un criterio del grupo o del ministro; la práctica será la mejor prueba del algodón.

En cuanto a este procedimiento en concreto, se dirá: el Grupo Parlamentario Socialista lo ha usado en ocasiones. Sí, es verdad. Pero ¿con qué cobertura parlamentaria? ¿Ha aprobado algo solo el Grupo Parlamentario Socialista? No. Lo hizo con la cobertura parlamentaria de la mayoría de la Cámara, porque la reforma del 2009 tuvo la cobertura parlamentaria de CiU, PNV y Partido Popular. Y fíjense si la propuesta que se hizo en el 2009 era mala y laminaba, liquidaba y finiquitaba tanto la jurisdicción universal, que hoy estamos hablando de ella. De haberla liquidado en el 2009, ¿qué estaríamos haciendo aquí? ¿Hablar de alucinaciones visuales y auditivas? ¿De problemas espacio-temporales? No. Lo que hicimos en el 2009 fue otra cosa distinta: era la Ley Orgánica del Poder Judicial y las reformas procesales para desarrollar la oficina judicial. Y lo que se planteó fue poner límites. Y no tengo ningún inconveniente en decir, porque fui ponente de esa reforma, que la expresión límites significa definir. Definir es limitar, limitar es definir. Y cierto es que en ese momento, con la regulación del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, desde el año 1985, con esa ley orgánica, ya era derecho positivo interno, no un principio general del




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derecho. Repito: derecho positivo interno. Pero los cuatro convenios de Ginebra de 1949 y sus cuatro protocolos se incorporaron al ordenamiento interno desde el año 1952. También era derecho positivo. Y una cosa es la utilización que hizo la dictadura militar del general Francisco Franco Bahamonde, y otra el criterio que tiene un régimen democrático o una Constitución democrática. Pero insisto en que ya era derecho positivo.

¿Qué se hizo en aquel momento? Plantearse que en la realidad de nuestro país y con nuestras potencialidades, limitaciones, fortalezas y debilidades, que dice el clásico, no podíamos tener sobre la nuca, sobre el cogote, como un moderno Atlas, a todo el mundo mundial. La expresión universal me parece excesiva por aquello de las ochenta y ocho constelaciones. No llegamos a tanto, ¿no? No podíamos tener tanto, y lo limitamos en el siguiente sentido, en el de un asunto que afectase a las siguientes figuras delictivas —y esta vez sí leo, porque quiero ser preciso—: genocidio; crímenes de lesa humanidad; terrorismo; piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves; delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores e incapaces; tráfico de drogas; tráfico ilegal e inmigración clandestina de personas, sean o no trabajadores; mutilación genital femenina, siempre que los responsables se encuentren en España; y cualquier otro que, según los tratados y convenios internacionales, y en particular los convenios de derecho internacional humanitario y de protección de los derechos humanos, deba ser perseguido en España.

La idea es conectar esto con el país. En la tarde de hoy no se está discutiendo cuál es el concepto de jurisdicción universal. Cualquier hecho delictivo que esté dentro de las fronteras de España no es objeto de debate. Estamos discutiendo hechos delictivos fuera de España. Y si el responsable, el sujeto activo, está en España, ¿qué quiere ahora el Partido Popular? Pues le pide residencia habitual. No le pide que pase por aquí, porque si pasa en un avión, pero no tiene residencia habitual, se libra. En la reforma de 2009 no se pide la residencia habitual, ni ninguna condición de vecindad, ni que la extradición haya sido denegada; tan solo que esté el sujeto activo del hecho delictivo, o la posibilidad de que ese hecho delictivo cometido fuera afectase a un español. Y si no se dan esas dos expresiones, que haya una conexión relevante con España de alguna naturaleza, como vínculos históricos o vínculos culturales, en el caso, por ejemplo, de Latinoamérica, que ya prevé la propia Constitución y nuestro ordenamiento a la hora de acceder a la nacionalidad española.

¿Qué ha supuesto esa reforma? Que hoy siguen abiertas un conjunto de causas, hasta doce causas, que cada uno de los oradores han ido desgranando. Y a mí me llama especialmente la atención el caso de Guatemala, porque ha supuesto una creación importante en la lucha contra la violencia de género. Hay un auto del juez de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional, don Santiago Pedraz, de 26 de julio de 2011, sobre esta materia por los crímenes por violencia de género, el feminicidio que se dio en Guatemala contra mujeres y niñas, y que excluía a las mujeres que no estaban en edad fértil. ¿Y por qué solo contra las mujeres en edad fértil o que podían llegar a estarlo? Porque se trataba de extirpar a esas comunidades indígenas, de impedirles la reproducción para garantizar que no iban a tener ningún futuro porque los liquidaban desde un punto de vista físico y no podían tener más hijos. Pues bien, ese auto establece que esa violencia de género suponía un genocidio hacia esa comunidad indígena. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Este asunto tuvo otra cobertura técnica en la sentencia de 2003 y luego en una sentencia del Tribunal Constitucional de 2005. Y destaco particularmente esta sentencia —las demás también me parecen muy relevantes, y apelo a la explicación minuciosa y emotiva que se ha hecho aquí esta tarde en torno a su contenido—, lo destaco, digo, porque este fue un asunto que se presentó en el año 1999 por la Premio Nobel de la Paz, doña Rigoberta Menchú, que, como todo el mundo sabe, es una roja desalmada. Y doña Rigoberta Menchú, junto con otras ONG, presentó esta demanda. ¿Por qué razón? Porque los tribunales nacionales no lo abordaban. Esto afectaba al dictador en aquel momento y a ocho militares más acusados de genocidio y de tortura y terrorismo contra estas comunidades indígenas. Esto es especialmente relevante, porque lo que se aborda con la jurisdicción universal son los supuestos que no se abordan por el Poder Judicial, por los tribunales nacionales de esos Estados porque no pueden hacerlo, porque no quieren hacerlo o porque el propio Estado se niega a plantearlo.

Así pues, hay dos errores conceptuales que han desarrollado ustedes el otro día en la Comisión de Justicia. Un primer error conceptual es la naturaleza jurídica de la jurisdicción




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universal, al concebirla como un valor ético, como un principio general del derecho, en lugar de reconocer que eso es derecho positivo, imperativo —puro ius cogens, que diría el cursi—, y que es algo obligatorio para los Estados. Y añado algo más: no lo es solo desde el año 1985; les preciso que lo es desde 1949, por los artículos 49, 50, 129 y 146 de los cuatro convenios de Ginebra, que establecen: Cada una de las partes contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido u ordenado cometer cualquiera de las infracciones graves y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad —subrayo: sea cual fuere su nacionalidad—. Podrá también, si lo prefiere, y según las disposiciones previstas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por otra parte contratante interesada si esta ha formulado contra ella cargos suficientes.

Esto en España está desde el 4 de agosto de 1952, que fue el momento en que se ratificó y entró a formar parte del ordenamiento jurídico interno.

¿Qué es lo que trato de decirles? Que esto no es un valor ético. Nadie discute que un contrato de compraventa o de arrendamiento sea un valor ético. Es un contrato civil, y se cumple. Y esto ¿qué es? Es un acuerdo que el Estado ha firmado, que ha ratificado y que forma parte de su ordenamiento interno. Es derecho positivo y se tiene que respetar. Y la diferencia entre una norma de urbanidad, una norma cultural y una norma jurídica es que en la norma jurídica hay un aparato coactivo del Estado para hacerla respetar, para hacerla cumplir. Luego desde el año 1949 teníamos esa obligación, y específicamente, por el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, desde el año 1985.

No es un principio general del derecho, es derecho imperativo, es derecho positivo, y se tiene que hacer respetar. Y hay que juzgar y ejecutar lo juzgado de acuerdo con el respeto a este ordenamiento jurídico, y todo él es exigible ante los tribunales sin plantear que unas partes sí y otras partes no. Esto es derecho imperativo, es derecho positivo, y se tiene que cumplir y hacer respetar.

Y el segundo error que comenten —ya no solo lo del valor ético, lo del principio general del derecho— es aquella expresión —está en el acta— de: No tenemos que meternos donde nadie nos llama. Es el viejo concepto de la soberanía, el viejo concepto de: Lo mío es lo que tiene que ver con lo que está dentro de España; lo que tiene que ver con el ser humano y está fuera de España no es asunto de mi incumbencia. Ese es un planteamiento tan antiguo como el del nacimiento del Estado en los albores del medievo, porque ahora, en términos de delitos transfronterizos o en términos de derecho penal internacional, tanto en unos casos como en otros se impone la colaboración; en el caso de los delitos transfronterizos, la colaboración entre los Estados para ser efectivos en la lucha contra tales delitos, y en el caso del derecho penal internacional, si no se trabaja conjuntamente con unidades centrales de investigación —unidades centrales policiales o unidades centrales de instrucción— es imposible acometerlo.

Por esa razón se plantea: ¿cuáles son las figuras delictivas que entran en el concepto de jurisdicción universal que antes he leído? ¿Cuáles de ellas? ¿Todo el Código Penal? No, solo los delitos más graves, solo la vulneración de los bienes jurídicos más primarios del ser humano y el reproche penal que lleva consigo, la constitución en negativo que lleva consigo, solo esos delitos son los que entran en el concepto…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor DÍAZ TEJERA: Voy acabando, señor presidente.

Decía que solo esos delitos son los que entran en el concepto de jurisdicción universal. Entonces, es tan repugnante la comisión de estos hechos que no cabe argüir asunto alguno relativo a la frontera o a la nacionalidad o dónde aconteció, sino que toda la comunidad internacional está concernida para ir en su persecución. Y el error conceptual que ustedes tienen es que dicen que no, que los tribunales nacionales son complementarios o subsidiarios de la Corte Penal Internacional, cuando es exactamente al revés: es la Corte Penal Internacional la que es complementaria de los tribunales nacionales. Cuando acontece un hecho de estos que afecta a un español o cuando ese responsable pasa por España y está aquí, eso obliga a los tribunales españoles a intervenir, de ahí la tristeza de que también se carguen la acción popular del artículo 125…

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.




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El señor DÍAZ TEJERA: ¿Por qué? Porque estas causas —acabo ya, señor presidente—, todas estas causas que han estado aquí desgranándose esta tarde, no estarían si no fuera por la sociedad civil, que le dio una gran lección al ministerio fiscal e interpuso este conjunto de acciones y de querellas. Si no hubiese sido por ellos no estaríamos aquí debatiendo tanto casos concretos como han desgranado mis compañeros en la tarde de hoy.

Nada más, presidente, y gracias por su benevolencia. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz Tejera.

Turno en contra.

Senadora Franco, tiene la palabra.

La señora FRANCO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Quisiera comenzar haciendo también una petición al señor presidente, la misma que le hizo el senador Bildarratz a la vicepresidenta, que antes presidía la sesión: que se considere el hecho de que se llegue a debatir una proposición de ley tan importante como esta a una hora en la que prácticamente hemos estado exclusivamente los ponentes en el hemiciclo. Pero, por supuesto, lo que quiero rechazar es lo que ha dicho el senador Díaz Tejera en el sentido de que queríamos evitar el debate. Mire, evitaríamos el debate si no estuviera el senador Altava y si no estuviera la persona que está ahora en la tribuna. Evitaríamos el debate si las puertas estuviesen cerradas. Y creo que no era el caso.

Señorías, es verdad que hoy vamos a debatir sobre una cuestión que tiene mucha transcendencia, sobre una cuestión que es controvertida. Y de verdad espero poder asumir este debate con la seriedad y sensibilidad que creo que requiere esta materia.

Sus señorías han señalado en los vetos que con esta reforma lo que pretendemos es precisamente eliminar, liquidar la justicia universal de nuestro ordenamiento jurídico, que queremos acabar con ella; prácticamente que queremos garantizar la impunidad de los torturadores, de los genocidas, de los asesinos. Y, señorías, entre justicia e impunidad, yo les puedo asegurar que nuestro grupo está con la justicia, que ha estado siempre con la justicia y que va a seguir estando con la justicia. Que va a estar con las víctimas. Y, por supuesto, que va a estar en contra de todos estos delitos contra la humanidad, que son delitos gravísimos y ante los que solo cabe el reproche.

Quiero señalarles, además, que en España, en este país, nuestro territorio jamás será un refugio para los responsables de tales crímenes. Y que el objetivo de nuestra reforma no es para nada liquidar la justicia universal, no es acabar con la justicia universal, sino articular la extensión o la amplitud del principio de justicia universal de acuerdo con lo que dispone el derecho internacional público, que con carácter mayoritario siempre establece criterios o nexos de conexión que son presupuestos necesarios para el ejercicio de la jurisdicción universal.

A este respecto, voy a comenzar esta intervención leyéndoles una resolución aprobada por la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, de diciembre de 1995, que habla precisamente de los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. En el apartado 4 habla de la obligación de cada Estado de investigar esos delitos que se cometen en su territorio por sus nacionales. Y en el siguiente apartado dice: Con tal fin, cuando así lo disponga un tratado aplicable o lo exija otra obligación jurídica internacional, los Estados incorporarán o aplicarán de otro modo dentro de su derecho interno las disposiciones apropiadas relativas a la jurisdicción universal. Es decir, esta resolución está haciendo referencia a que ese principio de jurisdicción universal debe ejercitarse en el marco de lo dispuesto en un tratado internacional o una resolución internacional, que es precisamente el objetivo que persigue esta reforma.

Sus señorías han expuesto las diferentes razones que justifican sus vetos. A continuación voy a responder a ellas. Y me gustaría terminar hablando, aunque solo fuese brevemente, de los objetivos que persigue esta reforma. Todas sus señorías han cuestionado los aspectos formales, el procedimiento, cómo se ha llevado a cabo. Han hablado de fraude de ley, de tramitación fraudulenta, de que hemos presentado una proposición de ley con el fin de evitar que dictaminasen sobre ella los principales órganos consultivos del Estado. Bien, pues yo les pregunto: ¿es que la proposición de ley no es una vía para ejercitar la iniciativa legislativa, de acuerdo con lo dispuesto en nuestra Constitución y en el resto de la regulación? Es una vía perfectamente legal, lo mismo




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que el establecer una tramitación de urgencia. Y, desde luego, lo que me llama la atención es precisamente la postura del Grupo Socialista y lo manifestado tanto por el senador Montilla como por el senador Díaz Tejera, porque no sé si recuerdan ustedes cuántas proposiciones de ley presentaron en la anterior legislatura. Fueron trece proposiciones de ley. (El señor Díaz Tejera: Trece). Sí señor, trece. Y espero que recuerden también cómo llevaron a cabo la reforma del artículo 23, en el año 2009. Porque no fue a través de un proyecto de ley, con todos los informes consultivos; ni tampoco fue a través de una proposición de ley con un debate específico dedicado a la justicia universal (Aplausos). Fue a través de una enmienda que se introdujo haciendo una operación que yo creo que es bastante acrobática en términos de técnica legislativa —y posiblemente el Tribunal Constitucional pensase algo parecido—: se introdujo en una ley orgánica, complementaria de la ley que implantaba la oficina judicial. Y a mi juicio la justicia universal tiene poquita poquita relación con la implantación de una oficina judicial. Ese es mi criterio.

Entonces, sus señorías no tenían voluntad de esconder absolutamente nada, el debate estaba abierto y ¿nosotros sí tenemos voluntad de esconder algo? Estamos debatiendo en este momento una proposición de ley que a su vez va a tener un debate íntegro dedicado a la cuestión de la justicia universal que, vuelvo a decir, es una cuestión muy importante, y hoy abordamos cómo se va a configurar la reforma de su extensión en nuestro ordenamiento jurídico.

En segundo lugar, sus señorías también han hecho referencia a que esta reforma que hoy traemos a la Cámara es contraria al derecho internacional público y a los tratados internacionales —sus señorías han citado diferentes tratados internacionales—, y a este argumento les tengo que decir también que no, por dos razones: la primera por el principio de jerarquía normativa, porque de acuerdo con nuestra Constitución los tratados internacionales tienen supremacía sobre cualquier ley orgánica u ordinaria, con lo cual, en el supuesto de un conflicto entre una ley orgánica como esta y un tratado internacional, siempre va a tener preeminencia los dispuesto en el tratado internacional. La segunda porque, de verdad, la normativa que contiene esta proposición de ley se ha redactado en coherencia con lo dispuesto en los tratados internacionales y respetando escrupulosamente los tratados internacionales que existen en esta materia.

A este respecto, además, tengo que decirles que los tratados internacionales que han citado no fijan un criterio de atribución jurisdiccional basado exclusivamente en el principio de universalidad, siempre establecen nexos de conexión, ya sea la territorialidad, ya sea la nacionalidad activa o pasiva, o criterios mixtos. Ni siquiera aquellos tratados que son más próximos al criterio universal como, por ejemplo, el Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo —y así le respondo al senador Iglesias Fernández—, aunque dicho tratado es el que se acercaría un poquito más a ese criterio universal y, aun así, establece un nexo de conexión, que es precisamente que el autor se encuentre en el territorio del Estado en cuestión. Como le estaba diciendo, ninguno de los tratados internacionales recoge este principio de jurisdicción universal en el sentido más amplio del término. Esto no es algo que diga yo, les voy a citar precisamente a una juez de la Corte Penal Internacional, una juez holandesa, que es Christine Van den Wyngaert, quien dijo que no existía ninguna definición generalmente aceptada de la jurisdicción universal convencional o consuetudinaria en el derecho internacional. Les voy a citar también —imagino que al Grupo Socialista le resultará conocido— a Enrique Bacigalupo, que decía que la comunidad internacional no se orienta según el principio universal —frente al que siempre se ha mostrado extraordinariamente reticente—, sino al establecimiento de un tribunal internacional de jurisdicción global y que, aunque es cierto que de la pretensión de la universalidad de los derechos humanos se puede deducir lógicamente la posibilidad de su defensa universal, esta defensa universal no tiene necesariamente una única forma de realización, y es evidente que entre dejar librada la cuestión a las decisiones individuales de cada Estado y la respuesta ordinaria y centralizada de un tribunal internacional, la comunidad internacional prefiere esta última solución frente al principio universal. Yo simplemente se lo cito. Saquen ustedes sus propias consecuencias.

Como les estaba diciendo, nuestro criterio es que es necesario que la extensión del principio de jurisdicción universal en nuestro ordenamiento jurídico se adapte o se armonice con lo dispuesto en los tratados internacionales y esto, señorías, no es algo muy distinto a lo que han hecho en los países de nuestro entorno, porque tanto Bélgica como Alemania, Francia, Italia u Holanda han ido estableciendo limitaciones al principio de jurisdicción universal. Y precisamente en esta senda se instaura o se inscribe esta reforma.




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A la pregunta de por qué, la respuesta es, a nuestro juicio, precisamente, que la jurisdicción universal supone una extensión de la jurisdicción nacional a delitos cometidos fuera del territorio nacional, es cierto, fuera del ámbito de la soberanía de nuestro Estado, en el ámbito de la soberanía de otro Estado y que, por esa razón, debe tener un carácter excepcional, y solo cabe atribuirse esa jurisdicción ampliada cuando existe un marco habilitador que viene establecido en un tratado o en un convenio internacional. Lo contrario supondría, señorías, convertir a nuestros juzgados y tribunales y, singularmente, a nuestra Audiencia Nacional en una corte penal internacional, pero una corte penal internacional que no necesitaría ni reconocimientos, ni adhesiones, como requiere la Corte Penal Internacional creada en 1998 —lo cual no deja de ser una paradoja—, y se convertiría en una corte penal internacional que tampoco tendría ni los medios ni la legitimidad que tiene la Corte Penal Internacional, que tiene reconocido en el Estatuto de Roma personalidad jurídica internacional porque todos los Estados tienen la obligación de colaborar con la Corte Penal Internacional.

En segundo lugar, también han señalado sus señorías que esta reforma viene a vulnerar lo dispuesto en la Constitución Española. Algún senador ha afirmado que esta reforma tiene prácticamente el mismo fundamento que tenía la del Partido Socialista en el año 2009, un fundamento muy similar al de la doctrina que sentó el Tribunal Supremo en una sentencia de 2003, en el caso del genocidio de Guatemala, que venía a exigir la existencia de determinados nexos de conexión para que pudiesen actuar los órganos jurisdiccionales. Al hilo de esto me gustaría preguntarles si de verdad sus señorías creen también que el Tribunal Supremo en el año 2003, al dictar esta doctrina señalando que es necesario un criterio de conexión y estableciendo limitaciones al principio de jurisdicción universal, también actuó por intereses económicos o por presiones de países extranjeros, porque yo creo que más bien pesarían criterios de legalidad o de seguridad jurídica, pero desde luego no las presiones de un país extranjero para sentar esa doctrina.

Muchos de ustedes han hecho referencia a la Sentencia del Tribunal Constitucional 237/2005, que es verdad que anuló la doctrina de esta sentencia del Tribunal Supremo del año 2003. Al respecto les quisiera decir, y ya se lo comenté en comisión, que la sentencia del Tribunal Constitucional hizo una interpretación del artículo 23, entonces vigente, de la Ley de 1985 que no establecía límite alguno. Hizo una interpretación apegada al sentido literal de ese precepto y a la voluntad del legislador de 1985. Una voluntad que cambió en 2009 y que cambiará si hoy aprobamos esta proposición de ley. Por tanto, yo albergo dudas muy razonables sobre que nuestra reforma se pueda considerar contraria al derecho a la tutela judicial efectiva en base a esta sentencia del año 2005, entre otras cosas porque el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho de configuración legal. Son las leyes las que lo determinan, es un derecho de prestación y es la ley la que determina su contenido. Con esto creo haber respondido así al menos a las principales razones que sus señorías han alegado en los vetos para oponerse a nuestra reforma.

Y me gustaría hacer una referencia precisamente a cuáles son los objetivos de la reforma contenida en la proposición de ley que hoy hemos traído a la Cámara. Varias de sus señorías han cuestionado que esta ley amplíe afirmando que solamente limita. Señorías, es inobjetable que la ley amplía las posibilidades de actuación de nuestros juzgados y tribunales más allá del territorio de nuestro país cuando se está ampliando la lista de delitos que son perseguibles más allá de nuestras fronteras, porque se añaden delitos nuevos, algunos como la tortura y los delitos contra la integridad moral ya estaban previstos en los tratados internacionales —es cierto—, pero no lo estaban en el tenor literal del precepto actualmente en vigor, o los delitos contra los bienes y personas protegidos en casos de conflicto armado, o los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de los menores, o los delitos contra la mujer, o los delitos de corrupción en las transacciones internacionales, por citar algunos ejemplos.

El segundo objetivo de la reforma es precisar los criterios de una manera muy casuística, no exenta de complejidad, pero que van a habilitar a los tribunales a perseguir esos delitos concretos. Les tengo que decir de nuevo que precisamente en la fijación de esos criterios lo que ha pesado es el principio de legalidad internacional y, por supuesto, también la idea de reforzar la seguridad jurídica. Aquí sí voy a responder a una cuestión a la que hoy no se ha aludido, pero que sí se señaló en la Comisión de Justicia. Se dijo que legislábamos ad hoc para poder archivar las causas pendientes. Señoría, eso me parece excesivo y, desde luego, no me parece admisible. Se ha legislado teniendo en cuenta, como le he dicho, el principio de legalidad internacional y lo dispuesto




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en los tratados que regulan cada uno de los delitos contra la humanidad. Los requisitos establecidos se han delimitado precisamente en coherencia con estos tratados y con el derecho internacional público.

El tercer gran objetivo al que me gustaría hacer referencia, porque es verdad que he escuchado que existe cierta controversia al respecto, es precisamente la clara delimitación del principio de subsidiariedad que establece el apartado 5 del artículo 23. Es mi interpretación y, por supuesto, todo en derecho es rebatible y todo es interpretable porque el derecho siempre está vivo. Esta es mi interpretación, que quizá no coincida con la suya. Les voy a explicar desde mi punto de vista cuál es la diferencia entre el principio de complementariedad y el principio de subsidiariedad. Me parece que son dos piezas de puzle pero no del mismo, sino de puzles distintos aunque de la misma temática. El principio de complementariedad, al que hace referencia el Estatuto de Roma —sus señorías han hablado de este estatuto y de su preámbulo muchas veces—, tiene su regulación más detallada en el artículo 17, que habla de los criterios de admisibilidad, y es verdad que la jurisdicción de la Corte Penal Internacional es complementaria de la jurisdicción de los Estados nacionales. Si van ustedes a ese artículo se puede ver exactamente que el principio de complementariedad sería, a mi modo de ver, el siguiente caso: En un Estado A se produce un delito de los perseguidos por la Corte Penal Internacional o bien en su territorio, o bien porque el autor de ese delito es nacional de ese Estado, y ese Estado A es el obligado a actuar, es el obligado a perseguir el delito y es el obligado a enjuiciar el delito. Y si ese Estado A no actúa de acuerdo con lo que se prevé en el tratado es la Corte Penal Internacional la que es complementaria de esa jurisdicción. Eso, a mi juicio, es la complementariedad que establece el Estatuto de Roma.

Paso a referirme a la subsidiariedad de nuestro proposición de ley: en este caso estamos hablando de un Estado A, como España, que va a perseguir, fuera de sus fronteras, un delito cometido en otro Estado, en el Estado B, delito que es uno de los recogidos en el artículo 23.4, y que se reúnen los requisitos para poder perseguirlo. ¿Qué ocurre? Que el Estado A excluye su jurisdicción cuando comprueba que el Estado B está actuando por el principio de subsidiariedad, porque él es el más cercano y él es el que debe actuar. Y si este Estado B no actúa, es la Corte Penal Internacional la que debe actuar en su lugar porque es complementaria. Esa es la diferencia entre la complementariedad y la subsidiariedad. Yo creo que son dos supuestos distintos. Es mi interpretación, que puede ser discutible, que puede ser interpretable y, desde luego, que puede ser rebatible, pero al menos es la humilde opinión de esta senadora respecto a la diferencia entre los dos conceptos, que es verdad que han generado cierta controversia.

Yo quisiera terminar ya diciéndoles que nosotros traemos esta proposición de ley a la Cámara porque consideramos que la redacción actual del artículo 23.4 para alguno de los delitos que contiene establece una proyección del principio de universalidad que está al margen o que va más allá de lo previsto en los tratados internacionales. Realmente, con esta proposición de ley lo que pretendemos es adaptar esta extensión del principio de justicia universal a lo dispuesto en los tratados y en los convenios internacionales, porque consideramos que tiene un carácter excepcional, porque vamos a perseguir delitos en el espacio judicial de otro Estado, y es verdad que esto supone, sin la menor duda, una injerencia en los asuntos de otro Estado y que por esa razón debe tener el cauce o el marco de un tratado internacional.

Termino señalándoles que consideramos que el principio de justicia universal debe informar el derecho, pero el derecho internacional público, que deben ser los tratados internacionales los que recojan, los que regulen el principio de jurisdicción universal en ese sentido amplio y que por esa vía se incorpore al derecho interno de los Estados.

Quiero ya finalizar simplemente diciéndoles que he intentado abordar las diferentes razones por las que traemos esta proposición de ley a la Cámara no solo desde un punto de vista político, porque al final es una opción de política legislativa la que llevamos a cabo, sino también desde el punto de vista jurídico, y que lo he intentado hacer, de verdad, con la mayor seriedad y, yo espero también, con la mayor sensibilidad respecto de un tema que tiene mucha trascendencia, que es un tema controvertido, que tiene detractores y que tiene defensores, yo, de verdad, espero, senador Saura, en especial, que aunque nuestras razones no sean compartidas, incluso no sean entendidas, que al menos la conclusión de este debate no sea la siguiente: han hecho una reforma pero no han explicado las razones de esa reforma. Al menos, espero que sea así.

Muchas gracias. (Aplausos).




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Franco.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente.

Lo volveré a decir porque se ve que no se termina de entender, a pesar de que a lo largo de los debates lo vayamos repitiendo. La justicia universal es una conquista irrenunciable de toda la humanidad. Evidentemente, la justicia universal nos ha llevado a manejar los términos o la definición de soberanía de los Estados de forma distinta. Ya no hablamos de soberanía en los términos clásicos, aunque ustedes sí que se manejan en el término clásico de soberanía.

Si tan buena es esta proposición de ley, dígame cómo se defienden los derechos humanos tras esta reforma, dígame dónde se sitúan ustedes con esta reforma dentro de la comunidad internacional. Digan a qué obedece la reforma, sean honestos y transparentes, díganlo de verdad, digan a qué obedece. Se manejan de nuevo dentro de los conceptos clásicos y tradicionales de soberanía, no dentro de los conceptos modernos de lo que representa admitir la justicia universal. Dígannos de forma clara qué es lo que no ha funcionado bien de la ley en vigor, qué es lo que no les gusta de la ley en los términos en los que se aplica. Lo que no les gusta es lo que en estos momentos están investigando los tribunales españoles, la Audiencia Nacional.

No me pueden responder. Considero que a lo largo de los escasos y cortos debates que este asunto ha suscitado —porque ustedes han sustraído este tema del debate—, no nos han contestado. Y yo les requiero para que, si realmente están con las víctimas y con los derechos humanos, retiren esta proposición de ley. Y no nos hagan trampa con las interpretaciones jurídicas. Es cierto que el papel aguanta todo y que el debate jurídico también aguanta prácticamente todo, pero sea sincera, sean sinceros y digan las diferencias que existen entre el sometimiento a la Corte Penal Internacional y por qué determinados países —qué casualidad— no están sujetos a la obligación de comparecer en la Corte Penal Internacional cuando por las bondades de la justicia universal se somete a todo el mundo por igual ante los tribunales que se declaran competentes a la hora de investigar la violación o vulneración de un derecho humano, sin acogerse a los vínculos de la nacionalidad de los autores o las víctimas, o a si el delito se ha producido o no en el ámbito de territorialidad de un determinado Estado. Cuando usted conteste a todo esto acabarán dándonos la razón a aquellos que defendemos que la justicia universal es otra cosa y que, por tanto, no es necesaria esta reforma que ustedes proponen hoy aquí. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

La pregunta es muy sencilla y, además, la adelantaba el portavoz del Grupo Parlamentario Popular: ¿Con esta reforma va a haber más o menos impunidad? Porque la razón de ser —lo reflejaba en mi primera intervención— del nacimiento del concepto de justicia universal es precisamente esa: combatir la impunidad. Si estos crímenes horrendos fueran juzgados por los tribunales nacionales o por una corte penal internacional con capacidad y jurisdicción universal evidentemente no tendría sentido que los tribunales nacionales de otros países ejercieran el papel de investigación y persecución. Pero es que la realidad no es esa. No lo era cuando nació el concepto de justicia universal después de la segunda guerra mundial y sigue sin serlo hoy porque precisamente los Estados que son responsables de las mayores violaciones de los derechos humanos no se han sometido a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Ese es el problema, que el ámbito de impunidad sigue siendo muy amplio porque la Corte Penal Internacional no puede conocer de esos temas.

En ocasiones se han buscado subterfugios al imponer a los Estados débiles tribunales especiales, como ocurrió en el caso del tribunal sobre Ruanda o el tribunal creado para el enjuiciamiento de los crímenes cometidos en Yugoslavia. Sin embargo, estos no dejan de ser atajos para intentar llegar donde no había llegado la Corte Penal Internacional y donde las jurisdicciones nacionales que tenían voluntad de aplicar la jurisdicción universal tampoco habían llegado. Esa es la realidad.




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El elemento determinante de esta reforma es resolver conflictos diplomáticos. No estamos ante un problema jurídico, estamos ante un problema de relaciones internacionales, relaciones internacionales condicionadas además por intereses económicos. Digámoslo claramente.

La reforma de 2009 respondía a un conflicto con el Estado de Israel, y esta otra reforma responde a un conflicto con la República Popular China. Y en un caso y en el otro, como la reforma en Bélgica, como la reforma en el Reino Unido, el retroceso de la justicia universal responde exclusivamente a los conflictos que se dan en el ámbito de las relaciones internacionales que responden a intereses económicos. Y desde determinados planteamientos ideológicos será legítimo hacer esta defensa, pero no pretendan que sean argumentos de carácter jurídico, y mucho menos argumentos relacionados con la defensa de los derechos humanos. El hecho de que aparezcan nuevos delitos tipificados y contemplados en esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial nada resuelve puesto que, como muy bien reconocía la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, la mayoría de ellos por aplicación directa de los convenios y tratados internacionales ya estaban siendo conocidos por la Audiencia Nacional, y como además se introducen con los condicionantes y limitaciones más importantes, en la práctica van a ser un reflejo nominal e ineficaz que no va a dar lugar a la persecución de los crímenes cometidos.

Vayamos al fondo de la cuestión. El eje de su reforma es que el victimario fundamentalmente tenga que estar en nuestro país, bien sea como residente, y eso, señoría, es tanto como decir que en ningún caso se va a poder aplicar el contenido de esta reforma porque en la práctica de la aplicación de la justicia universal por la Audiencia Nacional solo hubo un condenado, como se ha mencionado anteriormente, el señor Scilingo, pero ¿cuál era la eficacia de la acción de la Audiencia Nacional, que convertía en prisioneros en sus propios Estados donde no eran perseguidos a los criminales responsables de delitos de lesa humanidad o de torturas? ¿Cuál fue el éxito de la acción de la Audiencia Nacional contra Pinochet? ¿Que acabara en la cárcel? Acabó después, pero el éxito fue su reconocimiento desde una perspectiva jurídica y con carácter internacional como un criminal y la imposibilidad en una primera fase de que, retornado a Chile, pudiera abandonar. Lo mismo ocurre en el caso Couso con la persecución de los militares norteamericanos responsables de su muerte. Y lo mismo ocurre en las investigaciones en el caso de los saharauis con los responsables marroquíes de su muerte. Esa es la virtualidad. ¿Y ni tan siquiera eso está dispuesto a sostener nuestro ordenamiento jurídico? ¿Ni tan siquiera eso está dispuesto a asumir como compromiso con los derechos humanos esta sociedad democrática de la que nos sentimos tan orgullosos? De nuevo establecemos una categorización entre derechos humanos: los nuestros y los de los demás; los nuestros más o menos intocables —digo más o menos porque hasta ahí estamos llegando— y los de los demás, por supuesto, supeditados a otros intereses superiores, los intereses superiores de las relaciones internacionales de nuestro país.

No creo que esta reforma en ningún caso vaya a contribuir a hacer mejor nuestro mundo —el mundo que compartimos porque, por más que queramos colocar fronteras, por más que queramos establecer diferencias en el respeto a los derechos humanos, estamos todos sobre la misma superficie— ni vaya a alentar el compromiso del conjunto de las sociedades con esos derechos humanos.

Y, señorías, algo que ya me parece absolutamente incomprensible desde cualquier perspectiva: cuando he dicho antes que establecemos una categorización entre nuestros derechos humanos y los de los demás, me equivocaba. Esta ley ni tan siquiera tiene un compromiso firme con los derechos humanos de los españoles que están fuera de nuestro país, y si su victimario no viene a Marbella a comprarse un chalet y conseguir la residencia, si ese chalet tiene un determinado valor nunca van a ver cómo se les hace justicia. Creo que ese es uno de los elementos más destacados que caracterizan esta reforma que ahora, de una forma apresurada, se quiere sacar adelante.

Señorías del Partido Popular, les ha tocado jugar un papel que estoy seguro de que ustedes de uno en uno hubieran preferido no tener que jugar. Concluyo. Se hablaba de legitimidad para presentar la proposición de ley, yo se la reconocí en su intervención, pero lo que en absoluto estoy dispuesto a reconocer es que las motivaciones que han dado lugar a la utilización de ese mecanismo parlamentario, absolutamente democrático y legítimo, sean tan legítimas como el procedimiento formalmente en sí.

Muchísimas gracias. (Aplausos).




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Senadora Franco, desde el punto de vista técnico y procedimental ha estado impecable, pero me recuerda a un debate electoral en la República Francesa entre Giscard d´Estaing y Mitterrand compitiendo por la Presidencia. Fue un debate televisado muy conocido, y se dice que Mitterrand ganó con la siguiente frase cuando le dijo a Giscard d´Estaing: usted habla de números, yo hablo de personas. Usted, señora Franco, habla de artículos, de leyes, yo hablo de personas, yo hablo de personas. (Aplausos).

Señorías, ¿saben ustedes dónde está en estos momentos el Premio Nobel de la Paz del año 2010? Está en la cárcel. Liu Xiaobo, de nacionalidad china, se encuentra en la cárcel por demandar la democracia en China. Y, tal como decía un monje tibetano, el Gobierno español hace un negocio made in China: derechos humanos por dinero.

Senadora Franco, usted ha comentado que entre la dicotomía justicia/impunidad ustedes siempre abordarán el concepto de justicia. No están hablando de liquidar la justicia universal sino de modificar su extensión, e incluso, al igual que en la comisión, cuestionaban la falta de acuerdo en el propio concepto de justicia universal. No sé si le vale la definición de una referencia que usted misma utilizó en la comisión, que es la de los principios de Princeton. No hace falta que se la lea, está aquí. O no sé si hace falta que le diga cuál es la definición del Tribunal Constitucional en la sentencia tan mencionada en el debate de hoy, con el caso Guatemala. Es muy sencilla. La referencia que hace el Tribunal Constitucional al Supremo tirándole de las orejas es muy sencilla, porque, al final, lo que dice el Tribunal Constitucional es: la jurisdicción universal es la universalidad de lo universal; si no es más. Lo que nunca podremos atender como universal son todas aquellas referencias al ámbito nacional, por supuesto.

Ha hecho una referencia también a la Corte Penal Internacional, que realizaron igualmente en la Comisión de Justicia, y voy a leer textualmente, para que llamemos a las cosas por su nombre —alguna mención se ha hecho anteriormente—, lo que ustedes plantean como alternativa a la impunidad, que estamos viendo que van a incluir en la proposición de ley que ustedes van a llevar adelante.Y decían, leo del Diario de Sesiones: «Cualquier senador de los que estamos en esta comisión podemos presentar una denuncia ante las autoridades mundiales de la ONU o ante el fiscal de la Corte Penal Internacional para que se persiga cualquier causa. Tal cosa —sigo leyendo— se hará, precisamente, ante la Corte Penal Internacional, pero no ante un tribunal del Estado. ¿Es verdad esto? ¿Esto es así? No, no es así y nada más, señor presidente». Esto es lo que figura en el diario.

