Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
DS. Senado, Pleno, núm. 129, de 29/10/2014
 





Página 12230


PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 61

celebrada el miércoles, 29 de octubre de 2014

ORDEN DEL DÍA

5. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

5.3. Moción por la que el Senado acuerda la creación, en el seno de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, de una Ponencia de Estudio sobre la volatilidad de los precios agrarios y las posibles medidas que pueden plantearse en las instituciones competentes para garantizar la renta de los agricultores ante las fluctuaciones de los mercados.

(Núm. exp. 671/000139)

Autor: GPEPC

5.4. Moción por la que se insta al Gobierno a paralizar el proyecto de privatización de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

(Núm. exp. 671/000140)

Autor: GPS

5.5. Moción por la que se insta al Gobierno a instaurar medidas de protección por desempleo para personas paradas de larga duración mayores de cuarenta y cinco años.

(Núm. exp. 671/000141)

Autor: GPS

5.6. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

(Núm. exp. 671/000142)

Autor: GPS

5.7. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia laboral.

(Núm. exp. 671/000144)

Autor: JOSÉ MANUEL MARISCAL CIFUENTES (GPMX)




Página 12231


6. MOCIONES

6.1. Moción por la que se insta al Gobierno a adoptar determinadas medidas para el tratamiento y prevención del maltrato a las personas mayores.

(Núm. exp. 662/000160)

Autor: GPP

6.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de las medidas necesarias para fomentar las donaciones de órganos y mostrar su reconocimiento a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) por revalidar por vigésimo segundo año consecutivo el liderazgo mundial en trasplantes.

(Núm. exp. 662/000161)

Autor: GPP

6.3. Moción por la que se insta al Gobierno a reconocer al Estado Palestino como Estado soberano y a la adopción de determinadas medidas para la reconstrucción de Gaza y la consolidación de un proceso de paz en Oriente Medio.

(Núm. exp. 662/000159)

Autores: URKO AIARTZA AZURTZA (GPMX) Y NUEVE SENADORES MÁS

7. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

7.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

7.1.1. Convenio entre el Reino de España y la República de Moldova en materia de cooperación en asuntos de seguridad y lucha contra la delincuencia, hecho en Madrid el 22 de octubre de 2013.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000127)

7.1.2. Acuerdo de Sede entre el Reino de España y la Unión Europea (Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo), hecho en Bilbao el 31 de marzo de 2014.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000128)

8. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

8.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

8.1.1. Proyecto de Ley por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Economía y Competitividad

(Núm. exp. 621/000095)

8.1.2. Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 621/000078)

8.1.3. Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

Comisión: Defensa

(Núm. exp. 621/000079)




Página 12232


SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas.

5. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

5.3. Moción por la que el Senado acuerda la creación, en el seno de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, de una Ponencia de Estudio sobre la volatilidad de los precios agrarios y las posibles medidas que pueden plantearse en las instituciones competentes para garantizar la renta de los agricultores ante las fluctuaciones de los mercados.

(Núm. exp. 671/000139)

Autor: GPEPC

12239

El señor Boya Alós defiende la moción.

El señor Plana Farran defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Boya Alós expone la posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda, aceptándola.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Cotillas López, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Boya Alós, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Plana Farran, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Becana Sanahuja, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Cotillas López, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, con el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 76; en contra, 143; abstenciones, 3.

5.4. Moción por la que se insta al Gobierno a paralizar el proyecto de privatización de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

(Núm. exp. 671/000140)

Autor: GPS

12251

El señor Fernández Ortega defiende la moción.

La señora Iparragirre Bemposta defiende las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Fernández Ortega expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Mateu Istúriz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Quintero Castañeda y el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Iparragirre Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Fernández Ortega, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Mateu Istúriz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 70; en contra, 153; abstenciones, 17.




Página 12233


5.5. Moción por la que se insta al Gobierno a instaurar medidas de protección por desempleo para personas paradas de larga duración mayores de cuarenta y cinco años.

(Núm. exp. 671/000141)

Autor: GPS

12264

El señor Varela Sánchez defiende la moción.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa de este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Fernández Sánchez defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Varela Sánchez expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando la del Grupo Parlamentario Mixto y rechazando la del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Varela Sánchez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Fernández Sánchez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, con el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 95; en contra, 153.

5.6. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

(Núm. exp. 671/000142)

Autor: GPS

12275

La señora Flores Fernández defiende la moción.

En turno de portavoces intervienen el señor Mariscal Cifuentes, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rieradevall Tarrés y el señor Plana Farran, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; la señora Flores Fernández, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Pan Vázquez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 77; en contra, 154; abstenciones, 5.

5.7. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia laboral.

(Núm. exp. 671/000144)

Autor: JOSÉ MANUEL MARISCAL CIFUENTES (GPMX)

12283

El señor Mariscal Cifuentes defiende la moción.

El señor Ruiz Santos defiende las tres enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Mariscal Cifuentes acepta las tres enmiendas.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Peris Jarque, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.




Página 12234


En turno de portavoces intervienen el señor Mariscal Cifuentes, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Ruiz Santos, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Peris Jarque, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de las tres enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 242; a favor, 73; en contra, 155; abstenciones, 14.

6. MOCIONES

6.1. Moción por la que se insta al Gobierno a adoptar determinadas medidas para el tratamiento y prevención del maltrato a las personas mayores.

(Núm. exp. 662/000160)

Autor: GPP

12293

La señora Elorriaga Pisarik defiende la moción.

La señora Rivero Segalás defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

La señora Almiñana Riqué defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Andrés Prieto defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Elorriaga Pisarik expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.

En turno de portavoces intervienen el señor Martínez Oblanca, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; la señora Andrés Prieto, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Elorriaga Pisarik, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se pospone la votación.

6.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de las medidas necesarias para fomentar las donaciones de órganos y mostrar su reconocimiento a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) por revalidar por vigésimo segundo año consecutivo el liderazgo mundial en trasplantes.

(Núm. exp. 662/000161)

Autor: GPP

12309

El señor Alarcó Hernández defiende la moción.

La señor Almiñana Riqué defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Llinares Cuesta defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Alarcó Hernández expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas. Informa de la presentación de una propuesta de modificación.

En turno de portavoces intervienen el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rivero Segalás, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado




Página 12235


Convergència i Unió; la señora Llinares Cuesta, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Alarcó Hernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se pospone la votación.

6.3. Moción por la que se insta al Gobierno a reconocer al Estado Palestino como Estado soberano y a la adopción de determinadas medidas para la reconstrucción de Gaza y la consolidación de un proceso de paz en Oriente Medio.

(Núm. exp. 662/000159)

Autores: URKO AIARTZA AZURTZA (GPMX) Y NUEVE SENADORES MÁS

12320

El señor Aiartza Azurtza defiende la moción.

El señor Sabaté Borràs defiende las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Fernández Pena defiende las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Muñoz-Alonso Ledo defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Aiartza Azurtza expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando las del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ylas del Grupo Parlamentario Socialista y rechazando la del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Aiartza Azurtza, que anuncia la retirada de la moción; el señor Iglesias Fernández y la señora Capella i Farré, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Sedó Alabart, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; la señora Fernández Pena, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Muñoz-Alonso Ledo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

6.1. Moción por la que se insta al Gobierno a adoptar determinadas medidas para el tratamiento y prevención del maltrato a las personas mayores. (Votación)

(Núm. exp. 662/000160)

Autor: GPP

12336

Se aprueba la moción, con el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 153; abstenciones, 95.

6.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de las medidas necesarias para fomentar las donaciones de órganos y mostrar su reconocimiento a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) por revalidar por vigésimo segundo año consecutivo el liderazgo mundial en trasplantes. (Votación)

(Núm. exp. 662/000161)

Autor: GPP

12337

Se aprueba la propuesta de modificación, con el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 247; a favor, 170; en contra, 3; abstenciones, 74.

6.3. Moción por la que se insta al Gobierno a reconocer al Estado Palestino como Estado soberano y a la adopción de determinadas medidas para la reconstrucción de Gaza y la consolidación de un proceso de paz en Oriente Medio.

(Núm. exp. 662/000159)

Autores: URKO AIARTZA AZURTZA (GPMX) Y NUEVE SENADORES MÁS

12337

El señor Aiartza Azurtza y los nueve senadores restantes autores de la moción solicitan la retirada de la moción, por lo que no se vota.




Página 12236


7. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

7.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

7.1.1. Convenio entre el Reino de España y la República de Moldova en materia de cooperación en asuntos de seguridad y lucha contra la delincuencia, hecho en Madrid el 22 de octubre de 2013.

Comisión: Asuntos Exteriores

12337

(Núm. exp. 610/000127)

7.1.2. Acuerdo de Sede entre el Reino de España y la Unión Europea (Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo), hecho en Bilbao el 31 de marzo de 2014.

Comisión: Asuntos Exteriores

12337

(Núm. exp. 610/000128)

El señor Muñoz-Alonso Ledo, presidente de la comisión, presenta los dictámenes.

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación telemática ha sido autorizada para el senador Marín Torrecillas, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que ha emitido su voto en sentido afirmativo en los dos casos.

Con la abstención de la senadora Capella i Farré y la suma del voto afirmativo emitido telemáticamente, por asentimiento de la Cámara se autorizan estos convenios.

8. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

8.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

8.1.1. Proyecto de Ley por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Economía y Competitividad

12338

(Núm. exp. 621/000095)

El señor López Rodríguez, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Mariscal Cifuentes da por defendidas las enmiendas 1 a 40 presentadas por el señor Iglesias Fernández y este senador, del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora Iparragirre Bemposta defiende las enmiendas 41 a 43, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Montilla Aguilera defiende las enmiendas 44 a 47, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y da por defendidas las números 48 a 88, del mismo grupo parlamentario.

El señor Alturo Lloan defiende las enmiendas 89 y 90, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Ortiz Molina defiende las enmiendas 91 a 94, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Utrera Mora, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Iparragirre Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel




Página 12237


Progrés de Catalunya; el señor Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Manchado Lozano, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Utrera Mora, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar

12352

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueba, en un solo acto, el proyecto de ley.

El señor presidente informa a la Cámara de que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.

8.1.2. Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.

Comisión: Asuntos Exteriores

12353

(Núm. exp. 621/000078)

El señor Muñoz-Alonso Ledo, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Iglesias Fernández da por defendidas las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto números 1 a 5 y 7 a 35, originariamente presentadas por este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Anasagasti Olabeaga defiende las enmiendas 184 a 194, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Sabaté Borràs defiende las enmiendas 36 a 40 y 42 a 70 y da por defendidas las números 71 a 74, 76, 79, 82 a 93, 95 a 97 y 99 a 111, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Sedó Alabart defiende las enmiendas 112 a 127, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

La señora Fernández Pena defiende las enmiendas 128 a 132, 136, 139 a 150, 152 a 154 y 156 a 168, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Chiquillo Barber, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Sedó Alabart, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Losada de Azpiazu, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Muñoz-Alonso Ledo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar

12370

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.




Página 12238


8.1.3. Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

Comisión: Defensa

12372

(Núm. exp. 621/000079)

El señor López Valdivielso, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Se inicia el debate de las propuestas de veto.

El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto número 1, de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Campoy Suárez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Yanguas Fernández y el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Maldonado i Gili, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Ángel Batalla, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Campoy Suárez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar la propuesta de veto

12382

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación telemática ha sido autorizada para el senador Marín Torrecillas, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que ha emitido su voto en sentido negativo. Asimismo, recuerda que para la aprobación del veto se exige la mayoría absoluta.

Se rechaza la propuesta de veto número 1 con el siguiente resultado: presentes, 223 más 1 voto telemático, 224; votos emitidos, 222 más 1 voto telemático, 223; a favor, 5; en contra, 140 más 1 voto telemático, 141; abstenciones, 77.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 1 a 92, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Maldonado i Gili defiende las enmiendas 186 a 208, 211 a 223 y 226 a 230, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Canals Lizano, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Maldonado i Gili, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Abad Benedicto, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Canals Lizano, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar

12392

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

Se suspende la sesión a las veintiuna horas y treinta minutos.




Página 12239


Se reanuda la sesión a las nueve horas.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Se reanuda la sesión.

5. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN (Continuación).

5.3. MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO ACUERDA LA CREACIÓN, EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, DE UNA PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE LA VOLATILIDAD DE LOS PRECIOS AGRARIOS Y LAS POSIBLES MEDIDAS QUE PUEDEN PLANTEARSE EN LAS INSTITUCIONES COMPETENTES PARA GARANTIZAR LA RENTA DE LOS AGRICULTORES ANTE LAS FLUCTUACIONES DE LOS MERCADOS.

(Núm. exp. 671/000139)

AUTOR: GPEPC

El señor vicepresidente, Lucas Giménez, da lectura a los puntos 5. y 5.3.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): A esta moción consecuencia de interpelación se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario de Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos, el senador señor Boya.

El señor BOYA ALÓS: Muchas gracias, señor presidente.

Hoy recuperamos el debate que, en forma de interpelación, mantuve con la señora ministra de Agricultura durante el pasado Pleno sobre una cuestión que me parece absolutamente vital en este momento: la referida a los precios agrarios. Este es un problema que hemos visto agudizarse en estos últimos tiempos, y muy especialmente con la crisis del veto ruso. Ya les advierto que el debate de hoy no tiene que ser de ninguna manera el de esa crisis. Creo que esa cuestión ya la hemos debatido ampliamente en esta Cámara, y es cierto que cada uno tiene su opinión; se han presentado mociones al respecto, y ya conocemos cuál ha sido el resultado de las votaciones. Pero, desde mi punto de vista, sería absurdo no reflexionar, no ser capaces de debatir sobre los efectos que ha tenido dicha crisis, sobre los problemas que tiene el mercado agrario, para ver si somos capaces de plantear alternativas a las consecuencias que, entre otras cosas, esa crisis ha dejado en evidencia.

Efectivamente, este es un problema estructural, un problema endémico de nuestra agricultura y de los países de nuestro entorno, e insisto en que desde mi punto de vista debemos abordar este debate si consideramos que la agricultura es una actividad estratégica, precisamente de la que dependen nuestra alimentación y la calidad de los alimentos. Además, es una actividad que debe garantizar un modelo social en nuestro mundo rural y que, por tanto, debe vertebrar amplios territorios de nuestro país generando empleo y ayudando en la gestión de territorios tan diversos en el conjunto del Estado español.

Señorías, no hay ninguna actividad económica que pueda resistir mucho tiempo la venta de una producción por debajo de los precios de coste. Creo que no es necesario abundar en ello, porque ustedes lo conocen perfectamente. Saben ustedes que un agricultor no puede de ninguna manera cobrar, como está sucediendo en el caso de la fruta, el kilo de melocotones a 0,15 cuando el coste de recogida de ese melocotón asciende a 0,30 o 0,33 céntimos. El resultado es más que evidente. Yo podría sacar del índice de precios en origen diversos ejemplos en los que el precio de algunos productos agrarios se multiplica el 1220 % desde el que recibe el agricultor hasta el precio del supermercado. Y es cierto que las cadenas de distribución nunca pierden, que las grandes multinacionales nunca pierden; siempre pierden y pagan las crisis los agricultores, y muy en especial los pequeños agricultores.

El otro día le decía a la ministra que una agricultura sin reglas es como una democracia sin leyes, y me reafirmo en eso. Es cierto que este es un debate complejo, en el que hay que reflexionar sobre algunos ámbitos porque vivimos en una economía de mercado y no podemos obviar eso de ninguna manera; pero existe un interesante debate en otros países sobre si es posible o no fijar unos precios mínimos a las producciones agrarias que tengan la lógica de un




Página 12240


amplio territorio con circunstancias económicas y sociales similares. En este caso, evidentemente, el nuestro es la Unión Europea. Por consiguiente, se trata de que en ese ámbito se fijen unos precios —no sé si pueden ser de referencia o más que de referencia; precisamente eso forma parte del debate— que, en todo caso, garanticen que los agricultores se puedan ganar dignamente la vida con su trabajo y su producción. Los agricultores no quieren tener una actividad subsidiada; el agricultor quiere ganarse la vida con un precio justo de su producto, quiere hacer productos de calidad y garantizar la alimentación del conjunto de la sociedad.

Después de aquella interpelación, nos pareció que lo más sensato era abrir ese debate e invitar a las organizaciones a participar en él, así como a todos los agentes que en estos momentos tienen algo que decir sobre esta cuestión y, al mismo tiempo, intentar sensibilizar desde esa ponencia al conjunto de los grupos políticos para promover una comisión de ese estilo en el Parlamento Europeo que nos permita, recíprocamente, generar una opinión propia de esta Cámara —por tanto, del Gobierno de España— y también hacer ese trabajo en el Parlamento Europeo, e iniciar un camino que será largo, sin duda, que es difícil, que habrá que transitar con muchas precauciones, pero que...

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya terminando.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente. Termino.

Como decía, sin duda en estos momentos este es un debate absolutamente trascendente para nuestros agricultores y, por tanto, también para nuestro mundo rural.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Boya.

Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gràcies, president.

No podríem estar més d’acord amb la proposta que va fer el senador Boya al respecte d’un element tan essencial com és la volatilitat dels preus, que no és una qüestió estatal, sinó internacional. Entre d’altres coses, tenim suficients elements damunt la taula perquè ens estan alertant d’una situació complicada, com pot ser el canvi climàtic, diferents elements, taxes i nivells aranzelaris en la globalitat del món, i això provoca una diferenciació pel que fa als preus. Ara bé, vostè ho ha apuntat, senador Boya.

Podríem posar damunt la taula el concepte de justirendibilitat per als pagesos i ramaders, és a dir, que tinguin una remuneració mínimament d’acord amb tot l’esforç que estan fent. Aquí hi ha alguns informes i, segons diu el Govern del Partit Popular, s’han fet unes línies d’actuació en aquesta línia, valgui la redundància, per poder establir o denunciar si existeix dins d’aquesta cadena alimentària on es genera el valor afegit, si es pot posar damunt la taula o denunciar. Parlem de la Llei de millora de la cadena alimentària. Diuen amb una expressió castissa que no tiene parangón dentro de la Unión Europea. Doncs ara tenim un instrument, que és l’Agència d’Informació i Control Alimentari. D’aquí ve la nostra esmena d’addició. El que demanem és que aquesta agència, que ja ha tingut alguna denúncia dels esglaons més dèbils de la cadena alimentària, ens expliqui en corts generals i vingui un cop l’any a explicar-nos què han fet, quines mesures han pres i quines diligències prendran en cas que hi hagi una posició de domini, una venda a pèrdues o el no compliment d’aquells elements que faran possible —i torno a repetir aquest concepte— la justirendibilitat.

I ens podem retrotreure a l’any 1958, dins del marc de la Unió Europea, perquè la volatilitat dels preus no és una qüestió que puguem abordar a escala estatal, és mundial. La PAC es va crear per proporcionar una alimentació a la ciutadania de la Unió Europea i una estabilitat de preus. Ara bé, què està succeint? Si utilitzem els aliments i la producció agrària i ramadera com un element especulatiu, anirem malament. El que necessitem és que no hi hagi aquest esvoranc, aquesta diferenciació, entre l’economia productiva dels petits i mitjans negocis familiars agraris i les grans especulacions que es poden fer en la producció, la transformació i les pràctiques comercials abusives que es puguin donar. El 18 % del valor afegit del producte agroalimentari és l’únic que arriba, en alguns casos i en alguns anys —aquest any no ha estat així—, al sector primari, per tant, això senyors, senyories, no pot ser.




Página 12241


Vaig en la línia de complementació, perquè m’alegro que s’hagi presentat aquesta moció conseqüència d’interpel·lació perquè es faci una comissió especial d’estudi i espero que accepti l’esmena que presento per reclamar que una agència que està creada per una llei estatal que, torno a repetir, és un concepte que no tiene parangón, que es pugui incorporar, que vinguin, que ens informin, i espero que tots els partits polítics, en una mesura o una iniciativa que no ha estat de cap de les maneres partidista, sinó que és perquè tots els esglaons de la cadena alimentària puguin participar i donar el seu punt de vista, que sigui acceptada i tinguda en compte.

Som en una cambra de representació territorial, però a més a més de reflexió. Doncs reflexionem. Tenim unes previsions que l’any 2050 s’haurà d’incrementar un 50 % la productivitat alimentària, perquè entre altres coses augmentarà la població mundial. Tenim un problema de recursos, són finits, sobretot els hídrics, per tant, davant d’aquesta limitació de recursos i d’aquesta demana d’alimentació, fem el possible per poder reflexionar i veure quines mesures podem prendre perquè aquest concepte de justirendibilitat sigui acceptat i tingut en compte per part de tots els esglaons de la cadena alimentària.

Ja li dic que, si ho accepta, nosaltres votarem a favor d’aquesta moció.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

No podríamos estar más de acuerdo con la propuesta del senador Boya, que se refiere a un tema tan esencial como es la volatilidad de los precios, volatilidad que no es una cuestión a nivel estatal sino internacional. Ya tenemos suficientes elementos sobre el tapete que nos están alertando de una situación complicada, como puede ser el cambio climático, y hay otros aspectos, como tasas, niveles arancelarios, etcétera, en distintos espacios de la globalidad de este mundo. Todo ello genera un elemento de diferenciación según el cual deben modificarse los precios, como usted ha apuntado, senador Boya.

Podríamos hablar también del concepto de justirrentabilidad para los agricultores y ganaderos, es decir, que cuenten con una remuneración mínimamente acorde con el esfuerzo que están realizando. Tenemos algunos informes que se han elaborado, según dice el Gobierno del Partido Popular, con unas líneas de actuación para poder tratar abiertamente esta cuestión, o al menos denunciarla, de la cadena alimentaria, en la que se genera el valor añadido. Estamos hablando de la Ley de mejora de la cadena alimentaria, una ley que, según se dice con expresión castiza, no tiene parangón dentro de la Unión Europea. Y ahora tenemos un instrumento que es la Agencia de Información y Control Alimentarios, y de ahí la presentación de nuestra enmienda de adición a esta moción. Lo que nosotros solicitamos es que representantes de esta agencia, que ya ha tenido alguna denuncia por parte de los eslabones más débiles de la cadena alimentaria, asistan una vez al año a las Cortes Generales para contarnos qué han hecho, qué medidas se han tomado y qué diligencias quieren tomar en caso de que exista una situación de dominio o de venta a pérdidas o que no se cumplan los elementos que harán posible, insisto, la justirrentabilidad.

Podemos retrotraernos incluso al año 1958, en el marco de la Unión Europea, porque la volatilidad de los precios no es una cuestión que podamos abordar en el ámbito estatal sino mundial. La PAC fue creada para proporcionar una alimentación a la ciudadanía de la Unión Europea, así como una estabilidad de precios. Ahora bien, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si utilizamos la producción agraria y ganadera como un elemento especulativo, vamos a ir por mal camino. Lo que necesitamos es que no exista ese abismo, esa diferencia entre la economía productiva de los pequeños y medianos negocios familiares agrarios y las grandes especulaciones que se puedan dar en la producción, la transformación y también en las prácticas comerciales abusivas. Y es que el 18 % del valor añadido del producto agroalimentario es lo único que en algunos casos, y en algunos años —este año no ha sido así—, llega al sector primario. Y eso no puede ser, señorías.

Me alegro de que se haya presentado esta moción consecuencia de interpelación para que se forme una comisión especial de estudio. Espero y deseo que acepten la enmienda que mi grupo presenta, para reclamar que un representante de una agencia —de la que se afirma, insisto, que no tiene parangón— creada por una ley estatal asista a las sesiones y nos informe. Espero que todos los grupos tengan en cuenta y acepten una iniciativa que en ningún caso es partidista, sino que pretende que todos los eslabones de la cadena alimentaria puedan participar y dar su punto de vista.




Página 12242


Nos encontramos en una Cámara de representación territorial, pero también de reflexión; por tanto, reflexionemos. Según las previsiones, en el año 2050 la productividad alimentaria va a tener que incrementarse en un 50 %, entre otros motivos, porque también aumentará la población mundial. Y tenemos un problema de recursos; los recursos son finitos, sobre todo los hídricos. Ante esta limitación de recursos y esta demanda de alimentación, hagamos lo posible por reflexionar y ver cuáles son las medidas que podemos tomar para que el concepto de justirrentabilidad sea aceptado y contemplado por todos los eslabones de la cadena alimentaria.

Si aceptan nuestra enmienda, votaremos a favor de esta moción.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Plana.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, senador Boya, autor de la moción originaria, para indicar si acepta o no la enmienda presentada.

El señor BOYA ALÓS: Gràcies, senyor president.

Estic molt d’acord amb vostè, senyor Plana. La veritat és que és cert que l’instrument que vostè proposa, la compareixença, segurament no s’escau dintre del que pretén pròpiament aquesta moció, s’escapa d’una mesura estructurada com és la compareixença anual del director de l’AICA, però nosaltres li acceptarem l’esmena. La raó és que en aquest moment creiem que justament el que necessitem en l’àmbit agrari és tenir espais i instruments per poder abordar un debat que és molt transcendent. Per què? Perquè en aquest moment el que estem debatent finalment és quin serà el model de la nostra agricultura entre una agricultura que tendeix a ser eminentment industrialitzada, que sembla que només deixa un espai possible per a les grans corporacions alimentàries, que hi són, són multinacionals potentíssimes. Vostès van a un supermercat i quan busquen els productes làctics, al final, malgrat que són de diferents marques el 70 o el 75 % són d’una única multinacional. Per tant, és veritat que estem veient en aquest moment la compra massiva de terres de grans multinacionals a continents com Àfrica o Sud-amèrica i, per tant, agricultures com les nostres, que són molt vinculades al territori, a la família, sense cap mena de dubte, estan en risc.

Per tant, en aquest moment la crisi del veto rus el que està produint, deia l’altre a la ministra, i n’hem de prendre molta consciència, és que petits agricultors possiblement hauran d’acabar venent la seva terra perquè no podran fer front a la desfeta que significa la crisi del veto rus i els problemes que els ha generat. Qui comprarà aquesta terra? És obvi, està passant. Aquesta terra passarà a ser propietat de capitals que vindran també a especular amb l’agricultura. I això és així, li ho deia l’altre dia a la ministra i em sembla que és una xifra que hem de tenir com a referència, el que passi amb el mercat del cereal a la borsa del cereal de Chicago: 46 vegades es transacciona amb el blat del món i això vol dir que hi ha molta gent que la seva gana depèn únicament d’una trucada de telèfon.

És veritat que amb això me’n vaig del tema, però al final és el mateix problema, és aquest: o som capaços de garantir uns preus justos per als agricultors, per a aquelles famílies i joves que en aquest moment tenen expectativa i voluntat de continuar l’activitat agrària, o passarà allò que estan dient els francesos, que en aquests últims anys i fins a l’any 2025 perdran gairebé 100 000 llocs de treball en l’agricultura. Una agricultura com la francesa, que saben vostès que és de les punteres a Europa, que hi han dedicat molts recursos i investigació. Aquest és el debat al final. El debat dels preus és també el debat del model, sobre el que volem i hem de construir una idea de quin món rural volem i quin país volem vertebrar.

Hem vist en aquests últims dies, gràcies també a la ponència que està estudiant el despoblament, el drama del nostre país. Jo no sé si vostès en tenen consciència, però és un drama o no que tot l’interior de l’Estat s’estigui despoblant en aquest moment? Molts de vostès ho són, de províncies que en aquests moments tenen greus problemes per retenir la seva població, que porten anys que s’estan dessagnant des del punt de vista de la pèrdua de població. Escoltin, si no tenim una agricultura capaç de retenir la gent al món rural, què hi farem allà? Perquè l’I+D està molt bé, però jo no sé si a la província de Palència o a les Arribes hi posarem centre d’investigació d’I+D. Allà hi podrà haver el que pot haver-hi, que són agricultors, gent que es guanyi la vida amb la terra i que produeixi alimentació de qualitat. Si no els garantim un preu just, tot això no servirà absolutament de res.




Página 12243


Per tant, jo crec que aquesta comissió ens ha de servir sobretot per situar el debat i per dir-los als agricultors: nosaltres som conscients del problema, volem arreglar-lo i els convidem a reflexionar amb nosaltres per trobar-hi una solució.

Gràcies. (Aplaudiments).

Gracias, señor presidente.

Estoy muy de acuerdo con usted, señor Plana. La verdad es que el instrumento que usted propone no encaja con lo que pretende realmente esta moción, que se escapa de esta medida, más estructurada, como sería la comparecencia anual del director del AICA. Pero vamos a aceptar su enmienda. Y lo vamos a hacer, porque consideramos que en estos momentos lo que precisamente necesitamos en el ámbito agrario es disponer de espacios e instrumentos que nos permitan enfrentar un debate muy trascendente. ¿Por qué? Porque lo que estamos debatiendo es cuál va a ser el modelo de nuestra agricultura, si queremos una agricultura que tiende a ser industrializada, que parece que deja un único espacio posible a las grandes corporaciones alimentarias, que son multinacionales muy potentes. De hecho, si ustedes van a un supermercado en busca, por ejemplo, de productos lácteos verán que, aunque haya distintas marcas, el 70 o 75 % de esos productos son de una única multinacional. Y hoy por hoy estamos viendo la compra masiva de tierras por parte de grandes multinacionales en continentes como África o en Sudamérica. Y agriculturas como las nuestras, que están muy enraizadas en el territorio y vinculadas a las familias, sin duda se encuentran en una situación de riesgo.

Como el otro día le comentaba a la ministra, y me parece que debemos tomar conciencia de ello, los pequeños agricultores posiblemente tengan que terminar vendiendo sus tierras porque no van a poder plantar cara a la catástrofe que supone la crisis del veto ruso y los gastos que ha ocasionado. ¿Y quién va a solucionarlo? Eso ya está sucediendo, y esa tierra va a ser propiedad de capitales que van a venir a especular con la agricultura. Eso es así. Repito que se lo comentaba el otro día a la ministra, y me parece que debemos tener como referencia lo que ocurre en el mercado de cereal en la Bolsa de Chicago: se transacciona 46 veces con el maíz del mundo, y eso implica que haya mucha gente cuya situación de hambre depende estrictamente de una llamada de teléfono hambre.

Ya sé que me estoy yendo del tema, pero al final se trata del mismo problema: o somos capaces de garantizar unos precios justos para los agricultores, unos precios justos para esas familias, para esos jóvenes que ahora tienen expectativas y voluntad de seguir en la actividad agraria, o sucederá lo que comentan los franceses: que en estos últimos años y hasta el 2025 van a perder prácticamente 100 000 puestos de trabajo en la agricultura, una agricultura como la francesa, que ustedes saben que es una de las agriculturas punta en toda Europa y a la que han destinado muchísimos recursos y mucha investigación. Este es el debate, al fin y al cabo. El debate de los precios es también el debate del modelo, el debate sobre lo que queremos y tenemos que construir, la idea del mundo rural que queremos y el país que queremos vertebrar.

Durante estos últimos días hemos visto, gracias también a la ponencia que está estudiando el despoblamiento, el drama de nuestro país. Yo no sé si ustedes son realmente conscientes, pero ¿es un drama o no que todo el interior del Estado se esté despoblando? Muchos de ustedes proceden de provincias que están pasando por graves problemas para retener a su población, que llevan años desangrándose en el sentido de pérdida de población. Y si no tenemos una agricultura que sea capaz de retener a la gente en el mundo rural, ¿qué vamos a hacer allí? Porque el I+D está muy bien, pero no sé si en la provincia de Palencia o en las Arribes vamos a poner centros de investigación de I+D. Allí lo que puede haber son agricultores, gente que se gane la vida con su tierra y que produzca alimentación de calidad. Pero si no garantizamos un precio justo para ellos, todo esto no va a servir absolutamente de nada.

En fin, creo que esa comisión debe servirnos sobre todo para situar el debate y decirles a los agricultores que somos conscientes de este problema, que queremos solucionarlo y que les invitamos a reflexionar con nosotros para encontrar una solución.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Boya.

Entiende la Presidencia que acepta la enmienda del senador. (Asentimiento).




Página 12244


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Antes de pasar al turno de portavoces, ¿hay turno en contra? (Pausa).

Tiene la palabra el senador Cotillas.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Subo a la tribuna para fijar la posición en contra del Grupo Popular al texto de la moción presentada por el senador Boya. Compartimos que vivimos en una zona de economía de mercado, en un mundo global que tiene sus peculiaridades, sus aspectos favorables y negativos. Por tanto, la ocupación, más que la preocupación, del Gobierno de España y también de este grupo es intentar en todo momento poner del lado de los agricultores y ganaderos las medidas, las herramientas que hagan posible que esa actividad, que nos parece prioritaria, fundamental, muy necesaria y muy importante, pueda desarrollarse con las máximas garantías de éxito en la rentabilidad y, por tanto, el ánimo de esos agricultores y ganaderos.

Creo que también podemos compartir el objetivo final, que es conseguir que la agricultura y la ganadería puedan ser muy accesibles para el consumidor, que puedan serlo, además, con las condiciones de seguridad alimentaria del siglo XXI, y que, evidentemente, eso no vaya en perjuicio, sino todo lo contrario, es decir, que favorezca una renta al agricultor y al ganadero acorde con el esfuerzo, la calidad y el trabajo que vienen desarrollando. En eso es en lo que está trabajando el Gobierno y en lo que está trabajando el Grupo Popular.

En ese mercado globalizado, en ese mundo global, es fundamental que haya la máxima transparencia en todo lo que tiene que ver con las transacciones comerciales, con las relaciones entre el productor, el distribuidor y el consumidor. Y en eso hemos avanzado mucho en esta legislatura, lo que nos lleva a decir hoy que no a la propuesta concreta del grupo de la Entesa. Ustedes nos proponen la creación, en el seno de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, de una ponencia de estudio sobre la volatilidad de los precios agrarios y las posibles medidas que se puedan plantear en las instituciones competentes para garantizar la renta de los agricultores antes las fluctuaciones de los mercados, y que la ponencia debería promover, entre otras cosas, que los grupos políticos con representación en el Parlamento Europeo creasen una ponencia similar.

Con el objetivo de esa transparencia, y para encontrar soluciones a la volatilidad de precios, porque, es verdad, ninguna campaña agrícola es igual ningún año ni en ninguna ocasión ni en ningún territorio, la Comisión Europea, a través de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, ha creado un seguimiento mensual de la evolución de los mercados sectoriales en el mercado único europeo y pone esa información a disposición de todos los Estados miembros y del público en general. Cada mes se publican cuadros y gráficos con los precios de los productos agrícolas más representativos y con los precios al consumidor de los alimentos. Y esos informes mensuales se complementan con un análisis en profundidad sobre la evolución de los precios, que se publica dos veces al año.

A nivel nacional, por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente también se realizan análisis y estudios semanales, en este caso de los precios agrícolas y ganaderos percibidos por los agricultores y los precios de los alimentos pagados por los consumidores. Son los denominados informes de coyuntura semanal. Asimismo, se analizan los costes intermedios e insumos, como precios de piensos, fertilizantes, gasóleo o energía. Todos estos trabajos son puestos a disposición del público a través de la web y son realizados por diferentes departamentos del ministerio.

Por todo ello, y también por la labor que venimos haciendo los diferentes grupos en esta Cámara, que ha dado lugar a que cada semana la agricultura esté presente en las sesiones plenarias o de comisión, entendemos que en estos momentos ya no es necesario crear esta ponencia y que lo importante es seguir avanzando en las medidas que el Gobierno de España está adoptando a favor de la transparencia en los mercados y también, cómo no, de la garantía de rentas de los agricultores y ganaderos.

Por ello, repito, vamos a votar que no a esta moción.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.




Página 12245


Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra su portavoz, el senador señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Compartimos el contenido de la moción y daremos nuestro respaldo a la hora de votarla.

El planteamiento de esta moción nos permite hacer una reflexión sobre lo que es una realidad estructural y sobre las consecuencias que de esa realidad estructural se derivan: una coyuntura que la agrava.

La preocupación por la caída continuada de precios es legítima en tanto en cuanto en los últimos años hemos vivido una circunstancia por la que la concentración en el sector de la distribución, cada vez con un número menor de empresas, con un tamaño mayor, ha derivado en una disminución de la competencia en el sector de la distribución mayorista de productos agrarios y, por tanto, en la hipotética negociación entre los adquirentes y los productores, en un reforzamiento de la posición de los adquirentes. Esto, de manera natural, y por aplicación de las leyes del mercado, siempre deriva en una caída del precio que se paga a los productores y en un incremento de los márgenes de beneficio de los comercializadores.

La segunda reflexión que hay que hacer a partir de esta realidad es que los mecanismos con los que las administraciones han pretendido —entre comillas— salir al paso de esa situación y compensar de alguna manera las consecuencias negativas que padecían los productores para que no fueran tan intensas, como mínimo han sido insuficientes; hay que constatarlo. Ello exige una reflexión, la que se plantea en la moción, que nos permita analizar nuevas respuestas, nuevos instrumentos y herramientas para afrontar la situación. Decía que sobre esa situación estructural se da, de momento, una situación coyuntural —ya veremos cuál es duración en el tiempo—, a la que hacía referencia el autor de la moción: el famoso veto ruso.

Me van a permitir que, una vez más, destaque las consecuencias de la realidad estructural y la circunstancia coyuntural sobre el sector ganadero, y fundamentalmente el de la leche. Podría haber presentado una enmienda a la moción, que en todo momento habla del sector agrícola, para pedir que se extendiera al sector ganadero, pero preferí entender —y en el debate aclarar— que se trata de un uso extensivo, amplio, del concepto agrario, y que en él están subsumidos, por supuesto, la realidad, la necesidad y los problemas de la ganadería española. De ahí que decidiera no presentarla.

La Comisión Europea, que todavía no ha definido un mecanismo de protección para los productos españoles derivados de la leche, a pesar de que se había comprometido a hacerlo para este verano ante la nueva coyuntura que se abre a partir de abril del próximo año con la desaparición de las cuotas lácteas, sí ha creado un mecanismo —también nos podría servir como referente y como puente de información en esa ponencia que se plantea en el tema concreto de la leche—, porque son conscientes de que puede producirse de forma natural, y también por aplicación de las leyes del mercado, una invasión del mercado español por los grandes productores lácteos. El problema de nuestro país no es solo que en su día se fijaran unas cuotas lácteas por debajo de la producción real —y a lo largo de estos años se ha hablado mucho de la leche negra y de otros conceptos similares—, sino que, a la vez, y como consecuencia de los diferentes mecanismos que la Unión Europea ha proyectado a través de la política agraria común, han desaparecido muchos productores ganaderos de leche, de tal modo que vivimos la sorprendente situación de que en los últimos años nunca se ha cumplido la cuota láctea, nunca se ha alcanzado el 100 % de producción de la cuota láctea. Según los datos del secretario de Estado, cuando mayor fue la producción se llegó al 97 % de la cuota láctea.

Como decía, ante esta situación, la Comisión Europea ha decido crear un observatorio del mercado europeo de la leche con un objetivo: mejorar la transparencia del mercado y detectar situaciones de crisis. Y ya tenemos una situación de crisis. Por situación de crisis se entiende habitualmente que a lo largo de un año, de doce meses seguidos, no se cubra la media de los costes de producción con los ingresos obtenidos por la venta de la leche.

Concluyo. A toda esta realidad difícil hay que sumar una nueva amenaza. Sabemos muy poco de lo que va a significar el Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Estados Unidos, pero todo apunta a que va a suponer la liberalización de los mercados, y la Administración Obama ya ha




Página 12246


prorrogado, al menos hasta el 2017, las ayudas para el sector lácteo, lo cual pondrá a nuestros productores en situación de competencia desleal frente a los productos que puedan venir de los Estados Unidos.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

Por parte del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador señor Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, mahaiburu jauna. Si usted me lo permite, intervengo desde el escaño y voy a intentar abreviar un poco, porque tenemos un día largo.

El tema de la inestabilidad —y a veces de la insuficiencia de los precios, porque hablamos de inestabilidad, pero habría que hablar de insuficiencia— es un problema, evidentemente, crucial, medular, para el sector. No se podría entender de otra manera, como ya lo ha dicho el senador Boya. Yo creo que el objetivo debe ser que los productos agropecuarios tengan —y se comercialicen— a un precio justo y adecuado, ni demasiado ni, evidentemente, por debajo de su precio, porque esto garantiza la propia sostenibilidad del sector. Y permítame decirle —aunque no hemos presentado enmiendas— que esto reza también para el sector pesquero, porque reza esencialmente para casi todo el sector primario.

Nos parece una buena propuesta, senador Boya. Nos parece una buena propuesta porque no solamente hay que conocer, como también nos ha detallado el senador Cotillas, lo que ocurre en las estadísticas. Eso está muy bien, pero nosotros somos legisladores y lo que tenemos que hacer es intentar analizar cuál es el problema, intentar ver dónde se producen los desequilibrios y cuáles son los agentes que los producen y después ver las posibles medidas de estabilidad y de equilibrio dentro del propio sector —sector productor, sector distribuidor y también consumidor final—. Porque uno de los objetivos de todo esto —yo lo decía por la pesca, siempre lo he dicho— es que en la medida en que prestigiemos los productos prestigiamos a los productores. Por lo tanto, esa es una cuestión que todavía nos queda pendiente.

A nosotros nos parece esencial conocer y puede que esta Cámara no tenga más recorrido después de conocer a la hora de legislar que el que tenga, pero, desde luego, no podemos quedarnos sin saber y quedarnos sin escuchar a aquellos que realmente se sienten, en muchos casos, muy por debajo de otros subsectores que son mucho más potentes, que tienen mucha capacidad, que tienen mucho mayor poder de influencia y que les pasan por encima, porque, como usted ha dicho, y además yo también creo que es esencial, la búsqueda del precio justo hace que los propios productores abandonen en parte el tema de la subsidiariedad. Probablemente el sector mejor gestionado, el que más prestigio tiene, es el que menos ayudas recibe, y es el vino. A lo mejor, con esta propuesta que usted ha hecho podíamos aprender un poquito más y después legislar en consecuencia.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.

Quiero dar las gracias a todos los grupos que van a dar su apoyo a esta moción. Coincido con lo que ha dicho el señor Iglesias y, evidentemente, tiene usted toda la razón —lo apuntaba también el señor Cazalis para la pesca—. Esta ponencia debía, de alguna manera, evaluar la problemática de los precios de los ganaderos, por supuesto, pero también del ámbito de la pesca, porque, al final, el problema es el mismo. Estamos hablando de productos agrarios o de productos ganaderos o de productos del mar, pero el problema es exactamente el mismo. Por tanto, yo, señor Cotillas, lamento que no podamos llegar a un acuerdo en esta materia. Sé que usted también lo siente, me consta, por el tono de su intervención, y sé que a muchos de los senadores del Partido Popular les hubiera gustado estar en esa mesa, porque tienen perfecta consciencia del problema que estamos abordando y de que, ciertamente, a veces no es suficiente con que el Gobierno tenga grupos de trabajo o comisiones abordando un debate de




Página 12247


estas características y de esta envergadura. Este es un debate que afecta al conjunto de la opinión pública de nuestro país; es un debate que va más allá incluso de los problemas agrarios, porque, en definitiva, es un debate que tiene como fondo el modelo y el modelo, por muy liberales que ustedes sean y por mucho que confíen en el mercado, saben perfectamente y tienen plena consciencia de que la agricultura hoy, en nuestra sociedad, no es un sector que esté bien tratado. Yo creo que comparten conmigo esta reflexión. La gente del mar tiene muchas dificultades añadidas —y en este momento lo estamos viendo con el veto ruso—. Los mecanismos de intervención que tenemos para salir a ayudar a aquellas producciones que tienen problemas no son suficientes. Es evidente, solo hay que mirar la evolución de los precios desde el mes de junio al mes de septiembre para entender perfectamente que los mecanismos de intervención del mercado no son suficientes ni funcionan. Al final se trata de hacer evolucionar de una agricultura con unas características estrictamente industriales hacia una agricultura que tenga sobre todo consciencia del mercado. Es verdad que muchas veces deberíamos reducir algunas producciones por las que quizá nuestra agricultura ha apostado demasiado y que provocan inflación en los precios, pero para eso hemos de tener información y no la tenemos. Lo dicen también los responsables de las cooperativas: nos falta información, no conocemos exactamente todas las producciones ni cuál va a ser la cantidad de producción para poder intervenir adecuadamente en el mercado. Por tanto, es cierto que se trata de un problema muy poliédrico, pero, insisto, debe ser abordado no solo a través de reuniones con el ministerio, sino que en esta Cámara debemos tomar consciencia del mismo y traspasar la frontera de la sociedad, que muchas veces es impermeable a los problemas del mundo rural. La gente de la ciudad ve la agricultura muy de lejos y con ir al supermercado a comprar la lechuga les es suficiente; no saben la historia que tiene la lechuga ni lo que hay detrás de ese producto. Por lo tanto, creo que también es trabajo nuestro hacer pedagogía, para lo cual podría haber resultado muy útil esta ponencia, señor Cotillas.

Lamento que no podamos llegar a un acuerdo, aunque no se acaba todo en este debate y seguramente podamos insistir en ello, pues todavía nos queda legislatura. Este es un asunto —y lo habrán notado en el tono de mi intervención— en el que creo que no valen partidismos ni un debate retórico de la confrontación por la confrontación. Considero que sería muy positivo que tomáramos consciencia del problema y que de una forma u otra fuéramos capaces de echar un cable a este mundo de la agricultura, que sin duda lo necesita. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Boya.

Por parte del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador señor Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gràcies, senyor president.

Permetin-me que m’adreci directament als senadors del Partit Popular perquè, numèricament, s’estableix que si vostès no voten favorablement aquesta moció, aquesta proposta que es dedueix d’una interpel·lació que es va fer a la ministra, no tirarà endavant. La pregunta és: tenen por de generar coneixement? ¿Existeix algun problema en posar damunt la taula alguna proposta que ens ajudi a tots els actors implicats en l’agricultura, la ramaderia i la pesca perquè un element clau i fonamental de present i de futur, que és la pervivència del sector agrari, primari, transformador, distribuïdor i del client final, tinguem més elements de judici per establir o proposar mesures perquè ja no tan sols a l’Estat, sinó a la Unió Europea i al món, es puguin establir mesures que puguin millorar una cosa que és crítica, com és la volatilitat dels preus, però no ja dels que arriben al client final, sinó de les matèries primeres o de la rèmora que pot arribar a tenir, com per exemple, el cost energètic aplicable a l’Estat espanyol? Per donar-li un exemple, val la mateix produir un quilo de llet amb pols a França que a l’Estat espanyol. Això provoca aquest increments de les entrades agrícoles, de les matèries agrícoles, i una pèrdua de competitivitat dels agricultors, els ramaders i el món pesquer de l’Estat espanyol. La pregunta és: per què succeeix això? El senador Iglesias ha parlat d’una qüestió estructural i d’una de temporal o variable, com pot ser la crisi russa. Jo li’n proposo un altre: el canvi climàtic i els efectes que pot tenir a curt, mitjà i llarg termini. Fa poc s’ha publicat l’estudi L’estat mundial de l’agricultura i l’alimentació per part de la FAO i parlava d’aquesta situació. Primer, la importància de les famílies agràries, dedicades en el dia a dia. Segon, la incidència que tindrà aquest canvi




Página 12248


climàtic. Tercer, la necessitat d’inversió en I+D+I i una transferència de tecnologia d’aquesta inversió cap al camp i el sector primari. Després, un altre element que crec que hem de tenir a la taula: no pot ser que estiguem culpabilitzant cap dels esglaons de la cadena alimentària. Tots són necessaris. El que es reclama des d’aquí és que hi hagi una possibilitat que totes aquelles parts puguin arribar a tenir un mínim decent per poder sobreviure. Quina és la part més dèbil? Evidentment, el sector primari i productor. Per tant, totes les mesures, no tan sols les autonòmiques, estatals o europees, que serveixin per fixar el sector primari al seu territori i per establir mesures d’acompanyament i funcionament perquè arribin totes les parts a una situació de win-win, haurien d’estar ben rebudes.

I em retrotrec a l’inici de la meva intervenció: no entenc aquesta negativa perquè es pugui crear aquesta comissió d’estudi a favor d’establir no unes mesures, sinó de donar una visió de com està el sector. Voldria que hi reflexionessin. Tenen el torn de portaveus del Grup Socialista i després els tocarà a vostès. Tenen deu minuts per reflexionar i m’estic fent defensor d’aquesta moció conseqüència d’interpel·lació, però crec que seria positiu per enviar un missatge també a la societat que no hi ha partidismes, sinó voluntat de treballar per part de tots els grups polítics en bé del sector primari i tots els esglaons de la cadena alimentària.

Gràcies.

Gracias, señor presidente.

Permítame que me dirija directamente a los senadores del Grupo Parlamentario Popular, pues por una cuestión numérica, si ustedes no votan favorablemente esta moción consecuencia de una interpelación a la ministra, la moción no saldrá adelante. La pregunta es: ¿Tienen ustedes miedo de generar conocimiento? ¿Existe algún problema en poner encima de la mesa una propuesta que nos puede ayudar a todos los actores implicados en la agricultura, la ganadería y la pesca? Un elemento clave para el presente y el futuro de la pervivencia del sector agrario, del sector primario, del sector transformador y distribuidor y también del cliente final es contar con mayores elementos de juicio a la hora de establecer o proponer medidas. Se trata de que no solo el Estado sino toda la Unión Europea y en todo el mundo se puedan establecer medidas que mejoren algo que a mi juicio es crítico, como la volatilidad de los precios, pero no solo de los precios que llegan al cliente final sino de las materias primas, incluso, de la rémora que puede suponer el coste energético aplicable al Estado español. Le pongo un ejemplo. Cuesta la mitad producir un kilo de leche en polvo en Francia que en el Estado español. Esto genera un incremento de los insumos agrícolas y una pérdida de competitividad de los agricultores, los ganaderos y también del mundo pesquero en el Estado español. La pregunta es: ¿Esto por qué ocurre? El senador Iglesias ha hablado de una cuestión estructural y también de una cuestión temporal o variable, como puede ser en este caso la crisis rusa. Yo pongo otra sobre la mesa, que es el cambio climático y los efectos que puede llegar a tener a corto, medio y largo plazo. Hace poco se ha publicado por la FAO un estudio, El estado mundial de la agricultura y la alimentación, que precisamente apunta esta situación. En primer lugar, se refiere a las familias agrarias en su día a día; en segundo lugar, a la incidencia que va a tener este cambio climático; en tercer lugar, a la necesidad de inversión en I+D+i y también de que se haga una transferencia de tecnología con esa inversión hacia el campo y el sector primario, y, finalmente —otro elemento que me parece que también debemos tener sobre el tapete—, no puede ser que estemos culpabilizando a ninguno de los eslabones de la cadena alimentaria, porque todos son necesarios. Y lo que desde aquí reclamamos es que se dé la posibilidad para que todas estas partes puedan llegar a tener un mínimo decente para poder sobrevivir. ¿Cuál es la parte más débil de ese eslabón? Evidentemente, el sector primario productor. Por lo tanto, todas esas medidas, a nivel autonómico, estatal, europeo, todas esas medidas que sirvan para fijar el sector primario en su territorio, al tiempo que para establecer otras medidas de acompañamiento y de funcionamiento para que todas las partes puedan alcanzar una situación de win-win deberían ser bien recibidas.

Así, vuelvo al inicio de mi intervención, para decir que no entiendo esta negativa a que se pueda crear esta ponencia de estudio, no para establecer medidas, pero sí para dar una visión de cómo está el sector. Me gustaría que reflexionaran; tienen todavía el turno de portavoces del Grupo Socialista y, a continuación, les corresponde intervenir a ustedes, tienen aún diez minutos




Página 12249


para reflexionar. Me estoy convirtiendo en defensor de esta moción consecuencia de interpelación, pero me parece que es positivo para mandar un mensaje a la sociedad. No existen partidismos, sino la voluntad por parte de todos los grupos políticos de trabajar a favor del sector primario y de todos los eslabones de la cadena.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Becana.

El señor BECANA SANAHUJA: Gracias.

Hace pocas semanas debatimos otra moción del Grupo Socialista proponiendo medidas compensatorias por las graves consecuencias que el cierre de las fronteras rusas ha tenido y continúa teniendo para el sector agroalimentario español. En aquella ocasión el rodillo popular también impidió que prosperaran unas medidas consideradas imprescindibles y urgentes para la supervivencia de las explotaciones agrarias, medidas que hacen referencia a las ayudas fiscales en la declaración de 2015, a préstamos subsidiarios para reestructurar la deuda, a las necesidades de capital circulante para empezar la próxima campaña, a la bonificación de los seguros agrarios y a medidas sociales para los trabajadores que tuvieron que abandonar la campaña antes de tiempo. A todo eso dijeron que no, pero la realidad, señorías, nos dice que este mal momento que están sufriendo las explotaciones agrarias va más allá del cierre de las fronteras rusas. Y si analizamos los índices de precios en origen y en destino desde junio a septiembre, constatamos que los precios en origen, los que reciben los agricultores han estado en todo momento por debajo de los costes de producción y que los precios que pagan los consumidores se han llegado a multiplicar en ocasiones hasta por diez o, lo que es lo mismo, con datos del Índice de precios en origen y destino de los alimentos de junio a septiembre, en agosto un kilo de melocotones, que cuesta producir y recoger alrededor de los 30 céntimos, se ha pagado al agricultor a una media de 0,17 euros, es decir, la mitad. Sin embargo, se ha vendido al consumidor final a 1,85 euros, multiplicando por 10,88 el precio en origen, lo que significa un incremento en el margen del 988 %.

Todavía es más escandaloso lo que está sucediendo con la patata en el mes de septiembre, porque se multiplica el precio en origen por 13,2 y el margen que pagan los consumidores por encima del coste de producción es de un 1220 %. Creo que con estos datos queda más que justificada la moción que ha defendido el senador Boya.

Por tanto, es urgente y necesario abordar con rigor el estudio de la evolución de los precios agrarios y hacerlo para encontrar fórmulas de estabilización y, sobre todo, para evitar que en el futuro se paguen a los agricultores y ganaderos precios por debajo del coste de producción.

Señorías, ha pasado más de un año desde que esta Cámara aprobó la Ley de la cadena alimentaria y, tal y como anunció la senadora Coves, ponente del Grupo Socialista en aquella ley, esta se ha mostrado absolutamente insuficiente para lograr estabilizar los precios y racionalizar la diferencia entre los precios en origen y los precios de destino. Este año transcurrido, y los datos recogidos que acabo de exponer, certifican el fracaso de la ley; como han fracasado también, han sido insuficientes las inspecciones de la Agencia de Información y Control Alimentarios, que anunció la señora ministra durante su interpelación.

No es suficiente la transparencia. La transparencia nos dice que hay un problema serio y, por tanto, hay que pasar a la acción. Así lo ha hecho, por ejemplo, el Gobierno francés, que en los últimos días ha aprobado un decreto por el que obliga a incorporar las modificaciones en los precios de producción en el precio de venta.

La transparencia a la que aludía el Grupo Parlamentario Popular es claramente insuficiente y, precisamente por eso, porque corresponde a esta Cámara fomentar la acción del Gobierno, apoyamos la ponencia de estudio que propone el senador Boya, de Entesa pel Progrés de Catalunya, porque es una propuesta en positivo y sin coste económico; es una propuesta para atender a un sector que tiene una enorme preocupación, pero a la vez tiene unas ganas terribles de colaborar.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, finalice.




Página 12250


El señor BECANA SANAHUJA: Finalizo ya, señor presidente.

No hay razones objetivas para rechazar esta iniciativa; no las hay, y si finalmente el Partido Popular se opone a la creación de esta ponencia de estudio, queremos dejar patente que quienes la rechacen seguirán facilitando la venta a pérdidas en el sector agroalimentario.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, finalice.

El señor BECANA SANAHUJA: Y, señorías, vender por debajo de costes significa la ruina del sector y la dependencia de países terceros. Mal ejercicio de patriotismo sería votar en contra y dar la espalda, desde el Gobierno y desde el Grupo Parlamentario Popular, a los agricultores y a los ganaderos españoles.

Reflexionen, señorías, y voten la propuesta.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Becana.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Cotillas.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, en un mundo global, en un mercado abierto como es en el que estamos, evidentemente la volatilidad de los precios es un problema que aparece una y otra vez porque ninguna campaña agrícola es igual, ninguna cosecha es igual y afecta a sectores ―como aquí se ha dicho― de todo tipo: sectores económicos, sectores relacionados con la energía, problemas relacionados o que tienen que ver con la climatología, etcétera. Lo que sí es igual es la pasión que le ponen los agricultores y ganaderos a sus explotaciones, al producto que generan sus explotaciones y a la búsqueda de mercados para llevarlos a cabo. Y en esa pasión, señorías, a riesgo de que nos llamen antipatriotas, señor Becana, el Grupo Popular acompaña claramente a los agricultores y a los ganaderos, y lo hacemos desde el primer minuto en que apoyamos al Gobierno de España, al Gobierno cuya ministra de Agricultura hoy es la señora García Tejerina, y lo hacemos con las palabras últimas que pronunció en la interpelación del pasado Pleno, aquellas en las que decía que este Gobierno y este grupo, el Grupo Popular, tienen una enorme confianza en el sector alimentario español y, además, cree en las cañas y no en los peces.

Este Gobierno, desde el minuto uno, con el apoyo del Grupo Popular, está poniendo herramientas a favor de que los agricultores y ganaderos puedan seguir teniendo pasión por producir bien, por comercializar mejor y por obtener la mejor renta para sus productos, la renta justa, ni alta ni baja —la justa, repito—, aquella que su esfuerzo merece y aquella que nos hace más competitivos y que hace que el producto de la agricultura, de la ganadería y de la pesca pueda ser accesible al consumidor, y pueda serlo, además, con las debidas garantías sanitarias y con las debidas garantías de calidad de ese producto. Hemos trabajado y seguimos trabajando en favorecer con herramientas que la volatilidad de los precios en los mercados no sea un problema para la renta de los agricultores. Y las herramientas han sido muy claras desde el primer día —se puede no estar de acuerdo en ellas, pero nosotros hemos apostado por ellas—: garantizar un nivel de renta, es decir, garantizar el 30 % del nivel de renta de nuestros agricultores y ganaderos a través de una buena negociación de la política agraria común, y garantizar el otro 70 %, el que tiene que ver con el mercado, y que nuestros agricultores y ganaderos tengan herramientas —puestas por este Gobierno, trabajadas y luchadas también en la Unión Europea, que es donde compete y a quien competen las medidas regulatorias de mercado— para que ese 70 % garantice que no se venda por debajo de costo, garantice que se haga en las mejores condiciones de retorno de renta y garantice, por supuesto, que se haga, además, con estabilidad en los mercados.

Por esta razón, se ha trabajado en dos leyes muy importantes, que han venido también a esta Cámara —el legislador, por lo tanto, ha hecho su trabajo; ha tenido y seguirá teniendo oportunidad de hacerlo—: Ley de la cadena alimentaria, con la creación de la Agencia de Información y Control Alimentarios, que está funcionando. La propia ministra nos decía que, en este espacio de vida, la Agencia ya ha hecho 137 controles en 14 comunidades autónomas desde el veto ruso hacia acá —solo desde el veto ruso hacia acá, 137 controles en 14 comunidades autónomas—, 729 transacciones de productos con 55 requerimientos. Trabajamos con la Ley de la cadena alimentaria, con la Ley de fomento de la unión de las cooperativas, para concentrar la oferta, con




Página 12251


la priorización, en toda política presupuestaria de este ministerio, de la política de seguros. El otro día el secretario de Estado en el seno de la Comisión de Agricultura nos hablaba claramente: si creemos y fomentamos la política de seguros como mecanismo claro de conseguir rentas cuando se producen adversidades climatológicas y de otro tipo; y también, cómo no, en la búsqueda de la internacionalización y el apoyo a la misma en la búsqueda de mercados nuevos y continuos, porque esto se mueve cada día, no es una foto fija, no es algo que sea absolutamente estable, hay que buscar mercados nuevos en cada ocasión.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, finalice.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Termino.

El agricultor y el ganadero, en quienes confiamos, están consiguiendo una mayor renta desde que gobierna el Partido Popular, más exportaciones, balanza positiva comercial en las exportaciones y, evidentemente, trabajo duro cada día para seguir poniéndole pasión al trabajo que hacen los agricultores y a lo que nosotros nos apasiona, que es ponérselo cada día más fácil.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Llamen a votación. (Pausa).

Por favor, cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción presentada por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 76; en contra, 143; abstenciones, 3.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

5.4. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PARALIZAR EL PROYECTO DE PRIVATIZACIÓN DE AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA (AENA).

(Núm. exp. 671/000140)

AUTOR: GPS

El señor vicepresidente, Lucas Giménez, da lectura al punto 5.4.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Pasamos a continuación a la siguiente moción. (Rumores).

Señorías, no iniciaremos el debate en tanto no se produzca silencio en el hemiciclo. (Pausa).

A esta moción consecuencia de interpelación se han presentado dos enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos, el señor Fernández Ortega. (Rumores).

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.—Rumores).

Creo que todos podemos compartir que una de las virtudes de la democracia es que las decisiones son reversibles, con el tiempo se pueden modificar y adaptar las leyes. (Rumores). Sin embargo, la venta de patrimonio…

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Perdone, señoría.

Señorías, guarden silencio; si no, no se le pude oír al orador. Y si no quieren oírle, salgan del hemiciclo.

Continúe, señoría.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Decía que la venta de patrimonio es una decisión irreversible, que ya no tiene marcha atrás y que, por lo tanto, aunque se tenga la legalidad por tener la mayoría




Página 12252


absoluta, para tener la legitimidad habría que buscar algún tipo de consenso. Y este Gobierno del Partido Popular, instalado en la soberbia, no ha necesitado hablar con nadie para privatizar AENA; ha tomado la decisión sin hablar y sin acordar nada ni con comunidades autónomas ni con organizaciones sociales ni con otros partidos políticos, se bastan y sobran la señora ministra y el señor presidente para vender el patrimonio de todos los españoles, tomando una decisión que es irreversible.

Fíjense hasta qué punto no ha tenido que hablar con nadie, que en la interpelación la ministra tuvo que decir aquí que se arrogaba ella la representación de todo el Grupo Parlamentario Popular, cuando quedó en evidencia que ni siquiera a ustedes les había dado explicaciones. Y me gustaría que me contestaran si alguno de ustedes —que están tan convencidos, según la señora ministra, de las bondades de la privatización— se ha ido a su provincia a dar una rueda de prensa, a defender lo bueno que es privatizar AENA para el aeropuerto de su provincia. Estaría encantado de saber cuántos senadores y senadoras del Partido Popular han dado la cara por la propuesta del Gobierno y por la venta de AENA. Estoy seguro de que ninguno ha tenido la valentía de ir a su provincia a decir que eso es bueno, porque saben que es indefendible, entre otras cosas porque si intentaran dar las razones que la ministra expuso aquí no encontrarían ninguna, porque la ministra vino aquí a la interpelación a descargar en la herencia recibida y en una colección de mentiras burdas la justificación de su intervención; pero en ningún momento dio ninguna explicación que justificase la venta de AENA.

Y hoy el Partido Socialista vuelve a pedirle responsabilidad, señorías, responsabilidad, porque están tomando una decisión para la que, en mi opinión, no tienen legitimidad aunque tengan de su parte la legalidad, la mayoría absoluta y la soberbia para aplicar el rodillo de esa mayoría. Fíjense hasta qué punto está sola la ministra en esta decisión, que ninguno de ustedes la ha defendido en su provincia, pero es que tampoco cuenta con el apoyo del conjunto del Gobierno, ni siquiera las personas que se sientan en el Consejo de Ministros están de acuerdo con esta venta de AENA. De hecho, este viernes hemos visto cómo el Gobierno hacía un ejercicio esperpéntico para todos paralizando la OPV porque había un desacuerdo entre los ministros, acuerdo que ya se ha exteriorizado, y es que el ministro de Economía, que conocía el inconveniente que iba a presentar, se lo guardó hasta el propio Consejo de Ministros, señorías. La ministra de Fomento fue al Consejo de Ministros convencida de que daba el último paso para vender AENA y se encontró con un ministro que se había guardado en la cartera la última sorpresa, porque forma parte del consejo de administración el director general de Política Económica del Ministerio de Economía y no había dicho nada; la ministra de Fomento se enteró de la oposición del Ministerio de Economía en el Consejo de Ministros.

¿No les entra al menos la duda de que la decisión que se está tomando no habría que tomarla en este momento, además de todas las explicaciones que les he dado? ¿No les parece que la colección burda de mentiras a las que nos sometió la señora ministra en la interpelación les debería hacer pensar que no deben apoyar esa decisión del Gobierno y hacer como el ministro de Economía, mostrarse en contra de esa venta?

No hay ninguna motivación política, no hay ninguna motivación económica, no hay ninguna motivación social para vender AENA, al menos no la hay en a; en b, tendría que explicar el señor Rajoy si tiene motivos o no y también la señora ministra. En b igual tienen motivos; en a no hay ninguno, ni ningún motivo se puede explicar en esta Cámara como ocurrió con la señora ministra en la interpelación. Y les puedo recordar algunas de las explicaciones que nos dio. Algunas rayan la insensatez. Y dice: Cuando yo llegué ya teníamos el 40 % de Luton. Y solo digo esta que es menor y si quieren un poco tonta. ¡Pero si en la memoria de gestión de AENA de 2013 se recoge incluso la fecha exacta en que se compra el 30 % para llegar al 40 %! ¿Cómo dice usted que llegó con el 40 %? Toda la explicación que dio la ministra no tiene ningún argumento. Vino a decir la barbaridad de que privatizaba AENA porque se la había encontrado en quiebra. ¡Hay que ser insolvente y carente de rigor para venir...

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Senador, vaya terminando.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Enseguida, señora presidenta.

...para venir a decir que AENA estaba en quiebra y discutir las cifras de deuda, las cifras con que cerró en pérdidas el año 2011, cifras que yo expliqué aquí y que eran 26 millones! Pues la




Página 12253


ministra se puso a discutirlo, está en la memoria de gestión publicada por ustedes el día 30 de junio de 2012 y con el aval de los auditores, señorías. Además, en 2012 las pérdidas fueron de 62 millones, pero no vino aquí la ministra a decir que si en 2011 estaba a punto de quebrar en 2012 había quebrado.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya terminando.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Termino enseguida.

Mentiras, solo mentiras para justificar una venta que no se puede justificar.

Señorías, apoyen la moción del Grupo Parlamentario Socialista y frenen esta venta, que es una absoluta vergüenza para este país.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias.

Para la defensa de las enmiendas tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Eskerrik asko, mahaiburu andrea.

Como ya hemos manifestado en alguna ocasión, coincidimos con el planteamiento que el Grupo Parlamentario Socialista trae a esta moción en referencia a la privatización de AENA. Sí es cierto, como ha dicho el senador Fernández, que gracias a las propuestas de alguna PNL en el Congreso o de alguna moción en esta Cámara hemos podido escuchar en boca de la ministra su posición en referencia a AENA, pero según anunció en conferencia de prensa ella misma tras la reunión del Consejo de Ministros de 13 de junio de 2014, el Gobierno se propone aprobar un texto legal para la creación de un marco regulatorio a los efectos de establecer cada cinco años los niveles de calidad de servicio, los estándares de capacidad de los aeropuertos y las condiciones mínimas del servicio y de las inversiones del marco tarifario, basado, como sabemos, en el Real Decreto Ley 13/2010 —que no voy a traer a este debate—, dejando constancia de que era un reto de marca socialista, aunque ya lo han aclarado ustedes perfectamente al explicar sus posiciones. Pero en este caso yo me refiero a la ministra de Fomento y a su Gobierno, que es en este momento el que toma las decisiones.

Según la presentación del proyecto a los medios, como posteriormente hemos escuchado aquí, se pretende la privatización del 49 % del capital de AENA estructurándolo en un 28 % que se colocará en bolsa a través de la OPV, y un 21 % que se licitará mediante publicidad y concurrencia para obtener un núcleo estable de accionistas seleccionados. Por tanto, el modelo de gestión aeroportuaria por el que opta el Gobierno tiene como base dos posicionamientos políticos de gravedad e irreversibles si se consuma el proyecto y con los que se quiebran las legítimas aspiraciones de mi grupo. Además, contraviene las directrices marcadas por la Unión Europea y los más contrastados y eficientes sistemas de gestión aeroportuaria.

Como ya conocen, señorías, el estatuto de autonomía de nuestra comunidad asume la gestión de los aeropuertos de interés general cuando el Estado no se reserve su gestión directa. La verdad es que a finales de los setenta, cuando eran redactados y pactados, nadie podía imaginar que, recurriendo a disculpas de índole administrativa en la definición de cuándo una sociedad mercantil se mantiene en el sector público, se vetaría la competencia autonómica de gestión aeroportuaria en un escenario en el que el 49 % del capital de la sociedad gestora es privado. De hecho, en los términos del pacto estatutario la única alternativa a la gestión integral de los aeropuertos por el Estado era la gestión autonómica de los mismos y no su privatización. Esa fue la base del pacto de convivencia constitucional y estatutario que con este proyecto se está rompiendo por el continuo desvalor de los estatutos de autonomía, que constituye ya una seña de identidad de la política territorial de este Gobierno.

Además, el proyecto quiebra toda opción de gestión individualizada de estos aeropuertos. El Gobierno dice basarse legalmente en el real decreto que he mencionado anteriormente, pero me gustaría rescatar —que no lo recuerda— que el preámbulo del propio decreto subrayaba como propósito normativo abrir vías para la gestión individualizada de los aeropuertos a través de la creación de filiales o del otorgamiento de concesiones de gestión, vías en las que cabría aunar ambos propósitos de eficiencia y participación autonómica. Esta gestión individualizada por




Página 12254


aeropuerto es un modelo común en Europa, donde no existe el planteamiento monopolístico que mantiene el Estado, embozado en un interés general que en realidad abandona en favor del interés del inversor privado.

A nuestro entender, señorías, el modelo elegido acabará teniendo problemas en materia de defensa de la competencia, lo que a su vez terminará acarreando profundas y graves repercusiones para el futuro del servicio aeroportuario del Estado español, porque desde el punto de vista de la competencia o concurrencia este proyecto es contrario a la política europea de libre acceso a las infraestructuras y consolida una forma de monopolio que no superaría ni de lejos la supervisión de la Comisión Europea ni del Tribunal de Justicia de la Unión. Me atrevería a decir que no se ajusta ni a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia española, que advierte sobre la necesidad de individualizar y hacer lotes a la hora de proceder a la privatización.

Señorías, como he podido manifestar hasta este momento, compartimos la esencia de la moción que el Grupo Parlamentario Socialista nos presenta, pero sobre la base de esta argumentación que he dado hemos presentado las dos enmiendas precisamente por la discrepancia a la hora de la gestión, puesto que el planteamiento por parte del Grupo Parlamentario Socialista es en red y el nuestro, como ya he defendido, es una gestión individualizada para cada uno de los aeropuertos. Por ello la enmienda de modificación con referencia al punto que ellos planteaban y una enmienda de adición con un segundo punto en el que solicitamos que las directrices europeas puedan estar garantizadas. Esperamos que ambas puedan ser atendidas.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para indicar si acepta las enmiendas tiene la palabra el senador Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señora presidenta.

Agradezco el trabajo de la senadora Iparragirre y del Grupo Parlamentario Vasco en un tema que es de máximo interés para nuestro país. Voy a explicar por qué rechazamos las dos enmiendas que nos han presentado.

En cuanto a la enmienda de adición, hacen una propuesta para presentar el proyecto ante las autoridades de la competencia europea alegando que es un monopolio. Nosotros entendemos que el servicio aeroportuario debe considerarse, como hasta ahora, un servicio público. Por lo tanto, no cabe el debate sobre que sea un monopolio, aunque sí vislumbramos que en el futuro puedan acabar planteándose problemas de competencia, y también tenemos el miedo de que el Partido Popular, en ese escenario, opte por avanzar como había hecho en su petición de informe al Consejo Consultivo de Privatizaciones y llegar hasta el 60 %. No compartiendo que en este momento se pueda calificar de monopolio a AENA porque es un servicio público y entendemos que no cabe esa calificación, sí compartimos la preocupación de cara al futuro.

Respecto a la enmienda de sustitución, entendemos que la redacción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista es más completa y general que la que presenta el Grupo Parlamentario Vasco y por eso no la aceptamos. Ustedes reivindican que haya una participación de las comunidades autónomas en la gestión del sistema aeroportuario, y nuestra propuesta habla de que haya una participación determinante de las comunidades autónomas pero también de los agentes económicos y sociales de los territorios en su gestión. Comparto personalmente la visión de que una gestión individualizada podría traer un beneficio a la red y hacerla más competitiva en su conjunto.

Creo que tenemos un modelo de éxito en nuestro país, esa forma de enfocar la gestión que sería el modelo portuario, que funciona en red y en el que se mantiene el cien por cien de la titularidad pública. Sin embargo, hemos evolucionado hacia una gestión individualizada, donde las comunidades autónomas tienen una voz muy importante, donde los sectores económicos y sociales de los territorios forman parte también del consejo de administración y tienen voz a la hora de opinar, porque son infraestructuras que tienen una repercusión general sobre el territorio. Todo el mundo compartimos que influyen en la economía en general, en el empleo directo, en el indirecto, en el sector turístico y en el sector comercial, por lo tanto, conviene escuchar a todo el mundo. El sucedáneo que ha montado el Partido Popular no sirve para ese fin, porque simplemente




Página 12255


se trata de un órgano consultivo que no toma decisiones, no se sienta en el consejo de administración y, efectivamente, nos parece absolutamente insuficiente. Creo que el Partido Popular quiere solventar el problema con un adorno.

Además, me gustaría hacer una reflexión en este sentido: ¿Qué es lo que lleva al Partido Popular a tomar esta iniciativa de la privatización de AENA? Cuando yo me planteo cuál es la causa política para esta decisión, que no encuentro con naturalidad y que el Partido Popular no ha explicado, veo dos razones que podrían ser parte de la explicación pero no toda. Una de ellas sería que el Gobierno va a contar con 3200 millones de euros más en un año electoral, y la otra podría ser que acaba con el debate del que usted ha hablado, con esa tensión territorial porque las comunidades quieran tener opinión en esta infraestructura, pero lo zanja de una manera incomprensible para nuestro sistema democrático de consenso y de lealtad institucional. Lo zanja vendiendo el patrimonio, vendiendo AENA, dándolo al capital privado, en lugar de permitir una gestión en la que las comunidades autónomas tengan algo que decir. Creo que esta decisión del Gobierno también se explica en parte por acabar con esas peticiones que se pueden hacer desde otros territorios. Zanjado el debate, tras la privatización, ya no cabe hablar más del papel de las instituciones autonómicas en la red aeroportuaria. Creo que el PP, en una huida hacia adelante, toma esa decisión y quiere descargarse de cualquier debate en ese sentido.

Voy aprovechar, ahora sí, para hacer una reflexión sobre cuál era la propuesta que había en el anterior Gobierno, que no forma parte del debate de hoy. Quien privatiza hoy AENA es el Partido Popular, quien tiene que explicarnos por qué lo hace es el Partido Popular. Ustedes, en esa búsqueda de argumentos para no dar la cara, dicen que el Partido Socialista quería vender los 2 aeropuertos más importantes de España. La señora ministra, otra vez mintiendo, lo dijo textualmente aquí, porque el Partido Socialista nunca habló de vender el patrimonio, sino de concesionar la gestión durante veinte años, por cierto, por 5300 millones de euros que había que depositar para entrar y 230 millones al año; no por 3200 millones perdiendo el patrimonio como proponen ustedes. Que quede claro que el Partido Socialista no pretendió vender nunca el patrimonio, y que ustedes están malvendiendo el 49 % por 3200 millones, que puede ser que no lleguen ni a la mitad de lo que costó la T4. Además, van a devolver ese dinero en un período de veinte años en forma de reparto de dividendos, se va a seguir debiendo...

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya terminando.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Termino enseguida.

…y encima hemos perdido la mitad del patrimonio. Menudo negocio nos traen los del Partido Popular aquí, esos que tanto saben de economía. Menudo negocio, perjudicando a los ciudadanos de este país y buscando nada más que su interés electoral.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Turno en contra.

Tiene la palabra el senador Mateu.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, buenos días a todos. Senador Fernández Ortega, estoy sorprendido por la fuerza con la que viene esta mañana para un tema que hemos debatido ya muchas veces pero, por el aprecio que le tengo y por cortesía parlamentaria, le voy a resumir sintéticamente las contestaciones que ha dado el Gobierno y los motivos para seguir adelante con el proceso de privatización de AENA.

