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DS. Senado, Pleno, núm. 112, de 14/05/2014
 





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PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 53

celebrada el miércoles, 14 de mayo de 2014

ORDEN DEL DÍA

5. MOCIONES

5.1. Moción por la que se insta al Gobierno a estudiar en profundidad las reformas legislativas que hubiera que introducir con el fin de resolver el problema que plantea la cuestión del legado de los bienes digitales.

(Núm. exp. 662/000138)

Autor: GPP

5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para establecer la unidad de mercado para transmisiones empresariales y la actividad de los jóvenes empresarios.

(Núm. exp. 662/000139)

Autor: GPP

6. COMISIONES ESPECIALES

6.1. SOLICITUDES DE CREACIÓN

6.1.1. Comisión Especial para el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas relacionadas con la violencia de género.

(Núm. exp. 650/000007)

Autores: MARCELINO IGLESIAS RICOU (GPS) Y VEINTICUATRO SENADORES MÁS

7. ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

7.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

7.1.1. Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

Comisión: General de las Comunidades Autónomas

(Núm. exp. 605/000002)




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8. DECLARACIONES INSTITUCIONALES

8.1. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO A LAS DOSCIENTAS TREINTA NIÑAS SECUESTRADAS EN NIGERIA.

(Núm. exp. 630/000018)

Autores: GPP, GPS, GPCIU, GPEPPC, GPV Y GPMX.




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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas.

5. MOCIONES

Moción por la que se insta al Gobierno a que impulse la tramitación legislativa pertinente dirigida a derogar la vigente Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal.

(Núm. exp. 662/000140)

Autores: GPS, GPMX, GPEPC, GPV y GPCIU

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Esta moción ha sido aplazada.

5.1. Moción por la que se insta al Gobierno a estudiar en profundidad las reformas legislativas que hubiera que introducir con el fin de resolver el problema que plantea la cuestión del legado de los bienes digitales.

(Núm. exp. 662/000138)

Autor: GPP

10555

El señor Chiquillo Barber defiende la moción.

El señor Gil García defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Martí Jufresa defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Chiquillo Barber expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.

En turno de portavoces intervienen la señora Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Parera Escrichs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; los señores Gil García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Chiquillo Barber, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción con el siguiente resultado: presentes, 231; votos emitidos, 227; a favor, 158; abstenciones, 69.

5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para establecer la unidad de mercado para transmisiones empresariales y la actividad de los jóvenes empresarios.

(Núm. exp. 662/000139)

Autor: GPP

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El señor presidente informa a la Cámara de que la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha sido retirada.

El señor Fernández Sánchez defiende la moción.

El señor Manchado Lozano defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Alturo Lloan defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Fernández Sánchez expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.




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En turno de portavoces intervienen la señora Iparragirre Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); los señores Boya Alós, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Manchado Lozano, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Fernández Sánchez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción con el siguiente resultado: presentes, 236; votos emitidos, 236; a favor, 145; en contra, 86; abstenciones, 5.

6. COMISIONES ESPECIALES

6.1. SOLICITUDES DE CREACIÓN

6.1.1. Comisión Especial para el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas relacionadas con la violencia de género.

(Núm. exp. 650/000007)

Autores: MARCELINO IGLESIAS RICOU (GPS) Y VEINTICUATRO SENADORES MÁS

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En turno a favor interviene la señora Flores Fernández, por el Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Armisén Pedrejón, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen las señoras Iparragirre Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Flores Fernández, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Armisén Pedrejón, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación telemática ha sido autorizada para las senadoras García Carrasco y Jurado Fernández de Córdoba, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, aunque solo la primera ha emitido voto telemático, favorable a la solicitud de creación de creación de la comisión especial.

Se rechaza la solicitud de creación con el siguiente resultado: presentes, 237 más 2 votos telemáticos, 239; votos emitidos, 237 más 1 voto telemático, 238; a favor, 91 más 1 telemático, 92; en contra, 146.

7. ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

7.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

7.1.1. Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

Comisión: General de las Comunidades Autónomas

10599

(Núm. exp. 605/000002)

El señor Imbroda Ortiz, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Se inicia el debate de las propuestas de veto.

El señor Mariscal Cifuentes defiende la propuesta de veto número 1, del señor Iglesias Fernández y este senador, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número 2, del señor Guillot Miravet y este senador, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor García-Page Sánchez defiende la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Socialista.




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En turno en contra hace uso de la palabra el señor Cotillas López, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen los señores Mariscal Cifuentes, por el Grupo Parlamentario Mixto; Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y García-Page Sánchez, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Riolobos Regadera, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar las propuestas de veto.

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación telemática ha sido autorizada para las senadoras García Carrasco y Jurado Fernández de Córdoba, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, aunque solo la primera ha emitido voto telemático, siendo negativo en las tres propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente resultado: presentes, 225 más 2 votos telemáticos, 227; votos emitidos, 220 más 1 voto telemático, 221; a favor, 64; en contra, 143 más 1 voto telemático, 144; abstenciones, 13.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente resultado: presentes, 226 más 1 voto telemático, 227; votos emitidos, 221 más 1 voto telemático, 222; a favor, 64; en contra, 143 más 1 voto telemático, 144; abstenciones, 14.

Se rechaza la propuesta de veto número 3 con el siguiente resultado: presentes, 226 más 2 votos telemáticos, 228; votos emitidos, 221 más 1 voto telemático, 222; a favor, 64; en contra, 143 más 1 voto telemático, 144; abstenciones, 14.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Mariscal Cifuentes defiende la enmienda 5, del señor Iglesias Fernández y este senador, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Zerolo Aguilar da por defendidas las enmiendas 1 a 4, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por el señor Quintero Castañeda y este senador.

El señor Saura Laporta defiende la enmienda 6, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Sánchez Camacho da por defendidas las enmiendas 7 a 10, del Grupo Parlamentario Socialista y expone diversos argumentos de su grupo parlamentario para oponerse a esta propuesta de reforma.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Burgos Beteta, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; los señores García-Page Sánchez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Cotillas López, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

8. DECLARACIONES INSTITUCIONALES

8.1. Declaración institucional de apoyo a las doscientas treinta niñas secuestradas en Nigeria.

(Núm. exp. 630/000018)

Autores: GPP, GPS, GPCIU, GPEPC, GPV y GPMX

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El señor presidente da lectura a la declaración institucional, que se aprueba por asentimiento de la Cámara.




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7. ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

7.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

7.1.1. Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

Comisión: General de las Comunidades Autónomas (Votación)

10624

(Núm. exp. 605/000002)

Se procede a votar

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Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueba, en un solo acto, la propuesta de reforma.

El señor presidente informa a la Cámara de que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales la propuesta de reforma.

Se levanta la sesión a las quince horas y cincuenta y cinco minutos.




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Se reanuda la sesión a las nueve horas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días, se reanuda la sesión.

5. MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE IMPULSE LA TRAMITACIÓN LEGISLATIVA PERTINENTE DIRIGIDA A DEROGAR LA VIGENTE LEY ORGÁNICA 1/2014, DE 13 DE MARZO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, RELATIVA A LA JUSTICIA UNIVERSAL.

(Núm. exp. 662/000140)

AUTORES: GPS, GPMX, GPEPC, GPV Y GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO CONVERGÈNCIA I UNIÓ.

El señor presidente da lectura al punto 5.

El señor PRESIDENTE: La moción de los Grupos Parlamentarios Socialista, Mixto, Entesa, Grupo Vasco y Grupo de Convergència i Unió ha sido aplazada.

5.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ESTUDIAR EN PROFUNDIDAD LAS REFORMAS LEGISLATIVAS QUE HUBIERA QUE INTRODUCIR CON EL FIN DE RESOLVER EL PROBLEMA QUE PLANTEA LA CUESTIÓN DEL LEGADO DE LOS BIENES DIGITALES.

(Núm. exp. 662/000138)

AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO.

El señor presidente da lectura al punto 5.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el senador Chiquillo.

El senador CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Intervengo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, para defender una moción sobre un tema complejo, de actualidad, sobre el que el Gobierno de España nos ha trasladado su intención de trabajar, con el esfuerzo de todos, para ofrecer soluciones a los ciudadanos. De modo que ahora se trata de instar al Gobierno a que, tras estudiarlas en profundidad, nos remita un informe sobre las reformas legislativas que habría que introducir en el ordenamiento jurídico español para resolver el problema que plantea el legado de los bienes digitales; hay quien habla de herencia digital, es una cuestión de actualidad, ya digo.

Esta iniciativa la presenta el Grupo Parlamentario Popular porque es inaplazable —no urgente, pero sí inaplazable— abordar la cuestión con seriedad y rigor; realizar un estudio profundo contando con la opinión, con el parecer, de los expertos en esta materia compleja que es la herencia de bienes digitales. El objeto de este trabajo es conseguir algunas propuestas de regulación razonable, puesto que es conveniente, es importante, sentar unas bases que faciliten las cosas a los ciudadanos en el momento en que tengan que decidir qué hacer con sus bienes, en este caso digitales.

En primer término, habría que delimitar qué se entiende por patrimonio digital, porque hay opiniones contradictorias: se habla de cuentas de correo, de perfiles sociales, que no parece que sean tan claramente integrables en el concepto de patrimonio digital, y cuyo destino lógico parece la cancelación, como preveía el artículo 2.4 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. Sí que es verdad que de 1999 y 2007 ha habido muchos cambios en las nuevas tecnologías y en los usos y costumbres de los ciudadanos en este mundo cada vez más digital.

Por otro lado, también se plantea el problema de que las personas vinculadas al fallecido no tuvieran conocimiento de la existencia de dichas cuentas o perfiles y no solicitaran su cancelación,




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o incluso el de supuestos de suplantación de la identidad de la persona fallecida. Por ello, la regulación propuesta también tendría el reto de establecer algunos límites a la vigencia de cuentas y perfiles, pudiendo preverse plazos durante los cuales, si no se registra actividad alguna en los mismos, se procediera a la cancelación. Algunas empresas prestadoras de servicios ya se autorregulan en este aspecto, y lo están haciendo.

Estrictamente, el patrimonio digital comprendería libros, música, películas o fotografías, y estos materiales proporcionados por un proveedor deberían ser entregados los herederos, que podrían hacer uso lícito de ellos; luego hablaré más extensamente del alcance del tema que hoy nos ocupa. En ocasiones, los herederos se pueden encontrar con estos materiales en dispositivos a los que acceden por el fallecimiento del titular, pero en otras puede que solo sepan que fueron adquiridos y tengan que requerir el acceso a ellos a la entidad a la que fueron comprados por el causante. Se trata, repito, de cuestiones complejas, muy técnicas, que muchas veces implicarán obligaciones también para sujetos que puedan no encontrarse en nuestro país o que estén sometidos a regulaciones diversas, coincidentes o no con la que se establezca en nuestra futura normativa española, que será sin ninguna duda comunitaria, de la Unión Europea y en el espacio europeo.

Como última cuestión, cabría decir que, para facilitar la resolución de estas cuestiones, habría que insistir en que se incluyan estos bienes en el caudal hereditario de los testamentos, así como las previsiones oportunas sobre su destino.

Para el Grupo Parlamentario Popular es un tema de actualidad, y así nos lo han hecho llegar colectivos que trabajan en esta cuestión y en materia de herencias, así como abogados de familia y sucesiones, y notarios. Es la transmisión mortis causa de los bienes y derechos acumulados durante la vida pero en el mundo digital, en soporte digital, y almacenados en dispositivos o servidores cuyo acceso está protegido. Estos bienes digitales pueden ser de muy variada naturaleza, lo comentaba ayer con algunos compañeros a quienes les preocupó y les inspiró curiosidad el contenido de la moción, puesto que puede influir y tener valor a la hora de tomar la decisión de quién se queda con el patrimonio digital que un ciudadano haya acumulado durante toda su vida. Por ejemplo, documentos, vídeos, imágenes de carácter personal o profesional guardados en PC, tablets, dispositivos móviles; documentos, vídeos, imágenes de carácter personal o profesional almacenados en servidores de terceros o en la nube; vídeos almacenados en plataformas de contenidos; música comprada pero almacenada en servicios como iTunes o Spotify; mensajes de correo electrónico en sistemas POP3 o WebMail, Yahoo, Gmail, Hotmail, SMS y mensajería instantánea; información compartida en redes sociales, Facebook y Tuenti, o en redes profesionales, como Linkedln; posts colgados en plataformas de blogging, microblogging, apuestas on line; la actividad bancaria on line, todo en red, sin contacto físico con ninguna entidad o persona y no residente en nuestro país, y dinero acumulado en servicios de pago electrónico —apuestas, etcétera—. Estamos hablando de unos bienes patrimoniales digitales que pueden alcanzar un valor elevado. Las formas de acceso a dichos contenidos incluyen sistemas de autenticación, como contraseña o firma electrónica. En principio, estas herramientas son de uso personal e intransferible, pero la necesidad o el derecho de acceder a la información protegida tras la muerte de una persona pueden obligar a que las utilicen terceras personas. Por eso el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno entienden que deben realizarse modificaciones en nuestra legislación sucesoria.

¿Por qué?: este es el motivo básico sobre el que pivota nuestra moción. Existe sin duda un vacío legal en lo relativo a la herencia digital, no existe una legislación sucesoria específica para resolver el legado de los bienes digitales, y la falta de adaptación de nuestra legislación podría colapsar la justicia y generar conflictos con asuntos legales digitales en los próximos cinco o diez años. Repito: partiendo de lo novedoso y complejo de este tema y de la dificultad para resolverlo, habría que matizar algunos aspectos. El Código Civil, cuando regula la sucesión de las personas, establece en su artículo 659 que la herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se extinguen por su muerte. Insisto en que estamos hablando de una cuestión compleja: no es posible hablar de vacancia de bienes a la muerte de una persona cuando hablamos de los bienes digitales: o bien le sucederá el heredero testamentario, o bien lo hará el legatario designado; a falta de ellos, los herederos intestados, y, a falta de todos ellos, el Estado, o, en su caso, las comunidades autónomas con derecho sucesorio reconocido.




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Es cierto que, derivada de la revolución digital que estamos viviendo en este siglo XXI, existe una ampliación de la esfera de bienes y derechos de las relaciones jurídicas que una persona entabla con medios electrónicos, que pueden quedar sin sucesor formal designado. Los herederos no lo conocen o tienen serias dificultades para conocer a qué legado digital tienen derecho; un legado que alcanzar un montante más elevado que los bienes físicos o patrimoniales al uso, como inmuebles o una simple cuenta corriente en un banco o caja de ahorros. Para que esto no suceda, las medidas que se adopten deberían establecer, sobre todo, mecanismos de seguridad jurídica preventiva, estableciendo un sistema de información y registro de destinatarios de servicios de la sociedad de la información para poder identificar usuarios y prestadores. Habría que valorar muy detenidamente las repercusiones que esto podría tener en el comercio electrónico, por ejemplo, o en las obligaciones de los proveedores de servicios de la sociedad de la información, puesto que podría crear una carga anticompetitiva frente a otros proveedores extranjeros no obligados a proporcionar esta información por no estar bajo la influencia de la legislación española o comunitaria.

La ocasión es propicia para actualizar la regulación sucesoria del Código Civil, sobre todo en materia de testamentos, así como para reconocer, con las debidas cautelas, la validez de la firma electrónica y, en general, de todos los nuevos soportes documentales amparados en las nuevas tecnologías. También hay que tener en cuenta —por eso el estudio tiene que abarcar diversos extremos— que la regulación de esta materia no es un tema doméstico, aunque resuelva temas familiares muy íntimos. Debe tenerse en cuenta que muchas de las empresas que operan en este mundo directa o indirectamente con lo que genera esa herencia digital, esos bienes digitales, ofrecen servicios de todo tipo y no tienen su sede en España, ni siquiera en la Unión Europea, lo que requiere un cuidadoso trato en cualquier reforma legislativa que planteemos. De ahí la necesidad de un informe valorado por expertos en el que se plasme una acción clara, concreta, del Gobierno, que puede afectar a diversos ministerios. Aquí hemos hablado de cuestiones que competen al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Industria, al Ministerio de Cultura —por la propiedad intelectual, por ejemplo—, y, también, cómo no, al Ministerio de Hacienda. Es un reto jurídico de los muchos que están planteando las nuevas tecnologías. Aquí podríamos estar hablando de muchas cuestiones, y no solo de sucesiones, herencia y legado de ese patrimonio digital. Estamos hablando de que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, internet y las redes sociales, plantean unos retos jurídicos novedosos. Pero hoy esto lo enfocamos desde un nuevo punto de vista, que es el de la muerte de una persona, lo que implica un novedoso concepto: el de la herencia digital. Podríamos hacer un amplio abanico, pero aquí lo estamos centrando en estas cuestiones, que no son pocas, y estamos hablando de los derechos de sucesión —Derecho Civil español—, así como de los bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se extinguen por su muerte, diferenciando la sociedad analógica, lo tangible, de la que ahora, en el siglo XXI, emerge, creando el patrimonio digital. Estamos hablando de cuestiones sensibles, de cómo debe gestionarse ese patrimonio digital, de cómo debe aconsejarse legalmente a las personas; no tanto a las más jóvenes, como a las que son inmigrantes digitales, muchas de las cuales se plantean ya el problema de su testamento. Por mi parte, creo que han de establecerse los instrumentos y la normativa adecuadas para orientar y para informar.

¿Qué es lo que se pretende? Tener un marco jurídico, unas normas básicas, unos consejos, una orientación en relación con colegios de abogados, notarios, registradores, Ministerio de Justicia y otros ministerios implicados, para que se tomen precauciones y se eviten problemas. Sobre todo, son necesarias unas recomendaciones claras y una legislación que hable de la cuestión, porque hay un vacío legal; una legislación que dé solución a todas aquellas cuestiones que plantean las herencias digitales, el patrimonio: cómo hacer un testamento, qué hacer con los asuntos resueltos on line por un ciudadano o la propiedad intelectual del patrimonio acumulado.

A lo largo de este año, 2014, la Unión Europea abordará estas cuestiones, y el Gobierno de España deberá valorarlas de forma acompasada. De ahí que propongamos que se haga un estudio que nos permita disponer cuanto antes de un marco normativo que cubra los vacíos legales y facilite soluciones, formación, información, claridad y transparencia, de modo que los ciudadanos que se planteen qué hacer con su herencia digital puedan tener las cosas más claras. Por eso les pido el apoyo a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Chiquillo.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Gil.

El señor GIL GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, buenos días. Hace pocas semanas tramitamos en esta Cámara la Ley general de telecomunicaciones y desde el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado propusimos regular de manera específica lo que se ha venido en llamar nuevos derechos en internet; concretamente lo hicimos mediante la presentación de una disposición final nueva.

Planteábamos entonces, con motivo del debate de esta ley y de la defensa de nuestra enmienda, la necesidad de que el Gobierno presentara a las Cortes un proyecto de ley de reforma integral de la Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico que incorporase las modificaciones derivadas de la normativa europea en materia de derechos de los usuarios y prestación de los servicios en internet. Además, en dicho debate planteamos que se incorporaran cuestiones muy sensibles, como la protección a la intimidad de colectivos en riesgo, en especial en los casos de violencia de género, aunque también determinadas cuestiones que hacen referencia a un tema muy de actualidad como es el derecho al olvido.

El Grupo Parlamentario Popular rechazó entonces esta enmienda, por eso cuando vi la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular sobre la materia me alegré, porque pensé que, a pesar del rechazo, algún poso les había dejado la propuesta realizada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tan solo tres semanas después nos dan la razón, o al menos en parte, ya que traen a esta Cámara esta moción que viene a rectificar en parte aquel rechazo. Sin embargo, el Grupo Parlamentario Socialista considera que lo hacen de manera poco concreta, es verdad. En este tema complejo y amplio creo que debemos encauzar los trabajos legislativos que parece que quiere emprender el Gobierno.

Por lo tanto, la enmienda que hoy presentamos a esta moción recoge de buen grado el guante que lanza el Grupo Parlamentario Popular pero a su vez encuadra, matiza y especifica el campo de acción de dicho proceso de estudio al que queremos instar al Gobierno. Y digo que nuestra enmienda lo encuadra porque establece un marco de colaboración y coordinación con las distintas comunidades autónomas y a la vez su integración en el marco regulatorio de la Unión Europea, y a ser posible también en leyes, marcos y recomendaciones de un ámbito superior regulatorio a nivel mundial. Señorías, los contenidos de internet, como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, son de índole global, así como su gestión y su conservación o, en su caso, su borrado. Los servidores y las empresas que contienen nuestras fotos, nuestros vídeos, todo ese patrimonio digital no están necesariamente en nuestro país, en España, sino que se pueden encontrar en Estados Unidos o en Asia, por ejemplo.

Pero nuestra enmienda también lo matiza, y lo hace al instar al Gobierno a abordar este asunto con la implicación de los sectores afectados: asociaciones, empresas y particulares, y con el suficiente consenso social y político previo. Desde luego, si existe un ámbito en el que la sociedad va muy por delante del legislador es este, el sector tecnológico y de la sociedad de la información. Por lo tanto, entendemos que algo tendrán que decir.

Por último, nuestra enmienda especifica que el desarrollo legislativo de esta cuestión se ha de ver reflejado también —y no solo— en la Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. En esta ley se deberían establecer e incluir los nuevos derechos digitales de los ciudadanos, como el de la herencia digital, incorporando algo muy importante para mi grupo en este caso: la preservación del derecho a la intimidad siempre, salvo voluntad expresa de la persona que fallece. La privacidad de las personas, nuestra correspondencia digital, nuestros e-mails no son un derecho transferible. Este se va con nosotros salvo que expresemos de manera clara la voluntad de hacer lo contrario.

Por tanto, señorías, estamos refiriéndonos a derechos que ya están consolidados en nuestro ordenamiento jurídico pero que, con la llegada de la sociedad de la información, se encuentran ahora mismo en muchos casos en un limbo legal o en el ámbito analógico que, entre todos, tenemos que intentar corregir o actualizar. Por ello, planteamos esta enmienda de sustitución que acota y define algo muy extenso, aspectos que perfectamente son asumibles tanto por el Gobierno como por la totalidad de los grupos en esta Cámara. Por ello, pedimos el apoyo a la enmienda de sustitución que presenta el Grupo Parlamentario Socialista.

Nada más. (Aplausos.)




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Gil.

Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Martí Jufresa.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gràcies, president.

Bon dia a tothom, senadors i senadores. Jo vull felicitar sense cap mena de recança al Grup del Partit Popular per haver portat aquesta qüestió a aquesta cambra i per plantejar-la obertament. Efectivament, és un tema d’actualitat, d’estricta necessitat, en el qual hauríem d’intentar no anar molt per darrera de la societat; no arribar tard, tampoc, en aquestes qüestions. I per això no tinc cap problema, insisteixo, en felicitar el Grup Popular per portar aquest tema, però crec que la intervenció del senador Chiquillo ha demostrat que la importància d’aquesta qüestió queda absolutament desproporcionada amb el text de la seva moció. Aquest és un tema profund, complex, que afecta a qüestions molt noves en l’imaginari de les nostres societats però que vostè, en la moció, circumscriu exclusivament al tema dels béns i el seu llegat després de la mort.

A nosaltres ens sembla que aquest plantejament és insuficient i és curt en termes de compromís; demana al Govern simplement un estudi en profunditat no se sap per quan ni fins quan, i curt en termes d’ambició, com a mínim al costat dels temes com la idea de patrimoni digital que vostè ha posat damunt de la taula —que nosaltres compartim i vostè també ha desenvolupat—, com a mínim al costat dels temes de l’herència dels béns que comporta tota l’altra qüestió de la identitat digital i de la memòria digital que ara també esmentava el senador Gil.

Per tant, la nostra esmena el que proposa és anar una mica més enllà, reforçar una mica, davant d’un tema tan important i tan urgent, el compromís; és a dir, demanar al Govern que faci propostes de reforma legislativa, no només que estudiï la situació sinó que faci propostes de reforma legislativa i anar més enllà del tema del llegat dels béns digitals per ampliar-ho a tota la qüestió de la memòria i la identitat digital. Crec que és raonable i proporcional, precisament amb la defensa que vostè ha fet de la moció, i espero que accepti la nostra esmena per poder-li recolzar la seva iniciativa.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

Buenos días a todo el mundo, senadoras y senadores. Quiero felicitar al Partido Popular por haber traído esta moción a esta Cámara. Efectivamente, es un tema de actualidad, de estricta necesidad, por lo que deberíamos intentar no ir muy por detrás de la sociedad. De todos modos, aunque he felicitado al Partido Popular por traer este tema y considero que la intervención del senador Chiquillo ha demostrado la importancia que tiene, esta ha quedado absolutamente rebajada con el texto de su moción. Este es un asunto profundo, complejo, que afecta a cuestiones muy nuevas en el imaginario de nuestras sociedades, pero que usted circunscribe exclusivamente a los bienes y a su legado después de la muerte.

Nos parece que este planteamiento es insuficiente y se queda corto en términos de compromiso; pedir al Gobierno simplemente que estudie en profundidad no se sabe para cuándo ni hasta cuándo nos parece insuficiente, y de corto alcance, en términos de ambición, como mínimo, al lado del resto de los temas. Nosotros compartimos la idea de patrimonio digital que usted ha puesto encima de la mesa, al menos en cuanto a la herencia de los bienes, lo que conlleva otra cuestión sobre la identidad y la memoria digital, que también mencionaba el senador Gil.

Por tanto, nuestra enmienda propone ir un poco más allá. Ante un asunto tan importante y tan urgente, pedimos que se refuerce el compromiso, que el Gobierno no solo estudie la situación sino que elabore propuestas de reforma legislativa y que se vaya más allá de aspectos relacionados con el legado de los bienes digitales para ampliarlo a la memoria y a la identidad digital. Creo que es razonable y proporcional, precisamente por la defensa que usted ha hecho de la moción, y espero que acepten nuestra enmienda para que podamos apoyar su iniciativa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí Jufresa.

Tiene la palabra el senador Chiquillo, para indicar si acepta o no las enmiendas.




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El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer el tono y, sobre todo, la propuesta que recogen las dos enmiendas, tanto la del Grupo Parlamentario Socialista como la del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Lamento profundamente no poder aceptarlas. Voy a ver si soy capaz de explicar por qué no las aceptamos, puesto que, siendo un tema complejo y muy amplio, la propuesta del Grupo Parlamentario Popular se ciñe al aspecto sucesorio, al vacío legal que existe en nuestro ordenamiento jurídico sobre las sucesiones y herencias. Podríamos hablar de lo que ustedes han planteado, que no es tan directo; pero la responsabilidad del Gobierno de España llega adonde llega, y tiene que aceptar otros criterios y otros mandatos. El derecho sucesorio en España, y en las comunidades autónomas que tienen derecho civil propio, tiene unas peculiaridades, que es lo que queremos abordar con el tema sucesorio.

Lo que propone la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista no tiene un objeto claro, entendemos; o, al menos, no tan claro como la moción que nosotros presentamos, ya que propugna la elaboración de un desarrollo legislativo propio para regular los nuevos derechos digitales de los ciudadanos —algo complicado de hacer de una manera general, tal como se dice en el extenso texto de la enmienda—, entre los que solo destaca los relativos a la herencia digital, la intimidad personal y familiar, y no concreta qué leyes hay que elaborar o modificar, salvo la Ley de los servicios de la sociedad de la información. Entendemos que esa falta de claridad deriva en la reutilización —que ha sido la justificación del Grupo Socialista— de las enmiendas presentadas en el trámite del proyecto de ley general de telecomunicaciones: las enmiendas 465 del Congreso y 142, del Senado, que tenían un objeto más ambicioso, no lo dudo, pero que no incluían ni citaban la regulación del legado digital. En todo el texto de esas enmiendas no se habla del legado digital. Sí se aludía a la protección de la intimidad de los colectivos vulnerables, a que la aplicación de la ley española fuera más beneficiosa para los usuarios, al consumo a través de la red, al emprendimiento, a cuestiones relacionadas con la economía en internet, etcétera. No sabemos en qué nuevos derechos digitales está pensando el Grupo Parlamentario Socialista con esa enmienda, por lo que el alcance del mandato al Gobierno es, cuando menos, incierto. Ya justificamos por qué rechazamos en el Senado esa enmienda a la Ley general de telecomunicaciones. Nosotros entendemos que la herencia o el legado digital podrían regularse en el Código Civil, con las demás disposiciones sucesorias, o bien desarrollarse en un instrumento específico. Hasta que no se aborde su regulación no podrá determinarse si la Ley de servicios de la sociedad de la información proporciona un soporte adecuado para esta cuestión. Si la regulación fuera muy extensa, esa ley no sería suficiente ni adecuada.

La enmienda del Grupo de la Entesa es mucho más sintética y clara que la anterior y podría ser intercambiable con la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular si, en primer lugar, suprimiera la relación, inadecuada a nuestro juicio, que establece entre la memoria digital y el derecho al olvido. Tan lejos como ayer, hubo una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que empieza a aclarar el derecho al olvido. Ahora tiene que haber una resolución de la Audiencia Nacional y de los órganos comunitarios para desarrollarlo. Y tan lejos como el lunes, día 12, los ministros de la Unión hablaron —y mucho— de internet: de que todos los derechos humanos on line deben estar también protegidos on line; de que no se pueden permitir restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de los medios de comunicación; de que los países, en un marco normativo europeo, deben asegurar unos sistemas legislativos que se adecuen a unas directrices y a unas garantías eficaces y efectivas de estos derechos. También proponían —el lunes, anteayer— que se promuevan las modificaciones legales, con las directrices europeas, para fortalecer la protección de datos y la privacidad.

Estamos hablando de cuestiones que el Gobierno de España no puede abordar en solitario —muchas de ellas, estas sucesorias, sí—. Muchas de las cuestiones planteadas por los dos grupos son difíciles de llevar a cabo, porque, como decía antes, durante 2014 se va a aprobar una directiva y al menos dos reglamentos sobre privacidad, intimidad y derecho al olvido. Sería inútil meter prisa al Gobierno de España para que apruebe un ordenamiento jurídico en tres meses, cuando en el mes de noviembre podría publicarse una directiva o dos reglamentos sobre esa materia, de automática aplicación en España y en la legislación española, y por ir con prisas, podría haber cuestiones no abordadas o que no estuvieran en sintonía con la armonización que pretende la Unión Europea. Insisto: es una materia muy compleja y, a la vez, muy sensible.




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El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El senador CHIQUILLO BARBER: Lamento no aceptar las enmiendas, pero aquí empieza un camino: el de este estudio, para trabajar juntos. Espero que nos encontremos para dar solución a las cuestiones que nos demandan los ciudadanos.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Chiquillo.

¿Turno en contra? (Denegaciones.)

Pasamos al turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

¿Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Asentimiento.)

Senadora Martínez, tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

El tema que están planteando y que ha traído a colación el Grupo Parlamentario Popular con esta moción es una materia apasionante y de plena actualidad. La verdad es que me debato entre apoyar la moción o abstenerme, y no lo tengo muy claro; seguramente hasta que termine la intervención no lo voy a decidir. Estoy de acuerdo con el señor Chiquillo en que es evidente que las herencias digitales suponen un problema al que tenemos que dar solución, porque es nuestra responsabilidad como legisladores, y también estoy de acuerdo en que es un problema urgente; urgente porque es cierto que los llamados patrimonios digitales existen y no está muy claro jurídicamente qué solución se les puede dar. Pero, por otro lado, tampoco puedo dejar de estar de acuerdo con las enmiendas que han presentado tanto la Entesa como el Grupo Socialista, porque, sinceramente, señor Chiquillo, difícilmente va a poder usted abordar el problema de las herencias digitales sin hacer una reflexión mucho más amplia y mucho más profunda sobre las modificaciones que las nuevas tecnologías están introduciendo en derechos y en conceptos básicos como, por ejemplo, el derecho de la propiedad.

¿Qué es propiedad? Examinando estos últimos días alguna documentación para intervenir en esta moción, di con un artículo que se titula: «La herencia y la transmisión mortis causa del patrimonio digital», en la que el propio autor viene a decir que, según el artículo 659 de nuestro Código Civil, la herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se extingan con su muerte y que, además, vienen sancionados por la Constitución, que en su artículo 133 reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, aunque en el punto 2 hace algunas salvedades respecto de la función social de estos derechos. Dice también este autor —y cito textualmente—: «Tanto en uno como en otro caso las limitaciones son evidentes y estas no están exentas de controversia jurídica. Por una parte, porque aunque el artículo 659 hace alusión a los derechos personalísimos que se extinguen con el deceso —por ejemplo, la personalidad civil se extingue con la muerte de las personas—, bien es cierto que sin embargo algunos de esos derechos o sus extensiones quedan latentes y vivas, pensemos en los aspectos relativos al patrimonio digital del causante en relación con los derechos de protección de datos personales, de protección de la propiedad intelectual o incluso en todo aquello que pudiese conectarse con los derechos al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen». Eso es lo que concretamente decía en este caso el senador Gil. Es decir, por mucho que sea cierto que la herencia digital constituye un problema concreto, lo que no podemos hacer es abordar ese problema concreto sin hacer referencia al fondo de la cuestión; y el fondo de la cuestión no es otro que las nuevas tecnologías han entrado en nuestras vidas, han entrado para quedarse y han entrado para desarrollarse, y eso lo que está suponiendo es que se esté modificando el equilibrio entre derechos que asisten a las personas: el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad de información, el derecho de propiedad intelectual o el derecho al olvido, porque también es cierto que las nuevas tecnologías están creando nuevos derechos o nuevas formas de entender derechos tradicionales, lo que se llaman los derechos de los internautas. Hoy, concretamente, todos hemos podido ver en las noticias la última sentencia de Estrasburgo referida al derecho al olvido. Esta es precisamente una sentencia en la que los jueces han pretendido adaptar a este entorno digital dos de esos derechos; y sin duda son más las sentencias que van a venir para adecuar la legislación; una legislación que no contempla para




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nada, salvo contadas excepciones —hay algunos casos en el Reino Unido y en algunos Estados americanos—, la dimensión digital de la realidad. Por lo tanto, tengo mis dudas.

Es cierto que la moción no es oportuna, pero también lo es que sería mucho más completa y estaría mejor planteada si se hubiese incorporado la enmienda de la Entesa, porque cualquier trabajo que vaya a hacer su grupo parlamentario, una ponencia que podamos crear, incluso el Gobierno va a tener que enfrentarse realmente a estas cuestiones que son básicas. Por ejemplo, el concepto de propiedad, ¿las propiedades digitales existen o no existen? ¿Estamos hablando de propiedad digital o estamos hablando de licencias digitales? ¿Yo tengo un patrimonio digital real o lo que tengo es un repositorio digital de licencias y de cuestiones que ni siquiera se sabe muy bien de quiénes son? Por ejemplo, en el caso de los libros electrónicos, que yo puedo comprar a través de las aplicaciones o a través del comercio on line —la mayoría de los grandes editores tienen hoy en día a disposición de los usuarios la posibilidad de hacer compras, no ya de libros que nos manden a casa, sino de libros digitales, los famosos ebook—, ¿qué estoy comprando, un libro o una licencia para acceder a un archivo digital? No está nada claro, no está en absoluto claro; ni lo tengo claro yo ni lo tienen claro los jueces. En cuanto a las fotos que yo albergo en la red, está claro que la propiedad intelectual es mía porque son fotografías que he hecho yo. Pero en el momento en que cuelgo y comparto esas fotos en una red social o las albergo en el servidor de una red social, como Facebook, ¿hasta dónde queda salvaguardado, no ya mi derecho a la intimidad, sino hasta qué punto realmente la propiedad de esas fotos sigue siendo mía o es compartida con esa red social? No olvidemos que cuando accedemos a redes sociales o a plataformas on line firmamos un contrato de licencia. Y muchas veces firmamos un contrato que incluso puede aparecer en inglés y en el que admitimos sin más «yo acepto» por agilizar los trámites. Es decir, aunque yo tenga un albacea digital y aunque realmente quiera transmitir a mis hijos o a mis herederos lo que considero que es mi patrimonio digital, siempre va a estar sujeto a la interpretación que pueda hacer una red social, un servidor, la nube en la que tenga albergados esos contenidos o bien la que pueda hacer un juez en función de las condiciones de licencia de uso que yo firmase en su día.

Está claro que hay que poner orden, hay que establecer exactamente cómo quedan los derechos fundamentales que he mencionado, tocados, trastocados, transformados o como se puedan redefinir en función de la nueva realidad digital que estamos planteando.