Evidentemente, si la jurisdicción universal tiene alguna función esta no es otra que superar las limitaciones que la Corte Penal Internacional tiene en sí, limitaciones como, por ejemplo, las que se derivan de aquellos países que no hayan ratificado el Estatuto de Roma, dado que hay importantes potencias mundiales que no lo han hecho. Fijémonos, además, en la limitación que establece el artículo 16 del Estatuto de Roma, en cuanto a que el Consejo de Seguridad de la ONU pueda impedir que se inicie cualquier investigación o enjuiciamiento; o parémonos en el artículo 11.1 que dice que la Corte Penal Internacional es competente para enjuiciar crímenes que se hayan cometido con posterioridad a la entrada en vigor de su estatuto. Es decir, que la Corte Penal Internacional no tiene competencia para atender ningún asunto que haya llegado a la Audiencia Nacional; pero hoy, gracias a la proposición de ley que van a aprobar ustedes, van a ser sobreseídas las doce causas. ¿Va a atender la Corte Penal Internacional el sobreseimiento de esas doce causas? ¿Va a atender el caso de José Couso? ¿Va a atender el tema de los saharauis? ¿Va a atender el tema de Ignacio Ellacuría?

El artículo 124 del Estatuto de Roma establece una limitación temporal respecto a los crímenes de guerra, posibilitando al Estado, en el momento de hacerse parte, que declare un período de siete años, a contar desde la entrada en vigor del estatuto en su territorio, pues no acepta para estos delitos la competencia de la Corte; siete años. Si hablamos de límites materiales, el artículo 5 del Estatuto de Roma considera que la Corte es competente únicamente para los crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra. Quedan fuera de la Corte Penal Internacional el terrorismo, el tráfico de drogas y la piratería. Quedan fuera de la competencia de la Corte aquellas




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acciones realizadas de manera individualizada que provoquen pocas víctimas como la tortura, ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzosa de personas, etcétera.

En otro orden de cosas, he de decirles que en la Comisión de Justicia, los portavoces del Grupo Parlamentario Popular — leo textualmente— decían: «Cada Estado, cada país, cure sus heridas como crea que debe hacerlo sin que ningún otro tribunal, a muchísimos kilómetros de distancia, venga a entrometerse en lo que es propio de la política interior de cada Estado». Ese es el problema, que el partido al que ustedes están representando en la Comisión de Justicia no se cree ni el propio Estatuto de Roma. ¿De verdad creen que en todos aquellos Estados con un régimen dictatorial, les podemos decir a las víctimas que lo están sufriendo, que lo están viviendo, que se arreglen, que salgan adelante, que si algún día podemos les enviaremos un avión con primeros auxilios? ¿Eso es lo que les vamos a decir? Porque, evidentemente, en el derecho internacional de lo que se trata es justo de lo contrario. El tema es lo contrario. Se trata de que el imputado sea juzgado como sea, repito, como sea, pero teniendo, evidentemente, un juicio justo, con todas las garantías. Se trata de que las víctimas, a las cuales están olvidando y la población en general, reciban el mensaje de que no hay lugar en el orbe que sea seguro para los responsables de esas atrocidades, que no puede haber en todo el orbe un lugar seguro para todas aquellas personas que han cometido ese tipo de atrocidades.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el señor Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer el tono de la contestación de la señora Franco.

¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es si con esta proposición de ley hay mayor o menor impunidad. Ustedes dicen que hay menor impunidad y nosotros decimos que mayor. Por ejemplo, y lo he dicho en mi intervención inicial, los veinte militares salvadoreños que participaron en la muerte de Ignacio Ellacuría y otros cinco jesuitas, más otras dos personas, quedan impunes con su ley. Los tres soldados estadounidenses que están reclamados por la justicia española por haber matado a José Couso quedan impunes. La relación es muy larga: Ruanda, el diplomático Carmelo Soria, todo esto queda impune. ¿No era posible redactar una ley que no permitiera esto? ¿Cómo es posible que después de años, años y años toda esta gente quede impune? ¿Qué se les va a decir a las víctimas? ¿Cómo pueden decir que no hay mayor impunidad cuando procedimientos que en estos momentos están en curso quedan absolutamente impunes? Evidentemente, hay mayor impunidad. Además, ustedes, una vez más, se quedan solos con su ley. El señor Rajoy decía: queremos hacer política para todos. Yo diría: para todos en contra, porque todo el mundo, no solo a nivel político sino a nivel de la sociedad, dice que esta ley es una ley de la impunidad.

Colegio de Abogados de Madrid, informe sobre la ley de justicia universal: «La principal consecuencia es la completa desnaturalización del principio de jurisdicción universal». Fiscales: «La reforma de la justicia universal subleva a los fiscales de la audiencia». Los acusadores públicos consideran que la laminación de la jurisdicción internacional cercena cualquier posibilidad de persecución de delitos de derechos humanos. La pregunta es: ¿esto no les hace pensar por qué están solos? Si políticamente están solos y socialmente están solos, ¿no se pueden haber equivocado? O dicho de otra manera: no se equivocan, pero hacen una cosa, y es cambiar derechos humanos por relaciones diplomáticas; derechos humanos por relaciones económicas; derechos humanos por dinero. No es sino así como se explican las tres preguntas que se le han formulado y que no nos contesta. ¿Por qué una proposición de ley? A falta de respuesta, hay una respuesta clara: elude los informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. ¿Por qué no hay comparecencias? Porque estoy seguro de que las comparecencias irían en la línea que les he mencionado. ¿Por qué razón se utiliza el trámite de urgencia? Para intentar que el debate sea absolutamente urgente y rápido. Por tanto, señora Franco, señores del PP, hay absoluta impunidad.

Además de todo esto, hay otra cuestión importante, y es que esta proposición de ley se inscribe en la dinámica de recorte de libertades del Gobierno del Partido Popular. No es un caso aislado, no es un caso único. Se restringe la libertad de manifestación con la ley de seguridad; se




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restringe el acceso de la gente a la justicia con las tasas judiciales; se restringen los derechos de los trabajadores y de la negociación colectiva con la reforma laboral. Es decir, existe una dinámica, un eje transversal de políticas del Gobierno de restricción de libertades que se traduce también en impunidad. Hay mayor impunidad, lo dice todo el mundo. Ustedes no tienen razones para decir que no.

El señor portavoz socialista ha leído el Estatuto de Roma y yo también quiero leer lo que dice respecto al tratado internacional: el Estatuto de Roma destaca el papel clave que los Estados deben tener en este ámbito al establecer que la Corte Penal Internacional —entre comillas— será complementaria de las jurisdicciones penales establecidas y nacionales y debe ser, en todo caso, el Estado el que ejerza su jurisdicción penal contra los responsables de los crímenes internacionales.

En síntesis, hay mayor impunidad y es moralmente inaceptable el archivo de casos que están abiertos. Yo decía que hoy, cuando se apruebe la ley, genocidas, secuestradores y torturadores van a estar contentos y va a haber mucha gente que esté triste: las víctimas y los familiares de las víctimas. He dicho que vamos a votar de forma triste e indignada, no contentos, y repito que no sé cuál va a ser su voto. Va a ser sí, pero no sé si van a estar contentos o tristes. Me gustaría que estuvieran tristes.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Mi grupo no ha presentado propuesta de veto, pues valoramos positivamente que, dando cumplimiento a las obligaciones impuestas por los tratados internacionales que España ha ratificado, se haya procedido a ampliar la lista de delitos que cometidos fuera del territorio nacional sean susceptibles de ser perseguidos por la jurisdicción española. Consideramos, pues, imprescindible la ampliación de la lista de delitos susceptibles de ser perseguidos por nuestra jurisdicción. Es por todo ello por lo que nos vamos a abstener en la votación de las propuestas de veto.

Aun así, esto no significa que no compartamos muchos de los argumentos y motivos que han llevado a presentar las siete propuestas de veto de los otros grupos. Compartimos, en general, las críticas al fondo y a las formas de la tramitación de este proyecto de reforma. Consideramos que el procedimiento legislativo seguido con esta proposición de ley es totalmente inadecuado por no ajustarse a derecho en su tramitación en el Congreso de los Diputados y por carecer de rigor democrático, pues entendemos que una modificación tan importante de una ley orgánica requiere de una reflexión, de un debate y de un análisis mucho más profundo. Lamentamos, pues, que la mayoría del grupo que da apoyo al Gobierno haya vetado las comparecencias solicitadas por el resto de los grupos parlamentarios.

Si todos los grupos reconocemos la importancia y la trascendencia de esta proposición de ley, incluso ustedes, señorías del Partido Popular, ¿por qué temen el debate? ¿Por qué eluden las comparecencias de expertos que nos podrían ilustrar e intensificar el debate y la reflexión?

Respecto al fondo, estamos en contra de las limitaciones de la justicia universal que se plantean en la proposición de ley. Esta proposición de ley presenta ciertos extremos de dudosa constitucionalidad en relación con la igualdad en el acceso a la tutela judicial efectiva en relación con la víctima. En primer lugar, la norma consagra un régimen dual en cuanto a la persecución de los delitos. En relación con algunos se faculta a la jurisdicción española a conocer cuándo existen víctimas españolas en el momento de la comisión de los hechos. Sin embargo, con respecto a otros delitos muy graves no se contempla la posibilidad de que los tribunales ejerzan su jurisdicción cuando pudiera haber víctimas de nacionalidad española.

En segundo lugar, y con respecto a determinados delitos perseguibles por los tribunales españoles por existir víctimas de nacionalidad española, también se realiza una discriminación no justificada. Este régimen diferente entre delitos comporta un trato normativo discriminatorio que para poder ser constitucional requiere una justificación objetiva y razonable de dicha diferencia de trato, justificación que no concurre y no vemos en ninguna parte.




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Consideramos inadmisible la vulneración del artículo 125 de la Constitución, que regula la acción popular como mecanismo de defensa de los intereses colectivos legítimos.

El apartado 4 de la proposición de ley restringe el uso de la acción popular al establecer que solamente serán perseguibles en España los delitos cometidos fuera del Estado español cuando existe interposición de querella por el agraviado o por el ministerio fiscal.

Nos preocupa también la grave vulneración del artículo 9.3 de la Constitución Española por lo que al principio de seguridad jurídica y al principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales se refiere.

La disposición transitoria única, que establece el sobreseimiento de todas aquellas causas que se encuentren en tramitación por los delitos a los que se hace referencia hasta tanto no se acredite el cumplimiento de los requisitos que se exigen, implica no solo ignorar que el derecho penal rige el principio de irretroactividad de las normas sancionadoras o limitadoras de derechos, sino que vulnera claramente, además, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de las víctimas consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución. Así, mediante esta disposición transitoria van a ser sobreseídos de forma automática procedimientos como los ya comentados de la muerte del periodista José Couso en la guerra de Iraq, el de los supervivientes españoles en los campos de concentración nazis, o el del genocidio de Guatemala, entre muchos otros.

Dicha disposición transitoria única implica, asimismo, en cierta manera una intromisión del Poder Legislativo en el Poder Judicial al imponer el sobreseimiento de la causa tramitada.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE muchas gracias, senadora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DIAZ TEJERA: Con la venia, presidente.

Señora Franco, yo me alegro mucho de que ya no hable de la jurisdicción universal como un valor ético o como un principio general del derecho. Esto quiere decir que desde la comisión hasta ahora ha evolucionado, y a mí me produce tranquilidad estar en esta sesión parlamentaria con personas que estudian, que preparan los asuntos y que razonan; incluso me alegra que haya manifestado aquí sus dudas, porque en cuanto hay una duda hay que absolver y, por lo tanto, en absoluto hay que condenar por el desconocimiento de una materia. También le honra a usted tener dudas; es una muestra de humanidad que yo aplaudo.

Pero hay un concepto que sigue utilizando y que me parece que no se ajusta a 2014, que es el concepto de espacio judicial de otro Estado. No estamos hablando de derecho penal o de derecho civil, estamos hablando de derecho penal internacional, y en este punto aludo a los matemáticos y les pongo el siguiente ejemplo: en la teoría de conjuntos, cuando hay dos conjuntos que tienen una parte en común, a esa parte la llaman zona de intersección, algo que es común a esos dos conjuntos; pues bien, cuando hablamos de jurisdicción universal, estamos hablando de una zona de intersección entre todas las jurisdicciones, de tal manera que ya no es una cosa solo de la jurisdicción nacional que responde al concepto de soberanía, territorio, población, etcétera, sino que es un concepto distinto, que es transversal a todos los poderes judiciales de los Estados que son partes contratantes de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales y de la ratificación por España y su incorporación al reglamento interno desde el año 1952. Y también desde el año 1985, el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene un grado de concreción y de exigencia mejor con una Constitución democrática; así como posteriormente con el desarrollo de la Corte Penal Internacional en el año 1999, donde había un diplomático español, andaluz para ser más precisos, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo García, que participó en la elaboración de su texto. Por eso, lo que le sugiero es que no nos anclemos en conceptos antiguos, que no clásicos —Beethoven era un clásico y seguimos disfrutando con su audición; antiguas serían, por ejemplo, las canciones de Luis Aguilé o de Karina—.

Por lo tanto, es un asunto de tanta seriedad, de tanta transcendencia que conviene que los conceptos, las herramientas de trabajo, en términos jurídicos, se ajusten a 2014.

Pero fíjese, señoría, que hay cuatro resoluciones, entre ellas le cito la 1325, la 1880 y la 1889 de Naciones Unidas —dado que ha acudido a ese argumento—, que precisamente lo que establecen es la necesidad de luchar contra la impunidad y el compromiso de todos los países integrantes de Naciones Unidas, en particular los ciento cincuenta que han firmado el texto de la




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Corte Penal Internacional, es el de luchar contra esta criminalidad, que es la criminalidad más execrable y que antes ya le leí para dejar claro cuál era su ámbito: genocidio, crímenes de lesa humanidad, terrorismo, piratería, apoderamiento ilícito de aeronaves, delitos relativos a la Constitución... Si sigo leyendo el texto consumo los minutos que me quedan, pero ya lo leí antes y lo doy por reproducido. ¿A qué obligan a las partes contratantes? También lo indiqué: a cumplir con los artículos 49, 50, 129, 146 de los Convenios de Ginebra. Eso ya obliga a España hasta el año 1985; a partir de entonces, es el artículo 23.4 y, en particular —insisto—, el propio artículo 10 de la Constitución Española, relativo a tratados y derechos humanos.

Señoría, no se adscriba a una corriente de derecho constitucional, porque hay varias. Y respecto a la jerarquía de las normas con rango de ley, le aseguro que hay corrientes en derecho constitucional que dicen que las leyes están jerarquizadas según el ámbito territorial y, según la mayoría, su aprobación, pero hay otras escuelas, entre ellas el Constitucional, que dicen que entre las leyes no hay rangos, que todas son leyes, es decir, diferente ámbito competencial pero no hay rango, y en el caso de los tratados no se establece esa relación de jerarquía con respecto a las leyes, sino el concepto del bloque de constitucionalidad entre tratados, Constitución, estatutos de autonomía y leyes de transferencia. Por tanto, en ese bloque no se plantea relación de jerarquía —es un concepto antiguo—, sino diversos ámbitos competenciales.

En concreto, le voy a poner un caso práctico, a ver si me lo puede resolver en esta conversación parlamentaria. Víctimas españolas de delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra ven cómo es prácticamente imposible la persecución. Se lo repito: víctimas españolas de genocidio, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, es inviable su persecución. ¿Genera o no eso para españoles un ámbito de impunidad en la lucha por hacer posible el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.2? Ese es un caso práctico concreto que le pido que me resuelva. Yo le digo que ese caso concreto hace prácticamente imposible su persecución. Más aún, mantengo aquí, en Pleno, lo que dije en comisión: figura delictiva por figura delictiva, se han ido planteando párrafos específicos para hacer posible el sobreseimiento automático de estas doce causas. Y le invito a que aplique esos criterios a las causas que están abiertas y se han tratado aquí esta tarde: verá que se tienen que sobreseer automáticamente. Para mayor garantía se establece una disposición transitoria única, que dice: mientras que usted piensa, señor miembro de la carrera judicial, si es o no aplicable en los criterios nuevos el artículo 23.4, mientras tanto, sobresea usted. Dicho de otra manera, primero, sobresee y después piense y debata sobre si concurren o no los casos para sobreseer; pero mientras, ha sobreseído. Por eso es por lo que se plantea que ha sido una ley con párrafos ad hoc para cada uno de los supuestos que se han abierto.

Respecto a la retroactividad del artículo 9.3 de la Constitución, ya lo expliqué en comisión y ahora lo doy por reproducido. ¿Qué es lo que quiero plantearle de fondo? Es posible que haya personas aquí que, al no conocer esos nuevos tratados, sobre todo el de Estambul de 2011, crean en ese señuelo de que se amplía la persecución a nuevos hechos delictivos, y digan: esto es una conquista democrática que no existía en 2009. Respuesta: es que los tratados que se firmaron en 2011, y de ahí en adelante, el legislador no podía conocerlos —no era pitoniso ni zahorí—, porque esa ampliación se refiere a tratados aprobados posteriormente. Luego, es un señuelo y un camuflaje para distraer la atención. El hecho cierto es que cada una de las causas tiene una respuesta concreta y lo que se persigue es simplemente que desaparezcan, en términos de Poder Judicial español, haciendo lo que no hacen otros poderes nacionales o lo que no puede investigar la Corte Penal Internacional.

Y en relación a la argumentación que usted ha expresado respecto a complementariedad y subsidiariedad, en los dos casos la explicación es bien sencilla. Estamos hablando de supuestos de hechos delictivos fuera del territorio español, y con la reforma de 2009 solo se exige que haya alguna víctima española y que el sujeto activo del delito esté en España. No se le pide esa exigencia de que tenga aquí residencia habitual; por favor, es que es un poco ridículo. Alguien que sabe que se le está persiguiendo por esos hechos delictivos, ¿creen ustedes que va a pedir residencia habitual aquí? Es que ni se da el supuesto de que su avión pase por aquí, porque serán criminales, pero imbéciles no son.




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Y, tercera cuestión: la conexión relevante, algún tipo de vinculación con España. Le he puesto el ejemplo, el caso práctico, de las víctimas españolas en supuestos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra. Hay una práctica inviabilidad de perseguir tales hechos delictivos.

Acabo con un planteamiento muy sencillo y es que me siento cómodo debatiendo sobre categorías jurídicas porque, como usted ha dicho ―y aunque no sea su expresión exacta, puedo traducirla y supongo que no se enfadará por ello― el derecho es una ciencia valorativa, no empírica.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor DÍAZ TEJERA: Acabo ya, señor presidente.

Como decía quien presidió mi tribunal de acceso a la carrera judicial, don Rafael de Mendizábal Allende, número uno en aquel entonces en la carrera judicial, muchos vivimos del derecho porque es una ciencia valorativa y caben muchas interpretaciones pero, de fondo, señora, lo que aquí estamos haciendo, aunque tenga el camuflaje de debate jurídico, es un debate político inmenso. Estamos debatiendo de política y hay que decidir si apoyamos políticas que persiguen a los criminales o si apoyamos políticas que abren un inmenso agujero negro para que los criminales se escapen. Ese es el debate de fondo. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz Tejera.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: Con su venia, señor presidente.

Con carácter previo me gustaría aclarar dos cuestiones, y la primera guarda relación con la intervención del senador Bildarratz. Todos hemos criticado ―creo que con acierto― que no hubiera senadores escuchando este debate tan interesante porque ha coincidido con la hora del almuerzo, pero usted estaba presente en la Junta de Portavoces que aprobó el orden del día y fueron ustedes los que decidieron que se debatiera en ese momento; por tanto, alguien como usted podría haberlo evitado. El único problema ha sido que el debate de esta proposición tan interesante ha coincidido con la hora del almuerzo, y eso ha motivado que hubiera pocas señorías presentes.

También me gustaría comentar otra cuestión que ha traído a colación el senador Díaz Tejera sobre la falta de debate del Partido Popular. Cuánto más lejos de la realidad porque, como le dije en comisión, y le repito, durante los cuatro años de Gobierno del Partido Socialista, en la legislatura pasada, se celebraron veintitrés comisiones de Justicia; y, con el Partido Popular, en dos años de legislatura, llevamos diecinueve comisiones y el próximo 1 de abril se celebrará la número veinte.

Además, ayer mismo contó usted con la presencia del ministro de Justicia para poder interpelarle en ese control de Gobierno. Por tanto, diga la verdad y reconozca que con el Partido Popular tienen ustedes mucha más acción para actuar contra el Gobierno que la que tuvimos nosotros con el Partido Socialista. (Aplausos).

Señor presidente, es fácil hacer opinión política de trazo grueso en un tema como este, acudir al recorte de derechos, a los espacios sin impunidad, a los derechos humanos que se cambian por dinero, a los derechos humanos que se cambian por relaciones diplomáticas, etcétera. En este sentido, como tuve ocasión de decir en la Comisión de Justicia, ese tipo de planteamientos debería ofender a quienes los hacen porque a nadie le interesan los derechos humanos y su defensa como a todos los miembros de esta Cámara.

He de hacer un recordatorio cronológico y es que nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial, ya en 1985, reconocía la posibilidad de acudir a la justicia universal en el artículo 23, que se modificó en el año 2006 y que pretendemos volver a modificar en el día de hoy.

Señorías, eso no significa insensibilidad jurídica; no significa más que sentido común: hacer lo que hace el derecho comparado, legislar como se legisla en toda Europa, precisamente solicitando coherencia y lealtad con Europa ―porque así se nos ha demandado― y con ustedes mismos.

Fíjense, tanto el senador Iglesias como el senador Saura, el senador Bildarratz y el senador Díaz Tejera han manifestado que aquí se están cambiando esos derechos humanos por cuestiones realmente penosas. En el año 2009, el Partido Popular no dijo que se estaba contentando a Israel porque se dejaba de juzgar a unos militares y, sin embargo, ustedes dicen que aprobamos esta ley




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precisamente para frenar las investigaciones sobre China. Pues bien, la ministra de Asuntos Exteriores de Israel, Tzipi Livni, dijo textualmente, en el año 2009, que el ministro Moratinos le acababa de decir que España había decidido también cambiar su legislación relativa a la jurisdicción universal y que eso podría evitar los abusos del sistema legal español.

¿Había abusos en 2009? Eso es lo que dijo la ministra de Israel.

Nosotros fuimos leales, fuimos honestos y les apoyamos porque creíamos que el Gobierno de la nación, en ese momento socialista, hacía lo que creía mejor para su país, que es algo que ustedes, en este momento, no están haciendo. (Aplausos).

No es, pues, una reforma ad hominem. El señor Bildarratz me hacía varias preguntas, y con sumo agrado voy a intentar contestarle a todas las que pueda. Me preguntaba: ¿Y por qué ahora? Yo voy a decirle por qué ahora, y además por qué nosotros, por qué el Partido Popular. Voy a intentar explicárselo. ¿Por qué ahora? Porque tenemos que cumplir los tratados suscritos y los protocolos de una manera ordenada; porque los tratados reconocen esa justicia universal y reconocen el derecho de persecución del delito donde quiera que se encuentre, pero lo único que hacen es reconocer criterios de competencia internacional, no hacen otra cosa. Usted, Estado, si firma este tratado, lo que tiene que hacer es reconocer que en su país va a aplicar la justicia universal, artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero limitando el alcance a los criterios internacionales. ¿Por qué? Porque se crean precisamente tribunales internacionales que son los que van a tener que juzgar ese tipo de delitos.

Además, fíjense, están ustedes criticando la actual reforma de la legislación que estamos pretendiendo sacar adelante. Si íbamos por libre, si éramos nosotros los únicos o los grandes valedores de la justicia universal, ¿es que el resto de países estaban incumpliendo su obligación? No les he oído a ustedes criticar a Francia, a Alemania, a Italia ni a Bélgica, que fueron los grandes paladines de la justicia universal respecto a la legislación que tenían. Lo único que estamos haciendo nosotros, lo único que pretende ahora el Estado español es armonizar nuestra legislación con el derecho comparado, con la que tiene un sentido común, con la que todo el mundo entiende, precisamente para adquirir también ese prestigio internacional.

Se preocupaba el senador Iglesias por la Operación Atalanta. No le quepa ninguna duda, las Fuerzas Armadas españolas están haciendo una gran tarea, una gran labor, y a todos aquellos que en el Océano Índico se les pueda coger serán puestos a disposición de los tribunales penales internacionales, que son los competentes para conocer de esas determinadas cuestiones.

La senadora Capella también se ha manifestado y ha dicho: Díganme por qué es tan buena su ley. Pues dígame usted por qué no criticó todas esas legislaciones anteriores que he mencionado. Dígame por qué no criticó toda la legislación anterior de esos países y por qué está criticando ahora esta reforma. Tan mala no sería si usted no la criticó

El señor Iglesias ha dicho que no es frecuente ni habitual acudir a este procedimiento, incluso lo ha calificado de fraude parlamentario. Se ha dicho, la senadora Franco lo ha manifestado y tuvimos también oportunidad de decirlo en la Comisión de Justicia, que el Grupo Parlamentario Socialista presentó trece proposiciones de ley, tres tramitadas en lectura única y cinco en solitario, señorías, cinco en solitario, y además convocando un Consejo de Ministros en domingo para que una ley pudiera ser aprobada. (Rumores). En toda la historia parlamentaria de nuestra legislación más reciente nunca se ha constituido un Consejo de Ministros en domingo. Qué ganas tenía de aprobar esa determinada norma el Partido Socialista, máxime para que se pudiera modificar también la Ley Orgánica del Poder Judicial y el sistema de nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo.

Señora Rieradevall, no es aplicable el artículo 9.3. Indudablemente usted me dirá que la Constitución es aplicable siempre, pero no es aplicable porque no estamos hablando de disposiciones sancionadoras restrictivas de derechos individuales, estamos hablando de la norma aplicable, en este caso de la norma procesal. Creo que en esto, sin pretender dar lecciones, sus señorías han confundido el principio de retroactividad. Indudablemente, estamos ante una norma procesal, no ante una norma de derecho penal. Ante una norma de derecho penal sí podríamos hablar del principio de intervención mínima, de que el derecho penal debe entrometerse cuanto menos mejor, etcétera, pero repito que estamos ante una norma de derecho procesal, y las normas de derecho procesal entran en vigor desde el momento en que se aplica, desde el momento en que entra en vigor en el Boletín Oficial del Estado, pasada la vacatio legis. Eso es lo que vamos a




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hacer. Es verdad que el legislador podría haber decidido otra opción, pero la que decide es esta, que entre en vigor sobreseyéndose todas las normas. Por eso, en aplicación de esta norma procesal que va a suponer la Ley Orgánica del Poder Judicial, se van a tener que sobreseer todas las cuestiones anteriores. (Rumores).

Señorías, no va a ser imposible perseguir los delitos de lesa humanidad, los crímenes cometidos contra la humanidad porque está la Corte Penal Internacional.

En la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios,aprobada el 17 de julio de 1998, firmada por ciento cincuenta países, se cubren casi todos los delitos y, lo vuelvo a repetir, señor Bildarratz, cualquiera de nosotros puede, ante las autoridades mundiales de la ONU o ante el fiscal general de la Corte Penal Internacional, plantear una demanda. Eso sí. No cabe la acción popular. Será el propio fiscal general de la Corte Penal Internacional el que decidirá en su momento la incoación de la querella.

Le contestaré a la segunda pregunta: ¿Por qué la cambiamos? Porque solamente ha podido ser condenada una única persona tuve oportunidad de decirlo en la Comisión de Justicia—, el señor Scilingo. Pero —y no lo han dicho ustedes—, fue porque se personó voluntariamente ante la Audiencia Nacional. Ha sido absolutamente inoperante la reforma que hasta entonces teníamos. Simplemente fue juzgado porque él decidió presentarse, ya que se arrepintió de los delitos que había cometido y por ello pudo ser condenado.

Fíjense las paradojas que tiene la vida. Me han dicho que los periodistas van a estar más desprotegidos. En una editorial del periódico El Mundo del viernes 28 de febrero de 2014, titulado: Una justicia universal, razonable y sin jueces estrella —para que vea usted la preocupación de los periodistas—, se dice: «El Gobierno, con esta reforma que estamos tratando de aprobar, ha puesto fin así a la caricatura que supone que tribunales nacionales se impliquen en procesos donde no tienen jurisdicción. Se acabó el vedetismo judicial de esos magistrados que pretenden hacer de la justicia universal una rampa hacia el estrellato, tensionando a veces el derecho internacional. En un país donde quedan por esclarecer más de trescientos asesinatos de ETA y donde la justicia no brilla por su diligencia, la Audiencia Nacional debería priorizar sus actuaciones.» Eso es lo que dicen los medios de comunicación, señoría.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ALTAVA LAVALL: Sí, señor presidente.

Concluyo simplemente recordando unas frases del fiscal general del Estado, don Cándido Conde-Pumpido, no nombrado precisamente por el Partido Popular en el año 2009, que vino a decir lo mismo que acabo de leer al manifestar que la justicia universal no puede convertirse en un juguete en manos de personas que buscan protagonismo.

Por esta y por muchas razones que no tengo tiempo de exponer en diez minutos, señor presidente, el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de todos los vetos presentados a esta ley.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Altava.

Llamen a votación. (El señor Bildarratz Sorron pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: ¿Sí, senador Bildarratz?

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo por alusiones, haciendo uso del artículo 87 del Reglamento. Cuando el senador Altava aludía a una crítica, de la cual hablaré ahora, que he realizado en relación con el número de senadores que nos encontrábamos a mediodía, señalaba que este tema se debatió ayer en la Junta de Portavoces, de la cual yo soy miembro. Para no faltar a la verdad, he de decirle, primero, que yo no estaba presente. Pero, independientemente de que este tema se tratara, debo comentarle que quien decide no es la Junta de Portavoces, sino la Mesa, oída la Junta de Portavoces. De todas maneras, si se me interpreta así, lo corrijo. Porque mi idea no era criticarles a ustedes, sino que todas y todos los que estamos aquí presentes realizásemos la reflexión de que en un asunto tan importante como es la jurisdicción universal únicamente nos encontrásemos doce personas debatiendo este tema. Esto es algo sobre lo que tenemos que reflexionar. No era




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una crítica para ustedes, sino para toda la Cámara, porque, como digo, entiendo que debemos reflexionar.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las propuestas de veto en el mismo orden en que han sido defendidas.

Tengo que decirles que se ha hecho uso del voto telemático. Han ejercitado su derecho las senadoras García Carrasco y Navarro Viscasillas y el senador Marín Torrecillas, los tres en sentido negativo a los siete vetos.

Por lo tanto, lo que haré será añadir estos tres votos al resultado de la votación que se realice en el hemiciclo.

Votamos, en primer lugar, la propuesta de veto número 2, de la senadora Capella.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240, más 3 votos telemáticos, 243; votos emitidos, 240, más 3 votos telemáticos, 243; a favor, 80; en contra, 146, más 3 votos telemáticos, 149; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3, de los senadores Iglesias y Mariscal.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242, más 3 votos telemáticos, 245; votos emitidos, 242, más 3 votos telemáticos, 245; a favor, 78; en contra, 149, más 3 votos telemáticos, 152; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos a continuación la propuesta de veto número 6, de los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241, más 3 votos telemáticos, 244; votos emitidos, 241, más 3 votos telemáticos, 244; a favor, 78; en contra, 149, más 3 votos telemáticos, 152; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 1, de los senadores Aiartza Azurtza, Goioaga Llano, Mendizabal Azurmendi y Unamunzaga Osoro.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242, más 3 votos telemáticos, 245; votos emitidos, 242, más 3 votos telemáticos, 245; a favor, 79; en contra, 149, más 3 votos telemáticos, 152; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 7, de todos los senadores del Grupo Parlamentario Entesa excepto los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241, más 3 votos telemáticos, 244; votos emitidos, 241, más 3 votos telemáticos, 244; a favor, 79; en contra, 147, más 3 votos telemáticos, 150; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Vasco.

Comienza la votación. (Pausa).




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241, más 3 votos telemáticos, 244; votos emitidos, 241, más 3 votos telemáticos, 244; a favor, 78; en contra, 149, más 3 votos telemáticos, 152; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente votamos la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241, más 3 votos telemáticos, 244; votos emitidos, 241, más 3 votos telemáticos, 244; a favor, 78; en contra, 149, más 3 votos telemáticos, 152; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Una vez rechazadas las propuestas de veto, pasamos al debate de las enmiendas.

En primer lugar, corresponde la defensa de las enmiendas del Grupo Mixto.

Enmiendas números 1 y 2, inicialmente presentadas por los senadores Iglesias y Mariscal.

Para su defensa tiene la palabra el senador Iglesias. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Un momento, señor Iglesias.

Por favor, ruego a los señores senadores que desalojen el hemiciclo y que no establezcan tertulias.

Puede comenzar, senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Nosotros hemos formulado tres enmiendas. La primera plantea volver al texto de la Ley Orgánica del Poder Judicial previa a la reforma de la Ley Orgánica 1/2009, y por tanto, a la competencia para perseguir delitos cometidos en territorio español o a bordo de buques y aeronaves españoles; competencia para perseguir los cometidos fuera por españoles, siempre que haya acusación y el hecho fuera punible en el lugar de ejecución; competencia para perseguir los cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio cuando la ley penal española los tipifique como traición y contra la paz, contra el jefe del Estado y herederos, delitos de rebelión y sedición, atentados, falsificaciones y delitos contra el control de cambios. Igualmente competencia para perseguir los delitos cometidos fuera de nuestro país cuando sean susceptibles de ser tipificados como genocidio, lesa humanidad, terrorismo, piratería, prostitución y corrupción de menores, tráfico de drogas, tráfico de personas, mutilación genital siempre que la víctima esté en España —en este caso concreto—, y las que pudieran derivarse de las obligaciones internacionales en razón a los convenios y tratados suscritos por España.

La segunda enmienda alternativa sería que la jurisdicción española fuera competente para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando puedan tipificarse como genocidio o crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, tortura, desapariciones forzadas, piratería, terrorismo, secuestro aéreo, contra la seguridad, materiales nucleares, prostitución y corrupción de menores, mutilación genital femenina, tráfico de armas y de drogas, trata de seres humanos, blanqueo o falsificación, malversación, delincuencia económica y todos los demás que se puedan derivar de tratados. En este caso se daría esta competencia cuando el procedimiento se dirija contra un español o residente habitual o contra un extranjero que se encuentre en cualquier territorio bajo la jurisdicción española; cuando se dirija contra persona jurídica con domicilio en España o se haya cometido por cuenta de ella; cuando existan víctimas españolas o residentes habituales en nuestro país; cuando se haya cometido a bordo o contra buques, aeronaves o plataformas fijas con pabellón español; cuando se haya cometido mediante un sistema informático que se encuentre en España o al que se acceda desde ella; cuando exista tratado, convenio, instrumento, normativa europea o norma de derecho internacional que obligue a España a ejercer tal competencia, y cuando el delito se encuentre en situación de impunidad donde haya sido cometido.




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Planteamos una tercera enmienda para que se dé continuidad a los procedimientos en marcha. Suprimimos, por tanto, la disposición transitoria y excluimos la competencia española cuando un tribunal internacional haya iniciado un procedimiento o cuando el Estado en el que se cometiera el delito lo haya iniciado, siempre que el autor no se encuentre en España, o estando en ella, se haya solicitado su extradición.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado presenta las enmiendas números 8 a11. Para su defensa, tiene la palabra su portavoz, el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Nosotros hemos presentado cuatro enmiendas de supresión, si bien es cierto que al final se identifican mucho con lo ya debatido en el veto. No obstante con las tres primeras intentaré hacer otro tipo de reflexión, aunque en el fondo estemos hablando de lo mismo. Ese nuevo ámbito de reflexión está relacionado con el propio concepto de globalización, es decir, la globalización entendida como un fenómeno que supera los límites territoriales, lo cual hace que lleguemos a acuerdos en el ámbito de la Unión Europea y promueve que lleguemos a acuerdos en otros ámbitos regionales, con otros continentes y con otras regiones. Es decir, vamos en el sentido contrario a lo que la globalización y a lo que el mundo actual nos está llevando. Ese es el objeto de la supresión del preámbulo, que identifica el ámbito jurídico con el Estado, y nosotros entendemos por ese concepto que debemos abrirlo.

Consideramos que si hay que resolver problemas que afectan a un ámbito más amplio que el del territorio del Estado —como es el caso—, a través de acciones políticas o jurídicas de dimensión estatal o territorial no se pueden solucionar.

Todos los días se llega a acuerdos mucho más amplios. Por ejemplo, dentro del ámbito de la Unión Europea se alcanzan acuerdos económicos, y en estos momentos el Estado español no puede aprobar sus presupuestos si no es con acuerdos con otro tipo de instituciones, en este caso, repito, en el ámbito de la Unión Europea. ¿Cómo vamos a gestionar políticas, por ejemplo, relacionadas con el medioambiente, con la paz, con el terrorismo internacional, con la energía nuclear; cómo vamos a llevar adelante ese tipo de políticas sin llegar a acuerdos con otros países, con otras regiones o con otros Estados?

Consideramos que esta proposición de ley niega situaciones tan graves como las que antes hemos calificado, son realidades que van a relacionarse, que van a tener influencia sobre todas las comunidades y sobre todos los países del mundo, y entendemos que tienen que ser solucionadas justamente en el sentido contrario al que estábamos hablando.

Tal como hemos dicho hasta ahora y tal como recoge el profesor Xavier Philippe, no deben existir tablas de salvación para quienes cometen graves crímenes. Tenemos que llegar a acuerdos con otros Estados, con otras regiones, y no entendemos esta proposición de ley, y en ese sentido están planteadas las tres primeras enmiendas.

La cuarta enmienda pretende la supresión de la disposición transitoria. El sobreseimiento de una serie de causas a través del boletín oficial no nos parece que sea el lenguaje adecuado. Entendemos que va en contra de los derechos internacionales, va en contra también de la jurisprudencia constitucional y va en contra —como ya se ha dicho— de los artículos 9.3 y 24, de tutela judicial efectiva, de la Constitución, y por ello consideramos que no debe estar ahí y proponemos su supresión.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Bildarratz.