Señorías, el Gobierno del Partido Popular ha optado por un modelo de gestión aeroportuaria que consideramos el mejor para garantizar, por razones de interés general, la movilidad de los ciudadanos y la cohesión económica, social y territorial. Se asegura la accesibilidad y la capacidad de las infraestructuras aeroportuarias, también su sostenibilidad, así como el mantenimiento económico de las mismas y la continuada y adecuada prestación de los servicios aeroportuarios en términos de calidad, de responsabilidad, regularidad y de seguridad. La clave de este éxito, señorías, es el sistema de gestión en red. Con ello se garantiza la actividad y la conectividad general, y se asegura la movilidad de los residentes en los archipiélagos y fundamentalmente en




Página 12256


Ceuta y Melilla, contribuyendo al desarrollo de la actividad económica, fortaleciendo el conjunto de los aeropuertos que integran la red, con la gran importancia que esto tiene, que ustedes parece que lo olvidan, para el sector turístico español como motor o cabeza tractora de la economía española.

El hecho de que los aeropuertos de AENA cuenten con esa posición privilegiada en el contexto internacional en infraestructuras de calidad, dotadas de gran capacidad, costes competitivos, ha sido gracias a ese modelo de gestión en red que en algunos supuestos han sido cuestionados y, además, sin ninguna aportación de los contribuyentes porque no se financian con cargo a los Presupuestos Generales del Estado sino, sencillamente, con los ingresos aeronáuticos y comerciales que generan.

Señorías, el marco legal en el que estamos moviéndonos para la entrada de capital privado en el gestor aeroportuario AENA es el que ustedes conocen perfectamente. Ya lo plantearon en el año 2011 y se remató con el Real Decreto 13/2010, de 3 de diciembre, que se dictó en la época del presidente de su partido José Luis Rodríguez Zapatero. Y le quiero hacer una precisión, señoría. (Risas). No se ría, senador Fernández Ortega. Eso hay que recordárselo siempre. El procedimiento de entrada de capital privado en AENA siempre se ha hecho con total transparencia, a diferencia de lo que ustedes trataron de hacer, que fue llevar en el último Consejo de Ministros del mes de noviembre, previo a aquel día 20 de noviembre de las elecciones, en una orden ministerial, uno de los acuerdos de entrada de capital privado sin el preceptivo informe de la asesoría jurídica, de la Abogacía del Estado.

Señorías, en estos tres últimos años, el Gobierno del Partido Popular ha trabajado intensamente para garantizar la viabilidad de la compañía, y una vez llevado a cabo el saneamiento económico, optimizada la gestión, y considerando que la economía ha mejorado gracias a la intensa tarea del Partido Popular y de su Gobierno al frente, consideramos que se dan las circunstancias económicas adecuadas para dar entrada al capital privado. Ahora mismo, señorías, gracias a ese esfuerzo, ya saben que AENA es rentable debido a una política de gestión encaminada a la contención de gastos, racionalización de las inversiones y mejora de la eficiencia. No les voy a leer los buenos datos numéricos relativos a generación de renta, generación de caja, relación deuda/EBITDA, que son factores fundamentales, porque ya los expuso la ministra fenomenalmente bien en su interpelación del día 14, y no les quiero abrumar con los magníficos datos que tiene actualmente AENA gracias a la gestión del Partido Popular. En definitiva, lo que se va a hacer es una tendencia europea que está dándose en Brasil, en Alemania, etcétera, con lo cual no tiene que extrañar que se esté haciendo aquí y que, además, venga acompañado de un desarrollo reglamentario muy potente de la Unión Europea en este sector tan estratégico.

Señorías, el Gobierno del Partido Popular ha perfeccionado el marco jurídico del real decreto antes citado. ¿Y por qué les digo que perfeccionado? Porque, desde luego, ustedes iban a concesionar, que también es privatizar temporalmente, el aeropuerto del Prat, en Barcelona, y ha establecido lo que ustedes no hicieron, que es un marco de regulación donde están presentes las condiciones mínimas para garantizar siempre el interés general y fijar las revisiones quinquenales de las inversiones, etcétera. Ese documento, señorías, se llama DORA, realizado por el Partido Popular.

No demonicen la entrada de capital privado alarmando al personal —permítanme la expresión— porque mantener el 51 % da una mayoría absoluta en sus decisiones al Gobierno de España. Desde luego, esa participación tan demandada en la gestión aeroportuaria española la ha resuelto el Partido Popular perfectamente con la creación, como todos ustedes saben, de comités de coordinación aeroportuaria, con el Decreto de 20 de septiembre del año 2013, en los que tienen cabida y decisión las entidades locales, corporaciones, comunidades autónomas, así como también las cámaras de comercio, al acercar las instituciones del territorio a la gestión y desarrollo de la autoridad portuaria.

Por todas estas razones, señorías, el Grupo Popular va a votar en contra de la moción consecuencia de interpelación planteada.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Quintero.




Página 12257


El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señora presidenta.

En primer lugar, intervengo para mostrar nuestro apoyo a dicha moción. Es verdad que también nos hubiera gustado que se hubieran aceptado las enmiendas que ha presentado el Grupo Vasco porque partimos no de una AENA en red —creemos en los aeropuertos—, sino de una AENA de las comunidades autónomas.

Coalición Canaria va a aludir al artículo 33 de su estatuto de autonomía, —artículo que también tienen el País Vasco y Cataluña— y que el Partido Popular aprobó en Canarias y en las Cortes, que se va a incumplir completamente, y que dice que corresponderá a la comunidad autónoma —en este caso, Canarias— la competencia de los aeropuertos de interés general cuando el Estado no se reserve su gestión directa, y en este caso no lo va a hacer.

Y yo me hago unas cuantas preguntas. El Partido Popular, lo acaba de comentar el senador Mateu, ha hecho una gestión estupenda. Ha pasado de tener una deuda a obtener beneficios en el año 2013, 715 millones de euros. ¿Por qué entonces vender AENA? ¿Por qué no utilizamos los beneficios para pagar la deuda, para mejorar los aeropuertos y que sean más competitivos?

Y les voy a dar algunos datos de Canarias. Se ha aumentado el tráfico en los aeropuertos de Canarias en más de un 1000 %, 6 de los 8 aeropuertos son rentables, solo 2 tienen pérdidas que no llegan a los 3 millones de euros, y estoy completamente seguro de que podrían ser rentables si se invirtiera más en ellos, y lo digo aquí. Si el Gobierno hubiera ampliado la pista de los aeropuertos de La Gomera y de El Hierro como ha prometido —aunque en los presupuestos no hay partida para ello— y pudiéramos tener conexiones con el exterior serían rentables, obtendrían más beneficios. ¿Por qué no utilizamos los casi 400 millones de beneficios de los aeropuertos canarios para realizar estas infraestructuras, o para abaratar los precios que tienen que pagar los ciudadanos que viajan entre islas, que nos cuesta 220 euros por media hora de transporte? ¿Por qué no lo utilizamos para eso? ¿Por qué vendemos AENA? ¿Y por qué lo hacemos en un proceso oscuro y opaco? Hay que recordar que la ministra no ha comparecido en ninguna Cámara para explicar el proceso de privatización, un proceso totalmente oscuro.

Nosotros no lo entendemos. Vamos a recurrir, vamos a luchar hasta el final porque consideramos que en la Comunidad Autónoma de Canarias los aeropuertos son vitales, y, evidentemente, cualquier empresa privada va a mirar primero por los beneficios de su capital que por el interés general de los ciudadanos, y en eso nos van a tener siempre enfrente.

Por tanto, vamos a apoyar esta moción aunque, como he dicho, nos habría gustado que se hubiera aceptado la enmienda del Grupo Vasco.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Voy a intervenir de forma muy sintética, porque el tiempo ya se está acabando, para expresar nuestro apoyo a la moción contra la privatización de AENA. El último vodevil que se ha producido en este proceso, con los anuncios en televisión ya de la venta pública de acciones y los informes sobre la mesa del Consejo de Ministros y del consejo de administración de AENA poniendo en cuestión la misma por razones formales, suponen la mejor expresión de la forma en que se está planteando este procedimiento, que es un procedimiento de venta de lo poco que queda ya del patrimonio colectivo de los españoles. Es un proceso de venta que quiere acabar desde una perspectiva meramente ideológica con lo que queda de lo público y que afecta a un sector estratégico para las comunicaciones interiores porque repercute sobre otro sector clave en nuestra economía, como es el sector turístico, lo han expresado los anteriores portavoces, por tanto, no voy a insistir en ello.

No hay razones para esa venta. No hay ninguna garantía de durante cuánto tiempo el Estado va a mantener esa participación mayoritaria del 51 %. Se dan coyunturas que proyectan nuevas sombras sobre el mismo. A la vez que se desarrolla este proceso de privatización algunos de los inversores institucionales a los que se ha convocado están adquiriendo aeropuertos en otros países, lo cual puede generar conflictos de intereses para el que fue el primer operador mundial en materia aeroportuaria.




Página 12258


Y concluyo. En el tiempo coincide además con la manifestación del máximo éxito de las privatizaciones: ENEL llega a Endesa en el año 2008 y desde entonces hasta finales de 2014 habrá recibido en dividendos 26 500 millones de euros, el 71 % del dinero que desembolsó, conservando todavía el 92 % del capital. Un negocio redondo con la privatización de otra empresa estratégica, esta del sector eléctrico.

Esperemos que dentro de seis años no vivamos una situación similar, constatar cómo se ha estafado a la sociedad española para generar beneficios ingentes e injustificados para inversores y empresas privadas.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias, señora presidenta.

En primer lugar, quiero agradecer la argumentación del senador Fernández Ortega, aunque haya sido para rechazar nuestras enmiendas. Y rescato algunas de sus reflexiones en tanto en cuanto no estábamos tan desencaminados en algunas de nuestras enmiendas.

Es cierto, como he dicho en mi intervención al defender las enmiendas, que compartimos el desacuerdo, y así lo manifestamos en la enmienda con los siguientes términos: suspender la privatización de AENA. Por lo tanto, en gran parte estamos de acuerdo, pero siendo también conscientes de las discrepancias que tenemos en los matices, mi grupo va a abstenerse.

Respecto a la intervención del senador Quintero, no voy a entrar en profundizaciones, porque yo misma, en nombre de mi grupo, he intervenido en ocasiones en esta Cámara haciendo referencia a la rentabilidad de los aeropuertos. Nosotros seguimos reiterando nuestra demanda para que Foronda tenga su apertura veinticuatro horas, porque, a pesar de las reiteradas explicaciones de la ministra y de algunos senadores —incluso alaveses—, no nos ha quedado claro todavía, y seguiremos reivindicándola.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gràcies presidenta. Bon dia, senyories.

Vagi d’entrada el nostre suport, com no podria ser d’una altra manera, a la moció presentada pel Grup Socialista des d’alguna coincidència expressada en aquesta tribuna nombroses vegades.

En la meva intervenció voldria centrar-me en el que entenc és el concepte clau d’aquest debat. Ja ho han expressat altres portaveus, però m’agradaria subratllar-ho amb un èmfasi especial. El concepte, senador Mateu, és per què? Per què?, ja que, un cop més, vostè no ho ha explicat. Per què s’ha privatitzar AENA? Per què s’ha malvendre AENA? Quins seran els beneficis socials i econòmics per als ciutadans o per l’Estat, que ara no tinguem? Quins són, concretament, aquests beneficis? I no en paraules generals o conceptes abstractes. Per què? Per què s’ha de malvendre per 3.000 milions d’euros la meitat d’AENA? Per què, si, com deia el senyor Quintero, AENA és rendible? Quins són els motius que porten a malvendre AENA? Per què, senador Mateu, cal saltar-se els Estatuts de diverses comunitats autònomes? Per què, quan vostès estan esgrimint constantment a la Constitució i a la legalitat, se salten, de nou, el que diuen els estatuts de diverses comunitats autònomes, concretament el de Catalunya, al qual tant al·ludeixen contra l’independentisme, que nosaltres vam promoure i compartir i vostès no van votar? Per què se salten aquest Estatut? Per què se’l salten, senyor Mateu? Per què, senyor Mateu, volen portar Espanya a un model únic?

El que vostès proposen no és un model que hi hagi a cap altre país. Perquè a Frankfurt o al Brasil el que hi ha són privatitzacions o propietaris particulars d’aeroports concrets, no d’una xarxa d’aeroports. Existeixen models públics centralitzats i models públics descentralitzats; sigui dit de passada, el que nosaltres vam posar en marxa i al qual donem suport, perquè, com deia perfectament el senador Fernández, es tracta d’un model paral·lel al que vostès defensen de Ports de l’Estat, un model —aquest sí— en xarxa. El que vostès estan fent a AENA no és un model en




Página 12259


xarxa, és un model privat centralitzat, i això no existeix enlloc, senador Mateu. També existeixen models mixtos. I no em digui, senador Mateu, que no fan una privatització, de vendre el 49 % de les accions, com estan fent, no és una privatització. Primer, perquè sabem perfectament que aquesta és només una primera fase. La sol·licitud que es va fer davant el Consell Consultiu de Privatitzacions els va trair i deixa clarament a la llum quines són les seves intencions.

Però és que, després, el sistema del 29 % de tram minorista i de 20 % de nucli dur institucional també traeix aquesta idea de la privatització. O, és que els fons d’inversió que compraran, o que estan comprant aquesta part institucional no voldran una rendibilitat, de com a mínim el 7 % anual, independentment de qualsevol altra consideració? És que no és privatitzar això? Quan seuran a la taula del consell d’administració agents econòmics i empreses que només buscaran la rendibilitat, independentment de qualsevol altra consideració?

I no em digui això del DORA, perquè el DORA s’ha aprovat, com havia de fer-se, però el DORA no existeix encara, simplement tenim les condicions en què s’ha de redactar, però ara mateix no existeix, així que aquest argument tampoc no ens serveix.

En definitiva, senador, Mateu, el pitjor que pot es pot fer ara ara és que es produeixi una privatització que no entén ningú, una privatització que no es pot justificar, una privatització que no es pot explicar. El pitjor que podem fer en aquest país avui és que es prengui una decisió d’aquesta transcendència sense que quedi clara, sense que sigui explicable d’una manera directa i senzilla, encara que fos amb arguments que nosaltres no compartíssim, com passa sovint, però en aquest cas vostès ni tan sols ho poden argumentar. És simplement una mesura injustificable que cap país avançat prendria i que qüestiona el valor de les infraestructures aeroportuàries pel seu servei de mobilitat i per la competitivitat econòmica.

Com sap perfectament, estarem sempre en contra d’aquesta privatització i farem tot el possible per evitar-la, o per canviar de model.

Moltíssimes gràcies. (Aplaudiments).

Gracias, presidenta. Buenos días, señorías.

Vaya por delante nuestro apoyo, como no podía ser de otro modo, a la moción presentada por el Grupo Socialista, por la coincidencia ya expresada en esta tribuna en numerosas ocasiones.

En mi intervención quisiera centrarme en lo que entiendo es el concepto clave de este debate. Ya lo han expresado otros portavoces, pero me gustaría subrayarlo con un énfasis especial. El concepto, senador Mateu, es por qué; por qué, ya que, una vez más, usted no lo ha explicado. ¿Por qué hay que privatizar AENA? ¿Por qué hay que malvender AENA? ¿Cuáles serán los beneficios sociales y económicos para los ciudadanos o para el Estado, que no tenemos ahora? ¿Cuáles son, concretamente, estos beneficios? Y no estoy hablando de conceptos abstractos o de cuestiones generales. ¿Por qué hay que malvender por 3000 millones de euros la mitad de AENA? ¿Por qué, si, como decía el señor Quintero, AENA es rentable? ¿Cuáles son los motivos que llevan a malvender AENA? ¿Por qué, senador Mateu, es necesario saltarse los estatutos de diversas comunidades autónomas? ¿Por qué, cuando ustedes están aludiendo constantemente a la Constitución y a la legalidad, se saltan de nuevo lo que dicen los estatutos de diversas comunidades autónomas, concretamente el de Cataluña, al que tanto aluden contra el independentismo, que nosotros promovimos y compartimos y que ustedes no votaron? ¿Por qué se saltan este estatuto? ¿Por qué se lo saltan, señor Mateu? ¿Por qué, señor Mateu, quieren llevar a España a un modelo único?

Lo que ustedes proponen es un modelo que no existe en ningún otro país. Porque en Frankfurt o en Brasil lo que hay son privatizaciones o propiedades privadas de aeropuertos concretos, no de una red de aeropuertos. Existen modelos públicos centralizados y modelos públicos descentralizados; dicho sea de paso, el que nosotros pusimos en marcha y al que damos apoyo, porque, como decía perfectamente el senador Fernández, se trata de un modelo paralelo al que ustedes defienden para Puertos del Estado, un modelo —este sí— en red. Lo que ustedes están haciendo en AENA no es un modelo en red, es un modelo privado centralizado, y eso no existe en ninguna parte, senador Mateu. También hay modelos mixtos. Pero no me diga, senador Mateu, que no hacen una privatización, que vender el 49 % de las acciones, como están haciendo, no es una privatización. Primero, porque sabemos perfectamente que esta es solo una primera fase. La solicitud que se hizo ante el Consejo Consultivo de Privatizaciones les traicionó y deja, a todas luces, claras sus intenciones.




Página 12260


Pero es que, además, el sistema de 29 % de tramo minorista y de 20 % de núcleo duro institucional también traiciona esta idea de la privatización. ¿O, acaso los fondos de inversión que comprarán, o que están comprando esta parte institucional no van a querer, como mínimo, una rentabilidad del 7 % anual, independientemente de cualquier otra consideración? ¿Acaso no es privatizar que se sienten, como lo harán, en la mesa del consejo de administración agentes económicos y empresas que solo buscan la rentabilidad, independientemente de cualquier otra consideración?

Y no me diga lo del DORA, porque el DORA se ha aprobado, como tenía que hacerse, pero el DORA no existe, simplemente tenemos las condiciones en las que se tiene que redactar, pero ahora mismo no existe, así que este documento tampoco nos sirve.

En definitiva, senador, Mateu, lo peor que puede ocurrir ahora es que se produzca una privatización que nadie entiende, una privatización que no se puede justificar, una privatización que no se puede explicar. Lo peor que podemos hacer en este país hoy es adoptar una decisión de esta trascendencia sin que quede clara, sin que se explique de una forma directa y sencilla, aunque fuera con argumentos que nosotros no compartimos, como a menudo sucede, pero en este caso ustedes ni llegan a documentarlo, simplemente se trata de una medida injustificable que ningún país avanzado adoptaría y que cuestiona el valor de las infraestructuras aeroportuarias por su servicio de movilidad y competitividad.

Como saben perfectamente, estaremos siempre en contra de esta privatización y vamos a hacer todo lo posible para evitarla, o para cambiar de modelo.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Por el Grupo Catalán Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, presidenta.

Efectivament, en nom del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, vull dir que el debat d’aquesta moció comporta que si bé inicialment volíem votar a favor d’aquesta moció, les seves explicacions davant les esmenes presentades per part del Partit Nacionalista Basc fa que passem del vot a favor a l’abstenció.

No és la primera vegada que compartim algunes coses i tenim visions diferents en altres. No es tracta només que les administracions tinguin un paper important, sinó que, a més, al nostre entendre, cal que les administracions autonòmiques tinguin un paper absolutament determinant. Vostè diu que es tracta d’escuchar a todo el mundo, però no es tracta només d’escuchar, sinó que aquest escuchar tingui un paper molt important a l’hora de la presa de decisions. Aquesta i altres moltes coses ens separen, perquè estem convençudíssims que només es pot tenir vocació real i la capacitat de generar totes les possibilitats de l’economia productiva, de generar riquesa i oportunitats des del nucli mateix en què es prenen les decisions les coses es coneixen més. Per molt bona voluntat que hi hagi, una visió harmonitzadora de les coses priva de moltes oportunitats.

A més, com ja han comentat altres senadors que m’han precedit, comparteixo el poc respecte a les competències de l’Estatut, però no és la primera vegada que ens trobem en aquesta situació amb el Grup Popular. El senador Martí deia que no sap per què es posiciona en contra. Però si ni tan sols van votar a favor de l’Estatut, per què se l’han de fer seu?

En qualsevol cas, em fa molta gràcia, senador Mateu, quan parla vostè de la internacionalització i de l’oportunitat d’internacionalització a la qual pot portar aquest model de privatització. Sembla que aquesta capacitat privativa sigui l’única que porta a aquestes accions liberals en la política. Jo crec que el que és liberal requereix de molta, molta, molta reflexió del que és territorial i dels agents directes. Per tant, de la visió tan liberal que vostès tenen en res s’assembla al que nosaltres defensem. A més, la internacionalització no passa necessàriament per un model que passi sempre per Madrid, ni per Barcelona; la internacionalització es produeix quan hi ha capacitat real d’entendre el món i persones capaces de tirar endavant aquest model que puguin oferir grans oportunitats.

A vegades he parlat de la cinquena llibertat i del que aquesta representa pel que fa a la capacitat de signar contractes i acords entre les companyies aèries i l’aeroport d’El Prat perquè sigui un hub internacional de tot el que representa l’Europa mediterrània. Ara passaríem d’aquest model, molt centralitzador, del Ministeri de Foment, i del Govern d’Espanya, a una privatització l’interès de la qual no sabem quin és.




Página 12261


En definitiva, pensem que es tracta d’una mesura que es carrega un patrimoni que no deixa de ser de tots, amb molta opacitat, a més, en moments de greu crisi econòmica i amb una gran falta de transparència en tot aquest procés. Crec que més enllà dels models sobre-liberals, o no-liberals, s’amaga un model de gran opacitat, el que em sembla summament escandalós, i per això estem radicalment en contra.

Pel que fa a la participació de les administracions, creiem que ha de ser molt més gran del que exposa el senador. Per tot això, el que farem és abstenir-nos.

Gràcies.

Gracias, presidenta.

Para el Grupo Convergència i Unió el debate de esta moción comporta lo siguiente: si bien inicialmente queríamos votar a favor de esta moción, las explicaciones ante las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco hace que nos decantemos por la abstención.

No es la primera vez que compartimos algunos puntos y que tenemos visiones distintas en otros. No se trata solo de que las administraciones desempeñen un papel importante, sino que, además, a nuestro entender, las administraciones autonómicas deben tener un papel determinante. Usted dice que se trata de escuchar a todo el mundo; pero no se trata solo de eso. Este escuchar debe tener un papel muy importante en la toma de decisiones. Esta y otras muchas cosas nos separan, porque estamos convencidos de que solo se puede tener vocación real y capacidad de generar todas las posibilidades de la economía productiva, de generar riqueza y oportunidades desde el núcleo mismo en el que se toman las decisiones si las cosas se conocen más. Por muy buena voluntad que haya, a veces un planteamiento de armonización priva de muchas oportunidades.

Además, como ya han comentado otros senadores que me han precedido, comparto el respeto a las competencias del estatuto, pero no es la primera vez que nos encontramos en esta situación con el Grupo Popular. El senador Martí decía que no sabe por qué se posiciona en contra. Pero si ni siquiera votaron a favor del estatuto, ¿por qué deberían hacerlo ahora?

En cualquier caso, me hace mucha gracia, senador Mateu, cuando habla usted de la internacionalización y de la oportunidad de internacionalización a la que puede llevar este modelo de privatización. Parece que esta capacidad privativa sea la única que lleva a estas acciones liberales en la política. Yo creo que lo liberal requiere mucha reflexión de lo territorial y de los agentes territoriales, porque la visión que ustedes tienen en nada se parece a lo que nosotros defendemos. Además, la internacionalización no requiere de un modelo que pase siempre por Madrid, ni por Barcelona; la internacionalización se produce cuando hay capacidad real de entender el mundo y cuando las personas capaces de sacar adelante este modelo pueden ofrecer grandes oportunidades.

A veces he hablado de la quinta libertad y de lo que esta representa en cuanto a la capacidad de firmar contratos y acuerdos entre las compañías y el aeropuerto de El Prat para que sea un hub internacional de todo lo que representa la Europa mediterránea. Ahora pasaríamos de este modelo, muy centralizador, del Ministerio de Fomento, a una privatización cuyo interés no sabemos cuál es.

En definitiva, pensamos que se trata de una medida que se carga un patrimonio que no deja de ser de todos, con suma opacidad, además, en momentos de grave crisis económica y con una gran falta de transparencia en todo este proceso. Creo que más allá de los modelos liberales, o no, se esconde un modelo de gran opacidad, lo que me parece sumamente escandaloso, y por eso estamos radicalmente en contra.

En cuanto a la participación de las administraciones, creemos que tiene que ser mucho mayor de lo que expone el senador. Por todo ello, nos vamos a abstener.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Fernández Ortega.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Muchas gracias, señora presidenta.

Agradezco a todos los grupos políticos, a excepción del Grupo Parlamentario Popular, su apoyo a la moción. En el caso de CiU y del GPV, solo quiero resaltar que hay un espacio, como ha dicho la senadora del GPV, para el encuentro y para buscar un acuerdo.




Página 12262


El texto que propone el Grupo Parlamentario Socialista habla de una participación determinante de las administraciones, determinante, y el argumento que he utilizado en mi explicación es que ya hay un modelo con el que todos estamos cómodos, que nos sirve para todo y que funciona en este país, que es el modelo de Puertos. Creo que ahí podríamos buscar y encontrar puntos de encuentro y la salida a este debate, y lo más acertado hubiera sido que todos los grupos políticos hubiésemos dicho con absoluta rotundidad que no al Grupo Parlamentario Popular, que se hubiese quedado absolutamente solo.

En cuanto a la intervención del Grupo Parlamentario Popular, quiero celebrar que por primera vez en esta Cámara se haya reconocido que la ministra de Fomento ha mentido en esta tribuna. Ha dicho usted que el PSOE no iba a vender los aeropuertos, que los iba a concesionar, pero es que la ministra de Fomento habló aquí de vender. Y estaba engañando, estaba intentando tapar la vergüenza de ser ella la que vende en este momento. Me animo a celebrar que, al menos por una vez, alguien reconozca que miente la ministra. Por cierto, si les molesta que diga que miente, tienen un remedio facilísimo: decir la verdad, y punto. Digan la verdad y ya está, no tendremos que decirles que mienten. (Aplausos).

Usted ha querido repetir la intervención de la ministra y no nos ha dado ningún argumento que explique la necesidad de vender. Ha utilizado grandes palabras y nos ha dicho que vender y privatizar AENA garantiza la movilidad, la eficiencia, la sostenibilidad, la calidad, la seguridad...Yo creo que ha abierto el diccionario y se ha dedicado a utilizar palabas grandilocuentes para explicarnos las bondades de privatizar. ¿Pero cómo? ¿Le importaría a alguien del Grupo Parlamentario Popular decirnos cómo se consigue una de estas cosas, en qué y cómo beneficia al sector turístico? No me diga que lo beneficia, dígame cómo. Usted dice que beneficia a los ciudadanos, pero explíqueme cómo. ¿Cómo beneficia a la movilidad privatizar AENA? ¿En qué? Retrátense ustedes, den la cara, vayan a sus provincias y convoquen una rueda de prensa para explicar a sus ciudadanos que han tenido una gran idea vendiendo el patrimonio de los aeropuertos; díganselo en una rueda de prensa y podré empezar a debatir con ustedes. ¡Si no están dando ninguna explicación! ¡Si quieren pasar de puntillas por decisiones que son trascendentes para este país! ¿Cómo se lo vamos a consentir? ¡Claro que vamos a hablar una y otra vez de este asunto! Y no terminamos hoy. Incluso, aunque la ministra se salga con la suya y saque a la venta las acciones, seguiremos hablando de esto.

¿Saben cómo llamaban ustedes a esto cuando nosotros íbamos a concesionar 2 aeropuertos por un valor mucho más alto del que ustedes van a vender? Ustedes lo llamaban expolio, y consta en las actas. Y dice usted que yo vengo aquí a alarmar ¿Y cuando ustedes calificaban de expolio a concesionar, qué eran, personas sensatas, o alarmistas? Yo vengo aquí a denunciar que esto es una torpeza, que es un atropello, y ustedes lo están decidiendo solos, en este caso muy solos. Si me permiten, voy a recordar el cartel de Rebelión en la Granja, donde todos son iguales, y algunos más iguales todavía. En este caso, ustedes lo están decidiendo así: de entre los más iguales, el más igual. Fíjese hasta qué punto están llegando. Porque lo está decidiendo el señor presidente en solitario, no lo ha acordado con nadie. ¿Me quiere decir qué presidente de comunidad autónoma del Partido Popular ha salido a defender la privatización de AENA? ¿Cuál de ellos? ¿Y para decir qué? ¿Quién apoya esta privatización? Esta es una decisión unilateral, de una persona que coyunturalmente gobierna este país pero que no tiene la legitimidad para tomar esa decisión en solitario. Eso es lo que yo reclamo aquí. Compartan con nosotros estas reflexiones y busquen acuerdos en estas cuestiones.

Lo he dicho al principio de mi intervención, la democracia permite cambiar los acuerdos. Cuando cambia el Gobierno se cambian las leyes. Cuando se vende el patrimonio ya no hay marcha atrás. Deberíamos plantearnos otras vías, que existen. Se lo he dicho a la senadora del Grupo Parlamentario Vasco y a la senadora Candini. Podemos ir a otros modelos. Existe el de Puertos, que es un modelo de éxito. Sentémonos y hablemos. No tomen la decisión solos, que, además, la han tomado a escondidas y con informes en contra del propio ministro de Economía, que lo destapa en el Consejo de Ministros. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

¿No tienen dudas, señorías del Partido Popular? ¿De verdad que no sienten dudas sobre los que están haciendo? ¿De verdad que la ministra de Fomento puede subir aquí y decir que habla en nombre de todos ustedes? ¡Cómo me gustaría que lo explicaran en su provincia, para demostrar que la ministra nos estaba también mintiendo cuando dijo eso!




Página 12263


Por cierto, para terminar, me dice usted una y otra vez: ¡Qué buenos somos los del Partido Popular, que hemos saneado AENA! ¡Pues anda, que explicar que han saneado AENA con la gestión que han hecho..! Han dejado de invertir entre 2012 y 2013 con respecto a 2011, 875 millones de euros. Y, señorías, invirtiendo 875 millones de euros menos, resulta que han disminuido la deuda en 719 millones.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor finalice.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: ¡Magnífica gestión! Así también lo hago yo, ¿eh? Para eso no hace falta un presidente de AENA del Partido Popular; cualquier ciudadano lo haría mucho mejor.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Mateu.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Estoy sorprendido por la vehemencia y por el reto que me propone en la mañana de hoy el senador Fernández Ortega.

Quiero comenzar diciendo que ustedes, cuando están en la oposición esgrimen unos argumentos distintos a cuando están en el Gobierno. Les voy a leer sintéticamente, abriendo y cerrando comillas, si me da tiempo, una intervención del señor Simancas, del Partido Socialista Obrero Español, en una Comisión de Fomento celebrada el 9 de marzo del año 2011. Dice así: »...la existencia de un modelo defendido por el Gobierno que es claro, diáfano y a nuestro juicio absolutamente compatible con el interés general. ¿Qué es lo que busca este nuevo modelo de gestión aeroportuaria del Gobierno de España? Calidad y seguridad, como siempre; eficiencia y competitividad también. ¿Cómo queremos afrontarlo? Desde un enfoque empresarial, que es el que se ha demostrado exitoso en los mejores aeropuertos del mundo.» Esa es la primera. Por eso, se promulgó el decreto de diciembre del año 2010.

La segunda: «Entiende su grupo —interpreto yo— que esa colaboración puede dañar la equidad social, la calidad de los servicios, los derechos de los trabajadores. Este prejuicio no es compatible con nuestro grupo porque no está justificada. A veces la colaboración público-privada, en determinadas condiciones y con determinadas garantías, aporta eficiencia y competitividad sin riesgo y sin daño para la equidad, para la calidad o para el derecho de los trabajadores. Yo creo que puede haber riesgo en una gestión privada en el ámbito de la sanidad, pero no entiendo que estos riesgos puedan llevarse en términos, ni teóricos ni prácticos, a gestiones como la aeroportuaria. ¿Nos plantean ustedes que AENA deje de ser pública? No. AENA no va a dejar de ser pública. ¿Nos plantean si la calidad del servicio puede decrecer? La calidad del servicio la estableceremos nosotros en pliegos de condiciones. ¿Disminuye la seguridad? No. La Ley de seguridad operacional del transporte que hemos aprobado en comisión y en esta Cámara hace pocos días va a ser aplicable para todos los aeropuertos. ¿Van a subir las tasas? No van a subir las tasas, porque van a estar controladas también en los pliegos de condiciones que se refieren a los aeropuertos considerados.»

En definitiva, como ustedes ven, es un discurso que se cae por su propio peso. Ustedes hablan de un sector empresarial y nosotros estamos tratando de introducir capital privado para fortalecer la eficiencia y la gestión de AENA. Y ahora ustedes me vienen en contra, cuando en el año 2011, hace nada, hace nada, ustedes estaban defendiendo el concepto de AENA como empresa para obtener los beneficios para el interés general. Señor Fernández Ortega, no le entiendo.

No ha habido ningún proceso oscurantista en el proceso de entrada de capital privado en AENA y no he tenido que echar mano del diccionario, porque estamos convencidos de que la ministra de Fomento y el Grupo Parlamentario Popular en el Senado la apoya y sabe que no miente. Yo he matizado el tema concesional, porque realmente es lo que dice el decreto ley. Pero, en definitiva, como le he dicho antes, matice; es una venta a largo plazo, condicionada a una condición resolutoria de finalización del período. No me quiero excitar, como está usted excitado, señor Fernández Ortega, esta mañana (Rumores), porque nosotros estamos plenamente convencidos de lo que hace el Gobierno de España, y por eso cuenta con todo nuestro apoyo.




Página 12264


El proceso de entrada de capital privado en AENA —lo mismo que la gestión— se ha hecho respetando absolutamente todo el aspecto competencial establecido en la Constitución española, lo mismo que en los estatutos de autonomía. Y eso lo digo para los portavoces de los grupos que representan a territorios con esa fortaleza con la que habitualmente lo quieren hacer, obviando que el Gobierno de España es el más respetuoso con lo establecido en la Constitución y en los estatutos de autonomía.

El proceso de entrada de capital privado en AENA no ha sido oscurantista. Existen 3 informes del Consejo Consultivo de Privatizaciones; 3, señor Fernández Ortega. En el primero de ellos, de octubre del año pasado, se hablaba de un 60 % de capitalización. Pero si ha leído el segundo, el de 26 de junio —usted suele leerse bien los documentos— habrá visto que en este se reduce la capitalización al 49 %. Y en el último, el de octubre, hace nada, vuelve a calificarse de aceptable y dice que lo hecho actualmente y hasta el momento por el Gobierno de España cumple los requisitos de transparencia, libre concurrencia y publicidad ¿Ustedes no confían en el Consejo Consultivo de Privatizaciones? En otros momentos sí han creído en él.

Con respecto a las privatizaciones, quiero recordarles que en otras épocas y con otros gobiernos de España, ustedes fueron los campeones de las privatizaciones. Ya se lo dije en su momento en una Comisión de Fomento y se lo vuelvo a repetir: ustedes tienen miedo escénico a las privatizaciones y no valoran la bondad de la entrada de capital privado para fortalecer una compañía. Lo que pretenden es atacar esa entrada de capital privado y obtener con ello unos votos que les puede venir bien para obtener un triunfo en unas elecciones, que creo —y así lo deseamos— que no se van a celebrar. Con un Gobierno de Felipe González se llevaron a cabo 77 operaciones de privatización, que generaron un importe de 13 200 millones de euros para el erario público. Con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero fueron 16 las operaciones, por importe de 14 000 millones. Durante estos gobiernos se empezaron y terminaron privatizaciones como las de Repsol, Endesa, Enasa, etcétera.

Ustedes están tratando de confundir a la opinión pública respecto a lo que está haciendo el Gobierno del Partido Popular. Nosotros nos reafirmamos en que estamos perfectamente liderados por la ministra de Fomento y sabemos perfectamente que no hay oposición dentro del Gobierno para seguir con la entrada de capital privado en AENA, manteniendo el Gobierno de España el capital mayoritario para adoptar las decisiones, aproximar a los territorios la gestión de los aeropuertos y mantener el sistema en red, que es lo que más beneficia a todos los ciudadanos españoles, fundamentalmente a los archipiélagos y a los territorios de Ceuta y Melilla.

Señor presidente, muchas gracias por su benevolencia. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista sobre la privatización de AENA, sin la incorporación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 70; en contra, 153; abstenciones, 17.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

5.5. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A INSTAURAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO PARA PERSONAS PARADAS DE LARGA DURACIÓN MAYORES DE CUARENTA Y CINCO AÑOS.

(Núm. exp. 671/000141)

AUTOR: GPS

El señor vicepresidente, Lucas Giménez, da lectura al punto 5.5.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): A esta moción consecuencia de interpelación se han presentado 2 enmiendas: una del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, y otra del Grupo Parlamentario Popular. (Rumores).




Página 12265


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el senador Varela, que no iniciará su intervención hasta que no se produzca el silencio en el hemiciclo. (Rumores).

Silencio, señorías.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presenta hoy en el Senado una moción que yo calificaría como una moción por la decencia con los ciudadanos más desfavorecidos de este país, una moción para que el Gobierno se comporte de una manera decente con aquel grupo de españoles que está sufriendo de la forma más cruel los efectos de la crisis y las medidas del Gobierno. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.—Rumores).

Señorías, cuando acabe el año 20014, dentro de unas semanas, el Gobierno habrá dejado de ejecutar de sus presupuestos del orden de 6000 millones de euros…

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Disculpe un momento, por favor.

Señorías, guarden silencio, porque no se oye al orador, o salgan del hemiciclo. Y no lo quiero volver a repetir. Gracias.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.

Efectivamente, decía a sus señorías, a aquellas que les interese, que hay un colectivo de españoles que está cruelmente tratado por la crisis y por el Gobierno. Cuando acabe este año 2014, 6000 millones de euros del presupuesto, destinados a paliar en buena parte los efectos que esta crisis y las medidas del Gobierno tienen sobre este colectivo, se habrán dejado de gastar. Y para el año que viene, 4400 millones de euros ya no están en los presupuestos, han sido sustraídos y ya no se dedican a subsidios y prestaciones a los desempleados.

Inmediatamente surge una pregunta: ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Es que ya no son necesarias esas cantidades? ¿Es que ya no hay españoles en situación de dificultad que necesiten de la ayuda del conjunto, a través de sus presupuestos, para paliar la situación de penuria que sufren? ¿Es que el mensaje del Gobierno sobre las raíces vigorosas y el repunte económico hace que no sea necesario que dotemos los presupuestos con partidas para cubrir a estos colectivos? Eso no es cierto, señorías, porque no solo no ha disminuido el número de españoles que necesitan de nuestra ayuda, porque han agotado sus prestaciones, porque han agotado sus subsidios y porque no tienen ninguna renta que llevar a sus casas, sino que desde el año 2011 este colectivo ha aumentado. Señorías, hoy hay 600 000 parados más sin cobertura por prestaciones que en el año 2011. Hoy la cobertura por desempleo, según los datos de la EPA, es de un 30,3 %. Solo 1 641 000 de españoles que tienen prestaciones por desempleo están cubiertos; 3 800 000 no tienen ningún tipo de prestación.

Pero si este es un dato crudo en su realidad, más cruda es la evolución de la cobertura en este tiempo. En el año 2013, esa cobertura que hoy es del 30 %, era de un 34 %, y en el año 2011 esa cobertura era de un 36 %. Por lo tanto, tenemos más españoles en dificultades y menos presupuesto y solidaridad para cubrir a esos españoles con dificultades.

La pregunta es obvia: si el Gobierno se está escamoteando de su responsabilidad para, con el esfuerzo de todos, cubrir a este colectivo de españoles en grandes dificultades, ¿quién está pagando el pato? La respuesta, señorías, es bien sencilla: el pato lo están pagando, en primer lugar, las familias, porque eso que el Gobierno no cubre lo tienen que atender ellas, haciendo un esfuerzo inmenso para tratar de ayudar a aquellos de sus miembros que han quedado en tierra de nadie; en segundo lugar, lo está pagando el exilio laboral, porque esos españoles que no tienen empleo ni tienen cobertura, ni tienen protección se están marchando de nuestro país para buscar una oportunidad fuera; y, en tercer lugar, señorías, lo están pagando las comunidades autónomas. Hay un proceso de vasos comunicantes muy sibilino por parte del Gobierno que deja de abonar estas cantidades a través de los subsidios y prestaciones que determina la Constitución en su artículo 41, y trasvasa su coste a las comunidades autónomas. Me he tomado la molestia de ver cómo evolucionaban las partidas dedicadas a las rentas de integración social en las distintas comunidades autónomas en los presupuestos de 2014 y, señorías, las comunidades autónomas han aportado exactamente 126 millones de euros más para pagar lo que el Estado no está cubriendo. En este sentido, aquellos trabajadores que no tienen derecho a un subsidio acaban en las ventanillas de los servicios sociales de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos.




Página 12266


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya terminando.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Termino inmediatamente, señora presidenta.

Y las comunidades autónomas, por tanto, tienen que estar cubriendo porque el Gobierno no paga aquello a lo que le obliga la Constitución. Además, señorías, se trata de un círculo vicioso infernal: es una cantidad que aportan las comunidades autónomas con mucho esfuerzo, y que tienen limitada, porque el Gobierno les traspasa el muerto, les traspasa la dificultad y les traspasa la obligación de atender a unos colectivos que tienen que ser atendidos, pero, al mismo tiempo, el Gobierno les dice que no se endeuden, que controlen su déficit público y, por tanto, limita su posibilidad de solidaridad. Es decir, que no solo no atiende a lo que tiene que atender sino que, además, trasvasa una parte del esfuerzo y hace que sean las comunidades las que tengan que cargar con este peso.

Por lo tanto, señorías, es una moción por la decencia de todo el país para con los que pasan más dificultades, y cuanto más conocemos de lo que pasa en este país, más necesaria es la decencia.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Buenos días.

La enmienda pretende incorporar al texto de la moción el desarrollo de alguno de los contenidos que en ella se reflejan. Por ello, plantea que las iniciativas que en la moción se propone que esta Cámara apruebe para instar al Gobierno tengan un desarrollo de acuerdo con los agentes sociales y las comunidades autónomas, fundamentalmente para que se pueda establecer una estrategia específica que tenga como objeto potenciar la empleabilidad de los desempleados mayores de 45 años, añadiendo más recursos para las políticas activas de empleo y para la formación de este colectivo.

La crisis económica se ha traducido, por una parte, en un número muy elevado de personas en situación de desempleo —5,5 millones según los últimos datos— y, por otra, en una notable fragmentación social. En otras ocasiones hemos hablado en los debates de esta Cámara sobre el incremento de las desigualdades —ayer todavía, en las preguntas al presidente del Gobierno—. Sin embargo, ese incremento y esa fragmentación social no se percibe exclusivamente en el aumento del diferencial entre el colectivo de personas que disponen de más renta —el grupo social más favorecido, incluso favorecido por la crisis porque en esta coyuntura ve incrementados sus beneficios— y el colectivo que padece con más dureza los resultados de la crisis, sino que también se está dando una fragmentación en este último colectivo, de tal forma que, entre quienes padecen de forma más negativa las consecuencias de la crisis, hay aún sectores que lo perciben con mayor intensidad que otros, fundamentalmente —y basta con hacer un análisis no excesivamente pormenorizado, superficial, de los datos de desempleo—, por una parte, el colectivo de jóvenes, pero, por otra parte, el colectivo de trabajadores mayores de 45 años.

En relación al colectivo de jóvenes hay una expresión más intensa de la preocupación política. Incluso aprovechando que esa preocupación ha sido asumida por la Unión Europea, que entiende absolutamente escandaloso e inaceptable que España sea el país de la Unión con un nivel de desempleo juvenil más elevado, como respuesta a esa preocupación ha comprometido recursos de la propia Unión Europea para desarrollar estrategias en nuestro país que combatan el desempleo juvenil, lo cual ha dado lugar a la formulación por el Gobierno de la nación del Plan nacional de implantación de garantía juvenil, del que hablamos en el Pleno anterior, sobre el que tuve oportunidad de criticar y, por lo tanto, sobre el que no me detendré.

Sin embargo, se habla menos de esa realidad dolorosa, dramática y más desesperanzadora de los desempleados mayores de 45 años. Los jóvenes tienen muy pocas oportunidades en nuestro país, pero, al menos, tienen esa oportunidad —no deseada ni deseable— de acudir a la emigración, a la búsqueda de empleo fuera de nuestro país. Los trabajadores mayores de 45 años en situación de desempleo ni tan siquiera tienen esa oportunidad, esa posibilidad. De hecho, la




Página 12267


reflexión sobre esta realidad ha llevado a que el Consejo Económico y Social, en un informe aprobado en el Pleno del pasado 23 de julio, analizara la situación de este colectivo de trabajadores entre 45 y 64 años y planteara la necesidad de dar respuesta a los mismos. Respuesta que comparto, que compartimos los senadores que hemos formulado esta moción, y que precisamente coincide en lo sustancial con lo que hemos reflejado en la enmienda que hemos planteado: que se busque, que se desarrolle una estrategia negociada y compartida para mejorar la empleabilidad de este colectivo y que se dediquen más recursos a las políticas activas de empleo y de formación.

En el turno de portavoces abundaré en la difícil situación que vive este colectivo, aportando algunos de los datos que se reflejan en este informe.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Fernández Sánchez.

El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Con la venia, señor presidente.

Señorías, voy a intentar llevar a conocimiento de todos los senadores y senadoras esta enmienda de sustitución, que presenta, como es lógico, a la moción el Grupo Parlamentario Popular. Tras la intervención de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, no es menos cierto que es un tema arduo, complicado, complejo, pero lógicamente no lo vamos a orillar ni vamos a dejar de hacerle frente, como siempre ha hecho el Partido Socialista.

Esta enmienda de sustitución —ya la conocen ustedes— habla de que la economía española ha iniciado una etapa de crecimiento importante, pero, lógicamente, la duración o intensidad de la crisis y su impacto sobre la ocupación todavía supone un gran reto para el futuro de España. Pero, vista la moción que ha presentado el Grupo Socialista, entendemos que la esencia de la moción propone la creación de nuevas prestaciones dirigidas a todos los parados con cargas familiares y a los mayores de 45 años, todos ellos parados de larga duración, tal y como se les llama, y desvinculados de cualquier periodo de cotización previo, con una duración indeterminada, y al margen de cualquier acción de inserción o acreditación de búsqueda de empleo.

Lógicamente en relación con lo anterior puede afirmarse que la prestación que se propone se sitúa más bien en el ámbito de la asistencia social, que es lo que acaba de explicar el portavoz socialista, el señor Varela, ajeno a la finalidad de las prestaciones por desempleo, que, como bien saben ustedes, están reguladas en el título III de la Ley general de la Seguridad Social y estrechamente ligadas a la acreditación de periodos previos de cotización. Mi grupo parlamentario entiende, por tanto, que esta línea y la amplitud que conlleva esa configuración de la prestación propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista desbordaría la estructura actual del sistema de protección social y el sistema que tenemos en este momento, como la renta activa de inserción, el programa Prepara, etcétera. Y creo que hay muchos casos de prestación contributiva que se pueden dar en estos supuestos pero que no están contemplados en la propuesta que aquí se hace.

Asimismo entendemos, señor Varela, que su intervención, en la que defiende, como es lógico, su moción, no es ni más ni menos que lo que se dijo en el último Pleno, al que acudió la ministra de Empleo. Todos sabemos por el Diario de Sesiones cómo fue su intervención, y consideramos que si usted fue beligerante en aquel momento, también la ministra le contestó con datos, pelos y señales cómo se establecía la normativa sociolaboral en este país. Por ese motivo entendemos que el Senado tiene que instar al Gobierno a desarrollar los compromisos adquiridos en ese acuerdo de propuesta que para la negoción colectiva se hizo de forma tripartita entre el presidente del Gobierno y los interlocutores sociales. Y todo aquello se firmó el pasado 29 de julio. Y parece que quiera usted orillar de alguna manera todo lo que se hizo, dando un golpe de demagogia en esta Cámara para ver qué decimos.

Mire, señor Varela, yo le tengo a usted por una persona preparada y con conocimiento de causa en esta materia sociolaboral, y no puede ser usted demagogo en este asunto, porque, además de decir usted lo mismo que en la pasada interpelación, nos ha hecho un speech —y perdone la expresión—, pero se olvida de cuando ustedes gobernaban. La situación que tenemos actualmente no es ni más ni menos que la herencia socialista, la herencia de su Gobierno, de todo lo que se ha mantenido a lo largo de este tiempo. El Gobierno del Partido Popular se ha entregado




Página 12268


en cuerpo y alma, como es lógico, a desempolvar de alguna manera toda la situación sociolaboral que había en este país con reformas, con medidas contundentes que usted ya conoce, con el único fin de luchar contra el desempleo.

El desempleo es una de las situaciones más inoportunas que puede tener un país —y somos conocedores de ello— sobre todo en cuanto al empleo juvenil y los mayores de 45 años, pero debe comprender que si se habla de decencia política, como acaba usted de hacer, deberían haberlo sido cuando dejaron a este país con más de 6 000 000 de parados, señor Varela. Ese es el gran problema que tenemos. Tienen ustedes una especie de alzheimer político y se olvidan de lo que hicieron, de adónde nos condujeron y del país que nos dejaron a los españoles y a mi grupo parlamentario, que está trabajando y luchando para sacar esto adelante.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández Sánchez.

Para indicar si acepta o no las enmiendas, tiene la palabra el senador Varela.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

Quisiera decir con respecto a la enmienda presentada por el señor Iglesias, del Grupo Parlamentario Mixto, que lógicamente vamos a aceptarla y que le agradecemos que la haya presentado, pues mejora y enriquece nuestro texto y entra en una parte que no contemplaba la moción, en la prevención, para que no sea necesario que acudamos al subsidio para ayudar a los trabajadores mayores de 45 años que están en desempleo. A ser posible se debería hacer un esfuerzo por el Gobierno —y está bien recogido en la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto— para que este colectivo tuviera una mayor posibilidad de inserción.

Quiero agradecerle al Grupo Parlamentario Popular que por lo menos ustedes hayan hecho un intento de entrar en esta cuestión presentando esta enmienda a través de su portavoz.

Dice usted que si yo vengo aquí con una moción fruto de los acuerdos del Gobierno en el diálogo social. No, señor portavoz. Si se molesta usted un poquito en ver las iniciativas que llevo presentadas en esta Cámara durante los dos últimos años, verá usted que esto se lo llevo solicitando reiteradamente al Gobierno, antes de que se constituyera esa Mesa de diálogo social. Por lo tanto, no es así.

Ustedes se esconden detrás del diálogo social, en el que nosotros creemos y ustedes no, porque no recogen ni una sola de las modificaciones de carácter laboral que se han producido en estos dos años y medio, que tienen el consenso de las organizaciones sindicales, ni una, ni una de las modificaciones. Por lo tanto, son ustedes los que no creen en el diálogo social, nosotros sí. Pero en lo que no creemos, lamentablemente, es en la voluntad del Gobierno de desarrollar, como corresponde, los acuerdos o los preacuerdos o los compromisos iniciales en este diálogo social.

Lo tienen ustedes muy fácil: aprueban esta moción, que viene a decir fundamentalmente que se cumpla la Constitución y que los trabajadores que se encuentran en situación de desempleo estén protegidos, según el artículo 41, a través de la Ley general de la Seguridad Social —señor senador, la Ley general de la Seguridad Social, que es donde están inscritos estos subsidios— y que estos trabajadores puedan estar protegidos. Esto es lo que estamos diciendo nosotros. Y ustedes nos dicen: «En particular, se pondrán en marcha a la mayor brevedad posible, y fruto de los análisis, de las conclusiones que surjan del marco del diálogo social...» —que surjan, dicen— «..., medidas para la activación de los empleados de larga duración...» —que es lo que plantea el señor Iglesias—, «... así como para una mayor eficacia y eficiencia de los mecanismos de protección social.»

Señor senador, cuando ustedes hablan de eficacia, de eficiencia, de sostenibilidad o de estabilidad, alguien sale perjudicado en este país, y suelen ser siempre los mismos; alguien sale perjudicado. Ustedes lo que quieren hacer, señor senador —por eso les traemos esta moción y cuantas veces sea necesario—, es deshacerse de la carga de solidaridad que obliga la Constitución y repartirla entre todos los españoles, y no a través de los presupuestos, sino de sus familias o, en todo caso, arrojando a un montón de españoles a una situación de práctica indigencia por no tener ningún tipo de ingreso en sus hogares, y nosotros no estamos por esa labor.

Esta situación se da con 2 elementos que confluyen: uno, la Constitución que nos dice y nos obliga a la protección de estos colectivos que se encuentran en situación de desempleo sin ningún tipo de recursos. Dos, el compromiso del señor Rajoy —explícito—, antes de las últimas elecciones,




Página 12269


que dijo que él no tocaría ni las prestaciones, ni los subsidios por desempleo. Los dos están incumpliéndolos ustedes: la Constitución y sus compromisos electorales. Y el que lo dijo con más claridad, señor senador, fue el señor Rato cuando presentó los presupuestos: habló de la disminución de impuestos. Yo les digo que hagan lo contrario: suban los impuestos en este país, repartan la carga entre los que tienen, no entre los que no tienen, que es lo que están haciendo ustedes; suban los impuestos, no tengan miedo, hay un grupo amplio de españoles que pueden asumir mayor carga de solidaridad a través de los impuestos; háganlo ustedes. Pero están haciendo exactamente lo contrario: están repartiendo, socializando la pobreza; están socializando la pobreza. Y dijo el señor Rato: Lo que perdamos a través de ingresos o a través de la disminución de la fiscalidad, de la disminución de los impuestos, lo compensaremos con lo que nos vamos a ahorrar, reduciendo los subsidios. Ese es su planteamiento, señor portavoz del Grupo Popular, señores del Partido Popular, y nosotros no estamos de acuerdo en ese planteamiento, no lo compartimos en absoluto.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Termino, señor presidente.

No compartimos, se lo dije antes, que repartan las cargas entre las familias, que obliguen a la gente a marcharse, que sean las comunidades autónomas de este país las que tienen que estar poniendo la espalda para cubrir lo que ustedes no cubren y que luego, encima, vengan aquí y digan esto.

Yo le digo, señor portavoz del Grupo Popular que nosotros aceptamos su enmienda si le ponen fecha, cantidad de presupuesto, cantidades asignadas y colectivos a los que se dirige. Si ustedes ponen estos cuatro elementos en su enmienda…

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor VARELA SÁNCHEZ: …hacemos una transaccional y la aceptamos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Varela.

¿Turno en contra? (Pausa).

No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Quiero exclusivamente hacerme eco en esta Cámara de las conclusiones del informe del Consejo Económico y Social, que reflejan perfectamente el dramatismo de la realidad del colectivo de desempleados mayores de 45 años.

Según los datos consignados en el informe, entre los parados registrados hay 2 millones que tienen entre 45 y 64 años. De ellos, más de 800 000 llevan dos o más años buscando empleo, es decir, son el colectivo que nutre fundamentalmente a los parados de larga duración. Como era inevitable, este colectivo es también el de los trabajadores y trabajadoras más desanimados, los que ya no tienen esperanza de encontrar un puesto de trabajo y, por tanto, han perdido la energía imprescindible para buscarlo. Este colectivo representa en nuestro país la cifra de 500 000 trabajadores y trabajadoras. De esta cifra, 320 000 son mayores de 45 años.

El 29 % de la población de entre 45 y 64 años está en riesgo de pobreza, prácticamente el mismo porcentaje que de pobreza infantil. Son también ninis. Como sus señorías saben, ese término suele aplicarse a los jóvenes que ni tienen trabajo ni están estudiando. Pues este colectivo de parados de más de 45 años, ni tienen trabajo ni reciben la formación que les permita tener más posibilidades para acceder a un puesto de trabajo.

Y por si esto fuera poco, y concluyo, añado un dato —que no sale del informe, porque en aquel momento el Consejo Económico y Social no disponía de él—, un dato que sale del Proyecto de presupuestos generales del Estado que el Gobierno ha presentado. La partida de recualificación profesional de personas que hayan agotado la prestación por desempleo —fundamentalmente este colectivo de trabajadores de más de 45 años— se reduce en el proyecto de presupuestos




Página 12270


de 2015 en relación con el presupuesto de 2014 en más de un 20 %. De ahí que en nuestra enmienda destacáramos la necesidad de que se incrementaran los recursos dirigidos a la formación de este colectivo de desempleados.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente. Si me lo permite, intervendré desde el escaño solamente para decir que vamos a votar favorablemente esta moción y para fijar la postura del Grupo Parlamentario Vasco.

Consideramos que las medidas propuestas en esta moción —mejoradas por la enmienda de Izquierda Unida— vienen a solucionar algunas de las cuestiones que más nos preocupan, que son, entre otras, precisamente la situación de buena parte de las familias que no tienen trabajo y que, además, ven menguada su capacidad de introducirse de nuevo en el mercado de trabajo por circunstancias ajenas a ellas. Son colectivos tradicionalmente de difícil reinserción laboral, como, por ejemplo, el colectivo de personas mayores de 45 años, de mujeres mayores de esa edad, el colectivo de personas con baja cualificación, etcétera.

Entendemos que esta medida es necesaria. En tiempos de crisis los presupuestos tienen que ser utilizados precisamente para intentar que las familias y las personas puedan sobrellevar la crisis de la mejor manera posible, filosofía que no solo compartimos de forma teórica sino que también la ponemos en práctica. Ayer mismo se presentaron los presupuestos del Gobierno vasco, unos presupuestos expansivos, en los que el 75 %_del gasto es gasto social —es decir, educación, sanidad y servicios sociales—, donde todos los departamentos han visto incrementadas sus dotaciones de gasto, y muy especialmente el Departamento de empleo y de servicios sociales, que ha visto incrementado su presupuesto en un 11,5 %.

Sé que sus señorías conocen que en el Gobierno vasco llevamos desarrollando desde hace mucho tiempo una política de inclusión a través de la renta de garantías de ingresos. Entiendo que esta medida va en esa línea, en la medida de favorecer que las familias en época de crisis puedan mantener unas condiciones de vida dignas, y en este sentido daremos nuestro apoyo rotundo y nuestra felicitación a esta iniciativa.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señorías, mi grupo va a apoyar esta moción.

Las interpelaciones y mociones del senador Varela siempre gozan de acierto y calidad. Yo le pediría al portavoz del PP que leyera este libro del Consejo Económico y Social titulado La situación sociolaboral de las personas de 45 a 64 años de edad. Léaselo y, si lo entiende, verá que el senador Varela tiene razón. Usted no. Ni tiene razón en la desautorización que ha hecho de la moción ni tiene razón al plantear esta enmienda en la que apela al diálogo entre los agentes sociales y el Gobierno. Y no tiene razón, portavoz del PP, porque los Presupuestos Generales del Estado para el 2015 dicen todo lo contrario de lo que usted afirma. Todo lo contrario. No hay ninguna partida presupuestaria que tenga en cuenta el pacto alcanzado con los agentes sociales de realizar un mapa de personas vulnerables, proclives a ser beneficiarias de una ayuda. No hay ninguna partida. Es más, el senador Iglesias ya ha señalado cuáles son los recortes que hay, por ejemplo, en materia de formación.

Hoy vamos a hablar del sector más vulnerable entre los vulnerables, que son los parados mayores de 45 años. Se trata de un sector donde la ligera recuperación de nuestra economía y el crecimiento que se ha producido en empleo, como señala la EPA del tercer trimestre, no le afecta. Según la EPA del tercer trimestre de 2014, en este colectivo —en este caso, los mayores de 55 años— el paro se incrementa en casi 3 puntos. Es cierto que si hablamos de un colectivo de 2 millones, de los cuales 800 000 están en paro desde hace más de 2 años, estamos hablando de un sector muy vulnerable, proclive a caer en la pobreza y en la exclusión social.




Página 12271


Antes el senador Iglesias lo decía, y sale en este informe: Por otra parte es el colectivo laboral más proclive a caer en el desánimo, es decir, a dejar de formar parte de la población activa, y es el más golpeado por el paro. Si atendemos al paro registrado en el total del periodo 2007-2013, el incremento entre los mayores de 45 años fue de un 151 % frente al 103 % en los menores de 45 años, es decir, ha sido el colectivo más castigado por el paro a lo largo de esta crisis.

Frente a esta situación, ¿qué ha hecho el Gobierno? Sus políticas de incentivos fiscales, que es la gran apuesta del Gobierno, constituyen una figura discutida y controvertida, una figura que incluso analistas de la Unión Europea señalan como la no más oportuna y que no tiene un sesgo específico respecto de este colectivo de parados mayores de 45 años. Unas políticas de actuación y reinserción muy recortadas en los presupuestos y que también representan un fracaso muy evidente en los mayores de 45 años. El tercer aspecto es la formación, también recortada, que no cuenta con ninguna focalización concreta para las necesidades de este colectivo, especialmente para los parados mayores de 45 años con escasa titulación. Y la cuestión de las prestaciones. A lo largo de 2014 las prestaciones por desempleo han caído el 17,4 %. Antes el senador Varela les daba las cifras respecto a lo presupuestado, a lo que se va a ejecutar y esos 6000 millones que hay de dinero disponible.

Es más, les leeré muy brevemente —porque ya queda poco tiempo— lo que dice este informe del Consejo Económico y Social respecto a las prestaciones. Dice así: «Tras las últimas modificaciones normativas, especialmente las relativas a la mayor edad mínima para el acceso al subsidio especial para mayores...» —ahora— «... de 55 años,...» —antes era de 45 años— «...se ha registrado una disminución de perceptores de este subsidio de un 47 % con respecto al año anterior.» (El Consejo Económico y Social está hablando de 2013.) «En subsidio especial para los mayores, las últimas modificaciones han supuesto una importante restricción no solo al elevar la edad —ahora a 55 años— sino también al endurecer la consideración del cómputo de los ingresos dentro de la unidad familiar para acceder al mismo y a la reducción al cien por cien desde el 125 % anterior del tope mínimo como base de cotización por jubilación en este subsidio.» Es decir, se endurecen las condiciones, se sube a 55 años la posibilidad de acceder a ese subsidio. Es más, el Plan nacional de acción para la inclusión 2013-2016, aprobado por el Gobierno, no incorpora medidas concretas sino líneas de actuación generales, sin compromiso, plazos ni dotación presupuestaria para su realización.

Es por ello del todo conveniente y necesario votar la moción del senador Varela, y poder llevar a cabo esta prestación para ese colectivo tan golpeado por la crisis y con tan pocas expectativas y esperanzas de poder salir del paro.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.

Efectivament, és per donar el nostre vot a favor d’aquesta moció. Jo crec que si hi ha una petjada dura de la crisi la trobem en moltes de les qüestions que veiem al dia a dia, però òbviament aquest segment de població major de 45 anys tenen gravíssimes dificultats per accedir al món laboral. Creiem, a més a més, que és molt oportuna per moltes raons. El fet que els majors de 45 anys, tant homes com dones, són el grup amb major dificultat per trobar ocupació, gairebé el 70 % dels aturats de llarga durada tenen 45 anys. En el sistema públic d’ocupació, els 45 són el llindar a partir del qual la normativa estableix mesures específiques i, per tant, aquestes ajudes que preveu la normativa vigent, després de cobrar l’atur, en bona mesura queden sense illes.

Voldria fer algunes consideracions, ja que moltes vegades s’acaba parlant de temes de normatives, de reials decrets, de proposicions de llei i de les mateixes lleis, quan el que estem parlant en definitiva és de l’ànima de la gent, molt vulnerable i amb moltes dificultats. A mi em costa de creure que, evidentment, si se’m permet aquesta petita concessió, jo com a alcaldessa puc veure en el dia a dia quina és aquesta petjada de la pobresa i de la crisi en persones majors de 45 anys. Realment és molt més greu, més profund i més gran del que ens podem arribar a imaginar.

Voldria fer algunes consideracions, perquè he sentit la paraula demagògia, i és veritat que no es pot fer ni populisme ni demagògia, però tampoc és pot ser antisocial. Quan jo veig que en el




Página 12272


context del que algunes de les determinacions que fa el Partit Popular són, per exemple, la indemnització del Projecte Castor, amb més de 1270 milions d’euros com a prioritari, se m’acut que aquests diners podria anar en bona mesura a molts d’aquests plans d’ocupació i mesures de prestació de diners a tota aquesta gent que es troba en aquest llindar tan i tan vulnerable.

La política, en definitiva, són prioritats, i les prioritats són marcar el que pugui ser més necessari. No estem parlant únicament dels reials decrets, dels percentatges de l’atur, perquè moltes vegades ens inundem en dades. El que crec és que hem de ser molt conscients, no únicament en les cambres parlamentàries, sinó en el dia a dia de la presa de decisions, que darrere de tot això hi ha persones, homes i dones que ho estan passant molt i molt malament.

Per tot això, des del Grup Parlamentari Català de Convergència i Unió, donarem suport a aquesta moció.

Gràcies.

Gracias, señor presidente.

En efecto, me gustaría votar a favor de esta moción. La huella dura de la crisis la vemos en muchísimas cuestiones de nuestro día a día, pero sobre todo en este segmento de población mayor de 45 años, que tiene gravísimas dificultades para acceder al mundo laboral. Además, consideramos que esta moción es muy oportuna por distintas razones. Una de ellas es el hecho de que los mayores de 45 años, hombres o mujeres, son el grupo con mayores dificultades para encontrar empleo, casi el 70 % de desempleados de larga duración tienen más de 45 años. Por otro lado, en el sistema público de empleo los 45 años es el umbral a partir del cual la normativa establece ayudas específicas. Por lo tanto, al terminar de cobrar el desempleo, este colectivo como queda cubierto por la normativa, queda en gran medida aislado.

Me gustaría hacer una serie de consideraciones porque muchas veces acabamos hablando de normativas, de reales decretos, de proposiciones de ley y de las leyes, cuando en definitiva de lo que estamos hablando es del alma de la gente, de gente muy vulnerable, con muchas dificultades. Si se me permite esta concesión, como alcaldesa, puedo ver día a día la huella que deja la pobreza y la crisis en personas mayores de 45 años, y realmente es mucho más grave y mucho más profunda de lo que podríamos llegar a imaginar.

Por otra parte, he escuchado la palabra demagogia, y es verdad que no se puede hacer populismo ni demagogia, pero tampoco se puede ser antisocial. Cuando veo algunas determinaciones del Partido Popular, por ejemplo, la indemnización del Proyecto Castor como prioritaria, con más de 1270 millones, se me ocurre que este dinero podría ir en gran medida destinado a muchos de estos planes de empleo, a prestaciones para estas personas que se encuentran en este umbral y que son tan vulnerables.

La política en definitiva son prioridades, y eso implica marcar qué es lo más necesario. No estamos hablando tan solo de reales decretos o de porcentajes de desempleo, porque muchas veces nos inundamos de datos. Creo que deberíamos ser muy conscientes, y no únicamente en las cámaras parlamentarias sino en el día a día, en la toma de decisiones, de que detrás de todo esto hay personas, hombres y mujeres que realmente lo están pasando muy mal.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió va a dar apoyo a esta moción.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Candini.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Varela.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer el apoyo de los grupos parlamentarios a esta moción. Una moción que yo considero justa y decente con un colectivo, con un grupo de españoles que lo está pasando muy mal, francamente mal. Y quiero aprovechar, como ya hice en la anterior intervención, este turno para agradecer de una manera singular el esfuerzo que está realizando la mayoría de las comunidades autónomas para tratar de paliar el abandono en el que el Gobierno está dejando a este colectivo de trabajadores que no tienen empleo, que ya no tienen prestación, que han agotado el subsidio y que, por lo tanto, no tienen ningún tipo de recursos que llevar a sus casas. Este es un esfuerzo que se debe reconocer, a pesar de ser insuficiente, como decía, porque




Página 12273


además está limitado por las instrucciones del Gobierno central en cuanto al déficit de las comunidades, pero es un esfuerzo muy notable.

Con respecto a las enmiendas —no sé si me expliqué con claridad anteriormente—, les diré que, por supuesto, aceptamos encantados la del Grupo Parlamentario Mixto; y si a la presentada por el Grupo Popular —se lo dije a su portavoz y quiero escuchar qué contesta a mi solicitud— le ponen fecha —que esto se haga antes de final de año—, cuantifican o determinan los colectivos a los que va dirigida, la cuantía de las ayudas del subsidio y el presupuesto que le van a dedicar, podemos llegar a un acuerdo ya, sin ningún tipo de problema, señor portavoz.

Lo que estamos planteando en esta moción, que lógicamente lleva incorporado el coste económico con objeto de cubrir a un colectivo que afecta a un millón de familias, es dedicar la décima parte de lo que costó el rescate de la banca en España. Yo no sé si esto es demagogia, señores senadores, pero si lo es, bienvenida sea. Estamos hablando de dedicar, para ayudar a un millón de las familias más desprotegidas de este país, la décima parte de lo que costó el rescate a la banca.

Señores senadores, deben saber ustedes que en estos momentos, en España, hay 2 millones de niños en el umbral de la pobreza y del hambre, y esto tiene mucho que ver con la situación de sus padres, con la situación de desempleo y con la situación de falta de cobertura de ningún tipo de subsidio, y repito que a ello nos obliga la Constitución. Lo explicó muy bien el señor Montoro en su comparecencia —antes dije Rato, no sé en qué estaría yo pensando con esa similitud—. Lo explicó muy bien: lo que le quiten ustedes a las rentas altas al pagar los impuestos se lo van a quitar a las rentas bajas o a los españoles más desfavorecidos retirándoles el subsidio, y esto es algo absolutamente inaceptable.

En mi opinión, señores senadores, no sería ni siquiera necesario explicar que con un tercio más de personas en situación de penuria, con un tercio más de parados —señor senador, no son 6 millones los parados que dejó el partido socialista; esos son suyos, de su Gobierno; han creado un millón más de parados en las listas de desempleo en el tiempo que llevan ustedes gobernando—, con un tercio más en situación de demanda, hay un tercio menos de aportación por parte de la Administración del Estado a esta situación. Es algo que, como digo, señorías, no debería ni siquiera ser explicado.

Y esto lo justifican ustedes —lo justifica el ministro, lo justificó la ministra en su última intervención— diciendo que, como estamos en una situación de crecimiento, sus previsiones de creación de empleo hacen que no sea necesario dotar a los presupuestos de partidas para cubrir algo que no va a existir. Mienten y falsean los datos nuevamente. Se lo dijimos aquí y se lo quiero repetir, señores senadores: ustedes no están creando empleo en este país, están troceando el empleo existente. Y si esa es una política laboral, díganlo y defiéndanlo. Como no hay empleo, como nos somos capaces de cumplir el compromiso que adquirimos en su día de crear empleo —porque la culpa era de Zapatero, y al llegar nosotros eso quedaba resuelto—, lo que vamos a hacer es trocear el empleo. En España, hay 2,5 millones de personas trabajando a tiempo parcial; de ellas, 1,5 millones están buscando un empleo a tiempo completo. Esa es la realidad del empleo en España. Mientras en el segundo trimestre el señor presidente y la señora ministra se dedicaban a decir que estábamos muy bien, que estaba creciendo el empleo neto, el empleo total, que estábamos en una situación maravillosa en España, la realidad es que estamos perdiendo 4 millones de horas semanales de trabajo. Crecía el empleo, bajaba el trabajo. ¡Qué curioso! Un 0,9 % más de empleo en el segundo trimestre, 0,7 % menos de horas trabajadas en ese mismo tiempo. Están troceando el empleo.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Termino, señor presidente.

Están reduciendo las prestaciones, están bajando los salarios, hay una transferencia de cerca de 50 000 millones de euros de los salarios de los trabajadores a los excedentes empresariales. Están siendo absolutamente injustos, y no voy a utilizar la palabra, pero les pido decencia con estos españoles que necesitan ayuda, y estamos dispuestos a prestarla a través de los Presupuestos Generales del Estado, ustedes simplemente tienen que aprobar la partida y ejecutarla.

Muchas gracias. (Aplausos).




Página 12274


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Varela.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Fernández Sánchez.

El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, voy a intentar no volver al speech político que nos acaba de dar el senador Varela, no voy a entrar en ello. Quiero agradecer el tono de las intervenciones de muchos portavoces, tono que podemos compartir, como es lógico, porque el problema de los desempleados mayores de 45 años lo puede tener cualquier país, pero es bueno que se sepa por qué hemos presentado esta enmienda de sustitución y por qué el senador Varela solo quiere adquirir un compromiso en determinados momentos o con determinados parámetros, y no lo entiendo.

Señor Varela, el compromiso del presidente del Gobierno es acortar el tiempo de transición del desempleo al empleo, eso está clarísimo, y con ese fin vamos a poner en marcha, junto con las comunidades autónomas y los interlocutores sociales, un plan de empleo que va a suponer para los próximos presupuestos un 17 % de las políticas activas —aunque algún portavoz haya dicho que no se ha incluido nada a tal efecto— a fin de que las comunidades autónomas puedan modernizar los servicios públicos de empleo. No sé dónde habrá visto el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra los Presupuestos Generales del Estado, porque aún no han llegado a esta Cámara, pero estoy convencido de que ya comprobará que es cierto lo que estoy diciendo en estos momentos. Pero no nos queremos quedar ahí porque hay 4,5 millones de españoles que necesitan una oportunidad para trabajar, y le pregunto, señor Varela, por qué no interpelaba usted al señor Zapatero y a su Gobierno cuando la cobertura cayó 8 puntos; lo hicieron ustedes, fue usted copartícipe y cooperador necesario de la situación económica en que se quedó este país.

Hay algo importante que también debemos recordar, y es que la prestación propuesta por el Grupo Socialista, al que me dirijo, como es lógico, porque es el autor de la moción, choca frontalmente con los principios que inspiraron la reforma del año 2012, lo sabe usted perfectamente, señor senador: la racionalización del sistema de protección, dotándole de mayor coherencia interna, garantía de estabilidad presupuestaria y viabilidad financiera; por último, hay que tener en cuenta también que al tratarse de una prestación por desempleo regulada en la Ley General de la Seguridad Social, a diferencia de lo que sucede con las ayudas de la asistencia social, no puede encajar en la moción que usted nos presenta.

Por tanto, quiero atenerme a algo importante que ha hecho el Gobierno: el Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo que ha firmado el Gobierno con Comisiones Obreras, UGT, CEOE y Cepyme —que me he leído, aunque me hayan dicho que no, y que desde luego algunos no se han leído en absoluto—, acuerdo económico y social plasmado en un libro puesto a disposición de todos los senadores. Señor Varela, si usted no lo conoce, porque en ningún momento ha hecho mención a ello, sea un poco más recatado.

Hemos explicado claramente que la economía española ha iniciado una etapa de crecimiento y, como es lógico, el diálogo social juega un papel relevante en esta materia, aunque según usted, el Partido Popular ha orillado a los agentes sociales. Este acuerdo viene a fortalecer el crecimiento económico y el empleo, que es lo que estamos diciendo; es decir, el Gobierno, junto a estos interlocutores sociales, comparte la necesidad de establecer unas políticas activas de empleo que hagan sostenibles las cuentas públicas e impidan todo aquello que vaya en detrimento de la creación de empleo. En este acuerdo el Gobierno se compromete con los interlocutores sociales a impulsar la concertación social en la Unión Europea de forma permanente, como es lógico, en el marco actual de orientación de los objetivos del Semestre Europeo. Vamos a incrementar todo lo que signifique creación de empleo, y para ello el Plan de empleo ha impulsado una actividad importante porque el 61,2 % de los desempleados entre los 16 y los 64 años son parados de larga duración y el 54,9 % tiene estudios como mucho de educación secundaria obligatoria, la ESO, según datos de la EPA del segundo trimestre del año 2014. Por tanto, un gran porcentaje de los desempleados mayores de 45 años procede de actividades que han sufrido un ajuste estructural y que no se recuperarán solamente con la mejora de la actividad económica. Es decir, estamos recuperando la actividad económica para los españoles.




Página 12275


Respecto a los parados de larga duración que necesiten mejorar su estabilidad y obtener empleo, el artículo 2.1 del concierto con los agentes sociales dice que se dará prioridad a aquellos con cargas familiares que vivan en un hogar sin ingresos laborales, que sean parados de larga duración, y que tengan un bajo nivel formativo; el colectivo de mayores de 45 años será objeto de una atención especial y primaria. Eso se ha acordado, señor Varela, en las propuestas de la negociación tripartita para fortalecer el empleo. Si usted no cree en ello y si usted lo quiere ya, le diré que lo tiene plasmado en un acuerdo firmado entre el Gobierno y los agentes sociales. ¿Qué más pretende usted? Se ha acordado un desarrollo de la lucha contra el fraude, una mejora en la protección de intermediación; vamos a modernizar los servicios públicos de empleo…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Voy terminado, señor presidente.

