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DS. Senado, Pleno, núm. 115, de 05/06/2014
 





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PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 54

celebrada el jueves, 5 de junio de 2014

ORDEN DEL DÍA

8. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

8.2. DICTÁMENES DE COMISIONES

8.2.2. Proyecto de Ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario.

Comisión: Agricultura, Pesca y Alimentación

(Núm. exp. 621/000068)

9. REGLAMENTO DEL SENADO

9.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

9.1.1. Propuesta de reforma del Reglamento del Senado por la que se modifican los artículos 36.1, 148, 149 y 150 y se incluye una nueva disposición adicional.

Comisión: Reglamento

(Núm. exp. 626/000003)

10. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

10.1. AUTORIZACIÓN PARA TRAMITACIÓN EN LECTURA ÚNICA

10.1.1. Proyecto de Ley Orgánica por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 551/000040)




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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas.

8. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

8.2. DICTÁMENES DE COMISIONES

8.2.2. Proyecto de Ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario.

Comisión: Agricultura, Pesca y Alimentación

10862

(Núm. exp. 621/000068)

El señor Torres Colomer, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Se inicia el debate de las propuestas de veto.

La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la propuesta de veto número 2.

El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto número 1, de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Boya Alós defiende la propuesta de veto número 3, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, y la propuesta de veto número 4, de la senadora Almiñana Riqué, del senador Boya Alós, del senador Bruguera Batalla, del senador Martí Jufresa, del senador Montilla Aguilera, del senador Sabaté Borràs y de la senadora Sequera García, todos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Cazalis Eiguren defiende la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Plana Farran defiende la propuesta de veto número 7, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Rodríguez Esquerdo defiende la propuesta de veto número 6, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Martínez Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen las señoras Mendizabal Azurmendi y Capella i Farré, así como el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; los señores Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Boya Alós, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Plana Farran, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Rodríguez Esquerdo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Martínez Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar las propuestas de veto.

El señor presidente informa a la Cámara de que el voto telemático ha sido autorizado para las senadoras García Carrasco, Jurado Fernández de Córdoba e Ibarz Ibarz, siendo en los tres casos contrarios a las siete propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente resultado: presentes, 230 más 3 votos telemáticos, 233; votos emitidos, 230 más 3 votos telemáticos, 233; a favor, 84; en contra, 146 más 3 votos telemáticos, 149.




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Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente resultado: presentes, 230 más 3 votos telemáticos, 233; votos emitidos, 229 más 3 votos telemáticos, 232; a favor, 83; en contra, 146 más 3 votos telemáticos, 149.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente resultado: presentes, 230 más 3 votos telemáticos, 233; votos emitidos, 229 más 3 votos telemáticos, 232; a favor, 84; en contra, 145 más 3 telemáticos, 148.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente resultado: presentes, 229 más 3 votos telemáticos, 232; votos emitidos, 229 más 3 votos telemáticos, 232; a favor, 84; en contra, 145 más 3 telemáticos, 148.

Se rechaza la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado con el siguiente resultado: presentes, 230 más 3 votos telemáticos, 233; votos emitidos, 230 más 3 votos telemáticos, 233; a favor, 84; en contra, 146 más 3 telemáticos, 149.

Se rechaza la propuesta de veto número 7 con el siguiente resultado: presentes, 230 más 3 votos telemáticos, 233; votos emitidos, 230 más 3 votos telemáticos, 233; a favor, 84; en contra, 145 más 3 votos telemáticos, 148; abstenciones, 1.

Se rechaza la propuesta de veto número 6, con el siguiente resultado: presentes, 230 más 3 votos telemáticos, 233; votos emitidos, 230 más 3 votos telemáticos, 233; a favor, 84; en contra, 146 más 3 votos telemáticos, 149.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Quintero Castañeda defiende las enmiendas 35 a 87, presentadas por este senador y el señor Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 1 a 34, del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas originariamente por este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

La señora Capella i Farré defiende las enmiendas 88 a 139, del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas originariamente por esta senadora.

El señor Boya Alós defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya 140 a 144, 146 a 152, 155 a 177 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 301 a 312 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, así como las números 178 a 212.

El señor Plana Farran defiende las enmiendas 252 a 300, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Toledo Díaz defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista 213 a 251 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 301 a 312 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Ruiz Reyes, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Plana Farran, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; la señora Coves Botella, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Ruiz Reyes, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar ………………………………………………………………………… ……….

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Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 130389.




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Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

9. REGLAMENTO DEL SENADO

9.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

9.1.1. Propuesta de reforma del Reglamento del Senado por la que se modifican los artículos 36.1, 148, 149 y 150 y se incluye una nueva disposición adicional.

Comisión: Reglamento

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(Núm. exp. 626/000003)

El señor presidente informa a la Cámara de que no se han presentado enmiendas, por lo que se procede a la votación final sobre la totalidad de la Propuesta de reforma.

Se aprueba con el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 220; a favor, 219; abstenciones, 1.

10. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

10.1. AUTORIZACIÓN PARA TRAMITACIÓN EN LECTURA ÚNICA

10.1.1. Proyecto de Ley Orgánica por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

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(Núm. exp. 551/000040)

El señor presidente informa a la Cámara de que el voto telemático ha sido autorizado para las senadoras Ibarz Ibarz, García Carrasco y Jurado Fernández de Córdoba. La senadora Ibarz Ibarz no ha ejercido su derecho y las senadoras García Carrasco y Jurado Fernández de Córdoba sí lo han hecho, en sentido afirmativo.

Los señores Guillot Miravet, Iglesias Fernández, Camacho Sánchez y Sanz Pérez hacen uso de la palabra en virtud del artículo 87.

Se aprueba la autorización para la tramitación en lectura única de este proyecto de ley orgánica con el siguiente resultado: presentes, 222 más 3 votos telemáticos, 225; votos emitidos, 220 más 2 votos telemáticos, 222; a favor, 209 más 2 votos telemáticos, 211; en contra, 6; abstenciones, 5.

Se levanta la sesión a las catorce horas.




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Se reanuda la sesión a las nueve horas.

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Tomen asiento, por favor.

Se reanuda la sesión.

8. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

8.2. DICTÁMENES DE COMISIONES

8.2.2. PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS Y SE CREA EL CONSEJO AGRARIO.

COMISIÓN: AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

(Núm. exp. 621/000068)

El señor presidente da lectura a los puntos 8., 8.2. y 8.2.2.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Torres Colomer.

El señor TORRES COLOMER: Señor presidente, señorías, la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, que tengo el honor de presidir, declinó en mi persona la presentación del dictamen del Proyecto de Ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el consejo agrario.

El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado, y que se tramita por el procedimiento ordinario, tuvo su entrada en esta Cámara el día 16 de abril, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, y el plazo de presentación de enmiendas finalizó el día 8 de mayo de 2014, tras su ampliación.

A este proyecto de ley se han presentado 7 vetos y 312 enmiendas, que se distribuyen de la siguiente forma: enmiendas 1 a 34, de los senadores Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto —en total, 34 enmiendas—. Enmiendas 35 a 87, de los senadores Narvay Quintero Castañeda y Miguel Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto —53 enmiendas—. Enmiendas 88 a 139, de la senadora Ester Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto —52 enmiendas—. Enmiendas 140 a 144, 146 a 152 y 155 a 177, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya —38 enmiendas—. Enmiendas 178 a 212, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya —35 enmiendas—. Enmiendas 252 a 300, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió —49 enmiendas—. Enmiendas 213 a 229 del Grupo Parlamentario Socialista —17 enmiendas—. Enmiendas 230 a 251, también del Grupo Parlamentario Socialista —22 enmiendas—. Y enmiendas 301 a 312, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado —12 enmiendas—.

El día 28 de junio se reunió la ponencia para informar el citado proyecto de ley, y acordó por mayoría la incorporación al texto remitido por el Congreso de los Diputados de las enmiendas 301 a 312, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Asimismo, la ponencia acordó por unanimidad llevar a cabo una serie de correcciones de carácter técnico y gramatical a lo largo de todo el texto del proyecto de ley, y una corrección técnica a propuesta del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El mismo día 28 de mayo se reunió la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación y emitió dictamen sobre el citado proyecto de ley, sin introducir modificaciones en el informe emitido por la ponencia.

Con estas palabras creo haber resumido la tramitación que hasta ahora se ha llevado a cabo.

Nada más. Muchas gracias, señor presidente, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Torres Colomer.

Empezamos el debate de las propuestas de veto.

En primer lugar, la propuesta de veto número 2, de la senadora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.

Tiene la palabra esta senadora para su defensa.




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La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente.

Bon dia. Buenos días, señorías. Saludo a los representantes de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, y también al señor don Joan Caball, en su condición de representante de la Unió de Pagesos de Catalunya, que nos acompañan en la tramitación del presente proyecto de ley y a los que también agradecemos su ingente trabajo para hacer posible un mejor proyecto de ley y mejorar sustancialmente la ley. Esperemos que los senadores del Partido Popular tomen buena cuenta de ello e incorporen prácticamente la totalidad de las enmiendas que nos ha hecho llegar la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos.

Una vez más presentamos un veto a un proyecto de ley del Partido Popular, un veto más, junto a los otros 6 presentados por los diferentes grupos parlamentarios que componen esta Cámara. ¿Ustedes aún no se han planteado nada en relación con su manera de legislar? ¿No se plantean que alguna cosa no acaban de hacer del todo bien? La verdad es que resulta bastante deprimente encarar cualquier proceso legislativo en esta Cámara, plantearse vetos y enmiendas, ya que, efectivamente, el resultado de estos es prácticamente nulo —por no decir nulo— debido al muro que representa su mayoría parlamentaria, esa mayoría a la que en muchas ocasiones me he referido como absolutista, que no absoluta, que ustedes ejercen y de la que hacen ostentación en todos y cada uno de los proyecto de ley que son objeto de debate en esta Cámara parlamentaria. Pero ya saben que las mayorías van y vienen, y han empezado a catar que el futuro no se les promete tan fácil, un futuro que deseo que sea más pronto que tarde, a pesar de que para nosotros, para Esquerra Republicana, España no es nuestro cometido. A pesar de ello, mientras formemos parte de esta realidad que se dice España, y aun cuando no formemos parte también de la misma, sí nos sentimos solidarios con los ciudadanos y ciudadanas españoles, y consideramos que se merecen un Gobierno mejor que el suyo.

El presente proyecto de ley, como tantos otros, utiliza las palabras, los términos, pero no aplica su significado. El contenido de este proyecto de ley desvirtúa el auténtico significado de las palabras o términos empleados. Todos estamos de acuerdo en la necesidad de que el sector agrario se encuentre debidamente representado en la vida pública y participe de la toma de decisiones, pero no en la forma en la que ustedes lo hacen. Prueba evidente de ello son los 7 vetos y las enmiendas presentadas, que, como viene siendo habitual, no tienen ninguna posibilidad de éxito, de que prosperen. Por cierto, sus autoenmiendas empeoran las cosas.

Efectivamente, el proyecto de ley plantea la necesidad existente de incrementar la democracia y la participación en el sector agrario, pero en su contenido se va descubriendo que lo que ustedes plantean no es mejorar ni fomentar la participación y la democracia; en definitiva, esa vieja historia de siempre: para el pueblo, pero sin el pueblo. Ustedes, lejos de plantearse un auténtico proceso electoral en el sentido en que se nos demanda por parte de la sociedad y, en este caso concreto, por el sector agrario para determinar la representatividad en dicho sector, no garantizan ni el proceso electoral ni la participación de los profesionales agrícolas y ganaderos.

En cuanto a la participación, crean y regulan un consejo agrario como órgano consultivo, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con funciones limitadas a consulta y asesoramiento, sin que su dictamen o posicionamiento determine o pueda determinar la posición del ministerio. Obviamente, reman contra el viento. La ciudadanía exige participar de las decisiones, codecidir, y ustedes sistemáticamente lo impiden.

Se regula un proceso electoral más que cuestionable ya que no se hace siguiendo las garantías recogidas en la Ley orgánica del régimen electoral general en lo que se refiere a las reglas para la elaboración del censo electoral. No se regulan la campaña electoral, la publicidad de esta, el coste de las campañas, las subvenciones, y se dice que no se trata de un proceso electoral, a pesar de que lo que se está efectuando es la determinación de la representatividad de las distintas organizaciones profesionales agrarias.

Ustedes justifican esto diciendo que no estamos ante un proceso electoral porque no se elige una lista de personas, pero es evidente que el término electoral se refiere a electores y elecciones, al sistema, al conjunto de principios, normas, reglas y procedimientos técnicos enlazados entre sí y legalmente establecidos, por medio de los cuales los electores expresan su voluntad política en votos, que a su vez se convierten, bien en escaños, bien en poder público.




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El artículo 4 del proyecto de ley define a los electores que tendrán derecho a participar en la consulta, y esos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir qué organizaciones profesionales les van a representar a cada uno de ellos. ¿Eso no es un proceso electoral para ustedes? La Constitución española las reconoce y dota de relevancia y, en consecuencia, debería ser seguida o al menos tenida en cuenta y, por tanto, trasladado al sistema de la Ley orgánica de régimen electoral general lo que se refiere a la organización de la consulta que prevé el presente proyecto de ley.

El artículo 10 del proyecto de ley no regula, como decía, la consulta con las garantías similares a unas elecciones celebradas de conformidad con la ley orgánica. Tampoco regula, como también he dicho antes, la campaña electoral, la propaganda, la utilización de los medios de comunicación para la campaña electoral, los gastos y subvenciones electorales, las posibles infracciones electorales y el sistema de sanciones. Es evidente que es necesario que los electores conozcan qué organización profesional se presenta y con qué programa lo hace, qué gastos electorales de campaña ha tenido, etcétera. En definitiva, estamos reclamando un proceso trasparente. En cuanto a la determinación de quién es elector, de qué organizaciones profesionales agrarias de ámbito estatal y autonómico pueden ser candidatas y obtener representación en el consejo agrario, el proyecto de ley que pretende la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias determina la exclusión de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias con implantación territorial autonómica sobre la base de esa visión que tantas veces hemos denunciado, centralista y unitarista, que caracteriza su actividad legislativa, que caracteriza la actividad legislativa del Partido Popular.

En este sentido, resulta paradójica la exigencia contenida en el artículo 5 del proyecto de ley. El establecimiento del requerimiento de tener una presencia mínima en 6 comunidades autónomas para considerar representativa una organización agraria es tan excluyente como arbitraria; excluyente, por la pretensión, reforzada por el criterio del 15% a nivel estatal, de marginar la representación de los colectivos autonómicos; y arbitrario, porque el criterio de 6 comunidades autónomas es absolutamente desorbitado, hasta el punto de que actualmente 5 comunidades autónomas suponen el 64% del censo estatal y, contrariamente, 10 comunidades autónomas pueden representar solo el 23%. Estos datos permiten afirmar que se está contraviniendo el concepto de representatividad, tal y como lo define la OIT cuando establece que el criterio debe ser objetivo y no puede estar basado en elementos como estos, que son parciales y, a criterio de Esquerra Republicana, abusivos.

Reitero que es realmente sorprendente la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias con implantación territorial autonómica sobre la base de esta visión centralista, unitarista, que no entiende ni la diversidad ni la diferencia. Pero para que eso no fuera así sería necesario tener claro lo que significa diversidad, diferencia, participación, el valor de la participación de la ciudadanía y las organizaciones sociales y profesionales en los diferentes ámbitos de la vida pública. Pero eso son palabras mayores para ustedes. En definitiva, como les he dicho al inicio de mi intervención, ustedes, para el pueblo, pero sin el pueblo.

Finalmente, solicito el apoyo del resto de grupos parlamentarios al veto presentado por Esquerra Republicana, y quiero manifestar que Esquerra Republicana votará a favor de todos y cada uno del resto de vetos presentados por los distintos grupos parlamentarios.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

La propuesta de veto número 1 ha sido presentada por los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Los dos senadores de Izquierda Unida hemos formulado este veto al proyecto de ley compartiendo los argumentos que fundamentan la mayoría de los vetos presentados. Ello, en mi opinión, demuestra claramente que los defectos en la configuración de este proyecto de ley son tan obvios, tan evidentes, que es posible que se compartan desde perspectivas políticas muy diferentes.




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Es innegable que, superado el modelo de representatividad de las cámaras agrarias, que no dejaba de tener un poso corporativo, la Ley 10/2009, de 20 de octubre, estableció otro que se basaba en los procesos electorales regulados por las comunidades autónomas; y la aplicación, el desarrollo y el cumplimiento de esta ley por parte de las comunidades autónomas en sus respectivos ámbitos dio resultados desiguales.

Por tanto, partimos del reconocimiento de la necesidad de superar ambos modelos: el corporativo y el electoral, basado en las comunidades autónomas, a través de una nueva regulación. Lo que ocurre es que no creemos que este proyecto sea la respuesta adecuada a esa necesidad, y por ello sus contenidos generan de forma inevitable frustración en los colectivos a los que va dirigidos. Una frustración política, que los grupos expresamos a través de esos 7 vetos. Una vez más consiguen ustedes el récord de vetos en un proyecto de ley, lo cual demuestra, no solo las carencias de este, sino la nula voluntad de diálogo; ustedes, con un mínimo esfuerzo negociador probablemente hubieran conseguido al menos una aproximación a aquellas fuerzas políticas con las que comparten modelo económico y social y, por tanto, con las que en principio cabría pensar que es posible alcanzar también consensos en torno a un texto legal que pretende definir la representatividad de un sector económico. Y también genera frustración en los colectivos a los que va dirigido, aquellos a los que se pretende medir en su representatividad mediante el procedimiento establecido en este proyecto de ley.

Basta con leer las declaraciones y manifestaciones públicas de sus representantes. El secretario general de COAG, Miguel Blanco, consideró en relación con este proyecto que solo un verdadero proceso electoral tendrá legitimidad para fijar la representatividad de las organizaciones agrarias, y que lo que propone el ministerio se parece más a una encuesta que a unas verdaderas elecciones. Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, se manifestó expresando su temor de que las elecciones al campo no se regulen por la Ley general electoral —su temor se ha confirmado con los contenidos de este proyecto de ley—, y concluye que con esa realidad no se regularán ni la campaña ni los gastos electorales ni se controlará adecuadamente el voto por correo. Acertó, obviamente, en sus previsiones. El texto que sale del Congreso y que llega al Senado refleja en el articulado los temores, las reservas, las críticas que algunas de las organizaciones agrarias han expresado sobre él.

La representatividad, por más que se quiera jugar con el término, por más que se pretenda devaluar el diccionario de la Real Academia Española, se mide mediante elecciones. Y este proyecto, desde su origen huye de dicho concepto. Pretende regular una consulta —artículo 3 del proyecto—, aunque juegue a la confusión definiendo quiénes son electores en esa consulta — artículo 4—. De hecho, las enmiendas que el Grupo Popular ha presentado en el Senado y que están ya incorporadas al informe de la ponencia profundizan en esa expresa voluntad del ministerio, reflejada en el proyecto, prescindiendo de alguna otra referencia electoral que todavía aparecía en el texto aprobado por el Congreso. No se habla de elecciones, porque se pretenden excluir de esta consulta las garantías del régimen electoral general; como decía el representante de UPA, desde la regulación de la campaña a los procedimientos de impugnación, que es lo que asegura algo consustancial a cualquier elección democrática: la igualdad, mayor o menor, de oportunidades en quienes concurren a ese proceso electoral.

Esto es grave desde dos perspectivas. Primero, es grave porque las consecuencias serán que el resultado de esta consulta tendrá una repercusión similar a las que tendría de ser un auténtico proceso electoral, tanto en el reparto del patrimonio de las cámaras agrarias como en la financiación con fondos públicos de las organizaciones representativas del sector y, por supuesto, en la composición del consejo consultivo. Es decir, estamos ante una consulta, que ustedes no quieren que sean elecciones, con las garantías de unas elecciones, a la que el proyecto da unas consecuencias similares a las de unas elecciones. Pero también es grave desde otra perspectiva, que creo que además el Gobierno tenía en mente a la hora de redactar el proyecto. Con este mecanismo se priva a las organizaciones agrarias que concurran al proceso de la legitimidad y la fuerza que emanan de las elecciones. Se pretende hacer una consulta cuyo resultado no fortalezca, sea cual sea el respaldo que obtenga cada una de las organizaciones agrarias, a estas. Lo que se pretende, sin duda alguna, es una consulta en la que se defina un interlocutor o unos interlocutores que no cuenten con el respaldo, la legitimidad y la fuerza que da un proceso electoral.




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Igualmente motiva nuestro veto el que rechacemos los criterios de determinación de quiénes son los electores —entre comillas— en esa consulta. Nuestra posición es que solo sean electores los verdaderos, los auténticos profesionales del sector, es decir, quien tenga la actividad agropecuaria como medio básico de vida. Creemos que es inaceptable que sean electores personas físicas que no tengan actividad agraria real y, por lo tanto, cuestionamos que, además de configurar el —entre comillas— cuerpo electoral los afiliados a la Seguridad Social por su actividad agraria o ganadera por cuenta propia, lo configuren también quienes obtengan al menos un 25% de su renta total de la actividad agraria. Eso significa que el otro 75% de ingresos se derivará de otra actividad que no tendrá nada que ver con la agraria y que, obviamente, será la actividad principal, es decir, esa otra con la que obtienen el 75% de sus ingresos. Igualmente, pretendemos excluir de la condición de elector —entre comillas— a aquellos que perciban pagos directos superiores a 3000 euros del Fondo Español de Garantía Agraria.

Creemos que con este criterio de definición del elector se ignora el concepto de agricultor activo que fue consensuado poco antes de la presentación del proyecto, que fue consensuado en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del pasado 21 de enero, que, más o menos, define a los agricultores como aquellos beneficiarios de las ayudas directas de la PAC cuyo importe no suponga más del 80% de sus ingresos agrarios, y añade que se considerará que la actividad agraria es significativa cuando genere ingresos suficientes.

Se prescinde de algo con lo que podemos tener discrepancias, pero que al menos era fruto, no de la elaboración exclusiva del Gobierno, del ministerio, sino de un debate, de un diálogo y de un consenso alcanzado con las comunidades autónomas. De hecho, esta definición del cuerpo electoral supone que si asumiéramos el criterio que nosotros defendemos, esto es, que solo sean electores los afiliados a la Seguridad Social, el cuerpo electoral en estos momentos estaría configurado más o menos por 320 000 electores. Pero con los criterios que se introducen en este proyecto de ley el número de electores aumentaría al menos hasta 500 000, entre 500 000 y 600 000.

El siguiente paso del proyecto, una vez debilitada la representación de las organizaciones agrarias y, por lo tanto, el interlocutor de las administraciones públicas, es configurar un consejo agrario sin funciones de negociación y de concertación, con menos facultades que el actual Consejo Asesor Agrario —de nuevo hago referencia a las enmiendas que el Grupo Popular ha introducido en el trámite parlamentario en el Senado y que están incorporadas al informe de la ponencia—. La definición de los cargos dentro de este consejo abunda en la garantía de un control por parte de la Administración central del Estado del mismo consejo.

Son estos los fundamentos que basan el veto que el senador Mariscal y yo mismo, en nombre de Izquierda Unida, hemos formulado, y sobre la base de ellos pedimos el respaldo de la Cámara, anunciando nuestro apoyo también a los otros 6 vetos que han formulado los distintos grupos políticos presentes en el Senado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador iglesias.

La propuesta de veto número 3 ha sido presentada por los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.

Voy a defender el veto de los señores Guillot y Saura y también el veto del resto de senadores de la Entesa. Y quiero aprovechar también para saludar a todos los representantes de las organizaciones agrarias que nos acompañan hoy en esta sesión.

Entiendo que vamos a sufrir un bombardeo de argumentos, que se van a repetir en el proceso de defensa del conjunto de los vetos presentados por los grupos de la oposición. Esta es, inevitablemente, la primera reflexión a la que nos obliga este debate: la falta de consenso absoluto que existe en este momento en la tramitación de esta ley, a la que, ciertamente, no acompaña ni el consenso ni el diálogo. Creo que es muy ilustrativo leer en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados las comparecencias de los representantes de las organizaciones profesionales agrarias en la Comisión de Agricultura para ver que, efectivamente, cuando ustedes han impulsado este




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proyecto de ley lo han hecho sin el consenso en el campo y sin el consenso en el marco institucional. Y eso es lo que hoy representa el conjunto de vetos presentados a este proyecto de ley.

Me pregunto cuál es el objeto del Gobierno al tramitar una ley que precisamente tendría que ser el instrumento fundamental que nos permitiera en el futuro establecer consensos muy importantes alrededor de un sector tan estratégico como el de la agricultura. ¿Cuál es el propósito del Gobierno, si cuando inicia la tramitación de una ley, que es el instrumento fundamental para garantizar los consensos, empieza ese trámite sin los mínimos consensos razonables para poder establecer en el futuro ese marco de acuerdo.

Nosotros entendemos perfectamente —se lo hemos oído decir aquí de forma reiterada al ministro Cañete— la importancia de medir la representatividad. Pero lo que no podemos entender es que en este momento la urgencia sea el motivo para hurtar sólidos acuerdos que den al futuro consejo asesor esa trascendencia que todos queremos, precisamente por lo que decía, por su utilidad para resolver problemas, a los que luego me referiré y que son fundamentales en el mundo de la agricultura.