El Grupo Parlamentario Entesa presenta dos bloques de enmiendas, uno, de la número 17 a la 21, y otro, la enmienda 22.

Para la defensa de las enmiendas 17 a 21 tiene la palabra el president Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Señor presidente, señorías, seré muy breve.

Nosotros hemos presentado cinco enmiendas más una —cinco los senadores y senadoras socialistas, y una los senadores Saura y Guillot—, cinco enmiendas al texto enviado por el




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Congreso con el objetivo de recuperar el texto vigente, que corresponde a la última reforma realizada en el año 2009, y de efectuar una pequeña modificación para incorporar una serie de delitos incluidos en los convenios internacionales firmados en los últimos años por nuestro país, como ponía de relieve el don Arcadio Díaz Tejera en su intervención.

Nuestras enmiendas 17,18, 20 y 21 suprimen casi en su totalidad el texto avalado por el Gobierno del Partido Popular y por el grupo parlamentario que lo sustenta para restringir hasta su completa desaparición efectiva la posibilidad y la competencia de los tribunales españoles en la persecución de los delitos y las violaciones más graves de los derechos humanos, tales como el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, que atentan no solo contra las víctimas, sino también contra toda la comunidad internacional.

El texto propuesto, como hemos dicho en la presentación de nuestro veto, hace inviable que los jueces y tribunales puedan proceder contra los presuntos autores de estos delitos. Además, nos parece muy grave el contenido de la disposición transitoria única —cuya supresión, obviamente, propone nuestra enmienda 21—, que obliga al sobreseimiento de forma automática de todos los procedimientos abiertos en España en virtud de la jurisdicción universal. No quiero reiterar los numerosos casos de ciudadanos españoles víctimas de abusos y crímenes deleznables que van a ser desprotegidos de la tutela judicial efectiva que explicita nuestra Constitución. El mensaje que subyace es un mensaje preocupante, y se ha puesto también de relieve en el debate de los vetos. El Gobierno desprotege a sus ciudadanos y lanza un mensaje de impunidad en favor de los presuntos autores de delitos que violan los derechos humanos.

Además, es muy cuestionable esta medida de sobreseimiento por mandato legal, ya que también supone una intromisión, desde nuestro punto de vista, en la potestad jurisdiccional que la Constitución reserva, en este caso a los juzgados y tribunales, y vulnera la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras vinculadas al ejercicio de un derecho fundamental que garantiza el artículo 9.3 de la misma.

Nuestra enmienda número 19 recupera la regulación saliente de la reforma de 2009, aprobada por una amplia mayoría de los grupos parlamentarios aquí presentes, a diferencia de la propuesta que se nos plantea en estos momentos, que solo tiene el apoyo del Grupo Parlamentario Popular. Además, incluye todos los delitos a los que nos obliga —como decía anteriormente— la firma reciente de convenios internacionales.

Reitero nuestro enérgico rechazo al contenido de esta proposición de ley. Nuestra sociedad no puede permitir la eliminación en la práctica de la justicia universal de la jurisdicción española, cuyos principios inspiradores no son otros que el castigo a los culpables de crímenes que atentan contra la propia condición y dignidad humana y evitar todo lo que sea posible la impunidad de sus autores.

También doy por defendida la enmienda número 22, a la que hacía antes alusión, de los senadores Saura y Guillot.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría; gracias, president Montilla.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió presenta las enmiendas números 3 a 7.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Mi grupo ha presentado un total de cinco enmiendas, cuatro de supresión y una de modificación por sustitución.

La enmienda número 3 es de modificación. Estamos en contra de las limitaciones en la justicia universal que se plantean en la proposición de ley, y esta enmienda pretende mantener la redacción vigente e incorporar de manera expresa los nuevos supuestos que se plantean y que conllevan una ampliación del ámbito de conocimiento de los jueces españoles, como, por ejemplo, los delitos de corrupción entre particulares o en las transacciones económicas, los delitos sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer. Además, esta enmienda tiene también como objeto recuperar de forma expresa los delitos relativos a la mutilación genital femenina y los tres supuestos alternativos que permitirían conocer a la jurisdicción española de los delitos que atentan contra los derechos humanos.




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La enmienda número 4 tiene como finalidad suprimir el artículo único. Uno.2 de la proposición de ley al considerar más adecuada la redacción actual. No compartimos que se elimine la denuncia del agraviado o del ministerio fiscal como mecanismo para que la jurisdicción española pueda conocer de los delitos que se hayan cometido fuera del Estado español.

La enmienda número 5 es de supresión del artículo único.Uno.5. Presentamos esta enmienda por considerar más adecuada la redacción actual de la normativa vigente. Desde nuestro punto de vista, las normas jurídicas han de ser claras en aras de velar por la seguridad jurídica y evitar confusión en aplicación de la norma jurídica. No obstante, la regulación en negativo que propone la proposición de ley de los delitos que no serán perseguibles en España conllevará inseguridad jurídica y confusión en su aplicación.

La enmienda número 6 se presenta a los efectos de suprimir el artículo único.Uno.6. El artículo 125 de la Constitución Española regula la acción popular como mecanismo de defensa de los intereses colectivos legítimos. Esta acción permite que un ciudadano pueda personarse en un proceso sin necesidad de invocar la lesión de un interés propio, sino en defensa de la legalidad y como lucha contra la impunidad. No obstante, la proposición de ley, en particular el apartado 4, restringe el uso de la acción popular, al establecer que solamente serán perseguibles en España los delitos cometidos fuera del Estado español cuando exista interposición de querella por el agraviado o por el ministerio fiscal.

Y finalmente la enmienda número 7 pretende suprimir la disposición transitoria única, que establece que en el momento de entrada en vigor de la ley, las causas que estén en tramitación para estos delitos quedarán sobreseídas hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.

Nuestro grupo parlamentario no comparte dicho criterio y considera de dudosa legalidad dicha disposición, teniendo en cuenta que en derecho penal rige el principio de irretroactividad de las normas sancionadoras o limitadoras de derechos. Si de lo que se trata es de una disposición procesal y no penal, tal y como plantea el senador Altava, esta disposición adicional resulta también ilógica desde un punto de vista procesal, pues los procedimientos deben continuar y, en su caso, permitir a las partes que aleguen la concurrencia sobrevenida de los requisitos establecidos en la nueva redacción propuesta para que posteriormente entre el juez a evaluar caso por caso la suerte que deberá correr cada procedimiento en virtud del ejercicio de la potestad jurisdiccional conferida constitucionalmente por el artículo 117 de la Constitución, de lo contrario podría comportar una intromisión del Poder Legislativo en el Judicial, conculcando el principio de separación de poderes.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz de Justicia el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente.

Con su venia. Las enmiendas 12, 13 y 14, en coherencia con el texto del veto, piden su supresión porque es una manera de ser que corresponde a esa lógica de coherencia interna de la propuesta que hemos defendido aquí hoy. Sí me voy a extender, con el permiso de la Presidencia y de la Cámara, en dos enmiendas, la número 15 y la número 16. Sobre las números 12, 13 y 14 no pido contraargumentación específica porque entiendo que ha sido ya expuesta en el veto.

Respecto a la enmienda número 15, la retroactividad o irretroactividad se establece en el artículo 9. El 9.1 habla del sometimiento de todos los ciudadanos y todos los poderes a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico; es el que precisa que la Constitución también es ordenamiento jurídico, no solo meras declaraciones retóricas o píos deseos, sino una norma jurídica de aplicación inmediata y que vincula toda ella, a diferencia de otros momentos constitucionales en la historia de España. El artículo 9.2, es el que señala que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Pero el 9.3 establece los principios que inspiran toda nuestra vida pública y todo nuestro ordenamiento jurídico. Y, a parte del de legalidad, jerarquía normativa, publicidad, etcétera,




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hay dos claves que tiene que ver con esto: la irretroactividad de las normas sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, aparte del de la seguridad jurídica. El de la seguridad jurídica es un concepto al que se puede aludir siempre, pero de manera más específica me parece que es este. El de la seguridad jurídica hace referencia a que las víctimas acudieron a los tribunales españoles pidiendo una protección que no le proporcionaban sus tribunales nacionales en sus países, en sus Estados, por sus poderes judiciales, seguramente porque ese Estado no podía o no quería, o porque ese Poder Judicial no podía o no quería, por aquello de que hay algunos Estados en algunos países donde el crimen organizado visita a los jueces y les dice: plata o plomo. Ahí, ese Poder Judicial ni es independiente ni es inamovible ni es responsable y, por supuesto, no está sometido únicamente al imperio de la ley, como dice el artículo 117.1 de la Constitución.

Pero no se trata solo de que en esos países sus tribunales no pudieran tutelar esos derechos e intereses legítimos, no pudieran reparar los bienes jurídicos que habían sido quebrantados por los hechos delictivos, sino que la Corte Penal Internacional tampoco lo podía hacer bien porque no había investigación, bien porque no se había suscrito dicho convenio, bien por la fecha en que se produjeron los hechos. Esas víctimas, con arreglo a un ordenamiento, acuden a los tribunales españoles porque lo dicen estas normas que tutelaban esos derechos fundamentales, desde el punto de vista de la zona de intersección en teoría de conjunto, esa zona común no solo al espacio judicial nacional de cada soberanía, sino del conjunto de la comunidad internacional, que es el concepto que no trabajan, el instrumental que no trabajan a la hora de responder sobre la responsabilidad de la comunidad internacional para abordar esa criminalidad que ya no puede escudarse en fronteras, soberanías o legislación interna, sino que es compromiso de todas las partes contratantes que han firmado esos convenios y esos tratados.

Por tanto, si no pueden en un supuesto o en otro, acuden al tribunal español. Y les puse el ejemplo del feminicidio en el caso de Guatemala. Fíjense ustedes en ese auto de septiembre de 2011 —no me refiero solo a la sentencia del Tribunal Supremo de 2003, la del Tribunal Constitucional de 2005, sino al propio auto de 2011 del juez de la Audiencia Nacional— en el que esa violencia de género, ese asesinato sistemático de las mujeres en edad fértil, o de las niñas que podían llegar a serlo, para impedir que la comunidad de indígenas pudiese seguir subsistiendo se califica de genocidio. Y luego las cuatro resoluciones les dije los números de tres de ellas que insistían en que esas resoluciones obligaban a luchar en ese ámbito como si fueran fórmulas de genocidio. Entonces, en esa situación, a esas personas que acudieron ante esa propuesta de la premio nobel Rigoberta Menchú a la Audiencia Nacional y a las que el Tribunal Constitucional les dice que la Audiencia Nacional sí tiene esa competencia, ahora les decimos que no; por eso se plantea esa irretroactividad que resulta cruel en la aplicación de esta propuesta que es limitativa de derechos individuales. De ahí esa irretroactividad y de ahí este argumento que estamos planteando.

Y respecto a la última enmienda, me gustaría que pudiesen razonar en torno a este argumento en concreto.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya finalizando.

El señor DÍAZ TEJERA: Acabo ya, señor presidente.

La enmienda número 16 se refiere a las condiciones de perseguibilidad para cada delito específico de cada una de las causas que están abiertas, y que genera un ámbito de impunidad para las víctimas españolas en supuestos de delitos de lesa humanidad, delitos de genocidio, o delitos contra los bienes y personas en situaciones de crímenes de guerra. En ese tipo de situaciones, si se trata de que no les gusta la Audiencia Nacional y los jueces estrella, si se trata de eso, planteémonos solventar esa figura en la que están veinte periodistas encima de cada uno de los jueces de la Audiencia Nacional; esas perversiones hay que solventarlas; pero el problema de la Audiencia Nacional y de las perversiones de algunos miembros de la carrera judicial —algunos de los cuales no están en la Audiencia Nacional, sino en otro sitio— no se solventa acabando con la jurisdicción universal. Es como aquello de que como tiene un dedo malo, vamos a matar al perro. No, si tiene un dedo malo, solvente el problema del dedo malo, pero no acabe usted con la figura, ni con la vida de la jurisdicción universal, porque es francamente abominable y una desproporción brutal entre lo que son las perversiones de las que están aquejados algunos




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miembros de la carrera judicial y lo que es la jurisdicción universal como una fórmula para tutelar derechos humanos. No hagan ustedes que este sea un día triste en materia de lucha por los derechos humanos.

Gracias, señor presidente, por su benevolencia. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor Díaz Tejera.

Turno en contra. Tiene la palabra la senadora, señora Franco.

La señora FRANCO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Bien, senador Bildarratz, yo le aseguro que junto a la técnica jurídica también hay humanidad.

Quería comenzar hablando precisamente de los Principios Princeton. Es verdad que es un trabajo que hicieron una serie de juristas en la Universidad de Princeton, que definieron lo que se entiende por el principio de jurisdicción universal del que estamos debatiendo hoy aquí esta tarde en el sentido más amplio posible. Vuelvo a decir lo mismo: la configuración que se hace de estos Principios Princeton es que son orientadores, con una carga ética indudable, que podrían asemejarse a unos principios generales del derecho, que fue mi dicción exacta. Y lo vuelvo a decir: podrían ser unos principios generales del derecho internacional, por qué no. (El señor Díaz Tejera: Derecho positivo). Código Civil, los principios generales del derecho rigen en defecto de costumbre, y la costumbre en defecto de ley.

Hay un artículo de este trabajo, de la declaración que hicieron estos juristas de la Universidad de Princeton, que precisamente se refiere a que son principios orientadores, en especial en el ámbito de los tratados internacionales. La cuestión es que estos principios deben inspirar a los tratados internacionales, al derecho internacional público.

Y el Principio 12 dice: En todos los tratados futuros y en los protocolos a los tratados en vigor relativos a los delitos graves de derecho internacional, los Estados incluirán disposiciones relativas a la jurisdicción universal.

Señorías, por supuesto que la proposición que traemos hoy aquí es una opción de técnica legislativa, y lo repetía antes en mi intervención, pero lo voy a seguir repitiendo. La opción es que la extensión del principio de jurisdicción universal en nuestro ordenamiento interno tiene que ser coherente y tiene que adaptarse a lo dispuesto en los tratados internacionales. Y ojalá, de verdad, ojalá este principio de jurisdicción en su sentido amplio, tal y como se define en los Principios Princeton, se incorpore absolutamente en todos los tratados internacionales, porque de esa manera pasaría a formar parte del derecho interno. De eso no tenemos la menor duda, y estamos todos absolutamente a favor. Es cierto que no corresponde a un Estado en solitario mantener el orden en todo el mundo aplicando el derecho penal, porque, entonces, estaríamos convirtiendo a nuestros tribunales en una Corte Penal Internacional, y las diferencias entre nuestros tribunales y la Corte Penal Internacional, creada por el Estatuto de Roma, ya lo dije antes, es bastante relevante.

Vuelvo a señalarles que el objeto de nuestra reforma no es aniquilar el principio de jurisdicción universal, no desaparece ese principio de jurisdicción universal de nuestro ordenamiento, sino que se establece una serie de criterios que respetan lo dispuesto en los tratados internacionales y que tratan de integrar lo dispuesto en ellos en el derecho internacional público, en los compromisos internacionales que este Estado ha asumido. Lo hacen estableciendo un nuevo equilibrio, y no lo digo en sentido eufemístico, porque es verdad que en determinados delitos, en determinados supuestos va a haber una limitación; en otros se mantienen exactamente los mismos criterios, y en otros casos se va a ampliar la posibilidad de actuación de nuestros tribunales.

Centrándome ya en las enmiendas que han presentado sus señorías, me van a permitir que me refiera a ellas por bloques.

Hay un conjunto de enmiendas que han solicitado precisamente la supresión de la exposición de motivos. Nosotros consideramos que la exposición de motivos no es prescindible, porque es verdad que no tiene valor normativo pero sí que puede ayudar a interpretar esta norma, porque viene a explicar cómo, tras la modificación del 2009, a nuestro juicio, se hace necesario llevar a cabo esta nueva modificación y los motivos que utiliza son precisamente los que acabo de señalar, que la extensión de la jurisdicción española, más allá de los límites territoriales españoles, debe venir legitimada por la existencia de un tratado internacional. Y esto, por supuesto, es una opción política, es una opción de política legislativa, y es la que traemos hoy a la Cámara.




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Otro conjunto de enmiendas han venido a solicitar que se incluya la denuncia como forma de iniciación del procedimiento judicial. Yo a este respecto sí quisiera decirles que el hecho de que no se incluya la denuncia es coherente con la existencia de ciertos límites para el ejercicio de una acción penal que por el hecho de llevarse a cabo fuera del territorio nacional resulta dificultosa y complicada. También es cierto que no excluye la posibilidad de que las víctimas puedan presentar su denuncia ante el ministerio fiscal y que el ministerio fiscal, sobre la base de las comprobaciones legales y viendo si hay de verdad causa para llevar a los tribunales, sea el que formule la querella, porque, además, esto lo prevé el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Cabe la posibilidad de que las víctimas formulen querella, que el ministerio fiscal formule querella, o bien las víctimas formulen denuncia ante el ministerio fiscal.

En cuanto a la acción popular, su restricción en este ámbito tiene prácticamente el mismo fundamento que para el hecho de que no se incluya la denuncia, porque la actuación de la jurisdicción española por un delito fuera del territorio español implica una actuación judicial que de por sí es muy compleja, además esta restricción es plenamente compatible con el ordenamiento constitucional, porque nuestra Constitución viene a establecer la participación de los ciudadanos en el ámbito penal a través de la acusación popular respecto de aquellos procesos penales que la ley determine. Por tanto, estamos ante un derecho de configuración legal y, desde luego, no se vulneraría la Constitución.

En cuanto a la casuística del artículo 23.4, sus señorías han formulado diferentes enmiendas, unas, relativas al listado de delitos y otras relativas a los requisitos que se exigen para la persecución de cada uno de ellos; en unos casos proponiendo que desaparezcan estos requisitos, en otros casos proponiendo que se mantengan los actuales.

Voy a comenzar precisamente por estas últimas. Y vuelvo a decir lo mismo, repito constantemente lo mismo: estos requisitos se han fijado de acuerdo con lo dispuesto en los convenios internacionales que regulan este tipo de delitos, convenios que en unos casos establecen requisitos con carácter obligatorio, que se han incorporado en todo caso, y en otros casos con carácter facultativo, que se han incorporado en la mayor parte de los casos.

Les diré algo más. Las enmiendas que ustedes presentan supondrían definir el ámbito de actuación de nuestros tribunales o de nuestra jurisdicción más allá de lo que establecen los límites que fijan estos convenios internacionales. Les voy a poner un ejemplo relacionado precisamente con los delitos de tortura y la Convención contra la tortura.

Según las enmiendas que muchos de ustedes han introducido, los juzgados y tribunales españoles tendrían competencia para conocer de un delito de torturas que se hubiera cometido, por ejemplo, en Francia, Alemania u Holanda, por la policía francesa, alemana u holandesa, exclusivamente con víctimas francesas, alemanas u holandesas, solamente por el hecho de que el presunto autor veranease en España. (Rumores). Eso sí que podría chocar con el principio de no intervención que establece el artículo 27 de la Carta de Naciones Unidas.

Hablamos de los límites de la soberanía, del concepto de espacio judicial, que es antiguo, pero el artículo 27 de la Carta de Naciones Unidas establece un principio de no intervención en los asuntos de otros Estados. Es verdad que ese principio de no intervención tiene limitaciones en el caso de delitos contra los derechos humanos, por supuesto, pero esas limitaciones no van a tener ninguna objeción si se llevan a cabo entre dos Estados o dentro del marco de un tratado internacional. ¿O no es así? Es así, es así. Lo mismo ocurre con la posibilidad de injerencias o conflictos por el hecho de juzgar causas o delitos en el espacio judicial de otro Estado. Claro que esto puede producir fricciones entre los Estados y dentro de la comunidad internacional, y la única forma de encauzarlo es actuar de acuerdo con lo dispuesto en los tratados internacionales, porque entonces sí que es inobjetable. Al menos, ese es mi criterio.

En segundo lugar, respecto al mensaje de impunidad que sus señorías dicen que lanzamos con esta reforma, ya dije que España jamás será refugio para ningún responsable de este tipo de delitos; en nuestro territorio no va a existir impunidad para ellos porque, bien van a ser juzgados, bien extraditados. Y lo que tampoco podemos olvidar es la existencia de una Corte Penal Internacional que, afortunadamente, cuenta cada vez con más adhesiones de Estados, que tiene competencia expresa en este tipo de delitos, además de personalidad jurídica internacional, y que los Estados están obligados a colaborar con ella.




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Respecto al listado de delitos, como les dije, lo ampliamos. Creemos además que los delitos que incluimos son los adecuados para los objetivos que pretendemos conseguir con la reforma. Además, hay que considerar la cláusula residual que hace referencia a cualquier otro delito, cuya persecución se imponga bien por un tratado o por actos normativos de una organización internacional.

El senador Díaz Tejera decía que ellos no incluyeron el resto de delitos que aparecen en la Convención de Estambul porque es posterior a su reforma. Mire, senador Díaz Tejera, esa es una opción de política legislativa. ¿Por qué ustedes solo introdujeron la mutilación genital femenina y no incluyeron, por ejemplo, la violación? Se trata de una opción de política legislativa. No era necesaria la Convención de Estambul para elegir solo la introducción de la mutilación genital femenina, la violación o cualquiera de los delitos que figuran en ella. Me gustaría resaltar esto.

Voy a poner un ejemplo práctico, porque a veces es más fácil que recurrir a la técnica jurídica. Podría ser el caso de una mujer de nacionalidad española que viaje a un Estado extranjero y sea víctima de una violación. No voy a dar nombres de Estados, pero todos hemos leído en las noticias casos que nos han puesto los pelos de punta y que le dejan a uno frío por la impunidad y por cómo en países con una cultura jurídica muy distinta a la nuestra se puede tratar así un delito tan grave como una violación, donde en ocasiones la violada acaba en la cárcel. Imagínense un supuesto de estos. Una mujer española viaja a un país con una cultura jurídica muy distinta a la nuestra, sufre una violación, no la denuncia en ese país, pues a la vista de las dificultades que se va a encontrar, decide no hacerlo, pero cuando regresa a España decide denunciarlo. Además, coincide con que el presunto violador se encuentra en ese momento en España. Pues bien, con el artículo actualmente en vigor ese delito no se podría enjuiciar en España porque no está incluido en su articulado y porque el Convenio de Estambul tampoco establece cláusulas de jurisdicción. No se podría enjuiciar en España. Se va a poder enjuiciar a partir de esta proposición de ley porque aparece en el listado de los delitos perseguibles, porque es uno de los incluidos, como todos los demás incluidos en la Convención de Estambul, y con el mismo criterio que fijaron ustedes para perseguir la mutilación genital femenina, y es que el autor se encuentre en España.

También me gustaría destacar otro aspecto, y es que en el delito de trata de seres humanos incluimos la existencia de responsabilidad penal en nuestro país cuando el delito se impute a una persona jurídica de nacionalidad española, domiciliada en España, aunque el delito se haya cometido fuera, porque este tipo de delitos es precisamente uno de los que suelen ser víctimas las mujeres objeto de explotación sexual, y con esta reforma se resuelve un vacío legal existente en la actual regulación.

Por último, voy a hacer referencia a la supresión de la disposición transitoria única, que creo que todas sus señorías han mencionado, en la enmienda que han introducido. Claro que es cierto que en nuestro derecho penal rige el principio de retroactividad de las normas penales desfavorables o limitativas de derechos pero es que en este caso, como ya comentó el senador Altava en el debate en comisión, estamos ante normas procesales, estamos ante una norma procesal que establece los cauces del procedimiento y determina el momento de aplicación de la norma referida a la competencia y jurisdicción de los tribunales españoles. Por eso, y porque en las normas procesales rige el principio según el cual la ley procesal aplicable en el tiempo es precisamente la que se encuentra vigente en el momento de resolverse el acto, se ha establecido esta disposición transitoria, para ordenar esa transición de una norma procesal a otra.

Y finalizo. Vuelvo al comienzo de mi intervención, a los Principios Princeton, a la amplia definición que contienen de lo que debe ser la jurisdicción universal y que debe inspirar a todos los tratados internacionales, con el deseo de que sea la comunidad internacional, porque considero que debe ser así, que sea el derecho internacional público el que evolucione por esa senda, porque por mucho que lo digan ese concepto de jurisdicción amplia en el derecho internacional público no existe. ¿Se puede deducir del preámbulo del Estatuto de Roma cuando este estatuto de lo que habla es de la complementariedad de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional respecto de la jurisdicción nacional del Estado donde se comete el delito o del que es nacional el autor? Porque allí no se habla de todos los Estados, se habla del Estado en cuestión, del Estado nacional, y si lee el artículo 17, que regula las cláusulas de admisibilidad, verá que queda clarísimo.

Como decía, espero —y creo que es un deseo que compartirá todo el mundo— que el derecho internacional público avance en esa senda, que ese principio de jurisdicción universal amplio se




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pueda incluir en todos los tratados internacionales, porque creo que ese es el camino. Cada Estado no debe caminar de forma independiente, a diferente ritmo, debemos caminar todos juntos. Y ojalá fuera así porque supondría haber acabado con la impunidad de los responsables de estas atrocidades, con los responsables de las atrocidades que se cometan sobre todo en las guerras, haber acabado con los sufrimientos que tienen todas las personas que viven en regímenes totalitarios, antidemocráticos, dictaduras y que por desgracia siguen existiendo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Voy a intervenir brevemente desde el escaño, si me lo permite.

Señoría, en lo único que podemos coincidir es en que no cabe discutir ni cuestionar que por encima de la legislación interna están los tratados y convenios internacionales, y que, en consecuencia, como esta ley vulnera abiertamente tratados y convenios internacionales, va a llegar al Tribunal Constitucional por las tres vías posibles: por el recurso de amparo, por la cuestión de constitucionalidad que plantearán jueces y magistrados desde la Audiencia Nacional, y porque supongo que cincuenta diputados o cincuenta senadores formularán recurso de inconstitucionalidad. Y a partir de ese momento se demostrará que gran parte de los contenidos de esta reforma que están introduciendo en la Ley Orgánica del Poder Judicial no solamente supone un aliento a los ámbitos de impunidad sino que confronta con la norma máxima de la que nos hemos dotado, que es la Constitución y que, por tanto, para quienes están hoy en la Audiencia Nacional reclamando justicia, porque no la han tenido donde tenían que tenerla, aún hay esperanza, a pesar de que mayoritariamente vayan ustedes a aprobar hoy este texto.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra su portavoz, el señor Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

En este último turno, y para concluir este amplio debate que hemos tenido, le quiero reconocer a la senadora Franco algo evidente, y es que se atiende una mayor casuística, pero lo mismo que eso es obvio, y usted ha puesto algún ejemplo, también lo es que se hace dentro del principio de liquidación de la justicia universal; por tanto, se amplía a una serie de casos pero liquida otro montón después de eliminar el principio de jurisdicción universal.

Usted se ha referido también a los Principios de Princeton, y le voy a leer un texto que dice lo siguiente: A los fines de los presentes principios, se entiende por jurisdicción universal una jurisdicción penal sustentada exclusivamente en la naturaleza del delito, prescindiendo del lugar en que este se haya cometido, la nacionalidad del presunto autor condenado, la nacionalidad de la víctima y todo otro nexo con el Estado que ejerce esa jurisdicción. Eso es, a fin de cuentas, lo que usted está comentando, que es a donde nos debemos dirigir, con lo que tenemos que trabajar, en cambio, justamente, es lo que estamos eliminando en el día de hoy.

Le quiero hacer una pregunta relativa a la disposición transitoria: ¿qué opina del sobreseimiento de los trece casos de la Audiencia Nacional? ¿Y qué les decimos a todas las víctimas que se van a ver implicadas en ese sobreseimiento? ¿Qué les explicamos?

Al senador Altava quiero decirle también que no me han respondido prácticamente a ninguna de las preguntas que le he realizado en el primer turno; en cambio, me ha respondido a una por la que justamente no he preguntado, y es por qué han utilizado un procedimiento, una tramitación totalmente inusual para un asunto tan importante, que ocupa tanto espacio y que preocupa, pues, en definitiva, se trata de la impunidad de genocidas, de la impunidad de criminales, de la impunidad de terroristas, etcétera. ¿Solo nosotros en la justicia universal? Pues hay más de ciento veinte Estados en el ámbito de la justicia universal. ¿Quizá haya otras estrategias más adecuadas? Quizá, pero mientras no las tengamos, agarrémonos a las que tenemos y vamos a desarrollarlas,




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vamos a mejorarlas, pero no vamos a eliminarlas y crear esos ámbitos de impunidad, que eso sí que es perjudicial, que eso sí que invita a genocidas, criminales, terroristas, etcétera, a seguir cometiendo delitos porque se ven impunes y ven dónde están nuestras prioridades.

Otra pregunta le quiero hacer: ¿por qué no se reforma el apartado 3? ¿Por qué el principio de jurisdicción universal sí continúa en el apartado 3? Si la persona que estaba en el Hotel Palestina, en lugar de ser el periodista José Couso, hubiésemos sido usted o yo, ¿el principio de jurisdicción universal hubiese funcionado de una manera tan diferente? ¿Por qué —tal como he preguntado antes, que no me han respondido— si se hubiesen falsificado unos billetes de 5 euros, sí se hubiese atendido al principio de jurisdicción universal y por qué no si se trata del asesinato de un periodista, como es el caso de José Couso?

Y hablando de periodismo, he comentado antes que se está creando en el ámbito periodístico una debilidad para que puedan ejercer su trabajo. Usted me ha traído a colación una editorial de El Mundo que valora después de la aprobación de esta proposición de ley en el Congreso de los Diputados de demagógicos los posicionamientos de la oposición, un medio de comunicación que ha cesado a su director por escribir determinadas cosas, que para ustedes no resultaban cómodas. Mi referencia, evidentemente, no va a ser El Mundo, mi referencia va a ser Olga Rodríguez, que es una periodista de un medio de comunicación que estaba presente en el Hotel Palestina.

Para finalizar, debo decir que el contenido de este proyecto de ley es injusto, en el que existe una gran reversión de uno de los avances más importantes en materia de derechos humanos.

Después de todo este debate, después de escuchados todos los argumentos, he de decir que el Partido Nacionalista Vasco apoyará el recurso de inconstitucionalidad de lo que va a ser Ley Orgánica del Poder Judicial.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Ha quedado claro en el debate de hoy que la impunidad aumenta. En los trece casos de la Audiencia Nacional hemos hecho un punto final. Del asesinato de Couso, del asesinato de Ignacio Ellacuría, del asesinato de Carmelo Soria y de muchos otros genocidios no hay ninguna explicación hoy y cuando el proyecto se apruebe en el Congreso, habrá un punto final. Quedan absolutamente impunes. No podemos estar de acuerdo. No entendemos por qué el Gobierno lanza una ley por la que quedan impunes asesinatos y genocidios que llevan años y años de procedimiento. ¿Qué les vamos a explicar —como decía el portavoz del Partido Nacionalista Vasco— a las víctimas? Porque los familiares de las víctimas solo reclaman una sola cosa: justicia, y con esta ley no se hace justicia.

En segundo lugar, se han ampliado los delitos a perseguir, pero los requisitos que se han puesto van a hacer imposible que se establezcan procedimientos de justicia universal. No lo digo yo, no lo decimos los grupos políticos del Senado o del Congreso, lo dice el colegio de abogados cuando habla de desnaturalizar el proceso, o los tratados internacionales cuando establecen clarísimamente las obligaciones de los Estados.

Por lo tanto, estamos ante una ley que no sabemos por qué sale. No sabemos por qué es proposición de ley, no sabemos por qué se evitan las comparecencias y no sabemos por qué razón tanta urgencia.

Quiero decir otra cosa: el señor Rajoy repite a menudo que gobierna para todos. Yo digo que el señor Rajoy está gobernando contra todos, esta es una ley más en la que está aislado políticamente y también socialmente. Estoy seguro de que cuando el Partido Popular pierda la mayoría absoluta, volveremos a reemprender la lucha por una justicia universal que vele por los derechos humanos y los derechos universales. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.




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La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Convergència i Unió siempre ha estado a favor de la defensa de los derechos humanos, a favor de una actitud positiva y activa en el ámbito internacional y nos creemos los valores que propugnamos en la Constitución. Es cierto que existe una Corte Penal Internacional y que sería deseable que muchos de estos delitos fueran conocidos por ella, pero desgraciadamente también lo es, senadora Franco y senador Altava, que muchos de los países y Estados transgresores de los derechos humanos no han firmado los tratados internacionales y no son parte de dicha Corte. Por lo tanto, quedan fuera de ella y quedan espacios de impunidad.

Mediante la presente proposición de ley las situaciones de impunidad y la indefensión de las víctimas van a verse lamentablemente incrementadas. Además nos encontramos ante un mal entendido principio de subsidiariedad y de complementariedad de la Corte Penal Internacional. Según el Estatuto de la Corte Penal Internacional, corresponde a los Estados, en primer lugar, el ejercicio de su jurisdicción en aplicación de los principios de territorialidad, personalidad activa y pasiva, principio de protección y jurisdicción universal. Solo en el caso de que estos no lo hagan, entra a conocer la Corte Penal Internacional y no al revés.

El proyecto de ley presenta serias dudas de inconstitucionalidad al diferenciar entre víctimas en función de la naturaleza de los delitos y al eliminar el papel otorgado constitucionalmente a la acusación popular en estos procedimientos.

Sin perjuicio de las consecuencias que estas medidas pudieran tener en la persecución de los delitos transfronterizos, en los de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, suponen la práctica imposibilidad de los tribunales españoles para conocer de los mismos cuando se cometan contra ciudadanos españoles en el extranjero. Se constata así que inexplicable e injustamente se va a propiciar la impunidad de los verdugos y la indefensión y el desamparo de las víctimas, exigiendo que la persona a la que se imputa el delito resida en España, cerrando la puerta a la acusación popular y declarando el sobreseimiento automático de las causas en trámite. Se está asestando un golpe mortal a la justicia universal.

Todos los grupos hemos argumentado con insistencia y con esmero el porqué de nuestras enmiendas. No podemos concebir ser meros espectadores de la aniquilación de la justicia universal. Desgraciadamente, nuestro esfuerzo habrá sido en vano, pues ya estamos acostumbrados a padecer el rodillo parlamentario del grupo del Partido Popular, el cual permite aplanar las enmiendas que presentamos los grupos sin prácticamente ofrecer ningún tipo de aproximación a nuestros planteamientos y cuestiones que estamos debatiendo. Es un error político creer que la mayoría absoluta implica no alcanzar acuerdos importantes en cuestiones tan trascendentales como las que estamos debatiendo en esta proposición de ley. Mayoría absoluta no significa razón absoluta, no me cansaré nunca de repetírselo. Aun así, mi grupo insiste en la presentación y aprobación de cinco enmiendas que consideramos aportan mejoras, volviendo sobre todo al espíritu de la regulación vigente reformada en el 2009, y quiere dejar bien claro que no va a ser cómplice de este ataque al valor superior justicia del artículo 1 de la Constitución.

Vamos a votar en contra de este proyecto de reforma porque defendemos la justicia, porque rechazamos la impunidad de los que cometen atrocidades y porque nos parece inadmisible que se deje en situación de desamparo e indefensión a tantas víctimas inocentes.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador señor Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Con su venia, presidente.

Yo les preguntaría a cada uno de los presentes en este debate lo siguiente: Si ustedes fueran mañana a un país —no voy a decir nombre para no estigmatizar a ninguno— donde sistemáticamente se violan los derechos fundamentales, donde pueden verse inmersos en crímenes de guerra, en alguna fórmula de genocidio, en algún delito de lesa humanidad, o se ve envuelto el vehículo con el que están ustedes paseando por una zona de la campiña de ese país en una situación de conflicto armado, sinceramente en el fuero interno de cada uno, a partir de mañana, de ir a esos lugares, ¿se sentirían ustedes más seguros con la aprobación de este texto? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. En su fuero interno.




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El senador Saura preguntaba antes: Nosotros votaremos con tristeza, pero ¿van ustedes a votar con alegría? Eso preguntaba el senador Saura, y yo comparto su esperanza. La esperanza del senador Saura es que ustedes voten con tristeza porque significa que hay ámbitos todavía —esas zonas de intersección en teoría de conjuntos— sobre los cuales se puede seguir trabajando, luchando por los derechos humanos y luchando por la jurisdicción universal. Esa es la cuestión. Fíjense que se trata —en la medida de lo posible— de ponernos en el lugar de las personas para las cuales legislamos. ¿Se han reunido ustedes alguna vez con víctimas de genocidio, de lesa humanidad, de crímenes de guerra? ¿Se han reunido ustedes alguna vez con víctimas del genocidio de Guatemala? ¿Se han reunido ustedes alguna vez con la madre de José Couso? En una bella expresión del senador Guillot —que yo no consigo superar, y por eso cito la autoría—, yo no puedo pensar que ustedes sean un grupo que no tenga alma, porque resulta cruel, resulta inhumano desposeer a las víctimas de la posibilidad de acudir a un tribunal porque no han podido acudir a otro. ¿Ustedes creen que algunas de estas víctimas de estas trece causas, si hubiesen podido acudir a la Corte Penal Internacional, si hubiesen podido acudir a un tribunal nacional de su país, habrían tenido que acudir a la Audiencia Nacional de España? No tiene sentido. Si han acudido es porque no tenían otra cosa. ¡Encima de la condición de víctima, les van a quitar esa posibilidad! Yo no lo entiendo, porque aquí lo que se incorporan son condiciones de perseguibilidad específicas para cada delito. Han creado supuestos, como en un concurso de méritos en el que a veces se dice que el arquitecto tiene que ser pelirrojo, calzar el 46, ser del Atlético de Madrid y medir 1,72 metros. Cuando uno lee eso, piensa: ¡Uy, parece la radiografía de algún amigo de! Las condiciones específicas de perseguibilidad para cada delito las han hecho ad hoc, han hecho un traje a medida para cada una de las causas que están ahora pendientes en la Audiencia Nacional. Esa es la precisión que se está haciendo en estos supuestos, y encima la crueldad todavía más infinita que supone decirles a las víctimas: Oye, por cierto, esto solo se puede abrir si lo presenta el Ministerio Fiscal. ¡Qué casualidad, porque todas las que están las han presentado las víctimas y las ONG que han montado!