Se acuerda la intermediación entre la oferta y la demanda del empleo, seguir impulsando la intermediación laboral, y un largo etcétera. Usted, como consejero que ha sido en Galicia, sabrá perfectamente lo que significan estos acuerdos, que no son fáciles, para salir de esta situación.

Señor Varela, le pediría que en este asunto no hiciera nunca demagogia. Se vuelven las cañas lanzas y se vuelven contra usted. Voy a ser decente en mi actitud parlamentaria y le diré que usted…

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Termino, señor presidente.

... debe reconocer que, independientemente del desempleo que nos han dejado en España —y no voy a hablar de estadísticas—, han dejado a este país en una ruina económica y social sin precedente.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández Sánchez.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Socialista con la incorporación de la enmienda aceptada del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 95; en contra, 153.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

5.6. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 2/2010, DE 3 DE MARZO, DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO.

(Núm. exp. 671/000142)

AUTOR: GPS

El señor presidente da lectura al punto 5.6.

El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación no se han presentado enmiendas. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

En el turno a favor de la moción, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la senadora Flores.

La señora FLORES FERNÁNDEZ: Gracias, presidente. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.




Página 12276


La señora FLORES FERNÁNDEZ: El pasado día 14 formulé, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, una interpelación al Gobierno sobre sus intenciones de reformar la Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, interpelación que fue contestada por el ministro de Justicia.

Lógicamente, no voy a repetir hoy los argumentos que tuve ocasión de exponer ese día, pero sí quiero recordar que pedí aclaraciones. Pregunté qué estaba pasando ante la situación confusa que el Gobierno había creado en su afán de dar marcha atrás en derechos, en este caso, de las mujeres. Sin embargo, nos fuimos, señorías, con las manos vacías. Pensábamos ingenuamente que, a ministro nuevo, ideas nuevas y prácticas parlamentarias nuevas. Pero no fue así. Se nos informó de lo que ya sabíamos, eso sí, trufado de llamadas al consenso. Pero nada supimos de sus intenciones, aunque eso nos lo podíamos imaginar: puro cálculo electoral, porque pierden más por el centro de lo que ganan por la derecha.

Por eso, el presidente Rajoy retira la reforma que él impulsó y deja en el aire la modificación del artículo 13 en lo que se refiere al consentimiento de los padres o tutores. Les leí ese apartado de la ley vigente —se refleja en el Diario de Sesiones— para que no tergiversasen más. Pero, ustedes, erre que erre, siguen a lo suyo y, además, lo adornan con un llamado Plan integral de apoyo a la familia y a la maternidad. ¿De qué apoyo hablan? ¿De la reforma laboral, señorías? ¿De la eliminación de las bonificaciones a la Seguridad Social, permisos de maternidad-paternidad, práctica supresión del ciclo 0-3 años, vía eliminar partidas presupuestarias, libros de texto, comedores, vacunas? ¿De eso hablamos?

Días más tarde nos enteramos por la prensa de que esa modificación es una prioridad absoluta —entrecomillada— para el Gobierno. Dice el ministro Catalá que está trabajando con el Ministerio de Sanidad para poder presentarla de inmediato. ¡Pues vaya garantía! ¡Sanidad trabajando! Será la primera vez en estos tres años que hacen algo. Y, además, lo quieren hacer, para más inri, en el Proyecto de Ley de protección a la infancia. ¿Pero, señorías, de qué infancia estamos hablando? ¿A qué se refieren? Se les llena la boca de frases grandilocuentes para tapar la realidad de este país, por más que se lo digan desde todos los ámbitos.

A mí me parece muy bien que sus señorías digan que van a proteger más a los no nacidos. ¿Pero, cómo lo van a hacer? Además, ya está en la vigente ley. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio, por favor.

La señora FLORES FERNÁNDEZ: Van a proteger los derechos de las menores. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Haciendo que otros decidan por ellas? ¿De verdad es una prioridad absoluta del Gobierno? De la sociedad desde luego que no. No insulten a la inteligencia de los españoles y españolas. Lean las encuestas y los informes: ayer mismo, El séptimo de Cáritas, de FOESSA y el de Los niños de la recesión, de Unicef. Arbitren soluciones para esa infancia empobrecida —solo nos supera Rumanía, señorías, solo Rumanía—, esa infancia que no tiene lo mínimo para subsistir dignamente. Solucionen los problemas de la ciudadanía y no dediquen su tiempo a algo que ya está resuelto en la ley vigente que, repito, ha funcionado bien estos años a pesar de que el Gobierno del Partido Popular no ha movido un solo dedo para aplicarla y desarrollarla. Muy al contrario, ha ido poniendo chinitas en el camino para que no avanzara.

Yo pedí al Gobierno y a sus señorías del Grupo Popular un gesto de valentía política para que cejaran en una reforma que nadie les pedía, excepto la jerarquía de la Iglesia católica y el ala más dura de sus votantes. Se lo vuelvo a pedir en este momento: apoyen esta moción. El Grupo Parlamentario Socialista reivindica la ley de plazos de 2010 y pide al Gobierno que renuncie a modificar nada. Ayuden, por una vez, a las mujeres. Dedíquense a resolver los problemas reales, los que, de verdad, son prioritarios, esos para los que ustedes tenían soluciones en 2011 y que, lejos de arreglar, han agravado enormemente en estos tres años. Desarrollen completamente y en todos sus aspectos esta ley, para garantizar el derecho a decidir de todas las mujeres, aportando el presupuesto correspondiente y la cobertura por la sanidad pública de las prestaciones asociadas a la ley. Y, todo ello, lógicamente, de acuerdo con las comunidades autónomas.

Reivindicamos la educación afectivo-sexual y el acceso a los métodos anticonceptivos, a pesar de que el ministro Wert haya eliminado la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Esos eran los objetivos de la ley que mi grupo defiende hoy a través de esta moción. Ojalá, señoras y señores del Grupo Popular, sean sensibles y la apoyen.

Señorías, la conquista de la libertad y de los derechos sexuales...




Página 12277


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora FLORES FERNÁNDEZ:...y reproductivos en nuestra sociedad ya está ganada, y ni la ciudadanía ni el Partido Socialista van a tolerar un retroceso.

Gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Flores.

¿Turno en contra? (Pausa).

No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo para mostrar el apoyo de los senadores de Izquierda Unida, el señor Iglesias y yo, a esta moción, si bien he de hacer alguna consideración.

En primer lugar, quiero señalar que el único movimiento social que en este país ha sido capaz de derrocar a un ministro de este Gobierno ha sido el movimiento feminista, el movimiento de las mujeres. Quiero que aparezca en el Diario de Sesiones esta felicitación, porque ha conseguido parar este nuevo intento de agresión contra los derechos de las mujeres en nuestro país. Lo que ocurre es que ahora el Partido Popular no reconoce su derrota e imagino que sentirá culpa, en el sentido judeocristiano más profundo del término, y para limpiarla pretende hacer esta pequeña reforma que sigue atentando contra la dignidad de las mujeres en nuestro país.

Queremos que el Gobierno tome medidas para que se garantice la cobertura de la sanidad pública, de las prestaciones que por ley están hoy vigentes, aunque haya algunas comunidades por ahí que no ofrezcan esa cobertura de la sanidad pública.

Y desde luego, compartimos, como no podía ser de otra forma, que la educación afectivo-sexual figure en el sistema educativo y no se deje al tercer sector o a organizaciones no gubernamentales. Creemos que debería formar parte del currículum. De hecho anteayer pudimos conocer un informe terrible sobre cuáles son las fuentes de educación afectivo-sexual de los chicos y chicas en nuestro país. Creo que ese es el factor de avance y lo que haría de la nuestra una sociedad mucho más moderna.

Por lo tanto, reitero el apoyo de nuestro grupo a la moción. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, mahaiburu jauna.

Si usted me lo permite, intervengo desde el escaño para anunciar que nosotros vamos a votar a favor de la moción, siguiendo la línea que hemos mantenido hasta ahora en esta Cámara.

Primero, porque entendemos y entendíamos que no es ni era necesario cambiar la ley. En este caso, hablando del problema de las menores de 16 y 17 años, no ha generado una demanda social ni una especial alarma ni nada por el estilo. Se ha desarrollado con cierta normalidad y puedo reconocer que en la tramitación nosotros fuimos críticos con este artículo, y hubiéramos seguido siéndolo si hubiera existido realmente una necesidad, y además, tampoco concita el consenso de las fuerzas que en su momento aprobaron la ley. Por tanto, no lo vemos necesario.

En lo que sí estamos de acuerdo —y lo hemos dicho en esta Cámara varias veces cuando se habla de la cobertura de la sanidad pública— es en cumplir con lo que, además de la interrupción voluntaria del embarazo, dice la Ley 2/2010, de salud sexual y reproductiva. Lo dijimos una vez, y lo vuelvo a repetir: cuanto más se cumpla el resto de la ley, menos se tendrá que cumplir con la interrupción voluntaria del embarazo.

Y, por supuesto, apoyamos un plan de educación sexual y prevención de embarazos no deseados, y algunas otras cosas más, porque estamos viendo que entre los jóvenes, lejos de ir desapareciendo las diferencias entre sexos, parece que aumentan; a lo mejor estamos haciendo un pan como unas tortas.

Vamos a votar a favor porque creemos que es necesario y porque este no es el momento para hacer ningún tipo de reforma.

Muchas gracias, señor presidente.




Página 12278


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidente.

Señorías, el Gobierno intentó imponer su moral y la sociedad española le dijo no y lo dijo alto y claro y dio un no rotundo a un anteproyecto de ley que pretendía hacernos retroceder a tiempos que llevaban los derechos de la mujer a la España predemocrática; una reforma que pretendía limitar la posibilidad de interrumpir un embarazo hasta en el caso de malformación fetal y que imponía una carrera de obstáculos para que las mujeres pudieran abortar legalmente. Pero, afortunadamente, la presión social, o las encuestas, hicieron cambiar de opinión al Gobierno y retiraron su anteproyecto de ley. Eso les costó un viaje a Roma y un ministro, pero no creo que sea un coste muy elevado.

Ustedes continúan insistiendo en modificar algunas partes de la ley vigente. Y esas partes son dos. Una, la que legisla la edad de 16 y 17 años y, otra, que además mantienen un as en la manga: mantienen el recurso ante el Tribunal Constitucional a la actual Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción del embarazo, y siempre se les olvida que la ley vigente sobre el aborto protege la libertad de las mujeres, pero no obliga a interrumpir un embarazo. Hay algunos datos del aborto que se nos olvidan muy a menudo, como, por ejemplo, que el riesgo de muerte materna es 14 veces más elevado en un aborto que en un parto; que el coste de realizar un aborto seguro es 10 veces menor que el de tratar las consecuencias de un aborto inseguro; que una cuarta parte de las mujeres que buscan un aborto son víctimas de violencia de género o que el riesgo de embarazo en adolescentes se concentra en los grupos sociales más desfavorecidos y vulnerables.

Déjeme que me centre en las adolescentes. ¿Cuál es la intención que persigue que sea necesario pedir permiso para abortar a los 16 y 17 años? ¿Qué busca el legislador obligando por ley a pedir permiso paterno? Porque esto es lo que ustedes quieren regular y lo van a hacer, como siempre, en otra ley, en la ley de infancia.

La actual ley —y se lo digo exactamente— en el capítulo I, artículo 13, recoge que el consentimiento de la interrupción del embarazo corresponde exclusivamente a las mujeres de 16 y 17 años y que, al menos, uno de los progenitores deberá ser informado. Solo en caso de que la menor alegue que hay violencia familiar, malos tratos, o alguna situación de desamparo, no se informará a uno de sus familiares. Fíjense que solo un 0,41 % de las menores de 16 y 17 años que en los últimos cuatro años, desde que lleva en marcha la ley, han realizado interrupciones voluntarias del embarazo se han acogido a este supuesto de la ley. Estamos hablando de 151 chicas, de 1186 abortos, es decir, muy poquitas mujeres. Además, los procedimientos legales sobre el consentimiento parental no han probado su validez, porque no protegen a la menor. Y se da una paradoja. Se da la paradoja de que están considerando que son inmaduras para decidir por sí solas si quieren interrumpir o no un embarazo y, en cambio, las consideramos obligatoriamente maduras para proseguir con un embarazo y criar a un niño. ¿Son maduras o no lo son?

El lunes pasado el periódico El País publicaba un artículo sobre la sexualidad y los adolescentes en el que se decía que los menores tienen acceso a su principal fuente de información sobre el asunto con un simple clic, es decir, que más de la mitad de los adolescentes españoles de entre 14 y 17 años ha visto porno en internet —el dato es del estudio de Protégeles—, y un 4 % de entre 11 y 12 años reciben mensajes sexuales a su móvil. ¿Qué tiene esto que ver con la retirada del anteproyecto o con la reforma que ustedes quieren hacer sobre esta ley? Pues tiene mucho que ver. Actualmente, en el título I, artículos 5, 6, 9, 10 y 11, la ley especifica cuál es la actuación de los poderes públicos en el desarrollo de sus políticas sanitarias, educativas y sociales respecto a la salud sexual y reproductiva, así como las políticas informativas y de sensibilización que deben llevarse a cabo por parte de los poderes públicos. En estos últimos años, señorías, han disminuido exponencialmente y es una de las partes fundamentales para disminuir el embarazo y, por lo tanto, el número de abortos en las edades de 16 a 18 años.

Señorías, y termino, hay demasiado ruido en este país. Dejen que las mujeres continúen ejerciendo la libertad de decidir sobre su maternidad, no modifiquen el marco vigente de la ley e




Página 12279


inviertan recursos en aquellas medidas que pueden prevenir embarazos en los adolescentes. Nosotros, ahí, les acompañaremos. Ahora, votaremos esta moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gràcies, senyor president.

Com ja saben Convergència Democràtica de Catalunya, té establerta la llibertat de vot en temes com el que és objecte de la present moció. Qui els parla intervé en nom de CDC. Ens repartirem doncs, el temps de la intervenció amb el meu company Manel Plana, que intervindrà en nom d’Unió Democràtica per a definir la seva posició.

Primerament, vull manifestar el nostre desconcert pel format de la moció. Estem davant una moció que insta el Govern a renunciar a la facultat d’emprendre actuacions normatives que puguin modificar una llei vigent. Els instem a no posar la vena abans d’haver-se produït la ferida. Les Cambres parlamentàries tenen la seva raó de ser perquè es puguin debatre i confrontar idees, no per evitar que això es produeixi. Senyors del Partit Socialista: vostès foren escollits i alguns designats pels seus respectius Parlaments Autonòmics per a defensar el millor pels seus ciutadans, no per a venir aquí a evitar el debat. El punt 1 i 2 de la part dispositiva consisteix en beneir la Llei que vostès consideren que no s’ha de reformar. Aquests punts són la constatació de la constatació la qual serveix de base a la segona part dispositiva. S’aclareixin si us plau. Punt 1 i 2, quina Llei tan perfecta que vàrem aprovar! I com que ho vàrem fer tan bé, punt 3: que ningú la toqui, que qui ho pugui fer, renunciï a fer-ho. Això sí: punt 4, Govern, legisli. Tot plegat surrealista. Un mer brindis al sol. No podem banalitzar un tema tan important com és la vida del nasciturus i les conseqüències de l’avortament per a la mare menor d’edat que es veu empesa a prendre aquesta decisió. En el seu dia Convergència Democràtica de Catalunya ja es va posicionar tant en aquesta cambra com al Congrés dels Diputats. Per tant, no entrarem a valorar el fons d’aquesta moció conseqüència d’interpel·lació. Considerem inadmissible que s’electoralitzi amb aquest tema. És mer partidisme. No hauríem de convertir les Cambres parlamentàries en una arena electoralista i demagògica. Els ciutadans als que representem es mereixen un respecte i mentre al carrer es viuen problemes que necessiten de la nostra intervenció per a evitar i mitigar el patiment, malgastem el temps i els diners dels impostos dels contribuents presentant una moció preventiva.

De moment tenim sobre la taula una llei vigent, tenim un ministre de justícia que ha dimitit i un projecte de llei que la modificava que, per manca de consens, sortosament ja ha estat retirat. Si es presenta un nou projecte de llei, ja el debatrem a ambdues cambres, que, senyors, és la nostra feina. Per tant, tot i que Convergència Democràtica de Catalunya té establerta la llibertat de vot en temes com el que és objecte de la present moció, no entrant en el fons de la mateixa, ens abstindrem a la votació.

Gracias, señor presidente.

Como saben, en el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió vamos a distribuirnos los tiempos de intervención en esta moción. Quien les habla lo hace en nombre de Convergència Democràtica de Catalunya y mi compañero, el señor Plana, intervendrá en nombre de Unió Democràtica.

En primer lugar, quiero manifestar el desconcierto ante esta moción que plantea el cambio de la ley vigente. Les recomendamos que no pongan la venda antes que se haga la herida. Las cámaras tienen que corregir las funciones y no evitar que las cosas sucedan. Ustedes fueron escogidos, y algunos designados por sus parlamentos autonómicos, para decidir lo mejor para sus ciudadanos y no para venir aquí a evitar el debate. Los puntos 1 y 2 de la parte dispositiva de esta moción consiste en bendecir la ley que ustedes consideran que no hay que reformar. Estos puntos son la constatación de la constatación que sirve de base a la segunda parte dispositiva. Por favor, aclárense. Puntos 1 y 2: la ley que aprobamos era tan perfecta que, como lo hicimos tan bien —punto 3—, que nadie la toque. Eso sí —punto 4—, que el Gobierno legisle sobre la cobertura de las prestaciones establecidas en la ley por parte de la sanidad pública, así como sobre la confección de un plan de educación sexual y prevención de embarazos no deseados. En su día,




Página 12280


Convergència i Unió ya se pronunció al respecto en esta Cámara y en el Congreso de los Diputados, por lo que no vamos a valorar el fondo de esta moción consecuencia de interpelación. Consideramos inadmisible que se electoralice con este asunto; es puro partidismo. No deberíamos convertir las cámaras parlamentarias en una arena electoralista y demagógica. Los ciudadanos a los que representan se merecen respeto, y mientras en la calle se viven problemas que necesitan de nuestra intervención para evitar y mitigar el sufrimiento, malgastamos el tiempo y el dinero de los impuestos de los contribuyentes presentando una moción preventiva.

De momento tenemos sobre la mesa una ley vigente, un ministro que ha dimitido y un proyecto de ley que la modificaba que, por suerte, ha sido retirado. Por lo tanto, si se presenta un nuevo proyecto de ley lo debatiremos en ambas cámaras, como es nuestro trabajo. Señorías, Convergència Democràtica de Catalunya tiene establecida la libertad de voto en cuestiones como el objeto de la presente moción, por lo que anuncio que nos vamos a abstener.

El señor PRESIDENTE: Senador Plana, tiene la palabra.

El señor PLANA FARRAN: Gràcies, president.

La companya que m’ha precedit ja ha estat summament clara i aquest senador en representació d’Unió Democràtica de Catalunya només vol fixar la seva postura respecte a un tema que considerem que té una sensibilitat social prou important. Com bé feina qui m’ha precedit, la senyora Rieradevall ha parlat de la no banalització d’uns temes tan concrets com pot ser el drets de la dona però també els drets nasciturus, nosaltres en aquest cas votarem en contra d’aquesta moció. En primer lloc, per coherència, ja que en aquesta llei que està vigent nosaltres vam presentar al Congrés una esmena a la totalitat de la llei vigent i un veto al Senat. Així mateix, en aquesta extensió de la prohibició de no ficar damunt la taula la possibilitat de debatre una llei que vostès creuen que és immillorable i que, per tant, no donen pas a que aquesta es pugui modificar, nosaltres, en aquest escenari que és el lloc on cal debatre les idees i hem d’adaptar-nos a les noves situacions, no podem per coherència abstenir-nos, ni votar a favor d’aquesta esmena. I reitero, i repeteixo, prenent el fil del argumentat de la senadora que m’ha precedit, que el que no es pot fer és, de forma preventiva, intentar evitar qualsevol debat, inclòs aquest que afecta la qüestió essencial dels drets dels nasciturus i de les dones, on no es vol entrar ni en el fons ni la forma d’aquest projecte de llei.

És a dir, volem que es respecti l’autonomia i la possibilitat que amb qualsevol Govern, incloent-hi el Govern recolzat pels senadors i diputats del Partit Popular que puguin portar aquest avantprojecte —per tant, la llibertat de qualsevol tipus de Govern—, es puguin confrontar idees en un tema tan sensible com és el de la vida del nasciturus i el dret de les dones. No fem confrontació ni social ni política; intentem fer les coses de la millor manera possible. Per això, insisteixo que el Grup d’Unió Democràtica de Catalunya no votarà a favor d’aquesta moció.

Gracias, presidente.

La compañera que me ha precedido ya ha sido sumamente clara y este senador solo quiere fijar su postura respecto a un asunto que consideramos de una sensibilidad social lo suficientemente importante. La señora Rieradevall ya hablaba de la no banalización de unas cuestiones tan concretas como por ejemplo la situación de los nasciturus y la situación de las mujeres, por lo que solo quiero adelantar que nosotros vamos a votar en contra de esta moción. En primer lugar, por coherencia, pues ya presentamos en el Congreso una enmienda a la totalidad de la ley vigente y un veto en el Senado. Asimismo, por el hecho de no poner sobre la mesa la posibilidad de debatir una ley que ustedes creen que es inmejorable y no dar paso a que la misma se pueda modificar, nosotros, en este escenario que es el lugar en el que hay que debatir las ideas y tenemos que adaptarnos a las nuevas situaciones, no podemos por coherencia abstenernos ni votar a favor de esta moción. Y reitero, tomando el hilo de lo argumentado por la senadora que me ha precedido, que lo que no se puede hacer es intentar evitar un debate de forma preventiva, como es el caso de este que afecta a la cuestión esencial de los derechos de los nasciturus y de las mujeres, donde no se quiere entrar ni en el fondo ni la forma de este proyecto de ley.

Es decir, queremos que se respete la autonomía y la posibilidad de que con cualquier Gobierno, incluyendo el Gobierno apoyado por los senadores y diputados del Partido Popular que puedan llevar este anteproyecto —por tanto, la libertad de cualquier tipo de Gobierno—, se puedan




Página 12281


confrontar ideas en un tema tan sensible como es el de la vida del nasciturus y el derecho de las mujeres. No hacemos confrontación social ni política; intentamos hacer las cosas de la mejor manera posible. Por eso, insisto en que el Grupo de Unió Democràtica de Catalunya no va a votar a favor de esta moción.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Flores.

La señora FLORES FERNÁNDEZ: Señorías, al no haber presentado enmiendas, lógicamente, imaginé que el Grupo Parlamentario Popular no iba apoyar esta moción. Lamento que ni tan siquiera hayan intentado consensuar algo, un mínimo, o sea, que las llamadas al consenso tanto del ministro como de la propia vicepresidenta caen en saco roto, o no son ciertas o ustedes no les hacen caso.

Antes de fijar, por último, nuestra posición, desde luego tengo que lamentar y rechazar la intervención, especialmente de la señora portavoz de Convergència —ya imaginaba que Unió iba a votar en contra, como han hecho en las otras ocasiones—. Senadora Rieradevall, estoy de acuerdo con las competencias legislativas que tienen las Cortes y con las que tiene el Gobierno, pero también defiendo las que tienen los grupos parlamentarios para presentar las iniciativas que consideren oportunas, ¡faltaría más!, defender aquellas leyes en las que creen y, desde luego, lamentamos y rechazamos la intervención de su señoría, negando seriedad y legitimidad a esta moción. Me parece absolutamente lamentable. Lo siento de veras, porque la señora Rieradevall suele ser una persona seria, con intervenciones muy rigurosas. Hoy —perdóneme que le diga— no ha sido así. Desde luego, negar legitimidad a este grupo, no se lo voy a consentir. Y, además, le voy a recordar una cosa: Si estamos hablando del aborto, no es por el grupo socialista: es por aquellos señores. Han sido ellos los que han vuelto a traer a colación el tema del aborto, que estaba absolutamente resuelto ya. Por tanto, no nos pidan que no nos pronunciemos. ¡Faltaría más!

El Gobierno y el grupo que lo apoya han intentado imponer su verdad al resto de los españoles y españolas mediante unas tremendas restricciones legales, que prácticamente impedían el acceso voluntario de las mujeres al aborto. Pero esa limitación no reduce la incidencia del aborto ni lo hace desaparecer. Lo único que consigue es hacerlo más peligroso, tanto para las mujeres como para los profesionales sanitarios, que al final tienen que recurrir a métodos y proveedores clandestinos. Resolver esta situación fue uno de los motivos que impulsaron la Ley Orgánica 2/2010, y por eso queremos preservarla.

Señorías, ustedes llaman al consenso, pero, como se dice en mi tierra, con la boca chica. Y les digo por qué. Ustedes han recurrido las 2 leyes del aborto aprobadas en democracia, las 2: la de 1983 y la de 2010. Ustedes se salieron de cualquier consenso y ahora nos dicen que nosotros actuamos unilateralmente. ¡Por favor, un poquito de rigor, un poquito de seriedad! De verdad, se lo vuelvo a repetir: no gastemos más tiempo en resolver lo ya resuelto y pongámonos a trabajar por lo que de verdad importa, que tajo tenemos de sobra.

No voy a extenderme más; estoy deseando escuchar a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Pero no quiero acabar —con permiso del presidente— sin citar un informe publicado en septiembre y que realizó la Asociación Salud y Familia sobre la salud pública y los derechos básicos de su fallida reforma, en el que se dice: Es necesario un marco legal no coactivo de la interrupción voluntaria del embarazo que cumpla con las recomendaciones de los organismos internacionales y confluya con las legislaciones de los países vecinos que presentan realidades socioculturales afines. Se precisa una legislación ponderada, poco intervencionista, respetuosa con el pluralismo de creencias e ideologías de la sociedad española y cuya función principal sea ofrecer seguridad y garantías jurídicas a las mujeres y los profesionales sanitarios. Justo lo que hace la ley de plazos que nosotros defendemos y que vamos a seguir defendiendo de cualquier ataque del Gobierno o del Grupo Parlamentario Popular.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Flores.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Pan.




Página 12282


La señora PAN VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, la posición del Grupo Popular en relación con esta materia es bien conocida. Ya la dieron a conocer el presidente, la vicepresidenta y distintos ministros a los ciudadanos, a los grupos políticos, en esta Cámara y también en el Congreso de los Diputados.

Señoría, usted reconocía al ministro en su interpelación en el Pleno pasado, y así consta en el Diario de Sesiones, que su interpelación estaba desfasada, que estaba obsoleta porque la habían presentado antes de que el Gobierno retirara el anteproyecto de ley; anteproyecto, que no proyecto, que luego tendría que sufrir los debates y las mejoras o modificaciones que se consideraran adecuadas.

Por lo tanto, la moción que trae aquí ni es razonable ni tiene sentido porque, como ya le ha dicho algún senador más, se pone usted la venda antes de tener la herida y, además, es que no quiere ni oír hablar ni opinar a los demás con respecto a este asunto.

El ministro Catalá lo dijo en el Pleno pasado y su intervención estuvo enmarcada en un escenario que creo que debería ser el obligado para temas de la trascendencia y la sensibilidad social que tienen estos, como el aborto, y que fue la oferta de diálogo, la búsqueda de acuerdos y de encuentros, y la oferta por conseguir consensos con la sociedad y con los grupos políticos.

Usted ha rechazado todo eso en esta tribuna y, señoría, el aborto no es un asunto baladí, como tampoco lo es de exclusivo pensamiento religioso, moral o ético ni está solo sujeto a la opinión científica ni tampoco a la ideología política; no es cierto, señoría, y no intente usted confundir a nadie.

Tampoco es una materia más del ámbito legislativo; no lo es, y por eso le pido que trate este asunto de una forma menos parcial, menos superficial y menos simplista.

Señoría, usted sabe que hay diferentes corrientes y diferentes opiniones en relación con este asunto; que está arraigado en el pensamiento del ser humano y que en su grupo parlamentario, en el resto de los grupos parlamentarios y también en el mío hay diferentes opiniones porque no hay un pensamiento único, que es lo que usted trata de imponer en esta Cámara, señoría. No hay un pensamiento único al respecto, y creo que al menos esto es algo que sí podemos reconocer ―aunque veo que usted no está siquiera dispuesta a hacerlo― y podemos trabajar en aspectos que podemos compartir.

Para ustedes, su ley es perfecta, no quieren renunciar a ningún punto de ella y, encima, quieren imponer al Gobierno que renuncie a su competencia de mejorar las leyes como considere oportuno, pero el Gobierno es Gobierno porque así lo decidieron la mayoría de los españoles, y no les eligieron a ustedes, señoría, y tendré que volver a recordárselo las veces que sean necesarias. Por eso, le pido que tenga usted respeto para los que no piensan como usted porque, además, ese respeto está reconocido en nuestra Constitución.

Por otro lado, le pido rigor con los procedimientos del Tribunal Constitucional, que se lo aclaró, y que revise la intervención del señor ministro en la pasada interpelación.

El Gobierno ha retirado el anteproyecto de ley porque quiere buscar un mayor acuerdo social y político ―pero a ustedes esto les parece mal― y, además, ha definido cuáles pueden ser esas líneas: por ejemplo, que las mujeres entre 16 y 17 años, menores de edad según el Código Civil español, puedan contar con el apoyo de sus padres. Señoría, además de médico soy madre de 3 hijas y me gustaría que mis hijas, cuando tengan que tomar una decisión de estas características, contaran con mi apoyo y mi opinión; a usted, a lo mejor no, pero a mí, sí, como médico y como madre. Y, en segundo lugar, el Gobierno pretende que esto vaya acompañado de un plan integral de apoyo a la familia y a la maternidad para que ninguna mujer, señoría, ninguna, tenga que renunciar a ser madre por razones económicas, laborales o de cualquier tipo. Yo creo que también es un gran acuerdo que se puede obtener entre todos los partidos políticos.

Ayer mismo se hacía eco un medio de comunicación sanitario, señoría, de los datos del INE: el año que viene en España habrá más defunciones que nacimientos. Esto es un problema demográfico, señoría, que hay que abordar de forma integral, y por eso el Gobierno va a promover la conciliación, la corresponsabilidad, el acceso y el mantenimiento al empleo y la igualdad de oportunidades. Todas estas medidas y, además, la formación y la información de las mujeres que se vean en esa difícil tesitura de tener que plantearse la posibilidad de un aborto.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.




Página 12283


La señora PAN VÁZQUEZ: Termino, señor presidente.

Les pido que cambien de actitud, que respeten a quien no piensa como ustedes y que se pongan a trabajar en la mejora de toda la sociedad.

Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pan.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Socialista, tal como ha sido presentada.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 77; en contra, 154; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada. (Rumores).

5.7. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA LABORAL.

(Núm. exp. 671/000144)

AUTOR: JOSÉ MANUEL MARISCAL CIFUENTES (GPMX)

El señor presidente da lectura al punto 5.7.

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

A esta moción consecuencia de interpelación se han presentado 3 enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos, el senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.

Señorías, hace hoy exactamente cuatro años que murió una de esas personas, uno de esos hombres que lucharon denodadamente, no solo para traer y conquistar la democracia en nuestro país —algo por lo que debería tener el reconocimiento de esta Cámara—, sino también, y sobre todo, para alcanzar los derechos laborales que hasta hace no mucho figuraban en nuestro ordenamiento jurídico. Me estoy refiriendo al compañero Marcelino Camacho. Hoy, insisto, hace cuatro años que murió Marcelino, y quisiera que la defensa de esta moción fuera un pequeño y modesto homenaje a su figura y a su memoria, porque él era de los que decían que había que tener cuidado con las crisis porque el capitalismo, las oligarquías, los dirigentes, las utilizan para cambiar las reglas del juego.

Y eso es lo que está pasando, como ya subrayamos en la interpelación a la ministra en un interesantísimo debate. Entonces dijimos que, con la excusa de la crisis, las políticas de austeridad y la reforma laboral están consiguiendo reconfigurar el panorama laboral en nuestro país de manera consciente y siendo utilizado por parte del Gobierno del Partido Popular y por la empresa ese enorme ejército de reserva de 6 000 000 de parados que se ha venido bajando, ¡y de qué manera! Hace dos semanas tuvo lugar el debate de la interpelación, y en este tiempo han aparecido 3 informes muy relevantes e interesantes para el debate que mantenemos. Ha aparecido la encuesta de población activa que confirma lo que ya señalábamos en el debate, y es que se aumenta la temporalidad y se disminuye la contratación indefinida. Pero, además, tenemos que subrayar el dato de que hay 241 000 activos menos en un año, y así lo refleja también la encuesta de población activa, lo cual quiere decir que hay mucha menos gente que está buscando trabajo porque se han ido fuera, sobre todo, y también está la denuncia del exilio económico que se produce en este momento.

Hemos tenido el informe de la Fundación 1º de Mayo, ligada al sindicato Comisiones Obreras, donde se demuestra que la pobreza está aumentando dentro de los propios trabajadores y




Página 12284


trabajadoras asalariados en nuestro país, con especial incidencia y con enormes diferencias con respecto a la Unión Europea. Hay que decir que en España tenemos el 12,3 % de pobreza laboral. Somos el tercer país de la Unión Europea, tras Rumanía y Grecia, en porcentaje de pobreza laboral con un 12,3 %. Este porcentaje se va al 35,5 % cuando hablamos de autoempleo, de emprendimiento. Y también estamos 4 puntos por encima en la tasa de pobreza que afecta a los trabajadores temporales: un 17,3 %. Pero, además, hemos conocido ayer mismo el informe de Cáritas. Yo terminaba mi debate en la interpelación haciendo una cita de Francisco I —perdón, del papa Francisco, le quitaron el I—, para ver si así ablandaba el corazón de alguien, y hoy cito también al secretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora, que dice lo siguiente: En vez de reformar el capitalismo, como se prometió al comienzo de la crisis, lo que se está intentando es revitalizarlo. Se quiere salir de la crisis por el mismo camino que la provocó. No hemos aprendido. Como sociedad y como mundo estamos suspendidos. Esto es lo que dice el secretario general de la organización eclesiástica, Cáritas Española, Sebastián Mora.

En cuanto a la moción que presentamos, quisiera nombrar en el último minuto que me queda algunas de las medidas que me parecen cruciales para mejorar y cambiar este estado de cosas. En el primer punto queremos trasladar la reivindicación de los sindicatos de las organizaciones de clase de nuestro país, que están pidiendo desde hace tiempo un plan de empleo extraordinario. Hay medidas interesantes que habría que tener en cuenta, como las cláusulas sociales en la licitación y la contratación de las administraciones públicas. El dotar de recursos a los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, a los cuales también se les vienen recortando partidas sustanciales. Imponer el carácter público de los servicios de empleo. Evitar o prohibir las empresas de trabajo temporal y las agencias privadas de colocación. Algo muy importante: perseguir el fraude en la prolongación de la jornada, porque ¿quién vigila que las personas que están contratadas durante tres horas estén echando ocho y cobren tres? Eso es lo que se oye en todos los sitios y, sin embargo, no hay una voluntad política para perseguir este enorme fraude. Y por último, y como no podría ser menos, el punto que trata de derogar la reforma laboral aprobada por ustedes recientemente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.

Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra el senador Ruiz.

El señor RUIZ SANTOS: Señor presidente, señorías.

En primer lugar, quiero decir que nuestro grupo va a apoyar esta moción presentada por el señor Mariscal. Y si tengo que escoger alguna parte de su moción para justificar nuestro apoyo, señor Mariscal, permítame que utilice el segundo párrafo, que dice: «Junto a los efectos provocados por estos objetivos ocultos, aparecen también unos efectos colaterales que están teniendo consecuencias negativas, no solo en los trabajadores, sino en el conjunto de la realidad social y económica del país.»

Efectivamente, frente al NO-DO permanente al que somete el Partido Popular a nuestro país, la realidad es bien distinta. La crisis, que desde hace ya cinco años insoportables nos acompaña, no remite, cada vez es más aguda, y esto, que es la cruda realidad, no lo altera el ejercicio de ilusionismo que los últimos datos de la EPA nos venden. En lo que de positivo tienen, nos alegramos, pero no es prueba suficiente de que esta sea la senda a seguir, y nos podemos remitir a los datos. Hoy hay 740 000 hogares en España que no tienen ningún ingreso. Hoy hay 1 800 000 hogares en los que todos sus miembros están en desempleo. En cuanto a los datos de la EPA acerca de que se han creado 151 000 empleos nuevos, hay que tener en cuenta que 122 000 son como consecuencia de la temporalidad veraniega y están prácticamente condenados a desaparecer —ojalá no— en el cuarto trimestre. Hoy la contratación temporal y a tiempo parcial cada vez es mayor, y además están disminuyendo los asalariados indefinidos. Hoy hay un millón de personas fuera del circuito del empleo en nuestro país, porque están paradas, porque se han ido fuera de España o porque simplemente ya no confían en los servicios que se les presta desde los servicios de empleo de las comunidades autónomas.

Es verdad, como dice la moción, que la reforma laboral y la legislación posteriormente emanada del Gobierno solo han permitido precarizar las relaciones laborales en este país, atacando a la base de la negociación colectiva, abaratando el despido y provocando una bajada salarial sin precedentes;




Página 12285


y todo ello, envuelto en el falso mantra de que es por el bien precisamente de aquellos a los que se empobrece y se condena en muchos casos a la exclusión laboral y, consiguientemente, social. Por tanto, damos todo nuestro apoyo a esta moción, a la que hemos presentados tres enmiendas que pretenden aunar esfuerzos con ese espíritu de defensa de la clase trabajadora de nuestro país.

La primera enmienda, de sustitución, se presenta al punto número 15, en el que se habla del objetivo de llegar al 60 % del salario mínimo interprofesional, que es una recomendación de la Carta Social Europea. Nosotros queremos que ese objetivo se pueda temporalizar con un plazo mínimo de siete años y máximo de diez, puesto que estamos actualmente en un escaso 33,5 % de ese salario medio, que es de 1929 euros.

La segunda enmienda propone sustituir en el punto 16 el término «nula» por «improcedente» y, adicionalmente, añadir en ese mismo punto de la moción una frase que también consideramos oportuna: «…todo ello sin perjuicio de las causas de nulidad previstas en el Estatuto de los Trabajadores.»

Por último, la tercera enmienda plantea incluir algo que ya se ha debatido aquí esta mañana, con el fin de que, sobre todo las personas mayores de 45 años que están fuera del mercado laboral y tienen muchas dificultades para volver a él, al menos tengan un fondo para poder sobrevivir y seguir en el ámbito de la decencia, como decía mi compañero, Ricardo Varela, que yo espero también de los grupos apoyando la moción que hoy nos trae el señor Mariscal.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ruiz.

Tiene la palabra el senador Mariscal, para indicar si acepta o no las enmiendas.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.

Acepto todas las enmiendas.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.

En turno en contra, tiene la palabra la senadora Peris.

La señora PERIS JARQUE: Con la venia, presidente.

Señorías, quiero explicar el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular a esta moción, en la que se solicitan determinadas medidas en el área laboral. Voy a referirme solamente a algunos puntos del petitum por el poco tiempo de que dispongo, aunque en el turno de portavoces continuaremos con todos.

Como ya se ha hablado esta mañana de los puntos 1, 4 y 5, sobre formación y políticas activas, pasaré por ellos rápidamente. El Gobierno, junto con los interlocutores sociales y las comunidades autónomas, están intentando que se reduzca el tiempo de tránsito del desempleo al empleo. ¿Cómo? Con la Estrategia española de activación del empleo, modernizando los servicios públicos de empleo estatal, con el portal único de empleo, etcétera. Y en cuanto a la formación, con la cuenta formación, el cheque formación, etcétera.

Respecto del punto 2 del petitum de su moción, en el que se solicita un plan de rehabilitación de viviendas, he de decir que ya en abril de 2013 el Gobierno aprobó un Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, rehabilitación edificatoria y regeneración y renovación urbanas 2013-2016.

En el punto 6 se solicita desarrollar un programa de empleo en el sector forestal. Pues bien, en febrero de 2014 el Gobierno aprobó —además, ya fue aprobado en conferencia sectorial en enero de este mismo año— el Plan de activación socioeconómica del sector forestal, el PASSFOR, que tiene 85 medidas concretas para incrementar, preservar y mejorar el patrimonio forestal, y con ello favorecer además la creación de empleo.

El punto número 7 se refiere a un plan de desarrollo rural. También es de todos conocido que existe un programa nacional de desarrollo rural, además de 17 programas, uno por cada comunidad autónoma, que están cofinanciados por la Unión Europea a través de los fondos Feder. Estos 17 programas se van a dotar con 8053 millones de euros.

Hasta aquí, no habría tanta diferencia entre la moción que usted ha presentado, las peticiones concretas en materia laboral y lo que el Gobierno ya está realizando. Por tanto, se están haciendo




Página 12286


las cosas, no solo lo que se puede, sino incluso lo que se debe —y ustedes mismos están de acuerdo al solicitarlo— en el área laboral.

Desde el punto número 8 hasta el final se trata de materias en las que a lo mejor hay alguna diferencia con nosotros: la reforma laboral, la jornada, el salario mínimo interprofesional, contratos, etcétera. Voy a referirme ahora a los que pueda.

En cuanto al contrato a tiempo parcial, el Gobierno ha modificado su regulación para que sea una vía de inserción en el mercado de trabajo, y es que todos sabemos que, si no, muchas de esas personas estarían desempleadas. Pero, además, se está intentando también el tránsito de contrato a tiempo parcial a tiempo completo. Por otro lado, ya sabe usted que se modificó la obligación de control de las horas del contrato a tiempo parcial, de las horas extraordinarias. ¿Con qué? Con un mayor control de la Inspección de Trabajo de esos registros.

Por otro lado, todos estábamos de acuerdo cuando aprobamos flexibilizar los requisitos del periodo de carencia de los quince años para la pensión contributiva, que tiene su origen en este trabajo, en el contrato a tiempo parcial, porque, efectivamente, había una discriminación de esos trabajadores. Todo esto también lo ha impulsado este Gobierno.

En la reforma laboral en concreto, saben que el objetivo era flexibilizar las condiciones entre trabajador y empresario para mantener empleos, para que la única alternativa no fuese el despido, como ya se había demostrado. Se ha modernizado la negociación colectiva y se fomenta la creación de empleo; y organismos como la OCDE han afirmado que eso ha ayudado a aumentar la productividad y a mantener el empleo.

Y dos últimas cosas. En cuanto al salario mínimo interprofesional, en el acuerdo firmado el 29 de julio del 2014 entre el Gobierno y los interlocutores sociales, sobre lo que también se ha hablado hoy, se contempla, y leo literalmente, realizar una evaluación conjunta del papel del salario mínimo interprofesional y su evolución a futuro antes de diciembre del año 2014. En el mismo acuerdo, en relación con mayores de 45 años se contemplan medidas específicas, un plan de recuperación del empleo y mejora de la protección y se va a profundizar en la protección social de los más vulnerables, en concreto de los parados de larga duración.

Como digo, este Gobierno está trabajando mucho por el empleo, y ya le he dicho que no estamos tan en desacuerdo. Ojalá lo que nos une fuese más de lo que nos separa.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Peris.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.

Discúlpenme si me trabuco durante la intervención, pero creo que estoy en shock después de haber conocido que el director de informativos de Televisión Española va a ser el jefe de opinión de La Razón. Lo acabo de leer bajando las escaleras y, como digo, estoy un poco en shock.

Con respecto a lo que está sucediendo, creo que hay pocos puntos en común. Se trata de voluntad política, pero sobre todo de política económica, de para quién se practica la política económica y laboral de un país y cuál es la senda que se toma a la hora de modificar las relaciones laborales que en él se tienen.

Lo debatimos con la ministra la semana pasada, y ahora tengo oportunidad de debatirlo con ustedes, con el conjunto de grupos de la Cámara. Insistimos en que lo que se ha producido y se está produciendo en este país consiste en convertir en esclavos a la clase trabajadora. (Rumores). Por lo menos, a los esclavos les daban de comer y les permitían dormir. Hoy vemos en nuestro país cómo la pobreza se ceba en las capas populares, e incluso entre las asalariadas, y eso tiene que ver con un modelo. Y, claro que están ustedes trabajando; no niego que lo estén haciendo y que estén poniendo en marcha las medidas que consideran oportunas desde su óptica política y su óptica profundamente ideológica y favorable a los intereses del capital, como se pone de manifiesto en todas y cada una de las medidas que adoptan en materia de política económica, financiera y, sobre todo, laboral. Muy bien. Ustedes pueden llevarlo a cabo porque tienen la manera de hacerlo: la mayoría absoluta en estas Cámaras, pero no creo que tengan el apoyo del conjunto del pueblo trabajador de nuestro país, que va entrando cada vez más en la precariedad, que va




Página 12287


entrando cada vez más en la temporalidad, que va entrando cada vez más en los contratos a tiempo parcial. Y usted lo ha dicho. Entender que los contratos a tiempo parcial son una puerta de entrada al empleo es una concepción absolutamente antagónica de la que nosotros podamos tener, e incluso de la que el ordenamiento normativo haya podido tener hasta ahora, porque se trata de la causalidad.

Y para empleos que tienen necesidad de unas determinadas horas, empleos de unas determinadas horas, pero para empleos y trabajos que pueden tener un contrato indefinido, una jornada de ocho horas y una dotación salarial en condiciones, eso es lo que se debe hacer. Pero lo que ustedes han hecho en cinco años ha sido fraccionar, quitar del mercado de trabajo, de los grandes centros industriales —de los pocos que quedan—, de los grandes centros productivos de nuestro país, a los asalariados que tenían derechos. Han permitido que eso ocurriera a través de sucesivos conflictos expresados en innumerables expedientes de regulación de empleo en nuestro país, sustituyendo ese empleo con derechos por tres o cuatro empleos troceados y sin derechos. Generacionalmente eso también se ha visto, y no me lo estoy inventando. Eso es un hecho. Ustedes han quitado del mundo del trabajo a una cantidad de trabajadores y trabajadoras, han modificado las reglas, y ahora están permitiendo que entren otros. Y no tengo ninguna duda de que ustedes vayan a seguir utilizando el discurso —y así va a ser— de que se va a generan empleo, pero la tesis fundamental que nosotros hemos defendido en este debate es que el empleo que se está creando en nuestro país, no es ya que no responda a la dignidad del trabajador, es que en su mayoría no garantiza ni siquiera la reproducción de su fuerza de trabajo, de su vida diaria. Léanse el informe de Cáritas de hoy —el resumen ejecutivo, de 70 páginas, porque el gordo tiene 700—. Léanlo, y verán si tengo o no razón en lo que estoy diciendo. Y no piensan adoptar ninguna medida sobre eso, porque su política laboral y económica va orientada precisamente a la precariedad, a utilizar a los parados como ejército de reserva para poder tirar a la baja los salarios en nuestro país, porque creen que la única manera de competir de una economía es bajando los salarios de sus trabajadores y sus trabajadoras, precarizando sus condiciones de vida. Y ustedes van a seguir adelante con esa hoja de ruta hasta que el pueblo español los pare.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Martínez. (Denegaciones).

No hay intervención.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señorías, todo toca fondo. También esta crisis. Ya podemos empezar a hablar de una ligera mejoría de la economía, de reactivación, una mejoría que no llega aún a las personas. Parece que se deja de destruir empleo, pero también es verdad que hay peligros que acechan: baja inflación, la posibilidad de una tercera recesión… Y, evidentemente, la crisis social sigue.

Creo que hoy, a partir del debate que nos plantea el senador Mariscal, es importante poder analizar la reforma laboral después de casi tres años desde su aprobación y ver cuál es el escenario después de la batalla, cómo ha quedado el mercado laboral después de la reforma que llevó a cabo el Partido Popular y su Gobierno.

Antes de entrar en las cifras, que siempre señalan los efectos de esta reforma laboral, quisiera recordar cuál era la estrategia de fondo al plantearla, porque los efectos que se han conseguido son los efectos perseguidos, no los efectos secundarios o colaterales que cualquier medida puede aportar. La estrategia de fondo, su estrategia de fondo, señorías del Partido Popular, era y es la elasticidad y flexibilidad en el empleo —antes nos lo ha recordado la senadora Peris—, que es la materialización en términos económicos de la flexibilidad de contratación y despido y, por tanto, de fluctuación del empleo. Esta realidad es en España mucho más elevada que en los países de nuestro entorno, lo cual, aunque en principio pudiera parecer positivo, porque se crea empleo más rápidamente, sucede a costa de dos contrapartidas o consecuencias que son inseparables de esta alta elasticidad: la inestabilidad en el empleo y la precariedad laboral. Eso es lo que han conseguido con esa flexibilización brutal que ha llevado a cabo la reforma laboral, porque se puede crear




Página 12288


empleo con más rapidez, pero a su vez, repito, se producen esos dos efectos negativos. En cuanto al primero, la inestabilidad en el empleo, porque la elasticidad también funciona en sentido negativo cuando el PIB, en lugar de crecer, cae o se debilita, y entonces el empleo cae mucho más y mucho más rápido que en los demás países, lo que nos lleva y nos ha llevado a alcanzar tasas de paro mucho más altas e insoportables. El segundo, la precariedad, es también un efecto obligado, porque para que el empleo tenga esa alta flexibilidad ha de ser necesariamente precario y de mala calidad en su mayor parte. Esta era su estrategia.

Y esa estrategia ¿qué ha comportado? Que en el tercer trimestre de 2014 se crearan 150 000 empleos; que en este último año la ocupación haya aumentado en 274 000 personas; que también en el último año la población activa se haya reducido en 241 700 personas, por lo que podemos hablar de que en un año hay 515 000 desempleados menos, lo que no quiere decir más trabajadores, sino que hay 515 000 desempleados menos. Estos son datos innegables. Pero también es innegable que se sigue destruyendo empleo joven. En el tercer trimestre de 2014 los empleados menores de 25 años han retrocedido casi tres puntos; se incrementa el paro entre mayores de 55 años; las mujeres, como no podía ser de otra manera, empiezan a aparecer como el colectivo laboral más castigado —en este tercer trimestre se han perdido 14 000 puestos de trabajo femeninos—; y, evidentemente, el empleo que se crea es precario, mal pagado y de baja calidad. Ese es un efecto directo, buscado, de su reforma laboral. En definitiva, el 51 % de la población asalariada tiene un contrato temporal o una jornada parcial no deseada. De septiembre de 2013 a septiembre de 2014, para reducir el paro en 274 264 personas se registraron 16 millones de contratos, casi 60 contratos por persona, lo que indica la temporalidad y la rotación del mercado laboral. El 93,6 % de las contrataciones realizadas son temporales.

Esto, insisto, no son efectos colaterales, son efectos perseguidos por una reforma laboral, que ya se avisó que tendría estas consecuencias, y lo cierto es que ha permitido generar estos contratos en precario. Ustedes me pueden decir que esto es mucho mejor que nada. Yo les digo que no, que hay otras políticas, en otros países, que han apostado, a lo mejor con más lentitud, por la creación de un empleo más sólido, de mayor calidad y, evidentemente, a jornada completa.

Y así estamos. Creo que la reforma laboral ha conseguido sus efectos y que ustedes han obtenido lo que han buscado, que es, en definitiva, precarizar más nuestra sociedad. Y esto es un desastre.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

El meu grup no està d’acord amb part dels punts i, amb altres, coincideix. Intentaré posicionar-me en la majoria dels punts.

Pel que fa al primer punt, referent a l’articulació d’un programa d’ocupació i formació destinat a aturats de llarga durada que suposi contractació, hem de puntualitzar que el programa que descriu aquest punt és una política activa competència de les comunitats autònomes. El Servei d’Ocupació de Catalunya ja desenvolupa programes semblants, enquadrats dins dels programes de treball i formació. El que s’ha d’exigir a l’Estat és l’increment d’aquestes partides, que han sofert una brutal retallada des de 2012. La Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Socials ha reduït dràsticament l’aportació al pressupost de Catalunya per a polítiques actives d’ocupació des de 2012. Cal un increment en l’assignació pressupostària, així com evitar l’opacitat en l’assignació pressupostària dels indicadors de gestió proposats per l’Estat per assignar un percentatge dels fons en la Conferència Sectorial. Les mateixes consideracions podem fer respecte al punt 6.

Pel que fa a l’impuls d’un programa d’escoles de segona oportunitat, dirigides als joves aturats entre 18 i 30 anys que estiguin mancats de la qualificació acadèmica o professional, hem de tenir en compte també que el Servei d’Ocupació de Catalunya ja està desenvolupament aquest tipus de programes en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament.

Pel que fa al punt 5 de dotar el Servei Públic d’Ocupació estatal i els serveis públics de les comunitats autònomes dels recursos necessaris, sobretot per a l’acompanyament dels grups més vulnerables amb l’objectiu d’aconseguir la seva ocupació efectiva, hi estem totalment d’acord. És molt important que els serveis públics d’ocupació tinguin els recursos humans, materials i




Página 12289


econòmics per ser eficients en el desenvolupament de les seves funcions, així com en l’acompanyament i guia de les persones desafavorides en els processos de recerca d’ocupació. Cal homologar-nos als ràtios dels serveis públics europeus.

Pel que fa al punt 8, no podem estar-hi d’acord, ja que considerem que és mitjançant la negociació col·lectiva que s’hauria d’ajustar la jornada a les necessitats reals de les empreses, amb els límits ja establerts en la legislació vigent i amb la finalitat de prioritzar la competitivitat i, en conseqüència, l’ocupació. En tot cas, s’haurà de perseguir qualsevol frau a la normativa legal o convencional d’aplicació. Pel que fa a la jubilació, aquesta s’haurà d’adaptar a la capacitat pressupostària real del sistema general de la Seguretat Social, tenint en compte els càlculs actuals i altres previsions d’ordre pressupostari.

Pel que fa al punt 10, referent a la derogació de la reforma laboral, considerem que, si bé s’ha d’acceptar que la reforma ha enfortit el poder de direcció de les empreses, l’objectiu era facilitar una ràpida adaptació d’aquestes al mercat de treball i, d’acord amb l’exposició de motius de la llei de la reforma, tindria com a finalitat evitar acomiadaments i assegurar el manteniment de l’ocupació. En posteriors modificacions legislatives, com la relativa a la modificació del contracte a temps parcial, s’apel·la també al repartiment de l’ocupació. És difícil determinar quants acomiadaments s’han evitat ni quantes unitats productives s’han aconseguit preservar, però en tot cas és cert que s’ha millorat la competitivitat de les empreses i moltes unitats productives han pogut preservar la seva viabilitat i avui la recuperació de l’ocupació comença a ser una tendència.

Pel que fa al punt 11, considerem que cal tornar al sistema d’autorització prèvia per treballar amb agències de col·locació tal com ja es feia, i eliminar el sistema de comunicació que s’ha imposat des de juliol fins ara. D’altra banda, el SOC respecta la col·laboració publicoprivada, garantint sempre l’interès públic a l’atenció de les persones treballadores, aturades o no, i aquest sistema es garanteix en la col·laboració amb les ETT i agències, tant amb afany de lucre com sense.

Pel que fa al punt 12, coincidim totalment que la formació professional ha de ser el pilar fonamental per a la millora de la qualificació de la població activa, amb l’objectiu de garantir el principi d’igualtat d’oportunitats, dissenyant i executant les polítiques formatives amb participació dels agents socials. El SOC ja treballa d’aquesta manera: dissenya els diferents programes de polítiques actives tot comptant amb la participació dels agents socials i econòmics representants en el si del Consell de Direcció del Servei d’Ocupació Català.

Pel que fa als punts 13 i 14, no hi estem d’acord, ja que el contracte indefinit de suport a emprenedors és un contracte amb acomiadament subjecte a causa, com la resta de contractes, excepte durant el període de prova, que és d’1 any. L’extensió duració del període de prova es justifica com a mesura de foment de l’ocupació condicionada a la recuperació de la taxa de desocupació a valors inferiors al 15 % i està avalat per la sentència del Tribunal Constitucional de 16 de juliol de 14. No estem d’acord en el punt 14 perquè la Llei 1/2014, per la protecció dels treballadors, persegueix entre altres l’objectiu de mantenir la proporcionalitat entre el contracte a temps complet i el contracte a temps parcial, tant en l’accés al dret de prestacions, pensions i subsidis com en la seva quantia.

Coincidim pel que fa al punt 15, ja que considerem que, en la mesura en què es produeixi de l’economia, serà convenient incrementar la quantia del salari mínim interprofessional per recuperar el poder adquisitiu perdut i convergir de forma progressiva cap a la mitjana europea.

No estem d’acord amb el punt 16, en la mesura en què l’acomiadament en el nostre sistema de relacions laborals ja és causal.

Se m’acaba el temps. Per tant, vull manifestar que, atès que tenim punts en acord i punts en desacord, ens abstindrem a la votació.

Moltes gràcies.

Mi grupo no está de acuerdo en parte de los puntos, aunque en otros sí coincide. Intentaré posicionarme en la mayoría de ellos.

En cuanto al primero, relativo a la articulación de un programa de empleo y formación destinado a desempleados de larga duración que suponga contratación, debemos puntualizar que el programa que describe este punto es una política activa competencia de las comunidades autónomas. El Servicio de Empleo de Cataluña ya desarrolla programas parecidos, encuadrados




Página 12290


en los programas de trabajo y formación. Lo que debemos exigir al Estado es el incremento de estas partidas, que han sufrido un brutal recorte desde 2012. La Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Sociales ha reducido drásticamente el presupuesto de Cataluña para las políticas activas de empleo desde 2012. Se requiere, pues, un incremento en la asignación presupuestaria y evitar la opacidad en esta asignación de los indicadores de gestión procurados por el Estado para asignar un porcentaje de los fondos en la conferencia sectorial. Y las mismas consideraciones podemos hacer con respecto al punto 6.

En relación con el impulso de un programa de escuelas de segunda oportunidad para los jóvenes desempleados entre 18 y 30 años a los que les falte una titulación profesional, el Servicio de Empleo de Cataluña ya está desarrollando este tipo de programas, en colaboración con el departamento de enseñanza.

Por lo que se refiere al punto 5, en el que se propone la dotación al servicio público de empleo estatal y a los de las comunidades autónomas de los recursos necesarios, sobre todo para el acompañamiento de los grupos más vulnerables con objeto de lograr su empleo efectivo, estamos totalmente a favor. Es muy importante que los servicios públicos de empleo dispongan de los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para ser eficientes en el desarrollo de sus funciones, así como en el acompañamiento y guía de las personas desfavorecidas en los procesos de búsqueda de empleo. Tenemos que homologarnos a los ratios de los servicios públicos europeos.

Por lo que respecta al punto 8, no podemos estar de acuerdo, ya que consideramos que es mediante la negociación colectiva como debería ajustarse la jornada a las necesidades reales de las empresas, con los límites ya establecidos en la legislación vigente, con la finalidad de priorizar la competitividad y, en consecuencia, el empleo. En todo caso, deberemos perseguir cualquier fraude a la normativa legal o convencional de aplicación. En cuanto a la jubilación, esta deberá adaptarse a la capacidad presupuestaria real del sistema general de la Seguridad Social, teniendo en cuenta los cálculos actuales y otras previsiones de orden presupuestario.

En cuanto al punto 10, que propone la derogación de la reforma laboral, consideramos que, si bien debemos aceptar que la reforma ha fortalecido el poder de dirección de las empresas, el objetivo era facilitar una rápida adaptación de estas al mercado de trabajo. A partir de la exposición de motivos, la finalidad debería ser evitar despidos; y en posteriores cambios legislativos, como el del contrato a tiempo parcial, también se apela al reparto del empleo. Es muy difícil determinar cuántos despidos han sido evitados o cuántas unidades productivas se han podido preservar, pero es cierto que la competitividad de las empresas ha mejorado y muchas unidades productivas han podido preservar su viabilidad, y hoy la recuperación del empleo empieza a ser ya una tendencia.

Por lo que hace referencia al punto 11, consideramos que debemos volver al sistema de autorización previa para trabajar en agencias de colocación, como era el caso, y eliminar el sistema de comunicación impuesto desde el mes de julio hasta la fecha. Por otro lado, respecto de la colaboración público-privada, el SOC garantiza siempre el interés público y la atención de las personas trabajadoras, desempleadas o no. Este sistema se enriquece con la colaboración con las ETT y agencias, con o sin ánimo de lucro.

Coincidimos totalmente con el punto 12, es decir, la formación profesional debe ser el pilar fundamental para la mejora de la cualificación de la población activa a fin de garantizar la igualdad de oportunidades, diseñando y ejecutando políticas formativas con la aprobación de los agentes sociales. Así es como trabaja el SOC, que diseña los distintos programas de políticas activas contando con la colaboración de los agentes sociales económicos representantes en el seno del consejo de dirección del Servicio de Ocupación de Cataluña.

No estamos de acuerdo con los puntos 13 y 14. Con el punto 13, porque el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores es un contrato con despido sujeto a causa, como en los demás contratos, salvo en el periodo de prueba, que es de un año. La extensa duración del periodo de prueba se justifica como medida de fomento en valores inferiores al 15 %, lo que está avalado también por la sentencia del Tribunal Constitucional, de julio de 2014. Tampoco, repito, estamos de acuerdo con el punto 14, porque la Ley 1/2014, para la protección a los trabajadores, persigue, entre otros, el objetivo de mantener la proporcionalidad entre el contrato a tiempo completo y el contrato a tiempo parcial, tanto en el acceso a derecho de prestaciones y subsidios como en su cuantía.




Página 12291


Coincidimos en el punto 15, ya que consideramos que en la medida en que se produzca una recuperación de la economía será conveniente incrementar la cuantía del salario mínimo interprofesional para recuperar el poder adquisitivo perdido y converger de forma progresiva hacia la media europea.

No estamos de acuerdo en el punto 16, en la medida en que el despido en nuestro sistema de relaciones laborales es causal.

Como me estoy quedando sin tiempo, y dado que tenemos puntos a favor y en contra, quiero manifestar que vamos a abstenernos en la votación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Ruiz.

El señor RUIZ SANTOS: Gracias, señor presidente.

Señorías, esperando la pronta recuperación por el shock del señor Mariscal, que es lo primero que tengo que decir, permítanme que tome prestadas unas palabras, que esta vez no son suyas. Son las siguientes: No daré dinero público para ayudar a los bancos. Garantizaré siempre el poder adquisitivo de las pensiones. No vamos a reducir las prestaciones por desempleo. No subiré los impuestos, los bajaré. No habrá copago en sanidad. El PP se compromete a que educación, sanidad y pensiones jamás se vean afectadas por la crisis. Yo no soy como usted, señor Rubalcaba, lo que no llevo en mi programa, no lo haré.

El señor Rajoy en un debate previo a las elecciones generales del año 2011. Pero, meses después, y aprovechando la excusa de la crisis, se iniciaron los recortes en sanidad, en educación, en servicios sociales; se estableció el copago sanitario; se subieron los impuestos; se reformaron las pensiones; se rescató a los bancos con dinero público; se redujeron las prestaciones por desempleo… Y eso que no iba a hacer cosas que no estuvieran en su programa. En definitiva, señorías, mintió.

Y la oportunidad de esta moción es desenmascarar las bondades de las reformas del Partido Popular en materia laboral, que no son tales. Esta teoría se puede sostener con datos objetivos, pero detrás de cada construcción objetiva hay miles y miles de realidades personales que en muchos casos se convierten en verdaderos dramas familiares y que son las verdaderas máquinas de la verdad.

¿Cómo podemos decir a 740 000 hogares que no tienen ningún ingreso que la crisis está remitiendo? ¿Cómo les podemos decir a 1 800 000 hogares, en los que todos sus miembros están en desempleo, que se están creando nuevos puestos de trabajo? ¿Cómo le explicamos a cientos de miles de jóvenes de este país que se van fuera que las políticas sobre formación, las nuevas modalidades de contratación y bonificaciones están ayudando a la inserción de los jóvenes en el mercado laboral cuando estamos ya en una tasa del 54 % de paro juvenil? ¿A los mayores de 55 años, que se les ha visto reducida su prestación y se les empuja al abandono de su carrera de cotización, les hablamos de raíces vigorosas de recuperación también?

La realidad es otra bien distinta. La reforma laboral no está produciendo los efectos que se nos dice. Hoy hay más desempleados en este país, más de 400 000; los salarios han bajado una media del 9 %; la negociación colectiva, prácticamente eliminada; en nuestro país hay 2,5 millones de contratos a tiempo parcial; en los presupuestos para 2015, 3000 millones menos para políticas activas de empleo y 7000 millones menos para prestaciones por desempleo que hace tres años.

Hace pocos años el término mileurista era sinónimo de precariedad, hoy es casi un objetivo. Muchos jóvenes, y no tan jóvenes, buscan desesperados contratos, aunque sean de horas y cotizando de forma precaria por las bases mínimas y lastrando su futura pensión a mínimos. Llevan ustedes tres años gobernando y ustedes se plantearon una estrategia que ya la hemos denunciado muchas veces aquí: primero, falsas promesas y mentiras para acceder al poder; segundo, no cumplir su programa sino el otro, el B, cumpliendo, eso sí, con los poderes ocultos que les han colocado ahí y cumpliendo con su promesa de la reforma laboral para reducir los costes salariales y precarizar la relación laboral, eliminando derechos y abaratando el despido. (El señor Lanzarote Sastre: Beba agua). No necesito agua, seguro que usted sí. Después, en los dos últimos años, decir que todo va muy bien, que ya nos hemos recuperado y que esa es la prueba del 9 de que han conseguido salvar a este país.




Página 12292


Por cierto, cuando la señora Peris se refiere a que no va a apoyar ese plan forestal que planteaba el señor Mariscal, ¿podría decir a sus compañeros de Castilla y León por qué ustedes, que presumen de esto, tienen cerrado el Real a ese río de Valsaín, en Guadarrama, precarizando también el empleo en esa zona? Podían explicárselo. O yo me pregunto ahora, cuando ustedes vayan otra vez a los ciudadanos, ¿esta vez cómo lo harán? ¿En plasma? ¿Pidiendo perdón, como ayer vimos aquí al señor Rajoy, o harán lo mismo que hicieron la última vez? Se harán fotos, montajes que dirán: cuando gobierne, bajará el paro o como, en mi comunidad autónoma, la señor Cospedal, con banderolas y 400 000 folletos. ¿Quieres empleo? Vota PP.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ruiz.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Peris.

La señora PERIS JARQUE: Buenos días.

Presidente, señorías, en primer lugar, quiero señalar que lo que he dicho hoy es que ya existe un plan para el sector forestal. Eso es lo que he dicho. Sí, es cierto, existe, está aprobado en febrero no solo por el Gobierno, sino por conferencia sectorial de todas las comunidades autónomas. Entonces, no falte usted a la verdad con esa facilidad que suele.

En cuanto al señor Mariscal, en su moción decía que estábamos en un 27 % de paro. Supongo que será un error, ya que estamos a un 23,67 %, según la última EPA. Esa es nuestra ideología. Nuestra ideología también es que en esta EPA han disminuido en 104 000 los hogares en los que todos sus miembros están en paro. Esa es nuestra ideología. Asimismo, este y el anterior son los primeros años en los que se está produciendo un cambio de tendencia en el incremento de la desigualdad en este país, que no había dejado de subir desde el año 2007, que del 2007 al 2011 es cuando más ha subido la desigualdad en este país y eso ha empezado a disminuir. Efectivamente, nosotros gobernamos también con nuestra ideología y esta es nuestra ideología.

Como usted ha reconocido, se está creando empleo. Senador Guillot, los contratos temporales y los contratos a tiempo parcial no se crean con la reforma laboral. Eso es lo que tiene que quedar claro, porque parece que los ha creado el Partido Popular con la reforma laboral, y eso no es cierto. Usted lo ha dicho: 515 000 desempleados menos. Y yo le digo: 100 000 jóvenes menos en situación de desempleo en el último año, menores de 25 años. Ese es nuestro trabajo.

A la senadora Rieradevall le agradezco su intervención. Ha hecho un análisis muy exhaustivo y riguroso. Quiero destacar que ha manifestado que todos los datos indican que la reforma laboral ha ayudado a mantener el empleo y que la creación de empleo es ya una tendencia. Se lo agradezco, porque, efectivamente, es la realidad.

Respecto al senador Ruiz, que ha hablado del programa, de cuando empezamos a gobernar, y todo lo que ha dicho, nosotros, cuando elaborábamos nuestro programa no sabíamos que de un déficit de un 6 nos íbamos a encontrar con un déficit de un 9. (Rumores). Cuando estábamos elaborando nuestro programa, por mucho que les moleste, no sabíamos que la deuda comercial era la que nos íbamos a encontrar y que íbamos a tener que pagar con el Plan de pago a proveedores. Eso no lo sabíamos cuando estábamos redactando nuestro programa electoral. Lo que sí sabíamos es que ustedes renunciaron a luchar por este país anticipando las elecciones. Eso es lo que ustedes hicieron por este país. No solo dejarlo como lo dejaron, sino que renunciaron literalmente a luchar, aprobando las elecciones anticipadas. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio, por favor.

La señora PERIS JARQUE: Pongo en contraste sus datos con los del senador Guillot. Usted ha dicho: 400 000 desempleados más en este país en el último año. Le digo lo que ha dicho el señor Guillot, son 515 000 desempleados menos. Claro, si utilizamos así los datos, no me extraña lo del déficit y todo lo demás que dejaron en este país.

En resumen y en conclusión, ustedes atacan las medidas de este Gobierno, me refiero, en su conjunto, no analizando el contexto en el que han sido aplicadas. Ustedes obvian totalmente la crisis, la recesión. Les da absolutamente igual que hubiera en España 23 trimestres seguidos en los que no se creaba empleo. A eso ustedes no le dan ninguna importancia.




Página 12293


Luego nos proponen unas medidas que la mayoría ya se están aplicando por el Gobierno. Curioso también. Muy curioso. Pero es que, además, en cuanto a las que critican, como la reforma laboral, etcétera, ustedes no analizan los resultados en su conjunto. La reforma laboral de 2012 ha frenado la destrucción de empleo, está creando empleo con tasas de crecimiento muy muy muy moderadas —lo que no se había visto nunca en este país—. Tenemos los datos de la EPA del tercer trimestre, de los interanuales, etcétera. Y todo ello, en un contexto, sí, de moderación salarial, porque hubo un acuerdo de los interlocutores sociales, de enero de 2012. Y el contrato indefinido de apoyo a emprendedores, además de que hay más de 227 000, está demostrando pautas de permanencia. Y la tarifa plana de los 100 euros está favoreciendo que se incremente la contratación indefinida. Todo esto, junto con todo lo demás que ya hemos dicho que está haciendo el Gobierno, con las comunidades autónomas y los interlocutores sociales: la reforma de políticas activas, la formación, la estrategia de emprendimiento y empleo joven, la garantía juvenil... Y, sí, con ideología también, es lo que está haciendo este Gobierno por este país. Y con el acuerdo del 29 de julio de este año, con los interlocutores sociales, donde se va a hablar del Salario Mínimo Interprofesional y se va a proteger a los parados de larga duración.

Voy terminando. La única alternativa que presentan ustedes es Andalucía, donde según la última EPA, se han destruido 20 000 empleos.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora PERIS JARQUE: ¿Esa es su ideología y sus medidas para este país?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Peris.

Llamen a votación. (Pausa).

Señorías, votamos la moción consecuencia de interpelación del senador Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto, con la incorporación de las 3 enmiendas, aceptadas, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 242; a favor, 73; en contra, 155; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Señorías, antes de entrar en el punto sexto, adelanto que no vamos a parar en la hora del almuerzo, con lo cual debatiremos las 3 mociones y las votaremos a partir de las cuatro de la tarde. (Rumores).

6. MOCIONES

6.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR DETERMINADAS MEDIDAS PARA EL TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DEL MALTRATO A LAS PERSONAS MAYORES.

(Núm. exp. 662/000160)

AUTOR: GPP

El señor presidente de lectura a los puntos 6. y 6.1.

El señor PRESIDENTE: Comenzamos con la primera de ellas, del Grupo Parlamentario Popular. (Rumores).

Guarden silencio, señorías, por favor. (Rumores).

A esta moción se han presentado 3 enmiendas, una del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, otra del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y, finalmente, otra del Grupo Parlamentario Socialista. (Rumores).

Si guardan silencio, para la defensa de la moción, tendrá la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, la senadora Elorriaga. (Rumores).

Guarden silencio, por favor.




Página 12294


La señora ELORRIAGA PISARIK: Señorías, buenos días.

El Grupo Parlamentario Popular ha elaborado la moción que ahora presento, que tiene como centro a las personas mayores. Tiene como objeto sensibilizar a la sociedad y pretende instar al Gobierno a la adopción de determinadas medidas porque lo consideramos necesario, oportuno y de suma actualidad en el momento en que vivimos. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.)

Creo que es un tema que merece la deliberación de esta Cámara, pero, antes de comenzar mi intervención, quiero manifestar y hacer constar la repulsa de mi grupo y la mía propia hacia todo tipo de violencia, muy especialmente la ejercida contra los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, contra los grupos más débiles, entre los que se encuentran, sin duda, las personas mayores. Señorías, las personas mayores están englobadas en los grupos sociales de mayor fragilidad, por motivos que iré analizando, y lo que está muy claro es que vivimos en una sociedad en la cual nos hacemos cada vez más viejos y estamos cada vez solos, como indica el mismo. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías, guarden silencio.

La señora ELORRIAGA PISARIK: Gracias, presidenta.

Señorías, hemos elegido el mes de octubre para esta causa, porque tratándose de una moción sobre mayores que busca ante todo, insisto, la sensibilización, no hemos encontrado un mes más adecuado. Les recuerdo que el mes de octubre fue elegido hace 24 años para celebrar el Día Internacional de las Personas de Edad y el objetivo principal de este tipo de celebraciones siempre es la sensibilización social, que es lo que busca esta moción.

Señorías, hoy se hace necesario más que nunca, en estos momentos de cambio en la sociedad, definir el futuro que queremos dejar a nuestros hijos, porque las sociedades occidentales, señorías, envejecen y se hace imprescindible conocer con rigor el mundo real de las personas mayores, analizar todos los indicadores que nos presentan y tener proyecciones políticas a medio y a largo plazo. El objetivo que se pretende es crear una sociedad de todas las edades, como decía el lema del encuentro de Madrid, que se celebró hace trece años, del que emanó, como ustedes bien saben, un documento, que la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento aprobó en forma de Plan de acción internacional de Madrid sobre el envejecimiento. Ese plan de acción, señorías, ya tuvo como uno de sus objetivos principales —ya se hablaba en aquel entonces— la necesidad de eliminar la violencia contra los mayores y evitar la discriminación que padecen las personas mayores. No podemos olvidar, señorías, que el envejecimiento de la población es uno de los fenómenos sociales más importantes del siglo XXI. La segunda edición del informe titulado Medición del envejecimiento, que ha editado este mes el Instituto de Economía, Geografía y Demografía, del CSIC, ya refleja que la proporción de mayores en España llegará a un 36,4 % en 2050, que va a ser una de las más altas de Europa. También sabemos que, por primera vez, en 2015 habrá más muertes que nacimientos en este país. Señorías, es verdad que desde las fechas a las que hago referencia no hemos parado de trabajar; es verdad que desde entonces, tanto el Imserso como las comunidades autónomas y ayuntamientos han venido realizando estudios en profundidad sobre los malos tratos a los mayores y lo han hecho bien a través de planes nacionales, regionales o municipales. Igualmente es cierto que todas estas publicaciones que se han realizado han servido de base para desarrollar actividades de formación dirigidas a profesionales y a personas interesadas. Es verdad también que estas publicaciones han servido para planificar e ir erradicando comportamientos inadecuados a la vez que han valido para sensibilizar al resto de la sociedad. Pero tampoco es menos cierto que, aunque se conozca este grave problema, contra los mayores sigue presente en nuestra sociedad una tremenda discriminación y sigue habiendo síntomas de maltrato. Por tanto, debemos seguir trabajando y luchando contra esas cuestiones que son inadmisibles, contra esas conductas inadmisibles que hasta hace muy poco tiempo se consideraban solo dentro del ámbito privado.