Pero también es cierto, con la experiencia de estos años de legislatura, que ustedes han optado reiteradamente por el rodillo, una situación que no es nueva para los grupos de la oposición; un rodillo que, lamentablemente, en este caso no lo es meramente para apisonar a la oposición, sino que en principio va a triturar el consenso —que yo creo que era muy positivo, mejorable, pero muy positivo— que obtuvo la Ley de 2009. Y esta falta de consenso va a hacer que hoy demos, no un paso atrás, sino dos; primero, porque hacemos añicos un acuerdo; y segundo, porque ustedes hoy van a aprobar inevitablemente una pésima ley, una ley que adolece de aquello que es lo más trascendente precisamente de una ley: que tenga seguridad jurídica, que sea clara en su articulado y que, por tanto, sea un instrumento válido y no discutible para el futuro.

Es cierto que el argumento que ustedes han reiterado de forma continuada es que ha existido una falta de compromiso por parte de las comunidades autónomas a la hora de celebrar las elecciones en sus territorios y, por tanto, que en este momento únicamente 3 comunidades autónomas han realizado los procesos electorales. Pero esta cuestión podría haberse abordado desde otra perspectiva con un partido que tiene prácticamente mayoría en una gran parte de las instituciones del país, aunque existe un momento de dificultad, lo que ha hecho que algunas comunidades autónomas hayan manifestado que la cuestión económica es un problema para abordar en este momento estas elecciones. Pero, como digo, me parece que todo ello era abordable —en ese sentido, tenemos algunas enmiendas que exigen modificar algunas de las cuestiones que se plantearon en 2009—, que era perfectamente posible hacerlo desde el diálogo —insisto: desde el diálogo—, porque me parece absolutamente fundamental hacerlo desde la voluntad de acuerdo. Por tanto, como digo, presentamos algunas enmiendas a este proyecto de ley que, en su caso, requerirían modificar la Ley de 2009. De cualquier forma, el proceso —y me parece fundamental— era asegurar el acuerdo y el consenso con las organizaciones agrarias y con el mundo agrario, porque, en definitiva, es a ellos a quienes va destinada esta ley y a quienes toca también participar en el camino de las reformas que puedan dar alternativas a un mundo agrícola que lo necesita absolutamente.

Nos parece que el término consulta utilizado en el proyecto de ley no resuelve en absoluto la cuestión de la representación agraria. Los porcentajes que se han fijado para establecer los mínimos que permitirán a las organizaciones agrarias estar presentes en el consejo agrario no resuelven el problema. Es decir, creemos que el resultado de esta consulta, si se lleva a cabo en los términos en que se está planteado, nos puede llevar a un consejo agrario cuya representación esté absolutamente condicionada por las reglas de juego que se han establecido y que eso puede ser un mal favor para todos aquellos que de alguna manera no van a sentirse representados en ese consejo, que debería ser, por ende, un consejo plural y capaz de representar todas las sensibilidades del mundo agrario.

Creemos que esta ley no tiene una base jurídica sólida, como he dicho, en el ámbito de la representatividad establecida sobre la base de los porcentajes que fija la ley. Nosotros hubiéramos sido partidarios de aplicar de forma complementaria —y alguna de nuestras enmiendas así lo plantea— la LOREG. Y la falta del aval del Consejo de Estado nos parece otra cuestión a tener en cuenta, porque, como decía, una ley que no tenga una sólida base jurídica y que no esté absolutamente contrastada tiene un grave problema de credibilidad.




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El senador Iglesias se refería también al censo sobre el que vamos a realizar eso que ustedes llaman consulta. Bien, es cierto: el censo es absolutamente impreciso. En este momento podríamos estar hablando, como nos decía el senador Iglesias, de 500 000 electores, aunque algunos expertos dicen que pueden ser más. El propio ministro habló en algún momento de 900 000 electores. Ciertamente, la indefinición, en algunos de casos, respecto de quiénes son los sujetos que pueden participar en estas elecciones, y la permisividad a la hora de participar en las elecciones, en el sentido de que aquellos que únicamente por percibir 3000 euros de la política agraria común tengan garantizado el derecho a voto, va a distorsionar el proceso.

Creemos que el concepto de agricultor activo está perfectamente definido —es una definición de no hace mucho tiempo—. Ese es un elemento clave para definir quiénes son los sujetos activos que pueden participar en la consulta, en las elecciones y, desde esta perspectiva, consideramos que la ley no lo resuelve. Nosotros somos partidarios —y así lo manifestamos en nuestras enmiendas— de un proceso electoral en toda regla que esté perfectamente regulado y que sea capaz de dar todas las garantías democráticas a la representación de las organizaciones agrarias.

Desde nuestro punto de vista, esta ley va a ser mala porque, efectivamente, como he explicado, adolece de falta de consenso; es una ley que no va a ser equitativa a la hora de otorgar la representatividad; es una ley que va a vulnerar el marco competencial del país y de las comunidades autónomas y, por otra parte, es una ley que va a dejar algunos de los ámbitos trascendentes de un proceso de estas características en un marco de absoluta indefinición.

Si la pretensión del exministro Arias Cañete era abrir la participación, medir la participación de los agricultores —él ya no está aquí, evidentemente—, me temo que desde Bruselas podrá ver que esta ley que él impulsó es la evidencia de un gran fracaso.

Es por este motivo que nosotros pedimos la devolución del proyecto de ley al Gobierno de nuevo. Es por este motivo —al que haré referencia en el turno de portavoces— que entendemos que esta ley no va a tener capacidad de aglutinar un debate serio en un consejo asesor que, insisto, debería abordar problemas muy graves de un sector tan estratégico como es la agricultura en este país. Es por este motivo, insisto, que reclamamos la devolución; anunciamos nuestro voto favorable a todos los vetos y, asimismo, reclamamos del conjunto de los grupos el voto favorable a este veto.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.

La propuesta de veto número 5 la ha presentado el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on mahaiburu jauna. Egun on senatari jaun-andreok.

Señorías, el artículo 10.9 del título I del Estatuto de Guernica recoge la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco en agricultura y ganadería; una competencia que en los sucesivos gobiernos vascos se han tomado siempre muy en serio —digo los gobiernos vascos— por la importancia que tiene la agricultura y la ganadería, como el resto del sector primario, no solo para la economía sino también para el desarrollo social equilibrado, la cultura, la tradición o la gastronomía.

Fruto de esta preocupación y de este empeño, el Parlamento vasco, su Gobierno dependiente en cada caso, ha ido desarrollando diferentes normas, reglamentos, planes y programas de gestión del sector. Por supuesto, también se han acometido líneas de ayudas e inversión complementarias a las que llegan, fruto de la política agraria común, tanto en el sector agropecuario como en el de las industrias alimentarias y, cómo no, en el desarrollo rural.

En consecuencia, el Parlamento vasco ha legislado también, entre otras cosas, sobre la representatividad y la organización asociativa del mundo agrícola y ganadero vascos, con normas tan importantes y completas como la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de política agraria y alimentaria. Sería impensable tener competencias exclusivas en unas áreas tan importantes desde el punto de vista económico, social y laboral como la agricultura y la ganadería sin que extremos como este y otros muchos no se hubieran desarrollado por ley. Una competencia exclusiva es eso, una competencia en la que el Gobierno autónomo decide cómo ordenar, de la manera más acorde a la realidad del país y del sector concreto, en este caso vasco.




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Una parte muy importante del ordenamiento de un sector es, sin duda alguna, la organización asociativa y la garantía de que la representatividad y la interlocución con la que se ha de trabajar necesariamente con el Gobierno sea más adecuada y la que mejor traslade la realidad del sector; la que mejor represente a los diferentes operadores que actúan en el sector económico, en este caso, el sector primario agrícola, ganadero, forestal y agroalimentario en general.

Señorías, el proyecto de ley que hoy discutimos va contra la capacidad de organización sectorial y contra la adecuación de la representatividad dentro de la comunidad autónoma vasca, y lo hace porque el origen de este proyecto es el concepto uniformizador y centralizador que el antiguo ministro de Agricultura tenía del sector agropecuario del Estado español, y me atrevo a decir que del Estado español en todos sus aspectos.

Este proyecto da una vuelta de tuerca más al vacío competencial alcanzado en su día con la Ley 10/2009, de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario, actualmente vigente y aprobada en su día —y así lo hicimos saber— por el rodillo de los dos partidos mayoritarios en el momento; una ley que de otra manera y con otras premisas, pero prácticamente con los mismos resultados, reguló la representatividad del sector ante el Ministerio de Agricultura.

Detrás de este proyecto de ley, señorías, hay un concepto del Estado según el cual las comunidades autónomas no llegarían a ser más que grandes diputaciones, delegaciones administrativas sin poder político ni capacidad de diseño y decisión de políticas propias ni en este ni en ningún otro aspecto de la vida. Este concepto, señorías, es recentralizador, por más que ustedes se empeñen en negarlo, porque la creación de un consejo agrario no se hace con el objeto de comentar y discutir, sino precisamente para servir de apoyo y justificación para las políticas destinadas al sector agrario. El Gobierno central no tiene competencia para desarrollar estas políticas, es la comunidad autónoma vasca, como ya hemos aclarado, la que tiene competencias exclusivas, pero como el Gobierno no tiene competencias crea un consejo asesor y no precisamente para comentar, lo hace para cambiar el status quo existente.

Visto el sistema de elección de este consejo, es evidente que, independientemente de que nos pueda parecer mejor o peor el sistema —les puedo asegurar que no es nuestro modelo—, la representación del sector se circunscribirá sí o sí a las grandes asociaciones y organizaciones agrarias y que las políticas y conclusiones que emanarán de este consejo no irán precisamente dirigidas a defender y planificar las políticas más adecuadas para aquellas comunidades, como la vasca, cuyo sector agrícola no puede ser comparable ni en tipo ni en cantidad con otras de diferentes regiones y comunidades del Estado.

Y todo esto, señorías, lo hacen basándose en un precepto de la Constitución, el artículo 149.1.18.ª, y forzándolo hasta un límite inaceptable. Este artículo adjudica al Estado la competencia exclusiva en —literalmente— el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las comunidades autónomas. De modo que se fuerza la propia ley, primero, porque difícilmente se puede considerar a las organizaciones profesionales, con todos mis respetos, como corporaciones vinculadas a las administraciones públicas. Además, el procedimiento electoral que se plantea no puede considerarse sujeto a este precepto constitucional porque se presenta en base a una consulta a la que se le da valor electoral, si bien luego no lo tiene, pero sí en parte, y al final no sabemos exactamente cómo se define. Y segundo, si así pudiera ser, si se pudiera considerar a las organizaciones profesionales como vinculadas a la Administración, creemos que el desarrollo de competencias exclusivas, como mínimo, podría considerarse especialidades derivadas de la organización propia de la comunidad autónoma. Por lo tanto, difícilmente podemos aplicar aquí este precepto constitucional.

Lo que sí es cierto, eso sí es verdad y no podemos negarlo, es el mérito que tiene esta norma, porque basa su justificación en un artículo diferente al tan manoseado 149.1.13.ª, de planificación general de la economía, al que tan acostumbrados nos tiene este Gobierno en esta legislatura y algún otro Gobierno en otras. Por lo menos en este caso tenemos que valorar el ejercicio de técnica jurídica creativa de quien ha decidido plantear la norma bajo la cobertura de este artículo de la Constitución.

Señorías, a nuestro juicio, esta ley no es necesaria, no aporta nada nuevo al sector y, en cambio, atenta contra las competencias exclusivas de las comunidades autónomas, en este caso de la comunidad autónoma vasca, y lo que es peor, deja sin representación directa ante la




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Administración central a los representantes del sector que, por su especialización productiva o por su circunscripción a un territorio determinado, no pueden acceder a ser elegidos para este órgano, cuyas funciones tampoco se delimitan con exactitud y claridad.

Por todo esto, señorías, el Grupo Parlamentario Vasco ha presentado esta enmienda a la totalidad, este veto. Por todo esto, vamos a apoyar los otros 6 vetos que se han presentado. Y por todo esto, también, nuestro grupo no ha presentado enmiendas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

La propuesta de veto número 7 ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gracias, presidente.

Aprovecho para saludar a los diferentes representantes de las distintas organizaciones profesionales agrarias que hoy están presentes aquí, en este día que estamos presentando casi por unanimidad —excepto por parte del grupo proponente, evidentemente, que da apoyo al Gobierno— los diferentes vetos; imagínense, 7 vetos a este proyecto de ley. ¿Y por qué digo esto? Creo que nos encontramos ante una situación en la que se hubiese conseguido llegar a un consenso mínimamente adecuado, tanto por parte del grupo que da apoyo al Gobierno del Partido Popular, como de los distintos grupos restantes que conformamos este Pleno, y, sobre todo, un consenso mínimo necesario y aceptable que debería basarse en la consecución de unos puntos de acuerdo con las diferentes organizaciones profesionales agrarias. Digo esto porque creo que esta cuestión es una muestra muy clara, como ha dicho alguna de las senadoras que me han precedido en el uso de la palabra, de lo que se llamaba el despotismo ilustrado: todo para el pueblo pero sin el pueblo, es decir, vamos a regular y vamos a poner un poco de orden, según el concepto que esgrimió el señor ministro una vez que fue interpelado cuando este senador le hizo una pregunta al respecto de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias; porque uno de los argumentos que utilizó es que iban a poner orden en la representatividad de las diferentes organizaciones profesionales agrarias, que, desde su punto de vista, actualmente hay.

Incluso, podríamos llegar a entender este posicionamiento. Solo 3 comunidades autónomas han venido realizando procesos electorales, tal como establecía la Ley 18/2005, de 30 de septiembre. Por el contrario, 8 no realizan un proceso electoral desde el año 2002 y el resto desde el año 1978. Partimos de esta base, pero tengan en cuenta que la representatividad se basa en la normativa y en la ley que la da amparo. Por tanto, estas organizaciones profesionales agrarias no estaban cometiendo ninguna ilegalidad. Además, quiero recordar que algunos gobiernos autonómicos, de los diferentes partidos que hay en esta Cámara, podrían haber instado a realizar un proceso electoral y, al fin y al cabo, poder conocer la representatividad del momento, pero no se ha hecho. Por eso, nos encontramos ante una situación de no aceptación de la representatividad establecida y, en lugar de llegar a unos puntos mínimos de consenso, se logra el consenso del resto de fuerzas políticas para que todos presenten un veto a la totalidad. Pero este debería ser un elemento de penalización cuando se presenta un proyecto de ley, en este caso en el Senado, porque no se puede llegar a entender que no se puedan constituir como mínimo unos puntos básicos de acuerdo entre los diferentes grupos políticos y, sobre todo, los sujetos pacientes, como pueden ser las organizaciones profesionales agrarias.

Insisto, en el fondo podríamos estar de acuerdo en que se tiene que llegar a un punto común sobre la real representatividad de las diferentes organizaciones profesionales agrarias, pero no lo hagan de esta manera, porque, al fin y al cabo, ya no solo en política agraria y en política económica, o agroalimentaria, sino en todo el escenario político que se está dando en el Estado español existe un movimiento pendular. Frente a la Ley de 2009, existe la voluntad de que sea derogada mediante otro tipo de ley, es decir, con este proyecto de ley que ahora estamos debatiendo, que tiene un sentido totalmente contrario y que lo que persigue es derogar por derogar, si me permiten la expresión.

Podríamos haber tejido complicidades, podríamos haber llegado a mínimos puntos de acuerdo, podríamos haber respetado las competencias exclusivas de las comunidades autónomas y podríamos haber llegado a un punto de acuerdo para que la Ley Orgánica del régimen electoral




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general se aplicara a este proyecto de ley y a esta consulta. Nota a pie de página: a los catalanes no nos importa el concepto de consulta ―al contrario―, pero si hay un proceso electoral que tiene que ser regularizado por las diferentes normativas que en este caso están presentes y que nos están regulando nuestros procesos electorales ¿por qué no lo aplican aquí? Además, si se fijan, en el corpus de este proyecto de ley hablan ustedes de consulta y, a continuación, de electores. Si es una consulta, podrían haber hablado de personas consultadas, y aquí entramos en otro punto que es la cuestión del censo. ¿Por qué no se ha llegado a un punto de acuerdo a la hora de elaborar un censo, que puede ser diferente entre el que ustedes proponen y los censos de que disponen las distintas comunidades autónomas, aquellas que han celebrado las elecciones? En este sentido, puede existir una diferencia entre las distintas personas llamadas a este proceso electoral.

Por lo tanto, les diré que no están realizando las cosas tal y como debería ser, que el consenso y el acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas no se ha culminado y que no se está teniendo en cuenta el peso específico en las políticas agroindustriales de uno de los actores principales de la cadena alimentaria, los productores, tanto en lo que hace referencia a los agricultores como a los ganaderos.

He hablado del concepto de despotismo ilustrado; tómenselo a bien pero entiendan que no pueden regularizar un proceso sin tener en cuenta a las propias organizaciones profesionales agrarias. No se puede dejar en la banda lo que se establece en las diferentes normativas; no se pueden dejar en la banda las competencias exclusivas de las comunidades autónomas; y tampoco se pueden dejar en la banda a aquellas organizaciones profesionales agrarias que tienen una presencia de ámbito territorial más reducido que el estatal. En este sentido, me refiero a las exigencias que ustedes establecen en cuanto a la representatividad para poder formar parte del futuro Consejo Agrario que, por cierto, quiere derogar la figura del Comité Asesor Agrario que, aunque ha celebrado pocas reuniones en el pasado, esperemos que en el futuro, aun con las limitaciones que estoy explicando, tenga una utilidad mayor, que sea un foro de encuentro y de concertación de las diferentes políticas agroindustriales y que tenga en cuenta la representatividad de las diferentes organizaciones profesionales agrarias.

En este sentido, permítanme decirles que ninguna de estas organizaciones profesionales agrarias se ha negado a establecer nuevos paradigmas de representatividad, pero ha de hacerse a través de un proceso legal, sin utilizar el concepto de consulta para evitar observar la obligatoriedad de los procesos electorales, en este caso, del campo y de la ganadería del Estado español. Además, al final, y según algunas declaraciones de la actual ministra, viendo que existen ciertas limitaciones en este proyecto de ley, se dice que se plantean postergar la convocatoria de las elecciones agrarias. ¿Qué significa esta postergación? Que no hay una aceptación, y que no se pueden hacer o no se deberían poder hacer estas políticas utilizando lo que decimos en Cataluña: el corró —aquí, el rodillo—; sin aceptar ningún tipo de enmienda, sin tener una actitud receptiva respecto de las diferentes enmiendas presentadas, ya no tan solo por este senador y el grupo que representa, sino por el resto de las organizaciones profesionales agrarias. Por lo tanto, esto les desacredita, y va a desacreditar a este Gobierno ante las diferentes organizaciones profesionales agrarias. Hemos presentado un buen número de enmiendas, algunas relacionadas con el proceso electoral y otras relacionadas con las exigencias de representatividad, a lo que ya me he referido. No puede ser que se establezcan unos tantos por ciento tan elevados que hagan inviable que algunas de las organizaciones profesionales agrarias que tienen una ubicación territorial no estatal sino, en este caso, autonómica, puedan ser incluidas. Esto no puede ser y es lo que, entre otras cosas, pedimos. Pedimos que no haya una injerencia competencial y, sobre todo, que no se influya en aquellos procesos y en aquellos territorios en los que hemos realizado los deberes. Y, permítame decirlo: en Cataluña se han realizado los deberes; se han hecho las correspondientes elecciones de representatividad de las organizaciones profesionales agrarias, cosa que no podemos decir, casi en la totalidad, del resto del Estado y, por lo tanto, ustedes deberían tener esto en cuenta.

Además, hay un elemento dentro del articulado —creíamos que era un fallo gramatical, pero vemos que no—, que es la obligatoriedad de que a las diferentes organizaciones profesionales agrarias se les exija el ámbito nacional; no que estén dentro del ámbito nacional, sino que sean de ámbito nacional, y esto lo que hace es excluir a algunas de ellas que no tienen representatividad




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en todo el territorio estatal. Al fin y al cabo, ¿qué existe? Recentralización, recentralización y más recentralización. Desde un punto de vista no tan solo económico, sino también social y de representatividad, estas organizaciones profesionales agrarias han estado realizando un servicio de armonización y de unificación de los pequeños productores agrarios y ganaderos, han tenido su función social, han mantenido esta cohesión del campo, y, lo que hemos dicho, del entorno rural, porque todos aquí hemos hablado de que tenemos que vertebrar el territorio rural, y una de las atribuciones que tienen estas organizaciones profesionales agrarias es que han contribuido a esta vertebración, y no es de justicia que no se pueda consensuar un proyecto de ley que afecta a su representatividad si, finalmente, a ustedes les interesa que, de forma muy clara y lo más fidedigna posible, se esté representando el peso de estas organizaciones profesionales agrarias.

No sé si terminar con un lamento, con un suspiro, pero déjenme decirles: ¡Qué pena! ¡Qué pena! Se hubiese podido consensuar, se hubiese podido llegar a un punto de acuerdo, se hubiese podido llegar a un mínimo entendimiento, y que utilicen el peso democráticamente obtenido, que utilicen su mayoría para no escuchar a las diferentes organizaciones profesionales agrarias —a lo mejor, a alguna sí, pero no a todas— y no aceptar las diversas enmiendas presentadas por los diferentes grupos políticos, vuelvo a repetirles, ¡qué pena! A ver si durante la tramitación de este proyecto de ley son capaces o tienen a bien aceptar alguna de las enmiendas, sobre todo aquellas que son importantes por lo que representa este proyecto de ley. Esperaremos y perseveraremos hasta el final porque este es un elemento que nos caracteriza: la perseverancia, la esperanza y la fe, si me lo permiten.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Plana.

La propuesta de veto número 6 ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Para su defensa tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías, desde el Grupo Parlamentario Socialista un saludo a los responsables agrarios que hoy nos acompañan en el Senado. Bienvenidos a este Pleno.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado ante la Cámara un veto al proyecto de ley por el que ustedes pretenden determinar la representatividad de las organizaciones agrarias o, mejor, excluir su representatividad. Si yo estuviera en su posición me llamaría la atención el número de vetos y de enmiendas presentados, estamos todos en contra. Pensaría que algo estamos haciendo mal. Si yo fuera ustedes reflexionaría, pero esto significaría que ustedes son prudentes y sensatos cuando lo cierto es que vienen demostrando que no lo son. Por eso siguen adelante solos y sin ver la realidad.

Señorías, la vigente Ley de 2009 acabó con un situación transitoria que se había abierto en 2005 y que a la par derogaba la legislación de 1986. Una buena ley, la de 2009, que, por cierto, se aprobó con un gran consenso y que estabilizaba la relación entre el sector agrario y la Administración, con unas normas y unos procedimientos claros, transparentes y fundamentalmente consensuados. Una ley con todas las garantías democráticas, una ley, la de 2009, que en un corto período de tiempo, y así nos lo trasladaban los propios representantes agrícolas, ha funcionado razonablemente bien y nadie veía la necesidad de modificarla. Pero, claro, ustedes llegan al Gobierno con sus compromisos, con sus falsas promesas, y en 2012 el Gobierno, el exministro Cañete se coloca de capataz y manifiesta su intención de elaborar una nueva ley para fijar una nueva representatividad en las organizaciones agrarias. Una ley dudosa que, como digo, nadie reivindicaba. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen sin negociación y consenso? ¿A qué intereses responde esta nueva norma? ¿Por qué tienen tanta urgencia en sacarla adelante si luego en sus mismas enmiendas evidencian que no la quieren aplicar? ¿Por qué van en contra de la legislación electoral básica?¿Qué intereses tenía el señor Cañete en agradar a unos, beneficiar a otros y a la par perjudicar a algunos? ¿Por qué esta apuesta personal del exministro Cañete? ¿Por qué un Gobierno democrático plantea una consulta a efectos electorales? ¿Por qué mayoritariamente las organizaciones agrarias se han posicionado en contra de la ley, y los que no lo han hecho se han manifestado con la boca pequeña? ¿Por qué? ¿Porque es una cortina de humo para tapar los lamentables resultados que ustedes tienen con su modelo agrario, o porque es una broma siniestra del Gobierno del Partido Popular, o porque es la última chufla del señor Cañete? Señorías, les




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están haciendo perder el tiempo. ¿Esta es su forma de entender la democracia? Pueden ser más preguntas, pero creo que se pueden cerrar todas en una: ¿por qué este nuevo fuero tan turbio? Por eso y por todo lo que iremos desgranando a lo largo del debate es por lo que hemos fundamentado este veto y solicitamos la devolución del proyecto de ley y el apoyo del resto de los grupos parlamentarios.

Señorías, vamos a denominarlo en principio un embrollado proyecto que ustedes traen a esta Cámara, y que viene a cambiar el modelo aceptado con una terrible maniobra que intenta uniformizar el sistema. Eliminan, por ejemplo, y se ha comentado ya, cualquier intervención de las comunidades autónomas. Es decir, es una vuelta de tuerca más al afán recentralizador del Partido Popular, con una intención que es excluir a las entidades agrarias que no sean de carácter estatal, conculcando a la par los derechos constitucionales de las nacionalidades históricas y del resto de las comunidades autónomas. Señorías, ustedes arbitran mecanismos que tienen un manifiesto calado preconstitucional en este proyecto, para repartir como ustedes quieren los puestos del Consejo Agrario, la distribución de espacios y las propias ayudas que concede el ministerio.