Encima, si, por un casual, alguna causa se abre por iniciativa del Ministerio Fiscal, y una víctima —imagínense— llega y dice: Yo me quiero personar, no puede. Acusación popular no. Artículo 125 de la Constitución no. Pero, claro, luego viene el argumento, aparentemente exquisito, que dice: Como es un derecho de configuración legal, hay que esperar a lo que diga la ley. Pero, claro, esa ley lo que hace es precisar el ejercicio concreto de ese derecho, no lo hace desaparecer, porque si fuera así, dejaría de existir como derecho. Entonces la tutela judicial efectiva es tutela y es efectiva, si no, no hay tal derecho. Se impide la participación de esa víctima.

No consigo entender ese argumento de que esto no es penal, esto es procesal. ¿Pero qué es eso? ¿Hay alguna norma procesal que flote en el espacio? Todas las normas procesales o son procesales civiles, o son procesales penales. Esta es una norma procesal penal ¿o de qué estamos hablando? ¿De contratos, compra-ventas o hipotecas? ¿O no estamos hablando de delitos? ¡Esto es derecho penal internacional, derecho penal internacional, esto es lo que hay que subrayar! Luego no digan ustedes que como es algo procesal no cabe el asunto de la irretroactividad.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Vaya acabando, señoría.

El señor DÍAZ TEJERA: Termino ya, señor.

Señora Franco, ¡no vuelva con los principios generales del derecho, mi niña, no vuelva con eso! Esto es derecho positivo, esto vincula a los poderes públicos, vincula a los poderes privados. Esto se tiene que aplicar. Y cuando dice usted: Ojalá lo de Princeton se incorpore al ordenamiento interno. Le diré que ya está desde el año 1949, en España desde 1952, en la legislación de 1985, en la Constitución de 1978, en la reforma de 2009. ¿Por qué cree usted que existen esas doce causas en la Audiencia Nacional a pesar de Princeton? Existen porque está la jurisdicción universal. La lástima es que, a partir de ahora, esta norma que intensifica la crueldad y la inhumanidad amplía los espacios de impunidad. Por eso les pregunto a ustedes si van a votar sinceramente con alegría. Quiero seguir pensando y sintiendo —compartiendo la reflexión del senador Saura— que van a pensar con tristeza porque eso es común a la condición humana que tenemos todos aquí ¿o no? (Aplausos).




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor Díez Tejera.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador señor Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: Con su venia, señor presidente, en este interesantísimo debate.

Senador Díaz Tejera, tenemos alma, en el Partido Popular tenemos alma y criterio, lo que ustedes no tienen. Por lo menos en estos últimos años, cuando estuvieron en el Gobierno de la nación, demostraron no tener criterio responsable. El Partido Popular tiene alma y criterio.

¿Qué nos trae la reforma? Pues que los jueces y tribunales van a poder intervenir si el proceso se dirige contra un español, contra un extranjero residente en España o que esté aquí y España deniegue su extradición, a diferencia de lo que nos encontrábamos hasta ahora, en el año 2009, donde se exigía que los autores estuvieran en España o hubiera víctimas españolas o tuvieran ese vínculo de conexión con España. Por lo tanto, se amplía la posibilidad de acudir a los tribunales penales internacionales.

¿Por qué no podemos admitir algunas de las enmiendas que han presentado? La enmienda número 8, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, habla de la supresión de la exposición de motivos. Es importante tener la exposición de motivos. Exactamente igual lo plantea el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya en su enmienda 17. Señorías, la exposición de motivos o preámbulo no tiene un valor normativo, pero sí tiene un valor hermenéutico, y el artículo 3 del Código Civil habla de que las leyes se tienen que entender con el sentido propio de sus palabras, en su contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en el que deben ser aplicadas. Por eso es importante tener una exposición de motivos o un preámbulo que desde ese valor hermenéutico explique lo que viene después en el cuerpo normativo.

Tampoco podemos admitir la enmienda 11, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, y la 15 del Grupo Parlamentario Socialista por lo que ha manifestado también la senadora Franco, por entender, como ustedes mismos dicen: tempus regit actum. De alguna manera estamos ante una norma procesal, y porque estamos ante una norma procesal entrará en vigor, según vacatio legis, en el momento en que así se establezca en el Boletín Oficial del Estado.

En concreto, respecto a los requisitos: ¿por qué se exige el requisito de residencia y, en todo caso, que esté denegado el requisito de extradición, o la necesidad de presentar querella —y por eso tampoco podemos admitir la enmienda número 6, de Convergència i Unió—? Porque no se restringe la acción popular. Pero es lógico y razonable exigir que se tenga que presentar una querella, porque, como saben ustedes, la cualidad de la presentación de la querella te convierte en calidad de parte en el proceso, de alguna forma se hace que esa persona se interese por lo que va a ocurrir. Porque eso que va a ocurrir no es un juego, es algo muy importante, por eso se exige esa personación específica en el pleito.

También se ha comentado que ahora será imposible perseguir los delitos que hasta ahora no se podía. Pues por eso no podemos admitir la enmienda número 4 de Convergència i Unió, porque se va a pretender que la Corte Penal Internacional, precisamente esa corte diplomática de plenipotenciarios, conozca estos delitos, a los que nosotros, el Partido Popular, les damos amplitud en esta reforma; una amplitud a catorce delitos, pues, como saben, se modifica el artículo 23, en su párrafo cuarto y, además, también se modifica el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dando cabida a que el Tribunal Supremo tenga competencia objetiva y funcional para conocer de determinados recursos de casación.

Señorías, el anhelo de justicia global lo tenemos todos, lo que pasa es que lo tenemos que tener todos en el mismo sentido, contando con nuestras instituciones internacionales.

Se dice: España perderá el prestigio internacional. Es que no tenemos ningún prestigio, les aseguro que no tenemos ningún prestigio, y he puesto algún ejemplo que así lo pone de manifiesto. Se es líder o se tiene prestigio cuando, al girarse uno, detrás le siguen muchos. En esto no nos seguía nadie, en esta justicia universal estábamos solos.

¿Por qué no han criticado —como he señalado con anterioridad— al resto de países —a Bélgica, a Francia, a Alemania, a Italia—, que no tenían nuestra legislación? Les parecía bien y, en cambio, nos exigen ahora otra cuestión.

¿Pérdida de reputación internacional? Ninguna; les aseguro que a partir de ahora, dado que esa política exterior del artículo 97 la tiene que hacer el Gobierno, nos van a respetar mucho más.




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Los jueces tienen que hacer justicia y no política —no lo he dicho yo, lo ha dicho el señor Conde-Pumpido que se ha manifestado antes—. La justicia universal no puede convertirse en un juguete —lo trataba de juguete— en manos de personas que buscan protagonismo. También lo ha manifestado la senadora Franco respecto a lo que ha dicho el magistrado ya emérito o jubilado, don Enrique Bacigalupo; exactamente igual. Está diciendo que esto es muy importante y que no puede tratarse de cualquier manera y tiene que hacerse acorde con toda la legislación europea.

Por último, voy a contestar a los senadores Saura y Díaz Tejera. No sé si mis compañeros del Partido Popular van a votar tristes o contentos, no lo sé, pero lo que sí les aseguro es que van a votar de forma responsable, porque esa responsabilidad es lo que nos ha llevado a denegar los vetos que ustedes nos han presentado y ahora a rechazar todas las enmiendas que nos han presentado a esta proposición de ley.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Llamamos a votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas. (Pausa).

Señorías, vamos a votar las enmiendas, comenzando por las de los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Mixto.

Votamos en primer lugar la enmienda número 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 9; en contra, 216; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 239; a favor, 75; en contra, 150; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Vasco, votamos las enmiendas 8 a 11.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 90; en contra, 150.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Entesa, comenzamos votando las números 17 a 21.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 89; en contra, 150.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 22.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 11; en contra, 214; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, votamos las enmiendas números 3 a 7.

Comienza la votación. (Pausa).




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 90; en contra, 150.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos las enmiendas números 12 a 15.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 238; a favor, 88; en contra, 150.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 16.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 238; a favor, 76; en contra, 148; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, votamos en un solo acto la proposición de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 242; a favor, 149; en contra, 93.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal.

7.1.2. PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD PRIVADA.

COMISIÓN: INTERIOR

(Núm. exp. 621/000060)

El señor presidente da lectura al punto 7.1.2.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Rabanera, presidente de la Comisión de Interior.

El señor RABANERA RIVACOBA: Gracias, señor presidente. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).

Por delegación de la Comisión de Interior me corresponde hacer la presentación del dictamen del Proyecto de Ley de Seguridad Privada.

Como ustedes saben, el pasado 14 de junio de 2013, el Gobierno presentó en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de Seguridad Privada.

Con diversas modificaciones, la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados aprobó, con competencia legislativa plena, el proyecto de ley en la sesión celebrada el día 10 de diciembre de 2013, remitiéndolo al Senado, donde tuvo su entrada, y fue publicado el 23 de diciembre de ese mismo año.

El plazo de presentación de enmiendas al referido proyecto de ley expiró el pasado día 11 de febrero y durante dicho plazo se presentaron 5 vetos y 302 enmiendas. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Perdone, señoría.

Señorías, guarden silencio, no se oye al orador.

El señor RABANERA RIVACOBA: La ponencia designada por la Comisión de Interior para informar el proyecto de ley ha estado formada por los siguientes senadores: la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Anasagasti Olabeaga, del Grupo Parlamentario Vasco; el señor Bruguera Batalla, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Sendra Vellvè, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; los




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señores Cascallana Gallastegui y Ángel Batalla, del Grupo Parlamentario Socialista; y los señores Aznar Fernández y López Valdivielso, del Grupo Parlamentario Popular.

La ponencia, reunida el día 26 de febrero de 2014, emitió informe sobre este proyecto de ley, incorporando determinadas enmiendas de los grupos parlamentarios Popular y Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y difiriendo el examen de las restantes al debate en la correspondiente comisión.

La Comisión de Interior se reunió el día 5 de marzo para dictaminar el proyecto de ley y en dicha sesión se defendieron y votaron los vetos formulados, que resultaron rechazados. A continuación se deliberó sobre las enmiendas presentadas, retirándose algunas de ellas y planteándose la incorporación al informe de la ponencia de determinadas enmiendas, bien en sus propios términos, bien de carácter gramatical o transaccional entre diversos grupos.

Sometido a votación el informe con las modificaciones propuestas, resultó aprobado y, en consecuencia, quedó dictaminado el Proyecto de Ley de Seguridad Privada. El dictamen de la comisión, junto con los votos particulares presentados, ha sido objeto de publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, sección Senado, de fecha 11 de marzo de este año 2014.

Este proyecto de ley tiene como objetivo sustituir la Ley 23/1992, de 30 de julio, de seguridad privada, por otro texto legislativo que, según se manifiesta en su preámbulo, pretende regular la totalidad de materias que configuran el sector de la seguridad privada. El proyecto comprende setenta y dos artículos ordenados en los seis títulos siguientes: Título preliminar, relativo a disposiciones generales; Título I, relativo a coordinación; Título II, relativo a las empresas de seguridad privada y despachos de detectives privados; Título III, relativo al personal de seguridad privada; Título IV, relativo a los servicios y medidas de seguridad; Título V, relativo al control administrativo; Título VI, relativo al régimen sancionador. Completan el proyecto de ley tres disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para defender la propuesta de veto número 1 de la senadora Capella i Farré, tiene su señoría la palabra.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidenta.

Buenas tardes. Es un nuevo proyecto de ley y en este caso con cinco vetos.

La seguridad, desde siempre, ha sido una de las funciones principales de los Estados, pero es indudable que con la evolución, con el paso de los Estados autoritarios hacia los Estados democráticos, el concepto de seguridad también ha evolucionado. Tradicionalmente la máxima preocupación de la seguridad era la garantía del orden público como expresión de la fuerza y supremacía del propio poder del Estado. Hoy en día los Estados democráticos promueven modelos policiales acordes con la participación de la ciudadanía, entendiendo que la protección de esta por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado debe darse en un marco de respeto de la institución, las leyes y los derechos fundamentales.

La perspectiva de los derechos humanos obliga a cambiar y a ampliar el concepto de seguridad. Este ni puede ser ni debería limitarse a la lucha contra la delincuencia puesto que estamos hablando de un nuevo concepto de seguridad vinculado a la creación de un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas y el pleno desarrollo de su personalidad.

Para Esquerra Republicana el Proyecto de Ley de seguridad privada comporta una peligrosa cesión de la seguridad pública a empresas privadas no solo a nivel práctico sino también a nivel conceptual. Con esta cesión se cuestiona la definición weberiana de Estado, ya que este deja de tener el monopolio legítimo de la violencia. Y peor aún, la seguridad física deja de ser un derecho igualitario, si es que lo era en algún momento, y emprende el camino de un privilegio para quien se lo pueda costear.

El proceso de privatización de la seguridad pública no es nuevo. Tenemos ejemplos muy claros de vigilancia en edificios institucionales, prisiones, etcétera. No obstante, el presente proyecto de ley supone un importante salto cualitativo en un auténtico cambio de modelo al permitir a los vigilantes privados de seguridad ejercer en la calle, en los espacios públicos como garantes de la




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justicia, la seguridad o el orden, es decir, como policías, funciones propias de las fuerzas y cuerpos de seguridad. No obstante, los vigilantes de empresas privadas cumplen otras funciones y, en consecuencia, su preparación es y debe ser otra. Su proceso de formación y preparación no es el mismo que reciben los cuerpos policiales del Estado. No tienen la misma preparación que un policía en la resolución de los conflictos, tampoco en el conocimiento de la legislación ni en los procedimientos a seguir o incluso en los propios derechos que deberían defender, es decir, en los derechos de la ciudadanía. Ello tampoco se arregla formando a los vigilantes de empresas privadas. La formación necesaria para realizar estas labores debe llevarse a cabo bajo estricta formación y supervisión pública, y su desarrollo mediante la responsabilidad y el control directamente públicos, como funcionarios del Estado.

La pretensión de ampliar las competencias de los vigilantes de las empresas privadas de seguridad está directamente relacionada con la pretensión de reducir los cuerpos policiales o los cuerpos públicos de policía. No tanto por la voluntad de reducción del gasto público —ninguna privatización hasta ahora nos ha demostrado fehacientemente que no sea a costa de reducir la calidad del servicio—, sino por la voluntad de beneficiar a determinadas empresas, o deberíamos aludir a determinados empresarios o a asociaciones empresariales vinculadas a determinados partidos políticos. En Esquerra Republicana defendemos que el orden público no es susceptible de privatización y consideramos que no puede garantizarse la seguridad ciudadana con medios privados.

Por ello, hemos presentado este veto y solicitamos el apoyo del resto de los grupos parlamentarios, al tiempo que anunciamos que votaremos favorablemente los vetos presentados por el resto de los grupos.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 2 de los senadores Iglesias y Mariscal. Tiene la palabra el senador Iglesias, por el Grupo Parlamentario Mixto.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Estamos, una vez más, ante una reforma que no se justifica por una necesidad imperiosa de la sociedad española. Es cierto, como apuntaba la portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, que el concepto de seguridad ha sido tradicionalmente un concepto muy caro a las opciones de derechas. Supongo que por eso hoy tenemos aquí este Proyecto de Ley sobre seguridad privada y, no tardando mucho, tendremos un proyecto de ley sobre seguridad pública. No hay una preocupación social en torno a la seguridad. Por ello, ni el proyecto de ley de seguridad pública ni este Proyecto de Ley de seguridad privada son necesarios.

Tampoco son necesarios ninguno de los dos por el hecho de que, más allá de la sensación de los ciudadanos, objetivamente se pudiera demostrar un incremento del nivel de delincuencia en nuestro país. Al contrario. No paramos de escuchar por los responsables de Interior las distintas estadísticas que acreditan el incremento de la eficacia policial y de la resolución de los delitos, y de que aún estando en una situación de crisis económica en la que racional y apriorísticamente se podría pensar que ello tendría como una de sus traducciones o manifestaciones un incremento de la delincuencia, salvo en delitos muy concretos y además no excesivamente graves, todo lo contrario, no se está dando ese incremento.

Se trata de seguir redondeando el modelo de sociedad que el Partido Popular tiene. Un modelo de sociedad que, como en otras manifestaciones a las que haré referencia puntual, tiene como línea directora el hecho de que allá donde sea posible una provisión privada de los servicios, no es necesario mantener su provisión pública. Lo han explicitado en el discurso político y en las reformas estructurales en cuestiones relacionadas como las pensiones o la sanidad, y ahora lo trasladan —y eso sí es algo novedoso— al concepto de la seguridad. Porque una de las expresiones más contundentes del Estado moderno tal como lo conocemos era precisamente la que se definía en torno al monopolio de la violencia por parte del Estado, como superación, además, de modelos anteriores en los que esa realidad no se daba. Casi habría que buscar como precursor que el fracaso en la provisión de esa seguridad pública en el pasado dio lugar a la creación de figuras como el somatén, que no creo que sea un precedente a reivindicar ni un




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ejemplo a la hora de establecer un marco regulador de la forma en la que el Estado ha de responder a las necesidades de seguridad de los ciudadanos.

Es llamativo también que esta apuesta por ampliar los espacios de participación de la iniciativa privada en el ámbito de la seguridad coincida con la reducción de alguna de las áreas de actividad de estas empresas de seguridad privada en los últimos tiempos. Afortunadamente, hay que decir; felizmente, hay que decir, aunque desde la perspectiva estricta de los intereses empresariales a lo mejor se haga otra valoración.

Seguramente con esta reforma se busca también compensar unas decisiones políticas que tienen como encaje las respuestas a la crisis y que han significado la reducción de efectivos en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero eso no es una respuesta adecuada, entre otras razones porque nunca tuvimos en democracia unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por encima de las necesidades de la sociedad, numerosas ni —hay que decirlo también— excesivamente bien pagadas. Por contra, sus carencias en recursos y medios materiales y de formación debían haber obtenido repuesta por parte de las administraciones públicas a la hora de afrontar la garantía de seguridad a los ciudadanos.

En este proyecto se apuesta por reforzar la autoridad de los vigilantes de seguridad, que tampoco entiendo que sea algo imprescindible, aunque también responde a ese modelo. Avanzamos hacia una sociedad en la que casi todo el mundo va a ser autoridad; van a ser autoridad los médicos, van a ser autoridad los maestros, van a ser autoridad los vigilantes de seguridad. Porque ante los conflictos sociales que se producen en la relación de estas profesiones con el resto de la sociedad, la respuesta no es formar a esa sociedad de forma adecuada para evitar esos conflictos, sino ponerle una gorra de plato al profesional que los padece y que los vive. Y ya saben sus señorías lo que la sabiduría popular dice de lo que ocurre en este país cuando a alguien se le da una gorra de plato; el resultado nunca ha sido positivo.

En la concepción de este proyecto de ley los vigilantes de seguridad, los trabajadores de las empresas de seguridad se convierten casi en policías. Más que auxiliares —lo dice la ley— son un complemento, y pensamos que esa no es una filosofía adecuada para afrontar la seguridad en nuestro país. Creemos que incrementar la privatización y compartir el monopolio de la seguridad y de la violencia —hasta ahora monopolio del Estado— con la iniciativa privada no va a contribuir a que haya más niveles de seguridad, como también ha apuntado la portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, la señora Ester Capella. Insisto en que seguramente nuestra policía tenga ciertas carencias formativas pero, desde luego, está mucho mejor formada y tiene más capacidad de respuesta de la que puedan tener los trabajadores de estas empresas de seguridad. Es más, ellos han sido formados para unas funciones, las propias de los vigilantes de seguridad, pero ahora se amplía su ámbito de intervención y con ello se incrementan sus funciones. Por lo tanto, ni tan siquiera los trabajadores mejor formados de las empresas de seguridad, a tenor de lo que era su ámbito de intervención y de actuación, van a estar en condiciones de poder asumir estas nuevas áreas de trabajo y de actividad.

Reconozco que en la tramitación del proyecto llevada a cabo en el Senado se han pulido algunos de los excesos en esa ampliación de los ámbitos de intervención de la seguridad privada. Se han limitado algunos de los planteamientos que recogía el texto que aprobó el Congreso en cuanto a la presencia y la intervención en la vía pública de los vigilantes de seguridad, pero aún de forma insuficiente. Enmiendas de Convergència i Unió, que expresamente han sido asumidas en la tramitación del proyecto, algunas de ellas coincidentes con otras del Grupo Vasco, que aunque no hayan sido asumidas expresamente, en tanto en cuanto coinciden literalmente hay que entenderlas igualmente incluidas, han ayudado a pulir levemente los excesos del texto que nos llegó del Congreso. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Pero nosotros seguimos teniendo serias discrepancias con un modelo que mantiene —lo reconozco; previamente ya se daba esa circunstancia— que la vigilancia privada dé cobertura a las autoridades. Creemos que las autoridades tienen que tener la mejor protección con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Un modelo que mantiene que las empresas de seguridad puedan asumir la vigilancia del perímetro externo de los establecimientos penitenciarios. La Guardia Civil ha desarrollado una magnífica tarea en esa materia de forma histórica y tradicional. Y ya casi me parece chusco que también vayan a tener la vigilancia exterior de los establecimientos militares.




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Señorías, si en este país durante décadas, durante gran parte del siglo anterior, tuvimos al soldado de leva en la garita con un cetme sujeto en muchos casos con alambre, que tenía el cargador vacío para más seguridad, ¿por qué ahora, que tenemos soldados profesionales que desarrollan misiones en el extranjero, que están en Afganistán, que desgraciadamente estuvieron en Iraq, que están en el Líbano, que participan en operaciones en el centro de África y que tienen una elevadísima cualificación necesitan que protejan sus cuarteles vigilantes de seguridad de empresas privadas? No lo entiendo; sencillamente no lo comprendo.

Decía que la presencia en la vía pública se ha pulido algo, pero sigue siendo una presencia con funciones de seguridad que no compartimos. Las zonas comerciales peatonales no dejan de ser vías públicas y deben ser las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Municipal, que es la que lo viene haciendo hasta ahora en la mayoría de los municipios, quienes cumplan tal función.

Y voy terminando ya con dos últimas consideraciones. En este momento tenemos al Cuerpo Nacional de Policía, a la Guardia Civil, a las policías autonómicas y forales —no en todas las comunidades autónomas, sino en aquellas que legítimamente han decidido tenerlas— y a las policías locales. Hay —cada poco se denuncia— serios problemas de coordinación entre todas estas fuerzas y cuerpos; si incorporamos a funciones compartidas los trabajadores de las empresas de seguridad, que son unas cuantas empresas con unos cuantos trabajadores, estamos multiplicando todos esos problemas de coordinación.

Y una última consideración estrictamente política, pero creo que es algo que hay que reconocer a nuestro sistema democrático, es esa transición, que tiene tantos fallos y a la que puedo criticar por muchos motivos, pero desde luego no por este. Llevó mucho tiempo romper con la imagen de la Policía heredada de la dictadura, de la Policía como cuerpo represivo, llevó décadas y muchos esfuerzos mejorar esa imagen. Ahora que lo hemos logrado, ahora que lo hemos conseguido, ahora que podemos decir que tenemos una policía, con sus fallos y excesos que hay que denunciar y perseguir cuando se dan, pero a la que nadie niega su carácter democrático, ¿qué necesidad tenemos de sustituirla en el contacto directo con los ciudadanos en la calle por empresas privadas de seguridad?

Estos son los motivos que nos han llevado a formular este veto para el que solicitamos el apoyo de la Cámara.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Para la defensa de la propuesta de veto número 3, de los senadores Guillot y Saura, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señorías, presento este veto en nombre del senador Saura y mío, en nombre y en representación de Iniciativa per Catalunya Verds, y permítanme que antes de entrar en el contenido específico de la ley dé dos primeros argumentos que lo justifican.

El primero es el no compartir que se pueda reformar o elaborar una nueva ley de seguridad privada —es evidente que la actual ha quedado obsoleta— sin antes reformar la Ley Orgánica de Seguridad Pública —que aún lo está más, es una ley de 1986—. Señorías, creo que lo razonable hubiera sido aprobar en primer lugar una nueva ley de seguridad pública y después, de forma subordinada a los contenidos de esta, regular la seguridad privada.

Una segunda crítica es que demasiadas cuestiones, y muchas de ellas muy sensibles, quedan abiertas en el proyecto de ley para un posterior desarrollo y concreción reglamentaria. Sin negar —lo decía antes el senador Iglesias— las mejoras que el proyecto de ley ha sufrido en su tramitación en el Congreso y en el Senado —en el Senado en concreto todo lo que afecta a las competencias de las comunidades autónomas, con la incorporación o transacción de muchas de las enmiendas de Convergència i Unió—, comprenderán las reservas que tenemos el senador Saura y yo sobre cómo puede ser el desarrollo reglamentario que realice el ministerio; un ministro y un ministerio que quedaron suficientemente retratados con el redactado inicial del proyecto de ley.

El senador Saura y yo abordamos la lectura de este proyecto de ley desde tres premisas básicas. La primera es que sin seguridad no hay democracia, sin seguridad no se puede garantizar




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el pleno ejercicio de las libertades. La segunda premisa es que la seguridad pública es monopolio por mandato constitucional del Estado y, por tanto, de las fuerzas de seguridad. Y la tercera premisa es que corresponde a los poderes públicos garantizar la seguridad necesaria y de forma universal. Y quiero recordar —también lo han dicho antes otros portavoces— que en España no hay ningún problema de delincuencia; la delincuencia en España está por debajo de la media de la Unión Europea.

Por estas tres razones, por esas tres premisas que antes he enunciado, nunca apoyaremos una ley que permita la participación de vigilantes privados en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública complementando la acción policial, como recoge el artículo 41.3.d). Señorías, ¿dónde podrá participar la seguridad privada en el sentido de complementar la acción policial? Pues allí donde esté presente. ¿Y dónde estará presente? Allí donde se pueda pagar, y a partir de esta lógica es fácil deducir que se va a producir una discriminación social y territorial a la cual nosotros nos oponemos.

Nos oponemos también a cualquier intento directo o indirecto de privatización de la seguridad. Nos oponemos a que la lógica de los beneficios pueda inmiscuirse en materia de seguridad pública, aunque se plantee de forma tangencial y complementaria. Nos oponemos a que se autoricen las cesiones de datos que contempla el artículo 15.1. Nos preocupa —y nos preocupa mucho— que la vía pública, los espacios públicos puedan ser ámbitos de actuación por parte de la seguridad privada.

Somos contrarios a que empresas y personas sin responsabilidad institucional y a los que la sociedad no reconoce legitimidad social para ejercer funciones de seguridad puedan relevar, aunque sea parcialmente, a aquellos a quienes sí les reconocemos esta legitimidad y tienen esta responsabilidad institucional: las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Nos preocupa también y mucho el artículo 32.1.d), que hace referencia a la posibilidad de detenciones por vigilantes privados. Seguramente conocerán el debate puesto que ya la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite que cualquier persona pueda detener a quien cometa un flagrante delito o denunciar una infracción administrativa. Lo que es preocupante de este proyecto de ley es que esta potestad de detención sea sacada del contexto de actuación pasiva o reactiva; es decir, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal no se pretendía hasta ahora que los ciudadanos, en el caso más concreto los vigilantes, llevasen a cabo una actitud proactiva buscando delincuentes para detenerlos; solamente se esperaba su actuación si casualmente observaban esas conductas delictivas. Con la nueva redacción, con este proyecto de ley, de ser aprobado, la detención no solo es una posibilidad, detener pasa a ser una de sus funciones por cuanto puede provocar una actividad no solo reactiva, sino proactiva, que el senador Saura y yo entendemos que debe estar en manos exclusivas de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y estamos hablando, señorías, de derechos fundamentales. Y lo mismo vale para las persecuciones.

Entrando ya en otros contenidos del proyecto de ley, hago mías las críticas que la Unión de Empleados Públicos realiza a la propuesta. Les voy a leer su opinión, que comparto plenamente. Nos dice la Unión de Empleados Públicos: Es innegable la reducción de las plantillas que vienen sufriendo las fuerzas y cuerpos de seguridad en los últimos años, especialmente la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía —yo añadiría también la Policía Local—. De algún modo se tiene que rellenar ese déficit y esta ley va a permitir que sean las empresas de seguridad privada quienes lo hagan, por lo que las plantillas de las fuerzas de seguridad podrán ir reduciéndose poco a poco. Lo que hoy comienza como un complemento, mañana podrá ser una plena sustitución. El ministro del Interior lo niega. Es más, justifica esta ley con el argumento de liberar a la Policía o a la Guardia Civil de la vigilancia, por ejemplo, de garitas y así poder destinarlos a cometidos más acordes con su formación y las necesidades en materia de seguridad. La realidad es que estas sustituciones de policía o guardias civiles por vigilantes privados no representan liberar más recursos humanos, sino que están destinados a compensar y cubrir el déficit general por la falta de oferta de empleo público y la consecuente reducción de plantillas.

También un objetivo de esta ley es recortar la inversión en seguridad pública. Se inicia con este proyecto de ley un proceso de privatización que, como muy bien señalaba Gemma Galdón, doctora en políticas públicas, comporta dos serios riesgos. El primero, la creación de una nueva burbuja ligada a la seguridad privada —sorprende que haya grandes inversores internacionales que apuesten e inviertan en empresas de seguridad privada en España— y el riesgo también de




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mayores costes. Nos señala la señora Galdón que en Estados Unidos, donde la privatización está más avanzada, todos los estudios arrojan una conclusión unánime: a mayor privatización, menor ahorro.

Se ignoran en el proyecto de ley los derechos laborales de los vigilantes privados; se les cercena su derecho a la huelga; se condena al sector a continuar instalados en la precariedad, los bajos salarios y una organización de trabajo injusta —solo hay que conocer las jornadas extenuantes que deben realizar los vigilantes privados—.

También realizamos el senador Saura y yo una lectura negativa de cómo aborda el proyecto de ley las cuestiones referidas a los servicios con armas de fuego. No es razonable, insisto, no es razonable, que la ley no establezca los límites de estos servicios y se delegue en el Gobierno su concreción mediante reglamento.

Asimismo, es negativo el desinterés del proyecto de ley en normar una adecuada formación de los vigilantes privados y más si se tiene en cuenta la ampliación de funciones que el proyecto contempla. No se define ni la duración ni el carácter de la formación que recibirán dichos vigilantes privados de seguridad. Tanto el Sindicato Unificado de la Policía como la Asociación Unificada de Guardias Civiles alertan de esta cuestión y de la cuestión de la formación.

Señorías, este proyecto de ley es regresivo y privatizador. Será una fuente de problemas que afectarán a derechos civiles. Representará, en definitiva, una dualización social en materia de seguridad: quien la pueda pagar tendrá una mejor seguridad que quien no pueda. Y estoy hablando de la seguridad cotidiana, de la cotidianidad, de aquella que afecta a la ciudadanía, a los delitos menores, aquellos que en definitiva luego comportan cuál es la perspectiva o no de seguridad o inseguridad. Aquello, insisto, que afecta a la calidad de vida de nuestros conciudadanos.

Es verdad —ya lo decía el senador Iglesias— que este proyecto de ley forma parte de una misma lógica, que es la apuesta por una sociedad dualizada: quien tenga dinero y se lo pueda permitir, a partir de la aprobación de este proyecto de ley tendrá una mejor seguridad; quien tenga dinero y se lo pueda permitir, a partir de otros proyectos de otras leyes tendrá una mejor sanidad; quien tenga dinero y se lo pueda permitir, tendrá derecho a mejores pensiones. Pero yo creo que la ambición del legislador, la ambición de todo Gobierno, debe ser garantizar la equidad, la igualdad y la universalidad en todos los derechos, también el de la seguridad.

Gràcies, senyor president. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

La propuesta de veto número 4 ha sido presentada por todos los senadores del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, menos los senadores Guillot y Saura.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gràcies, senyor president.

Buenas tardes, señorías.

De entrada, quiero decir que nuestro grupo, los senadores del PSC, de la Entesa, creemos que es necesaria incluso, que es oportuna —no nos oponemos— la modificación, la reforma de la ley de seguridad privada. Y fundamentalmente por dos razones: en primer lugar, porque data del año 1992, y en aquel momento los objetivos que pretendía la ley eran evidentemente otros; por ejemplo, poner orden en un sector que se había desarrollado bastante a lo largo de los últimos años, además de ser una ley que priorizaba el control y la capacidad sancionadora por encima de otras consideraciones que creemos que hoy es importante y necesario tener en cuenta. Y en segundo lugar, por la importancia actual del sector de la seguridad privada en nuestro país. Según datos del propio ministro, estamos hablando de 1500 empresas, 85 000 trabajadores y un volumen de facturación el año pasado de más de 3000 millones de euros. Por lo tanto, como digo, es un sector importante.

Estamos, pues, de acuerdo en la necesidad de una nueva ley que regule el sector y que mejore las condiciones de los 85 000 trabajadores que están empleados en las empresas de seguridad privada, en el ámbito de la seguridad privada; ahora bien, siempre que esta ley responda a lo que, a nuestro juicio, son unos criterios básicos fundamentales. En primer lugar, la coordinación y subordinación a la seguridad pública; en segundo lugar, el respeto a las funciones propias de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad; y en tercer lugar, el respeto y coordinación con las




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comunidades autónomas y sus competencias desde el punto de vista de la seguridad pública. Y estos principios, en nuestra opinión, señorías, no se cumplen.

Reconocemos que ha habido avances en el trámite parlamentario, tanto en el Congreso como en esta Cámara, en el Senado, especialmente en el tema de la invasión competencial. Pero subsisten los problemas, las reservas y las discrepancias de fondo; continúan en este proyecto de ley. En primer lugar, se trata de una ley ideológica. Ayer el presidente del Gobierno —se ha dicho en varias ocasiones, tanto ayer como hoy— dijo: no se tiene derecho a imponer a los demás tu propia doctrina. Pues bien, en esta ley se hace absolutamente lo contrario de lo que dice el presidente del Gobierno. Esta ley es una pieza más de una estrategia global que reúne cuatro requisitos: en primer lugar, la privatización de servicios públicos esenciales; en segundo lugar, la precarización de las condiciones laborales, de trabajo, de los empleados; en tercer lugar, recortes en derechos sociales; y en cuarto lugar, la recentralización generalizada. Y tanto da que hablemos de sanidad como de educación, de legislación laboral, del aborto o de justicia. Y ahora añadiremos otra pieza más, o dos piezas más —una hoy y otra dentro de poco—: la seguridad privada y la seguridad ciudadana.

Esta ley —también se ha dicho por parte de algún portavoz— no responde a una demanda ciudadana. Si vemos los datos del CIS sobre la valoración de las fuerzas y cuerpos de seguridad de nuestro país, no es una preocupación —afortunadamente, no es una preocupación—. Y la valoración es importante. El índice de criminalidad está por debajo de la media de los países europeos y la percepción de seguridad que tienen los ciudadanos es óptima. En España la ratio seguridad privada—seguridad pública, la suma de la seguridad pública y la seguridad privada, es de un miembro de seguridad por cada 114 habitantes; en Italia, de uno por cada 390; y en Suecia, de uno por cada 246. Por lo tanto, ¿en España hay falta de agentes? No. Los datos demuestran que no hay falta de agentes. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué pretende la ley, que no dice pero que va a hacer? ¿Cuál es el objetivo oculto, no explicitado, de esta ley? Reducir la seguridad pública y aumentar la privada. Es decir, cambiar nuestro modelo y tender al modelo europeo, que, con los datos en la mano, objetivamente, no funciona o no funciona tan bien como en nuestro país, en el que tenemos mucha más seguridad pública que seguridad privada. Por tanto, este proyecto de ley abre la puerta a la privatización de la seguridad pública, justifica y facilita la privatización y la mercantilización de la seguridad pública en nuestro país.

La memoria de impacto normativo que acompaña al proyecto de ley es bastante explícita en este sentido y no engaña. No la voy a leer, pero creo que está bastante claro el objetivo fundamental de esta ley: la vigilancia perimetral de centros penitenciarios —mucho nos tememos que esto puede abrir la puerta a una futura privatización de la seguridad en esos centros—; la vigilancia de centros de internamiento de extranjeros; se abre también la posibilidad de la vigilancia de espacios exteriores de grandes superficies comerciales y de acontecimientos deportivos o sociales en vías o zonas pública, es decir, en espacios y en la vía pública; y también frente a riesgos accidentales derivados de la naturaleza. Y nuestra pregunta es: ¿se abre también la puerta a la protección civil? ¿Esta ley abre esa puerta? ¿La puede abrir? Sí. ¿Puede abrir esta ley la puerta a la vigilancia rural por parte de empresas de seguridad privada? Sí. ¿Y a la UME, la Unidad Militar de Emergencias? Pues no lo impide.

La seguridad privada se convierte, por tanto, en una alternativa a la seguridad pública. Y la elección entre una y otra va a depender única y exclusivamente de una decisión económica y presupuestaria, no de la defensa del interés general. Lo ha comentado anteriormente el senador Guillot en referencia al artículo de la señora Galdón, y yo también me quiero referir a él. En Estado Unidos hay estudios objetivos, por lo tanto, indiscutibles, que demuestran, como ha dicho el senador Guillot, que mayor privatización se traduce en menor ahorro, no en mayor ahorro. Se puede externalizar una función para reducir costes, pero de lo que aquí se está hablando es de externalizar unidades de gestión, de la posibilidad de externalizar centros penitenciarios, etcétera. Por lo tanto, en este sentido creemos que no deberíamos seguir la experiencia de Estados Unidos.