Quiero insistir en que, sin duda, las personas de edad son un grupo vulnerable. Hay que tener en cuenta que el alargamiento de la vida —algo muy positivo— y también las propias características del envejecimiento hace que confluyan en estos colectivos conductas reprobables que es necesario evitar y, en muchos casos, penalizar. No podemos dejar atrás a nadie, como decía el lema de este año del Día del mayor; tenemos que conseguir una sociedad integradora,




Página 12295


cohesionada y en la que todos tengan cabida. Sin duda, es importante hacer estudios sociológicos —estoy haciendo referencia a ellos—. Es importante estudiar las cuestiones demográficas, no me cabe duda, pero, desde luego, mucho más importante, señorías, es conseguir que nuestros mayores tengan un vida digna y una vida de calidad. También nuestra justicia ha reaccionado a este fenómeno. Les recuerdo que no hace ni 2 meses el Tribunal Supremo ratificó la decisión de la Audiencia de Málaga de rechazar la demanda de los dos hijos que reclamaban la nulidad de la cláusula del testamento de su padre que les desheredó por malos tratos psicológicos. El Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que el maltrato psicológico a los padres es justa causa para desheredar a los hijos y debe incluirse en el concepto de maltrato de obra, pues determina un menoscabo o lesión de la salud mental de la víctima. Señorías, insisto, soy optimista, creo que seguimos avanzando pero tenemos que continuar profundizando y analizando con rigor qué es lo que pasa a nuestro alrededor. El maltrato puede ser de muchas maneras: físico, psicológico, por acción o por omisión y, yendo más lejos, puede ser intencionado o no.

Y no quisiera terminar mi discurso sin hacer especial hincapié en la violencia contra las mujeres mayores, el grupo más vulnerable dentro los mayores. Somos conscientes —y lo he dicho anteriormente— de que es muy difícil reconocer el problema del maltrato en el ámbito familiar, pero se hace necesario identificar mecanismos de detección de esas situaciones. En este sentido el Imserso celebró una jornada titulada: Aspectos claves en la prevención del maltrato y la violencia de género hacia las mujeres mayores. Asimismo, y basándose en el documento del Consejo de Europa para el desarrollo de orientaciones en la parte relativa a las personas mayores, el Imserso está trabajando con una visión integral, algo que también considero muy importante. Dentro de esta visión integral, señorías, involucra a los propios representantes de nuestros mayores, con los que mantiene un profundo diálogo, bien a través de las entidades que les representan o bien a través de algo muy singular como es el Consejo Estatal de las Personas Mayores. Se busca asimismo lograr la solidaridad entre las generaciones. En este sentido, señorías, tengo que decirles que España se sitúa entre los primeros países de la Unión Europea en el desarrollo y cumplimiento de las orientaciones adoptadas por el Consejo en cumplimiento de la Estrategia europea 2020. Pero no nos podemos conformar con esto.

Señorías, he intentado explicarles el recorrido desde aquel encuentro de Madrid, porque es necesario que sigamos defendiendo los derechos y la dignidad de nuestros mayores. Además, España, por sus circunstancias históricas, está en deuda con sus mayores, que han dado una lección de trabajo y esfuerzo que nos ha permitido avanzar como país. Lección que, por cierto, señorías, nos siguen dando en estos momentos en que padecemos una profunda crisis económica. También ahora están siendo un ejemplo de dedicación y responsabilidad, pues en muchas ocasiones constituyen un apoyo económico fundamental para sus familias: cuidan de sus nietos y, en una palabra, mantienen a la familia unida y sirven de apoyo social. Debemos, señorías, defender una sociedad en igualdad para todos sus miembros y, desde luego y sobre todo, reaccionar ante un problema oculto durante años cuyas dimensiones desconocemos, pero del que sí sabemos que es multifactorial y que entraña algo muy grave como es el silencio de las víctimas.

Por todos estos motivos proponemos al Pleno del Senado esta moción. Por estos motivos queremos que se hable hoy de este asunto y por estos motivos queremos instar al Gobierno de España a que continúe desarrollando programas que ayuden a sensibilizar a la sociedad, que siga previniendo el maltrato y actuando, bien investigando las causas que lo provocan, bien planteando acciones y tratamientos o creando una legislación específica. Señorías, les acabo de definir los 3 ejes claves de todo trabajo social: la prevención, la sensibilización y la acción. Eso es lo que pedimos en esta moción, para la que espero contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios.

Señorías, nombrábamos ayer en esta Cámara el informe de Cáritas, el cual destaca también la importancia de impulsar valores cívicos para construir un nuevo modelo de sociedad, destaca razones para la esperanza y señala como fortalezas la participación social, la solidaridad, el voluntariado y las redes familiares. Por tanto, resulta imprescindible intensificar el apoyo a la familia, a la sociedad civil y la participación de todos; y cuando digo todos incluyo a las personas mayores. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

El mismo informe —estoy hablando del Informe sobre exclusión y desarrollo social, España 2014— destaca el cambio del papel de las personas mayores en la actualidad. Por tanto,




Página 12296


no permitamos que sean víctimas de abuso y maltrato. Si, como decía ayer el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, el objetivo de esta legislatura ha sido superar la crisis y combatir sus consecuencias, no podemos olvidar el efecto que la misma ha tenido en los distintos grupos sociales. Señorías, sin duda, debemos seguir trabajando por la igualdad e incluir a nuestros mayores en ella.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Elorriaga.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president. Senyories, molt breument, perquè tindrem temps de parlar-ne en el torn de portaveus.

Aquest grup parlamentari ha presentat una esmena de modificació que, bàsicament, abunda en el fet que hi hagi suport financer a una tasca que ens convida a fer aquesta moció, que de fet ja s’està fent. En el cas de Catalunya, per exemple, i en altres comunitats autònomes, els serveis socials tenim competència plena, per tant, ho estem desenvolupant directament i fem l’esforç més important. Entenem la bondat pel que fa a l’objectiu, però pensem que si hi ha aquesta inquietud des del Govern central a instar a fer coses que, de fet, estem gestionant des de les comunitats autònomes, també agrairíem aquesta sensibilitat a l’hora d’aportar i fer dotacions pressupostàries que ens permetessin apujar el llistó i millorar en aquests treballs que ja s’estan fent.

Del segon punt, com veuen, no hem modificat res perquè estem d’acord que es promoguin aquestes investigacions. De fet, no és que ens hi trobin, sinó que ja hi som. En aquest punt, estem absolutament d’acord.

I en el tercer punt també m’hi allargaré més al torn de portaveus, però bàsicament nosaltres sí que pensem que ha d’haver-hi una revisió a la legislació pel que fa a aquest tema, però no estem tan d’acord i no estem segurs que fóra bo per al tema en el fet de proposar una legislació específica.

Bàsicament i de manera succinta, l’objectiu de la modificació d’aquesta esmena és exactament el que està redactat en el seu contingut.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente. Intervengo muy brevemente porque vamos a tener tiempo para hablar de ello en el turno de portavoces.

Este grupo parlamentario ha presentado una enmienda de modificación que básicamente abunda en el hecho de que exista un apoyo financiero, una labor que nos invita a realizar esta moción, cuando en el caso de Cataluña y otras comunidades autónomas tenemos competencia plena sobre los servicios sociales; por lo tanto, lo estamos desarrollando directamente y ya hacemos el esfuerzo más importante. Entendemos la bondad del objetivo, pero consideramos que si existe esta inquietud en el Gobierno central para instar a realizar cosas que de hecho estamos gestionando en las comunidades autónomas, también agradeceríamos esa sensibilidad a la hora de aportar dotaciones presupuestarias que nos permitieran elevar el listón y mejorar en estas labores, que ya se están llevando a cabo.

Respecto al segundo punto, como ven ustedes, no hemos modificado nada. Estamos totalmente de acuerdo en que se promuevan estas investigaciones.

En cuanto al tercer punto, me extenderé un poco más en el turno de portavoces, pero nosotros consideramos que sí debe haber una revisión de la legislación en este tema. Sin embargo, no estamos tan de acuerdo, no estamos seguros en que fuera positivo para la cuestión proponer una legislación específica.

Básicamente, de forma muy escueta, el objetivo de la modificación que propone esta enmienda es el que figura redactado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra la senadora Almiñana.




Página 12297


La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidente.

Senyories, aquesta moció torna a ser una moció farcida de bones intencions. La nostra esmena vol posar damunt la taula que les bones intencions sense recursos són molt complicades, per això demanem que el Pla Concertat dels Ajuntaments, un dels plans que ha estat retallat de més d’un 65 % des que vostès governen, es reposi als mateixos diners que hi havia l’any 2011. Llavors eren 85 milions d’euros, mentre que en aquests moments només hi ha 27 milions d’euros, perquè tots els ajuntaments d’Espanya puguin fer polítiques de serveis socials. Entre aquestes polítiques, una podria ser l’atenció al maltractament de la gent gran.

Senzillament això, gràcies.

Gracias, señor presidente.

Señorías, una vez más, esta moción está repleta de buenas intenciones. Y nuestra enmienda, sencillamente, quiere poner sobre la mesa que las buenas intenciones sin recursos resultan muy complicadas. Por lo tanto, consideramos que para el plan concertado de los ayuntamientos, un plan que ha sido recortado en más de un 65 % desde que ustedes gobiernan, se ponga el mismo dinero que había en 2011, que en aquel entonces fueron 85 millones de euros —ahora tan solo tenemos 27 millones de euros—, porque todos los ayuntamientos de España tienen que realizar políticas de servicios sociales con ese dinero y, entre esas políticas, una podría ser la atención sobre los malos tratos a la gente mayor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Andrés.

La señora ANDRÉS PRIETO: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista presentamos una enmienda que se define de la siguiente manera: para reclamar y ser contundente desde lo público lo primero que hay que hacer es dar ejemplo también desde lo público.

Sistemáticamente, nos están presentando una serie de mociones que no comprometen a nada al Gobierno, y ello porque no llevan cuantía presupuestaria y, además, como sucede en la presente moción, abordan cuestiones que afectan a colectivos cuyo primer maltrato, a juicio de este grupo parlamentario, les llega del ámbito de lo público, de la mano de las políticas de este Gobierno.

Señoría, lograr que las personas mayores puedan vivir con calidad, además de proteger su integridad física y psíquica —¡faltaría más!—, requiere propiciar las condiciones necesarias para que este colectivo mantenga el mayor tiempo posible de su vida su autonomía personal, a nivel social y a nivel económico, y las políticas que ustedes defienden como grupo parlamentario y que está realizando el Gobierno del señor Mariano Rajoy van justamente en la dirección contraria.

Señorías, estamos a tiempo para que ustedes nos demuestren que están por esta labor. En unos días entrará el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado en esta Cámara, ayúdennos; y ayúdennos apoyando las enmiendas que directamente afectan a las políticas dirigidas a las personas mayores. Para empezar, reflejen cantidades presupuestarias para los programas de sensibilización y de prevención del maltrato, porque ustedes lo dicen pero no reflejan ninguna cantidad presupuestaria; recuperen las partidas para la Ley de dependencia, una ley vital para la promoción de la autonomía personal de nuestras personas mayores; recuperen las dotaciones de teleasistencia, para facilitar que nuestra gente mayor pueda seguir viviendo en sus hogares; deroguen los decretos que han introducido copagos médicos y copagos farmacéuticos, que gravan de forma especial las enfermedades crónicas, muchas de ellas en personas mayores; y tomen la iniciativa para afrontar la grave situación por la que están pasando millones de españoles ―ya son 7 millones― en situación de pobreza energética, muchísimos hogares con mayores y niños. Lo que no es ético ante esta situación, señorías, es que Endesa haya repartido hace apenas veinte días un segundo dividendo de 6300 millones de euros en su consejo de administración, mientras hay muchísimas familias en situación de pobreza energética.

El Gobierno, señorías, tiene la obligación de, al menos, sentarse a hablar con los grupos parlamentarios y con los colectivos sociales para intentar dar solución a las situaciones límite que viven muchísimos españoles, muchos de ellos mayores.




Página 12298


Den marcha atrás en la reforma de las pensiones, porque la falta de autonomía, las privaciones severas de bienes y servicios para vivir y mantenerse dignamente comienzan por la pérdida de poder adquisitivo y con su reforma están propiciando esa pérdida sistemática de poder adquisitivo de nuestros mayores.

En definitiva, señorías, den ejemplo desde sus propias competencias, para que la contundencia en la aplicación de mecanismos de protección del propio Estado sea completa porque, con moción o sin moción, el Estado tiene la obligación de proteger a sus mayores ¡cómo no! Si lo único que hacemos es reflejar sobre el papel meras intenciones de protección, nos estaremos quedando muy cortos en nuestro papel.

Tal y como está presentada esta moción, ni quita ni pone a la situación actual de nuestros mayores y, señorías, o abrimos los ojos a la realidad o la política no va a ser capaz de resolver los problemas de la ciudadanía. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, para indicar si acepta o rechaza las enmiendas presentadas.

La señora ELORRIAGA PISARIK: Gracias, señor presidente.

Señorías, efectivamente esta es una moción que tiene buenas intenciones, no les quepa la menor duda, pero como he dicho al principio pretende sobre todo poner el centro en las personas mayores y deliberar, prevenir y sensibilizar. Ese es el motivo y así he empezado mi intervención en la exposición anterior.

Quiero agradecer su esfuerzo a los grupos que han presentado enmiendas porque eso me indica que han trabajado sobre la cuestión que, al final, era una de las pretensiones que albergaba.

Les iré contestando uno por uno. En el caso del Grupo Catalán Convergència i Unió he de decir que el punto número 1 no procede porque no existe un crédito presupuestario que permita prestar apoyo financiero a las comunidades autónomas para el tratamiento y prevención del maltrato a los mayores. Por tanto, no es posible aceptar su enmienda.

En cuanto a las enmiendas a los puntos 2 y 3, desde mi punto de vista no plantean modificación alguna sino que están en la línea de la moción que nosotros presentamos.

En relación con la enmienda de adición de Entesa, lamentablemente también he de decir que no procede porque no guarda relación con el objeto y las medidas que propone la moción del Grupo Popular y se sale del contexto de lo que nosotros planteamos.

En cuanto al Grupo Parlamentario Socialista —a cuya portavoz también agradezco su atención— tengo que decirle, respecto al número 4, que no procede, porque dotar programas presupuestarios es algo que tiene que hacerse con el instrumento adecuado, y el instrumento adecuado, como su señoría bien sabe —además, ha hecho mención a él aquí— es la Ley de Presupuestos Generales del Estado, actualmente en trámite en el Congreso; por tanto, no se puede utilizar esta moción como un instrumento. Es, pues, un punto que no procede. El resto de los puntos, señorías, nada tienen que ver con el objeto de la moción que he intentado explicar, por lo que, lamentablemente, no puedo aceptar las enmiendas, señor presidente.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

¿Turno en contra? (Pausa).

¿Turno de portavoces?

Tiene la palabra el representante del Grupo Mixto.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Popular trae al Pleno del Senado una cuestión de enorme interés para la sociedad: los malos tratos a los ancianos. Este es un asunto serio y creciente, que todavía no ha calado de forma suficiente en la sensibilidad social, porque estamos ante un fenómeno opaco, escasamente conocido y que conlleva la exigencia de intervenciones y enfoques multisectoriales. Es un asunto derivado de lo que se ha dado en calificar la revolución de la longevidad, así como de los procesos directos y también colaterales que se acentúan en unas sociedades cada vez más




Página 12299


envejecidas por el aumento de la esperanza de vida. No es que la sociedad española se encuentre ante un problema exclusivo suyo, estamos ante una cuestión universal, que afecta a todos los países, bien sean desarrollados o en vías de serlo, que se produce en el contexto familiar o también en los establecimientos residenciales donde deben facilitarse los cuidados.

Es un tema muy importante, y es acertado que se promueva en el Senado una iniciativa que entra dentro de la violación de los derechos humanos, tal y como se ha fijado en diferentes declaraciones internacionales que han debatido la cuestión del maltrato a los ancianos. Sin embargo, considero que el Grupo Popular se ha quedado muy corto a la hora de instar al Gobierno. Y una moción, a priori, tan interesante y necesaria, que puede abordar una política decidida en favor de nuestros ancianos y de ese fenómeno creciente que les afecta, se va a quedar en una iniciativa poco comprometida y aún menos comprometedora si el proponente no acepta las enmiendas que se plantean desde la oposición. No lo va a hacer por lo que acaba de manifestar la senadora Elorriaga, y me temo que esta va a ser una gran oportunidad desperdiciada para un asunto de tanta relevancia social.

Se pueden intuir las dificultades del Grupo Popular para renunciar a una mayor ambición en su propuesta sobre los malos tratos a los ancianos, pero eso no justifica esbozar apenas medidas en un asunto en el que los españoles podemos sentirnos a nivel institucional muy orgullosos, porque fue en España, como recordaba la senadora, fue aquí en Madrid, donde se organizó en 2002 la segunda y última asamblea mundial sobre el anciano a instancias de la ONU, y fue en España, en León, donde celebró en 2007 una conferencia internacional sobre el envejecimiento en la que se abordó también en profundidad la cuestión de los malos tratos a este sector de la población mundial.

No se pueden negar las buenas intenciones de la moción, pero quedarse en generalidades, en campañas de sensibilización, en promover investigaciones sobre causas de malos tratos o, finalmente, establecer una legislación específica e integral sobre el maltrato, suena a pretextos dilatorios para acabar esta X Legislatura sin alcanzar cosas que realmente tengan una incidencia positiva sobre el combate de este tipo de malos tratos, máxime cuando ya hay comunidades autónomas, defensores del pueblo, organizaciones de la sociedad civil y expertos cualificados, que vienen reclamando desde hace años, sin mucho éxito, una intervención decidida para llamar la atención en la prevención de los malos tratos a las personas mayores y en la elaboración de marcos legales que permitan dar una respuesta frente a los casos de maltrato de ancianos.

La moción, sin contar con las propuestas que se han planteado desde la oposición, carece de algo tan imprescindible como son los recursos económicos. Todo esto que defiende la senadora Elorriaga está muy bien, y cabe felicitar a los autores de este texto parlamentario por tener la sensibilidad de proponer este tema, porque nadie, creo yo, puede desechar estos tres puntos que se proponen, pero hace falta concretarlo. Hay que definirlo en términos presupuestarios porque, sin euros, no habrá avances significativos en la batalla cotidiana contra esta realidad creciente de la que son víctimas nuestros mayores. Y lo son de forma muy diferente, tanto físicas, como psíquicas, y más aún, desgraciadamente, en una época en la que la crisis económica incide en que muchas familias tienen grandes dificultades para llegar a fin de mes.

Sin dotar de recursos económicos, será imposible implicar más aun al conjunto de las administraciones; apoyar a los profesionales que trabajan directamente con estos ancianos y buscar resortes para movilizar a la sociedad española frente al maltrato sobre un colectivo que constituye la cuarta parte de nuestra población y que, a tenor del proceso de envejecimiento en Asturias, mi comunidad autónoma de origen, adquiere ya tintes alarmantes. Hay que adecuarse a las necesidades de los tiempos. De ahí, señor presidente, que señale en esta Cámara mi abstención ante esta moción que, pudiendo ser una de las grandes iniciativas promovidas en materia social a lo largo de esta X Legislatura, se va a quedar en una cuestión de mínimos lamentablemente.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador Martínez Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.




Página 12300


El señor CAZALIS EIGUREN: Arratsalde on, mahaiburu jauna. Arratsalde on senatari jaun-andreok.

Señorías, aquí estamos hablando de maltrato a las personas mayores. Hemos hablado del maltrato físico, del emocional y del económico, tres tipos de maltrato que están afectando en muchos casos a las personas de más de 65 años que viven en el Estado.

En el año 2011 se hizo un estudio en el País Vasco para ver cómo afectaba este problema a los ancianos, y se detectó que había en aquel momento alrededor de 5 000 mayores de 65 años que sufrían maltrato, cumpliendo una serie de requisitos que probablemente fueran demasiado exigentes. En primavera de este mismo año el Gobierno vasco presentó un protocolo elaborado en colaboración con la Asociación Vasca de Geriatría y Gerontología precisamente para detectar estos malos tratos, empezando por conseguir una definición, que aunque ya estaba hecha, no estaba generalmente aceptada. La definición que hizo la OMS en 2002, es aquella en la que entendía por maltrato —y creo que la definición es muy importante— la acción única o repetida o la falta de respuesta apropiada que causa daño o angustia a una persona mayor, y que ocurre dentro de cualquier relación donde existe una expectativa de confianza. Creo que la definición lo dice todo y nos ayuda a ubicarnos. Porque lo que es evidente, y también es cierto, es que la vulnerabilidad de las personas mayores aumenta enormemente en función del grado de precariedad de salud, que es algo evidente, y también de su grado de dependencia de terceras personas.

Entre 2011 y 2013 se ha desarrollado en Euskadi un proyecto de sensibilización y formación a profesionales, a cuidadores formales e informales, y a las propias personas mayores, y se ha elaborado un documento titulado: Cien Propuestas para Avanzar en el Bienestar y Buen Trato a las Personas que Envejecen. Bases para un Plan de Acción.

Yo tengo que felicitar a la senadora Elorriaga por la moción, y sobre todo por su exposición, que me ha parecido estupenda; muy bien hecha, muy bien estructurada, y con la que creo que todos estamos de acuerdo —luego vendrá el pero, señoría—. Por tanto, lo primero que quiero hacer es felicitarla. Ahora bien, cuando entramos a analizar la parte dispositiva, mi grupo parlamentario cree sinceramente que no aporta nada nuevo. ¿Aporta algo nuevo a lo que tenemos a día de hoy? No. ¿Se compromete a algo? No. ¿Se compromete a asegurar la financiación de las campañas de sensibilización o de la investigación que hace falta para la prevención en el maltrato de ancianos? No.

¿Se compromete a disminuir esa vulnerabilidad de la que hemos hablado hace un momento, eliminando los recortes y las trabas que el propio Gobierno del Partido Popular ha ido poniendo con los copagos o con la congelación de las ayudas a la dependencia? Pues no.

Por tanto, en lo que sí coincide —y eso nos suele pasar periódicamente, nos pasará en febrero— es con el Día Internacional de las Personas Mayores, y nos parece muy bien hacer una declaración institucional, que nos pasará también con las enfermedades raras, nos pasa periódicamente, etcétera. Son bonitas palabras, son buenas intenciones, pero nada más. Y le vuelvo a decir, estamos totalmente de acuerdo con los puntos de la moción, totalmente de acuerdo, tan de acuerdo estamos que como partido, como partido de Gobierno, como Gobierno y como sociedad estamos haciendo todo lo que podemos para mejorar la situación de nuestras personas mayores, incluso a pesar del Gobierno del Partido Popular y sus medidas, también lo tengo que decir. Y lo seguiremos haciendo no solo con las personas mayores —que también—, sino que lo seguiremos haciendo porque no es solamente un tema de respeto a las personas mayores de 65 años, sino de respeto a la dignidad humana, y eso no podemos obviarlo y tendremos que seguir trabajando todo lo que podamos para que esa dignidad humana no se vea afectada por decisiones de otros humanos.

Estamos de acuerdo pero, senadora Elorriaga, nos vamos a abstener por las razones que ya he expuesto.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Entesa, tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gràcies, president.

Diu una cançó de Joan Manuel Serrat: «Si la veteranía fuese un grado,/ si no se llegase huérfano a ese trago,/ si se tuvieran más ventajas y menos inconvenientes,/ quizá llegar a viejo sería todo un progreso».




Página 12301


Lamentablement, no és així. Fixin-se que la vellesa, fer-se gran, està mal vist en el nostre entorn. No està bé envellir. Estats Units és el paradigma de tot això. En canvi, a altres cultures, com al Japó, es venera la gent gran. Fins i tot és comú que als hotels al Japó quan una persona gran s’hi inscriu se li pregunti l’edat per garantir que rebrà absolutament tot el que li pertoca per l’edat que té. Això no passa a la nostra societat. Alguns col·lectius, estic pensant en el poble gitano, sí que tenen una gran estima per la seva gent gran, i tots vostès segur que ho han viscut alguna vegada quan han estat en un hospital i hi ha una persona gran gitana en un ingrés i tota la seva família vetlla per ell. Fixin-se en un altre exemple: recorden l’onada de calor de l’any 2003 a França, que va deixar més de 5000 morts? La majoria era gent gran, vivia sola i no tenia recursos per fugir de la calor. Això va plantejar un debat importantíssim a França sobre la solidaritat intergeneracional i l’eficàcia dels serveis socials.

I com això podríem trobar molts altres exemples, perquè el maltractament de la gent gran es denuncia poc. L’any 2013, segons la Generalitat, es van denunciar 751 casos. Això només és un 20 %. Vol dir que, si fem l’extrapolació, ens n’anem a xifres de més de 3500 casos només a Catalunya. La veritat és que és una xifra que fa esgarrifar, més si pensem que els agressors són els cuidadors o els familiars, perquè el concepte de maltractar és molt ampli. Va des de una violència física fins a una espoliació econòmica, però també passar per no canviar un bolquer, per no donar un menjar triturat a algú que no pot mastegar, per no dutxar cada dia una persona. Tot això són graus de maltractament que la gent gran no pot defugir. Una altra vegada, com ja s’ha dit aquí, són les dones entre 65 i 79 anys les principals víctimes.

Però la moció que ens presenten avui el Grup Parlamentari Popular, com ja he dit abans, torna a ser una moció de bones intencions, i encara que la senadora Elorriaga digui que no procedeix aquesta esmena que ha presentat el meu grup, jo li pregunto com vol que posem en marxa les seves bones intencions sense recursos? Com vol que des dels ajuntaments es detectin i es facin campanyes de prevenció del tractament sense recursos? Perquè el que està clar és que les polítiques, per portar-les endavant, necessiten recursos, i mentre que les necessitats socials al nostre país han augmentat els darrers anys, el seu Govern les ha retallat. Li dic en què ha retallat? Encara que potser vostè dirà que no és adequat que ho faci durant aquesta moció, però és que no podem parlar del que volem fer sense deixar clar què és el que estem fent. El que està fent el seu govern és retallar. Ha retallat el Pla Concertat de Serveis Socials d’un 65 %. En aquests moments, l’Estat destina a serveis socials 3 euros per persona. Només 3 euros. Hi ha 2265 milions menys per al sistema de la dependència. La gent gran acostuma a ser gent depenent. Han imposat els copagaments als medicaments, als pensionistes, que també acostuma a ser gent gran. Per no parlar de la situació de la infància al nostre país, que requereix realment un capítol a banda, perquè les darreres xifres de pobresa tornen a ser tremendes. I sense obviar que els serveis socials estan transferits a les comunitats.

Davant de tot això, què fa el Govern? Digui’m, què fa el Govern davant dels col·lectius més vulnerables? No fa res. Fa mocions com aquesta, que no s’acompanyen ni d’una dotació pressupostària. Miri, la qualitat d’una societat es mesura per com tractem els vells i com tractem els nens. I aquest govern, sento dir-l’hi, senyora Elorriaga, suspèn en aquests dos col·lectius. El meu grup s’abstindrà en aquesta moció. S’hi abstindrà perquè entén que el maltractament de la gent gran és un tema a cuidar i a treballar en la nostra societat, però no està en absolut d’acord en com vostès fan les polítiques ni com pretén que portem endavant aquests programes de maltractament a la gent gran.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Gracias, presidente.

Dice una canción de Joan Manuel Serrat: «Si la veteranía fuese un grado,/ si no se llegase huérfano a ese trago,/ si se tuvieran más ventajas y menos inconvenientes,/ quizá llegar a viejo sería todo un progreso.»

Pero esa no es nuestra realidad en el mundo occidental, lamentablemente no es así. Fíjese usted que la vejez, hacerse una persona mayor está mal visto en nuestro entorno. En Estados Unidos encontramos el paradigma de esta situación, en cambio en otras culturas como en Japón se venera a la gente mayor, allí es común incluso en los hoteles que cuando una persona anciana se inscribe se le pregunte la edad para garantizar que va a recibir todo lo que le corresponde




Página 12302


debido a su edad. Esto no sucede en nuestra sociedad, hay algunos colectivos, y estoy pensando en el pueblo gitano, que sí muestran un gran aprecio por su gente mayor —todos ustedes lo habrán vivido alguna vez cuando han estado en un hospital, hay una persona mayor gitana ingresada y toda la familia está allí velando a esa persona—. Otro ejemplo: se acordarán de la ola de calor del año 2003 en Francia, que dejó más de 5000 muertos y la mayoría eran gente mayor, eran ancianos que vivían solos y no tenían recursos para ahuyentar ese calor, y eso generó un debate muy importante en Francia sobre la solidaridad intergeneracional y la eficacia de los servicios sociales.

Podríamos encontrar muchos más ejemplos de este tipo, porque el maltrato a la gente mayor se denuncia muy poco. En el año 2013, según la Generalitat, se denunciaron 751 casos y esto es tan solo un 20 %, lo cual significa que si luego lo extrapolamos, las cifras serían de más de 3500 casos tan solo en Cataluña. Es una cifra realmente horrorosa, más cuando pensamos que los agresores suelen ser los cuidadores o los familiares, porque el concepto de maltrato es muy amplio: incluye una violencia física, pero también un expolio económico, no dar la comida a alguien que no puede masticar, no duchar a una persona, no cambiar un pañal, porque la gente mayor no puede huir de estas situaciones. Como ya se ha dicho, las mujeres entre 65 y 79 años son las principales víctimas de esta situación.

Sin embargo, como he dicho antes, la moción que nos presenta hoy el Grupo Popular vuelve a ser una moción de buenas intenciones, y aunque la senadora Elorriaga diga que no procede esta enmienda presentada por mi grupo, yo le pregunto: ¿Cómo quiere usted que pongamos en marcha sus buenas intenciones sin recursos? ¿Cómo quiere que los ayuntamientos detecten y realicen campañas de prevención de malos tratos, sin recursos? Lo que está claro es que para llevar a cabo las políticas se requieren recursos y mientras las necesidades sociales en nuestro país han aumentado en los últimos años, su Gobierno las ha recortado. ¿En qué las ha recortado? A lo mejor usted dirá que no es adecuado hacerlo en esta moción, pero no podemos hablar de lo que queremos hacer sin dejar claro qué es lo que estamos haciendo. Lo que está haciendo su Gobierno es recortar. Ha recortado el Plan concertado de servicios sociales en un 65 %. Hoy por hoy el Estado destina a servicios sociales 3 euros por persona, tan solo 3 euros. Hay más de 2265 millones menos para el sistema de la dependencia. La gente mayor suele ser dependiente. Han impuesto el copago en los medicamentos para pensionistas, que también suele ser gente mayor, por no hablar de la situación de la infancia en nuestro país, lo que requiere un capítulo aparte, y es que las últimas cifras de pobreza vuelven a ser tremendas, sin obviar que los servicios sociales están transferidos a las comunidades.

Ante todo ello, ¿qué hace el Gobierno? Dígame qué hace el Gobierno ante los colectivos más vulnerables. Nada. Hace mociones como esta, que ni siquiera se acompañan de una dotación presupuestaria. La calidad de una sociedad se mide por cómo tratamos a la gente mayor y a los niños, y este Gobierno, lamento decírselo, senadora Elorriaga, suspende en ambos colectivos. Mi grupo parlamentario se va a abstener en esta moción porque considera que el maltrato a la gente mayor es una cuestión que debe cuidarse y trabajarse en nuestra sociedad, pero en absoluto estamos de acuerdo en la forma en que ustedes realizan sus políticas ni en cómo pretenden que llevemos a cabo estos programas para prevenir los malos tratos en la gente mayor.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió tiene la palabra la senadora señora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.

Senyories, aquesta moció, altre cop, ens convida a un tema que d’entrada és difícil de refusar: lluitar contra el maltractament a la gent gran. Tothom en principi estaríem d’acord amb avalar qualsevol iniciativa que anés en aquest camí. Aquesta qüestió, senyories, és una qüestió de drets humans, és un problema social, de salut i és un problema emergent. Nosaltres i qualsevol grup de la cambra —no ho dubte— estem en contra de qualsevol maltractament, especialment quan aquest maltractament és contra persones vulnerables. Aquí hem parlat de maltractaments físics i psíquics i també econòmics, però se’ns escapen alguns altres tipus de maltractaments que també pateixen els nostres avis: el patiment sexual.




Página 12303


Aquí els hi vull dir que, després els hi explicaré, nosaltres hem fet des de la Generalitat de Catalunya un protocol de actuacions que també té en compte aquests estigmes que molts professionals també comparteixen, de veure a l’avi com un ser acabat, un ser no útil i especialment en el tema sexual, veure un ser no sexual. I això què fa? Doncs que aquestes agressions sexuals que pateixen molts avis, especialment àvies, dones grans, no es posin sobre la taula i siguin difícils de considerar i de posar sobre el paper per tractar. Aquest és un petit esment que he fet amb un programa que ja veuran que és molt ampli.

Els nostres padrins són un col·lectiu molt vulnerable, que per motius de l’esperança de vida i també per conseqüència d’un envelliment de població, pensin que en un segle han guanyat 30 anys de longevitat. També hi ha hagut transformacions en les institucions familiars i tota una sèrie d’elements que fan que tinguem un gran col·lectiu de gent gran i que estiguin patint una sèrie de problemes específics per a aquest col·lectiu. El problema, perdoni’m, és un problema també cultural. Aquelles cultures que respecten els seus avis, els tenen com la font de saviesa, han de parlar menys sovint i en molts casos mai, de maltractament a la gent gran. Ja els he dit que des del Departament de Benestar Social a Calatunya l’any 2012 es va elaborar un Protocol Marc d’Orientació i Actuació contra els Maltractaments a les Persones Grans. Un document que no abundaré perquè el trobaran vostès penjat a les xarxes, no els hi donaré xifres, serveix eficaçment com a una eina a l’abast dels professionals i també a l’abast de les entitats de gent gran, per tal de coordinar tots els professionals, tots els elements que s’han de treballar de forma transversal per detectar, prevenir, solucionar i també investigar les causes d’aquest maltractament a la gent gran.

És tracta d’una eina per fer front a aquest xacra social, per tal d’abordar-ho, i que també serveix als professionals i a la societat, també als governs per a interrogar-se sobre la pràctica, les mesures i, d’aquesta manera, també poder trobar la manera de millorar-les.

Ja els dic que no abundo. Havia pres algunes notes respecte d’aquest pla, però els diré que amb aquest pla contestem respecte al punt número 1 i número 2 a les comunitats autònomes, que som qui tenim les competències, ja s’està fent feina, molt bona feina, mai suficient, però s’està fent molt bona feina i una feina també de coordinació i una feina transversal, que al final és com s’ha abordar aquest problema.

Quant al punt número 3 d’aquest moció, dir-li que el dia 9 del passat mes d’octubre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya va signar un conveni de col·laboració per la posada en marxa d’un servei de torn d’ofici específic per a gent gran. I concretament per a gent gran vulnerable. Dins d’un àmbit d’aplicació de la llei d’assistència jurídica gratuïta. Aquest acord estableix les bases per a la prestació d’un servei d’assistència jurídica destinat a aquestes persones majors de 65 anys que es trobin en una situació de vulnerabilitat i que precisin d’actuacions lletrades per a la defensa dels seus interessos. L’objectiu d’aquest acord torna a ser el mateix que el que proposa la moció, és procurar la defensa dels drets de les persones grans que es trobin en situació de vulnerabilitat arran de constatació d’abusos econòmics, enganys, maltractaments físics, psíquics que s’està produint en aquest sector de la població, ja sigui per part dels propis familiars —malauradament en molts casos—, per part dels cuidadors, per part d’empreses de serveis o per part d’altres persones. Per això estem d’acord amb la necessitat de protegir el col·lectiu de persones grans i treballar cada dia per fer-ho. Ho estem fent. Entenem la seva vulnerabilitat. No estem d’acord amb proposar l’establiment d’una nova normativa de protecció només per a la gent gran, si no es fa prèviament un estudi acurat de quina és la seva necessitat. Augmentar el marc normatiu, pensem, i proposar una legislació específica per se no donaria els resultats que potser es buscarien i no sempre és el més adequat.

Amb tot això que els hi he dit vostès podrien pensar, bé, compartim la filosofia, compartim l’objecte d’aquesta moció i, per tant, seria fàcil que pensessin que aquest grup li doni suport. Doncs, mirin, no serà així. Em sap molt de greu, entenc la bondat de la senadora en portar aquesta proposta a aquesta cambra, però a nosaltres ens passa que la lletra i la música no ens casen gaire, perquè vostè ha refusat una sèrie d’esmenes de gent que amb veu d’aquells que tenen les competències intentaven enriquir aquesta moció.

Ens nega una possible dotació econòmica al·legant que això no els hi pertoca. No els hi pertoquen les competències, no ens poden ajudar econòmicament, però ens conviden a fer coses, les quals vostès no tenen competències. La meva pregunta és per què, aleshores, ens conviden a fer això i no se centren en altres competències que sí els hi són pròpies i en les quals encara hi ha molt camí per recórrer?




Página 12304


A més a més, els hi diré això perquè ahir en aquesta cambra vam assistir a una sèrie de contradiccions i és aquesta postura del grup majoritari el que a nosaltres ens provoca un cert desconcert i, a més a més, una desconfiança.

Mentre s’apel·lava al diàleg es feia un veritable monòleg aprofitant el torn de control amb una sessió d’aquesta cambra sense que ningú tingués la possibilitat de fer cap pregunta al respecte. A més a més, ahir també, el Grup Parlamentari de Convergència i Unió va fer una pregunta respecte a elevar al Tribunal Constitucional un decret de la Generalitat que el que pretenia és aportar solucions per la pobresa energètica, intentar ajudar, que al final és pel que entenem que s’ha de governar, per intentar ajudar a unes persones que pateixen vulnerabilitat i que estan ja fora del sistema, estan exclosos socialment i no poden, no tenen cap altra manera de donar resposta a un fet tan prioritari com és el fet de passar l’hivern sense passar fred.

Aleshores no entenem com porten aquesta proposta de la qual nosaltres tenim competències i quan nosaltres exercim la nostra capacitat legislativa i de govern des de les comunitats autònomes per buscar solucions als ciutadans que estan en situació de vulnerabilitat, també molts padrins d’aquests tenen problemes per pagar la calefacció, vostès no només s’hi oposen sinó que ens ho porten al Tribunal Constitucional.

Per tant, ahir ja li dic que vam tenir dos exemples molt clars de què una cosa és parlar dels temes i presentar-los. Jo entenc que de cara a l’aparador estarem tots d’acord. No hi ha ningú en aquesta cambra perquè jo confio en què qualsevol que tingui voluntat de servei públic no es pot oposar a cap mesura que vagi en pro de millorar ni que sigui una centèsima la qualitat de vida de cap ciutadà de cap territori de cap país.

Per tot això, perquè vostès reparteixen els objectius de dèficit a les comunitats autònomes d’una forma absolutament deslleial. I aquestes decisions polítiques que vostès prenen fan que nosaltres, des de les comunitats autònomes no puguem atendre amb la qualitat i amb la premura molts temes de serveis socials. Per no parlar-los de la famosa LRSAL, la Llei de Sostenibilitat de l’Administració Local, una administració que per se ha demostrat ser la més sostenible de totes les administracions que tenim i aquestes polítiques de proximitat, que en el tema dels serveis socials són fonamentals. De quina manera detectarem des de la proximitat si no ens donen recursos, si vostès ens emmanillen la possibilitat de prestar serveis i de donar resposta a les necessitats reals dels ciutadans. De Catalunya, de la resta de l’estat espanyol i d’allà on sigui.

Per tot això, jo ja els aviso, i fent un exercici de bonisme parlamentari, que aquest grup parlamentari s’abstindrà en aquesta moció.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

Señorías, esta moción nos invita una vez más a hablar de un tema que de entrada es difícil rechazar. En luchar contra el maltrato a la gente mayor todo el mundo estaríamos de acuerdo en principio y en hablar sobre cualquier tipo de iniciativa que fuese por esta vía. Señorías, esta es una cuestión de derechos humanos; es un problema social de salud y emergente. Tanto nosotros como cualquier grupo de esta Cámara —no lo pongo en duda— estamos en contra de todo maltrato y especialmente cuando este se realiza contra personas vulnerables. Hemos hablado de maltrato físico, psíquico y económico, pero seguramente se nos escapan otros tipos de malos tratos que también padecen nuestros ancianos, como el maltrato sexual.

En Cataluña la Generalitat ha hecho un protocolo de actuaciones que también tiene en cuenta estos estigmas, que muchos profesionales también comparten, por los que se ve al anciano como un ser acabado y no útil especialmente en materia sexual, como un ser no sexual. ¿Qué supone esto? Que esas agresiones sexuales que sufren muchos ancianos, y sobre todo ancianas, gente mayor, no se tratan abiertamente y, por tanto, resultan difíciles de considerar y poner sobre el papel para poder abordarlas. Esta es una pequeña mención que he hecho a un programa que, como pueden ver, es muy amplio.

Nuestros ancianos forman un colectivo vulnerable, y por motivos del aumento de la esperanza de vida y también como consecuencia del envejecimiento de la población en un siglo este colectivo ha ganado treinta años de esperanza de vida. Por otra parte, también se han dado transformaciones en las instituciones familiares y toda una serie de elementos que hace que hoy tengamos un gran colectivo de gente mayor que está sufriendo una serie de problemas específicos. Pero el problema




Página 12305


también es cultural. Las culturas que respetan a sus ancianos los tienen como una fuente de sabiduría y en ellas nunca se habla de maltrato a la gente mayor. Ya les he dicho que en el Departamento de Bienestar Social de Cataluña en 2012 se elaboró un protocolo marco de orientación y actuación contra los malos tratos a la gente mayor. Es un documento —no voy a abundar en él porque lo van a encontrar colgado en la red y no voy a darles cifras— que sirve eficazmente como una herramienta al alcance de los profesionales y de las entidades de gente mayor para poder coordinar a todos los profesionales y los distintos elementos que deben trabajarse de forma transversal para poder detectar, prevenir, solucionar e investigar las causas de ese maltrato a la gente mayor.

Se trata de una herramienta, por lo tanto, para poder plantar cara a este azote social, para poder abordarlo. También sirve a los profesionales, a la sociedad y a las gobiernos para interrogarse sobre la práctica y las medidas para, de esta forma también, poder encontrar la vía para mejorarlas.

No voy a detenerme en eso —tenía una serie de notas respecto al plan— pero sí les voy a decir que con este plan contestamos que, en cuanto a los puntos 1 y 2, las comunidades autónomas, que somos las que ostentamos las competencias, ya están trabajando en ello. Hacen una buena labor, nunca suficiente, pero se está trabajando, coordinando y actuando de forma transversal, que es como debe abordarse este problema.

En cuanto al punto 3 de esta moción, el día 9 del pasado mes de octubre el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña firmó un convenio de colaboración para la puesta en marcha de un servicio de turno de oficio específico para personas mayores, concretamente para personas mayores vulnerables en el ámbito de aplicación de la Ley de asistencia jurídica gratuita. Este acuerdo establece las bases para la prestación de un servicio de asistencia jurídica destinado a estas personas mayores de 65 años que se encuentren en una situación de vulnerabilidad y que precisen actuaciones letradas para la defensa de sus intereses. El objetivo de ese acuerdo vuelve a ser el mismo que propone la moción, es decir, procurar la defensa de los derechos de las personas mayores que se encuentren en situación de vulnerabilidad después de constatar abusos económicos, engaños o maltratos físicos o psíquicos producidos en este sector de la población por parte de los mismos familiares —desgraciadamente en muchos casos es así—, de los cuidadores, empresas de servicios u otras personas. Por eso estamos de acuerdo con la necesidad de proteger al colectivo de gente mayor y trabajar todos los días para lograrlo. Estamos trabajando en ello. Entendemos su vulnerabilidad. No estamos de acuerdo en proponer el establecimiento de una nueva normativa de protección tan solo para personas mayores si no se hace previamente un estudio preciso sobre cuál es su necesidad. Aumentar el marco normativo y proponer una legislación específica per se no daría los resultados que a lo mejor desearíamos y no siempre es lo más adecuado.

Con todo lo que les acabo de comentar ustedes podrían pensar, como compartimos la filosofía y el objeto de esta moción, que este grupo les va a dar su apoyo, pero no va a ser así y lo lamento muchísimo. Entiendo la bondad de la senadora al traer esta propuesta a esta Cámara, pero lo que nos sucede es que la letra y la música no casan demasiado. Usted ha rechazado una serie de enmiendas de personas que en representación de aquellos que ostentan las competencias intentaban enriquecer esta moción. Nos niega una posible dotación económica alegando que esto no les corresponde. Como no les corresponden las competencias no nos pueden ayudar económicamente, pero nos invitan a hacer cosas para las que ustedes no tienen competencias. Mi pregunta es por qué entonces nos invitan a hacer esto y no se centran en otras competencias que sí les son propias y donde queda mucho camino por recorrer.

Además, se lo digo porque ayer asistimos en esta Cámara a una serie de contradicciones, y esta postura del grupo mayoritario es la que a nosotros nos provoca un cierto desconcierto y también desconfianza.

Mientras se apelaba al diálogo, se hacía un monólogo absoluto, aprovechando el turno de control de una sesión de esta Cámara, sin que nadie tuviera la posibilidad de realizar pregunta alguna sobre ese punto. Además, ayer mismo, también el Grupo Parlamentario Convergència i Unió formuló una pregunta respecto a elevar al Tribunal Constitucional un decreto de la Generalidad que lo que pretendía era aportar soluciones para la pobreza energética e intentar ayudar —que al fin y al cabo entendemos que es el objetivo de gobernar— a unas personas que




Página 12306


padecen esa vulnerabilidad y que ya se encuentran fuera del sistema, que están excluidas socialmente y no tienen otra forma de dar respuesta a un hecho tan prioritario como es pasar el invierno sin pasar frío.

No entendemos cómo ustedes traen esta propuesta. Las competencias son nuestras, y luego, cuando nosotros, en las comunidades autónomas, ejercemos nuestra capacidad legislativa y de gobierno para dar soluciones a los ciudadanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ya que muchos de estos ancianos tienen problemas para pagar su calefacción, ustedes no solo se oponen, sino que lo llevan al Tribunal Constitucional.

Por lo tanto, ayer tuvimos 2 ejemplos clarísimos de que una cosa es hablar de estos asuntos, de presentarlos —porque de cara a la galería todos estamos de acuerdo, ya que cualquier persona que tenga voluntad de servicio público no puede oponerse a medidas que traten de mejorar, aunque sea una centésima, la calidad de vida de cualquier ciudadano, de cualquier territorio y de cualquier país—, y otra, cómo se actúa en realidad.

Ustedes reparten los objetivos de déficit de las comunidades autónomas, y lo hacen de forma totalmente desleal, y estas decisiones políticas que ustedes adoptan hacen que nosotros, en las comunidades autónomas no podamos atender con la calidad y premura necesarias muchos servicios sociales. Y no voy a hablarles de la famosa LRSAL, la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Una Administración Local que, por cierto, ha demostrado ser la más sostenible de todas en lo que respecta a estas políticas de proximidad, que en los servicios sociales son fundamentales. ¿De qué forma vamos a detectar desde la proximidad si no nos proporcionan recursos, si realmente nos ponen unas esposas y no podemos prestar servicios ni dar respuesta a las necesidades reales de los ciudadanos, en Cataluña, en el resto del Estado español o donde sea?

Por todos estos motivos, ya les aviso, haciendo un ejercicio de buenismo parlamentario, que este grupo parlamentario se va a abstener en esta moción.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Andrés Prieto.

La señora ANDRÉS PRIETO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, 900 858 381. Este es el teléfono de atención a los mayores, que activa un denso protocolo coordinado entre Fiscalía, Servicios Sociales y la Administración en Andalucía. Y les hablo de Andalucía porque sé que a ustedes les gusta mucho hablar de ella. Señorías, en esta comunidad hay una ley específica para el maltrato de los mayores, aprobada desde el año 1999, cuyo ámbito de aplicación aborda no solo el maltrato físico y el maltrato psíquico, sino también el expolio patrimonial, que, desgraciadamente, muchas personas mayores lo sufren en nuestro país. Aborda también la soledad y el abandono. Una ley que además regula un plan de inspección anual que sirve para elaborar un diagnóstico actualizado, actuando como un instrumento potente de prevención.

A nivel de la Administración General del Estado, en el año 2005 el Imserso publicó una guía que marcaba los pasos a seguir y facilitaba la aplicación de protocolos para las comunidades autónomas. Y les cuento esto, señorías, para que sean conscientes de hasta qué punto es insuficiente y no aporta nada nuevo la moción que hoy nos traen. No quiero pensar que todo responde a una estrategia para facilitar titulares de prensa amables que afectan a un ministerio y a una ministra carente de credibilidad para la ciudadanía.

Suelo ser bien pensada, y quiero creer que esta moción responde a una clara preocupación de nuestro Gobierno por las últimas noticias de maltrato a personas mayores, conocidas en pasadas semanas, siempre realizadas en el ámbito privado residencial. Si es así, señorías, sigo sin entender por qué el Imserso no está cumpliendo con su trabajo.

Señorías, el segundo punto de su moción, promover las investigaciones sobre las causas y consecuencias del maltrato, es una competencia que tiene ya el Imserso. ¿Reconocen con esta moción que este organismo no está haciendo su trabajo? Ya les contesto yo que no. Los últimos datos conocidos por cauces oficiales de maltrato se remontan al año 2009. Ese año se decía que aproximadamente 65 000 mayores habían denunciado algún tipo de maltrato en nuestro país. Señorías, hagamos cosas útiles. No van a contar con este grupo parlamentario para lavados de cara de ministros; no vamos a aprobar una sola moción que no contenga un mínimo compromiso




Página 12307


de consignación presupuestaria; no vamos a ser cómplices de la demolición del Estado de bienestar que nos ha costado tantos años construir; y no vamos a ser cómplices del cambio de modelo por el que llevan apostando desde que ustedes llegaron a la Moncloa, un cambio de modelo que vuelve a quedar patente en los presupuestos generales para 2015, donde destinan más dinero a las organizaciones que el que se queda el propio Estado para cumplir con su labor de protección social.

Señorías, la población mayor de 65 años en nuestro país representa el 17 %, y va subiendo. O empezamos a creernos de verdad que el gasto social supone una inversión porque es más el dinero que se revierte al Estado de lo que el propio Estado invierte, o vamos a condenar a una gran parte de población a una situación de pobreza y exclusión que no seremos capaces de resolver en varias generaciones. España está por debajo de la media europea en gasto en protección social de la vejez. En este país, más de 2 millones de pensiones son inferiores a 500 euros, y el 50 % de las pensiones no llegan al salario mínimo interprofesional. Con este panorama, el Gobierno está acometiendo, en aras de la reducción del déficit y de la austeridad, una serie de recortes en servicios sociales y sanidad espeluznantes, que vienen a recortar de manera alarmante la calidad de vida de nuestros mayores. Ustedes llevan a la práctica esa máxima de: a Dios rogando y con el mazo dando. Señorías, no es compatible reflejar preocupación en un papel, aunque este papel lo aguante todo, y machacar después continuamente a través de decisiones políticas y presupuestarias a nuestros mayores.

Les voy a poner el ejemplo más significativo de esto que les estoy diciendo. Con la Ley de dependencia, lo primero que hicieron ustedes fue atrasar a 2015, al año que viene, la entrada de dependientes moderados en el sistema de dependencia. 2015 es el año que viene, y ustedes reflejan en el proyecto de presupuestos la misma cuantía que en el año 2014. Están dejando a 315 000 dependientes moderados sin consignación presupuestaria. ¿Y sabe usted quién conforma el grueso de esos dependientes moderados? Personas mayores con escasa movilidad o personas mayores con una enfermedad mental incipiente. Menos voluntad de sensibilizar a la ciudadanía y más propósito de sensibilizarnos nosotros mismos.

Esto es abandono, señorías. Claro que tiene mucho que ver. Usted ha dicho que las enmiendas que hemos presentado no tenían nada que ver, pero eso se contradice con su discurso de inicio, en el que ha terminado hablando de los informes de FOESSA y Cáritas y de la pobreza. Por tanto, todas las enmiendas que hemos presentado tienen mucho que ver, porque, señorías, para nosotros eso es abandono, abandono por parte de un Estado insumiso con sus mayores, y pretenden que todos los grupos parlamentarios les hagamos caso con este tipo de mociones. Señorías, abanderan de boquilla la defensa de la familia; incluso en su intervención hace unos momentos ha dicho que muchas personas mayores se han convertido en el sustento principal de muchísimas familias. Exacto, se han convertido en el sustento principal a través de sus pensiones.

Y les queda muy bonito decirlo, pero es que tienen la posibilidad de materializar ese apoyo mediante políticas; en cambio, hacen lo contrario, aprueban una reforma que conlleva una mísera subida de un 0,25 % durante años para los pensionistas que va a suponer, a pesar de la baja inflación, una pérdida de unos 3 puntos de poder adquisitivo; pérdida de poder adquisitivo de un colectivo en el que 4 millones ya están por debajo del umbral de la pobreza, y de ellos, 3 millones cobran menos de 420 euros al mes.

¿Cómo pueden decir que esto no es maltrato, señorías? Porque es maltrato que a este colectivo le impongan además una serie de copagos farmacéuticos, y es maltrato que a este colectivo se le aumente el número de medicamentos excluidos de la prestación farmacéutica porque se trata de dolencias menores; dolencias menores que en el colectivo de las personas mayores son dolencias crónicas, y continuamente tienen que pagar de sus bolsillos los medicamentos.

Todo esto, señorías, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, es maltrato. Es maltrato que la Administración permita que haya personas que pasen frío en invierno. Es maltrato, señorías, expoliar continuamente el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, 12 000 millones anuales, y, por contra, eximir del pago de impuestos las donaciones ilegales a su partido político. (Aplausos). Eso es maltrato, señorías, porque se trata de verdadera voluntad política acabar con el fraude y con la corrupción, porque mientras ustedes están sacando 12 000 millones anuales del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la corrupción en este país nos está costando 40 000 millones anuales.




Página 12308


Para mi grupo parlamentario este es el maltrato con el que tenemos que acabar. Lo que ustedes reflejan en esta moción, afortunadamente, muchas comunidades autónomas ya lo están haciendo, y lo están haciendo muy bien, a pesar del poco apoyo que les presta el Estado.

Solo necesitamos un cambio en el rumbo de sus políticas, y pueden empezar a predicar con el ejemplo en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora Elorriaga.

La señora ELORRIAGA PISARIK: Gracias, señor presidente.

Señorías, siento que ustedes no comprendan que existen distintos tipos de mociones y que no todas las mociones tienen el mismo objeto. Si ustedes leen con detenimiento el Reglamento de esta Cámara entenderán que hay mociones que pretenden instar al Gobierno a determinadas actuaciones. Por tanto, siento mucho que, por un lado, no les guste este tipo de mociones, parece que ese es el problema, y que, por otro, tampoco les interese sensibilizar a la sociedad, eje fundamental, a mi juicio, a la hora de trabajar en políticas sociales.

Dicho esto, quiero agradecer, y lo digo sinceramente, todas las intervenciones de los portavoces. Creo haber conseguido un objetivo, y es que hoy se hable aquí de este tema, que se aporten ideas y que se aporten experiencias de las distintas comunidades autónomas. Por tanto, considero que esta moción no ha sido inútil. Esa alegría y esa satisfacción me quedan, señorías, porque lo que yo pretendía se ha conseguido.

Siento que esta moción no se apruebe por unanimidad, que sería lo suyo, y es lo que me hubiera gustado, pero, insisto, el objetivo está logrado. Hoy hemos hablado aquí de un asunto muy complejo, de un fenómeno muy opaco —digan determinadas personas lo que digan—, que tiene mucho que ver con los servicios sociales y con la dignidad humana, y en estas cuestiones hay que tener una visión a medio y largo plazo. Es importante actuar, no me cabe la menor duda, pero también lo es pensar, reflexionar y ver qué políticas queremos establecer en el futuro.

Y, desde luego, hay muchos temas de los que hablar respecto a los mayores, pero he de decirles que ni las personas mayores constituyen un grupo homogéneo, ni se puede hablar en una moción de todas las cuestiones que afectan a las personas mayores, porque sería una irresponsabilidad. Hoy estamos hablando del maltrato y estamos poniendo sobre la mesa un asunto, insisto, de suma importancia.

Es verdad que no hemos podido en esta ocasión aceptar las enmiendas que ustedes nos han planteado, pero ya he dejado bien claro que una moción no puede servir de instrumento para intervenir en los presupuestos. Hoy estamos hablando de lo que estamos hablando, ya tendremos ocasión de hablar de presupuestos.

Al senador Cazalis quiero agradecerle su felicitación. Siento que las medidas que propone el PP no sean de su agrado y que se abstenga en una moción de esta importancia.

Señora Almiñana, por lo menos hemos conseguido que usted hable de Japón. También ha hablado de un grupo étnico minoritario en nuestro país por el que trabajo muy seriamente, que es la etnia gitana, y me alegra que los haya nombrado porque tienen muchas cosas que enseñarnos. Me alegra que haya hablado de la solidaridad intergeneracional, en la que creo profundamente. Pero a lo que usted me plantea, tengo que decirle que no estamos de acuerdo con sus políticas, es obvio. Es obvio que estamos en formaciones distintas y que creemos en políticas distintas. Por tanto, señora Almiñana, muchas gracias por su intervención, que ha sido muy constructiva.

A la representante de Convergència i Unió le agradezco mucho que nos informe sobre lo que se está haciendo en Cataluña, que siempre ha trabajado muy rigurosamente en los asuntos de servicios sociales, hay que reconocerlo porque así es. Pero tengo que decirle que hay otras comunidades autónomas que están trabajando con rigor y que hoy no van a poder explicarlo; estoy pensando en Castilla y León y en la Comunidad de Madrid, a la que represento en esta Cámara. Pero no estoy de acuerdo con que en su intervención nos haya hablado de asuntos variados y que haya aprovechado el maltrato a los mayores para llamarnos desleales, haciendo alusión a la sesión de ayer. Si empezamos a hablar de deslealtades, probablemente tendríamos nosotros mucho que decir, pero no es el momento. Estoy defendiendo que se hable del maltrato a los mayores y no seré yo quien entre en un asunto que usted ha planteado y que en esta ocasión está absolutamente fuera de contexto.




Página 12309


A la señora Andrés, del Grupo Socialista, quiero decirle que nosotros no tenemos ningún ministro que tenga que lavarse la cara ni que necesite que se la lave esta senadora, o sea que no busque intenciones retorcidas en mi moción, porque en ningún caso voy a lavar la cara de nadie, ya que solo quiero hablar de una cuestión que considero importante. Siento mucho que utilice términos como cómplices, porque la palabra cómplice entraña un sentido bastante despectivo, bastante serio, y en este momento, como usted bien ha recordado, estamos en una situación difícil en relación con la corrupción y suena cuando menos muy mal, y no se lo puedo aceptar.

Señoría, nosotros no pretendemos nada más que defender a nuestros mayores y trabajar por ellos y, desde luego, no le puedo consentir que nos llame maltratadores. No somos nosotros los maltratadores. Eso no lo puedo admitir y no lo voy a admitir, ni en mi nombre ni en el del Grupo Parlamentario Popular. Por otro lado, tampoco puedo admitirle una afirmación que ha hecho y que le rogaría que explicara, o que se retractara, porque aquí nadie expolia el fondo de la Seguridad Social. Usted ha hecho una afirmación muy dura, una afirmación muy irresponsable, y quiero creer que no conoce el tema del que está hablando. El Grupo Popular no acepta lo que usted nos ha planteado.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular, como el Gobierno de la nación en este momento, se ha comprometido con los mayores desde el inicio de esta legislatura y desde mucho tiempo antes. Ya en la comparecencia de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y me estoy remontando a mayo del 2012, se hablaba de la actuación de su departamento y de la importancia que iban a tener los mayores. Diversas han sido las iniciativas parlamentarias que hemos presentado referidas a los mayores. Nosotros estamos trabajando y no olvidamos a las personas, porque queremos que las personas sean el centro de nuestras políticas. Y ahora, en consonancia con los síntomas de mejora económica, el Gobierno se ha propuesto impulsar las políticas sociales a través de la agenda social. Pretendemos, les guste a ustedes o no, defender una sociedad en igualdad y cohesionada. Desde luego, negamos claramente el concepto de igualdad desmantelada de la que les gusta hablar a ustedes. Aquí no hay ninguna igualdad desmantelada. Nosotros estamos trabajando, insisto, por una sociedad cohesionada, porque he de recordarles que el paro se multiplicó por 2 en la etapa socialista, señoría.

Para el actual Gobierno de España lo verdaderamente importante, insisto, son las personas, y por ese motivo defiende, en el caso de las personas mayores, que reciban el mejor trato posible; defiende fortalecer el ejercicio pleno de sus derechos individuales y sociales y defiende la participación activa, indispensable en nuestra sociedad. Se hace, por tanto, necesario, un trabajo integral, transversal e inclusivo. Se hacen necesarias acciones de sensibilización dirigidas a la sociedad en general y a los profesionales sociosanitarios en particular, así como a las personas mayores, para promover la ruptura del silencio.

Aunque a la señora representante del Grupo Socialista no le guste la sensibilización, es absolutamente imprescindible. Debemos implicarnos en la detección y prevención de los casos ocultos, y esto solo se puede conseguir formando a profesionales con una disciplina multidisciplinar, lo que solo se logra con políticas de prevención y de sensibilización. Siento mucho que estén ustedes en contra de las políticas de sensibilización. Señorías, este y no otro es el objeto de esta moción. Represento en esta Cámara a una comunidad, la de Madrid, que tiene un millón de personas con más de 65 años. Conozco los problemas y soy muy consciente de que queda mucho por hacer. Tenemos que seguir trabajando, pero, señorías, no aprovechen una moción de estas características como instrumento para conseguir otros fines.

Muchas gracias, presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

6.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA FOMENTAR LAS DONACIONES DE ÓRGANOS Y MOSTRAR SU RECONOCIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES (ONT) POR REVALIDAR POR VIGÉSIMO SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO EL LIDERAZGO MUNDIAL EN TRASPLANTES.

(Núm. exp. 662/000161)

AUTOR: GPP

El señor vicepresidente, Lucas Giménez, da lectura al punto 6.2.




Página 12310


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): A esta moción se han presentado dos enmiendas: una del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y otra del Grupo Parlamentario Socialista. Hay una propuesta de modificación firmada por todos los grupos, a excepción, precisamente, de los grupos autores de las 2 enmiendas, es decir, Entesa y Grupo Parlamentario Socialista, enmiendas que, por consiguiente, siguen vivas. Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Alarcó.

El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en esta noble actividad de la política, que está pasando por malos momentos, uno tiene la gran satisfacción de presentar ante la Cámara una moción que creo que engrandece a un país. Se trata de algo dedicado al mundo de los trasplantes. Esa satisfacción, en el caso concreto del que les habla, si cabe, es doble, porque tengo la fortuna de dedicarme en un país como este, desde el año 1987, al mundo del trasplante y a la cirugía de los trasplantes.

Creo que una vez más —debo decirlo en estos momentos y espero poder decirlo al final de esta moción— el Senado está a la altura de las circunstancias. Hemos sido capaces en muchos momentos de traer mociones que la ciudadanía nos pide y que hemos aprobado por unanimidad, por ejemplo, sobre el suicidio, la pederastia o el excedente alimentario, y espero que así suceda con esta de los trasplantes.

Para presentar esta moción ante ustedes se me ocurre relatar una historia; no un cuento, una historia. Hace exactamente veinticinco años, en un mes como el que estamos viviendo, la sanidad pública española decide encargar a un nefrólogo, por cierto, de estatura pequeña, pero de corazón muy grande, Rafael Matesanz, una organización dedicada al fomento y organización, como su propio nombre indica, de los trasplantes. Ha sido una historia muy grande y la hemos escrito entre este país y todos los ciudadanos que viven en él, españoles o no, y creo que todos debemos sentirnos muy orgullosos. Y ese mundo del trasplante está esperando que una Cámara legislativa como el Senado también le dé su respaldo y apoyo, pero además intenta conseguir ser el número 1 del mundo en donación.

Esa persona, Rafael Matesanz, al que nombraré muchas veces, consigue, junto al resto, lo siguiente. A estas alturas de la película, o sea veinticinco años después —y se celebró un acto institucional muy bonito en el ministerio que contó con la presencia de nuestra reina, de todos los trasplantados y representantes de las familias—, entre todos hemos conseguido lo siguiente: que medio millón de ciudadanos que viven en este país estén vivos gracias a un donante; que, con los aproximadamente 4600 trasplantes realizados este año, hayamos conseguido ser el número 1 del mundo en trasplantes; que la Organización Nacional de Trasplantes española sea un modelo en todo el mundo, de hecho nuestro modelo va a ser copiado en el ámbito europeo para conseguir que el mundo del trasplante esté donde tiene que estar; que haya una hoja de ruta de funcionamiento en la que el 60 % de nuestros donantes tengan más de 60 años. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia). Hemos conseguido que este año se hayan hecho 382 trasplantes de vivo a vivo. Pero, además, entre todos hemos logrado que el número de accidentes de tráfico haya disminuido de forma drástica —en este momento el donante por accidente de tráfico no llega al 4 %—, por lo que resulta necesario buscar otras fórmulas claras y concretas para conseguir donantes. Por eso hay que abrir las opciones, y ya se ha hecho. Este año ha habido 382 trasplantes de donante vivo en este país; más de 300 ciudadanos han cedido un órgano en vida poniendo en riesgo su capacidad física para que otros puedan vivir.

Pero, además, entre todos hemos conseguido que la ONT sea premio Príncipe de Asturias. Entre todos hemos conseguido ser los primeros del mundo durante veintidós años consecutivos. Y creo que esto debería hacer que una Cámara legislativa como el Senado se implique para darle el apoyo masivo que podamos desde el punto de vista legislativo y también económico. Este es el resumen de una historia de 25 años; una historia de la sanidad pública española escrita por todos y protagonizada por todos los ciudadanos que vivimos aquí.

Dicho esto, ¿qué hemos conseguido o qué pretendemos con esta moción? Pues con esta moción lo que pretendemos es: primero, ofrecer nuestro apoyo; segundo, implicar a una Cámara legislativa como el Senado en el proceso del mundo de la donación y el trasplante; y tercero, hacer un homenaje permanente. ¿Pero en qué orden? Pues con un orden muy sencillo: primero, a todos los donantes y sus familias, que en un momento realmente difícil han sido capaces —los




Página 12311


donantes de vivo a vivo, estando vivos, y los donantes cadáver, que son la mayoría de los trasplantes— de ceder sus órganos para que otros puedan vivir en este momento. Segundo, a los profesionales de la sanidad y a todas las personas que lo han hecho posible, que son miles y miles de ciudadanos; no olviden ustedes que mayoritariamente el mundo de la donación y del trasplante se basa en el anonimato; se mantienen en un discreto segundo plano, pero gracias a ellos se consiguen resultados importantes. Como digo, hemos conseguido hacer un homenaje a los profesionales sanitarios, que van desde el portero de un hospital hasta el conductor de una ambulancia, el anestesista, el cirujano, el que pilota el helicóptero, etcétera; todos ellos son claves en esta tarea y se merecen que en una Cámara como esta planteemos en este momento, veinticinco años después, una moción en estos términos. Y tercero, este homenaje también debe hacerse extensivo, por qué no decirlo —creo que es muy importante—, a los maestros que lo han permitido. Por cierto, hay que decir —yo, desde luego, lo hago público siempre que puedo— que los maestros del mundo del trasplante están radicados en Cataluña. Yo he tenido la oportunidad de formarme en el mundo del trasplante, no solamente en Estados Unidos, sino en el Clinic de Barcelona, y no puedo dejar de decir que el número uno —además, en años— en el mundo del trasplante nace de Cataluña. Son muchos a los que habría que nombrar, pero, en concreto, quiero citar al profesor Laureano Fernández Cruz, que es el número uno del mundo o de los más importantes del mundo en trasplante de páncreas, que lleva treinta años —escuchen ustedes, treinta años, antes que la ONT— haciendo trasplantes de un órgano tan delicado como el páncreas y con éxitos muy importantes. Y también debo mencionar, sin duda, a Rafael Matesanz. Es poco lo que digamos en esta Cámara sobre su persona: es nefrólogo, trabajador, pequeño de altura, pero que ha conseguido con todos los gobiernos que hemos tenido desde hace 25 años ser el que lidere el proceso de la Organización Nacional de Trasplantes. El Partido Popular y todos los compañeros de todos los partidos de esta Cámara hemos brindado en esta moción un homenaje de forma clara y contundente.

Eso es lo que pretende la moción, esto que estamos contando, no otra cosa, y yo creo que no es poco.

A pesar de todo esto, es evidente que tenemos listas de espera de candidatos a ser trasplantados. Es así. Es un signo real, pero también es un signo de que en la sanidad pública española la morbimortalidad de los ciudadanos españoles es de las mejores del mundo. El varón tiene una expectativa de vida de 84 años de media y la mujer, de 85 años. Es la mujer con más expectativa de vida del mundo, después de la mujer japonesa, que nos gana en un año. Y todo esto es gracias a muchas cosas, pero una de ellas es el sistema público muy potente que nos hemos dado entre todos y, sin duda, una calidad de vida muy potente. Pero hay que seguir, esa lista de espera ha de seguir. Sepan ustedes que España tiene el índice más bajo de negación de órganos, no llega al 15 %. Quiere decir que de cada cien veces que en ese momento crítico se pide a la familia que sean donantes de órganos, solo se niegan quince —no llega a dieciséis—. Eso es algo importantísimo. Y en España hay 34,2 donantes por 1000 habitantes. Es una cifra debida a muchas cosas, pero, sin duda, es característica y define claramente a esta marca España, a esta ciudadanía española, que consigue, con su generosidad, crear vida.

Trabajemos juntos por la vida, es el eslogan. Menudo eslogan más contundente, más definitorio y, por cierto, más apolítico. Porque esta moción no tiene ni un gramo de ideología, no la va a tener, no la puede tener. A mí me apasionan las ideologías, pero no es el momento de hablar de trasplantes que discriminen por ideología. Y estoy convencido de lo que estoy contando. Me encantan las ideologías, creo en ellas, pero no es el momento.

Hay listas de espera, sí, pero existen porque la morbimortalidad es inferior, porque los accidentes de tráfico no aportan sino el 4 % —que es muy bueno—, porque la medicina preventiva que se está haciendo en la sanidad en general y en la pública en particular es muy buena y permite hacer diagnósticos precoces, lo que hace que el número de donantes sea muy inferior al que había antes. Nos alegramos —y yo, personalmente— de que sea así, pero hay que buscar otras vías. Y las otras vías también están fomentadas por la ONT —Organización Nacional de Trasplantes— y, entre otros, están los donantes vivos. Es verdad que no de todos los órganos se puede donar: el hígado sí; el pulmón no; el páncreas no; sí el riñón y otros muchos órganos y células —el corazón no evidentemente—. ¿Qué hay que buscar? También en la ONT y en la sanidad pública estamos detrás de otra vía muy importante que es la de las células madre, que es un proceso irreversible




Página 12312


—no las células embrionarias, las células madre, maduras—, que están permitiendo, en estos momentos, realizar implantes que evitan trasplantes, como es el caso del páncreas.

En definitiva, el relato de esta pequeña historia de algo tan grande que hemos conseguido entre todos, como es la Organización Nacional de Trasplantes, merecía una moción como esta para la que espero conseguir el apoyo unánime de todos los grupos y así trasladar a toda la sociedad que el Senado, que las cámaras legislativas se implican en un proceso de reconocimiento, fomento y aumento de algo tan importante como es todo aquello para dar vida.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidenta.

En primer lugar, quiero agradecer los esfuerzos del senador Alarcó por intentar consensuar una transaccional. Si no fuera por una frase, diría yo, estaríamos encantados de firmar esta enmienda transaccional, pero usted sabe que las palabras estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera nos impiden hacerlo. Como nosotros no estuvimos de acuerdo con esa ley y votamos en contra, por ese motivo no podemos estar de acuerdo ahora con una transaccional que se escuda en esas palabras para no garantizar un acuerdo económico.

Nuestra enmienda simplemente pretendía que no se realizaran ajustes en los presupuestos sanitarios de 2015 que hacían referencia directa a los programas de trasplante. Y aunque durante los últimos 4 años los presupuestos referidos a este ámbito no se han recortado de la misma forma que otras partidas, sí han tenido un pequeño decrecimiento. Por tanto, considerábamos que era bueno que se incluyera nuestra petición.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes.

En primer lugar voy a empezar mi intervención —para que no haya ni una sola duda— expresando en nombre del Grupo Parlamentario Socialista nuestro agradecimiento y reconocimiento a la labor que realiza la Organización Nacional de Trasplantes, representada por Rafael Matesanz, por su liderazgo, nacional e internacional, y por los numerosos premios que ha recibido en los ámbitos nacional e internacional. Por tanto, señorías, reconocimiento y agradecimiento. También a los miles y miles de personas que donan órganos por su generosidad y su solidaridad. Agradecimiento y reconocimiento a la Organización Nacional de Trasplantes por el trabajo que está realizando en colaboración con los diferentes centros, y reconocimiento a los miles y miles de profesionales, porque es verdad que lo están haciendo muy bien a pesar del Partido Popular y a pesar de la incompetente ministra de Sanidad que tenemos. Por ello, mi doble agradecimiento y reconocimiento. Ahora bien, eso nada tiene que ver con lo que ha intentado hacer aquí el senador Alarcó al exponer esta moción, que ha sido casi culpabilizar a los grupos políticos de si no somos capaces de que el Senado apruebe por unanimidad esta moción. No, mire, el Grupo Socialista ha realizado todos los esfuerzo posibles, y hemos presentado una enmienda. Como ya le hemos dicho en varias ocasiones, creemos que el Senado no está para hacer loas al Gobierno, sino para poner en marcha medidas de mejora de la calidad de la vida de las personas. Por tanto, le pedíamos un mínimo compromiso presupuestario y decíamos que, al menos, como el del año 2011. Porque aunque usted lo niegue, yo tengo aquí los presupuestos del año 2011 y los del año 2015, y los presupuestos de la partida 105, referida a la Organización Nacional de Trasplantes, disminuyen. Por tanto, considerábamos que era una enmienda que ustedes podían asumir y así dar entre todos ese reconocimiento a la organización.

Pero lo que dice la moción es que se fomente la donación de órganos. ¿Y cómo se fomenta, con menos dinero que en el año 2011 y más objetivos? He sacado los objetivos de la Organización Nacional de Trasplantes y he podido comprobar que tienen más objetivos pero menos recursos. Al final, como siempre, los recursos los pondrán las comunidades autónomas.




Página 12313


Por tanto, creo que ese es el debate, no culparnos de que no seamos capaces de aprobar una moción por unanimidad. No hay que mezclar las cuestiones.

Senador Alarcó, es verdad que usted ha puesto empeño, y se lo agradecemos. Y la exposición de motivos, la compartimos. ¿Quién no va a compartir esa exposición de motivos? Pero, señoría, queremos compromisos. Llevamos ya demasiado tiempo en que las únicas mociones que se presentan en la Cámara sobre temas sanitarios no suponen ningún compromiso concreto y lo que intentan es la lavar la imagen de este ministerio, que ustedes saben —y lo saben muy bien— que no comparten los profesionales, ni la ciudadanía ni los demás grupos políticos, con todas las medidas de recortes y copagos que están implantando a través del Real Decreto 16/2012 —porque esa es la realidad— y disminuyendo las transferencias a las comunidades autónomas, que, al final, es verdad que son las que tienen la capacidad de gestionar, pero también necesitan el liderazgo del ministerio, que ustedes saben que no lo tienen.

Por tanto, nos hubiera gustado que ustedes hubiesen aprobado esta enmienda.

No podemos aceptar la transaccional porque, cuando ustedes hablan de estabilidad presupuestaria, sabemos a qué se refieren: a más recortes y a más copagos. Y no nos digan que les obliga Europa, porque Europa no obliga respecto de dónde tienen que recortar. Señorías, a good idea: podrían ahorrarse los 4000 millones de euros por rescatar a las autopistas, por ejemplo, o persiguiendo a los defraudadores. A ustedes no les gusta que les digamos estas cosas, pero esa es la realidad.

Por lo tanto, les pediría que hicieran un esfuerzo y aprobasen la enmienda que hemos presentado los distintos grupos políticos, y que ustedes solo quiten de su enmienda lo del principio de estabilidad presupuestaria. De verdad, creo que vale la pena que hagan ese esfuerzo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para indicar si acepta las enmiendas presentadas, tiene la palabra el senador Alarcó.