Por tanto, si este proyecto lo pudiéramos adjetivar, el primer adjetivo podía ser doble, una centralización adulterada. Si hasta ahora teníamos la Ley Wert, teníamos la ley Gallardón, desde hoy ya tenemos la ley Cañete o, mejor, la ley póstuma de Cañete.

Si hablamos de garantías electorales, esto ya es de traca porque ustedes mismos reconocieron en la comisión que las cosas se podían hacer mejor, y es que hablar de garantías electorales es un decir; la ley en esta materia es un invento, no sé si es un engaño o es una componenda o es un apaño o ustedes han querido hacer algo diferente. ¿Dónde queda eso del sufragio universal, libre, personal, directo y secreto?

Su proyecto de ley establece una consulta para derogar una ley vigente, sí, una consulta, o sea, una opinión, a la que darán un carácter vinculante, deliberante y plebiscitario, retirando las garantías democráticas que los españoles tenemos reguladas en el sistema electoral básico. Para medir una representatividad hacen una consulta, o sea, una encuesta, una encuesta que no goza de ninguna garantía democrática, que no se rige por la ley electoral, que no garantiza la seguridad jurídica electoral, y en sus propias enmiendas eliminan cualquier referencia a las urnas y al proceso electoral. Y esto lo hace un gobierno que se dice democrático, señorías.

Si ustedes creen que esta operación estética, si consideran que esta consulta es suficiente, ¿por qué no lo hace el Instituto Nacional de Estadística? Una encuesta nos saldrá a todos más barato y es mucho más sencillo para todos. Pero puede ser que así es como ustedes entiendan el pluralismo. Hagan consultas, ¿para qué elecciones? Los representantes catalanes tienen que estar encantados porque les están dando la razón.

Señorías, el campo quiere elecciones y no tiene miedo a un proceso electoral, pero de acuerdo con la ley electoral, limpias, transparentes y democráticas, sin dificultar la participación, y con todas las garantías democráticas para que de verdad se sepa quién es quién en el campo, porque con su formulación, con su método lo único que van a generar es más desconfianza, más frustración y más inseguridad. ¿O es que tienen miedo de que voten las personas en el campo en vez de votar las siglas? Además, les recuerdo que con esta ley están incumpliendo una Directiva europea, la 2002/14, por la que se establece el marco general relativo a la información y consulta de los trabajadores del campo. En Europa ahora, donde está el eminente y erudito y superior intelectual exministro Cañete, no van a cumplir eso de asegurar a los trabajadores los derechos apropiados para garantizar su información y la consulta. Por tanto, los trabajadores del mundo rural de nuestro país van a quedar privados de un derecho que les reconoce Europa porque en España ustedes no lo van a tener. Es una regresión más del derecho, señorías.

Seguimos adjetivando la ley. Sin antes hablamos de adulteración y centralización, ahora hablemos de deslegitimación, y la ley sigue añadiendo más problemas. En cuanto a lo del censo, si antes era de traca... Miren que es fácil, los censos electorales deben ser comunes; son únicos, son hegemónicos, son homogéneos, se hace en todo proceso deliberante. Pero no, ustedes modifican nuevamente el sistema electoral general, amplían el colectivo a todos los que tengan alguna relación con el campo, aunque no sean agricultores ni profesionales. En esta farsa podrá, por ejemplo, votar la Iglesia, podrá votar una agencia inmobiliaria, una notaría, la duquesa de Alba o la familia Domecq, esos podrán votar, pero no van a poder votar muchas mujeres, sobre todo mujeres y hombres del campo que se dedican de sol a sol a cultivar la tierra, esos no podrán votar;




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los auténticos profesionales del sistema se quedan fuera —en eso de su mesa única, uniprovincial— porque ustedes se lo ponen muy difícil. Esto tiene un nombre, manipulación, fraude electoral; tiene un nombre: esto es pucherazo, señorías. Parece que para ustedes no es lo mismo elegir a un concejal o a un representante del Senado que elegir a los representantes de los agricultores, y esto es un mal método, es un muy, muy mal ejemplo de un partido que gobierna, a no ser que ustedes de verdad entiendan así la democracia.

En esta misma sede parlamentaria, no hace muchos días, el presidente del Gobierno, refiriéndose a la consulta catalana, decía que él estaba aquí para cumplir la ley. Como el campo no tiene puertas, ustedes se saltan la ley o lo que haga falta, y presentan un proyecto donde no regulan una campaña, no regulan los gastos electorales, ni la participación, ni el sistema de votación, ni las juntas electorales, ni la representación, ni las subvenciones electorales, ni las infracciones. Pero es que es verdad, si es que ustedes no quieren una elección. Esto es una farsa y, además, ustedes lo saben.

Por tanto, como tercer adjetivo hablemos ahora de pucherazo, se lo decía antes. Y si entramos en el comité asesor, ustedes, señorías, con su ley, con ese criterio han eliminado la representación paritaria igualitaria por un consejo nombrado por el propio ministerio, y no les tiembla la mano. Otra vez más, un enredo, una mala forma de determinar la representatividad; o, quizá, sea una buena manera de beneficiar a unos o perjudicar a otros; o, quizá, es el interés suyo de crear una red de agricultores cautivos. Van a dejar —y se ha dicho ya— sin voz a un sector importante de la industria agroalimentaria, sin ninguna interlocución.

Señorías, con este pésimo proyecto de ley, con su consulta, van a obligar a las OPA, que hoy nos acompañan, a no trabajar por su objetivo, que es defender los intereses de los agricultores y trabajadores del campo de los de verdad, no de los de la familia Domecq. El propio ministerio no ve este proyecto como suyo, y lo reciben con escaso entusiasmo; desde el ministerio se dice que es un proyecto personal e interesado del exministro Cañete.

Por tanto, el cuarto atributo de esta ley suena a uniformización. El modelo que aprobó la Ley 2009 —vuelvo a repetir, con un alto consenso— estaba funcionando bien. ¿Se podía cambiar? Seguro que se podía cambiar, pero nadie ha puesto encima de la mesa ese cambio. Nadie ha reclamado esta ley. Nadie del sector consideraba necesario dictar una nueva norma. Nadie quería un cambio de disposición. No se olviden de que esa ley se hizo, como digo, con un gran acuerdo y con un pacto político y unánime de las organizaciones del campo, de los profesionales, que fueron los verdaderos proponentes de esa legislación. Y esta es la gran diferencia: por un lado, el acuerdo y el consenso y, por otro, la regulación interesada y la discrepancia social, y esto no es serio, señorías.

A nosotros, y estoy seguro de que a ustedes también, los destinatarios de esta ley, los representantes que nos acompañan del mundo rural, nos han trasladado su rechazo frontal a este proyecto. Nos han indicado que es una ley superflua e inútil, y el Gobierno, en vez de parar y reflexionar, como antes le decía, precipitan la tramitación y provocan una algarada más. ¿Dónde ahora? En el campo. Como he dicho antes, si el exministro Cañete pretendía irse del Gobierno con una ceremonia de este tipo, les puedo asegurar que lo ha conseguido. Y mi pregunta es: ¿por qué les gusta tanto enfrentarse a los profesionales especializados? Lo hacen en la medicina, en la educación, en la sanidad, en la justicia, ahora lo hacen en la agricultura, en el mundo rural. Y es que solo se me ocurre una respuesta, que es forzar la debilidad y, por tanto, a río revuelto, ganancia de desaprensivos. Por consiguiente, y como quinto adjetivo de esta ley, yo la determinaría como una ley con discrepancia y disconformidad social.

Señorías, este descarado proyecto de ley deroga un buen texto legal. Sustituye, como decía, el modo de determinación de la condición de OPA, aumenta la conflictividad jurídica entre las distintas administraciones territoriales, establece una consulta que vulnera la legislación electoral vigente, altera el proceso electoral con absoluta ausencia de garantías democráticas, se desentiende del verdadero mundo rural, impide el derecho a voto, altera el censo, anula los gastos electorales, cancela los sistemas de control, revoca el Consejo Agroalimentario, rompe la paridad y distorsiona el concepto de democracia que ustedes, poco a poco, van desinflando. En otra sesión plenaria, un senador dijo al senador García-Page, cuando se hablaba del Estatuto de Castilla-La Mancha, que el pucherazo era él. Pues bien, yo, ahora, les digo, señorías, que el pucherazo de verdad es Cañete; ese pucherazo lo ha hecho Cañete sin estar aquí.




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Por tanto, y como sexto adjetivo, si antes hablaba de deslegitimación, descentralización, de uniformización, como final, yo añadiría que es una norma despótica.

Por todas estas razones, señorías, y por las que luego expondrá mi compañero José María Toledo, es por lo que presentamos esta desaprobación. El Grupo Parlamentario Socialista no va a apoyar este proyecto de ley y demandamos que lo retiren. Ahora lo tienen muy sencillo, incluso pueden quedar bien, con sus promesas y sus servidumbres. Ya no está el señor Cañete, hay una nueva ministra, tienen una oportunidad extraordinaria para empezar de manera distinta con el campo. Y como no es la ley de la señora García Tejerina, es la póstuma de Cañete, que marque su impronta. Díganle que busque acuerdos y consensos en el campo. Si no es así, les anuncio que el Grupo Parlamentario Socialista, ante esta norma centralizadora, excluyente y autocrática, estudiará la interposición de los recursos necesarios porque razones, motivos y argumentos, los hay ante este fraude. Votaremos a favor del resto de vetos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Rodríguez Esquerdo.

Para turno en contra, tiene la palabra el senador Martínez.

El señor MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, permítanme en primer lugar dar la bienvenida a esta Cámara a los representantes de las organizaciones profesionales agrarias que nos acompañan en la tribuna de invitados, con los cuales hemos mantenido diferentes reuniones, incluso han participado en el proyecto de ley a través de sus comparecencias en el Congreso de los Diputados. Reitero el agradecimiento del Partido Popular por sus aportaciones y su bienvenida a esta Cámara.

Señorías, este proyecto de ley para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y que crea el Consejo Agrario tiene el objetivo de reforzar y potenciar el sector agrícola ganadero y silvicultor, de defender sus intereses y poner en valor la importante contribución a la economía de nuestro país y a su vertebración territorial, social y cultural, en lo que han coincidido otras de las personas que han intervenido.

Las organizaciones profesionales agrarias desempeñan un papel de enorme transcendencia a la hora de trasladar al Gobierno las necesidades del sector y de ejercer la defensa de los intereses generales de los agricultores y ganaderos. Prueba de ello son las múltiples reuniones mantenidas, incluidas las siete convocatorias del comité asesor, creado en la pasada legislatura pero que el Gobierno actual, es decir, el del Partido Popular, los reunió por primera vez.

Porque se reconoce la transcendencia y el papel que juegan las organizaciones profesionales agrarias en el mundo rural, el Gobierno quiere articular a través de esta ley un proceso democrático de determinación del peso representativo real de las organizaciones profesionales agrarias, que permita establecer una interlocución ponderada con la Administración General del Estado en el seno del Consejo Agrario para garantizar los intereses de los agricultores y ganaderos en la formulación de las políticas y estrategias nacionales. Por estos motivos resulta imprescindible potenciar los mecanismos de interlocución con las organizaciones profesionales agrarias, para que quienes ejerzan la representación de todos los que desarrollan una actividad agrícola y ganadera lo hagan con la legitimidad necesaria y se puedan cumplir además los principios de transparencia y participación, propios de una Administración democrática consolidada.

Señorías, este proyecto de ley es pionero y necesario. Por primera vez se regula un procedimiento para determinar, para medir la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias de manera directa en el ámbito nacional. No existe precedente alguno en este sentido. La representatividad se articula mediante una consulta directa y simultánea en todo el territorio nacional. La consulta tiene por objeto conocer el peso representativo real de cada organización profesional mediante un proceso igualitario y transparente. La consulta no es un proceso electoral porque no se eligen personas para ocupar puestos o cargos públicos con competencias para adoptar decisiones, sino una forma de medir la representatividad.

A los efectos del presente proyecto de ley, se considerarán organizaciones agrarias las coaliciones agrarias y la integración de una organización en otra de ámbito nacional, conservando cada una de ellas su denominación originaria. Yo creo que también este es un avance sustancial en esta ley porque posibilita esas coaliciones de las organizaciones agrarias.




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El modelo actual de la Ley de 2009 no permite obtener datos fiables sobre la realidad de las organizaciones profesionales agrarias cuando las elecciones no se celebran simultáneamente o incluso no se celebran ni se aplican criterios homogéneos en las distintas comunidades autónomas. Cuando varían los censos y no son siempre los suficientemente amplios, no es posible medir la representatividad de estas organizaciones ni establecer una interlocución ajustada en la que tengan voz las explotaciones agrarias españolas.

Señorías, en la situación actual, la representatividad de una organización profesional agraria ha de decidirse sobre la base de datos de las elecciones a cámaras agrarias celebradas en 11 comunidades autónomas entre 1999 y 2008, es decir, a partir de datos incompletos y totalmente obsoletos, porque, aunque la mayoría de las legislaciones autonómicas prevén la convocatoria de procesos electorales cada cuatro años, tan solo tres comunidades —Castilla y León, Cataluña y Madrid— han convocado elecciones con regularidad —la última vez en 2012, 2011 y 2008 respectivamente—. Otras ocho —entre ellas, Aragón, Asturias, Cantabria, Extremadura, Galicia, La Rioja, Navarra y Murcia— no las convocan desde 2002 y en otras seis no hay elecciones a cámaras agrarias desde 1978, en algunas de tanta importancia productiva agraria como Andalucía y la Comunidad Valenciana.

De hecho, en el modelo actual, las comunidades miden la representatividad en su territorio cuando lo estiman oportuno o así lo deciden, pero no existen los requisitos necesarios para medir la representatividad en el ámbito estatal. Así, el Estado no tiene conocimiento, hoy por hoy, de cuál es la representatividad de las organizaciones en el territorio nacional, y sin este conocimiento no se puede establecer una interlocución adecuada que garantice que el sector agrario tiene la participación y el poder de decisión que le corresponde. A falta de un criterio objetivo, lo que se ha hecho tradicionalmente es otorgar una representatividad a partes iguales entre las organizaciones de ámbito nacional, reclamando las propias organizaciones agrarias una medición de la representatividad, ajustada a la realidad.

Por todo ello, señorías, es necesario este proyecto de ley, que establece, por fin, un procedimiento de consulta directa y simultánea en todo el territorio nacional, basado en principios de transparencia y objetividad, con criterios comunes en toda España y garantía de convocatoria periódica cada cinco años por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La consulta se verificará mediante voto personal, directo y secreto.

Como principio básico del proyecto, quiero destacar la ampliación del censo de votantes a todos los profesionales de la agricultura. Se trata de reforzar la legitimidad del resultado, evitando exclusiones de la participación en la consulta. Además, se publicará el censo, que podrá subsanarse en su caso, para contar con las máximas garantías de imparcialidad y rigor.

Concluido el proceso, los resultados implicarán el reconocimiento de organización representativa a toda organización profesional que obtenga votos en el proceso, independientemente del número obtenido.

Las organizaciones más representativas serán las que obtengan al menos un 15% de los votos válidos emitidos en la consulta en todo el territorio español, en todo el Estado, y además, en seis comunidades autónomas al menos un 5% de los votos válidos emitidos en la consulta en cada una de ellas. Las OPA que obtengan la consideración de más representativas participarán en el Consejo Agrario, que sustituirá al Comité Asesor Agrario.

Las funciones del consejo serán: informar de los proyectos normativos en materia de agricultura y desarrollo rural; informar sobre las medidas de política agrícola común y estatal y sobre la evolución de la situación social y económica del sector agrario; formular recomendaciones para la adopción de medidas y efectuar sugerencias sobre políticas que puedan afectar a las condiciones socioeconómicas de los profesionales agrarios.

La ley garantiza la celebración de al menos una reunión ordinaria del pleno cada seis meses, además de tantas como sean necesarias con carácter extraordinario, para evitar que no suceda lo mismo que con el anterior Comité Asesor Agrario, que sus reuniones brillaron por su ausencia.

En relación con los siete vetos que se han presentado, quiero contestar inicialmente a cuestiones que han sido coincidentes en los diferentes vetos que se han presentado para no repetir las argumentaciones.




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El proyecto de ley crea un órgano consultivo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente exactamente igual que el actual pero constituido con la representatividad real de las organizaciones profesionales agrarias, medida en una consulta directa y simultánea en todo el territorio nacional, es decir, de ámbito nacional. No es el objetivo del proyecto regular las funciones de las organizaciones profesionales agrarias, ni regular el derecho de asociación sindical, por lo que no afecta en ningún caso a la libertad sindical. La consulta —quede claro— no es un proceso electoral porque no se eligen personas para ocupar puestos o cargos públicos con competencias para adoptar decisiones, sino una forma de medir la representatividad y, a partir de esta, determinar la composición de un órgano colegiado, destinado a la interlocución del sector agrario con el Magrama.

La aplicación de la LOREG, por tanto, no solo no es necesaria, sino que, incluso, me atrevería a decir que es desproporcionada con el objeto del proyecto.

El futuro consejo agrario no tiene facultades de negociación ni concertación, como tampoco el actual Comité Asesor Agrario, como no las ha tenido nunca ninguno de los órganos precedentes.

La aplicación de la LOREG procede en las elecciones a cámaras agrarias porque se trata de elegir a vocales que forman el órgano de gobierno de cada cámara. La representatividad de las OPA, basada en las elecciones a cámaras, es un método indirecto de medir la representatividad, mientras que el proyecto de ley contempla un método directo y por consulta pública.

Grupo Mixto. Quiero decir al señor Iglesias que, como no hay elecciones, indudablemente no existe campaña electoral, tampoco es necesaria la propaganda ni los gastos electorales, es una medida, en el momento en que vivimos, fundamentalmente de ahorro económico.

El censo pretende incluir a todos los agricultores, personas físicas o jurídicas que ejerzan la agricultura —con un criterio amplio—, admitiendo a los agricultores a tiempo parcial; se incluyen a todos los agricultores que puedan votar a cámaras agrarias, a los agricultores activos —de acuerdo con la normativa comunitaria— y a los que demuestren la obtención de una renta significativa procedente de la agricultura. Ampliar la base del censo no puede ser en ningún caso antidemocrático, yo diría que es todo lo contrario.

Senadora Capella, en relación con su veto, le diré que la representatividad de los agricultores medida a nivel estatal puede ser la suma de la representatividad en las comunidades autónomas. Para ello, las comunidades autónomas deberían utilizar el mismo sistema, sin embargo, solo dos comunidades autónomas convocan elecciones a cámaras y en el resto no existe ningún proceso electoral, ni directo ni indirecto. Para constituir un órgano representativo nacional no queda más remedio que convocarlo por el ministerio. A la convocatoria pueden acudir todas las organizaciones que aspiren a representar a los agricultores del Estado. Las organizaciones que deciden libremente restringir su ámbito de actuación al de una comunidad autónoma no pueden alegar que queden excluidas en una convocatoria nacional —además, como he dicho anteriormente, también cabe la posibilidad de que se coaliguen con otras y puedan participar en el proceso—. El porcentaje para que una OPA sea considerada más representativa —el 15%— es el mismo que en la actualidad, el que establece la Ley 10/2009, y ha sido tenido en cuenta a petición de la mayoría de las organizaciones profesionales agrarias.

En cuanto el número de comunidades agrarias en las que se debe alcanzar un 5% de representatividad es menor que el actual, es decir, de 9 hemos pasado a 6 cuando existen procesos electorales, o a 10, si no existen; por tanto, el número de comunidades autónomas donde se obtenga el 5% de los votos ha bajado de 9 a 6 —creo que en esto caso se ha flexibilizado la medida—.

No se puede acusar al proyecto de centralista y pedir a la vez bajar el número de comunidades autónomas en las que una OPA es representativa, entiendo que es una contradicción. La transitoriedad del Comité Asesor Agrario se reduce a seis meses desde que se verifique la consulta, teniendo en cuenta que el actual comité se encuentra legítimamente constituido y así es aceptado sin discusión; no se vulnera ningún principio y menos el de libertad sindical.

Veto de los senadores Guillot y Saura, defendido por el señor Boya. Le quiero decir que denominar electores a los votantes —también lo ha manifestado algún otro grupo político en el Senado— en el proyecto de ley no implica que se aplique la LOREG porque no existen personas físicas elegibles, se eligen organizaciones que reciben el respaldo del elector para representar los intereses generales de la agricultura. Las organizaciones elegidas no reciben un mandato de negociación ni concertación con los poderes públicos, porque ese no es el objetivo del órgano colegiado al que pertenecen.




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El futuro consejo agrario no tiene facultades de negociación ni concertación, como tampoco las tiene el actual Comité Asesor Agrario ni las han tenido nunca órganos precedentes.

En el actual órgano consultivo existe una representación paritaria entre los representantes de los agricultores y funcionarios del ministerio que puede dar la apariencia de negociación, pero no existe realmente porque es imposible en un órgano de esta naturaleza. Las OPA —las organizaciones profesionales agrarias—, como organizaciones empresariales que son, deben concertar con las organizaciones sindicales de trabajadores, no con la Administración.

Abrir la base del censo no puede tacharse de arbitrario ni de discrecional, abrir la participación es más democrático que cerrarla, y es adecuado a los fines y objetivos que se pretenden regular.

Quiero decirle al Grupo Parlamentario Entesa, a su portavoz, señor Boya, que muchas de las cuestiones que han planteado ya han sido contestadas, pero, no obstante, le indicaré la experiencia real de la aplicación de la Ley 10/2009 en relación con la acreditación de la representatividad, que pone de manifiesto que el actual sistema de representatividad no ha funcionado, por lo que proponemos como alternativa el nuevo sistema previsto en el proyecto de ley para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias.

Este proyecto no cuenta con el informe del Consejo de Estado ni con el del Consejo Económico y Social ya que su objeto no requiere de estos dictámenes. La actual Ley 10/2009 tampoco fue informada por el Consejo de Estado. No parece coherente acusar a este proyecto de centralista y a la vez pedir que se pueda bajar el número de comunidades autónomas en las que una organización profesional es representativa.

Tengo que decir en relación con el veto presentado por el Grupo Parlamentario Vasco, por su portavoz, el senador Cazalis, que el proyecto de ley no interfiere en las competencias de las comunidades autónomas, ni directa ni indirectamente. Las comunidades autónomas pueden convocar elecciones a cámaras agrarias en su ámbito de competencias y deducir indirectamente la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias, o convocar procesos electorales para medir directamente la representatividad, o reconocerla pura y simplemente. No afecta a las competencias de las comunidades autónomas que el ministerio consulte a los agricultores sobre sus preferencias a nivel nacional para determinar su nivel de representatividad en el ámbito nacional.

Señor Plana, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, quiero reiterarle que la consulta no es un proceso electoral, sino una forma de medir la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias. Por tanto, la LOREG no solo no es de aplicación sino que, como he dicho anteriormente, parece desproporcionada respecto del objeto del proyecto que estamos tratando. Y ese 15% para que una organización profesional se considere más representativa, como también he dicho, es el mismo porcentaje de la Ley de 2009, la anterior; es decir, no se modifica y se mantiene igual. En cambio, cuando hablamos del número de comunidades autónomas en las que se debe alcanzar un mínimo de un 5% de representatividad en procesos electorales, antes eran 9 y ahora van a ser 6.

Señor Rodríguez Esquerdo, del Grupo Parlamentario Socialista, el anteproyecto de ley fue sometido a consulta en sucesivas ocasiones a las organizaciones profesionales agrarias tanto en reuniones presenciales como por escrito. Se ha abierto ese proceso de diálogo, se han mantenido esas reuniones, donde se han atendido y escuchado sus pretensiones, tomando el Gobierno las decisiones oportunas en virtud del interés general del sector agrario. El motivo de regular la representatividad reside en que desde hace doce años no se verifica la implantación real de las organizaciones profesionales agrarias a nivel nacional. La Ley 10/2009 preveía dos formas de acreditar la representatividad. El reconocimiento en diez comunidades autónomas, y que debería ser secundario y ha terminado siendo el principal, es el menos satisfactorio porque no existen ni consultas ni elecciones. Actualmente no existe un procedimiento garantista, satisfactorio ni transparente; no se puede reconocer perpetuamente la representatividad demostrada hace doce años. El actual sistema de representatividad no funciona, y esperar otros cinco años no es la solución.

Este proyecto de ley no cuenta con informe del Consejo de Estado ni del Consejo Económico y Social porque no lo requiere, como tampoco la Ley 10/2009, que no fue sometida al informe del Consejo de Estado.




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Por las razones expuestas, señorías, votaremos en contra de todos y cada uno de los vetos presentados, y por esas mismas razones justificaremos y justificamos la necesidad y oportunidad de abordar por el Gobierno esta reforma legislativa con este proyecto de ley, que lo único que pretende es dar voz a los verdaderos protagonistas del campo español, que no son otros que los agricultores y los ganaderos, para que den a su vez la mayor legitimidad a las organizaciones profesionales agrarias, que son las garantes de la defensa de los legítimos intereses de todos los agricultores y ganaderos españoles. Y me permito decir, senadora Capella: Con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

Gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez.

Por el Grupo Parlamentario, Mixto tiene la palabra la senadora Mendizabal.

La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Gracias, señor presidente. Buenos días a todos.

Antes de nada, quisiera anunciar el voto a favor de Amaiur de los vetos presentados, porque no compartimos ni el fondo ni la forma de este proyecto de ley. De hecho, no entendemos para qué se ha hecho esta ley, porque contamos con una Ley de 2009, mediante la cual las comunidades que así lo han querido han podido convocar elecciones agrarias. Lamentablemente, es verdad, tenemos el caso de las tres provincias, que, aunque se ha pedido elecciones —porque es una reivindicación antigua ya de los baserritarras—, algunos no han querido realizarlas, pero eso ya responde a otras voluntades que no vienen al caso. Lo cierto es que en las once comunidades elecciones agrarias se han desarrollado con todas garantías y sin ningún problema.

A lo que vamos, si existe ya un instrumento válido para medir la representatividad sindical mediante la suma de los resultados de las comunidades autónomas —un instrumento asumido por unanimidad por las tres organizaciones mayoritarias—, ¿qué necesidad había de este proyecto de ley? Grave nos parece el hecho de que se hable de una supuesta consulta, como si fuera algo menor, cuando en realidad son unas elecciones en toda regla pero sin las más mínimas garantías democráticas. Grave nos parece también esta nueva intromisión en las competencias de Euskal Herria como forma de instaurar un sistema absolutamente centralizado y uniforme, intromisión absolutamente ilegal y un ataque directo a nuestra soberanía.

El título de esta ley habla de representatividad, o sea, del derecho a estar debidamente representado, pero luego, en su desarrollo, se salta la Ley electoral general, el derecho a la libertad sindical. Hablan de representatividad y luego pretenden debilitar todo lo posible la opción sindical que no es de su agrado. A la hora de componer el censo, incorporan criterios totalmente arbitrarios, incluso distorsionadores y discriminatorios, que no tienen nada que ver con la definición de agricultor o agricultora en activo —definición aprobada por la conferencia sectorial hace unos pocos meses—.

En definitiva, ni representatividad ni democracia, porque esta ley no garantiza en absoluto que sean los profesionales en activo quienes voten y pone trabas claras al voto. Así, mediante este pucherazo, ustedes pueden constituir a su medida un consejo consultivo, meramente informativo, del que quedarían excluidas las funciones de negociación y concertación con los representantes del sector agrario.

Asimismo, supone un paso atrás en cuanto al objetivo de la interlocución, porque actualmente el Comité Asesor Agrario posibilita ese diálogo y la negociación y el nuevo consejo que se plantea viene casi vacío de funciones ya que solamente ha de ser informado, solamente ha de emitir informes, la presencia institucional es limitada y sus acuerdos no son vinculantes. Entonces, ¿realmente para qué serviría esta ley?

Señorías del PP, esta representatividad no nos vale y por eso termino diciéndoles que respeten el derecho a la libertad sindical, que respeten nuestra soberanía y que retiren este proyecto, porque el campo y quienes allí trabajan se lo agradecerán.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mendizabal.

Tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Intervendré desde el escaño.




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Agradezco la intervención del representante, portavoz del Grupo Popular porque demuestra una vez más que aquí los grupos parlamentarios de la oposición vamos en la buena línea o circulamos por el carril que corresponde y no vamos circulando en dirección contraria, como ellos, por la autopista.

Ustedes están diciendo y justificando, erre que erre, que no estamos ante un proceso electoral porque no se elige a personas de una lista, pero es evidente que a lo largo del proyecto de ley y en la intervención que ha hecho el representante, portavoz del Grupo Popular se habla de electores, de elecciones, claro, que lo disfrazan con la consulta. Ya nos va bien que hablen ustedes de consulta porque, en definitiva, están acabando por darnos la razón a los grupos y a los partidos políticos que en Cataluña defendemos el derecho a decidir y a expresarnos a través de una consulta, que, efectivamente, no deja de ser consultiva. Pero también es verdad que, sea el resultado que sea, el Gobierno, en este caso del Partido Popular, no puede hacer como que el resultado no existe.

Como decía, en el proyecto de ley hablan continuamente de electores y elecciones, e insisto. ¿Qué quiere decir esto? Que se están refiriendo a un sistema electoral. No es otra cosa que el conjunto de principios, normas, reglas, procedimiento técnicos enlazados entre sí y legalmente establecidos, por medio de los cuales los electores —los electores, los electores— expresan su voluntad política en votos, que a su vez se convierten muchas veces en escaños y otras en representación pública a través de las organizaciones o instituciones que definen las diferentes leyes. En definitiva, estamos hablando de un sistema electoral, que ustedes eluden someterlo a la LOREG porque eso significaría que debe seguir unos requisitos determinados —a los que se ha referido tanto el portavoz del Grupo Socialista como la portavoz de Amaiur— y están legalizando un pucherazo. Insisto, de nuevo ustedes van en dirección contraria, porque, ¡qué casualidad!, la mayoría de partidos políticos, representados a través de los grupos parlamentarios —por no decir todos los grupos parlamentarios— han presentado veto a la ley. Y tienen ustedes a la mayoría de organizaciones agrarias en contra. En definitiva, como decía en mi primera intervención al defender el veto: para el pueblo, pero sin el pueblo.

También quiero decir al portavoz del Grupo Popular que se lea las enmiendas presentadas por esta senadora, que le contestan a cada una de las cuestiones que me ha planteado en relación con la representatividad y la exclusión —obviamente, buscada y perseguida— de las asociaciones —en este caso, de ámbito autonómico—, porque a ustedes —como ya les he dicho en más de una ocasión— les molestamos profundamente. De nuevo, esta ley es centralizadora, no entiende ni la diversidad ni la diferencia, por eso, ustedes la presentan como la presentan.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Yo lo que le agradezco al portavoz popular es su claridad. Nos dejó de forma prístina las motivaciones, los objetivos que se buscan con este proyecto de ley y que, efectivamente, son motivaciones y objetivos que excluyen el carácter electoral, porque no se trata de configurar un órgano democrático con capacidad de decisión, ni con capacidad de negociación, ni como ámbito en el que se busque el consenso y el acuerdo, sino de buscar, de configurar un auditorio para las políticas que el Gobierno quiera trasladar en materia agraria. Se concede exclusivamente a quienes surjan del proceso de consulta que regula la ley la condición de oyentes de la Administración Central del Estado en materia agraria. Y para eso, efectivamente, no es necesaria una consulta democrática, no es necesario un proceso electoral. Se trata de configurar un órgano consultivo en el que se escuche —sin ninguna garantía de que lo que se oiga vaya a condicionar, a determinar o a inspirar tan siquiera la política agraria del Gobierno— a las organizaciones agrarias, a las que se va a reconocer una representatividad para ser oyentes, una representatividad para opinar, pero no una representatividad para ser copartícipes en la definición de la política agraria en nuestro país. En este sentido es de agradecer que el portavoz del Grupo Popular nos diga que, efectivamente, ni hay elecciones, ni hay un consejo de participación, mucho menos de decisión, sino que un órgano estrictamente consultivo. Y comprenderá el portavoz del Grupo Popular que quienes hemos presentado estos vetos —que habíamos llegado a la misma conclusión




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con la lectura del proyecto que usted nos acaba de expresar de forma tan transparente— hayamos formulado primero el veto y después las enmiendas para cambiar eso: porque eso no nos gusta, porque no queremos un órgano consultivo mero oyente de la Administración. Queremos un órgano de participación, fruto de la representatividad obtenida legítimamente en un proceso electoral con todas las garantías. Por lo tanto, representatividad avalada por aquellos a los que se aspira a representar, con el mecanismo de unas elecciones que tengan como norma subsidiaria el régimen electoral general, algo que ustedes, por supuesto, también rechazan.

Decía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular que ampliar la base del censo es más democrático. Yo no comparto esa visión. No es más democrático si resulta que esa ampliación del censo electoral adultera precisamente el proceso de consulta en el que se pretende medir la representatividad. Si en ese proceso de consulta van a participar como electores —ese término sí lo utiliza el proyecto— personas cuyos intereses fundamentales no son los agropecuarios o los forestales, la representatividad que se derive de ese proceso no será la representatividad de los intereses del sector agrario en nuestro país, sino que tendrá otros contenidos. Luego incluso se devalúa esa escasa función de carácter consultivo, ese carácter de oyente y de parlante que ustedes quieren dar al consejo, porque quienes van a oír y quienes van a poder opinar, fruto de esa consulta, van a tener una composición ajena a la propia del sector que se pretende representar —según el enunciado del proyecto— en la configuración de ese consejo consultivo.

Por todo ello, me ratifico en las motivaciones del veto y les anuncio que en el turno de defensa de las enmiendas plantearemos las alternativas para un modelo diferente al que ustedes defienden y que el Gobierno delimitó en el proyecto de ley que estamos debatiendo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on.

Señorías, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular nos ha dicho que no se trata de un proceso electoral. Por lo tanto, no hay por qué aplicar la LOREG. Los consejos agrarios no forman parte de la Administración, por lo que no entendemos cuál es la justificación para aplicar el artículo 149.1.18, que habla precisamente de la Administración. Lo hemos planteado antes y ahora todavía nos queda más claro.

También se dice que las consultas no afectan a la representatividad. Muchos periodistas se preguntan —como leí en un blog el otro día— que si es solo para consultas, por qué se cambia la actual representatividad de los consejos agrarios. Si es para consultas, no hay ningún problema, porque consultar se puede hacer de muchas maneras y no necesariamente cambiando la norma que ya existe.

La Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de política agraria y alimentaria del País Vasco es la norma apropiada y aprobada por el Parlamento vasco precisamente para dotar a las instituciones comunes y a los órganos forales y a sus territorios históricos de instrumentos jurídico-normativos y de planificación, tendentes a configurar y desarrollar políticas electorales propias. Con este objetivo, y en el ejercicio de su competencia exclusiva, el País Vasco ha venido dotándose de documentos estratégicos, con el fin de planificar y ordenar en este caso la actividad agropecuaria. Dentro de esta ley, y como no podía ser de otra manera, en los títulos VII y VIII se recoge todo lo referente a la representatividad y a la organización asociativa y administrativa agraria de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con el objeto de clarificar el marco institucional de referencia para los agentes sectoriales y promover la constitución y el mantenimiento de las asociaciones relacionadas con el sector agrario y alimentario en todas sus fases —producción, transformación, envasado y comercialización—, con el fin último de definir la política agraria y alimentaria vascas, que es para lo que sirven los consejos, aunque en el caso que nos ocupa tenemos dudas. Lógicamente, en esta norma se definen las organizaciones profesionales agrarias y, cómo no, qué criterios deben considerarse para que estas organizaciones puedan ser consideradas más representativas, algo que no es fácil, es más, es muy difícil; creemos que es muy complicado. También se definen cuáles son las asociaciones de productores y las asociaciones de industrias agrarias y alimentarias de Euskadi. En base a todo esto se define el Consejo Agrario y Alimentario de Euskadi, cuyo objetivo es la audiencia, coordinación, consulta, asesoramiento técnico de las




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administraciones agrarias vascas con los agentes sectoriales para el diseño de políticas agrarias y alimentarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco; un consejo compuesto por la administración autonómica, las diputaciones forales de los tres territorios, la Asociación de Municipios Vascos (Eudel), las organizaciones profesionales más representativas, las asociaciones de productores, las asociaciones de industrias agrarias y alimentarias, la confederación de forestalistas, las cooperativas agrarias y una representación de las entidades reconocidas para el asesoramiento a las explotaciones agrarias.

Por lo tanto, eso que esta ley quiere crear para la Administración del Estado, que no tiene competencias en agricultura, lo tenemos diseñado en el País Vasco para la administración realmente competente en la materia. Y no solo se crea este consejo, además disponemos de los consejos de razas de animales autóctonas, del consejo de control lechero, del consejo consultivo de desarrollo rural, del consejo de agricultura y alimentación ecológica, del consejo de innovación agraria y alimentaria, del consejo de investigación agraria o de la mesa interinstitucional de trabajo temporero.

Evidentemente, el sector agropecuario vasco podría estar mejor —como todos—, y podía haberse desarrollado, como debía haber sido, el Consejo Agrario y Alimentario vasco, por supuesto —la ley es de 2008 y estamos en 2014—, pero probablemente no todos los gobiernos han tenido la misma sensibilidad. Pero, aun así, visto lo visto, el sector agropecuario vasco no está huérfano, no necesita del Estado central para haber defendido sus intereses. Lo que sí necesita, lo que necesita el sector agrario vasco es que el Estado cumpla con lo recogido en las leyes, incluyendo principalmente el Estatuto de Gernika, y que, además, empiece a considerar que el sector agrario del Estado no se circunscribe a las explotaciones agrarias más extensivas. Que considere que hay otros mundos, además de las grandes huertas mediterráneas, el aceite o la gran producción de cereales, y que existe un mundo agrícola activo y con productos de alta y altísima calidad al norte del Ebro. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Pues bien, no somos solo nosotros los que creemos que esto no aporta nada. Señorías, la enmienda del propio Grupo Parlamentario Popular a la disposición adicional quinta, por la que se pospone la convocatoria de la primera consulta hasta 18 meses después de la entrada en vigor del reglamento de desarrollo de la presente ley, aplaza la consulta —me atrevo a decir— sine die, porque nos quedan 17 meses para que concluya esta legislatura y en este tiempo no sale ni el reglamento. Si a eso le sumamos dieciocho meses más... Esto es un brindis al sol: se hace la ley —como ha señalado algún otro portavoz y como dicen los periodistas expertos en temas agrarios—, se crea el charco Cañete, en el que la ministra actual no se quiere meter. Esperemos, sinceramente, que así sea. A nosotros, si no se cumple o si no se desarrolla la ley, no nos va a importar, pero nos parece un ejercicio inútil estar aquí discutiendo y haciendo esto —como bien han señalado todos los portavoces— en contra de todo el mundo, para que luego simplemente no se pueda aplicar, y cuando llegue la hora de su puesta en funcionamiento, se haya modificado.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador señor Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.

Señorías, voy a empezar donde ha terminado el senador Cazalis. Ciertamente, es muy probable que este debate acabe tal y como él ha descrito. Por lo tanto, hay que intentar aprovechar el tiempo. Deberíamos llevar el debate al terreno de preguntarnos cuál es el objeto del consejo asesor y del Consejo Agrario, pero, sobre todo, cuáles son los debates de nuestra agricultura en este momento. Ese es el gran debate. En definitiva, el Consejo Agrario será el ámbito en el que abordaremos cuestiones fundamentales.

Yo creo que precisamente en este momento el debate agrario en nuestro país necesita imperiosamente una nueva mirada; debemos abordarlo desde planteamientos que estrictamente vayan más allá de una cierta tendencia —lo digo con toda modestia— que suele practicar su grupo. Es decir, no podemos cuantificar todo estrictamente en términos económicos. La agricultura y la ganadería tienen unos componentes y unos valores absolutamente fundamentales para nuestro país. La seguridad alimentaria, la calidad de nuestra comida y de nuestra salud, cómo gestionamos nuestro mundo rural y el conjunto del territorio son planteamientos que deben centrar este debate.




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Hay que plantearse de qué forma presentamos en este momento el debate agrícola en el imaginario social de nuestro país y de qué forma lo estamos abordando los órganos políticos. En este sentido, si hacemos una comparativa con países como Francia u otros países próximos de la Unión Europea, vemos que no estamos a la altura, no estamos a la altura. No tengo tiempo pero creo que es interesante ver qué sucede con los datos del Eurobarómetro. Si analizamos la opinión de los españoles respecto de la agricultura, entenderemos que tenemos que buscar complicidades en la sociedad para que el sector agrícola reciba el apoyo de los consumidores, que son conscientes del valor que tiene la agricultura en sí misma. Es necesaria una nueva mirada, que la sociedad entienda la importancia del sector agrícola, que necesita de este respaldo social.

Y, efectivamente, el debate de las organizaciones agrarias con el Gobierno es absolutamente imprescindible. Fíjense, hay un dato que todavía pone más de relieve lo que estoy diciendo. Véanse ustedes los debates sobre el estado de la nación y los debates de investidura de este país y comprobarán la escasa presencia del debate agrícola en este momento trascendente de nuestro ordenamiento político. Creo que en el planteamiento de esta ley se debería abordar también esta cuestión de fondo, que no es una cuestión menor: cómo abordamos el debate agrícola, el debate del mundo rural en nuestro país. Pero más allá del debate sobre esta ley, les propongo que en esta Cámara —en el Parlamento catalán lo hicimos hace unos años— nos planteemos hacer una reflexión conjunta entre todos los grupos, una reflexión seria sobre el futuro de nuestra agricultura. Ya sé que en esta Cámara no es posible desarrollar un Pleno extraordinario y monográfico sobre la agricultura, no es costumbre de esta Cámara, pero creo que sí necesitamos una ponencia explícita en la que se aborde el futuro de nuestra agricultura. No lo tenemos nada fácil y los agricultores y los representantes de las OPA lo saben, no lo tienen nada fácil.

Hay toda una serie —y los voy a enumerar de forma rápida— de debates que requieren de una reflexión conjunta y del establecimiento de unas bases como país, como Estado capaz de afrontar estos debates desde un cierto marco de acuerdo. Lo cierto es que el debate de esta ley discurre en sentido contrario a eso, así que les pido una reflexión al respecto. Creo que todos debemos reflexionar sobre esta cuestión para encontrar un marco común que dé solución a los problemas de nuestra agricultura, que son muchos. Ustedes deberían decirnos si van a subir o no el IVA de los alimentos. Debemos saber si tendremos un marco para la energía que dé salida a los problemas del riego, que en estos años ha sufrido un aumento del 120%, lo que ha hecho insostenible el mantenimiento de muchas explotaciones. Cómo vamos resolver los problemas de competitividad, el problema del precio; como saben ustedes, la Ley de la cadena alimentaria no ha resuelto los abusos que existían en los mercados y seguimos sin garantizar los costes de la producción. Cómo vamos a incentivar la investigación; y ayer tuvimos un debate sobre los temas de apicultura y los problemas de este sector. Cómo vamos a resolver la pérdida del 23% de la renta agraria acumulada en este país en los últimos diez años. Cómo va a afectar a nuestra agricultura el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Cómo garantizamos que vivir en el campo no es asumir un coste desde el punto de vista de la calidad de los servicios públicos, que están sufriendo en este momento un deterioro muy notable. Cómo generamos empleo en el campo para que no siga la despoblación del mundo rural, tan acuciante en este momento. Cómo resolvemos los problemas de la agricultura de montaña; no lo va a decir nadie, pero lo tengo que decir yo porque soy de un territorio de montaña y la agricultura prácticamente ha desaparecido o está desapareciendo. Cómo resolvemos las posiciones de dominio. Todos estos son problemas acuciantes que tenemos sobre la mesa, que el Consejo Agrario debería asumir de una forma clara en un debate limpio, transparente, respecto del que los grupos políticos deberíamos tener la absoluta responsabilidad y ser conscientes de la trascendencia del momento para nuestra agricultura y todo nuestro mundo rural, que vive un momento especialmente difícil y complicado. La crisis lo es para todos y está resultando muy dura, pero es mucho más dura todavía en muchas zonas del mundo rural donde a la gente no le queda otro remedio que marcharse. Por eso, insisto en los problemas de la despoblación y todos aquellos que tienen que ver con su sostenibilidad.

Acabo, señor presidente. Lo evidente es que esta ley, más allá de las formas, que creo que ya ha quedado más que acreditado que no responden a ningún parámetro democrático ni a ninguna lógica que quiera responder a esta transparencia del proceso para gestionar la representatividad, mucho me temo que lo que pretende además es convertirse en una amplia cortina de humo sobre todos estos debates, es decir, pretende evitar todos estos debates que, en definitiva, son los




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debates esenciales del mundo agrícola. Y, señorías, creo que los hombres y mujeres del campo están cansados de debates de salón; están cansados de debates que no sirven absolutamente para nada, que no aportan ninguna solución y que lo único que realmente pretenden es que exista una cierta sumisión al poder establecido, que mira los problemas desde una perspectiva de élite que tiene poco que ver con la realidad del campo, con la realidad de esos hombres y mujeres que luchan por su futuro de sol a sol.

Este era también el reto de esta ley, el de lanzar un mensaje claro, decir que en este país estamos dispuestos a abordar un debate trascendente sobre un sector estratégico como la agricultura, y hacerlo de cara, con transparencia, con claridad y, sobre todo, para dar esperanza a este sector, a este mundo de hombres y mujeres que luchan en unas condiciones muy difíciles. Creo que ustedes han perdido una magnífica oportunidad para hacerlo, que esta oportunidad la va a perder el país y posiblemente —tal vez esa sea la suerte— debamos repetir el empeño; salir del burladero y repetir el empeño. Pero lo cierto es que, como decía hace un momento el senador Cazalis, mucho nos tememos que esta ley no tendrá ningún efecto porque no saldrá adelante. ¡Ojalá fuera así! De todas maneras —insisto—, les emplazo seriamente a que tengamos un debate riguroso sobre los problemas del campo y no lo malbaratemos con debates de salón.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Boya.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Muchas gracias, señor presidente.

Si me permiten una mínima salvedad respecto a lo que ha afirmado el senador que me ha precedido en el uso de la palabra, el senador Boya, el portavoz de mi grupo en el Congreso en el debate de investidura y en los diferentes debates del estado de la nación siempre hace una mención a la cuestión agraria, porque mi grupo tiene el convencimiento y además la certeza de la voluntad estratégica y el elemento motivador que tiene en sí la propia agricultura y el sector agroindustrial. Por lo tanto, estoy en casi todo de acuerdo respecto a la afirmación que ha hecho el senador Boya cuando decía que el debate agrario tiene muy poca presencia en los debates de mayor amplitud. Pero en este caso sí que nos podemos atribuir que el portavoz de Convergència i Unió en el Congreso siempre hace una mención al sector agroindustrial, supongo que también por sus orígenes y porque somos gente implicada con el territorio y con el desarrollo y la vertebración existente.

Senador Martínez, hay un aforismo inglés que dice learning by doing, es decir, que se tiene que aprender a base de hacer. En este sentido, quizá lleguemos a un punto en que promulguemos leyes que tengan una vigencia real, pero que me dé argumentos en el sentido de que se ha mejorado lo que había anteriormente sin tener en cuenta las mejoras que estamos aportando los diferentes grupos a través de las enmiendas, es convencerse o mirarse al ombligo, cuando deberían mirarse menos al ombligo y demostrar mayor amplitud de miras, que es más necesaria para el sector porque, entre otros elementos, lo que aquí estamos regulando es la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias. Así, estarán de acuerdo conmigo en que dentro del eslabón de la cadena agroalimentaria la parte más débil es la de los productores, la de los agricultores y la de los ganaderos. Esto se ha dicho por activa y por pasiva y no es una cuestión única y exclusiva de un partido político, sino que todos los partidos políticos estamos de acuerdo en ello.

Siempre se ha hablado de ganar cierta masa para poder negociar, para disponer de unas condiciones más ventajosas, y una forma de articulación y de dar esta fortaleza a la parte más débil del eslabón es proporcionar instrumentos de representatividad. Vuelvo a repetirle con total certeza que sí es necesario disponer de elementos mucho más ajustados a la realidad de las diferentes organizaciones profesionales agrarias. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).

No puede ser que en algo en lo que todos estamos de acuerdo, a posteriori, mediante este proyecto de ley, todas las fuerzas políticas y la mayor parte de las organizaciones profesionales agrarias coincidan en que no se está realizando de la forma más correcta posible, y esto debería llevarles a una reflexión en profundidad porque, como bien han dicho los senadores que me han precedido, necesitamos dar respuestas, necesitamos dar un altavoz con capacidad de concertación de políticas a las organizaciones profesionales agrarias.




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Ustedes dirán que el comité no se había convocado y, si quieren, entrarán en el debate sobre que el anterior Gobierno no realizó lo que ustedes están llevando a cabo y que incluso han incrementado el nivel de renta de los agricultores automáticamente, en el momento en que llegaron al Gobierno, pero para la creación de un consejo agrario lo más útil posible es necesario, primero, saber claramente cuál es la representatividad, con unas reglas de juego muy bien establecidas ―y de ahí todas las enmiendas presentadas― y, segundo, que esta representatividad ―y no quiero volver a incidir en el respeto al ámbito competencial de las diferentes comunidades autónomas y a la representatividad territorial de las distintas organizaciones profesionales agrarias― tenga la capacidad de incidir en las políticas agrarias y ganaderas de este Gobierno, porque si no es así, vuelvo a repetir —y se lo dije también en la primera comparecencia de la actual ministra—, tendremos la sensación de que el Ministerio de Agricultura, a pesar de la aportación de todo este sector y, sobre todo, de las organizaciones profesionales agrarias que representan a los productores, a la parte más débil y más sensible de este eslabón, es el patito feo de este Gobierno, porque ha habido una reducción presupuestaria. Aunque ustedes me argumenten que el presupuesto consolidado se ha incrementado, las aportaciones de este Gobierno a los gastos del Ministerio de Agricultura se han ido reduciendo de una forma drástica, y esto es lo que no se puede permitir, entre otras cosas. Y no se puede permitir que no haya una representación adecuada de estas diferentes organizaciones profesionales agrarias.

Senador Martínez, volviendo al articulado propiamente dicho de esta ley, usted habla de que este proyecto de ley aportará transparencia y objetividad en la representatividad de las diferentes organizaciones profesionales agrarias. Yo añado otro concepto: Y también centralización. Esta es nuestra visión, y es un concepto que casi todos los grupos políticos tenemos interiorizado por los requisitos establecidos a la hora de obtener esta responsabilidad. Además, usted también ha dicho que pretende dar voz a los agricultores y ganaderos españoles, pues estos, al fin y al cabo, son las personas que van a poder ejercer este voto; por lo tanto, estamos dentro de un proceso electoral. Por consiguiente, la evocación que ustedes están realizando, que no nos encontramos en un proceso electoral y que no se tiene que observar la LOREG, decae por sí misma, porque se está pidiendo la opinión mediante el voto de los agricultores y ganaderos del Estado español, no una consulta, sino un proceso electoral. Evidentemente, la mayoría de nuestras enmiendas van en esta línea. Además, se puede dar el contrasentido de que coincidan procesos electorales en organizaciones profesionales agrarias o la representatividad de las mismas en diferentes territorios donde el censo electoral no coincida, y en uno está regularizado el proceso electoral y en el otro no. Vamos a ver: ¿se puede dar la existencia de dos urnas con diferentes censos y con diferente regulación a la hora de establecer este proceso electoral? Se puede dar; se puede dar si ustedes no hacen una mejora ostensible en lo que se representa y en lo que se refiere a este proceso electoral. Por lo tanto, intentemos ser lo más racionales posible; intentemos aportar la máxima claridad posible al proceso; intentemos concertar y consensuar las políticas con las organizaciones profesionales agrarias una vez se haya hecho un proceso electoral adecuado, adaptado y que se ciña a la legalidad.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, el senador Rodríguez Esquero tiene la palabra.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, después de oír a todos los grupos de la Cámara llama la atención que todos somos contrarios al proyecto de ley. Después de oírles a ustedes, como siempre, todos estamos confundidos. Pues no, creo que ustedes han hecho un trabajo que no gusta absolutamente a nadie, pero ustedes, con su absoluta mayoría, siguen adelante. Siguen adelante con una ley discutible desde el punto de vista de las garantías democráticas, con unos objetivos e intereses que están más o menos ocultos o encubiertos para anular una buena Ley, la de 2009, que, por otra parte, se va a anular con una ley que no se va a aplicar en el tiempo; por lo tanto, no nos hagan perder el nuestro, sobre todo cuando lo van a hacer a través de una operación estética que solo persigue acabar con la representación de las organizaciones profesionales agrarias. Si ustedes pretenden un proceso electoral en el campo, regúlenlo. Si quieren una encuesta, háganla, pero unas elecciones que van a determinar una representatividad no se pueden fundamentar en una




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consulta que no deja de ser otra cosa que una opinión; una opinión para buscar alguna información, para buscar algún consejo, pero nunca una consulta puede tener un carácter electoral y deliberante. Por tanto, no mientan aquí y no les mientan a ellos.

Señorías, desde 2012 ustedes ya querían finiquitar esta ley y sólo por los compromisos que adquirió el exministro Cañete, que vaya usted a saber a qué servidumbres se habrá obligado. Si ustedes como partido del Gobierno, si el Gobierno se hubiera planteado modificar la ley, aunque no lo hubiera pedido nadie, pero con la intención de perfeccionarla y dotarla de mayor participación y legitimación, hasta pudiera entenderse su actitud. Pero no, ustedes vienen a revolucionar una situación que estaba tranquila. Ustedes, señorías, conociéndoles, no lo hacen porque sí. Ustedes no dan puntada sin hilo. Está claro que su proyecto va a beneficiar a alguien y a perjudicar a otros de manera pensada y deliberada. Es cierto que eso no lo han pensado los responsables del ministerio, a los que tampoco les gusta el proyecto, pero sí el exministro que quería dejar su impronta con una gracieta más, como digo, muy muy premeditada.

Señorías, cambian las garantías electorales por una consulta sí o sí, tendrán que reconocerlo. Modifican una regulación sin ser necesaria. No trabajan para lo que de verdad les importa a los agricultores y a los ganaderos del mundo rural. Miren que el ministro podía haber hecho mejor las cosas, pues nada, antes de irse, rápidamente nos deja esta norma de importante trascendencia; una norma que, como se ha dicho, no garantiza la seguridad jurídica electoral. ¿Y por qué y para qué? Si esta es la forma que tienen ustedes de entender su democracia y la fórmula electoral que ustedes han explicado, consulta en vez de elecciones —algún senador lo decía antes—, se saltan la ley contra la gran mayoría del sector. Centralizan la norma, lo hacen sin ningún tipo de legitimación que les pudiera dar unas elecciones limpias y transparentes. ¿Tienen miedo a algo? ¿Tienen miedo a que el mundo rural de verdad actúe? Señorías, la chufla del ministro como chufla puede valer, pero ustedes no le sigan la fiesta. Llamar a la agricultura a una consulta es una carnavalada más. Y después de ver el papelón que ha tenido que hacer en esta tribuna, de verdad tiene que tener un agobio importante.

Pero es que a ustedes todo esto les da lo mismo. ¿Sustituyen de un plumazo, como a ustedes les gusta, el método de determinar las OPA más representativas? No les importa nada. ¿Generan una conflictividad jurídica ante las distintas administraciones territoriales? No les importa nada. ¿Se enfrentan a las comunidades autónomas evidenciando su talante centralizador? Tampoco les importa nada. ¿Se burlan de la legislación electoral con un salto en el trapecio que usted hace y la reemplazan por un procedimiento administrativo común? No les importa nada. ¿Manipulan el censo electoral para que voten todos, aunque su relación con el campo sea cuando van a comprar al súper o cuando reciben cuantiosas subvenciones por tener más tierras? No les importa nada. ¿No ofrecen ningún tipo de garantía democrática de participación? Tampoco les importa. Señorías, esto es un pucherazo, es un manejo y una maniobra que no viene incluida en su maravillosa marca España. Y no es digno para unas personas que trabajan de sol a sol, que dejan su vida en el campo, ver cómo sus representantes políticos nos traen este proyecto de ley.

Impulsan una ley para favorecer a los que ven la agricultura a muchos kilómetros del maíz. Señorías, dejen las cosas como están y dedíquense —y lo decía antes el senador de la Entesa— a la política agraria de verdad, a transformar los créditos agrícolas, a estimular la agricultura moderna, a que se invierta y se mecanice correctamente en el campo, a buscar beneficios para el sector, a apoyar la inserción laboral en el campo, el desarrollo sostenible, a favorecer las explotaciones ecológicas y de proximidad. Mejoren las ayudas directas por hectárea y el equilibrio entre agricultores y regiones. Avalen lo que ya en Europa se está denominando la social farming para facilitar el mantenimiento de la actividad agrícola. Miren a Europa ahora que está allí el superior intelectual exministro, y déjense de consultas, que esto es de verdad lo que les interesa a los agricultores y no una oscura trama preconstitucional.

Ustedes volverán a aplicar su mayoría y así llevarán a cabo de nuevo este desafuero, limitarán las posibilidades de las OPA que no son críticas con sus políticas y, a la par, darán una oportunidad vital a sus correligionarios políticos y sindicales del mundo rural. Lo decía antes, amplían el censo para que los verdaderos profesionales no puedan votar, pero los amigos del señor Cañete sí lo puedan hacer. Reducen las mesas electorales y limitan el número de votantes por mesa para que voten los amigos del señor Cañete. No garantizan el voto físico o por correo legalmente para que voten los amigos del señor Cañete. Y ustedes hoy aquí, como buenos amigos del señor Cañete,




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también van a votar, lógicamente, dejando una patata caliente a la actual ministra porque después de tanta farsa, señorías, el mundo rural continúa, y con su voto hoy van a cambiar una ley que era respetuosa con las comunidades autónomas, consensuada con las organizaciones agrarias y, sobre todo, era democrática, por un texto que no deja de ser más que una cortina de humo de su lamentable política agraria, que pone en camino de desaparición a las OPA que no son sus palmeros para tener interlocutores en el sector agrario que tan solo sean oyentes y sufridores de sus políticas.

Si la agricultura es un sector en riesgo, ustedes hoy lo agravarán. Y el campo no es una tienda que se pueda cerrar cuando las cosas van mal. La imagen que a ustedes les gusta del agricultor y el ganadero analfabeto, esa ya no existe en el campo español. En el campo, aunque a ustedes no les guste, tienen formación, buenas prácticas, control de riesgos, nuevas tecnologías e innovación. Y eso ustedes no lo quieren ni ver, porque priman a los agricultores de sofá que son los que para ustedes representan el campo. Al contrario, defiendan los intereses de los agricultores y no al revés; no hagan que la agricultura sea una isla dentro de la economía española y no cometan más errores intencionados. Y si quieren abrir un proceso electoral, háganlo con todas las garantías y no para conocer las preferencias del sector, como dijo el señor Cañete el pasado 13 de marzo, y así obtener unos datos fiables.

La señora García Tejerina ahora tiene una gran oportunidad. Si es cierto, como dijo en esta Cámara, que está dispuesta a abordar políticas de calidad, de productividad y de eficacia, que lo haga, que ponga todo su empeño en ello, que guarde en un cajón este luctuoso proyecto y que dialogue con las organizaciones agrarias, que todos ellos quieren que el campo funcione —estoy seguro—, y que cada organización además puede aportar y enriquecer la política agraria de su Gobierno, pero siempre desde el diálogo y el consenso, sin tratos de favor, sin normativas que son un fiasco antidemocrático y excluyente.

El Grupo Socialista, como no puede ser de otra manera, votará a favor de todos los vetos presentados porque eso, sin lugar a dudas, es votar a favor del campo, de sus organizaciones agrarias y de los trabajadores agrícolas de verdad, y si no votamos a favor de estos vetos, como lo van a hacer ustedes, es porque ustedes defienden a sus trabajadores agrícolas, como la familia Mora-Figueroa Domecq o la duquesa del Infantado o la duquesa de Alba o la Compañía de Jesús… (Rumores.—Protestas), porque esos para ustedes son los verdaderos representantes del campo. Aquellos no.

Muchas gracias. (Aplausos.—Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías, guarden silencio.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Martínez.

El señor MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, hemos hecho alusiones constantemente a la Ley 10/2009 como una buena ley y una ley de consenso —lo acaba de hacer ahora el señor Rodríguez Esquerdo, aunque sinceramente creo que se ha extralimitado en sus manifestaciones y en su concepción en relación con las personas que viven y trabajan el campo, que es para lo que estamos aquí, para defender fundamentalmente sus intereses—.

Yo me voy a remontar al Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados cuando se debatió esta ley y cuando la señora Tarruella, del Grupo Parlamentario Catalán, decía: El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado esta enmienda a la totalidad del proyecto de ley de creación de los órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones agrarias porque consideramos que el proyecto adolece de un gran número de defectos, tanto formales como de fondo. A su vez, el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco, decía: Ya anunciamos que vamos a apoyar la enmienda a la totalidad porque consideramos que esta ley es una ley con trampa. El señor Llorens Torres, del Grupo Parlamentario Popular, decía: Señorías, el proyecto del Gobierno, además, no nos gusta, pero no podemos apoyar las enmiendas a la totalidad de devolución que se han presentado hoy porque si hemos tardado más de cuatro años y rechazamos el proyecto de ley ahora que lo trae el Gobierno, a saber cuándo lo volveremos a ver. También en el debate en el Senado, el senador del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, señor Roig i Grau, decía: Este es un pésimo proyecto de ley, que llega tarde y mal y que se tramita con una precipitación




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extraordinaria para lo que es el ritmo de tramitación en esta Cámara. Y el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor Pérez Lapazarán, decía: Ustedes han afirmado que ha habido diálogo con el Partido Popular, pero yo no he mantenido ninguna reunión con ustedes ni con el ministerio, prácticamente con nadie de su grupo parlamentario para negociar el texto o las enmiendas de esta ley. Este proyecto de ley no es serio, no soluciona los problemas de representatividad dentro del Estado español y las elecciones son antiguas y pasadas.

Pues bien, les diré que, a pesar de todo esto, a pesar de esa buena ley que ustedes argumentan y de ese consenso que dicen que se produjo —que no es tal consenso—, el Partido Popular eligió el camino de la responsabilidad y dio su apoyó a esta ley, pero lo hizo por responsabilidad y por defender los intereses generales del sector. Por ese motivo, aun no estando de acuerdo con el contenido de la ley, el Partido Popular votó a favor.

Por otro lado, también quiero decir que esta ley es una ley obsoleta y que no se puede aplicar, como ya hemos dicho anteriormente. Por ello, el nuevo proyecto de ley intenta dar solución a los problemas que tenía la anterior ley en relación con la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias, y sobran especulaciones, y sobran vagas conjeturas. En definitiva, lo único que pretende este proyecto de ley es medir la representación real de esas organizaciones profesionales agrarias. ¿Cómo? Con una ley que mejore la anterior de 2009, y creemos que esta ley mejora sustancialmente y da más participación a los agricultores y ganaderos en la elección de sus representantes en el Consejo Agrario y en las organizaciones profesionales agrarias. ¿Cómo? Con una consulta directa y simultánea en todo el territorio nacional, con criterios comunes para toda España, para todas las comunidades autónomas; con una consulta que se verificará mediante voto personal directo y secreto; con una garantía de convocatoria periódica de la consulta cada cinco años, que llevará a cabo el ministerio; con la ampliación del censo de votantes a todos los profesionales de la agricultura y a los agricultores activos, buscando la máxima participación y la máxima transparencia; con el intento de dar la máxima legitimidad a las organizaciones profesionales agrarias, a través del voto de los agricultores; y con un proyecto pionero y necesario para la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos.

¿Qué es lo que quiere el Partido Popular? El Partido Popular quiere que se aclare la representatividad del sector agrario. Eso es lo que quiere el Partido Popular con este proyecto de ley. ¿Acaso no es esto bueno? Yo entiendo que sí. El Partido Popular quiere la máxima democracia en el campo español; eso es lo que quiere el Partido Popular con esta ley. El Partido Popular también quiere la libertad de elección para los agricultores; eso es lo que quiere el Partido Popular. El Partido Popular quiere dar voz a los agricultores y ganaderos; eso es bueno, lo es y lo quiere el Partido Popular. El Partido Popular quiere los interlocutores con el Gobierno más válidos y más legítimos; eso es lo que quiere el Partido Popular. El Partido Popular quiere que las organizaciones profesionales agrarias tengan la mayor legitimidad posible, y eso es, sin duda, algo bueno, algo que quiere el Partido Popular. El Partido Popular quiere que los agricultores y ganaderos del campo español, en todo el territorio nacional elijan, a través de las urnas, a través de la consulta, a sus representantes, a las organizaciones profesionales agrarias más representativas para que defiendan sus legítimos intereses.

Señorías, es difícil no estar de acuerdo con estos planteamientos. Yo comprendo que es difícil porque todos estamos de acuerdo con ellos, lo que no entiendo es por qué ustedes, al final, van a presentar estos vetos, van a presentar las enmiendas que legítimamente les corresponde y no van a apoyar este proyecto de ley que es un buen proyecto. Este proyecto de ley refuerza y potencia el sector agrario, a la vez que contribuye a la vertebración del territorio nacional. Este proyecto de ley va a medir la representatividad real de las organizaciones profesionales agrarias. Este proyecto de ley no afecta en ningún caso a la libertad sindical, como ya dije anteriormente. La consulta se efectuará con todas las garantías legales; la consulta se efectuará con todas las garantías legales, no tengan ninguna duda, señorías. Este proyecto de ley permite las coaliciones de organizaciones profesionales agrarias y la integración de organizaciones en otras de ámbito nacional. Este proyecto de ley en ningún caso es centralizador ni excluyente, todo lo contrario, es aperturista e integrador; suma, no resta. Este proyecto de ley respeta las competencias de las comunidades autónomas, no interfiere en sus competencias ni directa ni indirectamente.

El diálogo social con las organizaciones profesionales agrarias y con las comunidades autónomas ha presidido este proyecto de ley. Se han debatido 3 borradores, ha habido 4 rondas




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de negociaciones y varias reuniones. Se han intentado acercar posturas y buscar el máximo consenso en la medida de lo posible porque, señorías, el Gobierno ha legislado buscando el equilibrio y la justicia social en defensa de los intereses generales de todo el sector agrario; equilibrio y justicia en defensa de los intereses generales de todo el sector agrario. Este proyecto de ley nace de un único compromiso, no les quepa ninguna duda: el compromiso responsable de dar solución a un problema existente, a un problema real, el de la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias.

Votaremos en contra de cada uno de los vetos que se han presentado. Sí quiero agradecer el trabajo y, en la mayor parte de los casos, el talante que se ha tenido en el debate parlamentario y cómo se ha desarrollado este debate.

Para terminar, señorías, les diré que alguien ha hecho mención a la soledad del Partido Popular a la hora de aprobar este proyecto de ley; repito, a la soledad del Partido Popular a la hora de aprobar este proyecto de ley. Pero yo les digo que a veces la soledad también es buena y, sobre todo, si uno se queda solo por defender los intereses generales de todos los españoles. A esto se le llama ejercicio de responsabilidad democrática.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las propuestas de veto. Les anuncio que ha habido votación telemática, que ha sido solicitada por las senadoras García Carrasco, Jurado Fernández de Córdoba e Ibarz Ibarz. Los 3 votos han sido autorizados. Las 3 han ejercido su derecho y las 3 han votado en contra de las 7 propuestas de veto que, como siempre, sumaré a los resultados de la votación que realicemos en el hemiciclo.

Votamos, en primer lugar, la propuesta de veto número 2, de la senadora Capella i Farré.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 230 más 3 votos telemáticos, 233; votos emitidos, 230 más 3 votos telemáticos, 233; a favor, 84; en contra, 146 más 3 votos telemáticos, 149.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 230 más 3 votos telemáticos, 233; votos emitidos, 229 más 3 votos telemáticos, 232; a favor, 83; en contra, 146 más 3 votos telemáticos, 149.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 230 más 3 votos telemáticos, 233; votos emitidos, 229 más 3 votos telemáticos, 232; a favor, 84; en contra, 145 más 3 telemáticos, 148.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Votamos a continuación la propuesta de veto número 4, presentada por todos los senadores del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, menos los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 229 más 3 votos telemáticos, 232; votos emitidos, 229 más 3 votos telemáticos, 232; a favor, 84; en contra, 145 más 3 telemáticos, 148.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 230 más 3 votos telemáticos, 233; votos emitidos, 230 más 3 votos telemáticos, 233; a favor, 84; en contra, 146 más 3 telemáticos, 149.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Votamos a continuación la propuesta de veto número 7, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 230 más 3 votos telemáticos, 233; votos emitidos, 230 más 3 votos telemáticos, 233; a favor, 84; en contra, 145 más 3 votos telemáticos, 148; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta de veto número 6, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 230 más 3 votos telemáticos, 233; votos emitidos, 230 más 3 votos telemáticos, 233; a favor, 84; en contra, 146 más 3 votos telemáticos, 149.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, rechazadas las propuestas de veto, pasamos al debate de las enmiendas.

En primer lugar, los senadores Narvay Quintero Castañeda y Miguel Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto, han presentado las enmiendas números 35 a 87. (Rumores).

Guarden silencio, señorías. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores).

Señorías, hasta que no haya silencio en el hemiciclo no vamos a empezar con el debate de las enmiendas. (Pausa).

Tiene la palabra el senador Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a ser muy breve. Doy por defendidas las enmiendas presentadas por Coalición Canaria, números 35 a 87, un total de 52 enmiendas. Y para justificar nuestro voto favorable a los 7 vetos, le diría al Partido Popular, partido que apoya al Gobierno, que debe entender, que debería entender —así entiendo yo la democracia, la participación y la negociación— que cuando existen 7 vetos en esta Cámara presentados por todos los grupos que la componen excepto, evidentemente, por el partido que apoya al Gobierno, la ley no es la que todos queremos o no es la más adecuada, y que existen otras propuestas alternativas. No se trata de apoyar todas las enmiendas o todos los vetos, pero sí algunas para mejorar la ley.

Hablaba el senador Martínez de la ley que pasó por aquí en 2009 y de lo que decía el señor Pérez Lapazarán, al que tenía un gran respeto ya que conocía muy bien de lo que hablaba. Muchas veces votábamos conjuntamente, incluso en esa ley coincidimos, pero también coincidimos hoy en que esta no es la mejor ley. La soledad en la democracia no es la mejor fórmula para los intereses de todos. Todos estamos aquí para defender los intereses de todos, y, en mi opinión, esta ley es excluyente, excluye a los sectores minoritarios y a los que nosotros tenemos que representar.

Estamos de acuerdo en que se podía modificar la ley de 2009, pero este proyecto de ley no la mejora. Hay algo muy peculiar —ya lo decía el senador del Grupo Vasco—, y es que la votación de esta consulta al consejo y a la representatividad, —que no es elección, nos ha quedado claro, sino una consulta— se va a aplicar dieciocho meses después, es decir, casi cuando se acabe la legislatura. Esto puede ser una contradicción. Traen un proyecto de ley que no va a ser aplicable en esta legislatura y que no tiene el apoyo de ningún grupo, solamente del grupo que apoya al




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Gobierno. Esto no es serio, porque la estamos hipotecando a una legislatura posterior. Ustedes tienen ahora una mayoría absoluta —reconocida, evidentemente—, pero ningún otro grupo les apoya, con lo cual hay una contradicción entre su propio grupo y el ministerio o en el propio ministerio, entre el exministro Cañete, que quería sacar la ley de manera urgente, y la ministra actual, que lo que quiere es que esta consulta se haga una vez pase la legislatura.

Me hubiera gustado que hubiera habido más consenso, que se hubieran aceptado muchas enmiendas. Si leemos las más de 350 enmiendas que hay presentadas, veremos que muchas de ellas coinciden, y no porque casualmente nosotros las escribamos igual, sino porque diferentes organizaciones agrarias, representativas en diferentes ámbitos territoriales, han coincidido en muchas enmiendas y en que esta ley puede ser mejorable en muchísimos de sus aspectos, y por eso coinciden muchas enmiendas. Ese es un elemento que el Grupo Popular debería haber valorado a la hora de aprobar en solitario esta ley y no haberla consensuado con los demás.

Termino, señor presidente, diciendo que hemos votado a favor de todos los vetos, y votaremos en contra de esta ley si no se modifica, y mucho me temo que no, sustancialmente en el proceso de enmiendas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.

Los senadores Iglesias y Mariscal han presentado las enmiendas números 1 a 34. Para su defensa tiene la palabra el senador Iglesias, pero aviso a su señoría que tiene que compartir el tiempo con la senadora Capella, que ha presentado las enmiendas números 88 a 139.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: No se preocupe, señor presidente, nos va a sobrar tiempo a los 2 en la presentación de estas enmiendas.

El senador Mariscal y yo mismo, en nombre de Izquierda Unida, hemos formulado 34 enmiendas a este proyecto, que, como ya adelantaba en la defensa del veto, buscan cambiar la filosofía, el objeto y la intención del proyecto de ley. Nosotros sí queremos un proceso electoral y un órgano de participación y codecisión, y nuestras enmiendas responden a ese planteamiento, diferenciado del que refleja el proyecto de ley.

Enmendamos el preámbulo y los apartados 2 y 4 del artículo 6, para que el censo electoral incluya solamente a los verdaderos profesionales del sector agrario forestal y ganadero.

También enmendamos el preámbulo y los artículos 3 y 4 para que existan las garantías propias del régimen electoral en el proceso de medición de la representatividad de las organizaciones agrarias. Introducimos los mecanismos propios de ese proceso electoral estableciendo como norma supletoria la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, y también previsiones específicas a través de nuestras enmiendas en relación con el voto por correo, con la participación de las organizaciones en las juntas electorales provinciales; reducimos el censo de cada mesa electoral para que sea de menos de 100 electores y establecemos previsiones de campaña.

Igualmente formulamos enmiendas al artículo 5 para reforzar el papel de interlocución ante la Administración de las organizaciones agrarias, explicitando sus funciones y su capacidad de negociación y de acuerdo. Ampliamos el concepto de coalición de organizaciones agrarias y reconocemos expresamente el derecho a que se constituyan federaciones y confederaciones.

Presentamos enmiendas a los artículos 13, 14 y 15 para ampliar las funciones del Consejo Agrario para que en su seno, siendo coherentes con la visión que tenemos de él, se pueda negociar y concertar entre los legítimos representantes del sector agrario y las administraciones públicas en las cuestiones de interés general agrario y rural. Queremos que también se incorporen al Consejo Agrario los sindicatos agrarios.

Y por último, en coincidencia puntual —no total— con la enmienda número 309, del Grupo Parlamentario Popular, mantenemos, a través de una de las enmiendas que afectan a las disposiciones transitorias, que se mantenga el funcionamiento del Consejo Agroalimentario del Estado hasta la constitución del consejo. La enmienda del Grupo Parlamentario Popular establece una creación del Consejo Agroalimentario como figura de nuevo cuño y, por tanto, no hay una coincidencia absoluta en nuestros planteamientos.

Muchísimas gracias, señor presidente.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Iglesias.

Tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

En la defensa del veto decía que resulta deprimente encarar cualquier proceso legislativo en esta Cámara, plantear vetos y enmiendas, en atención a que, efectivamente, su resultado acaba siendo nulo. Pero déjenme que lo diga claro en catalán: no serveix per res. En cualquier caso, doy por defendidas la totalidad de las enmiendas, si bien me recrearé en cuatro en especial.

La enmienda número 90, al artículo 1.3.b), se refiere a la definición de coalición de organizaciones agrarias —y con ello contesto al portavoz del Grupo Popular, que ha intentado enmendarme la plana cuando ha intervenido en relación con el veto planteado por Esquerra Republicana—. Nosotros defendemos que se trata de una unión de organizaciones en el ámbito nacional para concurrir a la consulta formando una sola candidatura, mientras que el artículo 1.3.b) del proyecto de ley define como coalición de organizaciones agrarias solo la unión de organizaciones de ámbito nacional. Como decía antes el senador Plana, efectivamente, no es un error, sino que es una decisión buscada y querida para excluir a una parte importante de las organizaciones de ámbito autonómico, excluyendo a las coaliciones de una organización o varias de ámbito nacional con otras de inferior ámbito, ya sea supraautonómico o autonómico.

Es evidente que la exclusión de organizaciones que no tengan ámbito nacional —lo decía también en la defensa del veto— es arbitraria, excluyente y desconoce la realidad territorial, la diversidad y la diferencia. La regulación del proyecto de ley contraviene lo establecido en el Convenio número 87 de la OIT —por cierto, integrado en el ordenamiento jurídico español, ya saben por qué—, así como el Convenio número 141, sobre las organizaciones de trabajadores rurales, al limitar la elección libre de los representantes, y supone una grave injerencia de los poderes públicos en la libertad de asociarse mediante coaliciones electorales de cualquier índole.

La enmienda número 93, al artículo 5, se refiere a la determinación de la organización agraria más representativa, y establece que lo son aquellas que obtengan —decimos en nuestra enmienda— al menos un 10% de los votos válidos emitidos en la consulta en todo el Estado, no el 15% que fija el proyecto de ley, junto a las limitaciones que establece respecto al número de comunidades autónomas en las que también tendrá que obtener representación.

La redacción del artículo 5 del proyecto de ley representa la exclusión de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias con implantación territorial autonómica sobre la base —como decía también en la defensa del veto— de la visión centralista, unitarista y centralizadora que caracteriza al Partido Popular y al Gobierno del Partido Popular. La exigencia contenida de una presencia mínima en 6 comunidades autónomas para considerar representativa una organización agraria es tan excluyente como arbitraria. Excluyente porque significa —por la pretensión reforzada por el criterio del 15% a nivel estatal— marginar la representación de los colectivos autonómicos; y arbitraria porque el criterio de 6 comunidades autónomas es absolutamente desorbitado, hasta el punto de que actualmente —como decía también en la defensa del veto— 5 comunidades autónomas suponen el 64% del censo estatal y, contrariamente, 10 comunidades autónomas pueden representar solo el 23%.

Es evidente que se contraviene el concepto de representatividad tal y como lo define la OIT cuando establece que el criterio debe ser objetivo y no puede estar basado en elementos como estos, que son parciales y abusivos. De nuevo visión centralista y unitarista, repito, que no entiende la diversidad ni la diferencia ni quiere dar representación a las minorías. Solicitamos que el porcentaje se determine en un 10% y se elimine la condición de obtener un resultado mínimo en un mínimo de comunidades autónomas.

En la enmienda 137, a la disposición adicional quinta, que trata de la fecha límite de celebración de la primera consulta. Solicitamos que se reduzca el período fijado en la disposición del proyecto de ley para la celebración de la primera consulta una vez aprobada la ley; si no es así deberemos interpretar que lo que ustedes hacen con este proyecto de ley —que acabará siendo ley— es un simple brindis al sol.

En la enmienda 139, a la disposición transitoria única, solicitamos la supresión del comité asesor agrario. Según el criterio de Esquerra Republica, en caso de que el proyecto de ley sea aprobado tal cual está en su redactado, sin admisión de enmiendas, el comité asesor agrario




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estaría en funciones transitorias por tiempo indefinido y nosotros entendemos que eso significaría burlar el contenido del propio proyecto de ley.

En definitiva, reitero, damos por defendidas la totalidad de las enmiendas presentadas y solicitamos el apoyo de los grupos parlamentarios.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha presentado 2 bloques de enmiendas. El primero abarca las enmiendas números 140 a 144; 146 a 152; 155 a 177, y vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 301 a 312 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Senador Boya, ¿va a defender los dos bloques? (Asentimiento del senador Boya Alós). Bien, pues el segundo bloque son las enmiendas números 178 a 212.

Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente. Voy a defenderlas de la forma más breve y sintética posible.

Nosotros hemos presentado una serie de enmiendas, unas de carácter general, para definir el concepto de coalición y su ámbito; otras para el reconocimiento institucional de las organizaciones profesionales agrarias; otras para definir el concepto del elector, de los elegibles, la medida de la representatividad de las OPA y su presencia en el Consejo. 2 enmiendas son para regular el proceso electoral, para regular jurídicamente el patrimonio agrario, y una es para acortar el plazo de entrada en vigor del nuevo Consejo a nueve meses. Son enmiendas que van específicamente orientadas a mejorar de una forma clara el contenido de este proyecto de ley.

La enmienda 140 va dirigida a cambiar, a modificar, el título del proyecto de ley.

La enmienda 141 pretende cambiar, a lo largo del texto, el término consulta por el de proceso electoral y el término Comité Asesor Agrario por Consejo Agrario.

La enmienda 143, de modificación del artículo 1.3.b) —al que se ha referido hace un momento la senadora Capella— nos parece importante ya que va destinada a definir el concepto de coalición de las organizaciones agrarias. Nuestra definición es: «La unión de organizaciones en el ámbito nacional para concurrir a la consulta formando una sola candidatura.»

La enmienda 144 está en consonancia con esta anterior. A nosotros nos parece que no tiene ningún sentido pretender la limitación de los representantes en este consejo condicionándolos a que sean de carácter general, ignorando de esta forma una realidad territorial que existe, y que, por tanto, la representación de las particularidades del territorio y de las sensibilidades de los agricultores no estén presentes en este Consejo. Nos parece que es hurtar la realidad, y por eso presentamos esta enmienda, para que podamos, insisto, dar cabida en el proyecto de ley a la pluralidad del sector. Se trata de una enmienda para fijar las condiciones, el reconocimiento institucional y el papel que tienen que tener las organizaciones agrarias en este consejo.

Una serie de enmiendas —ya lo he dicho antes— van dirigidas a este concepto de proceso electoral, y no consulta. Yo creo que se han dado argumentos diversos, pero todos muy contundentes para entender la necesidad de que esto no sea una mera consulta, sino que sea un proceso electoral en toda regla. Por tanto, son enmiendas —como las que han presentado el resto de los grupos— para que este proceso se mida en base a este concepto de proceso electoral y no de consulta.

Yo creo que la definición de los electores queda mejor detallada en las enmiendas 148, 149 y 150, es decir, cuál es el perfil de aquellos electores que tienen derecho al sufragio activo. Este concepto ya se ha explicado ampliamente por lo que no voy a alargarme más en ello, pero creo que es absolutamente imprescindible que en un proceso de estas características quede muy claramente definido en la ley el perfil de quién tiene derecho al sufragio activo, teniendo en cuenta los argumentos dados acerca de las condiciones que han de tener para que el proceso electoral resulte realista y dé representatividad a aquellos a quienes les corresponde, que son los agricultores, aquellos que trabajan en el campo, y no las organizaciones o los agricultores de sofá, que no tiene ningún sentido que cuenten con participación en este consejo. Asimismo se recoge la regulación del derecho al sufragio pasivo.




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La enmienda 151, de modificación del artículo 5 —que nos parece importante y tiene que ver con la argumentación que he dado hace un momento— se refiere al criterio de la representatividad que establece la ley: el 15% en el ámbito nacional y el 5% en 6 comunidades autónomas. Nosotros consideramos que esta proporción va a limitar el criterio de representatividad y va a dejar fuera a organizaciones importantes, lo cual no tiene sentido. Tal y como ha dicho la senadora Capella — por lo que no abundaré en las explicaciones—, no tiene sentido limitar la participación de organizaciones importantes en este debate pues este consejo debe integrar todas las sensibilidades de nuestra agricultura. Insisto, esta es una cuestión que ya abordó la senadora Capella y que no voy a reiterar.

La enmienda 152 nos parece importante pues hemos de determinar de forma clara a quién corresponde la elaboración del censo de electores, su procedimiento. Por tanto debe existir una redacción clara respecto a cuáles son las normas que vamos a seguir. En este sentido la regulación del marco electoral —enmiendas 155 a 165— requiere de esta definición de los órganos electorales y de las garantías para la transparencia, la objetividad y la igualdad del proceso. Por tanto, insisto en que es necesario un auténtico proceso electoral de rango legal que regule la definición del periodo o la participación en la campaña electoral. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha manifestado que en este caso no es necesario regular estos ámbitos e insiste en el criterio de la consulta. Sin embargo, nosotros no nos cansaremos de reclamar que para que este sea un proceso realmente transparente y que regule de forma justa la presencia de las OPA debe ser un proceso electoral y no una mera consulta, porque ciertamente —déjenme que lo diga con esta claridad—, gastarnos 25 millones de euros en un proceso que no tenga garantías no tiene ningún sentido.

La enmienda 174 de nuestro grupo pretende acortar el periodo para realizar este proceso de dieciocho a nueve meses. No tiene ningún sentido que la ley precise unos tempos que hagan prácticamente inviable la ejecución de aquello que determina la propia ley, y nos parece un ejercicio de trilerismo que no tiene ningún sentido. Este es un argumento bastante contundente a la hora de entender e ilustrar todo aquello que hemos explicado durante este debate y la falta de interés de este Gobierno hacia una ley que dejó de tener interés en el momento en que el exministro Arias Cañete se fue a Bruselas. Se trata de puro trámite.

En todo caso, cumpliendo con nuestra obligación hemos presentado todas estas enmiendas. Doy el resto de las enmiendas por defendidas, también las de los senadores Guillot y Saura. En todo caso, reitero que lo que hoy estamos haciendo —y respondo al portavoz del Grupo Popular— no es un ejercicio de responsabilidad. Hoy estamos cumpliendo con un puro trámite; un trámite de tacticismo político, un trámite de vuelo corto y que, por tanto, no va a resolver los problemas de la representatividad agraria en nuestro país, pero tampoco va a dar respuesta a lo más grave e importante: las vías para resolver los problemas reales de nuestra agricultura.

Evidentemente, sabemos que nuestras enmiendas no van a ser tenidas en cuenta ni van a ser consideradas por el grupo de la mayoría. Por lo tanto, ante la inconsistencia del proyecto, la falta de diálogo y la actitud del grupo proponente, nuestro voto será contrario al proyecto.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió presenta las enmiendas números 252 a 300. Para su defensa, tiene la palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, déjenme decir 2 cosas sobre el debate de este proyecto de ley. Primero, no se debe culpabilizar ni penalizar la representatividad hasta este momento de las diferentes organizaciones profesionales agrarias porque estaban bajo el paraguas de una normativa que las amparaba; por tanto, no culpabilicemos ni utilicemos subterfugios a la hora de establecer o de justificar según lo que establezca este proyecto de ley.

Segundo, hoy estamos asistiendo a un caso claro de amnesia. Se habla del consenso que concitó la Ley 10/2009, de 20 de octubre, pero si nos remitimos al Diario de Sesiones, observamos que ese consenso no se concitó. Analizando esa situación y este proyecto de ley —como les decía— parece un movimiento pendular de la antigua ley, que ahora presumiblemente se va a derogar con este proyecto de ley, a la actual. No ha habido capacidad de consenso con los actores principales; y esto lo debemos tener todos en cuenta. No ha existido capacidad de diálogo ni de




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consenso —vuelvo a repetir— con las organizaciones profesionales, y menos con los grupos políticos aquí presentes.

Pero, si me lo permiten, esto sería una cuestión menor. Lo que me preocupa es que no haya habido capacidad de diálogo, aunque los señores del Grupo Parlamentario Popular afirmen que han tenido tropecientas reuniones con las diferentes organizaciones profesionales agrarias. Creo que esto no ha sido así y, por lo tanto, este proyecto de ley, cuando entre en vigor la ley, empieza con una falla importante. No se puede legislar en función de las atribuciones o de las preferencias; se tiene que legislar de una forma clara, justa y que sea aceptada por todos los actores existentes. Y en este punto me voy a remitir a las enmiendas que ha presentado mi grupo, al que represento.

En primer lugar, hemos presentado enmiendas en relación con el objeto de la ley. Consideramos que el Consejo Agrario, además de las atribuciones que le confiere la ley, tiene que posibilitar la concertación de las diferentes políticas agrarias en lo que respecta a todas las partes que van a estar presentes en él. Han de tener voz, tienen que ser escuchados y deben tener la máxima representatividad en función, si ustedes quieren, de esa consulta, aunque yo creo que debería ser un proceso electoral.

Los senadores que me han precedido en el uso de la palabra han insistido, y yo vuelvo a incidir, en la cuestión del ámbito territorial. Creíamos que la referencia al ámbito nacional introducida en el Senado se debía a un fallo gramatical, pero ahora vemos que no es así. No sé si es fruto de una estrategia totalmente programada, pero la realidad es que se van a excluir algunas organizaciones profesionales agrarias que tienen su ámbito de actuación en el entorno autonómico. Y esto, señores del Grupo Popular, no debería ser así. Insistimos en el derecho que tienen las organizaciones profesionales agrarias a constituir federaciones, confederaciones y coaliciones electorales en el ámbito territorial.

Otra enmienda persigue que se clarifique el concepto de pagos directos, que no está del todo claro. Creemos que es necesario que tenga una clarificación lo más eficaz posible.

En cuanto a la representatividad, siguiendo lo que establece la propia Ley orgánica del régimen electoral general, nosotros pedimos un 3%, tal y como se establece para las elecciones generales, a fin de posibilitar la representación de las diferentes organizaciones profesionales agrarias. Es una cuestión de coherencia. Pueden estar o no de acuerdo, señores del Grupo Popular, pero no solo es el 3%, es que no son capaces de mover ni un ápice hacia abajo el tanto por ciento de la representatividad. Ustedes se han quedado en el 15%, ¿verdad?, y no van a aceptar ninguna enmienda. Este grupo ha propuesto el 3% por coherencia con lo que se establece en la LOREG pero ustedes no modifican ni un ápice sus posicionamientos iniciales, y esto deberían tenerlo muy en cuenta.

Una cuestión esencial cuando se quiere hacer una consulta —ya no voy a decir un proceso electoral— es la configuración del censo. Y en este caso sí creemos que deberían aceptar las enmiendas propuestas, no solo por este senador, sino por la mayoría de los grupos políticos.

Y entro en otro bloque de enmiendas, casi todas referidas al artículo 8. En primer lugar, decimos que las mesas deben estar conformadas por un máximo de 200 votantes, y es que ustedes saben —algunos vienen del entorno rural— que si se establecen unas mesas de 500 votantes, debido a la dispersión existente, en absoluto se facilita el proceso de votación, y seguro que ustedes quieren, o al menos eso deduzco, la máxima participación de los electores. Por lo tanto, pedimos que tengan en cuenta esta enmienda.

Y siguiendo con el artículo 8, respecto al proceso electoral —y no consulta, como ustedes señalan—, porque creemos que debe ser un proceso electoral, presentamos diferentes enmiendas en las que se contemplan diversos aspectos: la campaña electoral, su duración, el período de prohibición de las campañas electorales, la celebración de actos, la regulación de la propaganda electoral, la distribución propiamente dicha de los lugares de los actos electorales, la publicidad de las candidaturas en prensa y radio, los envíos postales, la propaganda electoral, la publicidad electoral en los medios de comunicación, la distribución de espacios gratuitos, la distribución de propaganda en medios de ámbito territorial inferior, los órganos competentes para la distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral, la garantía de un pluralismo asociativo y social, la determinación del momento y orden de emisión de los espacios electorales, la administración electoral de la candidatura, las cuentas abiertas, los ingresos y gastos de estas cuentas abiertas,




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las subvenciones electorales, el límite de aportación, los gastos electorales, la intervención del Tribunal de Cuentas.

En definitiva, proponemos una regulación, si me permiten la expresión, como Dios manda, como establece la Ley Orgánica de régimen electoral general, porque, al fin y al cabo, se trata de una de las disyuntivas principales, entre lo que estamos enmendando los diferentes grupos políticos y lo que ustedes están manteniendo en solitario y —si me permiten la expresión también— de una forma numantina en lo que se refiere a la consulta ante un proceso electoral regularizado y todos los elementos a tener en cuenta en cuanto a la regulación propiamente dicha.

Hacemos también hincapié en las infracciones electorales y las sanciones, que no las tienen regularizadas ustedes porque —vuelvo a insistir— no creen que esto sea un proceso electoral sino una consulta.

Finalmente —para no extenderme mucho más, ya que todos los senadores que me han precedido en el uso de la palabra y nosotros hemos coincidido en muchas de las enmiendas y, por lo tanto, a lo mejor alguna cosa ustedes están haciendo mal, cuando se concita todo este consenso y se quedan solos—, lo que pedimos en la disposición adicional nueva es que las comunidades autónomas que celebren procesos electorales en el ámbito agrícola estarán habilitadas para recabar de oficio la colaboración de la Tesorería de la Seguridad Social para obtener los datos de las personas físicas afiliadas a ella. ¿Qué quiere decir esto? Con la derogación de la Ley 10/2009 lo que ustedes están provocando es que las comunidades autónomas que ya hayan celebrado sus procesos electorales no puedan acudir a la elaboración de un censo lo más adecuado y fidedigno posible.

No quiero extenderme más, entre otras cosas porque, a pesar del debate en comisión, de la defensa de los vetos y de las enmiendas que hemos presentado los distintos grupos, creo que no voy a conseguir nada. Pero no puede ser que haya una cerrazón tan excesiva respecto a un tema tan importante como es poner en valor las organizaciones profesionales agrarias y la función que han venido desarrollando en el campo español, tanto en lo que se refiere a la agricultura como a la ganadería.

Por lo tanto, reflexionen y tengan en cuenta, más allá de la viabilidad de este proyecto de ley, que el periodo previo a su aplicación no sea excesivo, porque, al final, sería casi como un fraude de ley no hacerlo lo más rápidamente posible, y piensen en lo que les han indicado los distintos portavoces que me han precedido y este mismo senador.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Plana.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las enmiendas números 213 a 251 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 301 a 312, del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra el senador Toledo.

El señor TOLEDO DÍAZ: Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado un total de 39 enmiendas al texto de este Proyecto de Ley por el que se determina el procedimiento de representatividad de las organizaciones profesionales agrarias remitido a la Cámara. El total de enmiendas presentadas por mi grupo tiene como objetivo principal mejorar, a través de la modificación de este proyecto de ley, todo lo relacionado con la derogación de la actual Ley 10/2009. La línea general de defensa tiene que ver también con lo expresado por mi compañero, el señor Rodríguez Esquerdo, en la defensa de los vetos, fundamentalmente con varios aspectos, uno de ellos el relativo a que este proyecto de ley, a pesar de que ustedes dicen que ha sido consensuado, es evidente que no tiene nada de consenso y ha conseguido —últimamente les ocurre mucho a ustedes en esta Cámara— que todos los demás grupos nos pongamos de acuerdo en estar en contra del mismo. El senador Martínez comentaba antes que quedarse solo votando un proyecto de ley puede ser responsabilidad. Posiblemente sí, señor Martínez, pero también puede ser ceguera política e incluso arrogancia política.

Lo que es evidente es que el Gobierno presenta en esta Cámara un proyecto de ley que trata de derogar completamente la actual ley vigente; una ley que ni siquiera se ha desarrollado plenamente. Sin duda puede tener defectos, puede ser mejorada e incluso por la agilidad de la Cámara podríamos plantearnos una modificación; pero ustedes no, el Gobierno plantea




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directamente la derogación completa de la actual ley vigente. Además, señor Martínez, usted comenta en su intervención anterior que la Ley 10/2009 es una ley obsoleta y que no se puede aplicar, pero estamos hablando de una ley del año 2009 y en la que el reglamento que desarrolla su funcionamiento es del año 2011, señor Martínez. Si no se ha aplicado habrá que ver el porqué, pero no puede argumentar que esa es una ley obsoleta y que no se puede aplicar. Sí se ha aplicado y no puede ser obsoleta.

Señorías, la cuestión es que quizá el Gobierno tenga interés en elaborar una ley completamente distinta. En este sentido, el senador Plana hablaba del péndulo y de que a ustedes no les interesa en absoluto la ley anterior que, curiosamente, fue aprobada con un gran consenso, incluso de su grupo y de las organizaciones profesionales agrarias, que es algo con lo que no cuenta esta ley. Este proyecto de ley no tiene ese consenso y el Gobierno se habrá reunido con muchas organizaciones, pero lo que han manifestado la inmensa mayoría de las OPA en este país es que están en absoluto desacuerdo con el proyecto de ley que presenta el Gobierno.

Este proyecto de ley ofrece serias dudas sobre quién es el agricultor activo, a quién va dirigido. Si queremos unas elecciones democráticas en el campo, un proceso electoral de verdad, habrá que hacerlo como un proceso electoral y no voy a repetir lo que se ha comentado anteriormente porque coincidimos todos en que no se puede llevar a cabo una consulta sin las mínimas garantías legales.

Usted comentaba, señor Martínez, que esa consulta iba a contar con todas las garantías democráticas, pero no es verdad porque no estará basada en ningún momento en la ley actualmente vigente sobre procedimientos electorales, la LOREG. No se aplica la ley y, por tanto, no se está ante las máximas garantías.

La ley anterior, la de 2009, incluso con defectos, sí cumple con esas garantías democráticas que en absoluto cumple este proyecto de ley.

En el fondo, el Gobierno no quiere hacer unas elecciones en el campo que sean libres y democráticas. Da la sensación de ser un nuevo golpe del Gobierno del señor Rajoy al campo de nuestro país. Además, ¿qué necesidad existe de aprobar una ley como esta? ¿Qué necesidad?

Evidentemente, todos los grupos coincidimos en que es una ley mala, incompleta e inadecuada, innecesaria y que va a nacer muerta, señorías. A veces tenemos la sensación de estar en esta Cámara perdiendo el tiempo, discutiendo sobre cuestiones que no van a ir más allá y fíjese en una cosa que usted no ha comentado y que resulta realmente curiosa: que el Grupo Parlamentario Socialista entiende que no solamente es una ley inútil e inadecuada sino que ni siquiera el Gobierno la quiere poner en marcha; no la quiere poner en marcha. Así, la disposición adicional quinta, que ustedes han vuelto a enmendar a través de su enmienda número 310 ―y ahora hablaremos también de la ponencia y de la comisión porque quiero comentar alguna cosa muy curiosa―, establece textualmente que la primera consulta se convocará en el plazo de dieciocho meses desde la entrada en vigor del reglamento que desarrolle la ley. Repito, dieciocho meses, señorías; estaremos ya fuera de esta legislatura. El Gobierno está empeñado en aprobar una ley que va a nacer muerta y cualquier malpensado podría considerar que el Gobierno quiere dejar una patata caliente para el siguiente Gobierno, sea cual sea, porque de otro modo no tiene ningún sentido.

Para nosotros es una evidente contradicción de fondo que se den prisa en aprobar un proyecto de ley, una ley como esta, y a la vez pongan estos obstáculos simplemente porque no quieren hacer esa consulta, porque se han dado cuenta de que es tamaña chapuza de ley que va a ser imposible ponerla en marcha en este país; imposible, señorías, absolutamente imposible. Y, como lo sabe, y el propio Gobierno lo sabe, no tienen ningún interés.

El señor Cañete, exministro de Agricultura, tendría algún interés concreto, seguro, en hacer esta ley, en hacer este proyecto de ley, segurísimo. Como bien decía mi compañero, ustedes, su Gobierno, no dan puntada sin hilo, eso está clarísimo. En el fondo saben que se van a meter en un agujero del que difícilmente van a poder salir; saben que tienen en contra a la inmensa mayoría de las organizaciones profesionales agrarias de este país, y no lo dice este senador, repasen ustedes las páginas web y las informaciones que vemos en los periódicos de las manifestaciones hechas por estas organizaciones agrarias, y verán ustedes cómo siguen pensando que es un verdadero despropósito y que es cierto que el Gobierno no ha querido consensuar absolutamente nada —no han consensuado nada, no solamente el Gobierno con las OPA, que sería lo más sensato— en un tema que va dirigido a ellos, va dirigido a los profesionales agrarios o, por lo menos, eso pensamos




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—ahora veremos otro aspecto de este proyecto de ley—. Pero no deja de resultar curioso que en la ponencia de estudio de esta ley —que, por cierto, duró cinco minutos, si llega— no se habló de las enmiendas de los demás grupos políticos. Ustedes, ni siquiera se dignaron a mirar las enmiendas de los otros grupos políticos —coincido con otros senadores que han hablado anteriormente en que, en gran medida, son muy similares—, ni siquiera se han puesto en contacto con nosotros para hacer una enmienda transaccional que pudiera mejorar el texto de la ley, que es nuestro trabajo aquí en sede parlamentaria. Ese el consenso que buscan ustedes, señorías del Grupo Popular: cero.

Ustedes no quieren consenso, no lo necesitan, pero a veces, tener una gran mayoría absoluta les hace cometer errores también; errores como la enmienda anterior, que ustedes querían corregir en ponencia, poniendo un máximo de dieciocho meses. Ese es su trabajo, y si ustedes no hacen bien su trabajo, porque se han equivocado, no se lo vamos a enmendar los demás, sobre todo cuando ni siquiera han tenido la cortesía parlamentaria de estudiar mínimamente las enmiendas del resto de los grupos; ya no digo las nuestras, las socialistas, las del resto de los grupos.

Resulta curioso que, a raíz de la discusión que tuvimos en comisión, el senador Ruiz comentara, leo textualmente porque no me quiero equivocar: Estamos tratando mejorar todo lo que desde nuestro punto de vista es mejorable. No nos pidan que seamos nosotros los que llevemos a cabo sus posicionamientos, porque lo que intentamos es mejorar los nuestros. Sí, señorías, negociar es mejorar sus posicionamientos, porque los de los demás no merecen ni siquiera considerarse posicionamientos. No se merecen la atención de ustedes, ni siquiera el respeto. Es triste, muy triste, señorías, que —no se ría usted, señor Ruiz— a pesar de la inmensa mayoría que tienen en este Senado, ni siquiera se dignen a ver el resto de las enmiendas. Van a hacer una chapuza de ley, y los demás grupos vamos a votar en contra de esa ley, que van a aprobar porque tienen mayoría en esta Cámara; pero eso no les va a dar a ustedes la razón, porque seguirá siendo una chapuza de ley, y el Gobierno no la va a poner en marcha, señor Ruiz. No se ría, a mí no me hace ninguna gracia, pero ninguna. (Aplausos).

Hablamos de las garantías, hablamos de a quién van dirigidas unas elecciones en el campo. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia). Se supone que van dirigidas a los profesionales del campo, a los que trabajan en el campo. Van dirigidas a ellos y a cualquier propietario que haya tenido una subvención o pago directo por encima de 3000 euros —lo ha comentado mi compañero, el senador Rodríguez Esquerdo—, ¡claro que sí! Yo no tengo tierras, pero si tuviese muchas tierras y encima hubiese cobrado una subvención, podría votar en estas elecciones del campo aunque no sea trabajador del campo. ¿Podrá votar la Iglesia que tiene muchas y grandes propiedades? Sí. (Aplausos). ¿La Iglesia es trabajadora del campo? No. ¿Grandes banqueros y empresas? Sí. Ustedes dirán que eso es demagogia. No. Es la verdad, es la ley que están haciendo ustedes. Esta ley no va dirigida a que voten los verdaderos profesionales del campo, va dirigida a que voten los profesionales del campo y una gran mayoría de propietarios de la tierra, que no trabajadores de la tierra que es muy diferente, que va a hacer que se desvirtúe completamente esa consulta que quiere realizar el Gobierno del Partido Popular. Con datos, no nuestros sino de las organizaciones profesionales agrarias de este país, de un posible censo de unos 270 000 a 300 000 profesionales agrarios, agricultores, ganaderos, etcétera, podemos pasar perfectamente a unas cifras de medio millón. ¿ Y esas personas van a participar en la consulta y van a elegir a los representantes de las organizaciones profesionales agrarias para que estén representadas en el Consejo Agrario? No. Eso es desvirtuar la realidad, señorías, eso es desvirtuar una ley. Estas elecciones del campo deben ser para los que trabajan en el campo y la tierra, no para los que tienen la propiedad, que tendrán otros derechos, no se los niego, pero no para votar en unas elecciones de agricultores y ganaderos de este país, señorías. Por eso su ley es una mala ley, una ley que va a nacer muerta.

No voy a enfrascarme más en el asunto de la legalidad del procedimiento electoral. Evidentemente, nosotros pensamos que debe haber unas elecciones a través de un procedimiento electoral, que tenemos perfectamente regulado en este país. Pero es que ustedes no se plantean tampoco el derecho de sufragio pasivo porque se vota a organizaciones, no a personas dentro de listas cerradas de organizaciones, que es lo que queremos los socialistas. Pero es que no se ha regulado nada sobre los topes de gasto electoral que puedan tener las organizaciones profesionales agrarias. Eso puede traer un grave problema, señorías, porque solamente aquellas organizaciones




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más poderosas, o que tengan más apoyo de empresas privadas, podrán hacer muchas más campañas. Y nuestra obligación es velar por el interés general, señorías, por el interés de todos, y ese interés pasa fundamentalmente por regular esos topes máximos de gasto electoral. Todo eso no está regulado en este proyecto de ley. Como no están reguladas las incompatibilidades. Es decir, las OPA van a tener una representatividad en el Consejo Agrario y van a elegir a quién van a designar para ese consejo sin saber si van a ser incompatibles o no. Esto es algo muy importante, señorías, y curiosamente lo hemos recogido muchos grupos políticos en esta Cámara.

Nosotros queremos garantizar el voto a las personas y a los profesionales que realmente tengan que votar en este proceso. Queremos garantizar ese voto con las mayores garantías democráticas. Queremos, además, que el proyecto de ley se pueda mejorar. Ya sabemos, lo han dicho anteriormente, que va a dar igual, yo hasta dudo —y esto va a constar en el Diario de Sesiones— que se hayan leído ni siquiera las enmiendas que hemos presentado el resto de los grupos parlamentarios, pero sepan que ustedes también se equivocan. En el Congreso de los Diputados se aprueba el proyecto de ley y ustedes han eliminado el Consejo Agroalimentario Español, un órgano importante donde se debatían no solamente los temas agrarios, sino también de los productores, las cooperativas, los sindicatos de trabajadores del campo, las empresas que tienen relación con el sector agroalimentario de este país. Cuando uno se equivoca siempre es bueno poder admitir el error. Y ustedes lo han admitido incluyendo una enmienda en este proyecto de ley, aquí en el Senado, donde incorporan textualmente lo que era el Consejo Agroalimentario Español que figuraba en la Ley 10/2009. Gracias, señorías. Se han dado cuenta de su error, pero el problema es que no va a ir más allá de todo eso porque ustedes no se van a dar cuenta de muchos errores que están cometiendo con este proyecto de ley, ni siquiera van a plantearse que en esta Cámara estamos realmente perdiendo el tiempo con este debate.

Termino, señorías, señor presidente, no quiero agotar el tiempo, porque después de un pleno tan largo supongo que todos estamos muy agotados, pero sí quiero decir una pequeña cosa.

Yo no quiero que este proyecto de ley sea el legado del señor Cañete, que lo es; yo quiero que este proyecto de ley sea un proyecto de ley bueno para el campo de este país y, señorías, no lo va a ser, no va a tener el apoyo de los agricultores y ganaderos de este país, de las organizaciones profesionales agrarias, porque es un mal proyecto de ley, porque esto es un ejemplo más de la nefasta —ya sé que a ustedes evidentemente no les parece así— actuación del exministro Cañete en el campo de nuestro país.

Termino. Espero haber contado por lo menos con su atención respecto a las enmiendas de nuestro grupo, y se lo agradezco de verdad, señorías.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría, gracias, senador.

Turno en contra.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Ruiz Reyes.

El señor RUIZ REYES: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes.

Con esta ley, indiscutiblemente, lo que intentamos desde el Partido Popular y desde el Gobierno es dar la palabra a todos aquellos que hacen de la agricultura y de la ganadería uno de los grandes potenciales de nuestra economía. Con esta ley, el Gobierno, el Partido Popular quiere dar la posibilidad de buscar a sus representantes, a aquellos que madrugan todas las mañanas, que ven salir el sol en el campo y ven caer el sol en el campo, y que son los auténticos protagonistas de la agricultura y la ganadería (Aplausos). Y no hay nada más; no hay que confundirse.

Esta es una ley que viene a paliar un problema grave de representación por parte de las organizaciones a nivel estatal. Esta es una ley, señor portavoz del Partido Socialista —para comenzar por el final— que si usted quiere verla como una ley legado de Cañete, es porque usted quiere, y la vemos, pero también le digo a usted que el legado del ministro Cañete es la defensa del campo y de la pesca española en Europa. (Aplausos). Ese es el legado de Cañete. El legado de Cañete es volver a traer al Gobierno de España un Ministerio de Agricultura que ustedes quitaron. (Aplausos). Y el legado de Cañete ha quedado muy claro hace unos días en las elecciones europeas: ha sido el candidato más respaldado por los españoles. Por lo tanto, el legado de Cañete en España tiene buena prensa, diga usted lo que quiera.




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Por parte del Grupo Parlamentario Popular hemos presentado un total de 12 enmiendas, en las que, entre otros asuntos, hemos introducido unas mejoras en el artículo 6, a la hora de que en el censo se incorporen tanto las sociedades mercantiles como civiles para poder dar cabida a los auténticos emprendedores y grupos de personas y entidades que desarrollan la agricultura como generador de empleo, como generador de riqueza.

En la enmienda 312 dejamos claro que esto no es proceso electoral. Por lo tanto, no hay que regirse por la Ley electoral, sino que es un proceso de consulta, donde, como anteriormente dijo mi compañero, buscamos la representación de las organizaciones y no de los representantes, que eso estará en manos de las organizaciones. La efectividad o tranquilidad de que esa consulta sea conforme a la norma se desarrollará suficientemente en el reglamento.

Otras enmiendas son de carácter más técnico en cuanto al censo, las organizaciones candidatas, la organización de la consulta, cómo hacer el escrutinio, cómo se desarrolla y se compone el Consejo Agrario y el régimen sancionador que, propiamente, conlleva la ley.

En la enmienda número 310, a la disposición adicional quinta, dejamos muy claro que el proceso de consulta se tendrá que realizar en el plazo de dieciocho meses, una vez aprobado el reglamento.

En la enmienda número 311 se establece que el Comité Asesor Agrario no desaparezca hasta que no esté constituido el Consejo Agrario. ¿Sabe usted lo que es el Comité Asesor Agrario? El Comité Asesor Agrario es una figura que se creó en la Ley 10/2009, del Gobierno del Partido Socialista, del Gobierno de Zapatero, que no convocaron ustedes ni una vez, y que el Gobierno del Partido Popular ha llegado a convocarlo hasta 7 veces, y ustedes, en dos años, no lo convocaron. Por eso no tiene sentido eso que dicen ustedes de que la anterior ley era buena. No funcionó. Ustedes, en dos años, no la pusieron en marcha. Crearon una ley en octubre de 2009, y hasta diciembre de 2011, que no tomó las riendas de este Gobierno el Partido Popular, no la pusieron en marcha; por tanto, no funcionaba. Ustedes, que fueron los que la pusieron en marcha, los que la crearon, con tantísimo consenso, no creyeron en ella. Nosotros creemos en esta ley porque la consideramos necesaria para el campo español.

Señorías, una de las enmiendas más importantes para nosotros, la número 309, establece la creación del capítulo IV, donde se crea el Consejo Agroalimentario del Estado. Usted ha dicho: es que ustedes se han equivocado en el Congreso y han tenido que corregir en el Senado. Señoría, es que la tramitación parlamentaria no termina en el Congreso, es que esta Cámara, de la que usted es componente, tiene capacidad de regular, modificar y ordenar la normativa, y si usted no cree en su capacidad legislativa, raramente podrán creer en usted como miembro de esta Cámara, porque es el primero que considera que las modificaciones, las enmiendas que se hagan a la ley en el Senado no valen.

Se trata de un consejo agroalimentario que analizará y debatirá mediante un esquema global, entre todos sus componentes, incluidas las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas, la industria alimentaria, la industria de la distribución, los consumidores y el propio ministerio. En definitiva, un consejo agroalimentario a nivel estatal que tomará grandes decisiones integrales en la cadena y en la interrelación que producirá, a lo largo de toda su trayectoria, la política agraria y alimentaria a nivel nacional; por tanto, es una de las enmiendas que tenemos a bien proponer.

Quiero decir también que transaccionamos la enmienda número 97, del Grupo Parlamentario Mixto, que queda redactada, textualmente, en el apartado b), punto 4, del artículo 6, en los siguientes términos: Percibir pagos directos de la política agrícola común superiores a 5000 euros al año, de acuerdo con los datos obrantes en el Fondo Español de Garantía Agraria.

Con eso, consideramos que damos una viabilidad y más profundidad al, indiscutiblemente, auténtico gestor del campo español. Para nosotros, es fundamental que esta ley, que viene a recoger, como decía anteriormente, un déficit importantísimo de representatividad en el territorio nacional, establezca que las organizaciones agrarias estén representadas de una manera real, conforme a las necesidades y a las decisiones de los auténticos protagonistas de la actividad agrícola y ganadera de este país.

Los camperos, como se dice en mi tierra, los hombres y mujeres del campo, son los que tienen la palabra para decir quiénes les representan en el Consejo Agrario para tomar decisiones, informar y proponer posibles mejoras en la política agraria común y estatal. Son los auténticos protagonistas. Lo vuelvo a repetir. No se puede apostar por una representatividad agraria ajena a




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ellos cuando hay comunidades autónomas que llevan dieciséis años sin tener ningún tipo de consulta ni elección. Hay algunas en las que no ha habido nada. No podemos estar al arbitrio de ningún consejero que quiera tener la representatividad o que quiera repartir la representatividad. El nombramiento de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias —vuelvo a repetírselo— está en la consulta a los hombres y mujeres del campo. Sí, en la consulta, en esa que están, el Grupo Parlamentario Mixto, PNV, Convergència, Entesa y muchos del PSOE, diariamente pidiendo, diariamente. Aquí traemos entonces una ley para preguntar —vuelvo a repetirlo— a los que ven amanecer en el campo y atardecer en el campo, quiénes tienen que ser sus representantes, pero ustedes buscan cualquier excusa para no dejar de una vez zanjado el problema de la representatividad de las organizaciones profesionales en el campo.

Con este proyecto de ley traemos un proyecto pionero, innovador y acercamos la representatividad agraria española a Europa. El proyecto es de ámbito nacional y no existe precedente alguno en este sentido. La representatividad nacional será una manera directa de los hombres y mujeres del campo y, además, simultánea en todo el territorio nacional. Se articula un procedimiento democrático que determine el peso representativo real de las organizaciones profesionales agrarias y establezca una interlocución ponderada con la Administración General del Estado en el seno del Consejo Agrario para garantizar los intereses a los agricultores y a los ganaderos en la formulación de políticas agrarias europeas o estatales y en coordinación con las políticas autonómicas.

Esta es una solución que necesitaba estar sobre la mesa para tomarla. Se necesitaba porque desde que en el año 2005 se suprime la legislación de cámaras agrarias tenemos un problema gravísimo a la hora de buscar la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias. Tenemos un problema gravísimo —como repetía antes— cuando hay comunidades donde hace más de dieciséis años que no hay elecciones y en algunas donde no las ha habido nunca. Por lo tanto, la representatividad no es clara, no es conforme a la realidad, no es acertada.

Queridos compañeros, es importante esta ley porque con ella va a nacer el diálogo sobre el futuro de las políticas agrarias y ganaderas de nuestro país, porque es la ley —vuelvo a repetirlo— donde se va a asentar, a posicionar el diálogo. La situación, que exige cambios relevantes en las políticas del sector agrario, hace que sea más importante que nunca una interlocución eficaz, representativa y real con las opas, por lo que resulta imprescindible que se clarifique, y cuanto antes mejor, la cuestión de la representatividad con el fin de garantizar los derechos de participación de los agricultores en los asuntos públicos e, indiscutiblemente, de mejorar la disposición de políticas agroalimentarias.

Por lo tanto, buscamos una apuesta decidida por una ley que garantice el inicio de un diálogo importante para el futuro de la agricultura como una de las grandes bazas del empleo, de la economía y de la actividad de desarrollo de nuestro país, que será consensuado por los hombres y mujeres del campo.

No me pregunte usted quién va a votar, no me pregunte si va a votar la Iglesia. Ese discurso de si va a votar la Iglesia está trasnochado. En el artículo 6 figura claramente quién puede votar: «El censo incluirá de oficio a las personas físicas que, según los datos más actualizados de los organismos citados en el apartado 2, se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: a) Estar afiliadas a la Seguridad Social y en alta como trabajadores agrarios por cuenta propia en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, de acuerdo con los datos obrantes en la Tesorería General de la Seguridad Social, siempre que no hayan obtenido una ayuda por cese anticipado en la actividad agraria. b) Percibir pagos directos superiores a 3.000 euros, de acuerdo con los datos obrantes en el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).»

Como bien he dicho, vamos a transaccionar esa enmienda, con una enmienda que había presentado el Grupo Mixto, para que esos 3000 euros pasen a 5000 euros. Además, se incluirá en el censo a aquellos agricultores que declaren una renta procedente de la actividad agraria de un porcentaje igual o superior al 25% de su renta total. Podrán ser, igualmente, las sociedades civiles y mercantiles, cuyo objetivo sea la actividad agraria y acreditar una facturación mínima de 10 000 euros al menos en uno de los dos ejercicios previos a la convocatoria de la celebración. No cuente usted que aquí va a votar cualquiera, aquí van a votar quienes verdaderamente tienen intereses en el campo, los que verdaderamente son los grandes protagonistas, como le decía, de la actividad agraria.

Por lo tanto, quiero decirles que con esta norma y con estas enmiendas que el Partido Popular ha presentado para mejorar más este texto, hacemos una necesidad importante de un problema




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que llevamos sufriendo tiempo en el campo español, la representatividad. Acercamos la representatividad de nuestro campo, de las organizaciones profesionales agrarias a la representatividad en Europa y, por consiguiente, estamos hablando, y lo dejamos claro, de un proceso de consulta y no de un proceso electoral y es para conocer el peso representativo que tiene cada organización profesional mediante un proceso igualitario y trasparente. El modelo actual de la ley de 2009 no permite obtener datos fiables. ¿Cómo podemos poner ante un Consejo Agrario a nivel nacional a algunas organizaciones que han pasado por consultas, otras por elecciones que pasaron hace dieciséis años, otras que no han pasado nunca y otras que las ha elegido el consejero de turno de la comunidad? No es nada serio ni nada real ni nada trasparente. Se aplican criterios homogéneos en las distintas comunidades cuando varían los censos y no siempre lo suficientemente amplios. Sencillamente, no es posible medir la representatividad de estas organizaciones. Estamos usando un criterio que no es válido, que no es real, que no es una auténtica palabra del campo español a la hora de buscar sus representantes.

El Estado no tiene conocimiento, hoy por hoy, de cuál es la representatividad de estas organizaciones en el ámbito nacional y sin ese conocimiento no se puede establecer una interlocución adecuada, que garantice que el sector agrario tiene la participación y el poder de decisión que le corresponde. A falta de un criterio, no podemos otorgar la representatividad por partes iguales a las organizaciones, necesitamos una consulta que sea la voz directa, simultánea, clara y con todas las garantías del campo español.

Señorías, quiero decirles que en ningún momento esta ley es una ley negativa para el campo y para los representantes del campo español, en ningún momento es una ley que vaya a estar en contra del desarrollo de la agricultura, y lo saben los agricultores. Los agricultores saben que los únicos que han estado en contra del desarrollo de la agricultura y la ganadería en este país han sido los gobiernos del Partido Socialista y los únicos que han dado viabilidad, desarrollo y compromiso al campo español han sido los gobiernos del Partido Popular. Si usted quiere, tome nota. Ese es el legado del señor Arias Cañete, el legado del hombre que ha dado la cara y ha buscado el dinero para el campo español en Bruselas y donde haya hecho falta.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Mixto? (Denegaciones).

¿Grupo vasco? (Denegaciones).

¿Grupo de Entesa? (Denegaciones).

¿Grupo de CiU? (Pausa).

Tiene la palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Si me permite, senador Ruiz, cuando se refiere al Grupo de Convergència, tenga presente que somos Convergència i Unió, somos una federación. Lo tengo que decir aquí, en el ámbito parlamentario.

Dos cuestiones puntuales. Ha dicho que es en este consejo donde se van a sentar las bases para el diálogo, pero, señoría, permítame que le diga que el sector, a pesar de los impedimentos que está generando no solo este Gobierno, sino en ocasiones las diferentes administraciones públicas, va sobreviviendo, como ha demostrado de forma suficiente durante este periodo de crisis económica, ya que ha sido el sector que ha aguantado más y mejor estos problemas.

Por tanto, no pensemos que vamos a empezar de cero y que esto va a ser la panacea, el sector funciona en ocasiones a pesar de según qué políticas y según qué comportamientos por parte de los gobiernos correspondientes.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Plana.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Coves.

La señora COVES BOTELLA: Gracias, señor presidente. Buenas tardes.

Señorías, yo también quiero dar la bienvenida a los representantes de las principales organizaciones agrarias y agradecerles la atención que han prestado a este debate, porque sé de su inquietud y preocupación por lo que hoy estamos debatiendo aquí.




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Señorías, voy a intentar no repetir todos los argumentos, pero sí quiero señalar algunas cuestiones que se han comentado. Este proyecto de ley ha sido calificado como innecesario, confuso, chapuza, poco claro, falto de objetividad, discrecional, inútil, frustrante, de brindis al sol. Estos son algunos de los adjetivos con que los portavoces parlamentarios en esta Cámara han calificado este proyecto de ley que ha presentado el Partido Popular, y si a estos calificativos les sumamos las críticas recibidas por todas las organizaciones agrarias, tendremos que concluir que desde luego este proyecto de ley no goza de ningún consenso ni por parte del espectro político ni del social. Aunque al señor Martínez le parezca que la soledad parlamentaria es un ejercicio de responsabilidad, a nosotros nos parece sencillamente una vergüenza que continúen sordos y ciegos ante las demandas de la sociedad.

Señorías, además, tengo la sensación de que esta ley ni siquiera les gusta a ustedes, porque tanto en el trámite del Congreso como en el Senado la han enmendado, hasta tal punto que han decidido aplazar la entrada en vigor de la ley nada menos que dieciocho meses después de la entrada en vigor del reglamento que la desarrolla, es decir, han decidido que esta ley no entre en vigor nunca. Porque lo que está claro es que quien gobierne después de ustedes no va a aceptar la puesta en marcha de una ley que no solo no tiene consenso, sino que cuenta con el rechazo unánime de todas las organizaciones agrarias.

Ustedes, señorías del Partido Popular, deberían preguntarse qué sentido tiene hacer leyes si a quienes van destinadas están en profundo desacuerdo con ellas. En mi opinión, democráticamente no hay ninguna razón para hacer ese tipo de leyes, pero es que el Partido Popular hace ya tiempo que ha dejado de gobernar para la mayoría de los españoles y de las españolas, y se dedica más bien al cuidado de los suyos y al pago de favores, porque este proyecto de ley es un pago de favores, como también lo es la interrupción voluntaria del embarazo o la supresión de la jurisdicción universal (Aplausos.—Rumores). Sí, señorías, esto es un abuso democrático, legal, pero así son las cosas en el Partido Popular.

Muchos de nosotros nos pensamos que si esta ley no gusta a nadie y sigue adelante, debe ser porque había un vacío legal que requería la presentación de un texto para medir la representatividad de las organizaciones agrarias. Pues no, señorías, se equivocan. Como ya se ha dicho a lo largo de este debate, hay una ley del año 2009, aprobada con un amplio consenso, apoyada por el Partido Popular, que se hizo de la mano de las organizaciones agrarias. Como ha dicho el Partido Popular, y tiene razón, solamente se han convocado elecciones en dos comunidades autónomas, en Castilla y León y en Cataluña, pero también es verdad que ustedes no han dado tiempo a que se ponga en marcha, señor Ruiz.

En el año 2011 se aprueba el reglamento que desarrolla la ley de 2009 y en el año siguiente, en 2012, ustedes ya hablaban de derogar la anterior y promover una nueva. Es decir, ustedes, señores del Partido Popular, tenían que cumplir un compromiso político, y para eso bombardearon abiertamente el consenso, sin ningún escrúpulo. Porque, señorías del Grupo Parlamentario Popular, si el problema era que las comunidades autónomas no habían celebrado elecciones, ¿es que el Gobierno no tiene ningún instrumento en su mano para hacer cumplir la ley a las comunidades autónomas? Naturalmente que sí, pero ustedes prefirieron derogarla para satisfacer a sus amigos. Este proyecto de ley, señorías, lo repito, es un pago de favores, pero como era demasiado evidente y se han levantado algunas suspicacias, ustedes han decidido que sean otros los que lo pongan en marcha.

Señorías, es un proyecto de ley que no tiene ni el acuerdo ni el aval del Consejo Económico y Social ni del Consejo de Estado. Y tiene 7 vetos, ustedes lo han visto. ¿Es que todos los grupos parlamentarios presentes en esta Cámara no tenemos razón?, ¿solo ustedes tienen razón? No, señorías. ¡Un proyecto de ley que tiene 312 enmiendas para 26 artículos! No es posible, señorías, que ustedes tengan razón y que el resto de la Cámara no tenga ninguna razón, tampoco las organizaciones agrarias! No es posible, señorías.