La seguridad pública deja de ser un derecho para convertirse en una oportunidad de negocio, en una mercancía. Y no es nada extraño —lo pongo como ejemplo— que poco antes del inicio del trámite parlamentario de esta ley la persona más rica de este mundo entrara en el accionariado de una empresa de seguridad privada española. La pregunta es obvia: ¿por qué? Porque ve oportunidad de negocio a partir de la puerta que abre esta ley. Por lo tanto, desde nuestro punto




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de vista es un ataque a los derechos de ciudadanía. La seguridad ciudadana deja de ser un servicio público atribuido en exclusiva a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

También precariza las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas de seguridad privada. Habrá más temporalidad, sueldos más reducidos. En definitiva, lo que esta ley esconde es una reforma laboral encubierta en el sector de la seguridad privada; por ejemplo, y no únicamente, de los auxiliares de vigilancia. No estamos de acuerdo con esta figura por lo que significa de reducción de derechos laborales. No estamos de acuerdo en que sean considerados agentes de la autoridad, contraviniendo la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y también la propia Constitución Española.

La formación de los trabajadores de seguridad privada se va a dejar en manos de las empresas. No se va exigir ningún tipo de formación, ni formación reglada ni formación académica.

En cuanto al régimen sancionador, es espectacular: hay muchas más sanciones, más duras y de mayor cuantía, a los trabajadores de las empresas de seguridad privada que a las propias empresas. Determinadas empresas del ámbito de la seguridad privada también van a quedar exentas de la autorización administrativa y pasan a una simple declaración responsable para iniciar su actividad. Por lo tanto, se va a producir una merma de control público, cuando a través de esta ley se les va a dar más competencias.

En definitiva, y resumiendo —y con esto acabo, señor presidente, señorías—, las razones fundamentales de nuestra posición, de nuestro veto a esta ley, son más o menos las que les hemos intentado explicar. Esperamos el apoyo de los grupos parlamentarios para que esta ley sea devuelta y, por lo tanto, pueda ser discutida, pueda ser consensuada, pueda ser dialogada entre todas las fuerzas políticas. Y termino por donde he empezado: nosotros creemos que hoy es oportuna una nueva ley de seguridad privada o la modificación de la de 1992, pero no en los términos en que nos la propone el Gobierno.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.

Propuesta de veto número 5, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Cascallana.

El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: Gracias, señor presidente.

En principio parece que todos coincidimos en la necesidad de abordar una ley de seguridad privada en nuestro país por el paso del tiempo y también por la necesidad de cualificar al sector; sin duda es necesario cualificar y formar a sus trabajadores. Pero la verdad es que, viendo el proyecto que nos presentan, esta es una oportunidad perdida, porque, como se ha dicho, no existe una demanda social para modificar el modelo de seguridad, un modelo de seguridad, como dice la Constitución, basado en las fuerzas y cuerpos de seguridad y el monopolio en la actividad de garantizar los derechos y libertades, y un modelo en el que las empresas de seguridad están subordinadas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como no puede ser de otra manera. Pero ustedes rompen ese modelo, lo cambian. Y tampoco hay una demanda desde la perspectiva de la sociedad, de la economía de este país, en este sector tan importante, para incorporar nuevos espacios en los que puedan intervenir las empresas de seguridad privada. Lo que hay es una clara intención de este Gobierno, en su afán privatizador, de conseguir de alguna manera seguir adelgazando el sector público del Estado. Y esto tiene que ver con su filosofía. Ustedes quieren adelgazarlo de tal manera, que lo podrían dejar casi como un Estado famélico, porque empiezan por las pensiones, continúan por la sanidad, siguen con la educación, con los servicios sociales… Y, claro, ahora toca meter la mano en el cajón de la seguridad pública. Y, como digo, no hay ningún dato, no hay ninguna demanda social. Todos presumimos de las tasas de criminalidad, todos decimos que las cosas van bien; sin embargo, parece que tenemos necesidad de cambiar aquello que va bien, como es el caso. No coincidimos con la filosofía que se plantea.

Además, utilizan permanentemente la crisis como coartada. Yo quiero llamar la atención sobre que, con motivo de la crisis —y se puede decir que por la crisis, pero yo creo que por algo más que por ella—, la tasa de reposición de efectivos en instituciones penitenciarias y en todos los servicios de seguridad del Estado está en el 10%. Son ya varios años, son miles los trabajadores que se jubilan, y no conseguimos reponer sus efectivos. Y cuando en la exposición de la ley ustedes hablan y ofrecen datos comparativos de otros países, sobre todo anglosajones, y nos plantean un




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modelo distinto cuando en esos países hay una ratio de agentes de seguridad privada muy superior a la de España, a la vez no nos dicen que el modelo español está funcionando y que el otro modelo no funciona —luego hablaré de alguna institución en concreto—. Por lo tanto, ponen la crisis como excusa o, mejor dicho, como coartada. Deberíamos tener el compromiso de reponer los efectivos públicos y variar las ofertas de empleo público, porque estamos envejeciendo las plantillas y estamos generando problema en muchos casos, y ustedes mismos y sus representantes políticos lo dicen.

Ya he dicho que nada escapa al negocio, pero me preocupa que un asunto tan básico como es la encomienda que se da a los cuerpos y fuerzas de seguridad de la defensa de nuestros derechos fundamentales y de las libertades, sea también puesto en el mercado y se plantee en la ley sin ningún tipo de disimulo como un elemento que se puede dar por la seguridad privada o por la seguridad pública. Efectivamente, el análisis normativo deja clara y taxativa esa posibilidad.

Estamos ante un Gobierno que tiene que defender el sector público —esa es una de sus funciones—, los servicios públicos y los derechos fundamentales y, sin embargo, no cree en los derechos fundamentales; perdón, no cree en los servicios públicos. Y esto es fundamental para nosotros. Hacen un ejercicio de fe sobre la mejor gestión de lo privado en los servicios públicos, sobre la eficiencia supuesta y lo más barato. Ya lo vivimos en Madrid con eso de la sanidad; pero, da igual, aquí también lo vamos a vivir con sus propuestas. El Gobierno del PP mantiene una línea de trabajo que no es otra que erosionar, desgastar los servicios públicos y después aplicar leyes para resolver estos problemas.

Esta ley rompe —no lo digo yo, lo dice también el Poder Judicial— con el mandato constitucional al Gobierno y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y lo rompe, porque en el mismo preámbulo de la ley ustedes dicen que se pasa de poner el acento en el principio de subordinación de las empresas de seguridad a ponerlo en el principio de complementariedad y hasta de corresponsabilidad. ¡Hombre!, poner el acento en la corresponsabilidad significa equiparar en derechos y obligaciones al sector público, que tiene encomendada una misión constitucional, y las empresas privadas, como es el caso. Y no dudan en el articulado en avanzar en esta teoría. Dicen: vamos a darles la protección jurídica de agentes de autoridad. Bien, yo hablaba ayer con unos compañeros de instituciones penitenciarias, y me decían que los empleados públicos que están en las zonas perimetrales —en la ley se establece taxativamente para las empresas de seguridad privada— no tienen la atención de agentes de la autoridad. Sin embargo, las empresas de seguridad la van a tener rápidamente. Por lo tanto, estamos dando un carácter de autoridad, y nosotros no decimos que no, pero ¿en todos los sitios? No. ¿Cuándo actúen en las administraciones públicas? Sí. ¿Cuándo llegasen a actuar como escoltas —fíjense en lo que digo, porque creo que deben ser los cuerpos y fuerzas de seguridad-? También. ¿Cuándo están en servicios esenciales por la autoridad competente planteados a una empresa de seguridad? También. Pero es que en el artículo hablan ustedes de protección de agentes de la autoridad a cualquiera, y después les dan capacidad de detener de manera clara y tajante. Hablan claramente de poner en manos de personal de seguridad privada la capacidad de detención, de forma genérica. Léanse el artículo, porque sin duda es problemático.

¿Por qué no acotan la capacidad de detención a determinados casos, a determinados servicios? ¿Por qué la dejan tan amplia? Y el revolcón que se han llevado en el Poder Judicial va en esa dirección.

Lo más alarmante de la ley está cuando ustedes hablan de la utilización de las empresas en espacios públicos; y quiero salir al paso de algunas intervenciones, incluso de hoy, y que están en los medios de comunicación. Ustedes han venido a decir que en el desarrollo de la ley en el Senado se han eliminado algunos aspectos y que en determinadas zonas no van a poder actuar. No es verdad. Durante el desarrollo de la ley en el Senado se han dado más facilidades para intervenir sin autorización, hay más flexibilidad. No hay autorizaciones sobre aspectos concretos y puntuales en cada uno de los casos, lo hacen de manera genérica. Y resulta que ahora lo retiran.

No suprimen la vigilancia en las zonas peatonales; no hay nada más lejos de la realidad. El artículo 5 dice claramente que actuarán en lugares y eventos tanto públicos como privados. Lo dicen ustedes claramente. Y hablan de la vigilancia en complejos o parques comerciales y de ocio que se encuentren delimitados. Me gustaría que alguien me pudiera decir qué significa eso de delimitados, porque no hablan de espacios privados sino delimitados. Emplean ustedes mucha




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terminología de este tipo, que después llevan al reglamento; y, claro, en él ya dirán ustedes lo que son los espacios delimitados. Pero en este momento pueden actuar en espacios comerciales, como digo. Hablan de la vigilancia y protección de recintos y espacios abiertos que se encuentren delimitados; de recintos y espacios abiertos: en cualquier lado. Ustedes han introducido estas enmiendas en el Senado; por lo tanto, no pueden decir lo que están diciendo.

Antes necesitaban autorización previa para muchos aspectos. Hoy han ampliado un punto, el 41.1.h), que dice: Los servicios de vigilancia y protección se atendrán a lo que marcan los apartados siguientes sin autorización. Y en los siguientes hablan de la necesidad de autorización. No sé qué artículo cogeremos: si el 1, el 2 o el 3. La realidad es que ustedes se contradicen en la propia legislación, y, como he dicho, se suprime la autorización previa, un tema que me parece muy delicado.

En cuanto a los espacios donde pueden intervenir, les daré algunos ejemplos. En la vigilancia y protección de medios de transporte y de sus infraestructuras —en los aeropuertos españoles, ¿en qué servicios pueden intervenir?, porque más amplio no puede ser—. En los servicios de ronda de vigilancia discontinua —lo emplean de cualquiera de las maneras; es decir, yo tengo la vigilancia de una instalación, de una fábrica, pero me permito el lujo de poder intervenir en otros espacios—. En la vigilancia de polígonos industriales y urbanizaciones —en este caso también emplean la terminología de delimitados, incluso en vías y espacios comunes—. En los parques comerciales, que ya he mencionado. En las actividades culturales, deportivas o en cualquier otro evento —¡con lo que vivimos en Madrid con el Madrid Arena!—. Hay que tener cierto cuidado con las cosas que se dicen y con cómo se dicen, y me preocupa este tipo de regulación.

Más grave, si cabe, que lo que he mencionado es que en el artículo 41.3 ustedes acotan de manera especial —y no lo logro entender— determinados aspectos para las empresas de seguridad; si no es así, díganme por qué plantean de una manera específica la vigilancia perimetral de centros penitenciarios y centros de internamiento de extranjeros. ¿Qué sentido tiene incluir esto en la ley? ¿Eso es una reserva para las empresas de seguridad? Pero es que ustedes ya han hecho un contrato, una experiencia piloto sobre este asunto, y se lo han dado a una UTE de empresas —por cierto, por nueve meses—. Y ese contrato por 7 391 000 euros ha supuesto que cada uno de los trabajadores tenga un coste de 58 000 euros. Eso sí, los salarios son los más bajos del mundo, la precariedad laboral es de las más bajas del mundo; pero los beneficios han subido. ¿Es que no podemos hacer nosotros los servicios con 58 000 euros al año? Tendríamos posibilidad de hacerlo; no es un problema económico, es un problema de decisión política. ¿Y sabe lo que dijo sobre este tema el secretario de Estado de Seguridad en el Congreso de los Diputados? Que había que poner ingenio para solucionar la falta de trabajadores en el medio penitenciario. Si seguimos poniendo ingenio de esta manera —y se atrevió a hablar no solamente de la zona perimetral sino del interior—, podemos llegar también a cárceles privadas, podemos ir al modelo americano. Me parece que abrir este tipo de debates sin acotarlo seriamente nos pone en una situación muy peligrosa.

Ustedes extienden el negocio a todos los aspectos derivados de la protección civil; lo dicen claramente. Es verdad que los socialistas hicimos la Unión Militar del Ejército, la UME, para casos de emergencia, y ustedes ponen las empresas de seguridad privada. Esa es la diferencia entre unos y otros. Pero ¿cómo es posible que ante una catástrofe tengamos que ir a una empresa de seguridad para resolver los problemas de esa catástrofe? Y lo están planteando como parte del negocio porque ustedes están respondiendo a la demanda de las grandes empresas.

En cuanto a las dudas razonables del Poder Judicial, el Poder Judicial ha emitido un informe sobre la Ley de Seguridad Ciudadana —lo tengo, no hace falta que me lo explique—, y en ese informe habla colateralmente de la seguridad privada; y dice, textualmente, cosas como esta: La ruptura del monopolio exclusivo del Estado de la prestación del servicio de seguridad, estrechamente ligado a la soberanía, pone en peligro los servicios públicos.

Hay un rechazo taxativo a la disolución de reuniones y manifestaciones, al afectar a un derecho fundamental. ¿Y saben ustedes que en la Ley de Seguridad Ciudadana encomiendan a las empresas de seguridad colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad en la disolución de reuniones y manifestaciones? Pero no está muy lejos de lo que dice esta ley: la participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial. La prestación de estos servicios también podrá realizarse por guardas rurales.




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Están ustedes generando un sistema de seguridad mixto, público— privado, y esto va a abrir el espacio no solamente a la Policial Nacional o a la Guardia Civil —yo soy alcalde—, sino que va a afectar a muchas policial locales actuales. Porque como en el anexo normativo ustedes plantean esto solamente con criterios de negocio, dicen que se atenderá a los costes para ver si es público o privado. Y a continuación dicen: se atenderá a los presupuestos. ¿Y qué mensaje están lanzando en un momento de crisis a muchos responsables públicos de diferentes ayuntamientos y otras administraciones? Están lanzando el mensaje: sustitúyanlo ustedes por un empleo más barato, aparentemente —una vez que tengan el control ya veremos como no es más barato sino más caro—, y dejemos esos servicios en manos de las empresas de seguridad.

En definitiva, hay que abrir una oportunidad de negocio y hay que restar la calidad en los servicios. Y podían haber avanzado ustedes mucho en la calidad —y con esto termino, después continuaré—, pero tendríamos que haber ido a una formación reglada. Nosotros hemos presentado una enmienda a una disposición para plantear que se establezca una formación reglada en estos casos. Y ustedes ¿qué han hecho? Con eso de que hay que favorecer el negocio, donde antes había una autorización para los centros de formación ahora vale con una declaración responsable. No sé qué objetivo tiene eso; desde luego, es una demanda de los empresarios, pero no de la seguridad. No nos dicen quién va a formar a quién. No nos plantean quién está capacitado para formar. ¿Y con qué nos encontramos? Con que introducen una figura que es el auxiliar de vigilante, que digamos que es el conserje, lo que no hace falta regular en una ley de esta naturaleza. ¿Y por qué lo incluyen en este momento aquí? Porque las empresas van a tener una plantilla con auxiliares de vigilante que van a ser auxiliares, colaboradores incluso en un momento de socorro —dice la ley—, lo que les va a permitir abaratar y precarizar también los puestos de trabajo de las empresas de seguridad.

Es decir, en mi opinión esta ley no responde a una necesidad o demanda social, más bien responde a intereses de las grandes empresas y a una filosofía del Partido Popular, que es adelgazar el Estado, porque ustedes creen sinceramente que existen demasiados servicios públicos. En definitiva, al final esto nos lleva a lo que dijo un delegado del Gobierno en Madrid: la seguridad, para quien se la pague.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cascallana.

Turno en contra.

Senador López Valdivieso, tiene la palabra.

El señor LÓPEZ VALDIVIESO: Señor presidente, señoras y señores senadores, hay una serie de frases y aseveraciones, tanto en sus discursos como en el texto de los vetos presentados, que, a modo de latiguillo, se han ido repitiendo y que nada tienen que ver con el propósito, el objetivo y mucho menos con la literalidad del proyecto de ley que hoy estamos debatiendo.

Les voy a recordar algunas frases: Esta ley es una cesión de la seguridad a las empresas privadas —dicen—. Supone la privatización de la seguridad ciudadana y el orden público. Tiene como finalidad abrir la puerta a la privatización de la seguridad pública. Esta ley supone consagrar el principio de la seguridad para quien se la pueda pagar. Es un nuevo ataque a los derechos de la ciudadanía. Recorta derechos y privatiza. Este es el campeón de los latiguillos: Es una ley ideológica. Responde a una ofensiva neoliberal para abrir nuevos nichos de mercado. Supone la mercantilización de la seguridad. Transfiere directamente el principio de autoridad del Estado a manos privadas. Y, atentos a estas dos, señor presidente, señoras y señores senadores: Es fruto de la deriva involucionista de este Gobierno, y este proyecto es gravemente lesivo para el ejercicio de los derechos democráticos de los españoles.

Sin ánimo de ofender —ya me conocen algunas de sus señorías—, y con todos mis respetos, no sé qué texto se han leído ustedes, porque de ningún —insisto, de ningún— artículo de este proyecto de ley se puede deducir o sacar como conclusión nada de todo esto.

En lo que parece que sí está de acuerdo algún grupo es en que era necesaria una nueva normativa, una ley y un desarrollo reglamentario que modificase, mejorase y actualizase la legislación vigente. Esta, la Ley 23/1992 —la legislación vigente—, sin duda ha sido una buena ley, es una buena ley, y ha servido para regular todo lo relacionado con la seguridad privada y ha cumplido con creces su función. Pero no hay duda de que los cambios de todo orden, también en




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lo relativo a la seguridad ciudadana, que se han producido en los veintidós años de vigencia aconsejaban, como decía, una actualización, una adaptación a esos cambios, a las nuevas situaciones y a las nuevas circunstancias.

Me llama la atención que en el texto del veto del Grupo Parlamentario Socialista se diga que el impulso de una nueva ley de seguridad privada no nace de una necesidad normativa o jurídica relevante. El señor Cascallana ha matizado que quizás era necesaria, pero quiero recordarles que en 2008 el entonces ministro del Interior, y hoy líder de la oposición, don Alfredo Pérez Rubalcaba dijo en su primera comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso, como ministro del Interior, que consideraba este asunto, una nueva ley de seguridad privada, una de las prioridades fundamentales de su departamento. Y, si como decía el señor Pérez Rubalcaba, hace seis años era necesaria, porque era una prioridad fundamental, una nueva ley, pues qué decir seis años más tarde.

Este texto no supone ninguna ruptura, ningún cambio con respecto al modelo anterior, señor Cascallana, ninguno. No hay cambio de modelo. Se da por supuesto que todos ustedes están de acuerdo con que exista lo que se conoce como seguridad privada, lo que dudo a tenor de algunas intervenciones, pero —como señala el artículo 1 del proyecto de ley— es la realización y prestación por personas privadas, físicas o jurídicas, de determinadas actividades y servicios de seguridad; y esta ley, como la anterior, tiene por objeto su regulación. Y señala igualmente este artículo 1 que todas estas actividades tienen la consideración de complementarias y subordinadas respecto de la seguridad pública, lo que con otra literalidad, pero con el mismo espíritu recogía la Ley 23/1992. En eso no ha cambiado casi nada; ¿o no se daban hasta ahora los principios de complementariedad y subordinación?

Por tanto, puedo entender y entiendo las enmiendas al articulado, pero en ningún caso el veto y menos el de algunos grupos como el socialista, herederos, sus miembros, de quienes hicieron en su día la ley en vigor que acabo de decir que es una buena ley.

Señor presidente, señorías, como decía, esta ley lo único que pretende es adaptar la norma a la realidad contemplando aspectos y matices que, por nuevos, no estaban recogidos en la Ley 23/1992 y que, precisamente, tienen el objetivo de garantizar los principios de complementariedad y subordinación a las funciones ejercidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; complementariedad y subordinación que ya funcionan, que no son nuevas, y que ha hecho posible que nuestro modelo haya sido un modelo de éxito.

La seguridad privada juega un papel fundamental, es un elemento esencial con el objetivo de hacer que los ciudadanos estén o se sientan seguros y cubre espacios que en ningún caso podrían asumir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía, Guardia Civil o policías locales. Vuelvo a decir que puedo entender la posición de algunos grupos, pero me cuesta un poco más entender la posición del Grupo Parlamentario Socialista. Ustedes han gobernado. Han tenido y tienen importantes responsabilidades en ayuntamientos y comunidades autónomas. Ahí se sienta el señor Belloch que fue —como no está lo digo— un buen ministro del Interior, que puso orden en ese ministerio y que acabó con hábitos y corruptelas que durante mucho tiempo se venían practicando en el Ministerio del Interior por algunos de sus predecesores y él acabó con esos vicios y con esas corruptelas. Es bueno que eso se recuerde.

Usted, señor Cascallana, ha sido alcalde —lo ha dicho— de un importante municipio. Seguro que en su municipio hay un buen número de urbanizaciones de todo tipo de niveles de renta porque esta no es —como dicen algunos— una cuestión de ricos y pobres. ¿Cuántos polígonos industriales hay en su municipio? ¿Y cuántas zonas comerciales? ¿Se puede imaginar el nivel de exigencia, de presencia y despliegue que supondría para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y para la Policía Local que no hubiese seguridad privada? Sería inasumible. ¿Qué hay de malo y contra qué principios democráticos atenta que los propietarios de esas urbanizaciones o los empresarios de un polígono se pongan de acuerdo y contraten y paguen un plus de vigilancia que alerte en caso de necesidad a la Policía, a la Guardia Civil o a la Policía Local, a la seguridad pública? ¿Qué hay de malo? ¿En qué perjudica eso? Eso no perjudica a ningún derecho democrático y mucho menos a la seguridad. Estos vigilantes realizan una función que en ningún caso podrían hacer —insisto— las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sería imposible.

¿Cuántos polígonos industriales hay en España? ¿Cuántas urbanizaciones? ¿Se imaginan que hubiese que destinar una o dos patrullas policiales en cada uno de esos polígonos o




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urbanizaciones para realizar esas funciones de estricta vigilancia y alerta en el caso de que fuese un escenario necesario a las fuerzas de seguridad del Estado?

Pues bien, esta ley, entre otras cosas, precisa y regula aspectos y situaciones que ya se venían haciendo. Esto ya se venía haciendo, lo que pasa es que no estaba regulado y esta ley lo regula.

Señorías, en 1996 en cada arco de seguridad de cada aeropuerto español había tres guardias civiles, seguro que lo recuerdan. Eso era un despilfarro de efectivos insostenible. En ningún país avanzado, ustedes que han viajado lo saben, esa función la hacen policías. No me acuerdo el número, pero multipliquen tres guardias civiles por cada arco de seguridad de cada aeropuerto español. Había comandancias de la Guardia Civil y provincias que no tenían tantos efectivos. Claro, los que estaban encantados eran los de AENA, que lo tenían gratis. Pues bien, ¿qué se hizo? Pues dar un plazo prudencial y en un año esos guardias civiles fueron sustituidos por vigilantes de seguridad privada, pagados por AENA y no por todos los ciudadanos con sus impuestos y se dejó una pareja por cada número determinado de arcos por si había algún problema y tenían que intervenir y el resto de los guardias fueron a la calle, en el mejor sentido de la expresión, a hacer seguridad ciudadana, a velar por la seguridad de todos los españoles que pagan impuestos y no solo de los que se montan en un avión para hacer un viaje.

Ustedes recuerdan —aquello se criticó, pero ¿a quién no le parece razonable que no haya tres guardias civiles por cada arco de seguridad?— que hace años en todos los ministerios, organismos oficiales y no tan oficiales, hasta en Televisión Española, la identificación de personas y el control de acceso lo hacían policías o guardias civiles, obligación de vigilantes de seguridad. A nadie sorprende y, además, es lo razonable.

Y cuento esto porque algunos critican hoy la incorporación de vigilantes privados a determinadas tareas de vigilancia y control de acceso a los centros penitenciarios. Y vuelvo a preguntarles: ¿por qué no? Señorías, señor presidente, al Estado le cuesta mucho formar a un guardia civil: tienen que hacer una oposición, luego los años de formación, uno en la academia, otro de prácticas en unidades. Ese guardia civil recibe una formación en materias propias de su profesión policial, formación costosa, insisto, y resulta que luego le destinamos a un control de acceso de una cárcel, a pedir DNI o a pasar ocho horas sentado frente al monitor de un circuito cerrado de televisión, lo que a veces también es frustrante para ese guardia civil, porque ese guardia civil lo es por vocación o ese policía nacional, me refiero al guardia civil porque, fundamentalmente, en las prisiones, como saben, hay guardias civiles. También es frustrante para ese guardia civil que tenía vocación de policía, que ha estudiado para ser policía y luego le ponemos de vigilante o de portero. ¿No será mejor que eso lo haga alguien que no tenga esa formación? Para pedir DNI, para mirar un monitor de circuito cerrado, para eso no hace falta un policía. Es más útil que haya un vigilante y es mucho más útil que ese guardia civil esté dando seguridad a todos los ciudadanos, haciendo tareas policiales propiamente dichas. Por supuesto que la fuerza de reacción ante un intento de fuga o cualquier emergencia tendrá que ser competencia de la Guardia Civil, pero el control de acceso o los monitores o el perímetro, sinceramente creo que para eso no hace falta un policía, basta con un vigilante.

Señor presidente, señorías, la seguridad —alguno de los portavoces lo ha dicho— es una de las principales demandas de los ciudadanos y eso es así porque sin seguridad no hay nada, sin seguridad no hay libertad, sin seguridad no hay tranquilidad. El ciudadano demanda seguridad, quiere estar y sentirse seguro, como decía antes, y una de las prioridades, quizás la más importante de los poderes públicos, es proporcionársela de la mejor manera posible, de la forma más eficaz y, por qué no decirlo, con el menor coste posible.

Sin duda, la seguridad pública, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y su actuación son el elemento más importante y nadie lo discute, nadie quiere cargárselo, nadie quiere cambiarlo, son los garantes de la seguridad de los ciudadanos. ¿Quién discute eso? Pero qué duda cabe de que para conseguir el objetivo de la seguridad global, la seguridad privada juega un papel muy importante. Ya lo está jugando como un elemento auxiliar, complementario y subordinado a la Policía, a la Guardia Civil, a las policías autonómicas o a las policías locales. Por eso una regulación adecuada y precisa de la seguridad privada es tan importante, y creemos que esta ley, y su posterior desarrollo reglamentario, lo van a conseguir, con este proyecto de ley se va a




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conseguir ese objetivo y es por lo que les anuncio, como ya se imaginarán, nuestro voto en contra de los vetos presentados.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador López Valdivielso.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa).

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor presidente.

No, no hemos presentado ningún veto, pero hemos estado a punto de hacerlo, sobre todo por el aspecto competencial de este proyecto de ley.

La verdad es que cuando llego a esta tribuna no sé si esta ley es importante o no, porque generalmente se puede analizar que es importante un proyecto de ley si lo presenta el ministro, pero tengo entendido que no está aquí el señor don Jorge Fernández. Sí la presentó en el Congreso, pero parece ser que el Senado es una Cámara no solamente de segunda lectura, sino de segunda categoría porque no tiene tiempo para presentar la ley. Quizá el procedimiento que seguimos para la discusión de las leyes no sea el más adecuado, porque lo lógico sería que el Gobierno presentara su proyecto de ley tanto en el Congreso como en el Senado, se discutieran los vetos, se diera luz verde y luego las ponencias no duraran tres minutos y las comisiones tampoco duraran un cuarto de hora, sino que ahí se discutieran efectivamente las enmiendas y luego viniera aquí todo el debate parlamentario. Entonces se podría discutir y se podrían ver las bonanzas o si la ley ha mejorado en el transcurso del propio debate. Sin embargo, no es así. Estamos en un debate caduco, absurdo y mal planteado. Además, por lo que se ve, el ministro no tiene mucho interés en este proyecto de ley porque ni está presente ni se le espera.

Estamos ante una ley importante que perfila la complementariedad de la denominada seguridad privada con la seguridad pública, es decir, la complementariedad de empresas privadas, de agentes privados o de detectives que ejercen competencias de seguridad complementarias de lo que se denomina monopolio legítimo de la acción coactiva del Estado, del imperio del Estado a través de la acción violenta en régimen de monopolio. Esto requiere la interacción de varios derechos, de varios principios o de varios perfiles que, en nuestra opinión y en términos generales, está ley acomete desconociendo, como siempre, el Estado autonómico.

En primer lugar, tenemos que determinar claramente cuál es el perfil que se le atribuye jurídicamente a la seguridad privada. No puede ser ya el que se configuró en la ley del año 1992, una ley extemporánea, incluso desde su propia concepción filosófica y jurídica, en tanto en cuanto la seguridad privada era un complemento subordinado, era una actividad de carácter dependiente, controlada y tutelada por los agentes de la seguridad pública, por las fuerzas y cuerpos de seguridad o por los ministerios y departamentos competentes en el ámbito de la seguridad pública, mero complemento subordinado. Esta ley acomete un cierto perfil o una cierta silueta de modernidad, la complementación, evidentemente no en términos de igualdad, de la seguridad pública o de la acción pública en materia de seguridad con la acción privada en materia de seguridad mediante el estatuto del llamado junior partner. Esta es la filosofía inspiradora de este proyecto de ley y nosotros, desde esa perspectiva, esa filosofía la compartimos en sus propios términos porque todo lo que estaba disperso en múltiples artículos y de mala manera con este proyecto de ley se le da forma y se mete en una ley, y nosotros consideramos que eso está bien. Lo que está mal es la mala negociación que hemos tenido con el Partido Popular en cuanto a enmiendas autonómicas. Desde luego, en el Senado no hemos tenido ninguna negociación.

Otro problema, señor presidente, hace referencia al perfil de las personas que van a ejercer esta actividad y no solo de las personas, sino también de las empresas en cuanto estas personas pertenecen a empresas privadas de seguridad que realizan actividades vinculadas a lo que ha constituido tradicionalmente uno de los elementos, incluso legítimamente, de la propia existencia del Estado, que es el monopolio de la acción coactiva, el monopolio de la obediencia, en definitiva, en régimen en este caso de complementariedad. La interacción de intereses es más compleja en este ámbito. Estamos hablando de intereses que hacen referencia a la necesaria obligación o intento del Estado de garantizar la seguridad pública a todos los ciudadanos como presupuesto de la libertad, y en esta ley se configura la interacción de los intereses de la seguridad pública que




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debe garantizar el Estado y las administraciones competentes con la legítima aspiración de las empresas que configuran el sector de la seguridad privada a obtener unos rendimientos que no son pequeños. Hay que tener en cuenta que hay una creciente demanda de seguridad mediante una especie de previsión subjetiva de inseguridad que a veces raya en lo paranoico paradójicamente en el inconsciente colectivo de los países más desarrollados y más avanzados del mundo y que poseen índices de criminalidad más bajos. Estos son los que poseen un mayor elemento sensible en relación con la seguridad, invocando nada menos que la creación, en algunas ocasiones, de un Estado cuasi policiaco o policiaco. Es un sector en el que hay que proteger los intereses económicos de las empresas que los componen, que ya en el año 2012 facturaron más de 4000 millones de euros y estaba constituido por más de 1500 empresas, que no es cosa menor; y es un sector económico relevante incluso desde la perspectiva del empleo y de su capacidad generatriz de riqueza. Y todos estos principios o derechos que estamos comentando hay que complementarlos con otro también relevante: cómo naturalizamos jurídicamente el rol o la función de los agentes que, en régimen de complementariedad, van a realizar actividades de seguridad privada.

He hecho una alusión al asunto competencial —a nosotros siempre nos lo parece porque, al fin y al cabo, somos un grupo nacionalista que representa a una comunidad que tiene unas competencias, unas competencias que están tasadas y que están planteadas en una ley orgánica—, que es el ajuste de las competencias o las atribuciones de competencias legislativas que rayan en las competencias ultra vires en no pocas ocasiones en esta ley al ajuste de competencias al que provee el llamado bloque de constitucionalidad. Se hizo un cierto esfuerzo en el Congreso que se echó atrás en el Senado —quizás porque hubo una confusión con una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán—, y se han recogido competencias importantes como las que hacen referencia a la autorización de las empresas de seguridad y de detectives —omisión que en los primeros anteproyectos que conocíamos era inquietante—, a las competencias en materia de inspección, a la sanción de empresas de seguridad o de investigación privada que se dedican a la protección del personal, y hay un reconocimiento explícito de la competencia autonómica para la autorización de servicios de protección de personal. Estamos hablando, por ejemplo, del control perimetral de los centros penitenciarios; estamos hablando de la protección de las personas amenazadas a través de la función de escoltas y estamos hablando de funciones que han pertenecido siempre y que seguirán perteneciendo en algunos casos a las fuerzas y cuerpos de seguridad o policías autonómicas. Y este salto es importante también en tanto en cuanto la vigilancia de establecimientos penitenciarios es una función que se conecta con una práctica que ya se estaba realizando. Y, a pesar de ser una competencia de naturaleza jurídico-pública, incluso la vigilancia de algunos establecimientos tan vinculados a la seguridad como instalaciones militares, cuarteles del ejército, cuarteles de la Guardia Civil y de la Policía Nacional o cuarteles de la Ertzaintza o de los Mossos d’Esquadra era realizada por agentes de empresas de seguridad privadas. Desde esa perspectiva, nos parece pertinente la legitimación en una ley, en esta ley. Es lo que decimos: a lo disperso se le da forma legal. Sin embargo, hay varias enmiendas claves —que luego discutiremos en el trámite oportuno— que no han sido en ningún momento atendidas. Un ejemplo que nos gusta en particular es por qué la Administración autonómica competente en el País Vasco, donde las competencias en materia de seguridad pública forman parte del núcleo intangible de la foralidad y son competencias forales, tal y como prescribe el artículo 28 del Estatuto de Autonomía de Gernika, y están constitucionalizadas estas competencias en materia de seguridad integral por la disposición adicional primera de la Constitución Española, no puede sancionar a las delegaciones de empresas de ámbito estatal o de otro ámbito constituidas en otra comunidad autónoma.

En materia registral, los registros autonómicos ocupan una posición jerárquica y jurídicamente subordinada al Registro Nacional de Empresas de Seguridad. Y, en materia de inhabilitación del personal, se reconocen competencias sancionadoras pero, paradójicamente, no se reconoce la competencia en materia de inhabilitación del personal de seguridad cuando comete infracciones o cuando desarrolla de forma inadecuada sus funciones en virtud de los requerimientos legales.

Y hay algunas cuestiones que nos hacen muy difícil discernir cuáles son los criterios argumentativos aplicados por el Grupo Parlamentario Popular —o en su caso por el propio Gobierno—, sobre todo a la hora de la discusión y en el momento de la aceptación de enmiendas; algunas particularmente importantes como las relativas a la autorización, a la inspección, a la




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determinación de quienes deben ser escoltados; y competencias incluso penitenciarias cuando no está transferida a la Comunidad autónoma del País Vasco la competencia en materia de instituciones penitenciarias; solo la comunidad catalana en este momento disfruta —si se puede utilizar esta expresión— de esta competencia al margen de la Administración General del Estado, reconociéndose las más beligerantes; pero hay algunas que desde una perspectiva competencial han sido rechazadas y no sabemos con qué criterio.

Por esto no hemos presentado un veto, porque consideramos que en el trámite del Congreso se han aprobado un tipo de enmiendas; pero no ha sido así en el trámite del Senado, donde ante la cerrazón del Grupo Parlamentario Popular de no querer discutir ninguna de nuestras enmiendas, nosotros, en esta oportunidad, y ante los vetos presentados, nos vamos a abstener; y luego discutiremos, en el trámite de enmiendas, cuáles son aquellas cosas que verdaderamente no nos gustan de este proyecto de ley.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Muchas gracias, señor presidente.

Compartiré el turno con el senador Guillot.

Senador López Valdivielso, ha tomado buena nota y realmente ha hecho un resumen excelente y ha entendido perfectamente las razones de los vetos y de la oposición de los grupos que hemos presentado veto, porque el resumen es sencillo: la seguridad para el que se la pague.

Usted ha hablado del arco de seguridad. Me ha dado una idea. El próximo día que tenga que pasar por el arco de seguridad del aeropuerto de Barcelona o el de Madrid y tenga tiempo —insisto, y tenga tiempo—, cuando el trabajador de la empresa de seguridad privada me quiera cachear porque ha sonado el arco porque el zapatero me arregló el zapato, le diré que no porque no es un agente de la autoridad, y luego, al cabo de 10, 15, 20 minutos, vendrá un guarda civil para cachearme. Esta es la solución, ¿verdad?

Fundamentalmente, nosotros nos quejamos del espacio público. Usted ha puesto ejemplos que parten de la base de que se produce un ahorro. Pero no es verdad, no va a ser verdad, no habrá ahorro, porque a los costes laborales, evidentemente precarios, se tendrá que añadir el beneficio, el negocio lógico, legítimo y natural de cualquier empresa. No habrá ahorro. Se lo diré de otra manera: si realmente es importante que los policías que hoy están bien formados no tengan la sensación de perder el tiempo cuando están vigilando un ordenador, ¿por qué se ha optado por transferir estos trabajos a empresas privadas y no se ha optado por modificar la Ley de fuerzas y cuerpos y crear una figura auxiliar, una figura de otro tipo, pública, para hacer estas funciones complementarias?

Finalizo. La memoria del impacto normativo, que no he leído antes, la leo ahora. Dice: Entre las medidas adoptadas por esta ley cabe destacar la posibilidad de ampliar el ámbito en que las empresas del sector van a poder prestar sus servicios de vigilancia y protección en cooperación y bajo el mando de las fuerzas de seguridad competentes en determinados lugares de titularidad pública o privada pero de uso público. El artículo 104 de la Constitución establece lo siguiente: «Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana». A nuestro juicio, este proyecto de ley no cumple con el artículo 104 de la Constitución Española. Por lo tanto, reiteramos nuestro veto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.

Tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Senador López Valdivielso, solo cuatro cuestiones. La Ley de Seguridad Privada es de 1992, obsoleta y vieja, y hay que reformarla. Y usted estará conmigo en que hubiera sido mejor reformar




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antes la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de 1986, y a partir de ahí subordinar la seguridad privada. Creo que lo que le digo es razonable y lógico.