El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Este es un tema un poco anacrónico. Se presentan unas enmiendas de adición a una moción, a esas enmiendas se presenta un texto alternativo, pero ese texto alternativo no se acepta.

La senadora Encarnación Llinares habla de lavar la cara. ¿Qué tendrá que ver lavar la cara? Si quieren, un día hablamos de sanidad, hablamos del ministerio, de todos los ministerios. Hoy estamos hablando de reconocimiento y también de apoyo.

Señora presidenta, no se trata de si acepto o no las enmiendas, es que el grupo socialista no firma ni la propia enmienda de adición. Hay una transaccional clara y contundente que mejora nuestra proposición —digo claramente que ha ayudado a mejorarla—, pero no ha sido firmada.

Nosotros no estamos haciendo culpable a nadie; no es nuestra costumbre. Yo le estoy hablando de forma honesta y seria de que me parece un poco absurdo —sin culpabilizar a nadie— desmarcarse de una enmienda que, gracias a las proposiciones que ustedes hicieron, añade lo siguiente —y leo textualmente; evito la primera parte—: «Para ello,...» —para la moción que nosotros proponemos—, «... se dispondrá de todos los medios económicos necesarios para la consecución de dichos fines dentro del respeto a los principios de estabilidad presupuestaria...» —expresión que, por lo que veo, no es asumible— «... y sostenibilidad financiera». Señorías, decir esto es de pura responsabilidad y decir «todos los medios económicos necesarios» es un compromiso formal económico. Creo que la Cámara sabe que esto que estamos diciendo no es baladí: mejora nuestra moción y es un compromiso formal.

La diferencia entre decir y hacer también hace diferentes a los políticos. Una cosa es decir y otra hacer.

Señora senadora del Partido Socialista, si usted dice que está a favor del mundo de los trasplantes, que quiere fomentarlos, que quiere ayudarlo, que quiere reconocerlo, no introduzca criterios sobre si queremos lavar la cara a la ministra de Sanidad. ¿Qué tiene eso que ver con el mundo del trasplante? ¿Por qué no colocamos las cosas en su sitio y así ganamos credibilidad para esta actividad política, que está absolutamente degradada —por cierto, de forma injusta—? Es verdad que tendremos que estar permanentemente pidiendo perdón por si hacemos las cosas mal y perjudicamos a alguien, pero, por favor, no mezclemos las cuestiones, porque este es un tema muy serio. Es como decir que traemos una moción sobre el suicidio y lo que queremos es




Página 12314


lavarle la cara a la ministra de Sanidad. Vamos a ver... Gracias a Dios la aprobamos todos, y digo gracias a Dios porque recibí formación cristiana en el colegio y todavía me queda ese ramalazo, aunque practico la duda metódica —y lo debo decir claramente—, y cuantos más años tengo, más la práctico. ¿Qué tendrá que ver...? Me parece absolutamente injusto, inapropiado —y no la culpabilizo de nada— siendo usted legítima representante de millones de ciudadanos del Partido Socialista, no me parece adecuado que se desmarque de una moción que no tiene ninguna ideología y que lo único que pretende es refrendar la historia que le he contado, que no es un cuento. Repito, me parece absolutamente injusto y utilizo la palabra abyecto, porque no tiene que ver una cosa con la otra, y podremos utilizar otro tipo de mociones políticas puras —en las que creo— para decir si es bueno, si es malo o si no es bueno.

Por tanto, señora presidenta, lo cierto es que hemos firmado una transaccional todos los grupos de la Cámara, salvo dos, y es la que estamos defendiendo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

En todo caso, entiendo que la transaccional está firmada por varios grupos.

El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Está firmada por cuatro y, en consecuencia, estoy defendiendo una transaccional. Pero nunca he vivido otra situación igual en los 8 años que llevo en una Cámara legislativa, así que quizá estemos viviendo una moción histórica por ese motivo.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por tanto, se mantienen las enmiendas presentadas.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

Turno de portavoces.

¿Desea hacer uso de la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Arratsalde on.

Pensaba intervenir desde el escaño, pero he bajado a la tribuna porque no me parece muy adecuado hacer un reconocimiento a la Organización Nacional de Trasplantes con este panorama.

Senador Alarcó, felicidades por su exposición —siempre le felicito y hoy también lo voy a hacer—.

Podríamos entrar en la discusión de la senadora Llinares, que es un poco parecida a la que hemos mantenido en la anterior moción, pero en este caso nosotros no lo vamos a hacer porque precisamente se trata del reconocimiento a la Organización Nacional de Trasplantes, que es lo que es, una organización completa, una organización de éxito desde hace 25 años, lógicamente por la generosidad de los donantes —si no, no haría falta que tuviésemos ningún tipo de organización—, pero también por el empeño y el trabajo de todos los profesionales sanitarios —como usted ha dicho, desde el principio hasta el final del proceso— y por su enorme nivel científico y profesional en todos los niveles asistenciales, lo que además ha servido para multiplicar por un factor muy alto lo que se haya podido invertir en este tema.

Creo que a nosotros no nos debería preocupar tanto si se es líder mundial o no —mejor, pero la realidad es que eso puede ser un accesorio—, ni tampoco qué comunidades están mejor o más o menos sensibilizadas. Lo que sí nos gustaría es que el objetivo fuera que todas las comunidades llegaran al menos a los 40 donantes por millón de habitantes como objetivo óptimo de donación, y si los superan, mejor. Lo que nos debería preocupar —y yo creo que es en lo que nos tenemos que empeñar, y cada uno a su nivel, y esta Cámara también— es en que el sistema siga funcionando; que los sistemas de salud —los diferentes sistemas de salud del Estado— sigan apostando e invirtiendo; que el Sistema Nacional de Salud, con su consejo general, siga trabajando en esto, y que, al final, no bajemos la guardia por dinero, porque esto no se paga. Simplemente, no se puede pagar; y si no se puede pagar, no tenemos que escatimar medios.

Estoy de acuerdo con la senadora Llinares en que hubiera estado bien que hubiéramos llegado a un acuerdo económico mayor, pero, en nuestro caso, ha primado el reconocimiento a la ONT y a sus profesionales. Por eso, vamos a votar a favor.

Muchas gracias, señora presidenta.




Página 12315


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidenta. Buenos mediodías a los presentes.

Vaya por delante todo mi reconocimiento y todo mi apoyo al mundo del trasplante. Vaya por delante el trabajo bien hecho por la Organización Nacional de Trasplantes durante estos 25 años. Pero voy a intentar en esta exposición, señor Alarcó, demostrarle —no sé si lo voy a conseguir, porque tengo que reconocer que es usted un buen parlamentario; por lo tanto, seguro que en su turno de réplica me podrá contestar— que, aunque pretenda que esta moción no sea política, todas lo acaban siendo. Porque es aquello tan complicado que la gente dice muchas veces de que yo soy apolítico. Eso no existe; todos hacemos política y tenemos consideraciones políticas.

Mire, fíjese, yo estoy de acuerdo con usted en que los trasplantes son la mayor inversión en el desarrollo de las especialidades médicas y quirúrgicas; en que apostar por los trasplantes ha mejorado la capacidad de todas las especialidades que se mueven alrededor de un trasplante —de los neumólogos, de los digestólogos, de los cirujanos, de los anestesistas—, porque no hay que olvidar que, desde el primer trasplante hasta hoy, ha cambiado muchísimo lo que se hace dentro de un quirófano, cómo se aborda a esos pacientes y de qué manera. Y todo esto ha sido gracias a la inversión y al esfuerzo de los profesionales y del Estado, sin duda. Porque se sabe que en cualquier hospital que hace trasplantes se estudia, se invierte y se trabaja por ese objetivo, y eso hace que sea mejor el hospital. Porque es importante invertir en I+D+i ya que también estamos haciéndolo en trasplantes.

¿Qué nos pasa con esta moción, y no con su intención —déjeme que se lo digo así de claro— y ni mucho menos con su exposición? Lo que pasa es que el Gobierno del Partido Popular no es creíble en sanidad, porque, para ello, para creer que ustedes de verdad quieren apostar por una sanidad pública de nivel y de calidad, hay que invertir en I+D+i, y ustedes no lo han hecho. Hay que invertir en la sanidad pública, y algunas comunidades que se han hecho famosas últimamente están desmantelando hospitales públicos. Hay que crear recursos y aumentar y dotar de recursos humanos los hospitales públicos, y estas cosas en muchas comunidades, debido a los recortes, se han visto mermadas en los últimos tiempos. ¿Y todo esto tiene que ver con el trasplante? Pues sí, tiene que ver con el trasplante, porque no invertir en I+D+i perjudica al trasplante; no invertir en recursos humanos, perjudica a los profesionales del trasplante; y no apostar al cien por cien por la sanidad pública hace que los hospitales públicos reciban menos presupuestos; también el Clinic; cualquier hospital público recibe menos presupuesto. Y los hospitales públicos de tercer nivel que se dedican, entre otras, a los trasplantes, al recibir menos dinero, poco a poco, aunque intentan no mermar la calidad gracias al esfuerzo de los profesionales, sí que es verdad que cada vez tienen más dificultades.

Usted nos está diciendo que es una moción apolítica. Hombre, es apolítico que todos estamos absolutamente de acuerdo en reconocer el esfuerzo y el trabajo que ha hecho la Organización Nacional de trasplantes. Y le voy a decir más: precisamente su Gobierno en esa partida no ha recortado mucho, lo tengo que reconocer, pero ha recortado de otra forma la sanidad, y eso no me lo puede negar, porque lo estamos viendo día a día. Y le voy a poner solo tres ejemplos de los resultados de la reforma sanitaria que empezó la ministra Mato en 2012: hay 800 000 personas sin cobertura sanitaria —son resultados—; dos de cada 10 pensionistas deciden no comprar un medicamento porque no pueden asumir el copago; y han aumentado las listas de espera. Y, ¿tiene algo que ver esto con el trasplante? Pues, hombre, poco, porque afortunadamente lo que sí que se ha garantizado en la mayoría de las comunidades autónomas es que los enfermos graves continúen siendo prioritarios en muchas listas de espera. Pero no me puede decir que todo esto no tiene nada que ver con los trasplantes. Siento decirle que sí, no con los profesionales, por supuesto que no, pero sí con las políticas sanitarias.

No podemos pensar que las cosas van por separado en la vida. Todas, nos guste o no, acaban confluyendo. ¿Ha oído hablar usted de la sociedad líquida? Pues la ciencia es muy líquida; lo que se recorta por un lado, afecta a otro. No es verdad que se pueda dejar de hacer una cosa, y que eso no tenga consecuencias. No, señorías. Si se deja de hacer una cosa en sanidad, eso acaba implicando a muchos niveles, y uno de ellos pueden ser los trasplantes.




Página 12316


Con todo esto no quiero decir —repito— que no compartimos su moción, en la que se hace un reconocimiento explícito a los profesionales y al mundo del trasplante, que han trabajado durante todo este tiempo y que, además, han conseguido que España sea un país pionero en esta técnica, y lo ha sido cuando, como usted muy bien ha dicho, ha disminuido el número de accidentes de tráfico, que desgraciadamente fue una de las razones por las que al principio fuimos expertos.

Y dicho todo esto, creo que muchas veces ustedes —y déjeme que le ponga un ejemplo—, cuando señalan la luna, o se quedan mirando el dedo, u olvidan que si la luna es la sanidad que todos queremos, sus recortes nos la están eclipsando.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, señora presidenta.

Senyories, en primer lloc, voldria agrair el tarannà del senyor Antonio Alarcó, el seu interès i la seva manera de treballar que posa fàcil si més no el parlar dels temes. També vull agrair-li la proximitat que té en el tema. Defensem moltes vegades la proximitat per solucionar problemes i en aquest cas queda palès que, des de la proximitat, la sensibilitat es fa més gran.

Miri vostè, en la moció d’abans hem tingut ocasió de veure que he estat crítica les polítiques generals del seu grup parlamentari i de com tractaven les possibilitats que les comunitats autònomes teníem per desenvolupar aquelles competències que tenim. I, certament, ho estat. La diferència en aquest cas, i vull dir-li, és que en aquest cas concret les partides han estat respectades i és cert que el tema i la manera com ha estat proposta la pròpia moció, en la qual parla de coordinació i té en compte el paper de les comunitats autònomes, ens fa estar d’acord en aquesta doble vessant. Primer, el tema, i després, aquesta falca que hi ha en quant a les competències que tenim atribuïdes les comunitats autònomes.

Dit i això, —i em faig molt pesada sempre en defensar les nostres competències, tan pesada com es fa el Grup majoritari del Partit Popular en intentar envair-les, i per tant seguirem sent bel·ligerants en això— en aquest cas ens sumem en aquest reconeixement, com no pot ser d’una altra manera a l’Organització Nacional de Transplantaments per una feina que es ve fent des de fa molt de temps i que queda avalada pels resultats. A més a més, la participació de les comunitats autònomes i dels professionals en el si del consell interterritorial del Sistema nacional de Salut, en aquest cas, és cert que s’estan fent molt esforços, s’està fent bona feina, no s’està escatimant voluntat de treballar i sumar per aconseguir objectius i, aquesta coordinació, que és l’èxit d’aquest sistema, és per una banda estatal, per altra banda autonòmica i per altra banda hospitalària, ha de seguir així. Vull dir-li, i repetir, i em faré pesada, que nosaltres vetllarem per tal que els acords presos en el si d’aquest Consell Interterritorial per vetllar per aquesta participació de tots els territoris i de les diverses feines que s’hi fan, nosaltres serem bel·ligerants perquè se segueixi fent com fins ara.

Dit això, només em queda reconèixer una altra vegada la feina d’aquesta Organització Nacional de Transplantaments, de tots els professionals, i donar una agraïment per part del meu grup parlamentari a totes les persones donants i als seus familiars per la generositat d’aquest gest i també a tots els professionals que participen en aquest procés de donació, coordinació i intercanvi d’òrgans.

Res més, espero que tots plegats continuem fent una bona feina amb un tema que supera la voluntat de territoris o de política. I ja li he dit que, sense renunciar a defensar polítiques de salut que nosaltres pensem que han de ser justes amb els territoris, en aquest cas penso que podem despullar-nos d’aquest contingut que portem, tal com deia la senadora Almiñana, podem despullar-nos de la voluntat política per sumar-nos en un tema prou important, un tema en el que s’està fent bona feina, que està donant resultats i no serem nosaltres els que posem pals a les rodes perquè continuï sent així.

Moltes gràcies.

Señorías, en primer lugar quisiera agradecer el talante del señor Alarcó, su interés y su forma de trabajar y que pone las cosas fáciles a la hora de debatir los temas. También quisiera agradecerle su proximidad con este tema y cómo la utiliza para resolver problemas. En este caso está claro que la sensibilidad es incluso mayor.




Página 12317


En la moción anterior hemos tenido la ocasión de ver lo crítica que he sido respecto de las políticas generales de su grupo parlamentario y de cómo trataban las posibilidades que las comunidades autónomas tenemos para desarrollar nuestras competencias. Sin duda lo he sido. La diferencia en este caso es que las partidas se han respetado, y es cierto que el tema y la forma en cómo se ha propuesto la moción, que habla de coordinación y de toma en consideración del papel de las comunidades autónomas, hace que estemos de acuerdo en esta doble vertiente: primero, en el tema y, segundo, en el respeto a las competencias atribuidas a las comunidades autónomas.

Dicho esto —y sé que soy pesada defendiendo nuestras competencias, tanto como lo es el Partido Popular invadiéndolas; nosotros vamos a seguir siendo beligerantes en este punto—, queremos reconocer a la Organización Nacional de Trasplantes la labor que desarrollan desde hace mucho tiempo y que viene avalada por resultados, además de la participación de las comunidades autónomas y de los profesionales en el seno del Consejo Interterritorial de Salud. En este caso es cierto que se están haciendo muchos esfuerzos, que se está haciendo un buen trabajo. No se está escatimando voluntad de trabajar de forma conjunta para alcanzar objetivos. Y esta coordinación creo que es el éxito de este sistema; una coordinación, por un lado, estatal, por otro lado, autonómica y por otro, hospitalaria, lo que hace que no debamos alejarnos de ella. Ahora bien, quisiera repetir —y seré pesada— que vamos a velar por que se cumplan los acuerdos tomados en el seno de este consejo interterritorial, vamos a velar por la participación de todos los territorios y de las distintas instancias que están trabajando, y vamos a ser beligerantes para que las cosas se sigan haciendo como hasta ahora.

Dicho esto, solo me queda reconocer una vez más el trabajo de esta organización de trasplantes, de todos los profesionales. Y quiero agradecer en nombre de mi grupo parlamentario a todas las personas donantes y a sus familiares la generosidad de este gesto, así como a todos los profesionales que participan en este proceso de coordinación, donación e intercambio de órganos.

Espero que juntos sigamos haciendo un buen trabajo en un tema que supera la voluntad de territorios y que va más allá de la voluntad política. Aunque ya he dicho que sin renunciar a defender políticas de salud que nosotros creemos que tienen que ser justas con los territorios, en este caso creo que podemos desnudarnos de este contenido que llevamos, como ha dicho la senadora Almiñana. Nos desnudamos libremente de esta voluntad política para sumarnos a un tema suficientemente importante, un tema en el que se está haciendo un buen trabajo, con buenos resultados, y no seremos nosotros quienes pongamos palos en las ruedas para que las cosas dejen de hacerse así.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, senadora Rivero.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, presidenta. Señorías.

Señor Alarcó, todavía estoy esperando que me diga por qué no ha aceptado la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que le voy a leer textualmente. Porque a su moción, con la que estábamos totalmente de acuerdo, no quitábamos ni una coma, añadíamos, además de fomentar la donación de trasplantes, fomentar la investigación y la formación de los profesionales, porque entendemos que son dos cuestiones importantísimas para continuar con el éxito que tenemos en esta materia. Pero es que además decía: «Así como a propiciar —a propiciar— el incremento de la partida presupuestaria para 2015 a la Organización Nacional de Trasplantes para situarla en términos equivalentes a la de los Presupuestos 2011. Al tiempo que el Senado manifiesta a la Organización Nacional de Trasplantes su reconocimiento por revalidar por vigésimo segundo año consecutivo el liderazgo mundial en trasplantes.»

Estoy esperando que nos diga por qué no ha aceptado esta enmienda. Es verdad que los presupuestos han variado poco, 20 000 euros, y usted por 20 000 euros no es capaz de aceptar una enmienda que mejora, y mucho, el texto de su moción, porque además de fomentar la donación de trasplantes, creemos que es fundamental la investigación, que supongo que usted que es un experto en la materia sabrá que es importantísima, así como la formación de nuestros profesionales.

Esta es una moción política, como todas, porque aquí se traen cuestiones prioritarias. Y nuestro grupo no le ha quitado, insisto, ni una coma a su moción. Díganos por qué no nos aceptó la enmienda, que supone un incremento tan solo de 20 000 euros para mejorar la formación, sobre todo, y para mejorar la investigación.




Página 12318


Estamos orgullosísimos de la Organización Nacional de Trasplantes y lo volveremos a repetir, porque además tengo que decirle que con el Gobierno socialista en el año 2010, estando en la Presidencia de la Unión Europea, se aprobó el Plan de acción para los años 2009-2015, un plan muy ambicioso. Por tanto, con todos los gobiernos, todo el mundo ha estado orgullosísimo de la Organización Nacional de Trasplantes. No le voy a permitir bajo ningún concepto que ponga usted en duda que porque no aprobemos una transaccional no estamos reconociendo el trabajo que hace la Organización Nacional de Trasplantes. Dígame por qué no acepta nuestra enmienda.

Y, senador, quiero decirle que sí que tiene que ver con la política y con la ideología. ¡Claro que tiene que ver! Tenemos un sistema nacional de trasplantes de orgullo —insisto en ello— y reconocimiento a nivel nacional e internacional porque tenemos un Sistema Nacional de Salud público, universal y accesible, aunque tengo que decir también que desde hace tres años es menos universal, menos accesible y de menos calidad. Y esa es una realidad. Por tanto, esta es una moción también política, y nuestro grupo ha considerado que presentando esa enmienda lo que hacíamos era mejorar el texto de la moción. Insisto, no intente cuestionar algo que nosotros no nos cuestionamos absolutamente para nada.

Voy a terminar diciéndoles, porque no quiero que la hipoglucemia nos juegue una mala pasada, que agradecemos a los profesionales una y mil veces su trabajo, a pesar del Partido Popular. Y vuelvo a insistir en ello. Ya sé que a ustedes no les gusta hablar de estas cosas, pero es que está todo relacionado. Estamos hablando de temas sanitarios, de prioridades políticas, y las prioridades políticas del Gobierno del Partido Popular no tienen nada que ver con las prioridades políticas que en temas sanitarios tienen el Grupo Parlamentario Socialista o el Partido Socialista. Y eso se ve muy bien, de forma clara y contundente, en los presupuestos. Porque ¿sabe lo que se dice en los presupuestos? ¿Sabe cuál es la letra, el objetivo, sin entrar ahora en partidas presupuestarias? Pues la letra dice que hay que avanzar en el plan de reformas que se ha remitido a la Unión Europea, plan de reformas que supone recortes en la universalidad y más copagos y repagos, y eso es política sanitaria. Y de eso estamos hablando hoy aquí, aunque usted no quiera hablar y diga que esta no es una moción ideológica. ¿Pero cómo no va a ser una moción política? ¡Si resulta que yo le pido a usted que me apruebe una enmienda en la que se apueste por la investigación y por la formación de los profesionales y usted no quiere hablar de ello! Si es que yo no le he quitado ni una sola coma a su moción. Yo he enriquecido con mi enmienda la moción.

Por tanto, vuelvo a insistir. Son solamente 20 000 euros. Fíjese qué poquito es. Creo que tenemos todavía la oportunidad de demostrar que somos capaces de consensuar en algo que todos los grupos parlamentarios y toda la ciudadanía está de acuerdo: el orgullo por los trasplantes y cómo se están llevando en España sobre todo por la solidaridad y la generosidad de miles y miles de personas. Sean ustedes generosos y solidarios y aprueben nuestra enmienda.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Alarcó.

El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, en primer lugar quiero dar las gracias, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, a todos los compañeros senadores, incluida la senadora del Grupo Parlamentario Socialista, por lo que han dicho y por su tono. Me gustaría intentar responder uno por uno a las distintas notas que he podido tomar respecto a por qué no apoyan esta propuesta de modificación. Creo que es una oportunidad que se ha perdido.

Señor Cazalis, compañero que entiende del tema de sanidad y que lo vive directamente, muchas gracias por sus palabras. Siempre ha sido usted —no solo por lo que me dice a mí— un hombre educado que hace críticas —estaría bueno que no las hiciera—, pero desmarcándose de la algarada, porque una cosa es la crítica y otra la algarada o la farándula.

Senador Cazalis, compañero, es imprescindible el reconocimiento de la labor bien hecha. Usted se ha referido a ser el número uno del mundo, pero esto no es un problema de récords, sino de reconocimiento. Ser número uno del mundo es muy importante para miles y miles de profesionales, para miles y miles de ciudadanos que escuchan que somos los mejores y que han aportado para serlo. Ese reconocimiento, que tiene coste cero, es lo más importante para un profesional sanitario.




Página 12319


Los profesionales de la sanidad pública española tienen un reconocido prestigio que ha hecho que la sanidad española esté entre las 5 mejores del mundo, y esa no es una valoración subjetiva, sino objetiva, que se mide con una serie de índices, y yo creo que es muy bueno que sea así. No conocemos —desde luego yo lo desconozco— ningún factor de cohesión interterritorial más importante que el mundo de los trasplantes, con nulos fallidos. No tiene fallidos. De eso nos debemos sentirnos orgullosos todos. El 22 % de los órganos donados en una comunidad autónoma como la mía, como la catalana o como la vasca, son puestos en otra comunidad autónoma, pero todo dentro del anonimato y de lo que es normal en este mundo maravilloso del fenómeno social que constituye la donación.

Con respecto a la senadora de Entesa, Mónica Almiñana, también compañera, no confundamos. ¿Cómo que no es una moción política? Es una moción absolutamente política, pero no ideológica. No confundamos, porque a estas alturas yo no voy a bajar a este nivel, y creo que usted no lo necesita, sin duda. Esta es una moción absolutamente política porque si no fuera política no tendría que estar aquí. Pero, ¿qué tiene que ver la política con la ideología directa? La política son muchas cosas y no tiene ideología porque es muy bueno que no la tenga. Yo estoy orgulloso de estar en política y me encanta la política, pero estoy hablando de que no es ideológica, y no nos confundamos. Sé que usted no se confunde y que lo tiene muy claro.

Me gustaría decirles a todos los que han intervenido que una cosa es ajuste y otra recorte. Son dos cosas distintas. Ajuste es que usted no se puede gastar más de lo que tiene y recorte es que usted tiene 1000 euros y le quito 300. Los recortes hacen que sea sostenible para todos en todo el territorio nacional, por cierto, aprobado en el Consejo Interterritorial de Sanidad nacional, y esa moción empieza así, con total respeto. Estaría bueno que no. Las palabras, como decía Lázaro Carreter, las carga el diablo. Detrás de una palabra hay una vida entera y hay muchas definiciones. Total coordinación con el Consejo interterritorial, y pone total, no pone con. Pone total; contundente. Esta moción es proactiva. No solamente dice que son unos chicos sanitarios muy buenos, sino que dice algo más, habla de tomar medidas, y por eso me llama la atención lo de la investigación, porque el mundo del trasplante no hace otra cosa que investigar permanentemente con su actuación.

Con respecto a la senadora Maite Rivero, gracias por su tono. En su comunidad autónoma pueden presumir legítimamente de ser pioneros en este mundo, y yo respeto profundamente ese argumento. Solamente es posible trasplantar en una sanidad pública muy buena. Al final me dedicaré a responder a la compañera del Partido Socialista, que dijo muchas cosas, y algunas de ellas gruesas, cuando estamos hablando de trasplantes, porque solo es posible trasplantar en una sanidad pública muy buena. Primera contradicción: si la sanidad es muy mala y hay recortes, ¿cómo se es bueno en trasplantes? Por tanto, le agradezco su intervención —me puse el pinganillo para entenderla, con profundo respeto, para comprender todo lo que usted dijo— por el tono, la forma y la negociación personal, porque al final la política la desarrollan personas y las relaciones personales son la clave, el resto no tiene sentido, ni siquiera las ideologías. Esto lo digo aquí, en una Cámara política como esta, en la que estoy hablando en estos momentos.

Con respecto a la compañera del Grupo Parlamentario Socialista, Encarnación Llinares, no me ha gustado el tono porque creo que es innecesario en el mundo del trasplante. Es una moción absolutamente política, pero no es una moción ideológica. Por cierto, ha dedicado usted seis minutos a demostrar que el Partido Socialista en el Senado está a favor, a favor, a favor del mundo del trasplante, y está a favor, a favor, a favor de los profesionales. Bien, una cosa es decirlo y otra es tomar postura por escrito. También le diré que no se han hecho ajustes, ni se ha recortado, el mundo del trasplante está donde tiene estar.

Por otra parte, esta moción no dice nada de lo que dice usted, pone algo más que eso. Yo no sé de dónde ha sacado esa cifra de 24 000 euros. Le puedo decir que yo llevo operando trasplantes dese hace más de quince años y no he cobrado nunca, y como yo muchísima gente. Como ha manifestado el señor Cazalis, no se puede pagar con dinero. Ahora bien, ¿usted quiere hablar de dinero? Hablemos de dinero. Señoría, una vida no tiene coste, pero la sanidad tiene una valoración que hay que pagar entre todos. Estoy hablando de investigación.

En la moción se dice directamente que dispondrá de todos los medios económicos, no de un poquito. Pero, viva todo para todos, no; una vida no tiene coste, pero la sanidad hay que pagarla y hay que racionalizarla para que sea sostenible, porque el maná es un concepto que no tiene que




Página 12320


ver ni con la política ni con la ideología. Y hacer sostenible la sanidad significa disponer de todos los medios económicos dentro de determinados principios. Pero, fíjese, según ha transmitido usted, le molesta el principio de estabilidad, le chirría la estabilidad. El principio de estabilidad es la base, quiero pensar que también para usted, porque si no es así, empezaría a preocuparme muchísimo. Y además, dentro de la sostenibilidad financiera, porque si no hay sostenibilidad financiera, ni hay trasplantes, ni hay nada, se nos va todo al garete. Me parece que ese tono que usted ha querido utilizar no procede en un momento en que la ciudadanía, a la que usted y yo representamos legítimamente en esta Cámara, nos está pidiendo grandes consensos en los grandes temas.

Usted afirma que la sanidad va a peor. Señoría, se han batido 3 récords del mundo. También le diré que cada vez que sale un trasplante, yo cojo un teléfono y se mueven 90 personas en cualquier hospital, en su tierra, en la mía y en la de cualquiera que haya intervenido. Esas 90 personas se mueven por cosas absolutamente distintas. ¿Cómo se puede decir a estas alturas que la sanidad está peor, si este año se han batido todos los récords mundiales? ¿Cómo es posible conseguir esto con recortes, como dice usted? ¿Cómo es posible en una sanidad que funciona mal? ¿Cómo puede decir eso? Me duele profundamente en el alma tener que oír eso. Nunca en la historia se ha batido este récord.

Le voy a dar un dato, se ha batido el récord en España; en este gran país en un solo día se han hecho 47 trasplantes de órganos. Y además, la vida normal del hospital no se altera porque, como usted comprenderá, los profesionales que trabajamos en el mundo del trasplante, aparte de hacer trasplantes operamos colon o páncreas, atendemos en planta, etcétera, no nos dedicamos solo a esto. Se ha batido el récord del mundo en esa sanidad tan mala en la que usted dice que se han hecho ajustes, recortes, etcétera. Este año se ha conseguido otra vez el récord mundial.

¿Cómo es posible que pueda justificar su actitud por la palabra estabilidad? Es verdad que usted, ante sus afiliados, simpatizantes y votantes, que son muchos, tendrá que justificar en los sitios adecuados, porque aquí ya lo ha dicho, cómo es posible...

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya terminando.

El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Termino inmediatamente.

... cómo es posible que no apruebe una moción con este texto por la palabra estabilidad

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

6.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RECONOCER AL ESTADO PALESTINO COMO ESTADO SOBERANO Y A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE GAZA Y LA CONSOLIDACIÓN DE UN PROCESO DE PAZ EN ORIENTE MEDIO.

(Núm. exp. 662/000159)

AUTORES: URKO AIARTZA AZURTZA (GPMX) Y NUEVE SENADORES MÁS

La señora vicepresidenta, Vicente González, da lectura al punto 6.3.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): A esta moción se han presentado 5 enmiendas, 2 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, 2 del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario Popular.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Urko Aiartza.

El señor AIARTZA AZURTZA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, la moción que traemos hoy a esta sesión no busca otra cosa que, desde nuestras posibilidades, desde las opciones que nos da esta Cámara, sumar en el avance de una solución justa y duradera al largo conflicto israelí-palestino.

En primer lugar, me gustaría subrayar que esta moción no es una moción en contra de nadie, no es una moción en contra del pueblo judío y mucho menos es una moción en contra del Estado de Israel. Esta moción, si es algo, es una moción a favor de la legalidad internacional, a favor del cumplimiento y las resoluciones de las Naciones Unidas en el tema palestino. Es una moción que




Página 12321


busca, cumpliendo con dichas resoluciones, coadyuvar a la reanudación y al avance real de las negociaciones entre las partes que lleven a una paz justa y duradera.

Creemos firmemente que una moción del Senado instando al Gobierno a reconocer al Estado palestino, uniéndose así a los pasos anteriormente dados por más de 130 países, entre ellos, Chile, Argentina, India, China o Rusia, casi toda África y casi toda Asia, que actualmente se refuerzan con el debate que se está abriendo a nivel europeo con las declaraciones del primer ministro sueco, o la moción aprobada en Westminster a instancia de varios diputados laboristas, refuerza e impulsa los esfuerzos para que se reanuden las negociaciones; un Estado que, a nivel europeo, también reconocen Polonia, Chequia, Eslovaquia o Grecia, está en debate en Irlanda, en Francia y, como señalaba el ministro García-Margallo, es posible que en breve tengamos un frente nórdico sobre este asunto. Estas iniciativas, además, están avaladas por un escrito de más de 300 personalidades israelíes, políticos, diplomáticos, etcétera, apoyando este reconocimiento. Y este debate se ha abierto porque todo el mundo es consciente de que los intentos que se han llevado a cabo hasta ahora no han dado resultado, ni las iniciativas del cuarteto, ni las del enviado especial de Obama en su momento, George Mitchell, que tanto éxito tuvo en Irlanda del Norte, ni las iniciativas del propio Kerry.

Señorías, es necesario modificar el tablero de juego, alterar la correlación de fuerzas para hacer posible el diálogo. Como decía el señor Erekat, portavoz de la OLP, ahora es el momento de los políticos, no de los negociadores. Ya llegará el momento de los negociadores, pero ahora se necesita audacia política, mover el escenario. Se necesita lo que los británicos denominan facts on the ground, hechos sobre el terreno, que hagan variar la aritmética y las inercias, porque esto es lo que, una y otra vez, viene haciendo el Gobierno israelí, facts on the ground, para hacer inviable el futuro Estado palestino, porque la foto y la situación no es estática. Israel lleva a cabo una política deliberada con objeto de hacer imposible un futuro Estado palestino viable: la política continúa de asentamientos en los territorios ocupados; el ilegal muro de separación; la política sobre aguas en los territorios ocupados sobre tierra fértil; los ataques a Gaza y la total destrucción de sus infraestructuras; la política del divide y vencerás y, por consiguiente, su rechazo a los acuerdos interno palestinos; los asesinatos selectivos, etcétera, todo esto busca deliberadamente hacer inviable este Estado palestino en el futuro. Estamos en la eterna negociación que no lleva a ningún sitio pero en la que gana Israel, gana tiempo y gana hacer imposible ese Estado.

Ante eso, es más necesario que nunca el pronto reconocimiento del Estado palestino para que no sea demasiado tarde. Se suma esto, además, a las decisiones anteriormente adoptadas, como el reconocimiento de Palestina como Estado observador no miembro de las Naciones Unidas o Estado miembro de la Unesco. Esta moción responde, además, a una petición de la OLP y la Autoridad Nacional Palestina que, conforme a informaciones de prensa no desmentidas, ha remitido en 3 ocasiones solicitud al Gobierno español para su reconocimiento, y que hace escasamente un día repetía el principal negociador de la OLP, Saeb Erekat. En febrero, Saeb Erekat emitió una carta al ministro García-Margallo señalando los beneficios de dicho reconocimiento —según él mismo—, y hace escasos días pedía a España que liderase el reconocimiento europeo.

Esta es, por tanto, la cuestión principal de debate. Ante la iniciativa de reconocimiento del Estado palestino se suele argumentar en contra, señorías, que no puede ser meramente simbólica y que debe hacerse cuando sea oportuno y eficaz. Como corolario, como señaló recientemente el ministro García-Margallo, se suele plantear que deberá producirse como resultado de las negociaciones entre las partes para garantizar, entre otras cosas, su efectividad. No es, por tanto, algo simbólico sino eminentemente práctico. Nosotros no compartimos la idea de que el reconocimiento de Palestina por parte de terceros Estados deba estar sujeto al éxito o no de unas negociaciones entre la Autoridad Palestina e Israel, lo consideramos más bien prerrequisito para su éxito. Aunque la existencia del reconocimiento de Palestina por terceros no es una cuestión a discutir o negociar con Israel, sí lo serán todos los aspectos referidos al fin de la ocupación: garantía de seguridad mutua, reconocimiento mutuo, fronteras, estatus final de Jerusalén, asentamientos, presos, refugiados, etcétera, pero no el hecho mismo de la existencia y reconocimiento o no del Estado palestino. Aceptar que el reconocimiento del Estado palestino debe ser el resultado de las negociaciones entre las partes es aceptar el derecho de veto de Israel al Estado palestino, y eso nunca se va a dar. Entendemos que lo lógico es lo contrario: el




Página 12322


reconocimiento de Palestina como Estado soberano con todas sus consecuencias jurídicas a nivel internacional es un elemento que otorga mayor paridad a las 2 partes y favorece una solución dialogada y negociada. Por ello, creemos que es oportuno y eficaz su reconocimiento previo. Es, además, un requerimiento justo de las autoridades palestinas que reclaman su reconocimiento como Estado. El propio ministro manifestó en la Comisión de Asuntos Exteriores que España comparte la decisión de reconocer el Estado palestino —entre comillas—, más allá de los gestos simbólicos, cuando resulte oportuno y ayude a traer la paz. Por tanto, entendemos que el ministro está de acuerdo con el reconocimiento.

La moción que presentamos no insta al Gobierno a reconocer el Estado palestino mañana, insta sin más a hacerlo, por lo que el margen de oportunidad y la eficacia quedan en manos del Gobierno. No hay, por tanto, motivo alguno para que el PP se escude en la oportunidad o no del reconocimiento, dado que no existe tal requerimiento inmediato, y si el propio ministro señalaba que España comparte la decisión de reconocer el Estado palestino no entendemos que el PP pueda mostrarse contrario a la presente moción.

El segundo punto de nuestra moción reclama a las autoridades israelíes retomar las negociaciones para finalizar con la ocupación de los territorios —debo terminar ya— y no se puede permitir esta constante vulneración del derecho internacional. Es necesario que se acuerde un cronograma para la retirada de las fuerzas israelíes. Se hace un requerimiento en nuestra moción al Estado israelí, dado que las autoridades palestinas han mostrado su voluntad de retomarlas y han indicado que presentarán una propuesta o un calendario al Consejo de Seguridad. Esperamos que el Gobierno español apoye esta iniciativa palestina, aunque su presencia en el Consejo de Seguridad está prevista para el mandato 2015-2016 y puede que la propuesta se presente antes.

Respecto a los puntos tercero y cuarto, entendemos que son elementos urgentes que todas las partes compartimos. El bloqueo de Gaza debe ser levantado, los acuerdos adoptados recientemente en El Cairo entre israelíes y palestinos, si bien frágiles, es necesario implementarlos y profundizar en ellos. Las negociaciones indirectas entre israelíes y palestinos que se reanudan ahora deben responder a esta demanda palestina, entre otras cuestiones, y esto ha sido también apoyado por la conferencia de donantes.

Respecto al incremento de la ayuda humanitaria para la reconstrucción de Gaza, debería ir en el sentido de la reciente Conferencia de donantes de El Cairo, donde más de 70 gobiernos se han comprometido, y apoyar así el Plan de recuperación y reconstrucción de Gaza 2014-2017 diseñado por la Autoridad.

Señorías, han pasado ya sesenta y siete años desde que el 29 de noviembre de 1947 la Asamblea Plenaria de la ONU votase el Plan de Partición de Palestina bajo mandato británico y la propuesta de declaración de 2 Estados; un plan que otorgaba a más del 60 % de la población palestina menos del 50 % del territorio. Luego vino la primera guerra árabe-israelí de 1948-1949 y la ocupación de los territorios de 1967. Desde entonces, los palestinos se encuentran sin un Estado que los represente con pleno reconocimiento internacional, si bien las Naciones Unidas propusieron en 1947 la partición y creación de los 2 Estados.

Todos somos conscientes de que la solución pasa por los 2 Estados, pero no es suficiente con saberlo, hay que hacer algo al respecto. Por eso, con esta moción instamos al Gobierno del Estado español a su reconocimiento, porque creemos que este es el momento.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señora presidenta.

El reconocimiento del Estado palestino es una necesidad que mi grupo parlamentario comparte plenamente, por tanto, avanzo que vamos a votar favorablemente esta moción.

Es una necesidad, como bien ha expuesto el senador Aiartza, que se deriva de las circunstancias a las que me referiré posteriormente en el turno de portavoces pero que sin duda viene legitimada tanto por el Plan de las Naciones Unidas de 1947 como por los acuerdos de Oslo entre Isaac Rabin y Yasir Arafat, en 1993.




Página 12323


Es un tema pendiente que ciertamente se agrava cada día que pasa debido a lo enconado del conflicto y posiblemente también a la actitud del Gobierno israelí, que está ganando tiempo retrasando la posibilidad de ese reconocimiento. Por tanto, mi grupo ve oportuna la moción. La semana pasada el propio ministro de Asuntos Exteriores hizo referencia al asunto en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado y yo mismo, entre otros portavoces, me manifesté favorable a la necesidad de ese reconocimiento.

Con todo, entiendo, como siempre, que la moción es mejorable y por eso hemos planteado 2 enmiendas destinadas a que la moción sea asumible por parte del Gobierno español y por la comunidad internacional. Entendemos que no es suficiente una declaración de intenciones, por legítimas que sean, sino sobre todo que la propuesta de acuerdo que planteemos pueda ser asumible por nuestro Gobierno y más allá por las partes. Por eso, proponemos la necesidad de añadir en el punto segundo de la propuesta de moción la referencia a garantizar asimismo el derecho a la seguridad del Estado de Israel. Este es el tema permanente que alegan los israelíes en cualquier tipo de negociación: la necesidad de seguridad, y es una necesidad legítima, más allá de la valoración que pueda tener la política que sigue el Gobierno de Israel. Sin duda, el derecho de la sociedad israelí a tener garantizada su seguridad es un derecho que hay que reconocer y, por tanto, mejor explicitarlo en el acuerdo que podamos tomar hoy aquí en el Senado, en esta Cámara.

También presentamos una enmienda de sustitución en el punto quinto, cuando se plantea exigir al Estado, al Gobierno de Israel el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas dirigidas a consolidar un proceso de paz con justicia en Oriente Medio. Entendemos que las resoluciones de Naciones Unidas —y es una obviedad pero a veces las obviedades hay que reflejarlas— son de obligado cumplimiento para todas las partes. Por consiguiente, reseñar que se exige a ambas partes el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas da a entender lo que de alguna forma exponía el senador Aiartza de que esta moción no va en contra de nadie, y así lo entendemos y por eso la vamos a compartir, pero que quede reflejado que en realidad este cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas obliga a todas las partes porque, evidentemente, incumplimientos los ha habido por ambas partes en una situación de violencia tremendamente enconada. En que no son iguales las partes estamos de acuerdo, pero, en cualquier caso, ha habido incumplimientos y, por tanto, exigir el cumplimiento tanto a israelíes como a palestinos sin duda da mayor solvencia a la propuesta y refuerza la posición del Gobierno de España y de nuestro país en el contexto internacional.

Estas son las propuestas que esperamos puedan aceptar.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la senadora Fernández Pena para defender sus enmiendas.

La señora FERNÁNDEZ PENA: Presidenta, señorías, mi grupo ha presentado 2 enmiendas a un texto con el que compartimos muchos de sus argumentos en tanto recoge con pocas palabras el único medio que tenemos en nuestras manos para intentar garantizar una convivencia en paz en Oriente Medio, para intentar recuperar la dignidad de un pueblo como el palestino, un pueblo que durante años se ha visto sometido a la opresión diaria y a la humillación constante de ser tratados como extranjeros en el lugar en el que nacieron, a la amenaza permanente de ser expulsados de sus viviendas o a la costumbre ya instaurada de su falta de derechos; y ese instrumento es el reconocimiento del pueblo palestino como un Estado soberano, sí, pero también como un Estado soberano que debe convivir en paz con sus vecinos, democrático, independiente y que conviva con Israel en el marco del diálogo, la negociación y la coexistencia de ambos Estados, una convivencia que debería alcanzar los acuerdos precisos para garantizar la paz. Señorías, un Estado para un pueblo, un pueblo que está desapareciendo; desapareciendo como territorio, porque les arrebatan su espacio natural de vida; desapareciendo como comunidad, por los miles de presos y cientos de miles de refugiados que han tenido que huir; y desapareciendo como pueblo, por las vidas que se perdieron y que se pierden. Un territorio sometido a una cruel ocupación, esa que, aun considerada ilegal por la Organización de las Naciones Unidas, sigue día tras día avanzando sin que la comunidad internacional haga nada por evitarlo, una ocupación que en pleno proceso de paz continúa.




Página 12324


Este lunes, señorías, el Gobierno israelí anunció que se construirán 1000 viviendas más en territorio palestino, un anuncio realizado por el mismo Benjamín Netanyahu, que ya ha sido duramente criticado por los representantes de política exterior de la Unión Europea y que ha propiciado que hoy mismo el Consejo de Seguridad de la ONU se reúna con carácter de urgencia para debatir sobre ello, y España estará allí. Nuevos asentamientos que continuarán torpedeando el proceso de paz y que, de convertirse en realidad, seguro que desencadenarán una nueva oleada de violencia. Por eso, nuestra enmienda mantiene la propuesta planteada por el Grupo Mixto de reclamar a las autoridades israelíes que pongan fin a la ocupación. Pero lo hemos hecho recordando que ya la propia ONU se lo ordena.

Israel, sin más demora, debe dar cumplimiento a las resoluciones de la ONU, que ordenan el fin de la ocupación de Gaza, Cisjordiania y Jerusalén. Y debe volver a las fronteras de 1967. Solo así se conseguirá que el Estado soberano de Palestina pueda coexistir en paz con el Estado de Israel.

Israel debe olvidar su fijación por la ocupación y ser el primero en reconocer al Estado palestino ante la ONU. Así, y solo así, podríamos empezar, de verdad, a hablar de un proceso de paz. Una negociación entre iguales, de Gobierno a Gobierno. Israelitas y palestinos tendrían que ser valientes, dar un paso más allá y ceder. Unos más que otros. Unos mucho más que otros, porque no son situaciones iguales, no es un conflicto entre iguales. Son demasiados los refugiados palestinos que necesitan de una solución justa. Demasiados los palestinos presos que esperan una respuesta. Los demás puntos de la moción nos parecen perfectamente aceptables en todos sus términos, como comentó su señoría, el señor Aiartza.

Las negociaciones de paz no pueden prosperar si siguen el bloqueo militar y las matanzas en territorio palestino. Las negociaciones de paz no prosperan si siguen con las ocupaciones. Señorías, no consideren esto como un ataque a las actuaciones israelitas. La comunidad internacional también muestra ya abiertamente sus dudas sobre la intencionalidad real de Israel de cara a la consecución de un acuerdo. Catherine Ashton, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, este mismo lunes ha dicho que de continuar Israel con decisiones de este tipo, en referencia a las nuevas ocupaciones —leo textualmente—, despertará otra vez serios recelos sobre el compromiso de Israel con una solución negociada con los palestinos. Israel tiene que cumplir las resoluciones de Naciones Unidas dirigidas a consolidar un proceso de paz con Oriente Medio. Ambos Estados deben hacerlo, como Estados. Solo así podremos empezar la reconstrucción y la recuperación económica de Gaza. Y mientras —espero que sea antes que después—, que los Estados miembros de la ONU, firmantes de la conferencia internacional de El Cairo, aumenten la ayuda humanitaria en los territorios palestinos.

Sometemos nuestras enmiendas a su consideración, pero ya anuncio también nuestra disponibilidad para aprobar la moción en todos sus términos. Será una disponibilidad total.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra el senador Muñoz-Alonso.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Gracias, señora presidenta.

Senador Aiartza, mi grupo está de acuerdo con muchas de los puntos que plantea en su moción. Sobre todo, le diría, sintéticamente, que estamos de acuerdo en la meta, en el objetivo final de llegar a una situación con 2 Estados garantizados plenamente, con fronteras seguras y en un marco de estabilidad en Oriente Medio. Estamos de acuerdo en la meta, pero no en el camino, en el método, que decían los griegos, en la manera de llegar hasta allí. Porque creemos que es mucho más complejo y que hay que hacerlo de una manera más reflexiva. Y voy a intentar explicarlo.

Por otra parte, no estoy muy de acuerdo con la descripción que hace de la situación en Palestina. En esa descripción faltan muchos elementos, algunos de ellos muy importantes, porque son actores esenciales sin los cuales es imposible entender lo que allí está pasando. En concreto, falta Hamas. No hay ninguna alusión a lo que significa Hamas. Y es muy importante la diferencia que hay entre Hamas —insistiré en ello— y Al Fatah. Entiendo que incomoda la presencia de Hamas, porque, sin duda, es uno de los elementos que echa por tierra un propósito que podría ser el de presentarnos una cosa en blanco y negro. Esto no es una película de buenos y malos. Ni son los israelíes todos ellos malos, ni son los palestinos todos ellos buenos. Desgraciadamente —y




Página 12325


esta es la clave para entender este conflicto—, hay radicales y moderados en las 2 partes. Y, desgraciadamente, casi siempre han predominado en las 2 partes los radicales. Ha habido momentos en los que no, pero han predominado los radicales, y eso es lo que ha hecho muy difícil el entendimiento. El problema tiene, por lo tanto, una raíz muy complicada y muy difícil.

En el primer punto de su moción, el más importante y la base de todo lo demás, se pide el reconocimiento de un Estado palestino soberano. Creo que conoce bien —el otro día lo volvió a explicar aquí el ministro en la Comisión de Asuntos Exteriores— la posición del Gobierno, que por supuesto es la que defiende este grupo, que piensa que el único desenlace aceptable y realista del conflicto, en línea con nuestros socios y aliados, aspira y desea la existencia de 2 Estados, israelí y palestino, con fronteras aceptadas y seguras. Pero no queremos que ese reconocimiento sea un mero brindis al sol, sin consecuencias prácticas y sin que suponga un real avance hacia la paz. En línea con lo que han expresado recientemente los dirigentes de otros países amigos, como Francia o el Reino Unido, para abordar ese reconocimiento hay que plantearse antes en qué momento, cuándo y cómo será más eficaz y contribuirá más al servicio de la paz.

Eso es importante, porque este es un asunto típico de la política exterior de la Unión Europea. Tenemos que hacerlo como Unión Europea, porque es como tendremos alguna fuerza; no sé si toda, pero al menos mucha más fuerza que si lo hacemos aisladamente. Y no le quepa la menor duda de que el Gobierno español trabajará en el ámbito de la Unión Europea en esa dirección y en ese sentido.

Y no hay que perder de vista —vuelvo a ello— que los palestinos han estado, al menos hasta ahora, profundamente divididos, y no solo ideológicamente: Al Fatah, laico, y Hamás, islamista, sino también territorialmente: Cisjordania para el primero y Gaza para el segundo. Nuestro primer deseo es que acabe esa división y se logre la unión, que ahora parece estar un poco más cerca. La posición del Gobierno, que, como le digo, es por supuesto la de este grupo, propicia —y tomo unas palabras literales dichas aquí por el ministro el otro día— el retorno de Gaza a la Autoridad Palestina y la consolidación de un Gobierno palestino de consenso y reconciliación nacional. Siendo ese el contexto, nos felicitamos por las conversaciones entre Al Fatah y Hamas, que empezaron en abril y que en junio han llevado a la constitución de un Gobierno de unidad formado por técnicos y personalidades independientes —diríamos que casi han tenido que recurrir a una despolitización del Gobierno— y encabezado por Rami Hamdallah, bajo el liderazgo del presidente Mahmud Abbas. Este nuevo Gobierno, curiosamente, ya ha realizado una reunión en la Franja de Gaza; es cierto que ha durado quince minutos, pero se le atribuye un carácter simbólico importante.

Pero además pasa otra cosa, y es que esta moción no está actualizada porque no tiene en cuenta hechos que han ocurrido en las últimas semanas. Por ejemplo, el alto el fuego del 26 de agosto, que no fue un simple alto el fuego, porque aunque precario y con violaciones por ambas partes, en él concurrieron una serie de elementos, como la reducción de las zonas de seguridad cercanas a las fronteras, que va a permitir que los habitantes de Gaza puedan volver a la agricultura; o la ampliación a 6 millas de la zona de pesca, susceptible de ampliarse a 12, para que los pescadores de Gaza también puedan reanudar su actividad; y algo tan importante como el compromiso israelí de terminar con los asesinatos selectivos de dirigentes de Hamas —a ver si lo cumplen— y el de este grupo de no proseguir con la construcción de túneles que les servían para el contrabando de armas o para el depósito de las mismas.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya terminando.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Termino en seguida, señoría.

Y tampoco se alude, solo de pasada en su intervención, a la Conferencia de donantes que ha tenido lugar en El Cairo, donde, al final, se han comprometido 4275 millones de euros, de los cuales 36 millones corresponden al Gobierno español. Evidentemente, se han hecho más cosas, pero no me da tiempo a mencionarlas, así que a ver si en el turno de portavoces puedo decir algo más.

En resumen, nuestra enmienda de sustitución se centra en 4 puntos —y termino ya, señora presidenta— que son: retomar las negociaciones entre las partes; levantar por completo el bloqueo económico de Gaza; continuar, por supuesto, con la ayuda humanitaria; y el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas. Cuestiones en las que creo que coincidimos todos los grupos de la Cámara. Y, desde ahí, podemos abrir un cierto portillo a la esperanza. En el turno de portavoces diré alguna cosa más.

Muchas gracias, señora presidenta.




Página 12326


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para manifestar si acepta las enmiendas o no, tiene la palabra el senador Aiartza.

El señor AIARTZA AZURTZA: Muy brevemente, señoría.

En relación con las enmiendas que se han presentado, estamos conformes con todas aquellas que sirvan para ampliar consensos y mejorar la moción en su sentido originario. Esto es, la apuesta por el reconocimiento del Estado palestino.

Creemos que las enmiendas de sustitución y de adición de Entesa no desvirtúan el contenido de la moción y, como no estamos en contra de su contenido, las aceptamos. Por supuesto, consideramos que el derecho a la seguridad de los Estados es un derecho de todos los Estados, no solo de Israel; por supuesto que lo aceptamos. Y el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, por supuesto, incumbe a todos los actores. Lo único que no acepto es el cambio de apellido. Mi apellido es Azurtza y no Azurita. Dejando eso aparte, acepto todo lo demás.

También vamos a admitir las enmiendas del Grupo Socialista. Yo creo que van en el sentido de la moción, sobre todo, en el objetivo principal, que es la solicitud del reconocimiento del Estado palestino, por lo que en aras del mayor consenso y acuerdo las aceptamos todas.

La cuestión principal surge con la enmienda de sustitución que ha presentado el Grupo Popular, por lo que, en principio, hay dificultades para llegar a un acuerdo. Lo hemos intentado, pero nuestras posiciones —como ha señalado él claramente— son bastante divergentes en cuanto al método. El problema principal es que se elude, se evita, hablar del reconocimiento del Estado palestino. Por lo tanto, difícilmente podemos llegar a un acuerdo en ese sentido. No decimos que no compartamos ninguno de los puntos de la enmienda, los compartimos todos. Insisto, no estamos en disconformidad con ninguno de los puntos de la enmienda de sustitución, pero los consideramos absolutamente insuficientes. Si ustedes mañana presentan una moción con esos puntos, aunque los consideráramos insuficientes, la aceptaríamos. La cuestión es que desvirtúa el debate. El debate es sobre el reconocimiento del Estado palestino. Estoy de acuerdo con que el debate es mucho más complicado.

Y en cuanto a las menciones que ha realizado usted sobre la importancia del acuerdo intrapalestino, nosotros, como fuerzas patrióticas, siempre hemos considerado que lo más importante es la contradicción principal. Por tanto, estamos conformes absolutamente con la unidad de las fuerzas nacionalistas palestinas.

Es cierto que la moción no está actualizada al día de hoy. La cuestión palestina, como usted sabe muy bien, se va actualizando todos los días. Entonces, llegamos a un acuerdo entre todas las fuerzas y hay temas que han quedado desactualizados, por ejemplo, la Conferencia de donantes de El Cairo, que he mencionado antes, no se cita en la moción. Pero yo creo que la moción va en ese sentido.

Nosotros, muy a nuestro pesar, no podemos aceptar su enmienda de sustitución total. Y decimos muy a nuestro pesar porque entendemos que lo que se deriva de la posición del Gobierno, conforme a la intervención del ministro Margallo, es que cabía espacio para aprobar esta moción sin entrar en contradicciones. Ya lo he indicado antes. Nosotros hablamos de instar al Gobierno a reconocer el Estado palestino, no decimos cuándo. Están los términos de la eficacia y del momento, pero no decimos cuándo. Pero entendemos que sería muy importante una moción de este Senado en ese sentido. Podían haber hecho, por lo menos, lo que hicieron los conservadores británicos: no participar en la votación. Pero, bueno, lo británico lo vamos a dejar; quizá es pedirles demasiado.

Sin otra cuestión, muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, senador Aiartza, tiene la palabra. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

El señor AIARTZA AZURTZA: Señorías, no voy a insistir en nuestra posición, ya la he manifestado y creo que ha sido muy clara.

Entendemos que ustedes no van a modificar su posición y, por tanto, ahora lo que nos corresponde es actuar con responsabilidad. Hoy hemos abierto en esta Cámara el debate sobre la




Página 12327


necesidad del reconocimiento del Estado palestino por parte del Estado español a una iniciativa de la Autoridad Nacional Palestina. El debate se está abriendo, como hemos señalado, en otros Estados europeos. Hay propuestas no legislativas pendientes en el Congreso. Hay debate en Irlanda, en Francia, en los países nórdicos. Estamos convencidos de que 2015 será el año del reconocimiento europeo del Estado palestino. No nos cabe ninguna duda. La Autoridad Nacional Palestina ha anunciado que en breve presentará una iniciativa ante el Consejo de Seguridad para su reconocimiento, así como un calendario de negociaciones para el fin de la ocupación antes de finales de 2016. Esperamos que el Gobierno de España apoye esta iniciativa de la Autoridad Nacional Palestina.

Por todo ello, y por la responsabilidad que nos incumbe y siempre teniendo en mente lo mejor para las justas demandas del pueblo palestino y una solución justa y duradera al conflicto, manifiesto en mi nombre y en el de todos los firmantes de la presente moción que la retiramos y que no la someteremos a votación. Creemos que el debate del reconocimiento del Estado palestino se ha abierto y no debe cerrarse hoy. Estamos seguros de que mucho más temprano que tarde veremos al Estado español reconocer al Estado palestino junto con los países europeos. Pensamos que los palestinos lo merecen.

Por tanto, señorías, pedimos que no se someta a votación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aiartza.

Senador Iglesias, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Me gustaría expresar de forma telegráfica 3 ideas. Primera consideración. Yo tampoco tendría ningún inconveniente en votar favorablemente la propuesta alternativa que presenta el Grupo Popular si no fuera alternativa, si fuera una iniciativa del Grupo Popular que no sustituyera la moción que hemos suscrito los 10 senadores. Porque estamos de acuerdo con sus contenidos, pero en nuestra moción planteamos que se dé un paso más que no está reflejado en la alternativa.

Segunda consideración. Frente a la posición del Gobierno de la nación, quiero expresar mi discrepancia en cuanto a que se condicione el reconocimiento del Estado de Palestina a un acuerdo previo entre Israel y Palestina para configurar y delimitar sus Estados, porque en esos términos nunca va a ser posible el acuerdo. Israel no tiene ningún interés en que se reconozca el Estado de Palestina.

Última consideración. El Estado de Israel, que tiene derecho a legitimar su existencia, sin embargo, busca la justificación precisamente en el conflicto. En estos momentos —y acabo ya— estamos viviendo una situación de provocación en la Explanada de las Mezquitas similar a aquella que dio lugar a la anterior intifada. Eso no es ninguna contribución a la paz sino, de nuevo, una invitación al conflicto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Senadora Capella, tiene la palabra.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Nosotros firmamos la moción y vamos a defender su contenido discrepando, como decía el compañero Iglesias, de la propuesta alternativa que nos planteaba el Grupo Popular. Y ello porque entendemos que ha llegado el momento de que la comunidad internacional se comprometa de forma activa y firme la resolución del conflicto existente entre Israel y Palestina. Las bases para la resolución del conflicto están establecidas por la propia ONU y, más allá de las palabras, hay que tomar medidas eficaces para hacerlas realidad. Por supuesto, el compromiso activo por parte de la comunidad internacional exige, en primer lugar, el reconocimiento del Estado palestino como un Estado soberano y la normalización de las relaciones con este Estado. Pero una de las actuaciones más urgentes es atajar la permanente violación de los derechos humanos que se produce con total impunidad, desde los ataques indiscriminados de palestinos contra población israelí —con las armas que occidente vende a la región— hasta las desproporcionadas e ilegales acciones militares del Estado de Israel, como la operación Plomo Fundido, que causó más de 1400 muertes y fue




Página 12328


calificada como constitutiva de crímenes de guerra por el propio Relator especial de la ONU. Sobre la situación de los derechos humanos en Gaza, el ataque a la Flotilla de la Libertad, donde fueron impunemente atacados activistas internacionales, o el brutal ataque este verano contra la población de Gaza. Desde este punto de vista hay que reclamar de manera inmediata el levantamiento del criminal bloqueo a Gaza, que se ha convertido en el mayor campo de concentración del mundo. El levantamiento del bloqueo debe ir acompañado necesariamente de un compromiso firme en la reconstrucción y recuperación económica de Gaza, reclamando al Estado de Israel las responsabilidades oportunas en tal sentido; responsabilidades que se basan y encuentran su razón de ser en el propio derecho internacional.

Ciertamente, la violación de los derechos humanos se produce por ambas partes, pero es el Estado de Israel la potencia ocupante y colonizadora y es quien tiene el potencial militar para mantener la ocupación y las nuevas colonizaciones, así como una represión generalizada de la población palestina, particularmente en Gaza, y, cómo no, los bárbaros episodios puntuales, que han sido calificados como crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. Sin duda, la comunidad internacional debe exigir a Palestina el cese de los ataques a la sociedad israelí. En este mismo sentido se han expresado otros portavoces, tanto de la Entesa como del Partido Socialista Obrero Español. Pero el conflicto no se podrá resolver hasta que Israel, como potencia poderosa, no decida poner fin a la ocupación, a la colonización, al bloqueo y a la represión y acepte las resoluciones de la ONU.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

¿Algún miembro más del Grupo Mixto quiere intervenir? (Denegaciones).

Si no es así, pasamos al Grupo Parlamentario Vasco.

Senador Anasagasti, tiene la palabra.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor presidente.

Esta moción se ha retirado, creo que en un gesto inteligente. Pero es una moción equilibrada y deja abierto un debate, que es de lo que se trata; sobre todo, no poner piedras en el camino.

Decimos que la moción es equilibrada porque contempla todas las caras del problema y además en el segundo punto hace hincapié en algo fundamental, en que el Estado soberano palestino coexista en paz con el actual Estado de Israel, es decir, que 2 Estados puedan coexistir, que es la clave de lo que debería ocurrir.

El senador Aiartza ha dicho que no se trata de instar al Gobierno a que mañana inste al reconocimiento del Estado soberano palestino solamente como Gobierno del Estado español, pero sí pasado mañana. También estamos de acuerdo con lo que ha dicho acerca de que es el momento de los políticos, no de los negociadores; estos ya han negociado suficientemente y se han hecho viejos negociando, porque hay que recordar que el Estado de Israel tiene 67 años.

El otro día, cuando el ministro García-Margallo compareció en la Comisión de Asuntos Exteriores, le recordamos lo que se decía en ese folleto que nos entregó en el palacio de Viana. Él tiene unas ideas sobre el futuro de Europa y uno de los puntos que incluía decía que la política exterior de la Unión Europea debía tomar más decisiones por mayoría o, al menos, evitar que un solo Estado miembro pueda obstruir iniciativas y desarrollar más ampliamente en este marco el concepto de abstención constructiva. Si los 28 Estados de la Unión Europea se tienen que poner de acuerdo, largo me lo fiais, y creo que el Estado palestino va a tener muchas dificultades para ser reconocido.

Y tras la intervención del senador Muñoz-Alonso, simplemente quiero recordar una cosa. Él ha hablado de que está de acuerdo con la meta, pero no con el método y, sobre todo, con poner fecha. Le recuerdo lo que contestó Simón Bolivar cuando le dijeron que tuviera paciencia, que fue: ¿es que 300 años de paciencia no son suficientes? Aquí podríamos decir lo mismo: ¿es que 67 años de paciencia no son suficientes? Está muy bien que se diga que ni mañana ni pasado mañana. Pero, entonces, ¿cuándo, señor Muñoz-Alonso? Está usted de acuerdo en el fondo pero no sabemos qué proponen ustedes para activar este proceso y que de una vez por todas se reconozca al Estado palestino coexistiendo con el Estado de Israel.

Muchas gracias, señor presidente.




Página 12329


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gràcies, senyor president.

Senyores i senyors senadors, crec que ha estat intel·ligent, com ja s’ha qualificat, la iniciativa del senador Aiartza i la resta de signants de la moció, demanant precisament la retirada de la votació i permetent que el debat continuï obert. És important que avui aquesta Cambra, el Senat d’Espanya, no prengui un acord contrari al reconeixement de l’Estat palestí, i, per tant, espero que el debat que avui estem celebrant serveixi per insistir una vegada més en el fet d’avançar en aquesta direcció. Espero que el Govern i el Grup Parlamentari Popular siguin receptius, tal com explicava el ministre d’Afers Estrangers en parlar de la voluntat d’avançar en aquest reconeixement la setmana passada, i, per tant, espero que l’esforç de tots serveixi perquè Espanya pugui sumar-se al reconeixement de l’Estat palestí.

A efectes de recordatori, voldria recordar que malgrat que aquesta és una solució, no és una bona solució. La solució ideal hauria estat des de l’inici —i em remunto històricament— l’existència d’un sol Estat pluricultural que englobés tots els habitants de Palestina: jueus i àrabs, israelians i palestins. Evidentment, l’evolució dels fets i la resolució de l’any 1947 de les Nacions Unides a la qual abans fèiem referència han impedit que aquesta sigui una opció plantejable avui, però cal recordar que hi ha Estats purs des del punt de vista ètnic i aquest és l’embrió d’un conflicte de difícil solució. Precisament, l’aposta per mantenir aquests Estats diferenciats entre jueus i palestins és un focus de conflicte de difícil solució, però no podem fer marxa enrere en el temps ni podem fer un salt a abans de 1947. Per tant, avui hem d’acceptar les resolucions de Nacions Unides, com la pròpia moció instava, i cal acceptar també els Acords d’Oslo de 1993 entre Rabin i Arafat. Aquests acords preveien la necessitat del reconeixement del dret del poble palestí a constituir el seu propi Estat.

Aquesta és la situació, i aquí és necessari que el conjunt de la Unió Europea i, per tant, també el Regne d’Espanya, participi del reconeixement del nou Estat palestí i, sobretot, el que és molt important és la necessitat d’instar, de pressionar i d’exigir a l’Estat d’Israel que acabi amb la política dels assentaments, que és constant i mina qualsevol solució de futur. La política d’assentaments el que fa és infiltrar tot el territori palestí, destruir la continuïtat del territori palestí i impedir una solució raonable de reconeixement de l’Estat palestí, de la coexistència d’aquests 2 Estats. I això és el que no és possible. Per tant, cal pressionar Israel perquè aturi aquesta política d’assentaments i es retrotregui a les fronteres anteriors; cal instar també, evidentment, als palestins i especialment a Hamas, com ja s’ha dit, perquè apostin per una política de pau de l’Estat d’Israel; que es reconegui també a l’Autoritat Nacional Palestina i igualment cal fer una referència al estatus de Jerusalem; Jerusalem és una ciutat històrica, capital religiosa de 3 religions importantíssimes que es troben a la base de la cultura actual: judaisme, islam i cristianisme, i, per tant, s’hauria d’avançar perquè Israel tingui reconegut el seu estatus com a ciutat internacional sense que sigui, com pretén l’Estat d’Israel, només la capital de l’Estat israelià. No fora bona la partició de Jerusalem i, per tant, un estatus internacional de ciutat oberta, diria jo, sí podria facilitar una via futura de pau i de coexistència entre uns i altres en un territori tan castigat al llarg de la història. Per això, el nostre grup és partidari d’aquest reconeixement.

No votarem, però espero que es pugui avançar en el Congrés dels Diputats en aquest debat, i que, amb el consens dels altres grups parlamentaris, el Grup Parlamentari Popular i el seu Govern puguin acordar aquest punt i fer-lo extensiu al conjunt de la Unió Europea en general.

Motes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, creo que ha sido inteligente, como ya se ha calificado, la iniciativa del senador Aiartza y los restantes firmantes de la moción, pidiendo precisamente la retirada de la votación y permitiendo que el debate siga abierto. Es importante que hoy esta Cámara, el Senado de España, no tome un acuerdo contrario al reconocimiento del Estado palestino, y, por lo tanto, espero que el debate que hoy estamos celebrando sirva para insistir una vez más en el hecho de avanzar en esta dirección. Espero que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular sean receptivos, tal como explicaba el ministro de Asuntos Exteriores al hablar de la




Página 12330


voluntad de avanzar en este reconocimiento, y, por lo tanto, espero que el esfuerzo de todos sirva para que España pueda sumarse al reconocimiento del Estado palestino.

A efectos de recordatorio, a pesar de que esta es una solución, no es una buena solución. La solución ideal habría sido desde el inicio —y me remonto históricamente— la existencia de un doble Estado pluricultural que englobara a todos los habitantes de Palestina: judíos y árabes, israelíes y palestinos. La evolución de los hechos y la resolución del año 1947 de Naciones Unidas a la que antes hacíamos referencia han impedido que esta sea una opción que hoy se pueda plantear, pero hay que recordar que existen Estados puros desde el punto de vista étnico y este es el embrión de un conflicto de difícil solución. Por lo tanto, la apuesta por mantener estos Estados diferenciados entre judíos y palestinos es un foco complicado, de difícil solución, pero no podemos dar marcha atrás en el tiempo ni podemos dar un salto a antes de 1947. Por consiguiente, tenemos que aceptar las resoluciones de Naciones Unidas y hay que aceptar también los Acuerdos de Oslo de 1993 entre Rabin y Arafat. Estos acuerdos preveían la necesidad del reconocimiento del derecho del pueblo palestino a constituir su propio Estado.

Esta es la situación, y aquí es necesario que el conjunto de la Unión Europea y, por tanto, también España, participe del reconocimiento del nuevo Estado palestino y, sobre todo, lo que es muy importante es la necesidad de instar, de presionar y de exigir al Estado de Israel que acabe con la política de los asentamientos, que es constante y mina cualquier solución de futuro. La política de asentamiento lo que hace es infiltrar todo el territorio palestino, destruir la continuidad del territorio palestino e impedir una solución correcta de la existencia del Estado palestino, de la coexistencia de estos 2 Estados. Por tanto, hay que presionar a Israel para que detenga esta política y se retrotraiga a las fronteras anteriores; hay que instar también, evidentemente, a los palestinos y especialmente a Hamas, como ya se ha dicho, para que apueste por una política de paz del Estado de Israel; que se reconozca también a la Autoridad Nacional Palestina e igualmente hay que hacer una referencia a la situación de Jerusalén en la que, como capital de 3 religiones importantísimas que se encuentran en la base de la cultura actual: judaísmo, islam y cristianismo, tendríamos que avanzar para que tenga reconocido su estatus como ciudad internacional y, por tanto, no sea solo la capital de Israel pues no sería buena esta situación. Sin embargo, el reconocimiento de la ciudad como ciudad abierta sí podría facilitar una vía futura de paz y de coexistencia entre unos y otros en un territorio tan castigado a lo largo de la historia. Por ello, nuestro grupo es partidario del reconocimiento.

No votaremos, pero espero que se pueda avanzar en el Congreso de los Diputados en este debate, y que, con el consenso de los otros grupos parlamentarios, el Grupo Parlamentario Popular y su Gobierno puedan acordar este punto y hacerlo extensivo al conjunto de la Unión Europea.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Sedó.

El señor SEDÓ ALABART: Gracias, señor presidente. Seré muy breve.

En primer lloc, voldria agrair al senador la retirada de la moció perquè el resultat segurament hauria estat que el Senat avui no estaria d’acord amb el reconeixement de l’Estat palestí i, per tant, hauria estat una mala solució, hauria estat un mal missatge.

Sense entrar ja en massa detall en el tema de la moció, amb el qual nosaltres no estàvem d’acord, sobretot en l’exposició de motius perquè ens semblava que només es feia una crítica a Israel sense analitzar el fons del problema i sense fer balanç de l’actuació tant de l’Autoritat Nacional Palestina com d’altres forces palestines, especialment Hamas, i la contraprestació amb l’Estat d’Israel. Com dic, l’exposició de motius no ens agradava gens, però podríem estar força d’acord amb la resta de la moció. Estàvem a favor de les esmenes presentades per la majoria dels grups, tots, i respecte a una del Grup Socialista que feia referència a Jerusalem, creiem que s’hauria d’haver treballat més el tema, ja que si bé el tema de la moció és un problema molt complex de resoldre, el tema de Jerusalem és encara si cap més difícil dins d’aquest trencaclosques.

Voldria exposar que per la nostra part, per part del Grup Parlamentari de Convergència i Unió som favorables al reconeixement de l’Estat palestí, al reconeixement de dos estats que puguin




Página 12331


conviure en pau, i això s’ha de fer sobre la base del compliment de les resolucions de Nacions Unides i del diàleg. És l’hora dels polítics, és l’hora que els polítics dialoguin i prenguin decisions.

Pel que fa al moment del reconeixement els diré que l’altre dia, en la intervenció del ministre d’Afers Estrangers, quan ell justificava una mica el fet que no es reconegués l’Estat palestí en funció del que deien altres estats i, sobretot, en resposta a la possibilitat que el nou Govern de Suècia el reconegui en les pròximes setmanes, jo li vaig dir que per a nosaltres ara era el moment de la Unió Europea. I si realment creiem en la Política Exterior i de Seguretat de la Unió Europea, ha arribat el moment que, en el seu conjunt i per majoria si fa falta —com deia el senador Anasagasti—, assumeixi el compromís de reconeixement de l’Estat palestí.

Per tant, a part de fer-ho nosaltres aquí, a part d’adoptar o no una decisió, crec que el Ministeri d’Afers Estrangers i el Govern espanyol han de traslladar al Consell de Ministres d’Afers Estrangers de la Unió Europea aquesta petició i aquesta necessitat de diàleg perquè es reconegui l’Estat palestí. És l’única solució que hi ha. Hem de demanar-ho en el moment més adequat per a aquest reconeixement. Això passarà també pel fet que Hamas i l’Autoritat Nacional Palestina reconeguin que Israel també té el dret d’existir, el dret de conviure i el dret d’estar en aquest territori.

La solució serà complexa. Jo reclamo —i crec que per això és positiu que hi hagi retirat vostè aquesta moció— que se celebri un debat profund, però sobretot que transmetem al Govern que porti aquest punt a la Unió Europea perquè sigui aquesta en el seu conjunt la que reconegui l’Estat palestí amb aquestes condicions de reconeixement de les resolucions de Nacions Unides i el reconeixement del sistema de 2 Estats.

El debat és positiu. Hi ha de ser-hi i cal que el puguem traslladar a Europa. I ja no podem esperar molt. És el moment que ara el Senat no prengui una decisió que podria ser un missatge negatiu. Per això, li agraeixo de nou el fet que hi hagi retirat la moció, però el debat no ha d’acabar avui aquí. L’hem de continuar i hem de transmetre al Govern espanyol que les dues Cambres d’aquest Estat volen que el Govern iniciï tots els passos en el marc de la Unió Europea perquè hi hagi un reconeixement de l’Estat palestí i pugui conviure de forma pacífica amb l’Estat d’Israel.

Moltes gràcies.

En primer lugar, quisiera agradecer al senador la retirada de la moción porque el resultado seguramente habría sido que el Senado hoy no estaría de acuerdo con el reconocimiento del Estado palestino y, por consiguiente, habría sido una mala solución, habría sido un mal mensaje.

Sin entrar ya en demasiado detalle en el tema de la moción, con el cual nosotros no estábamos de acuerdo, sobre todo en la exposición de motivos porque nos parecía que solo se hacía una crítica a Israel sin analizar el fondo del problema y sin hacer balance de la actuación tanto de la Autoridad Nacional Palestina como de otras fuerzas palestinas, especialmente Hamas, y la contraprestación con el Estado de Israel. Como digo, la exposición de motivos no nos ha gustado nada, pero podríamos estar bastante de acuerdo con el resto de la moción. Estábamos a favor de las enmiendas presentadas por la mayoría de los grupos, y respecto a una del Grupo Socialista que hacía referencia a Jerusalén, creemos que se tendría que haber trabajado más, puesto que si bien el tema de la moción es un problema muy complejo de resolver, el tema de Jerusalén es todavía si cabe más difícil dentro de este rompecabezas.

Quisiera exponer que por nuestra parte, por parte del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió somos favorables al reconocimiento del Estado palestino, al reconocimiento de dos Estados que puedan convivir en paz, y esto debe hacerse sobre la base del cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas y del diálogo. Es la hora de los políticos, la hora de que los políticos dialoguen y tomen decisiones.