No quiero entrar demasiado en el contenido de la ley, pero hay dos puntos en los que todos los portavoces hemos coincidido. Uno, en resaltar las dudas democráticas y la falta de garantías que genera su sistema de representación, es decir, esa consulta que pretenden ustedes hacer y que no se aplica a ningún otro colectivo. Y yo me pregunto: ¿Por qué tratan ustedes a los ciudadanos del campo como si fueran ciudadanos de segunda? ¿Quieren ustedes medir la representatividad? ¿Por qué una consulta que genera tantas dudas y no unas elecciones




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transparentes? Nosotros también queremos conocer cuál es la representatividad de las organizaciones agrarias, estamos de acuerdo en eso, pero háganlo con una ley electoral en la mano, que se aplica a todas las organizaciones, con un proceso electoral transparente, conociendo cuál es el censo constituido por los trabajadores y trabajadoras del campo, con un voto por correo reglado, etcétera, conociendo la duración y los gastos de la campaña, es decir, señorías, con la Ley electoral en la mano, repito. ¿A qué tienen ustedes miedo?, ¿a hacer una consulta transparente, un proceso electoral de verdad, que mida la representatividad de las organizaciones agrarias? Señorías, no tienen ustedes razón.

En cuanto al censo, es una sorpresa enorme. Ahora resulta que según ese censo votan personas físicas, personas jurídicas... Con cobrar más de 3000 euros de la PAC ya se tiene derecho a votar quién representa a la gente del campo. No tienen ustedes razón, señorías. Se lo han dicho por activa y por pasiva. Esta es una manera de que sus amiguetes, como los ha calificado alguna organización agraria, formen parte de la representatividad agraria.

Pero, señorías, no podemos obviar la importancia que el resultado de esta consulta va a tener, quiero resaltarlo, pero no porque el Consejo Agrario tenga demasiada importancia puesto que ustedes lo han reducido y devaluado y solo tiene un carácter meramente consultivo, no decisivo, pero de la representatividad de la consulta que ustedes realicen, si finalmente este proyecto se aprueba, va a depender, entre otras cosas, que las organizaciones agrarias puedan disfrutar o no de las ayudas y subvenciones tanto del ministerio como de otras administraciones. Y lo que es más importante, y estas son palabras mayores: del resultado de esta consulta sobre la representatividad dependerá el reparto de los bienes inmuebles de las antiguas cámaras agrarias. Así es que, sí, esta consulta tiene importancia; así es que sí, señores del Grupo Parlamentario Popular, queremos un proceso electoral transparente y claro, con todas las garantías democráticas.

En segundo lugar, y no menos importante, todos los portavoces han destacado la recentralización del Estado que significa este proyecto de ley en un tema, la agricultura, en el que todas las competencias estaban transferidas. Ustedes plantean un cambio de modelo en la medición de la representatividad agraria, lo que significa pasar del modelo anterior, en el que las comunidades autónomas ostentaban un papel predominante, a uno para el conjunto del Estado. Eso no es más que esa idea de cómo entienden ustedes el Estado español: jerárquico y vertical. Tendremos que estudiar si eso es una invasión de competencias; en cualquier caso, lo que sí que es, es un claro retroceso democrático.

Y finalmente, señorías, no me queda mucho tiempo, pero sí quiero detenerme en una cuestión que yo no recuerdo que haya salido en el debate. Cuando el exministro Cañete presenta este proyecto de ley en el Congreso señala que, entre otras cuestiones, uno de los objetivos de este proyecto de ley es realizar un estudio sobre la conveniencia de promover una consulta para determinar la representatividad de las organizaciones de mujeres rurales para considerar de manera precisa sus intereses y necesidades. ¿Quieren ustedes explicarme, señores que apoyan al Gobierno, qué es lo que pretenden haciendo una consulta entre los colectivos de mujeres en el campo? ¿Es que ustedes han convertido ya a las mujeres rurales en sospechosas? ¿Es que acaso ustedes pretenden relegarlas de las decisiones que les atañen?

Señorías, esto rezuma machismo, rezuma machismo. (Protestas.—Aplausos). Y no nos sorprende, porque la firma de este proyecto de ley es la del señor Cañete. (Protestas).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, vaya finalizando.

La señora COVES BOTELLA: Lo que me sorprende… (Protestas). No van a hacer que me calle, así que más vale que concluya.

Rezuma machismo, señores del Grupo Popular, y ya les digo que no me extraña que esto lleve la firma del señor Cañete, lo que me resulta impresentable es que lo avale todo el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Así que si tienen alguna duda, el Grupo Socialista va a decir que no a este proyecto de ley porque recentraliza competencias, porque no tiene garantías democráticas y, sobre todo, porque relega claramente a las mujeres del campo.

Muchas gracias. (Aplausos).




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Ruiz Reyes.

El señor RUIZ REYES: Señora Coves, su intervención rezuma sectarismo, poca amplitud de miras y poco apego a la realidad de las políticas agrarias de este país. (Aplausos). Eso es lo que rezuma su intervención.

Y le digo a usted una cosa: no apostando por esta ley, usted, que es muy ligera de palabra (Rumores), hace un flaco favor —digo ligera de palabra en el sentido de que ha hablado muy rápido, por favor—... (Risas). Usted, que ha sido tan ligera al decir que no apoya esta ley y que tanto ha querido defender aquí su apuesta por la mujer en el campo, es la única que no cree en lo que este Gobierno quiere hacer: que las asociaciones de mujeres vinculadas al mundo rural tengan voz y voto —voz y voto— en la representatividad del campo español (Aplausos), cosa que ustedes no hicieron en sus años de gobierno, cosa que ustedes no hicieron en sus años de gobierno.

Ustedes sí tuvieron una ley obsoleta y perdida, pero, vuelvo a repetir, en dos años, su Gobierno no convocó ni una sola vez el consejo asesor. ¡Y dice usted que hay que darle tiempo! ¡De 2009 a 2014 van cinco años, y si en cinco años una ley no funciona, con las posibilidades que tiene el campo español, con lo importante que es el campo español para crear empleo, nosotros no nos vamos a quedar mirando a ver cómo funciona (Aplausos), vamos a cambiarlo, porque nuestra apuesta y nuestro proyecto es el empleo en el mundo rural! Vamos a seguir trabajando y haciendo lo que haga falta por cambiar una ley que se ha demostrado que no es una realidad palpable de la representatividad del campo.

Tienen una ley obsoleta, porque está perdida en el tiempo, porque no es una realidad, porque le vuelvo a repetir que en dieciséis años no se han convocado elecciones ni consultas en algunas comunidades autónomas y en algunas otras en 5 nunca jamás. Por lo tanto, por mucho consenso que tuviera, no creo que fuera una ley factible para el mundo agrario español.

Dice que estamos solos. Estamos solos, porque atendemos a los intereses generales, y no a los particulares, a los intereses generales de los hombres y mujeres del campo. Y estamos solos porque siempre hemos estado solos, porque ustedes nunca han creído en el campo y solamente han querido poner zancadillas al desarrollo del campo (Aplausos). No lo hicieron en España, no lo han hecho en Andalucía y no lo han hecho en Bruselas.

Y no hablen ustedes de leyes de consenso. ¿Me habla usted de consenso? De eso tienen que saber ustedes, de leyes de consenso. ¿Conoce usted la Ley del olivar andaluz, que no tuvo nada de consenso, y que la Junta de Andalucía solamente buscó tener el control político de los órganos de decisión? Eso es lo único que buscó la Junta de Andalucía. Ustedes en la Ley del olivar no dieron ni un paso para dialogar. El Partido Popular y aquí está el alcalde de Jaén, que conoce muy bien, y es un auténtico experto, el sector del olivar presentó una enmienda a la totalidad y la rechazaron ustedes totalmente. Ustedes no creen en el campo. Lo han demostrado. ¿Y ustedes dicen que esto es un abuso democrático? ¿Abuso democrático es dar la palabra a los hombres y mujeres del campo para que elijan a sus representantes y no repartir los representantes como buenamente se le antoje a algún consejero o basándose en resultados de hace más de dieciséis años?

La ley anterior, la ley de 2010, sí que era una chapuza y no dio soluciones al campo. Esta ley hace una consulta para buscar la representatividad verdadera del campo y da cabida a aquellos que hacen de la actividad agraria su modo de vida y generan empleo y desarrollo económico (Rumores y protestas). No levanten tanto la voz, relájense. Ustedes tenían que haber levantado la voz en Bruselas, cuando nos iban a quitar el 15% de los fondos (Aplausos). Allí es donde tenían ustedes que haber levantado la voz. No levanten la voz aquí. ¡A Bruselas! ¡A traer dinero para el campo! Lo que hace Miguel Arias Cañete (Rumores y protestas) y lo que perdimos con ustedes, pero tuvimos tiempo de reaccionar...

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías.

El señor RUIZ REYES: ... igual que hemos tenido tiempo de reaccionar con esta ley.

¿Y ustedes me van a hablar a mí de que esto es una consulta que no tiene respaldo consensuado? Pero si ustedes son los que tienen todo el día la palabra consulta en la boca, todo el día: consulta por esto, consulta por lo otro, consulta por lo otro, y cuando pedimos una consulta




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para que los que trabajan el campo digan quienes son sus representantes, ustedes buscan cualquier excusa para decir que no. Ustedes no dicen que sí a nada, ustedes solamente saben decir que no. Pero nosotros, a nuestro camino, compañeros, a crear empleo, a desarrollar el campo como el futuro de la actividad económica y empresarial de nuestro país (Aplausos.—Rumores.—Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Ole, ole y ole), porque España se merece un Gobierno...

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): ¡Silencio, señorías!

El señor RUIZ REYES: ... y los hombres y mujeres del campo de España se merecen un Gobierno que dé la cara por ellos (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Ole, ole y ole)...

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): ¡Silencio!

El señor RUIZ REYES: ... un Gobierno que no tenga dudas en tener un Ministerio de Agricultura, no como otros, que quitaron el Ministerio de Agricultura. ¡Otros quitaron el Ministerio de Agricultura! (Aplausos.—Protestas) Nosotros hemos hecho una apuesta decidida por el Ministerio de Agricultura.

Vamos a hacer una ampliación del censo para que esté participado por todos. Y claro que vamos a defender esta ley como una ley nuestra, porque creemos en el campo; eso lo tenemos metido a fuego en el alma y creemos que el campo es uno de los grandes desarrolladores de la actividad económica española. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Ole, ole y ole). ¡Que no den ustedes gritos! ¡Haberlos dado en Bruselas para traerse el dinero! ¡No den más gritos, hombre! (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Ole, ole y ole). ¡No den más gritos! ¡Haber echado la misma casta en Bruselas para traerse el dinero! ¡Allí es donde había que echarla! (Protestas). Sí, allí donde estuvimos a punto de perder 47 000 millones de euros, que este Gobierno ha podido traer; allí, donde ustedes estuvieron dispuestos a hacer una tasa plana de 100 euros por hectárea para los agricultores, con lo que mi tierra, Andalucía, hubiera perdido más de 1336 millones de euros, señora Coves, usted que es andaluza (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Ole, ole y ole!), ustedes hubieran hecho perder a los agricultores de mi tierra...

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): ¡Silencio, señorías!

El señor RUIZ REYES: ... más de 1336 millones de euros.

Por lo tanto, no me digan que esto es un compromiso para amiguetes. ¿Ustedes me van a decir a mí que los agricultores del campo son de segunda porque este Gobierno les da la posibilidad de elegir? Ahora son de primera. Por eso y por el compromiso de este Gobierno con el campo. Eran de segunda cuando ustedes no estaban comprometidos con el campo y cuando ustedes no les daban la palabra a los agricultores para elegir a los suyos. (Rumores).

De favores los que saben son ustedes; ustedes son los que saben de favores, y en mi tierra, Andalucía, mucho más. Nosotros buscamos los intereses de los camperos, de los hombres y mujeres del campo, de los que trabajan la tierra de sol a sol, y les damos la palabra a ellos. Ustedes, a lo mejor, lo que quieren son los intereses y beneficios de algunas organizaciones, nosotros los del que se monta en el tractor todas las mañanas y se baja a las nueve de la noche. Ese es el verdadero beneficiario de nuestra apuesta. Les vuelvo a repetir: de favores saben ustedes, y de chapuzas saben ustedes. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Decía antes el portavoz que ha presentado el veto del Grupo Parlamentario Socialista que esta era una ley para los Domecq y para los MoraFigueroa, y yo lo que veo es que ellos en mi tierra lo que hacen son inversiones agropecuarias, inversiones en el vino o en turismo rural. A mí los que me dan miedo no son esos que hacen inversiones, a mí los apellidos y las familias que me dan miedo en Andalucía son los Pizarro, los Perales, los Guerra, los Guerrero; los de los ERE, los de Bahía Competitiva, los de los fondos de formación, los que se han llevado el dinero de los parados del campo. (Rumores y protestas.—Aplausos).

Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ruiz Reyes.

Llamen a votación (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas.

Comenzamos por las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

Enmiendas de los senadores Quintero y Zerolo. Comenzamos votando la enmienda 85.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 11; en contra, 203; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 45.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 11; en contra, 141; abstenciones, 65.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 35 a 37, 39, 76 a 78 y 84.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 216; a favor, 74; en contra, 139; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 40 y 46.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 13; en contra, 201; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 47 a 75 y 79 a 82.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 216; a favor, 13; en contra, 140; abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 41.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 8; en contra, 194; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 43.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 1; en contra, 201; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 38, 42 y 44.

Comienza la votación. (Pausa).




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 13; en contra, 201; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 86 y 87.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 4; en contra, 142; abstenciones, 71.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 83.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 21; en contra, 141; abstenciones, 55.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los senadores Iglesias y Mariscal, comenzamos votando las enmiendas 11 y 29.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 4; en contra, 211; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 1, 5 a 9, 15, 22, 27 y 30.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 216; a favor, 73; en contra, 143.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 4, 16 y 32.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 216; a favor, 63; en contra, 143; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 2 y 3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217; votos emitidos, 215; a favor, 15; en contra, 143; abstenciones, 57.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 10, 12, 18, 21, 25, 26, 28 y 31.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 216; votos emitidos, 214; a favor, 15; en contra, 199.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 19, 20, 23 y 24.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217; votos emitidos, 215; a favor, 5; en contra, 200; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 13, 14, 17, 33 y 34.

Comienza la votación (Pausa).




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 5; en contra, 143; abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De la senadora Capella, comenzamos votando la enmienda 136.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 64; en contra, 153.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 139.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 11; en contra, 205; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 93.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 12; en contra, 196; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 91 y 98.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 216; a favor, 11; en contra, 203; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 94.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 13; en contra, 204.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 88, 89, 92, 133, 134, 135 y 138.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 215; a favor, 74; en contra, 141.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 99 a 132.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 20; en contra, 144; abstenciones, 53.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 90.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 74; en contra, 143.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 95 y 96.

Comienza la votación (Pausa).




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 3; en contra, 204; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 137.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217; votos emitidos, 215; a favor, 19; en contra, 143; abstenciones, 53.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Entesa, votamos las enmiendas 140 y 142.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 61; en contra, 141; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 150.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 70; en contra, 140; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 151.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 216; a favor, 10; en contra, 195; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 167.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 71; en contra, 140; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 171.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 216; a favor, 73; en contra, 140; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 141, 146 y 152.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 216; a favor, 64; en contra, 140; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 143, 144, 147 a 149, 155, 156, 158, 159, 163, 165, 166, 169, 172 y 175.

Comienza la votación (Pausa).




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 216; a favor, 72; en contra, 140; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 157, 160, 161 y 174.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 21; en contra, 141; abstenciones, 55.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 162, 164, 168, 170, 173, 176 y 177.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 216; a favor, 63; en contra, 140; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 209.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 216; a favor, 15; en contra, 198; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 210.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 63; en contra, 150; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 188.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 215; a favor, 9; en contra, 190; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 200, 201, 206 y 208.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217; votos emitidos, 214; a favor, 5; en contra, 195; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 178, 181 a 186, 192, 193, 197 a 199, 204 y 207.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 216; a favor, 74; en contra, 139; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 187, 189, 195, 196, 202, 203 y 205.

Comienza la votación. (Pausa).




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 15; en contra, 199; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 179, 180, 190, 191, 194, 211 y 212.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 216; a favor, 15; en contra, 140; abstenciones, 61.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Convergència i Unió.

Votamos la enmienda 254.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 215; a favor, 74; en contra, 138; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 257.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 14; en contra, 200; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 298.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 216; a favor, 20; en contra, 139; abstenciones, 57.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 300.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 11; en contra, 202; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 252, 253, 255, 295 a 297 y 299.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 74; en contra, 140; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 256 y 259.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 14; en contra, 200; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 261 a 294.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 216; a favor, 21; en contra, 139; abstenciones, 56.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 258.

Comienza la votación. (Pausa).




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217; votos emitidos, 214; a favor, 13; en contra, 198; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 260.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 13; en contra, 140; abstenciones, 64.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Socialista.

Comenzamos votando la enmienda 235.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 214; a favor, 62; en contra, 149; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 239.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 216; a favor, 61; en contra, 142; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 215.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217; votos emitidos, 215; a favor, 59; en contra, 139; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 224.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217; votos emitidos, 215; a favor, 60; en contra, 139; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 230, 245 y 246.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 71; en contra, 140; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 213, 214, 218 a 220, 223, 225, 227, 232, 234, 236, 240, 242, 247, 250 y 251.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 63; en contra, 139; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 216, 217, 221, 222, 228, 229, 231, 233, 237, 238, 241, 243, 244, 248 y 249.

Comienza la votación. (Pausa).




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 72; en contra, 140; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 226.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 55; en contra, 140; abstenciones, 22.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los grupos Socialista y Entesa, votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda 309, del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 218; a favor, 75; en contra, 140; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los mismos grupos, votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 301 a 308 y 310 a 312, del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 219; a favor, 76; en contra, 140; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 130389, sobre la enmienda número 97, del Grupo Parlamentario Mixto, firmada por todos los grupos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 149; en contra, 2; abstenciones, 66.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 139; en contra, 81; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado.

Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey. (Aplausos).

9. REGLAMENTO DEL SENADO

9.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

9.1.1. PROPUESTA DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL SENADO POR LA QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 36.1, 148, 149 Y 150 Y SE INCLUYE UNA NUEVA DISPOSICIÓN ADICIONAL.

COMISIÓN: REGLAMENTO

(Núm. exp. 626/000003)

El señor presidente da lectura a los puntos 9., 9.1. y 9.1.1.

El señor PRESIDENTE: No se han presentado enmiendas a esta propuesta de reforma.

La Comisión de Reglamento, en su sesión del día 4 de junio de 2014, ha acordado aceptar como dictamen el texto publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, número 356, de fecha 29 de mayo de 2014.




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Vamos a proceder, señorías, a la votación final sobre la totalidad de la propuesta de reforma. De conformidad con el artículo 196.3 del Reglamento del Senado, para su aprobación se requerirá la mayoría absoluta de la Cámara, es decir, 134 senadores.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 220; a favor, 219; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada la propuesta de reforma del Reglamento del Senado por la que se modifican los artículos 36.1, 148, 149 y 150 y se incluye una nueva disposición adicional.

10. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

10.1. AUTORIZACIÓN PARA TRAMITACIÓN EN LECTURA ÚNICA

10.1.1. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE HACE EFECTIVA LA ABDICACIÓN DE SU MAJESTAD EL REY DON JUAN CARLOS I DE BORBÓN. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 551/000040)

El señor presidente da lectura a los puntos 10.,10.1. y 10.1.1.

El señor PRESIDENTE: La Mesa del Senado, oída la Junta de Portavoces, en su reunión del día 3 de junio de 2014, ha resuelto proponer al Pleno de la Cámara que acuerde que este proyecto de ley orgánica se tramite directamente y en lectura única, de conformidad con el artículo 129 del Reglamento del Senado.

Se ha producido votación telemática. Han solicitado votación las senadoras Ibarz Ibarz, García Carrasco y Jurado Fernández de Córdoba. Se autorizaron los 3 votos. La senadora Ibarz Ibarz no ha ejercido su derecho. Y las senadoras García Carrasco y Jurado Fernández de Córdoba sí lo han hecho, en sentido afirmativo. (El señor Guillot Miravet pide la palabra).

Senador Guillot, tiene la palabra.

El señor GUILLOT MIRAVET: Señor presidente, me acojo al artículo 87 del Reglamento. Intervengo para decir, en nombre del senador Saura y en el mío propio, que consideramos que no es oportuno, en un tema tan trascendental, tan histórico como es la abdicación de un rey, tramitar ese proyecto de ley orgánica por lectura única. El artículo 129.1 del Reglamento nos dice que cuando la naturaleza de un proyecto o de una proposición de ley, remitidos por el Congreso de los Diputados, lo aconseje, o su simplicidad de formulación lo permita, el Pleno de la Cámara podrá acordar que se tramite directamente y en lectura única.

Señorías, en democracia las formas lo son todo. El Congreso de los Diputados no ha remitido ningún proyecto de ley, con lo cual no conocemos su naturaleza ni su simplicidad. Podremos deducir, dadas las mayorías parlamentarias, qué es lo que vendrá, pero hoy por hoy al Senado no se ha remitido ningún proyecto de ley, con lo cual creemos que la propuesta de la Mesa y Junta de Portavoces conculca el espíritu y la letra del artículo 129.1. Por ello, señor presidente, me acojo al artículo 36.2 del Reglamento y pido la reconsideración de la Mesa y solicito una resolución motivada de su decisión. En estos momentos, visto que hay una abdicación exprés, una tramitación parlamentaria exprés, una coronación exprés, nosotros reivindicamos un debate sereno, sosegado, sobre una cuestión tan trascendental como es la forma de Estado.

Gràcies, president.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

¿Alguna intervención más? (El senador Iglesias Fernández pide la palabra).

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Acogiéndome al mismo precepto que el senador Guillot, y compartiendo su argumentación, añado que la fórmula de lectura única tiene sentido cuando hay una unanimidad en la Cámara respecto a la cuestión de fondo, o cuando se produce una situación de máxima urgencia. Ninguna de las dos circunstancias se dan. No hay esa unanimidad —lo hemos manifestado, aunque seamos minoría, algunos de los senadores que conformamos esta Cámara—. Y la urgencia tampoco está justificada. No hay una vacante institucional en este momento. Hay un anuncio del monarca de su voluntad de abdicar, pero hasta que se apruebe la ley orgánica correspondiente el monarca sigue ejerciendo todas y cada una de sus funciones. En consecuencia, no hay una urgencia para la aprobación de una ley orgánica, que, en primer lugar, por lo que se sabe, no es la que preceptúa el artículo 57 de la Constitución española, es otra ley orgánica la que nos convierte en fedatarios públicos de la voluntad del monarca.

Y, luego, si durante estos treinta y seis años no hubo oportunidad y tiempo para aprobar la ley orgánica que de verdad pide el artículo 57, no creo que esté justificado que en este momento se acuda al procedimiento de lectura única.

Muchísimas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

¿Alguna intervención más? (El senador Camacho Sánchez pide la palabra).

Tiene la palabra, senador Camacho.

El señor CAMACHO SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

Mi grupo entiende que la tramitación por lectura única es un procedimiento excepcional, y que como tal se debe utilizar. También entiende mi grupo, sin entrar, evidentemente, en el fondo — corresponderá en otro momento ese debate—, que este es precisamente un momento de esa excepcionalidad y que, por lo tanto, sí se debe tratar y tramitar por lectura única.

Nada más. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Camacho.

¿Alguna intervención más? (El señor Sanz Pérez pide la palabra).

Tiene la palabra, senador Sanz.

El señor SANZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.

Yo comparto con el senador Camacho, y que sirva de precedente, que no estamos hablando del fondo, sino de la forma. A diferencia de lo que opina el senador Guillot, el artículo 129.1 del Reglamento refleja claramente lo que estamos ahora debatiendo.

Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Popular, al que represento, va a mostrar su voto favorable a la tramitación por lectura única. Y al mismo tiempo quiero reafirmar el compromiso de este grupo y, por lo tanto, de mi partido, con la monarquía parlamentaria.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz.

¿Alguna intervención más? (Pausa).

Vamos a proceder, entonces, a la votación.

Decía antes en relación con la votación telemática que ha habido una senadora que no ha votado y que hay dos votos favorables de las otras dos senadoras, que añadiré a la votación que realicemos en el hemiciclo.

Comienza la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222 más 3 votos telemáticos, 225; votos emitidos, 220 más 2 votos telemáticos, 222; a favor, 209 más 2 votos telemáticos, 211; en contra, 6; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, autorizada la tramitación por el procedimiento de lectura única de la iniciativa mencionada. (Aplausos).

Señorías, como información les diré que a continuación se reunirá la Mesa y Portavoces de la Comisión de Industria, Energía y Turismo en la Sala 2001 B; la Comisión de Suplicatorios, en la Sala Manuel Giménez Abad; la Comisión de Incompatibilidades, en la Sala 20003; la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, en la Sala Clara Campoamor; y la Comisión de Justicia, en la Sala Enrique Casas.

Buenas tardes a todos. Se levanta la sesión.

Eran las catorce horas.


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