En segundo lugar —usted me lo ha puesto a tiro, hablando de urbanizaciones—, ¿qué seguridad privada podrá complementar la acción de los cuerpos y fuerzas de seguridad públicos en las urbanizaciones? Será aquella que se pueda pagar. Claro que hay una seguridad privada, pero solo existe si se puede pagar. Sin embargo, en la mayoría de urbanizaciones en España, que están hechas polvo, los vecinos no la pueden pagar. Entonces, habrá una seguridad para ricos y otra para pobres. ¡Claro! Si no, salga usted de Puerto Príncipe o El Viso y vaya usted a ver tantas urbanizaciones que hay, por lo menos en Cataluña, y podrá observar las condiciones de vida y las dificultades que hay actualmente para poder afrontar hoy servicios de seguridad privada.

Con su ley crean ustedes una seguridad privada para ricos y, otra, para pobres, y en espacios como son los de la vía pública.

En cuarto lugar, usted ha sido director general de la Guardia Civil, ¿cree usted que con este proyecto de ley se garantiza la formación suficiente para esos nuevos vigilantes privados que verán sus funciones ampliadas? Eso lo cuestiona todo el mundo, salvo el Gobierno: las asociaciones de sindicatos policiales, sindicatos de la Guardia Civil, sindicatos de vigilantes privados, etcétera; todo el mundo dice que el proyecto de ley no contempla la formación necesaria para afrontar esta ampliación de funciones.

Por último, y por eso antes le decía en la defensa del veto que esta ley va a traer problemas, aparte de ser autoridad, en España es necesario tener legitimidad y responsabilidad institucional; y la ciudadanía otorga esta legitimidad a la Policía, a la Guardia Civil, a las policías autonómicas, a la guardia urbana, etcétera, pero no a la seguridad privada y mucho menos con funciones como las que contempla esta ley de posibles detenciones, de intervención en espacios públicos, en vías públicas, etcétera. Esto será una fuente de problemas sobre aspectos directamente relacionados con derechos fundamentales.

Quizá usted no lo quiera ver así porque necesite justificar este proyecto de ley pero, insisto, no es razonable que no se lleve a cabo primero la reforma de la seguridad pública y, posteriormente, la de la seguridad privada; evidentemente, si la seguridad privada puede reforzar, ampliar, complementar o sustituir a la seguridad pública solo se podrá realizar allí donde esté, y allí donde esté es allí donde se pueda pagar, porque no creo que usted crea que todos o todas las urbanizaciones podemos pagar la seguridad privada, ¿verdad que no? Por lo tanto, es lógico deducir que solo aquellos que la puedan pagar podrán ver esta ampliación de servicios y funciones.

Por último, la formación es totalmente insuficiente e insisto en una cuestión fundamental y es la de la legitimidad. Los vigilantes y los guardias jurados no tienen legitimidad para realizar determinadas tareas.

Gràcies, senyor president.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Sendra.

El señor SENDRA VELLVÈ: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervendré con brevedad porque posteriormente haré un uso largo de la palabra en defensa de las enmiendas que el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió mantiene vivas hasta el Pleno de hoy, así como para fijar el posicionamiento final y definitivo de mi grupo parlamentario al proyecto de ley.

Coincido, de entrada, con la protesta del senador Anasagasti. Realmente, le daría un buen nivel a esta Cámara que a la presentación de los proyectos de ley asistiera el ministro correspondiente; así, hoy hubiera estado muy bien que el ministro Fernández Díaz hubiera estado en la Cámara para presentar este proyecto de ley. Coincido en esto y espero que tomen buena nota los miembros de la ponencia sobre la reforma del Senado porque creo que sería muy positivo para dar más legitimidad a esta Cámara.

Mi grupo parlamentario no ha presentado ningún veto, pero sí me siento obligado a manifestar el sentido de nuestro voto a los cinco vetos presentados. Como decía hace unos días en la Comisión de Interior del Senado, con motivo de la comparecencia del director general de la Policía y en respuesta a la acusación del PSOE en los medios de comunicación unos días antes en el




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sentido de que Convergència i Unió participaba en un complot para privatizar la seguridad pública, dije entonces, y reitero aquí y ahora, que mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió da apoyo al Gobierno de Cataluña, Gobierno que cada mañana se levanta con la obligación de dirigir la política de seguridad pública y también la política de seguridad privada en Cataluña. Por eso, cuando el Gobierno central presenta un proyecto de ley, aun cuando este no sea de nuestro agrado, tenemos la responsabilidad y la obligación de intentar mejorarla, en beneficio de su aplicación, y todavía más cuando es necesario adaptar la ley vigente a la realidad actual. Además, también tenemos la obligación de garantizar el respeto a las competencias de las comunidades en la materia, no solo en Cataluña sino en todo el Estado.

Por este motivo, y debido a que después de una dura negociación con el grupo mayoritario en el Senado hemos conseguido acuerdos suficientes como para haber mejorado la ley y haber preservado las competencias de las comunidades, nuestro grupo parlamentario va a votar en contra de los vetos presentados a este proyecto de ley. Eso no obsta, porque sería injusto, para que no agradezca yo a los portavoces que han hecho un reconocimiento al trabajo hecho por CiU para preservar esas competencias de las comunidades autónomas. Yo entiendo que es un objetivo que se ha conseguido en la dura negociación que hemos mantenido y también quiero agradecérselo. Les doy las gracias al portavoz Guillot, al portavoz Anasagasti y a todos aquellos que lo hayan hecho.

Reitero que vamos a votar en contra de los vetos.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Sendra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Cascallana.

El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: Gracias, señor presidente.

Agradezco la intervención del señor López Valdivielso porque confirma mis teorías, mis más bajas teorías o instintos que tengo, pero lo que usted ha venido a decir aquí es que cuesta mucho formar a un guardiacivil —y de eso usted sabe— y que, como consecuencia, hay que arreglarlo de otra manera, dando entrada a las empresas de seguridad. Efectivamente, esa es la teoría: que quien pueda se pague los servicios de seguridad, y eso ya se lo han comentado. Habla usted de las urbanizaciones, pero ¿quién va a complementar la seguridad en la Cañada Real de Madrid? ¿Alguna empresa? ¿Prosegur? ¿Quién va a atender las necesidades de seguridad en esos espacios urbanos que la necesitan, que la precisan? Es que estamos hablando de eso. Entonces, desde la máxima honradez en que le tengo y desde la máxima responsabilidad, yo le digo que esta ley abre un espacio de negocio a las empresas privadas pero en detrimento de lo público. No es que las cualifique, las forme y como consecuencia de eso ocupen otros espacios; no, no. Es que lo que hace es minar lo público y en este caso ocupar los espacios públicos.

Yo también coincido en que debería haber estado el señor ministro del Interior aquí hoy, pero es que desde abril de 2012, que se dice pronto, el ministro del Interior no acude a la Comisión de Interior, y conste que lo prometió en esta Cámara. Se ve que el ministro tiene algún problema con el Senado aunque no sé de qué tipo. Espero que el problema no seamos algunos senadores, pero lo cierto es que no aparece por donde tiene que aparecer ni da el nivel que tiene que dar.

Decía usted que Rubalcaba había pedido un cambio de la ley. Pues yo le garantizo que no estaba pensando en esta. Si hace ocho años se planteó esa necesidad, fue para cualificar y dotar de más medios a las empresas de seguridad con aspectos complementarios. Pero usted dice: no, si no cambia nada la ley. Pues si no cambia nada la ley, ¿para qué se produce? Es que sí que cambia, es que plantea en su preámbulo claramente que el concepto de subordinación desaparece, critica el concepto anterior de la ley, y plantea la corresponsabilidad. Está claro. Es que es otra filosofía, pero al menos no ocultemos la realidad de lo que se está planteando con esta ley. Y, por supuesto, la anterior ley ni remotamente permitía la utilización de espacios públicos. Y decía usted: polígonos industriales. Sí, pero no en vías públicas y con autorización previa de la Delegación del Gobierno en casos concretos. Por tanto, nunca se planteaba de la manera que se está haciendo en este momento como si fuera un derecho.

Dice usted también: adaptar la norma a la realidad. ¿A qué realidad? Estamos viendo en diferentes medios de comunicación escándalos por la falta de formación y cualificación de muchos trabajadores —no son los ochenta y ocho mil— que requieren de una formación reglada en




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formación profesional, o de grado en la universidad. ¿Por qué no se avanza en esa dirección? Pero ahí no se toca esto para nada, no avanzamos en esa dirección, y eso, sin duda, es una apuesta por otras cosas que apuntaba.

Y coincido también con lo que ha dicho del señor Belloch, que ha sido un magnífico ministro del Interior que ha luchado contra todas las corruptelas, como lo han hecho otros muchos responsables políticos. ¡Ya me gustaría que eso se hiciese hoy! Y es que lo de la UDEF yo lo vengo denunciando como también lo de la Comisaría General de Policía Judicial. Algunos se han atrevido a investigar pero les ha costado el puesto. Por tanto, trabajemos todos en esa dirección de luchar por limpiar este país de ese tipo de corruptelas.

Decía usted que al Estado le cuesta mucho formar a la Guardia Civil, y ha puesto un ejemplo. Ha dicho que la Guardia Civil no puede estar para pedir los DNI. Señor López Valdivielso, la Guardia Civil no pide los DNI, los piden los funcionarios de prisiones. Y debería saberlo mejor que yo. Por lo tanto no es ese el problema. Dice que pueden atender con menos cualificación, con menos costes en la formación. Pero es que los perímetros de los centros penitenciarios o centros de internamiento no son precisamente lugares pacíficos. Son lugares que tienen sus problemas en relación con las personas que allí asisten. No es un tema fácil y, sin duda, requiere de una formación y de una cualificación. Cuando se habla de la detención y puesta a disposición inmediata, ¿de qué estamos hablando? Se lo decían gráficamente, de la intervención de dos, un agente privado y uno público. ¿Y, cuando exista un conflicto por motivo de que la detención no esté garantizada, en el caso de que exista una detención con algún tipo de agresión física? ¿Se van a hacer cargo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o no? Va a haber también un conflicto entre los agentes privados y los públicos. Por lo tanto, ahí no coincido con usted.

Nosotros pedimos la retirada de este proyecto de ley porque de verdad creemos en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y ustedes, ahora nos hablan de lo de la Guardia Civil de Ceuta, como si nos estuviésemos metiendo con ellos, cuando no lo estamos haciendo. Creemos en ellos, creemos que no es necesario quitarles servicios, ¿por qué le vamos a quitar servicios al Cuerpo Nacional de Policía, a los funcionarios de prisiones o a la Guardia Civil si no es preciso? Contemplen ustedes esa posibilidad de atender con estos servicios, que son muy respetados por los ciudadanos.

Cambiar lo que funciona, y todos decimos que la seguridad en España va muy bien, no tiene ningún sentido. Lo hemos dicho desde el principio. No responde en este momento a una demanda social. Esta ley parte de la desconfianza en lo público, de la desconfianza en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, mal que le pese, porque creen que no pueden hacer el mismo servicio por el mismo coste y con la misma eficiencia. O, si no, nos engañan, y como yo no quiero creer que nos engañan, afirmo que parten de esos principios. Y la ley continúa con esa deriva privatizadora de la que usted hablaba. Sin duda. ¿Por qué se plantea la ley, si es involucionista en cuanto a derechos y libertades? Porque va en la línea de la reforma del Código Penal y en la línea de la Ley de Seguridad Ciudadana que discutiremos aquí. Porque esta ley les da categoría de agentes de la autoridad —y usted sabe que en el Código Penal y en la propia Ley de Seguridad Ciudadana las faltas pasan a ser infracciones administrativas—, y la categoría de agente de la autoridad da fe de una infracción administrativa, contra la cual solamente se puede ir mediante un recurso contencioso-administrativo, porque las tasas de Gallardón se lo van a impedir.

Esta ley quita garantías y derechos a los ciudadanos. Y, sobre todo, deja en manos de agentes menos preparados la garantía de nuestros derechos fundamentales. Eso es ir hacia atrás en los conceptos de defensa de las libertades. En ese sentido se lo decimos, esta ley da una vuelta atrás, vuelve al pasado. Nosotros creemos que ese no es el mecanismo que se tiene que plantear, porque ustedes están en una deriva sobre el orden público y no sobre la seguridad ciudadana. Y nos parece que ahí se están equivocando. Lo diremos con ocasión de otras leyes.

Pensamos que han pedido una oportunidad con esta ley, que debían haber aprovechado para cualificar al sector. Se lo digo sinceramente. Y la ley que nos traen no va a resolver los problemas de la seguridad. Va a precarizar el sector desde el punto de vista laboral, con trabajadores poco formados y con conflictos, sin duda, de competencias y de relación entre agentes privados y agentes públicos. (Aplausos).




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cascallana.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Aznar.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, voy a comenzar felicitándonos sinceramente porque hoy estemos aquí debatiendo la ley de seguridad privada y recordando que no hace muchas semanas, señor Cascallana, ustedes pretendían impedir con una proposición presentada en este mismo Pleno, que esta ley llegara a la Cámara. Por suerte, la ley ha llegado, la estamos debatiendo y si sus señorías quieren, mañana o esta misma tarde quedará aprobada en el Senado.

Yo puedo coincidir con ustedes en que la primera obligación de la oposición es oponerse. Lo entiendo. Pero a la oposición también hay que argumentarla.

Voy a hacer aquí un inciso para recordarles que al menos en dos ocasiones se ha mencionado la ausencia del ministro del Interior, al que se le ha criticado por no estar aquí presentando esta ley. Independientemente de que a todos nos gustaría escuchar aquí al ministro —ya tendremos oportunidad de hacerlo—, quiero recordarle al Grupo Parlamentario Socialista, que por medio de su portavoz ha sido uno de los que ha recordado esta cuestión, que en las dos leyes de reforma que se presentaron durante la etapa del Gobierno de Zapatero tampoco vino el ministro. Durante esas dos legislaturas —y es cierto que no fue un Gobierno tremendamente reformista— se presentaron en esta Cámara dos leyes referidas a Interior; en el año 2005 la del carné por puntos, siendo ministro el señor Alonso, que tampoco vino a presentarla, y en el 2009 el texto articulado de vehículos a motor, siendo ministro el señor Rubalcaba, que tampoco vino a presentarla. Por lo tanto, señorías, creo que hay que poner los puntos sobre las íes. Todos estaremos encantados de que este ministro y todos los ministros estén todo el tiempo que sea posible en el Senado pero no hagamos de eso motivo de crítica.

Señorías, hemos oído hoy los cinco argumentos globales empleados por otros tantos grupos políticos para pedir que se devuelva el texto de la ley. En primer lugar, se ha utilizado mucho el argumento de que no hay una demanda social que requiera esta ley. Y yo les pregunto, señorías, ¿realmente creen ustedes que hay que esperar a que se produzcan manifestaciones públicas para que el Gobierno de turno, sea este del Partido Popular, el anterior Socialista o el que venga —espero que también del Partido Popular—, tenga que enviar iniciativas a la Cámara que intenten ir por delante de los acontecimientos, que intenten adelantarse a los acontecimientos para regular aquellas cuestiones que son importantes para la sociedad? Evidentemente, creo que la respuesta es no. Por lo tanto, el argumento de que no hay una demanda social se desecha por sí mismo.

Hemos oído otros argumentos como el manifestado por el señor Anasagasti —y en este caso creo que cuento con la suerte de que esté escuchándome, no como en el anterior debate—, que ha dicho que no han presentado un veto pero que se han quedado con las ganas porque en el Senado se han ignorado sus enmiendas y no se ha querido escuchar el gran paquete de enmiendas competenciales que el Grupo Parlamentario Vasco ha presentado. Señor Anasagasti, con todo el respeto que usted sabe que le profeso, tengo que decirle, en primer lugar, que el Grupo Parlamentario Vasco ha presentado quince enmiendas al texto, de las cuales hay cuatro nuevas diferentes a las del Congreso y, salvo que yo me haya equivocado al leer, ninguna de ellas se refiere a tema competencial. Esas han sido suficientemente negociadas en el Congreso y, como usted muy bien ha dicho, allí han sido recogidos gran parte de los argumentos que ustedes pretendían. Por lo tanto, le animo a que no se quede con la pena de no haber presentado el veto y a cambiar esa abstención por un apoyo, puesto que de sus quince enmiendas algunas han sido admitidas.

Señorías, ahora vamos a tener la oportunidad de hablar más en profundidad de algunas de las cuestiones que han planteado. Yo poco les puedo decir cuando se utiliza como argumento lo de pobres y ricos, cuando se emplea demagógicamente esa cuestión de que habrá seguridad para ricos y seguridad para pobres, y de que estamos privatizando la seguridad pública. No es cierto que estemos privatizando la seguridad pública, señorías. Díganme ustedes, léanme ustedes un solo artículo, un solo párrafo del que se pueda deducir lo que ustedes están planteando. En absoluto es así, desde el primer momento la ley consagra claramente que la seguridad privada está pensada para contribuir a garantizar, prevenir infracciones, aportar información en los procedimientos relacionados con sus actuaciones e investigaciones siempre complementado bajo




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el mando integrado y funcionando bajo la dirección de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Señorías, nuestra Constitución, como saben perfectamente, consagra con claridad de quién depende la seguridad en España. No cabe ninguna duda de ello, ni del articulado de la ley que hoy les traemos aquí se puede desprender que haya el más mínimo atisbo de privatización. Otra cosa —y lo entiendo— es que, desde el punto de vista ideológico, haya que mantener determinadas cuestiones, y lo respetamos, pero obviamente entendemos que no son razones suficientes para pedir la devolución del texto que estamos analizando.

Y luego hay contradicciones importantes en lo que ustedes plantean; contradicciones que vamos a tener la oportunidad de ver ahora en el turno de las enmiendas. Por una parte, están pidiendo que los servicios de seguridad privada no realicen ese servicio, por ejemplo, en el entorno de los establecimientos militares. Señorías, esto es algo que se produce en España desde el año 1994, y ustedes lo saben. ¿Se está consagrando alguna situación nueva?, ¿hay algún artículo en este proyecto de ley que otorgue a los vigilantes de seguridad alguna misión, algún servicio que no estén realizando en la actualidad? Les pido que me lo indiquen, porque eso no es así y no se puede hacer esas aseveraciones y basar en ellas la petición de devolución del texto al Gobierno.

Por tanto, señorías, creo —y lo digo con todo respeto— que las razones que aquí han aportado los distintos grupos, más allá de que respondan al cliché del Gobierno del Partido Popular que quieren vender, aquello de: Da igual que hablemos de sanidad, que de educación y ahora de seguridad, lo que pretende el Partido Popular es privatizar, precarizar y recentralizar. Creo que alguno de los portavoces lo ha dicho así. Pues bien, este es un cliché que ustedes han planteado, que a ustedes les va muy bien, pero que en absoluto responde a la realidad. Alguien preguntaba por qué nuestro grupo y el Gobierno no hacían una comparación con los modelos de seguridad privada que existen hoy en Europa, pero lo hemos hecho, señorías, y es evidente que frente a otros modelos, como pueden ser los de Alemania, Francia, Gran Bretaña o Austria, países que yo creo que no son dudosos en cuanto a la democracia, y que tienen modelos de seguridad de mínima regulación, el modelo de seguridad español es probablemente, junto al de Bélgica y Holanda, el más regulado y más controlado de los que hay en Europa.

Así pues, repito, señorías, que entiendo que más allá de las cuestiones ideológicas que han planteado, y que son respetables, no hay ninguna razón de peso para que nosotros, no solo no pudiéramos votar a favor de esos vetos, sino ni plantearnos siquiera la oportunidad de devolver esta ley al Gobierno. Muy al contrario, queremos agradecer a los distintos grupos el trabajo y el esfuerzo que aquí se ha hecho por parte de todos para lograr un gran acercamiento en cuanto a las enmiendas que se han presentado. Señorías, pocas leyes salen de esta Cámara con un número de enmiendas aceptadas o transadas por los grupos tan elevado como en este proyecto de ley de seguridad privada. Fíjense que de un entorno de cien enmiendas que han quedado vivas, hay cincuenta que en uno u otro momento, en ponencia o en comisión, les han sido admitidas a los distintos grupos. Por tanto, dudo mucho que nadie, con la verdad en la mano, pueda plantear que esta no es una ley que sale máximamente consensuada de aquí, independientemente de lo que al final voten ustedes.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aznar.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a votar las propuestas de veto en el mismo orden en que han sido defendidas.

Les anuncio que ha habido también votación telemática en estas propuestas de veto, las mismas senadoras y senador que en el caso anterior: la senadora García Carrasco, la senadora Navarro Viscasillas y el senador Marín Torrecillas, que han ejercido su derecho al voto en las cinco propuestas de veto y siempre en las cinco en sentido negativo. Por lo tanto, yo iré sumando el sentido de la votación al resultado de la votación que realicemos aquí en el hemiciclo.

Empezamos votando la propuesta de veto número 1, de la senadora Capella.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246, más 3 votos telemáticos, 249; votos emitidos, 246, más 3 votos telemáticos, 249; a favor, 74; en contra, 166, más 3 votos telemáticos, 169; abstenciones, 6.




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El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 2, de los senadores Iglesias y Mariscal.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246, más 3 votos telemáticos, 249; votos emitidos, 246, más 3 votos telemáticos, 249; a favor, 72; en contra, 168, más 3 votos telemáticos, 171; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3, de los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246, más 3 votos telemáticos, 249; votos emitidos, 245, más 3 votos telemáticos, 248; a favor, 72; en contra, 167, más 3 votos telemáticos, 170; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 4, de todos los senadores del Grupo Parlamentario Entesa menos los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246, más 3 votos telemáticos, 249; votos emitidos, 246, más 3 votos telemáticos, 249; a favor, 72; en contra, 168, más 3 votos telemáticos, 171; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245, más 3 votos telemáticos, 248; votos emitidos, 245, más 3 votos telemáticos, 248; a favor, 72; en contra, 167, más 3 votos telemáticos, 170; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Una vez rechazadas las propuestas de veto, pasamos al debate de las enmiendas, comenzando por las del Grupo Parlamentario Mixto, números 1 a 34, presentadas por los senadores Iglesias y Mariscal.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias. (Rumores).

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ. Gracias. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

Cuando quiera, senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

El senador Mariscal Cifuentes y yo mismo, en nombre de Izquierda Unida, hemos formulado a este proyecto de ley treinta y cuatro enmiendas, de las cuales, dos resultaban coincidentes con dos enmiendas del grupo de Convergència i Unió y han sido asumidas. Por lo tanto, las retiro en este momento. Son las enmiendas números 18 y 19, que ya están incorporadas al texto. (Rumores).

El resto de las enmiendas que mantengo, y que defenderé de la forma más breve posible, hacen referencia a lo siguiente. Hay dos enmiendas que afectan al artículo 4, en los párrafos que reconocen como fines de la seguridad privada el garantizar la seguridad pública y completar el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, por las razones que ya tuve oportunidad de explicar en la defensa del veto y que, en resumen, se puede decir, en dos palabras, que conllevan el rechazo a que haya una especie de voluntad de compartir el monopolio de la violencia y la seguridad pública, que corresponde a Estado, con las empresas de seguridad privada. (Rumores).




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Creemos, igualmente, que la protección y vigilancia de bienes, establecimientos, lugares y eventos públicos debe corresponder con carácter exclusivo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, por lo tanto, también formulamos enmiendas a todos aquellos artículos que reflejan la voluntad de compartir la misma con las empresas privadas de seguridad.

Excluimos de la posibilidad de que sea encomendada a las empresas privadas de seguridad la protección de autoridades y la escolta de las mismas. Varias enmiendas de las formuladas tienen ese objetivo. (Continúan los rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señorías, por favor, ruego guarden silencio.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias.

Frente a lo que plantea el texto, creemos que es necesario mantener dentro del ámbito de la ley el control de cualquier acceso que exija la exhibición de documentación oficial.

Planteamos un paquete de enmiendas que tienen como finalidad garantizar unas mejores condiciones de trabajo para los trabajadores de las empresas de seguridad. Desde luego, no aceptamos, por ejemplo, la reducción del derecho de huelga que se contiene en el texto referido a estos trabajadores.

Enmendamos, para incorporar a una representación de los sindicatos más representativos a los órganos consultivos, en la materia de las comunidades autónomas.

No aceptamos, y en consecuencia enmendamos para evitar que se extienda la protección jurídica propia de los agentes de la autoridad al personal de seguridad privada. También expliqué las razones en la defensa del veto y, por lo tanto, no me detengo en ello.

Igualmente, y compartiendo los argumentos expresados en la defensa del veto por el senador Guillot en relación con la capacidad de los trabajadores de las empresas de seguridad a detener, negamos que reglamentariamente se puedan ampliar las funciones que puedan desarrollar en las vías públicas estos trabajadores o vigilantes de seguridad privada; rechazamos, aunque reconozcamos que tiene razón el portavoz del Grupo Popular al afirmar que era una realidad preexistente a esta reforma, que pueda ser asumida por los vigilantes de seguridad, por las empresas privadas, la vigilancia perimetral de los centros penitenciarios, de los centros de internamiento de extranjeros, y mucho menos de los establecimientos militares. Y aun cuando, como afirmé ya en la defensa del veto, reconozcamos que se ha producido en el debate en ponencia y comisión una reducción de las facultades de intervención en las vías públicas de los vigilantes de seguridad, seguimos pensando que ese acotamiento sigue siendo insuficiente y por eso mantenemos varias enmiendas que lo amplían.

Y finalmente hemos formulado también un grupo de enmiendas que afectan al régimen sancionador, tanto al régimen sancionador de los trabajadores de las empresas de seguridad como en relación con las propias empresas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

El Grupo Parlamentario Vasco presenta las enmiendas números 35 a 64 y 67 y 68.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el senador Luis Aznar, recogiendo una denuncia que nosotros hemos hecho de que el ministro del Interior tenía que haber estado hoy aquí presentando el proyecto de ley, como lo presentó en el Congreso, ha dicho que son muy malos los socialistas porque tampoco presentaron el proyecto de ley ellos. Yo le aseguro, señor Aznar, que cuando el PNV tenga el Ministerio del Interior, el ministro de Interior del PNV presentará el proyecto de ley, porque consideramos que es fundamental en democracia la cortesía parlamentaria. Y aquí hay mucha descortesía parlamentaria, y si, efectivamente, se toma en serio un proyecto de ley, indudablemente hay que presentarlo. Y lo tiene que presentar el ministro, independientemente de que la defensa la haga el Grupo Parlamentario Popular.

Ya sé que este comentario que he hecho yo respecto al Ministerio del Interior no ha gustado mucho a nuestros compañeros de Amaiur, pero el PNV tuvo en su tiempo un ministro de Justicia,




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y ¡quién sabe! Ya sabe usted que el mundo da muchas vueltas y al final las cosas mejoran. Siempre el tiempo va mejorando los temas.

Nos ha dicho el senador Aznar que nuestras enmiendas, que son quince, efectivamente, como él bien ha dicho, no son competenciales. No sé con qué gafas las ha mirado, porque le voy a decir que empezando por la número 35, en la que pedimos la sustitución del párrafo primero, apartado IV, porque a las comunidades autónomas con competencia estatuariamente asumida para la protección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden público, se van uniendo otras comunidades autónomas. Esa es la primera; empezamos por la frente. La número 36, es una enmienda de sustitución, donde solicitamos, al objeto de evitar interferencias y duplicidades, —ya que se habla tanto de duplicidades— que se prevean mecanismos de coordinación institucional y se clarifique el reparto de competencias estatales y autonómicas, reconociendo especialmente las correspondientes a las comunidades autónomas con competencia estatutariamente asumida para la protección de personas y bienes y el mantenimiento del orden público.

No les voy a aburrir a ustedes con todas las enmiendas que hemos presentado, pero le puedo decir, senador Aznar, que nuestras enmiendas son fundamentalmente competenciales, porque, conforme a la nueva redacción del artículo tal, segundo párrafo, no es coherente excluir de los registros autonómicos a las delegaciones de empresas de seguridad sitas en las comunidades autónomas con competencia en la materia.

Yo no sé qué tipo de enmiendas ha visto usted, pero las nuestras fundamentalmente son competenciales, con independencia de que en el Congreso se haya discutido y algunas de nuestras enmiendas hayan sido aceptadas y otras hayan sido rechazadas, pero usted sabe que nosotros somos muy constantes, como 2πR, con 3,1416, siempre andamos con lo mismo, con las competencias que tenemos establecidas en nuestro propio estatuto.

Tenemos que reclamar que no venimos satisfechos a este debate porque no se han aceptado nuestras enmiendas números 35 a 68, y vuelvo a repetir que casi todas son competenciales. Bien es verdad que las números 65 y 66 han sido aceptadas. Muchas gracias, pero es una cuestión menor. Yo creo que mejoran la ley, pero no eran el meollo de nuestras enmiendas. Lo malo es que se ha enmendado el texto que había sido pactado con nuestro grupo parlamentario en el Congreso. Se nos dice que era una enmienda en la que se habían confundido a la hora de votar y que la enmienda catalana era incluso mejor. Les felicitamos y, lógicamente, apoyamos esa iniciativa. Concretamente se trata del artículo 13, que reconocía nuestra capacidad normativa reglamentaria en seguridad privada, sobre el que tenemos planteado un conflicto en el Tribunal Constitucional. Y es que este proyecto de ley sigue sin reconocer que estamos en un Estado autonómico y que hay comunidades con competencia exclusiva sobre esta materia.

Desde el punto de vista competencial, el texto del Senado no mejora el del Congreso, más bien al contrario, creemos que lo empeora y constatamos que con nosotros no se ha querido dialogar. Tienen ustedes todo su derecho a no hacerlo, pero simplemente nosotros hacemos hincapié en que quizá si hubiéramos dialogado y hubiéramos puesto encima de la mesa estas enmiendas hubiera sido otra cosa, porque al final estamos en un Estado autonómico, que es lo que nosotros siempre defendemos, un Estado autonómico que el poder central sigue sin asumir. Cuando la Administración central presenta un proyecto de ley siempre colisiona con las competencias de los estatutos, como si los estatutos fueran algo menor, y son leyes orgánicas que han sido refrendadas por la población y que tienen el mismo reconocimiento que pueda tener cualquier iniciativa del propio Gobierno.

Por tanto, nosotros siempre hemos dicho que se colisiona con competencias de los estatutos de autonomía. Y en este caso concreto, tanto el estatuto catalán como el estatuto vasco tienen competencias, y eso no se quiere reconocer, o sobreviene una gran y extenuante discusión parlamentaria con objeto de que se nos admitan las enmiendas. Y eso debería ser asumido de una manera normal por la Administración central, pero no es así, y por eso siempre tenemos que presentar enmiendas. De ahí que diste mucho del reconocimiento competencial que perseguíamos al inicio del debate, cuando hay que reconocer que clarifica que la inspección y sanción de las actividades en la Comunidad Autónoma del País Vasco siempre es autonómica.

Desde otra perspectiva se liman los aspectos más polémicos de la ley, como los relativos a la actuación en la calle y la seguridad privada, como ha sido reconocido, pero sigue siendo muy laxa en este sentido. Y no es que se excluya o se limite su ámbito físico de actuación, sino que se




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difiere a una autorización administrativa, lo cual abre el camino a lo que las posturas más críticas con el proyecto consideran una privatización de la seguridad pública; y porque nuestro planteamiento era más comedido.

Nosotros hemos comentado que la seguridad forma parte de una competencia exclusiva de la Administración General del Estado. No lo ponemos en duda, pero también invocamos como título habilitante de esta pretendida competencia exclusiva el artículo 149, que no es una competencia exclusiva de la Administración General del Estado, porque hay otras dos comunidades autónomas que tienen competencias exclusivas en esta materia. La Comunidad Autónoma de Cataluña la tiene porque el artículo 163 de su estatuto de autonomía —no declarado inconstitucional por la Sentencia 31/2010, que declaró inconstitucional muchos preceptos del Estatuto de Autonomía de Cataluña reformado, que, según dijo el vicepresidente Alfonso Guerra, fue cepillado— ha establecido que es una competencia autonómica la seguridad compartida, con los ámbitos y con los puntos de conexión que las leyes autonómicas y estatales tienen que establecer en las cuestiones atinentes a la seguridad en su dimensión pública, en el sentido más estricto de la expresión, y en su dimensión privada complementaria y subordinada, también en el sentido más etimológico y estricto de la expresión.

Y hay otra comunidad aparte de la catalana que tiene un título competencial de naturaleza diferente, que es la Comunidad Autónoma del País Vasco. Incluso me atrevería a decir que la Comunidad Foral de Navarra también, puesto que la Policía Foral navarra y la Ertzaintza son policías de raíz foral y pertenecen a los derechos históricos de estos pueblos constitucionalizados. Y no es una cuestión que se le haya ocurrido al lehendakari Ibarretxe o al presidente Artur Mas, sino que estos derechos históricos están constitucionalizados por la disposición adicional primera.

La existencia de la Ertzaintza encuentra su razón de ser, su legitimidad, su habilitante en la disposición adicional primera de la Constitución Española, porque es la actualización de un derecho histórico en Euskadi, con las excepciones que el estatuto de autonomía establece y reconoce a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado mediante una relación tasada de competencias de estos cuerpos y fuerzas de seguridad, que, además, ustedes ejercen con sobredimensión de efectivos, pero esta es otra cuestión a los aspectos atinentes a esta discusión. Ya seguiremos debatiendo sobre este asunto del repliegue y el despliegue, pero de lo que estamos hablando es de seguridad privada. Luego el aserto de que la seguridad es una competencia exclusiva del Estado, no es cierto, por lo menos en lo atinente a dos comunidades autónomas o a dos naciones de un Estado plurinacional, como, en nuestra opinión, es el Estado español.

No voy a pormenorizar cada una de las enmiendas planteadas porque, vuelvo a repetir, son enmiendas fundamentalmente autonómicas y son de competencias. Desgraciadamente, no se toman en consideración. No sé lo que vamos a hacer. Algo haremos, pero, indudablemente, nos quedamos con el mal cuerpo de que una ley que podría haber sido mejorada, como se mejoró, y eso tenemos que reconocerlo, en el trámite en el Congreso, no ha sido mejorada por voluntad de ustedes que no han querido ni hablar con nosotros.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría. Gracias, senador Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor president.

Señorías, sería un abuso reiterar la defensa de unas enmiendas que son idénticas a las que ha presentado el senador Iglesias, ya que nuestros partidos forman parte de La Izquierda Plural en el Congreso.

Antes de hablar de una enmienda en concreto, sí quisiera hacer referencia a una serie de cuestiones.

En primer lugar, lo ha dicho el señor Anasagasti, en este proyecto de ley y en casi todos, todo aquello que afecta a competencias autonómicas, con ustedes es como ir al dentista, en el mejor de los casos. Y esto es cansino, expresa muy poca disponibilidad, una incomprensión real de lo que representa el Estado autonómico y, evidentemente, permite juzgarles con un proyecto recentralizador, y de cara a la opinión pública, como mínimo catalana, de verdad que no es lo más conveniente.




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En segundo lugar, se ha dicho en el debate de los vetos, pero quiero insistir en ello, que una de las grandes deficiencias o déficits de este proyecto de ley es que no resuelve, es más, empeora la situación laboral de los vigilantes privados. Este es un aspecto muy negativo del proyecto de ley, especialmente en lo que afecta al derecho de huelga. Ustedes niegan el derecho de huelga a los vigilantes jurados, y nosotros hemos presentado una enmienda —el señor Iglesias también— en la que solicitamos que, como mínimo, esté limitado a cuando prestan servicios esenciales, no de forma genérica.

He dicho que no iba a emplear mucho tiempo, porque sería repetirme, pero sí que, huyendo de todo ideologismo e intentando estar libre de cualquier cliché, señor Aznar —creo que el señor López Valdivielso no está—, quisiera que entendieran algo, tan solo una cosa.

El artículo 41.3 dice: «Cuando así se decida por la autoridad, y cumpliendo estrictamente las órdenes e instrucciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes, podrán prestarse los siguientes servicios de vigilancia y protección:...» Y en su punto d) dice: «Participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial.» Y continúa después de un punto y seguido hablando de los guardias rurales.

Huyendo del ideologismo, alejado de cualquier tipo de clichés, usted puede entender que solo se podrá complementar, solo se podrá participar en la prestación de servicios encomendados si realmente en ese territorio, en ese espacio hay seguridad privada, porque si no hay seguridad privada no se puede realizar el 41.3.d) Esto parece lógico y comprensivo. Es así. Si hay vigilantes jurados podrán complementar, participar, etcétera.

¿Cuándo habrá vigilantes jurados privados? Cuando alguien los pueda pagar. Me parece lógico. ¿Cuál es la deducción lógica? Que aquella gente que no pueda pagarlo, desde el punto de vista social o territorial, no podrá gozar del punto 41.3.d), que establece la participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública complementando la acción policial.

Es por ello que, huyendo de cualquier tipo de cliché o de ideologismo, me atrevo a decir que esto es discriminatorio. Y esto crea una seguridad para los que se lo pueden pagar y otra seguridad para los que no se lo pueden pagar. A lo mejor, insisto, lo ha entendido fuera de cualquier tipo de clichés. Pero, claro, ahora ya viene el cliché, y es que estas propuestas de ustedes son un clásico.

Gracias, señor president.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Tiene la palabra el senador señor Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.

Señorías, voy a defender las enmiendas 171 a 233, con la excepción de las números 218, 219 y 222, que no han formado parte del voto particular puesto que, a pesar de que el Grupo Parlamentario Popular ha hablado de transaccionales y de acuerdos con Convergència i Unió, la verdad es que algunas de nuestras enmiendas también podrían haber formado parte de estas transaccionales porque eran muy similares, pero, lamentablemente, no ha sido así. En todo caso, las doy todas por defendidas, aunque me referiré brevemente a unas cuantas.

En primer lugar, hemos presentado la enmienda 171 al artículo 2, donde proponemos planificar las definiciones tanto de seguridad privada como de empresa de seguridad; los conceptos de elemento, producto o servicio homologado, y los centros de formación de aspirantes o de personal de seguridad privada. Esta es la voluntad de esta enmienda, y no me extiendo más.