Respecto al momento del reconocimiento les diré que el otro día, en la intervención del ministro de Asuntos Exteriores, cuando él justificaba un poco el hecho de que no se reconociera el Estado palestino en función de lo que decían otros Estados y, sobre todo, en respuesta a la posibilidad de que el nuevo Gobierno de Suecia lo reconozca en las próximas semanas, yo le dije que para nosotros ahora era el momento de la Unión Europea. Y si realmente creemos en la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, ha llegado el momento de que, en su conjunto y por mayoría si hace falta —como decía el senador Anasagasti—, esta asuma el compromiso de reconocimiento del Estado palestino.




Página 12332


Por tanto, aparte de hacerlo nosotros aquí, aparte de adoptar o no una decisión, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Gobierno español deben trasladar al Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea esta petición y esta necesidad de diálogo para que se reconozca al Estado palestino. Es la única solución que hay. Tenemos que pedirlo en el momento más adecuado para este reconocimiento. Esto pasará también por el hecho de que Hamas y la Autoridad Nacional Palestina reconozcan que Israel también tiene el derecho de existir, de convivir y de estar en ese territorio.

La solución será compleja. Yo reclamo —creo por eso que es positivo que haya retirado usted esta moción— que se celebre un debate profundo, pero sobre todo que transmitamos al Gobierno que lleve este punto a la Unión Europea para que sea esta en su conjunto la que reconozca al Estado palestino con las resoluciones de Naciones Unidas y con el reconocimiento del sistema de 2 Estados.

El debate es positivo. Debe existir y es necesario que podamos trasladarlo a Europa. No podemos esperar ya más tiempo. Es el momento de que ahora el Senado no tome una decisión que podría ser un mensaje negativo. Por eso, le agradezco de nuevo el hecho de que haya retirado la moción, pero el debate no tiene que cesar hoy aquí. Tiene que continuar y tenemos que transmitir al Gobierno español que ambas Cámaras de este Estado quieren que el Gobierno inicie todos los pasos frente a la Unión Europea para que haya un reconocimiento del Estado palestino y pueda convivir de forma pacífica con el Estado de Israel.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sedó.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Fernández Pena.

La señora FERNÁNDEZ PENA: Gracias, señor presidente.

Coincidimos totalmente con la posición del Grupo Mixto de no someter a votación esta moción en tanto que esperamos los resultados de este debate, que tendrá continuidad con una PNL socialista en el Congreso, y a que las próximas decisiones de la comunidad internacional, que ya son imparables, acaben obligando al PP y al Gobierno que sustenta a reconocer un Estado palestino soberano; y es que aunque crean que no es el momento, señorías, sí llegó; llegó ese momento. Llevamos demasiado tiempo esperando por una convivencia pacífica entre 2 Estados. Fíjense, mañana hace veintitrés años que Israel y Palestina se sentaban por primera vez en una misma mesa para negociar. Era la cumbre de Madrid del año 1991, una cumbre que marcó los parámetros de futuras negociaciones que culminaron en el año 1993 con los acuerdos de Oslo y la creación de la Autoridad Nacional Palestina; veintitrés años en los que, a pesar de las esperanzas puestas en ese acuerdo, poco o nada se ha avanzado en el proceso de paz, pero eso sí, son veintitrés años en los que la comunidad internacional ha ido analizando y concluyendo, con un gran consenso, cómo se ha de alcanzar la paz en los territorios ocupados. La paz se conseguirá con la coexistencia de los dos Estados, del Estado de Israel y del Estado palestino, dos Estados con fronteras definidas y de acuerdo con las vigentes en 1967. Así se aprobó en la resolución de la Asamblea General de la ONU de noviembre de 2012 copatrocinada por 60 países. Ya son casi el 70 % de los miembros de la Asamblea General de la ONU los que reconocen a Palestina como un Estado.

¿Qué es lo que falla entonces, señorías? ¿Por qué no se alcanza ese acuerdo de paz? Quizás es que no exista una intención real de alcanzarlo porque —como ya comenté en el turno de enmiendas utilizando las palabras de Catherine Ashton— son ya demasiados años esperando un acuerdo de paz como paso previo a la creación de los 2 Estados, cuando es posible que la creación de los 2 Estados sea la que ayude a ese acuerdo de paz, una creación que debe pasar por el reconocimiento internacional de Palestina como tal, como un Estado soberano.

Señorías, la evolución futura de las relaciones entre Israel y Palestina depende del compromiso de paz duradera, una paz duradera que debe cimentarse sobre la base de encontrar una solución para los dos Estados, y eso es algo que ya hemos aprobado en esta Cámara. La propuesta de resolución número 34 aprobada en el debate sobre el estado de la nación en el año 2011, acordaba en su parte final apoyar de manera coordinada con la Unión Europea el reconocimiento del Estado palestino como Estado soberano, contiguo, democrático, independiente, que conviva en paz y con seguridad con el Estado de Israel.




Página 12333


Todos estamos de acuerdo en que Palestina debe ser un Estado soberano, pero parece que nos separamos en el cuándo. El cuándo es difícil de acertar, pero lo cierto es que mientras no lo decidimos, seguimos sin acuerdo de paz, y sin acuerdo de paz no hay decisión para los dos Estados. A este ritmo, dentro de veintitrés años se subirá aquí otro senador o senadora y dirá: mañana hará cuarenta y seis años que Israel y Palestina se sentaban a negociar por primera vez en una mesa.

Tenemos que parar esto, señorías. Nuestra obligación, la obligación de la comunidad internacional es buscar todas las vías para conseguir ese acuerdo de paz pero, sobre todo, para proteger a los ciudadanos inocentes que habitan en Gaza. Ya en el año 2012, Naciones Unidas advirtió que la situación del bloqueo convertiría en 2020 a este territorio en una zona inhabitable y se acaba el tiempo.

Los esfuerzos diplomáticos son arduos, difíciles, constantes y la ONU tiene un complicado papel, pero quizá sea necesaria una nueva reflexión sobre este problema; más imaginación a la hora de plantear alternativas a una negociación que, hasta el momento, no ha tenido resultados.

Volver a instar, como hace el Partido Popular, a retomar las negociaciones lo podremos hacer una y mil veces, pero necesitamos algo más. Es más, permítanme un comentario sobre esta enmienda y es que sorprende esta petición cuando, teóricamente, estamos en pleno proceso de negociación. Así, el ministro Margallo, en su comparecencia en la última Comisión de Asuntos Exteriores, dijo textualmente: Las negociaciones indirectas entre las partes se reanudarán bajo mediación egipcia, en El Cairo, el próximo 27 de octubre. Señorías, piden que retomen negociaciones cuando la última negociación indirecta se celebró hace exactamente dos días.

Se trata, señorías, de que con este acuerdo no caigamos en los errores cometidos. Debemos avanzar y no detenernos ante obstáculos porque ningún obstáculo es insalvable; lo que son insalvables, señorías, son los muertos. Son demasiados los muertos. La comunidad internacional tiene ―y nosotros, como sus representantes, tenemos― la obligación legal y moral de proteger a la población palestina, pero también el deber de advertir a Israel de que es responsable de grandes violaciones de derechos internacionales y humanitarios. Violaciones que conocemos cada vez que hablamos del excesivo número de muertos o de detenidos; cifras abrumadoras en el bando palestino. ¿Se imaginan vivir en esa realidad? ¿Se imaginan a sus hijos viviendo en esa realidad? 373 000 niños tuvieron que recibir asistencia psicosocial; 485 000 personas fueron desplazadas a refugios de emergencia; 1,5 millones de personas no tienen acceso al agua potable, y el 80 % vive de la ayuda humanitaria. Son unos números que pueden aumentar por el incremento de tensión en la zona, como dijo también en su comparecencia el ministro Margallo.

En cualquier caso, repito, no pretendo cargar todo el peso de la culpa en una de las partes ya que, en muchas ocasiones, las estrategias de Israel y Hamas en el conflicto retroalimentan sus posiciones de desencuentro; unas estrategias que, lamentablemente, no tienen en cuenta en la mayor parte de las ocasiones a los habitantes de la zona; unas estrategias basadas en el odio y en la sinrazón entre pueblos que, en el fondo, aspiran a la paz, pero a los que les cuesta doblegar sus voluntades porque unos se sienten atacados y, otros, humillados. Es una situación sobre la que se ha pronunciado John Kerry, que ha advertido que la falta de solución del conflicto árabe-israelí solo favorecería el reclutamiento de nuevos combatientes yihadistas para el grupo Estado Islámico.

Estamos ante dos sociedades que se odian: unos, con armas para defenderse; y, otros, sin nada más que la dignidad de los que se saben derrotados, que se saben sometidos a un bloqueo que no ayuda a liberar tensiones, que no ayuda a descongestionar el conflicto porque cualquier solución pasa siempre por levantar el bloqueo de la zona por parte de Israel. Por eso, deberíamos haber aprobado hoy, entre todos, el levantamiento de ese bloqueo. Pero permítanme también que les diga que no creo que se trate simplemente de abogar por el levantamiento, como planteaban ustedes en su moción, sino de reclamar a las autoridades israelíes ese levantamiento. El Estado israelí es el responsable último del levantamiento de este bloqueo y, la nuestra, la responsabilidad de la comunidad internacional es trabajar y presionar en esa dirección.

No podemos permitir que el bloqueo de Gaza sea la consecuencia legítima al derecho de la seguridad y la autodefensa del Estado de Israel. La seguridad en una frontera no puede impedir que garanticemos la subsistencia de los más de 1,8 millones de palestinos que viven en Gaza. Una subsistencia que debemos garantizar de manera inmediata con la ayuda humanitaria acordada en la Conferencia de El Cairo. Gaza debe ser reconstruida siguiendo el Plan de reconstrucción 2007-2014, diseñado por la Autoridad Nacional Palestina, y debe ser ejecutado bajo la coordinación y la dirección del Gobierno de unidad nacional.




Página 12334


Señorías, el actual proyecto de resolución tiene fecha límite: noviembre de 2016 para llegar a una solución de dos Estados conviviendo en paz, y se termina el tiempo. Deberíamos haber sido más ambiciosos en nuestras peticiones y emular a los países europeos que ya han dado un paso más reconociendo la soberanía de Palestina, un Estado que coexista en paz con Israel. Quiero, por lo tanto, agradecer la aceptación de las enmiendas por parte de los firmantes de la moción.

Termino, señorías, haciendo mías las palabras del ministro Margallo, quien en su comparecencia en la Comisión de Asuntos Exteriores, quizá con un matiz interpretativo diferente al que le quiso dar, dijo que el reconocimiento del Estado soberano será efectivo cuando resulte oportuno y ayude a traer la paz.

Señorías, la oportunidad hoy era evidente, y estoy segura de que con nuestros votos habríamos ayudado un poco más a traer la paz a los territorios ocupados, porque esta Cámara hoy ha perdido la oportunidad de presionar Hamás y a Israel a perder el miedo y a convivir en paz como 2 Estados.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Fernández Pena.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Muñoz-Alonso.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Gracias, señor presidente.

Señorías, senador Aiartza, ha dicho una cosa con la que estoy plenamente de acuerdo —hemos señalado que hay otras muchas también en las que lo estamos—: hay debate sobre este tema. Me parece muy bien, y yo les invito a que en adelante, tanto en Pleno como en comisión, planteen cuestiones relacionadas con el problema palestino-israelí porque creo que podremos ir avanzando. Pero, como les he dicho antes —y en eso coincido también con lo que ha dicho el senador Sedó—, creo que este es un tema para que lo abordemos en el ámbito europeo, porque así tendrá fuerza, así podrá ser eficaz. Han señalado ya cantidad de países que han hecho este reconocimiento que ustedes querían plantear hoy, ¿de qué ha servido? Desgraciadamente, de nada. Porque hay que utilizar otros instrumentos jurídicos e internacionales que es lo que falta en una moción bien intencionada, sin duda, como la que ustedes han presentado.

Senador Anasagasti, claro que estoy de acuerdo con lo que ha dicho su señoría de que en la Unión Europea hay ciertos temas en los que no hay por qué recurrir a la mayoría. Está además en el Tratado de Lisboa de una manera u otra implícito. Tenemos que trabajar en ese ámbito porque, insisto, ahí tendremos más fuerza para conseguir algunos resultados.

Estudiábamos en derecho político hace ya muchos años que para que exista un Estado tiene que haber territorio, población y un sistema jurídico. En el Estado palestino hay territorio, hay una población, dividida hasta ahora —esperemos que la división no se vuelva a producir—, pero el territorio no lo tienen, porque los asentamientos están impidiendo que haya un territorio verdaderamente palestino. Hay que acabar con los asentamientos. Una declaración de reconocimiento del Estado de Israel sin haber acabado con el problema de los asentamientos que, como diré algo más tarde, se están produciendo día a día, es inútil. Por ahí es por donde hay que empezar, y ahí es donde se lo tiene que tomar en serie la comunidad internacional, en vez de hacer declaraciones, que nos parecen a todos muy bien, pero que son absoluta y plenamente ineficaces.

Por otra parte, todos ustedes conocen el origen del conflicto palestino —aquí esta misma tarde se ha aludido a él en algunos momentos—, pero creo que hay que insistir —y no se lo he oído a muchos, o solo una pequeña alusión— a que en este momento histórico ese conflicto no se puede aislar de las complejas turbulencias que desgarran al mundo árabe musulmán. Es un poco ingenuo pensar que podemos arreglar el problema palestino israelí, si todo el follón que existe hoy día en Oriente Medio no sabemos de alguna manera remediarlo.

En una primera aproximación se podría decir que estas divisiones que existen en el mundo árabe musulmán están en torno al sentido que dan ellos al concepto de yihad. Para unos es un esfuerzo personal por lograr el perfeccionamiento propio —que, por cierto, podríamos decir que tiene ciertas similitudes con el ascetismo cristiano—, pero, para otros, es una visión violenta, una visión de lucha armada contra los infieles, por una parte, y contra los malos musulmanes, que para ellos son todos los que no aceptan su visión integrista de la religión islámica, por otra. Ese es un problema que está hoy por hoy sin resolver.




Página 12335


Otro parámetro, al que también hay que aludir, es el enfrentamiento secular que hay en el mundo musulmán entre suníes y chiíes, que tiene una clarísima vertiente geopolítica, como muchos de ustedes seguro que saben. La vertiente suní, capitaneada de alguna manera por Arabia Saudí, y la chií, con Irán como gran potencia que la defiende. Y ahora, la aparición del llamado Estado Islámico de Siria e Iraq, o el Estado Islámico de Levante, que son suníes, y su pretensión de establecer un califato universal creado en junio pasado, introduce un elemento nuevo muy serio de carácter revisionista del que no se puede prescindir, porque desconoce las fronteras tal y como se diseñaron en los tratados de Versalles, tras la Primera Guerra Mundial, por parte de los vencedores cuando quisieron repartirse el imperio otomano; y lo hicieron muy mal, todo hay que decirlo. Fue un diseño de fronteras realmente penoso. (Rumores).

Pero voy con Hamás. Señorías, Hamás, que es el acrónimo del Movimiento de Resistencia Islámico, fue fundado en 1987 en el contexto de la Primera Intifada, y tiene como propósito manifiesto expresado en su carta fundacional conquistar la totalidad de Palestina mediante la yihad contra Israel, cuya legitimidad como Estado reconocido internacionalmente no acepta. (Rumores). Su lema es arrojar a los judíos…

El señor PRESIDENTE: ¡Señorías, guarden un poco de silencio, por favor!

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Gracias, señor presidente.

Su lema es arrojar a los judíos al mar, y hacerlo desde luego por la violencia, y eso explica que algunos países hayan considerado y sigan considerando a Hamas como una organización terrorista, y que algunos de ellos hayan afirmado que hasta que Hamas no renuncie a la violencia, por una parte, y no reconozca el Estado de Israel, por otra, será imposible avanzar en esa línea a la que todos aspiramos.

Desde el año 2007, después de unas elecciones, Hamas tiene el poder absoluto y no compartido —o al menos lo ha tenido hasta ahora mismo— en la franja de Gaza, y tras una enconada y violenta lucha con Al Fatah, sus hermanos palestinos de Cisjordania, que es el partido del presidente Mahmud Abbas, que fue expulsado de la franja, no se había llegado a una solución. Una lucha que ha sido calificada como cainita y que sin duda ha sido un grave inconveniente que ha favorecido indirectamente a Israel para no reconocer ese Estado. Hamas es suní, pero sus lazos con Irán han sido patentes en los últimos tiempos, y eso introduce otro elemento de confusión. Porque, señorías, la tragedia del conflicto palestino-israelí es que en ambos lados hay elementos extremistas y elementos moderados, y desgraciadamente en los últimos tiempos han predominado los extremistas. Y hubo algunos momentos en los que esto no fue así. Por ejemplo, cuando dos antiguos halcones, como Isaac Rabin y Yasser Arafat, se dieron, tras la reunión de Madrid de 1991 y los subsiguientes acuerdos de Oslo, el histórico apretón de manos en Washington que creo les mereció a los dos el Premio Nobel de la Paz en septiembre de 1993. Pero Hamas, encastillado en su extremismo, no lo aceptó; ni tampoco los radicales judíos, hay que decirlo. Dos años después Rabin era asesinado, no por un palestino, sino por un extremista judío.

En 2005 otro antiguo halcón, Ariel Sharon —de cuyo partido acabaría saliendo el derechista Likud, fundando otro más moderado, Kadima—, llevó a cabo algo insólito convertido en primer ministro, algo que nadie esperaba: la retirada unilateral y total de Israel de la franja de Gaza. Se desalojó por la fuerza a los 8000 colonos judíos allí establecidos; se destruyeron los asentamientos, y ese territorio quedó exclusivamente en manos de los palestinos, y más exactamente de Hamas.

Desde el lado palestino se ha minimizado este hecho porque dicen que se marcharon 8000 de Gaza, pero aparecieron 12 000 en Cisjordania. Posiblemente los números son esos o parecidos, y eso indica la dificultad del problema. ¿Pero qué hizo Hamas a partir de este momento, cuando se quedó sola en la franja? Pues se dedicó a lanzar cohetes Qassam sobre la población judía —y hay datos y estadísticas—; no son cohetes muy avanzados tecnológicamente, pero producen pánico y también víctimas. Según fuentes israelíes, antes del año 2008 se lanzaban 179 cohetes al mes, es decir, varios al día, pero de julio a octubre de ese año el lanzamiento descendió a 3 por mes, y ahora se ha vuelto a incrementar con motivo de este conflicto.




Página 12336


Señorías, no voy a minimizar el horror que a todos nos ha producido la desproporcionada reacción de Israel sobre Hamas y ese número de víctimas, más de 2000, casi todas ellas civiles; en el lado israelí, por el contrario, son solo 71 víctimas, casi todas ellas militares del ejército israelí. Pero creo que hay que decir que España ha condenado claramente, por ejemplo, el 25 de julio, en los términos más rotundos los ataques de Israel sobre Gaza. Tengo aquí una relación de las fechas, y concretamente de estos últimos dos o tres meses, en que el Gobierno español ha condenado los ataques de Israel, incluidos ataques a sedes de Naciones Unidas —a la Agencia de la ONU para los Refugiados en concreto—, que demuestran cómo desde el Gobierno español se es muy sensible a este problema.

Y tenemos que aludir también a que la propia Asamblea General de las Naciones Unidas ha visto cómo los representantes de la Unión Europea —por eso hablaba yo antes de la Unión Europea— han planteado muy acertadamente este problema y han aludido también a otro problema que a veces se deja de lado, el de los refugiados. Hay que resolver el problema de aquellos refugiados que se fueron expulsados por los judíos y que tienen un legítimo derecho a que se les atienda en su reivindicación de volver a sus pueblos.

No duden de que desde el puesto de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que España ha conseguido recientemente para el bienio 2015-2016 —todavía no está actuando, hay que esperar a enero—, nuestro país pondrá en juego todas las capacidades y toda la influencia de que dispondrá por su pertenencia a ese importante órgano para seguir trabajando a favor de la paz entre israelíes y palestinos y de la estabilidad en la zona. Y su objetivo será —lo hemos dicho aquí y lo repito— alcanzar dos Estados que se reconozcan mutuamente, con fronteras seguras y garantizadas.

Y termino. Como dijo ya hace muchos años un destacado político israelí, Abba Eban, los hombres y las naciones se comportan con frecuencia sabiamente una vez que han agotado todas las demás alternativas. En mi opinión, estamos ya en esa situación; se han agotado —algunos de ustedes también lo han dicho ya— todas las alternativas y no hay más salida que el entendimiento entre las 2 partes. Hagamos todo lo posible…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Termino, presidente.

... para darle una oportunidad a la paz, pero hagámoslo con rigor y seriedad, con realismo y sin caer en fáciles tentaciones demagógicas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Muñoz-Alonso.

6.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR DETERMINADAS MEDIDAS PARA EL TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DEL MALTRATO A LAS PERSONAS MAYORES. (Votación).

(Núm. exp. 662/000160)

AUTOR: GPP

El señor PRESIDENTE: Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Vamos a proceder a la votación de las mociones.

En primer lugar, la moción del Grupo Parlamentario Popular vamos a votarla tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 153; abstenciones, 95.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada. (Aplausos.—Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.




Página 12337


6.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA FOMENTAR LAS DONACIONES DE ÓRGANOS Y MOSTRAR SU RECONOCIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES (ONT) POR REVALIDAR POR VIGÉSIMO SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO EL LIDERAZGO MUNDIAL EN TRASPLANTES. (Votación).

(Núm. exp. 662/000161)

AUTOR: GPP

El señor PRESIDENTE: En segundo lugar, en cuanto a la segunda moción del Grupo Parlamentario Popular, vamos a votar la propuesta de modificación firmada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado y el Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 247; a favor, 170; en contra, 3; abstenciones, 74.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada. (Aplausos.—Rumores).

6.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RECONOCER AL ESTADO PALESTINO COMO ESTADO SOBERANO Y A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE GAZA Y LA CONSOLIDACIÓN DE UN PROCESO DE PAZ EN ORIENTE MEDIO. (Votación).

(Núm. exp. 662/000159)

AUTORES: URKO AIARTZA AZURTZA (GPMX) Y NUEVE SENADORES MÁS

El señor PRESIDENTE: La tercera moción ha sido presentada por el senador Aiartza y 9 senadores más. El senador Aiartza ha pedido su retirada, es decir, que no se vote. Supongo que los 9 senadores restantes estarán también de acuerdo. (Asentimiento). Por tanto, no vamos a proceder a su votación.

7. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

7.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

7.1.1. CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE MOLDOVA EN MATERIA DE COOPERACIÓN EN ASUNTOS DE SEGURIDAD Y LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN MADRID EL 22 DE OCTUBRE DE 2013.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000127)

7.1.2. ACUERDO DE SEDE ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA (AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO), HECHO EN BILBAO EL 31 DE MARZO DE 2014.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000128)

El señor presidente da lectura a los puntos 7., 7.1., 7.1.1. y 7.1.2.

El señor PRESIDENTE: Para su presentación, tiene la palabra el presidente de la comisión, senador Muñoz-Alonso.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Gracias, presidente.

Señorías, intervengo con la máxima brevedad. Los tratados y convenios internacionales que se someten en este acto a la consideración del Pleno del Senado tuvieron su entrada en esta Cámara el día 29 de septiembre de 2014, siendo publicados ese mismo día en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Se han tramitado por el procedimiento ordinario.




Página 12338


El plazo de presentación de propuestas a los referidos tratados y convenios expiró el día 10 de octubre de 2014, no habiéndose presentado ninguna.

La comisión dictaminó dichos tratados y convenios internacionales en su sesión del día 23 de octubre de 2014 y acordó elevar al Pleno propuestas favorables a la concesión de autorización al Gobierno para que preste el consentimiento del Estado a obligarse por medio de los mismos.

Es, por tanto, en este momento, la competencia del Pleno.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Muñoz-Alonso.

Sobre estos convenios ha habido votación telemática. El senador Marín Torrecillas, del Grupo Parlamentario Popular, ha obtenido la autorización para realizar esta votación por enfermedad. Ha emitido su voto en los dos casos y ha sido afirmativo en ambos.

¿Algún senador solicita la votación o podemos aprobarlos por asentimiento? (La señora Capella i Farré pide la palabra.)

Tiene la palabra, senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Quiero manifestar la abstención por parte de esta senadora de Esquerra Republicana.

El señor PRESIDENTE: Con la abstención de la senadora Capella, ¿podemos aprobarlos por asentimiento? (Asentimiento).

Muy bien. Quedan, pues, aprobados por asentimiento con la abstención de la senadora Capella.

8. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

8.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

8.1.1. PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULAN LAS ENTIDADES DE CAPITAL-RIESGO, OTRAS ENTIDADES DE INVERSIÓN COLECTIVA DE TIPO CERRADO Y LAS SOCIEDADES GESTORAS DE ENTIDADES DE INVERSIÓN COLECTIVA DE TIPO CERRADO, Y POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 35/2003, DE 4 DE NOVIEMBRE, DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

COMISIÓN: ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

(Núm. exp. 621/000095)

El señor presidente da lectura a los puntos 8., 8.1. y 8.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen tiene la palabra el senador López.

El señor LÓPEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, presidente.

Señorías, el proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado tuvo su entrada en esta Cámara el pasado día 15 de octubre de 2014, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, tramitándose por el procedimiento de urgencia.

El plazo de presentación de enmiendas finalizó, previa ampliación, el día 22 de octubre de 2014. Se han presentado un total de 94 enmiendas, que se distribuyen de la siguiente forma: enmiendas 1 a 40, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas 41 a 43, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; enmiendas 44 a 88, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; enmiendas 89 y 90, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; y enmiendas 91 a 94 del Grupo Parlamentario Socialista.

El día 27 de octubre se reunió la comisión para dictaminar el citado proyecto de ley y emitió dictamen sin modificaciones respecto al texto remitido por el Congreso de los Diputados.

Finalmente, han presentado votos particulares a este dictamen los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, y los Grupos Parlamentarios Vasco en el Senado, Entesa pel Progrés de Catalunya, Catalán en el Senado Convergència i Unió y Socialista.

Muchas gracias.




Página 12339


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador López.

Comenzamos el debate a la totalidad.

¿Turno a favor? (Denegaciones).

¿Turno en contra? (Denegaciones).

Pasamos al turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

¿Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones).

¿Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya? (Denegaciones).

¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió? (Denegaciones).

¿Por el Grupo Parlamentario Socialista? (Denegaciones).

¿Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado? (Denegaciones).

A continuación procedemos entonces al debate del articulado.

Debate de las enmiendas. Los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto, han presentado las enmiendas 1 a 40.

Para su defensa tiene la palabra el senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.

Doy las enmiendas por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado ha presentado las enmiendas 41 a 43.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado 3 enmiendas. La primera propone un apartado nuevo referente a los fondos institucionales, ya que la creación de fondos de inversión institucionales constituye una cuestión fundamental para impulsar y aumentar la competitividad de la industria, de la inversión colectiva de España, permitiendo una mayor adaptación de la oferta de productos a la tipología de inversiones.

Con la segunda enmienda solicitamos un apartado nuevo en el que proponemos una disposición transitoria octava referente a las instituciones de inversión colectiva. Solicitamos que dispongan de un plazo de 6 meses para registrarse como tales no armonizadas.

La última enmienda es de modificación. Manteniendo tal y como se presentan en el texto varios de los apartados, proponemos 3 puntos nuevos en referencia a las aportaciones de los planes de pensiones y las sanciones.

Con ello doy por defendidas las enmiendas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha presentado dos bloques de enmiendas. El primero de ellos va de la 44 a la 47.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo para defender las enmiendas 44 a 47, correspondientes a los senadores y senadoras socialistas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y para, a su vez, dar por defendidas las enmiendas 48 a 88, correspondientes a los senadores de Iniciativa per Catalunya, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Los senadores y senadoras del PSC compartimos los principios y objetivos de esta ley. Estamos convencidos de su necesidad, aunque pensamos que se podría haber avanzado más en la regulación de algunos aspectos básicamente de colaboración público-privada, para impulsar de forma decidida la financiación de la pequeña y mediana empresa y la creación de instrumentos públicos para favorecer la financiación y la internacionalización de la empresa española, así como la protección del consumidor de servicios financieros. En este sentido hemos presentado 4 enmiendas para incluir sendas disposiciones adicionales que merecen su atención. Y como no creo que estén en desacuerdo con las medidas que contienen, confío por lo tanto en que pudieran ser susceptibles de ser acogidas por el grupo mayoritario.




Página 12340


La enmienda 44 propone la colaboración de las administraciones públicas y de las entidades de crédito para favorecer e incrementar la financiación de las pequeñas y medianas empresas. Para ello proponemos incrementar la financiación de las pymes mediante la creación de instrumentos o mecanismos que incentiven a las entidades financieras a conceder mejores condiciones de financiación a las pymes que estén en fase de crecimiento y con planes y presupuestos de negocio adecuados. Para ello sería la Administración quien asumiría la parte del posible coste por mora que eventualmente pudiera producirse, y siempre sujeto a unas reglas mínimas y en el marco de la normativa que se establecería reglamentariamente. Las entidades que podrían ser beneficiarias de este tipo de financiación serían pequeñas y medianas empresas con facturación hasta un límite máximo de 5 millones de euros, que estén teniendo destacadas dificultades de financiación para emprender nuevas líneas de negocio o expansión internacional. El importe máximo sería de 2 millones de euros por empresa.

Asimismo, como complemento de la medida anterior, consideramos muy importante la creación de un banco público de inversión para favorecer la financiación y la internacionalización de la empresa española. En consonancia con ese objetivo, hemos incluido esta propuesta en nuestra enmienda 46, dada la diversidad de instituciones públicas especializadas en facilitar recursos financieros al tejido empresarial, con objetivos a veces similares, lo cual provoca una dispersión de los programas de actuación y de los recursos humanos, técnicos y financieros que resta mucha eficiencia a los mismos. Por eso precisamente proponemos que esta entidad integre al resto de organismos e instrumentos de financiación públicos existentes en estos momentos como son el ICO, Cofides, la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, la Sociedad Estatal España, Expansión Exterior, y también el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. El banco se regiría por un modelo de negocio basado en una gestión eficiente de los recursos públicos y se sometería a los principios de objetividad, transparencia, buen gobierno y rendición de cuentas.

La enmienda 45 recoge una de nuestras demandas que consideramos de justicia con la sociedad española, y reclamada desde que se iniciaron los procesos, como ustedes saben, de reestructuración de las entidades de crédito, que es la recuperación del apoyo financiero público. Es decir, que los costes de la crisis los puedan asumir los culpables y no los ciudadanos. Así, debe ser el propio sector financiero quien asuma los costes ocasionados por su saneamiento y recapitalización, con el fin de que el conjunto de reformas no suponga costes para el contribuyente.

Finalmente, la enmienda 47 insta al Gobierno a legislar para la creación de una agencia pública para la protección financiera de los ciudadanos consumidores de servicios financieros porque, como saben todas sus señorías, hemos conocido muchos casos de malas prácticas bancarias con productos financieros, con los que se han visto afectados y gravemente perjudicados muchos ciudadanos. Por tanto, creemos muy necesario revisar los mecanismos de defensa y protección del consumidor y usuario de servicios financieros y, en particular, la estructura institucional de protección pública que afecta a los supervisores financieros y a las autoridades estatales y autonómicas de consumo. Por eso proponemos que esta agencia integre a las autoridades nacionales y, también, a las autoridades autonómicas de consumo y a los supervisores financieros, de modo que ejerza sus funciones con autonomía e independencia funcional respecto a la Administración.

Quedamos a la espera de la receptividad del grupo mayoritario respecto a estas enmiendas que, en definitiva, acabarán definiendo nuestra posición respecto a la globalidad del proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió ha presentado las enmiendas 89 y 90.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo simplemente para defender las dos enmiendas que hemos presentado, en concreto, la enmienda 89, de adición, que propone un nuevo apartado 16 en la disposición final primera y que, en definitiva, establece que se podrán crear fondos de inversión que, de acuerdo con lo previsto en su reglamento de gestión, tengan exclusivamente como partícipes a clientes profesionales. Es decir, estamos hablando de que inversores institucionales, por ejemplo,




Página 12341


entidades de crédito, entidades aseguradoras, fondos de pensiones, grandes empresas, etcétera, ostentan el 68 % de los activos bajo gestión en Europa, porcentaje que no deja ninguna duda de la importancia que representa disponer de vehículos especialmente diseñados para este tipo de inversores. Por ello, la práctica totalidad de países europeos disponen de fondos destinados a inversores institucionales, cuya principal característica se resume en una mayor flexibilidad en lo que se refiere a un número mínimo de inversores; no se exige régimen de información más flexible dada la naturaleza del inversor, lo que determina unos menores costes operativos y comisiones. Sin embargo, la figura de los fondos de inversión institucionalizados en formato armonizado no existe en España, lo que impide el acceso de las gestoras españolas a la gestión de un importantísimo volumen de ahorro como consecuencia de las inadecuaciones de los vehículos tradicionales para adaptarse a las necesidades de los inversores. Por todo ello, la creación de fondos de inversión institucionales constituye una cuestión fundamental para impulsar y aumentar la competitividad de la industria de la inversión colectiva en España, permitiendo una mayor adaptación de la oferta de productos de tipología de inversores.

La segunda enmienda, la 90, también de adición, propone un nuevo apartado 47 en la disposición final primera y, en definitiva, trata de que las instituciones de inversión colectiva españolas que a la fecha de entrada en vigor de esta ley estuvieran autorizadas de acuerdo con la Directiva 2009/65, de la Comisión Europea, dispondrán de un plazo de 6 meses para registrarse como instituciones de inversión colectiva no armonizadas sin que durante dicho plazo resulte de aplicación lo establecido en el artículo 25.1 de esta ley. Por tanto, lo que viene a decir es que, a raíz de la aprobación de la directiva de gestores de fondos de inversión alternativa que se transpone en este proyecto de ley, todo el universo de vehículos de inversión en Europa quedan clasificados en dos tipos: armonizados y alternativos. Y en esta misma línea, la normativa española y, en particular, el reglamento de las instituciones de inversión colectiva, aprobados por el Real Decreto 1082/2012, indica en su exposición de motivos que toda aquella institución de inversión colectiva que no sea armonizada, es decir, autorizada según la Directiva 2009/65, de la Comisión Europea, será considerada como institución de inversión, diríamos, alternativa.

Por tanto, entendemos que estas dos enmiendas que presentamos se complementan para favorecer la inversión, especialmente, en los mercados productivos. En definitiva, pedimos al Grupo Parlamentario Popular en el Senado que las tenga en cuenta y que se puedan aceptar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las enmiendas 91 a 94.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Ortiz.

El señor ORTIZ MOLINA: Gracias, señor presidente.

Señorías, en el debate en el Congreso de este proyecto de ley, el Partido Popular replicó las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista que reiteramos en este debate con los siguientes argumentos: Cuando estamos hablando de capital-riesgo, ustedes nos hablan de una banca pública, nos hablan de la colaboración público-privada para financiar a la pequeña y mediana empresa, y estamos hablando de capital-riesgo, no estamos hablando, como decían, de blanca pública ni de banca privada. Sin embargo, señorías, señoras y señores senadores, en el preámbulo de este proyecto de ley se especifica que el objetivo general de la regulación financiera es canalizar de manera eficiente el ahorro hacia la inversión productiva, garantizando la estabilidad de los mercados y la protección del inversor; asimismo, que una de las características tradicionales de la economía española es la alta dependencia de las empresas del crédito bancario, que en el contexto actual se ha visto sometido a fuertes restricciones. Por ello, es fundamental favorecer otras fuentes de financiación directa, entre las que la inversión colectiva se configura como una alternativa de relevancia creciente.

Estamos de acuerdo, el objetivo general de la regulación financiera es canalizar de manera eficiente el ahorro hacia la inversión productiva y también estamos de acuerdo en que una de las características tradicionales de la economía española es la alta dependencia de las empresas del crédito bancario, que en el contexto actual se ha visto sometido a fuertes restricciones, así como que es fundamental favorecer otras fuentes de financiación directa. Lo que no podemos compartir, señoras y señores senadores del Partido Popular, es que ustedes no entiendan que, sin perjuicio




Página 12342


de esa necesidad de buscar fórmulas alternativas de financiación, dada la cultura instalada de la financiación bancaria y la débil cultura de financiación alternativa, y dada también la imposibilidad del milagro de que de manera fulminante cambie esa cultura en cuanto a la financiación empresarial, sin perjuicio de abrir caminos accesibles a la financiación alternativa, articulemos mecanismos que permitan una transición que evite el vacío y, en consecuencia, la parálisis.

Por eso, les hemos propuesto 4 enmiendas que, sin cuestionar las bondades obligadas por otra parte en el marco de la normativa europea de este proyecto de ley, vienen a complementarlo, reforzando el abanico de alternativas financieras, sobre todo para nuestras pequeñas y medianas empresas. Así, les proponemos que se considere necesario promover e impulsar medidas concretas que faciliten el acceso a la financiación bancaria por parte de las pymes y, para ello, debe contemplarse la creación de instrumentos o mecanismos que incentiven a las entidades financieras a conceder mejores condiciones de financiación a pymes en fase de crecimiento y con planes y presupuestos de negocio adecuados y a gestionar el proceso de concesión de esa financiación.

Igualmente, y ante esta situación dominada por la falta de liquidez y crédito a las empresas, consideramos que resulta prioritario facilitar mejores condiciones de financiación como elemento imprescindible para impulsar la actividad y el empleo. La diversidad de instituciones públicas especializadas en facilitar recursos financieros al tejido empresarial con objetivos similares provoca una dispersión de los programas de actuación y de los recursos humanos, técnicos y financieros que resta eficacia a los mismos. Por ello, proponemos la creación de un banco público de inversión para favorecer la financiación y la internacionalización de la empresa española.

También se refiere el proyecto en su preámbulo a la protección del inversor, a lo que nosotros añadimos: y del ahorrador y usuario de los servicios bancarios, porque al final vienen a constituirse, aunque de manera involuntaria, en una figura identificable con el inversor activo y voluntario. A tales efectos, les proponemos una enmienda. Sabemos que se han ido incorporando a nuestro ordenamiento medidas de protección a los inversores, pero todavía existen numerosos casos de falta de información y transparencia y de uso de malas prácticas bancarias en determinados productos financieros. Por ello, estimamos que resulta necesario revisar los mecanismos de defensa y protección del consumidor y usuario de servicios financieros y, en particular, una estructura institucional de protección pública que afecte a los supervisores financieros y a las autoridades estatales y autonómicas de consumo. En este sentido, proponemos la creación de una agencia de protección financiera.

Ante este panorama sería de una inocencia inadmisible por nuestra parte olvidar el papel que en su conjunto juegan las entidades financieras y las singulares circunstancias que atraviesan las españolas que, según informes recientes, han mejorado, pero no debemos olvidar que nos van a costar a todas las ciudadanas y ciudadanos españoles miles y miles de millones de euros...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ORTIZ MOLINA: Concluyo, señor presidente.

Por eso, finalmente les hemos propuesto que cualquier intervención pública ante la crisis financiera debe contemplar que sea el propio sector financiero quien asuma los costes ocasionados por su saneamiento y recapitalización, con el fin de que el conjunto de reformas no suponga costes para el contribuyente.

Concluyo, señorías, diciendo que consideramos que estas enmiendas, sin modificar el proyecto de ley en la forma que nos ha sido remitido por el Congreso, vendrían, sin lugar a dudas, a complementar y enriquecer de manera notable sus previsiones.

Muchas gracias, señor presidente y señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ortiz.

Por el Grupo Parlamentario Popular, en turno en contra, tiene la palabra el senador Utrera.

El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente.

Agradezco la exposición que han hecho todos los portavoces de las enmiendas relativas a este proyecto de ley, que es un proyecto de ley complejo en su contenido e incluso en su título, puesto que afecta a 3 tipos de instituciones muy diferentes, una vez que se conocen y se trabajan




Página 12343


los elementos que diferencian unas de otras, como digo, son muy diferentes unas de otras: por un lado, las entidades de capital-riesgo; por otro, las entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y, por último, la reforma que se practica transponiendo la directiva comunitaria de las instituciones de inversión colectiva de la ley, o sea, la reforma de la Ley 35 de 2003, de instituciones de inversión colectiva.

Por tanto, son varios los elementos y quizá como primera observación tenga que decir que lo que van a quedar vigentes son dos pilares de regulación de las instituciones de inversión colectiva: por un lado, el pilar de las instituciones de inversión colectiva tal como la conocen la mayoría de los ciudadanos, las entidades de inversión que aceptan pequeños inversores, es decir, que están abiertas a todos los inversores, al inversor minorista, que puede ser profesional, pero que en la mayoría de los casos no lo es y que este tipo de entidades vendrán esencialmente reguladas, están reguladas en su modificación, constitución, garantías, órganos de salvaguarda por las gestoras de estas instituciones según lo establecido en la Ley 35, del año 2003, con las modificaciones que se introducen en este proyecto de ley.

Y luego tenemos las otras, que son las instituciones de inversión colectiva, de inversión libre, que normalmente están referidas a profesionales en todas sus modalidades y que con algunos elementos que diferencian unas de otras, normalmente atraen a inversores mayores, de mayor capacidad económica, inversores incluso que están dispuestos a asumir riesgos más altos y que pueden tomar la forma tanto de sociedades, sociedades de aportación definida de capital y, por tanto, con riesgo también definido a la aportación de capital, como fondos que están regidos, que están administrados por entidades gestoras. En este caso estaríamos hablando de los fondos de inversión libre, los famosos hedge funds, los fondos de inversión inmobiliaria y los de capital-riesgo.

Pues bien, esta exposición que hago tiene interés en tanto en cuanto lo que estamos viendo aquí son entidades de capital-riesgo, por un lado, que se definen como las entidades, ya pueden ser fondos, ya pueden ser sociedades, que se dedican a eso precisamente, a proporcionar financiación. Señalaba el senador Ortiz muy bien que es una vía diferente y, por consiguiente, complementaria de la financiación bancaria, que tanta falta hace en nuestro país. Pero, además de hacer falta en nuestro país como tal forma de financiación, hace falta también potenciarla, y eso se hace con esta ley, con esta regulación y, al mismo tiempo, dirigirla de alguna manera hacia lo que más interesa, y lo que más interesa en España en este momento es la financiación de la pequeña empresa que, aunque sea cierto que la financiación bancaria es la preponderante en nuestro país, sin embargo en el caso de la pequeña empresa, que posiblemente sea la que más lo necesita, sobre todo en las etapas iniciales, es la que más difícil tiene el acceso a esa financiación.

Por eso, lo que se quiere es potenciar las entidades de capital-riesgo dirigidas específicamente a pymes, y, dentro de que estén dirigidas específicamente a pymes, incluso, que se dirijan a las primeras fases, lo que se llama el venture capital o capital semilla, es decir, el desarrollo de ideas innovadoras, la promoción de iniciativa empresarial.

En cuanto a los objetivos de este proyecto de ley, me congratulo de que los portavoces, algunos, explícitamente, como el senador Montilla, y los otros, entiendo, que de forma implícita, no hayan hecho objeción alguna al proyecto de ley en su conjunto ni a sus objetivos. Es decir, se crean, se regulan por primera vez en España, entidades de capital-riesgo pyme, dirigidas específicamente a pymes. Se da regulación a las entidades de capital-riesgo, se especifica con claridad cuáles son las instituciones de inversión colectiva de carácter cerrado, en las cuales los inversores están vinculados al resultado de la actividad y no pueden desvincularse uno a uno, sino que cada una de las operaciones, cada desinversión, afecta a todos los partícipes en esas entidades, en esas inversiones. Es decir, se hace una regulación que, sin ninguna duda, y entiendo que los portavoces así lo han entendido, de forma expresa o no, mejora no solo la clarificación, sino también la operatividad de nuestro sistema financiero en la vertiente de inversión colectiva, o sea, en la de crédito, en la de operaciones no bancarias.

Pues bien, teniendo en cuenta esto, el senador Ortiz se ponía la venda antes de la herida, porque, en efecto, la mayoría de las enmiendas presentadas no están relacionadas ni directa, ni, a veces, indirectamente, con el objeto de este proyecto de ley. Por ejemplo, la regulación del banco público que se propone en esas dos enmiendas idénticas de la Entesa y del Grupo Socialista, no tiene sentido en este proyecto de ley. Ustedes observen lo que están proponiendo en esa enmienda. Están proponiendo algo parecido a que desaparezca el ICO, desaparezca




Página 12344


Expansión Exterior —qué tendrá que ver Expansión Exterior con el ICO—, desaparezca Cofides, desaparezca Cesce, incluso tocan también al CDTI. Y que todo eso configure un banco público. Imagínese usted la heterogeneidad de lo que está organizando ahí, bajo una dirección única —eso es lo que dicen en su enmienda—, e, incluso, podría darse el caso de que subsistieran bajo una dirección única llamada banco público para hacer no se sabe bien qué, pero sería básicamente crédito bancario o cuasi bancario, y nada que ver con instituciones de inversión colectiva. Por tanto, entenderá usted, que sin entrar en el fondo de la enmienda, que, por otro lado, nos parece absurdo, no tiene nada que ver con este proyecto de ley. Podríamos hablar, cuando hablemos de la reforma del sistema financiero y de la reforma de las instituciones públicas, de algo parecido. Pero, aquí dentro no tiene cabida.

Observe, además, que el origen de este proyecto de ley es la transposición de normativa comunitaria, cuya transposición, en algunos casos, viene de directivas, y, en otros casos, es de obligado cumplimiento, porque se trata de reglamentos comunitarios. Por tanto, esto del banco público no deja de ser una ocurrencia que ustedes han metido aquí, pero que no tiene razón alguna para estar aquí. Y, desde luego, habría que analizar con algo más que una enmienda de 6 o 7 líneas, lo que es un banco público y cómo me mezclan ustedes, porque lo conozco muy bien, Expansión Exterior con el ICO. Qué relación pueden guardar entre sí las dos. Porque Expansión Exterior no hace operación financiera, no actúa financieramente. Realiza proyectos, pero desde el punto de vista de la organización, del management, pero no de la financiación. Por lo tanto, qué puede hacerse con una entidad que reúne cosas que son variopintas y, ni siquiera, financieras, alguna de ellas.

Pues bien, concentrándonos en las enmiendas principales, las que desde el Grupo Mixto, Izquierda Unida, se han dado por defendidas, nosotros las damos por rechazadas. Y las que se han defendido aquí, podemos valorarlas muy rápidamente.

Tanto el Grupo Parlamentario Vasco como el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, presentan las mismas —bueno, el Grupo Vasco una más— 2 enmiendas que adolecen del mismo defecto o, mejor dicho, juicio que ya les he señalado. Los fondos institucionales para inversores institucionales —en concreto, hablamos de las enmiendas 41 de Grupo Vasco y 89 del Grupo Catalán Convergència i Unió— supondría una nueva clase de instituciones de inversión colectiva abiertas, por tanto estarían reguladas por la Ley del 2003 y no por esta, porque esta ley se dedica específicamente a las cerradas, a las entidades capital-riesgo y a las instituciones de inversión colectiva cerradas, no a las abiertas. Por tanto, podría considerarse. Nadie dice que la idea desmerezca, que no sea algo que en su momento no haya que valorar o que sea necesario crear un procedimiento reglado mucho menos exigente para grandes inversores que no solo son muy profesionales sino que además tienen tamaño y entidad suficiente para vigilar muy de cerca esas inversiones en los fondos institucionales; esto podría ser muy conveniente hacerlo en el futuro, pero no en una ley como esta que se refiere a instituciones de inversión colectiva de carácter cerrado y no de carácter abierto, como serían los fondos institucionales.

En cuanto al plazo de seis meses que proponen para convertir las instituciones de inversión colectiva —concretamente, me refiero a las enmiendas 42 del Grupo Vasco y 90 del Grupo Catalán Convergència i Unió— ya autorizadas, por tanto de carácter abierto, y adaptarlas a las instituciones de inversión colectiva de carácter cerrado, tengo que decir que está expresamente prohibido en el artículo 1.5 de la Directiva comunitaria 65/2009. Por lo tanto, está expresamente prohibida esa transformación de sociedades autorizadas a sociedades de libre inversión de tipo abierto, que es lo que ustedes proponen en sus enmiendas. Así que también las vamos a rechazar.

En cuanto a las enmiendas presentadas por el senador Montilla, del Grupo Parlamentario Entesa, y el Grupo Parlamentario Socialista, cabe decir que también coinciden. Son 4 enmiendas y ya he hablado de una de ellas, de la relativa al banco público, que concretamente es la 93. En la enmienda 91 nos hablan de crédito bancario, colaboración público-privada para financiar pymes, y estamos de acuerdo. Se han creado instrumentos de financiación de pymes, de hecho esta ley crea una institución para invertir en pymes, pero no podemos mezclar una cosa con otra. Aquí ustedes no están aportando nada a las entidades capital-riesgo pyme o a instituciones de inversión colectiva cerradas que inviertan en pyme, que podrían entrar en la naturaleza de esta ley. Lo único que están diciendo es que se dé crédito subvencionado a las pymes en la medida en que las pérdidas en que se pueda incurrir por falta de devolución de los créditos sean pagadas por la




Página 12345


Administración pública. Eso es lo que están diciendo, o sea que se cree una línea de financiación, no digo privilegiada, pero sí reducida en precio para el deudor y al mismo tiempo para la Administración.

En principio esto puede valorarse de muchas maneras y, desde luego, desde el punto de vista más buenista es razonable que busquemos instrumentos. Pero el problema en España, tal como yo lo veo —y no será así en el 100 % de los casos, pero en general así es—, no es un problema de precio en el crédito, lo que tenemos en España es un problema de cantidad de crédito, de limitación y restricción en el crédito. Es decir, las empresas van a pedir crédito y no se lo dan, ni a un precio más bajo ni a un precio más alto. Por tanto, subsidiar crédito, que es lo que ustedes proponen en esta medida, no va a ningún lado en esta situación. Además, es una práctica abandonada hace muchos años, limitada además, y que ya se viene haciendo a través del Instituto de Crédito Oficial que tiene políticas específicas de inversión, pero ya mucho más complejas técnicamente que esto, por ejemplo, por sectores empresariales. Tiene una política de mejora en las condiciones de los créditos, que no de subsidiación.

La enmienda 92 —convendrán conmigo— es una declaración de intenciones que puede servir para un titular de prensa y para poco más. Ustedes lo que están diciendo es que caso de intervención por saneamiento o recapitalización de una entidad financiera no habrá coste ninguno para el contribuyente. O sea, no puede haberlo —es lo que vienen a decir—. Prohibido que haya coste. Si esta condición se estableciera como tal, sencillamente, no podrían hacerse procesos de saneamiento ni recapitalización. Es decir, los bancos, directamente, irían a liquidación, bancos y cajas de ahorros, a liquidación directamente. ¿Por qué? Porque estos son procesos largos, a años —cinco, diez, quince años— en los cuales no se puede tener certeza en el inicio del proceso de cuál va a ser el resultado. Sabemos por la experiencia de Estados Unidos, por ejemplo, que los apoyos financieros a algunas instituciones empresariales y bancarias han generado beneficios al Tesoro norteamericano. Lo sabemos. Sabemos también que en el caso de algunas otras, por el contrario, se han generado fuertes pérdidas. Es verdad también que los criterios comunitarios desde las primeras intervenciones en Grecia a las últimas se han ido desplazando.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor UTRERA MORA: Termino en un minuto, señor presidente.

Desde el coste sobre el contribuyente hasta ahora se han establecido tres líneas previas. Por un lado, el coste sobre los propietarios del capital que pierden el capital; segundo, el coste sobre los tenedores de títulos no senior, de deuda no senior, o sea, de deuda junior —a mí no me gusta llamarla deuda junior—, los preferentes —con la experiencia que tenemos en España—, que serían perdedores y, en tercer lugar, podría llegarse —y se ha llegado en el último caso de intervención— a los depositantes. Por tanto, ya se han establecido líneas de defensa, pero no anticipemos que no puede haber costes de ninguna manera, alguno puede haber, pero, desde luego, en el proceso se obtienen muchísimos beneficios, porque se impide que se colapse el sistema financiero y, por tanto, la economía y, por tanto, el país.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor UTRERA MORA: Termino ya, señor presidente.

La última de las enmiendas es sobre la Agencia de Protección Financiera del Consumidor. La vamos a rechazar. Podemos estar de acuerdo con el concepto, pero me dicen también que está pendiente de la transposición de la directiva de resolución alternativa de conflictos en la cual tiene cabida esa materia. Por esa razón, en este proyecto de ley, en este debate, rechazaremos también esa enmienda.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Utrera.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Mixto? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Vasco?

Senadora Iparragirre, tiene la palabra.




Página 12346


La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Este Proyecto de Ley por la que se regulan las entidades de capital riesgo y otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y sus sociedades gestoras más la modificación de la Ley de instituciones de inversión colectiva ha de permitir un desarrollo y unos mecanismos para que finalmente una parte importante del tejido productivo español se pueda financiar al margen del crédito habitual entre las entidades crediticias y los diferentes agentes económicos dentro de la economía productiva real. Se regulan —como ya se ha mencionado anteriormente—, por primera vez dentro de la Unión Europea, los gestores de fondos de inversión alternativa en los que se incluyen, entre otras, instituciones de inversión colectiva de inversión libre, fondos y sociedades de inversión inmobiliaria y entidades de capital riesgo. A su vez, también introduce como novedad legislativa la relativa a la financiación de las pymes —que también se ha mencionado—, que ha de ser tomada en consideración. Asimismo, revisa el régimen de capital-riesgo para fomentar una mayor captación de fondos que permita la financiación de un mayor número de empresas, especialmente las de pequeño y mediano tamaño, en sus primeras fases de desarrollo y expansión que tanto necesitan.

Por todo lo expuesto, señorías, estamos ante un proyecto de ley del que mi grupo realiza una valoración positiva, aunque es cierto que hemos presentado algunas enmiendas para mejorar el texto tal y como nosotros lo entendíamos.

Por último, quisiera aprovechar para mostrar mi agradecimiento al señor Utrera, pues en honor a la verdad, y como yo misma suelo reclamar que la respuesta que se nos dé a las enmiendas sea con argumentos y no con juicios, considero que la exhaustiva intervención que ha realizado agotando todo su tiempo para responder a las enmiendas, aunque sea para rechazarlas, también es de agradecer.

Por tanto, nuestro voto al proyecto de ley será favorable.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, la aprobación de esta ley era necesaria por diferentes razones; nosotros no lo ponemos en cuestión. En primer lugar, pues si bien las normativas vigentes, las de 2003 y 2005, impulsaron notablemente en su momento el capital-riesgo en nuestro país, dando un impulso fundamental a las empresas al dotarlas de instrumentos financieros que empezaron muy lentamente, es verdad, a situar a España en un nivel equiparable al de los países de nuestro entorno, también hay que reconocer, como ya se ha dicho desde esta tribuna, que nuestro país carece de la cultura y la tradición de otros países respecto al capital-riesgo. A pesar de ello es obvio que esta normativa ha demostrado ser insuficiente y desfasada. Hay que tener presente —esa es una de las cuestiones que impulsan la redacción y aprobación de esta norma— que la Unión Europea aprobó la Directiva 2011/61, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativa. Esta directiva hace necesario incorporar a nuestro ordenamiento tanto los aspectos relacionados con las entidades de capital-riesgo como con las instituciones de inversión colectiva distintas de las que recoge la Ley 35 de 2003 de nuestro ordenamiento.

En segundo lugar, porque se ha producido otra importante novedad legislativa en el seno de la Unión Europea, a la que también hacía alusión el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la relativa a la financiación de las pequeñas y medianas empresas que se ha de tener en consideración: los reglamentos 345/2013, sobre fondos de capital-riesgo europeos, y el 346/2013, sobre los fondos de emprendimiento social europeo. Ambos reglamentos, al ser de aplicación directa no requieren, a diferencia de la directiva, como ustedes saben, su transposición a nuestro ordenamiento interno, pero sí inciden en la creación de una nueva figura, las entidades de capital-riesgo, pymes, que la sección 3ª del capítulo II de esta ley desarrolla.

La nueva normativa es necesaria también porque hay que reconocer que, a pesar del avance del capital-riesgo en España durante los últimos años, todavía queda mucho camino por recorrer. Nuestras empresas recurren tradicionalmente a la financiación bancaria para sus proyectos de inversión, sus procesos para ganar dimensión, a diferencia de países como Estados Unidos,




Página 12347


donde la financiación bancaria tiene un papel no diré que secundario pero sí mucho más reducido y el capital riesgo juega un papel claramente determinante. Además, hay que reconocer que el crecimiento del capital-riesgo en nuestro país ha sido desigual y conservador. Ya saben ustedes que la crítica que se hace a nuestro capital riesgo es que tiene capital pero poco riesgo, razón por la cual se han beneficiado más las compañías ya consolidadas que los proyectos empresariales menos maduros. Era evidente pues la necesidad de actualizar nuestra legislación a la normativa europea, adaptarla a la situación actual, después de la experiencia de estos últimos años, y disponer de instrumentos normativos que regulen de forma precisa y conjunta las entidades de capital-riesgo y entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, así como las condiciones de acceso a la actividad y de ejercicio de las sociedades gestoras de entidades de inversión cerrada.

Nosotros compartimos los principios y objetivos de esta ley. No obstante, pensamos que se desaprovecha la ocasión para alinearse con Europa en otras materias, como regular aspectos de colaboración público-privada, favorecer la financiación de la pequeña y mediana empresa o crear instrumentos públicos para favorecer esta financiación. Sin embargo, estas y otras sugerencias de otras formaciones políticas no han sido tenidas en cuenta. Los argumentos que exponen relativas a que se trata de cuestiones no suficientemente conexas con esta ley como para ser consideradas no tienen en cuenta que cuando regulamos el capital-riesgo en todas sus vertientes y formas de gestión, estamos hablando de financiación empresarial.

Por ello, a pesar del avance innegable que constituye la nueva regulación, tenemos dudas de que consiga liberar el verdadero potencial del sector del capital-riesgo como impulsor del crecimiento de la competitividad y de la innovación. Se trata de facilitar y promover la entrada de nuevos proveedores de fondos, de dinamizar de manera clara la actividad inversora de los operadores actuales, de fomentar realmente la actividad inversora del capital-riesgo en las fases iniciales, también fundamentalmente de empresas de nueva creación —de manera muy particular, de los inversores privados de riesgo, los conocidos como business angels— y de promover y facilitar un entorno más proclive a la iniciativa emprendedora y el crecimiento. Igualmente, creemos necesario promover la implantación en el sector de prácticas de autorregulación, de gobierno, adoptando los instrumentos que han de contribuir a la mejora de los procesos internos y a la transparencia de las actividades en aspectos tales como las prácticas de gobierno, códigos de conducta, etcétera.

Como pueden observar, con todo y a pesar de que valoramos positivamente diversos aspectos de la norma que se nos propone en esta Cámara, consideramos que el texto tiene obvias carencias e insuficiencias, y, por lo tanto, dada también la nula receptividad que ha habido a aceptar enmiendas del resto de los grupos parlamentarios, no podemos dar nuestro apoyo al proyecto de ley objeto de este debate.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, es evidente que uno de los problemas más grandes que tenemos en este país es el paro y, evidentemente, la falta de creación de empleo. Pero la capacidad de generación de empleo la tienen las empresas, las pymes, los autónomos, los emprendedores, y, en definitiva, entendemos que lo que hay que hacer es ayudar a las entidades productivas para que realmente puedan disponer de los mecanismos e instrumentos para generar empleo y, por lo tanto, poder realizar su función. En cualquier caso, estamos hablando prioritariamente de financiación y, por lo tanto, de ayuda institucional al sector productivo. Ayer mismo pregunté al ministro de Economía para cuándo se espera la apertura del grifo por parte de las entidades financieras y cuándo las pymes van a tener un acceso real crédito, puesto que este es uno de los principales problemas que se están presentando. Por tanto, todo lo que sea facilitar el crédito, la ayuda al sector productivo y en lo que en definitiva vaya a generar empleo lo vamos a apoyar. Esto es evidente, puesto que repercute de manera directa en la creación de empleo y es el objetivo prioritario.

Este proyecto de ley va a facilitar que una parte importante del tejido productivo, al que hacía referencia, se pueda financiar al margen del flujo de crédito proveniente de las entidades financieras,




Página 12348


que hasta ahora ha sido prácticamente inexistente, especialmente para pymes, autónomos y emprendedores. Por lo tanto, el objetivo prioritario de esta ley es canalizar de manera eficiente el ahorro hacia la inversión productiva, con lo que se pretende fomentar una mayor capacidad de captación de fondos y, por consiguiente, financiación de un mayor número de empresas, a la vez que reorientarlo hacia la financiación de las pymes, con lo cual estaríamos de acuerdo.

Hay que distinguir —usted lo ha dicho, senador Utrera— dos tipos de instituciones de inversión, que conviene dejar bien claro para que se pueda interpretar el objetivo de las enmiendas que hemos presentado, que usted ha justificado que no las pueden aceptar, pero yo entiendo que deberían haber hecho un esfuerzo, sobre todo por lo que hace referencia a las inversiones para profesionales. Por un lado, estamos hablando de las instituciones de inversión colectiva, cuya regulación se encuentra armonizada en el marco de la Unión Europea, dirigidas a un inversor minorista, y, por otro, de las instituciones que se consideran de inversión alternativa, es decir, los fondos de inversión libre, fondos inmobiliarios, etcétera.

En conclusión, apoyamos que se puedan utilizar nuevos instrumentos financieros como los préstamos participativos para que se provea de financiación a las pymes. La creación de las entidades de capital-riesgo pyme es un avance que permitirá a estas entidades participar en su gestión y asesoramiento mediante la canalización de inversión siendo una buena alternativa a la financiación bancaria tradicional.

Entendemos que todo este proceso de apertura a la financiación alternativa a las empresas debería complementarse mediante la posibilidad de que las instituciones de inversión libre puedan conceder créditos a terceros. El proyecto de ley determina que las instituciones de inversión colectiva deben ser una alternativa a la financiación bancaria a las empresas, pero se limita esta financiación empresarial a través de las empresas de capital-riesgo mediante la figura de los préstamos participativos, con lo que, como he dicho, estamos totalmente de acuerdo y entendemos que dado que se regulan las inversiones de las instituciones colectivas cerradas, se permita que las abiertas, es decir, sus gestores tengan la libertad de invertir los recursos captados mediante estos vehículos. Asimismo, consideramos que una vez abierto este melón de las instituciones de inversión colectiva se debería permitir, como he manifestado anteriormente, la creación de estos fondos de inversión destinados a clientes profesionales. Usted ya ha comentado que esto debería ser objeto de otra ley o de otro debate, pero nosotros entendemos que se pierde una oportunidad para que realmente se pueda canalizar una gran cantidad del ahorro existente y que no disponen los vehículos de inversión colectiva.

En cualquier caso, y por el bien del sistema productivo, puesto que en estos momentos el principal problema es la falta de inversión, el fomentar, potenciar, regular la inversión, diríamos, de instituciones colectivas nos parece también un instrumento que realmente puede ayudar. Por lo tanto, la vamos a apoyar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.

Señorías, senador Utrera, yo también quiero agradecerle el tono en el que ha analizado las enmiendas que hemos presentado, aunque debo matizarle que el hecho de que algunas se adecuen o no al proyecto de ley siempre es discutible, y ahí no nos vamos a poner de acuerdo.

A mí me gustaría hacer una reflexión en el sentido de que en proyectos de ley como este, que son muy técnicos, muy complicados, siempre conviene pensar que al final los destinatarios de este proyecto de ley, como de todos los que hacemos aquí, son los españoles y las españolas, y que conviene explicarles qué hacemos y por qué lo hacemos. Y en este sentido me he permitido, sabiendo además que era el penúltimo que iba a hablar y que seguramente todos habrían dicho cosas parecidas y que me iba a quedar muy poco tiempo, hacer un poco de historia reciente de cómo están las cosas y en qué escenario aparece este proyecto de ley. No me voy a remontar al origen de la crisis pero todos sabemos que fue la crisis de las entidades financieras derivado,en buena parte,de la mala gestión de las mismas y de la voracidad de sus accionistas, pero yendo más cerca, concretamente al mes de julio de 2014, apareció una encuesta del Banco de España sobre financiación de empresas y fundamentalmente, aparte de algunas conclusiones sobre la




Página 12349


financiación de las familias y del consumo, dice cuatro cosas. El Banco de España, en julio de 2014, en dicha encuesta dice que las mejoras que los mercados de deuda soberana han producido en las condiciones de financiación en España y en la Unión Europea no han producido prácticamente ningún efecto sobre los criterios de concesión de nuevos préstamos. Es decir, es cierto que han bajado los intereses y que han mejorado las condiciones pero que esto, finalmente, no ha producido que las familias ni las empresas tengan nuevos créditos.

Dice también esta encuesta del Banco de España que en el segundo trimestre de 2014 hubo un aumento acusado de las demandas de préstamo por parte de las empresas españolas, sobre todo de las pymes y sobre todo para préstamos a corto. Finalmente, dice la encuesta que previsiblemente las solicitudes de fondos para préstamos que vengan de empresas no financieras seguirán aumentando en España más que en Europa.

Primera situación, en julio de 2014 el Banco de España dice que las empresas piden financiación, pero no les llega. En agosto de este mismo año, el INE saca unos datos muy claros y contundentes, que en ese mes de agosto se crean un 10,2 % de empresas menos que en el mismo mes de 2013, y el capital desembolsado es un 62,3 % menos. Además, en ese mismo mes, las empresas que amplían capital, es decir que necesitan financiación, bajan un 9,6 % con respecto al mes de agosto de 2013 y el capital es un 56,3 % menos. En tasa anual, el capital medio suscrito por las nuevas empresas es de un 58,1 % en el caso de las nuevas y un 51,8 % en el caso de las que amplían capital. Este es otro dato que revela que las empresas no pueden crecer en número y que, por tanto, no hay nuevos proyectos, y que las que están no pueden expandirse porque no tienen posibilidades de financiación.

Hace unos días hemos sabido que las entidades bancarias españolas —y es una buena noticia para los accionistas, para los que tienen ahorros en las entidades y para el país en general— han superado los test de estrés de Europa, si bien es cierto que a costa de un montón de empresas que siguen sin recibir financiación. Cierto es que todavía hay un problema serio de desahucios en el segundo trimestre de 2014, que han crecido un 1,2 % sobre el primero y un 14 % en tasa anual; y es cierto que esa superación de tasas de estrés tiene también que ver con un número importante de familias, que no deberíamos olvidar que han perdido dinero y esperanzas por el tema de las preferentes. Si no hablamos de todo el escenario, no está completo.

En estas condiciones, las sociedades de capital riesgo y las entidades de inversión colectiva pueden ser —como se ha dicho aquí— una alternativa a los bancos para atraer dinero y fondos de financiación a nuestras empresas, lo que es claramente necesario e imprescindible —y creo que en esto estamos todos de acuerdo— para que esa recuperación que ahora está en la macroeconomía acabe en la calle, acabe en el ciudadano, y la gente perciba que, efectivamente, la recuperación existe.

El momento es, por lo tanto, oportuno para traer este proyecto de ley. Es el momento oportuno, es un buen momento para trasponer esas directivas europeas que el propio preámbulo de la ley recoge y que no voy a enumerar porque ustedes ya lo han hecho. También es un momento oportuno para potenciar la sociedad de capital riesgo y las entidades de inversión colectiva. Y también lo es —no lo han dicho aquí, lo diré yo, aunque sea un halago al Gobierno— para que el Gobierno apruebe, como lo ha hecho en el Consejo de Ministros del 3 de octubre, el Proyecto de Ley de fomento de la financiación empresarial, que —como ustedes saben— regula otros instrumentos de financiación para empresas, como el crowd funding. Espero, por decir algo negativo, que ustedes sean un poco más sensibles a la hora de recoger las opiniones de la oposición, porque cuando este proyecto llegue aquí lo enmendaremos, sin duda. Pero también es cierto que falta una tercera pata que en estos momentos sería muy importante, que es la Ley de mecenazgo, a la que este Gobierno se ha comprometido varias veces en los últimos tres años y que, desde luego, ayudaría mucho a que las inversiones, sobre todo aquellas que tienen que ver con la innovación, la investigación y el desarrollo, se pongan en marcha.

En cualquier caso, hemos presentado unas enmiendas que son absolutamente pertinentes y necesarias. Mis compañeros, los senadores Ortiz y Montilla, las han defendido, pero yo quisiera decir que estas enmiendas que hemos propuesto, más pronto que tarde, se podrán en marcha; a lo mejor no en esta ley, pero se podrán en marcha. Me alegro de que el senador Utrera haya dicho que está previsto abordar la agencia de protección de consumidores y usuarios en el futuro. Pero no es menos cierto —como les decía, todas las leyes acaban lanzando mensajes— que a la




Página 12350


ciudadanía conviene lanzarle el mensaje de que en este país nunca más se va a ayudar a los bancos en crisis si no es a cambio de que esa ayuda se tenga que devolver. No puede ser, senador Utrera, que digamos que ya ganaremos dinero, etcétera.

Hoy en día la imagen que la ciudadanía tiene de los bancos es mala y conviene lanzar el mensaje de que los políticos de este país, de todos los colores, están pensando que los dineros que llegan a los bancos tienen que devolverse. Quizá en algún momento haya que dar dinero a un banco para ayudar a los impositores, que son ciudadanos y familias, pero los administradores que han causado la mala gestión, muchas veces de manera corrupta y con trapicheos poco éticos, tienen que devolver ese dinero. Eso tenemos que decirlo en esta tribuna y, si es posible, tenemos que decirlo todos los grupos.

Por tanto, dejar claro que los bancos y todas las grandes empresas que reciban ayudas tienen que devolverlas no es una mala enmienda, porque si no, ustedes mismos se harán la trampa en su proyecto liberal, porque no es liberal que cuando las cosas vayan bien no se paguen impuestos y que cuando las cosas vayan mal, se soliciten ayudas. Eso no es liberal, y conviene decírselo a la gente y explicárselo bien.

En cualquier caso, y para terminar, me gustaría que también tomáramos nota de que se va a debatir próximamente la Ley del impuesto sobre sociedades y quizá estaría bien que estas empresas recibieran un tratamiento fiscal especial en ese impuesto. Si eso se consigue, la potenciación de estos instrumentos será mejor y, por tanto, sería una buena ayuda que en esa ley este tipo de sociedades tuvieran también tratamientos fiscales positivos.

Mi grupo parlamentario se va a abstener en la votación porque entendemos que es una ley oportuna, importante y necesaria —como he intentado explicar—, pero, evidentemente, el hecho de que no hayan sido ustedes sensibles a ninguna de nuestras enmiendas motiva que no la apoyemos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Manchado.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Utrera.

El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente.

Agradezco la intervención de los portavoces, a los que han manifestado su apoyo al proyecto de ley e incluso a los que dicen que lo apoyan pero se van a abstener. Supongo que eso significará que cuando les entusiasme una ley votarán a favor de ella; ahora, de momento, les gusta y solamente se abstienen, lo cual está bien, y aunque es una manifestación un tanto esquiva de preferencias, nos tendremos que acostumbrar a ver estas cosas, e incluso alguna más rara.

No voy a repetir los argumentos, porque creo que he explicado con cierto detalle —porque eran pocas, ya que si hubieran sido muchas no hubiera sido posible— por qué rechazamos las enmiendas presentadas, y si hubiéramos aceptado alguna, por qué lo hacíamos. Pero me gustaría responder a algunas reflexiones que se han hecho aquí, fundamentalmente a las del senador Manchado.

Nos ha contado una historia, pero es demasiado reciente, y la historia, para serlo de verdad, tiene que anclarse en años anteriores. Por ello, cuando habla de esa encuesta del Banco de España, que aunque no tengo los datos delante estoy seguro de que se corresponde con la realidad, me hubiera gustado que usted se hubiera retrotraído al año 2007, en el que sencillamente los mercados financieros internacionales quedaron absolutamente secos de liquidez. Y ¿sobre quién ha de repercutir eso en mayor medida? Pues sobre el deudor, que tiene que refinanciar deudas, y una vez que se le bloquea la posibilidad de refinanciar ya se sabe que lo va a pasar muy mal. Recuerde usted el cuarto trimestre del año 2007, en otoño, cuando, por el contrario, se nos decía que España pasaría sin despeinarse por la crisis internacional que se estaba fraguando por ahí fuera debido a unos tóxicos americanos muy raros. Pues no, la crisis se nos echó encima, y lo hizo con mucha más crudeza que en la mayoría de los países, porque éramos deudores. Una administración pública que cierra durante años con déficits —del 11,2 % en el año 2010, y del 9 % en el año 2011— es deudora, y como es deudora y con unos mercados muy restringidos de liquidez, las empresas y los ciudadanos deben prepararse, porque si los mercados internacionales tienen severas dudas de que nuestro país pueda seguir manteniendo el tipo en el futuro y de que pueda refinanciar la deuda, automáticamente el jarro de agua fría




Página 12351


nos cae a todos, como si de un dominó se tratara. Y eso es lo que ha ocurrido. Por tanto no le extrañe —creo que la reflexión que usted ha hecho es oportuna—, porque encaja con lo que estamos pretendiendo ahora. Es decir, con esta ley mejoramos otros circuitos de financiación, promovemos otros circuitos de financiación y además les damos nombre y apellidos para que específicamente, y beneficiándose de ventajas, puedan destinarse a quienes más lo necesitan, que son las pequeñas y medianas empresas. Eso está bien; ese el objetivo del proyecto de ley y el objetivo de nuestra iniciativa parlamentaria de hoy.

Pero mezclar eso, como ha hecho usted, con la revolera general de que en caso de que haya una intervención bancaria por necesidades de recapitalización, paguen quienes se han llevado el dinero, le vuelvo a repetir —ya se lo dije también a su compañero— que como eslogan y titular de prensa vale, pero entre nosotros no vale; es un argumento demasiado frívolo para utilizarlo entre nosotros. Es decir, el quebranto en que podemos encontrarnos en Caixa Catalunya —y se lo digo a título de ejemplo— no lo podrá devolver nadie, porque es muy superior en cientos de millones de euros a lo que se ha podido llevar alguien. ¿Entiende usted la diferencia? Es decir, llevarse más o menos dinero en una acción de corrupción, en el que la justicia tiene que tomar cartas y aplicar el peso de la ley a quienes se hayan corrompido y a quienes hayan actuado de ese manera, y, por supuesto, obligarles a devolver el dinero, no va a permitir, ni de lejos, recuperar los quebrantos de instituciones financieras que han dado créditos con mucha alegría y que ahora son irrecuperables. Estamos hablando de una comparación entre 5 millones, por ejemplo, y 500 millones. El que devuelva 5 no va a poder devolver los 500, porque no puede. Y ese quebranto está ahí.

Cosa distinta es un proceso de recapitalización y reestructuración bancaria, como el que hay que hacer cuando se produce un problema de liquidez y, por tanto, hay imposibilidad de devolución de deudas previas, sobre todo las senior previas, cuando se ponen fondos públicos. Quiero recordarle, señor Machado, el FROB, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. ¿Sabe usted en qué año se creó y por quién se creó? Se creó por el Gobierno del señor Zapatero en el año 2010, si no recuerdo mal. Por tanto, no diga usted que se ha creado ahora. Es decir, los procesos de intervención y recapitalización son anteriores; pero también le digo que nosotros los apoyamos absolutamente y sin reservas, porque eran imprescindibles. Fruto de esa intervención, cuando se produce por problemas de liquidez y por tanto para mantener la solvencia de la institución, como eso se transforma en capital, es decir ese préstamo va a capital, puede ocurrir, y ocurre en ocasiones, que el aumento de valor de las acciones en los mercados más que compensar, genere plusvalías al FROB, al Tesoro Público o al organismo público que haya intervenido en la institución financiera, obteniendo beneficios en la operación. Eso ha ocurrido en Estados Unidos. ¿Ocurrirá en España? Posiblemente en algún caso, en alguno de los bancos intervenidos, sí, aunque en los ya vendidos, desde luego, no, en esos casos hay pérdidas. En Caixa Catalunya hay pérdidas, porque se vendió por 1000 millones cuando hubo que poner más de 12 000 millones; por tanto, ahí hay pérdidas. En otros casos pueden incluso darse beneficios. Pero si usted establece esa condición y además la adorna con un titular de prensa pidiendo que devuelvan el dinero, eso significa, sencillamente, que en España estamos condenados.