Quizás sea en el tema de la herencia digital donde más claro tengo que efectivamente las legislaciones que elaboren las autoridades competentes, sea a nivel de Estado o sea a nivel de comunidades autónomas, puedan tener algún sentido, porque es cierto que en la mayoría de las veces, por ejemplo, en derecho foral, ya están planteadas este tipo de cuestiones. Pero respecto del trasfondo de lo que supone realmente para la conculcación o no de los derechos personales que todos conocemos, la irrupción de las nuevas tecnologías y lo cambiante de esta realidad, entiendo que sería mucho más eficiente un análisis a nivel europeo, porque nos estamos enfrentando a problemas globales; es decir, el trastoque del derecho de la propiedad es tan global que entiendo que la reflexión se tiene que hacer a nivel europeo y no mediante una legislación de corto alcance, territorial, porque —insisto— son cuestiones que se están planteando de forma global y afectan a todos los ciudadanos y países por igual. No podemos permitir que el contenido y el alcance de estos derechos estén sujetos a la interpretación subjetiva que se pueda hacer en un determinado momento de las condiciones de uso de los entornos digitales.

En ese sentido, tener una legislación común, que no deje nuestros derechos en manos exclusivamente de la interpretación comercial que en su momento puedan haber hecho determinadas plataformas, entiendo que es una cuestión urgente, si bien debemos tratarla con tranquilidad, sin plantear los entornos digitales como si se trataran de una amenaza, sino simplemente como una oportunidad y una realidad cambiante. Y desde esta reflexión serena, desde esta reflexión en la que entiendo que han de tomar parte muchos actores, desde múltiples ámbitos legales, jurídicos, de plataformas, de empresas y de los propios internautas, no estaría de más que se replantease la posibilidad de ampliar el marco de reflexión y el marco de debate, no solamente sobre la cuestión de las herencias digitales, que es cierto que es un gran problema, sino también sobre la cuestión fundamental que subyace, que es la transformación social a nivel económico, jurídico, político y de derechos que estamos viviendo debido a la irrupción de las nuevas tecnologías.

Gracias.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Martí Jufresa.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gràcies de nou, president.

Senyories, a aquestes alçades crec que sabem que el més rellevant d’internet no és que sigui immaterial. No en va, l’essència de l’humà és immaterial. Des de fa segles la filosofia, la ciència i l’art han creat un espai del simbòlic on neixen i creixen les idees que després regeixen el nostre món i que ens indiquen com vivim i cap a on volem portar el nostre món. Tampoc el que és rellevant d’internet és la seva potència tecnològica per emmagatzemar i distribuir informació i generar una comunicació gairebé instantània. Aquesta és, sense dubte, una revolució, però és una revolució que té a veure segurament més amb qüestions quantitatives que no qualitatives, i la història de la humanitat n’ha viscut algunes altres: la impremta, la fotografia, la ràdio, la televisió, el cinema, segurament configuren canvis estructurals tant o més profunds en aquest entorn més tecnològic de la informació i la comunicació. Allò que és rellevant d’internet, s’ha dit aquí i suposo que tots ho compartim, senyories, és que s’ha convertit en una autèntica extensió del món real. No és un espai imaginari, no és un espai on es generen continguts que després s’aplicaran en el món real, sinó que és ja un espai pròpiament d’aquest món real; un espai on es viu amb tota la complexitat i l’extensió d’aquesta paraula.

A internet es generen identitats, es generen vincles econòmics, vincles socials, es fa política i, efectivament, neixen i sorgeixen nous béns; i per això, allò que vostè subratlla, és altament significatiu. La mort, que segurament és la part més clara, nítida i definitòria de la vida real, també existeix i també impacta i té a veure amb el món d’internet. Les idees i les representacions es veuen en la seva aplicació i, per tant, es transformen i es concreten en un entorn de drets i d’obligacions i, per això, té tot el sentit que el dret, és a dir, la màxima expressió de la llei i de la legislació, també entri en el món d’internet, perquè precisament forma part i és ja una extensió de la vida real. I per això és urgent l’actualització i l’adequació de les lleis i del dret a allò que representa i significa el món d’internet.

Vostè ha fet referència a una qüestió encara més central que el tema de la mort, que és el tema dels drets humans. No podem entendre internet com un espai fora dels drets humans perquè, repeteixo, internet és el món mateix, és una extensió del món mateix i no podem concebre que no hi regeixin els drets humans, com no podem concebre —com senyala la seva proposició— que els temes de la mort no estiguin resolts i ben tractats. Ara bé, com li he dit abans, senador Chiquillo, els temes de la mort relacionats amb el patrimoni que es pugui generar en aquest món digital ens sembla, modestament, que va més enllà de l’estricta qüestió en què vostè acaba sintetitzant la proposta, que són els béns concrets, els béns homologables als béns materials que coneixem normalment. A través dels comptes que generen les xarxes socials i els continguts dels arxius digitals neixen tot un seguit de qüestions diferenciades que tenen a veure amb la identitat i la memòria digital, que em sembla que són d’una naturalesa molt similar al que vostè planteja i que té tot el sentit incorporar-ho. És més, crec que s’enriqueixen mútuament, i subscric moltes de les paraules que deia la senadora Martínez: enriqueix mútuament una qüestió i l’altra.

L’entorn legislatiu en què haurem de treballar per una qüestió o l’altra serà molt similar: dret civil, protecció de dades, propietat intel·lectual, propietat industrial, etcètera. Vostè també ho ha citat. Per tant, senador Chiquillo, insisteixo, no entenc per què no accepta la nostra esmena; no entenc per què posa tant el fre de mà a l’hora d’abordar aquesta qüestió. Vostè diu que val més ser limitat i no tenir presa. Si és que la nostra esmena no diu res de terminis! Aquí no estem parlant de terminis, aquí estem parlant de compromís, de voluntat real d’abordar aquesta qüestió i que el Govern es comprometi amb reformes legislatives, no només amb estudiar, no només amb plantejar el tema, sinó amb efectivament abordar propostes concretes de transformació legislativa. I després un tema d’ambició, un tema d’anar una mica més enllà, de no voler-se cenyir estrictament a allò que per analogia —valgui la metàfora— ens prové en el món del patrimoni i de les herències estrictament d’allò que fins ara entenem com llegats després de la mort.

Insisteixo, crec que és perfectament abordable aquesta qüestió, que és no només desitjable sinó molt necessari abordar aquesta qüestió amb una amplitud de mires que vostè no planteja en el text concret de la moció. El nostre grup parlamentari, lamentant-ho molt, si vostè es manté en no




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acceptar l’esmena, no podrem recolzar-li. Òbviament estem d’acord, com he dit abans, que aquest sigui un tema a debat i, per tant, votar en contra no tindria cap sentit, però tampoc ens sembla que seríem coherents amb els nostres plantejaments i amb allò que la societat demana si li recolzéssim aquesta proposició —perdoni’m l’expressió— una mica xata i mancada d’ambició, que no està a l’alçada dels reptes, de la profunditat dels reptes, que aquest món virtual ens general.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Gracias de nuevo, señor presidente.

Señorías, a estas alturas creo que sabemos que lo relevante de internet no es que sea inmaterial. No en vano, la esencia de lo humano es que es inmaterial. Desde hace siglos la filosofía, la ciencia y el arte han creado un espacio de lo simbólico, donde nacen y crecen las ideas, ideas que después rigen nuestro mundo y nos indican cómo vivimos y hacia dónde queremos llevar nuestro mundo. Tampoco lo más relevante de internet es su potencia tecnológica para almacenar y distribuir información y generar una comunicación casi instantánea. Esta es, sin duda, una revolución, pero es una revolución que tiene que ver seguramente más con cuestiones cuantitativas que cualitativas. La historia de la humanidad ha vivido algunas otras: la imprenta, la fotografía, la radio, la televisión, el cine, que configuran cambios estructurales tanto o más profundos que este entorno más tecnológico de la información y la comunicación. Lo relevante de internet, como aquí se ha dicho y supongo que todos compartimos, señorías, es que se ha convertido en una auténtica extensión del mundo real. No es un espacio imaginario, no es un espacio donde se generan contenidos que después se aplican al mundo real, sino que es ya un espacio propiamente de este mundo real; un espacio donde se vive con toda la complejidad y la extensión de esta palabra.

En internet se generan identidades, se generan vínculos económicos, vínculos sociales, se hace política y, efectivamente, nacen y surgen nuevos bienes; por ello, lo que usted subraya es altamente significativo. La muerte, que seguramente es la parte más clara, más nítida y definitoria de la vida real, también existe, también pacta y tiene que ver con el mundo de internet. Las ideas y las representaciones se ven en su aplicación y, por lo tanto, se transforman, se concretan en un entorno de derechos y obligaciones, por lo que tiene todo el sentido que el derecho, es decir, la máxima expresión de la ley y de la legislación, también entre en el mundo de internet, porque precisamente forma parte y es ya una extensión de la vida real. Es urgente, pues, la actualización y la adecuación de las leyes y del derecho a lo que representa y significa el mundo de internet.

Usted ha hecho referencia a una cuestión todavía más central sobre la muerte: los derechos humanos. No podemos entender internet como un espacio fuera de los derechos humanos porque, repito, internet es el mundo mismo, es una extensión del mundo mismo, y no podemos concebir que no rijan en él los derechos humanos, como no se puede concebir —como señala su proposición— que los temas de la muerte no estén resueltos y bien tratados. Ahora bien, como le he dicho antes, senador Chiquillo, los temas de la muerte relacionados con el patrimonio —el patrimonio que se pueda generar en este mundo digital— nos parece, modestamente, que van más allá de la estricta cuestión con la que usted acaba sintetizando la propuesta, que son los bienes concretos, los bienes homologables a los bienes materiales que conocemos normalmente. A través de las cuentas que generan las redes sociales y los contenidos de los archivos digitales nacen una serie de cuestiones diferenciadas que tienen que ver con la identidad y la memoria digital, y me parece que son de una naturaleza muy similar a lo que usted plantea y que tiene todo el sentido incorporarlo. Es más, creo que enriquecen el documento. Suscribo muchas de las palabras que decía la senadora Martínez: creo que una cuestión y otra se enriquecen mutuamente.

El entorno legislativo en el que debemos trabajar en una cuestión u otra es muy similar: derecho civil, protección de datos, propiedad intelectual, propiedad industrial, etcétera. Usted también lo ha citado. Por lo tanto, senador Chiquillo, insisto en que no entiendo por qué no aceptan nuestra enmienda; no entiendo por qué ponen tanto el freno de mano en el momento de abordar esta cuestión. Usted dice: es mejor ser limitados y no tener prisa. ¡Si es que nuestra enmienda no dice nada de plazos! Aquí no estamos hablando de plazos, estamos hablando de compromiso, de voluntad real para acometer esta cuestión y de que el Gobierno se comprometa no solo a plantear el estudio del tema, sino a abordar propuestas concretas de reforma legislativa. Y después hay un tema de ambición, de ir un poco más lejos y de no querer ceñirse estrictamente a aquello que por




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analogía —valga la metáfora— nos conviene en el mundo del patrimonio, de las herencias, estrictamente en lo que ahora entendemos como legado después de la muerte.

Insisto, creo que esta cuestión es perfectamente abordable, y no sólo es deseable sino muy necesario tratarla con una amplitud de miras que usted no plantea en el texto concreto de la moción. Por consiguiente, lamentándolo mucho, si usted se mantiene en no aceptar esta enmienda, mi grupo parlamentario no podrá darle apoyo. Obviamente estamos de acuerdo, como he dicho antes, en que este es un tema que hay que debatir y, por lo tanto, votar en contra no tendría sentido, pero tampoco seríamos coherentes con nuestros planteamientos y con lo que la sociedad pide si diéramos apoyo a esta proposición —perdónenme la expresión— un poco falta de ambición y que no está a la altura y profundidad de los retos que este mundo virtual nos genera.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí Jufresa.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Parera.

La señora PARERA ESCRICHS: Moltes gràcies, senyor president.

La presència cada cop més gran d’internet en la nostra vida fa que ens plantegem com deixar als hereus fitxers digitals, serveis online, claus d’accés, etcètera. De fet, el Col·legi d’Advocats de Barcelona recentment ha recomanat la designació en el testament d’un marmessor digital, però a dia d’avui aquesta figura no està recollida en el nostre ordenament jurídic, amb tota la problemàtica que això comporta.

En l’actualitat cada xarxa social, gestor de correu electrònic o espai virtual tenen les seves pròpies normes de procediment en el cas de defunció d’un dels seus usuaris. Fins i tot hi ha serveis a la xarxa que faciliten el llegat digital guardant claus d’accés i arxius digitals per als familiars. Però la qüestió és molt més complexa que no aparenta. Només a tall d’exemple, quan obrim un compte en una xarxa social o un compte de correu estem subscrivint un contracte amb l’empresa responsable d’aquest servei. Per tant, es pot entendre que aquests tipus de contractes són personalíssims i, en conseqüència, difícilment hi tindria cabuda una subrogació en el seu ús per part dels hereus. No podem oblidar la confidencialitat que mereixen les persones que van intercanviar en el seu dia missatges amb el difunt. Diferent és el cas dels drets d’ús adquirits sobre obres subjectes a propietat intel·lectual de tercers. Aquí podríem entendre que existeix un dret patrimonial de caràcter personal, que no personalíssim, i per tant res no impedeix que es puguin heretar les còpies digitals. És evident, per tant, que es requereix un estudi molt més en profunditat de la qüestió.

Compartim la necessitat de consultar els experts, compartim el criteri que és una qüestió inajornable. Estem d’acord amb la moció del Grup Popular i, per tant, no hem presentat cap esmena a la mateixa, tal i com està plantejada, ja que és ben cert que és necessari un estudi molt més en profunditat i no creiem que una moció sigui l’instrument per acotar una qüestió tan complexa com aquesta. Entenem que si la moció la proposa el Grup Popular és perquè el Govern té intenció de regular-ho. Per tant, tampoc no entenem que sigui necessari acotar via una esmena un temps màxim per dur a terme aquesta regulació. En definitiva, sense més dilació, només confirmar el nostre vot favorable a aquesta moció tal i com està plantejada pel Grup Popular.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

La presencia cada vez mayor de internet en nuestra vida hace que nos planteemos cómo dejar a los herederos fichas digitales, claves de acceso, etcétera. De hecho, el Colegio de Abogados de Barcelona recientemente ha recomendado la designación en el testamento de un albacea digital, pero hoy en día esta figura no está recogida en nuestro ordenamiento jurídico, con toda la problemática que ello comporta.

En la actualidad cada red social, gestor de correo electrónico o espacio virtual, tiene sus propias normas de procedimiento en el caso de defunción de uno de sus usuarios. Incluso existen servicios en la red que facilitan el legado digital guardando claves de acceso y archivos digitales para los familiares. La cuestión es mucho más compleja de lo que parece. Solo, a modo de ejemplo, cuando abrimos una cuenta de correo en una red social estamos suscribiendo un contrato




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con la empresa o responsable de este servicio. Por lo tanto se puede entender que este tipo de contratos son personalísimos y, en consecuencia, difícilmente tendría cabida una subrogación en su uso por parte de los herederos. No podemos olvidar la confidencialidad que merecen las personas que intercambiaron en su día mensajes con el difunto. Es distinto el caso de los derechos de uso adquiridos sobre obras sujetas a propiedad intelectual a terceros. Aquí podríamos entender que existe un derecho patrimonial de carácter personal, que no personalísimo, y por lo tanto nada impide que se puedan heredar las copias digitales. Es evidente que es necesario un estudio a fondo de la cuestión.

Compartimos la necesidad de consultar a los expertos, compartimos el criterio de que es una cuestión inaplazable. Estamos de acuerdo con la moción del Grupo Popular, por lo que no hemos planteado ninguna enmienda. Consideramos necesario un estudio mucho más en profundidad y no creemos que una moción sea el instrumento para acotar una cuestión tan compleja como esta. Entendemos que si el Grupo Popular ha propuesto la moción es porque el Gobierno tiene intención de regular. Por lo tanto, tampoco entendemos que sea necesario acotar vía una enmienda un tiempo máximo para llevar a cabo esta regulación. En definitiva, sin más dilación solo me queda confirmar nuestro voto favorable a esta moción tal y como está planteada por el Grupo Popular.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Parera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Gil García.

El señor GIL GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Es verdad que prácticamente sin darnos cuenta todos o casi todos estamos acumulando un intenso patrimonio o archivo digital de nuestra propia vida en la red. Esto está sucediendo, pero la cuestión es qué ocurrirá con toda esa información cuando hayamos muerto. ¿Qué ha ocurrido con aquellas personas que han fallecido sin dejar dicho a nadie las claves de su ordenador o de acceso a la nube donde guarda, por ejemplo, las intervenciones que hoy estamos haciendo aquí en esta Cámara? ¿Qué han hecho los compañeros de trabajo, por ejemplo, con todos los documentos que esas personas tenían guardados en esa nube y con esas claves? Así pues, debemos preguntarnos si la moción que hoy trae el Grupo Popular da respuesta, tal y como viene planteada, a estos temas. Mi grupo parlamentario opina que no, porque consideramos que es demasiado genérica y claramente incompleta. Y, senador Chiquillo, entiendo perfectamente que usted lamente no poder aceptar la enmienda que presenta el Grupo Socialista, porque sé que usted sabe que lo que estamos planteando en ella nos lo vamos a encontrar por el camino si realmente hay una voluntad clara de hacer frente a este problema. Tiempo al tiempo, señoría.

La inquietud del Grupo Socialista era cómo dar forma a esta moción para que fuera realmente útil y efectiva, y la respuesta es bien simple: buscando la manera de que los ciudadanos tengan garantizado el derecho a borrar o a conservar sus bienes digitales, y por supuesto con todas las garantías jurídicas. Es verdad, en España no existe actualmente una legislación sobre derecho sucesorio que aclare de forma específica la cuestión del legado de los bienes digitales, por lo que en estos momentos existe un vacío legal que comienza a plantear algunos problemas a familiares, albaceas, notarios y abogados. La legislación actual sobre herencias nos habla de bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se hayan extinguido con su muerte, por lo que podríamos deducir que también debería incluir bienes y obras digitales. Aun así, cuando los abogados, notarios y juristas se encuentran con un caso en el que una persona desea legar sus bienes digitales, una de las opciones que están planteando consiste en incluir epígrafes específicos para resolver la gestión de este tipo de herencia con inventario exhaustivo de las actividades y bienes digitales, como las redes sociales, las cuentas de correo electrónico y los bienes digitales depositados en la nube o comprados directamente. Además, en este capítulo deben figurar de forma clara y explícita los deseos del difunto respecto a la cancelación o no de sus cuentas o sobre lo que deben hacer sus herederos con ellas y en general con todo su patrimonio digital acumulado.

Pero, ¿qué ocurre a la hora de llevar a la práctica la gestión de ese legado digital? Creo que ahí está el meollo de la cuestión; son los temas de fondo que planteaba la senadora Martínez. ¿Cuál es la realidad con la que se topan los gestores o los herederos de estos bienes digitales? Porque la realidad nos dice que en algunos casos distan bastante de poder ser disfrutados como




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cualquier otro tipo de bienes terrenales —y creo que este es el término que ha utilizado el senador Chiquillo—. En el mundo digital nos encontramos con un limbo legal que permite a empresas de internet o tiendas on line, como, por ejemplo, iTunes, establecer en sus condiciones que los contenidos descargados a través de su plataforma no puedan ser compartidos con terceros, aunque tengan relación directa de parentesco. Llevamos menos de diez años haciendo compras de forma masiva en internet, pero ya se puede dar el caso de que, por ejemplo, una gran colección de música acumulada durante años pueda perderse con el fallecimiento de su propietario, y por tanto, no pueda ser disfrutada por la persona a quien se lo ha dejado.

Frente a esta situación de enorme indefinición, algunas redes sociales y webs, como Facebook y Google, están implementando diversas soluciones basadas en la autorregulación, sobre todo para poder eliminar cuentas, correos electrónicos, fotos, etcétera, en caso de fallecimiento, pero lógicamente esto no es suficiente, pues deja la puerta abierta a la arbitrariedad, por lo que es necesario legislar al respecto.

Como ya le decía en el turno de defensa de las enmiendas, en el debate en esta Cámara de la Ley general de telecomunicaciones el Grupo Socialista incluyó una enmienda que instaba al Gobierno a la modificación integral de la Ley de servicios de la sociedad de la información para abordar, senador Chiquillo, los nuevos derechos en internet. Quizá deberíamos plantearnos si sería necesario elaborar una carta de cuáles son esos nuevos derechos en internet con la participación, no solo de los grupos parlamentarios, sino de los usuarios, organizaciones y plataformas que velan por estos derechos. Le recomiendo que haga un rastreo en Google y verá cómo hay varias iniciativas en marcha sobre la necesidad de acometer este tema. Y por ahí va nuestra enmienda.

Señorías, puede ser necesario legislar sobre este asunto, pero nuestro grupo, en la primera parte de nuestra enmienda a la moción del Grupo Parlamentario Popular, hace suyas, senador Chiquillo —y por eso no entiendo el rechazo a esta moción—, las palabras que el propio secretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, don Víctor Calvo-Sotelo, en su comparecencia en la ponencia sobre riesgos derivados del uso de la red por parte de los menores, hacía el día 9 de mayo de 2013, y decía: »...en las partes normativas es muy importante buscar el espacio de la Unión Europea como actor fundamental, es decir, en la globalización, y más en el mundo virtual, donde la imposición de barreras locales no ayuda a los ciudadanos ni a los consumidores de los países».

La primera parte de nuestra enmienda prácticamente recoge lo que venía a decir el secretario de Estado. Por lo tanto, no entiendo que ni siquiera hayan intentado transaccionar esta primera parte porque creo que hubiera mejorado notablemente la moción.

Efectivamente, el camino lo está marcando Europa, pero de momento solo mediante la vía jurisprudencial con las sentencias del Tribunal de la Unión Europea, como en el caso Oracle sobre la transmisión de esas licencias, por ejemplo, en materia de libros electrónicos o la que conocíamos ayer, la sentencia sobre el derecho al olvido.

En definitiva, señorías, nuestro ordenamiento jurídico respecto a la gestión del legado de bienes digitales tiene formato, tiene contenidos y espíritus analógicos, y esto conlleva un limbo legal que redunda en la aparición de la arbitrariedad y, señorías, creo que estaremos todos de acuerdo en esta Cámara con que la arbitrariedad es contraria al derecho.

Legislemos, pues, pero teniendo en cuenta la trascendencia de lo que tenemos entre manos. De ahí nuestra enmienda, que lamentamos que sea rechazada porque consideramos que este rechazo limita las posibilidades reales de atender a fondo esta cuestión. Va a quedar una moción que a nuestro juicio no encuadra ni especifica suficientemente el campo de acción de ese estudio al que queremos orientar o instar al Gobierno para legislar sobre esa materia, y aun compartiendo la oportunidad en la presentación de esta moción, aun compartiendo la necesidad de abordar este problema desde el punto de vista del derecho civil y del derecho sucesorio, creemos que no aceptar la propuesta de abrir el abanico legislativo —y repito, senador Chiquillo, que en el camino nos encontraremos y verán ustedes cómo es necesario acometer estas cuestiones porque estoy absolutamente convencido de lo que estoy diciendo y sé que usted es un buen conocedor de la materia tecnológica y sé que algo de esto sabe— nos lleva a anunciar que mi grupo se abstendrá en la votación de esta moción. De todas maneras, senador Chiquillo, acepto esa invitación para que cuando el Gobierno traiga aquí estas propuestas de modificación legislativa las debatamos y,




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si es posible, recuperemos el espíritu de consenso que nos inspiró durante la tramitación de la Ley general de telecomunicaciones, donde creo que asentamos un marco a partir del cual desarrollar muchas cuestiones, entre ellas esta. Recuperemos ese espíritu, abramos la mano a la participación y al consenso y regulemos sobre esta materia en condiciones.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Gil.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Chiquillo.

El senador CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.

Agradezco el tono y la predisposición de todos los portavoces que han intervenido en defensa de sus enmiendas y para valorar la moción, y reitero la invitación de mi grupo —que hace suya la voluntad del Gobierno— a que nos encontremos en este camino que hoy empezamos del estudio en profundidad de estas reformas legislativas; a que nos encontremos para dar solución a una cuestión importante, una cuestión que tenemos que abordar sin prisa pero sin pausa. Reitero mi gratitud a los que van a votar a favor y a los que se van a abstener de manera positiva. Coincidimos en gran parte de lo que hoy hemos hablado y esta es una cuestión que hay que abordar con seriedad y con rigor. Está claro que, cuantos más seamos, mejor resultado legislativo obtendremos de este trabajo.

En la exposición de motivos de la moción, que ustedes habrán leído un par de veces como yo hago siempre—, nos referimos al vacío legal en lo relativo a la herencia digital, ya que no existe una legislación sucesoria específica. Hemos acotado en esta moción aquello de lo que queremos hablar porque, en el mundo de internet, de las nuevas tecnologías, podemos hablar del derecho al olvido, de ciberguerra, de ciberterrorismo, de ciberespionaje o de ciberespionaje industrial, y todo afecta a la propiedad de una persona; y a una persona que es espiada, cuyo prototipo es robado en la red, se le causa un perjuicio patrimonial. El abanico es tan amplio como queramos, porque todo lo que vivimos en el día a día y cara a cara en la vida analógica, en la vida real, se está trasladando al mundo virtual. Por eso acotamos la cuestión al legado de los bienes digitales y a las reformas legislativas en derecho de sucesiones: porque existe un vacío legal en lo relativo a la herencia digital y no existe una legislación sucesoria específica para resolver el legado de los bienes digitales. Tenemos que adaptar nuestra legislación para evitar problemas a los ciudadanos y el colapso en la Justicia en asuntos legales digitales referidos a la materia sucesoria y hereditaria.

El Grupo Parlamentario Socialista, en su enmienda, en debates sobre la materia y hoy mismo, aludía a dos derechos que menciona expresamente: el derecho a la intimidad, que tiene su normativa propia, a la que se remite —la Ley de servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico en sus artículos 1.2 y 19.2—, y el derecho al olvido; también a otras nuevas manifestaciones del derecho a la intimidad en internet, que serán recogidas en un reglamento comunitario sobre protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de estos datos. Como todo reglamento comunitario, será de aplicación directa en España una vez publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. No podemos meter prisas en lo relativo al derecho a la intimidad, al derecho al olvido o a la protección de las personas físicas, en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y decir que se resuelva en tres meses; porque, si llega el día 1 de noviembre y la Unión Europea publica un reglamento, este nos pillará en trámite legislativo que tendremos que adecuar a ese reglamento.

El derecho al olvido es una de las facultades que comprende el derecho a la protección de los datos personales y, como todos los derechos de la personalidad, se extingue con la muerte. Podían ejercerlo las personas vinculadas al fallecido, en aplicación del artículo 2.4 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/99, aprobada por Real Decreto 1720/2007, como he citado en mi primera intervención, pero no forma parte de la herencia o legado que una persona deja a sus sucesores, porque no ejercen el derecho en nombre propio sino en sustitución y en favor del fallecido. Recordamos que este derecho será regulado en breve —así lo han dicho instancias comunitarias— por un reglamento comunitario, por lo que no daría tiempo a aprobar una ley nacional que, acto seguido, sería desplazada por un reglamento; ya hemos dicho que la Unión Europea va a adoptar durante 2014, sobre estas materias que afectan a lo tecnológico, no solo una directiva, sino diversos reglamentos que están a punto de salir. Por eso consideramos que en




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esta moción no deberían incluirse cuestiones de derecho al olvido. Además, se ha citado la sentencia de ayer; ahora la Audiencia Nacional tendrá que resolver esas cuestiones.

El Grupo Convergència i Unió, a quien agradezco el voto favorable, ha comentado el buen trabajo que ha hecho el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona sobre gestión del patrimonio digital ante el vacío legal que hay y el nombramiento del albacea digital, que no se ha suscitado más que en algunas cuestiones, porque empieza a ser un problema, un interrogante y, sobre todo, fuente de conflictos hereditarios. Incluso se ha hablado de que el testamento digital puede dar lugar a una herencia conflictiva. Por eso hay que cubrir ese vacío legal con rigor y profundidad solo en la cuestión sucesoria. Repito que, aunque podríamos abordar otras cuestiones, no son el motivo de la urgencia de la moción que hemos presentado ni parte del trabajo que debemos realizar sobre el derecho sucesorio y hereditario. El Colegio de Abogados de Barcelona señala, por ejemplo, que las cuentas de correo electrónico deberían aparecer en el testamento digital, del que ahora hablaré. Son importantes los correos electrónicos de un fallecido por la cantidad de información que pueden contener. De hecho, la información almacenada en una cuenta de correo puede ayudar a los herederos, si se enteran de que existe esa cuenta y de cuáles son las claves de acceso, a emprender acciones legales, reivindicar créditos o acreditar el pago de deudas. Este asunto no puede quedarse en el limbo de la red; puede ocurrir que muchos de nosotros tengamos una cuenta de correo que no conozcan nuestros hijos y que ahí se encuentre la documentación clave para demostrar que una deuda se ha saldado o que tenemos derecho a un crédito de un deudor. Y lo mismo sucede con la propiedad intelectual.

En este asunto complejo nuestra iniciativa se refiere al testamento digital para evitar que esa herencia sea conflictiva. En cuanto a los testamentos, una cosa sería el testamento tradicional y otra los documentos de testamentos digitales, cuestión que no está regulada; tiene que quedar bien claro que el testamento digital no anula el testamento tradicional, pues, como ustedes saben, un testamento posterior anula el anterior. El testamento general plantea unos asuntos pero no recoge cuestiones digitales ni de cuentas corrientes; si no, todos los herederos se podrían enterar de las claves y contraseñas, y quizá la persona que elabora el testamento no quiere que todos los herederos tengan conocimiento de una cuenta corriente digital o de una cuenta que aparece en correos electrónicos, sino solo un heredero concreto. Esta situación podría provocar un contrasentido. Por eso tiene que diferenciarse el testamento tradicional ─llamémosle así─, del testamento digital. Notarios y abogados especialistas en derecho de sucesiones han elaborado modelos al respecto, modelos que no están regulados ni recomendados por la Dirección General de los Registros y del Notariado. Por lo tanto, sería importante abordar este asunto con rigor y seriedad y sabiendo lo que estamos legislando: lo relativo al testamento digital para que no se generen herencias conflictivas.

Concluyo agradeciendo la intervención de todos los portavoces y dejando claro que lo que pretende la moción del Grupo Parlamentario Popular es que contemos con una herramienta jurídica con la que ganaríamos en seguridad, certeza, integridad y fidelidad en relación con nuestro patrimonio digital, garantizando el cumplimiento de nuestra voluntad de preservar el destino de nuestro legado digital. Necesitamos un marco jurídico en materia de derecho de sucesiones claro y nítido, y ese es el objetivo primero y último de este estudio que solicitamos al Gobierno, una iniciativa en la que espero que estén a nuestro lado con el fin de facilitar las cosas a los ciudadanos.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Chiquillo.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 231; votos emitidos, 227; a favor, 158; abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.




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5.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA ESTABLECER LA UNIDAD DE MERCADO PARA TRANSMISIONES EMPRESARIALES Y LA ACTIVIDAD DE LOS JÓVENES EMPRESARIOS.

(Núm. exp. 662/000139)

AUTOR: GPP

El señor presidente da lectura al punto 5.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se habían presentado 3 enmiendas: una del Grupo Parlamentario Socialista, otra del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió y otra del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, que ha sido retirada. Quedan, por lo tanto, vivas la del Grupo Parlamentario Socialista y la del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el senador José Blas Fernández. (Rumores.)

Señorías, abandonen el hemiciclo en silencio, por favor. (Pausa.—Rumores.)

Guarden silencio, por favor.

El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Con la venia, presidente.

Señorías si la moción que antes se ha traído al Pleno es importante porque reivindicaba los datos digitales en la trasmisión patrimonial, esta moción es más importante que la anterior porque repercute o redunda en beneficio de la unidad de mercado, sobre todo de los trabajadores y de las empresas que, por haber llegado al ocaso laboral de muchos empleadores, no pueden trasmitir esas empresas a los que quieren continuar con ella. Son empresas —se dice en la moción— que van al fracaso no por razones puramente económicas, sino porque no hay continuidad de establecimiento en el mercado. Con esta moción se pretende establecer la unidad de mercado y combinar la fortaleza de los distintos modelos de programas de trasmisión que existen para que se pongan en práctica y depuren las debilidades de los empleadores.

El Gobierno en estos momentos ya ha incluido varios matices importantes en lo relativo a la trasmisión de empresas, inclusive en la relación del trabajador autónomo como tal empleador, ya que existen ventajas para aquellos que se puedan jubilar con más de 65 años. Todos sabemos que el autónomo tiene la ventaja, si quiere continuar la actividad empresarial como tal trabajador, de no abonar cuota alguna a la Seguridad Social y solamente pagar, si así lo desea, la parte adicional de accidentes de trabajo.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a principio de esta legislatura creó la figura de la jubilación activa del autónomo —y también del trabajador, pero afecta mucho más al autónomo— por la cual, el autónomo que decide jubilarse cuando llega a los 65 años de edad y con un periodo de carencia suficientemente cotizable, con el 50% de la prestación económica que da la Seguridad Social, puede perfectamente seguir trabajando al 100% en lo que venía desarrollando. Esa jubilación activa se ha puesto bastante de moda, y hay muchos empleadores que antes estaban en el anonimato —yo diría que escondiéndose para que no pudieran cogerlos—, que estaban trabajando y percibiendo la prestación por jubilación, y ahora no, ahora perciben el 50% y pueden perfectamente estar jubilados legalmente.

También se incluyen en la moción que estamos debatiendo las jubilaciones de los profesionales. Hay muchísimos profesionales en despachos, abogados, profesionales libres, liberales, médicos, etcétera, que cuando llega el momento de su jubilación, por razones obvias de tiempo, porque llevan muchos años de ejercicio profesional, no pueden seguir con la actividad y tampoco hay nadie capaz de continuar la actividad que mantiene en esa profesión.

La moción que traemos hoy y que defiendo en nombre de mi grupo pretende establecer la unidad de mercado para transmisiones empresariales, y, sobre todo a efectos de las empresas que hay en España y que no son capaces de continuar la actividad que mantienen, que se cree un registro específico de aquellos negocios que estén a disposición de ser traspasados. También pretende incorporar ayudas de apoyo a nuevos emprendedores, a los autónomos, a los nuevos emprendedores que se hagan cargo de un negocio traspasado.

Quiero añadir que ya el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la fundación Cecot firmaron un convenio para desarrollar un plan de apoyo a la transmisión de empresas con el fin de agilizar




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en nuestro país la continuidad de las pyme. (La señora vicepresidenta, Vicente Gónzález, ocupa la Presidencia.) Una gran preocupación en estos momentos se centra en los posibles compradores o vendedores, pero hay también que formar a los intermediarios. Es cierto que ese proceso de transmisión no se lleva con la agilidad suficiente, y ese es el motivo de la moción que pretendemos que el Senado eleve al Gobierno de la nación.

Es importante recordar los datos que voy a dar. Según previsiones de la Unión Europea, un tercio de los empresarios se jubilarán en los próximos diez años. Lógicamente la jubilación va aumentando debido a las perspectivas de vida de empleadores y trabajadores que están adscritos al régimen general de la Seguridad Social. No es menos cierto también que hay muchísimos empleadores acogidos al régimen especial de trabajadores autónomos, al RETA. Esto va a afectar en los próximos diez años aproximadamente a unas 800 000 empresas. Se calcula que pueden desaparecer casi 3 millones de empleos al año por motivos no económicos, simplemente la empresa desaparece como tal, y se calcula que en España unas 50 000 empresas —fijaos bien— pueden desaparecer por motivos no económicos. Por ello, evidentemente, existe una gran preocupación en las empresas familiares por su supervivencia más allá de la vida del fundador, y asociaciones, familiares, autónomos, profesionales, empresarios y confederaciones de empresarios están preocupados.