Por otra parte, hemos presentado una enmienda al artículo 3 respecto al ámbito de aplicación de la ley, pues consideramos un error incluir en ella a las empresas de seguridad informática ya que consideramos que deben tener una regulación específica a través de otra norma jurídica.

Hemos presentado la enmienda 173 al artículo 4 con la intención de clarificar los fines de la seguridad pública, evitando que se abra la puerta a la atribución de la protección civil a empresas privadas.

Al artículo 5 hemos presentado unas cuantas enmiendas relativas a las actividades de seguridad privada, en las que proponemos la incorporación de los guardas rurales. Asimismo, proponemos la sustitución de hechos o delitos solo perseguibles de oficio y garantizar que las actividades no puedan realizarse en lugares públicos, que es uno de los problemas más importantes de este proyecto de ley. Es decir, garantizar y dejar claro que las actividades no se pueden realizar en espacios públicos, excepto los previstos en el artículo 41.4.




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También hemos presentado una enmienda al artículo 6 para clarificar el ámbito sancionador de la ley. ¿Por qué? Porque habla de tareas auxiliares y subordinadas. Consideramos que se trata de un concepto jurídico indeterminado, porque cuando se mencionan las tareas auxiliares y subordinadas, nosotros preguntaríamos ¿respecto de qué o de quién? Hay que resolver el asunto y nosotros hemos propuesto un texto en este sentido.

Al artículo 15 hemos presentado una enmienda de supresión, entendiendo que lo que regula este artículo ya está previsto tanto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal como en la Ley Orgánica de protección de datos, que regulan suficientemente y de manera adecuada el acceso de las fuerzas y cuerpos de seguridad a informaciones relevantes para garantizar la seguridad ciudadana, siempre en aras del interés general y/o por causas humanitarias.

El artículo 29, como ya hemos comentado en la defensa del veto, se refiere a la formación. La ley deja la formación en manos de las empresas, según aquella expresión de «yo me lo guiso, yo me lo como». En nuestra opinión este es uno de los grandes problemas de la ley y nosotros proponemos que el Ministerio del Interior establezca la capacitación necesaria.

A través de otra enmienda que propone una disposición final proponemos que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sea el competente para establecer el currículum para adquirir las competencias necesarias para el ejercicio de servicios en materia de vigilancia y seguridad privada.

En el artículo 32, en línea con alguna enmienda que ya he comentado, se trata de evitar que los vigilantes de seguridad privada puedan prestar servicios de seguridad en cualquier lugar público; es otro elemento de crítica básico que nosotros apreciamos en esta ley.

En el artículo 39, relativo al uniforme y al distintivo de las personas que trabajan en empresas de seguridad privada, proponemos la supresión de esta posibilidad a través de un futuro reglamento.

Al artículo 62 presentamos varias enmiendas que pretenden corregir lo que a nuestro juicio es una incoherencia entre la conducta infractora, la sanción y la capacidad económica del infractor. Como hemos comentado en la defensa del veto, se gravan mucho más las infracciones a las personas que trabajan en las empresas que a las propias empresas.

El artículo 41, al que también se ha referido algún portavoz, es otro de los elementos básicos de discrepancia y de crítica al proyecto de ley. Este artículo recoge la ampliación de los ámbitos de actuación de los servicios de seguridad privada a funciones que hasta hoy solo estaban reservadas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Este artículo rompe, por tanto, con el concepto de seguridad ciudadana como servicio público, que reconoce el artículo 104 de la Constitución y que reserva a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Este artículo prevé también que estas funciones puedan ser ejercidas indistintamente por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o por la seguridad privada, con un único criterio, que es el coste económico, que ya hemos intentado explicar, y que no voy a repetir, que a nuestro juicio es dudoso que se logre ahorro económico con lo previsto en esta ley. Este artículo permite, en definitiva, que los vigilantes privados puedan detener, registrar, etcétera en algunos lugares que hasta hoy solo eran competencia de las fuerzas de seguridad públicas.

Nuestras enmiendas a este artículo, por tanto, van orientadas a reconducir esta situación, que consideramos muy grave. En primer lugar, intentamos distinguir entre polígonos aislados y públicos, que son la mayoría; la vigilancia en las vías privadas peatonales de las zonas comerciales; ampliar los requisitos de autorización previa por parte del órgano competente; suprimir la vigilancia y protección en recintos y espacios abiertos que se encuentren o puedan ser delimitados de cualquier forma; garantizar que los polígonos o urbanizaciones estén netamente delimitados y separados de los núcleos poblados y que el ayuntamiento no se haya hecho cargo de la gestión de los elementos comunes ni de la prestación de los servicios municipales. En definitiva, las enmiendas a este artículo pretenden suprimir las referencias a la vigilancia perimetral de centros penitenciarios, la de centros de internamiento de extranjeros, la vigilancia de otros edificios o instalaciones de organismos públicos y la participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública complementando la acción policial.

Finalmente, señorías, presentamos dos enmiendas que no tienen nada que ver con el contenido concreto del proyecto de ley y que pretenden resolver dos problemas objetivos que ya existían con anterioridad a esta ley y que consideramos que es el momento adecuado para




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resolverlos. Y hago inciso en ello porque, francamente, no entendemos la posición del Grupo Parlamentario Popular en este sentido, ni siquiera proponiendo una transaccional. Repito, son problemas objetivos no derivados de la presente ley que estamos debatiendo, sino que se tendrían que resolver de cualquier manera, y, por tanto, este es un momento para resolverlo.

Nos referimos a la enmienda que hemos presentado al artículo 27, que propone la adición de dos puntos nuevos, el 6 y el 7, referente a la tarjeta de identidad profesional emitida por el Ministerio del Interior para que sea el documento de identificación obligatorio de los agentes de seguridad privada. ¿Ante qué? Ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o ante procedimientos administrativos y judiciales, y a la vez, que el domicilio, a efectos de notificación no sea el particular de la persona sino el de la empresa. Estamos planteando un tema objetivo y lógico, que podríamos resolver, y que es un problema importante con el que se encuentran muchos agentes de vigilancia privada. Por ejemplo, cuando figuran en el tablón de anuncios del juzgado y se les cita a declarar, aparecen con nombre y apellidos, dirección, DNI, etcétera. Y realmente, en ocasiones algunos de ellos han tenido problemas personales y de seguridad graves por ello. Por tanto, repito, pensamos que se podría hacer un pequeño esfuerzo para intentar resolver este asunto.

La enmienda número 202 propone una modificación del artículo 31 en cuanto a la protección jurídica. Pretende extender la protección jurídica al personal de seguridad privada, debidamente identificado, evidentemente, cuando desarrolla actividades de control o vigilancia en zonas de estacionamiento limitado mediante control horario. Es decir, el control horario que realizan las empresas privadas empezó en municipios y ayuntamientos grandes, pero ya se ha extendido a otros muchos municipios, y aquí se plantea otro problema grave desde el punto de vista de la protección jurídica de estas personas.

Y con esta simple modificación de este artículo que, repito, no es nada ideológico, se trata simplemente de trasladar un problema real que existe en estos momentos y que precisamente nos han hecho llegar algunos municipios, algunos alcaldes, algunos grupos municipales, creemos que tanto la identificación como la protección jurídica se podrían resolver con un mínimo de buena voluntad por parte del Grupo Parlamentario Popular.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Sendra.

El señor SENDRA VELLVÈ: Gracias, señor presidente.

Señorías, esta vez voy a extenderme un poco más de lo que lo he hecho anteriormente en el estrado. Voy a dedicar un poco más de tiempo a defender las enmiendas que siguen vivas.

Mi grupo parlamentario ha presentado en el Senado cincuenta y cuatro enmiendas al Proyecto de Ley de seguridad privada, de las que treinta y cinco han sido aprobadas, transaccionadas o retiradas en la negociación. Y ahora salgo a este estrado a defender las diecinueve que, a pesar del diálogo y de la negociación mantenida con el Grupo Parlamentario Popular —que entiendo que ha sido fructífera—, siguen vivas por diversos motivos que voy a desgranar seguidamente.

Voy a ser beligerante y ácido en lo que se refiere a las enmiendas números 69 y 76. Nuestra primera enmienda, la número 69, al igual que la 76, intenta dejar tal como estaba la Ley de seguridad privada del año 1992 en lo referente a los términos nacional y estatal. Veintidós años después de esa ley, nos encontramos con que el Partido Popular, aquí y en las instituciones que gobierna, ha iniciado una cruzada, una reconquista, del término nacional en todo texto legal que se le pone por delante. Este hecho se produce como contraposición al concepto Estado, que parece ser que les molesta, aun cuando la misma Constitución Española —sacrosanto documento, biblia del imperio— dice claramente que España es un Estado social y democrático, no una nación social y democrática. Y dice que la forma política del Estado español, no de la nación española, es la monarquía parlamentaria; incluso dice que la lengua en la que yo les hablo hoy es la lengua oficial del Estado, no de la nación. Pero ustedes parece que quieren hacer ver al mundo su visión unitaria y uniforme de España, donde solo existe una nación, por mucho que la Constitución reconozca las nacionalidades, término que me extraña que todavía no hayan eliminado de la Carta Magna. Sobre este tema reitero que no puedo ser más que beligerante y manifestar mi rechazo a esta falta de sensibilidad.




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En la enmienda 77, la puntualización de que corresponde a la Administración General del Estado la aprobación, modificación y cancelación de los programas y cursos específicos de formación del personal de seguridad privada que se impartan en centros de formación inscritos en el Registro Estatal de Seguridad Privada, tiene como finalidad permitir que las comunidades autónomas con competencia para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden público puedan definir los programas de formación del personal de seguridad privada que se impartan en los centros de formación inscritos en los correspondientes registros autonómicos.

La justificación principal de esta enmienda está en la necesidad de que la formación del personal de seguridad privada se ajuste lo máximo posible a la realidad del ámbito territorial y social en que dicho personal vaya a prestar los servicios de seguridad. Por ello, procede que la aprobación, modificación y cancelación de los mencionados programas y cursos sea llevada a cabo por las administraciones autonómicas competentes, las cuales son las principales conocedoras de las circunstancias a las que debe ajustarse tal formación.

En consonancia con estas consideraciones también se ha propuesto la enmienda al apartado 7 del artículo 29, enmienda número 94. Consideramos la enmienda 79 de mejora competencial. No voy a decir más en relación con ella, pero la normativa vigente prevé que las comunidades autónomas con competencia para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento de la seguridad ciudadana puedan imponer medidas de seguridad a determinados establecimientos. Por el contrario, el artículo 12.1 i) del Proyecto de Ley de seguridad privada en su redacción actual atribuye únicamente a la Administración General del Estado facultades que, de acuerdo con la normativa vigente, corresponden también a aquellas comunidades autónomas en su ámbito territorial.

Vuelvo a ser beligerante con la enmienda 89, en la que se habla de los distintivos de los vigilantes de seguridad y de los guardas rurales. Se dice que los distintivos de los vigilantes de seguridad y de los guardas rurales y sus respectivas especialidades figurarán incluso nosotros propusimos que se pusiera «podrán figurar» en la lengua oficial propia de la comunidad autónoma en cuyo territorio estos presten servicio. La enmienda tenía por objeto garantizar, de acuerdo con el principio de cooficialidad lingüística, el uso normal y oficial de las lenguas propias de las distintas comunidades autónomas en el sector de la seguridad privada, contribuyendo así a la normalización lingüística en este ámbito. Ustedes me dicen que como el distintivo de los agentes de la seguridad privada se lo pagan ellos, deberían hacerse uno, de nuevo, en cada comunidad con lengua cooficial. No me parece de recibo. Estamos de nuevo ante una falta de sensibilidad en relación con las comunidades con lengua propia diferente y hoy específicamente con Cataluña.

La enmienda 91 pretende, por un lado, garantizar la protección de los datos personales del personal de seguridad privada, con un planteamiento equivalente a los medios de identificación de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Evidentemente, si tal personal, porque así lo dice la normativa, dispone de un número de habilitación exclusivo de cada profesional, tal número debe ser considerado suficiente para su identificación a todos los efectos, sin exigir que en la tarjeta de identidad profesional consten otros datos que no sea la fotografía y el correspondiente número de habilitación.

Las enmiendas 92 y 93 tienen por objeto garantizar, de acuerdo con el principio de cooficialidad lingüística, el uso normal y oficial de las lenguas propias de las distintas comunidades autónomas en el sector de la seguridad privada, contribuyendo también, tal como decía antes, a la normalización lingüística en este ámbito. Por eso, pretendemos establecer que para la obtención de las habilitaciones profesionales se deba tener conocimiento de la lengua donde se prestan los servicios.

La enmienda 94, que es de mejora técnica y también competencial, trata de salvaguardar la competencia de las comunidades autónomas. Está relacionada con la número 77 y justificada por la necesidad de garantizar la adecuación de la formación del personal de seguridad privada a la realidad del ámbito territorial y social en que se deban prestar los servicios.

La enmienda 95 es de modificación, porque la imprecisión de la expresión «cuando desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad» podría generar situaciones de inseguridad jurídica. Asimismo, se considera que el personal de seguridad privada debe gozar de la protección jurídica propia de agente de la autoridad en los supuestos de agresiones y desobediencias cuando participe de funciones públicas. Por otro




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lado, consideramos que este precepto resulta incompleto, ya que se limita a atribuir al personal de seguridad privada una mayor protección jurídica en el ámbito penal, sin prever una mayor protección jurídica en el ámbito administrativo.

En efecto, visto el papel cada vez mayor que el sector privado desempeña en la seguridad como complemento y en colaboración con los poderes públicos, así como el incremento de funciones del personal de seguridad privada en relación con las infracciones administrativas, se echa en falta la previsión de un instrumento que suponga una mayor protección jurídica del personal de seguridad privada en el ámbito administrativo.

La enmienda 106, referente al artículo 42 de este proyecto de ley, prevé que la utilización de cámaras o videocámaras con fines de seguridad privada en vías y espacios públicos o de acceso público se rija por su normativa específica, pendiente de elaboración, y el artículo 42.7 prevé que en defecto de tal regulación la normativa supletoria sea la que regula la videovigilancia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que ya existe la citada norma supletoria, no es necesario prever también, como sucede con el apartado 6, cuya supresión se propone, que la mencionada utilización de cámaras o videocámaras se someta a la normativa en materia de protección de datos de carácter personal. En definitiva, se propone simplificar el panorama normativo que se desprende de la actual redacción del artículo, del cual se derivaría, en caso de que no prosperara la enmienda, que una misma materia estuviera sometida a tres normativas diferentes.

La enmienda 114 propone suprimir un apartado del artículo 59.1 para incorporar la infracción al artículo 59.2, el cual tipifica las infracciones de carácter grave, sancionables con multa de 3001 a 20 000 euros. La enmienda tiene como finalidad facilitar el cumplimiento del principio legal de proporcionalidad de las infracciones y sanciones. Hay que tener en cuenta que en un gran número de casos puede ser que esta infracción la cometan personas titulares de establecimientos que, aun estando obligados a disponer de medidas de seguridad, son negocios pequeños o de carácter familiar. Por este motivo, el hecho de que la falta de alguna medida de seguridad, sea la que sea, pueda conllevar una sanción de un mínimo de 20 000 euros es a todas luces inadecuado, no solo por imposibilitar el cumplimiento del citado principio legal de proporcionalidad, sino también porque una sanción de tal importe mínimo sin duda puede conllevar un perjuicio totalmente excesivo en el desarrollo de la actividad económica del establecimiento.

Nuestra enmienda 115 hace referencia a las infracciones tipificadas en el artículo 23 ñ) de la ley de 1992. Sin embargo, en el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la seguridad ciudadana no consta tal tipificación y, además, en ella se ha previsto, en lo que atañe a los establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios obligados a disponer de medidas de seguridad, una remisión a lo dispuesto en la normativa de seguridad privada. Por todo lo anterior, se propone esta enmienda para evitar que pueda quedar sin tipificar la infracción correspondiente al incumplimiento por parte de los titulares de los establecimientos e instalaciones de la obligación de disponer de la autorización gubernativa de apertura, así como los casos en que los titulares de los establecimientos e instalaciones obligados a disponer de medidas de seguridad procedan a su apertura sin esperar a que la Administración haya expresado su conformidad respecto a aquellas.

La enmienda 116 propone incorporar al artículo 59.2, en lugar de mantenerlo en el actual artículo 59.1, las infracciones graves de los usuarios y centros de formación. La enmienda tiene como finalidad facilitar el cumplimiento del principio legal de proporcionalidad de las infracciones y sanciones. Esta enmienda es correlativa a la 114, en cuya argumentación se han expuesto las consecuencias que podría acarrear para los titulares de los establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad el hecho de que tal infracción se mantuviera como muy grave en el citado artículo 59.1.

Respecto a la enmienda 121, tengo que decir que el personal de seguridad privada en ocasiones trabaja en condiciones muy precarias en cuanto a salario y número de horas. Por ello consideramos fundamental que reglamentariamente se regulen las condiciones de trabajo del personal de seguridad privada con el fin de otorgarles garantías y evitar situaciones que puedan llegar a ser abusivas.

La enmienda 122 tiene como objetivo permitir que reglamentariamente se establezcan las especiales circunstancias y condiciones que deben cumplir los guardas rurales para tener




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protección jurídica de agente de la autoridad. Se regularán los requisitos para considerar dichas actividades de interés general.

La enmienda número 123 trata de salvaguardar las competencias de comunidades autónomas. En varios preceptos de este proyecto de ley, especialmente en el artículo 13, se reconocen las competencias autonómicas en materia de seguridad privada. En consonancia con tal regulación, y para facilitar y garantizar la aplicación de la nueva ley en las comunidades autónomas con competencia para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden público, es necesario reconocer explícitamente en el nuevo texto la facultad de dichas administraciones autonómicas para dictar disposiciones reglamentarias a fin de desarrollar y ejecutar la normativa estatal.

Esto es lo que hay. Estas son nuestras enmiendas vivas. Les pedimos un último esfuerzo y que nos las aprueben para redondear así nuestro voto a la ley.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta las enmiendas 234, 235, 237 a 283, 287, 288, 291, 293 a 302 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 98 y 99 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió y las enmiendas 125, 126, 128, 130, 131 y 135 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, así como las enmiendas transaccionales aprobadas sobre la base de la enmienda 127 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y 71 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, sobre las enmiendas 133 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y 101 y 103 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió y sobre la enmienda 105 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Tiene la palabra el senador señor Ángel.

El señor ÁNGEL BATALLA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, traemos hoy a debate a este Pleno el proyecto de ley de seguridad privada, que aborda fundamentalmente dos aspectos importantes en nuestro modelo de Estado, relevante para nuestra seguridad, recogido en el artículo 104 de la Constitución. Abordamos así el papel del Estado y de sus fuerzas y cuerpos de seguridad y el papel, control y misión de las empresas de seguridad privada y su función y repercusión en la calidad del servicio que prestan y el empleo que generan.

Lo primero que cabe preguntarse es qué ganamos con esta ley. La respuesta en el caso del Proyecto de Ley de seguridad privada es bien sencilla: reducir costes. España es uno de los países con mayor número de policías en comparación con empleados de seguridad privada, mientras que en países como el Reino Unido, Australia, Irlanda o Canadá se cumple justo lo contrario. Nos lo decía en su reciente comparecencia en la Comisión de Interior el director general de la Policía, el señor Cosidó, y es que los policías a ustedes les resultan caros. De media un policía gana casi el doble que un investigador privado y más del doble que un guarda o vigilante de seguridad, y probablemente haya motivos para que así sea. Por ello, como les hemos explicado antes, hemos presentado el veto, tal y como ha defendido el senador Cascallana, porque todo el texto de esta ley de seguridad privada no nace solo de la necesidad de actualizar la normativa fruto de la jurisprudencia o fruto de los cambios sociales, sino que lo que busca es dar carta de naturaleza y la cobertura jurídica necesaria al negocio integral de la seguridad del Estado en manos privadas.

La sociedad española no percibe la inseguridad ciudadana como uno de los problemas de importancia. Ahí están las encuestas del CIS y todo el énfasis que le puso el director general de la Policía en su última comparecencia en esta Cámara al decirnos que España es un país seguro y es verdad y que nuestro país tiene una de las tasas de criminalidad más bajas de Europa también es verdad, fruto sin duda de un trabajo común de todos desde hace muchos años. Esto hace más evidente que los cambios legislativos que el Gobierno de España trae no van dirigidos a mejorar la calidad en seguridad en nuestro país o a adaptarnos a las normativas. Así se refleja en la propia exposición de motivos de este proyecto de ley, en el que con una nueva arquitectura lingüística llena de eufemismos se viene a encubrir el objetivo de privatizar amplios espacios de seguridad pública.




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El salto cualitativo pasa de subordinar la seguridad privada a la pública, tal y como consagraba de manera nítida el actual texto vigente de 1992, al considerar con el texto del proyecto de ley que ustedes nos presentan la seguridad privada como auxiliar o complementaria de la seguridad pública, acentuando en este ámbito los principios de cooperación y corresponsabilidad. Es decir, crean una arquitectura legislativa, de la que ustedes son verdaderos especialistas, para ir privatizando todo aquello que tocan. Buscan unas fórmulas de cooperación público-privada que amplía los ámbitos susceptibles de abordarse desde la seguridad privada a través de las consabidas fórmulas de externalización y privatización, de la que ustedes son unos grandes campeones, llenos de eufemismos —como veremos más adelante— sobre la citada complementariedad de la seguridad privada respecto de la pública que se extiende a lo largo de este texto. Como en su artículo 1 o en su artículo 4, cuando al referirse este último a los fines de la seguridad privada se señala, se destaca, se pone énfasis en que es el de complementar el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado integrando funcionalmente sus medios y capacidades como un recurso externo de la seguridad pública. No en vano los grandes principios que pretende asentar este proyecto de ley se diluyen en la aplicación práctica y en el desarrollo de la realidad normativa que contiene algunas cuestiones de dudosa constitucionalidad, como la invasión de áreas de seguridad pública por parte de la seguridad privada, así como la pretensión de equiparar a las empresas de seguridad privada complementarias, colaboradoras, conceptualmente amigas de los cuerpos policiales. En suma, señorías, poner la seguridad de los ciudadanos en manos de intereses privados con la amplitud y flexibilidad con que lo hace este texto legislativo resulta, cuando menos, incoherente con la defensa que de la seguridad parece hacerse en la exposición de motivos del mismo texto cuando se afirma que la seguridad no es solo un valor jurídico, normativo o político, es igualmente un valor social; es uno de los pilares primordiales de la sociedad; se encuentra en la base de la libertad y la igualdad y contribuye al desarrollo pleno de los individuos. Este Proyecto de Ley de seguridad privada, en su exposición de motivos señala que los Estados, al establecer el modelo legal de seguridad privada, lo perfilan como la forma en que los agentes privados contribuyen a la minoración de los posibles riesgos asociados a su actividad industrial o mercantil; obtienen seguridad adicional más allá de lo que provee la seguridad pública o satisfacen sus necesidades de la información profesional con la investigación de asuntos de su legítimo interés. Señorías, la ley deja la puerta abierta a que un vigilante de seguridad pueda acudir a verificar una alarma en un lugar que no concreta, porque habrá de desarrollarse reglamentariamente, como veremos.

Desde nuestro punto de vista, el proyecto de ley configura un sistema de seguridad privada que, por una parte, rebaja el estándar constitucional en relación con la seguridad y, por otra, a través de conceptos jurídicos indeterminados, abre la posibilidad de una ampliación de competencias a la seguridad privada que desborda el modelo actual. En lugar de ser una seguridad adicional puede convertirse en un sustantivo del papel que desempeñan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Las enmiendas que nosotros hemos presentado son alrededor de setenta y, como decía antes el senador de Convergència i Unió, también lo hacemos con un tono beligerante, pero no lo hacemos palabras de su señoría solo a algunas enmiendas, lo hacemos a casi todo el texto. Como decía, hemos presentado alrededor de setenta enmiendas, quince al título preliminar. En el Título I, de coordinación, hemos presentado tres; en el Título II, de empresas y detectives, hemos presentado diez; en el Título III, de personal, hemos presentado nueve; en el Título IV, de servicios y medidas de seguridad, hemos presentado once; en el Título V, de control de administraciones, hemos presentado dos; en el Título VI, de régimen sancionador, catorce; en la disposición adicional segunda, que es la de contratación y servicios de seguridad por las administraciones públicas, hemos presentado una; y en las disposiciones adicionales hemos presentado cinco o seis enmiendas.

¿Qué nos preocupa del texto que ustedes han presentado? En el artículo 40, sobre los servicios con arma de fuego, se dice en su apartado 1 que los siguientes servicios de seguridad privada se prestarán con armas de fuego en los términos que reglamentariamente se determinen, y en el apartado e) se dice: «los servicios de verificación de alarmas, cuando sea necesario para garantizar la seguridad del personal que los presta, atendiendo a la naturaleza de dicho servicio, al objeto de la protección u otras circunstancias que incidan en aquella. Y en el punto 2 del




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artículo 40 se hace referencia a que «reglamentariamente se determinarán aquellos supuestos en los que, valoradas circunstancias tales como la localización, el valor de los objetos a proteger, peligrosidad...» Señorías, esta ley deja puerta abierta a que un vigilante de seguridad pueda acudir a verificar una alarma en un lugar que no concreta, porque habrá de desarrollarse reglamentariamente, y podría ser un domicilio, de modo que es una barbaridad que la ley no establezca los límites y otorgue una hoja en blanco al Gobierno para su posterior desarrollo reglamentario.

En el artículo 32, sobre vigilantes de seguridad y su especialidad, en el punto 1 se dice que estos desempeñarán las siguientes funciones: «d) En relación con el objeto de su protección o de su actuación, detener y poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes a los delincuentes así como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, así como denunciar a los infractores en materia de infracciones administrativas. No podrán proceder al interrogatorio de aquéllos». Señorías, este es uno de los puntos que parecen ir más allá de una llamada de atención de la opinión pública. En realidad, la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé que cualquier persona pueda detener al que comete flagrante delito y cualquier persona puede denunciar una infracción administrativa; cosa distinta es el valor que tenga esa denuncia, que nunca debería ser equivalente a la realizada por un funcionario público. Resulta preocupante también que esta potestad de detener, de la que son titulares todos los ciudadanos que presencien la comisión de un delito —delito in fraganti—, sea sacada del contexto de la actuación pasiva o reactiva, es decir, hasta ahora no se pretendía que los ciudadanos o, en el caso más concreto, los vigilantes, llevasen a cabo una actitud proactiva, buscando al delincuente para poder detenerlo; se esperaba de ellos solamente su actuación si casualmente observaban dichas conductas. Con la nueva redacción, no solamente es una posibilidad, sino que posiblemente pase a ser una de sus funciones, por cuanto puede provocar una actividad no solo reactiva, sino proactiva, que entendemos que debe estar en manos exclusivamente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

En el texto del artículo 41, sobre servicios de vigilancia y protección, han introducido enmiendas de algunos grupos en la comisión, y lejos de impedir que los vigilantes privados actúen en los espacios públicos, acentúa y asegura tal posibilidad. Señorías, en el artículo 41.1 se ha pasado de decir que la prestación del servicio de vigilancia y protección se circunscribirá con carácter general al interior de instalaciones o propiedades protegidas a emplear la forma verbal desempeñarán. Es evidente que el verbo utilizado en la redacción que nos llegaba del Congreso de los Diputados, «circunscribir», era mucho más restrictivo en relación con la posibilidad de desarrollar tales servicios en espacios públicos que el utilizado en la redacción que puede salir del Senado, «desempeñar». Observen, señorías, el cambio que ustedes nos presentan. Sustituyen «circunscribir» por «desempeñar». Según la Real Academia, «circunscribir» viene del latín «circumscribere»: reducir a ciertos límites y términos algo, y además ceñirse, concretarse a una ocupación. Sinónimos de circunscribir —aquello que nos venía del Congreso de los Diputados— son concretar, limitar y restringir. En cambio, ahora ustedes nos proponen «desempeñar», que el Diccionario de la Real Academia dice que es ejercer o cumplir las obligaciones de un cargo —recordemos que estamos hablando de la seguridad privada— realizado por una persona. Y los sinónimos de este verbo son cumplir, ejecutar, realizar. Por tanto, ustedes cambian la palabra «circunscribir» por «desempeñar», en un claro maniqueísmo lingüístico para contentar a determinada prensa. Es un eufemismo que parece decoroso, para suavizar las críticas que han venido recibiendo en los últimos tiempos, con el fin de tapar o adornar una realidad. El profesor Mauro Rodríguez en su libro Creatividad lingüística nos dice que el eufemismo también puede utilizarse para disimular, ocultar o distorsionar, y añade que detrás de las palabras elusivas a menudo se esboza cierta cobardía, un temor inconfesado y, sobre todo, lo mucho que se tiene que ocultar.

Y, señorías, es que ustedes son unos campeones de los eufemismos. Recuerden las palabras de Montoro cuando hablaba de la amnistía fiscal y nos decía que eran medidas excepcionales para incentivar la tributación de rentas no declaradas; o De Guindos, en relación con el rescate o apoyo financiero, cuando nos habló de préstamo en condiciones extremadamente favorables; o cuando subieron el IVA, y la vicepresidenta del Gobierno dijo que era un recargo temporal de solidaridad.




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En la anterior redacción del artículo 41.2 se enumeraban una serie de supuestos en los que se podía realizar la vigilancia en espacios o vías públicas; y ahora tales supuestos se han recogido en todo el apartado 1 del artículo, señalándose expresamente las vías o espacios públicos o de uso común, sin necesidad de autorización previa.

En la redacción que nos llegó del Congreso de los Diputados, además de no recogerse la expresión espacios de uso común, no se afirmaba expresamente, como ocurre en este texto, la no necesidad de tal autorización, lo que sin duda flexibiliza la prestación de tales servicios en los espacios públicos.

En el artículo 41.1.h) —apartado introducido también en esta Cámara— que entre las actividades que podrán prestarse, incluso en vías o espacios públicos o de uso común, sin necesidad de autorización previa, se incluyen los servicios de vigilancia y protección a los que se refieren los apartados siguientes; es decir, los apartados 2 y 3 del mismo artículo 41, que asimismo introducen una confusa, discutible y, desde nuestro punto de vista, perversa redacción. Así, viene a decir, de modo contradictorio con el mismo artículo, que no precisan autorización previa en una serie de supuestos referidos en los apartados 2 y 3, a los que precisamente someten a autorización previa —que es el apartado 2 o a la decisión de la autoridad competente que figura en el apartado 3— en el mismo artículo 41.

En el artículo 41.2, que antes era el 41.4, en la redacción que nos llegó del Congreso de los Diputados, en relación con los servicios que requerían autorización previa por parte del órgano competente, complementaba el otorgamiento de tal autorización como concreta en cada caso; en cambio, en la redacción que se está discutiendo esta tarde, en el apartado 2 del artículo 41, la expresión »...en cada caso...» ha desaparecido, por lo que nada impide que tal autorización sea genérica, lo que flexibiliza en sí misma, a nuestro modo de entender, una autorización.

En el artículo 41.2, antes 41.4, si bien se ha incluido la referencia «Vigilancia en zonas comerciales peatonales.» y la «Vigilancia en espacios o vías públicas en supuestos distintos de los previstos en este artículo», la redacción que ustedes han presentado en este debate viene a contrarrestar esa aparente restricción que han destacado algunos expertos juristas y profesionales, ampliando incluso con menores garantías jurídicas para los ciudadanos las posibilidades de actuación de seguridad privada en espacios públicos.

También quisiera destacar en la redacción que nos han planteado, en lo que se deriva del reglamento, el establecimiento de las condiciones y requisitos para la prestación de todas estas actividades comprendidas en el artículo 41.2.

Finalmente, en el mismo apartado 2 no debe olvidarse la vigilancia en los polígonos industriales, como antes hemos tratado.

En el artículo 41, han sustituido la palabra «autoridad» por «el órgano competente»; no entendemos qué significa el órgano competente y por qué han sustituido la palabra «autoridad» por «órgano competente». ¿Cuál será este órgano competente? Desde nuestro punto de vista, debería haber quedado explícito cuál será la autoridad que permita estas vigilancias. Para nosotros, esta es una de las partes más sensibles porque entendemos que esta participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública ha sido y es exclusiva de la seguridad pública.

Citaré aquí algunas de las circunstancias que nos han preocupado. ¿Era necesaria la reforma de la ley de seguridad privada? Nosotros entendíamos que sí, pero no en los términos que ustedes han planteado. Es innegable que esta ley pretende cubrir el déficit provocado por la reducción de plantillas que vienen sufriendo las fuerzas y cuerpos de seguridad en los últimos años, especialmente en la Guardia Civil y en el Cuerpo Nacional de Policía. Así, el proyecto de ley que ustedes han presentado prevé que los vigilantes puedan participar de los cometidos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, complementando una acción policial.

Nos ha preocupado muchísimo la falta de desarrollo del articulado en relación con la formación. Cualquier publicidad que ustedes elijan de las empresas que se dedican a promocionar la seguridad privada indica: Hágase usted vigilante jurado en cinco días. Acuda usted a la prensa, señor Aznar, y lo verá. Cualquiera de las empresas que hoy están ejerciendo en el Estado español están haciendo ya publicidad. La reforma de esta ley ha disparado en este aspecto la demanda de cursos de formación; centenares de academias homologadas imparten cursos de vigilantes de seguridad en los últimos tiempos en todo el territorio nacional.




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El coste de la formación oscila habitualmente entre 300 y 500 euros, incluyendo los manuales y las clases presenciales, todo lo contrario que ocurre para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil han tenido que hacer una dura oposición y, tras esta, superar un curso académico, otra oposición, años de prácticas, lo que al final ha supuesto más de tres años para formar a nuestros agentes de la seguridad pública. La formación de un vigilante en muchos casos no va a superar un curso de 180 horas.

Escuchen la opinión de los sindicatos de la Policía y de los representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Ellos han calificado esta ley de disparate, de barbaridad y de aberración.

Quiero terminar mencionando algunos aspectos que nos han merecido hacer un subrayado final. Dicen ustedes: ¿Por qué no han dispuesto ustedes del informe del Consejo General del Poder Judicial y no han atendido a sus observaciones? Porque entendíamos que, antes de provocar los reglamentos posteriores que tendrán que salir, seguramente van a tener alguna modificación. (Rumores).

También nos ha preocupado muchísimo el articulado que han introducido a las nuevas competencias de la Guardia Civil. Desde hace muchos años entendíamos que esto era casi una competencia exclusiva del Cuerpo Nacional de Policía, pero ustedes han introducido ahora un elemento novedoso dando competencias a la Guardia Civil. Nos ha preocupado muchísimo y a los propios responsables de la Policía Nacional y a los sindicatos de la Policía, porque usted sabe que esta era una competencia casi exclusiva de la Policía Nacional.

Si formamos parte del pelotón de cabeza en seguridad, y algo tiene que ver nuestra opinión pública, ¿por qué homologarnos a países con peores resultados y con mayores tasas de criminalidad? ¿Por qué los países con un ratio mayor de seguridad privada que el nuestro y con menos ratios de seguridad pública tienen peores niveles de seguridad que nosotros? (Rumores). Solo la apetencia de las grandes empresas por ampliar su negocio en este sector, que ya emplea a más de 100 000 personas, puede explicarlo, especialmente si comprobamos todas las cesiones que hacen en este texto a las empresas. Ellas, las empresas, son las grandes vencedoras de este proyecto de ley, hasta el punto de que no resulta exagerado decir que lo que buscaban con ello —la subordinación a la seguridad pública— ha terminado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

En turno en contra tiene la palabra el senador señor Aznar. (Pausa).

Comience, señoría.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente. Voy a ser breve pero no tanto, así estamos más de acuerdo. Aunque vea usted muchos papeles aquí, no se asuste, es que me veo en la obligación de contestar a algunas cosas de forma muy concreta. Pero no les voy a quitar excesivo tiempo.

Señorías, es muy difícil darles satisfacción a todos ustedes. Comprendan que las más de cien enmiendas que han llegado vivas son demasiada tela que cortar para los pocos minutos que tenemos para intervenir. Por lo tanto, voy a intentar responderles a todos un poquito y hacer un planteamiento general de la cuestión que nos ha traído hoy aquí a debatir: esta Ley de Seguridad Privada.

El señor Anasagasti —al que sí veo— ha hablado de un ministro de Justicia del Partido Nacionalista Vasco. Supongo que se refería al señor Manuel de Irujo, ilustre ministro que fue de Justicia, nacionalista y que marcó un camino fantástico al que yo invitaría a todos los nacionalistas —en este caso, vascos— a seguir, pues un nacionalista vasco puede ayudar al buen Gobierno de España, puede formar parte de un buen Gobierno de España, y no tengo la más mínima duda de que el señor Anasagasti podría ser un magnífico ministro. Por consiguiente, yo les animo a que se encaminen por este lugar que marcó en su día el histórico Manuel de Irujo.

Me duele especialmente, y tengo que decírselo así, que me acuse con esa claridad de falta de diálogo. Yo creo que a mí se me pueden decir muchas cosas, y tendría que asumirlas porque estoy cargado de defectos, pero decir que un servidor no es dialogante, señoría, me parece que es un exceso. Mire hasta qué punto se ha dialogado y negociado esta ley que hasta el Partido Socialista ha salido en la prensa acusando a Convergència i Unió de haber pactado con nosotros




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—y el señor portavoz de Convergència lo recuerda, también dolorido—. Esto quiere decir que se ha hecho un esfuerzo sublime por acercar posturas, y el buen número de enmiendas aceptadas lo demuestra.

Quiero decirle, señor Anasagasti, que yo me dirigí a su compañero y portavoz —quien lo podrá aseverar— en una ocasión hace unos días para ver qué había que hacer para tener el apoyo del Partido Nacionalista Vasco en esta ley. Realmente no llegamos a ninguna conclusión, pero yo hubiera estado encantado de poder llevar alguna enmienda suya, aparte de estas dos que les admitimos, de haber aprobado o de haber transado con ustedes muchas más.