Ante un problema de liquidez internacional, ante un problema de falta de solvencia o ante un problema de ataque a la divisa —aunque en este caso estamos protegidos por encontrarnos en el euro—, estamos condenados a que el sistema bancario pueda saltar por los aires; y no se puede intervenir porque no se está seguro de que esos fondos se puedan recuperar en su totalidad, aunque, como le decía antes, los beneficios de la intervención más que compensan, y eso nos lo ha dicho el gobernador del Banco de España aquí, en el Senado. Pero para sacarle de dudas yo personalmente le preguntaré en su próxima comparecencia, que celebraremos a finales del mes de noviembre, si esas intervenciones, en términos de coste-beneficio —que tanto les gusta a algunos de nuestros compañeros del Senado—, aportan más beneficio que coste. Y ya veremos lo que contesta, pero, en principio, dijo que eran beneficiosas para la economía, porque la alternativa es un colapso del sistema, y no es asumible como tal.

Creo que está todo dicho. Este proyecto de ley era necesario y conveniente, y fortalece la posición financiera de las empresas. Lógicamente el desarrollo de un instrumento no depende de la ley, sino de los particulares que quieran entrar, que quieran poner su capital en entidades de capital—riesgo y arriesgar el capital. Nosotros animamos a que así lo hagan porque no solo las empresas lo necesitan, sino que efectivamente es una medida razonable de diversificación de




Página 12352


riesgo, y dentro de las carteras —sin duda de las profesionales, pero incluso de las personales—, esa puede ser una opción a contemplar en inversiones.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Utrera.

Llamen a votación. (Pausa).

Por favor, cierren las puertas.

Señorías, vamos a comenzar la votación de las enmiendas de este proyecto de ley.

Comenzamos con las enmiendas de los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.

Votamos las enmiendas números 1, 2, 4 a 6, 10, 11, 14, 22 a 24, 27 a 34 y 36 a 40.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 236; votos emitidos, 235; a favor, 71; en contra, 154; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 3, 7 a 9, 12, 13 y 18.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 236; votos emitidos, 235; a favor, 70; en contra, 159; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 15 a 17, 19 a 21, 25, 26 y 35.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 236; votos emitidos, 235; a favor, 76; en contra, 154; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Vasco, votamos las enmiendas números 41, 42 y 43.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 236; votos emitidos, 235; a favor, 11; en contra, 154; abstenciones, 70.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Entesa, votamos las enmiendas números 44, 45 y 47.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 236; votos emitidos, 235; a favor, 75; en contra, 155; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 46.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 236; votos emitidos, 235; a favor, 70; en contra, 160; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 48 a 53, 55 a 57, 59, 60, 65, 72 a 82 y 85 a 87.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 236; votos emitidos, 235; a favor, 71; en contra, 155; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 54, 58, 61 a 64, 66 a 71, 83, 84 y 88.

Comienza la votación. (Pausa).




Página 12353


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 236; votos emitidos, 235; a favor, 76; en contra, 155; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Convergència i Unió, votamos las enmiendas números 89 y 90.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 235; votos emitidos, 235; a favor, 9; en contra, 155; abstenciones, 71.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos las enmiendas números 91, 92 y 94.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 236; votos emitidos, 234; a favor, 77; en contra, 154; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 93.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 236; votos emitidos, 235; a favor, 70; en contra, 159; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, votamos en un solo acto el proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 236; votos emitidos, 235; a favor, 161; en contra, 2; abstenciones, 72.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Queda, por tanto, definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva.

8.1.2. PROYECTO DE LEY DE TRATADOS Y OTROS ACUERDOS INTERNACIONALES.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 621/000078)

El señor presidente da lectura al punto 8.1.2.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Muñoz-Alonso.

El señor MUÑOZALONSO LEDO: Muchas gracias, señor presidente.

El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado, y que se tramita por el procedimiento ordinario, tuvo su entrada en esta Cámara el día 1 de julio de 2014, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, y el plazo de presentación de enmiendas finalizó el 11 de septiembre de este año. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

A este proyecto de ley se han presentado un veto y 194 enmiendas que se distribuyen de la siguiente forma: el veto ha sido presentado por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, siendo retirado posteriormente. Las enmiendas se distribuyen de la siguiente forma: números 1 a 35, de los senadores Iglesias y Mariscal; números 36 a 111, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; enmiendas 112 a 127, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado




Página 12354


Convergència i Unió; enmiendas 128 a 168, del Grupo Parlamentario Socialista; enmiendas 169 a 183, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y enmiendas 184 a 194, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

El día 10 de septiembre de 2014 se reunió la Comisión de Asuntos Exteriores para designar la ponencia que estudie el proyecto de ley, que quedó integrada por don Urko Aiartza Azurtza, del Grupo Parlamentario Mixto; don Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga, del Grupo Parlamentario Vasco; don José María Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario Popular; doña Paula María Fernández Pena, del Grupo Parlamentario Socialista; don Francisco Javier Losada de Azpiazu, del Grupo Parlamentario Socialista; don Alejandro MuñozAlonso Ledo, del Grupo Parlamentario Popular; don Joan Sabaté Borràs, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y don Salvador Sedó Alabart, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

La ponencia se reunió el día 8 de octubre de 2014 y acordó aprobar como informe el texto remitido por el Congreso de los Diputados con la incorporación de las enmiendas números 6, de los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto; 41, 75, 78, 80, 94 y 98, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; 133, 135, 137, 151 y 155, del Grupo Parlamentario Socialista, y 169 a 183, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Asimismo, acordó incorporar sendas enmiendas transaccionales, una respecto a las enmiendas 77, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y 134, del Grupo Parlamentario Socialista, y otra sobre las enmiendas 81, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y 138, del Grupo Parlamentario Socialista.

Finalmente hay que advertir una errata en la enmienda 173, del Grupo Parlamentario Popular, enmienda que se incorpora al informe, donde se procedió a corregir la errata.

Por otra parte, y como consecuencia de la incorporación de las enmiendas 94, de la Entesa; 151, del Grupo Parlamentario Socialista, y 181, del Grupo Parlamentario Popular, de supresión del artículo 34 del proyecto de ley, se procedió a reenumerar los artículos posteriores.

El día 23 de octubre de 2014 se reunió la Comisión de Asuntos Exteriores y, visto el informe emitido por la ponencia, acordó aceptar como dictamen el texto propuesto por ella.

Se han presentado los siguientes votos particulares a este dictamen: voto número 3, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; voto número 4, del Grupo Parlamentario Mixto; voto número 5, del Grupo Parlamentario Socialista, y votos 6, 7 y 8, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Comienza el debate de totalidad.

¿Algún portavoz desea hacer uso de la palabra en el turno a favor? (Pausa).

¿Turno en contra? (Pausa).

¿Algún portavoz quiere intervenir? (Pausa).

Pasamos, pues, al debate de las enmiendas.

El Grupo Parlamentario Mixto, enmiendas 1 a 5 y 7 a 35, originariamente presentadas por los senadores Iglesias y Mariscal Cifuentes, y las enmiendas 184 a 194 han sido presentadas originariamente por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Señor presidente, intervengo para dar por defendidas las enmiendas.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señor presidente.

Consideramos que el texto presentado por el Gobierno excede de lo que está contemplado como competencia para el Gobierno central por la Constitución y por el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, como señalamos en algunas de nuestras enmiendas. Se peca de un excesivo control en unos ámbitos en los que no tiene por qué tener repercusiones en el ámbito




Página 12355


del derecho internacional y no tiene por qué comprometer al ámbito de la política exterior española, porque de eso es de lo que se trata.

Volvemos un poco al debate de la Ley de exteriores —por definirla de manera genérica— en la que insistía una y otra vez nuestro grupo, y algunos grupos más, en que hay que distinguir muy claramente acción exterior —que correspondería a las comunidades autónomas con respecto a las competencias que estas tienen no en el ámbito de relaciones internacionales, sino en su ámbito interno, para desarrollarlas fuera del territorio del Estado— de la política exterior. La política exterior sí es el ámbito reservado al Estado y no puede la acción de las comunidades autónomas interferir o perjudicar esa política exterior fijada por el Gobierno. Sin embargo, aquí el Gobierno se está cubriendo excesivamente y en este sentido, intenta controlar ámbitos que no le corresponden.

Acerca de lo que estamos hablando, destacaría nuestra enmienda en la que se habla claramente de que, en relación con las restantes administraciones públicas, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ejercerá tareas de asesoramiento, coordinación y demás funciones que se le atribuyen en esta ley. No nos oponemos a que esto sea así, pero siempre que —y ahí añadimos— tengan como objeto evitar o remediar eventuales perjuicios sobre la dirección y puesta en ejecución de la política exterior del Gobierno en este ámbito, en el de la política exterior del Gobierno, no en el de la acción exterior, que en eso debería haber libertad para las comunidades autónomas. Nos tememos que, tal y como está redactado, en la práctica esto no va a ser así.

También se debería contemplar a la hora de nombrar representantes de España, tal y como está señalado en el artículo 9, que la propuesta ha de ser a propuesta del ministerio o ministerios competentes, pero también, en su caso, de las comunidades autónomas porque puede que el tratado a ejecutar verse sobre materias en las que las comunidades autónomas sean competentes con carácter exclusivo.

Lo mismo se podría decir en cuanto a la firma de los acuerdos internacionales administrativos. El artículo 22.3 debería ser puesto en coherencia con el artículo 40.2 del mismo proyecto de ley, porque el artículo 40.2 habla claramente de que los acuerdos internacionales solo podrán ser firmados por las autoridades designadas en el propio tratado o, en su derecho, por los titulares de los órganos, organismos y entes de las administraciones públicas competentes por razón de la materia. ¿A qué viene y a qué se está refiriendo la posibilidad de que también pueda ser competente por razón de la materia una comunidad autónoma? Esto que aparece en el artículo 40.2 debería verse reflejado también en el artículo 22.3 para darle una interpretación coherente a la ley. Por eso hemos propuesto la supresión del artículo 40.2, que, junto con nuestra enmienda al artículo 3.f), eliminaría los acuerdos no normativos del proyecto de ley.

En la enmienda número 93 hay una errata. Cualquiera que se haya detenido a compararla con el proyecto se habrá dado cuenta de que la enmienda no es al artículo 51, sino al artículo 50, que habla del registro. Para que haya constancia de estos acuerdos internacionales no normativos hay un registro, y ese registro será de la Administración pública que los suscriba. Sin perjuicio de ello, no nos oponemos a que esos registros de acuerdos internacionales se conecten entre sí. Lo que no nos parece aceptable es que se tenga que remitir la copia al Ministerio de Asuntos Exteriores para su inscripción en el registro, que será creado por el propio ministerio, cuando esto debe corresponder a cada una de las administraciones que lo han suscrito. ¿Que luego se puedan conocer a través de interconexiones de esos archivos? Ningún problema, pero les debe corresponder a las comunidades autónomas y no al Ministerio de Asuntos Exteriores. En consonancia con todo esto, proponemos la supresión de los puntos 2 y 3 del artículo 55, en lo que atañe de nuevo a esta materia que nos está ocupando bastante tiempo en esta disertación —acuerdos internacionales no normativos— en cuanto a la tramitación interna, proyectos, remisión al Ministerio de Asuntos Exteriores, etcétera.

También, señor presidente, debería corregirse la disposición final segunda: para que los registros estén interconectados y no sea un registro único del ministerio. Con nuestra enmienda debería adaptarse la enmienda número 105 a la disposición final segunda.

Por último, es importante que la disposición final tercera se suprima porque, si no, puede inducir a equívocos. El Consejo de Estado también lo señala así en su informe: No debería proceder la habilitación alternativa para el desarrollo de la ley tanto al Gobierno como a cada uno de los titulares de los distintos departamentos ministeriales, máxime cuando constitucionalmente




Página 12356


esa facultad se residencie con carácter general en el Gobierno central. La disposición final tercera, que no solo autoriza al Gobierno, sino a los titulares de los departamentos ministeriales a dictar disposiciones que resulten necesarias para el adecuado desarrollo de lo dispuesto en la presente ley, puede contribuir a un caos jurídico, más que ayudar a una ordenación en esta materia.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Anasagasti.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya presenta las enmiendas 36 a 40 y 42 a 70.

Para su defensa, tiene la palabra el senador, señor Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

El Proyecto de Ley de tratados y otros acuerdos internacionales que estamos debatiendo evidentemente responde a una clara necesidad por la insuficiencia de la legislación española en la materia. Todos los tratados internacionales tienen como marco de referencia, precisamente en el ámbito internacional, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, de 23 de mayo de 1969 —como recoge el preámbulo del proyecto de ley—, y la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales, de 21 de marzo de 1986, que, por cierto, aún no ha entrado en vigor. La legislación española de referencia es precisamente el Decreto 801/1972, de 24 de marzo, —por tanto, del período de la dictadura— sobre ordenación de la Administración del Estado en materia de tratados internacionales, si bien es cierto que la Constitución española hace referencia en su artículo 149.1 a que el Estado posee la competencia con carácter exclusivo en materia de relaciones internacionales y también el Capítulo III de la Constitución hace referencia en su integridad a los tratados internacionales. No obstante, las competencias exclusivas del Estado, tal y como recoge la Constitución, las comunidades autónomas también tienen competencia para la celebración de acuerdos internacionales no normativos y disponen de competencia para celebrar acuerdos internacionales administrativos en concreción o ejecución de un tratado. Pero sobre todo es importante regular nuestra pertenencia a la Unión Europea, que evidentemente no queda recogido en el Decreto de 1972.

Los acuerdos de la Unión Europea son vinculantes para los Estados miembros y, por tanto, obligan a acuerdos en materias que son competencia propia de la Unión Europea o a acuerdos mixtos que hacen referencia a la participación de Estados cuando se trata de competencias compartidas entre la Unión Europea y los Estados miembros de la Unión.

Este proyecto de ley regula 3 tipos de acuerdos: en primer lugar, tratados internacionales; en segundo lugar, acuerdos internacionales administrativos; y, en tercer lugar, acuerdos internacionales no normativos.

Es un proyecto de ley que debe responder a la necesidad de coordinar la acción exterior, además del Estado —en concreto, el Gobierno, porque también son Estado las comunidades autónomas—, las propias comunidades autónomas, los ayuntamientos y las universidades, entre otros.

Se da la paradójica aparición —inédita en derecho comparado— de los acuerdos llamados no normativos. Se dice en el artículo 44 que no pueden crear obligaciones, y más adelante, en el artículo 46, se establece que pueden crear obligaciones financieras. Una buena parte de nuestras enmiendas piden la supresión de las referencias a estos acuerdos por entender que no deben figurar en un proyecto de ley de estas características.

Otro grupo importante de nuestras enmiendas plantea la necesidad de fortalecer el control parlamentario sobre la política exterior. Entendemos que el Parlamento es el que debe aprobar y suspender los tratados. No es aceptable, por tanto, que el Gobierno pueda decidir aplicar provisionalmente un tratado sin acuerdo del Parlamento. Por eso planteamos un periodo máximo de provisionalidad de 6 meses.

Para finalizar, les diré que el proyecto de ley hace referencia a la Constitución española, priorizando algunos artículos o estableciendo cómo hay que interpretarlos, cuando en realidad corresponde al Tribunal Constitucional, y éste se ha pronunciado reiteradamente sobre esta cuestión, insistiendo en que no corresponde al legislativo la interpretación de la Constitución.




Página 12357


Señorías, lamentamos la escasa voluntad de diálogo del Grupo Parlamentario Popular y, por tanto, evidentemente, del Gobierno. Se han aceptado algunas enmiendas, lo cual valoramos, aunque sea de manera parcial, y un cierto papel de las Cortes Generales como Parlamento en el control y seguimiento de los tratados, pero entendemos que una ley de estas características merecería un amplio consenso. Es una ley que debería estar destinada a perdurar en el tiempo, a regular precisamente la suscripción de acuerdos y tratados internacionales por parte de España, y, evidentemente, acuerdos de este tipo requerirían del más amplio consenso parlamentario posible. Esto no ha sido así y, por tanto, hacemos una última apelación al Grupo Parlamentario Popular a ver si es posible recoger buena parte de las enmiendas que planteamos, que mejorarían sustancialmente el texto que propone el Gobierno y que, sin duda, facilitarían que la ley tuviese vigencia y perdurase durante mucho más tiempo.

Por lo demás, el resto de las enmiendas las damos por defendidas.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador señor Sedó.

El señor SEDÓ ALABART: Gracias, presidente.

Voy a ser muy breve en mi exposición para defender un pequeño grupo de enmiendas que hemos presentado, que, básicamente, han estado muy focalizadas en los aspectos de clasificación de los diferentes conceptos de tratados que incluye la ley y, sobre todo, su afectación en la política o en las competencias autonómicas.

Una de nuestras primeras enmiendas proporciona una clasificación muy clara de los diferentes tipos de tratados y lo que hemos hecho, tanto en los títulos de la ley como en el articulado, ha sido no incluir los acuerdos internacionales no normativos porque consideramos que no tendrían que formar parte de ella ya que, en el fondo, generan confusión con su redactado y diluyen el carácter de pacto o vínculo generado entre las partes. En inglés diríamos que un acuerdo no normativo es un memorandum of understanding, con eso ya se dice todo lo que significa. Por tanto, hemos presentado enmiendas más técnicas para cambiar el aspecto no normativo en los diferentes artículos —con los que podemos estar de acuerdo— para hacer una clarificación mucho más genérica de lo que significa un tratado internacional.

También hemos presentado una serie de enmiendas con objeto de reconocer la competencia autonómica de celebrar acuerdos internacionales que no están sujetos al derecho internacional, y hemos intentado que el papel de las comunidades autónomas sea lo más inclusivo posible en las diferentes comisiones de coordinación —que no sea una comisión interministerial sino de coordinación—.

Aquí, como ha dicho ya algún otro senador, mantenemos un debate entre si política exterior o acción exterior, y el Gobierno y el grupo que le da apoyo, en aplicación de su rodillo y su mayoría parlamentaria, quiere centralizar la acción exterior en política exterior e impedir que comunidades autónomas, sobre la base de sus competencias concretas, puedan desarrollar estos acuerdos internacionales no normativos, como señala la ley —para nosotros memorandum of understanding—, que, al incluirlos en la ley, lo que hace es controlar el papel de las comunidades autónomas en la acción exterior. Por tanto, no podemos estar de acuerdo.

Hemos presentado un grupo de 11 o 12 enmiendas como aportación y para poder dejar una ley más clara, más reducida, basada únicamente en los tratados internacionales, y clarificar las competencias en política exterior y en acción exterior. Esperemos que el ponente del Grupo Popular acepte estas enmiendas, pero desgraciadamente estamos convencidos de que no va a ser así, lo cual va a determinar el sentido de nuestro voto.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Sedó.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta las enmiendas números 128 a 132; 136; 139 a 150; 152 a 154; y 156 a 168.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Fernández Pena.




Página 12358


La señora FERNÁNDEZ PENA: Gracias, señor presidente.

Señorías, es conocido por todos que los tratados internacionales estaban regidos por una normativa preconstitucional y por el Convenio de Viena. Hasta el momento se ha ido trabajando con ambas normas, aunque parece necesario que, después de tantos años de régimen constitucional, se redacte una nueva ley para adaptarse a los tiempos, una ley que, a nuestro criterio, debiera cumplir tres objetivos, que son los que hemos plasmado en nuestras enmiendas: primero, debe servir para coordinar todos los acuerdos internacionales que desarrollen los sujetos que la Constitución definió —comunidades autónomas, ayuntamientos, universidades—, eso sí, sin invasión de competencias. Segundo, debe servir para fortalecer las instituciones políticas, centrándose en el fortalecimiento de la acción de la Cámara Alta y la Cámara Baja en la política exterior. Y, tercero, debe servir para la adecuación y la actualización de la Constitución española a la regulación de los tratados. Tres aspectos, señorías, que fracasan en el texto presentado, porque lo cierto es que tenemos un texto en el que se han ido refundiendo con poco tiempo, para su análisis por el ministerio, las propuestas que le han ido llegando desde otros ministerios y que, con la misma prisa, han plasmado en un documento que ha recibido infinidad de enmiendas, no solo a su aspecto general o político, sino también a cuestiones técnicas, de léxico, o incluso de redacción.

Cabe decir que 3 de las 5 enmiendas aprobadas por el Grupo Popular en ponencia han sido el resultado de consideraciones léxicas: para evitar confusiones entre términos —la enmienda 133—; para conseguir una mejor redacción —la transaccional a la enmienda número 134—; o para precisar más correctamente la referencia a la remisión de los tratados a las Cortes Generales, sustituyendo expresiones para adecuarlas a la realidad —enmiendas 135 y 137—.

El resto de las enmiendas fueron rechazadas en comisión y créanme que espero que puedan analizar las razones que les expondré en aras de lograr algún nuevo acuerdo —al fin y al cabo estamos ante un proyecto de ley que versa sobre tratados y acuerdos—. Pues bien, busquemos ese acuerdo.

Por facilitar ese consenso, empezaré por analizar las enmiendas que vienen a definir la actuación de esta Cámara en relación con la tramitación de los tratados, respecto a lo cual llegamos ya a algún acuerdo en ponencia. Así, por ejemplo, con la enmienda número 155, aprobada por el Grupo Popular, se evidenció que este proyecto de ley no considera suficientemente el fortalecimiento de la acción de la Cámara ya que no planteaba que tanto Congreso como Senado son los órganos que deben ratificar la suspensión de un acuerdo cuando hayan sido aprobados previamente por ellas. Es decir, la enmienda ha servido para atribuir a las Cortes Generales la facultad de ratificar la suspensión de la aplicación de un tratado autorizado por el Parlamento. O la enmienda 138, que al fin fue transaccionada por el Grupo Popular, en referencia a las competencias del Consejo de Ministros, en la que hemos tenido que incluir un apartado para que quede claro que también una de sus competencias será la remisión al Congreso de los Diputados y al Senado de los tratados a los efectos del artículo 94.2 de la Constitución española.

Pero, señorías, sobre esto, sobre la potenciación de las cámaras en materia de política exterior no han existido más acuerdos —situación que sinceramente hoy espero que se corrija, porque esta es una ley que, al igual que la del servicio exterior, condena tanto al Congreso como al Senado a ser actores ausentes de la política exterior o simples receptores de órdenes del Gobierno—, cuando lo que necesitamos es un fortalecimiento de la acción exterior en los parlamentos, como ya he dicho.

El proyecto de ley no contribuye en absoluto a que esto se produzca, no avanza un solo milímetro en esa dirección. En nuestras enmiendas, señorías, sí lo hacemos. Por eso, le pedimos su apoyo. Las enmiendas 136, 144, 154 y 156 van en esa línea. El Parlamento debe intervenir en la terminación, en la denuncia y en la suspensión de los tratados. No tiene sentido que las cámaras en las que se debate y aprueban los tratados se encuentren al día siguiente con que el Gobierno de forma unilateral lo denuncie o lo suspenda sin contar con ellas para nada. El Parlamento tiene que ser informado y conocer otros instrumentos de carácter internacional, como, por ejemplo, los canjes de notas, y no limitarse simplemente a los tratados.

También se pretende ampliar las funciones de las cámaras con la enmienda 141, en la que pedimos que se amplíen los tratados sobre los que las cámaras tienen potestad para conceder la preceptiva autorización para la conclusión del mismo, más allá de los ya incluidos en el artículo 94.1




Página 12359


de la Constitución. Son peticiones razonadas y razonables, que potencian la labor en materia de política exterior, tanto del Congreso como del Senado. No tiene mucha lógica su rechazo por miembros de esta Cámara.

Permítame ahora que centre el debate en un aspecto en el que también han existido multitud de coincidencias entre los grupos y, a pesar de ello, no ha sido atendida ninguna enmienda: lo referente a los acuerdos no normativos. Nosotros hemos presentado hasta 12 enmiendas al respecto, en las que hemos planteado su eliminación de este proyecto de ley. El ministro Margallo, en su comparecencia en el Congreso, los ha definido, al presentar esta ley, diciendo de ellos que estos acuerdos son declaraciones de intenciones no recogidas por el derecho internacional ni por el derecho interno y que pueden ser suscritos por una amplia gama de actores de acción exterior. Y la verdad, señorías, es que regular en una ley estos memorando es extraño, ya que la naturaleza de los firmantes no es de sujetos de derecho internacional. Por tanto, entendemos que están fuera de este proyecto de ley tanto su regulación como su supuesta fiscalización. Por consiguiente, hemos presentado las enmiendas 128 a 130 y 158 a 168, con excepción de la enmienda 165, y lo hemos hecho porque son acuerdos normativos que no obligan a nada, pero que, al parecer, en este proyecto de ley no contribuyen al primero de los objetivos que hemos planteado al inicio de la intervención: la ordenación del conjunto del resultado jurídico legal de la actuación política en la acción exterior de múltiples sujetos.

En relación con estos acuerdos administrativos, hemos planteado la enmienda 165, con intención de precisar adecuadamente el objeto del informe que la Asesoría Jurídica Internacional debe emitir antes de su firma acerca de su naturaleza, procedimiento y formalización, otra cuestión que demuestra el sentido farragoso de muchos textos en esta ley, que viene solamente a confundir su interpretación.

Quiero indicar en cuanto a las enmiendas 145, 146 y 147 que, a pesar de que ya he dicho que compartíamos, por supuesto, la necesidad del proyecto, la necesidad de actualizar una normativa preconstitucional, lo cierto es que los términos acogidos y las definiciones propuestas en algún caso difieren en ocasiones de las establecidas en las normas generales del derecho internacional. Por eso, hemos propuesto que se cambie la terminología utilizada en tanto no coincide con la utilizada en la Convención de Viena de 1969.

Señorías, nuestro Estado ha manifestado su consentimiento a este convenio y forma parte, por lo tanto, de nuestro ordenamiento interno, constituyendo normas prevalentes sobre las disposiciones internas, incluidas las del propio proyecto de ley. Por consiguiente, no es prudente mantener referencias contrarias al Convenio de Viena. No podemos jugar con interpretaciones, debemos respetar el espíritu de ese convenio, al igual que debemos respetar y ajustar en todo el texto las diferentes disposiciones del proyecto a las normas de nuestra Constitución. Así, en las enmiendas 143, 148 y 149 se pide la supresión de varios artículos —del 17.1, del 28 y del 29— en tanto su contenido supone una trascripción de lo dispuesto en varios artículos de nuestra Constitución, algo que va claramente en contra de lo que ha propuesto siempre el Tribunal Constitucional.

Un nuevo proyecto de ley no debiera crear más problemas de tipo jurídico-constitucional, pero lo cierto es que esta ley sí lo hace, tal y como está redactada. No contempla la autorización por las Cortes de la suspensión de los tratados y la interposición de recursos de anticonstitucionalidad contra ellos, ni tampoco aclara nada sobre las eventuales consecuencias de una declaración de inconstitucionalidad de los tratados internacionales vigentes. En este sentido, nos hemos pronunciado con la enmienda 150, pidiendo la supresión del artículo 32, ya que la previsión de declarar la inconstitucionalidad de los tratados internacionales mediante los procedimientos de la Ley Orgánica 2/1979 no debe recogerse en una norma de carácter ordinario, ni incluso en una ley orgánica distinta de la del Tribunal Constitucional.

Pero sorprende además que se haga una utilización medida de algunos artículos de la Constitución: por ejemplo, que en una disposición se ordene el cumplimiento del artículo 135 de la Constitución —principio de equilibrio presupuestario— en todos los tratados, pero no se diga nada de cuestiones a cumplir en otros tratados como los derechos sociales o la igualdad entre hombres y mujeres, todos ellos incluidos también en la Constitución.




Página 12360


Asimismo, a través de la enmienda 139, hemos pedido que la aplicación provisional de los tratados no se pueda prolongar por tiempo indeterminado, incorporando al punto 1 del artículo 15 un plazo máximo de 6 meses para su aplicación definitiva. Pero en referencia a este artículo 15, quizás sea la enmienda 140 la más significativa en tanto que pide que deba excluirse de la aplicación provisional aquellos convenios que versan sobre materias que afectan a los derechos y a las libertades fundamentales establecidos en el título I, así como a la integridad territorial de España, o que impliquen obligaciones financieras para la hacienda pública. Al hilo de lo cual también hemos pedido, a través de la enmienda 142, que se suprima el punto 4 del mismo artículo 15, en el que se autoriza la aplicación provisional de los tratados internacionales que impliquen obligaciones financieras para la Administración pública, siempre que exista crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales del Estado, ya que no es propio la inclusión de un texto de este tipo en una ley como esta.

Y, para terminar, quiero indicarles como curiosidad —pero que define con claridad la conclusión que muchos de los que estamos aquí hemos sacado de esta ley— que ha sido admitida por el Grupo Popular nuestra enmienda 151 durante los trabajos de ponencia. Ha sido aceptada por ser coincidente con una formulada por el mismo Grupo Popular. Una enmienda que viene a suprimir un artículo completo del proyecto de ley, el artículo 34, de efectos jurídicos de actos relacionados con los tratados. Coincidencia por una redacción difusa, atropellada, sin estudio, que ratifica todo lo que hemos comentado hasta este momento, que tenemos ante nosotros un proyecto repleto de indefiniciones, con un estilo y un lenguaje confuso y, en muchas ocasiones, opaco.

Señorías, este es un importante proyecto de ley que va a nacer sin cumplir ninguna de las expectativas que llevaron a su redacción. Mi obligación es pedirles que acepten en esta instancia las enmiendas que hemos planteado, que haya consenso suficiente para mejorar un texto, el de la ley de tratados, que, al fin, tiene poco de acordado y menos de tratado.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Para turno en contra, tiene la palabra el señor Chiquillo.

El señor CHIQUILLO BARBER: Señor presidente.

Señorías, intervengo en nombre y en representación del Grupo Parlamentario Popular, para, en primera instancia, dar nuestro apoyo al texto normativo al que hoy vamos a dar luz verde en esta Cámara —en el Senado—, en esta Cámara de reflexión, donde se ha reflexionado profundamente, a pesar de algunas críticas, sobre el proyecto, y para rechazar en este turno las enmiendas que han mantenido vivas a través de los votos particulares los diversos grupos parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra.

Hace aproximadamente un año, el 25 de octubre de 2013 —un año de procedimiento, de trámite de este proyecto de ley—, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto para remitir a Cortes Generales, el de tratados y otros acuerdos internacionales. Con este nuevo texto se superaba una situación anómala que algunos intervinientes han citado, derivado de la regulación actual, que data de un decreto de 1972, absolutamente desbordado por la evolución política y legislativa constitucional en España. El desarrollo del derecho internacional durante las últimas décadas ha dejado obsoleta dicha regulación del año 1972. Es más, en el ordenamiento jurídico interno español se recogía ese decreto de 1972, pero la Constitución de 1978, en su disposición derogatoria única, operó la pérdida de vigencia de parte de ese Decreto 801/1972. Ello generó que el vacío normativo fuese cubierto —y no ha sido citado por ningún interviniente— por circulares y órdenes ministeriales, por la labor interpretativa, muy importante, del Tribunal Constitucional —que tampoco ha sido citada más que de puntillas por algún interviniente—, por la función asesora del Consejo de Estado y la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, así como por la práctica judicial. Y ya que hablamos del Ministerio de Asuntos Exteriores, creo que es procedente decir que desde el año 1978 hasta el día de hoy ha tenido casi una docena de inquilinos, y nadie reparó en la importancia de que España contara con una ley de tratados. Digo esto porque alguno de los grupos intervinientes ha olvidado —y eso que su Gobierno fue el responsable político durante casi diecinueve años— que no repararon en lo importante que era regular una ley de tratados y otros acuerdos internacionales. Ahí lo dejo, no voy a extenderme más en esa cuestión.




Página 12361


La nueva norma pretende ordenar la actividad del Estado en el proceso de celebración de los acuerdos internacionales y regula los 3 tipos de acuerdos internacionales existentes en la práctica española, y reitero que desde que se publicó la Constitución fue posible cubrir el vacío normativo que había por las circulares y órdenes ministeriales, por la labor interpretativa de numerosas sentencias del Tribunal Constitucional —y citaré algunas—, por la función asesora del Consejo de Estado y de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, así como por la práctica judicial.

Esos 3 tipos de acuerdos internacionales son los tratados propiamente dichos, los acuerdos internacionales administrativos y los acuerdos internacionales no normativos. En cuanto al primero de ellos, los tratados, se recogen en la primera parte de este proyecto de ley y son el instrumento jurídico fundamental para asumir derechos y obligaciones por los sujetos de derecho internacional y solo puede celebrarlos el Estado. Los acuerdos internacionales administrativos ejecutan o concretan tratados internacionales, pueden celebrarlos también las comunidades autónomas y los órganos y organismos de las administraciones públicas. Y la tercera figura recogida en este proyecto de ley son los acuerdos internacionales no normativos, conocidos como MOU, que son declaraciones de intenciones y no pueden generar derechos ni obligaciones, pueden ser suscritos por una variada gama de actores, que se especifican en el proyecto de ley, y con posteriores desarrollos normativos, como se habilita en las disposiciones de este proyecto, quedarán claramente definidos y delimitados.

Este nuevo proyecto de ley, respetando las sentencias del Tribunal Constitucional, los dictámenes del Consejo de Estado y la práctica judicial de los últimos años —repito, desde el año 1978—, en ejercicio de la competencia exclusiva del Estado derivada del artículo 149.1.3 de la Constitución, regula también los mecanismos de participación de las comunidades autónomas, como no podía ser de otra manera, en el proceso de celebración de los tratados internacionales: derecho a ser informadas sobre los tratados que afecten a sus competencias; derecho a proponer al Gobierno la celebración de tratados que afecten a materias sobre las que acrediten un interés específico y posibilidad de solicitar la participación en la delegación española en las negociaciones de un determinado tratado internacional. Además, se establece la posibilidad de que puedan celebrar por sí mismas acuerdos internacionales administrativos —segunda figura que reconoce este proyecto— y acuerdos internacionales no normativos —tercera figura—, que aparecen con rango de ley en el proyecto de ley que hoy va a ser aprobado en el Senado y, por tanto, cuando se le dé luz verde, será publicado en el Boletín Oficial del Estado, entrando en vigor en las próximas fechas. Para estos últimos el Estado se reserva, como no podía ser de otra manera y amparándose en sentencias del Tribunal Constitucional, la competencia de verificar que la naturaleza jurídica de los acuerdos internacionales no normativos corresponde a tales acuerdos y no a los de un tratado que de tapadillo se pretenda plantear.

El Grupo Parlamentario Popular —y en este turno así lo voy a intentar justificar— va a rechazar todas las enmiendas que se han mantenido vivas para esta debate. Lamento no atender y defraudar las expectativas de algunos de los intervinientes recogidas en los diversos votos particulares que, con o sin defensa, han sido aquí planteados por el Grupo Mixto, el Grupo Parlamentario Vasco, la Entesa pel Progrés de Catalunya, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y el Grupo Socialista.

Tengo aquí el dictamen del Consejo de Estado y podíamos comentar algunas de las cuestiones que aquí aparecen. Claramente la competencia exclusiva del Estado que se establece en materia de relaciones internacionales en el artículo 149.1.3 de la Constitución, que respeta escrupulosamente este proyecto, no deja ningún lugar a dudas. Podría citar la sentencia 153/1989 del Tribunal Constitucional. Este Tribunal se ha referido a este 149.1.3 en relación con materias que afectan al fondo y a la forma de la cuestión que hoy, en este proyecto de ley, estamos debatiendo en esta Cámara de reflexión que es el Senado, materias tan características del ordenamiento internacional como son las relativas a la celebración de tratados, el denominado ius contrahendi y a la representación exterior del Estado, ius legationis, así como a la creación de obligaciones internacionales y a la responsabilidad internacional del Estado, del Gobierno central. Sentencias 137/1987, 153/1989, que ya he citado, y la 80/1993.

Y dentro de esa competencia exclusiva estatal se sitúa la posibilidad de establecer —sentencia textual del Tribunal Constitucional— las medidas que regulen y coordinen las actividades con proyección externa de las comunidades autónomas para evitar o remediar eventuales perjuicios




Página 12362


sobre la dirección y puesta en ejecución de la política exterior que en exclusiva corresponde a las autoridades estatales, reiterado en sentencia 31/2010, del Tribunal Constitucional, de 28 de junio de 2010 y la 80/2012, de 18 de abril de 2012.

El Tribunal Constitucional, en la sentencia 165/1994, habla de las relaciones internacionales objeto de la reserva contenida en el artículo 149.1.3 en el que se basa y se cimenta tanto la Ley del servicio exterior, que ha sido aquí citada, como el Proyecto de Ley de tratados, que son los dos ejes de esta cuestión, repito, por el vacío legal desde el año 1978 hasta hoy, con diversos inquilinos en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Este Tribunal establece claramente en cuanto a las relaciones entre sujetos internacionales regidos por el derecho internacional que los entes territoriales dotados de autonomía política pero que no son sujetos de derecho internacional pueden participar en las relaciones internacionales y, consiguientemente, no pueden concertar tratados con Estados soberanos y organizaciones internacionales gubernamentales. Lo establece el Tribunal Constitucional con una claridad meridiana por lo menos en una docena de sentencias desde el año 1989 hasta el día de hoy.

En consecuencia, con el criterio expuesto, y como ya señaló el Consejo de Estado en el dictamen 394/2013, relativo al Anteproyecto de Ley de acción exterior y del servicio exterior del Estado, la posibilidad de que las comunidades autónomas lleven a cabo actividades que tengan una proyección exterior debe entenderse limitada a aquellas que, siendo necesarias o al menos convenientes para el ejercicio de sus competencias, no impliquen el ejercicio del ius contrahendi, esto es, aquellas cuestiones de materias reservadas a tratados internacionales, que son competencia exclusiva que viene habilitada por el artículo 149.1.3.

Por lo tanto, con esto queda argumentado el rechazo de algunas de las enmiendas que han sido defendidas por el Grupo Parlamentario Mixto, por el Grupo Parlamentario Vasco, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, pues hay cuestiones que el Tribunal Constitucional —que ha cubierto el vacío normativo desde 1978 a 2014— deja delimitadas con una claridad meridiana. La sentencia 165/1994, reiterada en la sentencia 31/2010 y en la sentencia 102/2012, establece claramente que corresponde al Estado regular y coordinar las actividades con proyección externa de las comunidades autónomas. Para evitar o remediar eventuales perjuicios sobre la dirección y puesta en ejecución de la política exterior —reitera el Tribunal Constitucional—, corresponde en exclusiva al Estado. Con estas referencias quedan rechazadas casi una docena de las enmiendas que hoy han defendido algunos de los grupos a los que me he referido anteriormente.

Esos argumentos también se han utilizado hoy por los grupos enmendantes en algunas de las enmiendas del Proyecto de Ley de acción y servicio exterior del Estado. El Consejo de Estado, entonces y ahora, ha expresado lo mismo respecto a la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales, que claramente atribuye al Estado, y todas aquellas medidas que resulten necesarias en orden a garantizar la unidad de la acción estatal en el exterior y las relaciones internacionales de España que pilota el Gobierno central. Por lo tanto, el Consejo de Estado considera necesaria —lo dice en su dictamen— la intervención del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en relación con cualquier tipo de acuerdo para informar acerca de su naturaleza, procedimiento y adecuada instrumentación según el derecho internacional, lo cual aparece claramente delimitado en todos y cada uno de los artículos de este proyecto de ley al que, reitero, el Grupo Parlamentario Popular, como no podía ser de otra manera, va a apoyar para que estas Cortes Generales le puedan dar luz verde y entre en vigor. Creo que, transcurridos cuarenta y dos años, ya era hora de que en nuestro ordenamiento jurídico tuviéramos una ley de tratados que regulara con seriedad, rigor y, sobre todo, con escrupuloso respeto a las resoluciones del Tribunal Constitucional de los últimos años, aquellas cuestiones que reflejan y remarcan las competencias constitucionales del Estado en la política exterior. En esa misma línea, el propio dictamen que elaboran los servicios jurídicos de esta Cámara, avalado por todas y cada una de las sentencias a las que yo me he referido del Tribunal Constitucional, pone de manifiesto aquellas cuestiones que de manera nítida se atribuyen al Gobierno central y que este texto recoge con escrupuloso celo y respeto al ordenamiento constitucional, a los estatutos de autonomía y al papel de todas las administraciones del Estado —porque las comunidades autónomas son Administración del Estado— en materia de política internacional.




Página 12363


Querría citar algunas de las enmiendas presentadas por diversos grupos parlamentarios que ponen especial énfasis en esta cuestión y que afectan a la exposición de motivos y a los artículos 1 a 5 y 7. El Grupo Parlamentario Popular rechaza todas ellas porque el contenido de este proyecto de ley no vulnera el orden constitucional en cuanto a la distribución de competencias, sino que las delimita claramente como hace la Constitución, y el intérprete de la Constitución así lo ha señalado. El proyecto se presenta al amparo del artículo 149.1.3., que atribuye al Estado competencias exclusivas en las materias a las que ya me he referido. Lo que hace es adecuar y adaptar la Constitución y su diseño territorial a esta norma tan importante que durante cuarenta y dos años no había sido motivo de atención por ningún Gobierno y que este Gobierno lo ha hecho respetando escrupulosamente el ordenamiento constitucional.

Tampoco aceptamos muchas de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, CiU y PNV, pues lo que proponen en su redacción respecto a los acuerdos internacionales en sus 2 versiones no se corresponde con la práctica española en la materia. Los acuerdos internacionales no normativos son instrumentos habituales en la acción exterior del Estado y han sido avalados por diversos gobiernos y diversos ministerios de Asuntos Exteriores durante los últimos treinta años de nuestra actividad diplomática a lo largo y ancho del mundo, con más de un centenar de países e instancias internacionales. Insisto en que su regulación contribuye a una mejor seguridad jurídica, se ajusta a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y a los reiterados consejos del Consejo de Estado —valga la redundancia—, y la denominación de acuerdos internacionales no normativos es la consolidada en la práctica española.

En definitiva, tengo que dejar clara la posición del Grupo Parlamentario Popular rechazando estas enmiendas, aunque tampoco me quiero extender más, porque creo que la argumentación vale para todos y cada uno de los grupos parlamentarios.

No obstante, no quería concluir sin referirme a aquello de que no hemos tenido tiempo. Tiempo hemos tenido, porque desde que se aprueba la Constitución en 1978 prácticamente todos los grupos parlamentarios que hoy estamos representados en Cortes Generales hemos tenido representación parlamentaria, todos, los mayoritarios y los minoritarios, los nacionalistas y todas y cada una de sus sensibilidades políticas en esta materia. Pero por no retroceder hasta los años 1978, 1979 y 1980, basta con hacer referencia al trámite de este proyecto de ley, que entró en Cortes Generales en octubre de 2013, hace un año. Para aquellos que han dicho que no ha habido diálogo y que el Grupo Parlamentario Popular no ha aceptado enmiendas, habría que ver el comportamiento respecto de proyectos de ley de otros gobiernos y las sensibilidades que entonces demostraron. Aquí tengo los informes de los debates parlamentarios respecto de este proyecto de ley en el Congreso y en el Senado y, de las casi 300 enmiendas sustanciadas en los trámites en ambas Cámaras. En el Congreso de los Diputados se aprobaron casi 60 enmiendas de la oposición, y las podría citar: 6 del Grupo Socialista, 3 del Grupo Catalán, 24 de Izquierda Unida: La Izquierda Plural, 4 de Unión Progreso y Democracia y 13 del Grupo Parlamentario Vasco. No sé dónde está esa poca sensibilidad de este Gobierno. Y en el trámite del Senado, de las 150 enmiendas, en el trámite de ponencia prácticamente se aprobaron 25. Esto hace un total de casi 80 enmiendas aprobadas entre el trámite del Congreso y del Senado, enmiendas de grupos parlamentarios de la oposición, porque aquí excluyo las 7 enmiendas del Grupo Parlamentario Popular aprobadas en el trámite del Congreso y las 16 enmiendas del Grupo Parlamentario Popular aprobadas en el trámite del Senado. Por lo tanto, voluntad de diálogo, toda por parte del Gobierno y del Partido Popular, que, como no podía ser de otra manera, apoya a este Gobierno.

Y no querría terminar sin decir algunas palabras más. El ministro de Asuntos Exteriores —por tanto, el Gobierno de España y, por lo tanto, el grupo que lo apoya— en su primera intervención en esta Casa, tanto en el Pleno del Senado, como en la Comisión de Asuntos Exteriores, asumió un compromiso al principio de legislatura, el de situar a España como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad para el bienio 20152016. Se ha conseguido el objetivo. Un éxito de todos. Pero fue el primer compromiso del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y del Gobierno de España de Mariano Rajoy. Y en el ámbito legislativo, se comprometió a traer —insisto, después de cuarenta años— una Ley de acción y del servicio exterior —aprobada ya por esta Cámara y en vigor— y una Ley de tratados que superara la obsoleta del año 1972. Y el Gobierno de España ha cumplido, ha escuchado a la oposición y, sobre todo, estamos en Naciones




Página 12364


Unidas y tenemos los instrumentos normativos para que, como dijo el ministro en su primera comparecencia, el Gobierno de España estuviera en el concierto internacional, en el escenario político internacional. Ha vuelto, y ha vuelto para quedarse. Y el Grupo Parlamentario Popular está muy orgulloso de este Gobierno y, sobre todo, de su política exterior.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

El Grupo Parlamentario Mixto no hace uso de la palabra. Gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señor presidente.

Señor Chiquillo, usted sabe que los esfuerzos baldíos producen melancolía, y la verdad es que estamos absolutamente melancólicos porque nosotros tenemos la sensación de que ustedes quieren que de aquí vaya directamente al Boletín Oficial del Estado. No admiten ningún tipo de enmiendas porque parece ser que todos los grupos estamos equivocados, y no hay ninguna posibilidad. Además, me imagino que usted habrá visto muchas películas norteamericanas donde los embajadores van al Senado y allí son requeridos en la Comisión de Exteriores. Parece que están equivocados. Los Estados Unidos son un país atrasado, democráticamente no saben cómo funcionan.

Yo creo que este proyecto de ley sale de esta Cámara fundamentalmente tocado en 2 puntos: el Parlamento no se tiene en cuenta y las comunidades no se tienen en cuenta. Aquí lo único que impera es el criterio del Gobierno, el Gobierno residenciado en la corte, y ahí es donde funciona absolutamente todo.

Ustedes no han aprendido nada y no han olvidado nada. Es lo malo de esta situación. Y la verdad es que es muy lamentable que este debate haya pasado de esta manera, como una guillotina, una vez más, y vaya directamente al BOE.

Uno tiene la sensación, después de escucharle a usted, de que las comunidades autónomas no son Estado. Aquí el único Estado es lo que usted cree. Y usted sabe que el Estado es la Administración profesionalizada, y la Administración profesionalizada está en Madrid, en Segovia y en otras partes. Sin embargo, este es el clásico discurso hecho en el Ministerio de Asuntos Exteriores para defender los privilegios y la forma de actuar que ha venido funcionando en los últimos tiempos. Es absolutamente lamentable, pero es así. Y, bueno, pues mire, directamente al BOE.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Anasagasti.

Por parte de la Entesa, tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

Intervendré con brevedad, simplemente para lamentar esta falta de acuerdo.

El senador Chiquillo ha insistido mucho en la competencia del Estado, entiendo que del Gobierno en nombre del Estado, para suscribir, cerrar y aprobar los tratados internacionales. Nuestro grupo no ha cuestionado en ningún momento esa competencia del Estado. Cosa aparte es la posibilidad de actuación de las comunidades autónomas en otro tipo de acuerdos y desarrollo de esos tratados, en la medida en que sea posible y en colaboración también con el Gobierno de España.

Pero lo que sí creemos que es más grave —y hacía alusión a ello también el senador Anasagasti— es algo a lo que he hecho referencia en la defensa de las enmiendas, y es un cierto ninguneo del Parlamento, de las Cortes Generales. Evidentemente, cuando hablamos de tratados internacionales, de acuerdos de Estado, es necesario que el Parlamento intervenga de una manera clara y decidida. No es posible que el Gobierno pueda actuar aprobando provisionalmente tratados y que esa provisionalidad se prolongue en el tiempo.

Es cierto que ustedes han aceptado enmiendas, no le diré que no, lo he reconocido en la defensa de las nuestras, muchas de ellas técnicas, otras para corrección de errores, pero en realidad entiendo que no se ha entrado en el fondo de la cuestión. Supongo —con todo respeto lo digo— que no tenían margen para avanzar más en esa negociación. En otros proyectos de ley sí se ha hecho, como el que veremos ahora de la disciplina militar, pero en cambio en este no ha sido posible.




Página 12365


Lo he dicho antes y lo repito ahora, se trata de un proyecto de ley que debería perdurar en el tiempo, no solo porque llevábamos mucho tiempo sin regular, aparte del Decreto de 1972. Ahora que abordamos el tema, que lo resolvemos y que vamos a aprobar una ley reguladora, debería tenerse en cuenta que se trata de ese tipo de leyes que exigen el máximo consenso posible, como he dicho antes, para perdurar en el tiempo. No es de recibo que una nueva mayoría tenga que modificar este proyecto de ley en la siguiente legislatura. Estamos haciendo un flaco favor a los intereses de España y, por tanto, entiendo que aquí el Gobierno especialmente y también el Grupo Popular debería haber tenido mayor sensibilidad.

Por todo esto, nuestro grupo mantendrá su voto contrario al conjunto del proyecto de ley.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Sabaté.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sedó.

El señor SEDÓ ALABART: Gracias, señor presidente.

Tenía preparada esta pequeña intervención sobre la necesidad de una nueva ley de tratados porque, como se ha dicho, la última regulación era del régimen anterior, pero visto el discurso y la justificación del representante del grupo de la mayoría y visto que no han aceptado ninguna o muy pocas de las enmiendas en 3 o 4 áreas en las que todos los grupos de la oposición coincidíamos, no hace falta mi intervención ya que se podría seguir trabajando por las disposiciones del Gobierno sin necesidad de una ley.

El senador Chiquillo decía que ha hablado con la oposición. Hablar con la oposición no significa llegar a acuerdos con la oposición, y en este caso hemos visto que no han querido hablar con nosotros o que no han querido llegar a acuerdos con nosotros. Lo han manifestado otros senadores. Esta ley no quiere regular los tratados internacionales con referencia al Estado, sino que el Gobierno tenga el peso y la voz única en la política exterior.

Aquí hemos hablado de la separación, que también defienden algunas sentencias del Tribunal Constitucional, entre política exterior y acción exterior. En política exterior sí que tiene la competencia absoluta el Gobierno del Estado, pero en otros ámbitos tienen competencias las comunidades autónomas cuando les afecta, y pueden establecer estos acuerdos no normativos. En el fondo, la voluntad de este Gobierno no es que haya una unidad de Estado, sino que haya una unidad centrada en su Gobierno y que las comunidades autónomas no seamos Estado y no podamos, en materias en las que somos competentes, tener esta acción exterior. Por tanto, nuestro grupo no puede dar apoyo a esta ley porque no tiene en consideración que las comunidades autónomas participen en la acción exterior.

Me duele ver que, por mucho que se hable de la participación de las cámaras parlamentarias, hoy este grupo mayoritario ha actuado simplemente como portavoz del Gobierno. No han sido capaces de asumir el rol que tienen que tener el Senado y el Congreso en el control y ratificación de los acuerdos internacionales, y simplemente se deja ese papel al Gobierno del Estado sin tener en cuenta ni a las cámaras parlamentarias ni a las comunidades autónomas en el ámbito que les afecta. Por eso no podemos votar favorablemente este proyecto de ley y nuestro grupo votará en contra.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Sedó.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Losada.

El señor LOSADA DE AZPIAZU: Gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, mi grupo quiere dejar clara la falta de consideración del ministro con esta Cámara. Ya van 2 veces, 2 leyes de gran importancia, la Ley de acción exterior y la Ley de tratados internacionales, en las que el ministro se ausenta de esta Cámara y no viene aquí a defenderlas. Y hablo de falta de consideración no solo por su clamorosa ausencia en estos debates al no presentar sus leyes en el Senado, sino utilizando los propios calificativos del ministro, que le dan más peso a mis palabras. Cito al ministro: «Esta ley es uno de los pilares básicos de la nueva política exterior» —mayor motivo para estar aquí presentando esta ley—. Y no es casual. Ya lo advertimos con motivo de la Ley de acción exterior; desde que el ministro dirige la política exterior




Página 12366


ha disminuido de forma significativa la importancia que siempre tuvo la política exterior en las Cortes, en el Parlamento, en el Senado y en el Congreso; la acción de un órgano constitucional como son las Cortes de España.

Dice el ministro, en su intervención en el Congreso, por supuesto —y cito—, que viene apostando por desplegar una política exterior eficaz y coherente que permita defender adecuadamente los intereses de España; y precisa que se necesitan instrumentos jurídicos. Cita curiosamente a Lenin, asumiendo una pregunta existencial que da nombre a su famoso libro ¿Qué hacer?, libro referente de la acción revolucionaria. Que un ministro de derechas cite a Lenin puede sorprender. Quizás sabiendo lo que dice el libro no tanto, pues el libro precisa que hay que conseguir la capacidad total de ocupación del poder; y como supongo al ministro leído, no creo que fuese una cita más, sino que le traicionó el subconsciente y ha plasmado las recomendaciones de Lenin en el libro ¿Qué hacer? en esta ley, donde se dice que el Gobierno decide lo que importa, a qué concepto le asigna el tratado internacional y cómo será su tramitación. Por tanto, primero con la Ley de acción exterior y ahora con la Ley de tratados, el Gobierno central se ocupa de toda la acción exterior en detrimento de otras instituciones y del Parlamento. Si pensaban los señores diputados que escucharon estas palabras del ministro que la cita de Lenin era mínimamente retórica, bien equivocados estaban. Es más, en la tramitación parlamentaria, como ha quedado bien claro para los grupos, el grupo que apoya al Gobierno no ha admitido más enmiendas que las de tipo técnico o gramatical.

Por otro lado, no es de recibo, señorías, que el Congreso y el Senado aprueben tratados y, sin embargo, cuando el Gobierno decida suspenderlos, no tengan la capacidad de debatirlos en las cámaras. Esta es la voluntad que tiene el Gobierno de la nación, esta es la voluntad que tiene el grupo que lo apoya.

Además, no se ha aceptado ninguna enmienda de peso. De nuevo una ley de Estado, otra ley de un ministerio de Estado que debe propiciar los acuerdos y los consensos, se convierte en una ley de rodillo. Es una ley de acción exterior sin consenso, como hemos visto en la pasada tramitación, de modo que no hay consenso en instituciones ni consenso en los grupos, y ahora una ley de tratados internacionales también sin consenso; de una acción exterior de bandazos, de demasiada poesía, de mucho discurso y pocos resultados; de una acción exterior que entró con un complejo de adanismo y tabula rasa y que ha ido rectificando a lo largo de los años para volver otra vez, pero que generó confusión y situaciones, como mínimo, preocupantes. Incluso en el caso de éxitos que son de todos los españoles ―como citaba el portavoz del Grupo Popular―, iniciados por el Gobierno de Zapatero, el grupo que apoya al Gobierno sabe muy bien cómo tuvo que implicarse el Partido Socialista para arreglar muchos entuertos derivados de las relaciones del ministro de Exteriores con países a los que después solicitamos su voto para conseguir nuestra presencia en el Consejo de Seguridad.

Ahora, en este final de legislatura nos traen una nueva ley eminentemente técnica, pero con una gran importancia política porque determina y regula la acción de acuerdos, convenios y tratados en nuestro Estado. Esta es una ley que debería ser un avance, como decían los anteriores portavoces, sobre un decreto preconstitucional y el acuerdo de Viena y, por ello, debería tener 3 objetivos: no invadir competencias constitucionales y fomentar la coordinación, pero no sucede; fortalecer las instituciones políticas y especialmente la acción parlamentaria en el debate, la aprobación y el desarrollo posterior, que es algo que tampoco sucede; y no crear problemas jurídico-técnicos ni constitucionales, y esta ley va contra las sentencias del Tribunal Constitucional que dicen que no se pueden reproducir textos de la Constitución ―y esta ley los reproduce― y que tampoco se pueden interpretar las sentencias del Tribunal Constitucional, un aspecto vedado al Legislativo, de manera que trae inseguridad jurídica.

Por otro lado, a pesar de necesitar una ley moderna, de futuro, de parlamentarismo, el grupo mayoritario trae una ley que la mutila porque deja fuera algo muy importante, que ha dejado pasar de rondón el portavoz del grupo mayoritario: los memorandos administrativos. Y les voy a poner un ejemplo, señorías, que indica que esta decisión es incomprensible para quien dice que quiere regenerar el Parlamento y la vida democrática. Miren ustedes, por esa excepción ¿saben que entró en vigor en España? El rescate bancario, el rescate de nuestra economía financiera; es decir, que no fue debatido en las Cortes y, sin embargo, se debatió en los parlamentos de otras naciones. Y con esta ley de tratados internacionales se podrá rescatar la economía financiera y los




Página 12367


bancos de España y tampoco tendremos ocasión de debatirlo en el Congreso ni en el Senado. Esta es la ley de tratados internacionales.

Señorías, ¿cuántos tratados internacionales hemos llevado a la práctica en el Congreso y en el Senado y, en cambio, el memorándum por el rescate financiero, de 40 000 millones de euros, no fue posible tratarlo en el Congreso? Pues con esta ley tampoco será posible. ¿Esto es regeneración parlamentaria? ¿Esto es un mayor control parlamentario? Esto es, simplemente, lo que decía al principio: la ocupación del poder, de todo el poder, por parte del Gobierno.

Señorías, yo creo que esta es una ocasión perdida para conseguir una ley con la que estén perfectamente conformes y cómodas todas las instituciones constitucionales, y sobre todo, el control parlamentario. Porque si ayer fue, como les decía, el rescate, ¿qué será en el futuro lo que decida introducir el Gobierno por esa vía de memorandos no administrativos? Porque es legítimo, claro que es legítimo que el Gobierno decida dónde va cada acuerdo, dónde va cada memorándum. Lo que no es legítimo es que el Congreso y el Senado no tengan capacidad para establecer su control. Señorías, vuelven a insistir en la tutela de instituciones que tienen competencias constitucionales. Porque, en segundo lugar, hay una falta de diálogo, de verdadero diálogo, que es inexistente; de desprecio al consenso, del rodillo en temas que son de Estado, como es la política exterior. Porque cercenan la acción parlamentaria y porque hay unas carencias técnicas, errores y confusiones. Para eso nos quedamos con el decreto preconstitucional y el acuerdo de Viena.

Todo esto coloca a mi grupo en la posición de dar un no rotundo a esta ley; un no rotundo. Este grupo sabe —lo sabe el ministro y lo sabe el grupo mayoritario— que en acción exterior consideramos que siempre debe haber consenso, porque trasciende a los gobiernos. Es, pues, para mi grupo una ocasión perdida de llegar a acuerdos y consensos.

Señorías, termino volviendo a las palabras del ministro, porque es verdad que me han sorprendido. Yo creo que el ministro cuando citaba a Lenin y ¿Qué hacer? lo hizo llevando a la práctica las recomendaciones revolucionarias de Lenin, que decía, y cito textualmente: Para avanzar es preciso ejercer todo el control, toda la ocupación del poder por la clase dirigente. Pues bien, este es al final el espíritu de esta ley, ni parlamentarismo ni control, ni efectividad; control absoluto por el Gobierno actual...

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya terminando.

El señor LOSADA DE AZPIAZU: Termino, señor presidente.

... que piensa que las instituciones le pertenecen por tener durante un tiempo limitado la acción del Gobierno.

Señorías, la política moderna y la regeneración democrática van por otros derroteros.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Losada.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Muñoz-Alonso.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Muchas gracias, señor presidente.

Quiero empezar esta intervención con un recuerdo para una antigua senadora, doña Rosa Posada, que ha fallecido hoy y que fue portavoz de Exteriores en esta Cámara. Creo que se merece que todos nos acordemos de ella en este momento y en esta circunstancia. (Aplausos).

Pero entro en el debate. He oído a todos los portavoces y me daba la impresión de que estaban hablando de una ley distinta de la que hemos traído a esta Cámara. Se han inventado una ley. Han inventado un muñeco de pimpampum para tirarle de todo. No, señores; no se han leído la ley bien, o no han querido leérsela, y no han estudiado las sentencias del Tribunal Constitucional. ¡No las interpreten como les dé la real gana! Léanlas tal y como las explica el propio tribunal o el Consejo de Estado. No han querido enterarse. Han cogido 2 o 3 cositas de la ley —a alguna de ellas me referiré— y han empezado a tirarle como a un muñeco de pimpampum; se equivocan totalmente. Esta ley va a perdurar, porque, aunque gobiernen ustedes, la van a mantener y, si no, al tiempo. Yo espero que tarde tiempo, pero llegará. La van a mantener, porque es lógica. Porque ustedes ya han aplicado esto cuando gobernaban sin ley, exactamente igual. Han hecho aquí una comedia que no se tiene en pie, absolutamente artificial. (Aplausos).




Página 12368


En segundo lugar, se ha hablado del ministro. A todos nos hubiera gustado que el ministro estuviera aquí. Ayer estuve hablando con él y me dijo que quería venir, pero que tenía una serie de compromisos, uno de ellos, me parece —no lo quiero asegurar porque no soy ni su representante ni llevo su agenda—, era la llegada de la presidenta de Chile. Pero sé que estuvo preguntando, incluso al presidente, cuándo sería la hora del debate porque estaba intentando venir y me dijo que tenía mucho interés en ello. Al final no le hemos visto y estoy absolutamente convencido de que ha sido porque no ha podido ya que tenía otras ocupaciones.

Y he oído aquí decir unas cosas muy raras, como es que no queremos que las comunidades autónomas sean Estado. Vamos a ver, señorías, las comunidades autónomas son Estado; lo han dicho ustedes y yo lo acepto. Hay alguna comunidad autónoma que quiere ser Estado, pero otro Estado distinto, y ahí a lo mejor tampoco nos ponemos de acuerdo. Así pues, señorías, seamos serios a la hora de discutir un texto jurídico como este que es de gran importancia. Y no me vengan diciendo que no se han admitido enmiendas o que solo las técnicas, pues se han admitido muchas porque ha habido diálogo, si no, no se habrían admitido. Han sido, si no me equivoco, 50 enmiendas en el Congreso y 20 en el Senado. Por tanto, no hablen de rodillo, porque los maestros del rodillo son ustedes, que cuando han gobernado lo han practicado de la manera más absoluta. Y les daré algunos ejemplos: Modificación de la Ley de extranjería: enmiendas del PP, 73; ninguna aceptada. Ley del aborto, febrero de 2010: enmiendas del PP, 28; ninguna aceptada. Código Penal, junio de 2010: enmiendas del PP, 60; ninguna aceptada. Así que vayamos por partes, porque no tienen ninguna razón en eso de que somos el rodillo. No, señorías, el rodillo son ustedes, sobre todo, porque con 50 y 20 enmiendas aceptadas no nos pueden decir que somos rodillo. (Aplausos). A no ser que lo digan por decir, claro, porque aquí cabe todo; pero solo debería caber lo serio, y eso no es serio.

Y yo quiero entrar ahora en el debate de la ley que nos ocupa, y quiero señalar —y lo saben ustedes, ha salido aquí esta tarde— que nos hallamos ante la segunda ley relativa a política exterior y relaciones internacionales que se presenta a este Pleno en esta legislatura. Pocas leyes hay de política exterior, y esto no es de extrañar porque son muy pocas las normas de este rango y de esta materia —exterior e internacional— que llegan a las Cortes; incluso los preceptos constitucionales sobre esta materia son más bien escasos, y como ha escrito el internacionalista, Remiro Brotóns, lo que ofrece la Constitución española al respecto es una porción de preceptos y alusiones, en parte desperdigadas y sin relación entre sí. Y es que por su propia naturaleza la política exterior y las relaciones internacionales son materia de ley en muy escasa medida. Aquí y en todas partes. Es más frecuente que las decisiones de una u otra relevancia sobre estas materias se fijen, bien en los debates parlamentarios —que los hay—, bien en el Consejo de Ministros en concordancia con el carácter preferentemente ejecutivo que tiene la materia. Pero el derecho comparado contemporáneo nos muestra también que cada vez es más intensa la participación de los parlamentos en la fijación de las grandes orientaciones de la política exterior y en el control de la acción de los gobiernos en este ámbito, y los que somos parlamentarios nos alegramos mucho de esa tendencia.

Los tratados y convenios que rigen numerosos y relevantes aspectos de la política exterior, y que, por tanto, son un elemento esencial de la proyección exterior del Estado, sí tienen una inexcusable relevancia parlamentaria. Y esto es así de conformidad con la Constitución que dedica a esta cuestión todo un capítulo, el tercero del Título III, De las Cortes Generales. No me voy a detener en su explicación, pero hay 3 posibilidades, que son el 93, el 94.1 y el 94.2. Pero, insisto, son pocas las leyes existentes sobre la materia que nos ocupa. Si mis cálculos son correctos, y creo que así es, esta ley que debatimos hace la número 19 de las aprobadas por las Cortes sobre política exterior desde el principio de la presente etapa democrática. Hace bien poco aprobamos la Ley del servicio exterior de la que esta ley de tratados y otros convenios internacionales es una necesaria consecuencia, pues aquella fue un importante hito en el proceso de articular la arquitectura normativa de nuestra política exterior y nuestras relaciones internacionales. En efecto, quienes llevamos ya varias legislaturas en el Congreso y en el Senado sabemos que ha sido una constante de todos los gobiernos el propósito de presentar una ley del servicio exterior que nunca llegó a las Cortes hasta esta X Legislatura.




Página 12369


En la VIII Legislatura el Gobierno creó una comisión para preparar los trabajos que deberían concretarse en esta prometida ley, y la citada comisión redactó un interesante informe donde se abordaban los proyectos más destacados del servicio exterior, pero el anteproyecto de ley nunca llegó a ver la luz. El único fruto de aquella preocupación fue un acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de septiembre de 2006, del que las Cámaras no tuvieron ningún conocimiento —era una etapa socialista—, en el que se aprobaron medidas para la potenciación de la acción exterior del Estado; medidas que estaban muy bien vistas, pero que no pasaron ni por el Congreso ni por el Senado. Una vez más las decisiones de política exterior caían en la esfera del Gobierno sin que el Parlamento tuviera acceso ni a su preparación ni a su toma en consideración.

Cuando el ministro García-Margallo asumió la cartera de Exteriores prometió, como todos o casi todos sus predecesores, construir el andamiaje legislativo de la política exterior y de las relaciones internacionales, y creo que, en justicia, debe reconocérsele el mérito que con determinación ha convertido su promesa en realidad. (Rumores).

También se ha intentado en varias ocasiones elaborar una ley de tratados y no se había conseguido. Cuando el propio Margallo presentó esta ley ante las Cortes dijo que en 1979, 1985, 1999 y 2011, con Gobiernos de UCD, del PSOE y del PP, por distintas circunstancias nunca se llegó a aprobar esa ley y expresó su esperanza de que a la quinta vaya la vencida. Creo que podemos decir que hoy vemos esa quinta la vencida y que si, como dice el refrán, ningún quinto es malo, esta será una buena oportunidad. (Rumores).

El artículo 149.1.3, que se ha citado de forma insistente, establece claramente que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales, pero ese precepto no impide en absoluto la proyección exterior de las comunidades autónomas y de las entidades locales, porque en el presente mundo globalizado… (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: …todas las administraciones, pero también toda la sociedad civil, tienen obligada y necesariamente una proyección exterior.

No voy a detenerme en la evolución de estas cuestiones de la política exterior en España y en otros países, pero veo que se han centrado sobre todo en la cuestión de los acuerdos internacionales no normativos, que por doctrina del Tribunal Constitucional y del Consejo de Estado tienen una regulación absolutamente aceptable y que no coarta la competencia de ningún otro. Estos acuerdos son remitidos, como saben, al MAEC, al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en un plazo relativamente breve de diez días para que emita un informe por si acaso, bajo la cobertura de un acuerdo de ese tipo, hay un tratado internacional o una norma o un precepto que contradice algún tratado internacional ya vigente. Es un derecho que en derecho clásico se podría llamar un droit de regard o un derecho de revisión o de verificación, que está perfectamente encajado en nuestro ordenamiento jurídico, y vuelvo a referirme a las sentencias del Tribunal Constitucional.

Con todas las diferencias del caso, repito, con todas las diferencias del caso porque no es un caso similar ni mucho menos, hay ciertas semejanzas con la actuación de los parlamentos nacionales en el proceso legislativo europeo cuando dictaminan si los proyectos de la Comisión Europea respetan los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Los parlamentos no forman parte del proceso legislativo europeo, tienen ese derecho de decir: No se meta usted en mi terreno. Eso es un poco lo que pide el ministerio cuando dice: Vamos a ver qué hay aquí, y se da diez días, que tampoco es un plazo demasiado largo.

En cuanto a las Cámaras y desde luego sus comisiones de Asuntos Exteriores, es importante conocer y debatir en ellas el contenido de tratados y convenios. Yo, como presidente de la comisión, tengo que decirles que he invitado a muchos portavoces a que presenten iniciativas; presentan muy poquitas iniciativas, como mucho alguna pregunta, pero presentan muy pocas iniciativas. Sean coherentes, si dicen que la política exterior es tan importante y que debe tener un planteamiento parlamentario, acudan…

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, vaya finalizando.




Página 12370


El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Voy a terminar en seguida, señor presidente.

... a la comisión de exteriores, que yo se lo agradeceré.

En todo caso, termino diciendo que esta es una pieza más en ese andamiaje legislativo de la política exterior, que es positivo, que yo creo que aparte del debate de hoy, un tanto encrespado, todos ustedes la van a aceptar con el tiempo porque tiene lógica y tiene un fundamento jurídico muy sólido, y que desde ese punto de vista podemos felicitarnos.

No hace falta que les diga que mi grupo, evidentemente, votará favorablemente este proyecto de ley.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Llamamos a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación las enmiendas al Proyecto de Ley sobre tratados internacionales, debatido en estos momentos.

En primer lugar, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, de los senadores Iglesias y Mariscal números 1 a 5, 7 a 9, 16 a 31 y 33 a 35.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 237; a favor, 18; en contra, 150; abstenciones, 69.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmiendas del mismo grupo parlamentario números 11, 12 y 32.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 236; a favor, 8; en contra, 159; abstenciones, 69.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmiendas números 10 y 13 a 15.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 238; a favor, 8; en contra, 150; abstenciones, 80.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco números 184 a 188 y 191

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 238; a favor, 16; en contra, 147; abstenciones, 75.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmiendas números 189, 190 y 192 a 194.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 236; a favor, 6; en contra, 147; abstenciones, 83.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 45, 47 y 48.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 3; en contra, 149; abstenciones, 84.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.




Página 12371


Enmiendas del mismo grupo parlamentario números 36 a 40, 42 a 44, 46, 49 a 68 y 70.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 238; a favor, 14; en contra, 151; abstenciones, 73.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos en solitario la enmienda número 69.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 236; a favor, 3; en contra, 160; abstenciones, 73.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Enmiendas números 71 a 74, 76, 79, 82 a 93, 95 a 97, 99 a 107, 109 y 111.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 238; a favor, 84; en contra, 150; abstenciones, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmiendas números 108 y 110, del mismo grupo parlamentario.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 237; a favor, 72; en contra, 160; abstenciones, 5.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas de CiU números 112 a 127.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 16; en contra, 146; abstenciones, 73.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, la número 167.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 238; a favor, 74; en contra, 159; abstenciones, 5.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 128 a 132, 136, 139 a 150, 152 a 154, 156 a 166 y 168.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 237; a favor, 84; en contra, 148; abstenciones, 5.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos a continuación aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 238; a favor, 217; en contra, 10; abstenciones, 11.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan aprobadas.

Votamos por último el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación (Pausa).




Página 12372


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 238; a favor, 147; en contra, 89; abstenciones, 2.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda aprobado. (Rumores). Silencio, por favor.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.

8.1.3. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS.

COMISIÓN: DEFENSA

(Núm. exp. 621/000079)

El señor vicepresidente, Lucas Giménez, da lectura al punto 8.1.3.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Este proyecto de ley procede de la Comisión de Defensa. Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el representante designado por la comisión, senador Valdivielso.

El señor LÓPEZ VALDIVIELSO: Señor presidente, el proyecto de ley orgánica que se somete a consideración… (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Un momento, don Santiago.

Por favor, ruego silencio en el hemiciclo. Es imposible oír al orador.

Puede continuar.

El señor LÓPEZ VALDIVIELSO: Este proyecto de ley tuvo entrada en la Cámara el pasado 7 de julio y es de destacar que el texto que nos remitió el Congreso de los Diputados vino marcado por un consenso mayoritario acorde con la materia objeto del mismo, sin duda como consecuencia del reconocimiento de dicha materia y del hecho de que es una cuestión de Estado en la que es deseable, como así se produjo en el Congreso, el mayor consenso posible, consenso que se ha mantenido también en su debate y tramitación en esta Cámara.

Al proyecto se presentaron 2 propuestas de veto y 230 enmiendas. El pasado 30 de septiembre, la comisión designó ponencia, que se reunió el día 14 de los corrientes y emitió informe, en el que se incorporaron al proyecto de ley las enmiendas números 184 y 185, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, manteniendo en lo demás el texto remitido por el Congreso.

La comisión se reunió para dictaminar el pasado día 22, acordando aceptar como dictamen el texto propuesto por la ponencia. En esa sesión fueron objeto de defensa las propuestas de veto y las enmiendas presentadas por los demás grupos. Se someten a debate y votación en este Pleno la propuesta de veto número 1 y las enmiendas números 1 a 92, ambas inclusive, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, y las enmiendas presentadas en su día por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió números 186 a 230.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor López Valdivielso.

A este proyecto de ley se ha presentado un veto firmado por los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes.

Para la defensa del veto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes.

La Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, constituyó en su momento un claro avance en la búsqueda de un auténtico estatuto integral de los derechos fundamentales de los militares. Tenía una clara vocación, la de superar la defectuosa técnica de configurar en gran parte los derechos fundamentales de los militares mediante las leyes penales y disciplinarias. De alguna forma, la técnica habitual era la de acotar estos derechos fundamentales desde el ámbito disciplinario o el ámbito penal; sin embargo, esta vocación de la Ley Orgánica 9/2011 no avanzó de forma suficiente y adecuada en la consagración de los derechos de ciudadanía o de los derechos de participación, como ocurre en las regulaciones




Página 12373


que los Estados de nuestro ámbito han ido implementando. No distinguió de forma suficiente el estatuto del ciudadano militar del estatuto correspondiente al militar en acto de servicio. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).

Este proyecto, a pesar de que formalmente pretende dar cumplimiento a la disposición final octava de la Ley Orgánica 9/2011, por sus contenidos recupera la defectuosa técnica de configurar los derechos fundamentales desde una ley disciplinaria. En coherencia, el preámbulo del proyecto destaca que los valores instrumentales de las Fuerzas Armadas han de primar sobre la condición de ciudadano del militar. Nuestra concepción cuestiona absolutamente semejante planteamiento. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Perdón, señoría. Señorías, guarden silencio.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: En desarrollo de tal concepción, este proyecto está lleno de tipos disciplinarios, cuyo único fin es limitar derechos fundamentales y libertades públicas, la libertad de expresión o la de asociación. Y no se limita a sancionar comportamientos realizados en el ámbito estrictamente profesional, sino que incluso se extiende a tipificar y, por lo tanto, también a sancionar, comportamientos y acciones desarrolladas en el ámbito estrictamente privado. Sin embargo, como señala el capitán auditor del Cuerpo Jurídico Militar, Isidro Fernández García, que defendía hace muy poco tiempo —el 19 de septiembre— en la Universidad de Santiago una tesis doctoral que llevaba por epígrafe El ejercicio de los derechos fundamentales por los militares, el militar en activo es titular de los derechos fundamentales consagrados en el Título I de la Constitución española, debiendo los concretos límites que se establezcan figurar con expresa o implícita cobertura o fundamento constitucional, de tal forma que no cabría establecer limitaciones a los mismos sin contar con esa expresa o, al menos, implícita cobertura, desde el ámbito de la propia Constitución española.

En esta tesis doctoral sostiene que, por ejemplo, no tiene cobertura constitucional la prohibición de afiliación a los partidos políticos y resulta llamativo que, por ejemplo, un comisario de policía pueda estar afiliado a un partido político y un militar profesional, soldado raso, no pueda militar en un partido político. Obviamente, este proyecto sanciona esa afiliación que en opinión, entiendo, autorizada de este militar —que de forma, además, bastante brillante obtuvo sobresaliente cum laude en la valoración de su tesis doctoral—, no debiera ser motivo de acción disciplinaria.