Hay que tener en cuenta aspectos importantes: hay que valorar la empresa familiar y su contribución a la economía del país, ya que el papel que desempeñan es importante. En España, los autónomos y las pequeñas empresas, las pyme, suponen casi un 85% de las empresas que crean empleo paulatino en la actividad productiva del país. Hay que conocer y comprender la naturaleza específica de la empresa familiar e identificar sus características singulares y las implicaciones de su especificidad para su gestión, en particular en lo que se refiere a sus ciclos vitales y su continuidad a lo largo del tiempo. Todas las empresas no son iguales, algunas actividades conllevan más mano de obra, y otras menos, e incluso algunas las llevan directamente los propios empleadores. Lógicamente, el tiempo y la dinámica del sistema informático va desarrollándose, en contra de los jubilados, de los mayores de 65 años, y aun cuando he dicho antes que pueden permanecer más tiempo, no es menos cierto que esa situación vital hace que su continuidad a lo largo del tiempo no sea posible. Hay que tener en cuenta la complejidad de las relaciones personales en la familia y en las empresas y el papel múltiple de los principales actores; el aspecto legal y el jurídico de la empresa familiar; si en función de cómo esté montada la sociedad, tienen o no parte activa en el accionariado de la propia empresa, y la dirección estratégica de la empresa familiar.

La empresa familiar realiza una importante y muy significativa función en la economía de España. La importancia de la empresa familiar queda reflejada en algunos datos del Instituto de la Empresa Familiar, y recalco una vez más que en la Unión Europea hay 17 millones de empresas familiares a las que de alguna forma tienen que dar una cobertura legal tanto el propio Parlamento Europeo como las Cortes Generales de España a través de una propuesta del Gobierno.

Las empresas familiares son un 60% del total de las empresas europeas, alcanzando un 85% del total de las empresas que hay en España. La facturación de las empresas familiares, agrupadas en el Instituto de la Empresa Familiar y asociaciones territoriales, equivale al 26% del producto interior bruto en España, es decir, que un 26% corresponde a esas empresas familiares agrupadas —como he dicho antes— en el Instituto de la Empresa Familiar. Las empresas que forman parte de este contexto generalizado tienen una antigüedad media de 72 años. Son empresas que han pasado de padres a hijos, aunque conviene recordar que existen sociedades profesionales con un aspecto complejo a la hora de llevar a cabo la transmisión de las empresas de padres a hijos.

Las características de la propiedad y la gestión de la empresa familiar constituyen claramente un diferenciador con respecto a las empresas no familiares. Hay que conocer las características específicas de las empresas familiares una por una. Concretamente, hay que tener en cuenta el relevo generacional. Ese es el gran problema que se nos avecina en este país, como en muchos países europeos, donde hay que fomentar el conocimiento de las empresas familiares y su importancia para nuestra economía, y no solo desde las universidades, sino también desde las cámaras de comercio, confederaciones de empresarios, autónomos, asociaciones, organizaciones empresariales, etcétera, y además su enseñanza antes de los 18 años para llevar a cabo también una formación no universitaria.




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Es importante destacar el hecho de que en muchas empresas familiares los hijos de los empleadores estudian materias que nada tienen que ver con la actividad de la empresa, lo que les hace alejarse, como es lógico, de la formación empresarial que mantiene el empleador. Por eso, el día de mañana, en la nueva generación, ese trabajador con estudios universitarios que en muchas ocasiones quiere mantenerse apartado de la actividad de su padre, se aleja y deja sin sustento la empresa familiar. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías, por favor, guarden silencio.

El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Podría ser muy interesante también la creación de este registro para aquellos negocios que deseen ser traspasados, porque muchas veces no hay sucesores familiares que deseen continuar con él. Ese es el gran problema que se plantea aquí hoy. No hay gente, no hay hijos ni sucesores que quieran hacerse cargo de una empresa familiar pese a que existen bonificaciones, contexto para la empresa familiar, encargos para estos negocios —podemos poner ejemplos de muchas actividades que pueden ser traspasadas con bonificaciones—. De hecho, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha valorado suficientemente esta moción que hoy se trae al Pleno y recuerda que se ha renovado la colaboración con la patronal catalana Cecot para este año 2014 y se ha desarrollado una plataforma única electrónica de transmisión de empresas que actualmente recoge 337 ofertas de compraventa. Hay técnicos especializados en el ministerio que atienden a compradores y potenciales vendedores en más de 40 puntos y se han incorporado también muchas organizaciones de todo tipo para que este programa se lleve a cabo, algo que se puede hacer, como he dicho, por asociaciones empresariales, confederaciones provinciales o regionales, etcétera. Esta actividad es la que tenemos que potenciar a lo largo del tiempo.

En este sentido, desde comienzos de la legislatura el propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social, al objeto de contribuir al desarrollo de estos colectivos, ha implementado medidas que pretenden favorecer el autoempleo y el emprendimiento y que contribuyen notablemente al mantenimiento y desarrollo de la actividad económica iniciada subrayando las ya incluidas en la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, entre las que cabe destacar el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, la capitalización de la prestación por desempleo y la existencia de bonificaciones en la cuota del régimen especial de trabajadores autónomos para familiares colaboradores. La prestación por desempleo en pago único es importante para todos aquellos que quieran desarrollarlo, porque de esta forma pueden iniciar una actividad empresarial distinta. Sin embargo, aquí lo que pretendemos es diferente, porque son los herederos del propio empresario, y muchos de ellos tampoco pueden tener la prestación única por desempleo directamente porque forman parte de la actividad de la plantilla bien como colaborador, que puede ser autónomo, o por cuenta ajena si es una sociedad limitada o anónima con un capital mayoritario por parte de quien le protege.

La Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, también ha creado el empleo joven, de forma que entre las medidas previstas esté fomentar el emprendimiento y el trabajo por cuenta propia entre los jóvenes menores de 30 años. Asimismo, destaca la implantación de una cuota inicial reducida del régimen especial de trabajadores por cuenta propia, el RETA, para quienes causen alta inicial y no hubieran estado en situación de alta en los cinco años anteriores. Cabe decir que la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, permitió el acceso a la denominada tarifa plana a los trabajadores por cuenta propia de 30 o más años de edad, lo que supone que se aplique sin límite de edad.

¿Esto qué conlleva? Conlleva, ni más ni menos, que con esta moción podamos emprender alguna acción, a través del Ministerio de Industria juntamente con el Ministerio de Empleo, al objeto de que estas 50 000 empresas que pueden desaparecer en España por razones no económicas tengan la posibilidad de transmisión de la patronal, de un relevo generacional de la empresa familiar. Estamos convencidos —lo vemos todos los días— de que muchos empleadores están cerrando sus negocios porque no hay quien les sustituya. Hay especialidades, oficios, autónomos, artesanos, que como nadie sigue con la actividad empresarial, tienen que abandonarla, lo que conlleva dejar en el desempleo a los trabajadores, cuya jubilación a veces es bastante




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tardía porque han querido mantener el empleo, pero por razones de salud ya no pueden. Esto ha de dar lugar a una actividad distinta a la que estamos manteniendo.

Para la supervivencia de un negocio familiar creo que es importante recordar que el 65% está en la primera generación, el 25% en la segunda generación, el 9% en la tercera y un 1% en la cuarta y hay que tener en cuenta el problema que supone la mala planificación de la sucesión en caso de mortalidad. Hay muchas empresas, que por el fallecimiento del empleador principal, cierran automáticamente, pues no han sido capaces de organizarse para sucederle al objeto de continuar con funciones que difieren de su contenido.

Creemos, por consiguiente, que es una moción importante, y al Grupo Parlamentario Popular le agradaría que obtuviese el consenso y el apoyo de toda la Cámara, pues nos parece que es una actividad a tener en cuenta. No estamos hablando de buscar una actividad para la creación de empleo juvenil. Se trata de que un porcentaje altísimo, casi 50 000 empresas, pueden desaparecer en España en años sucesivos y con ellas va a desaparecer también el entramado de trabajadores, algunos de ellos con una larga vida laboral, y eso hace que tengamos en cuenta que esta actividad no puede mantenerse por más tiempo.

Esta ha sido, señorías, nuestra defensa de esta moción que hoy presentamos. Así lo entendemos en mi grupo y, como es lógico, solicitamos el apoyo de la Cámara.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, presidenta.

Señorías, intervengo para defender la enmienda que hemos presentado a esta moción del Grupo Parlamentario Popular, que, coincidiendo con las palabras del portavoz que la ha defendido, entendemos que es una moción importante, fundamentalmente porque afecta a las pymes, que, como sabemos, son el 95% del tejido empresarial de nuestro país y el 95% del tejido empresarial de Europa y constituyen en estos momentos la principal fuente, tanto de creación como de destrucción de empleo en nuestro país. Por lo tanto, coincidimos en que es una moción importante. Coincidimos también en que el objetivo de favorecer en lo posible la transmisión de estas empresas, sean o no familiares —da lo mismo—, sea o no a nuevos emprendedores, incluyendo aquí la posible transmisión patrimonial a los trabajadores de la empresa, es interesante.

Conocemos la existencia de esos programas a los que ha hecho referencia el senador, pero en esta moción hay un punto que nos preocupa porque no está suficientemente explicado. Me refiero a la interpretación que en otras ocasiones se ha hecho de algo tan importante como es la unidad de mercado cuando no se interpreta como una manera de recentralizar el Estado. Esa es la preocupación que manifestamos en nuestra enmienda. Por eso, planteamos la supresión del punto primero del petitum de la moción; mantenemos el punto segundo, porque nos parece importante ese registro de negocios con posibilidad de ser traspasados, añadiendo, como siempre, que lo queremos hacer en colaboración con las comunidades autónomas; y aceptamos en todos sus términos el punto tercero del petitum. En este sentido va nuestra enmienda.

Nos hubiera gustado poder transaccionar ese primer punto. De hecho, entendemos que entre nuestra postura —suprimirlo— y la del grupo proponente —mantenerlo— podría haber fórmulas intermedias que sobre todo clarificasen que la interpretación que se da a la expresión unidad de mercado no es exactamente la misma que se da en la Ley de garantía de unidad de mercado, que discutimos en esta Cámara; y ya dijimos en su momento que nos parece una ley absolutamente recentralizadora. Y nos preocupa que detrás de esa garantía de unidad de mercado subyazga, aunque no sea el objetivo, una invasión de competencias de las comunidades autónomas, cuestión que explicaré posteriormente, en el turno de portavoces.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Convergència i Unió, y para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el senador Alturo.




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El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyories, molt bon dia.

El nostre grup parlamentari ha presentat una esmena a la moció que acabem d’escoltar, que pretén substituir els dos primers punts de la moció en qüestió.

La moció ens proposa establir la unitat de mercat per transmissions empresarials, així com la creació d’un registre específic d’aquells negocis que estiguin en disposició de ser traspassats. Aquests dos punts, des del punt de vista del nostre grup parlamentari, són del tot inacceptables per diferents motius, que aniré explicant ara i després en el torn de portaveus.

El que nosaltres proposem a l’esmena és que el que ha de fer l’Estat és donar suport financer i administratiu a les iniciatives d’èxit de la societat civil i de les administracions territorials que estan orientades a facilitar les transmissions d’empreses, tant en el territori de l’Estat com en el marc de la Unió Europea. Però una vegada més —i ja vostès i el ministre d’economia, de manera especial, no fan altra cosa que parlar de la unitat de mercat—, jo voldria fer-hi algunes referències. Com vostès saben, el nostre grup parlamentari es va oposar de manera frontal a aquesta llei, per ser una llei terriblement perjudicial per a les comunitats autònomes. I el que volen fer ara —en paraules també del propi ministre d’Economia— és fer-ho passar tot per la unitat de mercat. Doncs sàpiguen que, en aquest sentit, tenen la nostra total oposició a aquesta forma d’actuar.

Fa pocs dies, el ministre d’Economia feia dues declaracions que per a nosaltres són problemàtiques, que vull comentar. Una primera, que mai les autonomies havien tingut un àmbit competencial tan gran, referint-se a la Llei d’ Unitat de Mercat, perquè l’atorgament d’una llicència permet actuar a tot el territori de l’Estat. Doncs quina manera més demagògica de vendre aquest producte, quan en realitat el que fa la llei és promoure la deslocalització d’empreses per buscar una llicència d’origen més fàcil d’obtenir, ignorar les diferents realitats territorials, fomentar la desprotecció normativa en molts àmbits i una recentralització de competències tremenda. Res d’afavorir la competència i la inversió. És per això que nosaltres hem recorregut aquesta llei al Constitucional. La segona cosa que va dir és que la resta de la legislatura —i aquí en tenim una evidència amb aquesta moció que se’ns acaba de presentar— tenen la intenció de revisar un munt de lleis, i que volen modificar-les per aplicar-los la Llei d’Unitat de Mercat. Doncs anem bé. Des d’aquest punt de vista, creiem que es fa tot el contrari de les polítiques europees, i podria posar com a exemple el que s’està fent a Alemanya amb els diferents länder, on tenen normatives diferents i una normativa general marc; i això és el que hi ha perquè cadascun té la seva especificitat. Per tant, calen menys proclames d’unitat de mercat i cal treballar més per sortir de la crisi, la qual cosa exigeix més confiança en les administracions més properes al ciutadà, com són les comunitats autònomes i els ajuntaments i, per tant, les entitats locals.

Tornant a la moció, és greu que no entrin a valorar que hi ha entitats civils, per exemple a Catalunya —després hi faré referència, i vostè senador Fernández, hi ha fet referència—, que fa anys que treballen per garantir aquestes transmissions d’empreses, i per tant la seva continuïtat. Doncs cal estimular i ajudar aquestes iniciatives. Jo li podria parlar del Pacte Successori a Catalunya, que és exclusivament de la legislació catalana, i tot això ja hi està regulat; les empreses familiars, on també està regulada la transmissió d’una empresa a una altra, i tots aquests temes que són tan importants i que són d’èxit, ara dóna la sensació que volen fer-les passar per aquesta unitat de mercat, que nosaltres hi estem totalment en contra.

Després explicaré més aquestes experiències que per exemple s’estan duent a terme a Catalunya, però sí que li demano, senador Fernández, que en benefici de la moció que ha presentat —i coincideixo en la importància que té—, accepti l’esmena que ha presentat el nostre grup, perquè en definitiva anem justament en aquesta línia: fomentar la continuïtat de les empreses, que els joves puguin tenir feina i que la economia creixi, i per a això cal ajudar i cal estimular les administracions més properes.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días.

Nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda a la moción, cuya defensa acabamos de oír, que pretende sustituir sus dos primeros puntos.

La moción nos propone establecer la unidad de mercado para transmisiones empresariales, así como la creación de un registro específico de aquellos negocios que estén en disposición de ser




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traspasados. Estos dos puntos, desde el punto de vista de nuestro grupo parlamentario, son del todo inaceptables por distintos motivos, que voy a explicar ahora, y también luego, en el turno de portavoces.

Lo que nosotros proponemos en la enmienda es que lo que debe hacer el Estado es apoyar financiera y administrativamente las iniciativas de éxito de la sociedad civil y de las administraciones territoriales que van orientadas a facilitar las transmisiones de empresas, tanto en el territorio del Estado como en el marco de la Unión Europea. Ustedes, y el ministro de Economía de forma especial, no hacen otra cosa que hablar de la unidad de mercado, y me gustaría hacer alguna reflexión al respecto. Como ustedes saben, nuestro grupo parlamentario se opuso de forma frontal a esta ley por ser terriblemente perjudicial para las comunidades autónomas, y ahora lo que quieren —en palabras también del ministro de Economía— es hacer pasar todo por la unidad de mercado. Pees sepan que van a tener nuestra total oposición a esta forma de actuar.

Hace pocos días el ministro de Economía hizo dos declaraciones que para nosotros eran problemáticas y a las que me voy a referir. La primera, que las autonomías nunca habían tenido un ámbito competencial tan grande, refiriéndose a la Ley de unidad de mercado, pues el otorgamiento de una licencia permite actuar en todo el territorio del Estado. Pues vaya manera más demagógica de vender este producto, cuando en realidad lo que hace la ley es promover la deslocalización de empresas para buscar una licencia de origen más fácil de obtener, ignorar las diferentes realidades territoriales, fomentar la desprotección normativa en muchos ámbitos y llevar a una tremenda recentralización de competencias. Nada de favorecer la competencia y la inversión, por eso hemos recurrido esa ley en el Constitucional. Lo segundo que dijo fue que en lo que resta de legislatura —y en la moción que se acaba de presentar tenemos una evidencia de ello— tienen la intención de revisar muchas leyes y modificarlas para aplicarles la Ley de unidad de mercado. Pues vamos bien. Desde este punto de vista, creemos que se hace justo lo contrario que con las políticas europeas, y podría poner como ejemplo lo que se está haciendo en Alemania en los distintos länder, que tienen normativas distintas aunque hay una normativa general marco, y en definitiva eso es lo que hay porque cada uno tiene su especificidad. Así pues, hacen falta menos proclamas de unidad de mercado y trabajar más para salir de la crisis, lo cual exige más confianza en aquellas administraciones más cercanas al ciudadano, como es el caso de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos y, por tanto, de las entidades locales.

Volviendo a la moción, es grave que no entren a valorar que hay entidades civiles, por ejemplo, en Cataluña —después haré referencia a ello, y usted, senador Fernández, también lo ha mencionado—, que hace años que trabajan, como en Cataluña, para garantizar esas transmisiones de empresas. Por tanto, hay que estimular y ayudar a estas iniciativas para su continuidad. Le podría hablar del pacto sucesorio en Cataluña, que es exclusivamente de la legislación catalana, donde todo esto ya está regulado; o de las empresas familiares, donde también está regulada la transmisión de una empresa. Todos estos temas, que son importantísimos y de éxito, ahora da la sensación de que quieren hacerlos pasar por esa unidad de mercado, con la que nosotros estamos totalmente en contra.

Luego explicaré con más detalle estas experiencias que se están llevando a cabo, por ejemplo, en Cataluña, pero le pido, senador Fernández, que, en beneficio de la moción que ha presentado, y coincido en su importancia, acepte la enmienda que nuestro grupo ha presentado, porque vamos precisamente en la línea de fomentar la continuidad de las empresas, que los jóvenes puedan tener trabajo y que, en definitiva, la economía crezca. Y para eso hay que ayudar y estimular a las administraciones más cercanas.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Tiene la palabra el senador Fernández, para manifestar si acepta o no las enmiendas.

El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Con la venia, señora presidenta.

Voy a intervenir muy brevemente en relación con las enmiendas presentadas por los grupos participantes, y voy a resumir mi intervención con dos razonamientos. Al Grupo Socialista parece ser que no le agrada cómo viene redactado en la moción lo relativo a la unidad de mercado. Pues bien, he de decirle que son ya varias las comunidades que se han agregado al programa. Se han incorporado distintos organismos, entre ellos, las comunidades autónomas de Murcia y de Extremadura. Es decir, aparte de confederaciones y de muchísimas actividades




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empresariales, no se puede dejar de reconocer que ya hay comunidades autónomas que están haciéndolo, por supuesto, cada una con sus competencias básicas, pero que, lógicamente, no pueden nunca interferir en la normativa laboral que sí es competencia de las Cortes Generales, del Congreso y el Senado.

Y lo mismo le puedo decir al representante de CiU, cuya propuesta diría que es un poco genérica y no ambiciosa —así lo entiendo; no tan ambiciosa como la moción que ha presentado el Grupo Popular—. Y entendemos que, tal como está redactada, no quita que en su desarrollo se puedan transferir competencias a las comunidades autónomas, como sucede actualmente en muchas actividades, no solamente en este caso concreto.

Por esos motivos, agradezco muchísimo el tono positivo de sus intervenciones, para ayudar en el mercado laboral a la transmisión de actividades de empresas, no solamente familiares, sino de cualquier índole, que pasan de unos a otros. Es una gran preocupación el que desaparezcan 50 000 empresas por razones no económicas. El problema es grave; y muchas veces en el mercado laboral no se espera que gente preparada pase a la situación de desempleo, porque el empleador normalmente pasa a la situación de jubilación, pero los que no pasan a dicha situación, salvo en algún caso específico, son los trabajadores.

Por tanto, señora presidenta, nuestro grupo se mantiene en la moción que hemos mantenido —valga la redundancia—, y no acepta las enmiendas por las razones que acabo de exponer.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

No hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Bai, egun on. Eskerrik asko, mahaiburu jauna.

Sin duda, el tema que el Grupo Popular trae en esta moción es de gran importancia. Como ya se ha comentado, después de la creación y el crecimiento de una empresa su transmisión es la tercera fase fundamental en su ciclo de vida. Implica cuestiones jurídicas complejas, pero tiene que ver con la valoración, con el hallazgo de un comprador potencial y con la transmisión del liderazgo de la empresa.

Es un largo proceso que requiere de una sólida preparación. Son demasiadas las empresas viables que tienen que cerrar por no haber prestado suficiente atención a estos temas, y con ellas se pierde, como también se ha mencionado anteriormente, todo su entorno económico y, por tanto, muchos empleos de calidad.

Se ha prestado mucha atención al fomento de la creación de nuevas empresas, pero también es importante garantizar la continuidad y el crecimiento de las empresas viables existentes, porque a veces olvidamos que la creación de una empresa no es la única vía para garantizar el empleo.

Se ha mencionado también anteriormente que en los próximos diez años un tercio de los empresarios de Europa se retirará de sus empresas, y aunque algunos de ellos emprenderán nuevos ejercicios, se calcula que hasta un total de 690 000 empresas —la mayoría pequeñas y medianas—, lo que corresponde a 2 800 000 puestos de trabajo, deberán cambiar de propietario cada año.

Si bien la transmisión de un negocio en el seno de una misma familia sigue siendo el caso más frecuente, el número de transmisiones a terceros está aumentando, y por eso cada vez más se estructuran mecanismos que asistan a la transmisión de las empresas y que faciliten la correspondencia entre la oferta y la demanda, acompañados de metodología expresamente ideada según cada caso. La transmisión empresarial es un proceso de una enorme complejidad. Carecer de este proceso estructurado se traduce en la pérdida de patrimonio empresarial y en la pérdida de empresas, que de otra manera habrían sido viables, así como de sus puestos de trabajo.

La poca planificación de las empresas es una de las mayores contribuciones al cierre empresarial. Un plan de transmisión empresarial debe contener procesos de continuidad empresarial, a la vez que un calendario y mecanismos de corrección de los desajustes provocados por el cambio de gestores. Estos itinerarios deben ser liderados y favorecidos por la Administración,




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por su claro beneficio común. Todos los gobiernos europeos contemplan la necesidad de impulsar iniciativas para mejorar y facilitar la transmisión empresarial, estableciendo un programa u organismo específicamente responsable de ofrecer seguimiento y/o un trato uniforme y bien organizado a las transmisiones empresariales a todo el país.

Como ya decía anteriormente, carecer de este proceso estructurado se traduce en la pérdida del patrimonio empresarial, la pérdida de empresas, que de otra manera hubieran sido viables, así como de sus puestos de trabajo, algo que, evidentemente, no nos podemos permitir.

El Plan de acción sobre emprendeduría 2020, en la Comunicación de la Comisión europea de 9 de enero de 2013, se fundamenta en facilitar la transferencia de empresas y propone intercambiar las mejores prácticas y tomar las medidas necesarias, sobre todo en lo referente a la sensibilización sobre la transferencia de negocios, los mecanismos especiales de financiación del traspaso, la transformación jurídica y mercados transparentes para la transmisión empresarial.

El programa Cosme, para la competitividad de las empresas y para las pymes, con una asignación total de 2500 millones de euros para el período 2014-2020, establece en el punto 1.b animar la cultura emprendedora y promover la creación y crecimiento de las pymes, siendo la transmisión de empresas una de las cuatro acciones específicas para promover la actividad emprendedora.

Por todo lo anteriormente mencionado, nuestro grupo valora muy positivamente este trabajo y esta labor de transmisión de empresas. Como ejemplo mencionare que, en Euskadi, del análisis de la actividad empresarial se desprende que existen empresas cuya actividad es solvente y que pueden estar abocadas al cierre ante la falta de relevo generacional o la dificultad para traspasar el negocio. Por ello, desde la Dirección del Comercio del Gobierno vaso, y de acuerdo con nuestras competencias, ya se está trabajando en este tema llevando a cabo un proyecto sobre la transmisión empresarial que se basa en un objetivo principal: apoyar la continuidad y el crecimiento empresarial, ayudando a las empresas en la realización de la transmisión de forma ordenada y planificada, y llevando a cabo otros objetivos mucho más concretos, como concienciar y educar a la sociedad y los emprendedores sobre la importancia y utilidad de la transmisión de negocios, ayudar al emprendedor que busca iniciar un proyecto empresarial por cuenta propia, contribuir al mantenimiento del empleo derivado de esas empresas, facilitar dicha transmisión, asegurar la continuidad de los negocios que se transmiten y convertirse en un centro de transmisión de empresas neutral, transparente y fiable que preste servicios de información y asesoramiento, tanto a quienes desean transmitir la empresa como a las personas interesadas en comprarla, garantizando la confidencialidad. De todo esto se desprende claramente que nuestro grupo está a favor y tiene un claro acompañamiento en el planteamiento que se hace respecto de la transmisión empresarial en esta moción que nos presenta el Grupo Popular.

Pero, haciendo referencia a los términos en los que se formula la moción en su parte dispositiva, voy a hacer dos reflexiones. Una, que los planteamientos de los puntos no nos parecen excesivamente contundentes a la hora de elaborar o exigir —la formulación de los infinitivos aquí aparecen como una exigencia—, dada la importancia que, como he mencionado anteriormente, tiene para nosotros esta materia.

En segundo lugar, y sin duda lo más importante —antes ya se ha mencionado en la presentación de las enmiendas—, el planteamiento de la transmisión empresarial queda perfectamente enmarcado en el tan perseguido planteamiento por parte del Gobierno y del grupo que le representa en esta Cámara, que no es otro que el de la unidad de mercado. La postura de mi grupo es clara, y no voy a dejar de repetirla en esta ocasión. Ya en el Pleno de 21 de noviembre mi grupo manifestaba claramente su desacuerdo con la Ley de garantía de la unidad de mercado; por ello, presentamos un veto y posteriormente unas enmiendas parciales al entender que el objetivo no era sino una continuación de la tesitura recentralizadora que ya veníamos observando por parte del Gobierno. Lo decíamos entonces y lo repetimos hoy: una idea recentralizadora, invasora, desde nuestro punto de vista, de falta de concreción, empezando —en su momento ya lo decía— por el título de la ley, y desreguladora. Y es que el Gobierno —lo decía entonces y lo vuelvo a repetir— ha actuado en esta línea en reiteradas ocasiones —antes se han mencionado las últimas intervenciones del ministro, insistente en ello— con el único objetivo de homogeneizar todo y, al amparo de las leyes básicas, vaciar de contenido las competencias de las comunidades autónomas. Como muestra de ello diré que




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se han presentado 7 recursos de inconstitucionalidad a diferentes normas aprobadas y que afectan a diferentes materias en la que el Gobierno vasco tiene plenas competencias.

Por todo ello, y remarcando —no quisiera dejar de hacerlo— la importancia que para nuestro grupo tiene la transmisión empresarial —lo he corroborado con los ejemplos que el propio Gobierno vasco está implantando—, no podemos apoyar esta moción, dado el enfoque de unidad de mercado al que se refiere. El senador del Grupo Socialista hacía mención a la duda sobre el enfoque que se pudiera hacer de la unidad de mercado, y a mí, vista toda la trayectoria, me quedan pocas dudas de lo que se puede ver en este planteamiento; y tras escuchar la no aceptación de las enmiendas planteadas por ambos grupos, no puedo más que corroborar el voto negativo de mi grupo a esta moción.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gràcies, senyora presidenta. Bon dia.

El cert és que al nostre grup li sembla també que aquesta és una moció important, perquè estem vivint en un context —com vaig dir també en la intervenció del ple passat— que reclama iniciatives en aquesta línia. Totes aquelles iniciatives que ens puguin ajudar a promoure el treball com un bé principal de la nostra societat, i a combatre tots aquells efectes que pugui haver-hi i que incentiven l’atur o, en aquest cas, la desaparició d’empreses. Per tant, d’entrada jo crec que tots podem estar d’acord en aquesta qüestió. Ahir vam veure un debat de dos tons molts diferents. D’una banda, crec que el debat del senyor De Guindos amb el senador Sabaté va caracteritzar i va posar de relleu la preocupació del ministre De Guindos per l’EPA, per les 187 000 persones —és a dir, mil persones diàries— que ja han deixat de buscar feina. I de l’altra banda vam veure el debat del senyor Montoro, un debat sobreactuat en què, d’alguna manera, va fer gala de la seva forma d’entendre i de fer política, que jo no comparteixo en absolut. Per tant, em situaré més en la línia del ministre De Guindos, que crec que apel·la a aquesta idea del moderantisme, que explica el senyor Julià al seu llibre, i que crec que és la forma que hem d’utilitzar per fer política avui.

Des d’aquesta idea del moderantisme, ens hem d’afirmar en la necessitat que tenim un país que no va bé, que hi ha diferents àmbits al món laboral que no estan funcionant, amb una caiguda de la taxa d’activitat de 12 punts en els darrers temps; una indústria que ha perdut absolutament tot el pes que tenia sobre el PIB, caient del 39% al 19% en el producte interior brut; una indústria amb una contenció salarial que en aquests moments s’ha vist sobrepassada justament pels costos energètics, i en definitiva, una situació que no ens és en absolut favorable.

Nosaltres valorem positivament el fet que en aquests moments i amb aquesta moció es vulgui sortir al pas d’un problema real, com han explicat els diferents portaveus en aquesta tribuna, i que a aquestes 50 000 empreses que estan en risc de tancar per no tenir continuïtat els hem de donar solucions, o almenys hem de facilitar les coses perquè aquestes empreses trobin algú que aprofiti la feina que s’ha fet prèviament.

Des d’aquesta perspectiva, aquest és un debat que no és nou. Ja en els anys noranta la Comissió Europea va fer tota una sèrie de recomanacions. Després la Convenció de BEST va analitzar i va estudiar exactament les accions que s’havien fet en el marc de la Unió Europea i en els diferents països. Nosaltres en aquesta llista no en sortim ben parats, però és cert que som aquí per esmenar les coses, i des d’aquesta perspectiva crec que s’ha de treballar i s’ha de fer tot allò que ens recomana la Unió Europea, que finalment són qüestions de sentit comú. Cal parlar de la sensibilització de les empreses, perquè normalment un dels problemes que tenim és que les empreses inicien massa tard el procediment per fer el canvi de titularitat, i per tant, moltes vegades no s’hi arriba a temps. Cal millorar l’entorn jurídic i l’entorn fiscal perquè aquest àmbit sigui fàcil i que les empreses no tinguin excessives dificultats.

En aquest tema també hem de tornar a parlar del crèdit, perquè és absolutament imprescindible. Normalment, per fer una operació d’aquestes les empreses tenen una dimensió més gran que el que crea un emprenedor quan vol iniciar una activitat empresarial, i per tant el crèdit té un paper imprescindible, i aquest és un problema endèmic de la nostra incapacitat de generar llocs de treball i de generar empresa; és un dels àmbits que cal abordar.




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D’altra banda, està la qüestió de l’organització de mercats que siguin transparents, i que tots aquells que poden tenir interès a emprendre amb una empresa que ja ha estat iniciada —per tant correspondria un traspàs—, tinguin la transparència i la difusió necessàries perquè aquesta informació arribi a tothom.

S’ha parlat també de l’acord que es va fer amb la CECOT; res a dir. Estem parlant de qüestions molt concretes i puntuals, també amb pocs recursos. En tot cas, crec que el més important són les xifres que s’ha donat; aquestes 50 000 empreses que hem de fer el possible perquè no tanquin. En el cas de la Unió Europea estem parlant en aquests moments de unes 610 000 petites i mitjanes empreses amb més d’un treballador que han de canviar de mans forçosament, per les qüestions a què ens hem referit, de caràcter vital i de final de cicle. Per tant, és imprescindible crear aquest entorn de transmissió d’empreses, ja sigui a nivell espanyol o a nivell europeu, que crec que és d’alguna manera la dimensió que ens interessa per aquesta qüestió. És especialment la dimensió europea. S’ha de crear aquest mercat europeu de compradors i venedors, que funcioni adequadament i donem solucions a aquesta qüestió.

El debat, efectivament, està en el terme mercat únic. És un principi que ja s’ha dit aquí, i s’entén la intencionalitat del partit proponent, el Partit Popular, que no és una altra que buscar una reforma de l’Estat en un sentit que va sempre en la mateixa direcció: la recentralització. El mercat únic, com a terminologia, no és negativa; Europa és un mercat únic. Ara, la utilització d’un Estat com el nostre, que està format per autonomies, amb competències clarament diferenciades pels estatuts, i pretendre en aquest moment, per la porta del darrere, anar laminant aquestes competències per buscar un únic centre de referència, que és l’Estat, i acabar amb un concepte que és el que vam establir en la Transició i en la nostra Constitució, no ens sembla correcte.

Pensem —ho ha dit el senador Manchado— que hi havia maneres de trobar un terme més adequat per expressar el que vostès volen dir en aquesta moció. Ens sembla que la transacció hauria estat perfectament possible, tant en les esmenes que ha presentat Convergència i Unió com en les que ha presentat el Partit Socialista. De fet, nosaltres hem retirat la nostra esmena, que com vostès saben parlava precisament del respecte a les competències de les comunitats autònomes, i ho hem fet per poder facilitar una transacció si és que vostès ho haguessin considerat oportú. No ho han fet, i des d’aquesta perspectiva nosaltres ens veurem abocats a votar que no a una moció que realment considerem —com totes aquelles mocions que vagin destinades a facilitar i a promoure la creació de llocs de treball— que és un moció important, i que hem de buscar l’acord.

Però insisteixo en aquesta perspectiva, i acabo, senyora presidenta, allà on he començat. Crec que és absolutament imprescindible aquest terme del moderantisme. Crec que vostès han de buscar la línia del ministre De Guindos, la línia del pacte, de l’acord, de les declaracions prudents, i sortir de la línia Montoro, que els puc assegurar que no ajuda gens a que el país vagi millor.

Gràcies. (Aplaudiments.)

Gracias, señora presidenta. Buenos días.

A nuestro grupo también le parece que esta es una moción importante, porque, como dije en mi intervención del pasado Pleno, estamos viviendo en un contexto que reclama iniciativas en esta línea; es decir, todas aquellas iniciativas que nos puedan ayudar a promover el trabajo como un bien principal de nuestra sociedad y, por lo tanto, a combatir todos aquellos efectos que pueda haber y que incentivan el paro o, en este caso, la desaparición de empresas. Por lo tanto, de entrada esta es una cuestión en la que todos podemos estar de acuerdo. Ayer vimos un debate con dos tonos muy distintos; por una parte, el debate del señor De Guindos con el senador Sabaté. Creo que fue un debate que caracterizó y puso de relieve la preocupación del ministro De Guindos por la EPA, por las 187 000 personas, por las 1000 personas diarias que ya han dejado de buscar trabajo. Vimos también el debate del señor Montoro, un debate sobreactuado en el que de algún modo hizo gala de su forma de entender y hacer política, que yo no comparto en absoluto. Por lo tanto, me voy a situar más en la línea del ministro De Guindos, que apela a esa idea del moderantismo que explica el señor Juliana en su libro, y que creo que es la forma que se debe utilizar para hacer política hoy.

Desde esta idea del moderantismo, creo que debemos reafirmarnos en que tenemos un país que no va bien, en el que hay distintos ámbitos en el mundo laboral que no están funcionando, con




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una tasa de actividad que ha caído en 12 puntos en estos últimos tiempos, con una industria que ha perdido absolutamente el peso que tenía sobre el PIB, con una caída del 19% en el producto interior bruto, y cuya contención salarial en estos momentos se ha visto sobrepasada precisamente por los costes energéticos. En definitiva, es una situación que no nos es en absoluto favorable.

Así pues, nosotros valoramos positivamente el hecho de que en estos momentos y con esta moción se quiera salir al paso de un problema real, como se ha explicado por parte de los distintos portavoces desde esta tribuna, y, por lo tanto, que a estas 50 000 empresas que están en riegos de cerrar por no tener continuidad se les den soluciones, o al menos se les faciliten las cosas para que encuentren a alguien que aproveche el trabajo realizado previamente.

Desde esta perspectiva, también tenemos que decir que este debate no es nuevo. En los años noventa la Comisión Europea ya hizo toda una serie de recomendaciones, y luego la convención de BEST analizó y estudió exactamente cuáles eran las acciones que se habían emprendido en el ámbito de la Unión Europea. Nosotros no salimos muy bien parados en esa lista, pero es cierto que estamos aquí para enmendar las cosas. Por tanto, desde esta perspectiva, creo que hay que trabajar y hacer todo lo que nos recomienda la Unión Europea, porque finalmente son cuestiones de sentido común. Hay que hablar de la sensibilización de las empresas, porque normalmente uno de los problemas que tenemos es que estas inician demasiado tarde el procedimiento para hacer el cambio de titularidad, de modo que muchas veces no se llega a tiempo. Y hay que mejorar el entorno jurídico y el entorno fiscal para que ese ámbito sea fácil y las empresas no tengan excesivas dificultades.

Y en este tema tenemos que volver a hablar del crédito, porque es absolutamente imprescindible. Normalmente, para hacer una operación de este tipo las empresas tienen una dimensión más grande que la dimensión de aquella que crea un emprendedor cuando quiere iniciar una actividad empresarial, por lo tanto, el crédito tiene un papel imprescindible. Por ese motivo, puesto que en estos momentos tenemos un problema endémico por nuestra incapacidad para generar puestos de trabajo y crear empresas, es uno de los ámbitos que efectivamente hay que abordar.

Por otro lado está la cuestión de la organización de mercados, que deben ser transparentes para todos quienes puedan tener interés en emprender con una empresa que ya ha sido iniciada —por tanto, lo que correspondería sería un traspaso—, con el fin de que esos mercados tengan la transparencia y la difusión necesarias para que esa información llegue a todo el mundo.

Se ha hablado también del acuerdo a que se llegó con la Cecot; nada que decir al respecto. Estamos hablando de cuestiones muy concretas, muy puntuales, también con pocos recursos. En cualquier caso, lo importante son las cifras que se han dado. Creo que tenemos que hacer lo posible para que esas 50 000 empresas no cierren. En el caso de la Unión Europea estamos hablando de alrededor de 610 000 pequeñas y medianas empresas con más de un trabajador que tienen que cambiar de manos forzosamente por cuestiones ya referidas, de carácter vital, es decir, de final de ciclo. Por tanto, es imprescindible crear este entorno de transmisión de empresas, ya sea a nivel español o a nivel europeo, y creo que la dimensión europea es la que especialmente nos interesa para esta cuestión. En definitiva, hay que crear este mercado europeo de compradores y vendedores y que funcione adecuadamente para que podamos dar solución a esta cuestión.

El debate se centra, en efecto, en el término mercado único, un principio del que ya se ha hablado; y se entiende la intencionalidad del partido proponente, del Partido Popular, que no es otra que la de buscar una reforma del Estado en un sentido que va siempre en la misma dirección: la recentralización. Y no es que el mercado único, como terminología, sea negativo. Europa es un mercado único; pero en un Estado como el nuestro, que está compuesto por autonomías, con competencias claramente diferenciadas por los estatutos, pretender en este momento, por la puerta de atrás, ir laminando esas competencias para buscar un único centro de referencia que sea el Estado y, por lo tanto, acabar con un concepto que establecimos en la Transición y en nuestra Constitución, no nos parece correcto.

Pensamos —y lo ha dicho el senador Manchado— que había maneras de encontrar un término más adecuado para expresar lo que ustedes quieren decir en este mercado. Nos parece que la transacción habría sido perfectamente posible tanto con la enmienda que ha presentado Convergència i Unió como con la que ha presentado el Grupo Socialista. De hecho, nosotros hemos retirado nuestra enmienda, que, como ustedes saben, hablaba precisamente del respeto a




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las competencias de las comunidades autónomas; y lo hemos hecho para facilitar una transacción, si ustedes lo hubieran considerado oportuno. Pero no ha sido así. Por lo tanto, desde esta perspectiva, nos vamos a ver abocados a votar que no a una moción que realmente consideramos importante, como todas aquellas mociones que vayan destinadas a facilitar y promover la creación de puestos de trabajo, en las que hay buscar el acuerdo.

Desde esta perspectiva, acabo como empecé, señora presidenta: creo que es absolutamente imprescindible ese término del moderantismo. Creo que ustedes deben buscar la línea del ministro De Guindos, la línea del pacto, la línea del acuerdo, la línea de las declaraciones prudentes, y salir de la línea Montoro, una línea que les puedo asegurar que no ayuda nada a que el país vaya mejor.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Catalán Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyora presidenta.

Senador José Blas Fernández, jo crec que vostè això ha plantejat a l’inrevés. Vostè ha parlat de centralitzar, i que després es poden transferir determinades competències en aquest tema, però això va a l’inrevés. Ja hi ha comunitats autònomes, com per exemple Catalunya, que estan fent una bona feina, a través de la Cecot, i ara ho explicaré, perquè crec que és d’interès de tots els senadors que ens estan escoltant aquí ara. Això demostra i posa en evidència que aquesta moció que ara ens presenta, no acceptant cap de les esmenes, ni la del Grup Socialista ni la nostra, els mals que això representa per a l’economia espanyola. Són les obsessions que té el Grup Popular de recentralitzar i d’aplicar la Llei d’Unitat de Mercat. Això és tremendament perjudicial, com ja he dit en reiterades ocasions.

Amb anterioritat a l’arribada al poder del Grup Parlamentari Popular, quan les comunitats autònomes disposaven de recursos i d’algunes competències —i ara explicaré allò que he dit en la defensa de l’esmena—, un dels programes Feder que va impulsar Catalunya va ser la creació d’una plataforma tecnològica per facilitar la transmissió d’empreses i el seu posterior acompanyament. La creació d’aquesta plataforma ha estat un èxit, i ha estat liderada per la patronal catalana Cecot; vostè hi ha fet referència. En aquests moments hi ha un registre d’uns 1500 emprenedors, i des de la posada en marxa, ha permès facilitar, i en molts casos salvar, 250 empreses. En aquests moments produeix una mitjana de quatre transmissions setmanals d’empreses; una qüestió d’enorme rellevància per salvar el teixit productiu i per generar ocupació. La plataforma ha aconseguit també signar convenis amb 40 ajuntaments catalans i amb les quatre diputacions, i intercanvien perfils d’empreses que volen ser transmeses a potencials emprenedors, de manera sectorialitzada, per volum d’empreses, etcètera.

En el propers dies, també, les diferents associacions de comerç de Catalunya abocaran la seva informació sobre possibles transmissions a aquesta plataforma, i es convertiran així en borses de contractació. Els recursos humans són els de la Cecot, i els que es posen a disposició a través de les diferents administracions públiques. Per tant, és evident que la col·laboració que s’està produint en aquests termes amb la societat civil, i a través de la Cecot, és d’una importància cabdal.

Aquesta iniciativa és sens dubte positiva. És un excel·lent exemple de projecte d’èxit en moments de crisi, però fixin-se que sorgeix de la societat civil, amb la col·laboració de les administracions territorials de Catalunya, de la Generalitat, que és la impulsora a través del Feder corresponent al que feia referència abans, i dels ajuntaments. Deia també abans en la defensa de l’esmena que la proximitat territorial i la identitat pròpia de cada comunitat fan que la proximitat a aquests temes sigui clau i esdevingui tremendament important. I aquesta proximitat depèn dels ajuntaments i depèn de les comunitats autònomes, i no, des d’una visió centralitzadora, d’un àmbit de ministeris; i això és així. I ara el Partit Popular aprofita aquesta iniciativa d’èxit, que és oportuna, per portar-la a la religió de la unitat de mercat, i això és un gran error. El que pretén l’aparell de l’Estat és burocratitzar i funcionarialitzar una iniciativa d’èxit —repeteixo— de la societat civil. Ho sento però s’equivoquen amb aquesta proposta que estan fent. El que correspon és celebrar el dinamisme de la societat civil, que ha estat capaç de crear aquesta plataforma per donar resposta




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a un greu problema de continuïtat d’empreses viables; celebrar el suport que ha tingut la iniciativa per part de les administracions, i que han finançat a través de fons Feder, com deia anteriorment.

El Govern tampoc no ha de crear un registre específic de negocis que estan en disposició de ser traspassats. Això ja ho fa la societat civil. Pretendre aquí posar aquest concepte eteri de la unitat de mercat només serveix per crear rigidesa. El que ha de fer el Govern és ajudar de manera financera i administrativa aquesta iniciativa que, com vaig reiterant, és una iniciativa d’èxit.

Per cert, quins són aquí els recursos que ha aportat l’Estat a aquesta iniciativa? I quins recursos pensa aportar a aquest projecte que funciona perquè funcioni millor, perquè les 250 transmissions que en aquests moments s’han realitzat d’aquí a poc temps no siguin 250 sinó 2500? Això és el que cal.

Torno al conveni que es va signar l’any passat amb el Ministeri d’Indústria, que pretén que aquesta plataforma pugui actuar en tot l’àmbit territorial de l’Estat, i també en el marc de la Unió Europea. Per tant, no vulguin apropiar-se aquí, aplicar-li la unitat de mercat, recentralitzar i ofegar, d’alguna manera, aquesta iniciativa que està donant aquests èxits en aquests moments de crisi, on és fonamental i bàsica la creació d’ocupació i el manteniment d’empreses, no la seva desaparició. Per tant, oblidin-se de crear registres únics, oblidin-se de rigideses, evitin l’enquistament que aporta sempre la regulació de l’Estat. Del que es tracta és de donar suport a allò que funciona. No inventin, no cal fer res més que donar suport a aquestes iniciatives que, per la proximitat al territori, depenen prioritàriament d’aquells convenis que han fet amb les diputació, en aquest cas a Catalunya, i que estan fent i han fet amb els diferents ajuntaments. Es tracta d’això, d’impulsar aquestes coses que van bé, deixar-les fer. El que es pretén és que puguin actuar en un àmbit com més gran millor, pel bé i per l’interès del creixement de l’economia, i que els joves —com diuen vostès a l’enunciat d’aquesta moció— puguin tenir borses de treball i ocupació, i puguin tenir també l’oportunitat de tirar endavant empreses que si no moririen.

En definitiva, reitero que cal no aplicar unitat de mercat a aquest concepte, sinó ajudar a la Cecot, per exemple, com a garantia de la societat civil, que està impulsant aquesta plataforma i fent aquesta bona feina.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señora presidenta.

Senador, señor don José Blas Fernández, yo creo que usted ha planteado esto al revés. Usted ha hablado de centralizar, y que luego se pueden transferir determinadas competencias en este tema, pero esto funciona, repito, al revés. Ya hay comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña, que están haciendo una buena labor a través de la Cecot, y ahora lo voy a explicar porque creo que es de interés para todos los senadores que nos escuchan hoy aquí. La moción que ahora nos presentan, sin aceptar ninguna de las enmiendas, ni la del Grupo Socialista ni la nuestra, pone en evidencia los males que esto representa para la economía española, que en definitiva son las obsesiones que tiene el Grupo Popular para recentralizar y de algún modo aplicar la Ley de unidad de mercado; y eso es tremendamente perjudicial, como ya he dicho en reiteradas ocasiones.

Con anterioridad a la llegada al poder del Grupo Parlamentario Popular, y cuando las comunidades autónomas disponían de recursos y algunas competencias —y explicaré lo que he comentado en la defensa de la enmienda—, uno de los programas Feder que impulsó Cataluña fue la creación de una plataforma tecnológica para facilitar la transmisión de empresas y su posterior acompañamiento. La creación de esta plataforma ha sido un éxito y ha estado liderada por la patronal catalana Cecot —ya se han referido a ello—. En estos momentos hay un registro de unos 1500 emprendedores, y desde su puesta en marcha ha permitido facilitar, y en muchos casos salvar, a 250 empresas. En estos momentos se produce una media de 4 transmisiones semanales de empresas —repito, 4 transmisiones semanales—, una cuestión de enorme relevancia para salvar el tejido productivo y, por lo tanto, para generar empleo. La plataforma también ha conseguido firmar convenios con 40 ayuntamientos catalanes, con las 4 diputaciones, y se intercambian perfiles de empresas que quieren ser transmitidas a potenciales emprendedores de forma sectorializada, por volumen de empresas, etcétera.

En los próximos días las distintas asociaciones de comercio de Cataluña volcarán su información sobre posibles transmisiones a esta plataforma, y se convertirán así en bolsas de




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contratación. Los recursos humanos son los de la Cecot y los que se ponen a disposición a través de las distintas administraciones públicas. Por lo tanto, es evidente que la colaboración que se está produciendo en estos términos con la sociedad civil y a través de la Cecot es de una importancia capital.

Esta iniciativa es sin duda positiva. Es un excelente ejemplo de proyecto de éxito en momentos de crisis, pero fíjense en que surge de la sociedad civil, con la colaboración de las administraciones territoriales de Cataluña, la Generalitat, que es la impulsora a través del Feder correspondiente al que yo hacía referencia antes y, por lo tanto, también de los ayuntamientos. Como decía antes en la defensa de la enmienda, la proximidad territorial y la identidad propia de cada comunidad hacen que la proximidad en estos temas sea clave y absolutamente importante. Esta proximidad depende de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas, y no de una visión centralizadora del ámbito de los ministerios. Eso es así. Y ahora el Partido Popular aprovecha esta iniciativa de éxito, lo cual es oportuno, pero lo que pretende es la revisión de la unidad de mercado y eso es un gran error. Lo que pretende el aparato del Estado es burocratizar y funcionarizar una iniciativa de éxito. Y lo siento pero se equivocan con esta propuesta. Lo que corresponde es celebrar el dinamismo de la sociedad civil, que ha sido capaz de crear esta plataforma para dar respuesta a un grave problema de continuidad de empresas viables, celebrar el apoyo que ha tenido la iniciativa por parte de las administraciones y su financiación a través de fondos Feder, como decía anteriormente.

El Gobierno tampoco tiene que crear un registro específico de negocios que estén en disposición de ser traspasados, eso ya lo hace la sociedad civil. Por lo tanto, pretender aquí incluir este concepto etéreo de la unidad de mercado solo sirve para crear rigidez. En cualquier caso el Gobierno lo que debe hacer es ayudar desde el punto de vista financiero y administrativo a esta iniciativa que, reitero, es una iniciativa de éxito.

Por cierto, ¿cuáles son los recursos que ha aportado el Estado a esta iniciativa, y qué recursos piensa aportar a este proyecto para que funcione mejor? Para que las 250 transmisiones que en estos momentos se han realizado de aquí a poco tiempo no sean 250 sino 2500. Eso es lo que hace falta.

Y vuelvo al convenio que se firmó el año pasado con el Ministerio de Industria, que lo que pretende es que esta plataforma pueda actuar en todo el ámbito territorial del Estado y, también, en el marco de la Unión Europea. Por lo tanto, no quieran apropiarse aquí la unidad de mercado, recentralizar y ahogar de algún modo esta iniciativa, que está dando estos éxitos en unos momentos de crisis, en los que es fundamental y básica la creación de empleo y el mantenimiento de empresas, y no su desaparición. Por lo tanto, olvídense de crear registros únicos, olvídense de rigideces, olvídense del enquistamiento que aporta siempre la regulación del Estado, porque de lo que se trata es de apoyar lo que funciona. No inventen, solo hace falta apoyar estas iniciativas que, en definitiva, por la proximidad al territorio, dependen prioritariamente de estos convenios que se están firmando con las diputaciones, en este caso en Cataluña, y con los distintos ayuntamientos. De eso es de lo que se trata, de impulsar estas cosas que van bien, de dejarlas hacer; lo que se pretende es que puedan actuar en un ámbito cuanto mayor mejor para el bien y para el crecimiento de la economía y para que los jóvenes, como dicen ustedes en el enunciado de la moción, puedan tener bolsas de trabajo y de empleo así como la oportunidad de salir adelante, al igual que otras empresas que de lo contrario morirían.

En definitiva, reitero una vez más que lo que hace falta es no aplicar la unidad de mercado, sino ayudar a la Cecot, por ejemplo, como garantía de la sociedad civil que está en esta plataforma impulsando esta buena labor.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señora presidenta.

Nos encontramos ante una moción que, tal y como señalé en la defensa de la enmienda, todos consideramos importante, senador Fernández y, en nombre de mi grupo, doy la bienvenida a su presentación. Considero que la moción pone sobre la mesa un asunto relevante pues todo lo que afecta a las pymes es importante en este momento en que el país se enfrenta al principal problema,




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el paro. La destrucción de empleo o la falta de creación de empleo sigue siendo el problema fundamental de nuestro país, más allá de todos los eslóganes electorales que uno quiera acuñar.

Señorías, hablamos de pymes y no solo de empresas familiares. Las pymes en España pueden ser empresas de hasta 250 trabajadores. Por tanto, nos estamos refiriendo a empresas que son pymes. Conviene ponerlo encima de la mesa porque de ese tamaño o de esas características son algunos de los ejemplos que yo quiero poner. Estamos de acuerdo en que las pymes son la parte del tejido empresarial que más riqueza aporta en España y en Europa, que más empleo crea y, por tanto, donde más empleo se ha destruido en estos tiempos. Y no voy a rebatir ninguna de las cifras que ha dado el senador Fernández, pues todas son ciertas y estamos de acuerdo con ellas.

Por lo tanto, tratar de que el Estado —contemplándolo como el conjunto de administraciones que lo integran— ayude a salvar a las empresas que podrían desaparecer por razones no económicas a través de su transmisión es una buena tarea y todos debemos instar al Gobierno y a todos los gobiernos que integran el Estado a llevarla a cabo. No vamos a discutir sobre el fondo de la cuestión. Se ha hablado de un proyecto pactado con las patronales que se dedica a dar visibilidad a las empresas en disposición de ser transferidas, que habla de la formación del comprador y de la formación del vendedor, cuestiones en las que estamos de acuerdo y sobre las que no hay ninguna discrepancia.

Como decíamos en el turno de presentación de enmiendas, a nosotros solo nos preocupa, tal y como señalaba la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, ponernos de acuerdo cuando hablamos de la garantía de la unidad de mercado. El mercado único es importante porque permite a las empresas moverse en un mercado más amplio y en mejores condiciones de competitividad, pero cuando uno interpreta la unidad de mercado como se interpretó con motivo de presentación de la Ley de garantía de la unidad de mercado empiezan a surgir discrepancias. Voy a poner dos ejemplos, porque a mí me gusta explicar las cosas para que la gente lo entienda, sobre todo los que no están aquí dentro o los que no han participado en esta moción, que justifican cualquier resquemor. Ustedes decían en la Ley de garantía de la unidad de mercado que era una actividad contraria a la unidad de mercado incluso el hecho de que cualquier Administración solicitase o abriese un registro de cualquier actividad. Por lo tanto, incluir a una empresa en un registro era ya una actividad contraria a la libertad de establecimiento y circulación de empresas, y eso es preocupante.

Una pyme, familiar o no familiar, más grande o más pequeña, puede transferirse de muchas maneras. Voy a ponerles dos ejemplos. Supongamos que una pyme se transfiere a sus trabajadores, que los trabajadores deciden comprar la empresa porque es viable. Eso está ocurriendo en el País Vasco, en Cataluña y en Andalucía, lugares donde la creación de cooperativas y de empresas de economía social está creciendo, sobre todo en tiempos de crisis. Cuando los trabajadores compran la empresa al empleador entramos en un campo, la creación de cooperativas, de competencia exclusivamente autonómica, con leyes distintas en cada autonomía. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Cómo aplicamos la unidad de mercado, señor Fernández? Esa es la duda que tenemos y que agradeceríamos que nos despejasen.

Otro ejemplo. Cuando uno transfiere una empresa se produce desde el punto de vista fiscal un hecho que está gravado por el impuesto sobre sucesiones o donaciones, en el caso de que sea una empresa familiar, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, e incluso, porque dentro del patrimonio de la empresa puede pasar, por el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana o rústica, y esos son tres impuestos transferidos en gestión y en normativa a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. ¿Cómo aplicamos aquí la unidad de mercado?

Señorías, el único problema que nosotros tenemos —y lo hemos dicho en el turno de enmiendas— es el primer punto del petitum, porque no entendemos establecer la unidad de mercado para transmisiones empresariales más allá de ponerse de acuerdo en buenas prácticas. En eso estaríamos de acuerdo. El problema es cuando la transmisión de una empresa afecta a competencias que no son del Estado, y por tanto, el Gobierno no puede decir cómo hay que hacer eso. Ustedes trajeron aquí la Ley de garantía de la unidad de mercado con unas características que ya en aquel momento dijimos que desregulaban algunas cuestiones reguladas, que uniformizaban materias en las que las comunidades autónomas tenían competencias. Eso significa




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simplemente invadir competencias que no son del Estado, y nosotros no vamos a votar a favor de una moción que inste al Gobierno a invadir competencias que no son suyas, más allá de que estemos de acuerdo en que hay que favorecer cualquier actividad que permita que se salven empresas que puedan ser viables, señor Fernández.

Ese es el resumen; por eso hemos presentado la enmienda y nos habría gustado que hubiera habido un acercamiento del grupo mayoritario hacia el resto de los grupos parlamentarios para haber sido capaces entre todos de redactar esos puntos números 1 y 2 de una forma distinta. Porque si hubiéramos sido capaces de hacerlo, quizá esta moción habría salido aprobada por unanimidad, y le aseguro que era la voluntad de nuestro grupo hacerlo, pero como usted sabe, yo le llamé ayer por la mañana y todavía estoy esperando que me devuelva la llamada. Yo comprendo que haya estado ocupado, pero, desde mi punto de vista, eso no demuestra mucha voluntad de llegar a un acuerdo para que pudiéramos votar a favor. Y lo habríamos hecho, teníamos ganas de hacerlo, porque hemos visto que había algunas otras opciones, como, por ejemplo, la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, que se acercaban al consenso, que se acercaban a la transaccional, pero no hemos visto que ustedes quisieran pactar, y por tanto, lamentablemente, una moción que todos los grupos parlamentarios hemos dicho que es importante tendrá que salir con el único apoyo de su grupo, porque no han querido acercarse al resto de los grupos que hemos presentado enmiendas, todas ellas encaminadas a mejorar el texto, a clarificar las cosas y a defender el modelo constitucional que España se ha dado, y que es el que tenemos hasta que no lo cambiemos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Fernández Sánchez.

El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Con la venia, señora presidenta.

Señorías, en primer lugar quisiera agradecer sinceramente el tono de los intervinientes, que han expuesto la preocupación que conlleva esta moción para los distintos grupos parlamentarios; una moción cuyo propietario es el Grupo Parlamentario Popular, y que se nos llame por teléfono no significa que tengamos que acceder a las pretensiones de un enmendante. Las enmiendas son enmiendas, si no son aceptadas no son aceptadas y si lo son, bienvenidas sean.

Nosotros entendemos que esta moción conlleva una situación propicia y me parece que algunos portavoces han confundido lo que es una moción con lo que es el trámite de un proyecto de ley. La moción es lo que es, puede ser ambigua, puede ser parca, puede ser corta, pero no es específica como puede ser, lógicamente, un proyecto de ley, con todas las pretensiones jurídicas que conlleva y en el que se hila fino hasta el último contenido para llegar a un proyecto de ley definitivo. No confundamos el trámite parlamentario de un proyecto de ley con una moción en el Parlamento, que es lo que acaba de presentar al Grupo Parlamentario Popular. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Vamos a centrarnos un poco en las intervenciones de los portavoces. Por lo visto, a algunos no les agrada la unidad de mercado pero, señoría, la unidad de mercado favorece a todas las comunidades autónomas. Yo entiendo que su crítica es ideológica, simplemente ideológica, pero creo que una moción como esta tenía que haber sido apoyada en su totalidad puesto que lo que pretendemos es que todo el contexto del entramado empresarial pueda tener un final feliz. Y lo digo porque en los tres puntos de la moción se recoge: «Establecer la unidad de mercado para transmisiones empresariales que aúne y combine la fortaleza de los distintos modelos de programas de transmisiones de empresas ya puestos en práctica en España, depurando sus puntos débiles e incorporando nuestras actuaciones en este ámbito.» Es decir, que admite, como es lógico, todas aquellas actuaciones que se han hecho en las comunidades autónomas. He dicho al principio que el propio Ministerio de Industria tiene ya como colaborador necesario a dos comunidades autónomas, Extremadura y Murcia, que están colaborando para llevar a cabo este proyecto, esta moción. Por lo tanto, creo que los puntos débiles que van a ser incorporados en esta moción son los necesarios para que cada comunidad autónoma aporte y, lógicamente, combine su actuación con ella.

Después se dice que se cree un registro específico de aquellos negocios que estén en disposición de ser traspasados, por supuesto, un registro específico combinado y actualizado con




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las distintas comunidades autónomas. Yo estoy basándome específicamente en un proyecto que ha hecho un consultor, un tal señor Ruiz, de la confederación de empresarios de la provincia de Cádiz, a la que yo pertenezco, en el que habla de las equivocaciones más comunes en el relevo generacional. Aquí hay un problema generacional, que es el problema de las pymes, las micropymes y posiblemente de grandes empresas, porque hay que diferenciar entre propiedad, gobierno y gestión de las empresas; ese es el gran problema que tienen, un problema generacional, un problema de diferenciar lo que es la propiedad de lo que es la dirección. Muchas veces no es cuestión de talento, pero puede que sí lo sea cuando hay un problema generacional para poner a cargo de la empresa a otra persona; muchas veces, cuando los herederos no tienen la formación necesaria, la empresa decae porque no se ha sabido administrar.

Hay equivocaciones muy comunes en el relevo generacional, equivocaciones muy importantes, por ejemplo, considerar el relevo como un acontecimiento y no como un proceso. Lo que traemos al Parlamento hoy es que hay que saber discernir entre lo que es un relevo y un acontecimiento, para que a lo largo del tiempo, cinco a diez años, las empresas estén preparadas, los herederos o aquellos que quieran comprarla. Estoy hablando de un relevo como un acontecimiento importante que se ha de hacer poco a poco, de forma que serán los propios cuadros de mando de la sociedad, sea una persona jurídica o una persona física, los que tendrán que hacerlo, y no de un proceso natural y lógico, como ocurre, por ejemplo, por jubilación del empleador o por fallecimiento. Por ello, si en una empresa no se establece el relevo en una fecha fija, de por sí la empresa cae, puesto que se retrasa la organización y la estrategia, además de que muchas veces los hijos se acomodan al estatus que mantiene la empresa, lo que se llama el síndrome del príncipe Carlos, que lo único que hace es mirar, mirar y mirar y no hacer nada.

Por lo tanto, dada esta situación que se da en la pyme y la micropyme, tenemos que darnos cuenta del error que supone pensar que es una obligación con el pasado y no una oportunidad para el futuro. Ese es el problema de las micropymes, hay que valorar el pasado de la micropyme y de la empresa que corresponda, pero siempre considerando que hay un futuro inmediato en el que hay que sustentar las empresas y mantener el número de trabajadores.

Por lo tanto, como he dicho al principio, no voy a entender que por un problema ideológico no se apoye una moción, sin embargo, sigo manteniendo —y algunos portavoces lo han dicho— que se van a perder empleos de calidad; es cierto —lo decía la portavoz del Grupo Vasco—, se pueden perder procesos y empleos de calidad; sí, señor, se pueden perder perfectamente, pero no porque pongamos en marcha las medidas directamente desde el Gobierno, porque las comunidades autónomas tendrán que mantener todas sus competencias en el lugar donde ocurra —estoy de acuerdo con ello—. Si la empresa se va a traspasar en Cataluña, lógicamente tendrá mucho que decir la comunidad autónoma, pero ello no significa que no tenga que atenerse a la unidad de mercado. Estamos en Europa, señores. Europa está por encima de todos nosotros. Europa conlleva esa unidad de mercado para todos los aspectos. Por lo tanto, es importante que así se haga. Hay que fomentar toda la actividad empresarial de cara a esa unidad de mercado. Por ello, es una moción importante. Algunos piensan que como la moción no es suya y el partido que gobierna es el Partido Popular, pueden votarla en contra. Vótenla ustedes en contra. Tienen libertad para hacerlo, pero entiendan que al estar en Europa esta unidad de mercado tiene que extenderse a todo el territorio de la Unión. La normativa laboral se legisla en las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado, y se legisla para que todos los empresarios y empleadores la cumplan.

Por lo tanto, la moción es valiente y oportuna. Hemos estudiado, para que luego no se pueda criticar, cómo se calcula la pérdida de empleo en este país. El Gobierno de la nación ya ha puesto los mimbres o los parámetros para que haya mejoras sustanciales. Pero a mí me agradaría que estas mejoras sustanciales, que también las han hecho algunas comunidades autónomas, se cumplieran. El gran problema de las pymes y micropymes es que en muchas comunidades autónomas se crean muchos proyectos que luego no se cumplen. En la comunidad de la que vengo, Andalucía, estoy cansado de oír hablar del apoyo a las pymes y micropymes, y no se da nada. No hay ninguna credibilidad. La Junta de Andalucía no tiene ningún compromiso para crear empleo en las pequeñas y medianas empresas. Hay una serie de apoyos que luego se pierden, por no hablar de los cursos de formación, que también se pierden, ni de las cuantías que se aportan para crear empleo, que no se conocen nunca. Así estamos, con treinta años de gobierno socialista y con más desempleo.




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Señorías, esta moción es oportuna y va a tener un resultado feliz para aquellas empresas que no están en proceso de extinción por razones económicas, sino que pueden ser boyantes, para que quien las pueda comprar, para que quien pueda ver sus posibilidades a través de ese registro se haga cargo de ellas lo más pronto posible. Esta es la forma de mirar hacia el futuro, de mirar hacia Europa y hacia España, que es la nuestra, que es la que tenemos que gobernar y por la que tenemos todos que mirar, no observando cada uno el ombligo de su propia comunidad autónoma.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 236; votos emitidos, 236; a favor, 145; en contra, 86; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

6. COMISIONES ESPECIALES

6.1. SOLICITUDES DE CREACIÓN

6.1.1. COMISIÓN ESPECIAL PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

(Núm. exp. 650/000007)

AUTORES: MARCELINO IGLESIAS RICOU (GPS) Y VEINTICUATRO SENADORES MÁS

El señor presidente da lectura a los puntos 6., 6.1. y 6.1.1.

El señor PRESIDENTE: Empezamos con el debate de totalidad.

Turno a favor.

Tiene la palabra la senadora Flores.

La señora FLORES FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.

Buenos días, señorías. El pasado día 22 presentamos la solicitud de creación de una comisión especial del Senado para el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas relacionadas con la violencia de género, y no lo ha hecho solo el Grupo Parlamentario Socialista, sino que lo ha hecho con otros grupos de la Cámara, como son Convergència, Entesa, PNV y buena parte del Grupo Mixto. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Espere un momento, senadora Flores.

Señorías, hagan el favor de guardar silencio. (Rumores).

Guarden silencio, por favor, o abandonen el hemiciclo en silencio.

Gracias.

Continúe, señoría.

La señora FLORES FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.

Decía que a todos ellos quiero agradecer que hayan firmado esta iniciativa, con absoluto respeto a los posicionamientos de cada uno.

Señorías, en los primeros meses de este año han sido asesinadas por violencia de género 26 mujeres, la mitad del total del año 2013. Este repunte demuestra que no se puede bajar la guardia, al contrario, exige una alerta continua y una lucha imparable. El informe del Observatorio contra la violencia de género del Consejo General del Poder Judicial indica que hay determinados indicadores sobre los que tenemos que reflexionar. La iniciativa del Grupo Parlamentario Popular de crear un grupo de trabajo no nos parece suficiente para un asunto tan importante como es la vida de las




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mujeres. Es una cuestión de derechos humanos y por eso pedimos que se trate en sede parlamentaria, utilizando todos los instrumentos que el Reglamento de la Cámara pone a nuestra disposición.

Queremos, señorías, un debate serio y riguroso, del que surjan propuestas y soluciones. Por eso, reclamamos acciones y medidas que ayuden a erradicar esta lacra. Hay que contar para ello con asociaciones, sindicatos, comunidades autónomas, ayuntamientos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, profesionales de la abogacía y de los servicios sociales, etcétera, es decir, con toda la sociedad, porque o lo hacemos todas y todos juntos o no será posible.

Por eso, pedimos esta comisión, porque, a nuestro juicio, es prioritario que comparezca el Gobierno para presentar la evaluación de la ley vigente, que tiene ya diez años, recuerden que fue la primera del Gobierno de Rodríguez Zapatero; que puedan comparecer, asimismo, asociaciones de mujeres, juristas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, agentes sociales, etcétera, que tienen mucho que decir en este tema porque lo trabajan día a día; que se cuide la prevención de la violencia de género, importantísima en la actual ley y que se ha ido diluyendo con las reformas del Gobierno del señor Rajoy. ¿O es que creen, señorías, que seremos capaces de eliminar la violencia de género sin formar ciudadanas y ciudadanos libres y respetuosos con la diferencia?

Queremos que el Gobierno se comprometa con las conclusiones de la comisión y queremos que se repongan los fondos que se han ido detrayendo en estos años de Gobierno del Partido Popular. Queremos, en definitiva, un pacto social y político por la seguridad de las mujeres y contra la violencia de género, como el que se logró en el año 2004, porque aquí, señorías, no caben crisis económicas, sino defensa de los derechos básicos de ciudadanía de todas las mujeres. Ese pacto, a nuestro juicio, tiene que contar con un reflejo institucional en las Cortes.

El preocupante descenso de denuncias hace pensar que algo está fallando. El imparable ascenso del archivo de denuncias o el incremento de denegaciones de órdenes de protección nos tiene que hacer reflexionar.

Señorías, el año pasado se registraron 124 894 denuncias, 27 por cada 10 000 habitantes; sin embargo, la reducción desde el año 2008 es del 12%, y se dictaron 32 831 órdenes de protección, o sea, un 26% nada más.

No cabe la menor duda de que la difícil situación actual tiene una incidencia profunda en este asunto, y las reformas legislativas de estos años tampoco ayudan: desde la reforma laboral, que manda a las mujeres a casa, en lugar de desarrollar una verdadera estrategia de políticas de empleo para las víctimas, a la reforma local, que va a hacer mucho daño a la red que se ha ido construyendo en los últimos años de servicios contra la violencia de género en los ayuntamientos.

Nos preguntamos, ¿quién va a hacer la atención directa, la acción preventiva, la atención policial o la integración laboral? En este sentido, el papel de la Administración Local es determinante y decisivo.

Hace unos días, el ministro Wert nos decía en esta Cámara que la contrarreforma, la LOMCE, no iba a suponer ningún problema para las políticas preventivas de formación de nuestros jóvenes. Con los datos del Observatorio sobre violencia de género entre los adolescentes, ¿de verdad se lo creen? ¿Es que piensan, señorías, que la desigualdad y la violencia de género, expresión flagrante de ella, desaparece solo con desearlo? Algo tendremos que hacer.

Señorías, a nuestro juicio, hay que plantear medidas para la detección de violencia de género en centros educativos, en las familias, y mantener los servicios de proximidad para apoyar y proteger a las víctimas, a sus hijos e hijas. El enfoque tiene que ser multidisciplinar. Las y los expertos tienen que darnos su opinión para que podamos entre todos abordar el futuro.

El Grupo Socialista pidió un pacto de Estado contra la violencia de género mediante la convocatoria de una mesa nacional, con la participación de todos los estamentos, que analizara dónde están fallando los mecanismos de aplicación de la ley, porque las mujeres, señorías, tienen miedo, no se sienten seguras y, desde luego, no nos pueden decir que la seguridad de las mujeres, el mantenimiento de una red de servicios y centros de ayuda, la educación en igualdad entre mujeres y hombres o los avances legislativos para la persecución y sanción de estas conductas están supeditadas a un supuesto principio de cumplimiento de objetivos de déficit.

¿Cuál ha sido la respuesta? La respuesta, como decía antes, ha sido la creación de un grupo de trabajo al que hemos acudido, como no podía ser de otra manera, pero, desde nuestro punto de vista, no se puede avalar esa informalidad para tratar un asunto tan lacerante, como es la violencia




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que se ejerce contra la mujer por el hecho de serlo. Creemos, por eso, que es pertinente la creación de esta comisión, tan importante, al menos, como otras que se han creado en esta Cámara.

¿Qué miedo tienen, señorías del Partido Popular? Quizá que salga a la luz que no se está aplicando bien la ley por falta de medios, por la nula prevención o por falta de formación de los profesionales. Sin embargo y aun así, nosotros creemos que hay que crearla porque hay que debatir, hay que escuchar para reformar lo que haya salido mal o reforzar lo que esté dando resultados positivos.

Señorías del Grupo Popular, ustedes tienen la mayoría, lo sabemos, tienen la legitimidad de origen porque ganaron las elecciones; la de uso se la tienen que ganar día a día y, desde luego, no ayuda una negativa como ésta a la creación de una comisión que no va contra nadie sino a favor de las mujeres y, por lo tanto, de toda la sociedad.

Esperando que recapaciten y que su voto sea favorable a esta iniciativa, me reservo para el turno de portavoces.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Flores.

Turno en contra. Tiene la palabra la senadora Armisén.

La señora ARMISÉN PEDREJÓN: Buenos días y muchas gracias, presidente.

A pesar de la intervención que ha hecho la senadora del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Flores, a la que agradezco su tono, no nos engañemos: hoy no venimos a debatir ninguna propuesta de la oposición sobre violencia de género. Hoy venimos a hablar de la creación de un nuevo órgano, de la creación de una comisión parlamentaria. No sabemos por qué, sinceramente, cuando todos los grupos estamos de acuerdo en que la violencia de género es la máxima expresión de desigualdad precisamente contra las mujeres, a los proponentes no les es suficiente ni el rigor ni la transparencia ni el trabajo en la Comisión de Igualdad. Sinceramente, no entiendo por qué como instrumento parlamentario no sirve la Comisión de Igualdad, cuando es un órgano parlamentario permanente, que existía cuando gobernaba el Partido Socialista —me voy a centrar en el Grupo Parlamentario Socialista, aunque los solicitantes también son de otros grupos—, y se ha mantenido en esta legislatura aunque no es el reflejo idéntico de la estructura ministerial. Como ustedes saben, el ministerio es de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y sin embargo se siguen manteniendo las dos comisiones parlamentarias por el compromiso que el Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular creen que debemos tener con las materias de igualdad. Por supuesto, la existencia de esta comisión parlamentaria permanente permite que todos los grupos presenten cualquier tipo de iniciativa en esta Cámara y mi grupo parlamentario cree que hoy sí es imprescindible hablar de este tema, pero no solo de la creación de una comisión, sino de la violencia de género, porque es un asunto tan importante como lo ha sido antes, como lo ha sido hace años, como lo ha sido siempre, y en mi grupo y en el Partido Popular estamos absolutamente comprometidos con esa lucha.

No voy a entrar, y menos en el periodo electoral en el que nos encontramos, en una guerra de datos —podría sacar los de otros años— porque creo que no le hace ningún favor ni al Gobierno ni a ningún representante público, pero sí creemos que es importante, cuando se ve que estos datos no reconocen un cambio de tendencia, hablar de este asunto. Pero es importante, señorías, hablar de violencia de género; no es importante hablar de si los parlamentarios nos reunimos en una comisión, en una sala, si vamos a ser capaces de sacar una propuesta adelante o de negociar con lealtad, con trabajo y esfuerzo. Me niego a reconocer ese discurso, y lo digo desde mi experiencia parlamentaria. Yo he trabajado muchísimo en grupos con compañeros de muchos signos políticos y hemos negociado sin necesidad de tener que estar sometidos al calendario parlamentario de forma exclusiva. Un grupo de trabajo no quiere decir que ustedes no presenten las propuestas en sede parlamentaria —estoy hablando formalmente— a través de la comisión en relación con las iniciativas que consideren oportuno. ¡Faltaría más que esta parlamentaria viniera a decirles lo que tienen que hacer!, pero una cosa no quita a la otra.

Por otro lado, les tengo que decir que ha habido una iniciativa por parte del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y del Grupo Parlamentario Popular en el Senado para constituir un grupo de trabajo Congreso-Senado no para hablar de forma general sobre violencia de género —si hay que hablar de ello en el grupo de trabajo, también—, sino simplemente para ser una de las patas,




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porque somos el legislativo, somos los grupos políticos, somos los grupos parlamentarios, de manera que pudiéramos aportar en un breve espacio de tiempo lo que nosotros creemos desde nuestra experiencia diaria que podría ser modificable en la Ley integral que en estos momentos lleva diez años en vigor. ¿No seremos capaces, conociendo la legislación, de llegar a un acuerdo sobre unas propuestas, en las que estoy segura de que coincido con todas mis compañeras, en las que se dijera: los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado estamos dispuestos a presentarle esto al Gobierno, porque es lo que pensamos para una modificación legislativa? Sinceramente, no me parece que sea un asunto como para estar discutiendo hoy si una comisión o si un grupo de trabajo.

Creo que deberíamos pensar un poco en la carrera de la iniciativa y de la foto diaria. Porque si entramos en este debate les diré que a mí nadie me ha pedido que presentara ni que solicitara esta iniciativa. Yo tuve conocimiento de ella en la reunión del grupo de trabajo. Y sé que mis compañeras están comprometidas con este asunto y van a trabajar con lealtad, así como que todas ustedes van a participar y han participado en el grupo de trabajo. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer?, ¿seguir discutiendo la forma y no dar respuesta al problema? Yo creo que eso es lo que nos critican los ciudadanos todos los días en la calle, que seguimos discutiendo entre nosotros las cuestiones. ¿Qué molesta del grupo de trabajo? ¿Que lo ha propuesto el Partido Popular? ¿Por qué, si nosotros también hemos votado iniciativas en contra de la violencia de género y nuestro Gobierno está poniendo en marcha importantes iniciativas al respecto? ¿Molesta que no seamos capaces los grupos de reunirnos? Nos reunimos todos los días para llegar a transacciones, a enmiendas, para debatir cuestiones que interesa a nuestros grupos que salgan por consenso. ¿Qué es lo que molesta?

Sinceramente, no me ha resultado nada agradable tener que participar hoy en este debate, por motivos que muchas compañeras conocen. Primero, porque hablar de violencia hoy, después del recuerdo a mi compañera de muchos años, no me parece adecuado, aunque las razones sean distintas. (Rumores.) Estoy hablando de mi sentimiento personal. Tan solo digo que no me ha resultado agradable. (Rumores.) Sé que están todas ustedes de acuerdo con lo que he dicho. No era el debate de este asunto. Lo he mencionado por un sentimiento personal y si a alguien le ha molestado, lo retiro en este momento. Y, segundo, ¿qué competencias creen ustedes que tiene la Comisión de Igualdad? ¿No es evaluar la aplicación de la ley integral? ¿No es hablar de violencia de género como máxima expresión de la desigualdad entre hombres y mujeres?

Señorías, nos vamos a oponer a la creación de la comisión porque está en marcha el grupo de trabajo, que creemos que es un elemento más ágil, más funcional y más efectivo. Y lo único que he escuchado, tanto en el grupo de trabajo como con ocasión de la iniciativa de hoy, es que si nos reunimos en una sala, que si el presupuesto, que si otras leyes... Sé que van a decir también que si la ministra ha acudido o no. Pero hoy no estamos hablando de eso. Estamos hablando del trabajo de los parlamentarios como representantes de los ciudadanos, no de lo que hace el Gobierno, sino de qué queremos hacer nosotros y lo que hemos propuesto es un grupo más ágil para llegar libremente a acuerdos que luego se puedan plasmar en iniciativas parlamentarias, también en las que ustedes consideren desde su labor de oposición.

Asimismo, he de decirles que el Gobierno, y el grupo que lo apoya, tiene una responsabilidad, pero no me voy a escudar en ella: apoyar al Gobierno, repito, y, lógicamente, fomentar iniciativas en esta Cámara. Pero creo que la oposición, en este caso, también tiene una responsabilidad: saber dónde realiza las funciones de control, a través de qué instrumentos, y ofrecer alternativas y propuestas. Hablando de pura teoría política, no solo existe la labor de control de la oposición. Por lo tanto, crear foros distendidos en un tema como este en el que todos estamos de acuerdo en muchos aspectos, es beneficioso para nuestra labor de parlamentarios.

Sinceramente, hoy podría hablar mucho, porque son muchas, de las medidas que está llevando a cabo el Gobierno en materia de violencia de género, pero creo que hoy la iniciativa no es esta. No sé cómo me van a contestar ustedes y a lo mejor lo tengo que retomar después, pero la iniciativa no es esta. ¿Quién tiene la iniciativa en nuestro sistema para la modificación legislativa? La tiene el Gobierno, pero también las Cámaras, cómo no; se pueden presentar proposiciones. Yo creo que llegar a acuerdos sobre la evaluación de una ley para luchar contra la violencia de género, después de diez años, no es promover una iniciativa que excluya a las asociaciones, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o a la sociedad, porque además todos ellos están




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representados en el observatorio; el observatorio también ha mantenido una reunión, va a hacer su trabajo y elaborará sus propuestas. ¿Pero no somos capaces de hacerlo nosotros por nosotros mismos? Desde luego, mi grupo, sí. Mi grupo está dispuesto a trabajar a diario en ese grupo de trabajo, y soy consciente y tengo asumido que mis compañeras van a estar allí.

Por lo tanto, espero que esto sea un paréntesis de forma, como he dicho, y que nos pongamos a lo importante. ¿Qué es lo importante? Trabajar para buscar las mejores iniciativas que nos permitan ponernos todos juntos delante de nuestra sociedad, no para que esos datos bajen, sino para que no tengamos que hablar de esos datos tan tristes ni un día más. Pero depende de nosotros, no de la responsabilidad de los demás.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Armisén.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Tengo que decir que para este momento traía cuatro ideas, siendo la primera la de extraer este tema de la guerra política, como tantas veces hemos mencionado. Pero, senadora Armisén, si me permite y desde el cariño que sabe que le tengo, debo responderle algunas cosas.

Otra de las ideas que yo traía era la de no entrar en la guerra que unos y otros pueden mantener, unos hablando de herencia y otros de recortes. Como firmante que soy de la propuesta que hoy se trae aquí, me parece que usted ha hecho algunas reflexiones que pueden llevar a la confusión a la Cámara. Digo esto porque cuando se firmó la solicitud para conformar esta comisión ya se nos trasladó aquello de: ¡pero si no sabemos para qué está la Comisión de Igualdad! ¿Y ustedes? Porque yo fui convocada a una reunión de un grupo de trabajo, con bastante poca precisión —tengo que decirlo—, y ya lo dije en aquella reunión. Yo no hablé de chimeneas, ni de leyes, yo pedí clarificar para qué se me había convocado a aquella reunión de un grupo de trabajo conjunto del Congreso y el Senado. Pero si usted tiene tan claro cuáles son las funciones de la Comisión de Igualdad, ¿por qué no derivaron a la propia comisión la realización de lo que en ese grupo de trabajo pensaban llevar a cabo?

Otra reflexión que ha hecho usted es que hoy no toca hablar de la conformación de la comisión cuya solicitud de creación se trae aquí, que hoy toca hablar de la violencia de género. Perdone, pero en el orden del día figura ese punto de la comisión especial, por lo tanto nos tocará, en base a la opinión que cada uno tenga, valorar qué nos merece tal propuesta. Y ciertamente este era otro de los apartados que traía preparados hoy. Entiendo que hoy no toca hablar en profundidad del tema, aunque sí debería ocuparnos, sin duda. No deberíamos perder tanto tiempo en ver qué formato le damos al estudio de un contenido que tanta importancia tiene, pero lo cierto es que el punto que estamos debatiendo en este momento nos lleva a hacerlo; nos obliga a llegar a un acuerdo sobre el formato que queremos la mayoría —evidentemente, con su mayoría volveremos a encontrar poco acuerdo—, así que tendremos que dedicarle tiempo y centrarnos en ello.

Usted ha dicho que el grupo de trabajo garantizaba todo, que era una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular para ser una de las patas. No para hablar de violencia de género, ¡sorpresa!, sino para aportar en un breve espacio de tiempo unas cuantas reflexiones. Pues bien, le vuelvo a decir lo mismo: ¿por qué no en la comisión?

En otro momento, se ha referido a que la comisión ha de ser ágil, funcional y efectiva; pues bien, dotémosla. Ustedes consideran que ese grupo de trabajo es más ágil y más funcional, pues bien, tengo que decir, para que la Cámara lo sepa, que la segunda reunión, que estaba conformada por miembros del Congreso y del Senado, tuvo que ser desconvocada al no presentarse los diputados. Por tanto, una de las defensas que hago para la conformación de este grupo es que, sin duda, es más ágil que nos reunamos los miembros de la Comisión de Igualdad del Senado y los miembros de la Comisión de Igualdad del Congreso, salvo que consigan convencernos del objeto de dicho grupo de trabajo, que todavía no tengo claro.

También ha dicho que no estamos hablando de eso. Permítame, senadora Armisén, que le diga que es un poco reiterativo por su parte. Cuando votamos en contra, es que no hemos entendido la moción; cuando hablamos de lo que se trae al Pleno, es que no toca hablar de eso.




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¡Hombre!, siempre nos tienen que estar diciendo de lo que toca hablar y de lo que no. Cada uno, desde nuestra comprensión, desde nuestro entendimiento, traemos propuestas a esta Cámara, y entiendan que tienen la misma legitimidad y la misma responsabilidad. No creo que nadie presente en esta Cámara un planteamiento infundado o poco serio. Desde la discrepancia de opiniones y desde la contraargumentación, lo que quieran, pero es que siempre escuchamos lo mismo.

Señorías, he traído cuatro ideas para el debate simplemente, y al escuchar yo misma mis respuestas, parece que queríamos entrar en ello y no es así. No, señorías, este es un asunto que nos tiene que abstraer de los partidismos —en este caso, del bipartidismo—, y de lo que no toca hablar es de herencias ni de recortes, ni de nada de eso. De eso sí que no toca hablar. Se lo digo yo, no lo ha dicho usted. Tenemos que ser capaces de estar bajo un gran paraguas en el que logremos un acuerdo entre todos, porque, si no, el desacuerdo se traslada a la ciudadanía. Señoría, yo vivo en Irún y allí tuvimos la trágica experiencia de vivir el asesinato de Nagore Laffage. La consecuencia posterior del asesinato de Nagore Laffage nos llevó a un desacuerdo en la ciudadanía. Era incomprensible. Cuando las convocatorias para la condena de los asesinatos de violencia machista partían de una línea, sí; cuando tenían la aprobación de la institución, entonces, no. Tenemos ese ejemplo, y no tengo ninguna duda.

Por otro lado, las cifras están ahí. No creo que hoy merezca la pena seguir hablando de ello, pero lo que sí debemos hacer es aunar esfuerzos. No porque no toque hoy hablar de ellas hay que obviarlas, pues son, evidentemente, una lacra importantísima. De la operatividad de una u otra ya he hablado, y es cierto que estamos continuamente reunidos en comisiones debatiendo de otros asuntos, pero, quizá, respetando la importancia de todos, este lo es en mayor medida.

Como conclusión, simplemente quiero manifestar que yo misma, en muchas de las reuniones, he repetido que algo no estamos haciendo bien, y no me refiero a si participamos en debates que no nos corresponden o sobre lo que debatimos. Entrando en el meollo de la cuestión, algo no se está haciendo bien. Debemos dedicar todas las energías en positivo a todo lo relacionado con la prevención, con la educación. Tenemos que encontrar la clave porque algo se nos está escapando. Por ello, la opinión de mi grupo es que en la creación de esta comisión, con este formato, podríamos llegar a un acuerdo. Pero, como usted ha dicho, nosotros no vamos a dejar de ir a ningún foro donde se nos convoque para hablar de este asunto porque si no, caería en una incoherencia en mi discurso. La importancia de este asunto nos requiere allá donde se vaya a hablar de ello. Pero no perdamos más tiempo en las formas, aunque sí que toca hablar de la forma, que es una fórmula más, una posibilidad más que tenemos para traer propuestas a la Cámara.

Por lo tanto, hoy sí que tengo que hablar de ello, pero dediquemos el tiempo que tenemos —como he dicho antes— al contenido, que es lo que estas mujeres, sus hijos y sus hijas, nos reclaman, algunas a gritos y otras en silencio, que no sé qué es peor. Yo quiero que demos un ejemplo hoy de lo que la ciudadanía nos exige, esa capacidad para llegar a acuerdos, de lo que ayer, en algún momento, hablaba otra compañera suya del Grupo Popular. Yo todavía apelo a ello y confío en que esta propuesta pueda prosperar, puesto que más allá de la forma, si a lo que damos valor es al contenido, lleguemos a un punto de encuentro y seamos capaces de sentarnos, con chimenea o sin chimenea, a hablar del contenido, que es lo que hoy merece la pena.

Gracias (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.

En primer lugar, quiero aclarar que esto no va de una pelea entre mujeres en una sala con chimenea, sino que esto es un reconocimiento de nuestro fracaso colectivo como sociedad. Y creo que esto tiene que quedar claro, porque es lo que de verdad estamos discutiendo aquí, que es la muerte de 26 mujeres en lo que llevamos de año.

Se cumplen diez años de la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. En estos diez años, este país ha cambiado en muchísimas cosas, pero lo que no ha cambiado es que, a día de hoy, continúan produciéndose muertes por violencia machista. Eso nos puede suscitar preguntas a cualquiera de




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nosotros que intente reflexionar sobre el tema: ¿Estamos haciendo todo lo posible desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo? ¿Tenemos que volver a pensar, tenemos que repensar, la manera de combatir esta lacra? ¿Hay que invertir más en educación, en sanidad? ¿Cómo vamos a evitar los repuntes de esa violencia machista? Los medios de comunicación, ¿qué papel juegan?

Déjenme que les ponga un ejemplo que estamos viviendo estos días. A nivel mundial hay una campaña, que todos ustedes han visto, que es el Bring back our girls, devuélvannos a nuestras niñas. Como saben, más de 200 niñas de un colegio católico han sido vendidas como esclavas. Pues esa campaña, quizás, no hace que los negociadores, o que los raptores, devuelvan a las niñas, pero nos pone a todos en la conciencia social de que se venden niñas en el mundo para esclavizarlas. Por lo tanto, los medios juegan un papel importantísimo para cambiar dinámicas y cambiar culturas en la sociedad, al igual que la educación.

Por todo ello, podríamos continuar haciéndonos preguntas sobre qué otros factores intervienen en la violencia, pero lo que está claro es que las últimas muertes de mujeres a manos de sus parejas han vuelto a disparar nuestra alarma social. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué ha habido ese repunte? ¿Por qué este año está falleciendo más mujeres? Seguramente, por causas multifactoriales; seguramente, hay que estudiarlo, hay que analizarlo; seguramente, el contexto crisis tiene mucho que ver. Pero la propuesta que nos hace el ministerio, en primer lugar y, en segundo lugar, el grupo mayoritario de esta Cámara, y de la Cámara del Congreso, el Partido Popular, a nosotros nos parece poco ambiciosa, porque un grupo de trabajo mixto de portavoces de Igualdad Senado-Congreso no nos parece nada ambicioso ni reglamentario. ¿Y por qué digo esto? Porque un grupo de trabajo no está estipulado en ningún reglamento de las Cámaras, no está regulado en ninguna de las Cámaras. Es más, un grupo para hablar, exactamente ¿con qué objetivos?, ¿hacia dónde?, ¿para hacer propuestas? Pues entonces, ¿por qué no lo elevamos a una comisión, que es lo que propone —y de lo que también somos signantes— el grupo de Entesa en esta discusión que tenemos ahora?

Nos cuesta un poco aceptar esta manera de trabajar —que nos parece poco ortodoxa— en el Parlamento, porque nosotros no somos un grupo de amigos. Es así, no lo somos. Representamos a los ciudadanos que nos han elegido democráticamente, esos ciudadanos que están ahí fuera y que en las próximas elecciones, seguramente, muchos de ellos se van a abstener, porque uno de los principales problemas es que en los últimos años —desde los años noventa para acá— la ciudadanía cada vez cree menos en los políticos y en la política. Y hacer un grupo de trabajo no ayuda a que crean en nosotros, porque es una cosa absolutamente aparte y poco transparente de cómo se tienen que hacer las cosas. Por eso propusimos una comisión especial, para poner negro sobre blanco todo aquello en lo que trabajáramos: las comparecencias, todo lo que pudiéramos hacer para aunar esfuerzos en contra de la violencia de género, y para que fuera transparente también para los ciudadanos, esos que ya no creen en nosotros, pero a los que representamos de todas formas.

Estamos seguros de que hay cosas que hay que cambiar, y eso lo compartimos la mayoría de la Cámara. Seguro que hay que modificar leyes, y también hay que aplicarlas mejor, también, porque se aplica de forma muy desigual la Ley de violencia de género en distintas comunidades autónomas, y esto también lo sabemos. Quizás tendríamos que plantearnos que hay partidas que no habría que tocar jamás, mandase quien mandase. Es demasiado complejo para acabar decidiendo cuál es la opción fácil, y una solución no la vamos a encontrar en dos meses ni en un grupo de trabajo ni en una comisión especial, seguramente porque es un tema generacional. Como sabe, nosotros propusimos que se creara una comisión mixta Congreso-Senado de forma reglamentaria, y lo propusimos porque consideramos que la violencia de género, desgraciadamente, no la vamos a solucionar ni en una ni en dos ni en tres legislaturas, porque no hay una varita mágica, es un tema de estereotipos culturales, de temas muy subjetivos. Tampoco quisieron ni hablar de esa opción cuando ustedes tuvieron la posibilidad de crear esa comisión.

Por todo ello, tenemos que ser muy conscientes de que lo que se está discutiendo hoy aquí es, sin duda, cómo hacemos la política. Usted ha dicho que tiene ganas de que se termine este paréntesis para poder empezar a trabajar en el tema de la violencia de género. Considero que esto también es trabajar contra la violencia de género, porque forma parte de visualizar ese problema, porque muchas veces no se hace.




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Por lo tanto, dejando al margen la pugna partidaria y centrándome en lo que creo que es real, que son las dificultades de los estereotipos culturales que tenemos en nuestro país desde hace mucho tiempo, y que se tiene que trabajar —y no solo en nuestro país, por supuesto también en Europa; me va a decir, solo faltaría— en estereotipos que pasan por el amor romántico y que pasan porque nuestra juventud, con las nuevas tecnologías, está teniendo actitudes más machistas de control de las que habíamos visto en muchísimo tiempo, y de la que muchos de nosotros no habíamos sufrido nunca, dejando al margen la pugna partidaria y centrándome en las dificultades de los estereotipos culturales, todo esto pasa por poder volver a poner la violencia de género donde tiene que estar, ponerla en un punto importante de nuestros programas electorales y de nuestras preocupaciones políticas.

Señorías, este tema es candente, importante, complicado de defender, porque nadie de los que estamos en esta Cámara, nadie quiere que ninguna mujer fallezca a manos de su pareja. Pero esto va a pasar y va a continuar pasando nos guste o no. Por lo tanto, tenemos que evitarlo de la forma que sea posible y nosotros consideramos que las comisiones, en este caso la que estamos defendiendo hoy, una comisión especial, es una manera de dejar de silenciar este tipo de violencia.

Y termino refiriéndome a algo que dice Miguel Lorente, y que creo que tiene mucha razón cuando afirma que el silencio ha sido el mayor cómplice de la violencia que las mujeres han sufrido a lo largo de la historia. La invisibilidad solo ha sido una de sus consecuencias. Como creo que todos lo compartimos, intentemos cambiarlo.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.

Señorías, señora Armisén, con todo el cariño que sabe que le tengo, debo sumarme a la reflexión de la senadora Iparragirre y de las compañeras que me han precedido en el uso de la palabra para decirle que no estoy de acuerdo en que se cuestione la propuesta de la creación de esta comisión apelando al grupo de trabajo o apelando a la Comisión de Igualdad, justamente por algo tan sencillo como esto: si la Comisión de Igualdad tiene tal relevancia y es un instrumento tan efectivo para este trabajo, entonces ¿para qué creamos la comisión de trabajo? Y no me negará que esta comisión de trabajo goza de una cierta informalidad, que no aporta recursos para los miembros de la oposición y tampoco para ustedes al objeto de elaborar unas resoluciones en las que se recoja oficialmente el trabajo de todos los parlamentarios.

Dicho esto, quiero manifestarle que desde el Grupo de Convergència i Unió subimos a la tribuna a defender esta iniciativa, no desde la ofensiva ni desde la defensiva, sino como una oportunidad. Además, senadora Armisén, hablaba usted de compromiso y lealtad. En temas tan graves como estos todos somos capaces de practicar el compromiso y la lealtad, pero creo que siempre tenemos que intentar un paso más allá, además de compromiso y lealtad debemos tener implicación, una implicación que en temas como este requiere una generosidad política y parlamentaria que todos los grupos presentes en esta Cámara, al menos de modo verbal, estamos dispuestos a practicar; de modo que no entiendo por qué se ve como una amenaza la creación de esta comisión.

Usted ha dicho que no iba a hablar de cifras. Yo tampoco las voy a poner sobre la mesa para discutir sobre si unos estamos más aproximados en los cálculos de estas cifras que otros, porque, desafortunadamente, son malas, las miremos por donde las miremos, pues todos en nuestro imaginario tendemos a un escenario donde la violencia sea cero y las víctimas, cero. Pero, con más de 700 muertes por violencia de género en 10 años y 26 en lo que llevamos de este, con un descenso que actualmente se cifra aproximadamente en un 10% por lo que se refiere a las denuncias en materia de violencia de género y un descenso de las órdenes de protección de alrededor de un 9%, yo sí pongo los datos sobre la mesa porque detrás de estas cifras, más o menos aproximadas, aunque podamos contrastarlas en cierta medida, hay realidades, hay personas, hay sufrimiento. Estos datos nos sitúan en un escenario dolorosísimo, donde, además de las propias víctimas, se encuentran atrapadas familias, hijos que han sufrido el grado máximo de la desigualdad: la violencia contra las mujeres.




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Está claro que nos urge a todos una solución, y no es fácil. Debemos poner —en este sentido proponemos esta comisión— todos los medios que tengamos a nuestro alcance para trabajar en este objetivo. Por ello, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió no se niega a participar en ninguna iniciativa que se lleve a cabo a tal fin, ya sean mesas de trabajo, reuniones de amigos, lo que ustedes quieran. Nosotros estaremos siempre ahí, como no puede ser de otra manera, porque este tema nos importa, este tema nos preocupa y es responsabilidad de todos. En consecuencia, estaremos ahí para defender el ejercicio de esta competencia también desde los territorios, para coordinar, para aunar esfuerzos, para sumar experiencias y todo ello encaminado a obtener resultados, a encontrar aquellas grietas en lo que hoy día tenemos y que, a pesar de tener una Ley contra la violencia de género desde 2004 y una Ley de igualdad desde 2007, hacen que nos encontremos en las cifras actuales. Es obvio que algo no funciona.

Por otra parte, las mujeres que han sido víctimas mortales salen en estas cifras, pero también debemos tener claro que hay muchísimas mujeres más que mueren en vida, es decir, que viven encerradas en el miedo, en su miedo y, lo que es peor, en el miedo de sus hijos. Y como sistema, todos tenemos la responsabilidad de encontrar los mecanismos para poderlas detectar, porque, si no las detectamos, no podemos aportar una solución.

El hecho de que las mujeres no denuncien, a pesar de lo que hemos avanzado con los dispositivos y los protocolos puestos en marcha, nos tiene que decir algo; tenemos que pararnos a reflexionar sobre qué pasa. Creo que esta comisión es importante porque, además de escuchar a muchos interesados y a todos los colectivos implicados, porque sabe usted que es un tema transversal —familias, docentes, sanitarios, etcétera—, tenemos que ser humildes, revisar la legislación que tenemos e intentar mejorarla. Aun no siendo mala, no es suficiente; tiene que ser mejor.

No podemos obviar que el que la Ley contra la violencia de género sea de 2004 y la Ley de igualdad sea de 2007 supone un cierto décalage respecto a las fechas que, a lo mejor, denota que hemos hecho algo mal desde el punto de partida. La violencia provoca desigualdad, por supuesto; es el acto máximo de la desigualdad, y quizás a partir de la desigualdad se propicia esta violencia, o, aún más, tal vez las dos cosas incidan de manera distinta. Tenemos que hacer una diagnosis mucho más adecuada a los tiempos en que estamos con los datos disponibles y esta comisión no pretende otra cosa. No vamos a hablar aquí de lo que se ha hecho o no se ha hecho; por supuesto, el Grupo de Convergència i Unió no lo va a utilizar como arma arrojadiza de lo que se hizo o no se hizo. La ley es de 2004; el problema es anterior. Desde 2004 tenemos una ley, por tanto, hace diez años que esta ley está vigente. En estos años el número anual de víctimas mortales por violencia de género no ha bajado de 50 mujeres; en algunos años incluso ha llegado a 79 mujeres. Por tanto, señorías, el problema no es de esta bancada, tampoco es de aquella bancada, el problema es de todos, y yo creo que crear una comisión para poner sobre la mesa estas diagnosis y buscar soluciones es bueno, se mire por donde se mire, amén de que se hayan hecho otras cosas, amén de que se esté trabajando en este sentido desde el Gobierno y amén también de que exista ya una comisión de igualdad.

En nombre de mi grupo no haré más consideraciones, pero desde esta tribuna sí querría expresar nuestro reconocimiento a los hombres y mujeres, a los concejales y alcaldes que ahora, incluso, a pesar de la nueva Ley de reforma de la Administración Local, están poniendo cara cada día a este drama, a este sufrimiento. Son personas que conocen perfectamente que cualquier lucha, cualquier cosa que se haga, cualquier esfuerzo que se lleve a cabo contra la violencia de género nunca es un fracaso pero, aun así, esto no les consuela cuando se pierde la batalla y las cifras pasan a tener cara, pasan a tener nombre y apellidos, se trate de un ciudadano, de un vecino o de un amigo. En este sentido, quisiera mostrar nuestro reconocimiento a la Administración Local por trabajar día a día, por ser la Administración que está más cerca de las personas y por poner cara a estas cifras que todos presentamos sobre la mesa.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Flores.

La señora FLORES FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.

Senadora Armisén, hablaba usted de foros distendidos, ¿verdad? Foros distendidos cuando las están matando —la última hace un rato en Valencia—. ¿Cómo podemos nosotros tener foros




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distendidos? Tendremos que tener foros de debate que busquen soluciones. Aquí no se trata de lo que toca o de lo que deja de tocar, eso no lo decidimos ni usted ni yo, lo deciden los grupos parlamentarios mediante las iniciativas que legítimamente presentan y la Mesa califica; hoy, de lo que se trata es de debatir si creamos la comisión o no; se trataba de eso. Los datos son los que son, y no se trata de que nos los arrojemos a la cara usted y yo, no; se trata de que ahí están los datos y, en consecuencia, tenemos que actuar, porque nos tenemos que basar en lo que está pasando realmente. Como le he dicho, la última víctima, hace un ratito.

Usted hablaba de la Comisión de Igualdad. Pero, ¡hombre!, si la Comisión de Igualdad no se reúne. La ministra no ha venido nunca. Ha venido una vez el secretario de Estado y también ha venido la delegada del Gobierno para hablar de la lucha contra la violencia de género; y ya está. Las otras reuniones de la comisión que hemos tenido —y la presidenta está ahí— se han celebrado porque la oposición hemos presentado mociones, si no, ni eso. Y ante estas circunstancias los grupos se plantean ver de qué manera revitalizamos esta situación.

Yo he acabado diciéndole que la comisión no iba contra nadie, ni contra el Gobierno, ni contra el Grupo Parlamentario Popular, sino que se trata de una iniciativa que nos permite el vigente Reglamento del Senado. Lo mismo que se han creado otras comisiones, nosotros proponemos la creación de esta porque nos parece que es mucho mejor que esa especie de grupo de trabajo, de reunión de amigos —y yo estoy de acuerdo con la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco— que no sabemos muy bien lo que es y a dónde va. Porque, señorías, la carta que recibimos —no la voy a leer entera, solo un párrafo— dice lo siguiente: dada la preocupación por mejorar e intensificar la lucha contra la violencia de género, el Gobierno de España a través de la ministra..., y en virtud del compromiso para tratar la violencia de género como una prioridad...Y entonces dice que vamos a montar un grupo. Mi grupo parlamentario considera que es el Gobierno el que propone a las dos presidentas que nos citen, pero llegamos a la reunión y la primera en la frente, porque el Gobierno no estaba. La tercera reunión se tiene que desconvocar porque se acaban los Plenos. Si hubiera sido una comisión reglada, no se desconvoca, señoría, pero, en fin, ustedes mismos. Le voy a decir una cosa: nosotros vamos a participar en todos los foros, en todos aquellos espacios de debate porque este es un tema importantísimo, es vital. Y como nosotros estamos convencidos de ello, vamos a participar, pero permítannos que presentemos todas aquellas iniciativas que nos parezcan pertinentes.

Nosotros queremos saber cómo se va a estructurar el grupo de trabajo porque como no es una comisión, no tenemos asistencia jurídica, no hay letrado o letrada; cómo se van a adoptar las decisiones; quién convoca y modera. Hasta ahora han sido las presidentas con unos turnos de menor a mayor, pero no es una comisión. Es una cosa muy extraña, reconózcamelo. ¿Y dónde está el Gobierno? No tenemos la evaluación de la ley. Yo desde aquí le pido a la presidenta que, por favor, como mínimo le diga a la delegada que venga a hacer una evaluación formal de la ley. Y ello para que sepamos qué fallos tiene, que seguro que los tendrá, pero las leyes se hacen y se cambian y no hay problema en eso. Otra cuestión es cómo vamos a solicitar las comparecencias, quién lo hace porque no es algo formal, no es algo que esté reglado.

Señorías, hay que impulsar todas las medidas y tenemos que ver las que nos faltan y las que nos sobran. Vamos a hacerlo, si les parece bien. Nosotros no podemos dejar de pensar por qué se niegan a crear esta comisión cuando aquí se han creado comisiones para todo. Se han creado para estudiar diversos problemas, para la seguridad vial, para el cambio climático, todas ellas importantísimas y que mi grupo ha apoyado. ¿Por qué se niegan ustedes a apoyar esta? Si las otras eran importantes, esta es vital para todas las mujeres y para toda la sociedad.

Nosotros creemos que la prevención y la lucha contra la violencia de género ha de ser una prioridad para toda la sociedad. Y el Gobierno de España tiene que ser el que lidere esta lucha coordinando el trabajo de todas las administraciones. Este Senado tiene un papel importante como Cámara de representación, tenemos la obligación de ofrecer a los ciudadanos y ciudadanas soluciones. Y lo único que le estamos ofreciendo es que si el formato es este, que si el formato es el otro, pero mientras tanto la Comisión de Igualdad no se reúne, el Gobierno no comparece. Señorías, ante esta situación ¿qué hacemos? En las iniciativas sobre la igualdad que presentamos, o aceptamos las enmiendas que ustedes proponen o no salen adelante. Eso es así y tendremos que reflexionar sobre ello.




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Aunque no hemos venido a hablar de recortes, creo que los presupuestos son los que son y fallan las políticas de prevención y de protección porque se les ha quitado un montón de dinero, es decir, hay menos recursos. Te lo dicen las asociaciones, te lo dicen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado —que están pidiendo una formación multidisciplinar—, te lo dicen las comunidades autónomas, que han visto cómo se recortaba sobre todo en transferencias corrientes una cantidad de dinero importantísima —cerca de un millón de euros este año—, lo cual no solo repercute en las políticas de las comunidades autónomas sino también en aquellas asociaciones de mujeres que se están dedicando a paliar los efectos de esta lacra.

Por todo esto, nosotros hemos presentado una iniciativa que consideramos está bien y que simplemente formaliza a su vez la suya de crear el grupo de trabajo. Lo que nosotros queremos es darle una formalidad y utilizar todos los recursos que el Reglamento nos permite, ya está, nada más que eso. Nuestra iniciativa no va contra la ministra, ni contra el Gobierno, ni contra ustedes, ni contra nadie, sino a favor de las mujeres que están matando. Y yo les pido que reflexionen e, incluso, les lanzo otra oferta: volvamos al Pacto de Estado contra la violencia de género, retomémoslo. Y si no les parece bien crear una comisión en el Congreso y otra en el Senado intenten crear una comisión mixta, creemos solamente una si no quieren crear dos, para que todos trabajemos conjuntamente. Desde luego, asistiremos al grupo de trabajo, como no puede ser de otra manera, pero, lamentablemente, creemos que el resultado va a ser muy pobre, pobrísimo. Lamento que el debate haya derivado en esto.

Gracias, presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Flores.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora Armisén.

La señora ARMISÉN PEDREJÓN: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer a todas mis compañeras sus intervenciones. Empezaré a contestar por el mismo orden.

A la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco quiero decirle que mi intención no era en ningún caso discutir sobre la legitimidad para presentar cualquier propuesta o iniciativa. Mi discrepancia se debe en exclusiva al instrumento parlamentario utilizado y solicitado por la oposición, no con el fondo de la cuestión ni con que se discuta sobre un asunto de tanta importancia social como el de la violencia de género, con el que todas las organizaciones políticas estamos comprometidas. Se trata exclusivamente de una discrepancia con el instrumento parlamentario elegido, asunto sobre el que hoy venimos a debatir. Con ello creo responder también al resto de compañeras. En ningún caso he querido decir: hoy no toca eso. Lo que todos queremos es entrar en el fondo de esta realidad social, dadas las dramáticas cifras, y no seguir discutiendo —permítanme decirlo— sobre el instrumento parlamentario que a cada uno le parece adecuado.

Dicho esto, quiero expresar mi máximo respeto y reconocimiento a la legitimidad para presentar iniciativas, como no puede ser de otra manera; o sí, pero no es el caso.

Quiero decir tres cosas. En primer lugar, si existe la Comisión de Igualdad, ustedes me preguntan por qué no hemos utilizado el cauce de dicha comisión. Por dos motivos evidentes, los cuales justifican la propuesta del grupo de trabajo. En primer lugar, porque el grupo de trabajo incluía Congreso y Senado. Y, en segundo lugar, en cuanto a desarrollarlo dentro de la Comisión Mixta, esta es una cuestión que ya quedó en evidencia en el grupo de trabajo cuando se puso sobre la mesa frente a la iniciativa de crear dos comisiones, y en la que se volvía a reproducir la separación de propuestas para solucionar un problema social común que creíamos debía estar unificado. Se optó por el grupo de trabajo precisamente porque incluía Congreso y Senado, y, en segundo lugar, se dijo no a la comisión mixta —era evidente quién había pensado en este instrumento en esa comisión— porque consideramos que no es ágil en lo que se refiere a una parte de propuestas. Esto no quiere decir que no escuchemos a determinados sectores, etcétera. Se trata de que llevemos a cabo nuestro trabajo, el legislativo, a través de la ley que se está aplicando desde hace 10 años y que todos conocemos. Tampoco creo que el grupo de trabajo sea la solución a este problema. ¡Por supuesto, solo faltaba que yo dijera que un grupo de trabajo sea la solución a todo! Evidentemente, no. Supongo que será el granito de arena que podemos y debemos aportar y a lo que estamos comprometidos con nuestros ciudadanos precisamente a través de nuestra labor en el Parlamento. No garantiza todo. ¡Claro que no! Por eso seguimos




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viendo esas dramáticas cifras que he dicho que me voy a negar a decir, no porque no exista una realidad social, no porque no exista un drama social y personal que todos hemos vivido —quienes estamos vinculadas al ámbito de la lucha contra la violencia de género y tenemos ya unos años de experiencia hemos vivido de cerca unas realidades muy dramáticas—, sino porque creo que no es el argumento para decir cuál es el instrumento parlamentario. Yo considero que ese debate exige profundidad y seriedad dado el dramatismo de las cifras de las que estamos hablando, y no voy a entrar hoy, como he dicho, en la profundidad de las causas porque son muy complejas y, desde luego, no lo vamos a resolver. Me piden puntos de encuentro, y el punto de encuentro en estos momentos sería el grupo de trabajo para empezar a avanzar.

La senadora Almiñana me dice que no es ambicioso, que no está reglamentado, que no somos un grupo de amigos, etcétera. Todo mal no, señoría, un grupo de trabajo formado por grupos parlamentarios algo tiene de bueno, y es que hablemos sobre eso. Y en cuanto a que no es ambicioso, a veces lo muy ambicioso no es eficaz en el tiempo, aunque con ello no quiere decirse que no haya que avanzar después, que no haya que llevar esas propuestas a una sede parlamentaria. Pero rechazarlo porque no es ambicioso creo sinceramente que no debe ser. Dice que no somos un grupo de amigos. Claro que no, pero eso no quiere decir que no haya amigos dentro del grupo —es un juego de palabras—; venimos a trabajar y, además, sobre un tema importante que nos exige mucha responsabilidad, y no solo a las mujeres que pertenecemos a esos grupos, sino a todos nuestros compañeros para que también favorezcan esas iniciativas.

No vamos a buscar la solución en dos meses. Si usted cree que esto lo han presentado el Grupo Parlamentario Popular del Congreso y del Senado para encontrar una solución en dos meses, ya le digo que no, lo digo aquí. No tengo ningún afán de protagonismo, sino de trabajo, de conseguir que todas tengamos de verdad algún tipo de propuesta y lo que se pretendía conseguir en dos meses era incentivar esa serie de modificaciones legislativas en las que los grupos trabajamos y conocemos por la realidad de estos últimos diez años.

La portavoz del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió hablaba de generosidad política y parlamentaria. Claro que sí, señoría. Y yo siempre reconozco el esfuerzo de todos los grupos parlamentarios, que en general en estos asuntos es grande, para intentar sacar del debate político este tema. Sin embargo, me gustaría referirme a tres aspectos que hoy se han citado aquí. Se han citado tres o cuatro aspectos sobre los que en estos momentos podemos hablar relativos a la lucha contra la violencia de género. Precisamente por lo que sugieren esos datos en un corto espacio de tiempo —que no quiere decir en ningún caso que suponga una tendencia anual ni una tendencia de los últimos años respecto a estas dramáticas cifras—, sí se han empezado a tomar medidas de forma inmediata como ha sido la reunión entre los tres ministerios de Interior, Justicia e Igualdad celebrada el pasado día 7 de abril, y supongo que esa reunión tampoco la habrán mantenido con los secretarios ni con los letrados y, sin embargo, son capaces de sacar adelante y anunciar medidas para empezar a mejorar o revisar las que se están aplicando, como es el protocolo de valoración del riesgo con nuevos parámetros, como es intensificar la formación de los agentes, como es mejorar la atención psicológica o como puede ser la ampliación de las competencias de los juzgados de violencia. Creo que si en una reunión entre tres ministros son capaces de hacer eso, nosotros también vamos a serlo de reunirnos y de hablar de algunas cuestiones referidas a la legislación que creemos que se deben mejorar. Asimismo le tengo que decir que este Gobierno ha aprobado la Estrategia nacional contra la violencia de género 2013-2016. Pero, señoría, como dato final, respecto al argumento de si a usted le parece que ya existe la Comisión de Igualdad, etcétera, tengo que decirle que en la Comisión de Igualdad tenemos pendientes solo 3 mociones —voy a hablar de lo que es una iniciativa parlamentaria también—; he revisado las anteriores —me he podido equivocar— y de todas las que ha tramitado la Comisión de Igualdad desde que se ha iniciado la legislatura, ninguna es una propuesta de modificación legislativa de la violencia de género, ninguna (Rumores.) No estoy hablado de eso, estoy hablando del funcionamiento nuestro, no estoy hablando de si está bien o mal, estoy hablando de que si queremos hacer una propuesta conjunta en un plazo breve, quizás deberíamos repensar si el instrumento es crear otro órgano igual que el que tenemos diciendo que es especial. Lo digo desde el convencimiento y desde algo, muy poco, pero algo de conocimiento del Parlamento, y cuando he dicho sentarnos a hablar de forma distendida no me refería a que no fuera importante el problema, sino a no tener los rigores de los tiempos que nos impone el Reglamento en nuestras intervenciones; cuando he utilizado el




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término distendido, que a lo mejor no era lo correcto, me refería a nuestra relación personal en la comisión, como cuando se hace una ponencia legislativa, en la que sí está el letrado pero no estamos sometidos al rigor reglamentario.

Lo que me gustaría que quedase en el Diario de Sesiones es el compromiso de todos los grupos del Senado —no solo del Grupo Popular, yo lo sé— por seguir trabajando en la lucha contra la violencia de género, no ya a través de las iniciativas parlamentarias…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora ARMISÉN PEDREJÓN: Yo sé que aquí hay un compromiso personal de todos ustedes, de todos nosotros, y espero que con cualquier tipo de instrumento seamos capaces de mejorar la respuesta que están intentando dar las administraciones públicas, los parlamentos y todos los responsables públicos, que muchas veces tienen delante la cara dolorosa de las víctimas, ante un problema de difícil solución, pero no por ello debemos dejar de intensificar nuestros esfuerzos.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Armisén.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Vamos a proceder a la votación de la solicitud de creación de una comisión especial para el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas relacionadas con la violencia de género. Ha habido voto telemático. Se han autorizado dos: de las senadoras Beatriz Jurado Fernández de Córdoba y Catalina García Carrasco, y solo una de ellas ha ejercido su derecho, la senadora García Carrasco, que ha votado afirmativamente. Por tanto, añadiré el resultado de esta votación a la que realicemos ahora en el hemiciclo.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237 más 2 votos telemáticos, 239; votos emitidos, 237 más 1 voto telemático, 238; a favor, 91 más 1 voto telemático, 92; en contra, 146.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

7. ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

7.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

7.1.1. PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CASTILLA-LA MANCHA.

COMISIÓN: GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Núm. exp. 605/000002)

El señor presidente da lectura a los puntos 7., 7.1. y 7.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente de la comisión, el senador Imbroda.

El señor IMBRODA ORTIZ: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Tengo el honor, en nombre de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, de hacer un breve relato de la tramitación de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha que tuvo su entrada en esta Cámara el día 21 de marzo de 2014, siendo publicada ese mismo día en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor IMBRODA ORTIZ: El plazo de presentación de propuestas de veto y de enmiendas expiró el día 2 de abril, siendo ampliado hasta el día 8. Durante dicho plazo se han presentado 3 propuestas de veto: de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta y del Grupo Parlamentario Socialista, y 10 enmiendas: 4 de los




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senadores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar, 1 de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, 1 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y 4 del Grupo Parlamentario Socialista.

La comisión eligió una ponencia constituida por la señora Riolobos Regadera y los señores Burgos Beteta y Cotillas López, del Grupo Parlamentario Popular, por los señores García-Page Sánchez y Camacho Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista, por la señora Candini i Puig, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por el señor Montilla Aguilera, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el señor Cazalis Eiguren, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, y por el señor Morano Masa, del Grupo Parlamentario Mixto.

El día 5 de mayo la ponencia acordó por mayoría proponer a la comisión el mantenimiento del texto remitido por el Congreso de los Diputados. La Comisión General de las Comunidades Autónomas dictaminó la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en su sesión del 8 de mayo de este año, aprobando el informe por 28 votos a favor, 15 en contra y 1 abstención, rechazando así las 10 enmiendas presentadas por los señores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar, por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y por el Grupo Parlamentario Socialista.

El dictamen de la comisión ha sido publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del día 12 de mayo.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Imbroda.

Pasamos al debate de las propuestas de veto. En primer lugar, propuesta de veto número 1 de los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa, tiene la palabra el Senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.

Señorías, subo a esta tribuna para defender la propuesta de veto que los senadores de Izquierda Unida traemos a este Pleno después de la tramitación parlamentaria correspondiente en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, donde tuvimos ocasión de expresar también nuestro posicionamiento sobre esta reforma; una propuesta de reforma que vamos a escuchar en esta Cámara que es una propuesta de reforma parcial, prácticamente podríamos decir intrascendente, ya que solamente afecta a un artículo y consiste en la reducción del número de diputados a una horquilla entre 25 y 35 en el Parlamento de Castilla-La Mancha.

La reforma de un estatuto de autonomía siempre tiene motivaciones, es una ley que forma parte del cuerpo constitucional español y debe ser, me imagino, motivada y originada por cuestiones concretas. Ha habido reformas de estatutos de autonomía en nuestro país que afectan a la configuración institucional. ¿Cuál ha sido la motivación de esta reforma estatutaria en Castilla-La Mancha? ¿Quizá poder atender los problemas de desempleo que hay en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha? ¿Que se haya doblado la tasa de paro en apenas cinco años desde que comenzó la crisis en esta tierra? ¿Acaso ha motivado esta reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha que se estén produciendo 15 desahucios diarios en esa tierra? ¿Ha motivado la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha el incremento alarmante del nivel de pobreza en la zona del interior de Castilla-La Mancha, en una tierra rica? No, lo que ha motivado la propuesta de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha... iba a decir el miedo, pero miedo no es exactamente, porque, claro, no puede tener miedo quien tiene las herramientas legítimas y legales para dar un golpe legal, pero, desde nuestro punto de vista, ilegítimo y antidemocrático para propiciar que lo que hoy dicen las encuestas que podría suceder en el futuro en Castilla-La Mancha finalmente no suceda, y que tiene que ver con la presencia de la fuerza política a la que representamos en esta Cámara el senador Iglesias y yo, que ya estamos bastante acostumbrados a ver cómo se modifican las leyes y cómo las leyes electorales nos afectan en nuestra representación. De hecho, en el Congreso de los Diputados, si tuviésemos el número de diputados acorde con nuestro apoyo electoral en este país, en lugar de tener 11 diputados sentados en la Cámara Baja tendríamos 25, y así desde el comienzo de la democracia. ¡Imagínense! ¿Qué le vamos a hacer, verdad?

La cuestión es que aquí se dificulta, dejando en un número de escaños similar al que tienen, señorías, las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, a una comunidad autónoma como la castellanomanchega, manteniendo, además, las 5 circunscripciones, lo cual nos obligará, pero lo




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conseguiremos —seguro, porque vamos bien—, a superar en algunos casos el 17% para poder conseguir representación parlamentaria en esa Cámara autonómica. Ese es el intento de instaurar un sistema mayoritario por la puerta de atrás y dejando en evidencia, una vez más, la utilización de las reformas de los estatutos de autonomía en función de sus intereses particulares en cada momento histórico en los que estas reformas se hayan producido, intereses que tienen que ver, casi siempre, con el mantenimiento de su poder.

Pero ¿qué antecedentes, señorías, tiene esta propuesta de reforma del estatuto de autonomía? Porque llegamos a esta propuesta de reforma, que deja entre 25 y 35 escaños el Parlamento de la Cámara autonómica castellanomanchega, después de haber eliminado en aquella comunidad, por ejemplo, 2 instituciones muy importantes para el control ciudadano y democrático del quehacer diario de los representantes públicos, me estoy refiriendo a la Sindicatura de Cuentas y al Defensor del Pueblo, 2 instituciones eliminadas en Castilla-La Mancha por el Gobierno castellanomanchego, utilizando el mismo argumento que vamos a escuchar en esta Cámara sobre la eficiencia, reducción de gastos, etcétera; obsesión que finalmente llevó al Partido Popular en Castilla-La Mancha a justificar de forma demagógica la eliminación de los salarios a los miembros del Parlamento autonómico castellanomanchego.

En definitiva, llegamos a esta propuesta de reforma del estatuto castellanomanchego tras una profundización en la eliminación de controles públicos, por un lado, y, por otro, en la limitación de la democracia y en la facilitación de la incorporación a la vida pública como representantes públicos solamente —según ustedes y con la eliminación de las percepciones económicas— a los ricos. Política para ricos y que los pobres no se dediquen a la política. Esto, como ya dije en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, es muy antiguo, es tan antiguo como la propia definición de la política por Aristóteles hace ya bastante tiempo, y es tan antiguo como que fue una revolución en la Atenas de Efialtes y Pericles, el misthos, es decir, que los ciudadanos, cuando acudieran a las tareas públicas, recibieran una percepción económica porque facilitaba que los pobres se pudieran dedicar a la política. Fíjese si es antiguo, y ustedes han leído bien esto, pero representan los intereses que representan aquí, allí y en todos los sitios donde ustedes están sentados.

Y es tremendamente peligroso, a nuestro parecer, que ustedes se amparen, además, en argumentos que fomentan la antipolítica, en argumentos peligrosamente populistas que hacen que vayamos encaminados a una deriva en la cual ustedes afirman permanentemente no solo que sobran, por supuesto, empresas públicas, sino que sobran representantes públicos. No sobran directivos del Ibex 35, como el de Iberdrola, que cobra 13 millones y medio de euros al año. No sobran grandes empresarios en nuestro país, que son capaces de pagar comisiones para tener adjudicaciones mientras, como grandes patriotas, pagan sus impuestos en paraísos fiscales. No sobran banqueros usureros. Sobran representantes públicos para aumentar la eficiencia y la eficacia.

Yo creo que está bastante claro cuáles son sus motivaciones y cuáles son sus intereses. Este atentado a la democracia, perpetrado por el Partido Popular de Castilla-La Mancha y perpetrado por los que aprieten hoy el botón a favor de su reforma, provoca la degradación de la política, que también se dijo en la comisión y en los debates que hemos mantenido. Esto no es Castilla-La Mancha, este es el modelo que el Partido Popular quiere aplicar en el conjunto de las comunidades autónomas y en el conjunto del país, y es la reducción absoluta, a su mínima expresión, de la política, de la política con mayúsculas, de la defensa y de la solución de los problemas cotidianos concretos de la vida diaria de los trabajadores y de las trabajadoras, de los ciudadanos y de las ciudadanas. Ustedes no están en eso, están en otra cosa y lo están haciendo muy bien.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.

La propuesta de veto número 2 ha sido presentada por los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Paso a defender el veto que hemos presentado el senador Jordi Guillot y yo mismo, diciendo que nunca los representantes de Iniciativa, ni en el Congreso ni en el Senado, han presentado vetos a propuestas de reforma de estatutos. La pregunta sería, ¿por qué lo presentamos hoy?, ¿por qué una cosa que no hemos hecho nunca la hacemos hoy? La respuesta es fácil. La reforma




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que se nos trae no habla de competencias, de financiación, de relaciones, simplemente es un atentado a los principios democráticos básicos. Consideramos esta reforma como una vulneración de principios políticos básicos y por eso presentamos, en definitiva, la propuesta de veto. La reforma consiste, única y exclusivamente, en disminuir prácticamente a la mitad de parlamentarios con el argumento de ahorrar dinero. Antes de entrar a fondo en esta cuestión, quisiera hacer 3 anotaciones que contextualizan esta reforma.

La primera es que hace un par de años el Parlamento de Castilla-La Mancha incrementó en 2 escaños los parlamentarios de su Parlamento. No he querido traer el Diario de Sesiones, pero el consejero de la Presidencia decía que de esta manera se aumentaba la representatividad y la democracia y que no suponía, en definitiva, costes económicos.

Segunda nota, desaparición desde enero del 2013 de los salarios de los parlamentarios.

Y tercera nota, va a ocurrir en esta comunidad que la Diputación de Albacete o la de Guadalajara o la de Cuenca o la de Ciudad Real, cualquier diputación, va a tener tantos o más diputados que todos los parlamentarios de la comunidad autónoma, cosa evidentemente incomprensible, desde mi punto de vista.

Por lo tanto, son tres notas importantes a tener en cuenta.

Decimos que hay una vulneración de principios básicos democráticos, pero, además, hay otra cuestión: que la crisis económica no puede significar menos democracia. Y hay otra cosa, que a la hora de valorar lo que cuesta la democracia, hay que pensar en otra perspectiva: ¿qué vale la democracia?

Esta propuesta de reforma de estatuto, que sería grave en cualquier momento, ahora es especialmente grave, ¿por qué razón? Por el momento político que vivimos. ¿Y qué es lo que caracteriza el momento político que vivimos? La desafección ciudadana. Las encuestas del CIS nos dicen que los partidos políticos, que el Gobierno, que el Parlamento, sobre una puntuación de 1 a 10, no sobrepasan 2 puntos, 2,5, 1,5. La gente está lejísimos y tiene desafección ciudadana. Ante esto hay 2 respuestas. La respuesta del populismo, que en Europa crece. Es una respuesta que se basa fundamentalmente en 2 ejes: en el racismo, en la xenofobia, pero también en la antipolítica, en definitiva, en la impugnación de la democracia y la impugnación de los partidos políticos. Y hay otra vía, que es la que nosotros pensamos que tiene que haber, la vía de la regeneración, de la transparencia, de la cercanía, de la participación.

Creo que lo más grave que hace el Partido Popular no son los efectos sobre la comunidad autónoma, que ya es grave, sino que fomenta y se sitúa en el populismo. Porque ¿cuál es el mensaje que transmite la reforma? Que sobran políticos y que los políticos cobran demasiado. Y eso es absolutamente falso e injusto. Hay políticos que han hecho corrupción y han de ir a la cárcel. Hay políticos que no trabajan y se les tiene que expulsar. Pero la mayoría, miles y miles de concejales, de parlamentarios, de senadores que trabajan cada día no pueden verse sometidos al mensaje que lanza la reforma del estatuto, y no solo en Castilla-La Mancha, de que sobran políticos y que los políticos cobran demasiado.

En definitiva, en esta crisis política de España, ¿qué nos está pidiendo la gente?, ¿qué nos dice la gente? Los estudios, las alternativas, los sindicatos, los movimientos sociales nos dicen varias cosas: que quieren más cercanía de la política, que quieren más pluralidad, más representatividad, más transparencia, más apertura.

Mi pregunta es, ¿la reforma del estatuto contempla alguno de estos aspectos? ¿La reforma de este estatuto da más o menos representatividad? Menos. ¿La reforma del estatuto da más o menos pluralidad? Menos. Piensen ustedes que para ser parlamentario se va a necesitar como mínimo del 15 al 17% de los votos de una circunscripción, con lo cual, se va a evitar que entren partidos que tienen el 15 o el 17%. Por tanto, no hay mayor representatividad, no hay mayor pluralidad, no hay una sola medida en la reforma del estatuto de transparencia o de acercamiento a la ciudadanía y, además, existe el tema del salario de los diputados. Les quiero hacer 2 preguntas. Una persona, un hombre o una mujer, que se presente a diputado o diputada en las elecciones a las Cortes y que tenga un trabajo por cuenta ajena, ¿cuánto tiempo piensan que va a permanecer ahí si continuamente tiene que ir al Parlamento? ¿Durante cuánto tiempo los empresarios o la patronal van a permitir que haya una persona que vaya constantemente o dos o tres días a la semana al Parlamento? Y otra pregunta: ¿cuántas personas van a decir que no a ir en una lista por miedo a perder su puesto de trabajo? Son 2 preguntas clave, 2 preguntas que




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enlazan con el populismo. El otro día, el lunes, en muchos medios de comunicación se decía que los partidos hacen campaña contra el populismo, y yo pensaba: bueno, no todos. Porque en definitiva la reforma del estatuto va a favor del populismo, de un populismo que es antipolítico y que niega la democracia.

¿Por qué hace todo esto el Partido Popular? Ya se ha dicho antes. No es solo una propuesta de Castilla-La Mancha, sino que es de Baleares, es de Galicia y, si no recuerdo mal, es de Madrid. Se hace con un objetivo importante, que es ganar las elecciones y blindar el poder. Detrás de esta reforma del estatuto no hay ninguna regeneración ni renovación de la democracia, sino simplemente la necesidad de ganar las elecciones.

El portavoz del Grupo Popular decía el otro día en la Comisión General de las Comunidades Autónomas que su propuesta estaba respaldada en una encuesta por el 94% de la ciudadanía. Y yo pregunto: si hiciéramos una encuesta sobre si hay que cerrar el Senado o no, ¿qué piensan ustedes que pasaría? Si hiciéramos una encuesta sobre nuestros sueldos, que son dignos y a la baja en Europa, ¿qué piensan que pasaría? El populismo tiene como raíz coger visiones y opiniones de la población fáciles y alimentadas demagógicamente para convertirlas en principios generales. Por lo tanto, que el 94% de la gente diga que hay que suprimir parlamentarios y bajar los sueldos de los diputados no es en absoluto, para mí, ningún argumento de razón. La razón final es ganar las elecciones y mantenerse en el poder, reduciendo, en definitiva, la pluralidad y la representatividad de la democracia.

Pero no puedo acabar sin hablar de otro elemento importante, que es el modelo de Estado, es decir, las repercusiones de esta decisión sobre el modelo de Estado. Creo que después de dos años de Gobierno del Partido Popular sabemos lo que piensan del modelo de Estado. Hay tres palabras: silencio, bloqueo y retroceso. Ayer, el senador Fuentes le planteaba al señor Montoro que no se había reunido la comisión mixta Extremadura-Gobierno central en dos años, pero no es que no se haya reunido en Extremadura, es que no se ha reunido en ningún sitio, incumpliendo la ley. No hay transferencias ni de servicios ni de competencias, no hay reuniones ni de comisión mixta ni de comisiones bilaterales y, sobre todo, nadie del Partido Popular —creo que este es un déficit del presidente del Gobierno— ha venido a esta Cámara, a la Cámara territorial, para decir cuál es su modelo, su proyecto. No se sabe. Si ustedes leen el programa electoral del Partido Popular para las generales verán que no se habla ni de estatutos de segunda generación ni de qué modelo tienen. Como mucho, el señor Rajoy dice el modelo de la Constitución, como si en la Constitución simplemente cupiera un modelo. Por tanto, es un modelo de Estado de retroceso, de no renovación y de no desarrollo de los estatutos, pero es un modelo de Estado que hace lo contrario de lo que se debe hacer. Creo que en esta crisis política se trata de bajar el Estado a ras de tierra. Hay que bajar el Estado, y ustedes lo están subiendo. Sacan competencias a los ayuntamientos, sacan competencias a las comunidades autónomas y dan competencias a las diputaciones y al Gobierno central. Es el modelo anterior al Estado de las Autonomías, el modelo centralista, con diputaciones fuertes y un poder centralizado.

El otro día decía un profesor político que a la derecha le daban miedo dos cosas: la política y la descentralización, porque la política significa conflicto, negociación, cesión, y la descentralización significa la existencia de diversos centros de poder institucional, y la derecha no quiere esto. La derecha quiere una administración barata, con pocos centros de decisión y sin participación.

En resumen, señoras y señores senadores, les pido el voto a este veto por tres razones. En primer lugar, esta reforma reduce la democracia y la plantea en otras comunidades autónomas.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor SAURA LAPORTA: Acabo, señor presidente.

En segundo lugar, es un retroceso del modelo de Estado de las autonomías. Y en tercer lugar, es un modelo que va a hacer posible que la gente que tenga patrimonio, que sea rico o que sea funcionario pueda hacer política, el resto no. Y eso es regresar al siglo XVIII.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

La propuesta de veto número 3 ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el senador García-Page.




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El señor GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ: Muy buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, creo que es bastante triste —y lamento tener que empezar por aquí— ver cómo ni en el Congreso ni en el Senado hemos tenido la presencia de un solo miembro del Gobierno, de algún ministro, ni siquiera el de Administraciones Públicas. (Aplausos.) Y triste es también, señorías, que hoy en la Cámara de representación territorial no haya algún miembro del Gobierno de Castilla-La Mancha para presenciar el debate. El otro día el representante de la presidenta Cospedal se fue a la cafetería sin querer escuchar a los grupos parlamentarios, y hoy dicha presidenta está en campaña, aunque en realidad la campaña la está haciendo aquí, pero sin estar. Es triste ver la ausencia, aunque es comprensible. A estas alturas, resulta bastante evidente, señorías, que el Partido Popular —y esto sonroja a cualquiera con sensibilidad democrática— intenta pasar de puntillas en un debate que aquí en Madrid llama la atención.

Quisiera formular tres preguntas sobre el proyecto que hoy debatimos en su fase final. ¿En qué condiciones llega la reforma del estatuto de autonomía, la sexta que se hace sobre el estatuto de Castilla-La Mancha, aquí al Senado? ¿En qué condiciones llega una ley orgánica, sin presencia de ningún miembro del Gobierno aunque solo sea para discutirla? ¿Qué motiva esta reforma y qué consecuencias tiene para la comunidad autónoma y para el sistema constitucional? Señorías, salta a la vista. Lo que está abordando hoy aquí el Senado y hace unas semanas el Congreso es un burdo intento de pucherazo electoral. Un burdo intento de pucherazo electoral. (Protestas.—Aplausos.) Y lo es desde muchos puntos de vista, pero desde uno muy claro: la contradicción que supone traer este proyecto hoy aquí cuando hace escasamente poco más de un año se elevaba en las Cortes de Castilla-La Mancha una ley que dice lo contrario, no crean que un poquito más o un poquito menos, sino lo contrario de lo que hoy se está proponiendo en el Congreso y en el Senado.

Castilla-La Mancha es una región del 143, una región humilde, una región que seguramente no existiría si no hubiera habido una demanda histórica de declaración de autonomía por parte de Cataluña, del País Vasco y de Galicia. Pero es una comunidad autónoma que siempre se ha desenvuelto en el mapa constitucional de la mano del consenso. Ha habido 5 reformas estatutarias, las 5 tramitadas y aprobadas por unanimidad, incluso la última, que vino por consenso del Partido Popular y del Partido Socialista —también hubo un caso con el voto de Izquierda Unida, que tuvo representación parlamentaria—. La última, con consenso en Toledo, en las Cortes regionales, y al no conseguir el consenso suficiente en el Congreso, el Gobierno de Castilla-La Mancha la retiró. Por tanto, hasta ahora no se ha dado un solo paso estatutario —e insisto en que es una reforma estatutaria, no una ley cualquiera, sino un trozo de la Constitución— sin que haya habido unanimidad. Salta a la vista que aquí se está produciendo una enorme quiebra de la más elemental sensibilidad democrática, del más elemental consenso constitucional.

Hay quien dice: la reforma es pequeña; total, son 25 palabras. Son menos, 25 son las que se escriben y 164 las que desaparecen. 189 palabras que tenía este capítulo concreto del artículo 10, que en realidad significó el mayor acuerdo político e institucional que se mantuvo en Castilla-La Mancha desde el comienzo de la autonomía. De recortes hablamos en todos los frentes. Aquí lo hacemos de recortes y claramente de mentiras.

Señorías, una cosa es recortar la burocracia, con lo que podemos estar todos de acuerdo, y otra es recortar la democracia. Aquí se está hablando de algo muy grave, de un proyecto de ley en el que con tan solo 25 palabras pulveriza una base del acuerdo institucional y constitucional, que rompe cualquier elemento de diálogo. Y aquí podrían ustedes preguntar: ¿Hasta dónde puede llegar un Parlamento sin proponer? ¿Hasta dónde pueden dar poder a una minoría, por mucho que sea mayoritaria? —nos diferencia un solo diputado en las Cortes regionales— ¿Hasta dónde es impepinable el consenso para poder tramitar una reforma política e institucional? Es un debate legítimo. ¿Vale que la simple minoría, sea más grande o más pequeña, pueda impedir la tramitación? Así figura en el texto constitucional y en la mayoría de los estatutos de autonomía, que incorporan mayorías reforzadas para que se puedan tramitar modificaciones, pero no es el caso de Castilla-La Mancha.

Por tanto, no voy a juzgar si llega o no con el voto mayoritario de las Cortes de Castilla-La Mancha. Es de Perogrullo, tan de Perogrullo como que estamos en 2014 y en el Senado de España. Eso no tiene mayor importancia ni le otorga legitimidad de fondo, se la otorga procesal. El problema de fondo está en que Cospedal y el Partido Popular de Castilla-La Mancha, una vez más




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incumpliendo su palabra, no han dedicado —señorías, créanme que es muy serio— ni un solo minuto a dialogar con el Partido Socialista y con el resto de las fuerzas políticas ni en esta ni en la anterior reforma electoral. Por tanto, ni siquiera juzgo si puede o no venir con una mayoría concreta. Malo es que pueda venir sin el consenso, sería motivo suficiente como para parar el proyecto. El problema es que, frente a lo que se dice, no ha habido ni el más mínimo intento de debate, de diálogo ni de conversación. Y esto es muy fuerte en términos democráticos, en términos políticos. Y viniendo de un partido constitucionalista como el PP, que dice hasta la saciedad que no puede sacarse adelante nada sin consenso, parece verdaderamente mentira que lleguemos a tocar un trozo de la Constitución en las Cortes regionales, donde solo están representados PP y PSOE, y se haya prescindido hasta de un minuto de conversación. Es grave.

Quiero plantear algo a los señores y señoras senadores del Partido Popular. Si quieren consenso tienen una ocasión de oro. En este mismo momento se puede interrumpir el proyecto, se puede paralizar y crear una comisión con el Partido Socialista y con el resto de formaciones políticas para intentar llegar a un acuerdo en condiciones. Pero es evidente que no buscan el consenso, ni lo han intentado, ni siquiera lo disimulan. Es muy burda la operación. ¿Y por qué es burda? Porque, simple y llanamente, encierra un pucherazo electoral, y se lo digo como lo siento.

Hace poco más de un año el Gobierno de Castilla-La Mancha modificó unilateralmente —y este es el primer estatuto en toda la democracia que se modifica con el voto de un solo partido, el primero— la Ley electoral en Castilla-La Mancha, y lo hizo de manera unilateral y sin hablar con nadie, sin sentarse a hablar —otra cosa son los periódicos—, para hacer lo contrario: se elevó el número de diputados regionales, pasando de 49 a 53. Señorías, si no hace falta bajar los senadores, con no haberlos subido hace un año era más que suficiente. ¿Por qué hace un año se sube el número de diputados, que además cobraban sueldo, y resulta que después se les quita el sueldo? Por cierto, señorías, sueldo que se instituyó mediante acuerdo entre las formaciones políticas, a propuesta del Partido Popular, hace varios años en una modificación también estatutaria y reglamentaria; repito, a propuesta del PP. ¿Por qué hace un año, cobrando los diputados, se dice que la ampliación de los diputados no supone coste y tan solo un año después las cuentas ya no salen? No salen por una cuestión evidente, y es que, de un año a esta parte, lo único que aparece en los medios de comunicación es escándalo tras escándalo, una hostilidad social cada día más creciente con el Gobierno de Castilla-La Mancha, y donde antes las cuentas salían electoralmente con más diputados, ahora solo cabe un recorte brutal al sistema democrático en la comunidad autónoma. (Aplausos.)

Salta a la vista, señorías, que lo que buscan es algo tan sencillo como intentar transformar el sistema proporcional que la Constitución establece para nuestras legislaciones electorales en un sistema mayoritario. El tercer partido que quiera obtener representación en algunas provincias en Castilla-La Mancha, señorías, va a requerir el 17%, y en alguna provincia concreta puede que requiera hasta casi el 20%. Esto es literalmente una barbaridad democrática, una barbaridad constitucional y una salida desesperada para intentar romper de raíz el pluralismo político. Voltear esto y hacerlo, además, de la mano de la demagogia barata de los sueldos, no tiene sentido. Hace un año, señorías, no solo defendían que cobraran los diputados sino que subieron su número diciendo que era lo que necesitaba la comunidad autónoma. Qué mal se ha debido ir poniendo la cosa como para ahora dar este hachazo al sistema democrático en Castilla-La Mancha. Yo mantengo una tesis: cada millón que ha aparecido en Suiza, un diputado menos que le conviene a Cospedal en Castilla-La Mancha.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador García-Page.

Turno en contra.

Senador Cotillas, tiene la palabra.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo en representación del Grupo Parlamentario Popular para defender el voto en contra a los tres vetos que se han presentado a la propuesta de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha. Vamos a votar en contra por dos razones evidentes: en primer lugar, porque estamos de acuerdo con la propuesta que traen a esta Cámara las Cortes de Castilla-la Mancha, y en segundo lugar, porque estamos a favor de su tramitación completa en el tiempo que tiene que




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tramitarse, señor García-Page, en el tiempo que reglamentariamente se exige que se tramite, y por la oportunidad que nos brinda para que se haga en el momento en que han querido las Cortes de Castilla-La Mancha.

Vamos a votar en contra porque tampoco compartimos la defensa que han hecho los señores portavoces del texto de los vetos en comisión, ni siquiera hoy aquí.

Señor García-Page, cuando no se tienen razones, se dan voces, se usan los insultos y las gruesas descalificaciones, y eso es lo que usted ha hecho esta mañana una vez más, porque, lamentablemente, cuando el Partido Socialista no gobierna en Castilla-La Mancha —y solo ha ocurrido en esta ocasión—, tenemos un Partido Socialista radical, tremendamente radical, sectario y absolutamente alejado de la realidad social de Castilla-La Mancha y de lo que quieren sus ciudadanos. (Aplausos.—Rumores.)

Les recuerdo que esta reforma la traen las Cortes de Castilla-La Mancha, que han estado presentes en las Cortes Generales en el momento en que han tenido que estar presentes, en el momento en que han tenido que defender su propuesta, en la toma en consideración en el Pleno del Congreso de los Diputados, y allí también ha estado presente el Gobierno de Castilla-La Mancha, de la misma manera que han estado presentes, señor García-Page, los señores senadores cuando han tenido ocasión de defender esa reforma en la pasada comisión del día 8 de mayo en esta misma sede, y creo que estaban ustedes presentes, lo vieron, lo comprobaron y lo decidieron.

Por lo tanto, hoy estamos aquí los que tenemos que estar, los senadores, los que representamos a los ciudadanos de toda España porque libre y democráticamente hemos sido elegidos. Y estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es debatir sobre una propuesta de estatuto que nos traen legítimamente las Cortes de Castilla-La Mancha.

Es una reforma legal, cumple con la normativa en el fondo y en la forma, nace en las Cortes de Castilla-La Mancha, le da legitimidad cumplir con el Estatuto de Castilla-La Mancha, con la Constitución y con la mayoría que el pueblo de Castilla-la Mancha le ha dado al Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, mayoría absoluta suficiente y difícil de conseguir, señor García-Page, porque de pucherazos vamos a hablar ahora (Rumores), de pucherazos vamos a hablar ahora.

Esta es una reforma constitucional, no modifica el orden competencial, no modifica ni define relación distinta con el resto del Estado ni con el Estado, no modifica ningún derecho fundamental de los castellanomanchegos, por lo tanto, ningún problema.

Es una reforma que, fuera de los prejuicios que ustedes —que se ponen la venda antes de la herida— tienen, no hay más que leer lo que dice el preámbulo de esa reforma, que es cortita y se puede leer. Dice: «Pretende devolver a Castilla-La Mancha...» Devolver, señor García-Page, ustedes han gobernado en Castilla-La Mancha desde el inicio de los tiempos—, «Pretende devolver a Castilla-La Mancha la regulación anterior, que supone una mejor adaptación del marco de la elección de los diputados regionales.» Eso es lo que pretende la reforma. Es una reforma que pretende perfeccionar el entramado constitucional del autogobierno de Castilla-La Mancha y su marco jurídico y democrático. Eso es lo que pretende esta reforma, lo demás son prejuicios de ustedes, prejuicios de quienes han perdido las elecciones, a pesar del pucherazo que intentaron dar en el año 2011. (Aplausos.)

¿Es una reforma oportuna? Claro que es una reforma oportuna. ¿Por qué? Porque, lejos de lo que dicen ustedes de que el Partido Popular está solo, de que el Partido Popular no puede salir a la calle o de que el Partido Popular no es querido en nuestra tierra, da respuesta a la inmensa mayoría de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, al 94%, incluidos votantes del Partido Socialista. Ustedes ya no están ni con sus propios votantes, que es difícil y complicado. Es una reforma oportuna porque avanza en el redimensionamiento de la Administración pública en nuestra tierra, en Castilla-La Mancha. Y no es por casualidad, señor García-Page. Es porque para ustedes —y digo ustedes porque quizás los senadores, incluso los de su propio grupo, no conozcan al senador Emiliano García-Page— puede ser una buena opción, de cara a su intención de liderar el partido nacional, que no le conozcan; pero el resto de Castilla-La Mancha sí le conocemos y sabemos que usted, desde el año 1993 ha tenido responsabilidades de Gobierno en esa comunidad ininterrumpidas hasta hoy. Por lo tanto, usted es tan responsable como el Partido Socialista de Castilla-La Mancha y como el señor Barreda de los más de 3000 millones de




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euros de facturas en los cajones (Aplausos.—Rumores); usted es corresponsable de los más de 10 500 millones de euros de deuda en los bancos; usted es corresponsable de esos presupuestos inflados que gastaban 10 000 millones de euros cuando solo entraban 7000 millones (Rumores); usted es corresponsable de que en Castilla-La Mancha hoy los castellanomanchegos nos podamos preguntar para qué servía la Sindicatura de Cuentas, qué control hacía al Gobierno la Sindicatura de Cuentas, que nos ha arrojado estas cuentas. Cuando hemos entrado en el Gobierno hemos puesto los papeles encima de la mesa y los hemos estudiado, en unos meses nos hemos dado cuenta de esto. Y todos esos órganos de control, tan importantes, tan serios, tan de la mano del Partido Socialista, no se habían dado cuenta ningún año. ¡Qué casualidad, señor García-Page! Esta reforma es un ejemplo de austeridad, el ejemplo de austeridad que nos están dando todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha todos los días, desde que se levantan hasta que se acuestan. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor COTILLAS LÓPEZ: ¿Con qué cara, señor García-Page, le puede decir a un ciudadano castellanomanchego que usted, que ha sido responsable de 3000 millones de euros en facturas no pagadas... —por cierto, luego entenderán el pucherazo. El 40% de esas facturas no pagadas correspondían a proveedores de mi provincia, Ciudad Real; luego entenderán el pucherazo; el señor García-Page ya lo sabe—. Repito, ¿con qué cara le puede decir usted a los ciudadanos que después de 3000 millones de euros en facturas no pagadas, de 10 500 millones de euros en deuda bancaria, son ellos solos los que tienen que sacrificarse, apretarse el cinturón y ajustarse? No lo tienen que hacer la Administración —porque usted y su grupo han votado en contra de todos y cada uno de esos ajustes en la Administración— ni, por supuesto, los responsables políticos, a los que usted quiere mantener en los privilegios en Castilla-La Mancha. (Rumores.) Desde el expresidente Bono, que sigue teniendo —sépanlo todos ustedes— secretaria, chofer, oficina, etcétera —le debe seguir haciendo mucha falta al expresidente Bono, pagado por todos los ciudadanos—, hasta cada uno de los diputados autonómicos. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor; guarden silencio.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Es un ejemplo, y el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Grupo Popular que lo sustenta han adquirido varios compromisos con los ciudadanos: a grades esfuerzos de los ciudadanos, corresponder con esfuerzos de sus responsables políticos; estar a la altura, señor García-Page y, por lo tanto, reducir altos cargos, como hemos hecho; reducir asesores, como hemos hecho: más de un 50% en ambos casos; eliminar gastos superfluos y eliminar duplicidades; no hay menor control, el control que había era duplicado y no servía para nada, como se ha visto palmariamente en la gestión económica del Gobierno socialista.

Es una reforma democrática que permite al Parlamento cumplir sus funciones: La función legislativa, la presupuestaria y el control al Gobierno. Se va a hacer de la misma manera, con una horquilla de entre 25 y 35 diputados, que en la actualidad es una reforma que considera el sistema proporcional, que sigue siendo proporcional y que permite que todos los territorios de Castilla-La Mancha, sus 5 provincias, sigan estando representados. Hay enmiendas que no piden eso. Esta reforma la mantiene y no elimina el pluralismo político. Pluralismo político significa que pueda presentarse a las elecciones todo el que quiera; y aquí no se le impide a nadie. Actualmente en mi tierra hay cuarenta y tantas listas para las elecciones al Parlamento Europeo. El pluralismo político no impide que nadie se pueda presentar; ni los ricos ni los pobres. Basta ya de ese discurso. Acérquense a la realidad social. Ricos y pobres hay en todos los partidos y en todos los parlamentos; también en el Grupo Parlamentario Socialista y en el Grupo de Izquierda Unida. Pero es que, además, en los ayuntamientos, hay muchos ciudadanos que se dedican a la política y que van por la mañana, por la tarde y por la noche a ejercer su representatividad política, su representación de los ciudadanos, su trabajo ejecutivo, y no cobran. Y no por eso les despiden de su trabajo ni dejan de tener la oportunidad de presentarse; lo pueden hacer. Vamos a ser serios.

Señor García-Page, las mayorías y las minorías no se definen por el hecho de que haya 25, 35 o 47 diputados; las eligen y las definen los ciudadanos con su voto. Yo he militado en un partido que era muy minoritario cuando comencé y ahora es un partido mayoritario, y las leyes han sido




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las mismas. Son los ciudadanos con sus votos quienes ponen a cada uno en su sitio. Por lo tanto, no impide acceder con igualdad.

Señor García-Page, lo importante es esto. Pero yo quiero que los ciudadanos que nos puedan escuchar, y sobre todo los senadores que están hoy aquí, conozcan un poco más esa tierra humilde que usted dice que es Castilla-La Mancha, y que lo es; esa tierra digna, que lo es, llena de personas dignas, humildes, emprendedoras, responsables y que están pidiendo que aprobemos esta normativa. ¿Por consenso? ¿Qué es el consenso, señoría? ¿El consenso es lo que diga el Partido Socialista? (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Señorías, el consenso —lo vuelvo a decir— ha existido siempre en Castilla-La Mancha, porque ha habido un Partido Popular que no ha sido radical, como el Partido Socialista; porque ha habido un Partido Popular capaz de llegar al consenso. Y eso sigue sucediendo en el Gobierno hoy. El problema es que tenemos una oposición que en la toma en consideración de esta ley, señores senadores, abandonó el Pleno. ¿Qué consenso busca ese grupo de la oposición? ¿Qué consenso buscaba el Partido Socialista abandonando el Pleno? ¿Cuál es el consenso, senador García-Page? ¿El consenso es que ustedes tengan derecho de veto, una vez que los ciudadanos no les han votado? ¿O el consenso es que expliquemos también de dónde venimos tras la última reforma de la Ley electoral, senador García-Page? Porque en Castilla-La Mancha pucherazo es igual a García-Page y a Partido Socialista. (Aplausos.—Protestas.) Usted era miembro del Gobierno del Partido Socialista cuando dicho Partido aprobó una ley electoral que hacía que en Cuenca, con menos población que en Guadalajara, hubiese más diputados. ¿Cuál es la proporcionalidad ahí, si no es la búsqueda de un pucherazo? Y usted en la última reforma consintió —porque era miembro destacado del Partido Socialista— que en Castilla-La Mancha 4 provincias fueran pares; solo 1, impar. La impar se llama Ciudad Real, la impar es aquella provincia en la que ustedes tenían más de 20 puntos de diferencia con el Partido Popular, según las encuestas; la impar es aquella en la que ustedes habían adjudicado contratos con un 40% de facturas no pagadas, con un 20% de la población; la impar iba a votar al Partido Socialista, seguro —pensaban ustedes—, y la impar votó al Partido Socialista con solo 600 votos más que el Partido Popular. Y una de las pares, Guadalajara, pegó el enorme salto que hizo posible que hoy gobierne en Castilla-La Mancha quien más votos sacó en Castilla-La Mancha.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Porque con un solo voto más del Partido Socialista en Ciudad Real y con más de 30 000 votos más del Partido Popular en toda Castilla-La Mancha hubiese gobernado el partido que menos votos tenía, el Partido Socialista. Eso es pucherazo, senador García-Page, eso sí es pucherazo. (Aplausos.—Protestas.)

Y pucherazo está usted acostumbrado a hacerlo porque ha estado en las dos modificaciones de la Ley electoral que lo permiten y porque la primera vez que usted gobierna en Toledo lo hace no siendo la fuerza política más votada. Usted es alcalde de Toledo la primera vez sin ser la fuerza política más votada, y lo sabe. Eso es pucherazo, señor García-Page. (Aplausos.—Protestas.)

Y termino, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor.

Termine de una vez, señoría.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Señor García-Page, al Partido Popular y al Grupo Popular no les puede dar usted lecciones de ningún tipo, ni económica ni de escándalos. Usted debe dar a los ciudadanos de Castilla-La Mancha explicaciones sobre el último escándalo de financiación irregular, presunta financiación irregular de su partido político.

Muchas gracias. (Aplausos.—Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Cotillas.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Mariscal.




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El señor MARISCAL CIFUENTES: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, intervendré desde el escaño brevemente.

Estoy estupefacto. (Rumores.) Soy sincero en mis sentimientos. Eso es bueno.

Ustedes tienen una enorme capacidad para reinventar la lengua española —y eso que dicen que la defienden—, para nombrar las cosas con otro nombre que permita, a través de perífrasis, suavizar los efectos de lo que realmente están aplicando. Y ya no sé si es ignorancia o es cinismo, pero una de las dos cosas tiene que ser; solamente puede ser una de las dos cosas, señorías.

¿Pucherazo? ¡Hombre…! ¿Pucherazo es que 2 o 3 fuerzas que suman mayoría en un Parlamento se pongan de acuerdo para gobernar juntas? Eso acaba usted de decir que es un pucherazo. (Rumores.—Denegaciones del señor Cotillas López.) Sí, sí, lo ha dicho: que 2 o 3 fuerzas que suman mayoría absoluta en una Cámara o en ayuntamiento se pongan de acuerdo para gobernar juntas a través de un programa es un pucherazo. Yo lo entiendo, porque ustedes están defendiendo un sistema cada vez más presidencialista, y me imagino que más pronto que tarde se harán eco de la propuesta de reforma electoral de la señora Esperanza Aguirre, la amiga de los municipales (Risas), para poner circunscripciones unipersonales en el Estado español. Y encima, dirán que eso será acercar la política a la ciudadanía.

Ustedes hablan de consenso. Le voy a explicar lo que es consenso. Consenso fue el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que salió apoyado solamente por 2 de 4 fuerzas políticas del Parlamento andaluz y llegó a esta Cámara, a la Cámara Alta; y se estuvo trabajando con fuerza para que ustedes se integraran en ese consenso, y también el resto de organizaciones políticas de la Cámara. Eso se llama consenso, y esto no viene con consenso. Es legal; ya nos hemos enterado de que es legal. Es que si no fuera legal no habría llegado aquí. Basta ya de Perogrulllo y sus obras completas. No, eso no puede ser para hacer política.

Pluralismo político y proporcionalidad. Señoría, si Izquierda Unida saca el 15% de apoyo electoral en las 5 circunscripciones no saca ningún escaño. Proporcionalidad y pluralismo político, la reinvención del lenguaje del Partido Popular. Y yo digo, ya que ustedes están inventando el lenguaje, que creo que hay que llamar a las cosas por su nombre, y esto es un gran golpe a la democracia.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones.)

No hay intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, los senadores y senadoras socialistas del Grupo de la Entesa no hemos presentado un veto a este proyecto de ley, pero daremos el apoyo a los vetos presentados. La verdad es que, como manifesté en la Comisión de Comunidades Autónomas, nos hubiera gustado poder realizar una intervención que no fuera más allá de la cortesía parlamentaria, y seguro que algunos de ustedes lo entenderán. Lamentablemente, no podrá ser así.

Siento que la mencionada comisión avalara esta modificación estatutaria, una modificación estatutaria que consideramos equivocada y lesiva para los intereses de los ciudadanos y también potencialmente lesiva —debo decirlo—, no solo para los ciudadanos de Castilla-La Mancha, sino de otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, en la medida en que el entusiasmo con que esta fuerza política ha apoyado la reforma permite augurar intentos de cambio en la misma dirección en otras comunidades. Repito, pues, lo dicho. En primer lugar, no pongo en duda, como aquí se ha dicho, la legitimidad institucional del Parlamento castellanomanchego para tramitar esta modificación del estatuto, que, por supuesto, desde el punto de vista procesal es absolutamente legal.

A los castellano-manchegos les corresponde determinar la organización de sus instituciones de Gobierno y de representación popular, siempre, naturalmente, en el marco de la Constitución. Pero esta modificación es unilateral y cuenta exclusivamente con el apoyo del Partido Popular, no del Partido Socialista Obrero Español, que cuenta con más del 40% de representación en la Cámara regional. Es un apoyo legal y legítimo, pero unilateral, absolutamente unilateral. Una modificación de un estatuto no requiere unanimidad, pero sí una mayoría amplia; no se puede




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aprobar, digamos, porque se tenga un escaño más. Las modificaciones estatutarias persiguen, han de perseguir siempre, permanecer en el tiempo, y eso será difícil si son unilaterales y por la diferencia de un voto.

Cambiar las reglas del juego de este modo, con el único propósito de obtener ventajas partidistas, no es, desde luego, una buena práctica democrática. No es bueno para la calidad de la vida democrática ni tampoco para la estabilidad política de la región; no se equivoquen. Además, es lamentable que la persona que preside la comunidad haya cambiado de opinión a este respecto. Desgraciadamente, como decía, la señora Cospedal ha cambiado de opinión; solo hay que repasar las hemerotecas en torno a la reforma anunciada por el presidente Barreda, y paralizada posteriormente —por cierto, en el año 2007— y ver que la hoy presidenta decía: El PP no va a consentir ningún golpe de Estado. Las reformas no se pueden plantear sin el debido consenso, como se hace en todos los países democráticos. Parece ser que eso se le ha olvidado, como se le ha olvidado también que en esa misma fecha decía: Sería la primera vez que en un Gobierno democrático la reforma electoral sale adelante con el apoyo de un solo partido.

Pues bien, eso es lo que, desgraciadamente, va a pasar en estos momentos. Miren, nuestro sistema democrático tiene problemas, como todos los sistemas democráticos, que necesitan actualizarse permanentemente. Pero ¿acaso el principal problema del funcionamiento democrático en la región es el número de diputados que conforman la Asamblea? ¿Mejorará así, como planteaba algún otro portavoz, la representatividad del Parlamento? ¿Mejorará su pluralismo, un principio democrático establecido en la Constitución? ¿Mejorará así la relación entre el electo y el elegido? Yo creo que no, evidentemente. Simplemente convertirán la Asamblea regional en un órgano que tendrá más dificultades para ejercer su función de control de Gobierno y de impulso de la actividad legislativa. Eso es lo que pasará; de hecho, con diputados que tendrán que compatibilizar —ya lo compatibilizan— su trabajo con las tareas parlamentarias eso realmente es difícil. Será una asamblea parlamentaria con menos diputados y diputadas, que han de compatibilizar su trabajo profesional con la representación pública y que dispondrán de menor capacidad de intervención y, por supuesto, será menos molesta para el Gobierno regional. Eso es lo que pasará. Y, señorías, yo no creo que ese sea el deseo de los ciudadanos castellanomanchegos. Evidentemente, todo es según y cómo se formulen las preguntas, y en este sentido se expresaban otros diputados.

Pero he de confesarles que lo que más me ha preocupado en este debate han sido los argumentos utilizados por el representante del Partido Popular en la Comisión General de Comunidades Autónomas y también hoy, aquí. Porque, como muy bien decía otro portavoz, de alguna manera ustedes hacen antipolítica para resultar más atractivos en un momento de grave crisis de la política y de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones de representación. A esto se le llama, ciertamente, populismo, y créanme si les digo que es una tentación demasiado peligrosa como para que ustedes transiten por ella. Su tesis es que la reforma está avalada por las encuestas, pero, repito, depende de cómo se formulen las preguntas.

Y han utilizado de forma reiterada un argumento que también cabe refutar, y es el de que la composición parlamentaria más reducida y menos plural es, a su juicio, una garantía de que no podrán gobernar aquellos que no ganen las elecciones. Debo decir, en primer lugar, que utilizando este argumento reconocen de forma implícita que su voluntad es precisamente esa: limitar la pluralidad de la Cámara legislativa, pero, además, desconociendo lo que se desprende de nuestra propia Constitución y, ciertamente, situándose en un régimen que es más presidencialista que parlamentario. Porque, señorías, el sistema político que establece la Constitución es una democracia parlamentaria, que elige a sus diputados por un cómputo proporcional, corregido, sí, pero proporcional. Y es la Cámara parlamentaria la que, con arreglo a una mayoría, procede a la investidura de un presidente o una presidenta de Gobierno. Es el sistema que tenemos para la formación de Gobierno en España, e igualmente para la formación de los gobiernos en las comunidades autónomas y también en los ayuntamientos. Seguramente podríamos tener otro sistema. En fin, este no es ni mejor ni peor, todos tienen ventajas e inconvenientes, pero este es el que determina la Constitución. Los ciudadanos eligen a sus parlamentarios, y estos, de acuerdo con un programa de Gobierno, designan al jefe del Ejecutivo. A ustedes parece ser que esto les molesta.

Señorías, para acabar quiero decir que esta no es la modificación del estatuto que en estos momentos realmente requiere la democracia española y la democracia también en Castilla-La Mancha. Y no es una buena noticia, porque no resuelve problemas y, en cambio, anuncia otros.




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Desde luego, no es el buen camino. Ustedes todavía están a tiempo. Esta no es una reforma oportuna, como se decía, sino una reforma oportunista, que es otra cosa. Retiren este proyecto. Los ciudadanos se lo agradecerían. Señorías, vean las cosas con mayor perspectiva y no solo mirando hacia las elecciones del año que viene.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

¿Grupo Parlamentario Convergència i Unió? (Denegaciones.)

No hay intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador García-Page.

El señor GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, señor Cotillas, reconozco que a usted le toca hacer un papelón —y supongo que a quien venga detrás hablando— verdaderamente increíble. Creo que le resultaría mucho más fácil, y sobre todo más acorde con la dignidad que requiere esta Cámara, decir lo que pasa; y lo que sucede es tan evidente como que Cospedal, precisamente porque es ella, porque seguramente otro dirigente no lo haría y no podría hacerlo, les impone a ustedes tener que aprobar una normativa que contraviene cualquier equilibrio. Hay poca gente a la que se le pueda ocurrir, y mucha menos que lo pueda imponer. Eso le obliga a usted a hacer piruetas en el aire, y si no le conociera de cerca, y sabe que le tengo respeto, pensaría simple y llanamente que estamos en un circo.

Señor Cotillas, usted puede decir lo que quiera, pero plantear que el Partido Socialista o que quien le está hablando es radical, además de ser una mentira es absurdo. Las 5 propuestas de reforma estatutaria que nosotros planteamos han venido por unanimidad, y la única que plantean ustedes viene sin un segundo de conversación, señor Cotillas. (Aplausos.) Todo lo demás es, simple y llanamente, una falsedad. Usted cree que la política lo aguanta todo, que se puede decir cualquier cosa echando mano del fariseísmo y del cinismo político. Y eso es lo que repudia la gente.

Por tanto, le insisto: están a tiempo de parar el proyecto y de que nos sentemos a hablar. Ese no es un planteamiento de radicalidad. Ustedes simple y llanamente niegan la realidad; no lo han querido. Es más, cuando yo he querido hablar, como representante del PSOE, con la señora Cospedal, ella me ha dicho que verde las han segado, que iba para adelante con su proyecto, porque tiene claro lo que persigue. Y usted, como yo, como todo el mundo, sabemos de lo que estamos hablando. Verdaderamente, es una barbaridad.

Habla usted de la herencia. Fíjese, podría hasta admitir que es un argumento: ustedes llegaron y se encontraron la situación muy mal. Es verdad, se encontraron con miles de millones de deuda. Ahora hay 6000 millones más de deuda que antes de que Cospedal fuera presidenta. (Aplausos.) Podrían decir que se encontraron con parados. Efectivamente, fueron por toda la región con panfletos, diciendo: si quieres empleo, vota al Partido Popular. Es una campaña muy obscena. Hoy hay 100 000 parados más desde que Cospedal es presidenta. (Aplausos.) Podrían ustedes hablar de déficit. Efectivamente, al que han llegado liquidando, cerrando hospitales, cerrando plantas, cerrando institutos y echando a la gente al paro; han despedido ustedes a 24 000 familias. (Aplausos.)

Usted puede hablar de la herencia, y puedo entender que lo encontraran difícil, pero, señor Cotillas, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Eso podría explicar que, el primer día, cuando ustedes cambiaron la ley electoral, bajaran los diputados a 25, pero es que, con la misma herencia, con la misma situación, con la misma crisis —ahora incluso dicen que no hay crisis, luego es un buen momento para retirar el proyecto—, ustedes subieron los diputados de 49 a 53. (Aplausos). Por tanto, no quieran tomarnos el pelo. Al menos respeten la inteligencia de los señores y señoras diputados y senadores.

Con este estatuto, que obliga a una nueva ley, puede darse perfectamente la situación de que un partido tenga 100 000 votos más y no gobernar. No se trata de un pucherazo contra el PP o contra el PSOE, se trata de un pucherazo al sistema democrático. (Aplausos.) Ustedes están viendo que en las encuestas aparece Izquierda Unida, que a lo largo de la trayectoria democrática de la región ha tenido, es verdad, poca representación; aparece UPyD; aparecen otras formaciones; y han dicho: se trata de ponérselo difícil. El argumento de que el número de diputados no tiene que ver con la representación, señor Cotillas, es de primero de EGB. (Risas.) Si hubiera 5 diputados, uno por provincia, solo podría salir un partido; si hubiera 2 senadores por cada provincia española,




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solo podría haber 2 partidos, básicamente. Por tanto, sí tiene que ver. Al contrario, la esencia del sistema democrático es llegar al equilibrio entre el número de representantes y su proporcionalidad.

Señorías, con esta ley, no solo puede gobernar quien tenga muchos menos votos, sino, además, distribuyendo arbitrariamente el número de los diputados según la provincia que convenga. Ustedes ya se vengaron —si quieren, dicho entre comillas— de la ley electoral anterior. Por cierto, y para que conste en el Diario de Sesiones, diré que en la anterior reforma legal del sistema electoral en Castilla-La Mancha el Gobierno regional citó formalmente, por escrito, hasta 5 veces a la señora Cospedal; y debe de ser la primera vez que se produce un cambio estatutario votado por un solo partido, debe de ser el único caso en Europa en que se produce un doble cambio electoral en un solo año, y debe de ser el único caso en el que se niegan a sentarse con la oposición, y antes, cuando estaban en la oposición, a sentarse con el Gobierno, lo que verdaderamente es costoso de entender. (Aplausos.)

Con este sistema, señoras y señores senadores del PP, ustedes no tendrían representación ni en Cataluña ni en el País Vasco. Está afectando, y claramente —lo verán ustedes en los debates futuros de los próximos meses y años—, al sistema. No vale todo, señor Cotillas; y menos, algunas encuestas. Le pueden ustedes decir al señor Michavila, que se las hace últimamente, que pregunte por muchas cosas. Pueden ustedes preguntar por el nivel de cercanía de la señora Cospedal; en ese caso deben estar preguntándole sobre todo a los guardiaciviles, que son los únicos que se le acercan. (Aplausos.) Pero lo cierto y verdad, señor Cotillas, señores senadores del Partido Popular, es que las encuestas lo aguantan todo. Prueben ustedes a preguntar, no si quieren más o menos políticos, porque es evidente que a cualquier ciudadano al que se le pregunte si quiere o no políticos dirá —siempre, desde que yo estoy en política, y son ya muchos años, pero hoy todavía más— que no quiere. Prueben a preguntar, por ejemplo, si les parece bien que la presidenta Cospedal sea presidenta los jueves en Castilla-La Mancha, y el resto del tiempo, secretaria general del Partido Popular. O prueben, que es mucho más fácil, a preguntarles lo que opinan acerca de que los políticos cobren sobresueldos. El 180 les saldrá.

Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador García-Page.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Riolobos.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Señor presidente, señorías, si hoy tuviera que dar un titular sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha que estamos debatiendo, diría que es una reforma ejemplar que demuestra la empatía del Gobierno de la presidenta Cospedal con los ciudadanos. (Risas.—Rumores.) Y añadiría un segundo titular…

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Y añadiría un segundo titular: No se entiende la oposición feroz del señor García-Page y del Partido Socialista, por sus antecedentes tramposos. Esos serían los dos titulares que yo daría a esta reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. (Aplausos.)

Quiero agradecer a los grupos políticos, al Grupo Mixto, a Unión del Pueblo Navarro, a los senadores independientes que están en el Grupo Mixto, a Foro, y al PNV y Convergència i Unió, en primer lugar, que no hayan presentado vetos, y en segundo lugar, su exquisita neutralidad, respetando el deseo de los parlamentarios de Castilla-La Mancha, que mayoritariamente han aprobado una reforma del Estatuto que quiere el 94% de los ciudadanos castellanomanchegos. Muchísimas gracias.

La reforma que hoy traemos es muy sencilla; ya se ha explicado: reducir al 50% el número de diputados, algo que han planteado otras comunidades autónomas, como Madrid, Galicia, Baleares, Extremadura, Valencia y Cantabria. Es un Estatuto que no modifica nuestra relación con el Estado y ni siquiera nuestras competencias. Es legal, como ya se ha dicho y reconocido por todos los grupos políticos que han intervenido. Es plenamente constitucional. Es más justa que la que había anteriormente, hecha por el Partido Socialista, porque permite que gobierne el que saque más número de votos y, por lo tanto, más diputados. Dimensiona las instituciones. Y, como ya se ha dicho, está aceptada y valorada por el 94% de los ciudadanos de Castilla-La Mancha.




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Decía el senador Saura cuando defendía su veto que nuestra reforma del estatuto lo que hacía era alejarnos de los ciudadanos. Nosotros pensamos, señor Saura, que es justo todo lo contrario: creemos que esta reforma, que reduce al 50% los diputados en Castilla-La Mancha, lo que hace es prestigiar a los políticos, acercarlos al sentir de los ciudadanos y generar esa empatía que tienen el Gobierno de la presidenta Cospedal y el Partido Popular de Castilla-La Mancha con los ciudadanos. Y además se hace con criterios de ahorro y austeridad: se van a ahorrar más de 4 millones de euros, que es un dinero que en Castilla-La Mancha se necesita para mantener los centros de salud, para generar empleo y, sobre todo, para mantener la educación, la sanidad y los servicios sociales. (Rumores.)

Es una reforma que se hace por la nefasta herencia recibida en Castilla-La Mancha, que ya ha comentado mi compañero el senador Carlos Cotillas. Y, desde luego, es una reforma que viene precedida de toda una política de austeridad en todas las instituciones de Castilla-La Mancha llevada a cabo por la presidenta Cospedal, que ha sido ejemplar. Y no lo dice el Partido Popular, lo ha dicho el presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso; lo han dicho dos comisarios, Tajani y Lewandowski; y lo ha dicho recientemente el presidente del Gobierno de España en nuestra tierra. Además, viene precedida de la supresión de un conjunto muy importante de cargos y sobre todo de instituciones, organismos y fundaciones para intentar ahorrar el máximo posible y dedicarlo a lo que los ciudadanos de Castilla-La Mancha necesitan, que es generar empleo y sobre todo mantener los servicios sociales. Fíjense ustedes: solo en las Cortes de Castilla-La Mancha, cuando llegó al Gobierno el Partido Popular el presupuesto era de 13,7 millones de euros, y en este momento es de 8,7; se van a ahorrar 20 millones de euros en esta legislatura. Nosotros, el Gobierno de Castilla-La Mancha y los castellanomanchegos y el Partido Popular, estamos haciendo los mismos sacrificios que los ciudadanos.

Decía el señor García-Page que todo se había hecho sin consenso. Mire, lo que es absolutamente imposible es que, habiendo dos únicos partidos políticos en el Parlamento, usted quiera que se haga todo por consenso, cuando usted ha votado permanentemente en contra de todas y cada una de las propuestas que ha llevado el Gobierno de Castilla-La Mancha tendentes a la austeridad y a reducir los gastos de nuestra tierra. Dijeron no a eliminar los privilegios de los 70 ex altos cargos que cobraban entre 400 y 1000 euros más al mes por haber sido ex alto cargo. Ustedes votaron en contra de los privilegios del señor Bono, que nos cuestan 640 000 euros en cada legislatura. Y votaron en contra de reducir el sueldo a los diputados.

Tanto el señor Mariscal como el señor Saura nos ponían un reparo o una pega a la reforma del estatuto, diciendo que hacíamos una reforma que iba a ser únicamente para ricos. No es verdad; ustedes saben que ese argumento se cae por su propio peso, y le voy a decir por qué: hay miles de alcaldes, miles de concejales en toda España que tienen unas funciones fundamentalmente gestoras, que están las veinticuatro horas del día trabajando, que nunca han tenido sueldo público ni lo van a tener, y están trabajando permanentemente y mantienen sus actividades profesionales. (Protestas.)

Ustedes hablan, y hablaba el señor García-Page, de que el criterio de austeridad no se sustenta como un elemento para justificar la reducción del número de diputados que traemos en esta modificación estatutaria, y yo les digo que no es cierto, que la austeridad es necesaria en nuestra tierra. Y fundamentalmente el señor García-Page, que ha sido corresponsable de toda la tropelía económica que se ha hecho en nuestra tierra, no puede venir aquí ahora a intentar darnos lecciones de gestión económica ni lecciones de democracia. Señor García-Page, usted sabe que le tengo mucho aprecio, que le tengo cariño y que le tengo respeto. (Risas.) Le tengo respeto —él lo sabe perfectamente—, pero usted está muy alejado de lo que están pidiendo los ciudadanos de Castilla-La Mancha en este momento, y le voy a explicar por qué. Señor García-Page, usted lleva veintisiete años —y mire que es usted joven—, lleva veintisiete años, digo, subido en el coche oficial (Protestas), y nunca jamás ha cotizado usted a la Seguridad Social por algo que no fuera un cargo político. (Protestas.) Por eso no está usted cercano a los ciudadanos, señor García-Page, porque lleva toda la vida subido en el coche oficial. (Protestas.) Ese es su problema. (Rumores.—Protestas.—Aplausos.)

Usted, señor García-Page, es responsable o corresponsable...

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.




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La señora RIOLOBOS REGADERA: ...porque ha formado parte de casi todos los gobiernos de Castilla-La Mancha... (Fuertes rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Usted es corresponsable de los escándalos más espectaculares que ha conocido toda España, y no los voy a relatar. (Fuertes rumores.—Protestas.) Caja Castilla-La Mancha, Seseña, aeropuerto de Ciudad Real, el caso recién conocido de Cuadrifolio... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora RIOLOBOS REGADERA: ...y los cuatro titulares de El Mundo. (Aplausos.—Fuertes protestas.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, así es imposible seguir con el debate. Es imposible, no se oye nada. Guarden silencio, por favor.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Usted ha sido vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha o consejero portavoz o consejero de Obras Públicas cuando en nuestra región se cometían los mayores atropellos que nos llevaban a la situación económica tan lamentable y tan dramática que ha heredado la presidenta Cospedal, que nos ha llevado a las políticas de austeridad más ejemplares de toda España. Usted aparece, señor García-Page, en el auto de la imputación del alcalde de Seseña. Y no lo dice el Partido Popular. Aparece en la denuncia que presentó Izquierda Unida cuando usted le ofreció al alcalde de Izquierda Unida de Seseña un trato especial como alcalde socialista. (Rumores.) Sí, como alcalde socialista, si le facilitaba los trámites al pocero en Seseña.

Señor García-Page, usted no nos va a dar lecciones ni de democracia ni de cómo se puede gobernar. Esta reforma es legal, es constitucional, está en relación con lo que nos están pidiendo los ciudadanos en Castilla-La Mancha, y usted, desde luego, no tiene argumentos morales para criticarnos en este sentido. (Varios señores senadores del ala izquierda del hemiciclo: ¡Pucherazo, pucherazo!—Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías; al señor García-Page se le ha dejado hablar, se le ha escuchado con todo respeto. (Aplausos.—Fuertes rumores.) Hagan ustedes el favor. (El señor Alique López pronuncia palabras que no se perciben.) Senador Alique, le llamo al orden; senador Alique, le llamo al orden. Dejen acabar a la señora senadora.

La señora RIOLOBOS REGADERA: ¿Sabe lo que le duele a usted, señor García-Page? ¿Sabe lo que le duele? Que todas las encuestas dicen 2 cosas: que si hoy hubiera elecciones el Gobierno de Castilla-La Mancha volvería a ser de la presidenta Cospedal, porque es la más querida y la más valorada. (Rumores.) ¿Y sabe también lo que dicen las encuestas, señor García-Page? Que sus aspiraciones para ser secretario nacional de los socialistas están siempre en la última del ranking. En la última encuesta que se ha hecho está 2,5 puntos por detrás de otros. (Aplausos—Rumores.) Esa es la realidad.

Y les tengo que decir que la reforma que se plantea...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Sí, voy terminando, señor presidente.

…es una reforma que no plantea ninguna ilegalidad, que es constitucional, que está de acuerdo con los ciudadanos y que avalan el 94% de los ciudadanos de Castilla-La Mancha.

Muchísimas gracias. (Aplausos.—Varios señores senadores del ala izquierda del hemiciclo: ¡Pucherazo, pucherazo!)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Riolobos.

Llamen a votación. (Aplausos.—Pausa.)

Cierren las puertas.




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Señorías, vamos a proceder a votar las propuestas de veto. Ha habido utilización de voto telemático. Se han autorizado 2: las senadoras Beatriz Jurado Fernández de Córdoba y la senadora Catalina García Carrasco, ambas del Grupo Popular. Ha emitido su voto solamente la senadora Catalina García Carrasco en las 3 propuestas de veto. El sentido de su voto ha sido negativo, que añadiré a las votaciones de los 3 vetos.

Comenzamos votando la propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias y Mariscal.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225 más 2 votos telemáticos, 227; votos emitidos, 220 más 1 voto telemático, 221; a favor, 64; en contra, 143 más 1 voto telemático, 144; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la propuesta de veto número 2, de los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226 más 1 voto telemático, 227; votos emitidos, 221 más 1 voto telemático, 222; a favor, 64; en contra, 143 más 1 voto telemático, 144; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226 más 2 votos telemáticos, 228; votos emitidos, 221 más 1 voto telemático, 222; a favor, 64; en contra, 143 más 1 voto telemático, 144; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Rechazadas, por tanto, las propuestas de veto, pasamos al debate de las enmiendas.

En primer lugar, de los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto, la enmienda número 5.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Mariscal. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor.

Cuando quiera, senador Mariscal. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

El señor MARISCAL CIFUENTES: La enmienda que presentamos los senadores de Izquierda Unida trata de ir en la dirección contraria a la que aparece en la reforma. Se trata de garantizar el cumplimiento o de dar la razón al artículo 1.1 de la Constitución española, que nosotros creemos que esta reforma conculca, y tiene que ver con el pluralismo político, que sería mucho más adecuado y garantizaría una mayor proporcionalidad si hubiera una circunscripción única en el conjunto… (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Por favor, señorías, ruego permitan al orador que se le escuche en el hemiciclo.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Al orador se le oirá, que se le escuche ya es otra cosa. (Aplausos.)

La cuestión es que nosotros quisiéramos que hubiera una mayor proporcionalidad, por lo tanto, defendemos una circunscripción única para Castilla-La Mancha manteniendo el número actual de escaños, y también quisiéramos —aprovecho esta ocasión para proponerlo— que el Gobierno de la señora Cospedal sometiera esta importante reforma del estatuto de autonomía a la consideración de sus conciudadanos y a referéndum… (Rumores.) ¡Qué tontería eso de votar! ¡Es que la democracia tiene unas cosas!

En fin, pedimos que se someta a referéndum esta importante reforma del Estatuto de Autonomía como un ejercicio de-mo-crá-ti-co.




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Mariscal.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, los senadores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar presentan las enmiendas números 1 a 4.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Zerolo.

El señor ZEROLO AGUILAR: Las damos por defendidas.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya presenta la enmienda número 6. Para su defensa, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

La enmienda consiste solamente en mantener el número de parlamentarios actuales, pero que la circunscripción sea una circunscripción única en toda la región para que todos los votos valgan lo mismo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Saura.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta las enmiendas números 7 a la 10. Para su defensa, tiene la palabra el senador Camacho.

El señor CAMACHO SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve.

Doy por defendidas las 4 enmiendas que ha presentado mi grupo parlamentario a esta reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, pero quiero aprovechar este tiempo para hacer un par de consideraciones.

En todas las intervenciones que ha realizado el Grupo Popular, tanto en la comisión general del pasado día 8, como hoy, durante la celebración del Pleno, se ha basado fundamentalmente en 2 argumentos: el económico, y la petición de los ciudadanos para llevar adelante esta reforma.

Pues bien, en primer lugar, y en cuanto al tema económico, creo que ha quedado claro, y todo el mundo tiene meridianamente claro —valga la redundancia—, que el objetivo de ahorro económico no se produce puesto que los diputados regionales de Castilla-La Mancha no cobran. Por tanto, me gustaría que esto que ustedes plantean como ahorro económico o, de alguna manera, que el problema económico es por lo que llevan esto adelante, también lo practicaran dentro del Partido Popular. Ustedes saben perfectamente, por ponerles un ejemplo —y aquí hay dos senadores de mi provincia—, que el presidente del Partido Popular en la provincia de Toledo, diputado nacional, como presidente de la diputación provincial cobra 1500 euros de dieta cada vez que va a un Pleno, como concejal del ayuntamiento, 400 euros también por asistir a los plenos, y si quieren ser congruentes con lo que están planteando, digo yo que podría renunciar precisamente a alguno de esos sueldos por coherencia, si el tema es puramente económico. (Aplausos.) ¿O es lo ancho para unos y lo estrecho para otros? No. Vamos a ser todos un poquito coherentes.

En segundo lugar, refiriéndose a la petición de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, ha dicho el señor Cotillas que es del 94%. Yo soy de una ciudad que se llama Talavera de la Reina. ¿Le suena, verdad, señora Riolobos? Yo voy por la calle, me imagino que igual que usted, y le aseguro, les aseguro a todos ustedes, que todavía a día de hoy —y mire que llevan tiempo hablando de la reforma del estatuto y del recorte—, nadie, nadie me ha parado para decirme: oye, apoya al Partido Popular en esto; nadie en absoluto, ni siquiera para preguntarme, y hablo con mucha gente.

¿Sabe lo que plantea la gente en la calle? No sé si a usted, señora Riolobos, pero a mí, en Talavera de la Reina, ciudad de 90 000 habitantes, con un 40% de desempleo, ¿sabe lo que me preguntan? Esa promesa del Partido Popular en las pasadas elecciones: Si quieres trabajo, vota al Partido Popular, ¿dónde está?, porque cada día tenemos más desempleo en esta ciudad. (Aplausos.) O también, ¿qué está ocurriendo con el hospital de Talavera, donde cada vez se cierran más camas? Un hospital que era un ejemplo y ahora se está quedando en un centro de especialidades. O ¿qué está ocurriendo con las unidades escolares? Eso es lo que a la gente le preocupa, eso es lo que la gente pregunta en la calle, es decir, cómo van a poder dar de comer a sus hijos si están cerrando los comedores escolares, qué está ocurriendo con el transporte escolar, porque lo están eliminando...




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Esa es la realidad de lo que ocurre en una ciudad castellano-manchega como la mía, señora Riolobos. No sé si en la suya o usted vive en un mundo totalmente distinto.

A los ciudadanos lo que les preocupa es poder llegar a final de mes, poder pagar su hipoteca, poder pagar la luz, poder pagar el agua, no lo que ustedes quieren hacer. (Aplausos.) Además, lo quieren hacer porque igual que a los ciudadanos les preocupa esto que les estoy diciendo, a ustedes les preocupa otra cosa, y lo saben perfectamente. Lo ha dicho el senador García-Page muy claramente: a ustedes lo que les preocupa es que en las próximas elecciones del año que viene se puedan garantizar que la señora Cospedal vuelva a ser la presidenta de Castilla-La Mancha. No tienen otro objetivo y eso es lo que quieren llevar adelante con este pucherazo.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

En turno en contra tiene la palabra el senador señor Burgos.

El señor BURGOS BETETA: Con la venia, señor presidente.

A estas alturas, señorías, la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha se ha debatido con profusión de tiempo y argumentos. Probablemente nunca en una reforma tan escueta, nunca en una reforma tan corta, que no cuestiona el núcleo esencial del estatuto, se ha gastado tanto tiempo y argumentos. Para el Grupo Parlamentario Popular en Castilla-La Mancha el punto de partida no es otro que la situación que encontró el Gobierno del Partido Popular cuando recibió el respaldo mayoritario de los castellanomanchegos en 2011 y las medidas que tuvo que tomar para evitar la quiebra de los servicios sociales básicos. Señorías, fueron momentos duros y complicados en los que se hicieron ajustes en la propia Administración y se pidieron también sacrificios a los ciudadanos. No nos pidan a nosotros que arreglemos en estos pocos años lo que ustedes nos dejaron después de treinta años de Gobierno. No nos pueden pedir a nosotros que resolvamos lo que fue el desastre del Gobierno del Partido Socialista a nivel nacional con la negación de la crisis o lo que fue el desastre del Gobierno del Partido Socialista en la comunidad autónoma, que fue incapaz de tomar medidas contrarias a lo que estaba ocurriendo a nivel nacional. No nos lo pidan a nosotros. Hoy en día sí que hemos puesto en marcha medidas que pueden realmente ayudar a resolver estas cuestiones, señorías.

Las Cortes han sido coherentes con esta situación, y además de otras medidas proponen, como aquí se ha dicho a lo largo del día, una reducción de la horquilla parlamentaria, de manera que ahora pase a ser de un máximo de 35 a un mínimo de 25. Como ven, insisto, la reforma es limitada, y estamos seguros de que representa el sentir de la mayoría.

Como ustedes saben, a esta iniciativa —y es a lo que vengo a contestar— se han presentado 10 enmiendas, 5 del Grupo Parlamentario Mixto, de las cuales 4 son de Coalición Canaria y 1 de Izquierda Unida; otra de Entesa, idéntica en su fondo a esta última; y finalmente 4 del Grupo Parlamentario Socialista. Adelanto que vamos a oponernos a todas las enmiendas, como ya hicimos en la Comisión General de Comunidades Autónomas.

Con respecto al primer bloque, las que atañen a la reducción del número de parlamentarios, es evidente nuestra razón porque van directamente contra el objeto de la reforma pretendida por las Cortes, de manera que poco hay que explicar que no se haya dicho ya por mis compañeros en la oposición a los vetos de hace un momento.

Las Cortes de Castilla-La Mancha creen que la labor legislativa y de control que reserva el estatuto a los diputados puede hacerse con menos, y nosotros lo apoyamos, señorías. Esto no es un pucherazo. El auténtico pucherazo —y permítanme que insista porque aquí ha salido y lo han sacado ustedes— es conocido en Castilla-La Mancha y protagonizado por su Gobierno, señor García-Page, cuando aprobó una ley electoral que insisto, insistimos, pretendía que gobernara el PSOE, perdiendo en 4 de 5 circunscripciones estrepitosamente en número de votos. Eso fue lo que usted quiso hacer y permitió que se hiciese. Eso sí que era un pucherazo electoral, señor García-Page, que sólo el apoyo masivo de los castellano-manchegos pudo evitar en aquel momento. Este pasaje de su historia política le invalida, señor García-Page, para acusarnos a nosotros de ningún tipo de pucherazo. Nosotros nunca haremos una barbaridad como esta y queremos que gobierne el que gane las elecciones, como hemos repetido hasta la saciedad.

Con respecto al segundo bloque, señorías, cambio de circunscripción, elaboración de la Ley de plazos, procedimientos, etcétera, son materia propia, en su mayor parte, de la Ley electoral que




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existe en Castilla-La Mancha, como, por cierto, existe en la mayoría de las comunidades autónomas. Quedan, por tanto, fuera de la propuesta de reforma planteada y creemos que deben seguir perteneciendo al ámbito competencial de esa Ley electoral, o, en algún caso concreto y puntual, la rechazamos para mantener la redacción actual del texto del estatuto que no afecta a la modificación.

Finalmente, respecto a las enmiendas que ha presentado el PSOE, entiendo que son absolutamente coherentes con el veto las números 7, 8 y 9, así, la oposición al veto que hemos votado hace un momentito explica perfectamente el voto contrario a estas enmiendas, por lo que entiendo que no tenemos que extendernos más en ellas. Ahora bien, sí merece un comentario aparte la enmienda número 10. En ella se supedita la reforma que estamos debatiendo a la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, que pretende la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad en relación con los estatutos de autonomía. Como ustedes saben, PP y PSOE han llegado a un acuerdo para tramitar esta reforma del Tribunal Constitucional. Hay un acuerdo entre los dos grupos políticos instando, de alguna manera, por la reforma del Estatuto de Cataluña, cuya inconstitucionalidad era evidente, tal y como sentenció el Tribunal Constitucional en 14 artículos y del que reinterpretó otros 23, si no me falla la memoria. Pero este no es el caso y ustedes lo saben bien. Tanto no lo es, que en el trámite de presentación de enmiendas para la reforma del estatuto, ni el PSOE ni ningún otro grupo parlamentario propusieron esta enmienda en el Congreso. Esta enmienda ha aparecido aquí, en el Senado, en la mitad de la tramitación del estatuto. Cosa extraña, señorías, más aún dada la importancia que ustedes mismos le dan al plantearla como enmienda puntual. Y no se puede explicar con el argumento de que las enmiendas se presentaron antes que la Proposición de Ley de reforma del Tribunal Constitucional, porque la diferencia fue de apenas siete días, de hecho, el 11 de febrero ya se sabía el acuerdo para recuperar el recurso previo. ¿Es que no la consideraban importante en el Congreso? ¿Es que no les dejaron intervenir en la enmienda que su grupo parlamentario planteó en el Congreso? ¿No será que no les hacen caso ni en el partido ni en el grupo parlamentario en el Congreso, señor García-Page? (Aplausos.)

Tal vez les explicaron que esta técnica legislativa de condicionar una ley que aún no se ha debatido por otra que está finalizando su tramitación es un tanto extraña, irregular, y, por eso, les aceptaron como compensación política una adicional en el texto de la iniciativa de recuperación del recurso previo. Pero no aquí. Eso no obliga a nada, señorías del Grupo Socialista, y su eficacia jurídica resulta muy cuestionable, por no decir inútil. En todo caso, con su enmienda ustedes pretenden literalmente que el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha no entre en vigor según lo apruebe esta Cámara. Están sometiendo la ley que hoy debatimos a la tramitación de otro proyecto que no sabemos cuándo será aprobado. Aún no se ha producido el debate y la admisión a trámite de la ley anterior, señorías. Insisto, están intentando supeditar la voluntad de los representantes de Castilla-La Mancha, expresada en un acuerdo de las Cortes regionales, a lo que pudiera ocurrir en los próximos meses, cuando hoy existen mecanismos constitucionales para dilucidar la legalidad de esta reforma.

Su enmienda sí es inconstitucional. Contradice el artículo 90.2 de la Constitución, que fija la tramitación de un proyecto de ley en el Senado en un plazo máximo de dos meses si se optara por la dilación de trámites. Es por eso, señor García-Page, por lo que no se puede parar la tramitación en este momento ni abrir ningún tipo de comisión, porque la Constitución nos lo impide. Desde otro punto de vista, sería un fraude de ley aprobar otra cuya entrada en vigor quedase en el aire y condicionada por la posterior de igual rango, es decir, una orgánica. No me parece serio, señorías. Si ustedes tienen alguna duda sobre su constitucionalidad, aunque ya sabemos que aciertan poco en estos asuntos relacionados con las Cortes de Castilla-La Mancha, son muy libres de presentar los recursos que quieran, pero no le pidan al Grupo Parlamentario Popular que acepte esta tesis suya. El acuerdo de las Cortes regionales es constitucional, se ha realizado con los requisitos exigidos por el propio estatuto en su artículo 54 y por eso lo traemos aquí y lo defendemos sin ningún rubor. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Para finalizar, señorías, hemos reiterado el respaldo popular que tiene esta medida de reducción de parlamentarios, y el apoyo es abrumador. No volveré a referirme a cifras o a encuestas pero sí les diré que no nos resulta extraño, porque los ciudadanos son conscientes del esfuerzo y sacrificio que ha habido que hacer estos años y, por ello, les piden los mismos a sus representantes. Entender esto y asumirlo como propio no es populismo, sino sentido común, señorías; es sentido común.




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La reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha no es más que una respuesta a los castellanomanchegos. No es una medida economicista, aunque portavoces autorizados de mi región han valorado en 4 o 5 millones el ahorro posible. Pretende ahorrar, cierto, pero su principal intención es enviar un mensaje nítido a los castellanomanchegos, y es que sus instituciones, las que hoy les gobiernan porque han recibido su apoyo mayoritario, quieren sumarse aún más a los esfuerzos que se han hecho. Ayer fue el Gobierno de Cospedal, hoy también son las Cortes de Castilla-La Mancha.

Estas son nuestras razones, estos son los fundamentos que hicieron que las Cortes de Castilla-La Mancha abordara esta reforma que queremos aprobar hoy definitivamente. Han sentido la necesidad de adaptar la institución a la difícil realidad heredada, racionalizándola, dando peso a lo que realmente importa: su representatividad, para que cumpla sus funciones con austeridad y eficacia con el número de miembros precisos.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Burgos.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Muchas gracias, señor presidente.

He de confesar que me he quedado preocupado por el nivelazo del debate. (Risas.—Aplausos.) O sea, no ha consistido en debatir sobre el contenido de la reforma, sino sobre la gestión de los diversos gobiernos autonómicos de Castilla-La Mancha, y esto no tocaba hoy, en absoluto tocaba.

Continúo añadiendo 3 o 4 cosas. Mi segunda preocupación viene motivada porque de verdad que no sé cómo se puede defender que disminuir la posibilidad de acceso al Parlamento, hasta un 17% de los votos, reducir el número de diputados y eliminar los salarios no significa menos democracia. Me preocupa que lo piensen, y si lo dicen es que lo piensan. Dice la señora portavoz del PP que hay muchos alcaldes y concejales que no cobran, evidentemente, pero estamos hablando de los parlamentarios. Pero a esto hay que añadir que el 17 de mayo de 2012 un consejero de Castilla-La Mancha, hablando del aumento de diputados, dijo: Por tanto, no hay mayor coste, todo lo contrario, lo que va a haber es más representatividad y, por lo tanto, mucha más democracia. Dicho de otra manera, si hay menos diputados habrá menos representatividad y menos democracia.

No han hecho referencia al tema del modelo del Estado pero yo les invito a pensar hacia dónde nos dirigimos. Nos dirigimos hacia un Estado donde los ayuntamientos tienen menos competencias y donde la mayoría de ministerios llenan de competencias las diputaciones, vacían las de los Gobiernos autonómicos y las centralizan en el Gobierno central. Es decir, la Constitución dejó en pie dos modelos de Estado: un modelo de Estado centralista y un modelo de Estado autonómico. El modelo de Estado centralista viene configurado por las provincias y el modelo de Estado autonómico por la elección en los Parlamentos. Hoy existen dos Estados. En esta Cámara estamos senadores que representamos dos Estados, aquellos a los que nos han designado los Parlamentos autonómicos y los que son senadores por las elecciones generales. Pues bien, lo que el Gobierno central está haciendo es, no diciendo qué modelo de Estado quiere, porque no lo dice, centralizar la Administración quitando poderes a los ayuntamientos e incrementando los poderes a las diputaciones como elemento fundamental de un Estado centralista. Como les he dicho antes, se nos está pidiendo bajar el Estado a ras de tierra y ustedes están subiendo el Estado hacia arriba.

Creo que en una propuesta de reforma de estatuto es inconcebible que no se planteen medidas de regeneración, de renovación, de participación, de apertura..., que no se plantee ni una sola propuesta de estas características, sino que simplemente se plantee una propuesta económica. La pregunta es: si en una balanza ponemos 4 millones de euros —suponiendo que sean 4 millones de euros, que es lo que figura en los documentos— y menos diputados, menos salarios, menos representación, menos pluralismo, ¿qué es lo que pesa más? ¿Ustedes creen que con 4 millones de euros se puede hacer todo lo que dicen que van a hacer? En definitiva, el problema no son los 4 millones de euros sino ganar las elecciones y blindar el poder político del PP en Castilla-La Mancha.




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Por tanto, como he dicho, nuestro voto se resume en estas 3 palabras. Hay una reducción evidente, digan ustedes lo que digan, de menos democracia. Ustedes pueden subir a la tribuna y decir lo contrario, pero es evidente que hay una reducción de la democracia. Hay una limitación, una reducción, de las posibilidades de nuevas formaciones políticas en el Parlamento autonómico, digan ustedes lo que digan; se necesitará un 17%. Hay un efecto colateral de reforzar un Estado centralista y recentralizador y, por último, hay, evidentemente, una política que lleva, digan ustedes lo que digan —si conocieran la situación de la reforma laboral—, a que mucha gente no se vaya a querer presentar en las listas para no tener problemas.

En cuanto al dato de la encuesta, el 94%, no me han respondido. ¿Qué creen ustedes creen que pasaría si hiciéramos una encuesta sobre si se tiene que cerrar o no el Senado? Y si, además, hacen caso de la encuesta, estamos salvados con la Ley del aborto, porque no creo que ustedes presenten una Ley del aborto que goza del desprestigio y de la negativa de la mayoría de ciudadanos de Cataluña y de España. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gracias, señor presidente.

Ante esta reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió considera, como dije en la Comisión General de Comunidades Autónomas, que lo que hace es alejar la democracia. Para nosotros, un Parlamento, una Cámara territorial, los diferentes hemiciclos parlamentarios, difícilmente pueden ser cien por cien democráticos si no se tiene la sensación real de que hay una enorme representatividad del territorio. Es curioso cómo las personas que saben de ciencias políticas, de estudios sobre la gobernabilidad del siglo XXI, justamente llegan a la conclusión de que cada vez es más necesario que para que la democracia se adecúe realmente a las nuevas estructuras y movimientos sociales, interactuar, integrar determinados movimientos, determinadas maneras de comportarse democráticamente que den la sensación real de que lo que se está haciendo es integrar en muchísimos aspectos la realidad y el movimiento social.

Además, nosotros creemos realmente que esta reforma del estatuto —se ha dicho anteriormente, pero también lo queremos decir nosotros— intenta, de cara a la galería, con la reducción de determinado número de diputados, demostrar el ahorro económico que supone la representatividad democrática y corregir las maneras de hacer de la política. En un Parlamento puede haber muchísimos senadores y diputados, o diputados de las Cámaras autonómicas, no importa el número, absolutamente faltos de ética y de principios democráticos, puede que sea así, pero también puede ser que sean muy pocos y que tampoco se garantice ni el principio de la ética ni el de la democracia.

Por tanto, el hecho de reducir la Cámara parlamentaria no significa necesariamente que lo que se está demostrando es el ejercicio de la democracia, el ejercicio de la representatividad territorial y el ejercicio de la transparencia. Cada vez es más necesario asociar política y kilómetro 0. El kilómetro 0 es la esencia, es el pulso, es el saber realmente las necesidades de nuestras calles, de nuestras poblaciones, de nuestras ciudades, de nuestros territorios y de todo el Estado español. Con esta reducción realmente uno tiene la sensación de que se acoge al matiz de la enorme representatividad. Yo creo sinceramente que esta reducción de escaños hace —lo han dicho otras personas— que aquellos grupos políticos minoritarios no puedan acceder a la representatividad que tiene que ser. Únicamente el matiz nos hará grandes. El matiz nos hará grandes. El pensamiento único, a partir de que somos mayoritarios —y que mayoritarios quiere decir que somos pensamiento único o que, por ser mayoritarios, tenemos la verdad única—, en realidad debilita la democracia. Por tanto, creemos sinceramente que la reforma de este Estatuto realmente no es buena; que no es buena para el matiz, ni es buena para el territorio de Castilla-La Mancha.

Dicho esto —lo sabe perfectamente la senadora Riolobos, porque ya lo manifesté en la sesión de la Comisión de Comunidades Autónomas—, nos abstendremos. Lo que queremos es que se respete lo que sale del Parlamento. Tanto es así, senadora Riolobos y señores senadores que han intervenido en nombre del Partido Popular, que pedimos que se nos respete también lo que sale en el Parlamento de Cataluña, porque hay una diferencia muy grande: en el Parlamento de




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Cataluña, lo que sale aprobado es prácticamente por las tres cuartas partes del Parlamento de Cataluña, por las seis fuerzas políticas, mientras que aquí ustedes están defendiendo una mayoría mínima —de únicamente un solo diputado— y una reforma muy muy estructural. Por tanto, nosotros nos abstendremos.

Agradecemos el respeto y la neutralidad del Grupo de Convergència i Unió que dice la senadora Riolobos. En todo caso, esperamos que ustedes hagan exactamente lo mismo cuando se discute en otros territorios que no son Castilla-La Mancha.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora CANDINI I PUIG: Finalizo.

El último senador ha hecho referencia al Tribunal Constitucional, lo lamentamos profundamente, así como que haya intentado hablar de Cataluña. Se ha dejado una cuestión para nosotros muy importante y que, además —y finalizo, presidente—, en buena medida, contradice sus posiciones: que el Estatuto de Cataluña se aprobó en las Cortes Generales —en el Congreso y en el Senado—, y después, los representantes del Tribunal Constitucional —que no son elegidos por sufragio directo, evidentemente— fueron los que, de una manera u otra, giraron la posibilidad. Por tanto, este matiz tan importante, que es la representatividad de la democracia, Congreso y Senado, yo creo...

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora CANDINI I PUIG: Finalizo. Me hubiera gustado que en otras cuestiones también dijera lo mismo, presidente. Me he pasado pocos segundos, o un minuto, y en otros casos me parece que han sido bastante más minutos.

Gracias. La posición está marcada.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Candini.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador García-Page.

El señor GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ: Sí, señor presidente. Si me lo permite, intervengo desde el escaño para fijar la última posición en este trámite de enmiendas.

Quiero en primer lugar agradecer a todos los grupos parlamentarios —obviamente, no lo puedo hacer con el Grupo Popular— que hayan manifestado tanto en el Congreso como en el Senado la evidencia que supone este proyecto de ley. Independientemente de que su inercia estatutaria, su posición en el Parlamento les lleve a votar una cosa u otra, lo cierto y verdad es que no ha colado. En el Congreso quedó muy evidente, por todos los grupos parlamentarios, y aquí también —me remito a la última intervención de Convergència i Unió— cuál es la intención, cuál es el motivo profundo. Por si alguien lo dudaba, se esconde detrás de esta magnífica intervención, y quedará en el glosario parlamentario de la señora Riolobos, que es evidente que me tiene un cariño y un respeto extraordinario —como ella decía—. (Aplausos.) Todo es igual de verdadero en sus palabras, como el cariño que me tiene.

Decían que esta reforma no tiene mucha importancia porque, realmente, es cortita. Cortitas es como quieren dejar las Cortes de Castilla-La Mancha, muy cortitas. Pero lo cierto y verdad es que resulta muy ridículo que se plantee que la cosa no tiene entidad porque haya pocas palabras, bastaba con haber hecho un solo trámite —queda suspendido el Estatuto de Castilla-La Mancha—, más corto y seguramente más eficaz para sus intenciones.

Señorías, es muy absurdo el planteamiento, muy peregrino. Hay pocas palabras como estas que hayan hecho tanto daño al sistema y a la convivencia democrática, aunque quieran ustedes pasar de puntillas sobre el asunto. No han explicado ni por qué quieren suspender —que pueden hacerlo perfectamente a petición del Gobierno de Castilla-La Mancha— la tramitación y sentarnos a hablar —les da lo mismo—, ni han explicado por qué no agotaron un minuto de tiempo para hacerlo, ni han explicado por qué, en tan solo dos años, van a hacer dos cambios de legislación electoral en sentido contradictorio, en sentido opuesto, y es el único caso, aunque yo creo que todo el mundo sabe por qué.

Y a estas alturas resulta muy patético, señorías, que se quiera hablar de ahorro. Estamos en el Senado de España y resulta muy lamentable que se hable de ahorrar en democracia 1 millón




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o 2 millones de euros después de ver lo que vemos todos los días con los sobresueldos, los sobres en A, los B y los C. (Aplausos.) Resulta muy llamativo que sus altos cargos, sus dirigentes —alguno ha salido aquí a relucir—, como el presidente de la Diputación de Toledo, que es presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, que, además de cobrar por ello, se haya subido la dieta de 900 a 1500 euros por ir diez minutos al Pleno en la Diputación de Toledo; o que no renuncie —como, por cierto, hemos hecho los demás— a la dieta por ser concejal en el ayuntamiento. A estas alturas los ciudadanos no se engañan. (Aplausos.)

Señora Riolobos, yo no sé qué cambios tendrá que hacer la política para que recuperemos entre todos la credibilidad; estoy seguro de que, de los muchos cambios que haya que hacer, uno será desterrar de la vida política intervenciones como la suya (Aplausos) —esto lo tengo claro— y estoy convencido de que les falta el respeto, más que a mí y a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, a sus propios compañeros —seguro que todos piensan lo mismo que yo—. Del Partido Socialista, que ha cometido muchos errores en su vida —yo se lo puedo reconocer—, y yo también, hay una cosa de la que me alegro mucho como dirigente del PSOE, y no es la de recordar la herencia que ustedes dicen, porque hasta en eso mienten, hasta en eso están mintiendo, señor Burgos Beteta. Cuando se tramitó la última reforma electoral en las Cortes de Castilla-La Mancha, yo no era ni diputado ni miembro del Gobierno —y no reniego de ello, al contrario—, era alcalde y estaba corrigiendo el déficit que me encontré de sus compañeros; era alcalde. (Aplausos.) Y, además, cuando dejé la comunidad autónoma, esta tenía superávit, y no quiero ni mucho menos con ello dejar de lado el resultado de los últimos años y el peso de la crisis sobre Castilla-La Mancha. Pero le voy a decir, señora Riolobos, que, de todos los aciertos que ha cometido el PSOE, el más importante —y lo va a entender todo el mundo— y del que me siento orgulloso es de que nos opusiéramos a cuando usted, hace muchos años, quiso entrar en las filas del PSOE. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador García-Page.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Cotillas.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.

Hay personas que, con envolver muy bonito lo que dicen, parece que ya no ofenden ni intentan ofender, y yo creo que es el caso del señor García-Page.

Señor García-Page, mire, en ese año, en esa reforma electoral, usted era alcalde de Toledo, pero era además era el secretario general del Partido Socialista en la provincia de Toledo: algo tendría usted que decir sobre esa reforma. Seguramente, usted no está de acuerdo con esto; lo digo por la calidad del debate de hoy, que decía otro portavoz. Lo he dicho antes: cuando no hay razones, hay voces, insultos, graves descalificaciones, mentiras y lo que ustedes quieran. Eso sí: muy bien envueltas, para que parezca que no hieren.

Pero hoy la portavoz del Partido Socialista en Castilla-La Mancha —no sé si mandada por el señor García-Page o contra las instrucciones del señor García-Page, cualquiera de las dos cosas puede ser realidad— ha calificado esta reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha como el plan Ibarretxe de Cospedal. Esa es la altura del Partido Socialista, la no radicalidad del Partido Socialista, la búsqueda de acuerdos y consensos del Partido Socialista, la mano tendida del Partido Socialista.

Señor García-Page, el señor Burgos le ha contestado al Partido Socialista por qué no es posible dejarlo sobre la mesa. Lo que pasa es que lo mismo usted no ha estado, como en tantas otras ocasiones, en lo que aquí se dice y se hace.

Como ya dije al final de mi intervención anterior, es muy difícil, senador García-Page, escucharle con serenidad cuando nos da lecciones al Partido Popular sobre muchas cosas: sobre situación económica. ¡Hombre, superávit...! Con 3000 millones de euros en facturas metidas en los cajones, sin contabilizar, seguro que se podía dar superávit; sin contabilizarlas, seguro que se podía dar superávit, señor García-Page.

De derroches y de despilfarros no vamos a hablar. Solo hay que pasarse por la sede del Sescam, del Servicio de Salud en Castilla-La Mancha: miles de metros cuadrados de maderas en el suelo, de buena piedra en las paredes para que al fondo haya una mesa con un guardia de seguridad. Eso es lo que ha ideado y lo que ha hecho el Partido Socialista en Castilla-La Mancha. Y mientras tanto, efectivamente, jalean a aquellos pueblos y municipios donde no fueron capaces




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de acabar los consultorios ni los centros de salud porque no les pagaban a los proveedores, señor García-Page. (Aplausos.)

Lecciones económicas, no. Lecciones de democracia y corrupción... Señor García-Page, llevan muchos años —se lo he dicho— y creo que lecciones no nos debe dar, sino explicaciones. Denos explicaciones sobre lo último que ha salido en un diario nacional. Denos explicaciones sobre si se troceaban o no los contratos en Castilla-La Mancha para saltar todas las normativas. Denos explicaciones, por favor, sobre si era casualidad eso o era una manera sistemática de actuar. Denos explicaciones y luego admitiremos las lecciones. Pero primero denos explicaciones, señor García-Page.

Hemos traído aquí una reforma. Algún portavoz seguramente prefiere hacer chascarrillos o decir que no ha habido debate. En nuestras intervenciones, nosotros hemos hablado muy claro. Hemos traído una reforma que es legal y constitucional, y en democracia, la ley y la Constitución es igual para todos y todos tienen que respetarlas. Las Cortes de Castilla-La Mancha la respetan, la traen aquí, y el Congreso y el Senado la respetan y aprueban una normativa que es legal y constitucional. ¿Que genera un ejemplo de austeridad a los ciudadanos, que lo están siendo y mucho? Evidentemente. ¿Que va contra el principio de representatividad? No. ¿Que hay déficit democrático? ¿Por qué? Hay menos senadores de Castilla-La Mancha representado a Castilla-La Mancha en este Senado que diputados regionales va a haber en las Cortes de Castilla-La Mancha. Hay menos diputados de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados que diputados regionales va a haber en las Cortes de Castilla-La Mancha. Para ser senador por Castilla-La Mancha, 91 305 votos; para ser senador por Madrid, 599 000 votos. No, no es como ustedes dicen.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Voy acabando.

La pluralidad política es antes de estar en las Cámaras: es poder presentarse, es poder expresarse, es poder tener una representación, sí; representación si te la ganas con los votos de los ciudadanos. Y vuelvo a decir, como antes: mi partido, el partido en el que yo milito, empezó siendo minoritario; hoy es mayoritario con las mismas leyes.

Señor García-Page, estamos ante una ley legal, constitucional que quieren los ciudadanos de Castilla-La Mancha, y nosotros no nos conformamos ni nos resignamos a pensar que ustedes entiendan…

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Voy acabando, señor presidente.

No nos resignamos a pensar que ustedes entiendan el consenso como el derecho de veto de la minoría —que es lo que quieren practicar en Castilla-La Mancha—, ni quiero entender que ustedes entiendan que debe gobernar siempre el que no gane las elecciones —como le ha ocurrido al señor García-Page en Toledo la primera vez y como querían que sucediese en Castilla-La Mancha la última vez—.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cotillas.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, un par de cuestiones antes de proceder a la votación de las enmiendas: al terminar el Pleno se reunirá la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación en la sala Clara Campoamor; y, al finalizar la sesión de la comisión, se reunirán Mesa y portavoces.

8. DECLARACIONES INSTITUCIONALES

8.1. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO A LAS DOSCIENTAS TREINTA NIÑAS SECUESTRADAS EN NIGERIA.

(Núm. exp. 630/000018)

AUTORES: GPP, GPS, GPCIU, GPEPPC, GPV Y GPMX.




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El señor PRESIDENTE: Se acaba de presentar, firmada por todos los grupos, una declaración institucional —a la que voy a dar lectura— de apoyo a las 230 niñas secuestradas en Nigeria. Dice así: «El secuestro hace hoy un mes de 230 niñas nigerianas ha estremecido al mundo entero y ha movido la solidaridad de toda la comunidad internacional. Este ataque es el último de los muchos que viene sufriendo Nigeria desde que en 2002 naciera Boko Haram.

Desde el Senado de España queremos mostrar nuestra solidaridad con el pueblo de Nigeria y nuestro apoyo a esas niñas, víctimas del terrorismo, así como a sus familias, y, de la misma manera, queremos reivindicar su inmediata liberación.

Instamos al Gobierno a que continúe actuando en coordinación con Naciones Unidas y con la Unión Europea, más allá de las meras declaraciones, y prosiga en su labor de apoyo al Gobierno nigeriano, poniendo a su disposición los medios y los profesionales para posibilitar la puesta en libertad y el retorno a sus hogares de esas menores, víctimas de la barbarie y la sinrazón.

Finalmente, queremos hacer un llamamiento al Gobierno de España, a la Unión Europea y a toda la comunidad internacional para que no cesen en sus esfuerzos de cooperación en la lucha contra el terrorismo en esta región de África que tantas víctimas inocentes está causando.

Palacio del Senado, 14 de mayo de 2014.» (Aplausos prolongados.)

7. ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

7.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

7.1.1. PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CASTILLA-LA MANCHA. (Votación.)

COMISIÓN: GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Núm. exp. 605/000002)

El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos ya a la votación de las enmiendas.

En primer lugar votamos la enmienda número 5, de los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 219; a favor, 4; en contra, 141; abstenciones, 74.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los senadores Quintero y Zerolo, también del Grupo Parlamentario Mixto, votamos las enmiendas números 1 a 4.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 3; en contra, 141; abstenciones, 73.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya votamos la enmienda número 6.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 219; a favor, 2; en contra, 141; abstenciones, 76.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, del Grupo Parlamentario Socialista, votamos las enmiendas números 7 a 10.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 219; a favor, 64; en contra, 141; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Señorías, votamos a continuación en un solo acto la propuesta de reforma.




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Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 219; a favor, 142; en contra, 63; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, definitivamente aprobada por las Cortes Generales la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. (Aplausos prolongados de las señoras y señores senadores, puestos en pie.—Varios señores senadores del ala izquierda del hemiciclo: ¡Pu-che-ra-zo! ¡Pu-che-ra-zo!)

Se levanta la sesión. Buenas tardes, señorías.

Eran las quince horas y cincuenta y cinco minutos.


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