Por lo tanto, lamento que usted se vaya con esa impresión —y, perdóneme, a lo mejor antes me expliqué mal, yo me refería al número de enmiendas nuevas con relación al Congreso—. El paquete competencial se negoció suficientemente en esa Cámara y, a través de los acuerdos que hemos logrado con otros grupos, creo que está bastante defendido todo ese aspecto. Creo que nadie con la verdad en la mano puede decir que con el articulado de esta ley se atente o se agreda a alguna de las competencias que cualquiera de las comunidades autónomas del país tiene. Por consiguiente, lamento profundamente esta imagen que se lleva usted.

Señor Guillot, con toda sinceridad le diré que sus intervenciones y las de su compañero Saura a mí personalmente me suelen llegar a lo más profundo porque siempre hablan de cuestiones humanas. Por ello, para mí es muy difícil discrepar con usted, porque, repito, plantea temas de profunda humanidad. Pero también es verdad que estamos haciendo leyes que no son perfectas y que están buscando el acomodo de determinadas cuestiones. Usted plantea aquí un tema laboral de los vigilantes privados de seguridad. Yo creo que no es —y así lo entiende también el Gobierno que envía esta ley a la Cámara— la ley adecuada para plantearlo. No obstante, creo que hay que tener en cuenta esta opinión que usted manifiesta y créame que trasladaremos esa preocupación que usted ha recogido de los sectores sindicales relacionados con los vigilantes de seguridad para que, en su momento, y en la ley adecuada, puedan tener un acomodo que permita a todos mirar con satisfacción este aspecto. No puedo coincidir con usted en lo relativo al artículo 41, pero, como me voy a referir a dicho artículo un poco más en extensión, lo dejo para más adelante.

Señor Bruguera, quiero agradecerle especialmente la sensibilidad que usted ha tenido para admitir —incluso sintiéndose perjudicado, que es como podría haberse sentido— y facilitar la transacción que hemos hecho con otros grupos, a veces soportado en perchas, en enmiendas de su grupo. Creo que eso le honra. En definitiva, si esta ley sale mejorada de esta Cámara como mi grupo cree, en buena medida será debido a su participación y a la de su grupo.

Voy a hacerle dos menciones. Se ha referido usted a la tarjeta de identificación de los vigilantes de seguridad. Señoría, créame si le digo que es un tema que nos preocupa y al que le hemos dado muchas vueltas —también con los asesores policiales del ministerio— para buscar una fórmula que permita que los vigilantes de seguridad puedan ejercer su función en perfecto estado de seguridad —valga la redundancia—, porque es cierto que hoy en día se enfrentan a mafias y delincuentes y no tienen por qué ir con sus datos personales por delante. Y se va a buscar una solución sin contradecir otros preceptos legales, como puede ser la propia Ley de Enjuiciamiento, que perjudiquen el proceso y que a la vez permitan que se mantenga a salvo la seguridad de estas personas. Por lo tanto, compartimos la preocupación que usted tiene y vamos a buscar una solución vía reglamentaria.

El señor portavoz de CiU nos dice que hagamos un esfuerzo. ¡Pero si nos han dejado agotados! ¡Si es que ha conseguido usted que asumamos la grandísima parte de sus enmiendas! Ha dicho usted que va a ser muy beligerante en la defensa de la enmienda 69 y yo me digo: ¡Pues anda que le han buscado el número a la enmienda para defenderla de forma beligerante! (Risas). Señoría, si va usted a la enmienda 69 de su grupo, verá que lo que proponen es cambiar el término nacional recogido en nuestro texto por el de estatal y la justificación es: mejora técnica. ¿Y esto es para hacer una defensa beligerante, como dice usted? Una mejora técnica se produciría si el término nacional que nosotros empleamos no fuera correcto, pero técnicamente tendrá usted que estar de acuerdo conmigo en que es impecable. Por lo tanto, yo creo que usted y su grupo han hecho un esfuerzo y han colaborado decisivamente para que esta ley salga como va a salir de aquí y que deben sentirse satisfechos, nosotros se lo agradecemos, pero no nos fuercen más porque realmente hemos quedado exhaustos.




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Discúlpeme, señor Iglesias, por no haberme referido a usted. La razón sencillamente es que no estaba en la ponencia ni en la comisión, pero hemos valorado, y así lo hemos dicho, sus enmiendas. También agradezco que usted se haya visto reflejado en alguna de las enmiendas que hemos aceptado; aunque no pertenecían a su grupo, venían a decir casi textualmente lo mismo. Se lo agradezco. Si no hemos tenido más tiempo de diálogo ha sido porque usted no ha estado en esa comisión, pero quiero dejar claro que su participación ha sido positiva.

Y termino. Grupo Parlamentario Socialista. Mi buen amigo el senador Ángel Batalla, un gran admirador de El Quijote y de Cervantes, nos ha hecho un discurso cervantino, quien a base de dar vueltas al diccionario yo creo que se ha terminado enredando un poco en las definiciones, porque, al final, señoría, no sé si defiende usted a los vigilantes o les ataca, si quiere más competencias para ellos o si quiere que se las restrinjamos. En definitiva, como sé de su buena voluntad y de su buena fe, voy a intentar responderle a alguna de las cuestiones que ha planteado.

Creo que junto con algún otro de los portavoces ha hablado de la tarjeta de identificación, del artículo 32. Y, claro, señorías, a base de buscar la definición en el diccionario, acabamos cayendo en el absurdo. Fíjense ustedes lo que están pretendiendo con sus enmiendas: que cuando un vigilante se encuentre ante un ciudadano que está delinquiendo —es lo que ustedes piden con sus enmiendas—, el vigilante permanezca inactivo, quieto, tolerante. Señorías, esto es el absurdo. Cuando la propia normativa exige que cualquier ciudadano que presencie una situación similar ejerza e intente impedir que se produzca tal acto, y siendo una de las funciones del vigilante, resulta que le vamos a requerir que permanezca quieto. Señorías, esto es lo que están ustedes pidiendo. Y cuando hablan de que el vigilante no debe tener potestad, estamos llegando al absurdo de que, una vez producido el robo o hurto por el delincuente, el vigilante debe dirigirse a él educadamente y decirle: Señor caco, haga usted el favor de devolver lo que ha robado, siéntese y espere a que llame por mi walkie talkie a la Guardia Civil o a la Policía Nacional. Señorías, es que estamos hablando de esto, es que queremos afinar tanto que llevamos las situaciones al absurdo.

Esta ley no agrede a ningún derecho. Señorías, lo que debemos preguntarnos en definitiva es qué perseguimos con esta, qué es lo que pretendemos. Parece que, después de lo que hemos escuchado aquí hoy, hemos llegado a la conclusión de que efectivamente es necesaria. Desde el año 1992 hasta el día de hoy ha corrido mucha agua, han cambiado las circunstancias, ha habido tremendas mejoras tecnológicas y, por tanto, era necesario reagrupar toda la legislación que había, era necesario rellenar las lagunas y hacer una ley adecuada a los tiempos que corren. Parece que eso es lo que se desprende del debate de hoy, que era necesario.

¿Y cuál era nuestra finalidad? En primer lugar, terminar con la diversificación normativa que había a base de parches que se habían ido poniendo; en segundo lugar, dotar de una estabilidad jurídica y de una flexibilidad suficiente al sector para que todos estos avances técnicos a los que me estoy refiriendo puedan ser tenidos en cuenta. A la vez estamos exigiendo a las empresas y a los profesionales un mayor control y una mayor calidad. Y en ese sentido les voy a hablar brevemente de la formación que se exige. Algún portavoz ha dicho aquí que no había formación, pero el articulado de la nueva ley exige para algunos cargos de vigilantes de seguridad hasta un grado, cosa que hasta ahora no sucedía en este tipo de profesiones. Es decir, el programa formativo que se va a exigir para el sector de la seguridad va a ser importantísimo. Por tanto, creo que eso va a mejorar la calidad y va a hacer que tengamos una mejor seguridad privada.

Señorías, yo creo que también hemos hablado suficientemente de que esta ley en absoluto cuestiona que la seguridad privada esté en ningún momento equiparada a la seguridad pública. En mi primera intervención les decía que si hay un solo artículo, una sola frase que pueda dar lugar al equívoco de que la seguridad privada se pone por encima o siquiera pareja a la seguridad pública, que me lo dijese. No existe. En todo momento hay claridad, una claridad meridiana, respecto de lo que quiere el Gobierno y el grupo parlamentario con esta ley.

Nos acusan de privatizar. Señorías, han dado cifras. En un país como el nuestro, donde la ratio policía por 100 000 habitantes es de las más altas de Europa —528— frente a la media europea de 385, y donde, sin embargo, la ratio de vigilantes por 100 000 habitantes es de las más bajas de Europa, ¿cómo se nos puede acusar de privatizar? Ustedes tienen estos datos, al igual que yo. Estamos hablando de establecer un control a las empresas, estamos hablando de proteger a un sector que da casi 100 000 puestos de trabajo —y decir esto hoy en España es muy importante—, un sector que tiene 1500 empresas al menos en el sector, a las que vamos a exigir mucho más




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control, empresas a las que vamos a obligar a profesionalizarse mucho más, que vamos a tener más coordinadas a través de los órganos que específicamente se crean en la ley, y por tanto, mejoramos ampliamente la relación seguridad pública-seguridad privada.

Creo, señorías, que no hay razones para tener ningún miedo a esta ley, muy al contrario. ¿Que es mejorable? Seguro que sí. ¿Que en el tiempo que todavía permaneceremos nosotros en esta Cámara probablemente podamos adoptar alguna mejora a incorporar, como se ha hecho en leyes anteriores? Seguramente que sí. ¿Que a través del reglamento el Gobierno va a poder fijar determinadas cuestiones para dejarlas todavía más claras dentro de los márgenes que establece la ley? No les quepa la menor duda, señorías, desde Romanones hacia acá, pero no vayamos ahora a impedir que el Gobierno elabore los reglamentos, porque parece que esto también nos molesta. Es verdad que nosotros legislamos, pero el Gobierno tendrá que elaborar los reglamentos siempre dentro de los límites que establece la ley.

En definitiva creo, señorías —y me baso en los datos para hacer esta aseveración—, que una ley como esta, que entró a la Cámara con la oposición de muchos de ustedes, que se ha podido debatir ampliamente a lo largo de estos dos meses, sobre la que hemos podido conseguir un grandísimo número de acuerdos, y que, a nuestro entender, y al decir de muchos de ustedes sale notablemente mejorada, debemos recibirla de otra manera.

Yo les animo a que todavía puedan ustedes hacer ese esfuerzo de reflexión, que puedan votar esta ley y, desde luego, lo que sí les pido —y me atrevo a hacerlo también en nombre no solo de mi grupo, sino del Gobierno— es que nos ayuden a gestionarla adecuadamente, porque eso será sin duda beneficio para nosotros y beneficio —que es lo que nos debe importar— para todos los ciudadanos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

¿Por parte del Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones). No hace uso de la palabra el señor Iglesias. Muchas gracias.

Por parte del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor presidente.

Un asistente de nuestro grupo me ha corregido y me ha dicho que no son quince enmiendas las que hemos presentado, sino treinta y tres. Son treinta y tres. No he querido pormenorizarlas, pero fundamentalmente eran competenciales.

El señor Aznar nos dice que es una buena ley y que hagamos el esfuerzo sublime de apoyarla. Pues le vamos a dar un disgusto, señor Aznar, (Rumores), no la vamos a apoyar, no vamos a apoyarla. Y nos ha dicho que se ha discutido esto en el Congreso. ¡Estamos en el Senado, señor Aznar! Quizá ustedes pueden decirle al Gobierno: cuando ustedes decidan enviar un proyecto de ley a las Cortes Generales, piensen en el papel que tiene que tener el Congreso y el que tiene que tener el Senado. El Senado no solamente tiene que ser un taller de reparaciones, sino fundamentalmente una Cámara de debate político. Y no ha habido debate político.

Usted mejor que nadie sabe que aquí no ha habido una presentación por parte del ministro. Creo que el ministro ha estado este fin de semana en La Rioja, tiene todo su derecho, pero también hubiera estado bien que hubiera presentado el proyecto de ley como en el Congreso —eso no le hubiera herniado— y de alguna manera hubiera dignificado esta Cámara, porque si es un proyecto de ley importante, es bueno que se discutan este tipo de cosas en esta Cámara.

Usted me ha recordado la figura de una personalidad a la que nosotros queremos mucho, que es la de don Manuel de Irujo, que fue ministro de Justicia en los Gobiernos de Largo Caballero y de Negrín y trató fundamentalmente de humanizar la guerra. Logramos que en ese pasillo esté su efigie en un cuadro, y está al lado de un homólogo suyo, el expresidente José María Aznar —es decir, que estamos rodeados de Aznar por todas partes (Risas)—. Yo le pregunté: ¿Y por qué le han puesto al lado del presidente Aznar? Y el expresidente Laborda me dijo: Mira, Aznar ha cometido muchos pecados y don Manuel seguramente le reconducirá para ir al cielo (Risas). Por tanto, está bien esta alusión que hemos hecho a don Manuel de Irujo, porque es un hombre histórico.




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Lógicamente, nosotros hemos consultado con la gente que tiene experiencia. ¿Quién tiene experiencia en el caso de la comunidad autónoma vasca? Pues fundamentalmente el Gobierno, el departamento de Interior y los mandos de la Ertzaintza. Y nos han dicho: Esta ley es una…, no es mala ley. Bueno, ya es una forma de hablar. Es una especie de colcha de retazos que recoge todo aquello que estaba disperso, lo han presentado como proyecto de ley y de alguna manera en el trámite se ha mejorado el proyecto de ley. Pero insistimos en que se sigue sin asumir el Estado autonómico, y el Estado autonómico tiene que ser asumido por la Administración central cuando presenta un proyecto de ley y que no colisione con competencias estatutarias.

Usted me dice que en el Congreso se han aprobado enmiendas. Pues sí, se han aprobado enmiendas, pero en el Senado, ninguna. Usted recordará cuando nos dijeron las enmiendas que iban a aceptar a los grupos parlamentarios, que yo hice aquella pregunta ingenua: ¿Y a nosotros ninguna, verdad? Y ahí quedó la cosa. Usted ha comentado algo con el señor Bildarratz, pero ya era muy tarde, ya casi no había ninguna posibilidad de poder discutir absolutamente nada.

Usted ha dicho que hagamos el esfuerzo sublime. Pero los esfuerzos baldíos producen melancolía, y estamos un poco melancólicos. Esta ley —repito— no es una mala ley, pero no es la ley que nos gusta, y no vamos a apoyarla.

Y además tenemos la sensación de que ocurre no solamente con su grupo, sino también en el pasado con el Partido Socialista. Usted es una persona bienintencionada, que trabaja bien los temas, es un hombre dialogante —eso se lo tengo que reconocer— y es una persona que está abierta a la discusión y al debate político, pero, desgraciadamente, estos proyectos de ley no los hace el Grupo Parlamentario Popular, los hace el Gobierno, y seguramente el funcionario equis, en el piso 8º, no quiere que le pongan una comita y que le modifiquen absolutamente nada. Este es el debate parlamentario que ha existido en esta legislatura con ustedes con mayoría absoluta y que existió en el pasado, con el Grupo Parlamentario Socialista, aunque hemos estado recordando con parlamentarios de la Entesa cómo existió una secretaria del grupo parlamentario en la anterior legislatura llamada Ruth Porta que ponía firme a los funcionarios del Gobierno. Porque hay que poner firme a los funcionarios del Gobierno. Generalmente, ese tipo de planteamientos como poner firme a los funcionarios del Gobierno se hace cuando se tiene razón, y, en nuestro caso, tenemos razón, porque tenemos un proyecto de ley y además, tenemos un estatuto de autonomía en Cataluña y en Gernika, que tienen competencias exclusivas en temas de seguridad que no son tenidos en cuenta.

Y el debate parlamentario se empobrece. Se ha empobrecido. Desgraciadamente, no se ha presentado por parte del ministro; la ponencia duró tres minutos; en comisión, duró un cuarto de hora; y aquí hemos estado venga a discutir y a dar vueltas a la manivela y al rodillo y no hemos logrado sacar nada: ustedes se han mantenido incólumes, no han aceptado ni una enmienda más. Por tanto, le vamos a decir, con harto dolor de nuestro corazón, que no la vamos a aprobar.

Además —y termino con esto—, el senador Jordi Sendra ha hecho alusión a ese cambio voluntario en los últimos tiempos por parte del Partido Popular de eliminar la palabra estatal e introducir la palabra nacional. Oiga, estamos en un Estado plurinacional, plurilingüe y pluricultural, y si ustedes quieren que se arregle la convivencia en este país, tienen que asumirlo. Y ya hemos presentado enmiendas en este concepto y no han sido asumidas.

Les recuerdo que Felipe II gobernaba aquello de las Españas y decían que en España no se ponía el sol. Y nunca España ha sido más grande que cuando gobernaba Felipe II con las Españas. Y, ahora, ustedes están recentralizando absolutamente todo, y si viniera Felipe II aquí, seguramente, si no fuera del barrio de Chamberí y no estuviera en la Administración central y no se eliminara cualquier connotación que tuviera posibilidades de competir con ese concepto de la estatalidad única, indudablemente, se pondría... Yo creo que le daría un infarto al pobre hombre, pero, bueno, en fin.

Termino diciendo que ha sido un esfuerzo baldío el esfuerzo sublime que hemos hecho, como usted ha dicho, para tratar de buscar alguna posibilidad de apoyar este proyecto de ley, pero, señor Aznar, señores del Grupo Parlamentario Popular, no la vamos a aprobar.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Anasagasti.

Por el grupo de la Entesa, tiene la palabra el senador Guillot.




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El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señor Aznar, muy breve. No es que yo apele a su humanidad, es que ustedes en el artículo 8.6 hablan de la limitación del derecho de huelga (Rumores). Sí, sí, mírese el artículo 8.6. Es el Gobierno el que plantea esta cuestión. Por eso, he hecho referencia a la misma y por eso hemos presentado una enmienda.

Gràcies, president.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias.

Senador Bruguera, tiene la palabra.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias.

También intervendré brevemente, señor presidente.

Señor Aznar, usted ha hablado de un grandísimo número de acuerdos. Con nuestro grupo no será, con el PNV tampoco —por lo que ha dicho el señor Anasagasti— y con el Grupo Socialista, tampoco. En todo caso, ha habido acuerdos con un grupo parlamentario que es Convergència i Unió —y encima usted ha quedado exhausto— para resolver el tema competencial, que no se ha resuelto. Y no es que lo diga yo que soy de un grupo parlamentario como el de la Entesa, lo ha dicho el señor Anasagasti. Nada sospechoso. Por lo tanto, que quede claro que el pacto entre Convergència i Unió y el Partido Popular se podrá vestir de lo que se quiera, pero de resolver los temas competenciales, no, o, por lo menos, no todos.

Esto es básicamente lo que quería decir. Uno ya está un poco ducho y se imagina los periódicos de mañana en algunos sitios de nuestro país.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Bruguera.

Por CiU, tiene la palabra el senador Sendra.

El señor SENDRA VELLVÈ: Gracias, señor presidente.

Señor Aznar, después de trece horas de Pleno, entiendo su pincelada humorística en torno a la enmienda número 69 y el significado no solo de la enmienda, sino del número. Entenderá usted que cuando se habla de nación pero también especialmente del uso de lenguas —y quiero limitarme solo al uso de la lengua, que es para lo que estamos, no para otra cosa—, mi obligación es defender la cooficialidad de la lengua catalana y su uso en todos los ámbitos que son posibles.

Dicho esto, esta tarde hemos debatido sobre un proyecto de ley que afecta, como apuntaba el senador Anasagasti, a 490 empresas, de las cuales 183 están habilitadas por el Gobierno de Cataluña; 1490 empresas, que emplean a más de 80 000 trabajadores, 12 500 en Cataluña; 1490 empresas que generan casi 400 000 contratos en el año 2012 y poco más de un millón de servicios, así como una facturación ese mismo año de casi 2000 millones de euros. Por lo tanto, en esta ley hemos intentado mejorar la regulación de la actividad de un sector tremendamente importante para la economía.

Después de veintidós años de la Ley de Seguridad Privada de 1992, se han producido cambios sustanciales y también una evolución importante del sector. Por eso era necesario adaptar esa ley a la realidad de hoy, como casi todos ustedes han manifestado y reconocido, y hacerlo sin duda bajo el concepto claro de que las actividades de seguridad privada deben estar subordinadas a la seguridad pública, como así es, y siempre bajo la preeminencia de la seguridad pública. Eso no puede negar la evidencia de la complementariedad de la seguridad privada, subordinada pero complementaria. Por eso era y es necesario afinar en la colaboración entre seguridad pública y privada al efecto de obtener una eficacia mayor y también una eficiencia necesaria para dar respuesta a las necesidades de seguridad que la sociedad nos reclama.

Es evidente que desde su entrada en el Congreso de los Diputados hasta hoy mismo la negociación con el partido del Gobierno ha sido ardua e intensa. Pues esta ley —como he denunciado varias veces desde la tribuna con relación a todas las leyes que presenta a aprobación el Gobierno del PP— supone de entrada un ataque frontal a las competencias exclusivas que algunas comunidades autónomas —Cataluña, sin duda— tienen en relación con la seguridad privada.




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Como decía el senador Guillot en su intervención en la defensa del veto, en eso ustedes quedan siempre retratados. Lamentablemente tenemos que dedicar demasiados esfuerzos a restablecer la legalidad competencial autonómica en cada ley, y esta no ha sido diferente. Esos esfuerzos y esa negociación han dado sus frutos, y hoy el proyecto de ley salvaguarda las competencias que Cataluña tiene en seguridad privada.

Como les contaba en mi intervención en los vetos a la ley, reitero que mi grupo parlamentario no participa de ningún complot para privatizar la seguridad pública. Convergència i Unió da apoyo al Gobierno de Cataluña que se levanta todas las mañanas con la obligación de dirigir la política de seguridad privada y la política de seguridad pública en Cataluña. Y para poder hacerlo se deben asegurar sus competencias en esta materia, cosa que no se hacía cuando este proyecto de ley entró en el Senado, y que ahora, fruto de una dura negociación, sí que se hace.

También reitero que precisamente al ostentar la responsabilidad de gobernar en Cataluña, pero aun cuando no lo hiciéramos, cualquier ley que presenta el Gobierno del Estado que afecte al ámbito de Cataluña debe merecer nuestra atención y nos obliga a su mejora en la efectividad y en la eficiencia. En este caso, también por esa obligación de gestionar la seguridad pública y privada en Cataluña, nos hemos obligado a mejorarla, cosa que después de larga negociación, creo que francamente lo hemos conseguido.

Seguimos muy descontentos del posicionamiento del PP con relación al uso de las lenguas cooficiales en Cataluña y muy descontentos también con relación a la cruzada a favor de la nación y en contra del Estado. Y, ciertamente, hay conceptos sectoriales que no compartimos de esta ley, pero es ese resultado positivo global de la negociación el que nos permite decir que vamos a dar nuestro voto afirmativo a este proyecto de ley, (Rumores) porque la actividad de este colectivo estará a partir de hoy mejor regulada, y eso también será posible —creo que es obligado decirlo— a la actitud dialogante del senador Luis Aznar y también a la del secretario general técnico del Ministerio del Interior y de la directora general de Administración de Seguridad de la Generalitat de Catalunya, a quienes quiero agradecer el esfuerzo en esta negociación.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Ángel Batalla.

El señor ÁNGEL BATALLA: Muchas gracias, señor presidente.

Pues sí, yo también le reconozco las buenas formas que usted tiene, señor Aznar, de verdad, unas formas exquisitas en las relaciones parlamentarias, pero es que esta ley no la ha hecho usted. Esta ley la ha hecho el señor Fernández, que es el que nos la ha traído aquí, el mismo que hoy ha decidido mandar a catorce guardias civiles en peregrinación a Lourdes, en vez de mandarlos a Ceuta y Melilla. Esa es la ley que nos presenta el Gobierno de España. (Aplausos). Es él quien ha hecho la ley, no usted. Usted sí que tiene buenas formas y ha intentado un consenso difícil. Es muy difícil buscar un consenso porque todavía nos estamos preguntando por qué ustedes han tenido tantas prisas en hacer esta ley; porque es una ley que tensa gratuitamente a la sociedad y a los sectores, no resuelve ningún problema y dificulta el arsenal legislativo. Para algunos políticos la filosofía espontánea de lo que ustedes representan va siempre contra la economía legislativa. Es una ley poco reflexionada, sin duda, aquella que nos va a resolver pocos problemas.

Señorías, ¿por qué el Gobierno se ha metido en este berenjenal? Pues todavía no lo entendemos. Afirmaba usted antes que da trabajo a 100 000 personas y que hay 1500 empresas. Es verdad, pero hay doce empresas que tienen el monopolio, y seguramente son las que han metido la cocina en esta ley, porque son las únicas que salen beneficiadas de todo este texto legislativo. Todos los demás, desde la seguridad pública a los ciudadanos, salen perdiendo. De esas 1500 grandes empresas de las que usted habla, solo salen ganando doce. La respuesta a por qué han hecho ustedes esta ley es simplemente por razones ideológicas y económicas, para contentar a todas estas empresas. Seguramente también a algunos de los amigos que usted conoce o a algunos familiares de amigos; es posible que también les estemos contentando. No, usted no, usted puede ser que los conozca.

¿Y por qué han hecho esta estructura legislativa? Nada más tiene usted que mirar en las hemerotecas y alguna sentencia, algún senador no hace pocas sesiones lo mencionó en esta




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Cámara. Yo creo que ustedes han elaborado esta ley por razones ideológicas y económicas y para moldear el entorno de la seguridad a las propias ideas y, si me apuran, de competencia del poder de control de la sociedad. Aquello que decía Foucault: vigilar y castigar. Este Gobierno nunca actúa de manera neutral: el señor Wert, la señora Mato, la señora Báñez, el señor Fernández, el señor Montoro o el señor Gallardón; ustedes nunca actúan de manera neutral. Cuando ustedes actúan con su arquitectura legislativa siempre está detrás el padre Ripalda o Torquemada. (Rumores). Pero nos tienen acostumbrados porque sabemos qué es lo que quieren. También sabemos lo que nos costará desandar lo andado. ¿Recuerdan ahora cuando la comunidad internacional decía que era una guerra innecesaria? Esta es una ley de seguridad llena de claroscuros, donde se conculcan derechos fundamentales y derechos democráticos, y de un plumazo se cargan el consenso y la trayectoria. Hacen el camino andado hecho jirones. En lugar de plantear respuestas modernas sometidas al control del Estado, sometidas a la exigencia constitucional del control del Estado en seguridad, han optado por contentar una vez más al negocio. Simboliza el final brusco y traumático de consensos básicos. Han roto un hilo invisible que unía a toda la comunidad política en el concepto de modelo de seguridad pública del Estado español, alabado por la comunidad internacional. Es todo el estilo de gobierno del ministro Fernández, que consiste en recibir cosas equilibradas, bien orientadas, sostenibles y seguramente mejorables, pero convertidas en decisiones erráticas, interesadas y equivocadas. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Están pasando ustedes de la autodefinición de modernos liberales a una versión carpetovetónica del liberalismo; más claro, ultraconservadores, aquellos que ya solo recordamos en el manual de los libros. Ultraconservadores, don Santiago, ultraconservadores, pero engrasados en defender lo de todos, lo público; obsesionados en recortar derechos, dar la mano a la iniciativa privada y pasar a hurtadillas por la Constitución. Siguen vendiendo por lotes las partes del sector público que son negocio, al tiempo que socializan las pérdidas de algunos. Sus máximas son que la gestión privada siempre es más eficiente, consiste en entregar al sector privado las partes rentables del Estado de bienestar, convirtiendo a ciudadanos en clientes y usuarios del negocio. Claro, mientras es rentable, si no rápidamente acudiremos al rescate, al socorro o a renegociar compensando.

Conclusión. Los cambios legislativos que ustedes nos han presentado esta tarde no han ido dirigidos a mejorar la calidad de seguridad pública en nuestro país, esa simbiosis que ustedes nos trasladan como seguridad conjunta o, en el vocablo del director general, seguridad única, sino que los cambios que ustedes incorporan con el nuevo texto legislativo permiten traspasar, abren una ventana, el bien tutelado de la capacidad coercitiva del Estado —léase a Max Weber, don Luis—, a la seguridad pública del Estado a manos privadas. Por eso, ya le hemos dicho que vamos a votar en contra. Pero en lugar de corregir disfunciones, de mejorar las condiciones de prestación de estos servicios, de aprender de los errores, el Gobierno incrementa las capacidades y competencias en términos que no puedan ser políticamente compartidos sin las debidas garantías jurídicas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ángel.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Aznar.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

De forma muy breve, señor Anasagasti, me quedo con una frase que usted ha dicho, y le repito que hable con su portavoz porque sí le hemos admitido enmiendas.

Ha dicho usted: no es una mala ley, pero no la vamos a votar. Señoría, yo sé que usted es un buscador de la excelencia, y en eso me identifico con usted y, por lo tanto, me doy por satisfecho que usted públicamente haya dicho que no es una mala ley, que ya es mucho decir. Le animo a que ese espíritu con el que nos invita a nosotros y nos fustiga por no admitirles enmiendas, lo traslade usted a su grupo parlamentario en el Parlamento del País Vasco para que hagan lo propio, que admitan enmiendas de otros grupos parlamentarios, que estaremos encantados de notar ese cambio de actitud, y estoy seguro de que usted lo va a propiciar. Por lo tanto, muchas gracias.

Parece ser, señor Guillot y señor Bruguera, que esta es una ley que según ustedes defrauda la expectativa que tenían de que resolviese mil problemas competenciales. Señor Bruguera, esta ley no es una ley prevista ni concebida para resolver supuestos problemas competenciales, al




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contrario, es una ley a la que debemos exigir que se enmarque dentro de la situación competencial que hay en España consagrada por nuestra Constitución y por los estatutos de autonomía. Ese es el marco competencial al que se debe ajustar la ley. Y si ustedes encuentran un solo precepto en que esta ley no se ajuste a ese marco competencial, hablamos. Pero no lo van a encontrar.

El señor Sendra decía: es que yo tengo que defender —y creo que utilizó esas palabras— de forma beligerante todo aquello relacionado con la lengua. Señoría, que yo recuerde, una de las pocas enmiendas que no se le han aceptado a Convergencia i Unió es aquella en la que pretendían que la placa que llevan los vigilantes de seguridad metálica en el uniforme estuviera en catalán. ¿Cuál es la cuestión? Esa placa no pertenece a la empresa, esa placa no pertenece a la Administración. Esa placa es del ciudadano vigilante que hoy está en Cataluña y mañana está desempeñando su labor en el País Vasco o en Navarra o en Andalucía o en León. Esa es una de las pocas cuestiones que ustedes no han conseguido introducir en ese paquete llamémosle de tono nacionalista. Por lo tanto, señorías, no creo que sea para estar descontentos.

Señor Guillot, cuando usted se ha referido al derecho de huelga, yo le suplico que lea usted bien, detenidamente y en profundidad el artículo al que se refiere. Fíjese lo que dice ese artículo: Cuando el personal de seguridad privada desempeñe sus funciones en entidades públicas o privadas en las que se presten servicios que resulten o se declaren esenciales por la autoridad pública competente, en esos casos y solo en esos casos —así lo dice el artículo— tienen una cierta limitación de ese derecho de huelga. Y sigo leyendo —termino—: O en los que el servicio de seguridad se haya impuesto obligatoriamente, habrán de atenerse, en el ejercicio del derecho de huelga, a lo que respecto a dichas entidades disponga la legislación vigente.

Por lo tanto, señorías, yo creo que está restringido a unos casos justificables. En cualquiera de las razones, es discutible, yo se lo admito y podemos hablar de ello.

Termino contestando al Grupo Socialista.

Senador Ángel Batalla, mire usted, yo no lo iba a decir, pero ya que lo han sacado tantas veces, y aunque no sé si al ministro le gustará que lo diga, quiero señalar que el ministro, a lo largo de estas dos últimas horas, ha estado en un acto con las víctimas del terrorismo. Por lo tanto, máxima justificación.

Ha hecho usted una broma —con esa forma que usted tiene de hablar en la que no cabe la acritud— porque le han empujado a decirlo: ha mandado dieciocho guardias civiles en peregrinación a Lourdes. Pues le voy a decir una cosa, señoría, es la cincuenta y nueve peregrinación internacional a Lourdes que no ha faltado ni un solo año gobernando ustedes y gobernando el Partido Popular. (Aplausos). Por lo tanto, queremos que se siga produciendo.

Mi impresión personal es que ese discurso perfectamente construido lo ha hecho usted, señoría, en los días previos al debate de la ley, lo ha hecho usted en los días previos a la aprobación de tantas enmiendas que han cambiado la fisonomía de la ley que hoy vamos a aprobar. Por lo tanto, no se ajusta en absoluto ni a los fines, ni al articulado, ni a las cuestiones que la ley consagra.

Le voy a hacer un recordatorio —y créame que yo también se lo hago sin ninguna acritud—. Ya está bien de intentar marcar al Grupo Popular, al Partido Popular y a los Gobiernos populares con ese hierro candente de que somos contrarios a las libertades. Le recuerdo que la única ley que ha sido tachada de inconstitucional por el Tribunal Constitucional fue una ley socialista del año 1992, la Ley de Seguridad Privada del señor Corcuera.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aznar.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas del Proyecto de Ley de seguridad privada, empezando por las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, de los senadores Iglesias y Mariscal.

Votamos, en primer lugar, las enmiendas números 1, 3 y 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 3; en contra, 216; abstenciones, 19.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 67; en contra, 152; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 5 y 6.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 237; a favor, 2; en contra, 221; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 7.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 69; en contra, 154; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 8.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 235; a favor, 7; en contra, 214; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 9 y 10.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 237; a favor, 66; en contra, 157; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENT: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 11.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 237; a favor, 3; en contra, 233; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 12 a 15.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 237; a favor, 2; en contra, 221; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 16 y 17.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 236; a favor, 65; en contra, 157; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Las enmiendas números 18 y 19 han sido retiradas.

Votamos las enmiendas números 20 a 30 y 32.

Comienza la votación. (Pausa).




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 237; a favor, 2; en contra, 221; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 31, 33 y 34.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 65; en contra, 157; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. Comenzamos con la enmienda número 35.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 237; a favor, 8; en contra, 216; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 36, 40 y 41.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 236; a favor, 20; en contra, 216.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 37, 38 y 68.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 237; a favor, 6; en contra, 217; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 39.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 237; a favor, 71; en contra, 152; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 42.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 237; a favor, 7; en contra, 152; abstenciones, 78.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 43, 45, 48, 49, 52, 54, 64 y 67.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 7; en contra, 215; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 44, 46, 47, 51, 55 a 57 y 60 a 63.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 237; a favor, 72; en contra, 152; abstenciones, 13.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 50.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 21; en contra, 151; abstenciones, 64.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 53.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 6; en contra, 152; abstenciones, 78.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 58 y 59.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 237; a favor, 71; en contra, 153; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, votamos las enmiendas números 136, 138 a 143, 145, 147, 149, 150, 155, 156 y 160 a 170.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 237; a favor, 2; en contra, 221; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 137, 144, 151 y 152.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 236; a favor, 66; en contra, 157; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 146.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 237; a favor, 2; en contra, 234; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 148 y 157 a 159.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 236; a favor, 7; en contra, 214; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Las enmiendas números 153 y 154 han sido retiradas.

Votamos las enmiendas números 171, 174, 201, 202, 209 y 210.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 237; a favor, 65; en contra, 158; abstenciones, 14.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las números 172, 173, 175 a 178, 180, 181, 184 a 189, 192, 193, 196, 198 a 200, 203 a 206, 208, 211, 213, 215, 216, 220, 221 y 223 a 233.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 65; en contra, 156; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 179, 182, 183, 190, 191, 207, 212, 214 y 217.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 237; a favor, 65; en contra, 156; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 194.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 237; a favor, 72; en contra, 152; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la número 195.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 71; en contra, 152; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 197.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 237; a favor, 72; en contra, 152; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 124, 132 y 134, del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 237; a favor, 72; en contra, 164; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Convergència i Unió.

Empezamos votando las números 69 y 76.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 237; a favor, 28; en contra, 152; abstenciones, 57.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las números 70 y 121.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 236; a favor, 20; en contra, 215; abstenciones, 1.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las números 77, 79, 88, 92, 94 y 106.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 20; en contra, 216.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 89, 115 y 123.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 20; en contra, 151; abstenciones, 65.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 91.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 237; a favor, 20; en contra, 153; abstenciones, 64.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las números 93, 95, 114, 116 y 122.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 237; a favor, 20; en contra, 217.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista.

Empezamos votando la enmienda 234.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 65; en contra, 157; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 235, 237, 240 a 242, 244, 245, 249 a 253, 257, 258, 261, 265, 268 a 270, 272, 279, 281, 282, 291 y 293 a 295.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 65; en contra, 157; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 239, 266 y 273.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 237; a favor, 65; en contra, 159; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 238, 248, 254, 260, 263, 264, 267, 275, 276, 277, 287, 288 y 296 a 302.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 72; en contra, 151; abstenciones, 13.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 243, 246, 247, 255 y 256.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 236; a favor, 71; en contra, 151; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 259, 271, 278, 280 y 283.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 237; a favor, 65; en contra, 158; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las números 262 y 274.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 236; a favor, 71; en contra, 152; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 98 y 99, de Convergència i Unió; las transaccionales aprobadas sobre la base de las enmiendas 127, del Grupo Popular, y 71, de Convergència i Unió; sobre las enmiendas 133, del Grupo Popular, y 101 y 103, de Convergència i Unió; y sobre la enmienda 105, de Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 58; en contra, 169; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los grupos parlamentarios de la Entesa y Socialista, votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 125, 126, 128, 130, 131 y 135, del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 73; en contra, 165.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 112906, firmada por todos los grupos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 232; en contra, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos a continuación en un solo acto aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 228; en contra, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 240; a favor, 164; en contra, 75; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre ellas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.

Señorías, se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.

Buenas noches.

Eran las veintidós horas y cuarenta y cinco minutos.


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