Por otro lado, los dos senadores que suscribimos este veto entendemos que hubiera resultado más razonable, desde la perspectiva de la lógica política y de la técnica legislativa, acompasar la tramitación de este proyecto de ley al del anteproyecto de nuevo código de justicia militar. Como refleja el informe del Consejo General del Poder Judicial, el proyecto, además, no respeta de forma suficiente los principios de legalidad, seguridad jurídica y tipicidad. También es motivo de veto que se mantenga la sanción disciplinaria de arresto que supone una privación de libertad acordada por una autoridad administrativa, no por un órgano jurisdiccional.

En relación con el procedimiento sancionador, entendemos que la regulación que se establece de las faltas calificadas como leves no es la adecuada, entre otras razones, por el procedimiento por el que son acordadas. Consideramos que es imprescindible que se diferencie la autoridad que propone la sanción —la que hace el parte— de la autoridad que, finalmente, impone la sanción. Y en el caso de las faltas graves o muy graves, no nos parece que resulte conveniente que se mantenga la posibilidad de que la defensa de aquel que resulta inculpado por una de estas faltas sea asumida por una persona que pueda no tener la condición de letrado, que pueda ser asumida por un militar de confianza de la persona a la que se le abre el expediente sancionador.

Por otro lado, igualmente, rechazamos el carácter de inmediatez ejecutiva de las sanciones. No creemos que respete las normas básicas de un sistema democrático que haya sanciones de libertad que puedan tener que empezar a cumplirse antes de que resulte firme la resolución sancionadora. De conformidad con lo que en el siguiente proyecto de ley tendré oportunidad de argumentar, consideramos a la Guardia Civil un cuerpo estrictamente policial y, en consecuencia, rechazamos que en este proyecto se les pretenda seguir aplicando el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas.

También es motivo de veto que se mantenga una potestad disciplinaria sobre jueces, magistrados, fiscales y secretarios de la jurisdicción militar, planteamiento que en nuestra opinión




Página 12374


resulta incompatible con los principios de independencia e inamovilidad consustancial al ejercicio de la función jurisdiccional; de hecho, en los últimos meses hemos conocido a través de los medios de comunicación circunstancias que encajan en este concepto que en ningún caso resultan alentadoras para confiar en que la jerarquía militar no acabe imponiéndose sobre la capacidad de independencia jurisdiccional de quienes tienen asumida esta función.

Finalmente, no compartimos el mantenimiento de la reserva en cuanto a la aplicación de los artículos 5 y 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales que se refleja en el proyecto para privar a los miembros de las Fuerzas Armadas de derechos propios de su condición de ciudadanos.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Turno en contra. Tiene la palabra el senador Campoy.

El señor CAMPOY SUÁREZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, enterado en el último trámite de la retirada de uno de los vetos, concretamente el del Grupo Parlamentario Entesa, firmado por los señores Guillot y Saura, aunque quedo expectante a conocer la posición de este grupo una vez retirado su veto, paso a contestar debidamente a todos y cada uno de los argumentos que se han expuesto, y a los que no se han expuesto pero que también vienen reflejados en el texto de la propuesta de veto presentada al Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, en el único veto que queda vivo, firmado por los senadores Iglesias y Mariscal.

Comenzaré mi exposición siguiendo el orden de los fundamentos que aporta el texto de su propuesta, señoría. En primer lugar, atenderé el argumento sobre el formato técnico o legislativo que debe configurar la regulación y, en este sentido, aunque conocido, debo recordar a sus señorías que para situar el debate necesariamente hemos de sentar las bases que originan la reforma, es decir, establecer su necesidad, el criterio de oportunidad. Como saben, esta ley deviene como consecuencia de lo que ordena la disposición final octava de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, que a su vez era consecuencia de una proposición no de ley aprobada en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados el 1 de abril de 2009.

Pues bien, señorías, siendo esta una ley debida, obligada o reglada, pues conmina al Ejecutivo a llevarla a cabo, la discusión se centra en la interpretación de la extensión que otorga la expresión reforma. Para el grupo firmante del veto, el tenor del mandato impide al Gobierno elegir el formato mediante el cual lleva a cabo la reforma y, en consecuencia, debería haberse configurado una modificación de cada uno de los artículos afectados sin redactar un nuevo cuerpo legislativo como mejor medio, a juicio de su grupo, de mantener la debida seguridad jurídica.

Señorías, es evidente que en opinión del Grupo Parlamentario Popular el Gobierno ha hecho bien al configurar un nuevo texto. ¿Por qué? En primer lugar, señor Iglesias, por la cantidad de preceptos que han sido objeto de modificación. En segundo lugar, por la introducción obligada y expresa de todo lo que señala la disposición final octava, y que me voy a permitir recordar: el texto alude a que la reforma tenga en cuenta la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo en todo lo concerniente a derechos y garantías fundamentales en el ejercicio de la potestad disciplinaria en el ámbito militar, como bien conocen, además de la plena profesionalización, la presencia de la mujer y las misiones y organización derivadas de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y por la materia objeto de reforma, estamos hablando de un régimen disciplinario que aconseja a un cuerpo nuevo de un solo acto legislativo, que es como estimamos que mejor se garantizan los intereses que hay en juego; un sistema ex novo da mayor claridad, señoría, a efectos de su aplicación práctica y en consecuencia otorga mayor seguridad que un texto parcheado, con muchos preceptos derogados y sin una sistemática uniforme.

Por último, quiero señalar que nada impide que el Gobierno elija de manera discrecional, pero con todo rigor legal, el formato que estima mejor para defender los intereses que, como decía, hay en juego y que acabo de aludir. Sin lugar a dudas, es la mejor manera de garantizarnos un cuerpo completo, sin que la expresión reforma, a la que ustedes recurren, deba ser llevada a extremo interpretativo, restringiendo el fin que se persigue.




Página 12375


A este respecto y como colofón de lo expuesto a este argumento, tengo que citar necesariamente el Informe del Consejo General del Poder Judicial sobre esta ley. Recuerdo a sus señorías que la ponente fue Margarita Robles, quien dictaminó expresamente que este proyecto de ley es un texto normativo completo, forma parte del margen de actuación del Gobierno —estoy leyendo textualmente— y permite la coherencia normativa interna de la norma, por no seguir abundando en lo que la conclusión primera del informe corrobora la elección adoptada por el Gobierno de la nación.

En cuanto al principio de legalidad, critica usted en su veto el uso de conceptos jurídicos indeterminados, que menoscaban los principios de legalidad y tipicidad, como en cierta manera señala el informe aludido, más, a nuestro juicio, señorías, la tipificación exigida en las conductas de reproche disciplinario se han llevado la máxima concreción posible, atendiendo, asimismo, a su lógica, a la separación entre tipos y graduación y sobre todo teniendo en cuenta los bienes protegidos afectados, que son fácilmente identificables desde el punto de vista legal a través de la Constitución española, la Ley Orgánica de Defensa Nacional, la Ley Orgánica de derechos y deberes de los militares, reales ordenanzas y demás ordenamiento jurídico. En definitiva, se ha llevado a cabo un esfuerzo por eliminar valoraciones de las conductas y siguiendo, en todo caso, las prescripciones que han ido señalando los tribunales, especialmente el Tribunal Supremo en este ámbito. Por último, nada señala que la tipificación elaborada sea contraria a las pautas que el propio Tribunal Constitucional ha establecido a la hora de fijar los tipos, respetando los extremos que necesariamente han de contemplarse desde el punto de vista constitucional, máxime teniendo en cuenta su carácter orgánico.

En cuanto al reproche que hacen ustedes respecto a la participación social, a las asociaciones, hay que manifestar que, tal y como establece el artículo 40 de la Ley Orgánica 9/2011, el anteproyecto fue remitido a las asociaciones, que emitieron un informe sobre el mismo y que formaron parte del proceso de elaboración. Del mismo modo, el Consejo de Personal, conocido y debatido el proyecto, y todo representante miembro del mismo, fijó su posición, recogiéndose en el acta elaborada al efecto. Aunque hay que decir en honor a la verdad, y dicho todo lo anterior, que esta ley vigente en esta materia no considera preceptivo ni vinculante el informe emitido por el Consejo de Personal.

Me voy a detener un poco más, señoría, en lo que usted también se ha interesado en su exposición, en su defensa del veto en esta tribuna en cuanto a esa disociación militar-ciudadano. Una interesante posición crítica llevan a cabo en su veto sobre los valores contenidos en el proyecto, estableciendo una innovadora contraposición entre el individuo como ciudadano y su condición militar, digo interesante porque la exposición de sus argumentos aporta reflexiones muy llamativas. Ustedes, señorías, sorprendentemente, tachan al proyecto de privar a los militares de los derechos que les son propios en la condición de ciudadanos. Según dicen, prima la configuración militar sobre la del ciudadano, afirmando textualmente que el proyecto está plagado de tipos disciplinarios, cuyo único fin, a juicio de ustedes, es limitar derechos fundamentales y libertades públicas.

Señorías, en primer lugar, sería muy ilustrativo conocer cuál es su concepto de militar, es decir, qué entienden ustedes por militar y cuál es su función social, pues en su razonamiento omiten que, en efecto, el militar es un ciudadano, ¡faltaría más!, pero un ciudadano que voluntariamente ha prestado su consentimiento a aceptar unas normas que conforman su condición de militar como miembro de unas Fuerzas Armadas que la ley ordena y regula y que constitucionalmente tienen unas funciones sociales que la propia sociedad quiere para preservar valores consustanciales a ella misma y a una nación.

El militar, por tanto, por su condición, que viene configurada, insistimos, por la función constitucional que cumple, artículo 8 de la Constitución, Ley Orgánica de Defensa Nacional, etcétera, tiene sus limitaciones. Como bien saben sus señorías, las Fuerzas Armadas se asientan en reglas de comportamiento derivadas del artículo 6 de la citada Ley Orgánica 9/2011, de derechos y deberes de sus miembros, que tiene origen en unos principios sin los cuales el ejército pierde su identidad y su razón de ser. Jerarquía, unidad y disciplina son el núcleo irreductible, de ahí que la sanción disciplinaria a conductas que ponen en riesgo estos valores está justificada, de la misma manera que el resto de los ciudadanos no militares estamos también sujetos a limitaciones en el desarrollo normal de nuestros derechos y libertades. Pero con un elemento




Página 12376


añadido, que actúa como factor diferenciador, señor Iglesias, su condición singular, precisamente, por la función especial que se les encomienda.

Lo dicho, por lógico que parezca, si no se asume, difícilmente podemos entrar a discutir el objeto de la ley, pues se cuestionaría la propia existencia del militar como tal. No es, por tanto, cuestión de contraponer, como hacen ustedes, la condición de militar frente a la de un ciudadano en términos antagónicos. El militar es un ciudadano, que al adquirir la condición de tal, lo hace aceptando el especial sacrificio que puede conllevar el desarrollo de sus misiones y la especial consideración a los valores que protege, sometiéndose a un régimen más exigente, mucho más exigente que el que opera para el resto de los ciudadanos.

Por otra parte, afirman en la propuesta de veto que no hay delimitación o deslinde, como expresan ustedes, entre los tipos disciplinares y los penales, presumiendo que en la actual tramitación del proyecto de Código Penal Militar no se ha tenido en cuenta el proyecto de régimen disciplinario. Un estudio minucioso, señoría, entre uno y otro proyecto, hace que se deduzca todo lo contrario, como así afirma la conclusión segunda del Informe del Consejo General del Poder Judicial.

En relación con la sanción disciplinaria de arresto, la propuesta de veto califica de desorbitante e injustificada la privación de libertad de una autoridad administrativa. A este respecto, debe objetarse, señor Iglesias, que, en primer lugar, desconoce el veto que es doctrina consolidada del Tribunal Constitucional que la Administración militar puede imponer sanciones restrictivas de libertad, a tenor de la interpretación a sensu contrario que se realiza en el artículo 25.3 de la Constitución, y que usted califica erróneamente Administración militar como administrativa, sin llevar a cabo la diferenciación entre Administración civil y militar que realiza la propia norma constitucional.

En segundo lugar, atendiendo a nuestro derecho comparado, entre países aliados o miembros de organizaciones que las integran, como España, son países también democráticos, constituidos sobre un Estado de derecho, que en su inmensa mayoría tiene implantado un sistema disciplinario que incluye los arrestos como herramienta de indiscutible eficacia para preservar o restablecer la disciplina que, como hemos recalcado, es un principio básico en una institución militar. En este sentido, hay que recalcar que también de manera literal lo confirma el Informe del Consejo General del Poder Judicial.

Respecto a las ausencias de garantías de defensa, que ha aludido usted, en este punto volvemos a traer el matiz diferenciador de la figura del militar que hemos explicado, por lo que, de nuevo, el proponente incurre en eludir este matiz que singulariza el procedimiento sancionador militar y en el que deben respetarse las garantías y principios que establece el artículo 41 en todo procedimiento, incluyendo, por lo tanto, los procedimientos por faltas leves o graves, que no están exentos de las garantías que exige el artículo 50, relativo al derecho de defensa, sin que la opción que opera entre defensa letrada y defensa militar desproteja desde el punto de vista de las garantías al afectado, señor Iglesias. Así es, el presunto infractor está protegido por los principios de imparcialidad, publicidad, contradicción, presunción de inocencia, información sobre la acusación disciplinaria, audiencia previa, defensa del infractor, utilización de los medios de prueba pertinentes y derecho a interponer recursos, teniendo derecho también, en el trámite de audiencia, a ser informado sobre su derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable, garantías todas ellas suficientes, a juicio de nuestro grupo, para garantizar los derechos fundamentales desde el punto de vista constitucional. Esta cuestión también ha sido citada en el informe de manera expresa. El anteproyecto observa las garantías de los presuntos infractores recogiendo todas las manifestaciones del contenido del derecho de defensa proclamado en el artículo 24 de la Constitución española, señor Iglesias.

En cuanto a la competencia disciplinaria a los representantes de las asociaciones, afirma que otorgar la competencia sancionadora a representantes de las asociaciones profesionales, al Ministerio de Defensa, y, concretamente, a la subsecretaría, es, de nuevo, una limitación de los derechos fundamentales y libertades públicas, desconociendo que lo es, en tanto en cuanto sea resultado de su actuación como tales representantes, miembros del consejo de personal, y derivado de su actividad en el desempeño de sus funciones, omisión esta que es fundamental para entender adecuadamente la competencia que responde a un criterio lógico y razonable, habida cuenta de la especial configuración y composición del consejo.




Página 12377


En relación con la ejecutividad inmediata de la sanciones, no parece razonable, señorías, que en el seno de las Fuerzas Armadas modernas las sanciones disciplinarias pierdan su cometido, su finalidad, que es el mantenimiento de la disciplina, lo que justifican que sean ejecutivas ad hoc y per se, y ello, sin menoscabo de las excepciones que la ley señala y sin perjuicio de las indemnizaciones que pudieran resultar si, finalizado el procedimiento disciplinario, no existiera responsabilidad para el expedientado.

En cuanto a la mención que ha hecho usted sobre la Guardia Civil, no podemos estar de acuerdo porque, por ejemplo, en una misión en el exterior, donde es habitual la participación de miembros de la Guardia Civil que pueden estar bajo un mismo régimen disciplinario que el resto de los miembros de las Fuerzas Armadas que componen la misión, podríamos encontrarnos, tal y como lo propone usted, con un agravio comparativo y una forma anómala de mantener la disciplina precisamente donde más puede ser necesaria, estableciendo un mismo sistema para todos sin diferenciación, lo que pondría en riesgo el valor que se trata de mantener.

En cuanto a las modificaciones de la jurisdicción militar —y voy finalizando, señora presidenta—, en la crítica que realiza este veto se señala que el sometimiento del régimen disciplinario a los miembros del Cuerpo Jurídico Militar resta independencia a los mismos en sus funciones judiciales, desconociendo, señoría, que dicho sometimiento no se realiza en función del ejercicio de su función jurisdiccional, sino como miembro de las Fuerzas Armadas, ya que en su función tienen un régimen diferenciado precisamente para preservar su independencia. Así también lo confirma el citado Informe del Consejo General del Poder Judicial.

Por último, al haber sido suprimida la disposición adicional sexta, no cabe rebatir los argumentos sobre su contenido.

Señora presidenta, señorías, concluyo este trámite reiterando nuestro total desacuerdo al veto presentado por los señores Iglesias y Mariscal por todas y cada una de las razones expuestas, ya que a nuestro juicio invalidan completamente los argumentos manejados por el grupo firmante y por los senadores aquí presentes.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

El Grupo Parlamentario Mixto hará uso de un turno compartido.

En primer lugar, tiene la palabra el senador Yanguas.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Como ha dicho, voy a compartir mi turno con el senador Iglesias.

Estamos debatiendo un Proyecto de Ley Orgánica de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Voy a utilizar el turno de portavoces de este veto para posicionar a mi grupo, Unión del Pueblo Navarro, respecto a esta ley orgánica, que viene a obedecer, como ya se ha dicho aquí, el mandato contenido en la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio.

Se trata, a nuestro entender, de una ley orgánica demandada, más moderna, que cuenta con el apoyo de Unión del Pueblo Navarro, así que ya les anuncio que votaremos en contra del veto presentado.

Como ya se ha dicho aquí, contiene la doctrina emanada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, que han dictado sentencias durante estos años.

También se da solución a una laguna legal que existía en esa organización de unidades de personal destacado en zonas de operaciones. Además, se actualizan y se dan nuevos criterios a la plena profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas.

Por último, cabe destacar que este proyecto de ley cuenta con el gran consenso de los grandes partidos. En UPN pensamos que si se quiere, señorías, se puede. En UPN saludamos y nos sumamos a estos amplios consensos, y no nos cansaremos de decirlo.

Hemos comenzado con un proyecto de ley emanado de la Comisión de Defensa y podríamos terminar con otros proyectos de ley de los ámbitos económico o laboral, pensando siempre, más ahora que nunca, en el bienestar de los ciudadanos de este país.

Señorías, termino con una frase: Nunca es tarde..., y les dejo a ustedes finalizarla. Muchas gracias.




Página 12378


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Senador Iglesias, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

En cuanto al formato, yo no he dicho que fuera ilegal ni que supusiera la vulneración de los procedimientos de los que disponía el Gobierno, lo único que he dicho es que en nuestra opinión, la de los enmendantes, no era el más adecuado. Usted respalda lo adecuado del formato utilizando como argumento de autoridad el Informe del Consejo General del Poder Judicial, pero reconozca la misma autoridad al citado informe cuando señala que el proyecto no respeta los principios de legalidad y tipicidad. En ese sentido, cuando menos empatamos, señoría.

Y sigo recorriendo sus argumentos. Obviamente, se ha consultado a las asociaciones pero al amplio consenso político que se ha expresado en la tramitación del proyecto no se ha sumado el consenso de estas asociaciones, que han expresado serias discrepancias con los contenidos del proyecto. Usted afirma que, conforme a derecho, el Gobierno no tiene ninguna obligación de asumir como vinculante el informe de estas asociaciones, pero a nosotros, políticamente, nos parece relevante que quienes van a ser destinatarios de esta norma hayan manifestado mayoritariamente su disconformidad con los contenidos. En este proyecto y en cualquier otro proyecto.

Me interpelaba en relación con lo que usted consideraba una curiosa diferenciación entre la condición de ciudadano y militar. Probablemente me haya expresado yo mal en la defensa del veto. La diferenciación es entre el ciudadano militar fuera de servicio y el ciudadano militar en acto de servicio. Muchas profesiones, en el ejercicio del servicio tienen diferentes condicionantes. Hablaremos mañana de la Guardia Civil, podríamos hablar de la Policía y hasta de los bomberos. Esos condicionantes, en el momento en que están desarrollando las funciones que les son propias, tienen sentido. Pero este proyecto va más allá, este proyecto sanciona actuaciones que se desarrollan fuera del ámbito del servicio y que no tienen necesariamente que guardar relación con el servicio ni provocar resultados o consecuencias en ese servicio. Se sancionan comportamientos, insisto, estrictamente privados y, en nuestra opinión, esto es discutible y no está justificado en modo alguno.

En cuanto a las limitaciones, usted dice que libremente asumen, al optar por la profesión militar, esas limitaciones, pero yo vuelvo a reiterar el argumento que barajaba y que se pretendía trasladar a la Cámara, sin ningún ánimo, por supuesto, de intentar convencer y romper este amplio consenso conseguido, en el sentido de que algunas de las limitaciones y condicionantes a los derechos fundamentales y libertades no gozan de cobertura constitucional ni están justificadas. Y vuelvo al mismo ejemplo de la militancia política. La Constitución sí dice claramente que jueces y magistrados no pueden tener militancia política y establece un condicionante claro, constitucional, podrá gustar más o menos, pero significa una limitación de los derechos de esos profesionales que cuentan con cobertura constitucional. Que el proyecto extienda esa prohibición a los militares, a mí me puede parecer mejor o peor, sobre todo a la vista de la experiencia del pasado; incluso a la vista de esa experiencia, probablemente, yo debiera ser quien menos defendiera la vocación política de los militares, pero desde una posición que haga abstracción de nuestra historia, aséptica, de reconocimiento de derechos fundamentales, de libertades y de su ejercicio, ninguna razón se me alcanza para establecer la limitación que aquí se incluye.

En cuanto a los arrestos —luego hablaremos de las enmiendas; al exponerlas también seguramente no fui suficientemente claro en la defensa del veto— verán que en nuestras enmiendas nosotros llegamos a aceptar los arrestos, pero con dos condicionantes: uno, que no sean ejecutivos, que su cumplimiento no se empiece a realizar hasta que no sean firmes, y dos, que tengan carácter extraordinario, que sea una sanción extraordinaria. Respecto al primer condicionante, que no sean ejecutivos, y en el desarrollo del segundo condicionante, que sean extraordinarios, establecemos una serie de situaciones en las que sí cabe el arresto. Y lo decimos con claridad en unas enmiendas sobre las misiones en el exterior, de las que hablaba usted antes en referencia a la Guardia Civil. Y, por supuesto, en estados de alarma, excepción o sitio, en que todos vemos nuestros derechos constitucionales limitados, no solo los militares.

Finalmente, paso a referirme a la jurisdicción militar. Profesionalmente y de forma puntual llegué a tener relación con la jurisdicción militar, y he de reconocer que mi experiencia en esa




Página 12379


relación profesional ha sido satisfactoria y que en ningún caso se demostró ese viejo proverbio que reflejamos en el veto, negándolo, que dice que la jurisdicción militar es a la justicia como la música militar a la música; probablemente porque hay una parte de la música militar que sí me gusta. Rechazo las dos aseveraciones. Pero frente a lo que su señoría sostenía acerca de que la capacidad sancionadora por parte del superior jerárquico no podía guardar relación directa con la acción jurisdiccional de aquel al que se sanciona, su señoría sabe que eso puede estar en el papel pero que la superioridad jerárquica y la capacidad de condicionar las decisiones de quien tiene que ejercer la jurisdicción a través de la figura de los procedimientos sancionatorios por acciones, reales o no, que no guardan relación con la acción jurisdiccional es un condicionante obvio. Y vuelvo a decir: experiencias recientes tenemos al respecto. En consecuencia, permítame que frente a su modelo nosotros defendamos un modelo en el que se desvincule la capacidad sancionadora de quienes ostentan la jurisdicción en el ámbito militar de la jerarquía. Pensamos que el mantenimiento de esa posibilidad abre un espacio bastante amplio a la limitación de su independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

¿Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señora presidenta.

Intervengo con brevedad para recordar que este proyecto de ley viene mandatado por la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, lo cual obliga al Gobierno a presentar el proyecto de ley. Es cierto que cuando fue aprobado por el Consejo de Ministros nosotros también mantuvimos dudas y recelos importantes sobre el contenido de dicho proyecto de ley, pero también es cierto que durante su trámite en el Congreso de los Diputados se ha llegado a un consenso importante. Por este motivo, no solo no hemos presentado veto sino que tampoco hemos presentado ningún tipo de enmiendas y compartimos. Por tanto, anuncio que ante el veto presentado por los senadores Iglesias y Mariscal, la posición de nuestro grupo va a ser de abstención.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maldonado.

El señor MALDONADO I GILI: Gracias.

Intervengo desde el escaño tan solo a efectos de manifestar la posición de mi grupo, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, ante este veto presentado al Proyecto de Ley Orgánica de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas: anuncio nuestra abstención.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Batalla.

El señor ÁNGEL BATALLA: Gracias, señora presidenta.

Intervendré con cierta brevedad para manifestar la opinión del Grupo Parlamentario Socialista ante el veto presentado por los senadores Iglesias y Mariscal. Antes de trasladarles a ustedes la opinión de nuestro grupo, quisiera hacer un pequeño recorrido por la arquitectura legislativa de nuestras Fuerzas Armadas durante los últimos años, además de explicar el porqué de la importancia de este texto legislativo que ha venido a esta Cámara y la postura de nuestro grupo —aunque yo no soy el portavoz, sino el senador Enrique Abad—.

A partir del artículo 8 de nuestra Constitución, en el que se establece claramente que una ley orgánica tendría que desarrollar cuál es la misión y la estructura de nuestras Fuerzas Armadas, tuvimos 3 o 4 importantes textos legislativos que acompañaron durante los últimos años la estructura de nuestras Fuerzas Armadas. Como ha dicho algún senador anteriormente, creo que es a partir del texto de 2011, la Ley de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las




Página 12380


Fuerzas Armadas, que, en mi modesta opinión y la de algunos otros más que han escrito sobre el derecho militar, estamos ante la segunda transformación de los textos aquellos que ahorman cuál es la misión, cuáles son los derechos, cuál es el papel de cada uno de los miembros. Por lo tanto, si entendemos que el texto legislativo que estamos debatiendo esta tarde en el Senado forma parte de esa segunda acción del que se mandató en el año 2011, diría que tenemos que ver este texto como la consumación de todo este largo recorrido que hemos tenido en la arquitectura legislativa de nuestras Fuerzas Armadas. No tenemos que olvidar que el texto de 2011, aquel que les decía cuáles eran los derechos y los deberes de las Fuerzas Armadas, cuando pasó por esta Cámara fue aprobado por unanimidad. Y eso creo que tiene que marcar en cierta medida cuál es el desarrollo del texto en el que hoy estamos. No podríamos estar pensando que hace pocos años aprobamos un texto de la importancia que tuvo aquel para nuestras Fuerzas Armadas y que hoy pasáramos de puntillas o fuéramos contradictorios con aquel gran trabajo que hicieron en aquel momento todos nuestros representantes. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

Es cierto que cuando llegó el texto a la Cámara nuestros representantes en el Congreso de los Diputados dijeron que lo hacía un poco tarde. Es verdad que no pudo ser aprobado en la anterior legislatura, cuando se quedó en puertas de poder haber sido debatido. Por eso, cuando llegó a la Cámara el texto que nos presentó el Gobierno, tuvimos alguna lectura que nos preocupó un poco en su desarrollo. Pero bien es cierto, como ha dicho algún otro senador, que el trabajo que se ha venido haciendo en el Congreso de los Diputados, la buena predisposición por parte de las autoridades del ministerio y la capacidad del grupo de la Comisión de Defensa de asumir, debatir y profundizar en este texto lo que nos ha hecho sentirlo como producto del texto de 2011. Es verdad que seguramente no es el texto que nosotros hubiésemos presentado, pero, si estamos hablando de la importancia que ha de tener un texto para nuestras Fuerzas Armadas, tiene que ser esa mirada en profundidad y que debe de entender el conjunto de las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, nosotros, la que nos debe de predisponer a buscar un consenso como el que seguro que mi portavoz les trasladará.

A nuestro grupo no le preocupa nada hablar de disciplina. Parece que es un vocablo que puede molestar en algún momento, pero el diccionario de la Real Academia es clarísimo. Ya saben ustedes que hace una semana que salió la nueva edición y a ella he ido a leer su definición. Simplemente, dice que es la observancia de las leyes y ordenamientos. ¿Alguien está en contra de esto, de la observancia de las leyes? Fundamentalmente, el texto de 2011 —por eso nosotros nos hemos sentido cómodos— reconocía vindicaciones que se estaban haciendo por parte de la sociedad, como era el derecho de asociación, la creación de un consejo de personal, donde están representadas determinadas opiniones o determinadas miradas, y el Observatorio de la Vida Militar. Como consecuencia de todo ello, hoy tenemos este texto. Y creemos que ha supuesto un avance, porque contempla algunas de las aportaciones. Es verdad que respecto a algunas aportaciones de otros grupos podría haber habido un mayor esfuerzo; pero, en fin, no ha podido ser.

Finalmente, donde más cómodo se ha sentido el Grupo Socialista ha sido en las garantías del procedimiento. Creo que estas van a permitir a cualquier miembro de las Fuerzas Armadas recurrir y utilizar ese instrumento en defensa respecto de alguna acción que piense que es injusta o no se ajusta a derecho, y le va a permitir en su recorrido llegar hasta Estrasburgo, que parece ser que siempre es a lo que recurrimos cuando estamos disconformes con algunas de las acciones relativas a un texto legislativo.

Por lo tanto, les anuncio que nuestro grupo va a abstenerse en la votación de este veto.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Campoy.

El señor CAMPOY SUÁREZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra del veto presentado por lo expuesto anteriormente y, en consecuencia, va a apoyar plenamente el Proyecto de Ley Orgánica de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, en primer lugar, porque es una ley reglada —ya lo he dicho—, debida y exigible —lo han dicho también otros senadores—, exigible al Gobierno de España, en este caso al Gobierno del Partido Popular, al Gobierno de Mariana Rajoy, así lo




Página 12381


establece y lo prescribe la disposición final octava de la Ley 9/2011, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, que hace un mandato expreso para redactar un texto que ponga al día lo que ya era un texto desfasado, la Ley de régimen disciplinario de 1998, habida cuenta —lo ha dicho también aquí el señor Ángel Batalla— de la transformación que se ha operado en las Fuerzas Armadas tanto desde el punto de vista legislativo como también interno en su propio funcionamiento. El mandato consistía en realizar una adaptación, con las prescripciones que establece la propia disposición final, y que aquí se han dicho, teniendo en cuenta la doctrina, la plena profesionalización, la presencia de la mujer y las misiones en el exterior.

Por tanto, a juicio del Grupo Parlamentario Popular la ley cumple todas las exigencias marcadas, convirtiéndose en una ley a la vanguardia entre los países socios y aliados de nuestro entorno, una ley mucho más avanzada y una ley, podemos decir, mucho más garantista —como también lo ha recalcado aquí el señor Ángel Batalla—, pues protege y mejora, a nuestro juicio, los derechos del expedientado. Por una parte, hay que tener en cuenta que se reduce la duración de la sanción de arresto y hay que tener en cuenta también que se respetan debidamente los principios ne bis in ídem, intervención mínima y proporcionalidad.

Señorías, un régimen disciplinario es consustancial a unas Fuerzas Armadas, opera como garantía del mantenimiento de principios y valores básicos y esenciales para el cumplimiento de la función que se les exige. Principios como unidad, jerarquía y disciplina que, conjuntamente con el de neutralidad —señor Iglesias, el de neutralidad, que se le ha olvidado a usted mencionarlo—, actúan como engranajes que dan identidad al militar. De este modo, las limitaciones que se derivan de un régimen disciplinario respetan el contenido esencial de los derechos fundamentales, por un lado, y, por otro, están en equilibrio con las especiales exigencias derivadas de la condición militar. Son, por tanto, un pilar básico de la organización militar, que está, como todos ustedes saben, al servicio de la seguridad y defensa, en este caso, de España.

El veto presentado por el señor Iglesias parece abandonar precisamente esto, lo común, sorprendentemente, lo que es de todos, lo colectivo, es decir, la seguridad y la defensa de un país para llevar a cabo, en mi opinión, y con lo que su veto suscribe, un manifiesto de cierto individualismo radical más propio de otras formas de pensamiento que de la suya, todo hay que decirlo, y desde luego impropias de un país moderno y democrático como es el nuestro. A mi juicio, señor Iglesias, señor Mariscal, aprovechando que están aquí, su propuesta de veto no pisa el suelo de la realidad, ignoran en todo el texto el significado de la condición militar y de sus peculiaridades tal y como la define la ley, ignoran el especial cometido que la sociedad les encomienda para su seguridad y defensa, ignoran que son servidores públicos muy especiales, señor Iglesias, tan especiales que a ningún otro la ley le pide que defienda España incluso con su propia vida. ¿Le parece esto poca justificación para la disciplina? ¿No es suficiente? A nosotros nos parece que sí lo es, señor Iglesias.

Ustedes defienden el individuo, pero lo hacen al margen de la sociedad a la que pertenece, y se lo digo de verdad, sin condescendencia, en honor, para ser sincero, a que le considero uno de los mejores parlamentarios, señor Iglesias, en la construcción dialéctica e intelectual que hace de sus discursos, porque —repito— la postura que ustedes mantienen se centra en el individuo, pero lo hacen al margen de la sociedad a la que pertenece, lo cual es contradictorio con su posición ideológica, porque es precisamente lo que hay que tener en cuenta en este caso y, además, es lo que prevalece. De ahí que el verdadero valor de esta ley sea, señoras y señores senadores, sus efectos, su valor sobre lo colectivo, la seguridad y la defensa. Precisamente es por este motivo por lo que se la considera una cuestión de Estado y, por consiguiente, es una ley de Estado. De ahí que obtener el mayor apoyo posible, desde el punto de vista político y parlamentario, es la mejor garantía de su eficacia. Desde esta perspectiva, el Grupo Parlamentario Popular se felicita por el consenso obtenido, tal vez costoso en el tiempo, pero sin duda, señorías, fructífero, pues siendo un mandato establecido por una ley anterior —como todos ustedes saben— ya el Gobierno socialista presentó un proyecto que el propio ministro de Defensa actual, Pedro Morenés, en la presentación de este proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, afirmó que entre ambos había más cosas en común que diferencias. Pues bien, señorías, a lo largo de esta tramitación esas diferencias se han reducido considerablemente con las aportaciones inestimables del Grupo Socialista. Debo, por lo tanto, felicitar al Grupo Parlamentario Socialista por su trabajo y agradecerle su total disposición a lo largo de este tiempo, y de manera personal a su portavoz, al señor Abad.




Página 12382


Le felicito, señor Abad, porque usted también forma parte de esta ley. Agradezco, asimismo, al resto de los grupos que nos hayan mostrado su apoyo, al representante de UPN, del Grupo Parlamentario Mixto, y a todos aquellos grupos que tengan a bien apoyarla.

Como decía, señorías —y voy terminando— una ley de Estado como esta que estamos debatiendo hoy sobre la seguridad y defensa, que cuenta con el apoyo de los dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, es una ley fuerte, es una ley muy fuerte, una ley, por tanto, que fortalece los principios que sustentan nuestras Fuerzas Armadas y configuran la condición militar. Representa mayor y mejor seguridad y defensa. Esta ley contribuye, en definitiva —no tengan ninguna duda—, a que España sea más segura. Y un país —señorías, termino— más seguro, gracias a esta ley, es también un país más libre.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Campoy.

Llamamos a votación. (Pausa).

Por favor, ocupen sus escaños. Vamos a someter a votación la propuesta de veto de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes.

Antes de nada quiero hacer dos apuntes: primero, que para la aprobación de este veto se exige la mayoría absoluta; y, segundo, que hay autorizado un voto telemático, del senador Marín Torrecillas, en sentido negativo, que añadiré a la votación final.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223 más 1 voto telemático, 224; votos emitidos, 222 más 1 voto telemático, 223; a favor, 5; en contra, 140 más 1 voto telemático, 141; abstenciones, 77.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazado.

Iniciamos el debate de las enmiendas.

Enmiendas 1 a 92, del Grupo Mixto, presentadas por los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes. (Rumores).

Silencio, señorías. Por favor, ruego a los señores senadores que no hagan tertulias en el hemiciclo porque, si no, va a ser imposible escuchar al orador.

Para la defensa de las enmiendas indicadas, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Agradezco al portavoz del Grupo Popular sus amables consideraciones, pero con el mismo entusiasmo con el que defendí el veto, seguiré defendiendo las enmiendas al proyecto de ley.

En una de nuestras enmiendas pretendemos incorporar al artículo 1 una referencia expresa a la Ley Orgánica de la defensa nacional y a la Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Planteamos igualmente otra enmienda para suprimir el apartado 4 del artículo 2, que permite que el ámbito de aplicación de esta ley se extienda al personal asimilado a las Fuerzas Armadas en los supuestos de estados de alarma, excepción y sitio.

Presentamos una enmienda al artículo 4.1, para proponer la paralización del procedimiento disciplinario si está en marcha un procedimiento penal, hasta que este se resuelva.

Además, formulamos distintas enmiendas para mejorar la tipicidad de las faltas, siguiendo los planteamientos que se reflejan en el informe del Consejo General del Poder Judicial, sobre todo acotándolas a las acciones durante el servicio o cuando afecten al servicio, incluyendo como tales ―e incorporamos nuevas figuras para que sean consideradas faltas―: el no tramitar las peticiones y quejas de los subordinados, atentar contra la dignidad de las personas, limitar el ejercicio de derechos y libertades fundamentales y el incumplimiento del deber de imparcialidad y objetividad en la tramitación y resolución de procedimientos administrativos o disciplinarios. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).

Por el contrario, y en coherencia con lo que he manifestado en la defensa del veto, excluimos como falta la afiliación a partidos políticos.

Varias enmiendas afectan a las sanciones disciplinarias: por un lado, pretendemos crear la sanción de demérito profesional con efecto en las evaluaciones reglamentarias, de tal forma que




Página 12383


sea esta sanción específica la que tenga repercusiones en la carrera profesional; y, por el contrario, entendemos que el resto de sanciones ―las que no sean de demérito profesional― no deben ser tenidas en cuenta en los procesos reglamentarios de evaluación o renovación del compromiso.

Como señalaba hace unos minutos, se consideran sanciones extraordinarias las de arresto, que solo se podrán imponer cuando se produzcan en zonas de operaciones o en situaciones de estado de alarma, excepción o sitio.

Enmendamos para que se prevea reglamentariamente el desarrollo de un cuadro general de aplicación específica de cada una de las sanciones. Esta es una garantía que permite a quien haya cometido una falta ser consciente de las consecuencias y hasta dónde puede llegar la sanción. Planteamos nuevos criterios de graduación de las sanciones siguiendo las sugerencias del Consejo General del Poder Judicial de precisarlas de forma más detallada. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías, guarden silencio.

No se oye al orador. Las tertulias háganlas en el pasillo, pero no en el hemiciclo.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Otra enmienda plantea que se rebaje de tres a dos meses el plazo de prescripción de las faltas leves.

En el artículo 26, que regula la potestad disciplinaria, primamos que tengan esta potestad disciplinaria de jefe de batallón hacia abajo, de compañía, de sección o de pelotón. Pretendemos que a estos corresponda dar el parte disciplinario, pero que no sean quienes sancionen, por lo que la potestad disciplinaria solo debe ser reconocida —según nuestra enmienda— de jefe de regimiento hacia arriba.

Planteamos la supresión del artículo 28, que regula la potestad disciplinaria sobre los miembros del Cuerpo Jurídico Militar. Ya he explicado que creíamos que la situación prevista en el proyecto no era garantía de independencia del ejercicio de la acción jurisdiccional. Proponemos una nueva regulación más garantista de las medidas cautelares de cese de funciones y del arresto cautelar.

En relación a la competencia sancionadora, igual que ocurría con nuestras enmiendas en relación a la potestad disciplinaria, nuestras enmiendas plantean que solo se reconozcan de jefe de regimiento hacia arriba y no a los jefes de batallón, compañía, sección y pelotón, y planteamos que esta competencia sancionadora no pueda delegarse.

Las competencias sancionadoras sobre los representantes de las asociaciones profesionales creemos —y por ello formulamos una enmienda— que deben residir en el subsecretario, quedando la competencia para imponer la sanción en el ministro.

Planteamos la supresión del artículo 40, en coherencia con nuestra propuesta de regulación para la sanción extraordinaria de arresto.

Formulamos una enmienda para incluir entre los principios generales del procedimiento sancionador la proporcionalidad e individualización de las sanciones. Proponemos enmiendas que conllevan una nueva regulación de los partes disciplinarios y planteamos un nuevo artículo para regular la figura de la denuncia, que sí prevé el proyecto, pero que no tiene una regulación específica en el mismo.

Formulamos una enmienda de sustitución del artículo 49 para que las funciones de secretario e instructor en los expedientes sancionadores se establezcan a partir de la configuración que en esta enmienda se refleja de una unidad central de instrucción disciplinaria de las Fuerzas Armadas, que entendemos, permitiría una especialización en la materia en quienes configuren esta unidad específica.

Proponemos una enmienda para que la notificación del acuerdo de incoación del expediente sancionador sea previa a la declaración del afectado por este expediente. Consideramos que esta enmienda abunda en las garantías del afectado.

Reducimos a la mitad, mediante otras enmiendas, los plazos de procedimiento en el caso de las faltas leves. Presentamos enmienda para que la resolución del procedimiento se notifique también a quien haya formulado denuncia en el caso de que este sea el origen del procedimiento. Como argumenté en la defensa del veto enmendamos para que las resoluciones sancionatorias solo sean ejecutivas cuando alcancen firmeza.

Planteamos como novedad la posibilidad de cumplimiento de las sanciones de arresto en el domicilio o en el acuartelamiento, no específicamente en un establecimiento disciplinario.




Página 12384


Como consecuencia de los cambios que pretendemos introducir a través de otras enmiendas en quienes tienen potestad disciplinaria, establecemos una modificación coherente del artículo 69 que regula los recursos de alzada.

Planteamos la posibilidad de solicitar la suspensión de las sanciones extraordinarias de arresto durante la tramitación del recurso.

Y también, mediante un número importante de enmiendas que afectan a las disposiciones finales transitorias, añadimos una nueva disposición final para que en el plazo de un año el Gobierno remita un proyecto de ley orgánica de modernización de la jurisdicción militar y otra disposición final nueva para que se reconozca la posibilidad del ejercicio de la acción popular en el ámbito de la jurisdicción militar, como ocurre en el de la ordinaria.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Enmiendas números 186 a 208, 211 a 223 y 226 a 230 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Para su defensa tiene la palabra el senador Maldonado.

El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señora presidenta.

Comparezco para defender las enmiendas presentadas por el Grupo Catalán Convergència i Unió. Son un total de 41 enmiendas presentadas al texto que nos llegó del Congreso, y que van de la 186 a la 230, excepto la 209, la 210, la 224 y la 225. Estas últimas 4 se han retirado previo debate con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor Canals, quien nos dijo que, según su punto de vista, ya habían sido recogidas en el Congreso. Y la verdad es que sí y no; habían sido recogidas, pero al integrarse en un texto amplio, podríamos decir que no era único, y por ello nos parecía que había que presentarlas de nuevo. Pero hemos entendido su mensaje y las hemos retirado, pues es cierto que están recogidas estas 4 y 3 más.

El resto de las enmiendas las daré por defendidas dado que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ya anunció en ponencia y en comisión que no serían aceptadas. No obstante las mantendremos vivas en el Pleno a efectos de que consten como presentadas y rechazadas para la historia, pero no las defenderé una a una porque su no aceptación nos lleva a no hacerlo puntualmente. Pero, insisto, sí queremos que conste que hemos hecho un intento de aportación con enmiendas que mejoran la ley —o esta es nuestra voluntad—, y que sobre todo tienen, entre otros objetivos, el de avanzar en democratizar más a las Fuerzas Armadas y darles un plus de seguridad jurídica.

Nos hubiera gustado algún gesto por parte del Grupo Parlamentario Popular más allá de su mayoría absoluta, un gesto de consenso y de diálogo, como quizá se produjo de alguna manera en el Congreso, y más viendo que algunas o muchas de nuestras enmiendas se han presentado de forma parecida por parte de otros grupos parlamentarios. No entraré en el detalle pormenorizado del contenido de cada una de ellas por lo ya dicho, y además, porque sus señorías ya lo conocen, pero déjenme mencionar los aspectos en los que se basan estas enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió. Entre ellos destaca, por ejemplo, el respeto al principio de seguridad jurídica y legalidad, un principio que exige que no quede resquicio alguno de indefinición o de interpretación a la hora de aplicar el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Esto es lo que pretenden algunas de nuestras enmiendas.

También se pretende que la norma se ajuste totalmente a las pautas derivadas del principio de legalidad y seguridad jurídica. Se intenta asimismo dar respuesta a cualquier acción discriminatoria por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión personal, etcétera. Ante alguna posible actuación de este tipo se debe tener la máxima y total contundencia ante las faltas y causas punibles posibles, y creíamos que nuestra aportación ayudaba en este sentido.

Algunas también son básicamente mejoras técnicas; entre otras, intentábamos evitar la indefensión jurídica.

En fin, señorías, que todas son enmiendas que tienen un planteamiento positivo, de mejora, de aportación, de querer que esta ley saliera mejor de lo que llegó. Es verdad que en el Congreso hubo debate, intenso, yo diría que hubo bastante consenso, a nosotros mismos algunas cosas, pocas, nos aceptaron; pensábamos que aquí habría una segunda vuelta y que, por tanto, de las 41 enmiendas mantenidas podríamos llegar a algún acuerdo. No ha podido ser así, como




Página 12385


decimos en catalán, què hi farem, pero sí hemos querido dejar constancia de nuestra voluntad de aportación a una ley que sobre todo intenta dar un aspecto de justicia jurídica y democrática a un colectivo como los miembros de las Fuerzas Armadas.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Turno en contra.

Tiene la palabra el senador Canals.

El señor CANALS LIZANO: Muchas gracias, señora presidenta.

Al debate de este proyecto de ley se llega con un amplio consenso, como ya se ha comentado por los diferentes portavoces, tanto en el Congreso como en el Senado. Ha habido aportaciones del Grupo Catalán Convergència i Unió, se ha manifestado también el apoyo de Unión del Pueblo Navarro, dentro del Grupo Mixto, y sobre todo la aportación que ha hecho el Grupo Socialista, que no ha presentado ninguna enmienda en el Senado y ha apoyado las nuestras. Por lo tanto, creo que podemos felicitarnos porque esta ley va a contar con toda certeza de una amplia mayoría.

A pesar de esto, se registraron en su momento en el Senado 230 enmiendas, de las cuales solo 10 eran diferentes a las que ya se habían presentado en el Congreso. De estas 2 eran nuestras, del Grupo Parlamentario Popular, que cuentan con el apoyo del Grupo Socialista y que ya se incorporaron en su momento al dictamen de la comisión. Cuatro del Grupo Catalán Convergència i Unió —como muy bien ha comentado el señor Maldonado y le agradezco la generosa interpretación de sus enmiendas— han sido retiradas porque, como él dice, en gran parte —y literalmente párrafos— están incorporadas en el texto que ya fue remitido desde el Congreso; por lo tanto, le agradezco sinceramente que las haya retirado. Y 91 enmiendas presentadas por la Entesa pel Progrès de Catalunya que también han sido retiradas últimamente. Por lo tanto, siguen vivas las enmiendas de los señores Iglesias y Mariscal, 92, y como ha comentado el senador Maldonado, 41 del Grupo Catalán Convergència i Unió.

De las 41 registradas por el Grupo Catalán Convergència i Unió, 36 han sido recogidas literalmente por el Grupo Mixto; por lo tanto, si me permite, esas las comentaré en bloque y me voy a referir a aquellas que son diferentes, específicas del Grupo Catalán Convergència i Unió, que son 5. Tres de ellas, las que se refieren al artículo 8, sobre las faltas muy graves, buscan incluir —y también lo ha comentado él— valores democráticos constitucionales, pero desde mi punto de vista, señor Maldonado, yo creo que no es necesario porque en los apartados del artículo 8 están suficientemente recogidos.

La enmienda 227 únicamente cambia la numeración de la disposición final décima, pero como no se aceptarán, por lo menos por nuestra parte, estas enmiendas, no será necesario que haya una nueva numeración.

Y la última, la 230, plantea una nueva disposición final que incorpora una estadística anual sobre la potestad disciplinaria de las Fuerzas Armadas para que sea remitida a la Comisión de Defensa del Congreso. Nosotros creemos que esto está perfectamente recogido en la disposición final séptima, que ya contiene la obligación del Ministerio de Defensa de remitir al Observatorio de la Vida Militar la estadística necesaria para elaborar la memoria anual, que deberá ser presentada no solamente en la Comisión de Defensa del Congreso, sino también en la del Senado. Por lo tanto, creemos que está suficientemente recogida la intención que tenía el Grupo Catalán Convergència i Unió en esta enmienda.

En cuanto al resto de las enmiendas, algunas de ellas compartidas con el Grupo Catalán Convergència i Unió, hay un amplio abanico. En primer lugar, quiero detenerme en la número 20, señor Iglesias, referida al artículo 2, de prescripción de sanciones, redacción que está literalmente recogida en una enmienda del Congreso que ha sido incorporada al texto. Por tanto, le agradezco que usted también haya participado y mejorado este proyecto de ley. Usted también se verá reflejado en el articulado de esta ley y repito que se lo agradezco. Creo que para no tener que votar algo que ya está incorporado, a lo mejor sería conveniente incluso que usted la retirara, pero allá cada uno con sus planteamientos.

Comienzan también cambiando el objetivo del proyecto de ley. Se centran exclusivamente en la misión constitucional de las Fuerzas Armadas. En el artículo 8, que ha citado el senador Ángel Batalla, como todos ustedes saben se dice que la misión de las Fuerzas Armadas




Página 12386


constitucionalmente es garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Espero que todos estemos de acuerdo en ello. Pero dentro del marco de la Constitución, y en consecuencia con el resto del ordenamiento jurídico, esta norma se centra exclusivamente en el código de conducta de los miembros de las Fuerzas Armadas. Este proyecto tiene el objetivo, y no otro, de garantizar las reglas de comportamiento de los militares, especialmente en la disciplina, la jerarquía y la unidad, que son, como también se ha comentado ampliamente por parte de los diferentes oradores, condiciones inseparables a la condición de militar y, por tanto, de las Fuerzas Armadas.

Otras enmiendas dudan de la legalidad de esta norma, y proponen incluso la paralización del procedimiento disciplinario cuando se inicie un procedimiento penal hasta que haya sentencia firme. Invocan que se vulnera el principio de non bis in ídem, es decir, no dos veces por lo mismo, pero desde nuestro punto de vista el procedimiento puede y debe seguir. Otra cosa es que no haya resolución definitiva hasta que haya sentencia firme, y sobre todo que no podrá caer sanción disciplinaria sobre los mismos hechos salvo que el bien jurídico sea diferente. Por tanto, no hay ninguna vulneración de este principio.

Dudan también de la tipificación de las faltas disciplinarias, pero está claro que si la falta no está tipificada no existe, y si no existe obviamente no podrá caer sanción sobre ella. También dudan de la redacción de las faltas leves, graves y muy graves, pero creemos sinceramente que no aportan ninguna mejoría al texto de la ley.

Otras enmiendas, como también se ha comentado, modifican las sanciones, hablan de sanciones y diferencias de las sanciones ordinarias de las extraordinarias dirigiéndose específicamente al arresto cuando se plantea que se produzcan en situaciones excepcionales, es decir, en las zonas de operaciones o estados de alarma, excepción o sitio. Se intenta también privar de la potestad disciplinaria a los escalones inferiores del mando de jefe de batallón para abajo. Nosotros creemos que el ejercicio de estas funciones es un pilar básico para el mantenimiento de la disciplina en las unidades. Introducen el demérito profesional equiparándolo al Estatuto Básico del Empleado Público o plantean incluso que la sanción de represión no figure en la hoja de servicios. Plantean que todas las sanciones disciplinarias, excepto el demérito profesional y el extraordinario de arresto, no figure en la hoja de servicios y, por tanto, no se tenga en cuenta en los procesos de evaluación y renovación de compromiso. Nosotros creemos que absolutamente todo lo que ha ocurrido en la vida de un militar debe constar en la hoja de servicios y, por tanto, nos reafirmamos en el texto del proyecto.

Hay también un grupo de enmiendas que me hacen volver a hablar del arresto. Hacen ustedes mucho hincapié en este tema manteniendo la sanción de arresto, como también ha comentado el senador Iglesias, exclusivamente en los supuestos excepcionales. Nosotros creemos que el arresto es de indiscutible eficiencia en el restablecimiento inmediato de la disciplina, y como también se ha comentado y decimos nosotros, esto ocurre en la mayoría de los países occidentales y en los países de la OTAN además de estar avalado por el Tribunal Constitucional.

Suprimen la aplicación del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, como también se ha comentado. Yo quiero añadir que también ustedes plantean que tampoco se aplique cuando el personal de la Guardia Civil está en período de formación como alumno en los centros docentes y cuando uno está en un centro docente militar formándose porque como tal es un militar y, por tanto, es de aplicación el régimen a todos los militares incluidos ellos como alumnos.

Dudan de la garantía de defensa, especialmente en el procedimiento oral para las faltas leves, que lo suprimen. Nosotros consideramos imprescindible que el procedimiento para faltas leves sea preferentemente oral porque de alguna forma sobrecargaría burocráticamente por el numeroso efecto que produciría y, además, enlentecería el proceso. Por lo tanto, nos reafirmamos en que sea el procedimiento oral.

Plantean también la creación de una unidad central de instrucción disciplinaria de las Fuerzas Armadas, lo cual desde nuestro punto de vista supondría dificultades prácticas por el volumen de procedimientos disciplinarios, más aún si plantean que el procedimiento para las faltas leves sea escrito. Además, creemos que sería un órgano que se desvincularía del mando y creemos que choca directamente con la esencia del régimen disciplinario militar, que es la atribución de esta responsabilidad al mando.




Página 12387


Plantean también modificaciones respecto a la potestad disciplinaria sobre los miembros del Cuerpo Jurídico Militar, pero nosotros entendemos que las funciones judiciales o fiscales de este cuerpo estarán exentas, pero cuando se actúe en condición de militar y esté fuera de la función jurisdiccional o fiscal debe ser aplicable a todos los militares, incluso a estos.

Por último, plantean dudas sobre la competencia disciplinaria sobre los representantes de las asociaciones profesionales. Nosotros pensamos que es respetuoso atribuir al ministro de Defensa y al subsecretario la competencia sancionadora sobre los miembros del consejo de personal de las Fuerzas Armadas en las faltas cometidas en el desempeño de esta actividad. Las cometidas fuera de este ámbito, obviamente, deberán regirse por los principios generales.

Por lo tanto, señorías, votaremos en contra de las enmiendas presentadas por considerar que no son necesarias y que no aportan nada ni mejoran el proyecto de ley ya presentado en esta Cámara.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señora presidenta.

Señorías, hay toda una secuencia de legislación importante —aludía a ello antes el senador Ángel Batalla— en materia de defensa en la última década. Tenemos la Ley 5/2005, de 17 de noviembre, de la defensa nacional; la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar; la 8/2006, de 24 de abril, de tropa y marinería; la Ley Orgánica 9/2003, de 15 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la competencia y organización de la jurisdicción militar; y sobre todo la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, a la que yo hacía referencia en mi anterior intervención en el turno de portavoces de los vetos, que precisamente mandata al Gobierno a reformar en el plazo de un año la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Es evidente que el plazo no se cumple, pero coincidió con el final de la legislatura anterior, el Gobierno socialista de entonces, como ya se ha dicho también, presentó ante las Cortes Generales el proyecto de ley pero no hubo tiempo dentro del marco de la legislatura para poder aprobarlo.

El proyecto de ley, como ya se ha dicho —también yo he hecho referencia a esto en mi intervención anterior—, recoge una serie de avances que hace que nuestro grupo lo valore positivamente y que, por supuesto, nos sumemos al consenso al que se llegó en el Congreso y al que de forma mayoritaria se va a llegar también en esta Cámara. Se trata de una serie de avances que tienen que ver con los cambios que ha habido en el papel de nuestras Fuerzas Armadas fruto del cambio en nuestro país y en el contexto internacional.

Por una parte, se avanza en la constitucionalidad del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Pese a la especificidad a la que se ha hecho alusión reiteradamente a lo largo de este debate y las características propias de las Fuerzas Armadas, eso no implica que sus miembros no deban ser considerados como ciudadanos españoles y, por tanto, sujetos de derechos recogidos en las Constitución Española. Se ha avanzado también, y esto es una novedad importante, fruto del cambio en nuestras Fuerzas Armadas con la incorporación de la mujer, en la igualdad entre hombres y mujeres, evitando la discriminación por razón de género. Es un tema en el que era necesario mejorar claramente desde el punto de vista normativo, en la medida en que, lamentablemente, hemos tenido casos que se debieran haber evitado. Y el proyecto de ley tiene en cuenta la especial gravedad de las conductas contra la libertad sexual, lo cual nos parece un avance importante que merece ser destacado de manera especial.

Es muy importante también la tutela judicial en casos en que la Administración militar imponga privación de libertad. Se ha hablado mucho de los arrestos, se habló en el debate en el Congreso. Y evidentemente, la posibilidad de recurrir a la justicia ante una situación que pueda ser considerada un abuso es, como decía, una garantía de los derechos constitucionales de los




Página 12388


miembros de nuestras Fuerzas Armadas, que significa una mejora clara respecto al régimen anterior. Asimismo, es importante que se establezcan, y se establecen, garantías procesales equivalentes a los procedimientos civiles, con lo cual también hay una mejora sustancial en cuanto a esta capacidad de recurrir desde el punto de vista de la justicia por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Finalmente, hay un asunto muy importante que se deriva de la realidad de nuestras Fuerzas Armadas participando en misiones internacionales de carácter pacificador, bajo mandato de Naciones Unidas o en colaboración con nuestros aliados de la Alianza Atlántica. En este sentido es importante que el proyecto de ley recoja que se castiguen las infracciones del derecho internacional aplicable a los conflictos armados. Lamentablemente, de forma reiterada, vemos casos por parte de otras fuerzas armadas, y alguno ha afectado a las nuestras, en los que hay violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional. Por tanto, es importante regular la casuística de las situaciones que se pueden producir en estas misiones internacionales por parte de las mujeres y de los hombres que configuran nuestras Fuerzas Armadas, para garantizar precisamente su ejemplaridad y la eficacia a partir de esta ejemplaridad en el desempeño de sus funciones.

Por tanto, señorías, entendemos que estamos ante un proyecto de ley no solo obligado desde el punto de vista legal, sino necesario por la adaptación a la nueva realidad de nuestro país, del contexto internacional y de las alianzas en las que nos movemos, especialmente de la Alianza Atlántica; un proyecto de ley, como digo, necesario y en el que, afortunadamente, en este caso sí, ha sido posible llegar a un amplio consenso — con respeto a las posiciones que no comparten el consenso— como se merece, evidentemente, la política de defensa, que es una política de Estado en la que, en la medida de lo posible, intentamos facilitar los consensos para posibilitar que las leyes perduren y que realmente gocen de la aceptación que, sin duda, una materia como la de regular la disciplina, en este caso dentro de las Fuerzas Armadas, se merece. Por tanto, evidentemente, nuestro grupo va a votar favorablemente el proyecto de ley.

Muchas gracias, señorías. Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maldonado.

El señor MALDONADO I GILI: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, comparezco nuevamente para posicionar a mi grupo ante el Proyecto de Ley Orgánica de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas.

Nuestro grupo, como ha hecho desde los inicios de la democracia, ha intentado aportar y mejorar esta ley, como hace con todas las iniciativas que son objeto de debate en el Parlamento, para que sea más justa, para aumentar su nivel democrático e incluso para mejorarla técnicamente. Como he mencionado en mi anterior intervención al defender las 41 enmiendas, nuestro grupo lo ha hecho con ánimo constructivo. La verdad es que ya nos avisaron de que no se aceptaría ninguna.

Por tanto, por la nula voluntad de consenso político en el Senado, les anuncio que Convergència i Unió votará en contra, a pesar de que este no fue nuestro voto en el Congreso. Pero es que en el Congreso, al menos se incorporaron 7 enmiendas y existía la posibilidad, la voluntad, el deseo, de que en el Senado hubiera un diálogo que llevara a incorporar un número mayor de enmiendas. Pero el resultado ha sido cero, y, por tanto, nuestro grupo votará en contra. La verdad es que les debe preocupar poco porque con el apoyo de los 2 grupos mayoritarios esta ley saldrá con un gran refrendo parlamentario, que no criticamos ni encontramos mal. Consideramos que cuanta más voluntad de consenso, mejor. Pero con nosotros ha faltado encontrar el camino; nos hemos perdido por el camino y no hemos llegado al final.

¿Qué queríamos con nuestra aportación a una ley que regula la vida democrática de las y los miembros de las Fuerzas Armadas? Pues lo mismo que pretendíamos en el Congreso: concreción y seguridad jurídica. Nuestro grupo ha hablado con asociaciones de militares, y sabemos que les preocupa la inconcreción con la que muchas veces se definían las infracciones, lo cual puede provocar una gran indefensión jurídica y, a la vez, se puede caer en la arbitrariedad a la hora de aplicar sanciones.




Página 12389


Señorías, nuestro grupo siempre ha querido aportar y democratizar la sociedad, también las Fuerzas Armadas, y aprovecho para recordar de pasada que fue Convergència i Unió el grupo que, con este estilo, propuso, pactó y consiguió que desapareciera el servicio militar obligatorio, una ley que en los pasillos del Congreso se llegó a llamar Ley Campuzano. Este es el espíritu que debe imperar en las leyes y que hace democratizar segmentos sociales. Pero es cierto también que las mayorías absolutas, por desgracia, llevan a anular el pacto y el consenso; hoy tenemos un ejemplo.

Por tanto, nuestro grupo, por la no aceptación de ninguna enmienda, algunas de ellas reclamadas por las asociaciones militares, votaremos en contra. Ya que hablamos de régimen disciplinario, de derechos y obligaciones, aprovecho la ocasión para, una vez más, como he hecho en otras legislaturas, reclamar un derecho de las Fuerzas Armadas —lo ha dicho el senador Iglesias. Él ha hablado de poder adscribirse y participar en partidos políticos; yo voy en la línea de pedir que las Fuerzas Armadas puedan sindicarse—, que es la legalización de los sindicatos en las Fuerzas Armadas. En democracia, los sindicatos forman parte de los derechos de los trabajadores, y los miembros de las Fuerzas Armadas son trabajadores. Se lo pedí al ministro Bono, se le pedí al ministro Trillo, se lo pedí a la ministra Chacón, y se lo pido ahora al ministro Morenés. España tiene en esto una asignatura pendiente.

Señorías, las Fuerzas Armadas no son un sector o un segmento social aislado de la sociedad, las Fuerzas Armadas han de tener los mismos derechos, los mismos requisitos, las mismas ventajas y los mismos instrumentos que cualquier ciudadano español, que cualquier trabajador. Los ciudadanos españoles, los trabajadores y los empresarios pueden asociarse, pueden pertenecer a partidos, pueden formar parte de sindicatos, pueden tener todo aquello que en un Estado democrático se aplica, pero no las Fuerzas Armadas. Hoy no se aprobará, lógicamente, hoy no forma parte; quizás podrían decir que hoy no toca, pero sí que es bueno que conste en foro parlamentario.

Tenemos que avanzar, tenemos que empezar a pensar por qué las Fuerzas Armadas no pueden tener pertenencia política o sindical. No es ningún tabú, no es ningún peligro, no es ningún pecado. Al contrario, asociarse, tener pensamientos, tener voluntades, tener idiosincrasia política forma parte del ser humano, forma parte de la ciudadanía en todo el mundo.

Por tanto, este portavoz de Convergència i Unió, una vez más, aprovechando que hablamos de las Fuerzas Armadas, deja sobre la mesa un debate, que al menos deberíamos iniciar, para intentar que los hombres y mujeres que forman parte de las Fuerzas Armadas tengan los mismos instrumentos que tienen los trabajadores, los empresarios y la sociedad, que es formar parte de colectivos, de sindicatos, de asociaciones políticas y, en su caso, de partidos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Abad.

El señor ABAD BENEDICTO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, como bien decía el senador Canals, el grupo de senadores y senadoras socialistas no ha presentado ninguna enmienda, entre otras cosas, porque se trata de un texto bastante cerrado que contaba con la mayoría del Congreso de los Diputados, incluida Convergéncia i Unió, y porque las 2 enmiendas que se han introducido se habían pactado tanto con el Gobierno, con la Subsecretaría de Estado, como con el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; evidentemente, son 2 enmiendas técnicas para no reabrir el debate.

Entrando en el meollo del asunto, tras un primer impulso modernizador de nuestras Fuerzas Armadas desarrollado a lo largo de los pasados años ochenta como consecuencia legislativa lógica derivada del modelo democrático de ejército que dibuja nuestra Carta Magna, como se ha dicho anteriormente, a través del artículo 8º, el texto que ahora debatimos podría identificarse, junto a la prevista reforma del Código de Justicia Militar, que está pendiente, como la clave de bóveda de un segundo impulso modernizador, un segundo proceso modernizador y democrático cuyas bases, como ocurriera en el primero, y al calor de los cambios experimentados en las últimas décadas por nuestras Fuerzas Armadas, fue impulsado por los socialistas hace ya una década, y en cuyo desarrollo se aprobaron: en 2005 la Ley Orgánica de la defensa nacional, como ha dicho el compañero Joan Sabaté; en 2006, la Ley de tropa y marinería; en 2007, la Ley de la




Página 12390


carrera militar, y en 2011, la Ley Orgánica de los derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, en cuya percha se engancha lógicamente esta ley; ley orgánica esta última cuya exposición de motivos recuerda que su propósito es actualizar la regulación del ejército y los derechos fundamentales y libertades de los miembros de las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta su condición de servidores públicos sometidos a disciplina militar para adecuarla a la evolución experimentada por la realidad social y a lo previsto en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la defensa nacional, a consecuencia de lo cual el anterior Ejecutivo socialista tenía previsto impulsar la aprobación de un texto en relación con la materia que nos ocupa y que, como bien se ha dicho también, se vio truncada por la convocatoria de las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011.

Por ello, señorías, el texto que hoy debatimos regula la tipología de las infracciones, sanciones y garantías en el ámbito militar, en el marco exigido por la citada ley de derechos y deberes, que nos recuerda que los miembros de las Fuerzas Armadas gozan de los derechos fundamentales y libertades públicas de aplicación general a todos los ciudadanos y ciudadanas, y las limitaciones para su ejercicio deben ser proporcionadas y respetuosas con su contenido esencial; limitaciones que han de contemplarse con el único objetivo de que las Fuerzas Armadas, manteniendo sus características de disciplina, jerarquía y unidad y el principio de neutralidad, estén en condiciones de responder a las exigencias en el ámbito de la seguridad y la defensa nacional.

Si bien nos encontramos ante un texto mejorable, que no es el que hubiéramos impulsado los socialistas, porque el nuestro hubiese sido más avanzado en muchos aspectos, sí es cierto que el proyecto ha mejorado mucho en su tramitación parlamentaria en la Cámara Baja; de ahí que hoy votemos a favor de este proyecto, en gran medida gracias a la apertura del Grupo Popular al asumir muchas aportaciones de otros grupos, entre ellas las del Grupo Socialista, haciendo así suya el Grupo Popular en su actuación aquella frase de Churchill con la que defendía la democracia como la necesidad de doblegarse de vez en cuando a la opinión de los demás.

En relación con las infracciones, se han introducido nuevos tipos importantes acordes con la citada ley de derechos y deberes, como el derecho de los conflictos armados o el principio de igualdad y no discriminación en el seno de las Fuerzas Armadas por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, orientación sexual, religión, convicciones, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social.

En el ámbito de las sanciones, aunque no hayamos conseguido que el Grupo Popular haya aceptado la completa desaparición de los arrestos por falta leve, al menos se ha acotado su alcance. Los arrestos por falta leve no van a poder imponerse cuando no esté en cuestión la disciplina militar o las reglas esenciales del comportamiento en las Fuerzas Armadas. Además, las sanciones tendrán que estar motivadas, y se establece un control judicial sobre ellas, lo que constituye un avance respecto a la normativa vigente hasta ahora, pero también respecto al texto inicial que el Gobierno remitió al Parlamento.

En relación con las garantías del procedimiento, es en este punto donde se han producido avances sustantivos importantísimos en el procedimiento administrativo y en el control judicial. La aceptación de nuestras enmiendas en el Congreso de los Diputados ha supuesto la posibilidad de que el militar arrestado por falta leve, grave o muy grave pueda solicitar de forma inmediata la intervención del juez por el procedimiento del hábeas corpus. Se establece un control judicial inmediato a la sanción y, por tanto, con posibilidad de suspender su ejecución inmediata, lo que puede permitir, con la oportuna retirada de la reserva de España al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que los militares españoles, como el resto de sus colegas europeos, tengan la posibilidad de llegar hasta el Tribunal de Estrasburgo en cuestiones de disciplina, un avance sustantivo que, junto a otros y en un clima de aproximación de posturas, explica nuestro apoyo al texto, un apoyo fundamentado no solo en la mejora experimentada en su trámite parlamentario, sino en el sentido de Estado que defendemos los socialistas. Porque creemos firmemente que esta ha de ser una política en la que por encima de las legítimas diferencias ideológicas está la seguridad de los ciudadanos y la dignidad de los que, no siempre en las mejores y más deseables condiciones, entregan su vida a este fin superior; una lealtad mucho más necesaria, si cabe, en el contexto en el que vivimos y con las amenazas que acechan a nivel internacional al mundo occidental.




Página 12391


Sin embargo, señorías, lealtad no es complicidad. La contradicción entre lealtad y complicidad es antagónica. Y del mismo modo, con la misma contundencia con la que hoy apoyamos este texto, les recordamos al Gobierno y a los senadores y senadoras del Partido Popular su carencia de un modelo en materia de Fuerzas Armadas, como evidencian también en este capítulo los presupuestos para 2015, que en breve discutiremos en esta Cámara, y lo que con carácter de guía de la acción de gobierno nuevamente se vislumbra: que en cuanto a política de defensa no hay un verdadero modelo, así como el carácter de objetivos estratégicos y de no abandonar ninguna de las grandes necesidades de nuestra política de defensa. Todo ello, señorías, y voy terminando, en el contexto de un presupuesto en materia militar nuevamente ficticio y amputado, que incurre en los mismos errores estratégicos que avalaron los programas especiales de armamento, que lastran los presupuestos militares año tras año y que se muestra desdibujado y opaco en materia de personal al ofrecernos cifras ideales e irreales. Se lo reiteramos, hoy una vez más, desde esta tribuna: lealtad no es complicidad, y lo sabemos bien en el mundo militar, porque ser aliado no significa perder la soberanía ni la identidad propia a la hora de definirnos y de actuar con legítima autonomía de criterio.

Desde aquí nuestro voto favorable a este proyecto de ley y también un apoyo leal pero crítico a una política en materia de defensa en la que muchas veces se enmascara, como nos tiene acostumbrados el Partido Popular, algún que otro proyecto.

Muchas gracias, señora presidenta y señorías. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Canals.

El señor CANALS LIZANO: Gracias, presidenta.

Como ya se ha comentado, el propósito de este proyecto de ley es garantizar la observancia de las reglas de comportamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas, especialmente, en lo referente a la disciplina, la jerarquía y la unidad. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia). Este comportamiento, de acuerdo con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, constituyen el código de conducta de los miembros de las Fuerzas Armadas, y este código de conducta es uno de los pilares básicos de nuestra organización militar. Por lo tanto, estamos hablando directamente de defensa nacional. Consecuentemente, todo lo referente a la defensa nacional, se convierte de forma automática, en una cuestión de Estado. Y en las cuestiones de Estado hay que dejar de lado alguna que otra cuestión personal o partidista en busca del interés general, y más concretamente en busca del interés del Estado. Y en busca de este común interés, estamos obligados a exigirnos llegar a acuerdos, siempre, obviamente, que estos acuerdos tengan en común el interés general de España.

Estos acuerdos se han alcanzado en el presente Proyecto de Ley de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. En el Congreso fue ampliamente respaldado por 282 votos a favor, 22 en contra y 5 abstenciones. El proyecto de ley remitido al Senado nos llegó con un buen nivel de consenso, con aportaciones de Convergència i Unió y en especial del Grupo Socialista. Hay que recordar, como también se ha dicho aquí, que el Grupo Socialista envió al Congreso un proyecto de ley sobre régimen disciplinario al final de la anterior legislatura, que, por motivos de tiempo, no llegó a tramitarse. Y reconocemos que hay muchos puntos en común entre ese proyecto y el actual. Por lo tanto, hay una aportación singular e importante del Grupo Socialista a esta ley.

En el Senado también ha habido acuerdos, también ha habido apoyos, y agradezco al portavoz de Unión del Pueblo Navarro su apoyo a esta ley; agradezco sinceramente el apoyo del senador Sabaté, del grupo de la Entesa, y su unión al consenso; agradezco otra vez el apoyo del Grupo Socialista. Esperamos contar con una gran mayoría y lamentamos sinceramente la posición que ha adoptado en el Senado Convergéncia i Unió. Esta ley, lo crean o no, refleja una parte de sus planteamientos. Por lo tanto, espero que en el Congreso, adonde volverá esta ley, se vuelva a producir el consenso y Convergència i Unió vuelva a votar como lo hizo en el Congreso.

Este proyecto de ley presenta avances muy importantes en el proceso de modernización, especialmente en la profesionalización de las Fuerzas Armadas, en la garantía de los derechos de la mujer y en la no discriminación, y establece una regulación específica para el personal desplazado en misiones en el exterior. Esta nueva ley garantiza las reglas de comportamiento de los militares, resalta los principios de legalidad, tipifica las faltas disciplinarias y su gravedad y




Página 12392


normaliza los derechos del presunto infractor. Los procedimientos sancionadores están presididos por los principios de legalidad, imparcialidad y publicidad, se mantiene el tradicional principio de inmediata ejecución de las sanciones, regula el arresto por exigencias de la disciplina, se garantiza en todo momento el derecho de defensa o matiza la competencia sancionadora sobre los representantes de las asociaciones profesionales. Por todo esto, además de ser una ley obligada, necesaria, importante y consensuada, es una muy buena ley.

La Constitución no limita los derechos de los militares, pero tiene peculiaridades derivadas de la condición de militar y de las exigencias de la seguridad y defensa nacional. No son trabajadores de ocho horas. Son militares de veinticuatro horas al día.

Se ha conseguido un equilibrio entre la imprescindible disciplina y la salvaguarda de los derechos de los servidores públicos más comprometidos, por propia voluntad, con la defensa de España y sus valores, y que libremente han jurado ofrecer su vida por España y por el interés general de la nación. Por lo tanto, merecen nuestro mayor respeto y también el mayor de nuestros esfuerzos para llegar a acuerdos.

Mi grupo va a votar a favor de esta ley y espero contar con la mayoría de todos ustedes.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Llamamos a votación. (Pausa).

Cierren las puertas. (Rumores).

Silencio, señorías.

Vamos a votar las enmiendas del Proyecto de Ley Orgánica del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas.

En primer lugar, votamos las enmiendas, presentadas por los senadores Iglesias y Mariscal, números 1 a 12, 14 a 24, 27 a 31, 38 a 42, 45 a 46, 60 a 63, 66, 68, 71, 74, 80, 81, 85 y 89.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 230; votos emitidos, 230; a favor, 15; en contra, 145; abstenciones, 70.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas del mismo grupo parlamentario números 13, 25, 26, 32 a 37, 43, 44, 47 a 59, 64, 65, 67, 69, 70, 72, 73, 75 a 79, 82 a 84, 86 a 88 y 90 a 92.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 230; votos emitidos, 228; a favor, 4; en contra, 143; abstenciones, 81.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Pasamos a continuación a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

En primer lugar, votamos las enmiendas números 191 y 219.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 230; votos emitidos, 230; a favor, 10; en contra, 145; abstenciones, 75.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmienda número 218.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 229; votos emitidos, 229; a favor, 10; en contra, 145; abstenciones, 74.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Del mismo grupo parlamentario, enmiendas números 186 a 190, 192 a 208, 211 a 217, 220 a 223 y 226 a 230.

Comienza la votación. (Pausa).




Página 12393


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 230; votos emitidos, 230; a favor, 12; en contra, 145; abstenciones, 73.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos a continuación aquellas partes del proyecto enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 229; votos emitidos, 229; a favor, 211; en contra, 10; abstenciones, 8.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan aprobadas.

Votamos, por último, el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 229; votos emitidos, 229; a favor, 209; en contra, 15; abstenciones, 5.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.

Se suspende la sesión hasta mañana a las diez horas.

Eran las veintiuna horas y treinta minutos.


Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal