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DS. Senado, Pleno, núm. 132, de 12/11/2014
 





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PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 62

celebrada el miércoles, 12 de noviembre de 2014

ORDEN DEL DÍA

5. MOCIONES

5.1. Moción por la que el Senado acuerda la creación de una Ponencia de Estudio, en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, que evalúe la prevención, recogida, reciclaje, valoración y eliminación de residuos y el grado de cumplimiento de los objetivos marcados por la Unión Europea en esta materia, así como que analice la estrategia futura a seguir.

(Núm. exp. 662/000162)

Autor: GPP

5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la situación actual de la justicia en España.

(Núm. exp. 662/000164)

Autor: GPS

5.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas de fomento del uso de la semilla certificada.

(Núm. exp. 662/000163)

Autor: GPP

6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

6.1.1. Proyecto de Ley por la que se crea el Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales.

(Núm. exp. 621/000094)




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6.2. DICTÁMENES DE COMISIONES

6.2.1. Proyecto de Ley de Parques Nacionales.

Comisión: Medio Ambiente y Cambio Climático

(Núm. exp. 621/000089)

6.2.2. Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.

Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas

(Núm. exp. 621/000091)

6.2.3. Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas

(Núm. exp. 621/000092)

6.2.4. Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.

Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas

(Núm. exp. 621/000093)




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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas.

5. MOCIONES

5.1. Moción por la que el Senado acuerda la creación de una Ponencia de Estudio, en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, que evalúe la prevención, recogida, reciclaje, valoración y eliminación de residuos y el grado de cumplimiento de los objetivos marcados por la Unión Europea en esta materia, así como que analice la estrategia futura a seguir.

(Núm. exp. 662/000162)

Autor: GPP

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La señora Ruiz Ruiz defiende la moción.

En turno de portavoces intervienen el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Maluquer Ferrer, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Durán Sánchez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Ruiz Ruiz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción, con el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 207; abstenciones, 2.

5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la situación actual de la justicia en España.

(Núm. exp. 662/000164)

Autor: GPS

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El señor Díaz Tejera defiende la moción.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa de este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Díaz Tejera expone la posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda, aceptándola.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Ramírez Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Ramírez Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, con el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 247; a favor, 85; en contra, 147; abstenciones, 15.

5.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas de fomento del uso de la semilla certificada.

(Núm. exp. 662/000163)

Autor: GPP

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La señora Moya Moreno defiende la moción.




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El señor Toledo Díaz defiende las tres enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Moya Moreno expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.

En turno de portavoces intervienen la señora Mendizabal Azurmendi, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Boya Alós, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Plana Farran, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Toledo Díaz, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Moya Moreno, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción con el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 245; a favor, 153; en contra, 73; abstenciones, 19.

6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

6.1.1. Proyecto de Ley por la que se crea el Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales.

(Núm. exp. 621/000094)

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En turno a favor interviene la señora Luis Heras, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor González Bethencourt, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Luis Heras, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba el proyecto de ley con el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 241; a favor, 240; en contra, 1.

El señor presidente informa a la Cámara de que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.

6.2. DICTÁMENES DE COMISIONES

6.2.1. Proyecto de Ley de Parques Nacionales.

Comisión: Medio Ambiente y Cambio Climático

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(Núm. exp. 621/000089)

La señora Ruiz Ruiz, presidenta de la comisión, presenta el dictamen.

Se inicia el debate de las propuestas de veto.

El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto número 1, de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora Capella i Farré defiende la propuesta de veto número 2, presentada por esta senadora, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Martínez Oblanca defiende la propuesta de veto número 3, presentada por este senador del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número 6, de los Senadores Guillot Miravet y Saura Laporta (GPEPC).

El señor Boya Alós defiende la propuesta de veto número 7, de la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.




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El señor Maluquer Ferrer defiende la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Fidalgo Areda defiende la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Pons Vila, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen los señores Quintero Castañeda y Martínez Oblanca, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Fidalgo Areda, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Aparici Moya, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se suspende la sesión a las quince horas y veinticinco minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

Se procede a votar las propuestas de veto

12598

Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 89; en contra, 145; abstenciones, 4.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 87; en contra, 148; abstenciones, 3.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 237; a favor, 24; en contra, 146; abstenciones, 67.

Se rechaza la propuesta de veto número 6, Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 88; en contra, 147; abstenciones, 3.

Se rechaza la propuesta de veto número 7, con el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 88; en contra, 147; abstenciones, 3.

Se rechaza la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió con el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 88; en contra, 147; abstenciones, 3.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 88; en contra, 147; abstenciones, 3.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas presentadas por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, números 1 a 42 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda presentada al amparo del artículo 115 del Reglamento del Senado sobre la base de la enmienda 278 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Fuster Muniesa defiende las enmiendas 52 a 61, presentadas por este senador y las señoras Ibarz Ibarz y Santos Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Quintero Castañeda defiende las enmiendas 43 a 51, del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas originariamente por este senador y el señor Zerolo Aguilar.

El señor Cazalis Eiguren da por defendidas las enmiendas 177 a 181, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).




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El señor Saura Laporta defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya 182 a 231 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 272 a 274, 276 y 277 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y por las enmiendas presentadas al amparo del artículo 115 del Reglamento del Senado con base en las enmiendas 275 y 278, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Boya Alós defiende las enmiendas 232 a 271, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Maluquer Ferrer defiende las enmiendas 109 a 176, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Medina Tomé defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 62 a 108 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 272 a 274, 276 y 277 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y por las enmiendas presentadas al amparo del artículo 115 del Reglamento del Senado con base en las enmiendas 275 y 278, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Leyte Coello, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Quintero Castañeda, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Rivero Segalás, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Medina Tomé, por el Grupo Parlamentario Socialista; el señor Aparici Moya, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar

12622

Se aprueban las enmiendas 8, 15, 38 y 21, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; las números 46 y 48, del Grupo Parlamentario Mixto; las números 117 y 152, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; y las números 72 y 92, del Grupo Parlamentario Socialista.

Se rechazan las restantes enmiendas.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

6.2.2. Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.

Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas

12636

(Núm. exp. 621/000091)

6.2.3. Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas

12636

(Núm. exp. 621/000092)




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6.2.4. Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.

Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas

12636

(Núm. exp. 621/000093)

Se debaten de forma conjunta las propuestas de veto presentadas a los tres proyectos de ley.

El señor Sanz Ruiz, presidente de la comisión, presenta los dictámenes.

En nombre del Gobierno hace uso de la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero) para presentar los proyectos de ley.

Se inicia el debate de las propuestas de veto a los tres proyectos de ley.

El señor Iglesias Fernández defiende las propuestas de veto número 1 formuladas a cada uno de los proyectos por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende sus propuestas de veto número 2 a cada uno de los proyectos.

El señor Guillot Miravet defiende las propuestas de veto número 3 formuladas a cada uno de los proyectos por este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Montilla Aguilera defiende las propuestas de veto número 4 formuladas a cada uno de los proyectos por la señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Vázquez García defiende las propuestas de veto número 5 del Grupo Parlamentario Socialista formuladas a cada uno de los proyectos.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Angulo Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Lerma Blasco, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Angulo Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar las propuestas de veto

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6.2.2. PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY 35/2006, DE 28 DE NOVIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS, EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2004, DE 5 DE MARZO, Y OTRAS NORMAS TRIBUTARIAS.

Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas. (Votación)

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(Núm. exp. 621/000091)

Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 68; en contra, 139; abstenciones, 19.




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Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente resultado: presentes, 230; votos emitidos, 229; a favor, 68; en contra, 142; abstenciones, 19.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente resultado: presentes, 230; votos emitidos, 229; a favor, 68; en contra, 142; abstenciones, 19.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente resultado: presentes, 230; votos emitidos, 229; a favor, 68; en contra, 142; abstenciones, 19.

Se rechaza la propuesta de veto número 5, con el siguiente resultado: presentes, 230; votos emitidos, 229; a favor, 68; en contra, 142; abstenciones, 19.

Se suspende la sesión a las veintidós horas y cincuenta minutos.




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Se reanuda la sesión a las nueve horas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Se reanuda la sesión.

5. MOCIONES

5.1. MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO ACUERDA LA CREACIÓN DE UNA PONENCIA DE ESTUDIO, EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO, QUE EVALÚE LA PREVENCIÓN, RECOGIDA, RECICLAJE, VALORACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS MARCADOS POR LA UNIÓN EUROPEA EN ESTA MATERIA, ASÍ COMO QUE ANALICE LA ESTRATEGIA FUTURA A SEGUIR.

(Núm. exp. 662/000162)

AUTOR: GPP

El señor presidente da lectura a los puntos 5. y 5.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción no se han presentado enmiendas. Para su defensa, tiene la palabra la senadora Ruiz.

La señora RUIZ RUIZ: Gracias, presidente. Buenos días.

Señorías, hace unas semanas esta Cámara conoció, debatió y aprobó una moción de mi grupo parlamentario en la que se instaba al Gobierno a impulsar el nuevo plan estatal marco de gestión de residuos. El senador Aparici, portavoz de la comisión, concluía su último turno afirmando la voluntad del Grupo Popular de seguir trabajando para intentar favorecer el consenso político en estas materias.

Con esta última afirmación comienzo mi exposición, puesto que ese es el objetivo que persigue la moción que hoy les presento para su consideración. En aquel debate, los portavoces de los grupos llamaban la atención sobre determinados aspectos. El senador Saura, por ejemplo, hablaba de la necesidad de hacer balance del actual plan de gestión, incluso fijaba un plazo para la realización del mismo. Otros portavoces pedían la participación de los agentes sociales y económicos relacionados con la materia y la puesta en marcha de estrategias que permitan al ciudadano hacerse responsable de los residuos que él mismo genera. El senador Cazalis fijaba, entre otras, la necesidad de abordar la reducción de envases y hablaba de que en su comunidad los objetivos que se estaban fijando en porcentaje eran superiores a los que en el horizonte 2020 estamos obligados a cumplir. Se hacía mención a las distintas velocidades de cumplimiento que presentan las comunidades autónomas, etcétera.

Pues bien, el objetivo de esta moción es buscar esos consensos, desde un análisis serio y riguroso de la realidad. Y creemos que la creación de una ponencia de estudio en el seno de la Comisión de Medio Ambiente es un instrumento eficaz para evaluar en materia de residuos todos los aspectos: cómo estamos en materia de prevención, de recogida, de reciclaje, de valorización y de eliminación; cuál es nuestra postura, como Estado, de cara al cumplimiento de los objetivos de reciclado en el horizonte 2020 y a las obligaciones de reducción de vertido en 2016; y lo más importante: cómo vamos a afrontar los nuevos retos que se empiezan a debatir y fijar en las directivas que se están revisando en la Unión Europea.

La propuesta de la Comisión Europea de modificación de las directivas vigentes, así como la comunicación sobre economía circular, tienen como objetivo avanzar en la economía circular en Europa a través del establecimiento de nuevos objetivos de reciclado y reducción del vertido, para el medio y largo plazo, aplicando así, de forma efectiva, el principio de jerarquía de gestión de residuos que debe inspirar las políticas de prevención y gestión aplicadas por las autoridades competentes.

Conforme a esa jerarquía se establece la siguiente prioridad: prevención, como sus señorías conocen. La prevención es, sin duda, el primer principio en esta jerarquía, puesto que es la mejor opción de gestión. Como decía, en esta materia se plantea la prevención como la mejor manera de gestión eficiente de los recursos, puesto que el mejor residuo es el que no se genera. Y tiene importantes consecuencias económicas, tanto para los productores y prestatarios de bienes y




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servicios, como para los consumidores y usuarios. La prevención permite un ahorro en los consumos de materias primas y una reducción de los costes de gestión de los residuos. Supone, por tanto, un incremento en la rentabilidad de las actividades empresariales y un ahorro de coste para las administraciones. Asimismo, contribuye a la generación de nuevas oportunidades de negocio y empleo.

En segundo lugar, dentro de esa escala de prioridades, está la recogida. Con la recogida separada se facilita el cumplimiento de los objetivos de reciclado y de reducción del depósito de residuos biodegradables en vertederos de forma simultánea. En esta línea los temas de avance más relevantes son los siguientes: la optimización de los sistemas de recogida separa existentes en la actualidad y el incremento de las cantidades que se recogen por estas vías, el progresivo avance en la implantación de manera gradual de la recogida separada de los biorresiduos y el fomento de la preparación para la reutilización de aquellos residuos que pueden ser susceptibles de limpiarse, repararse y volver a utilizarse.

En tercer lugar, cabe hablar del reciclado, especialmente si proviene de materiales de alta calidad, que hace posible la reincorporación al proceso productivo de los materiales que contienen los residuos, evitando la extracción de nuevas materias primas y avanzando la denominada economía circular.

La valorización energética de los residuos no reciclables será siempre preferible a su eliminación. En un país con déficit energético es imprescindible no desperdiciar residuos o recursos enviándolos al vertedero. Las tecnologías para llevar a cabo la valorización energética están evolucionando continuamente y tienen un marco jurídico común a nivel comunitario a través de las directivas que versan sobre la materia.

Finalmente, la última de las opciones en gestión de residuos es la eliminación, y debe destinarse únicamente a las fracciones en las que no pueda aplicarse ninguna de las opciones existentes.

Por otro lado, en esa transición hacia una economía más verde y sostenible en el marco de una baja utilización de energía, bajas emisiones de carbono y que realice un uso eficiente de los recursos, un instrumento de apoyo fundamental es la aplicación del principio de quien contamina paga, que permite internalizar los costes medioambientales causados por el comportamiento individual de las empresas o de los ciudadanos. Y una de las manifestaciones de este principio que en nuestro país tiene más margen de recorrido es la introducción de cambios en la fiscalidad española. Hay que destacar que, de acuerdo con los datos publicados recientemente por Eurostat sobre las tasas ambientales del año 2010 en la UE de los Veintisiete, España ocupa el último lugar. Nuestros impuestos ambientales suponen apenas el 1,65 % del PIB frente a una media europea del 2,37 %.

En esta línea y teniendo en cuenta además que en esta materia concurren las competencias de distintas administraciones, entidades locales, diputaciones forales, comunidades autónomas y las del propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que es el que responde ante la Unión Europea del cumplimiento de las directivas, consideramos que el Senado puede realizar un importante trabajo. Creemos que es necesario evaluar cada uno de los sistemas de gestión, los planes que las comunidades autónomas están aplicando o revisando, los objetivos que contienen, las acciones de las entidades locales y los problemas a los que se enfrentan, así como las carencias que pueda presentar el sistema integral en estos momentos y muy especialmente el sistema empresarial que actúa en materia de residuos, que genera empleo y que tiene una gran capacidad de crecimiento. Es preciso conocer también las necesidades de inversión de las nuevas instalaciones que sean precisas e intentar contar con una visión global que evite disfunciones de velocidad entre las distintas comunidades y, sobre todo, que coloque a España en la mejor disposición para cumplir los objetivos ambientales de gestión de residuos.

Por todo ello, la propuesta que realizamos en la mañana de hoy consiste en crear en el seno de la Comisión de Medio Ambiente una ponencia de estudio que evalúe cada uno de estos aspectos, pueda conocer de primera mano el sentir de todos los agentes que participan en la materia: administraciones locales y agentes sociales y económicos, y pueda evaluar las distintas tecnologías aplicadas. De esta forma podremos ayudar a la consecución de ese nuevo plan marco de residuos que en la reunión anterior a este Pleno, a la que me he referido al inicio de mi intervención, se solicitaba al Gobierno. Entendemos que en el marco del Senado, donde confluye




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efectivamente ese carácter de Cámara de representación territorial, tiene cabida la participación de todos esos agentes, y puede ser un instrumento eficaz para conseguir los objetivos que en estos momentos presenta la materia de gestión de residuos, y sobre todo, nos permitirá prepararnos para las nuevas directivas comunitarias y para esos objetivos más ambiciosos que se van a fijar. Esta es la propuesta que espero sea acogida favorablemente por los grupos parlamentarios y que pueda permitir la creación de la ponencia y el inicio de los trabajos en esta materia, puesto que, como saben, el plan marco de gestión de residuos finaliza en el año 2015 y debe tener continuidad y nuevas estrategias para conseguir los objetivos a los que me refería hace un momento.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ruiz.

¿Turno en contra? (Denegaciones.)

Pasamos, pues, al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

Por el Grupo Vasco tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente. Egun on danori; buenos días.

Señorías, en principio nosotros vamos a votar a favor de la moción porque nos parece un tema interesante. Sí que es cierto que en el caso vasco —y creo que en casi todos los casos— la competencia de la gestión de los residuos es de las diputaciones y de los ayuntamientos, y a los gobiernos les queda, que no es poco, la ordenación general. Pero aun así creemos que es interesante estudiar este tema, y viniendo de quien viene la moción y siendo planteada por quien la plantea, creo que, además de interesante, va a ser muy edificante, por lo menos eso nos dice la experiencia. Además, entre otras cosas muchas veces nos preguntan para qué sirve el Senado, y no suele ser fácil responder a ello, pero lo cierto es que una de las cosas para las que sirve es para esto, para debatir y analizar cosas con calma, y yo creo que es un hecho diferencial que deberíamos explotar más si cabe, y no quedarnos en el corsé de que haya cinco o seis ponencias abiertas. Depende de la capacidad que tengamos para trabajar, porque lo que nos pide la gente es que seamos capaces de llegar a acuerdos, y yo creo que en este tipo de iniciativas siempre lo hacemos. Por tanto, también estaremos muy atentos a cuál sea el informe final de la ponencia para mantener bien claros los temas competenciales. Eso lo dan por hecho quienes lo proponen. Pero en principio, como he dicho, nosotros vamos a votar a favor de la moción.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gràcies, senyor president.

El nostre grup votarà que sí a la formació d’aquesta ponència. En primer lloc, vull agrair la presentació que ha fet la presidenta de la comissió, que no ha fet una presentació burocràtica, sinó que ha donat explicació detallada de la moció, cosa que agraeixo.

Abans d’explicar tres o quatre elements de per què votem que sí, de les nostres preocupacions, vull dir que és molt important que aquesta ponència no vulneri les competències econòmiques. És essencial en el decurs del treball de la ponència que hi hagi una relació i una comunicació constant amb les comunitats autònomes.

Vull dir tres coses. La primera és constatar una vegada més —ho vaig dir ja fa tres setmanes en el ple que hi va haver— el gran retard de l’Estat espanyol en relació amb aquest tema. Retard que, fonamentalment, és competència de les comunitats autònomes, tot i que el Govern central, els governs centrals poden fer coses, però és un retard important de les comunitats autònomes. Retard que ens porta al fet que hi ha 60 expedients sancionadors oberts a l’Estat espanyol, 60, que són molts. El mes de juliol, la Comunitat Europea va obrir un altre expedient sancionador pel fet que 28 abocadors de tot l’Estat espanyol no complissin allò que havien de complir l’any 2009. L’any 2009 s’havia de complir una normativa europea que, a hores d’ara, 28 no han complert. Per




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tant, tenim un gran retard i, a més a més, si es té en compte que, mentre que a la Unió Europea el 30 % de material reciclable va als abocadors, a Espanya estem per sobre del 60 %, és a dir, una situació absolutament calamitosa. Això justifica, des del nostre punt de vista, la ponència, sobretot quan, paral·lelament a aquest retard que tenim, la Unió Europea fa unes propostes de revisió de la directiva de residus i la directiva d’envasos molt més dura del que hi ha ara. Planteja, per exemple, que a partir de 2025 la prohibició que els abocadors acullin residus reciclables o que el nivell de reciclatge augmenti fins al 70 %. Per tant, un problema importantíssim des del punt de vista del medi ambient, del canvi climàtic, un retard a Espanya, especialment a les comunitats autònomes, i una iniciativa crec que oportuna i adient per tirar endavant això.

Només vull assenyalar dues qüestions. La primera, que en un decret d’urgència que l’anterior ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va fer va retirar de la Llei de residus el tema del depósito, devolución y retorno. Sé que aquest és un tema conflictiu. A països com a Alemanya, Finlàndia o Suècia, s’utiliza. Vol dir que allò que és un material desechable es converteix en una matèria primera important i, per tant, la ponència ho hauria de considerar. I en segon lloc, una qüestió que també ha esmentat la presidenta de la Comissió de Medi Ambient, que és que som davant d’un sector de creació d’ocupació. Si no recordo malament, en aquests moments hi ha 125 000 persones que treballen al voltant de la política d’eliminació de residus i, amb aquestes mesures que s’anuncien, podria augmentar amb 55 000 llocs de treball.

Per tant, votarem que sí. Esperem que no s’allargui gaire la Comissió, que tingui en compte les competències de les comunitats autònomes i que puguem assolir uns nivells de prevenció i d’eliminació de residus semblants als de la Unió Europea.

Res més i moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Nuestro grupo parlamentario va a votar que sí a la formación de esta ponencia. En primer lugar, me gustaría agradecer la presentación realizada por la presidenta de la comisión, que no ha hecho una presentación burocrática, sino que ha dado explicaciones detalladas de la moción, lo cual le agradezco.

Antes de proceder a explicar tres o cuatro elementos de por qué vamos a votar a favor me gustaría decir que es muy importante que esta ponencia no vulnere las competencias autonómicas. Es esencial que en el decurso de los trabajos exista una relación y comunicación constante con las comunidades autónomas.

Me gustaría decir tres cosas. La primera es constatar una vez más, y ya lo dije hace tres semanas en el Pleno, el retraso del Gobierno español en este tema, un retraso que evidentemente es competencia de las comunidades autónomas, aunque los gobiernos centrales puedan hacer cosas, pero es un retraso, repito, de las comunidades autónomas, por eso existen 60 expedientes abiertos en el Estado español, y 60 son muchos. Pero, además, en el mes de julio la Comunidad Europea abrió otro expediente sancionador por el hecho de que 28 vertederos de todo el Estado español no cumplían como debían ya en el 2009. Es decir, que en el año 2009 tenía que cumplirse una normativa europea que 28 vertederos no han cumplido aún, lo cual es un gran retraso. Además, mientras que en la Unión Europea el 30 % del material reciclable llega a los vertederos, en España estamos por encima del 60 %, lo cual es una situación calamitosa, y desde nuestro punto de vista justifica la ponencia, sobre todo, cuando paralelamente a este retraso, la Unión Europea realiza unas propuesta de revisión de las directivas de residuos y de envases mucho más dura que la que plantea la situación actual que, por ejemplo, establece a partir de 2025 la prohibición de que los vertederos acojan residuos reciclables o que el nivel de reciclado aumente hasta el 70 %. Por tanto, se trata de un problema muy importante para el medio ambiente y el cambio climático, ya que supone un retraso en España, especialmente en las comunidades autónomas, por lo que considero esta iniciativa oportuna y adecuada.

Me gustaría indicar un par de cuestiones. En primer lugar, en un decreto de urgencia del anterior ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se retiró de la Ley de residuos el depósito de devolución y retorno, y sé que es un tema conflictivo; en países como Alemania, Finlandia y Suecia sí se utiliza, y significa que el material que es desechable se convierte en una importante materia prima y la ponencia debería tenerlo en cuenta. En segundo lugar, una cuestión mencionada también por la presidenta de la comisión, es que estamos ante un sector de creación




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de empleo. Si no recuerdo mal, hoy por hoy existen 125 000 personas que trabajan en el ámbito de la política de eliminación de residuos, y con estas medidas que se anuncian se podrían sumar 55 000 puestos de trabajo.

Por tanto, votaremos a favor. Esperamos que no se alargue demasiado esta ponencia, que contemple también las competencias de las comunidades autónomas, y que podamos alcanzar unos niveles de prevención y eliminación de residuos parecidos a los de la Unión Europea.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maluquer.

El señor MALUQUER FERRER: Moltes gràcies, president. Bon dia.

Felicitar el Grup Parlamentari Popular i especialment a la seva portaveu en aquesta matèria, la senadora Ruiz, presidenta de la Comissió de Medi Ambient, per aquesta iniciativa, tot i que arriba en aquest moment, que nosaltres considerem que és tard. Ens hauria agradat que hagués començat la legislatura així, perquè quan l’anterior ministre es va plantejar modificar determinades lleis per la via d’urgència, com s’ha esmentat ara, com la de prevenció i control integrats i la de residus i sòls contaminats, d’alguna manera, si haguéssim fet aquesta reflexió prèvia en el si de la Comissió de Medi Ambient, hauríem segurament pogut veure aquestes directives que ens venien a sobre, haguéssim pogut valorar l’oportunitat de modificar urgentment unes normatives que ara hauran de ser modificades per la revisió per part de la Unió Europea d’aquestes lleis estatals i, per tant, haguéssim pogut aportar aquesta reflexió, no només al conjunt de la societat espanyola i al Govern, sinó també a les institucions europees per a l’elaboració d’aquestes iniciatives. Però bé, per nosaltres, benvinguda sigui la iniciativa i, per tant, participarem activament, sobretot perquè puguem veure les nostres propostes i també les experiències assolides durant aquests anys per part de les diferents administracions actuants, des de l’administració local, que té un paper molt reduït de prestació de serveis bàsicament, a l’autonòmica, més de planificació i de gestió. Veure, doncs, quines experiències s’han dut a terme en el nostre país i veure i revisar aquests objectius que la senadora especificava, en quin grau de compliment ens trobem en aquest moment de l’execució d’aquestes planificacions que s’havien fet en el passat i, d’alguna manera, com arribarem a aquest 2016 o aquest 2020, en quina situació i amb quines necessitats d’inversió.

És evident que al nostre país el sector de residus és un sector que tothom, els ajuntaments sobretot, consideren caríssim; la població, també. Veuen que les taxes d’escombraries pugen any rere any, que a més no són suficients i, per tant, això haurem de posar-ho damunt de la taula i veure com poder fer més competitiu aquest sector, com deia la senadora, buscant aquestes sinèrgies que pot crear l’economia circular. Trobem molt bo poder-ho debatre avui, a una setmana vista de l’inici de la sisena edició de la Setmana Europea per a la Prevenció de Residus, que comença el 22 de novembre, amb una jornada dedicada al malbaratament alimentari i que acabarà el 30 de novembre i durant la qual s’hauran dut a terme, segurament, moltíssimes accions de sensibilització a la població, però sobretot, també, de sensibilització a la gent que necessita produir aquests residus per poder tirar endavant la seva economia i, per tant, veure si s’internalitzen aquestes qüestions en el si del procés productiu i finalment prevenim la producció de residus i generem menys problemes de futur.

Segurament, doncs, serà una ponència intensa, on treballarem de valent i on per la nostra banda esmerçarem tota la disponibilitat possible per tal d’aportar el màxim de coneixement que puguem. El meu grup votarà, com no pot ser d’altra manera, afirmativament a la creació d’aquesta ponència d’estudi.

Moltes gràcies, senadors. Bon dia.

Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos.

Me gustaría felicitar la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, y especialmente a su portavoz en esta materia, la senadora Ruíz, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, aunque consideramos que llega tarde. Nos hubiera gustado que hubiera empezado la legislatura de este modo porque al anterior ministro se le planteó modificar determinadas leyes por la vía de urgencia, como se ha mencionado, como la de prevención y control integrados y la de residuos y suelos




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contaminados, y si hubiéramos realizado esta reflexión previa en el seno de la omisión de Medio Ambiente, seguramente habríamos visto las directivas que se nos venían encima y hubiéramos valorado la posibilidad de modificar urgentemente unas normativas que ahora van a tener que hacerse en la revisión de la Unión Europea y, por tanto, hubiéramos podido aportar esta reflexión no solo al conjunto de la sociedad española y del Gobierno sino también a las autoridades europeas. Pero, en nuestro caso, bienvenida sea esta iniciativa, y ante todo vamos a participar de forma activa con nuestras propuestas y las experiencias alcanzadas durante estos años por parte de las distintas administraciones, desde la local, que desempeña un papel reducido de prestación de servicios a la autonómica, más de planificación y gestión, y también revisar estos objetivos que la senadora ha especificado, ver el grado de cumplimiento en el que nos encontramos en la actualidad en la ejecución de estas planificaciones realizadas en el pasado, ver cómo vamos a llegar a 2016 y 2020, y con qué necesidades de inversión.

Es evidente que en nuestro país el sector de residuos se considera carísimo, sobre todo por los ayuntamientos, así como por la población que ve que las tasas de recogida suben todos los años y que no son suficientes; además, vamos a tener que poner esta cuestión sobre la mesa para conseguir que este sector sea más competitivo, buscando estas sinergias que puede crear la economía circular. Consideramos muy positivo poderlo debatir aquí, a una semana del inicio de la sexta edición de la Semana Europea de la Prevención de Residuos, que tendrá lugar entre el 22 y el 30 de noviembre, con una jornada dedicada al despilfarro alimentario. Seguramente, se sensibilizará a la población y también a las personas que tienen que proteger estos residuos para poder progresar en su economía, con lo cual, vamos a ver si se interiorizan estas cuestiones en el seno del proceso productivo porque así, finalmente, podremos prevenir la producción de residuos y generaremos menos problemas de futuro.

Va a ser una ponencia intensa, en la que vamos a trabajar muchísimo. Por nuestra parte, estamos dispuestos a aportar el máximo de conocimientos que podamos. Como no puede ser de otra forma, mi grupo va a votar favorablemente a la creación de esta ponencia de estudio.

Muchísimas gracias, senadores. Buenos días.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maluquer.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Durán.

El señor DURÁN SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Senadora Ruiz, agradezco que el inicio de su intervención vaya en el sentido de lo que ayer mismo le confesaba en los pasillos de esta Cámara cuando pensé que, leída la exposición de motivos de la moción que hoy debatimos junto con la moción que se debatió y aprobó en el pasado Pleno de octubre, estábamos ante una verdadera enmienda a la totalidad de lo que habíamos aprobado con anterioridad. Como digo, le agradezco ese argumento y la forma en que lo ha expuesto, porque da sentido a lo que hoy también quiere aprobar el Grupo Socialista.

Tras su explicación, señora Ruiz, quiero entender que ha habido un cambio de inflexión en la política del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al menos en la búsqueda de espacios comunes de encuentro, de consenso y, sobre todo y fundamentalmente, de aportaciones de otros grupos, de otros senadores y senadoras que puedan enriquecer tanto la propuesta que presente el Gobierno de España ante las reformas procedentes de la Unión Europea como la necesaria traslación de esas reformas y de esas directivas comunitarias al territorio nacional. En este sentido, sabe usted que va a encontrar en este grupo, en el Partido Socialista, el lugar de espacio, encuentro, debate y aportación y, sobre todo, de colaboración y estudio para ello.

Pero, permítame que le diga que, como ya le manifestó con anterioridad mi compañero Fidalgo en el pasado debate, estamos, al menos en esta moción que hoy vamos a aprobar, ante la ilusión, la esperanza, de que esto signifique una propuesta nueva del Gobierno de España que preside Mariano Rajoy y la ministra Tejerina en materia de medio ambiente, sobre todo que vaya en la línea de la ambición del objetivo del marco europeo que, como usted sabe, se recoge en una estrategia comunitaria que se denomina economía circular, incluida en un documento por la Comisión Europea, que se trasladó al Parlamento, al Comité Económico y Social, así como al Comité de las Regiones el pasado 2 de julio de este año 2014, y que llevaba por título Hacia una economía circular: un programa de cero residuos para Europa. De ahí, mi atrevimiento en pensar que esto es un punto de inflexión precisamente en la trayectoria política que ha venido llevando el




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Gobierno, sobre todo desde que tomó posesión el ministro Cañete, y se hizo responsable del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, porque, permítame que le haga la crítica de que, durante estos tres años, el Gobierno de España ha ido justo en la línea contraria de los debates y, sobre todo, de las argumentaciones de las directivas que emanaban de Europa de cara a esa estrategia de residuos cero en Europa.

Después de escucharla, considero que le ha faltado ese punto de autocrítica, porque, precisamente, si hubiese sido su voluntad, el Gobierno, al inicio de su mandato, debió modificar una ley que había contado con un amplio consenso del arco parlamentario. Me refiero a la Ley 22/2011, de 28 de julio de ese mismo año, que había contado, además, con el consenso de las organizaciones ecologistas y sociales de España y de todas las comunidades autónomas, por lo que hubiese sido mucho más razonable haberle pedido precisamente al Senado o a la otra Cámara de las Cortes que pusiesen en marcha una ponencia de estudio para ver en qué fase de aplicación de esa normativa, en qué fase de traslación de todas las directivas europeas estábamos, en concreto, la 2008/98, que es la que dio origen a esa ley aprobada el 28 de julio de 2011. De ahí tendrían que haber surgido las modificaciones que se hubiesen necesitado, si es que las necesitaba esa ley. Pero no fue ese el camino escogido. El camino escogido fue que justo cinco meses después de tomar posesión el señor Cañete y el Gobierno presidido por Mariano Rajoy se procedió a la reforma de esa ley a base de —créame que partió de esa realidad— rodillo, pues se aprobó prácticamente con la mayoría absoluta de su grupo, sin consenso del arco parlamentario y sin consenso tampoco de las comunidades autónomas.

En esa reforma —y a título de ejemplo se lo digo— quedó constancia de que dos elementos, a mi juicio, iban en una trayectoria distinta a la que está marcando la Unión Europea. Por un lado, se utilizaba y se introducía el elemento de la reutilización en el reciclado, es decir, se incorporaba en el texto articulado la palabra reciclado en el contexto de la reutilización. Usted sabe precisamente que el marco comunitario ha emprendido el camino —antes lo decía el senador Saura— de los depósitos, de la devolución y de la nueva utilización de los envases en materia de residuos y no en la reutilización. Hubo, además, algo que nos preocupó enormemente por su carácter economicista, una reforma en la que se establecía la voluntariedad para poner en marcha precisamente todo el sistema de depósitos, de devolución y retorno de residuos que se hacía de forma voluntaria y no de forma obligatoria como establecía precisamente la ley anterior.

Pero no fue suficiente esa reforma en el año 2012 sino que en el año 2013, un año inmediatamente después, se volvió otra vez a la misma ley, a Ley 22/2011, aprobada en julio de ese año, y fue para modificar un concepto que también en esta estrategia de economía circular es radicalmente opuesto a lo que se aprobó y modificó mediante ese Decreto 5/2013 en el que se modifican aspectos importantes como el concepto de subproducto. Parece que no tiene importancia, pero el concepto de subproducto traerá cola en todo el debate de la ponencia de estudio porque sufre, como es lógico, la presión de los lobbies económicos dedicados al tema de la gestión de residuos en nuestro país.

Por eso —permítame que con ello concluya, señora Ruiz—, albergaba la ilusión de que estuviésemos ante una moción que podría significar un punto de inflexión de esa reforma errática, desde nuestro punto de vista, del Gobierno que preside Mariano Rajoy, que entonces tenía como ministro al señor Cañete. Con la nueva ministra suponíamos que se produciría ese cambio en la búsqueda de las estrategias marcadas en esa directiva marco que está a punto ya de finalizar y que supondrá un cambio significativo en la política de gestión de residuos en Europa y en España, y creía que esto tenía que ver algo con el encuentro en octubre de las comunidades autónomas reunidas precisamente en Castilla y León para elaborar la estrategia común de todas nuestras comunidades y del Gobierno de España ante el Consejo de Ministros de la Unión Europea a celebrar el 28 de octubre. De las conclusiones de ese Consejo de Ministros partía precisamente la necesidad de evaluar cómo estábamos para afrontar realmente los cambios que necesitábamos siguiendo esa línea estratégica de la economía circular.

Créanme que estamos convencidos de que esa nueva línea que marca la Unión Europea es muy interesante y que va en el sentido de una economía sostenible y un empleo verde con el que estamos comprometidos. Usted sabe que el Grupo Socialista está haciendo aportaciones permanentemente en todos los ámbitos que puede en ese sentido y que somos conscientes de que si eso se lleva a efecto, de que si se es riguroso en la aplicación, traslación y transposición de




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esas directivas, si nos tomamos en serio realmente que ese tipo de economía generaría empleo y desarrollo económico estaríamos dándole satisfacción a nuestro pueblo, al pueblo español, que si tiene algo ahora mismo que le está prácticamente sangrando y desangrando es precisamente la falta de empleo, la falta de oportunidades de generar empleo.

Por todo ello, señora Ruiz, mi grupo votará a favor de su moción y la propuesta de acuerdo, esperando, insisto, que este sea un punto y aparte y que dirija de nuevo la política del Gobierno de España y también la del grupo de senadores y senadoras del Partido Popular en la búsqueda de consenso, donde sabe que encontrará al Grupo Socialista cada vez que se lo pida.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Durán.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Ruiz.

La señora RUIZ RUIZ: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer a todos los portavoces su disposición a trabajar, que es de lo que trata esta moción, es decir, a realizar un trabajo intenso.

A los senadores Saura, Cazalis y Maluquer quiero decirles que esta es una ponencia que nace sin líneas rojas y, además, con total convencimiento de las competencias que tiene cada Administración, de manera que no se trata en ningún caso de poner en cuestión las competencias no solo de las comunidades autónomas, sino de todas las administraciones que intervienen en la gestión de residuos, porque cada comunidad autónoma ha definido un modelo de gestión: en un lugar son las diputaciones forales, como decía el senador Cazalis; en otras comunidades son los consorcios; en otras, las diputaciones provinciales, en definitiva, todo el elenco de administraciones locales a través de las distintas fórmulas que prevé nuestra legislación y, por supuesto, con respeto total y absoluto a las competencias de cada uno de ellos, desde el marco de lo que se trata en este caso, que es hacer una evaluación abierta de todo lo que hay en este momento.

Se decía por el senador Saura, y estamos de acuerdo, que estamos lejos en porcentajes de cumplimiento de los objetivos, pero también es cierto que los territorios van a distinta velocidad. Hay comunidades que están mucho más avanzadas y otras menos y quizá nosotros en esa ponencia de estudio podamos ser capaces de trasladar iniciativas que están dando mejor resultado en otros lugares y que probablemente ayuden a otras entidades, locales, consorcios, diputaciones o las propias comunidades autónomas, a articular mejor sus propios planes de gestión de residuos.

En definitiva, senador Saura, le agradezco que tenga esa disposición, al igual que a los senadores Cazalis, Maluquer y Durán, porque lo que nos espera es un trabajo muy intenso. Estamos en esa revisión del plan marco de gestión de residuos que compete realizar a la Administración General del Estado, pero no es menos cierto que ese plan debe componerse de todos los planes autonómicos, debe tener en cuenta las distintas posibilidades y debe ser capaz no solo de saber cómo vamos a ir cumpliendo los objetivos, sino de ser mucho más ambicioso, poner encima de la mesa asuntos que hasta este momento quizá no hemos abordado con la suficiente seriedad. Como decía al inicio no hay líneas rojas y el depósito, devolución y retorno estarán sometidos a consideración y estudio como cualquier otro asunto que no solo pueda proponer el Grupo Popular, sino que está abierto a la petición de comparecencia de todos aquellos que consideren los grupos parlamentarios necesarios llamar a la ponencia para su mayor estudio, y estoy segura de que eso enriquecerá el trabajo.

Senador Durán, en la Comisión de Medio Ambiente, cuando dictaminamos la Ley de 2011, hicimos comparecencias. De hecho, en esta materia de reciclaje y posible utilización del sistema de depósito y retorno comparecieron los representantes de los sistemas integrados de gestión, las organizaciones ecologistas y, a través de la asociación Retorna, aquellos que proponen este nuevo sistema. Evaluamos, escuchamos cuáles eran las propuestas, las ventajas e inconvenientes de unos y otros y dimos voz en ese momento a conocer de primera mano cuáles podían ser las posibles alternativas.

Por tanto esa comisión estuvo abierta, de la misma manera que va a estar abierta la ponencia para que comparezcan todos aquellos que sus señorías consideren que tienen algo que decir en esta materia, con el único fin de coadyuvar al Gobierno en el nuevo plan marco de residuos que debe realizar de cara al año 2016, puesto que el actual finalizará en 2015.




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De lo que se trata es de trabajar en doble dirección, teniendo en cuenta además —y creo que esto es importante— que cuando hablamos de la política del Gobierno a veces chocan un poco las afirmaciones anteriores, como que el Gobierno no cumple, pero no es así. El Gobierno tiene la obligación de aprobar el plan, el marco, pero quien tiene que cumplir los objetivos de Estado son las comunidades autónomas, que son las competentes, a través de sus correspondientes entidades locales.

Con esa precisión le digo al senador Durán que le agradezco mucho la disposición para trabajar y que espero que del trabajo que a lo largo de estos meses vamos a tener que hacer, que va a ser intenso puesto que esta materia es muy prolija, podamos evaluar cada uno de los 5 ejes de la estrategia de prioridad, algo que nos va a llevar tiempo. Hay muchas personas, sectores, colectivos y administraciones a las que escuchar y, desde luego, uno de nuestros máximos objetivos, al hilo de lo que también insinuaban los portavoces de todos los grupos, es evaluar ese gran sector económico que hay detrás de la gestión de residuos, que tiene mucha capacidad de crecimiento, que genera empleo y que también está demandando por parte de los grupos parlamentarios y del propio Gobierno ser escuchado y conocer cuáles son sus problemas, cuáles son las modificaciones que es necesario realizar en nuestra propia legislación para darle una mayor consistencia y, al mismo tiempo, nos tiene que llevar a saber y evaluar cuáles son las necesidades de inversión en instalaciones que tiene el conjunto del Estado. Serán distintas en cada comunidad autónoma porque, como he dicho, sus estrategias también son diferentes, pero todas, necesariamente, deben convergir en el cumplimiento de los objetivos.

En ese sentido, yo he abierto también una materia de debate que es la propia financiación. El senador Maluquer hacía referencia al coste de la gestión de residuos y creo que en la ponencia también debiéramos estudiar esas nuevas formas de fiscalidad. Como he señalado, en esa materia España está a la cola de los países de la Unión Europea y creo que, como he dicho, sin ninguna línea roja. También hay que evaluar la valorización energética y estudiar todos los aspectos sin ningún complejo. Ojalá —espero que así sea— seamos capaces de llegar a un consenso político muy amplio que evite incluso en los territorios las disfunciones que están sufriéndose a la hora de diseñar determinadas instalaciones de gestión de residuos, de forma que no exista una contienda política sino que todos tengamos claro qué sistema es o puede ser más eficiente en el conjunto del Estado en función de los territorios, porque también son diferentes. Por ejemplo, la dispersión en algunos territorios hace que los costes de gestión y de puesta en marcha de determinadas iniciativas sean mucho más difíciles que en otros. La propia población y el volumen de generación de toneladas de residuos también son muy dispares. Puede que en algún territorio sea necesario iniciar experiencias de valorización energética y en cambio en otros no.

De lo que se trata es de estudiar, evaluar, escuchar a todo el mundo y ayudar a crear ese nuevo plan marco de gestión de residuos. Estoy segura de que con el concurso de todas sus señorías y con el trabajo de todos los grupos parlamentarios podremos llegar a un documento que ayude y permita a todas las administraciones locales conocer y tener experiencias de otros territorios, e incluso conocer experiencias que se están realizando desde la sociedad civil, que son muy importantes e interesantes, y que de cara incluso a la realización de compost con los residuos domésticos están teniendo cierto éxito. Creo que merece la pena no solo conocerlo, sino también, quizá, implementarlo en los nuevos planes, y sobre todo en el plan marco que el Gobierno tiene que realizar y que nos debe llevar no solo a cumplir los objetivos 2016-2020, sino a tener preparadas las estrategias que en el futuro nos permitan cumplir los objetivos mucho más ambiciosos que en estos momentos se están debatiendo en la Unión Europea.

Muchas gracias y a trabajar, que tenemos mucha materia. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ruiz.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 207; abstenciones, 2.




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El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

5.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA JUSTICIA EN ESPAÑA.

(Núm. exp. 662/000164)

AUTOR: GPS

El señor presidente da lectura al punto 5.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los senadores Iglesias y Mariscal. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor. (Pausa).

Para la defensa de la moción tiene la palabra, por tiempo de quince minutos, el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Buenos días, señoras y señores senadores. Con su venia, presidente.

Crean ustedes que, cuando la dirección de mi grupo me pidió que llevase yo esta moción, no cabía en mí de gozo. He procurado pronunciarlo adecuadamente para que capten ustedes el esfuerzo de comunicación que he hecho. ¿Por qué razón? Porque se trata de evaluar tres años y abrir una etapa nueva en el ámbito del servicio público de la Justicia. Se trataba de colaborar con el nuevo ministro, teniendo la generosidad el Grupo Socialista de explicarles lo que consideramos que es prioritario para recibir una herencia a beneficio de inventario y abrir una nueva etapa. El ministro podía adoptar una actitud como en el ámbito laboral de una empresa subrogada que asume todas las obligaciones de la empresa anterior o podía recibir una herencia sin beneficio de inventario, asumiendo todas las obligaciones y derechos del caudal hereditario. Por el contrario, nuestra sugerencia es que lo haga a beneficio de inventario: que haya asuntos que deje a un lado, que haya asuntos que retire y que haya asuntos que plantee ex novo, porque así lo requiere el servicio público de la Justicia.

Nosotros entendemos que ir desmantelando cada uno de los elementos estructurales del servicio público de la Justicia era negativo; que era negativo haber estado tres años sin convocar plazas de jueces y fiscales; que aun así más negativo era despedir a 1200 juristas que hacían esa función, y la hacían cabalmente, siendo revisadas todas sus decisiones por los integrantes de la carrera judicial; que era profundamente negativo desde el punto de vista del artículo 24 de la Constitución poner barreras económicas para que solo los que tuvieran suficiente dinero, es decir, les sobrara el dinero después de cubrir sus necesidades básicas, pudieran acceder al servicio público de la Justicia; y, cómo no, nos parecía negativa esa llamada a que el conjunto de los españoles se concentrara en unas pocas megaciudades. Repito: tasas judiciales, que es una barrera para el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva; eso había que quitarlo mientras se estudia la posibilidad de poner alguna tasa a grandes empresas multinacionales, que hacen un uso extensivo y abusivo del servicio público de la Justicia. Nosotros no nos negamos a esa posibilidad pero sí a que un montón de españoles —porque si en general es cruel impedirles el acceso a los tribunales, mucho más cruel es hacerlo en un momento de crisis, cuando se suprimen servicios y se suprimen derechos— se queden en una situación de indefensión, sin poder acudir al tercero imparcial para que resuelva el conflicto. Primer asunto, entonces, el de las tasas. El ministro siempre responde que tiene que estudiarlo en dos meses. Nosotros le decimos que mientras tanto derogue las tasas, se estudie y se plantee una tasa consensuada para quienes hacen un uso extensivo y abusivo del servicio público de la Justicia. Es una crítica y es una propuesta. Como grupo propositivo de esta moción, proponemos una alternativa.

Segunda cuestión, que nos han aceptado a lo largo del tiempo pero que quisiéramos subrayar, que es la idea de los partidos judiciales. Llevamos años insistiendo en que esa es una mala idea, llevamos años insistiendo —y el ministro había aceptado críticamente un informe del anterior Consejo General del Poder Judicial—, puesto que es evidente que en el transcurso entre 1834 y 2014 la sociedad ha cambiado, en que los cambios que hay que introducir han de ser para mejorar la accesibilidad, no para reducirla o hacerla imposible. Podemos estudiarla, pero no, de entrada, para hacerla peor; en todo caso, para mejorarla.




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Y el tercer asunto que nos preocupa es el relativo a un servicio público que, en general, los españoles no criticaban y todos los que lo habían usado lo veían positivo, que es el servicio público del Registro Civil, que llevaban los jueces encargados del Registro Civil. En general, todos lo valoramos como un servicio ejemplar, y ahora, de pronto, sin razón alguna, se plantea en este real decreto ley —no en la ley— un conjunto de disposiciones: las disposiciones adicionales vigesimoprimera, vigesimotercera, vigesimocuarta y vigesimoquinta, en virtud de las cuales los registradores mercantiles que están en las capitales de provincia serán los que administren todos los registros civiles de España. La pregunta es: Si hasta ahora eso no suponía pago, ¿por qué se hace? ¿Porque, en general, todas las certificaciones van a ser gratuitas pero se va a crear una nueva certificación general que será de pago? ¿Tiene que ver con algún software que encargó una corporación de derecho público, con distintos problemas ―como el artículo 36 de la Constitución―, según decía el Consejo de Estado, o con el encargo a una empresa de defensa de un software sobre el que ya se calculaba la posibilidad de exportar a Latinoamérica por alrededor de 600 millones de euros? No lo sabemos, pero el hecho cierto es que parece que ya no se está abordando en clave de corporación de derecho público sino con otras iniciativas, y ya veremos qué iniciativas se plantean.

En cualquier caso, la pregunta es que si estaba funcionando bien y no generaba protestas ¿por qué razón se invierte mucho para digitalizarlo y, a continuación, ¡oh gran sorpresa!, se plantea que 100 personas, 100 registradores mercantiles lo administren? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón desde el punto de vista de la mejora de los intereses generales? A nosotros nos parece que todo esto es bastante oscuro y, la verdad, cuando se plantea cambiar algo es para mejorarlo, no para empeorarlo.

Esos son los 3 asuntos básicos que creemos que, en general, mejor puede entender el conjunto de las personas a las que representamos. No es que no puedan entender que haya 53 narcotraficantes en libertad —o que se haya cogido a 9— por la supresión de la ley de la jurisdicción universal porque eso es perfectamente inteligible pero, en general, lo que eso genera es cierta estupefacción en el sentido de preguntarse cómo es posible que se lleve a cabo esa práctica.

Por otro lado, nos sorprenden mucho dos cosas que añado, que he de reconocer con toda lealtad que no están escritas ni en el petitum ni en el razonamiento, y que son particularmente graves. No son graves para quienes están en el Supremo o en los tribunales superiores, pero sí lo son para aquellos que están en primera línea, en la primera instancia en la carrera judicial porque ¿qué sentido tiene suprimir el seguro de responsabilidad civil de los jueces? Algunos jueces, a título individual, han pagado ellos su seguro porque errare humanum est y cualquier ser humano se puede equivocar, puede perder un plazo, puede cometer un error y contar con un seguro de responsabilidad civil es una medida de prudencia. Por ello, no entendemos por qué se ha suprimido el seguro de responsabilidad civil a los jueces españoles. Supone un grado de crueldad, de empecinamiento antijuez que no entendemos y es un asunto sobre el que nos gustaría escuchar el pronunciamiento del Grupo Parlamentario Popular en la mañana de hoy. Fíjense que hasta el personal de servicios del Consejo General del Poder Judicial cuenta con seguros de responsabilidad civil y, por ello, no entendemos cómo es posible que a quien está decidiendo, a quien está administrando regularmente sobre bienes jurídicos básicos, sobre bienes primarios, se le haya quitado.

Por último, quiero citar un asunto que ayer mismo me volvió a sorprender. Cuando ustedes escuchan que se crean 300 plazas de nuevos jueces para luchar contra la corrupción ¿qué es lo que piensan? Que 300 seres humanos se incorporan a la carrera judicial para luchar en el ámbito social o en el ámbito penal. Pues eso no es así; eso es falso. No es verdad porque esas personas ya están trabajando en la carrera judicial, pero hay varias promociones, con un total de 400 jueces —las promociones 63 y 64— que no tienen un destino y, por tanto, están en una situación de expectativa de destino y lo que se hace es ubicarlos. Son personas que no podían organizar su vida personal y su vida familiar con perspectiva y se les ubica, desde el punto de vista administrativo, en un destino concreto, pero no son 300 nuevas unidades judiciales que antes no existían y ahora sí, ni son tampoco 300 seres humanos que estaban en otros ámbitos —preparando oposiciones o en la Escuela Judicial— y que ahora se incorporan porque no es así. Son 300 personas, 282, que ya están trabajando y a las que se les reubica desde el punto de vista administrativo. Sobre estos dos últimos asuntos quisiéramos escuchar el criterio del Partido Popular.




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En relación con las propuestas que se hacen, les diré que a nosotros nos parecen bastante razonables. Podemos obviar las razones a favor de lo que se pide, pero vayamos una por una. En relación con las tasas ¿no es razonable que, mientras se estudian las tasas, la gente pueda acceder a los tribunales? Es razonable. Ustedes lo estudian, ven qué impacto puede tener, y nosotros seguimos abiertos a la posibilidad de una tasa para quienes hagan un uso extensivo y abusivo de ese precio simbólico de la justicia. Es el punto número 1. A ver qué razones hay en contra de esta propuesta. Le recuerdo que hace poco el Grupo Socialista acaba de aprobar una moción para estudiarlo, que siempre es muy sano.

El 2 es el relativo a la jurisdicción universal. Entre tanto se plantea cómo conjugar intereses nacionales con la defensa de derechos humanos en el conjunto del mundo, ¿por qué razón no hacerlo posible para que haya un título suficiente y volver a detener a estas personas que están ahora en libertad? Creo que eso sería un gran avance desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos.

En relación al punto 3, la buena noticia es que no tenemos que volver a hablar de asuntos que pertenecen al ámbito de la privacidad: que las mujeres decidan su maternidad y que no haya ninguna gestación impuesta por nadie externo a la propia mujer; ningún poder, ni de negros ni de blancos ni de ninguna naturaleza, sino que es un asunto individual de cada persona. Pero sería bueno que, en general, tuviésemos en cuenta las recomendaciones que se plantean por los comités de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el de Derechos del Niño y por el de los Derechos de las Personas con Discapacidad, todos ellos de Naciones Unidas. ¿Por qué razón? Porque aquí se insistía con frecuencia en que había una jurisprudencia constitucional que obligaba a modificar. Falso. La sentencia 53 de 1985, la 212 de 1996 y la 116 de 1999, las tres insistían en distinguir un bien jurídico, constitucionalmente protegido, de lo que era un sujeto titular de derechos fundamentales, y que en situación de conflicto decide el sujeto titular. Primer argumento. Segundo argumento: que España había sido denunciada por incumplimiento de convenios sobre personas con discapacidad. Falso también. España no ha sido denunciada por incumplimiento de ninguno de estos convenios. Y había un tercer argumento, que era el programa electoral del Partido Popular. Ya hemos explicado aquí en otra ocasión que en la página 108, apartado 3.b, no se imponía esta reforma que se planteaba, con lo cual los tres razonamientos que se argumentaban no tenían sostenimiento racional alguno. Y sí insistimos en la petición que les acabo de decir de estos comités de Naciones Unidas.

En el punto 4 se plantea lo relativo al Código Penal. Fíjense ustedes ayer en el discurso que hacía el propio ministro, en respuesta a la interpelación del señor Iglesias, de reformas que tiene que hacer del Código Penal con esta pandemia que está invadiendo el sistema democrático, vuelvo a subrayarlo, con esta pandemia que está invadiendo el sistema democrático y quien piense que no afecta al sistema democrático es que sigue sin enterarse; sigue sin enterarse, repito; es la propia credibilidad del sistema democrático lo que está en cuestión. Ayer, lo que el ministro explicaba en materia de malversación, de inversiones irracionales, en materia de apropiación indebida, todo ese conjunto de figuras vinculadas a delitos económicos, son propuestas que no tienen nada que ver con el modelo de Código Penal que está ahora tramitándose en el Congreso de los Diputados. Fíjense ustedes si hay o no un cambio cualitativo, un cambio profundamente cualitativo, entre el modelo que salió en su momento de la Comisión de Codificación —la que mandó en su momento el Gobierno al Congreso— y la demanda que en la actualidad nos está haciendo la sociedad en materia de prevención específica respecto al Código Penal. Aquí sí me permito sugerirles algo que no está planteado en este punto número 4, y es que mucho antes del ámbito penal, sí que hay que revisar todo lo que tiene que ver con la supervisión ad intra de las administraciones públicas y la supervisión ad extra de las administraciones públicas. Ad intra: los sistemas de auditorías, los sistemas de intervención, los sistemas de inspección de servicio, la propia evaluación de los procedimientos administrativos a la hora del control de los dineros públicos; y en términos ad extra: el control parlamentario que se hace.

Fíjense ustedes que cuando se suprimen instituciones como el Tribunal de Cuentas, se pierde un sistema de control; cuando se suprimen instituciones como el Defensor del Pueblo, se pierden sistemas de control; y cuando se debilita la Intervención, se pierden sistema de control. Y lo que les estoy diciendo es que el acento principal, aparte de hacerlo en términos penales —que es algo muy llamativo, muy de titular—, hay que hacerlo en términos administrativos, que es un trabajo




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muchísimo más preventivo y, sobre todo, en dos campos —los que trabajan en el ámbito local saben a lo que me estoy refiriendo—, el campo del urbanismo y el campo de la contratación pública. El sistema de contratación pública y el ámbito de urbanismo, la magia del lápiz, con una raya en un lado o en otro al calificar o clasificar terrenos.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor DÍAZ TEJERA: Estoy acabando, señor presidente.

¿Usted imagina lo que puede suponer que cualquier español en su casa pudiera ver por Internet, solo con tocar una tecla, todos los convenios urbanísticos que se están abordando en España? ¿Usted imagina lo que traería consigo que cualquier español solo con una tecla pudiera conocer las razones por las que se adjudica un contrato a uno, y las razones por las que no se adjudica a otro? Ganaríamos todos en transparencia y también ganaría nuestro sistema democrático.

Seguiría desgranándole estos otros petitum, pero, como usted ya los ha leído y está suficientemente documentado, espero una respuesta positiva a tales propuestas.

Gracias, señor presidente. Espero su intervención, señor Ramírez. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz Tejera.

Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Me congratula haber percibido el auténtico gozo del portavoz socialista en estos tiempos en que cada día en nuestra vida política, por desgracia, son más las sombras que los gozos.

En cuanto a la enmienda que formulamos los 2 senadores de Izquierda Unida, más allá de que me lo adelantara personalmente, deduzco de la intervención del portavoz socialista que va a ser asumida porque se limita a completar el contenido de la moción planteando como una de las medidas que tienen que ser revertidas, la privatización del Registro Civil, incluida en la Ley 18/2014, por eso la enmienda plantea la derogación de las disposiciones adicionales de dicha ley que hacen referencia a la privatización del Registro Civil. No tengo ninguna duda de que la moción en su intención, en su espíritu y en su letra se configura como una auténtica moción de censura al ministerio Gallardón, al desarrollo de su responsabilidad en el Ministerio de Justicia. Por eso, como incorporación a la moción, se suma a esa censura esa injustificada e injustificable decisión de privatizar los registros civiles.

Los registros civiles son el reflejo de nuestra evolución vital, desde el nacimiento a la muerte, pasando por el estado civil o el reflejo de la voluntad de procrear. El hecho de que tal materia, que está profundamente unida a la condición humana y a nuestra intimidad, pase de estar bajo la jurisdicción de funcionarios públicos —tanto por el titular del registro como por el personal que depende de él— a entrar en el ámbito de quien tiene la condición peculiar de funcionario público, registrador mercantil —que no comparte esa condición con los trabajadores que de él dependen, que van a ser quienes desarrollen la actividad material de inscripción, anotación y certificación—, supone una vulneración de las garantías de privacidad de esa información sensible que refleja el Registro Civil.

Compartimos con la moción que la justicia es algo muy importante en cualquier circunstancia y situación, pero lo es más —como decía el portavoz socialista— en estos momentos en que los ciudadanos necesitan defender sus derechos; y lo es más también en una coyuntura en la que, por desgracia, la lacra, la pandemia de la corrupción afecta a la credibilidad del sistema democrático.

Ayer, en la interpelación que tuve la posibilidad de desarrollar con el señor ministro de Justicia, hacía referencia a diferentes declaraciones de colectivos relacionados con la justicia que reflejaban esa preocupación, reflejaban la necesidad de intervenir de forma activa para convertir en instrumento útil de garantía de derechos de los ciudadanos y de lucha contra la corrupción, a la Administración de Justicia y proponían diferentes medidas, la mayor parte de las cuales aparecen reflejadas en la propia moción, que deben ser motivo de reflexión por quien ocupa la cartera de Justicia en este momento y que debieran configurarse como elementos vertebradores de la propuesta política del Gobierno en materia de justicia.




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Lo que queda claro es que lo que se ha hecho a lo largo de estos tres años ha supuesto un deterioro del servicio público de justicia, una devaluación de la concepción de la justicia como servicio público y una reducción de la credibilidad y confianza que la mayoría de los ciudadanos tienen en esa justicia. En el turno de portavoces abundaré en algunos de estos contenidos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Tiene la palabra el señor Díaz Tejera para indicar si acepta la enmienda.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente.

El Real Decreto Ley 8/2014, al que se refiere el señor Iglesias, contempla en sus disposiciones adicionales vigesimoprimera, tercera, cuarta y quinta unas modificaciones sustanciales de un servicio público que hasta ahora ha sido ejemplar. No sé si a sus señorías les servirá como un elemento informativo lo que les voy a decir, pero mi segundo destino fue llevar un registro civil. En general era el servicio que más satisfacción recibía, a diferencia de los pleitos civiles o penales, y no recuerdo en ningún lugar de España ningún tipo de manifestación específica de agresividad o insatisfacción por parte de la ciudadanía en torno al Registro Civil. Lo que me genera sorpresa y estupefacción —y he preguntado muchísimo a todos mis compañeros y compañeras del Grupo Socialista y a muchos senadores y senadoras del Grupo Popular—, señor presidente, es el sentido que tiene abordar esto. Si estuviésemos aburridos en el ámbito del servicio público de la justicia, si no tuviésemos nada que hacer, podría entender que se abordara cualquier cosa para ver si se puede mejorar algo, porque todo lo que es humano es susceptible de ser mejorado. Pero no entiendo que, habiendo tantas y tantas cosas que hacer, habiendo tantos españoles que no pueden acceder a un tribunal de justicia porque no tienen recursos —lo que me resulta tan doloroso desde el punto de vista humano—, dediquemos tiempo a tocar un registro civil que se está llevando de forma ejemplar por los jueces y por los servidores públicos que están ahí, a no ser que se plantee que un conjunto de certificaciones seguirán siendo gratuitas y que se cree una nueva certificación conjunta o general sobre la vida civil o la vida social de esas personas, y a esas sí se le cobre. Entonces sí lo podría entender. Pero si no se va a crear ninguna otra ex novo que se vaya a cobrar, ¿cuál es el sentido que tiene quitarles esa responsabilidad que se está llevando bien y encargársela a registradores mercantiles, a 100 registradores mercantiles que están en capitales de provincias? Todo eso, sí, omitiendo el razonamiento que ha hecho el señor Iglesias, que me parece muy fundado, respecto a la privacidad de esos ámbitos tan personales y familiares. Por eso, estando en consonancia lo que plantea el señor Iglesias con lo que plantea el Grupo Socialista, este grupo acepta su enmienda.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz Tejera.

Turno en contra. Tiene la palabra el senador Ramírez.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venia, señor presidente.

Señor Díaz Tejera, respecto a una de las cuestiones que más ha protagonizado su intervención, y muy recientemente: la modificación del Registro Civil, creo que fue una iniciativa de su grupo, del Grupo Parlamentario Socialista, quien para sacar del entorno de la justicia y desjudicializar el Registro Civil, establecía una serie de modificaciones y creaba una especie de cuerpo de registradores civiles, de funcionarios que asumirían esa especialidad.

Decir, como dice el señor Iglesias, que se ha privatizado el Registro Civil, resulta un titular interesante, pero los registradores mercantiles son funcionarios del Estado, y si no nos gusta su funcionamiento o cómo se les retribuye, habrá que cambiarlo, y quizás haya que presentar alguna iniciativa en ese sentido. Pero de eso a decir que se ha privatizado, no tiene ningún sentido; es una maniobra puramente propagandística.

Esta moción, que seguro está llena de buena intención, lo que hace es suprimir absolutamente todo. Con la llegada del nuevo ministro, don Arcadio Díaz Tejera y el Grupo Parlamentario Socialista proponen que hagamos borrón y cuenta nueva.

En lo que se refiere al punto 1, relativo a las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, nosotros pensamos que las tasas nunca deben suponer ni generar una limitación del derecho de acceso a la justicia a los ciudadanos. Pero de los más de 8 300 000 asuntos que cada año los




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ciudadanos han requerido a la justicia, solamente el 17 % está sometido a tasas. Por tanto, en la dinámica de lo que el ministro ha comunicado de revisar esta ley, hay que analizar la información que proporcionan el Consejo General del Poder Judicial, la estadística judicial y la Agencia Tributaria en cuanto a la recaudación de la tasa, para tener un conocimiento real y detallado y para poder conocer cuál es el impacto real que están teniendo las tasas y cuáles son las causas de la reducción, en su caso, de la litigiosidad.

En este sentido, el Consejo General del Poder Judicial ha informado que en el segundo trimestre de 2014 han bajado los asuntos en el orden penal y también en el orden laboral, ámbitos en los que, curiosamente, no hay tasas, y suben en el ámbito civil y en el mercantil, donde sí las hay. Hoy por hoy, sabemos que trabajar con los operadores jurídicos y las Cortes Generales en esta modificación de las tasas pasa por que analicemos y recabemos todo tipo de información para que podamos aportar soluciones y seamos capaces de alcanzar un cierto consenso para garantizar el efectivo derecho de acceso a la justicia sin ningún problema.

Señor Díaz Tejera, considero más prudente que empecemos a trabajar en esas propuestas para modificar la Ley de tasas o las cuantías, o incluso los sujetos que tienen que hacer frente a ellas, que proponer su derogación.

Respecto al principio de justicia universal, como usted sabe muy bien, señor Díaz Tejera, la reforma de la denominada justicia universal, que fue aprobada mediante la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, por la que se modificaba la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, partió de una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Y nosotros consideramos que, una vez aprobada esta, estamos ante una clara situación de homologación de nuestro régimen jurisdiccional con el de países como Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos de América. Esta reforma en ningún caso elimina la posibilidad de perseguir delitos de tanta gravedad como el genocidio y lesa humanidad o los delitos de terrorismo, piratería, narcotráfico y otros. Con esta reforma, señor Díaz Tejera, se incide en el fortalecimiento de los tribunales penales internacionales y en el respeto al principio de soberanía de cada Estado, porque para conseguir que exista una justicia universal efectiva es preciso promover que o bien el país competente o bien el tribunal penal internacional juzguen este tipo de delitos, que es lo que nos tiene que preocupar.

La segunda vía para atajar los graves delitos a los que debe atender la justicia universal es la cooperación internacional, una cooperación en los ámbitos policiales y judiciales para detener a cualquier persona que cometa un delito y sobre la base de la efectiva aplicación de los convenios internacionales vigentes; ponerlo a disposición del tribunal que tenga jurisdicción para hacerlo. Esta es la vía por la que han optado los países comúnmente llamados más avanzados.

En definitiva, creo que hay que afirmar que contamos con una regulación eficaz, que siendo plenamente respetuosa con el derecho internacional, garantiza que nuestro Estado tenga jurisdicción para enjuiciar unos hechos determinados, extendiendo su soberanía cuando así lo prevé la normativa internacional y disponiendo de los mecanismos necesarios para facilitar su persecución, evitando cualquier espacio de impunidad.

Por tanto, la nueva regulación del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, autoriza la atribución de jurisdicción a los jueces y tribunales españoles en todos los supuestos de comisión de hechos delictivos previstos por los convenios internacionales. Más allá, yo creo que es romántica esa persecución de los delitos de forma universal, que es muy llamativa y que ha ocupado muchas portadas de periódicos, pero usted y yo sabemos que la efectividad, en general, ha sido muy poca.

Respecto al punto 3, garantizar la plena y efectiva aplicación de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, creo que hay que atender a los comités de derechos económicos, sociales y culturales, de derechos del niño, de derechos de las personas con discapacidad, todos ellos en Naciones Unidas, pero también creo que no hay ningún incumplimiento de esta ley y que, hoy por hoy, su aplicación es plena y efectiva.

En cuanto a retirar el anteproyecto de Código Penal, decía usted que ayer el ministro nos hablaba de cuestiones nuevas, al calor de los sucesos que vivimos todos los días, que no figuran en esta revisión del Código Penal en el trámite de ponencia que se está debatiendo en el Congreso de los Diputados. Pero ello no obsta para que sigamos trabajando en esta modificación del Código Penal. Si hay que añadir alguna iniciativa o ampliar la base sobre la que se había previsto esta revisión del código, estamos todos a tiempo, en el Congreso y en el Senado, para incluir esas




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modificaciones, aunque, como usted bien sabe, legislar en caliente, legislar por lo que ocurrió esta mañana o la semana pasada, nunca es lo más aconsejable y luego nos arrepentimos toda la vida.

Actualmente se está trabajando en el estudio de este proyecto de ley. No nos planteamos, en absoluto, su retirada y creemos que se incluyen cuestiones necesarias, por ejemplo, en el delito de trata de seres humanos, que son tipos y penas que se acogen a las exigencias derivadas de la Directiva 2002/90 y a la Decisión marco 2002/946. Además, se completa la trasposición efectiva de la Directiva 2009/52, por la que se establecen las normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicadas a los empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular.

Pensamos asimismo que el proyecto de ley contempla aspectos inaplazables, como la necesidad de dotar de coherencia al sistema para dar respuesta adecuada a los problemas que plantea la multirreincidencia y delincuencia grave, el incremento de la eficacia en la tramitación de las ejecuciones penales, la reducción del número de asuntos de trascendencia menor, que actualmente absorben gran parte de los medios materiales y personales disponibles, así como la necesidad de corregir algunas deficiencias detectadas en la aplicación de algunos tipos penales.

Respecto a retirar —como se pide en la moción— la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita, yo creo que nadie puede quedarse sin su derecho a la tutela judicial por razones económicas; sin duda, en eso estamos de acuerdo. Se va a seguir trabajando ese es el deseo del Grupo Parlamentario Popular— en la mejora de la normativa sobre justicia gratuita y también se van a estudiar con detalle los umbrales de renta que permitan acceder a ese derecho.

Este proyecto de ley está en fase de ponencia en la Comisión de Justicia del Congreso, y es voluntad, como así lo ha expresado el ministro de Justicia, trabajar con los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado, con operadores jurídicos, abogados y procuradores, y también con las comunidades autónomas para que el servicio de justicia gratuita funcione de manera eficiente y con calidad.

Creo que con sus iniciativas, el ministerio ha mostrado su interés por la asistencia gratuita para todos aquellos ciudadanos que carecen de recursos. Esta preocupación, además, se plasmó desde el mismo momento en que se inició esta legislatura con la decidida intención de abordar la necesaria reforma de una ley reguladora que procede del año 1996 y que ha quedado desfasada en algún aspecto, para así atender lo que ya es una necesidad urgente, no solamente jurídica, sino también social.

Respecto al punto 6 del texto de la moción: renunciar a remitir al Parlamento el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica de 1 de julio, del Poder Judicial, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 4 de abril de este año, sin duda ha habido cierto revuelo. La justicia es una de esas materias que todos solemos criticar en público y en privado, pero no abordar la reforma de la justicia supondría una gravísima carencia política de los que hoy por hoy nos dedicamos a esto. Como decía, levantó mucho revuelo la forma en que se contó y se transmitió la posible supresión de los famosos partidos judiciales. El señor Díaz Tejera y yo sabemos que uno de los grandes problemas de los partidos judiciales no solo es que estemos hablando de una planta del siglo XIX, sino que las diferencias en la carga de trabajo entre unos y otros lugares es enorme, quizá porque las poblaciones han cambiado, porque han variado las influencias o porque ha cambiado la incidencia de determinadas cuestiones judiciales en unos lugares y en otros, así que al menos resulta necesario echarle una mirada.

El ministro Catalá ya ha expresado su deseo de seguir con la tramitación de este proyecto de ley, pero fijando como referencia el mantenimiento de los partidos judiciales, y no las oficinas judiciales como apuntaba el señor Ruiz Gallardón. Por lo tanto, pensamos que podemos seguir trabajando en ello. Consideramos que el hecho de que se mantengan los partidos judiciales no significa que no se vayan a cambiar las cosas, pero sobre todo es necesario echar una mirada a la carga de trabajo para que exista cierta similitud en la actividad que tienen unos juzgados y otros. Creo que eso es esencial.

Además, en este proyecto de ley se prevé la regulación de los secretarios judiciales y del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, siempre con el objetivo puesto en la mejora de la normativa que les afecta.

Los puntos 7 y 8 del texto de su moción coinciden de alguna manera. En uno se habla de la convocatoria real y efectiva de nuevas plazas judiciales y en el otro de dotar adecuadamente, con




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una asignación presupuestaria suficiente, de medios humanos y materiales a los órganos judiciales, etcétera. Creo que estas 2 últimas cuestiones planteadas en la moción tienen relación, y además es bueno traerlas aquí para poder abordarlas.

Pienso que es errónea la afirmación de que la mitad de nuestros juzgados se encuentran colapsados. Al parecer su grupo parlamentario funda esta afirmación en un reciente informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, pero omite que este informe se basa en unos módulos relativos a la carga de trabajo judicial que recientemente, en sentencia del 9 de octubre de este mismo año, han sido anulados por el Tribunal Supremo. Estos módulos fueron elaborados unilateralmente por el consejo, y en absoluto se ajustan a la carga real de trabajo que soportan nuestros juzgados y tribunales. La poca fiabilidad que ofrecen estos módulos elaborados por el Consejo General del Poder Judicial se refleja en este informe del Servicio de Inspección, que ofrece una imagen totalmente distorsionada de la situación actual de los órganos judiciales. Además, no se tiene en cuenta el elevadísimo número de juzgados que tienen una carga de trabajo muy inferior a lo contemplado en el módulo. De hecho, este asunto llegó a motivar que el año pasado, en su sesión del 14 de febrero de 2013, el propio Congreso de los Diputados dirigiera una petición escrita al Consejo instándole a revisar y unificar las normas sobre el registro de asuntos —punto 8 de esta moción—, mostrando su preocupación por que el 43 % de los órganos judiciales no lleguen al módulo de entrada de asuntos —punto 28 de la moción—.

En la actualidad hay 591 jueces de carrera que desempeñan funciones de refuerzo en los órganos judiciales más sobrecargados. La previsión para el año 2014 es que estas medidas supongan un coste de unos 30 millones de euros.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Sí, gracias, señor presidente. Voy terminando.

Ayer el ministro decía que cualquier búsqueda de nuevas plazas, cualquier llegada de nuevos profesionales a la Administración de Justicia ya significa de por sí un incremento del esfuerzo de la Justicia contra los delitos relacionados con la corrupción.

Pero sería muy largo hablar de plazas. De alguna manera en el año 2013 se incorporaron 231 jueces, en el 2014 lo harán un total de 204 y en el 2015 sucederá algo por el estilo.

No quiero dejarme nada, pero su moción es espectacularmente ambiciosa y yo no sé si en quince minutos se le puede contestar. En cualquier caso, quisiera decirle que los presupuestos…

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Sí, voy terminando.

En cualquier caso los presupuestos del próximo ejercicio van a contemplar la ambición de este ministerio de dotar adecuadamente a la Justicia de los medios materiales que estén a su alcance.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ramírez.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Además de las declaraciones realizadas por las organizaciones representativas de jueces, magistrados y fiscales, se ha producido recientemente una declaración, no ya en el ámbito corporativo —y no pretendo ser peyorativo con esta expresión—, sino en el ámbito estrictamente institucional. Me refiero a la declaración institucional de los presidentes de tribunales superiores de Justicia, que se reunieron en La Coruña entre el 27 y el 29 de octubre pasado, es decir, hace muy pocas semanas.

En esta declaración institucional de los presidentes de los tribunales superiores de Justicia se hace un diagnóstico de la realidad de la Administración de Justicia en nuestro país y se plantean diferentes medidas que aspiran a conseguir un funcionamiento más adecuado. Voy simplemente a repasar de forma muy somera los aspectos más destacados del contenido de esta declaración institucional, que no comparto al cien por cien, pero que, reconozco, tiene planteamientos y propuestas que resultan válidas. Obviamente una de las cuestiones que más destaca en esta




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declaración es la constatación de que la Justicia española vive un problema derivado de la saturación del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, lo que supone retrasos importantes en la resolución de los procedimientos. Incluso se dice de forma expresa que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos recuerda que los tribunales también están llamados a asegurar el cumplimiento de las exigencias del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos en materia de plazo razonable, reconocimiento expreso de que, desgraciadamente, el funcionamiento de la Justicia en nuestro país, con carácter general no responde a esta exigencia de resolución en plazo razonable.

Para afrontar este problema, la declaración de los presidentes de tribunales superiores de Justicia plantea diferentes reformas en el ámbito legislativo y hace una propuesta que considero interesante en el ámbito penal y que debería ser tomada en consideración: extraer de los juzgados los procedimientos penales sin autor conocido, porque ello conlleva de forma automática en muy poco tiempo el archivo automático sin diligencia judicial. Plantean que cuando no haya autor conocido, las diligencias se deriven hacia la Fiscalía, y sea esta, tras las averiguaciones pertinentes, y si es posible, alcanzando al responsable de los hechos, las que posteriormente impulsen la acción en el ámbito jurisdiccional.

Realizan diferentes consideraciones en relación con la planta y demarcación judicial. Apuestan por un trabajo colegiado, y en este punto, antes de manifestar mi adhesión a tal planteamiento, necesitaría una mayor concreción de la que en esta declaración establecen. También expresan como algo imprescindible buscar el equilibrio de la carga de trabajo entre juzgados y tribunales, hacía referencia a ello el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en su intervención, por lo que creo que este planteamiento forma parte de las preocupaciones del grupo mayoritario y entiendo que del Gobierno.

Y hacen un emplazamiento que puede resultar sorprendente. Dicen que resulta necesario culminar el diseño de los tribunales superiores de justicia como pieza natural de la organización judicial, y tienen razón, no está adecuadamente definida y concretada la tarea, la función de los tribunales superiores de justicia, que de alguna manera surgieron como algo empotrado entre las viejas audiencias provinciales, las audiencias territoriales y el Tribunal Supremo. Esa indefinición, esa falta de finura en el encaje del papel de los tribunales superiores de justicia se mantiene hoy, y por eso sus presidentes emplazan a resolver esta cuestión pendiente.

Finalmente, cuando debatimos en esta Cámara algunas de las reformas que el ministro Gallardón y el Gobierno nos trajeron, expresamos nuestra preocupación sobre diferentes elementos —algunos de ellos de forma muy destacada se han reflejado en la intervención del portavoz del Grupo Socialista—, y con un planteamiento estrictamente técnico y aséptico esta declaración constata los problemas que intuíamos entonces que se iban a producir al hablar de los jueces de adscripción territorial, al hablar de las sustituciones en la carrera judicial, y al hablar de los jueces en prácticas. Creemos que esta declaración, que vuelvo a decir no comparto al cien por cien, al menos sitúa una parte de los deberes del Gobierno y del Ministerio de Justicia en relación con la mejora del servicio.

Y más allá de todo esto, quiero hacer algunas consideraciones sobre las cuestiones que aparecen en la moción y que han sido ya objeto de debate por los dos portavoces que han intervenido. La primera, las tasas judiciales. No es que las tasas sean cuestionadas desde un posicionamiento político —lo cual es legítimo—, sino que están siendo cuestionadas por el conjunto de los operadores en el ámbito del derecho. Saben ustedes que el Consejo General de la Abogacía está desarrollando una auténtica cruzada contra la Ley de Tasas con argumentos que van más allá de las estadísticas que se barajan. Y es necesario constatar, porque con el transcurso del tiempo algunas cuestiones se olvidan, que, por ejemplo, cuando el Gobierno presentó este proyecto de ley, aunque entonces ya no nos lo creímos y así lo dijimos, el ministro afirmó que la financiación que se obtuviera con cargo a la Ley de tasas iba a ser dedicada a la financiación y mejora de la justicia gratuita, lo cual sabíamos entonces que no era cierto y constatamos hoy que se ha probado y demostrado que solamente el 10 % de los recursos recaudados con la Ley de tasas han sido dedicados a la justicia gratuita; justicia gratuita que tiene que mejorar como servicio, fundamentalmente desde una perspectiva: la justicia gratuita funciona hoy gracias al esfuerzo de los profesionales, abogados y procuradores, que prestan un magnífico servicio pero que tienen una pésima remuneración; la mejora fundamental de la justicia gratuita está en remunerar mejor a




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esos profesionales que llevan muchos años esforzándose en prestar un buen servicio a la asistencia jurídica gratuita.

Y concluyo volviendo al Registro Civil puesto que ha sido materia de debate, algo que me alegra, porque, más allá de lo que ya hemos manifestado, más allá del extraño, complejo y oscuro mecanismo que además se utiliza para adjudicar el funcionamiento informático de los registros a una extrañísima corporación de derecho público —que no es el colegio oficial de registradores mercantiles, artificio que a mí me sume en la perplejidad—, lo importante es el servicio que se presta a los ciudadanos que, como muy bien decía el portavoz del Grupo Socialista, no ha visto ningún problema con carácter general en el funcionamiento de los registros, y ese alejamiento de los ciudadanos que supone su atribución a los registradores mercantiles. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).

Efectivamente, el Partido Popular cuestiona el término privatización porque son funcionarios, pero son funcionarios muy peculiares porque no cobran del Estado, sino a través de un arancel de los ciudadanos que se ven obligados a acudir a ese registrador concreto, lo cual cuenta con tradición histórica y política, supongo que perfectamente relacionada con el peso que los registradores han tenido siempre con su presencia en la vida pública, como ustedes mismos saben. Ese cambio puede no tener consecuencias en el hecho de la inscripción o de la anotación vía informática, pero con la propuesta actual.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya terminando.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Quince segundos más, ruego a la señora presidenta.

... sí las tendrá con respecto a la solicitud de certificación por el ciudadano. Ahora, hasta en el pueblo más pequeño, donde hay un juzgado de paz hay un Registro Civil. El ciudadano tiene que recorrer 50 metros desde su casa hasta el Registro Civil; en cambio, para acudir a los registradores mercantiles tendrá que recorrer kilómetros hasta la capital de la provincia.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Egun on, presidente anderea; egun on, senatari jaun-andereak; eta, nola ez, egun on, gonbidatuak.

Nire iritziz, eta gure taldearen iritziz, benetan, pleno honek, aste honetako pleno honek zentzua baldin badauka inondik inora, izango litzateke momentu honetan, esku artean daukagun mozioa aztertu behar dugulako. Momentu ona da mozio hau aztertzeko, zerbait inportantea gertatu delako, eta inportantea gertatu den hori izan da ministro baten dimisioa eta berri baten izendapena. Noski, ministro batek dimititzen duenean, azken finean, badago nolabaiteko porrot baten onarpena. Kontuz, ze nik, benetan, ikuspegi parlamentario batetik norbait miresten baldin badut bere gaitasunarengatik, hori Ruiz Gallardón jauna da, baina momentua da baloratzeko, eta onartu beharra dago bere dimisioak zentzu osoa daukala, azken finean, esaten ari nintzen bezala, gestio baten porrota delako. Horregatik, nik uste dut eta gure taldeak pentsatzen du momentu ona izan daitekeela baloratzeko berak eta Gobernuak, Mariano Rajoyren gobernuak eginiko gestioa. Beraz, gure eskertza Talde Sozialistari, ematen digulako aukera bat hau aztertu ahal izateko.

Aztertzerakoan, jarri behar dira nolabaiteko indikadore edo baliabide batzuk, neurtu ahal izateko edo ebaluatu ahal izateko. Ni orduan ez nengoen, baina joko nuke Gallardón ministroaz hemen eta batzorde honetan eta Senatuan egon zen batzorde horretan, eta bertan egindako planteamenduak eta bertan jarritako helburuak. Ebaluatu egin behar dira, eta neurtu egin behar dira. Lehenengoa, hemen adierazten dena, komisio honetan adierazten dena, da elkarrizketa izatea lanerako ardatz nagusia. Alegia, legealdi honetan jorratu beharreko gai guztiak elkarrizketaren bitartez izatea, bai legebiltzarkideekin, bai operadore juridiko guztiekin. Lehenengo elementua. Bigarren elementua: irtenbide bat ematea hainbat arazori. Arazo horiek ziren, lehenik eta behin, aipatu den bezala, justiziaren moteltasuna; bigarrenik, justiziaren politizazioa —hori ere aipatzen da erreflexio honetan, eta guztiok ados geunden erreflexio honekin—; hirugarrenik, oinarrizko eskubideen bermeak; laugarrenik, gehiegizko judizializazioa; eta, bosgarrenik, edonorentzat eta herritar guztientzat justizia bat antolatzea.




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Aipatu ditudan bost helburu horiek gehi instrumentu bat, alegia, elkarrizketa, izango lirateke momentu honetan ebaluatu beharko genukeena. Galdera izango litzateke: jarritako helburu horiek bete al dira? Gure erantzuna, biribil-biribila, izango litzateke ezezkoa. Azken finean, momentu honetan, justiziaren eraginkortasunaren, efikaziaren inguruan hitz egin behar dugunean, garbi dago, eta nik uste dut hemen gauden guztiok ados gaudela ez dagoela bere momenturik onenean.

Aztertu behar dugunean mozioa, lehenengo, tasa judizialen inguruan… Tasa judizialen inguruan Justizia Batzordeko presidenteak aipatzen zuen ez direla hainbesterainokoak, azken finean suposatzen dutelako kasu guztien % 17. Nik nire zalantzak dauzkat. Ez da inportantea, baina nik nire zalantzak dauzkat. Azken finean, kontentzioso administratiboak zein arlo zibilean dauden kasuak eta, gainera, kontuan hartuta tasak igo egiten direla bai apelazioan, bai kasazioan, iruditzen zait ez dela zifrarik egokiena. Hala eta guztiz ere, kuestionatua izan denean defentsorearengatik, legea bidean aldatu behar izan denean, momentu honetan ministro berriak ere aipatu duenean prest dagoela eta, ez bakarrik prest dagoela, baizik eta beharra ikusten duela aztertzeko, bada, nik uste dut ezinbestekoa dela erreflexio prozesu bat irekitzea eta benetako justizia eta guztiontzat justizia izango den zerbait antolatzea. Gainera, tasek zuten helburua, alegia, doako justizia bermatzea, ez da bete. Ez da bete. Momentu honetan, ondo edo gaizki baina diruz finantzatzen ari diren erakundeak izango lirateke elkarte autonomoak, eta, momentu honetan, Espainiako Gobernua ez da betetzen ari berak legebiltzar honetan hartutako konpromisoa, alegia, tasetatik ateratako dirua izatea doako justizia finantzatzeko.

Bigarrenik, aipatuko genuke justizia unibertsala. Justizia unibertsala onartu beharra dago beste porrot bat dela, ze, azken finean, hor esaten da egun estatu ezberdinen artean gestionatu beharreko justizia izango litzatekeela, batetik, Nazioarteko Auzitegi Penala indartuz eta, bestetik, estatu bakoitzaren justizia areagotuz. Nire galdera izango litzateke: ez baldin bada bata ez bestea betetzen? Herrialde guztiek ez dute sinatu Nazioarteko Auzitegi Penalaren inplikazioa beren legislazioetan, estatu guztiak ez dira demokratikoak eta ez dira betetzen ari oinarrizko giza eskubide batzuen garapena justiziaren baitan. Orduan, zer egiten da? Onartu beharra dago atzerapauso ikaragarria eman dela. Eraginkorragoa izan zitekeen, edo gutxiago, baina, gutxienez, oinarrizko giza eskubide batzuen garapenean elementu inportantea zen justizia unibertsalaren planteamendua.

Hirugarrenik, abortuaren gaia. Hori izan da hirugarren porrota; gauza jakina den bezala, gainera, eragin duena ministro honen dimisioa.

Azken finean, hiru puntu hauek adierazten dute, indikadore bat edo elementu bat dira ikusteko gobernu honek (ez ministro honek bakarrik, baizik eta ministro honek ordezkatzen zuen gobernu honek) ikuspegi horretatik porrot egin duela, ez lege proiektu horietan bakarrik, baizik eta gestionatzeko moduan ere. Zergatik? Operadore juridiko guztiak zein alderdi politiko gehientsuenak lege proiektu hauen aurka azaldu direlako behin eta berriro. Hori baldin bazen gobernu honek zeukan lehentasun bat, alegia, elkarrizketa, guztion arteko lege proiektuak aurrera ateratzea eta abar, bertan behera gelditu dira asmo horiek, eta bertan behera gelditu dira lege proiektu horiek, lehenago aipatu den bezala. Bai tasak, bai justizia unibertsala, ze horiek eduki duten eragina, lehenago komentatu dugun bezala, Audientzia Nazionalarekin egon den elkarrizketa eza gehi horren fruitu bezala egon diren trafikanteen askapen horiek eta abar benetan porrot bat izan dira, eta hirugarren elementua, aipatu dudan bezala, beste hainbeste.

Aipatzen da baita ere Kode Penalaren modifikazioa. Kode Penalaren modifikazioa guk ere eskatzen dugu erretiratzea. Badakit momentu honetan eztabaidagai dagoela, badakit. Pasatzen dena da, batetik, ez dugula batere egokia ikusten Alderdi Popularrak orain arte azaldu duen jarrera ez hitz egiterakoan, ez testua planteatzerakoan, eta momentu honetan planteatzea bizitza osorako kartzela dokumentu eta lege proiektu baten bitartez, guretzat, jasanezina da. Hori izango litzateke momentu honetan dauden nazioarteko konbentzio guztien kontra joatea, eta, horregatik, gu erabat ados gaude horren kontra joan ahal izateko.

Bukatzeko, denbora joaten ari zaidalako, justiziaren eraginkortasuna edo efikazia baliabideekin aurrera aterako dugu, eta, horregatik, erabat ados gaude justiziari baliabideak eman behar zaizkiola. Alderatuz beste errealitate europar batzuekin, beste maila batean gaude; azken finean, alderatuz, errekurtso eta baliabideetan erdira gaude, eta gu erabat ados egongo ginateke europar maila batera ailegatzeko.




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Mila esker presidenteari eman didan eskuzabaltasunagatik denbora aldetik, eta, nola ez, gure baiezko botoa izango du mozio honek.

Eskerrik asko.

Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señorías, y, cómo no, también a los invitados.

En mi opinión y en la de mi grupo, si en algún momento tiene sentido el Pleno de esta semana es justo ahora cuando estamos debatiendo esta moción. Es un buen momento para estudiar esta moción porque ha ocurrido algo importante: la dimisión de un ministro y el nombramiento de uno nuevo. Obviamente, el hecho de que un ministro dimita es el reflejo de que se admite un fracaso. Y si yo admiro a alguien por su capacidad, este es el señor Ruiz-Gallardón, pero también es el momento de valorarlo y ver que su dimisión tiene todo el sentido, porque su gestión ha fracasado. Es por ello por lo que afirmaba que la valoración que él mismo y el propio Gobierno hacía de su gestión llega en un buen momento, y se lo agradecemos al Partido Socialista porque nos da la ocasión de estudiarlo.

Para ello, debemos establecer algunos indicadores. Esta cuestión se planteó en el Senado y los objetivos que se establecieron allí deben ser evaluados y medidos. En primer lugar, ya he mencionado que el diálogo ha de ser el principal eje de trabajo. Todos los temas a tratar en esta legislatura deberían ser tratados mediante el diálogo tanto con los parlamentarios como con los operadores jurídicos. En segundo lugar, hay que proponer una solución para diversos problemas: la lentitud de la justicia; la politización de la justicia, que también se mencionaba en esta reflexión y todos estábamos de acuerdo con ella; la garantía de los derechos fundamentales; la judicialización excesiva; y, por último, el acceso a la justicia para toda la ciudadanía.

Estos cinco puntos u objetivos que mencionaba, así como el instrumento —el diálogo— deberíamos evaluarlos ahora. Nos deberíamos preguntar: ¿se han cumplido? Bien, nuestra respuesta rotunda es que no. Al fin y al cabo, en este momento la eficiencia y la eficacia de la justicia está clara y todos estamos de acuerdo en que no están en su mejor momento. A la hora de estudiar esta moción, respecto de las tasas judiciales, el presidente de la Comisión de Justicia decía que no eran para tanto, que se trataba de un 17 % de los casos, pero yo tengo mis dudas. Tanto en el ámbito contencioso administrativo como en el civil, así como en el aumento de las tasas en la apelación o la casación no creo que la cifra sea correcta. En cualquier caso, cuando ha sido puesta en duda por el defensor, cuando ha tenido que ser modificada en el proceso legislativo y cuando el nuevo ministro ha afirmado que ve necesario el estudio de este asunto, es imprescindible abrir un proceso de reflexión y organizar o estructurar una justicia para todos, porque no se ha cumplido o no se ha garantizado la justicia gratuita para todos. Las instituciones que están financiando la justicia son las comunidades autónomas. El Gobierno de España no está cumpliendo con el compromiso adquirido en esta Cámara, es decir, destinar lo recaudado por las tasas a la asistencia jurídica.

Por otra parte, me gustaría hablar de la justicia universal. También debemos asumir que ha sido un fracaso. Se dice que la justicia gestionada entre todos los estados supondría el reforzamiento del Tribunal Internacional de Justicia y la aceleración de los tribunales nacionales de justicia. Mi pregunta es, ¿qué ocurre si no se hace ni lo uno ni lo otro? No todos han incorporado el Tribunal Internacional de Justicia a sus legislaciones y no están cumpliendo con el desarrollo de unos derechos fundamentales en el ámbito de la justicia, por lo que debemos admitir que hemos dado un paso atrás increíble. La justicia universal en el ámbito de los derechos fundamentales era algo muy importante.

En tercer lugar, otro fracaso es el aborto, que es lo que al fin y al cabo ha conllevado la dimisión del ministro.

Estos tres puntos son un indicador de que no solo este ministro, sino también el Gobierno al que representaba, han fracasado desde este punto de vista, tanto en los proyectos de ley como en su gestión. ¿Por qué? Todos los operadores jurídicos y la mayoría de los partidos políticos se han opuesto a estos proyectos de ley repetidamente. Y si una de las prioridades de este Gobierno era el diálogo, el consenso en los proyectos de ley, etcétera, todo ha quedado en agua de borrajas, y también los propios proyectos de ley: la justicia universal, el aborto, la falta de diálogo con la Audiencia nacional y las liberaciones de los traficantes que mencionábamos han sido un auténtico fracaso.




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También se cita la reforma del Código Penal. Nosotros también pedimos que sea retirada. Somos conscientes de que se está debatiendo en este momento, pero lo que ocurre es que no nos parece nada adecuada la postura del Partido Popular ni en el diálogo ni en la elaboración del texto. Plantear en este momento a través de un proyecto de ley la cadena perpetua va en contra de todas las convenciones vigentes. Nosotros nos oponemos.

Por último, me gustaría recordar que la eficacia de la justicia se logrará con recursos, por lo que debe ser dotada de estos recursos al nivel de otros países europeos. Al fin y al cabo, estamos a medio nivel en relación con otros países europeos y nosotros estamos de acuerdo en equipararnos a ellos.

Muchas gracias, señora presidenta, por su generosidad en cuanto al tiempo. Por supuesto, esta moción tendrá nuestro voto a favor.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Eskerrik asko, Bildarratz jauna.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.

El texto de la moción que se nos presenta habla de la situación en la que se encuentra la justicia en España tras tres años de Gobierno del Partido Popular. La situación es que el ministro ha dimitido, o sea, no puede ser una buena situación. Pero si se comparan las voluntades y objetivos en la primera comparecencia del ministro Ruiz-Gallardón con la realidad, el resultado es que la situación es mala o fatal.

El señor Díaz Tejera nos ha hecho una moción muy extensa, muy exhaustiva, con mucho conocimiento y nos ha dado una explicación en ese sentido, pero si a mí me preguntaran por qué dices que la gestión, que la situación de la justicia española es mala, simplificando diría que por 3 razones: primera, porque hay un retroceso de los derechos de las personas; segundo, porque hay un ataque a la independencia de la justicia, y tercero, porque hay menos medios humanos y técnicos para hacer frente al funcionamiento de la justicia. Estos tres conceptos son absolutamente irrebatibles.

Primero, menos derechos de las personas. Se discute sobre las tasas. ¿Alguien puede negar que hay personas, no sé si 200, 1000, 2000, 3000, 4000, que no han ido a la justicia por no pagar tasas? ¿Alguien se atreve a negar esto? Ha habido mucha gente que no ha ido a la justicia por no poder pagar tasas. En definitiva, lo que ha ocurrido ha sido un retroceso de los derechos de ciudadanía.

El ataque a la separación de poderes. Tuvimos aquí un amplio debate sobre el Consejo General del Poder Judicial, y el resumen de todos los grupos parlamentarios, excepto del Partido Popular, era que el ministerio se atribuía competencias que eran del Consejo General del Poder Judicial y que era un ataque a la separación de poderes que no se había producido en ningún momento en democracia.

En tercer lugar, los medios: 1200 jueces sustitutos menos —el señor Díaz Tejera explicaba lo de los 200—, pero la cuestión es que no hay que ir a estadísticas ni a estudios, hablen ustedes con alguien que esté en un procedimiento judicial y pregúntenle si se ha avanzado algo o no. No hacen falta estudios ni encuestas, simplemente la realidad, y la realidad nos dice que la agilidad de la justicia no ha mejorado absolutamente nada.

Estas son las tres razones por las que nosotros decimos que la justicia no va bien: menos derechos de la ciudadanía, menos independencia de la justicia y menos recursos.

Además, esta no es la opinión de los grupos parlamentarios de la oposición. Ojalá solo fuera nuestra, ojalá estuviéramos en un debate entre los grupos de la oposición y el grupo mayoritario y los agentes sociales apoyaran al grupo mayoritario; pero nunca, absolutamente nunca desde la recuperación de la democracia se ha producido una contestación de tal calibre de todos los agentes en contra de las políticas del Ministerio de Justicia, hasta el extremo de que se ha producido la huelga más importante de la justicia en contra de las opiniones del Gobierno: jueces, fiscales, abogados, funcionarios, usuarios… La pregunta es: ¿quién no ha participado en una manifestación en contra del Ministerio de Justicia? ¿Hay alguien que no lo




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haya hecho? Todo el mundo ha participado en contra de las manifestaciones y de las opiniones del Ministerio de Justicia.

Solamente quiero señalar cinco o seis aspectos concretos que justifican o explican estas tres razones que yo doy para estar en contra de la actual situación de la justicia. El primero, el de las tasas, ya lo he explicado. El segundo es el de la justicia universal. Con esto lo que hacen es incumplir compromisos internacionales y amnistían a terroristas y genocidas importantes que ahora no se pueden perseguir. Han dado amnistía a los asesinos de Couso, a los asesinos de Ellacuría o a otros que en estos momentos estaban con un procedimiento abierto y que se les ha archivado.

En cuanto a la independencia judicial, también es insólito que miembros del propio Consejo General del Poder Judicial hayan hecho informes en contra de una ley que, en definitiva, permitía que el ministerio se quedara con competencias en unos momentos de corrupción. En cuanto al Código penal, su filosofía es clarísima: es un endurecimiento de las penas, un populismo. España es uno de los países de la Unión Europea con uno de los índices de criminalidad más bajos; en cambio, es el segundo país con mayor población carcelaria de la Unión Europea. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se explica que un país con un índice bajísimo de criminalidad, de los más bajos de la Unión Europea, tenga una población carcelaria absolutamente desorbitada? Lo que hacen en el Código penal es endurecer las penas pero introducir la cadena perpetua, la prisión permanente revisable. Un aspecto fundamental que estructura el nuevo Código penal es la criminalización de la protesta. Por tanto, es un Código penal que endurece penas, introduce la cadena perpetua y criminaliza las protestas en un momento en que las protestas sociales, producto de las políticas de austeridad, están siendo cada vez más numerosas.

De los indultos no les quiero decir nada, porque ya saben ustedes cómo y a quiénes se está indultando y con qué criterios se está haciendo en estos momentos en el Estado español.

Por lo que se refiere al Registro Civil, aquí ya se ha dicho. El otro día en un pueblo de Lérida una persona me preguntaba por qué se privatiza el Registro Civil o por qué hacen desaparecer partidos judiciales.

Todas estas razones serían suficientes para decir que la política de justicia es inadecuada e injusta, con el agravante de la ley del aborto. La propuesta, el proyecto o la voluntad de la ley del aborto, en primer lugar no fue solo del ministro de Justicia sino del Gobierno, y ha sido la presión de la sociedad transversal lo que ha hecho posible que la Ley del aborto, en los términos en que se quería aprobar no se haya aprobado. Eso ha provocado la dimisión del ministro de Justicia, pero estoy seguro de que detrás de esa dimisión no está solo la oposición a la Ley del aborto sino la contestación, la oposición que absolutamente todos sus proyectos sin excepción han tenido no solo de los grupos parlamentarios sino del conjunto de entidades e instituciones de la sociedad civil.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señora presidenta. Certament, estem d’acord amb la majoria dels punts. Ens trobem però, novament i per enèsima vegada, davant una moció de molts punts que invita a ser votada favorablement. De tota manera, considerem que ens trobem també novament davant una carta als Reis que el Grup Parlamentari Socialista presenta a aquesta Cambra. Si bé és cert que l’obra de govern atribuïble a l’anterior ministre de Justícia ha estat nefasta i caracteritzada per la manca de consens —i que coincidim força en l’anàlisi que se’n fa a l’exposició de motius de la moció—, també és cert que la part dispositiva de la moció toca diferents temes i matèries que poden generar divergència i que requereixen de matisos.

Sobre la Llei 10/2012, de 20 de novembre, de taxes judicials estatals, considerem que limiten l’accés del ciutadà a la justícia, vulnera drets constitucionals, com l’accés gratuït a la justícia, recollit a l’article 119 de la Constitució espanyola i alhora suposa una vulneració de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de justícia. Cal tenir present que l’Administració de Justícia és l’essència de l’Estat de dret, i que els tribunals són una via adequada per resoldre pacíficament controvèrsies de tota mena, la qual cosa significa que no podem impedir




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mitjançant una limitació desproporcionada l’accés a la justícia. La taxa no pot absorbir el valor de la pretensió, i és en aquest punt on creiem que les taxes previstes pel Govern de l’Estat són inacceptables. L’impagament de les mateixes comporta, a més, la paralització del procediment judicial, amb la qual cosa suposen una mesura clarament dissuasiva en l’accés a la justícia i posen en risc la tutela judicial efectiva. I a més, els recursos recaptats en taxes no han estat destinats de forma íntegra al finançament de la justícia gratuïta.

Ja coneixen el nostre posicionament contra la Llei Orgànica 1/2014, de 13 de març, per la que es modifica la Llei Orgànica del Poder Judicial, relativa a la justícia universal. Estem en contra també del Projecte de Llei Orgànica que modifica la Llei 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal; la considerem una reforma partidista i efectista, que s’allunya dels postulats del dret penal modern i que instrumentalitza el dret punitiu amb fins aliens a la finalitat resocialitzadora i reeducadora de les penes previstes a la Constitució. Tenim seriosos dubtes respecte de la seva constitucionalitat, alhora que podria suposar una vulneració del principi de seguretat jurídica i de legalitat.

Certament que també estem en contra del Projecte de Llei d’assistència jurídica gratuïta, perquè no soluciona els problemes existents que tenen els advocats; comporta més tràmits i burocràcia perquè els ciutadans demanin el benefici de la justícia gratuïta i, a més, s’envaeixen les competències de la Generalitat.

I així, podríem anar passant pel damunt sense aprofundir, punt per punt, els vuit punts de la moció. Considerem, però, que els temes que s’hi tracten mereixen i requereixen un aprofundiment que permeti una reflexió més acurada i un missatge més clar i concís per a ser sotmès a votació, i més tenint en compte que, a diferència del Congrés, el Reglament del Senat no permet una votació punt per punt.

Tot i trobar-nos al davant d’una inadequada gestió d’un ministre que ha menystingut l’opinió i la sensibilitat dels operadors jurídics i dels ciutadans, les matèries a les quals afecta són molt diferents, i entenem, per tant, que aquesta moció donaria per diverses mocions en les quals es pogués aprofundir en situacions que mereixen una anàlisi més detallada i que permetessin disposar d’una formulació més concisa i concreta a sotmetre a votació, la qual cosa, evidentment, facilitaria el consens. És per això, que tot i estar d’acord, en general, amb la present moció, ens abstindrem en la votació.

Gràcies.

Ciertamente estamos de acuerdo con la mayor parte de los puntos. No obstante, nos encontramos por enésima vez ante una moción de muchos puntos que invita a ser votada favorablemente. De todas formas consideramos que estamos nuevamente ante una carta a los Reyes que el Grupo Parlamentario Socialista presenta a esta Cámara. Si bien es cierto que la obra de gobierno atribuible al anterior ministro de Justicia ha sido nefasta y se ha caracterizado por la falta de consenso —y coincidimos bastante con el análisis que se hace en la exposición de motivos—, es también cierto que la parte dispositiva de la moción toca diferentes temas y materias que pueden generar divergencia y requieren matices.

En cuanto a la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, de tasas judiciales estatales, consideramos que limitan el acceso de los ciudadanos a la justicia, vulnera derechos constitucionales, como el acceso a la justicia, recogido en el artículo 119 de la Constitución española, y al mismo tiempo supone una vulneración de las competencias de la Generalitat de Catalunya en materia de justicia. Hay que tener presente que la Administración de Justicia es la esencia del Estado de derecho, y que los tribunales son una vía adecuada para resolver pacíficamente controversias de todo tipo, cosa que significa que no podemos impedir mediante una limitación desproporcionada el acceso a la justicia. La tasa no puede absorber el valor de la pretensión, y es en este punto en el que creemos que las tasas previstas por el Gobierno del Estado son inaceptables. El impago de estas tasas conlleva, además, la paralización del procedimiento judicial, cosa por la cual supone una medida claramente disuasiva en el acceso a la justicia y pone en riesgo la tutela judicial efectiva. Además, los recursos captados en tasas no han estado destinados de forma íntegra a la financiación de la justicia gratuita.

Conocen también nuestro posicionamiento en contra de la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial relativa a la justicia universal.




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Estamos también en contra del Proyecto de Ley Orgánica que modifica la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal, por considerarlo una reforma partidista y efectista que se aleja de los postulados del derecho penal moderno y que instrumentaliza el derecho punitivo con miras ajenas a la finalidad resocializadora y reeducadora de las penas previstas en la Constitución. Tenemos serias dudas respecto de su constitucionalidad, al mismo tiempo que ello podría suponer una vulneración del principio de seguridad jurídica y de legalidad.

Estamos también en contra del Proyecto de Ley de asistencia jurídica gratuita porque no soluciona los problemas existentes que tienen los abogados; conlleva más trámites y burocracia para que los ciudadanos soliciten el beneficio de la justicia gratuita, y además se invaden las competencias de la Generalitat.

Y así podríamos ir pasando por encima, sin profundizar, punto por punto por los 8 puntos de la moción. Consideramos, no obstante, que los temas que se tratan en ella merecen y requieren un ahondamiento que permita una reflexión más detallada y un mensaje más claro y conciso para ser sometido a votación, más teniendo en cuenta que, a diferencia del Congreso, el Reglamento del Senado no permite una votación punto por punto.

A pesar de que nos encontramos ante una inadecuada gestión de un ministro que ha menospreciado la opinión y la sensibilidad de los operadores jurídicos y de los ciudadanos, las materias a las cuales afecta son muy distintas, por lo que entendemos que esta moción daría para otras cuantas en las que se pudiera profundizar en situaciones que merecen un análisis más detallado y que permitieran disponer de una formulación más concisa y concreta para someter a votación, cosa que, evidentemente, facilitaría el consenso. Por ello, a pesar de estar en general de acuerdo con la presente moción, nos abstendremos en su votación.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Con la venia, presidenta.

Señor Ramírez, en esta conversación se han planteado asuntos que estaban escritos y se han leído esa semana y asuntos que se han traído esta mañana ex novo. Por tanto, le ruego que tengamos la conversación entre los aquí presentes, no entre los que están ausentes.

Le he planteado el asunto de la supresión, lo que en mi opinión es la cruel supresión del seguro de responsabilidad civil, y me gustaría escuchar la opinión del Grupo Popular. Me gustaría escuchar que el Grupo Popular está de acuerdo con que todos los jueces españoles tengan suscrito un seguro de responsabilidad civil; y es que, si lo tienen suscrito los empleados públicos del Consejo General del Poder Judicial, ¿cómo no los jueces y magistrados españoles? Repito que me gustaría escuchar un criterio a ese respecto.

Por otro lado, señor Ramírez, he manifestado que esa propuesta de 300 nuevos jueces para luchar contra la corrupción es falsa. En general, mantengo una actitud cordial, como usted sabe, pero eso me ha enfadado, porque yo siempre parto de la base de que el adversario político tiene tanta inteligencia o más que yo y tiene tanta información o más que yo. Y cuando veo una cosa que es profundamente falsa, siempre me pregunto ¿por qué se dice eso? Esas personas ya están trabajando en la carrera judicial, ya están prestando servicios; no es que estén fuera y ahora entren, es que están ahí. En segundo lugar, no se crean 300 nuevas unidades jurisdiccionales, no es verdad. Si lo fuera, yo estaría encantado y diría: tras tres años en que no se ha creado ninguna plaza, el que ahora se creen 300 es una buena compensación. Y sería un motivo de alegría. Pero es que en tres años no se ha creado ninguna plaza de juez ni de fiscal y se suprimen 200 millones de euros de la partida del Ministerio de Justicia. Y ahora, cuando se dice eso, se transforma en un titular con el que, a base de repetir, queda esa musiquilla, esa letanía. Pero quien tiene información sabe que eso es falso. Y no se lo digo porque sea un senador del Grupo Socialista, sino porque lo están diciendo todas las asociaciones. ¿O es que usted cree que la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la mayoría en la carrera judicial, es un grupo de rojos desalmados? No, no lo son, y están diciendo que eso no es verdad. Este es el segundo asunto que le planteo y del que le ruego que al menos acuse recibo.

En cuanto a los otros asuntos, señor, lea usted el informe del Consejo de Europa, de la Comisión de la evaluación de la calidad, la eficacia y la eficiencia de los sistema judiciales. España




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es la quinta potencia en Europa. ¿Sabe en qué lugar está en el ámbito de inversión en materia de justicia? En el puesto 45, con un 0,9 %. La media del Consejo de Europa está en el 2,2 %. ¿Y sabe cuántos euros invierte España por cada habitante? Invierte 32,4 euros. La media europea está en 60 euros. ¿Sabe cuál es nuestro lugar? El número 40. Por tanto, si se trata de luchar contra la corrupción, nosotros planteamos más jueces, más fiscales, más supervisión ad intra de las administraciones públicas en auditores e interventores y más supervisión ad extra en tribunales de cuentas y en defensores del pueblo. En el ámbito administrativo hablamos de prevención.

Y en cuanto al ámbito penal, lo que ayer hizo el ministro de Justicia fue una autoenmienda a la totalidad. Tiene razón el maestro Saura cuando dice que el propio hecho de que el ministro dimita ya es el fracaso del Gobierno. Pero es que ayer el ministro hizo, repito, una autoenmienda a la totalidad del Código Penal, porque todas las propuestas de reforma que planteó en materia de apropiación indebida, en materia de delitos económicos, de delincuentes de cuello blanco, no tienen nada que ver con el modelo de Código Penal que ahora se está tramitando en el Congreso, nada que ver. Es como si ante un traje para un niño chico que ya ha crecido, que es un galletón, se pensara: vamos a ir añadiéndole nuevos trozos de tela. En fin, seguramente le cubra de tela, pero elegante la cosa no queda; son incrustaciones diversas. Es un modelo distinto, un traje distinto.

Lo que estoy diciendo con esto es que un modelo de Código Penal que lo que hace es criminalizar el derecho a protestar es malo; en términos de calidad democrática eso es malo. Además, las propuestas de reforma de los delitos económicos de las que ayer habló el ministro no están contempladas en el actual Código Penal porque es un cambio profundo. Y por eso pedimos que se plantee esa modificación.

Usted no ha acusado recibo de todo lo que le he argumentado en relación con el registro. Se ha limitado a decir que los socialistas pensaron en su momento en la posibilidad de algún cuerpo específico para el Registro Civil. En eso, y en mil cosas más, pero nunca se ha planteado algo tan oscuro como esa corporación pública que le encarga a una empresa de defensa un software y los cálculos que hacen respecto de Latinoamérica y las cantidades previstas. Incluso eso ya se está revisando.

Vuelvo a insistir: ¿hay algún senador aquí que critique los registros públicos en España? ¿Hay alguien aquí que critique el Registro Civil en España? Yo le digo que eso no es así, que en general es un servicio que funciona de manera ejemplar; y lo podemos discutir cuando usted quiera. Pero a eso no me ha respondido; tan solo me ha dicho que en su momento pensábamos en no sé qué cuerpo, pero insisto en que no ha acusado recibo de lo que le he planteado.

Le diré más. El que ustedes argumenten que la jurisdicción universal ha tenido poca efectividad es como decir que, como los médicos no pueden nada contra la muerte, suprimamos los médicos, que no existan los médicos porque no consiguen que la muerte desaparezca. Pero no, hacen falta, aunque solo sea por tareas preventivas, hacen falta. Y la jurisdicción universal también hace falta. Y mire usted el profundo error que cometen, que si ahora llega un barco a cualquier ámbito de jurisdicción internacional cerca de España, a no ser que diga: esta droga se va a vender en España, no hay manera de aprehenderlo. Segunda cuestión. Si cualquier criminal buscado en todo el mundo, un delincuente internacional, pasa por un aeropuerto o un puerto español, a no ser que tenga residencia habitual en España no se le puede detener. Y, claro, los malos son malos pero no son tontos, y si el problema es la residencia habitual lo que hacen es no tenerla. Ya está. Por tanto, la conciliación entre interés nacional e interés internacional no se puede solventar aplastando la posibilidad de luchar por los derechos humanos porque es una responsabilidad de los miembros de la especie y son delitos de lesa humanidad.

Y ha dicho una frase que me gustaría que mantuviese ahora, por favor. Usted ha manifestado: que no haya nadie que no pueda acceder a un tribunal. Le agradecería que mantuviese esa frase en su segunda intervención. ¿Está usted de acuerdo con el planteamiento de que no haya ningún español que no pueda acceder a un tribunal, es decir, que todo español ―coma―, sea cual fuere su situación económica ―coma―, pueda acceder a un juez en España? Repito que me gustaría que mantuviese esa frase, y no solo me gustaría que mantuviera que todo español puede acceder a un juez, sino que también mantuviese el planteamiento de que todo español que no tenga recursos económicos tiene derecho a un abogado de forma gratuita, porque eso es lo que nos exige la Constitución. Pero, en realidad, tal cual está, no es eso lo que plantea el proyecto en la




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actualidad. Y si el proyecto estableciese que vamos a poner tasas, pero, a su vez, como se dijo en su momento, ampliamos los criterios para que el que no pueda pagar tasas no obstante tenga un abogado en justicia gratuita, aunque por un lado se es injusto, eso se compensa porque se baja el lindero y todos tienen acceso a un abogado de forma gratuita. Pero si encima de poner barreras para que no se pueda acceder al tribunal se coloca el lindero de forma que se haga más imposible el acceso al abogado en justicia gratuita, se están cerrando posibilidades de acceso a los tribunales. Y, por cierto, comparto el homenaje que se ha hecho a esos abogados y procuradores que han realizado ese esfuerzo en turno de oficio.

Le diré más: si no es para mejorarlo, mejor no tocarlo. Lo repito: si no es para mejorarlo, mejor no tocarlo. En todo caso, si hay que tocar, a mí no me cuesta reconocer que hay ámbitos en los que se hace un uso abusivo, gente con suficientes recursos pero que abusa del Estado buscando ese abogado de justicia gratuita. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia). Eso se puede revisar. Incluso —lo que voy a decir no es popular— no sería mala cosa que el turno de oficio fuera una práctica necesaria de todo abogado, porque es una manera de colaborar con la comunidad —no solo se funciona a cambio de dinero, sino también por amor a la justicia—, devolviéndole a esta lo que la comunidad le ha dado a su abogado al cualificarlo para prestar sus servicios. También es un asunto a contemplar.

Fíjese en que estamos llenos de propuestas. Pero lo que intento trasladarle es que con la dimisión del señor Gallardón él mismo ha autoenmendado a la totalidad. Es el fracaso de la política del Gobierno en el ámbito de justicia. La autoenmienda a la totalidad ayer del ministro Catalá...

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, finalice.

El señor DÍAZ TEJERA: Acabo ya, señor presidente.

... con las propuestas que ha hecho de reforma del Código Penal, es un modelo distinto. Y el planteamiento de fondo es que, en cualquiera de los casos, ¿sabe cuál es la diferencia fundamental? Que este ministro dice que quiere dialogarlo todo, pero la prueba del algodón no es lo que dice, sino lo que hace. Y todavía estamos esperando a que nos llame para abordar algún asunto clave del servicio de justicia. ¿Sabe por qué? Porque durante los ocho años que hemos estado apoyando al Gobierno socialista hemos sacado todas las leyes con el apoyo de todos los grupos, excepto el de ustedes, pero todos los demás las han apoyado. Ya quisiera que ustedes pudieran tener al menos ese aprendizaje.

Nada más, presidente. Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Díaz Tejera.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador señor Ramírez.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venia, señor presidente.

Con respecto a alguno de los retos que me ha puesto usted por delante, señor Díaz Tejera, le diré que el artículo 121 de la Constitución consagra la responsabilidad civil del Estado, la responsabilidad patrimonial, por errores de la justicia, etcétera. Y en los artículos 292 a 297 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 6/1985, también se contempla la responsabilidad patrimonial del Estado. Usted sabe que la responsabilidad civil de los jueces siempre ha sido voluntaria y que además prácticamente todos ellos tenían suscrito voluntariamente un seguro de responsabilidad civil aproximadamente de 300 000 euros —seguro que usted tenía uno—, y muchos tienen un reaseguro que llega hasta los 600 000. (Rumores). Yo creo que siempre ha sido así y solo ha sido así.

Respecto de la justicia gratuita, quizá se me haya quedado algo en el tintero. Usted hablaba de que el ministerio está interesado en dialogar con los operadores jurídicos, con los abogados, los procuradores y los graduados sociales. Y también cabe decir que el ministerio está empeñado en hacerlo con las comunidades autónomas. Lo digo, por lo que ha manifestado el señor Bildarratz.

Por otro lado, cuando el señor Saura se ha referido a esta revisión del Código Penal hablaba —también lo hacía el señor Bildarratz— de cadena perpetua —por cierto, cadena perpetua es el título de una película—. Pues bien, en la revisión del Código Penal se habla de prisión permanente revisable. Y ya veremos. También se refería a ello la señora Rieradevall, y se preguntaba si era o




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no constitucional. Yo le aseguro, señora Rieradevall que vamos a intentar que lo sea, porque, si no, no tendría ningún sentido. Y, por supuesto, vamos a trabajar en ello.

En relación con el necesario diálogo con el ministerio, señor Díaz Tejera, en unos días vamos a tener al ministro Catalá en la Comisión de Justicia y vamos a ver cuál es su talante, cuál es la realidad, hasta qué punto llega su compromiso con el diálogo y qué es lo que queremos obtener, en este año que queda, del Ministerio de Justicia para consensuar algunas políticas y salir todos, absolutamente todos, ganando.

Por supuesto, mantengo aquí que quiero que todos los españoles tengan acceso a la justicia, derecho de acción, tal como se llama, como usted sabe. Y, por supuesto, el Grupo Parlamentario Popular así lo quiere. Queremos que lo que estamos trabajando en materia de justicia gratuita nos lleve a ese camino y logremos exactamente eso.

Usted se ha referido de nuevo al Registro Civil y se preguntaba si hay un solo senador que lo critique. Pues bien, yo estuve en una sesión de la Comisión de Justicia en la que una senadora del Partido Socialista de Alicante presentó una moción quejándose del Registro Civil de algún municipio de Alicante (La señora Llinares Cuesta: Del colapso.—Rumores). Del colapso. ¿Y eso no es quejarse, o es que el colapso es un piropo? (Aplausos). Claro que lo conozco. Y fueron ustedes los que abrieron el cambio, lo que tenía que ser el Registro Civil. Se pueden hacer otras propuestas. A lo mejor habría que llevarlo al ámbito de los ayuntamientos, que parece que para algunas cuestiones no existen en este país, que son una Administración menor, cuando usted y yo sabemos que son una Administración de las más importantes y cruciales que hay. Ahí está la posibilidad de que sean los registradores mercantiles, que son funcionarios del Estado. En cualquier caso, se sacaría del ámbito de la justicia, como ustedes propusieron en su día.

Con respecto al principio de justicia universal, queda muy bien hablar de ello. Usted decía que si una persona no tiene permiso de residencia, pasa por un aeropuerto español y no se la detiene. Pero las órdenes de la Interpol hay que cumplirlas, señor Díaz Tejera. Nosotros estamos obligados a cumplirlas y las vamos a cumplir. Por tanto, eso no es verdad. En cuanto a que se ponga en libertad a determinados delincuentes que estaban detenidos sobre la base de estas normas, como usted sabe también, el Tribunal Supremo estimó que el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial confiere jurisdicción suficiente a las autoridades españolas para el abordaje, inspección y, por ende, la competencia judicial para el enjuiciamiento de los acusados, por encima de que en ese caso la Audiencia Nacional liberara a determinados presos. Es decir, lo que hemos hecho es homologarnos con los países de nuestro entorno, hacer lo que está haciendo absolutamente todo el mundo. O sea, por mucho que queramos afear nuestra propia conducta, en el caso de la modificación de ese principio —también en España existe el principio de jurisdicción universal, de acuerdo con la legislación— lo que hemos hecho es homologarnos, parecernos a otros países, tal como ellos lo han regulado. Y me parece que es mucho más práctico y mucho mejor.

No sé si queda algo pendiente sobre lo que usted ha planteado. Usted dice que yo no práctico el diálogo y yo creo que no es así, que le he contestado absolutamente a todo. En cualquier caso, me parece que no ha lugar a que hagamos una causa general contra la política del Ministerio de Justicia, que no ha lugar a que hagamos borrón y cuenta nueva con lo que ha sido la acción y la gestión del Ministerio de Justicia. Es verdad que se ha retirado el anteproyecto de la modificación de la Ley del aborto. Es evidente; por mucho que se diga o no se diga, está claro que así ha sido. También es verdad que el ministro de Justicia se ha marchado, que hay un nuevo ministro de Justicia, pero, por lo demás, no veo absolutamente nada nuevo que tengamos que reseñar aquí ni que tengamos que autoflagelarnos, como parece que usted sugería en su intervención.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Llamen a votación. (Pausa.—El señor presidente ocupa la Presidencia).

El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Socialista, con la enmienda aceptada y, por tanto, incorporada, del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 247; a favor, 85; en contra, 147; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

5.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS DE FOMENTO DEL USO DE LA SEMILLA CERTIFICADA.

(Núm. exp. 662/000163)

AUTOR: GPP

El señor presidente da lectura al punto 5.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado tres enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor. (Pausa.—Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor. (Pausa.—Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, por tiempo de quince minutos, la senadora Moya. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

La señora MOYA MORENO: Señor presidente, señorías, buenos días.

El futuro de una agricultura más competitiva pasa, entre otros factores, por la utilización de semillas de calidad y por elegir las variedades adecuadas y que mejor se adapten a las distintas zonas de cultivo para aprovechar mejor los recursos agrícolas. La elección de la variedad unida a la calidad es la primera fase de una buena cosecha. Las nuevas variedades han demostrado ser uno de los medios más eficientes para incrementar la productividad, mejorar la calidad y resolver problemas como enfermedades y plagas o superar climas y entornos adversos. Por tanto, señorías, la semilla es el primer eslabón de la cadena alimentaria. Es el resultado del trabajo de generaciones de agricultores que han criado, seleccionado, mejorado y conservado estas semillas.

La semilla certificada o semilla comercial —de lo que tratamos hoy en esta moción— procedente de la semilla madre es la que se obtiene a partir de la semilla genética o de fundación o de semilla registrada, que cumple con los requisitos mínimos establecidos.

Señorías, la investigación y el desarrollo de nuevas variedades vegetales es una actividad de enorme transcendencia para el desarrollo agrario y económico de la sociedad, base de la innovación tecnológica de la que depende toda la cadena alimentaria.

En los últimos cincuenta años se ha producido un aumento medio de entre un 30 y un 60 %, según las especies, en los rendimientos de las cosechas como consecuencia de la mejora genética realizada por los obtentores vegetales. En algunos casos, como el del tomate o el maíz, ha llegado a ser del 1000 % debido a los híbridos de alto rendimiento. Por tanto, el empleo de la semilla es un factor básico para la actividad agraria por constituir una de las inversiones con efecto multiplicador más elevado por su incidencia en la capacidad productiva, resistencia a agentes adversos y calidad de las cosechas. Además, con el uso de las semillas certificadas se puede acreditar la trazabilidad y la calidad genética de las cosechas.

Señorías, la utilización de semilla certificada supone una serie de ventajas muy importantes para los agricultores, como es el uso de menores dosis de siembra debido a la garantía de germinación, menor tiempo en la preparación de la semilla, o el aumento del rendimiento, ya que se asegura una buena implantación del cultivo y se reduce la aparición de malas hierbas.

La producción y el comercio de semillas es una actividad regulada y sujeta a autorización y control administrativo, como sus señorías saben. El sistema de certificación garantiza la calidad de la semilla en origen, así como la trazabilidad, su homogeneidad, pureza específica y varietal, germinación, sanidad, humedad y ausencia de otras semillas no deseadas en la siembra.

Dada la importancia del uso de la semilla certificada, según los datos estadísticos de los que disponemos, en el año 2013 se ha incrementado la producción nacional de semilla certificada en un 5 %, aproximadamente, en comparación con la campaña anterior. En líneas generales, la semilla certificada de cereales ha aumentado en la pasada campaña a nivel nacional y también en todas las especies. En cereales, el porcentaje de semillas certificadas sobre el total de las




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necesidades de semilla supera ligeramente el 20 %. Aun así, este porcentaje, como sus señorías conocerán, es claramente insuficiente y más bajo que el de otros países de la Unión Europea.

En el caso del maíz y el girasol, especies en las que la semilla híbrida es la utilizada por casi el 100 % de los agricultores españoles, España se está consolidando como un excelente país para producir estas semillas por su clima y su recolección temprana, lo que ha impulsado el crecimiento económico de este sector y el establecimiento de importantes centros de mejora.

Señorías, en España se siembran alrededor de 5 millones y medio de hectáreas de cereal de invierno: avena, cebada, trigo, centeno y triticale, además de otras que se siembran, como veza, alfalfa, etcétera. Solo el 22 % de la semilla de cereal de invierno que se utiliza es certificada. Por tanto, como decía, nos encontramos a la cola de la Unión Europea en lo que se refiere al uso de semilla certificada, no superando el 20 % de la superficie sembrada.

Así pues, estamos dejando pasar una oportunidad importante de incrementar nuestra competitividad en relación con los países vecinos que usan este tipo de semillas en sus explotaciones, incrementando, por tanto, el rendimiento y la calidad. Decía que solo el 22 % de la semilla del cereal de invierno es certificada. Del 78 % restante, un 30 % corresponde a grano acondicionado para siembra procedente de los propios agricultores, que habitualmente —quien conozca el procedimiento lo sabe— un año siembran semilla certificada, lo que se conoce como R1, y al año siguiente, previo tratamiento y pago del royalty, utilizan esa semilla para sembrar, lo que se conoce también como la R2. Esta es una práctica que está autorizada, que cuenta con todas las garantías y, como ustedes conocerán, estos granos no se pueden comercializar ni intercambiar entre agricultores. El resto, el 48 % restante, es de origen desconocido y sin ningún control, es decir, no cumple con los estándares oficiales que garantizan las mismas condiciones que la semilla certificada, tales como la germinación mínima, la pureza varietal o la sanidad en la semilla. Lógicamente, entenderán que eso pueda acarrear perjuicios económicos para el agricultor, amén de enfermedades y otras cuestiones que saben quienes conocen un poco el sector agrario.

De ahí precisamente la importancia que tiene que el agricultor sea consciente de las ventajas de sembrar con semilla certificada, aunque también hay que añadir que en la labor que las empresas hacen de investigación y desarrollo de variedades, entre otras cosas, necesitan una Administración ágil que les permita importar, certificar y exportar las semillas en el menor tiempo posible, incluidos los trabajos de control y análisis de laboratorio necesarios para ello.

Por eso, señorías, traemos esta moción al Pleno del Senado, entre otras cosas para que todos seamos conscientes de la importancia que tiene el uso de una semilla de calidad, de una semilla certificada, para el futuro de la agricultura española. Planteamos tres puntos, que entendemos que son importantes. El primero sería promover la importancia del uso de la semilla certificada, es decir, instamos desde el Senado al Gobierno y a las comunidades autónomas a que promuevan la importancia del uso de la semilla certificada, cuyos controles dan a los agricultores garantías de calidad y ayudan a aumentar la producción en las explotaciones agrarias y, con ello, aumentan su rentabilidad y consumo. Para ello, entendemos que es muy necesario mejorar la información sobre las ventajas del uso de semilla certificada en todos los eslabones de la cadena de producción alimentaria, fomentar el uso de semilla certificada para que las cooperativas de agricultores la conozcan como el factor más importante a la hora de planificar sus siembras y colaborar con empresas consumidoras para que reconozcan las cosechas procedentes de semilla certificada, que aportará mayor calidad y una trazabilidad que hoy se demanda y exige.

En segundo lugar, instamos al Gobierno a facilitar el acceso y el empleo de la semilla certificada entre los agricultores. Ustedes saben, señorías, que el desacoplamiento de la ayuda al trigo en el año 2010 fue el comienzo de una etapa delicada para el sector de las semillas, aunque se incrementó el uso de semillas de cebada, trigo blando, centeno, triticale, etcétera. Sin embargo, en la futura declaración de la PAC se va a exigir que el agricultor indique el origen de la semilla utilizada, con dos únicas posibilidades —o se siembra semilla certificada, o es del propio autoconsumo—, eliminándose, por tanto, la posibilidad de otro origen sin especificar. Además, habrá que indicar el nombre de la variedad y deberá realizarse un control oficial que va a exigir la política agraria común de que se utiliza esa variedad.

Este hecho, sin lugar a dudas, va a favorecer el uso de semilla certificada por los agricultores y ayudará mucho al sector del productor de semilla, fundamentalmente, al de cereales.




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La certificación de semillas en España en la campaña 2013-2014 ha supuesto un incremento con respecto a la anterior de un 5 % aproximadamente, y en cuanto a la superficie dedicada en España a la producción de semillas, se puede indicar que no ha habido mucha variación en estas dos últimas campañas. Partíamos de una superficie de 157 964 hectáreas en el periodo 2012-2013 y en la campaña 2013-2014 hemos pasado a una superficie destinada a la producción de semillas certificadas de 158 445 hectáreas.

En tercer lugar instamos al Gobierno a que haya campañas de imagen para sensibilizar a la sociedad sobre las garantías que supone usar semilla certificada, precisamente para que el agricultor conozca los beneficios de la utilización de la semilla certificada y para que se estimule su uso. El propio ministerio, en estos momentos, va a iniciar campañas publicitarias, como la realización de un vídeo que posteriormente se va a publicar en la página web del ministerio y que contará con la colaboración de Aprose para su distribución en el sector. También empresas investigadoras y comercializadoras, así como otras organizaciones han publicado una guía para estimular el uso de la semilla certificada y difundirlo en el sector. En este documento, lógicamente, se exponen las cualidades de la semilla certificada, asegurando calidad y trazabilidad en las cosechas. Y no es solamente esto lo que se tiene que hacer, sino que se tendrán que hacer muchas cosas más, para mentalizar a los agricultores del uso de la semilla certificada.

En definitiva, señorías el uso de esta semilla no hay que verlo como un gasto, sino como una inversión que permite aumentar el rendimiento de las cosechas.

Por eso, señorías, pedimos el apoyo a esta iniciativa al resto de los grupos parlamentarios, entendiendo que redundará en beneficio de los agricultores españoles, o al menos se podrá tomar conciencia de que es un problema que tenemos y que, entre todos, hemos de resolver.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el senador Toledo.

El señor TOLEDO DÍAZ: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Las enmiendas que ha presentado mi grupo no cambian o no intentan cambiar para nada el fondo de la cuestión que plantea el Grupo Parlamentario Popular en relación con las semillas certificadas. Todo lo contrario, a nuestro entender, no solamente la enriquece, al centrar la cuestión en uno de los problemas que consideramos fundamentales —el hecho de que exista poca utilización por los agricultores de nuestro país de esta semilla certificada—, sino que además se abren nuevas posibilidades al potenciar la utilización de la denominada semilla autóctona o tradicional de nuestra agricultura. Consideramos que nuestras enmiendas enriquecen el texto original, al ir un paso más allá de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

La enmienda número 1 es de sustitución, de sustitución de la expresión «… entre los agricultores.» en el texto de la moción por «… mediante líneas de ayuda específica para los agricultores profesionales.» Señorías, nuestros agricultores conocen perfectamente qué son las semillas certificadas, conocen sus ventajas y también sus desventajas —una de ellas, la principal, es el alto coste que conlleva la utilización de este tipo de semillas— y si no las utilizan más es porque su coste casi nunca compensa el crecimiento de producción por utilizarlas. Lo cierto es que el precio de la semilla certificada no está al alcance de muchas pequeñas explotaciones de agricultores profesionales que trabajan día a día nuestro campo y que prefieren, en todo caso, utilizar la semilla obtenida de sus propias explotaciones, lo que se llama la resiembra. De ahí que crear una línea de ayudas específicas por el Gobierno favorecería, en todo caso, a los agricultores que quisiesen utilizar las semillas certificadas.

La enmienda número 2 que presenta mi grupo es de supresión. No creemos oportuno, señorías —y ya nos lo ha avanzado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la senadora Moya—, gastar dinero público en este momento para llevar a cabo una campaña de imagen y sensibilización social para el uso de semillas certificadas. En primer lugar, porque los supuestos demandantes de dichos productos son los agricultores, no los consumidores a priori. A estos últimos les preocupa, en todo caso, y fundamentalmente, otras cuestiones derivadas de la compra de alimentación —pueden ser cuestiones relacionadas con el origen de los productos, el correcto etiquetado, su trazabilidad, la calidad, el precio, etcétera—. Y los primeros, los agricultores, repito, conocen




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perfectamente lo que es una semilla certificada, sus pros y sus contras. Por tanto, nos parece que deben ser las empresas suministradoras las que tienen que hacer su campaña de promoción si tanto les preocupa —que, lógicamente, lo entendemos— el descenso de la compra de productos de semilla certificada, como lo que hacen, por cierto, otros sectores en este país. Y, ya puestos, estas grandes empresas multinacionales productoras de semilla certificada podrían revisar a la baja los precios de sus semillas, que impiden clarísimamente que los agricultores, sobre todo los pequeños, puedan hacer uso y comprar esa semilla.

Por último, presentamos la enmienda número 3, que es de adición. En ella proponemos, fundamentalmente, promover el mantenimiento, la conservación y la mejora de las semillas autóctonas y tradicionales de nuestro campo, así como su riqueza varietal y de biodiversidad que generan. En este nuevo punto 3 incorporamos a la moción el tema de las semillas autóctonas y tradicionales en nuestro país, fundamentalmente porque este asunto también nos preocupa, como a los agricultores, sobre todo en determinadas zonas de España, de ahí la defensa de la semilla autóctona, la semilla original de las variedades propias de nuestro país.

Es cierto que no piensan las grandes multinacionales productoras de semilla certificada sobre la semilla autóctona y tradicional. En todo caso, ven como una amenaza los sistemas tradicionales de semillas, que, a nuestro entender, no tienen por qué ser peores, simplemente son diferentes. Nosotros creemos en la necesidad de conservar las diversas variedades de especies que existen en nuestra agricultura. Es fundamental. No pretendemos que esto se convierta en una lucha entre la tradición y la biodiversidad de las especies que nos proporciona esta variedad y la homogeneidad que proporcionan las semillas certificadas, pero sí, en todo caso, que pueda suponer un pequeño punto de inflexión sobre este asunto.

Por todo lo relatado en este pequeño resumen que les he hecho, espero que el Grupo Parlamentario Popular tome en consideración las enmiendas que hemos presentado a esta moción, que lo único que pretenden es mejorar y enriquecer el texto de la moción presentada.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Toledo.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, autor de la moción originaria, para manifestar si acepta o no las enmiendas.

La señora MOYA MORENO: Gracias, señor presidente.

Señor Toledo, usted está planteando una moción nueva. Presenta tres enmiendas —una de sustitución, otra de supresión y otra de adición— que suponen una nueva moción, distinta a la que esta senadora ha traído a debatir hoy al Pleno. Creo que es importante e interesante hablar hoy aquí de las semillas, además es la primera vez que se ha hablado de ello en esta Cámara, y creo que es bueno para el sector agrario.

No puedo aceptar su enmienda, y además creo que usted no me ha escuchado. Habla de las campañas de promoción y del gasto que suponen, y dice que no tiene por qué haber gasto público. Es que, efectivamente, el gasto público que se va a producir en estas campañas de promoción no va salir exclusivamente del ministerio ni de las comunidades autónomas, sino fundamentalmente de las empresas que se dedican a la investigación y a la comercialización de las semillas. Y usted conoce perfectamente cuáles son las empresas que hay en estos momentos y que se dedican a la investigación. Por cierto, para que todos lo sepamos, ampliar el espectro de variedades en algunos casos lleva un trabajo de investigación de más de 10 años, y lógicamente eso supone un esfuerzo, un trabajo añadido en beneficio de un sector tan importante en España como el agrario.

Por lo que se refiere a la primera enmienda, propone en el punto 2 la sustitución de la expresión «... entre los agricultores.» por «… mediante líneas de ayuda específica para los agricultores profesionales.» Señoría, en el real decreto de ayudas a los agricultores a partir del año 2015 no está prevista ninguna ayuda a la producción de las semillas certificadas. Ya he dicho, y si me ha escuchado, que en la futura declaración de la PAC se va a exigir que el agricultor indique el origen de la semilla utilizada con dos únicas posibilidades. Yo creo que a usted le interesaría conocer qué es lo que dice realmente la PAC en este sentido, y lógicamente todos debemos ser conscientes de cuál es la situación real. A mí también me gustaría que hubiera ayudas a la compra de las semillas. Mi familia es agricultora desde siempre y conozco perfectamente el asunto: sé lo que cuesta sembrar, sé lo que cuesta el fertilizante, sé lo que cuesta la cosecha, sé lo que cuesta la preparación




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y sé el miedo que habitualmente tiene el agricultor hasta ver qué cosecha hay, lo conozco perfectamente, pero también sé positivamente cuáles son las previsiones a las que se tiene que atener. Por tanto, yo no puedo crear falsas expectativas, con independencia de que se luche o se trabaje en el sentido de que haya ayudas para la compra de la semilla, que también tiene que ser vía comunidades autónomas y vía Ministerio de Agricultura, las dos cosas. Pero hay que tener en cuenta lo que dice la política agraria común, que se va a aplicar a partir de ya. Por tanto, tenemos que ser serios y tenerlo en cuenta.

Como ya he dicho, en la futura declaración de la PAC se va a exigir que el agricultor indique el origen de la semilla utilizada con dos únicas posibilidades: o se siembra semilla certificada, o la semilla del propio autoconsumo, eliminándose, por tanto, la posibilidad de otro origen sin especificar. Estamos hablando de que hay que garantizar que la semilla sea la lógica y la buena, porque no olvidemos que después viene la producción y también el consumo de lo que esa semilla produce, es decir, que estamos hablando de algo tan importante que afecta de una forma muy directa a la ley de la cadena alimentaria. En esto va a favorecer sin lugar a dudas el uso de la semilla certificada por los agricultores y se ayudará mucho más al sector de producción de semillas, fundamentalmente al de cereales. ¿Y esto qué puede suponer también? Pues que, si se usa más semilla certificada, haya una bajada de los precios, porque no es lo mismo hacer un uso del 20 % de semilla certificada que hacer un uso del 80 %, como en estos momentos está ocurriendo en otros países de la Unión Europea.

En la segunda enmienda 2 plantea la supresión del punto 3. No puede ser.

He de decirle con respecto a la última enmienda que, efectivamente, España tiene una gran riqueza y que las semillas autóctonas son muy importantes, pero a veces no cuentan con los requisitos de calidad o con los requisitos varietales que exige la normativa. Decía que España es un país con una gran riqueza en recursos fitogenéticos, y hay que tener presente que estos contribuyen de una manera especial a garantizar la seguridad alimentaria para hoy y para las generaciones futuras. Yo creo que esto tenemos que tenerlo muy claro. Existe, por tanto, y debe existir una normativa adecuada para regular su conservación y utilización. Como usted conoce muy bien, hay una normativa española, —y también una normativa europea— que el Ministerio de Agricultura ha adaptado a la de la Unión Europea hace muy poco, y la ley de semillas intenta precisamente regular la gestión y la protección de los recursos fitogenéticos para conservar y promover la utilización sostenible de dichos recursos; ampliar la base genética de los cultivos, variedades y especies; fortalecer la investigación que promueva y conserve la diversidad biológica; y fomentar la creación de vínculos estrechos entre la mejora genética y el desarrollo agrícola.

Por tanto, lo que usted está planteando está ya recogido precisamente en esa normativa y en ese decreto. Así pues, no voy a admitir ninguna de las enmiendas que ha presentado en estos momentos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Mendizábal.

La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Gracias, señor presidente. Buenos días.

La apuesta de Amaiur es clara: no a la uniformidad, no a la pérdida de biodiversidad y no al control de la vida por las empresas multinacionales que acaparan semillas y patentan la vida. Tenemos claro que no podemos seguir entregando nuestros campos a la agricultura industrial, empobreciendo nuestro suelo y la vida de quienes allí trabajan. En este sentido, no estamos de acuerdo con el modelo de agricultura al que hace referencia esta moción y, por eso, pretendo advertir lo que supone el modelo que esta representa, aspectos que no se recogen propiamente en el texto pero que conlleva este modelo de agricultura, porque ni las semillas certificadas son la panacea ni son las únicas de calidad.

Si no supiéramos de dónde viene y adónde llevó ese modelo de agricultura que representa esta moción podría parecernos incluso inocua. Naturalmente que el sector agrario quiere acabar con las empresas que están aprovechando para hacer negocio vendiendo semillas clandestinas, sin garantías, faltaría más, pero eso no significa hacerlo a costa de la privatización de las semillas.




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Tenemos que tener mucho cuidado porque no podemos aceptar que los agricultores y las agricultoras no puedan usar y reutilizar sus propias semillas cuantas veces quieran, que no puedan intercambiarlas, o que no puedan venderlas. No puede ser de ningún modo obligatorio el uso de semillas certificadas y obligar a los agricultores y a las agricultoras a pagar y a volver a pagar royalties cada vez que vayan a utilizarlas.

No compartimos el modelo de agricultura que representa esta moción, un modelo que está en la línea de la revolución industrial trasladada al campo desde mediados del siglo pasado, que se define en monocultivos de grandes extensiones de terreno, uso masivo de fertilizantes y herbicidas, homogeneización de las semillas y manipulación genética. Todo eso convirtió los campos de gran parte del planeta en fábricas enormes de pocas variedades de semillas y alimentos. Lo llamaron en su día la revolución verde, y acabó con la biodiversidad en la agricultura, haciendo desaparecer el concepto de la tierra como medio de sustento de las familias; aquellos campos que eran la despensa variada y nutritiva para la subsistencia de los y las agricultoras, para la venta cercana o al por menor, pasaron a ser una gran fábrica que entregaba materia prima a las multinacionales.

Obligar al uso de las semillas certificadas significa su apuesta clara por la uniformidad y las ganancias aseguradas de las empresas, eso sí, todo barnizado por el supuesto beneficio, incluso por el ahorro. Sería indigno obligar al uso de semillas certificadas como si la vida pudiera privatizarse en pocas manos, haciendo a los agricultores cada vez más dependientes y expuestos a los intereses de quienes se han apropiado de esas semillas.

Amaiur está a favor de la biodiversidad, una biodiversidad muchas veces olvidada que se llama la agrobiodiversidad. Para nuestro futuro en Euskal Herria creemos que es urgente recopilar información, material genético, semillas de variedades tradicionales de nuestra tierra; necesitamos difundir su existencia, sus ventajas y también sus desventajas, favoreciendo el acceso de agricultores y agricultoras y de quienes trabajan las huertas a variedades presentes en colecciones, en bancos de semillas o en caseríos. Apostamos por ampliar el círculo de personas que cultivan variedades locales y disponen de sus semillas para intercambiar, ceder o donar.

El futuro de una agricultura viva pasa por la biodiversidad cultivada y la agricultura a pequeña escala, una agricultura cada vez más autónoma, que nos hace cada vez menos dependientes de productos exteriores.

Este es el modelo que defiende Amaiur. Consideramos que la moción que nos ha presentado hoy el partido Popular no favorece el modelo que nosotros queremos para nuestro pueblo. Por tanto, votaremos en contra.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Mendizabal.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Mahaiburu jauna, señorías, en principio podríamos estar de acuerdo con la importancia del uso de semillas certificadas sobre todo cuando se trata depende de qué cultivos, pero, bueno. De hecho, en el País Vasco, hace tiempo que estamos en esta línea, se ha trabajado mucho en el asunto de las semillas certificadas y se ha desarrollado una completa regulación —podemos suponer que efectiva— en este campo.

Claro, es cierto que el proceso de certificación implica una forma de producir y de manipular las semillas que respete una serie de requisitos para que, al final del proceso, se obtengan semillas que cumplan con los mínimos exigidos por las reglamentaciones técnicas de certificación. Evidentemente, existen semillas de especies, sobre todo autóctonas, que no son de gran producción, que no tienen fácil conseguir una certificación o que, simplemente, no es necesario acceder a ellas, entre otras cosas, porque —por ejemplo, en Euskadi— hay diversos bancos de semillas de especies autóctonas que intentan mantener y preservar la diversidad genética y el mantenimiento varietal en plantas autógamas, incluso forzando la producción de semillas de plantas alógamas. Estos bancos ya dan por sí mismos una especie de valor añadido a las semillas, no necesariamente tienen por qué estar certificadas. Por tanto, podíamos estar de acuerdo, pero consideramos que en esta moción falta este aspecto sobre el que el representante socialista ha hecho hincapié, y me parece que hubiera sido interesante que el Grupo Popular hubiera aceptado estas enmiendas.




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Por otro lado, si bajamos a la propia moción, a mí me sigue sorprendiendo que cuando se les pide el coste de la moción digan que tiene coste cero. Es que es una cosa curiosa, porque «Promover la importancia del uso de la semilla certificada, cuyos controles...», po, po, po, po «y con ello aumentar su rentabilidad y consumo» cuesta dinero o debería costar dinero, pues gratis no se puede promover nada.

«Facilitar el acceso y el empleo de semilla certificada entre los agricultores...» se hace sobre la base de formación y de motivación, pero, sobre todo, sobre la base de ayudas; así se ha hecho en las comunidades autónomas. Si el coste es cero, ustedes invitan a la ronda pero paga otro, y eso tampoco tiene mucho sentido.

«Llevar a cabo una campaña de imagen para sensibilizar a la sociedad sobre las garantías que supone...» también cuesta dinero, y en eso también estoy de acuerdo con el senador socialista. El tipo de semillas le puede parecer muy interesante a la sociedad, pero solamente a quien se lo parezca. Hacer una campaña para la sociedad, además de que cuesta dinero —según ustedes, no—, no le vemos mucho sentido.

Por tanto, nosotros nos vamos a abstener porque no estamos en contra de la semilla certificada —y nos hubiera gustado que se hubieran incluido además las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista— y, sobre todo, porque a coste cero no se pueden hacer.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Cazalis.

Por parte del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador señor Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.

Intervengo para fijar en este debate la posición del Grupo Parlamentario Entesa.

Podríamos decir que nosotros ciertamente estamos de acuerdo en algunas de las cuestiones que plantea la moción, porque, como decía el señor Cazalis, la utilización de semilla certificada tiene aspectos positivos, algo absolutamente innegable, pero también es verdad que esta es una moción poco equilibrada y en cierta manera únicamente de parte. Consideramos que los problemas de la agricultura no pueden abordarse desde la parcialidad, algo que hacemos frecuentemente, y, al final, no nos permite ser rigurosos con las cuestiones que afectan a los agricultores.

El planteamiento que ha hecho la senadora Moya es razonable, pero ciertamente, cuando uno habla con los agricultores —lo decía el señor Toledo—, el precio de este tipo de semillas a la hora de comprarlas es un problema muy grave porque son caras. Pero a su vez —por eso decía lo de la parcialidad del debate— no se quiere abordar el debate sobre los precios agrarios. Ustedes votaron en contra el otro día de la creación de una comisión de estudio sobre el problema enorme de los precios agrarios que condiciona la cuestión de si se puede o no se puede comprar semilla certificada para muchos agricultores. Algún día tendremos que ver de qué forma somos capaces de tener un planteamiento que aborde esta cuestión.

Entonces —como usted ha dicho— tendremos que hacer otra moción, pero tiene que entender que es muy difícil votar únicamente la parcialidad de esta cuestión cuando ustedes no quieren abordar —insisto— el debate sobre los precios de la energía y los mecanismos de mercado. Por tanto, no tenemos respuestas cuando los agricultores plantean esta cuestión fundamental. Además, ahora se sumará aquello que usted ha explicado muy bien, que es la exigencia de la PAC, pero seguiremos —insisto— sin dar solución a los otros problemas que tendrían mucho que ver con la capacidad precisamente de pagar el precio de las semillas certificadas.

Este es un debate muy poco transparente —lo ha dicho la senadora de Amaiur y yo estoy muy de acuerdo con lo que ha planteado—. El hecho de que la propiedad de las semillas, de que el 80 % del mercado esté prácticamente en manos de una multinacional plantea muchas dudas en este debate. No se trata de desviar el debate, pero es una cuestión que nos preocupa y que debe tratarse en este debate para ver si realmente la transparencia es en este momento un elemento que está presente en todo el proceso. Es cierto —usted lo ha dicho— que tenemos ya en este momento algunas legislaciones, especialmente la directiva de la Unión Europea en esta materia que es importante, pero yo recomiendo leer el debate que hubo sobre esta directiva —ustedes saben que, de entrada, esta directiva no preveía en absoluto tener en cuenta las semillas autóctonas y, por tanto, quedaban fuera—. Al final, se llegó a un acuerdo con aquellas empresas




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que tenían menos de 10 trabajadores para que pudieran utilizar estas semillas autóctonas. Pero nos parece un parche. La biodiversidad y la agrodiversidad son elementos fundamentales que deben preservarse.

Una de las cuestiones fundamentales de las que adolece esta moción es el hecho de no tener en cuenta las semillas autóctonas con su riqueza en variedad y potencialidad, lo que en ocasiones desconocemos y que, ciertamente, debería haber quedado recogido en esta moción. Por tanto, nos parece que la moción no encaja con unos criterios que deberían compensar esta parcialidad de parte que nosotros entendemos que tiene el texto de la misma. En las enmiendas del Grupo Socialista —si no en todas, sí en alguna de ellas— podríamos haber encontrado este equilibrio, pero parece ser que en este caso tampoco ha habido ningún tipo de diálogo. Por tanto, senadora Moya, sintiéndolo mucho, aunque compartimos en parte el texto, nos vamos a ver obligados a votar en contra porque ciertamente el texto de la moción no recoge nuestro criterio.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Moya.

Por parte de CiU, tiene la palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gràcies, president.

En aquest cas, aquest senador compareix, és aquí al faristol, per posicionar-se al respecte d’aquesta moció, presentada pel Grup del Partit Popular. Oferiré el posicionament per part del grup que represento, el Grup de Convergència i Unió.

Primer, voldria fer algunes consideracions al respecte. Hi ha un informe de la FAO que diu que l’any 2050 s’haurà d’incrementar la productivitat un 70 % amb productes agroalimentaris. Això vol dir que hi ha un increment de població que s’estima en funció de les estadístiques i de la projecció numèrica que es pugui fer que és necessari millorar la productivitat. Ara bé, feta aquesta introducció, això no treu que no s’hagi de respectar, en aquest cas, les llavors que tinguin el seu origen en entorns més propers.

Per tant, parlem de l’informe FAO, increment del 70 % de productivitat. Informe SOFA, 2014, en el qual es parla de la importància de l’agricultura familiar. Un important contingent d’agricultors i de productors vénen de l’estructura familiar i aquests demanen, entre altres coses, que es pugui millorar la productivitat, amb un element essencial com la llavor, però no només.

De forma parcial, mig entretallada, aquí al Senat s’han anat veient els diferents esglaons o escales de la cadena alimentària. Aquest és un i té la seva importància, perquè entre altres coses el que pot arribar a fer la llavors és millorar la productivitat.

Ho vull entrellaçar amb un aspecte essencial que tenim damunt la taula: inversió en I+D+I, transferència de tecnologia. És evident que es necessiten centres en els quals es pugui millorar la traçabilitat, les atribucions que puguin tenir aquestes llavors. Com a exemple, podem parlar de l’IRTA, en aquest cas a Catalunya, de Fruitcentre, que estan investigant en totes les baules de la cadena alimentària.

Ara bé, en el que tracta aquesta moció, creiem com tots els senadors que m’han precedit que no formen part del Grup del Partit Popular que aquesta moció té un cert punt de parcialitat i que no parli exclusivament de tots els escenaris que es puguin donar. No hem d’oblidar que hi ha altres orígens de la llavor, que no passen únicament per la certificació i que són perfectament legals. Aquestes altres procedències s’han establert bàsicament per satisfer les necessitats a les zones més empobrides des del punt de vista dels rendiments que s’obtenen de les collites, rendiments molt baixos o baixos, i que cerquen de reduir al màxim les despeses de producció.

Aquí tornem a apuntar un altre element essencial: despeses de producció. No es pot oblidar que la llavor certificada té un cost econòmic significatiu i que, per tant, en aquestes zones on la rendibilitat no és l’esperada té un efecte més aviat nociu en les rendes dels agricultors, fet que fa que puguin utilitzar el producte de la seva collita amb finalitat de propagació a la seva pròpia explotació, que això suposa un estalvi que repercuteix directament en el marge dels beneficis de la mateixa explotació i no s’està fent res d’il·legal. A més, en el cas de les varietats protegides, aquesta possibilitat està perfectament regulada com a excepció en benefici de l’agricultor a l’article 14 de la Llei 3/2000, de 7 de gener, de règim jurídic de la protecció de les obtencions vegetals, transposició de la normativa europea.




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Després també, si entrem a obrir o analitzar de forma més intensa, si em permet l’expressió, les aportacions que es fan en aquesta moció, no entenc el seu punt 3 quan diu portar a terme una campanya d’imatge per sensibilitzar la societat sobre les garanties que suposa la llavor certificada i els riscos que comporta usar llavor clandestina. Miri, primer posar el concepte de risc en una qüestió tan essencial com és la seguretat alimentària crec que no és gens afortunat, perquè pot generar una alarma social que no correspon, i quan de forma genèrica vostè parla de sensibilitzar la societat, en temps de crisi el que s’ha de fer és intentar racionalitzar al màxim els recursos. Si es vol, s’ha de fer una campanya per a aquells sectors que són sensibles a aquesta situació, perquè si vostè fa una campanya a tota la societat en general, com molt bé han dit els senadors que m’han precedit, no sé si tindrà la suficient incidència i arribarà a l’objectiu que es plantejava en aquesta moció.

He parlat de la situació on la producció és baixa o molt baixa, i l’estalvi que podria significar en aquestes llavors, que no són les certificades, per posar un altre element damunt la taula que vostè ha apuntat, senadora Moya: la dificultat de circulant en les explotacions agràries familiars. Moltes vegades, i vostè ja ho saps, hi ha diferents disposicions en les quals s’estableix que els pagaments de productes alimentaris peremptoris o transformats tenen un període de cobrament per part de l’agricultor, del productor, de 30 a 60 dies. Això no es dóna. És a dir, la baula més dèbil no és veu protegit. (El senyor president ocupa la Presidència.) Un problema de tresoreria, de circulant, quan hi ha increment de costos, quan només es planteja l’existència —i no li nego la bondat d’aquesta moció—, però quan només es planteja l’existència de la llavor certificada sense tenir en compte —com li han dit altres senadors que m’han precedit— fer una política més transversal, com poden ser uns crèdits a uns interessos molt baixos, o amb una carència per als productors, com pot ser una política sostinguda de manteniment i continuïtat de polítiques d’I+D i de transferència de tecnologia, perquè és un element important.

Fixem-nos tots plegats en la importància d’aquesta moció que tenim al davant. Em retrotrec a l’inici de la meva intervenció: hi ha les projeccions d’aquest informe de la FAO, que diu que s’ha d’incrementar un 70 % la productivitat partint de cada vegada una reducció més importants dels recursos: hídrics, terres de conreu i, en aquest cas, llavors. Les llavors són un element essencial de sostenibilitat de la humanitat, perquè a partir d’aquí es trauran els resultats i la producció necessària per poder alimentar la humanitat. Jo el que demanaria és que aquestes mocions que tenen aquesta voluntat —vull creure— de fer una regulació i tirar més endavant, que fossin al més obertes i extenses possibles i que es veiés en un sentit de totalitat, que vol dir observar les diferents situacions que es poden donar, tant de la llavor certificada —que és veritat i necessari que aquelles empreses que inverteixen per traure noves llavors necessiten un retorn—, però no deixar de banda aquesta legalitat existent, que poden fer que els agricultors puguin fer la seva pròpia llavor per poder continuar amb el seu procés productiu. I d’això, senadora Moya, aquí no se’n parla.

Tampoc no es parla de les polítiques d’investigació i desenvolupament, en aquest cas en el sector industrial, que hauria d’haver-hi no tan sols les polítiques d’I+D, sinó de transferència i de convivència entre la part productiva, l’empresarial i els poders públics. Aquí no se’n parla. Torno a reiterar-li-ho.

Tot i la bondat d’aquesta moció —ja se m’acaba el temps—, nosaltres, perquè la veiem en algunes coses incompleta i en altres que es podria millorar, ens abstindrem com a grup.

Fet aquest aclariment i demostrat i verbalitzat aquest posicionament per part del meu grup, ja no em queda dir res més.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

En este caso, este senador está aquí, en el atril, para posicionarse en relación con esta moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular, por tanto, lo que voy a hacer es manifestar el posicionamiento del grupo al que represento, Convergència i Unió.

En primer lugar me gustaría hacer una serie de consideraciones sobre este punto. Existe un informe de la FAO que afirma que en el año 2050 va a tener que aumentarse la productividad en un 70 % de productos agroalimentarios. Esto significa que existe un incremento poblacional, que se estima en función de las estadísticas y la progresión o la proyección numérica que pueda darse, por lo que es necesario mejorar la productividad. De todas formas y hecha esta introducción, esto




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no quita que no deban respetarse en este caso las semillas que tengan su origen en los entornos más cercanos.

Por lo tanto, hablamos del informe de la FAO, de ese incremento del 70 % de la productividad, y del informe SOFA de 2014, en el que se habla de la importancia de la agricultura familiar, un contingente importante de agricultores y productores que proceden de la estructura familiar que solicitan, entre otras cosas, que pueda mejorarse la productividad en un elemento esencial, como puede ser la semilla, pero no exclusivamente la semilla.

De forma parcial, por consiguiente medio entrecortada, aquí, en el Senado hemos ido viendo los distintos eslabones o escalas de la cadena alimentaria. Este es uno de ellos, que tiene y reviste su importancia puesto que, entre otras cosas, lo que se puede llegar a hacer, hablando de las semillas, reitero, es mejorar la productividad.

Me gustaría enlazar esto con un aspecto esencial que tenemos ya sobre la mesa, y es la inversión en I+D+i, transferencia de tecnología. Es evidente que se requieren centros en los que se pueda mejorar la trazabilidad y las atribuciones que puedan tener esas semillas. Como ejemplo podemos hablar del IRTA, en este caso en Cataluña, o fluid centre, que están investigando en todas las cadenas, en todos los eslabones de la cadena alimentaria.

En cuanto al contenido de esta moción, consideramos, como todos los senadores que me han precedido, en este caso los que no forman parte del grupo del Partido Popular, que esta moción tiene un cierto punto de parcialidad y que no habla exclusivamente de todos los escenarios que pueden llegar a darse, porque no debemos olvidar que existen otros orígenes de la semilla, que no pasan únicamente por la certificación y que son perfectamente legales. Esas otras procedencias se han establecido básicamente para satisfacer las necesidades en las zonas más empobrecidas desde el punto de vista de los rendimientos que se obtienen de las cosechas, rendimientos muy bajos o bajos que pretenden reducir al máximo los gastos de producción.

Aquí volvemos a apuntar otro elemento esencial, los gastos de producción. No podemos olvidar que la semilla certificada tiene un coste económico significativo y que, por lo tanto, en esas zonas en las que la rentabilidad no es la esperada tiene un efecto más bien nocivo sobre las rentas de los agricultores, por lo que estos pueden utilizar el producto de su cosecha con la finalidad de la propagación en su misma explotación y esto supone un ahorro que repercute directamente en el margen de los beneficios de la misma explotación. No se está haciendo nada ilegal en este sentido. En el caso de las variedades protegidas, incluso esta posibilidad está perfectamente regulada como excepción en beneficio del agricultor, en el artículo 14 de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales, trasposición, por consiguiente, de lo mencionado ya de la normativa europea.

Si entramos a analizar de forma más intensa, si me permite la expresión, las aportaciones realizadas en esta moción, les diré que no entiendo el punto 3, cuando habla de llevar a cabo una campaña de imagen para sensibilizar a la sociedad sobre las garantías que supone la semilla certificada y los riesgos que conlleva utilizar una semilla clandestina. Primero, este concepto de riesgo lo introduce usted en una cuestión esencial, en la seguridad alimentaria. A mí me parece que es una expresión nada afortunada porque puede generar una alarma social que no corresponde y luego, cuando de forma genérica habla de sensibilizar a la sociedad en tiempos de crisis, lo que debemos hacer es intentar racionalizar al máximo nuestros recursos y, si se quiere, realizar una campaña para aquellos sectores que son sensibles a esta situación, porque si usted prepara una campaña para toda la sociedad en general, como ya han dicho los senadores que me han precedido, no sé si esto tendrá la suficiente incidencia ni si alcanzará el objetivo que se planteaba en esta moción.

He hablado de la situación de la producción cuando es baja o muy baja y el ahorro que podría conllevar el uso de estas semillas, que no son las certificadas, para proponer otro elemento al debate y que usted, senadora Moya, ha apuntado: la dificultad del circulante en las explotaciones agrarias familiares. Muchas veces —usted lo sabe— existen distintas disposiciones en las que se establece que los pagos de productos alimentarios perentorios o transformados tienen un periodo de cobro por parte del productor de treinta a sesenta días, y esto no se da, es decir, el eslabón más débil no se ve protegido. (El señor presidente ocupa la Presidencia) Es un problema de tesorería, de circulante, de que existe un incremento de costes, pero se pone sobre la mesa únicamente la existencia —no le niego la bondad de la moción— de la semilla certificada, sin tener




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en cuenta —ya se lo han dicho otros senadores que me han precedido en el uso de la palabra— la posibilidad de una política más transversal, como pueden ser créditos a intereses muy bajos o con carencia para los agricultores, o una política sostenida de mantenimiento y continuidad de políticas de I+D y de transferencia de tecnología, porque es un elemento muy importante.

Debemos fijarnos todos en la importancia de la moción que estamos tratando, y vuelvo al inicio de mi intervención. Según este informe de la FAO debe incrementarse en un 70 % la productividad partiendo de una reducción cada vez más importante de los recursos hídricos, tierras de cosecha, y en este caso tierras de cultivo y semillas como un elemento esencial de sostenibilidad de la humanidad, porque a partir de aquí es de donde se sacan los resultados y la producción necesaria para dar alimento a toda la humanidad. Pues bien, a partir de aquí lo que yo pediría es que estas mociones, que tienen —quiero creerlo así— esta voluntad de ayudar a progresar con mayor regulación, fueran lo más abiertas y extensas posible y que se considerara en un sentido de totalidad, y totalidad implica observar también las distintas situaciones que pueden tener lugar, por ejemplo, con la semilla certificada —es verdad que es necesario que las empresas que invierten para sacar nuevas semillas tengan un retorno—, pero sin dejar de lado esa legalidad existente porque los agricultores pueden crear también su propia semilla para poder seguir en su proceso productivo. Esto, senadora Moya, no queda reflejado aquí.

También se habla de las políticas de investigación y desarrollo, en este caso, en el sector agroindustrial. No solo deberían constar las políticas de I+D, sino también las de transferencia y convivencia entre la parte productiva, la parte empresarial, y la parte de los poderes públicos. Reitero que aquí no se habla de estos puntos.

A pesar de la bondad de esta moción —se me está acabando el tiempo— nosotros, porque en algunos aspectos pensamos que es incompleta y en otros se podría mejorar, nos vamos a abstener como grupo en la votación.

Realizado ya este apunte y verbalizado este posicionamiento por parte de mi grupo, no me queda nada más por decir.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Plana.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Toledo.

El señor TOLEDO DÍAZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, esta moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular es otro ejemplo del tipo de mociones vacías de contenido porque propone lo obvio sin asumir ningún tipo de compromiso de cierto calado, sin exigir al Gobierno nada que pueda cambiar su errático rumbo en la política agraria en nuestro país. Porque en el fondo no asumen ningún tipo de compromisos, senadora Moya, compromiso real ni siquiera con las propias empresas productoras de semillas certificadas; ni siquiera. Y además, el cuerpo completo de la moción es prácticamente un resumen de las consideraciones que hace Aprose —como usted ha anunciado aquí—, la Asociación Profesional de Empresas Productoras de Semillas Selectas en este país, sobre cuáles son sus problemas, pero ni siquiera intentan ustedes solucionar sus problemas en esta moción; y es que uno de ellos y fundamental —y usted lo sabe perfectamente, senadora Moya— es el retraso de la Administración en el registro y certificación de nuevas variedades de semillas. Es que ni siquiera eso. No asumen ustedes ningún tipo de compromiso, y tampoco con los agricultores.

Por cierto, agradezco a los demás grupos que han hecho comentarios sobre nuestras enmiendas, lo agradezco de verdad, y además estoy de acuerdo con todos respecto de los argumentos que se han establecido. Son muy claras, simplemente intentan mejorar una moción vacía de contenido absolutamente, lo repito. Ustedes ni siquiera apoyan nuestra enmienda para ayudar a los agricultores. Señora Moya, fíjese si está desfasada su moción, que hace ya más de treinta años la Diputación Provincial de Teruel ayudaba a los agricultores con ayudas directas para la compra de semillas certificadas R1. No estamos hablando de nada nuevo, señora Moya.

Para nosotros esta es una moción light para no cabrear al presidente del Gobierno, señor Rajoy. Porque ya me dirán ustedes qué enorme calado tiene esta moción al promover la importancia y el uso de la semilla certificada si no dicen de qué forma vamos a promoverlo. Y en el punto 3, punto que nosotros queríamos suprimir por el coste de la campaña publicitaria, ahora dice usted que no, que eso lo pagan las empresas productoras. Pues sí, estamos de acuerdo, por eso




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lo queríamos quitar de la moción con nuestra enmienda. Pero es que usted, según su propia moción, habla de instar al Gobierno a llevar a cabo una campaña de imagen, etcétera. Senadora Moya, en ningún momento se dice que lo van a pagar las empresas productoras. ¡Pero si estamos instando al Gobierno a que haga una campaña! Es que usted misma ha dicho que se va a iniciar ya la campaña a través del Ministerio de Agricultura. Supongo que será con fondos de ese ministerio, señora Moya. Algunos senadores que me han precedido en el uso de la palabra ya han comentado que las 10 multinacionales más grandes del mundo controlan más del 80 % de la semilla certificada de todo el planeta. Yo supongo que si piensan que España, un pequeño país, no compra semilla certificada, estarán muy interesados en hacer sus propias campañas de publicidad. No se la vamos a hacer nosotros.

Además, no es cierto que con la semilla certificada se tenga una mayor producción. Eso puede darse en el caso de cultivos muy intensivos, sobre todo en regadío —estamos hablando de maíz y alfalfa—, pero que los agricultores salen ganando con mayor productividad con el cultivo de semilla certificada, como mínimo se puede poner en duda por su elevado coste de compra, sobre todo cuando hablamos de las zonas de secano en este país y, por tanto, del cultivo del cereal, leguminosas, centeno, trigo, etcétera. Además, en el caso de estos cultivos el limitante principal a la producción no es que la tipología de semillas sea certificada, es decir, sea de calidad —que lo es, y aquí nadie lo pone en duda—, sino la pluviometría, el que llueva más o menos en esos campos y sobre todo cuando son de secano. Por eso entendemos que esta moción está absolutamente vacía de contenido.

Por otra parte, ustedes, aunque veladamente, siguen las directrices de esa asociación porque tienen ciertas dudas sobre la utilización de la resiembra, y hablan sobre todo de la semilla clandestina. Y yo le pregunto, señora Moya, lo siguiente:¿a qué se refiere con lo de la semilla clandestina? ¿Existe semilla clandestina en España? Entendiendo por clandestina que es ilegal. ¿Por qué ustedes no han puesto en el cuerpo de moción o en la propia moción instar al Gobierno a cumplir lo que es su obligación, es decir, perseguir y sancionar a aquellas personas o empresas que estén utilizando semilla clandestina? Eso le daría un poco más de fuerza a esta moción, una moción, repito, light y absolutamente vacía de contenido.

De verdad que nos gustaría que nos dijesen de verdad a qué se refieren cuando hablan de ese mercado negro. Y hacen también una aseveración en la moción con la que tampoco podemos estar de acuerdo del todo. Ustedes dicen que con la semilla certificada se consigue mejor precio para el agricultor en la producción. Eso no es cierto, senadora Moya, porque yo puedo comprar semilla certificada de tal variedad de una especie determinada, por ejemplo, trigo, y cultivarlo en secano, que sabe usted que es nuestra tierra, y esperar, y rezar en muchos casos, que no haya pedrisco y llueva adecuadamente para obtener una buena cosecha. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero, cuando saque la producción como agricultor —y usted lo sabe bien—, a usted le van a valorar ese trigo según la calidad de esa producción. Pero usted con otro tipo de semilla de resiembra también puede conseguir esa calidad. ¿Quién le dice a usted que no? Le voy a poner un caso que usted, que viene de familia agrícola —mucho más que la mía, que no lo es, nunca lo ha sido, aunque yo también procedo del campo—, conoce perfectamente. Pues bien, resulta curioso que hace aproximadamente unos diez o doce años que en las semillas certificadas R1, es decir, las de mayor calidad de cualquier variedad de una especie determinada, sobre todo en las herbáceas, el porcentaje de germinación superaba el 90 %, señorías, más del 90 %. Sin embargo, hoy en día el porcentaje de germinación —ustedes mismos lo dicen en el cuerpo de la moción— apenas si puede llegar al 85 %. Por tanto, también ha bajado la calidad y la exigencia de calidad de estas semillas certificadas.

Senadora Moya, con todo el respeto y todo el cariño del mundo, esta es una moción vacía. Ustedes ni siquiera han aceptado las enmiendas que hemos presentado, ni siquiera han aceptado los argumentos de otros senadores que han hablado de la cuestión, simplemente por su obcecación por continuar con una moción de este tipo, que no va a ninguna parte, ni siquiera para conseguir el objetivo que tenían previsto, que era apoyar directamente a las empresas productoras de semillas; ni siquiera va a servir para eso.

Y quiero terminar mi intervención refiriéndome a las semillas tradicionales y autóctonas, porque en el cuerpo de su moción se deja entrever claramente que las ponen en entredicho como sistema tradicional, que es menos productivo y, por tanto, menos moderno. Senadora Moya —y esto es ya




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una cuestión personal, ni siquiera represento a mi grupo cuando voy a decir esto—, yo prefiero la variedad y la diversidad a la homogeneidad que proporciona la semilla certificada. Señoría, dentro de veinte o treinta años, si estas multinacionales siguen controlando el mercado mundial de semillas certificadas en todo el mundo, al final habrá tres variedades de trigo, dos variedades de cebada, etcétera, y, si nos metemos con las frutas y hortalizas, apaga y vámonos. Nosotros creemos en la variedad y la tradición de nuestro campo en diferentes regiones de nuestro país, porque es muy diferente nuestro secano, senadora Moya, de otras partes del norte, como Galicia, Euskadi o Cataluña, y cada agricultor de cada zona conoce sus variedades y sabe qué nos gusta. Yo deseo que nos podamos alimentar como queramos, con nuestros productos autóctonos, y eso no lo da la semilla certificada. ¿Da más producción? Está en duda. ¿Se vende a mejor precio? Está en duda. Pero, desde luego, lo que sí se va a conseguir es que de aquí a muy pocos años todo sea lo mismo y todo sepa a lo mismo. Y esa posibilidad de que los ciudadanos en este país podamos decidir qué alimentos son mejores para nosotros —el futuro es la variedad—, eso no se contempla en esta moción.

Por tanto, nosotros, evidentemente, no vamos a apoyar su moción, por todo lo que hemos comentado, y no solo porque ni siquiera hayan aceptado nuestras enmiendas. Este rato que hemos pasado aquí, que ha sido muy interesante, simplemente ha resultado inútil por la moción que ustedes han presentado.

Muchas gracias, señorías. Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Toledo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Moya.

La señora MOYA MORENO: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer el tono a todos los portavoces que han intervenido en el debate de esta moción.

Desde luego, lo que sí me alegra es que todos somos conscientes de la importancia que tiene en el sector agrario el uso de las semillas, teniendo en cuenta todos también que la semilla es solo una parte, una parte muy importante de todo lo que afecta al sector agrario, a la producción y al mundo del campo. Por lo tanto, les agradezco su disposición ―tendrán que estar de acuerdo conmigo― para que se hable por primera vez de las semillas. En este sentido, señor Toledo, le diré que su grupo lo podría haber hecho y haber tomado medidas durante los muchos años en que ha estado gobernando en España y, sin embargo, ni lo ha hecho ni tampoco ha tenido ninguna intención de hacerlo. Por lo tanto, sea bienvenido su apoyo para que se hable de semillas en el Senado, aunque no apoye esta moción.

Me ha sorprendido, ya que no lo hace nunca, que la senadora de Amaiur intervenga en este punto del orden del día en concreto. Mire usted, señora senadora, lo que el Partido Popular quiere es una agricultura competitiva y no la agricultura de la que usted estaba hablando. Nosotros queremos una agricultura competitiva y prueba de ello es el trabajo que ha hecho este Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, con Mariano Rajoy al frente ―y no hay ninguna cuestión ni para enfadarlo ni para no enfadarlo sino para decir la verdad― a través de los ministros de Agricultura en España del Partido Popular. No hablo de otros partidos políticos que lo único que han hecho ha sido malvender y no defender los intereses de los agricultores de España en la Unión Europea ―y la realidad está ahí― pero este Gobierno ha defendido los intereses de España y de los agricultores ante la Unión Europea, ha conseguido una buena financiación de más de 47 000 millones de euros para la agricultura española de cara a los próximos años y, además, quiere lograr una agricultura competitiva.

En este sentido, para que haya una agricultura competitiva también es necesario que sea sostenible y que cumpla con el último fin que la sociedad le exige y que es precisamente la de satisfacer la demanda de alimentos para una población que crece y, por lo tanto, la semilla, que es la base fundamental de esa generación de alimentos, debe ser lo primero, y para que el agricultor siga siendo competitivo también la semilla que utiliza para la producción de sus cosechas debe ser lo primero a tener en cuenta, sean autóctonas, sean certificadas o sean de cualquier tipo, para conseguir una mejor producción.

Señor Cazalis, me alegro de que en el País Vasco, al igual que en otras comunidades autónomas, se estén dando ayudas para la obtención de las semillas y para todo el sector agrario




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en general a través de las distintas áreas. Efectivamente existe el banco de semillas, que fundamentalmente trata las semillas autóctonas pero que, quizá, por ser menos productivas, ser menos competitivas o ser menos beneficiosas económicamente, las grandes empresas investigadoras posiblemente no lo estén investigando.

Las campañas, efectivamente, nunca tienen coste cero. Así, como he dicho anteriormente, en este caso las empresas que se dedican a la investigación son las que van a pagar o están pagando las campañas de promoción y el ministerio aprovecha esa investigación para ponerlo en valor a través de sus medios informativos, de modo que lleguen a los agricultores. Sabe que nada tiene coste cero y que las propias comunidades autónomas son las que de alguna manera facilitan y participan en esta promoción.

Quiero decir al señor Boya que la semilla es un apartado muy importante dentro de toda la cadena del sector agrario; repito, es una parte muy importante, lo sé, y por ello habría que hablar de ella aunque con matices, con aportaciones o con lo que haga falta, y hoy estamos hablando de las semillas y de la importancia que tiene su utilización, también de las semillas autóctonas. En cualquier caso, el agricultor, que sabe mucho, también sabe perfectamente que tiene que buscar la rentabilidad y la competitividad de su explotación para poder mantenerse dentro de esa línea y del sector agrario, si es que quiere competir, y en algunas ocasiones y en muchas zonas de España, usted sabe que la rentabilidad y la producción de las semillas autóctonas es menor.

No creo que haya un debate poco transparente. Aquí estamos hablando de un debate muy claro y muy sencillo, sobre el uso de la semilla certificada como fórmula para potenciar el sector agrario, de mejorar la calidad de nuestros productos y también de conseguir una adaptación a la propia normativa existente.

Señora senadora de Amaiur, en España tenemos una normativa aprobada para el uso de las semillas. Es una actividad que está regulada, que no se la inventa nadie y que, además, está sujeta a autorizaciones y controles administrativos y, por tanto, cualquier uso debe regirse y debe situarse dentro de un sistema de certificación reconocida. No puede ser ejercitada de cualquier manera ni por personas ni por entidades. Todos sabemos cómo se considera y cómo funciona el comercio fuera del sistema. ¿Que hay que eliminarlo? De acuerdo, pero habrá que hacerlo con las inspecciones o con las cuestiones que sean necesarias. Desde luego, lo que sí está claro es que no está permitida la comercialización de granos entre agricultores u otros operadores; eso también lo sabemos. Por lo tanto, para que una variedad pueda ser comercializada, como conocen sus señorías —y esto sirve para todos—, debe estar inscrita en el Catálogo Nacional de Variedades Comerciales o en el catálogo comunitario. Además, ustedes saben que la semilla certificada es el fruto de la investigación y de la tecnología en la mejora genética, y su uso, lógicamente, desde nuestro punto de vista, es el futuro de una agricultura bastante más competitiva.

Señor Plana, desde luego que estamos de acuerdo en el fondo del planteamiento, y estamos de acuerdo en que la semilla es un elemento esencial en toda la cadena de la siembra; por lo tanto, esta moción no es que sea bondadosa o no lo sea, es que habla de lo que es la semilla y de buscar fórmulas para que en España aumente el uso de la semilla certificada, que aumente también la producción que, sin lugar a dudas, es bastante mejor que cuando se hace con semillas que no están tratadas.

Con respecto a lo que decía el señor Toledo —mi compañero de Cuenca— de que está vacía de contenido, que no tiene calado, que no tiene cabida o que va sin rumbo la política agraria, de verdad, con todos mis respetos, creo que usted tiene muy poca idea de lo que es el sector agrario. Conoce muy poco el sector agrario español —conoce muy poco el sector agrario de nuestra provincia; al menos, el de mi provincia, que es Cuenca, y que es la suya también, una provincia eminentemente agrícola, que ha sufrido una variación importante a lo largo de los dos últimos años—, pero, desde luego, tendrá que reconocer que hemos tenido la valentía, o hemos tenido la osadía, como usted lo quiera llamar, de traer una moción aquí, al Senado, para que se hable de algo importante y que es la pieza básica de una producción agraria, de una producción alimentaria en un país como España.

Si queremos ser competitivos tendremos que utilizar los mejores recursos y utilizar todo aquello que vaya a mejorar los que tenemos en estos momentos. El desconocimiento creo que lo tiene el señor senador del Grupo Socialista, tal y como decía antes, pero vuelvo a insistir en que nadie más que este Gobierno del Partido Popular ha conseguido que la renta agraria suba en




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España como lo ha hecho. Mientras ha gobernado su partido, el Gobierno socialista lo que ha hecho en España ha sido bajar la renta agraria de los agricultores, tener más inseguridad jurídica y, además, menos respeto y menos respaldo a la hora de negociar ante la Unión Europea. Creo que es algo que tiene que estar claro.

También tenemos que ser muy serios a la hora de hablar del precio de las semillas. Efectivamente, yo he dicho que el precio de la semilla certificada es caro, pero también tenemos que tener en cuenta, para que no se cree ningún tipo de alarma entre la gente, que los precios oscilan entre 0,50 o 0,90 euros el kilo de semilla certificada. Lo que no explicamos, ni nadie ha dicho aquí, es la rentabilidad que tiene hoy el kilo de semilla certificada con respecto a la semilla que no es certificada. En estos momentos, la media que se está utilizando de siembra en una hectárea del orden de 250 a 300 kilos depende de las zonas, lo que a ese precio supone una cantidad, efectivamente; sin embargo, lo que nadie está diciendo es el retorno que esa semilla tiene, es decir, que los kilos que se han sembrado son siete veces superiores a la producción que tiene. Por lo tanto, yo creo que hay que hablar de la realidad, ver lo que hay, y tener muy claro también que no es que no se permita que haya otras semillas, sino que al agricultor —y hay que dejarlo muy clarito aquí— se le permite que use su propia semilla —la que se conoce como la R2— una vez que la haya limpiado y una vez que sus cooperativas hayan decidido utilizarla.

Sin embargo, hay otras cosas que hay que seguir haciendo. El sector agrario en España en general tiene unos desafíos importantes, y uno de ellos es precisamente en materia de semillas, y uno de los más importantes es mejorar la función de las semillas, mejorar la resistencia que tienen las semillas, mejorar la adaptación de cada una de las semillas al lugar donde se pueden sembrar, y desde luego eso es algo que tienen que plantearse no solamente los agricultores, tienen que planteárselo las cooperativas, tienen que planteárselo las empresas…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora MOYA MORENO: Voy terminando, señor presidente.

... se lo tienen que plantear las administraciones, porque tenemos que tener en cuenta, señorías, que los programas de mejora requieren grandes esfuerzos en tiempo, en personas, en investigación, en recursos humanos, económicos, etcétera. Y, desde luego, sería inviable si no se asegurara el que hubiera un retorno tanto a las empresas investigadoras como a los agricultores en general.

En definitiva, señorías, creo que es bueno que hablemos de esto y también que los agricultores tengan claro que usar mejores productos, igual que se han usado mejores maquinarias, ha redundado en beneficio de un sector tan importante como es el agrario.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Moya.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Popular tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 245; a favor, 153; en contra, 73; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

6.1.1. PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CREA EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE TERAPEUTAS OCUPACIONALES.

(Núm. exp. 621/000094)

El señor presidente da lectura a los puntos 6., 6.1. y 6.1.1.




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El señor PRESIDENTE: No se han presentado enmiendas ni propuestas de veto a este proyecto de ley dentro del plazo que al efecto se señaló. (Rumores).

Señorías, guarden silencio por favor.

Turno a favor.

Tiene la palabra la senadora Luis Heras.

La señora LUIS HERAS: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Hace escasas fechas era debatido y aprobado en esta Cámara un proyecto de ley del mismo tenor que el que hoy debatimos, el Proyecto de Ley por el que se creaba el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas.

Pues bien, señorías, en esta ocasión debatimos el proyecto de ley que articula la creación del consejo general de colegios oficiales de terapeutas ocupacionales, órgano que agrupará los distintos colegios de esta profesión.

La vigente Ley de colegios profesionales de 1974, tal y como se recoge en el preámbulo de esta proyecto, prevé la existencia de consejos generales cuando para una misma profesión exista más de un colegio profesional de ámbito territorial inferior al nacional.

Lo descrito anteriormente, es decir, la existencia de colegios profesionales de terapeutas ocupacionales en varias comunidades autónomas, como las de Aragón, Navarra, País Vasco, Islas Baleares, Valenciana, Castilla-La Mancha y Castilla y León, justifica, señorías, que mediante esta norma se constituya el correspondiente consejo general, consejo que, según el artículo 9 de la citada Ley de colegios profesionales, tiene a todos los efectos la condición de corporación de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, como señala, a su vez, el artículo 1 del proyecto que hoy debatimos.

Junto con la creación del consejo, se regula, conforme a la Ley de colegios profesionales citada, el proceso para su constitución y la aprobación de sus estatutos, de tal modo que en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta ley, de acuerdo con su disposición adicional primera número 1, se constituirá una comisión gestora compuesta por un representante de cada uno de los colegios existentes en todo el territorio nacional. Esta comisión gestora, según el número 2 de la disposición citada, en el plazo de seis meses elaborará unos estatutos provisionales reguladores de los órganos de gobierno del consejo, incluyendo las normas de constitución y funcionamiento de dichos órganos. Los estatutos provisionales serán remitidos al Ministerio de Sanidad, que verificará su adecuación a la legalidad, ordenando, en su caso, su publicación en el BOE. Una vez constituidos sus órganos de gobierno, conforme a lo previsto en los estatutos provisionales, quedará formalmente constituido el consejo general y adquirirá personalidad jurídica y plena capacidad de obrar. En el plazo de un año, señorías, desde su constitución, el consejo elaborará sus estatutos definitivos, según lo previsto en la citada Ley de colegios profesionales del año 1974.

En definitiva, señorías, traemos a debate para su aprobación el Proyecto de Ley de creación del consejo general de colegios oficiales de terapeutas ocupacionales, con lo que no solo damos cumplimiento a una disposición legal, sino que, aprobando este proyecto, vamos a fortalecer una profesión sanitaria, dotándola de las herramientas necesarias para resolver todas aquellas cuestiones relacionadas con el ejercicio de su profesión y la forma de organizarse.

Señorías, les pido el apoyo a este proyecto de ley a todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Luis Heras.

Turno en contra. (Denegaciones).

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa).

Tiene la palabra el señor González Bethencourt.




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El señor GONZÁLEZ BETHENCOURT: Gracias, presidente.

Señorías, este es un proyecto de ley que va a dar mucho apoyo a una profesión que tiene mucha importancia en el ámbito sociosanitario. La profesión de terapeutas ocupacionales se orienta a la valoración de las capacidades y problemas físicos, psíquicos, sensoriales y sociales de un paciente, que con un adecuado tratamiento va a capacitarle para alcanzar el mayor grado posible de independencia en su vida diaria. Los terapeutas ocupacionales van a contribuir a la recuperación de su enfermedad, a facilitar su adaptación dentro de su discapacidad.

Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Socialista apoya este proyecto de ley, que va a permitir a una profesión muy importante dentro del ámbito sanitario —como ahora veremos—, que tiene una diversidad de posibilidades, que tenga su órgano colegiado para que puedan desarrollar su profesión y constituirse como un interlocutor válido ante el Ministerio de Sanidad. Es una profesión que se ocupa de la promoción de la salud y el bienestar a través de la ocupación. El principal objetivo de la terapia ocupacional es capacitar a las personas para participar en las actividades de la vida diaria; integrarlos a la vida habitual para que sean más útiles y se sientan mejor dentro de la sociedad.

Los terapeutas ocupacionales logran este resultado mediante una carrera universitaria, una diplomatura universitaria, y adquieren una serie de conocimientos muy importantes para obtener una serie de habilidades y conocimientos para trabajar con todas estas personas que tienen algún problema o disfunción física, psíquica que, al provocarles un cambio en su salud, les produce a su vez una dificultad para su vida habitual.

Se ejerce en diferentes ámbitos —de ahí la importancia desde el punto vista de colegio profesional—: en hospitales, en centros de salud, en lugares de trabajo, en escuelas, en reformatorios, en residencias de ancianos e incluso en domicilios particulares. Los pacientes se involucran en el proceso, tienen que participar activamente y —como ahora veremos— los terapeutas ocupacionales al final son unos profesionales en el ámbito sociosanitario que van a intervenir en la geriatría, en la pediatría, en la salud mental, en el ámbito de las drogodependencias, en traumatología cuando los pacientes llevan prótesis, también en la rehabilitación neurológica, en la rehabilitación física de todo tipo de enfermedades, en la rehabilitación laboral, psicosocial etcétera. También es una profesión que como diplomatura universitaria tiene campo en la docencia, en la investigación y en otros ámbitos con más marginación, como puede ser el sida, y en otros como la diabetes, enfermos renales y con espina bífida que tanto necesitan de estos profesionales.

Por otro lado, a este proyecto de ley se ha presentado una enmienda, que ha sido consensuada en el Congreso de los Diputados, que se refiere a las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación en caso de células y tejidos humanos y todas las normas para los trasplantes de órganos. Es una adición que también nosotros valoramos positivamente, porque va a establecer una norma más sobre la calidad y la seguridad en el funcionamiento del trasplante. Es un registro único de carácter público, a nivel del Sistema Nacional de Salud, en el que participan todas las comunidades autónomas, que serán las responsables de la captación de los donantes, de la obtención de los progenitores para el trasplante, también previo informe de la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial del Sistema de Salud y la determinación del número de donantes susceptible de registro que deberá ajustarse a las necesidades de trasplante de la población.

Por lo tanto, una ley muy positiva, muy necesaria, al igual que la que hace poco defendió esta Cámara en favor de otra profesión, los dietistas-nutricionistas. Son dos leyes de ámbito parecido, cuya trascendencia es darles más apoyo a estos profesionales para que dispongan de su propio colegio profesional y, como se ha dicho, a través de una gestora, en el plazo de unos meses, poder disponer de su propio consejo general de los colegios que en este momento ya funcionan en toda España.

Creemos que con esta aprobación, hoy, los terapeutas ocupacionales tienen un arma más, dispondrán de una personalidad jurídica y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, relacionándose mucho mejor con la Administración a través del Ministerio de Sanidad y pudiendo dotarse, como hemos dicho, de órganos de gobierno, de estatutos propios, favoreciendo, pues, el desarrollo y la práctica de esta profesión.

Por tanto, el Grupo Socialista les da su enhorabuena y felicitamos a los profesionales de la terapia ocupacional.

Gracias, señorías.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador González Bethencourt.

Por el Grupo Parlamentario Popular, senadora Luis Heras.

La señora LUIS HERAS: Gracias, señor presidente.

De forma muy breve, quisiera, en primer lugar, agradecer a todos los grupos parlamentarios el apoyo dado a este proyecto de ley. Es verdad, como acaba de citar el senador González Bethencourt, que esta ley contiene una disposición adicional que regula los trasplantes. No es más que cumplir un mandato legal que dieron al Congreso de los Diputados a través de una proposición no de ley. Yo creo que con esta adicional vamos a garantizar los trasplantes.

Somos conscientes, señorías, del largo recorrido y también del trabajo realizado por estos profesionales —lo ha dicho el senador González Bethencourt— hasta llegar a la creación de este consejo. Por ello, quiero manifestar el reconocimiento de este grupo parlamentario a todos los profesionales por la importante labor que realizan. Valoramos el esfuerzo y estamos seguros del refuerzo que la creación de este consejo supone para la profesión. Asimismo, estamos convencidos de que lo ha supuesto, tanto la entrada en vigor del Real Decreto 640/2014, que regula el registro de profesionales sanitarios, como la más antigua Ley 44/2003, de ordenación de las profesiones sanitarias, que recoge las profesiones que tienen tal condición, incluyendo a los diplomados universitarios en terapia ocupacional y fortaleciendo una profesión que se ocupa, como también ha dicho el senador González Bethencourt, de la promoción de la salud y el bienestar, a través de la aplicación de técnicas y la realización de actividades de carácter ocupacional que tienden a potenciar o a suplir funciones físicas o psíquicas, disminuidas o perdidas, orientando y estimulando el desarrollo de tales funciones con el fin de adiestrar a estas personas en las actividades de la vida diaria.

Señorías, finalizo como empecé, felicitando nuevamente a los profesionales de terapia ocupacional y agradeciendo el apoyo de todos los grupos a este proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Luis Heras.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos el Proyecto de Ley por la que se crea el Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 241; a favor, 240; en contra, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

En consecuencia, queda aprobado definitivamente por las Cortes Generales el Proyecto de Ley por la que se crea el Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales.

6.2. DICTÁMENES DE COMISIONES

6.2.1. PROYECTO DE LEY DE PARQUES NACIONALES.

COMISIÓN: MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

(Núm. exp. 621/000089)

El señor presidente da lectura a los puntos 6.2. y 6.2.1.

El señor PRESIDENTE: Les anuncio que, una vez terminada la presentación del dictamen, entraremos en el debate de las siete propuestas de veto. Por lo tanto, si no paramos para almorzar, la votación de las propuestas de veto no será antes de las cuatro de la tarde. Es decir, si el debate de los vetos termina antes de las cuatro, suspenderemos hasta las cuatro, ¿de acuerdo? (Asentimiento).

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la senadora Ruiz. (Rumores).

La señora RUIZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, me cabe el honor de presentar a la Cámara el dictamen de la Comisión… (Rumores).




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El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora RUIZ RUIZ: … de Medio Ambiente y Cambio Climático al Proyecto de Ley de parques nacionales.

Este proyecto de ley fue remitido al Senado por el Congreso de los Diputados y publicado el pasado 2 de octubre de 2014.

El plazo de presentación de enmiendas concluyó el día 20 de 2014, tras una ampliación de plazo. Al mismo se han presentado 7 vetos y 278 enmiendas.

Los vetos han sido presentados de la siguiente forma. El veto número 1 por los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; el veto número 2 por la senadora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto; el veto número 3 por el senador Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; el veto número 6 por los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el veto número 7 por las senadoras Almiñana Riqué y Sequera García y los senadores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el veto número 5, del Grupo Parlamentario Convergència i Unió; y el veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.

Las 278 enmiendas se distribuyen de la siguiente manera. Enmiendas 1 a 42, presentadas por los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas 43 a 51, de los senadores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas 52 a 61, de los senadores Fuster Muniesa y de las senadoras Ibarz Ibarz y Santos Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado; las números 177 a 181, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; las números 182 a 271, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; enmiendas 109 a 176, del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió; enmiendas 62 a 108, del Grupo Parlamentario Socialista; y las números 272 a 278, del Grupo Parlamentario Popular.

La ponencia designada para informar el proyecto de ley procedió a emitir informe el día 30 de octubre de 2014, acordando aceptar como informe el texto remitido por el Congreso de los Diputados. La Comisión procedió a dictaminar el proyecto de ley el día 4 de noviembre, incorporando al dictamen las enmiendas números 272 a 277, del Grupo Parlamentario Popular, y la enmienda transaccional presentada sobre la base de la enmienda número 278, también del Grupo Parlamentario Popular.

Han presentado votos particulares al dictamen de la comisión los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, el senador Fuster Muniesa y las senadoras Ibarz Ibarz y Santos Fernández, del Grupo Parlamentario Popular, y los grupos parlamentarios Mixto, Vasco, Entesa pel Progrés de Catalunya, Catalán Convergència i Unió y Socialista.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ruiz.

Entramos en el debate de las propuestas de veto.

Propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, todas las medidas que se adoptan en materia medioambiental proyectan sus efectos en largos periodos de tiempo, y cuando no son acertadas, generan repercusiones difícilmente reversibles en la mayoría de los casos.

Por ello un principio de prudencia mínimo debiera llevar a que tales decisiones fueran muy meditadas y se adoptaran con amplios consensos, no solamente políticos, sino también sociales y científicos. Algo así se logró con la Ley 5/2007, de 3 de abril, cuyas previsiones aún no han sido desplegadas completamente, cuyos planteamientos fundamentales a lo largo de estos siete años no han alcanzado todos los objetivos que la propia ley preveía. Por tanto, si hubo consenso entonces, ¿por qué ahora es necesario cercenar el desarrollo de esta ley mediante el proyecto que se nos traslada y hacerlo, además, consiguiendo la oposición del resto de los grupos de la Cámara?

Este proyecto resulta, por un lado, innecesario. Insisto: contamos con un marco normativo adecuado. Sigamos el planteamiento de Juan Ramón Jiménez: ¡No le toques ya más, que así es




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la rosa! Dejemos que la ley del 2007 despliegue todos sus planteamientos. Pero este proyecto, además de innecesario, resulta inadecuado, y así lo manifiesta la respuesta que ha encontrado entre las organizaciones medioambientalistas más representativas, en gran parte de la comunidad científica, y en el rechazo expresado con esas 7 propuestas de veto de los grupos de la oposición. Esencialmente, todo ello porque el proyecto devalúa el grado de protección de aquellos espacios naturales que por sus valores tienen un nivel más elevado de amparo, lo cual además de ser perverso en sí, abre un escenario, una espita, y en el desarrollo de la misma lógica que inspira este proyecto podemos vernos ante una cascada en la que los distintos niveles de protección bajen al menos un escalón.

Este proyecto responde a planteamientos ideológicos que han inspirado las reformas en materia medioambiental que el Gobierno del Partido Popular nos ha trasladado en estos tres años de legislatura: la Ley de costas, la reforma de la Ley de residuos y la reforma de la Ley de suelos contaminados. Esos planteamientos ideológicos se pueden resumir en 2 ideas: primera, reducir el gasto público en protección ambiental; en el caso de este proyecto, lograr que los parques nacionales sean rentables. Y segunda, reducir los límites a las posibilidades que la iniciativa privada tenga de hacer negocio a costa de cualquier sector, de cualquier actividad, en este caso a costa del medio natural.

Quiero trasladar a los senadores del Partido Popular una paradoja que se deriva del planteamiento de este proyecto: fue precisamente, y hay que reconocerlo, la derecha cultivada, la derecha ilustrada, la que hace cien años impulsó la protección de aquellos espacios que tenían un mayor valor ambiental a través de la figura de los parques nacionales, primero, con la aprobación de una ley de parques nacionales, y posteriormente, en 1918, con la aprobación de una ley que creaba el primer parque nacional, el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga; ambos proyectos inspirados por Pedro José Pidal y Bernaldo de Quirós, segundo marqués de Villaviciosa y senador vitalicio en esta Cámara. Don Pedro José Pidal y Bernaldo de Quirós pidió ser enterrado allí, en medio del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, en Ordiales, para que sus huesos se deshiciesen en el musgo y las aguas de los Picos de Europa. En su epitafio se recoge que reposa «allí donde la naturaleza se me apareció verdaderamente como un templo». Pues bien, con este proyecto de ley, con esta reforma se profanan todos los templos que son los parques nacionales, y seguramente esos huesos del segundo marqués de Villaviciosa si no se han disuelto en las aguas y en el musgo de las peñas de los Picos de Europa se removerán al tener noticia de la aprobación de este proyecto.

Además el proyecto que nos traen al trámite parlamentario es recentralizador. En el debate en comisión se arguyó que las propias organizaciones de defensa del medioambiente pedían un funcionamiento más homogéneo; y es cierto, y yo comparto esa idea. Pero tanto las organizaciones medioambientales como la fuerza política a la que represento pedimos esa mayor coherencia, esa mayor cohesión para incrementar el nivel de protección, para homogeneizar en todo caso por arriba el nivel de protección, no para homogeneizar por abajo, como, sin duda alguna, la aplicación de este proyecto va a dar como resultado.

Lo que se produce no es esa búsqueda de tratamiento igualitario y respetuoso con aquellos espacios que merecen más protección, sino una mera invasión de competencias autonómicas y la introducción de una lógica centralista en la que se sitúa en un plano jerárquico al Ministerio de Agricultura, al Gobierno y a la Administración central por encima de las comunidades autónomas.

El senador Mariscal y yo mismo también fundamentamos este veto en que se deja la puerta abierta a actuaciones que no son compatibles con el máximo nivel de protección, se deja la puerta abierta a la edificación en el interior de los parques. En la tramitación de este proyecto en comisión conocimos el triste ejemplo de una mansión construida en Cabañeros por el esposo de una famosa empresaria, no precisamente por sus planteamientos feministas. Creemos que es rechazable que el proyecto posibilite la realización de actividades económicas y comerciales y que, además, se fortalezca la posición de los propietarios, que entendemos estaba ya suficientemente respetada en la Ley de 2007. Rechazamos que se permita la navegación en el Parque de Monfragüe, o el vuelo sin motor en el de Guadarrama. Cuando debatimos el Proyecto de Ley de declaración del Parque Nacional del Guadarrama ya tuvimos oportunidad de manifestar nuestra preocupación, porque en sus contenidos ya se avanzaban algunas ideas que ahora se desarrollan y se plasman con carácter general en este proyecto de ley.




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Tampoco vemos imprescindible el papel que se concede al Ministerio de Defensa en la declaración de parques de aguas marinas. En mi opinión, sigue reflejando una visión de batería de costa, la necesidad de la defensa a partir de los cañones, que eran los que marcaban las aguas jurisdiccionales. Esa visión, por supuesto, está superada por la tecnología militar, y no tiene ningún sentido reconocer este papel al Ministerio de Defensa. Durante la tramitación del proyecto, como saben sus señorías y como tuvimos oportunidad de discutir en comisión, corrió el rumor de que había presiones de grandes propietarios con intereses en el Parque de Cabañeros para que se mantuviera la actividad de la caza. De por sí ya era piedra de escándalo que la influencia política de determinadas personas pudiera condicionar el trámite legislativo. Sin embargo, la sorpresa fue grande cuando el Partido Popular presentó la enmienda número 278, en la que no se hablaba específicamente de Cabañeros, no se hablaba específicamente de la caza, pero, probablemente para difuminar un problema, se planteaba como alternativa algo que incrementaba el problema extendiendo al conjunto de los parques nacionales la continuidad no solamente de la caza sino de todas las actividades incompatibles de una forma abierta.

En el peculiar trámite parlamentario que en la comisión se dio a este proyecto de ley, el Partido Popular alcanzó una transaccional consigo mismo —y supongo que con el Gobierno de la nación— en la que se acotaba en el tiempo la duración de esas actividades incompatibles. Sigue sin satisfacernos la solución que se ha planteado. No sé si en lo que queda de debate de este proyecto surgirán otras alternativas a la enmienda número 278 que nos puedan acercar. No lo sé, en todo caso, como siempre, manifiesto nuestra voluntad de diálogo y de punto de encuentro.

Pero, insisto, con esa enmienda transaccional, que no era tal sino un cambiazo —como ya tuve oportunidad de decir en comisión—, no se resolvía la cuestión, lo que se hacía era prolongar dos años más, en relación con el texto original, el mantenimiento de esas actividades y explicitar el mecanismo expropiatorio, cuestión que entiendo no resulta imprescindible en modo alguno. La Ley de expropiación forzosa sigue vigente y su aplicación a cualquier derecho que la Administración tenga interés en limitar o extinguir será aplicable sin necesidad de que este proyecto de ley haga una referencia expresa.

Por otro lado, que se introduzca la vigencia de los acuerdos voluntarios preexistentes supone un tipo abierto, porque es imposible en el trámite parlamentario conocer los contenidos de todos estos acuerdos voluntarios preexistentes y saber, por tanto, la duración y vigencia que tienen y, en consecuencia, saber si es preferible mantenerlo en los plazos que en ellos se hayan establecido o si resulta más adecuado establecer una limitación temporal como la que inicialmente se planteaba en el proyecto.

Por todas estas razones, considero obligado mantener el veto y someterlo a la consideración de sus señorías.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Para la defensa de la propuesta de veto número 2, tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Buenos días, senadores. Gracias, señor presidente.

Senadores y senadoras, de nuevo siete vetos a un proyecto de ley. ¿Ello no les induce a pensar todavía que algo no lo están haciendo del todo bien? No entro a valorar la práctica a la que nos tienen acostumbrados, porque es práctica habitual del Grupo Parlamentario Popular introducir autoenmiendas a su propio texto, vía Senado. Aquello que en el Congreso causaría más ruido se introduce en el Senado, en esta Cámara que ustedes desean y quieren adormecida y aborregada. Pues continúen de esta manera, continúen así, que ya se lo encontrarán.

El proyecto de ley de sus llamados parques nacionales supone la primera fase de privatización de estos parques. Abre la puerta a declararlos urbanizables, a convertirlos en cotos privados de caza o en una zona de recreo lúdico-deportiva. Con ustedes todo es apropiable, todo es vendible, todo es privatizable; nulo respeto a los entornos naturales; todo puede y debe ser rentabilizado. Estos son sus valores. Esta es la sociedad que ustedes dibujan cuando gobiernan. Este es su modelo social, un gran cartel que dice: Todo en venta.

El proyecto de ley compromete el patrimonio natural y el mantenimiento de especies, de hábitats e incluso de ecosistemas. Supone un ataque a la biodiversidad y riqueza geológica, patrimonio de siglos y siglos de la tierra y de sus especies para ponerlas al servicio del mercado




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en una inmoral mercantilización de unas zonas naturales especialmente protegidas por su especial valor y riqueza; es decir, legaliza un expolio del patrimonio natural colectivo para el beneficio comercial de unos pocos. La intención es evidente. Pese a la ambigüedad tras la que se esconde en el articulado de la ley, la sospecha se hace patente con la propia presentación de un supuestamente innecesario proyecto. Si no, ¿por qué se iba a elaborar un proyecto de ley para solucionar un problema que no existe, un proyecto que además genera gran polémica social, que puede perjudicar a valiosos hábitats y ecosistemas, que cuenta con el cuestionamiento del Consejo de Estado y que, para postre, recentraliza e invade competencias? Porque, efectivamente, el Gobierno español necesita sustraernos las competencias para que, basándonos en ellas, no podamos evitar la destrucción ecológica que van a llevar a cabo. La invasión competencial va más allá de la visión nacionalista, centralista y homogeneizadora del Estado, que concibe las comunidades autónomas como meras delegaciones y pretende blindar que en todo el territorio del Estado se puedan mercantilizar los parques nacionales.

La alevosía con la que se extralimitan al determinar el presente proyecto de ley como básico, al amparo de la competencia básica sobre protección del medioambiente, y después de recibir las advertencias del propio Consejo de Estado en tal sentido, es, a nuestro juicio, prevaricar. De nuevo ustedes, con su proceder, han conseguido poner de acuerdo prácticamente a todo el mundo; obviamente, a todo el mundo en contra de su proyecto de ley. Sirva como ejemplo los once directores que firman una carta dirigida a la ministra de Medio Ambiente. No la firman todos los directores de los parques nacionales no porque no quieran, sino porque era un plazo perentorio al considerar que la reforma supedita el interés general al interés particular, y, añado, el de unos pocos, aquellos que representan siempre las laderas del BOE, omnipresentes a lo largo de la historia.

Las cinco grandes organizaciones de conservación de la naturaleza en España consideran que el proyecto de ley debilita la cohesión, fortalece toda la red y destruye las herramientas de conservación de cada espacio.

Por todo lo anteriormente expuesto y por todo aquello que se expone en los siete vetos presentados por los distintos grupos parlamentarios, Esquerra Republicana ha presentado este veto al proyecto de ley y anuncio ya, con independencia de los argumentos que iremos oyendo en relación con los distintos vetos, que los compartimos y vamos a votar favorablemente a cada uno de ellos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

La propuesta de veto número 3 es del senador Martínez Oblanca.

Su señoría tiene la palabra para su defensa.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Este Proyecto de Ley de parques nacionales debería ser el producto de un amplio acuerdo en el que todo el arco de fuerzas políticas con representación en las Cortes Generales viese reflejado el orgullo de los españoles por su singular patrimonio natural y por las características que lo distinguen dentro de la diversidad y del conjunto de la humanidad. Lejos de alcanzar y buscar ese consenso, nos encontramos ante el trámite final de una ley que solo aquí, en el Senado, ha cosechado nada menos que 7 vetos y cuyo trayecto por la Cámara Alta ha estado jalonado con amagos de peculiares enmiendas del Partido Popular,luego no consumadas ante la escandalera que se produjo, y también de contestaciones públicas externas que ponen de manifiesto el descontento y el malestar por el resultado legislativo de un texto que solo convencerá a los depositarios de la mayoría absoluta del grupo que apoya al Gobierno, una mayoría cada vez más empecinada en acentuar su soledad, incluso con una ley que a priori estaba llamada a alcanzar muchos puntos comunes de entendimiento y apoyo. Me sorprende la incapacidad del grupo que apoya al Gobierno para encontrar alguno de esos puntos tras más de un año de circulación del anteproyecto y del posterior proyecto de ley, una incapacidad que se refleja no solamente en las discrepancias con el texto, sino en la autosuficiencia de una mayoría absoluta prepotente que no ha realizado el más mínimo esfuerzo por conocer qué pensábamos los demás sobre este asunto y qué posibilidades podían existir para mejorar el articulado de esta ley.




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Nosotros hemos centrado el texto que justifica nuestro rechazo frontal a este proyecto de ley en el desprecio que el Gobierno de Rajoy realiza sobre la gran especie a proteger en nuestros parques nacionales, el ser humano. La muy negativa experiencia que hemos sufrido en el Parque Nacional de los Picos de Europa, el único parque español interautonómico, porque su superficie se extiende por 3 comunidades autónomas, nos acredita para demandar un nuevo texto legislativo que contemple y atienda las poblaciones humanas que tan a duras penas sobreviven dentro y en el entorno de estos espacios naturales emblemáticos. Hablamos de 19 pueblos en el interior de este territorio: 6 en Asturias, 2 en Cantabria y los 11 restantes en León.

La legislación vigente y la aplicación de una mala entendida política proteccionista no ha hecho otra cosa que arrinconar a los habitantes hasta el punto —como es el caso de los Picos de Europa o el extremeño de Monfragüe, donde hay un pequeño núcleo— de que la densidad de población ha ido disminuyendo paulatinamente a la par que han crecido los problemas derivados de una política medioambiental que ha regateado medios materiales y humanos para llevar a efecto la capacidad real de proteger. Véase, por ejemplo, el proteccionismo a ultranza de especies cinegéticas frente a la actividad tradicional de las familias que históricamente habitaron, defendieron y nos legaron estos territorios, lo que ha generado el efecto contrario, como bien saben, en aquellos espacios en los que ha habido episodios de mortandad de patos, aves acuáticas, cabra hispánica o, en el caso de los Picos de Europa, del rebeco.

Repito, con esta ley el Gobierno vuelve a olvidarse de esa gran especie a proteger en nuestro parque, se deja de lado al ser humano para prolongar el proteccionismo, que arrastra, por ejemplo, a la absoluta indefensión de los ganaderos de ovino, caprino y vacuno por la proliferación de los lobos, como antaño se favoreció desde la Administración la difusión de una gran epidemia de sarna entre los rebecos, detectada ya en 1993.

Aunque no soy cazador y no he disparado una escopeta en mi vida, quiero reconocer precisamente en este debate que las especies cinegéticas emblemáticas de los parques nacionales españoles —desde luego el único que tenemos en Asturias— fueron reintroducidas en su momento gracias al celo y al cuidado de nuestros cazadores, y de forma singular por los lugareños que habitaban en estos extraordinarios parajes. Podría citar multitud de ejemplos de lo que sucede con las políticas de proteccionismo errático, que se han dedicado a arrinconar y perseguir al cazador o al pescador. El desgraciado resultado final lo tenemos en nuestros urogallos o en el salmón de los ríos cantábricos, especies hispanas genuinas, hoy en trance de extinción tras haber hostigado durante años a esos grandes defensores y amantes de la naturaleza, singularmente de nuestros montes y ríos.

Señorías, llegado este punto también me gustaría tener un recuerdo, precisamente en esta Cámara, a quien fuera senador en los comienzos del siglo XX, entre los años 1914 y 1923, don Pedro Pidal y Bernaldo de Quirós, marqués de Villaviciosa de Asturias, promotor del primer parque nacional que tuvimos en España, conocido como el de la Montaña de Covadonga, cuyo expediente de declaración se inició en 1916 en el Senado. Pidal, cuyos restos reposan, tal y como él pidió y definió, en Ordiales, reino encantado de los rebecos y las águilas, ha sido calificado históricamente como el primer ecologista español, pero con los nuevos cánones que se aplican actualmente dudo de que nuestra sociedad reconociese su labor política a favor de la conservación de la naturaleza. Hoy Pedro Pidal, en su época primera escopeta nacional y consumado cazador de osos y otras muchas especies, sería objeto de reproche, cuando no de linchamiento mediático, a la vista de la palabrería de unos burócratas depredadores disfrazados de ecologistas y de su proteccionismo falsario de despacho, que está logrando exactamente el efecto contrario, para desastre de algunas de nuestras especies, y también con incidencia en el despoblamiento y el abandono de los espacios naturales que el hombre conservó desde tiempos inmemoriales a lo largo de muchos siglos.

Nosotros, en Foro, estamos con los pueblos y con los vecinos de los Picos de Europa y del entorno del parque nacional, y decimos que hay que perseverar en la recuperación de modelos vernáculos, en la gestión de los grandes espacios naturales protegidos, y este proyecto de ley, lamentablemente, no avanza en esa línea, porque nace viciado por los lastres derivados de la actual legislación, que no solo no va a corregir, sino que va a acentuar.




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Una vez más, la burocracia gana al ser humano, y esta ley hereda de la que rige actualmente los parques nacionales su vocación por limitar y delimitar con rayas y más rayas en los planos, pero sin dotar de recursos ni promover compensaciones a cuantos viven de su entorno. Nada nuevo; llevamos así décadas. Eso de restringir la actividad rural y ganadera sin contrapartida es sinónimo de choque social con los campesinos y ganaderos, como también será motivo de conflicto tratar de endosarle la factura a la Administración de enfrente, en este caso la autonómica, y que —vuelvo a los Picos de Europa— como espacio compartido entre tres comunidades, arrastrará a la inacción y a la parálisis. Esta ley es un retroceso.

Como he señalado en el texto explicativo del veto, el proyecto de ley de parques nacionales presentado por el Gobierno ha sido elaborado de espaldas a los sectores de población más interesados en la protección, conservación y mantenimiento de nuestros principales espacios naturales. Una vez más se reincide al marginar en la discusión, en el debate y en la elaboración de mecanismos protectores de la naturaleza a los habitantes de dichos espacios naturales, a los que nuevamente se desoye y se les pretende aplicar una normativa legal que profundizará más aún sus dificultades para acomodar las actividades tradicionales. Todo ello tendrá consecuencias negativas en el desarrollo rural y en la explotación de recursos naturales, con la consiguiente polémica por la resistencia vecinal, consustancial a todas aquellas decisiones políticas que impulsan la creación de nuevos espacios protegidos y la aplicación de restricciones a la actividad humana en su superficie, comenzando por las labores tradicionales y las explotaciones que permiten a sus habitantes desarrollar su vida cotidiana.

El proyecto de ley pone de manifiesto una evidente invasión competencial que ha despertado ya el rechazo de varias comunidades autónomas y las severas advertencias del Consejo de Estado y su alerta sobre los choques que van a surgir con los diferentes estatutos que arropan las diferentes competencias territoriales. Es el anticipo de nueva carga de trabajo para el Tribunal Constitucional, que no tardará en recibir recursos contra esta norma. Al invadir competencias de otras administraciones se arrincona la capacidad de las autonomías para participar en procedimientos y procesos que son del máximo interés, a la par que se modifica el modelo de gestión y coordinación de los parques nacionales.

Uno de los problemas principales surge cuando se redacta una ley de la que terminan por desconfiar gran parte de los conocedores de la problemática de la gestión de los parques. No es cuestión menor que un amplio número de directores de los 15 parques nacionales se hayan expresado ya, a través de una carta conjunta, en contra de este proyecto de ley.

Pero vuelvo a Asturias, mi comunidad de origen, porque en las últimas décadas las diferentes normativas y decisiones adoptadas en torno a los espacios protegidos deberían hacer obligada la revisión de las políticas de desarrollo rural y de explotación de los recursos naturales, ya que los habitantes de estos parajes protegidos han sido los grandes sacrificados de los cambios y reformas legislativas que este proyecto de ley tampoco resuelve. Es un hecho que los instrumentos legales y normativos aplicados a los espacios protegidos han conseguido en no pocos casos espantar a quienes históricamente contribuyeron a su conservación mediante una adecuada explotación agrícola y ganadera que, basada en métodos tradicionales, permitió una conservación de espacios y especies que, sin embargo, no logró el legislador con sus propuestas alejadas de la realidad cotidiana de la gente.

Este proyecto de ley debería ser el resultado de un esfuerzo conjunto de las administraciones públicas y también receptor de las múltiples demandas que realiza la sociedad civil para acompasar los intereses de los habitantes de los parques nacionales y de su entorno con la necesidad de fijar población, proporcionando, además, una adecuada gestión de los recursos. Nuevamente se incide en las ya viejas prácticas intervencionistas cuando se habla de crear mecanismos de protección del paisaje. Pero estos no son los tiempos del antiguo Instituto para la Conservación de la Naturaleza, el Icona, aquel organismo administrativo español para el estudio y conservación de la naturaleza, que desde principios de los años setenta tuvo y mantuvo un papel controvertido en la conservación de los espacios naturales. Por supuesto que hay que plasmar la preocupación y la creciente sensibilidad social por los espacios naturales, pero hay que hacerlo con instrumentos legislativos que, sin despreciar al ser humano, den prioridad a esa responsabilidad colectiva que nos corresponde para disfrutar de nuestros parques y legarlos a las generaciones del futuro.




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Esta es una ley con artículos de redacción desafortunada, que postergan al ser humano del uso y disfrute de estos espacios privilegiados y relegan también la capacidad de comprometer a las administraciones, y especialmente al Estado, en sus obligaciones de inversión y de compensación. Hace un par de meses estuvo en la vertiente leonesa de los Picos de Europa la nueva ministra de Medio Ambiente y realizó allí algunos anuncios entre los que señaló la futura ampliación del parque con la anexión de más territorio en Asturias, lo cual, junto con esta nueva ley, añade incertidumbre en algunos sectores rurales de población muy escarmentados de las figuras legislativas de protección que se convierten automáticamente en problemas para la vida cotidiana de los afectados. Hubiese sido de mayor utilidad que el Gobierno reflejase en el Proyecto de Presupuestos Generales para 2015, actualmente en tramitación, el dinero que se viene regateando y recortando en la aplicación de políticas para los espacios protegidos y que debería revertir en unas mejores condiciones de desarrollo.

Votaremos, señor presidente, en contra de esta mala ley de parques nacionales.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Oblanca.

Propuesta de veto número 6, de los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Quisiera empezar diciendo que los problemas políticos se resuelven con política y dialogando, que las querellas no resuelven ningún problema político, y que el presidente Mas, como presidente de Cataluña y como mi presidente, tiene todo mi apoyo y el de mi formación política.

Y voy a referirme ya al veto a la ley de parques nacionales que hemos presentado el senador Guillot y yo. Como decía antes un portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, ahora hace casi cien años, exactamente el día 15 de febrero de 1915, el marqués de Villaviciosa presentó la primera ley de protección de los parques naturales, una ley de 3 artículos y pionera en toda Europa. Hoy, desgraciadamente, después de más de cien años vamos a aprobar una ley que es, en definitiva, un retroceso de la protección de los parques naturales. Durante cien años ha habido avances y retrocesos, pero podemos decir que la Ley de 2007, por un lado, se caracteriza por la unanimidad desde el punto de vista de la distribución de competencias y, por otro lado, contiene una importante protección de los parques.

Hoy la pregunta que nos hacemos cuando leemos el proyecto de ley es: ¿Para qué sirve este proyecto de ley? ¿Qué objetivos tiene este proyecto de Ley? No los encontramos. Si ustedes leen el dictamen del Consejo de Estado, verán que dice: A la vista de todas las consideraciones expuestas, este Consejo de Estado estima que debe reconsiderarse la totalidad del texto. Yo solo he leído los dictámenes del Consejo de Estado de las leyes que he llevado en el Pleno, pero no sé si hay alguna otra ley donde el Consejo de Estado sea tan taxativo. El Consejo de Estado pide que se reescriba todo el texto y más adelante dice claramente que puede haber aspectos de inconstitucionalidad. No sé por qué razón ante un dictamen de estas características el Gobierno no ha retirado este proyecto de ley.

¿Cuáles son las razones por las que presentamos este veto? Una se debe a que el proyecto es innecesario, es decir, ni en la exposición de motivos ni en la presentación que hizo la ministra en el Congreso de los Diputados hay objetivos claros de por qué se necesita, en definitiva, modificar la ley, sobre todo cuando tenemos una ley aprobada por unanimidad hace poco tiempo y, en definitiva, una ley que aún se tiene que desarrollar. Por otro lado, es una ley que se plantea por urgencia, urgencia que ha permitido que el Gobierno introduzca, después de su aprobación en el Congreso, enmiendas que aún hacen absolutamente más dura esta ley. Pero, ¿cuáles son los 2 argumentos importantes para estar en contra de esta ley? Por un lado, porque es una ley que quita competencias a las comunidades autónomas, que recentraliza, y, por otro lado, porque es una ley que desprotege el territorio.

Señorías, en el tema de las competencias, el Tribunal Constitucional, no sé si 5, 6, 7, 8, 9 o 10 veces, ha insistido en que la gestión de los parques nacionales es competencia de las comunidades autónomas. Lo ha dicho al derecho y al revés, en los años 2005, 2006, 2003, 2004, repetidamente el Tribunal Constitucional dice que la gestión es competencia de las comunidades autónomas.




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Pues bien, continuamente, según esta ley, la Administración central lamina, pisa competencias que son de las comunidades autónomas. Algunas hasta parecen absurdas, y no lo son. Por ejemplo, para la declaración inicial de un parque nacional, hasta ahora la ley decía que podía ser iniciativa de la comunidad autónoma o del Gobierno central. El proyecto que nos presenta el Gobierno dice que será iniciativa de la comunidad autónoma y del Gobierno Central. En el primer caso, en última instancia el Consejo de Ministros decidía, es decir, el hecho de que la comunidad autónoma iniciara el proceso no significaba que la comunidad autónoma tuviera el poder de decisión, sino el Consejo de Ministros. Pues bien, lo que ahora hace el Gobierno central es guardarse una cláusula para impedir, si lo considera oportuno, que se inicien procesos de declaración de parques nacionales.

Y lo mismo sucede en relación con las comisiones de coordinación. El Tribunal Constitucional había dicho que la coordinación no necesita presencia de la Administración central, es decir, si la Comunidad Autónoma de Cataluña y la de Aragón tienen —como tienen— un parque nacional, la coordinación la pueden establecer entre Cataluña y Aragón; no se necesita papá Estado para coordinar. Y esto lo ha dicho también repetida y reiteradamente el Tribunal Constitucional. ¿Qué hace este proyecto de ley? La Administración central entra en aquello que es coordinación y preside los organismos de coordinación. Es otro caso de recentralización y otro mecanismo para laminar competencias de las comunidades autónomas. O lo mismo sucede respecto a la declaración de emergencia de un parque nacional. Hasta ahora eran las comunidades autónomas las que podían decidirlo, ahora es el Estado central. Y así toda una serie de mecanismos de gestión que el propio dictamen del Consejo de Estado dice que pueden estar viciados de inconstitucionalidad, pero que, dada la urgencia con que se le ha pedido el dictamen, no puede profundizar en ello. Esto es, el Consejo de Estado no solo dice que hay que reconsiderar y reescribir todo el texto, sino que, en definitiva, apunta a que este proyecto de ley puede ser sujeto de muchas inconstitucionalidades.

La pregunta es: si en 2007 se aprueba una ley por unanimidad, está funcionando y no produce conflictos competenciales, ¿por qué la cambiamos? Y, sobre todo, ¿por qué la cambiamos cuando nadie, excepto el Partido Popular, está de acuerdo? ¿Por qué? ¿A qué responde? ¿Responde a presiones de propietarios importantes en los parques naturales que quieren realizar actividades económicas o que quieren cazar? ¿A qué responde? Sería importante que se nos aclarara porque no encuentro ni una sola razón para cambiar una ley que funciona, que ha conseguido la paz competencial y que, en definitiva, se ha de desarrollar aún más, eso sí, para verdaderamente ejercer de protección nacional.

El segundo argumento en relación con la desprotección, como se ha dicho aquí, es que deja puertas abiertas a la edificación y a la urbanización, y en una ley general se contemplan cuestiones concretas tan singulares como la navegación en el Monfragüe, el vuelo sin motor en Guadarrama o los dictámenes de Defensa. Yo dije en comisión que era inconcebible que Defensa pudiera vetar declaraciones de parque nacional y se me dijo que el Consejo de Estado lo había cambiado, y sí que lo ha cambiado porque inicialmente el proyecto del Gobierno decía «determinante» y el Consejo de Estado dice que la palabra determinante es ambigua y que es mejor utilizar «vinculante»; es decir, que ha pasado de «determinante» a «vinculante».

Finalmente, si cuando esta ley salió del Congreso ya era para nosotros inaceptable ―y prácticamente también para todas las organizaciones no gubernamentales―, la enmienda 278 da una vuelta más, desde el punto de vista de la desprotección, a esta ley. He de decir, y lo digo con total sinceridad, que los representantes del Grupo Parlamentario Popular han hecho esfuerzos importantes para llegar a un acuerdo y, aunque no ha sido posible, reconozco que en relación con esta enmienda se han hecho esfuerzos importantes. En cualquier caso, esta enmienda prácticamente deja abierta, con convenios entre particulares y la Administración, cualquier tipo de actividad en cualquier parque, y este es el objeto de esta ley. Así, cuando he preguntado retóricamente qué perseguía esta ley, la respuesta era esta: que esta ley, que en principio prorrogaba ilimitadamente los derechos de los propietarios, aunque ahora no lo hace ilimitadamente porque impone un plazo, va a permitir en definitiva el desarrollo de actividades.

Por lo tanto, señoras y señores senadores, se trata de una ley innecesaria, que forma parte de la ideología y de la concepción que el Partido Popular o el Gobierno del Partido Popular tienen del medioambiente como un lastre, una anomalía o un problema y que está hecha a la medida de los




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intereses de determinados propietarios importantes. No es explicable que si una persona no puede cazar en un parque natural, el propietario de una gran propiedad sí pueda hacerlo; eso no es posible y se debería acabar con ello. En este sentido, había una transitoria que establecía un plazo para acabar con esto, pero se alarga este plazo y se abre la posibilidad de nuevas actividades a otros parques naturales.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

La propuesta de veto número 7 ha sido presentada por las senadoras Almiñana y Sequera, y los senadores Boya, Bruguera, Martí, Montilla y Sabaté.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.

Voy a exponer las razones por las cuales el Grupo de la Entesa va a solicitar a la Cámara que devuelva el texto al Gobierno.

Además, me gustaría aprovechar este debate para hacer también una reflexión que tiene que ver con la intervención del señor Martínez Oblanca, en el sentido de hablar por unos minutos de aquellas comunidades que están en los parques nacionales o que viven cerca de estos espacios.

Ciertamente, si nos remontamos a la visión que se ha tenido de los espacios naturales a lo largo de la historia, hay algunas que me parecen aproximaciones interesantes para entender cuál ha sido la evolución de nuestro marco legislativo: desde aquella visión más campesina, pasando por la aristocrática, a la que han hecho mención tanto el señor Saura como el señor Martínez Oblanca. Por cierto, es verdad que Pedro Pidal estaba a favor de la caza y de la protección de los espacios naturales, pero no tanto de los pastores, ya que pidió literalmente que debían ser prácticamente expulsados del Parque Nacional de Covadonga.

Pero, a lo que iba, señorías, creo que es importante que en esta ley tengamos presente, como decía, a estas comunidades. Habría sido conveniente que esta ley hubiera superado un concepto de parques convertidos en espacios cerrados, donde con frecuencia han sido desterrados los pastores y las actividades tradicionales que, en definitiva, han sido las que han conformado estos lugares y sus paisajes. En muchas ocasiones se han vaciado estos entornos de los parques, se ha perdido la diversidad y la cultura que convirtió estos espacios en lugares de ensueño. Unamuno lo decía mucho mejor que yo. Decía que hay una civilidad, una civilización en estos lugares cuando se ve salir el humo del tejado de una de estas casas, como el vaho del sudor del buey que ha trabajado duramente. Se piensa que hay civilidad aquí, una civilidad en almadreñas y que marcha sobre roca. Lo decía, insisto, Unamuno, y creo que sus palabras tienen mucho sentido en el día de hoy.

Por tanto, el mérito o el fracaso de esta ley —luego me referiré más concretamente a ella— es precisamente saber si somos capaces de convertir y de concebir una cultura para la protección del medioambiente que tenga en cuenta aquellas comunidades que viven en estos lugares y que implican, indudablemente, comunidades locales que valorizan sus usos vernáculos, y no digo tradicionales, digo vernáculos, porque es cierto que muchas veces el término tradicionales puede llevarnos a equívocos, porque yo estoy hablando de ámbitos que afectan a la ganadería, que afectan a la agricultura y a formas de vida que han tenido, insisto, una continuidad a lo largo de los siglos. Es cierto que estas comunidades están en este momento al borde de la extinción —lo saben ustedes— alrededor de los parques nacionales y de las zonas protegidas especialmente, porque no hemos sido capaces, insisto, de darle a esta perspectiva de la preservación el concepto de globalidad de todo lo que habita en el medio natural, y muy especialmente en las montañas.

Hoy, cuando hablamos en la ley de los ámbitos de la catástrofe, nos tenemos que referir sobre todo a los incendios. Decía estos días Pedro Díaz, de la Asociación de Agentes de Medioambiente de Castilla y León, que una familia con 0 ovejas ahorra al Estado 60 000 euros al año en preservación de lucha contra incendios. Por tanto, yo creo que este es un buen ejemplo de lo que significa tener montañas vivas, tener un medio rural donde la presencia de los ganaderos, de los agricultores y de las comunidades campesinas siga viva. Es importante hacer esta reflexión previa a abordar el debate de la ley. Ciertamente, la ley no lo hace, y creo que nos estamos equivocando al no profundizar en esta materia; nosotros hemos presentado algunas enmiendas que pueden ayudar en este sentido.




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Hay una frase de Derek Denniston, que yo creo que es interesante conocer, y la voy a leer porque me parece que viene muy a cuento en el debate. Dice que el elemento prioritario que debemos tener en cuenta cuando hablamos de estas cuestiones es el vínculo inquebrantable entre las culturas locales y sus ecosistemas, porque no es posible conservar lo uno sin lo otro. En todo caso, y entrando ya más en la concreción de lo que sería la ley, a nosotros nos preocupa —lo ha dicho el senador Saura— de una forma muy especial la falta de consensos; es decir, la ruptura de aquellos consensos que la Ley de 2007 estableció y que permitieron superar una etapa de graves conflictos entre las comunidades autónomas y el Estado. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia). Creemos que una ley de estas características no puede entenderse de otra manera que no sea asentada sobre esos amplios consensos en los que se fundamentó la Ley de 2007. Y no entendemos tampoco cómo el partido mayoritario no asume esta responsabilidad de buscar un consenso amplio —lo ha dicho también el senador Saura—, incluso desoyendo el propio dictamen del Consejo de Estado que es meridianamente claro en esta cuestión. En cambio, ustedes siguen apostando por el quítate tú que me pongo yo, es decir, una sustitución sistemática de todos aquellos textos que tenían consenso y, además, forjados en legislaturas donde, efectivamente, no había mayorías absolutas, pero seguramente esa era la virtud de esos textos, que estaban hechos sobre consensos. Sin embargo, en este momento, ustedes sin ningún tipo de concesión optan por su reforma y únicamente por una visión que, en fin, yo no les voy a discutir que no sea legítima, pero una visión en todo caso absolutamente partidaria, porque lo es, en este caso del ámbito de la conservación.

Por tanto, nos parece que ustedes deberían haber leído la Sentencia 194/2004 —supongo que la habrán leído pero poco caso le han hecho—, porque en ella el Tribunal Constitucional detalla con absoluta claridad cómo debe definirse la gestión de los parques, y precisa aquellos aspectos que son competencia de las comunidades autónomas. Por ello, cuando uno lee esta sentencia, le cuesta entender qué sentido tiene generar un nuevo conflicto como el que se prevé si, tal y como suponemos y parece, la ley acaba aprobándose.

Además, en el episodio del debate de esta ley debemos lamentar —se ha dicho aquí también pero yo quiero reiterarlo— que el Senado sea la Cámara que se utiliza por la puerta de atrás para presentar enmiendas como esta enmienda trampa, en la que se cambia absolutamente el sentido —lo ha explicado con detalle el senador Saura— de la propia ley, que acaba pervirtiéndose a partir de una enmienda, la número 278, que efectivamente tiene un trasfondo turbio en el que aparece el amiguismo, en el que aparece el favor y, en definitiva, una perversión del interés general en favor de los intereses de unos pocos. Son muy pocos, pero eso sí, que tienen placeres muy caros. Se lo han dicho los directores de los parques nacionales, los 11 que estuvieron a tiempo de firmar esa carta que han publicado los medios de comunicación, a la que el Gobierno dio el cerrojazo informativo. Parece ser que incluso ni el Grupo Popular tuvo conocimiento de esa carta. Por tanto, no insisto en ello, pero se ha explicado también que esta es una enmienda que deja abierta la puerta de una forma clara a actividades que son altamente agresivas para su conservación.

Sinceramente, creo que ustedes deben recapacitar, estamos a tiempo todavía. El debate, junto con los grupos ecologistas que nos han acompañado estos días, está todavía abierto a una posible transacción. Nosotros estamos absolutamente dispuestos al diálogo pero, efectivamente, son ustedes los que deben reaccionar y aceptar que esa enmienda sea adecuadamente transaccionada, de modo que pueda cambiar el tenor de este proyecto de ley que en este momento pinta muy mal y creo que entre todos debemos evitar lo peor.

Algún orador que me ha precedido en el uso de la palabra ha hecho un retroceso histórico a la Ley de 8 de diciembre de 1916, que efectivamente nos colocó en la primera línea de la protección de Europa en materia de naturaleza. Yo creo que hoy no podemos lanzar aquí el prestigio de nuestros parques por la borda. Por tanto, ustedes deben recapacitar y nosotros ayudar en lo posible, y así lo haremos si está en nuestras manos, para que podamos cambiar lo que, si me permiten, yo denomino el sainete de la 278, y por tanto, toda esta farsa de la transacción de la primera «P» del PP con la segunda «P» del PP, porque en la comisión estarán ustedes de acuerdo conmigo en que esa transacción no era posible si no se subvertía el propio Reglamento del Senado.

En todo caso, señorías, si no hay un cambio de actitud y un cambio, digamos, sustancial en el planteamiento que hace el Gobierno respecto a esta ley, francamente no nos quedará otro remedio




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que votarla en contra, porque mucho nos tememos también que de nuestras enmiendas, muy pocas o ninguna van a ser aceptadas y, por tanto, volveremos a vivir un episodio más de los que nos tienen ustedes acostumbrados en esta Cámara, que es al nulo diálogo, al nulo pacto y, además, a los procesos de las enmiendas que subvierten los textos legislativos y que utiliza de forma torticera el Senado.

A mí me queda poco más que añadir. Simplemente les digo, como lo hacía el Obi-Wan Kenobi, que la fuerza les acompañe, señorías, que la fuerza les acompañe, porque lo que se dice habilidad, razón y sentido común, les aseguro que en este caso no tienen.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, señoría.

Debatimos la propuesta de veto número 5, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Para la defensa del veto, tiene la palabra el senador Maluquer.

Señoría, yo le rogaría que se pusiera la chaqueta para intervenir desde la tribuna.

El señor MALUQUER FERRER: Sí, señor presidente. (Pausa).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría. Puede iniciar su intervención.

El señor MALUQUER FERRER: Muchas gracias, presidente. Gracias por corregir mi indumentaria. A veces el calor hace que te olvides de lo que llevas puesto. En todo caso, buenos días.

Mi grupo presenta el veto a la totalidad de esta ley por considerarla totalmente innecesaria; porque rebaja la conservación de los valores naturales de estos excepcionales espacios naturales que representan la Red de Parques Nacionales; por la innecesaria centralización que pretenden con ella y, además, por su inoportunidad, sobre todo en estos momentos en que la Ley del 2007 ha empezado a caminar. Los que hemos seguido la evolución de los parques nacionales, concretamente en Cataluña, como el Parque Nacional d´Aigüestortes y del Llac de Sant Maurici, que conozco muy bien y que se incorporó a esta red en el año 1997 pero que hasta el 2005 no percibió ni un duro de aportación estatal para los objetivos de su conservación, pues nunca este parque de interés nacional fue financiado por el Estado, y ahora sí, nos enorgullecemos de tenerlo en la red, y así lo manifiesta el Gobierno de la nación, lo manifiesta el Organismo Autónomo Parques Nacionales y se pone de ejemplo. Pero gracias a esa implicación de las administraciones más cercanas al ciudadano, como son las de las comunidades autónomas, se ha llevado adelante la gestión para su conservación.

En cambio, en la ley que hoy nos presentan, aunque dicen que pretende mantener la esencia de la Ley del 2007 y solo corregir algunos de sus aspectos, cuando desgranamos solamente su preámbulo y hacemos un recorrido por los artículos que vendrán después —que ya tendremos ocasión de debatir si no se aprueban estos vetos y se siga la tramitación de las enmiendas—, empiezas a leer y lo que ves es que enseguida piden esa implicación del Estado, aparte de que podamos o no compartir, que evidentemente lo compartimos, esta selección de parajes excepcionales que por sus valores naturales de disfrute y respeto a la sociedad ya lleva un siglo de protección y que merece seguir siendo protegido. Como digo, es una implicación del Estado que nunca hemos tenido en el territorio, y de alguna forma en un grado muy menor. Sí vemos que los nuevos parques nacionales están muy bien dotados, pero los antiguos no; y, además, con esta implicación del Estado, al desgranar todo el preámbulo, observamos que quieren meterse en la cocina de casa, y eso no se lo vamos a permitir, no podemos permitírselo. Porque confunden el término coordinación, cooperación, con inmiscuirse en la gestión del día a día de estos parques nacionales. Al final les pedimos siempre una partida que vincule la financiación de estos espacios para que puedan llegar a cumplir los objetivos de conservación que necesitamos a fin de que sigan siendo homologados de forma clara por la comunidad internacional; les pedimos, año tras año, el compromiso de una partida vinculante en los Presupuestos Generales del Estado, que nunca llega, y que esta partida no sea intervencionista, que sea una ayuda, un suplemento a los programas y a la inversión que realizan las propias comunidades autónomas en el marco de sus competencias. Pero sensibilidad cero; en todo caso, sensibilidad negativa.




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Por ello, no podemos estar de acuerdo en que ahora se quiera llevar a debate un proyecto de ley, que ya en su trámite en el Congreso se manifestó lo propio, que no soluciona ninguno de los problemas y, además, en el trámite del Senado se introducen nuevas enmiendas que menoscaban la protección de la naturaleza.

Francamente, es para pensárnoslo mucho, para qué tantos títulos y tantas disposiciones adicionales, finales, etcétera, para terminar peor de lo que estábamos al inicio. Porque este proyecto de ley tendría que haber servido para organizar la función del Organismo Autónomo Parques Nacionales; un organismo que, evidentemente, coordina los equipos de gestión de los parques nacionales en manos de las comunidades; coordinarlos y, en todo caso, definir bien en el supuesto de que la Ley de 2007 pudiera dejar a este organismo sin competencias. Desde mi punto de vista, el organismo sí se debería preocupar de fijar qué criterios de conservación merecen los parques nacionales; financiar estos estudios para la conservación, y que esto incida en el día a día de la conservación de los parques nacionales, y no en financiar cajas de zapatos baldías, vacías que, de acuerdo, son bonitos centros para la atención de los visitantes cuando estos acuden a ellos, pues muchas veces están en lugares inaccesibles o donde no son puertas de entrada. Sin embargo, otros parques nacionales también han recibido grandes inversiones que no han influido para nada en la gestión de un espacio natural, como es el caso de la isla de Cabrera, en la colonia de Sant Jordi, que finalmente se cerró porque ¿qué hacía un centro de visitantes en la isla de Cabrera cuando su accesibilidad era mucho menor y resultaba mejor organizar las visitas de otra forma y ordenar su uso público de una manera más acorde con las necesidades de los visitantes?

Pues bien, tengo que decir que cuando se examina el proyecto de ley y se ve la posición de cerrazón del Grupo Popular a la hora de aceptar nuevas enmiendas —aunque al parecer estamos ante la posibilidad de que luego se puedan aceptar algunas—, al final tampoco vamos a corregir el espíritu que emana de este proyecto de ley que estamos debatiendo. Porque, al final ¿qué nos quedará? ¿Qué nos puede quedar o qué nos está quedando de este proyecto de ley en este momento? Pues que el Partido Popular abre la puerta a la caza y a otras actividades, como el vuelo sin motor o la navegación. Yo no me imagino el Llac de Sant Maurici invadido de piraguas, boyas y gente navegando, con barcas, aunque sean ecológicas. Y no me imagino un paisaje con un cielo repleto de aviones de vuelo sin motor. Al final, de lo que te das cuenta es de que con esta ley lo que se pretende es dar cabida a necesidades concretas de parques concretos y llevarlo luego al conjunto de la red. Mala solución. Muy mala. Si la ley de 2007 preveía diez años, hay diez años para adaptar las actividades que se estaban llevando a cabo. No más. Y si luego hay que permitir la caza u otras actividades para la conservación de estos parques nacionales, se hará, pero de común acuerdo con las personas del territorio, con los cazadores que conocen el territorio y conforme a un plan de gestión claro y conciso, no con una actividad meramente comercial. Porque, al final, estamos administrando una cosa que es de todos, como el aire que respiramos o el agua que bebemos. Son valores que la sociedad necesita. Había un lema que tuvo gran impacto y decía así: La naturaleza no necesita al hombre, en cambio el hombre si necesita la naturaleza. La tierra ya existía antes de que existiera el hombre. Y, ¿qué estamos intentando hacer con la figura de protección que tienen estos espacios singulares, con valores naturales excepcionales? Darles esta singularidad y ponerlos como ejemplo de cómo debería ser esta compatibilización entre un entorno que está humanizado con otro que está evolucionando de forma natural y que da un sello de calidad a nuestro país.

Si nosotros hemos firmado la Carta europea del turismo sostenible es porque, en principio, estamos basados en una buena gestión. Eso sí, sin recursos económicos. Esto hay que decirlo y reclamarlo. Y, de alguna forma, cuando llevemos a cabo nuevas iniciativas legislativas, debemos tener muy en cuenta cómo vinculamos los presupuestos y las dotaciones económicas para llevar a cabo las políticas que nos proponemos en las Cámaras, así como fomentar este entorno, estas zonas periféricas, de modo que puedan vivir de estos valores excepcionales. Solamente protegiéndolos e invirtiendo en su conservación, aunque sea algo que no se ve tanto, lograremos certificar su calidad.

Para nosotros no es agradable tener que presentar un veto. Somos de talante constructivo. Pero aquí no podemos exhibirlo, porque no se ha querido negociar, no se ha querido hacer una ponencia, como hemos hecho esta mañana, para acometer todos los estudios, buscar qué es lo que está funcionando y lo que no. Y, sobre todo, hay que hacerlo con respeto a las competencias




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de las otras administraciones. No puede ser que en algunas partes del articulado entremos a hacer planificación de los mismos espacios mediante documentos que van a ser aprobados por el Gobierno de la nación, a propuesta del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Esto, en un momento en el que estamos buscando la no duplicidad entre administraciones, me parece insólito. Se ha hablado de la litigiosidad constitucional que va a haber en el futuro si se aprueba la ley tal y como está. Pero es que además están las duplicidades en las que vamos a caer. Cuando hay dos administraciones, cosa que no queremos, planificando en un mismo ámbito, vamos a tener encontronazos graves. Para eso están los órganos de dirección de los parques, donde hay una representación, y luego, está también la representación internacional. La Administración autonómica, la que administra parques naturales en nuestro país y también parques nacionales, está presente en los organismos internacionales de forma directa, no a través de la Administración General del Estado, que quiere coordinarlos. Porque la Administración General del Estado debe preocuparse del conjunto, no de cada espacio concreto. Al final, en un mundo global queremos regionalizar porque, si no lo hacemos, nos quedamos en lo global, sin dar solución a los problemas concretos de cada territorio. Por eso, porque premiamos cada espacio natural por sus valores específicos y excepcionales, debemos mantener el equilibrio entre los distintos niveles de la Administración, sin que se solapen, porque así se ayuda a una mejor gestión y a la consecución de los objetivos de conservación de estos espacios.

Nos quedamos con ganas de poder debatir en el futuro cómo podemos fortalecer los sistemas de estas áreas protegidas, cómo podemos poner en valor los servicios que nos prestan estos ecosistemas, cuánto dinero debemos dedicar a la investigación, cómo conseguimos que participen la población y las entidades locales, siempre más cercanas a los ciudadanos que viven en el territorio y conocedoras de la percepción de los visitantes. Buscamos, a través de lo local, que la responsabilidad global y la cooperación internacional faciliten el cumplimiento de los objetivos globales de sostenibilidad.

Como he dicho al principio, es una ley inoportuna, innecesaria y anticonstitucional. Es más, la regulación contenida en este proyecto de ley invade las competencias de las comunidades autónomas, en concreto de la Generalitat, en materia de gestión de estos espacios, pues atribuye a la Administración General del Estado funciones de gestión en Parques Nacionales vulnerando lo dispuesto en los artículos 144.4 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y 106.1 de la Constitución española. Por eso, porque en opinión de mi grupo la reforma de la ley es innecesaria, inoportuna...

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, finalice ya.

El señor MALUQUER FERRER: Muchas gracias, señor presidente. Termino.

... e inconstitucional y, además, rebaja la protección ambiental y pone en peligro su homologación internacional, votaremos a favor de nuestro veto y del resto de los vetos presentados por los demás grupos y, por tanto, en contra de la tramitación de esta ley.

Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Maluquer.

La propuesta de veto número 4 ha sido firmada por el Grupo Parlamentario Socialista, y su defensor, el señor Fidalgo, tiene la palabra.

El señor FIDALGO AREDA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, vengo a defender la propuesta de devolución de esta reforma legislativa, porque esta gestión desastrosa de la tramitación se hace conforme a los principios más profundos que se apuntaban en la escena del camarote de los hermanos Marx. El resultado se aproxima bastante: vamos a hacer una ley, buscamos problemas, los encontramos, hacemos diagnósticos erróneos y aplicamos remedios equivocados. Justamente en esta reforma confluye todo esto.

A nuestro entender, la primera argumentación para ir en contra de esta reforma es nuestra defensa de la vigencia plena de la Ley del año 2007; una ley que nació del consenso de los grupos parlamentarios y que fue aprobada —cuestión excepcional— por todos los partidos y grupos parlamentarios. Esto ya es de por sí un valor importante a mantener, máxime en estos tiempos. Pero esta reforma se hace sin tener en cuenta el consenso de los técnicos, de los expertos, de los directores de los parques, de los municipios, de las personas que viven en los parques, de las




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comunidades autónomas. Por cierto, el Tribunal Constitucional ha marcado reiteradamente en su jurisprudencia, poniendo negro sobre blanco, qué competencias corresponden a las comunidades autónomas: la gestión ordinaria de los parques nacionales. Y esto me suscita una primera pregunta dirigida al Grupo Parlamentario Popular: ¿es que no están de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional? Señorías, no acatan ustedes las sentencias del Tribunal Constitucional; y no una ni dos, sino muchas. No están ustedes de acuerdo y quieren cambiar el Estado de las Autonomías que nos hemos dado los españoles y que se consagra en la Constitución española. Y estas son preguntas que ustedes deben responderse a sí mismos.

Pero esto viene de la mano de una serie de reformas de retroceso ambiental, retroceso de un sistema de protección ambiental que España se había dado, y que le hace un país avanzado. Porque un país avanzado también se demuestra por el tipo de legislación que tiene, y en ella también está la de protección ambiental. Y en este proceso de retroceso autonómico subyace una cierta estrategia que consiste en culpabilizar a las administraciones cercanas de los males que nos ocupan. Desde luego, reabre nuevos conflictos. Es sabido que esta reforma acabará en el Tribunal Constitucional por muchas vías. Con ella rompen el acuerdo con todos los grupos parlamentarios e ignoran a los municipios y a los vecinos residentes. Esperamos que las diversas enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado sobre la participación en los órganos de planificación y gestión, así como sobre la financiación de los programas de desarrollo se incorporen a la reforma que se tramita, que se hace ignorando y despreciando incluso a los parques nacionales.

Esta es una reforma impulsada, por cierto, por una persona que tengo que decir bien claro que considero indigna de ocupar el cargo que ocupa. El director del Organismo Autónomo de Parques Nacionales no está en condiciones de ostentar el cargo que desempeña, pues es una persona que de forma oscura trabaja para otros sin dar cuentas en el Senado. Tras veinte meses en el cargo, aún no ha venido a explicar que hacía de cacería con personas que van a resultar beneficiarias de esta reforma legislativa. Y lo hace para satisfacer apenas a trece familias que tienen propiedades en el Parque de Cabañeros; para recuperar bienes y privilegios feudales de la casa de Medinaceli que, por cierto, llegaron a pertenecer a la ciudad de Toledo, aunque con la desamortización pasaron a ser propiedad de familias nobles y de algunos de sus hoy propietarios. Es una reforma que pone en riesgo la conservación de la biodiversidad de nuestros espacios; una biodiversidad que mantenemos con fondos públicos, con recursos públicos, con personal y científicos públicos, y no puede ser que con ella se dé ventaja a la nobleza exclusivamente para su divertimento, porque ni siquiera se hace para crear empleo o para desarrollar alguna actividad económica; se hace solo para divertimento, cuando no para otras actividades que aparecen en los sumarios de la Fiscalía sobre otras cuestiones que tienen que ver con tramas de corrupción.

Esta reforma, señorías, es un ataque final en toda regla hacia la Red de Parques Nacionales, una red que va a hacer cien años que fue creada aquí, en las Cortes Generales, y que es ejemplo de cómo mantener en España la diversidad de espacios únicos e irrepetibles que, por cierto, no supone más que el 0,7 % de la superficie del Estado. Con esta reforma se pone en riesgo el prestigio internacional de estos espacios y se tiran por tierra los convenios internacionales que España tiene firmados sobre esta materia.

En la tramitación de esta reforma en el Consejo de Ministros no se acordaron de incluir medidas para recoger las necesidades de los municipios del territorio ni de sus vecinos. Tendría que haber un trato de favor, una ventaja para las personas que residen en los parques, en las áreas de influencia, en los territorios rurales y en general en los espacios protegidos. Tienen que tener una ventaja específica desde el punto de vista de los servicios públicos, en materia fiscal, en materia de ayudas para el desarrollo, etcétera. Sin embargo, el Ministerio de Defensa se preocupó —vaya imagen que da este Gobierno— por las necesidades de Defensa que estaban garantizadas en los espacios naturales; el Ministerio de Industria, por si se podrían hacer prospecciones petrolíferas, fracking, y aprovechamientos mineros; el Ministerio de Educación, por si se podía ejercer la pesca o la caza; y el Ministerio de Fomento, por si se podían realizar infraestructuras, vías de comunicación, aprovechamientos hidráulicos, sobrevuelos, redes energéticas, etcétera. Nadie se acordó de las necesidades reales de proteger los parques y a la gente que vive en esas zonas.




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Y, fíjense, señorías, el Gobierno impulsa de nuevo una reforma en contra del Consejo de Estado, que tengo que decir que preside el gallego Romay Beccaría, lo digo por si piensan que hay allí un rojo infiltrado que está causando todos estos problemas. Y no solo esto, a pesar de que el texto que se envió al Consejo de Estado no incluía la famosa enmienda Cospedal, el Consejo de Estado dice, y cito textualmente: Debe reconsiderarse la totalidad del texto para asegurar que todos los detalles que regula guardan coherencia con el sistema de la Ley 5/2007 y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Señorías, de libro. Solo con esto debería procederse a la devolución de esta ley al Gobierno para que la reescriba. Y decía también que esta ley infringe algunos aspectos como la introducción de singularidades para determinados parques, cuando es una ley de carácter general, un argumento que se ha reiterado.

Y les voy a hablar de un organismo nada sospechoso de socialista. La Comisión Nacional del Mercado de Valores informó de que la subjetividad de los conceptos que esta ley trata, como los derechos consolidados de los particulares, no es la adecuada, y más habiendo razones de interés general que justifican la protección de espacios especiales. Lo dice incluso la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y esta reforma se hace burlando las aportaciones del Consejo Asesor de Medio Ambiente, por cierto, con trampas; varias ONG avisaron en distintas reuniones —como se puede ver en las actas— del riesgo de que el Gobierno utilizara la tramitación parlamentaria para cambiar aspectos fundamentales, y aspectos fundamentales son los contenidos de la enmienda Cospedal, que liberalizan y dejan sin efecto todo tipo de actividad prohibida en todos los parques nacionales. Por tanto, un engaño a las organizaciones de todo tipo que participan en el consejo asesor. Y es una burla ocultar contenidos tan fundamentales de esta ley y de esta reforma a la conferencia sectorial de las comunidades autónomas que, evidentemente, tendrían mucho que decir sobre esta cuestión; por cierto, no solo las comunidades autónomas no adscritas al régimen han mostrado su disconformidad, no solo fueron Cataluña, Canarias, Asturias ni Andalucía, también Extremadura en una primera reunión, también Aragón, en la reunión celebrada en octubre. El Gobierno se plegó en los 3 temas —qué puntería, hablando de caza— en las 3 cuestiones que pidió la CEOE: que sean respetados los derechos concesionarios, que se proteja la inversión privada, la defensa de la caza, y más plazo para las actividades incompatibles. Vamos, un pleno de 14.

Señorías, el texto de por sí es muy grave pero esta gravedad se acentúa con la reforma que se propone a través de la enmienda número 278, que amnistía las actividades de todo tipo contrarias a los parques: estamos hablando de actividad constructiva, de minería y de canteras, de extracción de hidrocarburos, de hidroeléctricas, de infraestructuras varias; es decir, al margen de su impacto, se abre una puerta para el desarrollo de estas actividades, aunque sean incompatibles con la protección de la naturaleza, y se hace violentando el Reglamento del Senado, jugando a la enmienda sorpresa, una enmienda que se presenta a última hora, que después no se incorpora a la ponencia, que se cambia antes de empezar la comisión y que ha hecho que tengamos que acudir a la Mesa en petición de amparo, que parece que se resolvió a penaltis porque hubo dos empates a tres votos. Por cierto, me gustaría que cuando la Mesa resolviera estas cuestiones —ya que estamos hablando de que los parlamentarios somos todos iguales—, lo hiciera sobre la base de razones jurídicas y de derechos jurídicos de los parlamentarios, no sobre la base de mayoría numéricas, 4 sobre 3; por tanto, aprovecho la ocasión para reclamar este derecho.

De alguna forma, decimos que no puede haber actividades prohibidas aunque lo limiten a seis años o a un día, porque si suponen un riesgo, no puede haber una amnistía para una actividad ni para seis ni para cuatro ni para dos, ni para un mes, ni para una semana, ni para un día; no lo puede haber, porque la ley anterior ya fijó plazos y suficientes. Por cierto, esta reforma, si se lleva a cabo, en primer lugar, abre nuevas expectativas; en segundo lugar —¡ojo a este efecto!—, abrirá un proceso de presiones en todos los parques nacionales, porque la pregunta es evidente, ¿si en este parque se puede hacer tal actividad, sea la minería, sea la construcción, sea una vía, sea la caza, por qué en este otro parque no se puede llevar a cabo? Es la pregunta del millón. Y abre —¡ojo!, también lo advertimos por la responsabilidad que tenemos como defensores del Estado de derecho— la posibilidad a nuevos derechos económicos extinguidos por la ley vigente, que ahora pueden ser reclamados en los tribunales, con una carga importante para el Estado. Yo participo de la opinión reflejada en la carta de los directores de los parques, que el señor Basilio Rada, el director de parques, ha ocultado a la opinión pública, al Estado, relativa a que no puede darse




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prioridad al cese de una actividad negativa porque socaba el interés general; porque puede haber parques nacionales demorados sine die, sin entrar en vigor en parte del territorio; porque el interés general queda supeditado al particular; porque las actividades incompatibles van a provocar daños irreversibles; porque puede haber parques nacionales asimétricos y con agravios; y porque van a cuestionar su prestigio a nivel nacional.

Por ello, pedimos la devolución de la reforma y defendemos la ley vigente. Entendemos que las Cortes Generales deben defender el interés general, que es el principal objetivo de este acto, y, en todo caso, pedimos que se abran puertas al diálogo. Creo que está cerrado el consenso para esta ley, pero, al menos, estamos dispuestos a colaborar para que la enmienda número 278 se desactive, y si iba a caer una bomba atómica sobre los parques nacionales, al menos, que se disminuyan las pérdidas y los daños que se puedan ocasionar en el sistema de la Red de Parques Nacionales de España.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, señoría.

Turno en contra.

Tiene la palabra la senadora Pons.

La señora PONS VILA: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.

Intervengo, en nombre del Grupo Popular, en el turno en contra de los vetos presentados al Proyecto de Ley de parques nacionales, y, dada la similitud en la mayoría de los argumentos esgrimidos por los senadores que me han precedido, pasaré a responder conjuntamente los siete vetos presentados.

A nuestro entender, y contrariamente a lo que opinan ustedes, el Proyecto de Ley de parques nacionales es muy necesario y oportuno, pues, entre otras cuestiones, afronta uno de los problemas todavía sin resolver en nuestro sistema de parques: la necesidad de definir un modelo en el que todas las administraciones puedan desarrollar las competencias que constitucionalmente les corresponden, de tal manera que con su trabajo coordinado se alcancen los objetivos de cada uno de los parques y los de la red que forman.

El presente proyecto, al incorporar parte del articulado de la actual ley, se complementa notablemente al recoger por primera vez toda la normativa básica que con rango legislativo afecta a los parques nacionales, e introduce los instrumentos de planificación, coordinación y colaboración imprescindibles para garantizar un sistema homogéneo, que proporcione el mejor escenario ambiental y de óptima conservación en todos nuestros parques, compatibilizándolo con un uso público, responsable con su entorno y con su contexto territorial.

El proyecto —como digo— es necesario y oportuno dado el avance en el proceso de desconexión entre los parques nacionales y la red que se venía produciendo, fruto de la aplicación de la actual normativa.

Tras casi siete años de vigencia de la Ley 5/2007 de la Red de Parques Nacionales, el panorama no es muy halagüeño. Nosotros entendemos que cada comunidad autónoma interpreta a su manera la legislación básica en la materia. No existe un contacto institucional y reglado de la Administración General del Estado con los parques nacionales ni entre ellos mismos y no hay un intercambio efectivo de información, de manera que la Administración General del Estado no recibe la necesaria información para desarrollar las funciones que la ley le asigna. Este sentir es percibido por numerosas asociaciones y colectivos relacionados con la conservación y uso de los parques nacionales que así lo han venido manifestando al propio ministerio, además de su contrariedad por la precaria situación en la que se encontraban los parques nacionales y su red.

La actual ley vigente, fruto de una interpretación parcial de la jurisprudencia constitucional, configura, a nuestro entender, dos escenarios disjuntos y prácticamente sin conexión entre ambos. Por un lado, los parques nacionales, que atribuye a las comunidades autónomas y, por otro, la red, que se atribuye al Estado. Este error conceptual ha acarreado la desconexión y la falta de comunicación reglada institucional entre parques y la red, entre las autoridades autonómicas y las autoridades estatales, lo cual está generando una dilución de la figura y una falta de coordinación que consideramos necesario revertir cuanto antes.

Clara es, a nuestro juicio, la oportunidad del proyecto, pues era un sentir general —repito— que la Administración General del Estado había actuado a partir de la actual ley con una dejadez




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del tema y que desde las asociaciones se nos pedía un acercamiento del Estado a los parques nacionales como única manera de solucionar este problema. El propio Consejo de Estado reconoce en su informe que, siempre que la futura ley no se extralimite en las competencias estatales de legislación básica en materia de medioambiente, no puede objetarse nada si se intenta superar la desconexión existente entre parques y red que en la actualidad se ha producido. Por lo tanto, es necesario garantizar la presencia del Estado en los parques nacionales y corregir las deficiencias de la actual legislación, manteniendo siempre de manera escrupulosa los niveles de conservación. Este es el espíritu que, a nuestro entender, ha guiado la elaboración de esta propuesta. Queda, por tanto, el proyecto totalmente alejado de las motivaciones de servicio a otros intereses fuera del interés general y al de las poblaciones del entorno que se han puesto en las propuestas de veto.

El propio Consejo de Estado reconoce literalmente —cito— que la mayor novedad del anteproyecto, respetando las potestades de legislación y cooperación, pero sin apropiación de competencias de gestión de las comunidades autónomas, consiste en actualizar el modelo diseñado ya en la Ley 5/2007. En una palabra —continúa el Consejo de Estado— se intenta profundizar en un modelo más coordinado, maximizando y sin desnaturalizar la potencialidad que supone operar en red. Es perfectamente legítimo pretender que las Cortes Generales puedan pronunciarse de nuevo sobre esta cuestión. Fin de la cita.

Cabe comentar, en cuanto a la necesidad de revisar el marco actual, el hecho de que, sobre la base de la actual ley, se haya declarado un parque nacional. Precisamente, este es uno de los hechos que nos ha demostrado las debilidades de la actual ley, el proceso de declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama durante el cual se han podido comprobar las deficiencias del mecanismo actual, sumamente complejo y largo, y que relega al Estado a un mero tramitador de las propuestas de las comunidades autónomas sin poder participar desde los primeros pasos, dificultando cualquier modificación que se considere posteriormente necesaria en la evolución de la propuesta.

El marco actual obvia el ejercicio de las competencias exclusivas del Estado respecto de la declaración de estos espacios que la jurisprudencia constitucional reconoce, con lo cual considerábamos necesario revisarlo y modificarlo. El proyecto —como ya se ha comentado— no contiene, a nuestro juicio, invasión competencial alguna ni apropiación de ninguna competencia de gestión de las comunidades autónomas, ya que se ha elaborado tras analizar con meticulosidad las sentencias que el Tribunal Constitucional había dictado sobre el tema, en especial la 102/1995 y la 194/2004 que ustedes, en sentido contrario, también han citado.

Para asegurar que su redacción era acertada, el propio ministerio solicitó con carácter de urgencia informe al Consejo de Estado, pero debo decir que dicho trámite no era necesario. Ha sido el único trámite que se ha hecho con carácter de urgencia y, además, no era necesario en este caso. Incluso así, el Gobierno consideró conveniente disponer de este análisis, centrado en las novedades y en los principales elementos del proyecto, lo que precisamente analiza en el informe —de 44 páginas— el Consejo de Estado. Y dice: …analizar los aspectos potencialmente más conflictivos y aquellos que, por apartarse del modelo actualmente existente y sin aparente justificación, merezcan ser objeto de alguna consideración.

Es lo que hace el dictamen en su totalidad. Además, cuestiona únicamente la constitucionalidad de las actividades del voluntariado por parte del Estado. Y en el resto de elementos identifica mejoras y apreciaciones de funcionamiento o de detalle.

Debemos concluir, por tanto, que el informe no cuestiona el proyecto dado que en él se han incorporado todas y cada una de las modificaciones que el Consejo de Estado apreció en su informe —o sea, ustedes hacen referencia a lo que dice el informe del Consejo de Estado, pero sin valorar que muchas de las apreciaciones de ese informe están en el proyecto que en este momento estamos debatiendo—. Por consiguiente, a nuestro juicio se puede concluir que el proyecto actual es plenamente conforme al dictamen y a las sugerencias que emitió dicho órgano.

El proyecto supera y corrige la legislación actual, recogiendo por primera vez toda la normativa básica que con este rango afecta a los parques nacionales, por lo que es mucho más completo e introduce numerosas novedades necesarias para poner fin a esa etapa sin coordinación y de falta de conexión entre los parques y la red. Lejos de invadir competencias, a nuestro juicio profundiza y avanza en la coordinación y la colaboración con las comunidades autónomas, como se aprecia




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de modo general en el proyecto y en particular en el título VI, dedicado precisamente a los órganos consultivos de colaboración y coordinación. En este sentido, se incorpora un comité de coordinación y colaboración de carácter técnico que en absoluto es secundario ni tiene carácter de comisión o grupo de trabajo, a lo que se le ha tratado de relegar.

La falta de conexión entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de parques nacionales tiene una explicación clara, que está además en el origen de la mayor parte de las deficiencias del sistema actual. En efecto, la Administración General del Estado, salvo en el caso del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, recientemente creado, no está ejerciendo las potestades de coordinación que constitucionalmente le corresponden. Y no las ejerce, porque la actual ley no se las asigna —basta leer el artículo 5 de la ley, denominado Funciones de las Administración General del Estado, para comprobar que ni una sola vez aparece la palabra coordinación— ni se previó su ejercicio en la práctica, dado que no existen los órganos necesarios para poder ejercerla pues el Consejo de la Red de Parques ostenta un claro cariz político que dificulta enormemente el desarrollo de las necesarias funciones de coordinación técnica.

Las funciones de coordinación constituyen la base esencial de la actuación de la Administración General del Estado en el sistema de parques nacionales. Ciertamente, resultaría difícil conseguir un marco de gestión homogénea para toda la red sin el ejercicio de la potestad de coordinación. Por ello, el proyecto de ley asigna de forma clara esta función al Estado y crea los órganos necesarios para poder desarrollarla: una comisión de coordinación para cada uno de los parques nacionales supraautonómicos y un comité de colaboración y coordinación que reunirá a los responsables de gestión de cada uno de los parques junto con los de la red.

Por tanto, en contra de lo que se plantea en sus escritos de veto, no es cierto que los parques nacionales pasen a ser regulados conjuntamente por la Administración autonómica y el Estado, como tampoco es cierto que exista una recentralización del Gobierno ni una invasión de competencias. Simplemente atribuimos al Estado las competencias que constitucionalmente le corresponden y que son imprescindibles para el correcto funcionamiento del sistema de parques nacionales.

Estos elementos, lejos de pretender generar conflictos, son claves en el nuevo modelo de gestión coordinada. El proyecto refuerza la protección de estos espacios y en absoluto supone merma alguna de la protección, como se trata de hacer ver. El proyecto por primera vez incluye de manera expresa en su artículo 5 que todo uso y actividad queda supeditado a la conservación de la integridad de sus valores naturales y sus paisajes, por lo que pretender ver una mayor permisividad en cuanto al desarrollo de actividades no compatibles o que puedan afectar a la conservación de estos espacios no es más que tratar de confundir o malinterpretar el texto.

Tal como se ha mencionado, se mantiene el texto de la actual ley, y en el caso particular de la regulación de actividades para la protección y conservación de estos espacios la concordancia de los textos normativos es prácticamente completa, salvo por la inclusión en el actual proyecto de la incompatibilidad de actividades como la extracción de áridos e hidrocarburos —fracking—, por lo que en este sentido es más restrictivo e incrementa su protección, al contrario de lo que ustedes han venido afirmando. O sea, aumentamos las restricciones de lo que se puede hacer en los parques.

En el caso, por ejemplo, de la caza deportiva y comercial, se mantiene su prohibición en los mismos términos que en la ley actual, que obviamente no permite la caza en ningún caso. Cuestión diferente es que se autoricen controles de población como medida de gestión. Por tanto, la homologación de nuestros parques nacionales de la categoría II en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza queda completamente asegurada con el proyecto actual.

Uno de los casos más claros de interpretación errónea, incluso maliciosa, es el producido con la disposición adicional séptima del proyecto, necesaria para solucionar el problema que se creó en la ley al ignorar el hecho de la existencia de suelo urbanizado en el interior de los parques nacionales, condenando así a la extinción jurídica a los municipios de Posada de Valdeón y Oseja de Sajambre, en el Parque Nacional de Picos de Europa, o la entidad local de Villarreal de San Carlos, en el Parque Nacional de Monfragüe. En total, más de 800 personas que en su día optaron por incluir sus municipios en los parques nacionales, cuyos ayuntamientos han manifestado recientemente su expresa voluntad de no salir de ellos. En consecuencia, tal como recogen las leyes declarativas de estos parques, el proyecto solamente soluciona la actual incoherencia




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jurídica y compatibiliza la presencia de estos núcleos y solo de estos, por lo que es absolutamente falso tratar de buscar otra intención y posibilidad, como que se vayan a urbanizar otros municipios, lo que el señor Fidalgo ha dado a entender. Evidentemente no es así. Repito que se habla de estos municipios en concreto.

Otros elementos utilizados para tratar de confundir y querer mostrar una merma de la protección son interpretaciones erróneas de las disposiciones adicionales relativas al Parque Nacional de Monfragüe o a la Sierra de Guadarrama. Los argumentos esgrimidos en las propuestas de veto son injustificados, ya que en ninguna de las leyes declarativas de parques nacionales, salvo en Monfragüe, se prohíbe de manera expresa la navegación —de hecho, en Doñana se navega por el río Guadalquivir—, por lo que se ha considerado conveniente incorporar la pauta al caso de Monfragüe y posibilitar así la autorización de esta actividad para fines de educación ambiental o de difusión de valores naturales de manera compatible con ellos.

En el caso del sobrevuelo, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza tampoco lo considera incompatible en los parques nacionales, por lo que en el caso del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, en el que la actividad se viene realizando desde hace tiempo sin mayores problemas, es lógico que se proceda a asegurar su compatibilidad regulándolo por medio del plan rector de uso y gestión que se elaborará en las dos comunidades, en el que se deberán determinar cotas, periodos y zonas en las que la actividad no suponga un impacto para la conservación de los recursos del parque.

Como se comprende, pretender ver en las particularidades una merma en la conservación no solo está alejado de la intención del proyecto sino de su literalidad.

Otro de los problemas de la ley actual, que también aborda el proyecto, es la consideración de la titularidad de la propiedad de los parques nacionales. Teniendo en cuenta que solo el 11 % de la superficie total de la red es de propiedad estatal, que el 18 % corresponde a particulares, y que el resto es principalmente de los ayuntamientos, con usos tradicionales por parte de los vecinos en muchos casos, se comprende perfectamente el problema que genera la ley actual desde el momento en que obvia esta situación, llegándose al caso de que en algún parque nacional se produjo la declaración ya no solo sin buscar el necesario consenso, sino incluso en contra de la voluntad expresa de los titulares de los terrenos. Considerando, además, que las zonas de influencia socioeconómica de los parques nacionales cuentan en la actualidad con 166 municipios, el proyecto busca implicar a las poblaciones locales de manera que perciban el parque como un aliado y una fuente de oportunidades y no como un impedimento. Para ello no basta, como ha ocurrido hasta ahora, con desarrollar un sistema de subvenciones, por lo que propugnamos una gestión más participativa, más abierta a las poblaciones y sus entornos, buscando que conozcan y se impliquen en las oportunidades que brindan los servicios que ofrece y genera el parque, especialmente los relacionados con la visita y el uso público. Este es el objetivo del proyecto y no ningún otro interés oculto que ustedes parecen querer ver.

Estas oportunidades se complementan con los aprovechamientos tradicionales compatibles, que pueden y deben convertirse, en su caso, en una herramienta más de conservación activa. Por ello, es preciso proteger estas actividades e incluso premiarlas con algunos incentivos. La marca parques nacionales de España, que contempla el proyecto de ley como un identificador común de la calidad de los productos de estos espacios, nace precisamente con el objetivo de contribuir a ello. Por esta razón, y en contra de lo que manifiesta en su propuesta de veto el senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, que ha planteado el veto en sentido totalmente opuesto al resto de senadores, en efecto, para nosotros este es un proyecto de ley que sí tiene en cuenta a los territorios y a las personas, ya que, en contra de la norma actualmente en vigor, dedica tres de los once títulos a la sociedad que vive en el entorno y dentro de los parques nacionales. Se estudian sus actividades, de modo que por primera vez incluso se considera que algunas de ellas no solo son compatibles con los parques, sino necesarias para su gestión, como he estado detallando.

Quiero aclarar que de ninguna manera se dificulta el proceso para la declaración de un parque nacional, sino que, al contrario, se ha establecido un procedimiento mucho más lógico y sencillo. Como se comentó anteriormente, no se precisa el pronunciamiento de las Cortes autonómicas, aunque no se impide, y tampoco la elaboración de un plan de ordenación de recursos naturales previo a la propuesta de creación de un parque nacional. Además, se facilitan de manera notable las ampliaciones por mar de los parques ya existentes, lo cual, si me lo




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permiten, creo que podrá beneficiar en un futuro una posible ampliación de Cabrera, de lo que, como senadora por Baleares, me felicitaré.

Con respecto a la disposición adicional undécima, sobre los informes decisivos que emitiría en una serie de casos el Ministerio de Defensa, su lectura permite inferir que el informe es vinculante, pero se mantiene intacta la potestad del Consejo de Ministros para discutir y aprobar estos proyectos de ley.

Tal como se recoge en la memoria de análisis normativo y en informe del Consejo de Estado, y como reconocieron varias organizaciones en el propio consejo de la red en 2013, el proyecto de ley ha sido objeto de una tramitación minuciosa, sometiéndose el anteproyecto en varias ocasiones a diferentes órganos asesores, a la Comisión asesora de medio ambiente y a las propias comunidades autónomas. El día 15 de abril de 2013 se inició la tramitación de este borrador. Se aprobó en Consejo de Ministros nueve meses después. El único trámite que se solicitó con carácter de urgencia fue, como ya he dicho, el informe del Consejo de Estado, y aunque repito que no era necesario, fue una decisión del Gobierno para poder contar con una opinión autorizada sobre la constitucionalidad de este proyecto, lo que se hizo de manera detallada analizando todos los aspectos de este tema. Volvemos a recordar que el proyecto se modificó para incluir las consideraciones realizadas por el Consejo de Estado y lo consideramos plenamente conforme a él.

Por todo lo anterior, supongo que sus señorías habrán entendido que vamos a votar en contra de todos los vetos presentados.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas gracias, señoría.

En turno de portavoces, tiene la palabra el senador Quintero, por el Grupo Mixto.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señora presidenta.

Quiero indicar muy brevemente que vamos a votar a favor de todos los vetos que se han presentado, por varias cuestiones. En primer lugar, porque no entendemos la necesidad de esta ley de parques nacionales cuando la anterior es aún muy reciente y no ha dado tiempo siquiera a que termine su ejecución. Por otra parte, como ya han dicho algunos portavoces, y yo quiero reiterar, once de los quince directores de parques nacionales han firmado una carta en relación con esto. Y como en Canarias tenemos cuatro de esos quince, quiero decir que el director del Parque Nacional del Teide no la firmó, no porque no esté de acuerdo, sino porque no le dio tiempo de llegar allí a firmarla personalmente. Y algo que nunca ha pasado, es decir, que once directores, altos cargos que son conservadores, firmen una carta tan contundente, creo que debería hacer recapacitar al Partido Popular.

Y estoy completamente en contra de lo que se dice de la imagen de España en relación con los parques nacionales. Creo que con esta reforma de la ley se pierde completamente esa imagen garantista, de conservación de los parques, porque, evidentemente, se supedita el interés particular al interés general y medioambiental de los parques.

Por ese motivo —después lo explicaré más detalladamente en el turno de enmiendas— votaremos a favor de todos los vetos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Tiene la palabra el senador Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

Quiero agradecer la respuesta de la senadora Pons Vila y expresar mi discrepancia con su visión de esta ley de parques nacionales, que, efectivamente, va a salir adelante con un rechazo amplio sobre una cuestión en la que hay precedentes legislativos de gran consenso. Se ha referido al informe del Consejo de Estado y ha citado algunos puntos que han sido incorporados a este proyecto de ley, pero no ha mencionado los aspectos cuando menos polémicos que el mismo Consejo de Estado señala y que serán la antesala de recursos de inconstitucionalidad que ya se están anunciando.




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Por otra parte, creo que tanto el Gobierno como el Partido Popular tendrían que haber hecho un mayor esfuerzo por buscar puntos de acuerdo, por escuchar a comunidades autónomas, a ayuntamientos, a asociaciones amantes de la naturaleza, a sectores implicados con el uso y disfrute de la naturaleza. Pero eso no lo ha hecho. Por tanto, no es de extrañar que en el Senado se refleje ese amplio rechazo que el Partido Popular ha cosechado en esta ley.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Creo que el planteamiento del Partido Popular a la hora de justificar la necesidad de esta ley no solamente se aleja de la realidad sino que la invierte.

Una de las grandes ventajas de la Ley de 2007 no solo fue haber alcanzado el consenso político, social y científico que la acompañó, sino salir al paso dando respuesta a la litigiosidad constitucional que se había planteado precisamente desde las comunidades autónomas en relación con decisiones del Estado y por el Estado en relación con decisiones de las comunidades autónomas en la gestión de los parques nacionales. Y la mejor expresión de que la ley fue adecuada para resolver esa disputa competencial es que se acabaron los recursos de inconstitucionalidad.

Esta ley, al revés, reabre el melón, entra de nuevo, mediante contenidos que invaden competencias de las comunidades autónomas, en el resbaladizo terreno del conflicto competencial, y ello inevitablemente volverá a obligar al Tribunal Constitucional a pronunciarse ahora en torno a esta ley y las decisiones que de ella se deriven. Por eso, creo que, frente a lo que sostenía la portavoz del Grupo Popular en el sentido de que nos trae un proyecto respetuoso con la doctrina constitucional, el contenido de este proyecto de ley precisamente pretende —no es la primera vez— corregir la doctrina constitucional. Como al Partido Popular no le gustó la doctrina construida por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación con el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de parques nacionales, que tuvo su reflejo en el proyecto de la Ley de 2007, ahora corrige la Ley de 2007 y pretende corregir, repito, la doctrina constitucional. Y eso, insisto, va a traer inevitablemente consecuencias conflictivas, lo que seguramente conllevará un largo recorrido de recursos cruzados entre comunidades autónomas y la Administración del Estado.

Creo que ha quedado muy claro en la manifestación de la portavoz del Grupo Popular: el proyecto de ley se elabora para que el Estado aterrice en los parques nacionales. Esa es la voluntad explícita del proyecto, y así lo ha manifestado la portavoz del Grupo Popular. Lo que ocurre es que, en primer lugar, eso no se compadece —lo vuelvo a decir— con la doctrina del Tribunal Constitucional; y, en segundo lugar —otro motivo importante para cuestionar ese aterrizaje de la Administración central del Estado en las comunidades autónomas, porque Estado son también las comunidades autónomas—, se hace para prologar en el tiempo, a través de la famosa enmienda 278, las actividades no compatibles, lo que en ningún caso es el mejor aval para esa mayor presencia que se pide a la Administración central del Estado en los parques nacionales. A través de esta enmienda ustedes explicitan de alguna manera cuál es la voluntad real, para qué, por qué el Estado quiere estar más en los parques nacionales; y, por supuesto, los senadores que hemos suscrito el veto —el senador Mariscal y yo mismo— no compartimos ese planteamiento. Pero no lo hacemos desde una interpretación errónea ni malintencionada del proyecto de ley. En esta intervención he hecho referencia expresa a sus propias manifestaciones, reproduciéndolas casi de forma literal.

Y hay otras cuestiones a las que ha hecho referencia su señoría en su intervención que también nos suscitan preocupación y duda. Ha hablado de que el proyecto pretende facilitar la creación de parques nacionales, cuestión con la que evidentemente estamos de acuerdo. Pero ¿cómo pretende facilitar eso el proyecto? Reduciendo el papel de las comunidades autónomas, que son las que tienen el papel fundamental de la gestión de esos parques, en el momento de su creación. Es decir, por un lado, ustedes defienden, y a nosotros nos parece bien, que hay que ser respetuosos con quienes habitan en los parques nacionales y ser capaces de buscar una expresión adecuada del respeto a sus intereses y el respeto a la preservación de los valores naturales, haciendo que esos ciudadanos no perciban como una carga, como un gravamen, vivir en un




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parque nacional, sino que perciban los beneficios. Creo que eso no debía estar tan mal contemplado en la Ley de 2007, cuando, como usted nos acaba de decir, los municipios han ratificado recientemente su voluntad de participar, de seguir estando presentes en los parques nacionales. No debía ser tan gravosa esa condición, no debía ser tan negativa esa declaración de parque nacional. Pero si eso es así —sigo el argumento—, y estoy de acuerdo, ¿cómo no va a ser también así para las comunidades autónomas? ¿Cómo pueden ustedes pretender declarar un parque nacional contra la voluntad y sin la participación activa, desde el origen, de las comunidades autónomas, que son representantes de esos vecinos a los que usted ha hecho referencia y del resto de los vecinos de la comunidad autónoma? No es necesaria esta recentralización en la voluntad originaria para la creación de un parque nacional, al contrario. Más allá de una invasión competencial, resulta absolutamente contraproducente.

Y quiero hacer una última consideración —no lo he destacado adecuadamente en la presentación del veto— al hilo de alguna de sus manifestaciones. También nos resulta preocupante esa expresa referencia en el proyecto de ley a la dinamización económica de los parques nacionales a partir de la colaboración público-privada, porque creemos que ese no es el objetivo de un parque nacional. Obviamente, se deben mantener los usos tradicionales, vernáculos, las costumbres y actividades que los habitantes de ese parque venían desarrollando; pero ir más allá, supeditar el grado de protección del espacio natural a esta consecución de objetivos económicos a partir de la colaboración público-privada puede llevar a una incompatibilidad clara con el objetivo fundamental, que es la preservación; y así la preservación puede dejar de ser el objetivo fundamental. Por eso, frente a lo que ha argumentado la portavoz del Grupo Popular, nosotros seguimos pensando que este es un proyecto de ley peligroso; peligroso para los parques nacionales, para su futuro, y peligroso para la preservación de aquellos espacios que merecen un mayor nivel de protección.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, presidenta.

Intervengo simplemente para anunciar que vamos a votar a favor de todas las propuestas de veto.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.

Agradezco el tono de la portavoz del PP en el turno en contra de los vetos, pero quiero hacer dos consideraciones.

En primer lugar, sobre la coordinación. Ayer le dije al señor Montoro que el problema del Partido Popular no es que tenga modelo de Estado, es que quiere un modelo de Estado del pasado, unitario, y eso se expresa absolutamente en todo. ¿Qué hace el Gobierno del Partido Popular en cualquier ministerio o ante cualquier competencia cuando hay necesidad de coordinación de dos comunidades autónomas? Se mete papá Estado, preside y coordina. Pero eso no es coordinación; eso no pasa en ningún sitio, ni en Alemania ni en Austria ni en Bélgica. La coordinación horizontal se da sin la Administración central; es decir, si Aragón y Cataluña tienen competencias para parques, se han de coordinar ellas. ¿Qué pinta el Estado coordinando cosas? Este es un mecanismo que utiliza el Estado, como tantos otros, para recuperar competencias. Como también para recuperar competencias lleva a cabo la trasposición de directivas o la aplicación de leyes básicas. Es decir, hay cinco o seis mecanismos que siempre se utilizan para recuperar competencias.

Usted y yo debemos de tener dictámenes del Consejo de Estado distintos, o me han engañado y me han pasado un dictamen que no es el que corresponde. ¿Por qué? Le voy a leer tres o cuatro párrafos. El primero dice lo siguiente: Dada la urgencia con la que se solicita el dictamen —la




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pregunta es ¿por qué era urgente?—, el mismo no puede profundizar en un examen detallado de hasta qué punto los extremos que recoge el anteproyecto, y que no se encuentran en la vigente ley, están plenamente amparados por la sentencia del Tribunal Constitucional. Es decir, se dice que hay un problema de no profundizar porque hay urgencia.

Y dice más: Debe comenzarse por señalar que, después de tanta litigiosidad constitucional, el hecho de que la Ley 5/2007 haya finalmente acabado configurando, tras las correspondientes sentencias, un equilibrio relativo, en el sentido de que parece haber acabado con aquella, puede llevar a cuestionar la conveniencia de volver a establecer un nuevo modelo. Es decir, primero dice que no se puede profundizar, y en el segundo párrafo, que si ahora no hay problemas, por qué lo hacen.

Tercero: Se hace inevitable examinar si ante una cuestión que ha dado lugar a tanto conflicto constitucional, la manera en que se pretende consolidar el modelo de la ley, y que se supone que es definitivo, de gestión de los parques y su red, se ajusta a los parámetros constitucionales que ha venido estableciendo la jurisprudencia. Otra ducha de agua fría.

Otro más: Es totalmente impropio incluir formalmente en una ley general, aplicable a todos los parques nacionales, este precepto tan específico y que solo tiene por objeto la regulación de una actividad de un uso concreto en uno de los parques, Monfragüe, y Guadarrama.

Y el último: A la vista de todas las consideraciones expuestas, este Consejo de Estado estima que debe reconsiderarse la totalidad del texto.

Este es el dictamen que me han mandado. Si esto es así, no entiendo cómo pueden aprobarlo. Usted ha manifestado: hemos modificado lo que dice el Consejo de Estado. Me lo pone aún mejor, porque, por ejemplo, el Consejo de Estado en el informe de defensa decía «determinante», y usted dice: le hemos hecho caso, lo hemos cambiado. ¿Y qué han puesto? «Vinculante». Aún peor. Por lo tanto, votaremos en contra, independientemente de las buenas intenciones de consenso que hayamos podido tener, porque este texto es innecesario, vulnera competencias, en esta dinámica del Gobierno de vulnerar competencias en estos momentos, y desprotege innecesariamente aspectos que han de continuar estando protegidos.

Nada más y muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Catalán Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidenta.

Senadora Pons, yo también le agradezco el tono y el convencimiento con el que usted ha tratado de defender el proyecto de ley. Y aunque ahora solo daré unas pinceladas —ya tendremos tiempo de ampliarlo en el turno de portavoces—, quiero decirle que, por mucho que queramos, no vemos la oportunidad de este proyecto de ley ni tampoco las excelencias y las aportaciones que, según ustedes, van a dar a la Red de Parques Nacionales, más allá de aquellos aspectos de este proyecto de ley en los que ustedes mantienen parte de la Ley de 2007, que todos nos habíamos dado y que nos había dado a todos este escenario de tranquilidad en lo que se refiere a la litigiosidad que había y que ahora no hay. Esa es la prueba del algodón de que funcionaba y estaba funcionando.

En cuanto a la urgencia, tampoco la entendemos. ¿Me pueden decir qué problema ven ustedes en los parques nacionales? ¿Hay algún elemento que a nosotros se nos escape, que ponga en tela de juicio la gestión de los parques nacionales y la eficacia con la que se están gestionando? Porque la gestión es indudablemente de las comunidades autónomas, y podríamos llegar a la conclusión de que ustedes están cuestionando a las comunidades autónomas. No lo entendemos.

Me habla usted de coordinación, de colaboración. Por supuestísimo, ahí siempre nos encontrarán. Pero nosotros pensamos que detrás de esto hay una centralización absoluta. Se trata de un intento de apropiarse de unas competencias que pertenecen a las comunidades autónomas, que además han llevado a cabo con méritos, y la prueba está en la propia Red de Parques Nacionales.

Me decía, y me ha extrañado, que han mejorado la ley porque en la ley anterior no se mencionaba la coordinación. Yo le digo, señoría, que la coordinación, la eficacia, la eficiencia, la descentralización son principios generales de la Administración y no necesariamente se tienen que mencionar, Si en una ley no pone que vamos a ser eficientes, se entiende que cuando la




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aprobamos es justamente para serlo. No es necesario que una ley nos invite a coordinar si tenemos la voluntad política de hacerlo.

También se ha referido al sistema homogéneo de los parques nacionales. Entiendo que les preocupe la homogeneización —es una palabra que ustedes utilizan a menudo y que a nosotros ya sabe que no nos gusta, que estamos más por el término equidad—. Esta homogeneización de la que ustedes hablan tampoco he visto que les preocupara a la hora de repartir los fondos por los diferentes parques nacionales. Podemos repasar las inversiones que se han hecho en los distintos parques a lo largo de estos años y allí tampoco vemos ningún tipo de homogeneización, y eso sí que estaba en sus manos y era una de sus competencias exclusivamente.

Asimismo ha hablado, y esto también me preocupa, de implicar a las poblaciones que viven en o cercanas a los parques nacionales. Es de Perogrullo. Fíjese usted, el mejor sistema productivo que hay en el mundo es un ecosistema, y la gente que vivimos en o alrededor de los parques nacionales, estas personas que habitan allí forman parte de este ecosistema. Por tanto, pretender implicarlas es de Perogrullo, necesariamente lo están, entre otras cosas, porque son la custodia y la garantía en muchos casos de que hoy en día podamos estar disfrutando estos parques nacionales.

Se ha referido también a la dilución de la figura de los parques nacionales, creo que ha sido cuando hablaba de coordinar y de que el Estado tutelara esta amalgama de las distintas comunidades autónomas. Yo le diré que es posible que en algún momento haya un problema y que pueda haber dilución en la figura de los parques nacionales, pero en ningún caso será por quién los gestione, sino por cómo se gestionen.

Hablaba asimismo de mantener los niveles de conservación, y no vemos cómo vamos a mantenerlos abriendo la veda a actividades que hasta ahora habían estado prohibidas y que, según se interpreta en esta ley, pueden ser susceptibles de llevarse a cabo en la totalidad de parques nacionales.

Senadora Pons, en cuanto al informe del Consejo de Estado, usted misma ha dicho: muchas de las consideraciones del Consejo de Estado las hemos recogido —no todas, por supuesto—. También —y esto lo aclara todo— que el informe no era necesario pero que lo han pedido con urgencia. El propio Consejo de Estado ha manifestado: No hemos tenido tiempo de profundizar. Y el propio Consejo de Estado se cuestionaba la oportunidad de esta ley justamente por lo que he dicho al principio —y con esto acabo—: porque se nos había dado a todos un escenario cómodo en cuanto se habían acabado los litigios y los conflictos competenciales, y, ciertamente, las comunidades autónomas que tenían la competencia de gestionar se dedicaban tranquilamente justamente a eso, y lo han hecho bien. Por tanto, nos reiteramos en nuestro veto y votaremos a favor de todos los vetos.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señora Pons, usted, con su bondad natural, nos ha leído el argumentario —que parecía más bien el informe Basilio— sobre la bondad de esta reforma.

Yo creo que tuvo que ver bien claro hoy el Partido Popular que en esta reforma está solo, que está en una soledad clamorosa. Ayer lo representamos algunos grupos en la comparecencia de todos los grupos parlamentarios, lo expresamos así y pedimos que el Partido Popular rectificara con esta reforma.

Del informe del Consejo de Estado no me lea un párrafo. Yo me he leído los 43 folios, y son claros y rotundos, aun sin conocer la enmienda Cospedal, porque si llegan a verla, tendrían que haber salido 150 folios más, porque esas medidas de la reforma son gravísimas.

Yo no pensaba entrar mucho en la cuestión competencial, pero es que se mete un poco también con mi biografía. Algunos, cuando luchábamos por la democracia, una de las cuestiones que defendíamos era un nuevo sistema en el que uníamos democracia y autonomía. Para nosotros y para todos ellos es muy importante. Era una cosa nuestra y que luego fue de todos y es de todos. Fíjese, y no solo por la biografía sino por la oportunidad política: en este momento tenemos que demostrar con razones que el Estado de las autonomías es el mejor Estado. En primer lugar,




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es más eficaz. En segundo lugar, es más barato, y es el mejor, y es bueno que sea el Estado quien gestione los asuntos, las administraciones más cercanas a los ciudadanos, que son los dueños y señores de todas estas cuestiones que discutimos en el Senado.

Por eso, mi primer argumento es que defendamos la ley que está en vigor y apliquémosla, porque esa ley tiene una ventaja y es que fue aprobada, fue construida por unanimidad de todos los partidos, de las comunidades autónomas, de todas las administraciones. Debemos darle el valor que tienen esas cosas.

Esta reforma justamente va en sentido equivocado: priorizan los usos de defensa o los que diga el Ministerio de Industria; ignoran a los científicos; ignoran a los municipios; por ignorar, ignoran a los que gestionan los parques, a los propios directores de los parques. Van en dirección contraria a lo que se está haciendo en Europa y en el mundo. Y al final, se burlan de las comunidades autónomas, de la opinión que tenían que expresar y de su posicionamiento, de su derecho a opinar sobre los contenidos de esta reforma que van a tener que aplicar, y a los que les han ocultado contenidos fundamentales. Y se burlan de los colectivos que participaron en el consejo asesor. Y la forma de tramitarlo es chapucera y, desde luego, es un agravio a los derechos parlamentarios. Y, entre otras cosas, ya ve que engaña a muchas gente durante demasiado tiempo, y todo para proteger, en lugar de a la biodiversidad, que es a lo que se tiene que dedicar esta ley, a algunos propietarios poderosos, a apellidos muy famosos, que lo único que quieren es tener un espacio de divertimento personal.

Esta estrategia de tramitación de esta ley está perfectamente planificada. Ustedes lo tenían perfectamente pensado: mandaron al director de Parques a consensuar en una cacería una ley; el ministro escribió el texto de la ley, la ley que a él le pidió Cospedal; la CEO se ocupó del rollo de formalizar la propuesta de cambios para introducir en esta ley; pero ustedes tramitan la ley sin ese texto y aquí, a última hora, meten un texto que lo cambia todo.

Por eso le pedimos que reconsideren su actitud, porque los contenidos que han introducido en este trámite en el Senado son gravísimos: esa amnistía sobre derechos de actividades se extiende a todos los parques, se extiende a muchas actividades y, aunque bajen el límite temporal, abre el camino a futuras prórrogas —esto lo deja abierto— y crea nuevas expectativas y nuevas presiones, que creemos que pueden ser insoportables y que pueden dificultar muchísimo la gestión no solo de los parques nacionales, sino también de todos los espacios protegidos, porque en la medida en que generemos nuevas actividades en espacios protegidos, se van a causar agravios comparativos en otros espacios protegidos —que vamos a ver cómo los frenamos— y a suscitar nuevos derechos, así como derechos económicos que estaban extinguidos. Me parece una grave irresponsabilidad que el Estado tenga que responder en su día en los tribunales por derechos que estaban extinguidos. Yo he citado algunos, por ejemplo, los derechos mineros para extraer mica férrica en Sierra Nevada, para extraer picón en Timanfaya, para extraer volframita y blenda o para hacer minicentrales en los Picos de Europa; para aprovechamientos hidroeléctricos en los lagares, en los lagos de origen glacial de Aigüestortes; para derivar aguas o para urbanizar en Doñana —por ejemplo, familias ilustres como la familia Botín están muy interesados en la materia—; o para cerrar la presa en la Caldera de Taburiente; o para urbanizaciones en otros parques y en otros territorios.

Por lo tanto, me parece que todo ello es de suma gravedad, por lo que le pedimos —y a todos los grupos— que apoyen la devolución de esta reforma al Partido Popular, que la paren, que la frenen. Hay una técnica parlamentaria que podría ser que si los vetos fueran rechazados, el Grupo Parlamentario Popular aplazara el trámite del debate de enmiendas —así lo pedimos formalmente y cuentan con nuestra disposición— para amortiguar, si puede ser, los grandes males que supone la enmienda 278 —la enmienda Cospedal—.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Aparici.

El señor APARICI MOYA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señoras y señores senadores, quiero empezar mi intervención agradeciendo con carácter general —como suele ser en los debates de este área— el tono que se ha utilizado por todos los compañeros que han hecho uso de la palabra.




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La senadora Pons Vila ha tenido una brillante intervención para justificar el rechazo de los vetos. No ha leído ningún informe, no, ha hecho su propia intervención —preparada, estudiada y revisando mucha documentación—. Lamento que esto haya servido para que algún senador, una vez más, con mal estilo, califique las cosas de como realmente no son. Lo lamento profundamente.

Decía que ha explicado muy bien las razones de la reforma. Podrán ser entendidas o no, pero son las razones que tiene el Grupo Popular para defender una reforma que nos parece necesaria y que básicamente intenta conseguir un mejor modelo de coordinación en la Red de parques. Y no es que lo digamos solo nosotros.

Decía el ser Maluquer —que, además, se ha referido a un parque al que le tengo un cariño enorme, Aigüestortes i Estany de Sant Maurici— que él conocía ese parque. Señor Maluquer, yo conozco ese y 12 más. Es más, en este tiempo, algunos compañeros nos hemos dedicado a visitarlos y a hablar con los directores de esos parques y con la gente de esos parques, y muchas de las cosas que la senadora Pons Vila ha dicho hoy son el fruto de ese trabajo y de las muchas cosas que nos han contado en esas visitas a los parques. Quien descalifica esa intervención no sé cuántos parques conoce ni cuántos parques ha visitado, yo le puedo garantizar que yo, por lo menos, he estado en 13 de los 15 que existen; y hemos hablado con los compañeros y la gente de allí.

Por lo tanto, estamos absolutamente legitimados para plantear una posición e insisto, felicito de nuevo a mi compañera Pons Vila por la forma, por el estilo y por el talante con el que lo ha hecho.

Dicen ustedes que ha habido siete vetos y que todos ustedes votan a favor. Permítanme que les diga que me resulta curioso, porque de los siete vetos, hay seis que van en una dirección y uno que va en una dirección absolutamente contraria. Y ustedes van a votar a favor de todos, o sea, les da lo mismo. Ustedes quieren de alguna manera —lo veo natural— ejercer su posición en contra de esta reforma de cualquier manera, les da lo mismo, o sea, votan a favor del veto del señor Oblanca, que es absolutamente distinto y en sentido contrario al que tienen ustedes. Esa es la coherencia que algunas veces reclamamos y que después vemos que efectivamente no existe.

Pero quiero puntualizar dos cuestiones que me parecen fundamentales. Creo que ha sido el señor Boya quien se ha referido, así como el señor Fidalgo, a lo que ha sido el debate en comisión. Miren, lamento profundamente de verdad que haya —entre comillas— esa falta de respeto a los servicios de la Cámara. Ustedes saben perfectamente que lo que ocurrió en esa comisión —y se les trasladó a ustedes— tenía la posición favorable de la letrada de la comisión. Por tanto, no entiendo cómo se puede descalificar lo que pasó ese día. Yo no lo voy a hacer. Además, critico —y quiero que conste en acta— esa posición que algunos senadores mantienen aquí de descalificar una cuestión absolutamente reglada, que es aplicación del artículo 115 del Reglamento y que la Mesa de este Senado ha vuelto a ratificar. Esta es una primera cuestión que quiero que quede absolutamente clara.

Hay una segunda cuestión que quiero que quede absolutamente clara porque he oído demasiada demagogia con este tema. Cuando ustedes se refieran a la enmienda 278 y hablen de la carta de los directores de parque, digan ustedes la verdad. Los directores de parque hicieron un escrito al primer texto que se presentó aquí de la enmienda 278. Pero el Grupo Popular, en atención a las horas que hemos dedicado al diálogo y al consenso en estos temas, hizo una enmienda para corregir ese texto y plantear uno, el actual, con el que —hablen con los directores de parque— están mayoritariamente a favor.

Por lo tanto, dejen ustedes de hablar del pasado y de hacer demagogia, y comenten el presente, el texto que aprobamos en la comisión. Insisto, 16 de los 18 directores de parques nos han comunicado que están bastante o muy de acuerdo con este texto. Esta es la verdad y no debería ocultarse. Yo entiendo que ni ustedes, ni los medios que normalmente les apoyan, no hablen ahora de esto. Siguen hablando del texto primero, cuando ese texto está olvidado totalmente. Es más, señor Fidalgo, usted se ha atrevido a decir una cosa que es absolutamente falsa —por lo menos, en parte—. El escrito al que usted hace referencia, el del primer texto, en efecto, llega a la dirección general y, como usted ha dicho, no se comunica, pero no se comunica porque se contesta a los directores de parques diciendo que ese texto no sirve porque hay otro texto planteado. Es así de fácil y así de sencillo. ¿Pero cómo se puede venir aquí —ni en prensa—




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a pedir la dimisión de nadie por esta cuestión de gestión, que es clara y transparente, como la que se ha hecho en este momento?

Por tanto, dejen de hablar del pasado y hablemos del presente. Seguimos trabajando en este texto que aprobamos en comisión, seguimos negociando y ojalá podamos alcanzar un texto, si es posible, que lo mejore, pero, desde luego, este es infinitamente mejor, y fue una propuesta del Partido Popular al texto inicial que debatíamos en aquel momento. No hagamos pues demagogia con esto, digamos exactamente la verdad. Insisto: 16 de los 18 directores de parques están básicamente de acuerdo con el texto actual, que no 15 —porque no hay 15 directores de parques, lo recuerdo, hay 18—. La primera carta a la que usted ha hecho referencia, señor Fidalgo, fue firmada por 11 de los 18, no por 11 de los 15, como alguien ha querido interpretar. Me gustaría, por tanto, que estas cuestiones quedaran claras.

Puerta abierta al diálogo, señor Fidalgo, siempre. Lo dije el otro día y se lo digo hoy también en sede parlamentaria. El día 20 de octubre me dirigí a todos los portavoces y les dije que si querían dialogar sobre la Ley de parques naturales, aquí estaba el Grupo Popular para hacerlo. Algunos no contestaron, ni siquiera se molestaron en contestar, pero otros sí, tengo que reconocerlo. Hemos hablado con aquellos compañeros que han querido dialogar; el que no ha hablado ha sido porque no ha querido, señor Fidalgo, y solo ha hablado cuando las circunstancias le han arrastrado a ello. Quiero que eso quede claro.

Por tanto, olvidémonos de descalificaciones. Señor Fidalgo, a mí no me gusta el discurso con la etiqueta de faltón y descalificaciones, no va conmigo ni con la mayoría de mis compañeros. Vayamos en serio al trabajo y dialoguemos, pero, de verdad, no renunciemos al diálogo, como estamos haciendo el Grupo Parlamentario Popular y muchos grupos de esta Cámara.

Los parques nacionales son, efectivamente, señor Iglesias, elementos de protección, pero también lugares de visita para mucha gente. Hay 10 millones de visitantes en los parques nacionales. Todo eso hay que tenerlo en cuenta —las personas que viven allí, los visitantes y aquellas cuestiones que en un momento determinado formaron parte de la tradición de esos parques—, y debemos ver la forma de hacer posible que todo el mundo esté de acuerdo con lo que hagamos allí. No es cuestión de enfrentar a unos y otros, es cuestión de buscar consensos y acuerdos para que todo el mundo se sienta satisfecho. Ese es el mejor servicio que podemos hacer a los parques nacionales.

Por tanto, como ya ha dicho mi compañera, anunciamos el voto en contra a todos los vetos y seguiremos hablando en el turno de defensa de las enmiendas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría. (El señor Fidalgo Areda pide la palabra.)

Adelante, señoría.

El señor FIDALGO AREDA: Es sobre un asunto que no tiene que ver con el debate. Es por una cuestión ajena al debate parlamentario que tiene que ver con un comentario del portavoz del PP, así que no puedo dejar pasar la ocasión sin desmentirlo.

El Grupo Parlamentario Socialista y este portavoz nunca han descalificado a los servicios técnicos ni a los letrados del Senado, y no solo eso, sino que alabamos su dedicación y la cualificación, y de manera muy especial, la labor de la letrada de la Comisión de Medio Ambiente.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.

Eran las quince horas y veinticinco minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Cierren las puertas. Vamos a votar las propuestas de veto al Proyecto de Ley de parques nacionales.

Votamos, en primer lugar, la propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias y Mariscal.

Comienza la votación (Pausa).




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 89; en contra, 145; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, la propuesta de veto número 2, de la senadora Capella.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 87; en contra, 148; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3, del senador Martínez Oblanca.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 237; a favor, 24; en contra, 146; abstenciones, 67.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 6, de los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 88; en contra, 147; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 7, de los senadores del Grupo Parlamentario Entesa, menos los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 88; en contra, 147; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 88; en contra, 147; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, finalmente, la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 88; en contra, 147; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, rechazadas las propuestas de veto, entramos en el debate de las enmiendas de los votos particulares.

En primer lugar, los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto, han presentado las enmiendas números 1 a 42 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda presentada al amparo del artículo 115 del Reglamento del Senado sobre la base de la enmienda 278, del Grupo Parlamentario Popular.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

Cuando quiera, senador Iglesias.




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El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Las enmiendas que hemos formulado los senadores Mariscal y yo mismo buscan, fundamentalmente, garantizar el mantenimiento del nivel de protección de los parques nacionales. Por ello, yo empezaría destacando, precisamente, la última, la enmienda que plantea la vuelta al texto original en lo modificado por lo que ha vertebrado gran parte del debate de los vetos, la ya famosa enmienda 278, del Grupo Popular. A ello hay que sumar enmiendas que, en el caso del artículo 6.3, plantean que solo se mantengan como elementos artificiales aquellos que tengan una vinculación histórica y cultural.

También presentamos una enmienda para que la zona periférica forme parte del área de influencia socioeconómica. Ratificamos la necesidad de que la caza deportiva y comercial esté prohibida en los parques nacionales y, por eso, clarificamos a través de otra enmienda que cuando sea necesario realizar controles poblacionales, estos se realicen por técnicos del parque en que se lleven a cabo y no sirva esta posibilidad como subterfugio para dar entrada a la actividad cinegética con etiqueta de control poblacional.

Modificamos el artículo 7.3, que regula las actividades incompatibles, buscando que el mantenimiento de las que formalmente no lo son… (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: …pero son preexistentes a la declaración del parque, de tal forma que con la redacción que planteamos solo se mantenga su actividad cuando haya motivos debidamente justificados de protección ambiental o interés social, y siempre que no exista otra solución.

También en relación con las actividades incompatibles enmendamos el artículo 7.3 para incorporar cualesquiera de las actividades contempladas en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. Sin abandonar el artículo 7.3, modificamos los términos en los que se declara incompatible el sobrevuelo a menos de 3000 metros de altura sobre la vertical del terreno, de tal forma que en vez de mantener el texto que lo condiciona a autorización expresa, se sustituye el término por: «…salvo causa de fuerza mayor».

Enmendamos el artículo 8 para que se incorporen al procedimiento de declaración los informes preceptivos que se deriven de los estatutos de autonomía vigentes, es decir, de las competencias de las comunidades autónomas.

En relación con la iniciativa de declaración de parque nacional frente a lo que, como tuvimos oportunidad de debatir en la defensa del veto, el proyecto introduce concediendo esta iniciativa exclusivamente a la Administración central del Estado, pretendemos retrotraer con nuestra enmienda la redacción del artículo 8.2 a la contenida en la Ley 5/2007, de parques nacionales. Incorporamos criterios de accesibilidad a los parques nacionales. Enmendamos también el artículo 8.4 en el mismo sentido de respeto a las competencias autonómicas, rechazando ese proceso de recentralización que se plantea, y en consecuencia aspiramos a mantener la redacción vigente de la Ley 5/2007, de parques nacionales.

Lo mismo ocurre en el artículo 8.5. También creemos que se atenta contra las competencias de las comunidades autónomas y como modificación planteamos el mantenimiento de la legislación vigente a través de la Ley 5/2007. Y ocurre una vez más en el punto 6 de dicho artículo y por los mismos motivos de respeto a las competencias de las comunidades autónomas, circunstancia esta que se reproduce en los puntos 7 y 8 de ese mismo artículo. En todos estos casos nuestras enmiendas buscan salir al paso del proceso de recentralización en el que se priva de competencias reconocidas por la Ley 5/2007 a las comunidades autónomas.

En relación con el artículo 12 nuestra enmienda busca que la pérdida de la condición de parque nacional solo se pueda declarar cuando resulte absolutamente imposible recuperar el ecosistema.

Igualmente, como garantía de que no pueda haber intereses espurios en la declaración de pérdida de calificación de parque nacional, a través de una modificación del artículo 12.3, establecemos que durante setenta y cinco años después de la pérdida de la condición de parque nacional no sea posible modificar los usos del suelo de ese espacio natural.




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En el artículo 13, prácticamente cambiamos el contenido del precepto de forma completa; se trata de una modificación que sustituye el texto de este artículo 13 por otro que establece una regulación respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas.

En la misma lógica, aunque con un mecanismo diferente, en el artículo 16.1 planteamos la supresión de los apartados b), d), e) y p), en los que se atribuyen a la Administración General del Estado competencias que no le son propias. En este mismo precepto planteamos una nueva enmienda en la que se pretende introducir un compromiso de financiación de la Administración General del Estado para aquellas iniciativas de fomento del desarrollo sostenible que ya se contemplaban en la Ley 5/2007.

A través de diferentes enmiendas ratificamos la necesidad de que los criterios de accesibilidad se incorporen a la normativa y a la actividad de los parques nacionales.

En el artículo 19.3, a través de una enmienda planteamos la participación en la elaboración del Plan Director de la Red de Parques Nacionales de las organizaciones no gubernamentales ambientales y de conservación.

Planteamos la supresión del artículo 20.5, porque entendemos que las actividades económicas y los intereses de las mismas no deben formar parte de los objetivos de los planes rectores de uso y gestión de parques nacionales.

En el artículo 21.2, en el que se regula la gestión de los parques marítimos, sustituimos la referencia a la Administración General del Estado por comunidades autónomas.

En el artículo 21.4, que regula los parques nacionales sobre territorios fronterizos, establecemos que las decisiones que se tomen en torno a los mismos han de adoptarse forzosamente en colaboración con las comunidades autónomas afectadas.

Y en el artículo 22.1, que hace referencia a la situación de deficiente conservación de los parques nacionales, planteamos que las decisiones que se tomen al respecto se basen en un informe científico elaborado de forma independiente en lugar de esa genérica referencia que el precepto del proyecto contiene, que se limita a establecer que se adoptarán tales decisiones de acuerdo con la información disponible.

En el artículo 24.1 incluimos la presencia en los patronatos de las asociaciones ambientales como garantía de la presencia de una parte de la sociedad civil, concretamente de aquella que tiene una preocupación medioambiental más importante. Y en este mismo precepto, presentamos una enmienda en relación con la participación en estos patronatos de las comunidades autónomas interesadas.

El artículo 26.1, que regula uno de los motivos argumentados como fundamentales para la elaboración de este proyecto, que es la coordinación, planteamos que ésta no competa exclusivamente a la Administración General del Estado sino que se haga en colaboración con las comunidades autónomas.

Rechazamos el concepto de colaboración público privada incluido en el artículo 30.4, y por eso planteamos la supresión de este precepto. Y en el artículo 32.2, respecto a los programas de subvenciones por parte de las administraciones públicas, establecemos la prioridad de aquellas actuaciones medioambientales de recuperación de áreas degradadas y aquellas otras actuaciones que revaloricen los recursos naturales del entorno.

Creemos que es necesario recuperar otro de los contenidos de la Ley 5/2007, de parques nacionales, que se refiere a la previsión de mecanismos de evaluación de los resultados que se han obtenido con los diferentes programas desarrollados y, por ello, enmendamos el artículo 32.4.

Modificamos el artículo 36.2, en la filosofía ya enunciada en la defensa del veto, de que las actividades económicas y comerciales relacionadas con el uso público y el turismo rural no deben ser la prioridad en el desarrollo de las iniciativas de un parque nacional.

En el artículo 37, planteamos la supresión de este precepto porque es en el que se regula precisamente la autorización y concesión de actividades de servicios en los parques nacionales, por lógica correspondencia con nuestra enmienda al artículo 36.2.

Prescindimos del informe del Ministerio de Defensa que el proyecto prevé en la declaración de parques marítimos, e introducimos una disposición adicional nueva que establece la necesidad de garantizar los recursos necesarios en los Presupuestos Generales del Estado para la correcta conservación de los parques nacionales.




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Planteamos 2 enmiendas de supresión a la disposición final primera y a la disposición final segunda. En el caso de la primera, porque es la que establece el vuelo de aeronaves no impulsadas a motor en el Parque Nacional de Guadarrama, y la segunda, porque es la que prevé la navegación en el interior de las aguas del Parque Nacional de Monfragüe, ya que entendemos que son actividades que no deben ser desarrolladas en ninguno de los parques nacionales.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

El senador Fuster y las senadoras Ibarz y Santos han presentado las enmiendas números 52 a 61.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Fuster.

El señor FUSTER MUNIESA: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo en nombre de los senadores del Partido Aragonés para la defensa de estas 10 enmiendas que hemos presentado a la Ley de parques nacionales.

Señorías, no sé si empezar por el final o por el principio pero, en todo caso, me van a permitir que lea una cita literal que a todos ustedes les va a sonar y que se refiere a partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en votaciones anteriores: Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 198; a favor, 197; en contra, 1. Resto del proyecto ley. Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 198; a favor, 196; en contra, 1; abstenciones, 1.

Comprenderán que esta es la votación de marzo de 2007 de la Ley de Red de Parques Nacionales que se celebró en esta misma Cámara. Este senador se preguntaba en comisión cuál era el objetivo de esta ley y, en mi opinión, después del debate de los vetos ha quedado bastante claro. En todo caso, no entendemos cuál es el motivo de modificar una ley aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, con el acuerdo de las comunidades autónomas y de las organizaciones ecologistas, una ley que concitó un gran acuerdo. Señorías, siete años más tarde hemos olvidado el consenso de una ley que, como decía textualmente el entonces senador del PAR, José María Mur, en su intervención de 2007, es una ley delicada, ya que su origen viene determinado de alguna manera por una sentencia del Tribunal Constitucional que ha obligado al Estado a hacer una ley para clarificar cuáles son las competencias que tienen los parques nacionales. Pues bien, precisamente porque viene forzada en cierto modo por una sentencia del Tribunal Constitucional, debemos ser exquisitos. Esto es lo que decía mi partido, en esta misma Cámara, en el año 2007. Y lo que decía el portavoz del Grupo Popular en esa misma sesión era lo siguiente: Para terminar, entiendo que es para estar satisfecho —tomen nota—; los principios básicos del contenido de la ley son compartidos prácticamente por todos los grupos. Repito, es para estar satisfechos.

Pues bien, senadores del Partido Popular, no solo no están para exquisiteces, sino que, además, tampoco quedaron satisfechos ni mucho menos. Solamente quedan satisfechos cuando imponen la razón de la fuerza de los votos en vez de la fuerza de la razón. Y yo creo que en estos tiempos que corren no son precisamente estas satisfacciones las que nos deberíamos permitir. No compartimos sus argumentos y menos cuando algunos portavoces del Grupo Parlamentario Popular hablan de intervención estatal directa en los parques nacionales. Por eso, hemos presentado las enmiendas. Reléanse.

Señorías, la justificación de todas las enmiendas está basada en las competencias exclusivas que la Comunidad Autónoma de Aragón dispone en su estatuto, al igual que otras comunidades autónomas. El Estatuto de Autonomía de Aragón incluye, entre las competencias exclusivas de la comunidad, los espacios naturales protegidos que conlleva la regulación y declaración de las figuras de protección, la delimitación, la planificación y la gestión de los mismos y de los hábitat protegidos situados en Aragón. Asimismo, entre las competencias ejecutivas, la gestión de los parques nacionales en Aragón. Como bien saben ustedes, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido fue el segundo en declararse por el Estado en el año 1918 y fue ampliado precisamente en el año 1982. La gestión del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido por la comunidad autónoma es precisamente fruto de la sentencia del Tribunal Constitucional tras un largo pleito iniciado en el año 1998 por el Gobierno de Aragón y las Cortes de Aragón y también, evidentemente, por el Gobierno de Andalucía.




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Gracias a esta sentencia se elaboró toda una normativa autonómica con el Decreto 117/2005, de 24 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la organización y funcionamiento del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, así como la puesta en marcha de los órganos allí previstos, como la junta gestora y el patronato del parque. Los años de gestión autonómica, señorías, del parque nacional han permitido un fuerte incremento de las inversiones para la conservación, protección e investigación y para el desarrollo socioeconómico de los municipios que conforman su zona de influencia, en concreto en la comarca del Sobrarbe.

La posición del Tribunal Constitucional aludida en la Sentencia 194/2004, de 4 de noviembre, es rotunda sobre el alcance de las competencias básicas de la Administración General del Estado y la exclusividad de la comunidad autónoma en esta materia, tras los recursos de inconstitucionalidad que fueron estimados en su gran parte. En el Partido Aragonés no estamos en contra de la coordinación, quede claro. Sí estamos en contra de que la Red de Parques Nacionales represente un instrumento administrativo mediante el cual se pase de manera solapada e indirectamente de una gestión exclusiva de la comunidad autónoma a una gestión en la que participa el Estado porque no hay título competencial que habilite para ello dado que existen criterios claros del Tribunal Constitucional. Dice la sentencia: «No es propio de la potestad coordinadora del Estado el establecimiento de unos mecanismos de coordinación que le otorgan competencias de gestión de las que carece». Además, el Tribunal Constitucional afirmó rotundamente que la gestión de esta materia corresponde a las comunidades autónomas, no solo en el ámbito entero de la protección del medioambiente, sino en lo relativo a espacios naturales, dado que algunas de ellas, entre las que se encuentra Aragón, han asumido estatutariamente, además del desarrollo legislativo y la ejecución de las bases estatales del medioambiente, la competencia exclusiva en materia de espacios naturales protegidos. Por eso, hemos presentado estas 10 enmiendas a los artículos 8, 13, 16, 21, 24, 26 y 30 que pretenden, una vez más, clarificar las competencias de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas en un proyecto de ley. No me extenderé en la defensa de las mismas porque tuve la oportunidad de hacerlo en la Comisión de Medio Ambiente donde quedó nítidamente explicada cuál fue nuestra postura.

Por lo tanto, señorías, anunciamos también que, en relación con las enmiendas de otros grupos parlamentarios, apoyaremos todas las que pretenden los mismos objetivos en sintonía con las que el Partido Aragonés ha presentado, en concreto 50, que incluyen y mejoran la participación de los municipios incluidos en los parques.

No puedo finalizar esta intervención, señorías, sin resaltar la extraordinaria gestión que en Aragón realizamos del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. No nos parece oportuno que la Administración General del Estado, mediante la modificación de normas pretendidamente básicas, incorpore criterios y funciones que invaden las competencias que nos otorga el estatuto de autonomía. Además, añado que la modificación de la Ley de parques nacionales, tal y como ha llegado y previsiblemente va a salir de esta Cámara, generará incertidumbres, evidentes repercusiones para el área territorial de influencia socioeconómica de cada uno de los parques y nuevas disputas competenciales que parecieron cerradas después de la sentencia del Constitucional a la que he aludido. Como consecuencia de ello, les anuncio el voto en contra del Partido Aragonés a esta ley.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fuster.

Los senadores Quintero y Zerolo, del Grupo Parlamentario Mixto, han presentado las enmiendas 43 a 51.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes.

Hemos presentado las enmiendas 43 a 51 a este Proyecto de Ley de parques nacionales porque entendemos mejoran el redactado de la ley. Pero quiero decir que estamos en contra de la formulación de este proyecto de ley porque el consenso máximo que se alcanzó en el anterior proyecto fue beneficioso para todos.

Las enmiendas 43, 44 y 47 son básicas, sencillas y aluden a los artículos 4, 5 y 36.2 de esta ley. Les voy a leer textualmente lo que dice la ley: «Los parques nacionales son espacios naturales, de alto valor ecológico y cultural, poco trasformados por la explotación o actividad humana que, en




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razón de la belleza de sus paisajes…», y nosotros incluimos en esta ley, porque nos parece fundamental, la calidad y el valor de sus cielos. ¿Por qué lo hacemos? En Canarias está el Instituto de Astrofísica de Canarias, IAC, con dos sedes fundamentales: una en La Palma y otra en Tenerife y aquí coincide con el Parque Nacional del Teide. Queremos darle un valor importante. Creemos que es positivo para los parques, no es una cuestión económica, sino positiva, que los parques le den el valor fundamental que tiene el cielo. ¿Por qué lo digo? Porque el Parque Nacional del Teide es uno de los parques que más visitantes recibe, incluso está entre los 10 parques nacionales que más reciben de todo el mundo y uno de los principales motivos por el que se visita es por la astrofísica y el cielo. Esto es fundamental. Les puedo decir que hay diferentes actividades que se realizan por la noche dentro del parque todas relacionadas con el cielo.

Las enmiendas números 43, 44 y 47 se refieren a lo mismo. La enmienda 44 dice que la declaración de un parque nacional tiene por objeto conservar la integridad de sus valores naturales, de sus paisajes y nosotros añadimos, de su cielo. La enmienda 47 alude a lo mismo, la relación del uso público, el turismo rural y astronómico que se puede hacer en los parques. Son enmiendas que mejoran el texto y en el caso de Canarias están completamente justificadas por la calidad del cielo, porque se encuentra el IAC y tanto La Palma como Tenerife son los dos lugares, sin duda, mejores del mundo para mirar y observar el cielo y las estrellas. Estas enmiendas darían un valor añadido al texto de esta ley.

La enmienda número 45 es de adición y con ella queremos clarificar las actividades, explotaciones e instalaciones que están prohibidas.

En cuanto a la enmienda número 46, entendemos que dentro del patronato de los parques nacionales tienen que estar incluidos los agentes de desarrollo de actividades económicas en el seno del parque nacional, porque así como están todos los agentes sociales y los propietarios públicos y privados, también deberían estar los agentes que desarrollan estas actividades económicas. Me parece fundamental.

La enmienda número 48 pretende que se introduzca en el texto, en este caso en el artículo 36.2 como decía antes, que se tenga en cuenta el acceso, disfrute, conocimiento y difusión de lo mismo que ya se hace. Esta enmienda es prácticamente técnica. Eso ya se hace dentro de los parques nacionales y lo que queremos es que se recoja.

La enmienda número 49 es de especial relevancia para Canarias porque es un territorio donde sus parques nacionales son de una extensión mucho más pequeña, es lógico, por la limitación insular, la limitación del mar, lo que no nos permite cumplir en este caso con algunos requisitos de territorialidad. Queremos que esta ley no afecte a los parques que ya están nombrados como parques en la delimitación de la superficie.

La enmienda número 50 es de adición y establece lo siguiente: «Así mismo, en los parques nacionales ya declarados, los aprovechamientos agrícolas, forestales, ganaderos o hidráulicos tradicionales se permitirán en los términos que se establezcan en los correspondientes Planes Rectores de Uso y Gestión». Nos parece fundamental reglar todas aquellas actividades históricas que también han ayudado a los parques nacionales a ser hoy lo que son. Creemos que esto se tiene que regular de alguna manera.

La última enmienda, la número 51, se refiere a los parques nacionales sobre aguas marinas. Los parques nacionales —lo ha dicho el Tribunal Constitucional y se ha dicho— son competencia de las comunidades autónomas. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que así lo establece, por lo que se tuvo que redactar una ley para cumplir dicha sentencia. Pero en este caso no queda claro si los parques nacionales sobre aguas marinas son de competencia autonómica. Lo que queremos es que a través de esta ley se establezca que también todos aquellos parques nacionales que se creen sobre aguas marinas tienen que tener la misma regulación que el resto de parques nacionales, es decir, ser de competencia autonómica. Lo digo porque se está trabajando en la declaración de un parque nacional marino donde yo resido, en la isla de El Hierro, en el mar de Las Calmas, y entendemos que tiene que ser gestionado por la comunidad autónoma y, a su vez, por los entes territoriales, los cabildos insulares que corresponden a las islas Canarias.

Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.

El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado las enmiendas de la 177 a la 181. Para su defensa, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Señor presidente, intervengo simplemente para darlas por defendidas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha presentado dos bloques de enmiendas. El primero, las enmiendas de la 182 a la 231 y la vuelta al texto remitido por el Congreso en lo modificado por las enmiendas 272 a 274, 276 y 277, del Grupo Parlamentario Popular. El segundo, las enmiendas presentadas al amparo del artículo 115 del Reglamento del Senado con base en las enmiendas 275 y 278 del Grupo Parlamentario Popular.

Para su defensa tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Señorías, llevamos horas de debate en este Pleno, y también en la Comisión, y aún no sé qué objetivos pretende la ley. Es una especie de ley fantasma donde no hay manera de que yo entienda —puede ser que por mis pocas capacidades— por qué tiene que existir esta ley. Solo hay un argumento que se ha repetido por los portavoces del Grupo Parlamentario Popular, que es el de la coordinación, diciendo, además, que los directores de los parques nacionales quieren coordinación y que las ONG quieren coordinación. Estoy de acuerdo en que hay que incrementar la coordinación, pero el problema es cómo se hace. Prácticamente les he leído todo el dictamen del Consejo de Estado, pero esto que les voy a leer va a ser lo último. Dice lo siguiente: Debe recordarse más precisamente que la sentencia del Tribunal Constitucional 2004 dice literalmente que la facultad de coordinación no otorga a su titular competencias que no ostente, y en concreto facultades de gestión. Lo mismo cuando finalmente dice que es totalmente impropio incluir formalmente en una ley aplicable a todos los parques nacionales un precepto específico de coordinación. Dicho de otra manera, esta mañana les decía que de las 5 o 6 líneas de recentralización que los gobiernos utilizan hay una que es la de coordinación. Si hay dos comunidades que se quieren coordinar el Gobierno dice que las va a coordinar y preside el ente de gestión. Esto se reproduce en toda la ley. Por tanto, una serie de nuestras enmiendas pretenden que exista coordinación, pero que en ningún caso signifique que la Administración del Estado intervenga gestionando el organismo de coordinación.

A partir de aquí, nuestras enmiendas —no voy a detallar una por una— responden a los dos argumentos por los cuales esta mañana expliqué por qué presentábamos el veto.En primer lugar porque esta ley lamina y recentraliza competencias de las comunidades autónomas y, en segundo lugar, porque es una ley que desprotege. Si hiciera la pregunta a la inversa, sería así: Esta ley, ¿qué más protege de lo que hoy está protegido? Me gustaría que me contestaran. Y la segunda pregunta sería esta: Esta ley, ¿qué más descentraliza de lo ya descentralizado?, es decir, ¿para qué sirve?

Desde ese punto de vista no solo no protege más sino que desprotege más, por eso presentamos una serie de enmiendas que intentan que no disminuya la protección, el Parque Nacional de Guadarrama, el Parque Nacional de Montfragüe, el informe que Defensa emite —a lo que no me han contestado—, informe vinculante y no determinante, y fundamentalmente la enmienda 278, enmienda sobre la que no sé si en los pocos minutos que quedan podríamos llegar a un acuerdo, una enmienda que abre todo tipo de actividades económicas y de turismo a los parques nacionales.

Por otro lado hay un bloque de enmiendas importantes relacionadas con temas de competencia. Quiero decir que los temas de competencia y de protección no son temas separados sino que van unidos. Cuando la gestión se separa o se aleja del territorio es más difícil gestionar, controlar. Desde ese punto de vista lo que hace esta ley es alejar el control y la gestión del territorio. De ahí que haya una serie de enmiendas que modifican el proceso de declaración inicial. Esta mañana les decía que con la ley vigente la comunidad autónoma o el Gobierno pueden iniciar un proceso de declaración. No sé por qué razón —y no tengo argumento en contra— habrán de ser la comunidad autónoma y el Gobierno teniendo en cuenta que tanto ahora como antes finalmente es el Gobierno el que tiene en sus manos la aprobación o no. Tampoco entiendo cómo si en el estatuto de Cataluña existe un artículo que dice que las declaraciones de parques nacionales tendrán un informe previo de la Comisión bilateral esto no se contempla en absoluto. Y tampoco




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entiendo por qué razón la declaración de planes de emergencia hace que la Administración central asuma competencias que no le corresponden.

En definitiva, lo que quiero decirles es que esta ley es innecesaria, pero que debe tener sus motivos. Ustedes tienen que entender que pensemos en cuáles son esos motivos. Yo no formulo ninguno en concreto, pero estoy seguro de que hay motivos que no son ni la protección ni la declaración de competencias. Me gustaría que en el tiempo que resta de tramitación de esta ley yo fuese capaz de entender que esta ley significa mayor protección y que me lo pudieran demostrar, porque hasta ahora no lo he entendido. Desearía que esta ley pudiera significar un mayor grado, una mejor coordinación y gestión por parte de las comunidades autónomas y no una injerencia de la Administración central en la gestión de las comunidades autónomas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha presentado otro bloque de enmiendas, de la 232 a la 271. Para su defensa, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.

También con mucha brevedad inicio mi intervención refiriéndome a la enmienda a que he hecho mención en la defensa de los vetos.

Como ya he dicho, esta es una enmienda que tiene que ver con lo que ha de ser un parque natural, con su interacción con las culturas locales y con el medio para poder configurar los paisajes que lo definen. Por tanto, desde esta perspectiva esto tiene que ver con la preservación de aquellas actividades que tienen relación con este paisaje, con la agricultura y el pastoreo, unas actividades que, a nuestro entender, deben preservarse y garantizarse. Por tanto, estos valores deben ser merecedores de la calificación: ... de interés General del Estado.

Por otra parte, hay un término en la ley que nosotros creemos conveniente cambiar o explicitar de mejor manera. Me refiero a sustituir el término «usos tradicionales» por el de «usos vernáculos». Es cierto que el término «tradicionales» puede llevar a equívoco sobre actividades que se pueden realizar en un parque nacional en un término de treinta años y podríamos citar algunas actividades que son poco compatibles con la idea de conservación que tenemos de un parque nacional; y, en cambio, el término «vernáculo» explicita muy claramente que se trata de aquellas actividades que se han relacionado históricamente y que tienen que ver, como decía hace un momento, con la agricultura, el pastoreo u otras actividades que han realizado comunidades campesinas —por decirlo así— y que, de alguna manera, no permiten el equívoco con otras actividades que ciertamente son agresivas en el marco de los parques nacionales.

Por otra parte, nos parece importante añadir en el artículo 7 aquellas características que se clasificarán como incompatibles, compatibles y, desde nuestro punto de vista, debe aparecer también el término «indispensables»; es decir, aquellas actividades cuyo concurso sea necesario para la gestión y conservación del espacio. Por tanto, nos parecería conveniente añadir también este término en lo referente a las características.

Asimismo, hemos presentado una enmienda al artículo 20 para compensar a los ayuntamientos en el caso de que se autoricen actividades que no precisen licencia municipal. Es decir, que consideramos necesaria la aprobación de planes de restitución que los beneficien y los resarzan de esta pérdida.

En relación con el artículo 32, consideramos necesaria la modificación de la redacción para tener en cuenta que las ayudas técnicas, económicas y financieras destinadas a estas zonas den prioridad a aquellas que tengan una situación de desarrollo socioeconómico más grave por la despoblación o por problemas de desarrollo.

También quiero defender de forma conjunta un grupo de enmiendas destinadas a dotar de mayor protagonismo a todas las entidades locales en los procesos de tramitación y de resolución en los instrumentos de planificación; además, a todas aquellas entidades locales que estén correctamente cualificadas en los órganos de colaboración y de coordinación; y, que exista un compromiso presupuestario destinado a las ayudas y al fomento de las áreas de influencia de los parques, es decir, todo aquello que tenga que ver con la participación de las comunidades locales, de los municipios y de las entidades locales en los organismos de decisión de los parques porque eso es coherente con lo que he dicho hasta ahora y, muy especialmente, con las actividades vernáculas a las que me he referido.




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Por otro lado, quiero anunciar nuestro apoyo a todas una serie de enmiendas que tienen que ver con el ámbito competencial y que se han explicado ya —lo ha hecho el señor Saura y, seguramente, habrá otras intervenciones que harán hincapié en ello—, que es uno de los aspectos importantes de los que adolece esta ley y que para nosotros, como hemos explicado ya en el veto, es un elemento que será fuente de conflictos, que había resuelto la Ley de 2007 y que esta deja finalmente al albur de nuevos litigios con las comunidades autónomas.

Por último, me sumo a la espera de lo que suceda con la enmienda 278, deseando que exista capacidad para llegar a un acuerdo. Para nosotros sería muy importante que esta cuestión se cerrara adecuadamente para evitar, sin duda alguna, una tergiversación del texto de la ley y también una situación que perjudicará al objetivo de preservación de nuestros parques y, por tanto, todo lo que ello conlleva.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió ha presentado las enmiendas 109 a 176.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Maluquer.

El señor MALUQUER FERRER: Gracias, señor presidente.

Senadores, mi grupo, como hemos dicho en el transcurso de la sesión de esta mañana, va a mantener sus enmiendas. En principio, aunque vemos la buena disposición del Grupo Popular a hablar y a reflexionar en torno a cada una de las enmiendas que hemos introducido, no hemos concretado más que alguna; en todo caso, espero su contestación en el turno de portavoces. Por tanto, si les parece, yo voy a seguir defendiendo las enmiendas que, a mi parecer, no tienen solución y que para nosotros son muy importantes, de cara a que ya que están empecinados en sacar adelante este proyecto de ley, de alguna forma podamos preservar algunas de las cuestiones más relevantes que, a nuestro entender, deberíamos contemplar si queremos seguir avanzando y no perjudicar en demasía lo que ya está funcionando en nuestros parques nacionales.

Entrando en los objetivos de la ley, entendemos que la red de parques nacionales debe referirse al conjunto de la red, no a cada uno de los parques nacionales. Ahí no estamos de acuerdo, cada parque nacional es cada parque nacional; pero la red, en su conjunto, sí debería ser el objeto de la ley, y no cada uno de los parques, porque la gestión de cada uno de los parques está en manos de las comunidades autónomas. Y, evidentemente, las comunidades autónomas ya cumpliremos con los objetivos generales que marca la red; no hace falta entrar ahí.

Implicación de los titulares de derechos privados y de la población residente en sus entornos, en general, no de forma particular. Es decir, ¿cómo vamos a incorporar a los titulares de estos derechos privados? Particularmente, no. De alguna forma, debemos saber cuál es el interés general, cuál es el interés de conservación y, a partir de ahí, entramos en la materia que nos ocupa y vemos si, de acuerdo con los objetivos de conservación, son asumibles determinadas compatibilizaciones de usos y actividades.

Preservar la integridad del valor natural y del paisaje y supeditar el resto de valores, como el cultural y las actividades tradicionales, como he dicho antes, para nosotros es muy importante. Por eso hemos traído un conjunto de enmiendas que persiguen esto: preservar esta integridad del valor natural, que es para lo que se declaró el parque nacional; el resto de valores: el cultural, las actividades tradicionales, etcétera, se supeditan a este objetivo principal.

Superficies territoriales como estaban en la Ley 5/2005; es decir, que no esté fragmentada y sin estrangulamientos. Es imprescindible para mantener su equiparación con la reconocida por las organizaciones internacionales y no aumentar las superficies mínimas, porque, si ya es difícil la creación de un nuevo parque, solo faltaría incorporar terrenos para cumplir los nuevos requisitos, que no merecen tal condición de parque nacional, para cumplir los mínimos que ahora estableceríamos; por tanto, yo prefiero que la buena confitura esté en un bote pequeño que no en un gran bote donde podemos poner todo tipo de aditivos y, al final, acabamos desayunando de forma no saludable.

Compatibilizar las actividades a través de los planes rectores de uso y gestión y no de la ley declarativa hasta disponer de los datos que lo corroboren. Si no tenemos datos que nos corroboren




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que estos usos son compatibles, no podemos compatibilizar ninguna actividad a través de ningún plan rector de uso y gestión ni de ninguna autorización de actividad.

Por otra parte tenemos el proceso de declaración de las comunidades autónomas o del Gobierno. En todo caso la aprobación inicial debe ser de las comunidades autónomas donde se encuentra situado el parque nacional, después ya lo aprobará el Consejo de Ministros, pero no podemos permitir que la iniciativa pueda corresponder a otra Administración que no sea la más próxima al territorio que queremos proteger. Al final podemos establecer que a España le faltan algunos hábitats o algunas cosas, pero a partir de ahí es la comunidad la que será consciente de ello y propondrá su declaración. Entonces, es muy importante terminar de definir las evaluaciones y que estas sean transitorias en el momento de su declaración, porque cuando declaramos un parque nacional puede ser que no tengamos todos los datos disponibles y no preveamos determinadas actividades, o que algunas actividades que en principio pensábamos que eran compatibles, luego al disponer de los datos concretos, después de la declaración, deban ser restringidas. Por tanto, es importante definir la transitoriedad de las evaluaciones para la declaración de un parque nacional.

Siguiendo con estas enmiendas respecto al proceso de declaración, optamos por respetar el marco competencial y no compartimos esta recentralización. Ahí se incluyen nuestras enmiendas números 115 a 120. Proponemos también la supresión del artículo 13 respecto a emergencias. Parece que el director del organismo autónomo de parques nacionales está más informado que el director del parque, ¿cómo puede ser? ¿quién está en el territorio? ¿Por qué consideramos o no una situación de emergencia nacional cuando también tenemos competencias respecto a los organismos de protección civil, que aparte de proteger a las personas y los bienes también son los encargados de proteger el medioambiente? De alguna forma son ellos los que establecen los planes de emergencia. El hecho de declarar un parque nacional no significa que ante una situación de emergencia vaya a ser de ámbito nacional porque con ello descalabramos la coordinación entre los organismos de protección civil y la propia Administración General del Estado, del Ministerio del Interior, que al final son los que establecen los planes de emergencia y cómo dar solución a estas cosas. Por tanto, estamos incluyendo al director del organismo para declarar algo que no le pertenece. Por tanto, insistimos en evitar las duplicidades entre el Estado y las comunidades autónomas en la gestión.

Seguimos presentando enmiendas para el diseño y la puesta en marcha de los programas extraordinarios y actuaciones singulares por parte de la Administración General del Estado. Vemos otra vez invasión competencial y para ello presentamos nuestra enmienda número 124 con la que, en concreto, solicitamos la supresión del artículo 16.1.b), donde estas actuaciones y programas extraordinarios al final pueden inmiscuirse en la gestión ordinaria o del día a día de un parque nacional que, como les decía, debe corresponder a la comunidad autónoma.

Luego llegan al punto de intentar conferir competencias a la Administración General del Estado para decidir la uniformidad para los parques nacionales y esto no es un tema básico. Un parque nacional en el ámbito territorial de una comunidad autónoma puede pertenecer,y de hecho pertenece, a un sistema de espacios naturales más amplio y que, por tanto, se concatena con los distintos tipos de protección, desde la zona de especial protección para las aves hasta los espacios de la Red Natura 2000, incluidos los parques naturales en que son compatibles las actividades humanas con la protección y conservación del medio ambiente hasta su evolución a la figura, sin la intervención humana, de los parques nacionales. Al formar parte de estos sistemas autonómicos, desde el Estado no podemos pretender que estas personas se vistan como si fueran un cuerpo militar o un cuerpo como el de la Guardia Civil. Son instituciones aisladas que no pertenecen a ningún sistema, son islas en el territorio y, por tanto, entiendo que los requerimientos que cada comunidad quiera establecer en este tipo de aspectos como la imagen corporativa, la uniformidad del personal, etcétera, son propios de la comunidad autónoma. No puede establecerlos la Administración General del Estado, que lo que sí otorga es un reconocimiento y un sello de calidad para formar parte de esta red considerada de alto valor ecológico.

También hemos presentado enmiendas porque con el nuevo redactado del artículo 15 se desprecia la cooperación en la implantación de modelos de desarrollo sostenible que sirvan de referencia. Pasamos ya de la Carta Europea del Turismo Sostenible y de otras. Me pregunto si ya hemos alcanzado los objetivos, si realmente estamos consiguiendo que estos instrumentos de




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gestión del territorio y de conservación de la naturaleza sirvan también para dinamizar y poder habitar en estos territorios que son tan necesarios para las funciones de recreo y de disfrute por parte de la población. Evidentemente, si entramos en ello, vuelvo a decir que no encaja con el marco competencial vigente y abre la posibilidad de intervenir en la exclusividad de la gestión de las comunidades autónomas.

Hablamos también en algunas enmiendas de la accesibilidad como una de las funciones de la Administración General del Estado, y pedimos que se comprometa de una forma más vinculante a través de los presupuestos. Debemos garantizar el uso público. Yo sé que con la senadora Leyte hay buen entendimiento y que el proceso declarativo se debe tener en cuenta. Algunos artículos se refieren a la accesibilidad, pues al final todos somos personas, independientemente de las características que tengamos, y si queremos que los equipamientos de uso público sean para toda la sociedad, debemos tener como objetivo —otra cosa es que técnicamente en algunos casos no se pueda conseguir— que la accesibilidad sea para todas y cada una de las personas que habitan en nuestro planeta.

En cuanto al ámbito internacional, en nuestra enmienda 130 decimos que los parques naturales de las comunidades participan conjuntamente con los parques nacionales y con el Organismo Autónomo Parques Nacionales en instituciones internacionales existentes. El caso que citamos es el de Europark, donde esta participación directa es una faceta más de la gestión de los espacios naturales protegidos.

Respecto a la coordinación que propone en su artículo 16 de la representación de España de forma muy amplia, nosotros pedimos que su competencia se circunscriba a la representación exterior de la Red de Parques Nacionales globalmente, no particularmente de cada parque; o sea, en su globalidad. Así es como está funcionando hasta la fecha y no creo que haya ninguna queja en este sentido ni que nadie haya manifestado que esto genere disfunciones; al contrario, cada uno sabe a lo que se atiene, y participamos todos desde cada ámbito aportando las experiencias de gestión de las que somos competentes, y todos escuchamos con atención las aportaciones que hace la Administración del Estado a través del Organismo Autónomo Parques Nacionales.

También enmendamos los artículos 18 y 19 pidiendo su supresión o su modificación por la definición que hacen del Plan director que debe elaborar el Magrama y aprobar el Gobierno, que ahora amplía sustancialmente su cometido, pasando a ser un instrumento de planificación. ¡Cómo! ¡No puede ser! No podemos ir ampliando planes directores que encima van a planificar y van a crear duplicidades con las funciones que ya ejercen las comunidades autónomas.

En el artículo 19, en lo que se refiere a las directrices básicas para la conservación, insistimos en que ni planificación ni coordinación para los planes rectores de usos de gestión, solamente directrices básicas para la conservación, que ahí sí estamos homologando internacionalmente y es donde se debe marcar hasta qué nivel debemos llegar y a dónde se deben destinar los recursos y los suplementos presupuestarios a las comunidades autónomas para que puedan desarrollar los objetivos de forma satisfactoria, con un extra de recursos.

Y vuelvo a insistir en que los planes rectores de uso y gestión ya están vinculados a los objetivos estratégicos de los parques nacionales en materia de conservación, uso público, investigación, seguimiento, formación y sensibilización, de acuerdo con el propio proyecto de ley que ahora nos presentan. Por tanto, no hace falta decir que los planes directores de la Red de Parques Nacionales deben entrar en la planificación y en la coordinación. Que se dediquen a marcar las directrices básicas para el principio de conservación, y las comunidades autónomas las desarrollaremos de acuerdo con ello, sin ningún problema, intentando hacerlo mejor que nadie.

Como les decía, el artículo 19 insiste en no reconocer a las poblaciones que circundan el parque nacional. Por eso, en nuestra enmienda insistimos en la participación y el consenso en la aprobación de los planes directores de red. De alguna forma, somos expertos en procesos participativos, sobre todo en Cataluña, y les ofrecemos la posibilidad de utilizarlos para saber qué piensa cada territorio y así elaborar de una forma más fiable el Plan director.

Insistimos en estas duplicidades por laminación de competencias, estableciendo nuevos caracteres ordinarios, además del básico, con lo que uno no entiende muy bien para qué el Plan director de red y el Plan rector de uso y gestión que hace la comunidad autónoma. Al final, unas cosas básicas pasan a ser ordinarias y otras que deberían ser ordinarias pasan a ser básicas. Y a




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partir de ahí entraremos en una conflictividad y litigiosidad constitucional que seguro va a producir su desarrollo y aplicación.

También me quiero referir a los procedimientos que están incluyendo a la hora de elaborar los planes directores o los planes de gestión. Ustedes intentar regular aquello que no está previsto en el proceso declarativo, una actividad no prevista. Pues bien, para su modificación se inventan un nuevo procedimiento, mucho más laxo, mucho más endeble que la propia declaración del Plan rector de uso y gestión, y mucho menos complejo. Y esto lo agiliza todo, pero a partir de ahí les garantizo que podemos permitir todo con una forma de proceder mucho más laxa, con lo que el Plan rector de uso y gestión queda realmente en suspenso, porque se podrá modificar en cualquier momento, ya que si no se han incluido determinadas actividades, luego se pueden incluir por la puerta de atrás mediante un procedimiento abreviado que no cumplirá con las garantías que requiere el reconocimiento de una actividad compatible nueva.

En cuanto a la gestión del parque nacional, quiero hablarles también de las aguas marinas. Yo vengo del nordeste, cerca de la frontera con Francia, donde tenemos parques naturales, que no son parques nacionales, y es el Estado quien se reserva el derecho a declarar dichos parques nacionales aguas de soberanía nacional, interiores o exteriores. Pero las comunidades autónomas tenemos parques marítimo-terrestres, y debería establecerse y reconocerse que las comunidades autónomas también estemos capacitadas para gestionar estos espacios y para conseguir la gestión integrada de ese territorio. Aunque no tengan la categoría de parque nacional, solicitamos que se nos reconozca la capacidad para gestionar estos parques marítimoterrestres que tenemos declarados las comunidades autónomas, y no que se haga a través de la Administración General del Estado.

Como les he dicho, soy de una zona transfronteriza, pero hay otros parques nacionales que también están en este ámbito. Por tanto, no se inventen nuevos marcos regulatorios. Las relaciones internacionales ya están establecidas. Tenemos un ministerio de Asuntos Exteriores que algunos consideran que lo hace muy bien, aunque otros consideran que no tanto. Pero no inventemos nuevos procedimientos por los que el Organismo Autónomo Parques Nacionales nos diga si podemos o no cooperar con el otro lado, porque la naturaleza no entiende de fronteras. Y si yo tengo un parque nacional y para su gestión necesito colaborar con el parque nacional del país vecino —en el caso de los Pirineos, con Francia; en otros casos, con Portugal, etcétera—, debería existir la posibilidad de establecer relaciones, y seguro que estas relaciones que van a establecer los parques nacionales administrados por las comunidades autónomas van a adecuarse a la normativa existente en materia de relaciones exteriores. Pero no incluyamos a otro actor para que elabore informes o se ocupe a partir de ese momento de la gestión de ese parque nacional, gestión que hasta el momento era competencia de la comunidad autónoma.

Y termino, para no agotar mi tiempo y no cansarles más, con los patronatos. Aseguremos la participación de los entes locales, pero de verdad. Sin ellos no podemos seguir trabajando, así que démosles voz. Ellos son los representantes de las poblaciones que viven en el entorno de los parques nacionales y, si se crea la figura de protección, ellos son los que van a potenciarla y a darle sentido y son los que van a hacer que el visitante se sienta acogido. Debe sentirse el acercamiento de las administraciones autonómica y central a un territorio concreto, donde se pueda hablar de tú a tú para resolver los muchos problemas que se plantean en estos territorios. Ofrezcámosles la posibilidad de dialogar de tú a tú, y hagámoslo respetando a las comunidades locales. Y si debemos respetar a las comunidades locales, también a las autonómicas. Si un parque nacional está adscrito a una comunidad autónoma es esta la que nombra los componentes del patronato y al presidente. Lo que no podemos permitir es que se pretenda hacer estos órganos paritarios. Si es así, tendremos que incrementar el presupuesto del Gobierno autónomo para que pueda enviar a tantos funcionarios a visitar los patronatos de los 15 parques nacionales existentes, a fin de que puedan participar en los patronatos de forma paritaria junto con las administraciones que los gestionamos.

En definitiva, busquemos una relación normal de confianza en el sentido de que todos somos Administración, de que existe coordinación de forma transversal, de tú a tú, compartiendo objetivos y marcando lo que debe ser una buena Administración, que no sea tan ardua de administrar y sí mucho más fácil de gestionar. Asimismo, cómo no, cuando aprobemos nuevas leyes acordémonos de suprimir otras. No hagamos más intenso el marasmo normativo sin conseguir el objetivo que




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perseguimos todos: la agilización. En concreto, en esta ley hemos de entender la conservación de la naturaleza como un objetivo primordial para la mejora de la gestión de los parques nacionales.

Si aprueban nuestras enmiendas, seguro que eso se conseguirá. Escucharé atentamente su reflexión, y espero poder incluir alguna enmienda en este trámite. En todo caso, reservo el sentido de nuestro voto para el turno de portavoces, que expresará mi compañera Mayte Rivero.

Muchas gracias y buenas tardes.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maluquer.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las enmiendas 62 a 108 y la vuelta al texto remitido por el Congreso en lo modificado por las enmiendas 272 a 274, 276 y 277, del Grupo Parlamentario Popular, y por las enmiendas presentadas, al amparo del artículo 115 del Reglamento, con base a las enmiendas 275 y 278, del Grupo Parlamentario Popular.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Medina.

El señor MEDINA TOMÉ: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

Antes de pasar al análisis y defensa de las 47 enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista presenta, quisiera hacer 4 consideraciones, plantear 4 cuestiones previas, que a buen seguro habrán oído aquí esta tarde. Pero no por repetirlas 100 veces todos los que las hemos presentado, va a calar en la voluntad del Grupo Parlamentario Popular, que, a fin de cuentas, es lo que nos convendría a todos. Pienso que en la guerra que uno mantiene con el mundo alguna vez es conveniente ponerse del lado del mundo y no ir en solitario, pero, en fin, allá cada cual.

En primer lugar, quiero poner en valor la Ley 5/2007. Esa es nuestra primera consideración a este proyecto de ley en este debate de enmiendas. Ya lo dijimos en comisión y lo queremos repetir aquí: fue una ley lograda por consenso, por unanimidad, que merecía más larga vida, y no el entierro al que el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno del Partido Popular la han sometido. Declaraba la máxima protección para nuestros parques nacionales, y con un matiz muy importante: primando el interés público sobre el privado. Y además —también se ha dicho ya—, resolvió los eternos conflictos competenciales que se venían planteando.

La segunda consideración versa sobre la única razón esgrimida hasta el momento para elaborar una nueva ley, y no para desarrollar la existente. Efectivamente, señorías —la propia ministra lo hizo en el debate a la totalidad en el Congreso—, se alega como fundamento principal para la elaboración de esta nueva ley el hecho de que la Ley 5/2007 impedía que la gestión de nuestros parques nacionales respondiese a criterios comunes sobre conservación. Falso. Después, en el turno de portavoces, tendré la oportunidad de ratificarme en lo que acabo de decir, porque la Ley 5/2007 establecía —hay que leerla— mecanismos de colaboración y coordinación. Eso sí, a diferencia de lo que se propone ahora, nunca violentaba el marco competencial determinado, no por los gobiernos, sino por el propio Tribunal Constitucional en sus innumerables sentencias.

La tercera consideración tiene que ver con el respeto al orden competencial. Es una manía del Grupo Parlamentario Popular, diría que casi una obsesión, legislar por legislar sobre lo legislado de forma innecesaria con un objetivo claro —no voy a hablar de otros—: sustraer competencias a las comunidades autónomas. Y ni siquiera con la advertencia que se contiene en el dictamen del Consejo de Estado, el Gobierno del Partido Popular es capaz de entender que desde Madrid ni se puede ni se deben gobernar, gestionar e incluso intervenir los parques nacionales de este país. Y puesto que se ha hablado esta tarde en muchísimas ocasiones de la lectura del dictamen, voy a leer lo que para este argumento me interesa, como es natural. Dice el propio Consejo de Estado que en los artículos que puedan afectar a las competencias de las comunidades autónomas se tiene y se debe tener cuidado porque se corre el riesgo —y cito textualmente— «de invadir competencias autonómicas de gestión y de extralimitarse en la competencia que ampara el artículo 149.1.23 de la Constitución.» Yo he oído esta tarde aquí que este pronunciamiento del Consejo de Estado se hace ante el anteproyecto de ley y que en el trámite parlamentario en el Congreso, el Grupo Parlamentario Popular lo modificó.

Me gustaría que alguien subiese aquí y explicara qué modificaciones y en qué sentido sigue siendo válido o no el pronunciamiento del Consejo de Estado sobre los artículos 8, 13, 20 y 22. A ver si alguien nos lo explica, porque seguimos teniendo dudas razonables de si esta ley —y si no, como decimos en mi tierra, tiempo al tiempo— va a traer nuevamente conflictos competenciales.




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La cuarta consideración importante para nosotros —después tendré oportunidad de referirme a ello, porque esta tarde, en el debate de los vetos, alguna manifestación se ha hecho al respecto— es nuestro pronunciamiento sobre los avatares en la tramitación del proyecto de ley. El Grupo Parlamentario Socialista entiende que lo mejor que le puede pasar a nuestros parques nacionales en el día de hoy son 2 cosas: la primera, que el Grupo Parlamentario Popular retire este proyecto de ley. (Risas). Ríanse, sí. Y la segunda, que dimita su principal mentor, el director del Organismo Autónomo Parques Nacionales. Del ejecutor no vamos a hablar, porque está muy lejos, para fortuna nuestra y para desgracia de Europa. ¿Y por qué decimos esto? —en el turno de portavoces analizaremos esta cuestión—. Pues en respuesta al desatino, la incoherencia y la inseguridad, tanto jurídica como política, puesta de manifiesto en la tramitación de este proyecto de ley. Yo espero que después se dé respuesta a mis —entre comillas— acusaciones, por si estoy equivocado, y si es así, no tendré inconveniente en retirar mis calificativos. Lo espero.

Señorías, al grano. Ya dijimos al principio que el Grupo Parlamentario Socialista presenta 47 enmiendas; 28 proceden del Congreso y 19 son enmiendas nuevas presentadas en el Senado. De modificación, 29; de adición, 5 y de supresión, 13, destinadas fundamentalmente a las disposiciones adicionales y finales. Todas, absolutamente todas, comparten el espíritu con que se elaboró la tan nombrada Ley 5/2007. Y todas, señorías, responden a un objetivo común, del que también se ha hablado aquí: los parques nacionales de este país son, deben y tienen que seguir siendo los espacios naturales que gocen de la máxima protección medioambiental y, en consecuencia, cualquier actividad que en ellos se desarrolle que se oponga a este objetivo debe ser eliminada por completo.

Pero junto a este objetivo principal, que yo creo que todos compartimos, hay otros 2 de los que queremos hablar. Uno es favorecer la participación e implicación de la ciudadanía, de las corporaciones locales, de los agentes sociales, de los colectivos medioambientales, y otro —ya lo dijimos antes—, evitar conflictos competenciales con las comunidades autónomas.

Decía antes el senador Saura que cuando se habla de defender las competencias de las comunidades autónomas a veces da la impresión de que lo que se está pretendiendo o planteando es desvirtuar, no favorecer, la conservación de los parques nacionales. Nada más lejos de la realidad. La garantía de la conservación, favorecer la participación y garantizar el marco competencial que nos hemos dado son 3 piezas fundamentales para conseguir el objetivo común que yo estoy seguro de que toda esta Cámara comparte: conservar nuestros parques nacionales para el uso y disfrute de los que vivimos ahora, y fundamentalmente para las generaciones venideras.

A favorecer la participación e implicación de las corporaciones locales, agentes sociales, económicos y medioambientales, dedicamos las enmiendas 64, al artículo 2; 65, al artículo 3; 76, al artículo 15; 77, al artículo 16; 83, al artículo 20; 84, también al artículo 20; 92, al artículo 27; 95, al artículo 31; 96, al artículo 32, y 98 y 99, al artículo 35.

Señorías, con este grupo de enmiendas queremos destacar la importancia de las áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales y el papel que, desde el punto de vista de la conservación, juegan en ellos. Descartamos el término «entorno» que recoge la ley, e incluimos, como ha hecho algún otro grupo parlamentario, las zonas periféricas de protección como integrantes de las referidas áreas, y principalmente reclamamos el protagonismo y la participación activa de las corporaciones locales y agentes sociales en los órganos de toma de decisiones de todas aquellas políticas de gestión, protección y financiación que afecten a los parques nacionales ubicados en sus territorios y a las áreas de influencia socioeconómica.

Quiero recomendar la lectura de la motivación de la enmienda número 84, que propone el Grupo Parlamentario Socialista y que emana de una propuesta de Amuparna, asociación a la que desde aquí quiero agradecer la colaboración que nos ha prestado para presentar nuestras enmiendas.

A incidir en el respeto al marco competencial establecido —que, insisto una vez más, lo ha determinado el Tribunal Constitucional, en el que todos creemos, y debemos hacerlo en todas las circunstancias— dedicamos las enmiendas números 71, 72, 73 y 74, al artículo 8, procesos de declaración; la número 75, al artículo 13, declaración de estado de emergencia; las números 79 y 80, al artículo 19, Plan director de la red; la número 82, al artículo 20, planes rectores de uso y gestión; la número 85, al artículo 22, intervención en caso de conservación desfavorable, y la número 94, al artículo 30, cooperación financiera.




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Decía al principio que siempre nos ha movido el espíritu de la Ley 5/2007; efectivamente, el espíritu de dicha ley y nuestro convencimiento de que hay que contar de forma real, no filosófica, con las comunidades autónomas. Estas enmiendas tienen por objeto lo que a continuación voy a trasladarles: en primer lugar, establecer que la iniciativa para la declaración de un parque nacional corresponde a la comunidad autónoma o comunidades autónomas afectadas. En segundo lugar, tal declaración deberá ser refrendada siempre por las asambleas legislativas correspondientes. En tercer lugar, se requerirá la aprobación de un plan de ordenación de recursos naturales en el que, como mínimo, se encuentre incluido dicho espacio natural y su área de protección, así como —y esto es importante y lo queremos destacar— un diagnóstico de la accesibilidad de los espacios de uso público y una propuesta de las actuaciones que garantice su utilización y disfrute a todas las personas. Señorías, conservar un parque nacional por conservarlo no tiene ningún sentido si no se hace, como hemos dicho ya, para el buen uso y disfrute de la ciudadanía. En cuarto lugar, tanto el Plan director de la red como los planes rectores de uso y gestión deben, primero, precisar su contenido, y segundo —y volvemos a insistir en ello—, respetar el marco competencial consolidado por nuestro marco jurídico, que en el caso de la enmienda número 82 que presentamos también afecta a las corporaciones locales.

Por estas 4 razones concluimos que en la elaboración y revisión de los planes que puedan afectar a los parques nacionales se debe seguir, porque para nosotros es muy importante, un proceso abierto de participación pública, con la implicación o intervención de las comunidades autónomas, las entidades locales afectadas, que sean las canalizadoras de la participación ciudadana, los colectivos medioambientales, etcétera.

Por lo que se refiere a la enmienda 75, para nosotros resulta ilustrativo lo que al respecto del artículo 13 del proyecto de ley se dice en el tan manido informe del consejo consultivo, que, una vez más, advierte de la posible existencia de conflictividad competencial. Nosotros hemos optado por rescatar lo que recoge el artículo 7.bis de la Ley 5/2007.

En la enmienda número 85 proponemos un texto alternativo —lo hacemos en varias ocasiones— al artículo 22, primero, por considerar que el concepto de conservación desfavorable resulta ininteligible y genera inseguridad jurídica, y, segundo, porque la redacción dada al artículo es poco respetuosa con el marco competencial establecido.

Con la enmienda número 94 el Grupo Parlamentario Socialista pretende algo que considera importante, y es que la competencia para establecer acuerdos público-privados que permitan la incorporación de recursos financieros adicionales para la gestión de la red debe y tiene que corresponder a las comunidades autónomas.

El tercer bloque de enmiendas tiene que ver con la defensa de una mejor protección a la conservación de nuestros parques nacionales. A ella dedicamos la enmienda número 70, al artículo 7, efectos jurídicos ligados a la declaración; la enmienda número 97, al artículo 33, integración del uso de actividades locales; la enmienda número 100, al artículo 36, colaboración con titulares de derecho. Además, proponemos la supresión de la disposición adicional quinta por entenderla innecesaria; de la disposición adicional octava, por resultar ajena al interés de la regulación de los parques nacionales; de las disposiciones adicionales undécima y duodécima, por entender que no deben anteponerse intereses como los de los ministerios de Defensa y/o Fomento al de la conservación de los parques nacionales; y de las disposiciones finales primera y segunda, a las que se ha hecho referencia aquí, que tienen que ver con los parques de Guadarrama y de Monfragüe.

La enmienda número 70 propone un texto alternativo que incluye la necesidad de que la referencia al control de poblaciones necesita ser precisada para evitar que se conviertan en monterías encubiertas. Se plantea una redacción alternativa del apartado 4 para proteger los recursos hídricos de los parques nacionales. Y en el apartado 6 entendemos que es preciso señalar que las instalaciones que se permiten deben ser exclusivamente públicas y vinculadas a la administración gestora.

La enmienda número 97 propone el cambio de denominación del artículo y además la supresión de los apartados 1 y 2, pues a nuestro entender consagran usos en el interior de los parques que, como la caza, no deberían ser admisibles. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).




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La enmienda número 100 modifica el artículo 36, pues entendemos que tal como está redactado en el proyecto de ley es permisivo y encierra un cambio de modelo en el que priman los intereses privados sobre lo público.

Las enmiendas números 62 y 68 no pertenecen a estos 3 grupos pero creemos importante resaltarlas aquí. En ellas proponemos, de acuerdo con la Ley 5/2007, mantener las superficies mínimas que en la ley se contemplaban: al menos 5000 hectáreas en parques nacionales insulares, y al menos 15 000 hectáreas en parques nacionales peninsulares.

Señorías, concluyo con 2 solicitudes al Grupo Parlamentario Popular. La primera es que retiren la enmienda número 278, esa y sucedáneas. Retírenla. No procede esa enmienda, no toca. Esa enmienda los delata. Los delató cuando la presentaron, ha vuelto a delatarlos cuando la intentaron modificar y a lo largo del día de hoy también los está delatando. Así que retírenla. Hágannos a todos un favor. Y como esta ley va a aprobarse digamos lo que digamos, al menos tengamos tranquilidad, como decía el senador Fidalgo, y no nos llevemos un serio disgusto en el futuro.

Quiero terminar hablándoles de mi tierra, de Canarias, y me voy a dirigir especialmente a las senadoras y senadores canarios del Partido Popular que, aunque no están aquí, me estarán oyendo porque también les voy a solicitar algo. Ya se ha dicho aquí que Canarias cuenta con 4 parques nacionales, 2 de ellos declarados Patrimonio de la Humanidad. Las islas en las que están ubicados, La Gomera y Lanzarote, están calificadas como reserva de la biosfera. Canarias se encuentra a más de 1800 kilómetros de distancia. En Canarias, todos los veranos lo pasamos mal, muy mal. Desde hace muchísimo tiempo estamos solicitando a este Gobierno y al anterior —posteriormente, si quieren, tendré oportunidad de hablar más sobre este aspecto— más medios aéreos, garantizar la presencia de medios aéreos suficientes, al menos en las épocas de medio y alto riesgo de incendios, para evitar sustos como los que hemos vivido.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta una enmienda de adición nueva, la número 105, que propone que, de común acuerdo entre los Gobiernos de España y de la Comunidad Autónoma de Canarias, se establezca por ley —para que no dependa de la voluntad ni de los colores políticos de quien gobierne en uno o en otro lado— esta obligación. En mi opinión, es una enmienda sensata, justa, coherente con lo que el Grupo Parlamentario Popular dice que defiende en esta ley, porque estamos hablando de una ley de parques nacionales, y los aparatitos en Canarias no los queremos para jugar al brilé, los queremos para proteger los cuatro parques nacionales que tenemos en Canarias. Yo pido ese esfuerzo a las senadoras y senadores canarios y al Grupo Parlamentario Popular. Como decía el poeta, mantendré la esperanza hasta el final del día. Espero que si no todas, al menos esa —mi grupo parlamentario me va a perdonar que sea un poco egoísta— la aprobemos.

Señor presidente, gracias. Señorías, muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Turno en contra.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora Leyte.

La señora LEYTE COELLO: Gracias, presidente.

Señorías, comparezco para exponer y fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con las enmiendas presentadas a la Ley de parques nacionales.

Creo que es un sentir general si manifiesto que todos los españoles nos sentimos orgullosos de nuestros parques nacionales. Amamos esos espacios singulares en los que podemos contemplar la naturaleza en su máximo esplendor paisajístico y geomórfico; lugares esenciales de conservación de nuestra fauna y flora en los que se mantienen los ecosistemas adecuados para la reproducción, la cría y el sostenimiento de numerosas especies en peligro de extinción, con la protección de esos espacios singulares que han perdurado a través de los tiempos y que llegan a nuestras manos gracias al esfuerzo y amor a la naturaleza de nuestros progenitores.

Por tanto, antes de empezar, permítanme mi reconocimiento a todos los grupos parlamentarios por su alto grado de implicación y esfuerzo para presentar las 278 enmiendas que suponen la expresión de su preocupación e inquietud por nuestro medio natural. El elevado número de enmiendas dificulta su pormenorización en tan escaso tiempo, pero intentaré explicar nuestra posición al respecto. Tengo que decir que hemos aceptado 10 enmiendas de todos los grupos parlamentarios, que pasaré a explicar una vez que vaya relatando una a una.




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Empezaré por Izquierda Unida, Grupo Parlamentario Mixto. Se han aceptado 4 enmiendas: las números 8, 21 y la 38, todas ellas relacionadas con la accesibilidad en sí misma o en su señalización. Nos parece una buena aportación que redunda en beneficio de todas las personas con alguna discapacidad. También la número 15, que se refiere al artículo 12.2., porque reitera lo que ya está recogido en el artículo 22 de la ley. Se entiende que estaría implícita que la pérdida de parque nacional sería tras la imposibilidad de recuperar los ecosistemas.

De Coalición Canaria se aceptan la 46, sobre la representación de los agentes socioeconómicos en el patronato, y la 48, porque creemos que mejora el texto. No se acepta ninguna de las restantes porque entendemos que el turismo astronómico no tiene que estar definido en esta ley, sino que es de aplicación en los planes rectores de uso y gestión.

El Partido Aragonés ha presentado las enmiendas 52 a 61, casi todas de origen competencial. No se acepta ninguna de las enmiendas presentadas porque chocan frontalmente con el espíritu de la ley que consiste, precisamente, en el refuerzo de las competencias de coordinación del Estado en los parques nacionales, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional y con el informe del Consejo de Estado, sin merma alguna de las competencias de gestión de los parques nacionales que sí corresponden a las comunidades autónomas.

La enmienda número 5, de Izquierda Unida, de modificación del artículo 7.3 sobre el sobrevuelo a menos de 3000 metros, no se admite porque puede ser necesario por motivos de investigación o gestión del parque.

La 19, que afectaría a la letra l) del artículo 16.1, no se acepta porque no se pueden predestinar cada año las partidas en los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, se destinarán partidas según las disponibilidades presupuestarias.

La 24, que se refiere a la modificación del apartado 6 del artículo 20 sobre planes de uso y gestión, se rechaza porque las entidades locales ya están contempladas en las administraciones públicas afectadas, por lo que se considera redundante.

La 27, al artículo 22.1, trata de que se determine de manera científica e independiente si un parque se encuentra en un estado de conservación desfavorable. Se rechaza porque precisamente una de las funciones que desarrolla la Red de Parques Nacionales es el seguimiento integral de la red, lo que implicaría la necesidad de intervenir si fuese necesario. Además, la red dispone de su propio comité científico con capacidad probada para admitir cualquier tipo de informe que se le solicite. No parece lógico solicitar informes científicos adicionales y sí usar los del propio comité científico.

La 28, que pretende modificar el artículo 24.1 para incluir las organizaciones no gubernamentales en el patronato, se rechaza porque las organizaciones no gubernamentales medioambientales ya se encuentran incluidas en el concepto de asociaciones y organizaciones relacionadas con el parque o cuyos fines concuerden con los objetivos de la presente ley. De hecho, así viene siendo desde hace varios años.

La enmienda 31, al artículo 27.3, se rechaza porque la representación de los municipios en el consejo de la red ya está regulada en el real decreto que lo desarrolla, por lo cual no se considera adecuado incluir la mención propuesta en el presente proyecto de ley. En cualquier caso, el consejo de la red no se circunscribe solo a los parques, sino al ámbito nacional y, por tanto, a todo el Estado. De ahí que la representación de los municipios se canalice a través de la FEMP. Esta enmienda es igual a la 92 del Grupo Socialista, a la 158 de la Entesa y a la 215 de CiU, que las doy también por rechazadas con el mismo argumento.

La 33, que modificaría el artículo 32.2, hace referencia a la prioridad en las subvenciones a áreas degradadas. Se rechaza. Nos parece adecuada la redacción del artículo porque las subvenciones al entorno de los parques se planifican en estrecha colaboración con los ayuntamientos de los entornos afectados.

La 47, de adición al artículo 24.1, se rechaza porque no se considera necesario hacer una enumeración de tipologías de turismo. Cada parque tiene sus propios valores que los hacen atractivos y diferentes. Lo normal es que estos se definan en cada Plan rector de usos y gestión y/o normas autonómicas.

La 51 del mismo grupo es de adición sobre las competencias de un parque en aguas marinas. Se rechaza porque constitucionalmente las competencias medioambientales sobre aguas marinas




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corresponden al Estado. Por tanto, la competencia para gestionar un hipotético parque nacional exclusivamente en aguas marinas sería del Estado.

En cuanto a las enmiendas del Grupo Vasco, la 178, de modificación del artículo 7.5, se rechaza porque la inclusión de la mención a los acuerdos voluntarios ya está incluida en el artículo 7.3. Además, no se considera necesaria la incorporación porque la propia Ley de expropiación forzosa prevé la posibilidad de mutuo acuerdo e independientemente ya se ha incorporado la observación que se menciona del Consejo de Estado en el apartado 3.

La 181, al artículo 13.3, ya denegada al PAR, enmienda 54, sobre las competencias en emergencia no procede, pues estamos ante un caso de actuación puntual, concreta y excepcional del Estado que está avalado por la doctrina constitucional.

En cuanto a las enmiendas de Entesa, la número 182, de modificación del preámbulo, y la 189, que se refiere a la superficie de los parques nacionales, se rechazan porque la experiencia demuestra que la evolución natural sin o con escasa intervención humana requiere territorios más amplios de los que establecía la anterior ley. De hecho, la media de superficie de los parques nacionales terrestres es de 36 700 hectáreas.

La enmienda 184, de modificación de los 2 últimos párrafos del artículo 2, se rechaza porque es innecesaria, pues el acceso a la información está plenamente garantizado tanto por la normativa específica como por la mención expresa en el proyecto de ley.

La enmienda 185, de modificación del artículo 3.b), se rechaza porque en la zona periférica de protección no es aplicable a la legislación básica de parques nacionales.

La enmienda 187, de modificación del artículo 4, se rechaza porque entendemos que la enmienda no aporta nada nuevo en la caracterización del parque nacional, y precisamente la integración del territorio, de sus gentes y costumbres es uno de los objetivos de esta ley.

La enmienda 188, de modificación del artículo 5, de los objetivos, se rechaza porque los objetivos de esta ley se plantean bajo un prisma genérico, con el espíritu de que los aspectos relacionados con la conservación cubran el mayor espectro posible. Por tanto, no parece oportuno desagregar o especificar actividades concretas que ya quedan recogidas en la redacción del articulado de forma implícita.

La enmienda 192, de modificación del artículo 8.2, y la 195, que afecta al 8.1 bis, se rechazan porque el proyecto actual contempla un estudio sumamente detallado como base de la propuesta de declaración del parque nacional, que hace que el Plan de ordenación de recursos naturales sea innecesario, ya que los estudios previos establecidos en el artículo 8.3 son suficientemente completos. La exigencia no aportaría elementos nuevos y supondría un notable retraso.

La enmienda 194, de modificación del artículo 8.6, se rechaza por considerar que la competencia de la declaración de un parque nacional corresponde exclusivamente al Estado, debiéndose aprobar por ley de Cortes Generales de acuerdo a la doctrina constitucional. El procedimiento de declaración que establece el proyecto ha sido respaldado por el informe del Consejo de Estado y se han incorporado las necesarias matizaciones para que se realice un proceso en el que intervengan las comunidades autónomas que aporten territorio. El proceso de declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama ha puesto en evidencia que el proyecto de ley de Cortes Generales puede no coincidir con la aprobación que a priori hacen las asambleas legislativas. No parece lógico que ambos órganos legislativos y de representación popular aprueben propuestas diferentes.

La enmienda 197, de modificación del artículo 15, se rechaza porque este artículo recoge los objetivos genéricos de la red, por lo que se considera más adecuado el término entorno. Bien es verdad que posteriormente el proyecto se centra de manera específica en aquellas áreas incluidas en el concepto de área de influencia socioeconómica, pero en este artículo genérico se considera más apropiado el término entorno.

La enmienda 198, de modificación del artículo 16.1.l), fue también presentada por el Grupo Mixto, enmienda 19, y se rechaza con los mismos argumentos.

La enmienda 201, de modificación del artículo 19.3 del plan director, es igual a la 141 de CiU y se rechaza porque las entidades locales están debidamente representadas en los patronatos, por lo cual ya está incorporado. Además, se ha admitido una enmienda a CiU, que explicaré más adelante, en la que queda claramente retratado este asunto.




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La enmienda 204, de modificación del artículo 20.5, sobre actividades económicas, se rechaza porque el programa de actividades económicas por iniciativa pública se plasma en el plan de actividades del parque que se presenta todos los años al patronato y es aprobado por la Administración competente.

La enmienda 205, de modificación del artículo 20.5.j), sobre la actividad tradicional, se rechaza porque el Plan rector de uso y gestión es el instrumento de planificación ordinaria y establece las normas generales de uso y gestión del parque. En este sentido, el PRUG regula únicamente el ámbito del parque y no de la zona de influencia socioeconómica. El apartado que se pretende modificar con la nueva ley aborda las medidas necesarias para garantizar la conservación del parque nacional frente a la actividad tradicional y al desarrollo económico de su entorno, por lo que es preferible un concepto más amplio y genérico que el de zona de influencia socioeconómica en este caso.

La 206, de modificación del artículo 20.6, sobre el PRUG, se rechaza porque las entidades locales están debidamente representadas y ya expliqué que en otra enmienda posterior se aclarará.

La 210, de modificación del artículo 24.1, se rechaza porque los parques constituyen una categoría de espacio protegido especial con su propia legislación básica, su propia organización y órganos específicos, todo ello de manera independiente al resto de espacios protegidos que hay en el territorio. Son los únicos espacios donde se aplica de forma directa una legislación específica del Estado en sus territorios.

La 205, de modificación del artículo 27.3, se rechaza con los mismos argumentos que la 31, del Grupo Parlamentario Mixto, que además es igual a la 92 del PSOE y a la 158 de CiU.

La 219, de modificación del artículo 32, queda denegada porque introduce un elemento de subjetividad a la hora de apreciar estas dificultades que producirían distorsiones en la concesión de ayudas.

La 220, de adición al artículo 32 de un nuevo apartado 7, quedaría rechazada porque la redacción del artículo 32 en ningún caso atenta contra el principio citado de autonomía municipal.

La 258, de modificación del artículo 24.1, expresa la misma preocupación que la 28 del Grupo Parlamentario Mixto. Se rechaza porque las ONG medioambientales ya están representadas.

En cuanto a CiU, se aceptaría la 117, que recoge el mismo sentir que la número 8 y que hace referencia a la accesibilidad en el proceso de declaración, artículo 8, y también se acepta la 152 en relación con el artículo 24.1. Lo hacemos porque la asociación Amuparna se reunió con nuestro grupo en el Senado para plantearnos un mayor reconocimiento a los municipios. Nos pareció importante y lógico, pero como había terminado el plazo de enmiendas apoyamos esta de CiU porque recoge ese sentir al asegurar que en la composición de los patronatos se les atribuya un papel específico a las entidades locales dentro de las administraciones públicas, como singulares tuteladoras de los intereses específicos de la colectividad humana que conforma su población. En esta línea iba también la 209, de la Entesa, y la 87, del PSOE, pero la de CiU recoge de mejor forma el texto y por eso hemos aceptado esta.

La 109, de modificación del artículo 1 sobre el objeto de la ley, no se puede aceptar puesto que la legislación básica que elabora el Estado afecta tanto a la red como a los parques nacionales. Precisamente separar la red de sus parques ha sido uno de los principales errores de la actual ley.

La 129, de modificación del artículo 16, es igual a la 19 del Grupo Parlamentario Mixto y a la 198 de la Entesa y, por tanto, ya contestadas.

La 137, de modificación del artículo 19, del Plan director de los parques nacionales, se rechaza porque esta función del Estado es plenamente constitucional de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional 101/2005, que se refirió a este aspecto considerando que es ostensible a la competencia estatal para establecer criterios básicos que garanticen la unidad de red de parques nacionales. Es claro que este precepto busca la manifestación formal de dicha unidad. Por tanto, la imagen común debe trasladarse a través de todos los parques.

La 145, sobre los planes rectores de uso y gestión, se rechaza porque las entidades locales están incluidas en el concepto de administraciones públicas afectadas y ya están absolutamente representadas.




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La 158, sobre la representación de los municipios en el consejo de la red se rechaza por los mismos argumentos que la 31 del Grupo Parlamentario Mixto, la 92 del Grupo Parlamentario Socialista y la 215 de Entesa.

Pasamos al Grupo Parlamentario Socialista. Votaremos a favor de las enmiendas 72, similar a la 8 del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la accesibilidad, y 98, de modificación del artículo 35, porque efectivamente consideramos que los municipios afectados como aportadores del territorio al parque nacional deben disponer de mayor protagonismo y participación en la toma de decisiones, lo que abre los parques nacionales a mayor participación vecinal.

Se rechazan las enmiendas 64, 71 a 74, es decir, una serie de ellas porque ya están contestadas a otros grupos políticos. Por tanto, ya han sido argumentadas.

La 92, al artículo 27.3, sobre el consejo de la red, también ha sido argumentada.

En cuanto a la 64, de modificación de los 2 últimos párrafos del artículo 2, que propone sustituir entorno por áreas, también ha sido explicada.

La 70 es de modificación del artículo 3, y aquí sí me quiero parar. Se deniega porque en cuanto al apartado 3 las actividades que tienen lugar en los territorios que potencialmente pueden ser parque nacional son cada día más complejas. Por otro lado, las fluctuaciones de los presupuestos asignados a la materia son acusadas, por lo que no se aconseja establecer un plazo límite, aunque en la práctica se han aplicado plazos similares, como en el caso de la sierra de Guadarrama. Por otra parte, la experiencia ha demostrado que el plazo de diez años que figura en la Ley 5/2007 no va a poder cumplirse para indemnizar los derechos de terceros existentes en la red de parques, entre otras causas porque en los años de bonanza económica no se procedió a recuperar los derechos al ritmo que hubiera sido necesario. Es más razonable, por tanto, el plazo de la nueva ley.

En cuanto al apartado 3 a), el Plan director regula con precisión, por una parte, el control de especies sobreabundantes que causan daño a los sistemas naturales del parque y que nunca han estado sujetas a aprovechamiento cinegético, y por otra parte, aquellas que formando parte de los aprovechamientos cinegéticos requieren un control poblacional. En uno y en otro caso el mejor conocimiento científico es el de quien deba asesorar estas actuaciones. Se ha preferido dejar este punto idéntico al de la Ley 5/2007 por haberse conseguido estos años esta redacción que en cualquier caso no fue discutida cuando se promulgó la Ley 5/2007,

En cuanto al texto del apartado 3 b), la expresión «salvo circunstancias excepcionales debidamente justificadas, por razones de protección ambiental o interés social y siempre que no exista otra solución» ya fue introducida también en la de ley de mayo de 2007 para justificar la inclusión en la red del Parque Nacional de Monfragüe, donde las infraestructuras hidroeléctricas se admitieron precisamente por razones de interés social.

El apartado 3 d) se considera necesario, y de hecho un apartado en igual sentido está incluido en la nombrada ley. El apartado 3 e) también se considera necesario ya que en ciertas ocasiones es preciso sobrevolar el parque por motivos específicos de gestión u otros como, por ejemplo, vuelos cartográficos, suministro de materiales, etcétera.

Los apartados 4 y 6 figuraban ya en la ley de mayo de 2007 y están plenamente considerados. La precisión respecto a la titularidad de las instalaciones es innecesaria.

La número 82, sobre el programa de actividades económicas, se deniega porque el programa de actividades por iniciativa pública se plasma en el plan de actividades del parque que se presenta todos los años al patronato y es aprobado por la Administración competente.

La 96 también se rechaza, porque en ningún caso se atenta contra el principio citado de autonomía municipal.

La 105, que propone la adición de una nueva disposición adicional decimotercera referida a recursos permanentes aéreos en Canarias para la lucha de incendios forestales, se rechaza porque no se considera que esta materia deba ser objeto de inclusión en este proyecto de manera genérica y menos aún en el ámbito territorial restringido.

El resto de enmiendas de los demás grupos a que no me he referido se dan por rechazadas.

Para terminar, diré que hemos hecho un esfuerzo importante para conseguir el mayor consenso en temas tan sensibles como la accesibilidad, la mayor participación de las entidades locales, el respeto al derecho de los propietarios incluidos en el área delimitada del parque nacional siempre con el objetivo principal de promover los valores de la Red de Parques Nacionales, su total




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protección y la mejora de los procedimientos para su declaración y gestión. Creemos que también hemos dado respuesta a los habitantes de los municipios de los parques nacionales, a quienes debemos su preservación a lo largo de los tiempos. Consideramos que deben tener en el parque nacional una gran oportunidad de desarrollo socioeconómico sostenible y que ayude a mejorar sus condiciones de vida para que no sea percibida la preservación y protección como una limitación, sino más bien como una gran oportunidad.

Señorías, la ley garantiza la protección de nuestros parques porque los dota de mayor coordinación a través de la Administración General del Estado y a través de la gestión de las comunidades autónomas que han hecho y siguen haciendo un excelente trabajo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Señor presidente, señorías, simplemente quiero agradecer a los senadores Vicente Aparici y Carmen Leyte las 2 enmiendas que nos han aceptado, y quiero lamentar, evidentemente, las otras que no han podido ser incluidas. Quiero decir que aunque se acepten estas enmiendas voy a votar en contra de la ley porque creemos que hay partes que no se corresponden. Por ejemplo, en cuanto a las competencias de las comunidades autónomas no podemos admitir esa intrusión, con lo cual, repito, no podemos votar a favor.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Quintero.

¿Desea intervenir el senador Cazalis, por el Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).

Gracias.

¿Desea intervenir el representante de la Entesa? (Denegaciones).

Gracias, señor Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Señor presidente, únicamente quiero agradecer que hayan aprobado estas 2 enmiendas. Creo que, efectivamente, son de interés general y que todos los grupos, las hayan incluido o no, seguro que las comparten.

Aunque luego tendremos tiempo de detallar el porqué, quiero decir que, a pesar de esto, ustedes ya saben que mi grupo parlamentario no puede votar favorablemente esta ley.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Medina.

El señor MEDINA TOMÉ: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor Aparici, como sé que usted me va a responder ahora —creo que lo va a hacer— y después no voy a tener oportunidad de defenderme porque, con buen criterio, el presidente no me lo va a permitir, quiero insistir en algunas cosas que dije antes para que usted me conteste, si lo tiene a bien.

Antes califiqué el proyecto de ley como desatino, incoherente e inseguro jurídica y políticamente; lo mantengo. Les agradecemos sinceramente que hayan apoyado dos de nuestras enmiendas, pero no las importantes ni las sustanciales.

Respóndame, señor Aparici, ¿por qué el Gobierno declara como urgente una ley que empieza a tramitar en septiembre de 2013 si ni siquiera se ha concluido todavía? ¿Qué urgencia había? En segundo lugar, ¿es o no es verdad que el Consejo de Estado ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley? En tercer lugar, ¿es o no es verdad que el Grupo Parlamentario Popular ha introducido en el procedimiento de este proyecto de ley determinadas rectificaciones sospechosas? Y me voy a referir a la enmienda número 278. Ustedes acordaron en el informe de la ponencia aceptar en todos sus términos lo que vino del Congreso de los Diputados; presentan la enmienda número 278, días después la modifican y hoy se ha estado intentando negociar una transaccional. ¿La van a retirar, sí o no? ¿Va a haber posibilidad de




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negociar esa transacción, sí o no? Queremos saberlo. ¿Ha contado esta ley con la oposición de todo el mundo o casi todo el mundo, sí o no?

Quiero referirme a un detalle que ocurrió durante el debate de los vetos. Señor Aparici, el Grupo Parlamentario Socialista presentó un recurso al acuerdo de la comisión no porque dudáramos de la capacidad de nadie, sino porque hemos ejercido nuestro derecho, y si cada vez que se presenta un recurso ante el acuerdo de un órgano eso significa que se pone en duda la capacidad del órgano que resuelve, mal asunto. A mí me gustaría que usted, como hizo nuestro portavoz, retirara las acusaciones que nos hizo sobre el acontecimiento al que hizo referencia en relación con el acuerdo de la comisión.

Y por si fuera poco con todo esto, y dígame si no se atiene a la realidad, el director del Organismo Autónomo Parques Nacionales ocultó el escrito de los directores de los parques nacionales. A usted se lo ocultó, seguro; y no me diga que no, porque usted declaró el 6 de noviembre de 2014: «A nosotros no nos ha llegado nada —confirma el senador del Partido Popular Vicente Aparici—», que es usted. Por tanto, si por alguna razón modificaron la enmienda 278 no fue solo por la presión de los directores de los parques nacionales sino por la de toda la sociedad, que entendió que era un verdadero atropello la enmienda 278 para la conservación y la preservación de los parques nacionales. Y eso lo va a tener que explicar aquí también.

En relación con la Ley 5/2007, he de decirles que les ha faltado voluntad política y que seguro que les han movido otros intereses y no la preservación y conservación, si no, ¿por qué no se desarrolló? ¿Qué pasa con la agencia estatal de la Red de Parques Nacionales? ¿Por qué no se ha constituido? ¿Por qué no se ha creado? ¿Por qué en lugar de desarrollarla han optado por hacer algo que es muy simple, cambiar la ley y modificar el 20 %? Lo que pasa es que ya sabemos qué dice y qué contiene ese 20 %.

Con relación a la enmienda canaria, lamento lo que ya he oído. Quiero destacar aquí lo que hizo un presidente socialista con Canarias en esta materia, y lo voy a hacer porque tengo tiempo y creo que nadie me lo va a impedir. Utilizando la misma teoría de ustedes: como estamos hablando de una ley determinada, esto no cabe. ¡Pues no sé dónde va a caber que se protejan los 4 parques nacionales de Canarias ante los incendios forestales! ¿En qué ley, si no es en esta? Los dos gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero tuvieron con Canarias en esta materia un trato que creo que debo destacar aquí. El primero, ubicó en La Palma una brigada de refuerzo de incendios forestales —lo hizo José Luis Rodríguez Zapatero— y 2 destacamentos de intervención en emergencias naturales, que dependen de la Unidad Militar de Emergencias con base aérea en Morón de la Frontera. Por estos dos hechos, los canarios y las canarias estamos agradecidos a José Luis Rodríguez Zapatero.

Yo pensaba, ingenuo de mí, que íbamos a hacer lo mismo con el señor Rajoy: que le íbamos a agradecer al señor Rajoy que se sentara con el Gobierno de Canarias y pusiera sobre la mesa un acuerdo, al igual que hizo José Luis Rodríguez Zapatero, para garantizar la seguridad de nuestros 4 parques nacionales en materia de lucha contra incendios forestales. No se hizo. Es verdad que hay problemas económicos; es verdad que ustedes han reducido en 2/3 la inversión estatal en la conservación de los parques nacionales entre 2010 y 2014, pero, por lo que acabo de oír, eso es lo de menos. Da igual que Canarias esté a cerca de 2000 kilómetros; da igual que haya 4 parques nacionales, da igual que 2 sean declarados patrimonio de la humanidad, da igual que nos llenemos la boca con filosofías baratas diciendo que tenemos que conservar y proteger; eso da igual. Porque cuando se plantea una medida concreta —eso sí, de perras—, la respuesta ya sabemos cuál es. En fin, disgustados estamos, y a lo mejor lo único que nos puede endulzar la boca esta tarde es que ustedes retiren la enmienda 278, que nos sentemos a hablar todos y que transaccionemos —ahora sí, de verdad— una enmienda que evite lo que antes hemos dicho: una auténtica desgracia para nuestros parques nacionales.

Gracias, señor presidente; gracias, señorías. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Medina.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Aparici.

El señor APARICI MOYA: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, intentaré en este turno dar respuesta a algunas de las cuestiones que han planteado aquí los compañeros senadores que me han precedido en el uso de




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la palabra. En primer lugar, desde luego, quiero dejar muy clara nuestra absoluta voluntad de diálogo. Se ha admitido un grupo importante de enmiendas de todos los grupos y, a pesar de la dureza de algunas intervenciones, permítanme que les diga que lo hacemos absolutamente sin ningún rencor, con nuestra característica voluntad de diálogo y de concertación.

Voy a comentar algunas cuestiones que se han planteado aquí. Por ejemplo, el señor Saura preguntaba por el porqué de la ley. Lo voy a resumir de la forma más estricta posible: porque había que establecer un modelo de colaboración eficaz para la gestión. Esa es la principal razón de por qué hacía falta una nueva normativa. Demandaba, además, el señor Saura, que dijera por qué calificamos esta ley de más proteccionista. Le pongo simplemente un par de ejemplos. Díganme ustedes dónde se habla en la Ley de 2007 de la prohibición del fracking, de la prohibición de extracción de áridos o de la prohibición del funcionamiento de canteras en los parques nacionales. No se decía; esta ley sí lo recoge en este momento, y hemos de concluir que es más proteccionista en esta cuestión.

Señor Maluquer, el asunto de la tensión competencial ya sé que es complicado. Quizá tengamos ahí unas visiones un poco distintas, pero permítame que le diga que lo que esta ley otorga al Estado es aquello que se le reserva al Estado, que es el ejercicio de la coordinación, nada más. Por tanto, desde ese punto de vista, entendemos que la ley no se inmiscuye para nada y está muy lejos de aquellas cuestiones que se plantean aquí, como la posibilidad de retirar competencias a las administraciones autonómicas y demás; en absoluto. Nosotros no lo vemos así y, por lo tanto, entendemos que este nivel de coordinación que es de lo que habla la ley, para nada significa esto que ustedes han venido a comentar aquí. Esto es lo que le tenía que decir sobre este asunto.

Por otro lado, preguntaba por qué la presidencia de estos organismos recaía en el Estado. Pues, desde nuestro punto de vista, parece bastante razonable, porque cuando hablamos de coordinación entre distintas administraciones autónomas es muy posible, nosotros por lo menos lo vemos así, que el Estado pueda ejercer esa facultad bastante mejor. Este argumento es lo que da razonabilidad a este planteamiento que venimos a explicar aquí.

Al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista le diré que algunas preguntas que usted ha hecho tienen una respuesta tremendamente clara. En primer lugar, ¿la ley ha sido declarada urgente? No, no hay ninguna declaración de urgencia de la ley; por lo tanto, no ha sido declarada urgente, muy sencillo. ¿El Consejo de Estado ha presentado una enmienda a la totalidad de la ley? Tampoco; nosotros no lo vemos así y lo hemos explicado. Si no he anotado mal, creo que usted en un momento determinado se ha referido de nuevo —lo he explicado en la anterior intervención pero lo volveré a explicar— al escrito de los directores. Me ha preguntado: ¿usted conocía el escrito de los directores de parques? No, pero ya les dije claramente que ante el primer escrito que hacía referencia a la primera redacción de la enmienda número 278, se responde inmediatamente a los directores de parque, 11 de 18, diciendo que no ha lugar a esa cuestión porque esa enmienda ya no es la que figura en el debate en estos momentos, puesto que ya se había producido una rectificación. Por lo tanto, consideramos que efectivamente ha habido una reacción positiva y rápida de la dirección general explicando exactamente el tema, y no hay nada más que objetar. Sin embargo, ustedes persisten en ese interés por marear la perdiz. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Hemos hablado de cuestiones como primar el interés particular ante el interés general. Señoría, yo creo que hay cuestiones que hay que ver desde una perspectiva más clara. Hoy mismo leía en un periódico que en una institución gobernada por el Partido Socialista, en la Junta de Andalucía, hay más de 30 espacios naturales donde está prohibida la caza y, sin embargo, se mantienen cotos de caza. ¿Por eso nosotros vamos a decir aquí que existe una mala intención en esta cuestión? Pues no. Ustedes lo hacen y a nosotros, evidentemente, no nos parece bien, porque fíjense ustedes en el ejemplo que yo he puesto aquí: en una sola provincia, Almería, se mantiene ese nivel de cotos de caza en sitios en los que técnicamente estaría prohibido cazar. En el conjunto de Andalucía existen más de 60 emplazamientos de estas características. Por tanto, es una cuestión que ustedes vienen aquí a significar pero luego, cuando tienen la posibilidad de gobernar, lo ven de otra manera.

Explicaré ahora la enmienda número 278 para que quede definitivamente claro. ¿Dicha enmienda tuvo una redacción inicial? Sí. ¿Tuvo una redacción que creaba dudas? También. ¿Qué




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hizo el Grupo Parlamentario Popular después de dialogar con los agentes implicados en este asunto? Modificar esa redacción, porque según el artículo 115 del Reglamento lo podíamos hacer, y buscar una redacción que nos parecía mejor para así evitar cualquier nivel de dificultad. Nosotros entendíamos que era una gran redacción.

Se me olvidaba decir que si las palabras que acabo de utilizar en cuanto a no hacer caso a las recomendaciones de los servicios de la Cámara respecto de la incorporación de esta enmienda y su recurso pueden haber sido malentendidas, no tengo ningún problema en retirarlas. No pasa nada. Si hubiera habido una equivocación, se corrige y punto. No tengo ningún problema en eso. Y me gustaría que fuera ejemplo también para ustedes.

El porqué de la enmienda 278 y del redactado en el que en este momento estamos todavía trabajando es muy sencillo: durante cuatro años, del 2007 al 2011, no se ha hecho absolutamente nada en la recuperación de esos derechos. Ciframos la cantidad que hay que disponer para recuperar esos derechos, incluyendo la posibilidad de recuperar territorios, en más de 300 millones de euros. Pretendemos que aquello que durante cuatro años, 2007-2011, no se hizo, se haga ahora deprisa y corriendo, y con un desembolso en una situación económica que es mucho más complicada que la que había en el año 2007, que es cuando se tendría que haber intervenido.

Como he dicho en la anterior intervención, consultados los directores de parque, 16 de 18 dicen estar satisfechos con esta enmienda, y esta es una razón importante. Además hay una razón fundamental que es buscar el consenso entre todas las partes implicadas. Para el Grupo Popular ésta es una razón importante porque nos gusta trabajar los temas, dialogar y buscar consensos, y ésta era la vía que teníamos para alcanzarlo. Nos gustaría que hubiera un acuerdo definitivo mejor, pero mientras no haya otro acuerdo, nosotros vamos a mantener la enmienda 278 en los términos en que la aprobamos en comisión, porque creemos que es una solución mejor que la que teníamos.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aparici.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas del Proyecto de Ley de parques nacionales.

En primer lugar, las enmiendas de los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto. Comenzamos votando las enmiendas números 1, 3, 4, 9, 19, 20, 24, 32 y 39.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 238; a favor, 87; en contra, 150; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 2, 12, 17 y 22.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 237; a favor, 80; en contra, 151; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 5, 33 y 34.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 9; en contra, 214; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 6, 11, 13 y 25.

Comienza la votación. (Pausa).




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 23; en contra, 216; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 7.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 238; a favor, 18; en contra, 153; abstenciones, 67.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 8, 15 y 38.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 237; en contra, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos la enmienda 10.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 238; a favor, 22; en contra, 211; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 14 y 18.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 25; en contra, 214; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 16.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 72; en contra, 167; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 21.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 219; en contra, 7; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos las enmiendas 23 y 27.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 8; en contra, 166; abstenciones, 64.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 26.

Comienza la votación. (Pausa).




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 21; en contra, 217; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 28.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 83; en contra, 150; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 29.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 20; en contra, 210; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 30 y 40.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 23; en contra, 153; abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 31.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 89; en contra, 149; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 35.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 3; en contra, 154; abstenciones, 82.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 36.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 4; en contra, 234; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 37.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 4; en contra, 228; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 41 y 42.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 67; en contra, 152; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los senadores Fuster, Ibarz y Santos, votamos las enmiendas 52 a 54 y 56.

Comienza la votación. (Pausa).




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 92; en contra, 147.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 55 y 58.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 27; en contra, 210; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 57 y 59.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 29; en contra, 146; abstenciones, 64.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 60.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 92; en contra, 145; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 61.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 29; en contra, 146; abstenciones, 64.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los senadores Quintero y Zerolo, comenzamos votando la enmienda 46.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 172; en contra, 66; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda 48.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 171; en contra, 65; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos las enmiendas 43 y 44.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 79; en contra, 144; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 47.

Comienza la votación (Pausa).




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 238; a favor, 78; en contra, 146; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 45 y 51.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 26; en contra, 212; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 49.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 238; a favor, 25; en contra, 149; abstenciones, 64.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 50.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 12; en contra, 211; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Vasco.

Votamos las enmiendas 180 y 181.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 240; a favor, 95; en contra, 145.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 177.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 8; en contra, 210; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 178.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 94; en contra, 146.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 179.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 26; en contra, 212; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario de la Entesa.

Votamos las enmiendas 204 y 205.

Comienza la votación (Pausa).




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 85; en contra, 153; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 210.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 238; a favor, 65; en contra, 153; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 200 y 224.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 86; en contra, 153; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 209.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 72; en contra, 153; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 199.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 71; en contra, 167; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 207.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 87; en contra, 153.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 214.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 90; en contra, 150.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 192, 196 y 212.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 83; en contra, 148; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 201, 206, 215 y 222.

Comienza la votación. (Pausa).




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 90; en contra, 150.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 211.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 238; a favor, 74; en contra, 148; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 217.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 238; a favor, 90; en contra, 148.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 186, 203, 219, 229 y 230.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 236; a favor, 67; en contra, 151; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 226.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 81; en contra, 152; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 187, 188, 191, 194, 195, 197 y 202.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 72; en contra, 153; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 182 a 185, 189, 190, 193, 198, 208, 213, 216, 218, 220, 221, 223, 225, 227, 228 y 231.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 240; a favor, 86; en contra, 153; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 238.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 21; en contra, 150; abstenciones, 67.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 249.

Comienza la votación. (Pausa).




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 24; en contra, 211; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 256.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 24; en contra, 213; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 259.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 22; en contra, 211; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 257 y 264.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 238; a favor, 7; en contra, 152; abstenciones, 79.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 265.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 238; a favor, 9; en contra, 214; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 254.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 9; en contra, 153; abstenciones, 78.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 260.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 23; en contra, 153; abstenciones, 64.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 261.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 87; en contra, 152.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 262.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 9; en contra, 215; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 263.

Comienza la votación. (Pausa).




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 9; en contra, 216; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 269.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 24; en contra, 152; abstenciones, 64.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 267.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 87; en contra, 153.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 268.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 87; en contra, 153.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 236.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 9; en contra, 214; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 270 y 271.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 70; en contra, 153; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 247 y 252.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 73; en contra, 166.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 266.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 4; en contra, 229; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 241.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 18; en contra, 217; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 243, 248, 253 y 258.

Comienza la votación. (Pausa).




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 79; en contra, 152; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 237, 242, 244, 245 y 255.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 23; en contra, 215; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 232 a 235, 239, 240, 246, 250 y 251.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 87; en contra, 153.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Convergència i Unió.

En primer lugar, votamos la enmienda 117.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 238; a favor, 238.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda 152.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 235; en contra, 1; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda 121.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 236; votos emitidos, 234; a favor, 21; en contra, 144; abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 154.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 20; en contra, 153; abstenciones, 65.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 165.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 29; en contra, 209; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 130.

Comienza la votación. (Pausa).




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 23; en contra, 206; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 122 y 124.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 24; en contra, 151; abstenciones, 65.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 123 y 134.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 237; a favor, 21; en contra, 151; abstenciones, 65.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 132.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 25; en contra, 149; abstenciones, 64.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 138, 143 y 144.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 238; a favor, 20; en contra, 152; abstenciones, 66.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 115 y 125.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 33; en contra, 206.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 118, 119, 126, 145, 156, 158 y 162.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 90; en contra, 150.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 120, 153 y 155.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 23; en contra, 215; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 127 y 137.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 90; en contra, 150.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 116.

Comienza la votación. (Pausa).




Página 12633


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 28; en contra, 210; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 133.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 29; en contra, 208; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 135.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 238; a favor, 29; en contra, 209.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 147 y 157.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 237; a favor, 30; en contra, 207.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 148, 168, 170, 171, 175 y 176.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 237; a favor, 28; en contra, 208; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 142, 149, 151, 159 a 161, 163 y 164.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 21; en contra, 215; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 146.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 21; en contra, 217; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 113, 114, 139 y 140.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 86; en contra, 153; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 109 a 112, 128, 129, 131, 136, 141, 150, 166, 167,169 y 172 a 174.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 87; en contra, 153.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista.

Votamos la enmienda 72.

Comienza la votación. (Pausa).




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 236; en contra, 2; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda 98.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 237; en contra, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda 78.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 238; a favor, 67; en contra, 170; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 85.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 80; en contra, 158; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 91.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 84; en contra, 155.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 80.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 88; en contra, 150; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 87.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 72; en contra, 153; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 100.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 86; en contra, 153; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 82 y 83.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 85; en contra, 154; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 88.

Comienza la votación. (Pausa).




Página 12635


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 65; en contra, 153; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 71, 92 y 94.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 90; en contra, 149.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 75.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 238; a favor, 83; en contra, 149; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 84.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 89; en contra, 150.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 66, 67, 81, 97, 106 y 107.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 238; a favor, 66; en contra, 152; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 90 y 102.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 82; en contra, 152; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 70, 73, 74 y 76.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 73; en contra, 152; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 62 a 65, 68, 69, 77, 79, 86, 89, 93, 95, 96, 99, 101, 103 a 105 y 108.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 86; en contra, 153; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto, del Grupo Parlamentario de Entesa y del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la transaccional sobre la enmienda 278, del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 240; a favor, 89; en contra, 151.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los grupos parlamentarios Entesa y Socialista, votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por una transaccional sobre la enmienda 275, del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 240; a favor, 73; en contra, 167.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los mismos grupos, votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 272 a 274, 276 y 277, del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 87; en contra, 152.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 143; en contra, 92; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.

6.2.2. PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY 35/2006, DE 28 DE NOVIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS, EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2004, DE 5 DE MARZO, Y OTRAS NORMAS TRIBUTARIAS.

COMISIÓN: HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

(Núm. exp. 621/000091)

6.2.3. PROYECTO DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.

COMISIÓN: HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

(Núm. exp. 621/000092)

6.2.4. PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, LA LEY 20/1991, DE 7 DE JUNIO, DE MODIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS FISCALES DEL RÉGIMEN ECONÓMICO FISCAL DE CANARIAS, LA LEY 38/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DE IMPUESTOS ESPECIALES, Y LA LEY 16/2013, DE 29 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE FISCALIDAD MEDIOAMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS.

COMISIÓN: HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

(Núm. exp. 621/000093)

El señor presidente da lectura a los puntos 6.2.2., 6.2.3. y 6.2.4.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación de los dictámenes, tiene la palabra el senador Sanz. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.




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El señor SANZ RUIZ: Muchas gracias, presidente.

Señorías, por acuerdo de la Junta de Portavoces, se debatirán los vetos de estos tres proyectos de ley de forma conjunta. Por lo tanto, paso a presentarles los dictámenes de esos tres proyectos de ley.

El primer proyecto de ley, por el que se modifica la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el texto refundido de la Ley del impuesto sobre la renta de no residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias. Este proyecto de ley tuvo su entrada en la Cámara el día 13 de octubre de este año, fecha de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas y propuestas de veto finalizó, tras una prórroga, el día 30 de noviembre.

A este primer proyecto de ley se han presentado 5 vetos: 2, del Grupo Parlamentario Mixto; 2, Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y uno del Grupo Parlamentario Socialista. Además se han presentado a este proyecto de ley 271 enmiendas, que se distribuyen de la siguiente forma: 30 enmiendas de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; una enmienda del Grupo Parlamentario Vasco; 21 enmiendas del senador Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; 66 enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; 79 enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa; 51 enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista; y 23 enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El pasado 6 de noviembre se reunió la Comisión de Hacienda y Administraciones Pública que acordó designar a la siguiente ponencia para informar del proyecto de ley: por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Angulo Martínez y el señor Cotillas López; por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Marra y el señor Sen Vélez; por el Grupo Parlamentario Entesa, el señor Montilla Aguilera; por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, la señora Martínez Muñoz; y por el Grupo Parlamentario Mixto, el senador Martínez Oblanca.

La ponencia elevó a la comisión el informe en el que proponía aprobar las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y una enmienda transaccional sobre la base de las enmiendas 102, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y 43 y 44, del Grupo Parlamentario Mixto.

La comisión reanudó su sesión para dictaminar. Primero se sometieron a debate y votación las propuestas de veto, quedando todas ellas rechazadas. Posteriormente se debatieron las enmiendas al articulado y finalmente se emitió dictamen de conformidad con el informe de la ponencia por 16 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones.

Han presentado votos particulares a este dictamen para el mantenimiento de sus vetos y enmiendas respectivos el Grupo Parlamentario Mixto, el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, el Grupo Parlamentario Entesa, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió y el Grupo Socialista.

Por otra parte, los grupos Entesa y Socialista incluyen en sus votos la vuelta al texto del Congreso en la parte afectada por las enmiendas aprobadas por la comisión.

El segundo proyecto de ley, relativo al impuesto sobre sociedades, entró también en esta Cámara el pasado 13 de octubre de este mismo año. El plazo de presentación de las enmiendas y propuestas de veto finalizó —también tras una prórroga— el 30 de noviembre, y se han presentado también 5 propuestas de veto: 2 de los senadores del Grupo Parlamentario Mixto; 2 de los senadores del Grupo Parlamentario Entesa; y uno del Grupo Socialista.

Se han formulado a este proyecto de ley 230 enmiendas. Las enmiendas se distribuyen de la siguiente forma: 9 presentadas por los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; 9 enmiendas del senador Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto; 5 enmiendas de la senadora Domínguez Hormiga, del Grupo Parlamentario Mixto; 2 enmiendas de los senadores Eza Goyeneche, Salanueva Murguialday y Yanguas Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; 3 enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; 24 enmiendas del senador Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; 41 enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa; 70 enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; 31 enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista; y 32 enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.




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El pasado 6 de noviembre se reunió la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, que acordó designar la siguiente ponencia para informar de este proyecto de ley: por el Grupo Parlamentario Popular, el señor De las Heras Muelas y la señora González García; por el Grupo Parlamentario Socialista, los señores Lerma Blasco y Vázquez García; por el Grupo Parlamentario Entesa, el señor Montilla Aguilera; por el Grupo Parlamentario Vasco, la señora Martínez Muñoz; y por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.

La ponencia elevó a la comisión informe en el que proponía aprobar las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular números 197 a 199, 201 a 208, 210 a 226 y 228 a 230, así como una enmienda transaccional sobre la base de la enmienda 200, también del Grupo Parlamentario Popular.

La comisión reanudó su sesión para dictaminar. Primero se sometieron a debate y votación las propuestas de veto, quedando todas ellas rechazadas, y posteriormente se debatieron las enmiendas al articulado. Finalmente se emitió dictamen de conformidad con el informe de la ponencia por 16 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones.

Han presentado votos particulares a este dictamen para el mantenimiento de sus vetos y enmiendas respectivos el Grupo Parlamentario Mixto, el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, el Grupo Parlamentario Entesa, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió y el Grupo Socialista.

De otra parte, el Grupo Parlamentario Entesa y el Grupo Parlamentario Socialista incluyen en sus votos la vuelta al texto del Congreso en la parte afectada por las enmiendas aprobadas por la comisión.

Y con respecto al tercer proyecto de ley, por la que se modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del régimen económico fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de impuestos especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, quiero comentarles que tuvo su entrada en esta Cámara también el día 13 de octubre de este año; que el plazo de presentación de enmiendas y propuestas de veto finalizó —también tras una prórroga— el 30 de noviembre; que se han presentado 5 propuestas de veto a este proyecto de ley: 2 del Grupo Parlamentario Mixto; 2 del Grupo Parlamentario Entesa; y una propuesta de veto que presenta el Grupo Parlamentario Socialista.

Se han presentado a este proyecto de ley 226 enmiendas que se distribuyen de la siguiente forma: 85 de los senadores del Grupo Parlamentario Mixto; 2 del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; 9 de los senadores Fuster Muniesa, Ibartz Ibartz y Santos Fernández, del Grupo Parlamentario Popular; 51 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; 50 del Grupo Parlamentario Entesa; 18 del Grupo Socialista y 11 del Grupo Popular.

Se reunió la comisión el pasado 6 de noviembre y acordó designar la siguiente ponencia para informar de este proyecto de ley: por el Grupo Popular, el señor De las Heras Muela y la señora González García; por el Grupo Parlamentario Socialista, los señores Lerma Blasco y Vázquez García; por el Grupo Parlamentario Entesa, el señor Montilla Aguilera; por el Grupo Parlamentario Vasco, la senadora Martínez Muñoz; y por el Grupo Parlamentario Mixto, el senador Martínez Oblanca.

La ponencia elevó a la comisión el informe con 2 apartados: el primero, incorporar al proyecto de ley las enmiendas del Grupo Popular 216 a 223 y 225; y el segundo, incorporar las siguientes enmiendas transaccionales: transaccional sobre la base de las enmiendas 206 del Grupo Socialista, 103 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, 5 del Grupo Parlamentario Mixto y 151 del Grupo Parlamentario Entesa; transaccional sobre la base de las enmiendas 1 del Grupo Parlamentario Mixto y 88 de los senadores Fuster Muniesa, Ibartz Ibartz y Santos Fernández, del Grupo Popular en el Senado, 97 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, 148 del Grupo Parlamentario Entesa, 198 del Grupo Socialista y 224 del Grupo Popular; transaccional sobre la base de las enmiendas 76 del Grupo Parlamentario Mixto y 129 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; transaccional sobre la base de la enmienda 50 del Grupo Parlamentario Mixto; transaccional sobre la base de las enmiendas 82 del Grupo Parlamentario Mixto y 138 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; transaccional sobre la base de la enmienda 51 del Grupo




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Parlamentario Mixto; transaccional sobre la base de la enmienda 4 del Grupo Parlamentario Mixto, 92, de los senadores Fuster Muniesa, Ibarz Ibarz y Santos Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, 102, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, 150 y 169, del Grupo Parlamentario Entesa y 205 del Grupo Parlamentario Socialista. Y una transaccional sobre la base de la enmienda 47, del Grupo Parlamentario Mixto, y 223, del Grupo Parlamentario Popular.

Se reanudó la comisión para dictaminar y se sometieron primero a debate y votación las propuestas de veto, quedando todas ellas rechazadas, y posteriormente se debatieron las enmiendas al articulado.

Finalmente se emitió dictamen, de conformidad con el informe de la ponencia por 16 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones.

Se han presentado votos particulares a este dictamen para el mantenimiento de los 5 vetos, y respecto a las enmiendas se mantienen las siguientes: de los senadores Fuster Muniesa, Ibarz Ibarz y Santos Fernández, las enmiendas 89 a 91 y 94 a 96; del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, las enmiendas 48 y 49; de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, las enmiendas 2, 3, 6 a 33, 39 a 46, 52 y 53; del senador Martínez Oblanca, las enmiendas 54 a 75, 77 a 81 y 83 a 87; del Grupo Parlamentario Socialista, las enmiendas 199 a 204 y 207 a 215; del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, las enmiendas 98 a 101, 104 a 128, 130 a 137 y 139 a 147; del Grupo Parlamentario Entesa, las enmiendas 149 y 152 a 165; y, por último, del senador Guillot Miravet, las enmiendas 166 a 168 y 170 a 197.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz.

Para la presentación de los tres proyectos de ley, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señorías, es para mí un honor representar al Gobierno en la presentación de los proyectos de ley en su paso por esta Cámara que el senador Sanz ha relatado.

Tengo que advertirles que, dado que está prevista la votación de las enmiendas parciales de los presupuestos generales del Estado en el Congreso de los Diputados, después de la presentación no me podré quedar al desarrollo de los vetos porque he de votar en mi condición de diputado y, obviamente, como representante del Gobierno en el Proyecto de Ley de presupuestos generales del Estado para el año 2015.

Esta reforma incluye el Proyecto de Ley que modifica la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el texto refundido de la Ley del impuesto sobre la renta de no residentes, y otras normas tributarias, además del Proyecto de Ley del impuesto sobre sociedades y asimismo del Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley del impuesto sobre el valor añadido, la Ley de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias y la Ley por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.

La reforma se ampliará próximamente con otras modificaciones legales, incluidas las de la Ley general tributaria y el Estatuto de la propia Agencia Tributaria del Estado, pero los textos que traemos hoy aquí tienen en sí mismos gran relevancia porque van a contribuir de manera decisiva a profundizar en la recuperación de la economía española. Por eso, el Gobierno inició su tramitación parlamentaria el pasado mes de septiembre, con el objetivo de que beneficiar a todos los ciudadanos a partir del 1 de enero del año 2015.

Esta iniciativa del Gobierno no es de ninguna manera una reforma que irrumpa de manera aislada al final de legislatura para dar respuesta a una determinada coyuntura económica y, muchos menos, para tratar de contrarrestar o cimentar otro tipo de medidas, como es siempre apostar por algo tan favorable como rebajar los impuestos. Es una iniciativa del Gobierno que tiene todo su sentido una vez que durante estos tres años de legislatura hemos demandado un gran esfuerzo y un gran sacrificio a los ciudadanos, que ahora estamos en condiciones de devolver, cada vez de manera más completa.




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La reforma fiscal representa, por tanto, un eslabón más de la política general, de la política económica que hemos ido desarrollando en esta legislatura —podríamos, incluso, llamarla, como si fuere un broche final, de coherencia—, que abunda en medidas que ya han sido implantadas a lo largo de los tres años anteriores y que han tenido como principios filosóficos el desendeudamiento externo de nuestra economía, el control del déficit público, potenciar el emprendimiento, especialmente de autónomos y pymes, la progresividad, la equidad en el pago de los impuestos, el fortalecimiento financiero de nuestras empresas y de su competitividad y la financiación de las políticas sociales para el correcto sostenimiento del Estado de bienestar, todo ello con el objetivo final de recuperar el crecimiento económico y la creación de empleo —objetivo que está siendo cada vez más cierto y más seguro—.

Permítanme recordar brevemente que el Gobierno fundó esta reforma tributaria en una comisión de expertos convocada al efecto, que, como es conocido suficientemente, trabajó —debemos agradecer a todos su entrega, su esfuerzo en ese trabajo— y que se tradujo en una amplia serie de recomendaciones de transformación integral del sistema fiscal español, atendiendo a las mejores prácticas de fiscalidad internacional. A partir del diagnóstico de la comisión de expertos, y en línea con la oferta también de los organismos internacionales, las recomendaciones se encaminaban a mejorar la flexibilidad y la eficiencia de la economía, a mejorar su competitividad, su capacidad de generar ahorro interno y al aumento del empleo, así como a contribuir al proceso de consolidación fiscal. En concreto, eran propuestas relativas a mejorar el peso de la imposición indirecta en la recaudación total, a la reducción en la cuantía y al número de los beneficios fiscales —especialmente las ligadas al impuesto sobre sociedades— y siempre pensando en el proceso de desapalancamiento del sector privado, del sector empresarial; a una reforma de la fiscalidad patrimonial, a la reducción de las cotizaciones sociales y, desde luego, como no puede ser de otra manera, a enfatizar la lucha contra el fraude.

A partir de esta propuesta el Gobierno elaboró su propio proyecto, porque suya es la responsabilidad política de la reforma, pero respetó y asumió partes fundamentales de las recomendaciones del comité de expertos, así como partes fundamentales de las recomendaciones de los organismos internacionales para que ese elenco de medidas tributarias —que tengo el honor de presentar en el Senado de España esta tarde— respondan a un todo coherente, a un todo técnicamente —decía— sólido, y que permita también favorecer la economía, a todos los españoles, pero especialmente a los sectores de población con rentas medias y bajas.

Teníamos que acometer una bajada de impuestos, pero empezando por la bajada de los impuestos sobre el trabajo asalariado y la retirada de los incentivos fiscales y financieros para favorecer el desendeudamiento de nuestras empresas y también promover el saneamiento de los balances empresariales y aumentar el valor de las empresas. Estamos, pues, ante una reforma cuya última motivación es impulsar la creación de empleo a través de la reducción de la fiscalidad sobre las rentas del trabajo y mejorar la competitividad de nuestras empresas. Es una reforma orientada a dinamizar el crecimiento, modernizando el sistema tributario para favorecer el ahorro y la inversión, una reforma que va a construir un sistema fiscal más sencillo y más justo, más equitativo, y que se va a desarrollar plenamente a medio plazo ya que la profundidad de las medidas que se proponen y el importe que supone la rebaja fiscal nos ha aconsejado actuar con prudencia e implantarla en 2 etapas: en el año 2015 y en el año 2016. Es una reforma que propone una tributación menor a las rentas bajas y medias, y crea nuevas ayudas para las familias con hijos y para las personas con discapacidad. Y es una reforma decidida en el avance y la persecución del fraude fiscal que tan notables registros está consiguiendo en estos dos últimos años y que espera cosechar importantes resultados en lo que resta de legislatura.

El Gobierno va a bajar los impuestos a los españoles y esta decisión va a favorecer a cada contribuyente de manera individual, a los trabajadores, a las familias y a las empresas, al mismo tiempo que va a mejorar nuestras expectativas económicas como nación. A partir de su entrada en vigor habrá más dinero en circulación y crecerán la inversión y el consumo. Con esta reforma el Gobierno devuelve a la sociedad el sacrificio y el esfuerzo realizados para sacar al país de la crisis y facilita los instrumentos de ahorro a ciudadanos y empresas para que unos y otras no sean tan vulnerables a las consecuencias del cambio del ciclo económico, ni tan dependientes de la financiación de los recursos externos.




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Decía en mi introducción que los proyectos de ley que debatimos esta tarde van en la misma línea que la política económica general que hemos marcado desde el comienzo de esta legislatura y que ha estado jalonada por otras reformas estructurales de gran calado, como la que hoy traemos al Senado.

Cuando ganamos las elecciones —hace casi tres años—, España atravesaba el peor momento de la crisis, el peor momento de la peor de las crisis; la crisis más dura que hemos vivido en términos de destrucción de empleo, la crisis más dura para millones de familias que vieron amenazada su estabilidad económica; la crisis más dura para millones de autónomos que han luchado sin desmayo por sostener abiertos sus negocios; la crisis más dura para las empresas españolas, muchas de las cuales han tenido que cerrar o adoptar decisiones traumáticas en sus plantillas, incapaces de hacer frente a la adversidad. Del camino que elegimos aquellos días —desde el comienzo— dependía que nuestra economía terminara de hundirse o que saliera a flote. La mayoría de los analistas —y hoy se vuelven a publicar informes de inversores internacionales importantes— reconocen el acierto de España en la toma de decisiones políticas, en las reformas estructurales que hemos adoptado: acierto al identificar que nuestro problema era la deuda externa y que el déficit público era un gran lastre para nuestro país y al decidir que solo corrigiendo ambos, acometiendo esa circunstancia con reformas estructurales, íbamos a ser capaces de cambiar el rumbo de los acontecimientos. Y efectivamente, desde entonces a acá las grandes empresas y grupos realmente han hecho la mayor contribución al incremento de recaudación que vivimos en esta legislatura, de prácticamente 7000 millones de euros entre 2011 y 2013. (Tengo que recordar que de los 7000 millones de euros que hemos conseguido a través de subida de impuestos, más de la mitad viene del impuesto sobre sociedades, es decir, de grandes empresas, de grandes corporaciones que son las que han financiado ese incremento.) Entretanto, las pequeñas empresas, obviamente afectadas por la recesión económica, lo que han vivido es un descenso en la aportación a la financiación de sociedades, del orden de 400 millones de euros.

Con el IRPF ha pasado algo similar. Llegamos al Gobierno y encontramos un déficit público mucho más elevado del que se nos había informado oficialmente. Creamos el recargo transitorio sobre el gravamen del IRPF, y tengo que recordar que más del 74 % de la recaudación global del gravamen que se aplicó lo han aportado el 12 % del total de contribuyes que tienen bases superiores a los 30 000 euros. Es más, sobre 27 millones de contribuyentes que hay en España, 64 000 que ganan más de 150 000 euros al año y que representan el 0,25 % aportaron más del 20 % de la recaudación del gravamen. Por tanto, hemos hecho una subida del IRPF pero enormemente equitativa, justa. Y dijimos, por supuesto, que ese régimen del impuesto sobre la renta de las personas físicas iba a ser temporal, y ahora estamos trayendo una nueva Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas que va mucho más allá de lo que era dicho impuesto en el año 2011.

Estamos bajando los impuestos cuando en España la recaudación ya alcanza unos niveles parecidos, del orden del 38 % del PIB, a los que tuvimos en los años noventa y a comienzos de los años 2000, cuando los gobiernos anteriores del Partido Popular bajaban los impuestos y bajaban el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Por tanto, estamos aplicando ya la misma política tributaria que entonces, que era bajar los impuestos cuando los niveles de recaudación alcanzaban esas cotas, y de esa forma, al bajar los impuestos, estimulábamos la actividad económica, bajábamos y contribuíamos a incentivar el círculo virtuoso donde bajar impuestos equivalía a recaudar más puesto que estábamos ya en una fase de incremento de actividad económica, de crecimiento económico, de forma que manteniendo una presión fiscal constante entre el 38 y el 39 % de nuestro producto interior bruto, hacíamos una política de devolución de impuestos de considerable envergadura, magnitud que alimentaba el proceso de recuperación económica y la muy importante creación de empleo que vivimos durante toda esa época.

Ahora estamos empezando esa época de nuevo. Ahora es cuando realmente podemos y debemos hacer esa bajada de impuestos, que es, insisto, una bajada general, cuando también tenemos todas las herramientas para garantizar el rigor presupuestario, para garantizar la continuidad en la reducción del déficit público y, por descontado, para poder, decía, derivar también un ensanchamiento de bases imponibles a partir del aumento de actividad económica y de la consiguiente creación de empleo.




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La reforma fiscal, por tanto, que proponemos al Senado es una reforma fundamental para el alivio de la economía doméstica de los españoles, pero también es una reforma que abre ese nuevo horizonte que la crisis nos arrebató en términos de destrucción de puestos de trabajo; abre una oportunidad para las familias, para los autónomos y para las empresas, la oportunidad del crecimiento económico fuerte y mantenido, fortalecido en un entorno europeo como el actual, que sigue siendo un entorno difícil pero, como decía, es también realmente la reforma que necesitamos precisamente para estimular ese crecimiento económico y la creación de empleo.

Es, en suma, una fórmula, un instrumento para acelerar nuestra recuperación económica, algo que se merece la sociedad española que con su esfuerzo y sacrificio ha sostenido el Estado de bienestar y, por tanto, ahora debemos convertirla en protagonista del relanzamiento de nuestra economía, fomentando, alimentando sus decisiones de ahorro, inversión y consumo.

Pagar menos impuestos. Las empresas españolas han mejorado considerablemente su competitividad, entre otras cosas, gracias a la contención y a la reducción de los costes laborales por unidad de producción. La moderación salarial pactada por los agentes sociales y la reducción, la aplicación de las tarifas planas en las cotizaciones sociales, han puesto a nuestras empresas en una situación más mejorada y más competitiva, lo que está favoreciendo ya la creación de empleo desde umbrales de crecimiento económico no demasiado altos, como son los que estamos registrando actualmente. Además, la baja inflación permite mantener esa moderación en los salarios sin que nuestros trabajadores pierdan poder adquisitivo por culpa de los precios. Ahora, el Gobierno va a intervenir para mejorar los salarios a través de la política tributaria, rebajando los impuestos y las retenciones en las nóminas desde el 1 de enero de 2015. Un mayor sueldo supondrá un doble estímulo: a la productividad y al consumo, con los consiguientes efectos beneficiosos para el conjunto de la economía. La rebaja media en el impuesto sobre la renta será del 12,5 %, aunque ahora, como tendré ocasión de explicar, será mucho mayor para las rentas más bajas y menor para las más altas, ya que su seña de identidad es la progresividad.

Para hacernos una idea de lo que va a suponer esta bajada en el IRPF, les recuerdo que la primera reducción de este impuesto que acometió el Gobierno del Partido Popular en 1998, devolvió a los bolsillos de los españoles unos 5000 millones de euros. La segunda, en los años 2000, supuso una inyección de 3800 millones de euros. Y, ahora, la reforma que traemos al Senado en el IRPF, concretamente en los próximos dos años va a aportar 5900 millones de euros. El número de tramos de tarifa se reduce de 7 a 5, aplicándose el marginal máximo a los ingresos superiores a 60 000 euros. Este tipo marginal se situará en el 47 % en el año 2015 y en el 45 % en 2016, mientras que el mínimo baja al 20 % en 2015 y al 19 % en 2016. También se incluye una reducción progresiva en la tarifa del ahorro, de manera que rendimientos más bajos, de hasta 6000 euros, bajarán un punto el año que viene, hasta el 20 %, y otro más en 2016, hasta el 19 %. Hasta el año 2012, el resto de los tramos estaba gravado con un tipo único del 21 %. Con nuestra reforma se introduce la progresividad, de manera que los rendimientos, desde 6000 hasta 50 000 euros, tributarán al 22 % en 2015 y al 21 % en 2016. Y, los de más de 50 000 euros tendrán un tipo del 24 % en 2015 y del 23 % en 2016.

Señorías, el objetivo del Gobierno es que nuestras empresas compitan cada vez mejor. Es facilitar el crecimiento de esas empresas y estimular la creación de nuevos puestos de trabajo. Para ayudarlas, se propone la bajada del tipo impositivo en el impuesto sobre sociedades, hasta el 28 % en 2015 y hasta el 25 % en 2016. La unificación gradual del tipo general del 25 % contribuye a eliminar desincentivos entre tamaño de empresas.

Desde comienzos de legislatura, hemos introducido normas en el impuesto sobre sociedades que ya han tenido una excelente traducción en términos de desendeudamiento de nuestras empresas. Debo recordar aquí que, ciertamente, alcanza unas cifras, de acuerdo con la información del Banco de España, entre diciembre de 2011 y julio de 2014, del orden de 250 000 millones de euros en las sociedades no financieras y 100 000 millones de euros, de los hogares. Esta es una política muy positiva, la que necesitamos para superar definitivamente la crisis económica, y es la que están reconociendo los mercados, en términos de revalorizaciones de las cotizaciones bursátiles.

Lo que hacemos para la pequeña y mediana empresa, además de planteamientos relativos a seguir fomentando el desendeudamiento y el uso de los recursos propios frente a los ajenos a través de la creación de una nueva reserva en el impuesto sobre sociedades, que sería la reserva




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de capitalización, es añadir la propuesta de la creación de una segunda reserva, que sería la reserva de nivelación, cuyo uso permite rebajar para la pequeña y mediana empresa el tipo efectivo del impuesto sobre sociedades hasta prácticamente el umbral del 20 %.

Asimismo, quiero destacar que seguimos apoyando claramente a la I+D+i en el impuesto sobre sociedades, y las enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado suponen una mejora de la inversión en I+D+i, así como el fomento de la innovación tecnológica en términos de animación, de videojuegos. Quiero recordarles las mejoras que ya introdujimos en la Ley de emprendedores, pues incorporamos la monetización de incentivos fiscales para dar certeza a la recuperación y a la modificación del 40 % en las cotizaciones del personal investigador y la apuesta en deducciones fiscales por la pyme innovadora.

El nuevo tratamiento de rentas internacionales también es coherente con nuestro planteamiento en la fiscalidad empresarial. Solo voy a relatarles que, obviamente, la apuesta del Gobierno es no subir el IVA, puesto que el IVA y su recaudación está mejorando ahora como consecuencia de la mejora de su base imponible, el consumo, la demanda interna y, especialmente —y en seguida lo destacaré—, la demanda interna procedente del consumo, de las ventas de la pequeña y mediana empresa, o sea de los autónomos en nuestro país.

Los autónomos son una categoría especial dentro de nuestro tejido productivo y así han sido tratados por el Gobierno desde el comienzo de la legislatura, y baste citar, por ejemplo, el Plan de proveedores. Ahora, en este proyecto de ley hemos procedido a la bajada de las retenciones para los autónomos de menor renta, y ese es el camino que queremos seguir. De hecho, en el Senado se han propuesto reducciones muy significativas sobre la fiscalidad de nuestros autónomos. Debo agradecer y valorar iniciativas como este tipo de enmiendas que alimentan el impulso económico, la actividad económica de manera decidida.

El apoyo al emprendimiento ya tuvo acogida en lo que fue —y lo recuerdo otra vez— la Ley de emprendedores, y ahora también lo hacemos con las rentas procedentes de determinados activos intangibles o patent box. Por tanto, vamos mejorando claramente en términos de estímulo de ese tipo de generación de actividad que tan beneficiosa es para nuestra economía y para la innovación tecnológica en general.

El fomento del ahorro de ciudadanos y empresas es otra de las grandes guías conductoras de la reforma tributaria, y aquí, en el Senado, han sido muchas y variadas las enmiendas que se han presentado precisamente para favorecer la formación de vehículos de ahorro para las personas mayores, de generación, de lo que llamamos rentas vitalicias. En definitiva, se trata de favorecer que las familias y las personas físicas puedan tener vehículos donde depositar el ahorro, fundamentalmente el ahorro a medio y largo plazo.

La equidad es una guía de todas las medidas que hemos adoptado en esta legislatura y vuelve a ser el gran referente de esta reforma tributaria. La rebaja final media para los 14,4 millones de contribuyentes con rentas inferiores a 24 000 euros, que son el 72 % del total, será del 23,47 %, y, para las rentas inferiores a 18 000 euros, 11, 6 millones de contribuyentes, que son el 58 % del total, la rebaja media será del 31,06 %. Esta equidad contrasta con el impuesto sobre la renta de las personas físicas que tuvo en vigor el último Gobierno socialista, donde el tipo mínimo recuerdo que en el año 2011 estaba en el 24 %, mientras que en 2015 va a quedar en el 20 % y en el 19 % en 2016; 5 puntos menos, por tanto, que en el anterior impuesto. Es óbice, pero nunca está de más recordar que el beneficio es para todos los contribuyentes, puesto que el tipo progresivo significa el recorrido de una escala, algo que a veces se ofrece en una explicación muy fácil, muy sencilla pero no es comprensible. Muchas veces entendemos el impuesto sobre la renta como si fuera de tipo único, en vez de verlo realmente como una escala progresiva, cuya progresividad arranca precisamente de los tramos menores, no del tramo superior y del nivel de renta donde se aplica el tramo superior. En algunas ocasiones necesitaríamos una pizarra pero la vida pública ya saben que está muy reñida con este tipo de explicaciones; eso es así. Por eso insisto en que lo que estamos mejorando es toda la escala de progresividad, radicada en el tipo mínimo de gravamen.

También es muy destacable la subida de los tipos mínimos personales y familiares y los mínimos por discapacidad. Estamos hablando de que después de llevar seis años congelados, estos mínimos personales, familiares y por discapacidad suben hasta un 32 %, o sea que la apuesta que hace la reforma por la familia es muy decidida, así como por las personas que tienen




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problemas de discapacidad. Además, hemos creado nuevas ayudas a las familias numerosas, doble para las familias numerosas de categoría especial y para las que tienen a su cargo hijos o descendientes dependientes con discapacidad. Son ayudas paralelas a las que ya existían, que ya creamos en la Ley del IRPF del año 2003 para la mujer trabajadora que es madre de hijos menores de 3 años, de modo que ahora extendemos esos 1200 euros anuales a cada una de esas situaciones de familias numerosas, de familias con personas con discapacidad. Estimamos que un total de 454 000 familias numerosas se beneficiarán de la nueva deducción, que será doble para 17 000 de ellas, que son de categoría especial, y la deducción por hijos con discapacidad afectará casi a 250 000 familias y otras 39 000 recibirán los 1200 euros anuales por atender a ascendientes con discapacidad.

La reforma fiscal, por tanto, también pretende lograr un avance en términos de cohesión social, como decía antes, estableciendo aquellos contenidos que conocen perfectamente sus señorías, pero déjenme que me refiera muy brevemente a la singularidad, a la capacidad, a la potencia que se da al mecenazgo, creando por primera vez la figura del micromecenazgo, que es nueva en nuestro país y que tanto va a ayudar a la cohesión social, a las ONG, con lo que favorecemos la fidelidad en esa contribución, esa donación anual. Por ejemplo, para un contribuyente del IRPF que realiza una donación anual de 150 euros a una ONG, como puede ser Cruz Roja o Cáritas, la deducción aplicable en la actualidad asciende a 37,5 euros, un 25 %. En 2015 serán 75 euros, un 50 % y en 2016 se elevará al 75 %: se deducirá 112,5 euros de los 150 donados.

Por tanto, eso es hacer política social; política social a través de las ONG. Todo lo demás son cosas que se escuchan, pero esto es hacer realidad una política de micromecenazgo, que se extiende, obviamente, porque las categorías de deducibilidad son las mismas para el ámbito cultural. Y junto a ello también quiero destacar la deducibilidad de las inversiones en producciones cinematográficas hasta situarse en el 20 %, tanto para el productor como para el coproductor financiero —este último hasta ahora solo disfrutaba de una deducción del 5 % y pasa al 20 %—. Y para los rodajes de productoras extranjeras en España creamos una nueva figura y la deducción llega hasta el 15 % de los gastos realizados en nuestro país.

La lucha contra el fraude fiscal es otra de las grandes condiciones de esta reforma fiscal. Quiero decirles que no es comprensible el incremento de recaudación que está teniendo lugar en nuestro país como consecuencia de la mejora de la actividad económica, porque no pueden ser explicados única, ni siquiera principalmente, por esa mejora de la actividad económica. Voy a citarles algunos datos relativos al mes de octubre sobre cómo va esa recaudación. En el mes de octubre, el crecimiento del IVA interanual se sitúa en el 8,2 %; en el caso de las pymes, los ingresos por IVA hasta octubre de 2014 sobre octubre de 2013 crecen al 8,1 %, comportamiento similar al que se observa en los ingresos por retenciones de pymes que también crecen en octubre sobre octubre el 8,4 %, y de los pagos fraccionados de empresarios individuales que crecen al 7,7 %.

Por tanto, evolución de recaudación que no se explica, evidentemente, por la actividad económica, por el crecimiento solo de los consumos y mucho menos por la inflación, que no existe. Estamos hablando de un cambio, un cambio económico real en España, porque si toda esta gente está pagando estos impuestos quiere decir que toda esta gente está vendiendo, está haciendo actividad económica, está contratando, se está desarrollando, por primera vez en nuestra crisis, haciéndose presente en términos de incremento de su recaudación. Por tanto, estamos viendo en datos la recuperación de la actividad económica, algo que, por otro lado, alguien, no sé quién, todavía a estas alturas pretende negar.

El esfuerzo por la lucha contra el fraude fiscal tiene que ser completo. Estamos reforzando los medios de la Agencia Tributaria e iremos informando sobre los avances que estamos teniendo en este año 2014, avances muy importantes en la lucha contra el fraude, que continúan sobre los efectos de la ley antifraude que aprobamos a finales del año 2012 y que están teniendo unos resultados desconocidos en la historia tributaria de nuestro país.

Señorías, aunque, obviamente, la explicación haya sido algo prolija, puesto que estamos ante reformas realmente importantes, acabo recabando el apoyo a una reforma que, sobre todo, es, y desde luego trata de serlo en el sentido más completo del término, justa. Este es el concepto que me gustaría resaltar para acabar la intervención el Gobierno esta tarde ante el Senado. Que sirva esta presentación para superar tantos prejuicios, prejuicios que no se corresponden con hechos, hechos que se miden en cifras, prejuicios que, obviamente, también es lógico, son objeto de




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debates públicos, de debates sociales. Yo invitaría a que, frente a un proyecto de reforma como este, se tuviera una iniciativa positiva, porque es mucho lo que está en juego, la apuesta que está en juego, cara al futuro. Y, aunque es comprensible también que no todos los grupos parlamentarios den su apoyo a la reforma, por lo menos, que lo hagan desde el convencimiento de fondo de que es una reforma que aspira a ser beneficiosa para los ciudadanos y para el país en su conjunto.

La política que ha desarrollado durante estos años el Gobierno, y que nos ha traído al actual escenario de recuperación, ha sido dura y esforzada, pero a estas alturas podemos decir que ha valido la pena sin duda, porque ahora somos más fuertes, ahora trabajamos en un escenario de crecimiento sostenido que se acercará al 2 % el próximo año, y planificamos nuestra política para crear empleo a corto, a medio y a largo plazo, y ha valido la pena, porque gracias a ese esfuerzo, además de controlar el déficit público, hemos podido hacer frente a nuestros compromisos financieros; hemos fortalecido financieramente a nuestras empresas, hemos podido sostener nuestro Estado de bienestar; hemos podido garantizar la financiación de los servicios públicos de los españoles con independencia de las administraciones que ejercen la gestión de esos servicios públicos, y hemos podido dar seguridad y garantía a todos los españoles, pero especialmente a nuestros mayores, a nuestros pensionistas para mantener su poder adquisitivo, y ahora estamos en condiciones de facilitar cada vez una mejor liquidez, no ya solo para nuestras administraciones públicas, sino también a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas y a todos aquellos a los que la crisis ha pasado una dura factura.

El Gobierno presenta ante el Senado una reforma que pretende avanzar en un sistema fiscal más justo, que trate a los ciudadanos con mayor equidad y progresividad; un sistema que reduzca la brecha de la fiscalidad del trabajo a través del IRPF y trate más equitativamente a los sectores que necesitan de mayor protección, a las personas con menores ingresos, a las familias y a las personas con discapacidad; un sistema que incentive a las empresas para capitalizarse y modernizarse con el objetivo de que crezca la inversión y la creación de empleo; un sistema que ponga más dinero en manos de los ciudadanos para estimular su consumo; un sistema que facilite el ahorro individual, y con él se incremente la tasa de ahorro de nuestro país.

Señoras y señores senadores, solicito desde esta tribuna su apoyo a la reforma fiscal que propone el Gobierno desde el convencimiento de que es el momento adecuado para una rebaja de impuestos a ciudadanos y empresas que afiance el crecimiento económico y acelere la creación de empleo. Durante tres años hemos desarrollado una política de estabilidad macroeconómica y reformas estructurales para sacar al país de la grave crisis en la que estaba sumido, y ahora, gracias al esfuerzo conjunto y solidario de todos los ciudadanos, estamos dejándola atrás. Por ello ahora es el momento de aprobar esta reforma fiscal que estamos convencidos de que va a marcar un antes y un después en la recuperación, porque sus efectos sobre la economía van a dar un nuevo impulso que permitirá que ya no haya una vuelta atrás, y por ello les pido su apoyo.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor ministro.

Iniciamos el debate de las propuestas de veto recordando a los señores portavoces que las presentadas a los 3 proyectos de ley se debatirán en un turno único, si bien la votación será individualizada para cada una de las leyes.

Para defender la propuesta de veto número 1, firmada por los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Aunque ya no esté en la sala, y para que conste en el Diario de Sesiones, quiero agradecer al ministro de Hacienda su presencia en esta Cámara —como es frecuente por su parte— para presentar los 3 proyectos de ley que vamos a debatir de forma conjunta; en todo caso, este agradecimiento no deja de ir acompañado de la manifestación de que su presencia deja en evidencia las constantes y frecuentes ausencias del resto de los miembros del Gobierno a la hora de presentar los proyectos de ley, sirva como ejemplo el proyecto de ley que precedió en el debate a los que ahora iniciamos.

Los senadores Mariscal y yo mismo formulamos una propuesta de veto a los 3 proyectos como impugnación del conjunto de la reforma fiscal; no es que supiéramos que se iba a producir un debate conjunto de los 3 vetos pero a partir del análisis de los mismos percibíamos el carácter




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unitario de la reforma fiscal que, además, de manera expresa se manifestaba en el preámbulo del proyecto de ley de reforma del IRPF y que se ratificaba con el hecho de que la tramitación parlamentaria de los 3 proyectos se realizara a la vez.(La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).

Por ello, hemos decidido —y ello encaja muy bien en el acuerdo de la Mesa de la Cámara de hacer un único debate de los vetos— sostener un mismo hilo argumental en los tres vetos que pasa por rechazar lo que entendemos es una voluntad político-legislativa única, la de reformar el sistema fiscal para favorecer esencialmente a las grandes empresas y a las rentas más altas, asumiendo para ello el riesgo, que entendemos nunca debe asumirse, de que padezca la capacidad recaudatoria del sistema, porque esta capacidad recaudatoria resulta imprescindible para sostener los servicios públicos esenciales y las prestaciones sociales.

Les recuerdo que, a pesar del optimismo que acaba de manifestar el señor ministro de Hacienda en torno al incremento de la recaudación en los últimos meses, antes de esta reforma empezamos el año 2014, es decir, cerramos el ejercicio 2013, con una recaudación de 15 000 millones por debajo de lo presupuestado, y que deberíamos recaudar unos 91 000 millones más para tener una presión fiscal equivalente a la presión fiscal media de la Unión Europea que, como muy bien saben sus señorías, representa el 39 % del PIB de la UE, mientras que en nuestro país la presión fiscal representa un 32,5 % del producto interior bruto. Si tuviéramos esa presión fiscal, en vez de afrontar una reforma que la hace aún más liviana, si tuviéramos la presión fiscal media de la Unión Europea, en vez de haber cerrado el ejercicio de 2013 con un saldo negativo de 72 597 millones se habría dado un superávit de 18 405 millones.

Con esta reforma, el sistema fiscal profundiza en la renuncia a jugar un papel de redistribución de la riqueza en el Estado en el que más se han incrementado las desigualdades, un país en el que la pobreza afecta casi al 30 % de los niños y a casi el 30 % de los mayores de 45 años; un país en el que los más ricos pasaron de tener,antes de la crisis, 5,7 veces más ingresos que los más pobres a tener ahora 7,2 veces más; es decir, un país en el que es urgente, imprescindible recuperar esa función de redistribución de la riqueza a través del sistema fiscal, y eso desde luego está muy lejos de los objetivos de estos 3 proyectos de reforma.

Con el paquete fiscal que acaba de presentar el señor Montoro, nos alejamos cada vez más de la exigencia constitucional de contar con una fiscalidad inspirada por los principios de justicia, igualdad y progresividad. Desde luego, se aleja cada vez más con estos proyectos cuando abunda en la tendencia a disminuir los impuestos directos, que son capaces de tener en cuenta la capacidad de pago de los contribuyentes a la hora de afrontarlos y, por el contrario, sigue apostando por aumentar el peso en la recaudación de los impuestos indirectos y de las tasas.

Con esta reforma no se hace ningún esfuerzo para combatir el fraude fiscal del que, como también saben sus señorías, son responsables en un 72 % las grandes empresas. Para defender esta reforma de impuestos —así lo acaba de hacer el señor Montoro—, argumentan que impulsará el consumo. Esto no deja de ser más que una expresión de fe. Veamos la realidad económica de nuestra sociedad después de siete años de crisis. Las rentas más bajas no se van a ver afectadas por la reforma del IRPF. Quienes tienen unos ingresos por debajo de los 12 000 euros no se van a ver beneficiados por esta reforma, en consecuencia, su capacidad de consumo seguirá siendo exactamente la misma. Precisamente, son las rentas más bajas las que contribuyen en un mayor porcentaje al consumo porque no tienen otro remedio, porque carecen de capacidad de ahorro.

Por tanto, si de verdad se quiere incrementar la capacidad de consumo de la sociedad española, a quienes deben aliviar la carga fiscal son a las rentas más bajas. Las rentas medias de nuestro país, las clases medias, después de estos siete años de crisis, están profundamente endeudas y, en consecuencia, cualquier liberación de recursos va a dirigirse más que al consumo, lógicamente, a reducir su situación de endeudamiento, y las rentas altas, que son beneficiadas por esta reforma fiscal, ya consumen todo lo que quieren porque pueden, porque disponen de recursos suficientes, y si se les liberan más recursos vía rebaja fiscal, dedicarán esos recursos liberados no al consumo sino a la especulación.

La argumentación del Gobierno sostiene que la pérdida de recaudación, que oscila entre 6 700 y 9 000 millones de euros, se compensará con la recuperación económica. De esto hablaremos seguramente con más detenimiento en el debate presupuestario, pero no me resisto a avanzar que esta recuperación económica, al menos para los trabajadores, es una recuperación económica




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low cost y, además, como también saben sus señorías porque son constantes las informaciones que emanan de organizaciones internacionales y agencias de calificación, hay claros indicios de ralentización en el conjunto de la Unión Europea. Y en nuestro país, como contrapeso a esos datos macroeconómicos positivos, sigue habiendo otros datos macroeconómicos que no lo son tanto. En los últimos meses, el paro registrado en el INEM ha aumentado, y continúan cayendo las ventas del comercio minorista. Esa no es la mejor base para pretender que la recaudación va a verse incrementada de forma muy notable como consecuencia del incremento del consumo. Negativo es el dato de la balanza de pagos; negativos son los datos que se derivan de las previsiones de la OCDE y del Fondo Monetario Internacional, que establecen unos niveles de crecimiento por debajo de las previsiones del Gobierno; negativo es el estancamiento de la zona euro; negativo es el menor crecimiento de las economías emergentes porque son nuestros clientes en el mercado exterior. Por eso, es poco previsible que las optimistas previsiones de incremento de la recaudación, que ha vuelto a ratificar hoy aquí el señor Montoro, se cumplan.

Ahora de forma muy rápida voy a hacer algunas referencias a los motivos concretos de veto a cada uno de los 3 proyectos. El veto al del impuesto sobre la renta de las personas físicas no afecta a esos 11,5 millones de no contribuyentes que ganan menos de 11 200 euros. Se amplía a 12 000, pero la repercusión de esta ampliación de 800 euros no va a ser en ningún caso notable porque no tributa.

La reducción del número de tramos reduce la progresividad que se ve aún más mermada por la reducción del tipo marginal que acompaña a esta reducción de tramos. Las rentas del capital siguen teniendo un trato privilegiado en relación con las del trabajo. Que a partir de 60 000 euros el tipo vaya a ser el mismo favorece sobremanera a quienes ingresan más de 300 000 euros, que son los que realmente van a notar en su bolsillo las consecuencias de esta reforma fiscal, quienes tienen unos ingresos superiores a los 300 000 euros.

Felizmente han paliado en el Congreso la cuestión del gravamen de la indemnización por despido, aunque nosotros seguimos estando dispuestos a establecer un debate sobre la materia y a tomar en cuenta otros parámetros a la hora de gravar las indemnizaciones más elevadas.

Rechazamos que los trabajadores extranjeros desplazados puedan tributar como no residentes a un 24 % los primeros 600 000 euros. Frente a esto tenemos propuestas alternativas, el mismo tratamiento para las rentas de capital que para las del trabajo, aplicación más rigurosa del delito fiscal y prohibición de la amnistía fiscal. En torno al delito fiscal les quiero recordar el debate que tuvimos aquí cuando explicamos que incrementar el umbral del nivel de defraudación para que se considerara delito fiscal era una mala decisión. Hoy lo ratifico. Planteamos como alternativa garantizar la progresividad fiscal del IRPF, manteniendo el incremento de gravamen de las rentas más altas. Pretendemos mantener ese recargo transitorio que en su día aprobó el Gobierno. Como alternativa propusimos una reforma del sistema de módulos, limitando su uso sectorial y temporalmente. Como alternativa, creemos que hay que acabar con incentivos fiscales que solo favorecen a los colectivos con más ingresos.

En relación con el veto al Proyecto del impuesto de sociedades creemos que se trata de una reforma que favorece fundamentalmente a las grandes empresas. La reducción del tipo al 25 % solo puede favorecer a estas, aunque luego haré referencia a ello, si en este momento están contribuyendo por un tipo efectivo muy inferior. ¿Por qué solo puede favorecer a las grandes empresas? Porque a día de hoy el 84 % de los declarantes se acogen al régimen de empresas de pequeña dimensión, lo que les permite aplicar ya el tipo del 25 % sobre los primeros 300 000 euros; es decir, para el 84 % de los declarantes del impuesto de sociedades, esta rebaja del 25 % no tiene ningún efecto ni ninguna consecuencia. Además, creemos que una vez más se insiste en un mensaje equivocado, que unas veces es que como no se cumple la ley la vamos a hacer más liviana para que se pueda cumplir, y otra, en este caso, que, como en virtud de diferentes artificios fiscales y mecanismos de elusión las grandes empresas no contribuyen con el 30 %, sino que lo hacen, según decía el señor Montoro, al 4 % antes de llegar ellos al Gobierno y al 8 % después, vamos a situar el tipo en el 25 %.Eso no es realista. O se acaba con los mecanismos de elusión o se acaba con ese otro aparataje y arquitectura de beneficios fiscales o seguirán tributando al 8 %, pongan ustedes el 25, el 16 o el 14, seguirán contribuyendo al 8 %.

Creemos que también contribuye a ayudar a las grandes empresas esa desaparición de los límites temporales para la reducción de bases imponibles negativas. Solo las grandes empresas




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pueden sostener en el tiempo una situación de esas características. Las pequeñas empresas, desgraciadamente, en dos o tres años desaparecen, nunca van a poder utilizar este mecanismo.

En este proyecto se reduce en 10 puntos el gravamen de las empresas que se dedican a la investigación y explotación de hidrocarburos. Ya sé que en su política energética hay que fomentar el fracking, hay que fomentar las prospecciones petrolíferas en las costas balear y canaria, pero ninguna razón que asista, desde la perspectiva de justicia fiscal y de búsqueda de una energía que no tenga impacto medioambiental, la proporción de medidas de estas características y a la vez se suprimen las deducciones por inversiones medioambientales contempladas en el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, a pesar de ser esta una herramienta eficaz para incentivar a las empresas a realizar inversiones en esta materia, por encima de lo que son las exigencias estrictamente legales.

No compartimos la regulación que el proyecto establece del régimen especial de las entidades de tenencia de valores extranjeros por ser este un mecanismo de elusión fiscal respecto de otros Estados, vuelvo a recordar al señor Juncker y al Gran Ducado de Luxemburgo, y porque, además, acaban suponiendo un foco de fraude también en nuestro país y rechazamos que no se aproveche para alterar el régimen fiscal de las sicav.

En relación con la reforma del proyecto del IVA y otras figuras fiscales, tengo que decir, en primer lugar, que hay que reconocer, y lo manifestó el señor Montoro y es cierto, que el proyecto no incluye las subidas del impuesto sobre el valor añadido que le reclamaba la troika y que vía transaccional se han acogido, lo reflejaba en la presentación del informe de la ponencia el portavoz del Grupo Popular en ese momento procesal, algunos de nuestros planteamientos de forma insuficiente, en mi opinión.

Estamos satisfechos de que se haya corregido el régimen de tributación de los entes públicos, dado que la redacción del proyecto iba a incrementar las dificultades de las empresas públicas dependientes de comunidades autónomas y de ayuntamientos por la repercusión en sus resultados del IVA no deducible. Pero no creemos que sea adecuado que no se haya aprovechado esta reforma para aprobar reducciones que entendemos imprescindibles en esta coyuntura de crisis y que se prefiera mantener ese injusto desequilibrio entre impuestos directos e indirectos, al que antes hacía referencia, a la hora de recaudar, que no se haya rebajado el consumo doméstico de electricidad y de gas o el transporte de viajeros, con la exclusión que nosotros planteamos siempre del aéreo o el famoso IVA cultural.

Se avanza insuficientemente en el acotamiento del régimen simplificado. En el caso de las actividades agrícolas, forestales y ganaderas, tenemos una enmienda al respecto y haré referencia luego a ello. Además, debiera haberse aprovechado para extender el ámbito de aplicación del régimen especial de criterio de caja, que eso sí reconocemos que ha sido una iniciativa positiva del Gobierno y que debiera de alcanzar a un número mayor de contribuyentes.

En relación con la reforma de la Ley de impuestos especiales, rechazamos el trato privilegiado al combustible de vuelos domésticos y el trato privilegiado a las embarcaciones de recreo, aeronaves de alquiler y lamentamos que no se aprovechase para favorecer fiscalmente a las energías renovables, a los vehículos eléctricos y que no se haya creado una figura específica en torno a los bienes suntuarios y como hay una enmienda, me detendré después brevemente en ello.

Muchas gracias, señorías.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 2, de la senadora Capella i Farré.

Tiene la palabra su señoría.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidenta. Buenas noches, señoras y señores senadores.

Señor ministro, aunque no esté presente en estos momentos, le agradezco que sea prácticamente el único ministro que se digna a pasar por el Senado para presentar las leyes que son objeto de su competencia. Por tanto, es bueno reconocer también cuando alguien hace méritos necesarios para cumplir con lo que toca hacer, aunque esto debería ser la regla general para todos los ministros.




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Hoy debatimos tres proyectos de ley que afectan al grueso del sistema tributario español, al impuesto sobre la renta de las personas físicas junto con el impuesto sobre la renta de los no residentes, el impuesto sobre el valor añadido, el régimen económico fiscal de Canarias, los impuestos especiales, determinadas medidas medioambientales y el impuesto sobre sociedades.

Con estas reformas legislativas, y alguna más que se pretende, se busca una reforma integral del sistema tributario español. El objetivo que se dice pretender —esto es lo que nos anuncia el Gobierno del Estado español con esta reforma— es reducir de forma generalizada la carga impositiva soportada por los contribuyentes y avanzar en lo que se conoce como términos de eficiencia, equidad y neutralidad. Sin embargo, no parece que las reformas planteadas permitan lograr tales objetivos. Con su reforma fiscal —lo ha dicho antes el señor Iglesias, que me ha precedido en el uso de la palabra— los más perjudicados son, de nuevo, quienes menos ingresos tienen, es decir, las clases medias y las pequeñas y medianas empresas, mientras que las más beneficiadas —y con ello no desvelo ningún secreto guardado— son, evidentemente, las rentas más altas y las grandes empresas.

Cuando se entra en el detalle de su reforma —de gran contenido, eso sí—, es decir, en la letra pequeña, la letra menuda, vemos que se presenta de forma compleja, sobre todo, para el sujeto pasivo porque parece una cosa pero es otra; parece favorable a la reducción de impuestos pero cuando se entra en el detalle, cuando se hace una proyección sobre la práctica se ve que no es así. Por un lado se reduce la escala del impuesto sobre la renta y el tipo general de sociedades, pero por otro lado desaparecen deducciones —alquileres, trabajo, etcétera—, o se reduce la posibilidad de rebajar el impuesto a través de los planes de pensiones, entre otras cosas. Ustedes agudizan aún más la tendencia actual de que los ricos, como decía, son cada vez más ricos y los que menos tienen son cada vez más pobres. Este es un plan preconcebido que aplican implacablemente en todos los ámbitos, y en el sistema tributario no podían dejar de hacerlo.

El presidente del Gobierno español, el señor Rajoy, afirmó hace muy poco que la reforma fiscal supondrá 9000 millones de euros más para los ciudadanos. En parte es cierto, con ello no dijo ninguna mentira, o en todo caso no faltó a la verdad. Lo que no dijo, ni dice, el señor Rajoy es que más de la mitad de este dinero será para las grandes empresas y multinacionales y para la ciudadanía que gana más de 60 000 euros al año. Tampoco dice el señor Rajoy que buena parte de estos 9000 millones de euros no los va a pagar el Estado, sino las comunidades autónomas, que son las competentes para llevar a cabo y realizar políticas sociales, educativas y sanitarias. Es decir, ustedes recortan de nuevo en políticas sociales que benefician a las clases populares para que ganen más las grandes empresas y las grandes fortunas, dando una vuelta más de tuerca, asfixiando un poco más a las comunidades autónomas, a las que de nuevo les recortan sus ingresos. De hecho, ni fueron ni han sido capaces de compartir equitativamente con ellas la subida que ya practicaron del impuesto sobre el valor añadido. Es más, mientras reducen los ingresos de las comunidades autónomas el Estado español sigue impunemente despilfarrando y aumentando el presupuesto militar. En lo que llevamos de este año 2014 el gasto militar ha aumentado en más de 2000 millones de euros; eso sí, debo decir que comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, como la Extremadura del señor Monago —fin de la cita y no continúo—, o la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha de la señora Cospedal ya han anunciado que igual que el Gobierno del señor Rajoy, también van a bajar los impuestos. Permitan que humilde e ingenuamente haga una pregunta: ¿acaso Extremadura, la Extremadura del señor Monago, y Castilla-La Mancha, la de la señora Cospedal, tienen excedente de ingresos? ¿Acaso no son dos comunidades autónomas receptoras de ingresos y, por tanto, receptoras de otras comunidades autónomas que aportan más que ellas?

La justificación neoliberal que defiende el Partido Popular es de sobra conocida. Bajando la presión fiscal a los que más tienen se producirá en las grandes empresas una mayor inversión para reactivar la economía. Esta es la receta neoliberal del Partido Popular que nos repiten hasta la saciedad. Pero permitan que les haga otra pregunta: ¿cómo se puede reactivar la economía, si con la subida de impuestos y con los recortes salariales está bajando de nuevo la capacidad económica de la mayoría de la población y, en consecuencia, también la demanda? Y una pregunta sencilla: ¿No se dan cuenta, señorías, de que es la demanda la que genera actividad económica y a la vez la que también genera ocupación? Lo que quieren los comerciantes es muy simple. Por ejemplo, a corto plazo los comerciantes no quieren tener más género en sus tiendas sino vender




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más, pero no pueden vender si la gente no tiene dinero para comprar, es evidente. La gente más pobre no puede ahorrar, lo decía también el senador Iglesias; lo gasta todo, lo reinvierte en la economía beneficiando al comerciante, al productor y a la vez directa o indirectamente al trabajador.

Su reforma fiscal, señor ministro —aunque ahora no esté aquí—, no es una reforma sino más de lo mismo. Mantiene la injusticia, y en especial la injusticia del gravamen sobre los rendimientos del trabajo. Una vez más gravan los rendimientos del trabajo y gravan poco los rendimientos del capital. Castigan a quien trabaja y tiene la capacidad de sacarnos de la crisis mientras benefician al especulador que, precisamente, fue quien nos metió en ella.

Una verdadera reforma fiscal es aquella que convierte el sistema fiscal en progresivo, es decir, que paguen los que más tienen y paguen menos los que tienen menos, que los que especulen paguen más y que los que producen paguen menos. Una verdadera reforma fiscal es aquella que mantiene un IVA reducido para los productos esenciales —cultura, educación, servicios sanitarios—, mientras que también crea un IVA para el lujo. Porque es injusto que comprar maquinaria agrícola o ganadera, por ejemplo, tribute más que comprar un coche de lujo de alta gama.

Pero, además —y acabo—, una verdadera reforma fiscal en pleno siglo XXI es aquella que internaliza los costes medioambientales, es decir, que quien contamina paga, y a quien se esfuerza por no contaminar, a quien se esfuerza por reutilizar, por reciclar, de alguna manera se le premia, pero no porque no contamine sino porque contribuye al cambio de modelo productivo porque está invirtiendo en el futuro. Porque el modelo productivo de futuro no es aquel que está en contradicción con la naturaleza y la depreda sino aquel que la respeta y hace que sea sostenible.

Por estos motivos y por muchísimos más nosotros hemos presentado veto a las tres leyes que hoy debatimos. Asimismo anunciamos ya que apoyaremos los vetos del resto de grupos parlamentarios y que, como es evidente, no votaremos favorablemente a ninguno de los 3 proyectos de ley que se presentan hoy en este Pleno.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 3, de los senadores Guillot y Saura.

Tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Señora presidenta, señorías, si tuviera que resumir mi opinión sobre la reforma que nos ha presentado el ministro Montoro lo haría parafraseando a Krugman: Con su reforma fiscal, la desigualdad después de impuestos va a aumentar más que antes de impuestos. Voy a intentar justificar esta afirmación en mi exposición.

Hoy, de forma agrupada —creo que es conveniente hacerlo así porque al final todo tiene una misma lógica—, vamos a discutir los 3 proyectos de ley que atañen todos a política fiscal. Discutiremos sobre el IVA, sobre impuestos sobre sociedades, IRPF, sobre otras modalidades fiscales etcétera. Sobre fiscalidad ambiental discutiremos poco, y lo poco que discutiremos, malo, y también discutiremos sobre el régimen económico y fiscal de Canarias y sobre otras medidas tributarias y financieras.

Es, pues, este veto que defiendo en nombre del senador Saura y mío y en representación de Iniciativa per Catalunya Verds, una enmienda a la totalidad a la política fiscal de este Gobierno. A mediados de noviembre de 2014 volvemos a discutir reformas parciales de nuestro sistema fiscal. Se van acumulando. El propio ministro Montoro nos ha anunciado en su presentación de este paquete legislativo que está pendiente de presentar una más: la reforma de la Ley general tributaria. Señalo la fecha de debate para denunciar los retrasos y parcialidades con que este Gobierno ha afrontado uno de los principales retos que tiene todo el país con dificultades financieras, abultado déficit público y deuda disparada y abordar con decisión el incremento de los ingresos planteando una reforma fiscal completa y profunda. No ha sido así. El principal objetivo de este Gobierno ha sido recortar el gasto, y no aumentar los ingresos, lo que ha tenido efectos devastadores en nuestro Estado de bienestar y ha impedido liberar recursos para reactivar la economía.




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Era necesaria desde el primer momento una expansión fiscal que permitiera la financiación de la deuda y, a su vez, reducir el déficit. Y ¿cuál es el escenario fiscal español? La presión fiscal en España está entre 7 y 8 puntos por debajo de la media de la Unión Europea.

En la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2015, las previsiones del Gobierno calculan unos ingresos tributarios de unos 186 000 millones de euros, unos 10 000 millones de euros más que en 2014. El 32 % de los ingresos provendrán de la recaudación del IVA, y el 39 %, del IRPF; y el impuesto sobre sociedades va a aportar el 12,6 % de los ingresos, 1,6 puntos superior a los ingresos de 2014 y será soportado básicamente por las pequeñas y medianas empresas. Les daré un dato para validar esta última afirmación y es que en 2011 las pymes aportaron el 76 % de todos los ingresos por el impuesto sobre sociedades, y las grandes empresas, el 24 %. Dicho de otro modo, el 60 % de los beneficios del sector empresarial lo generaron las grandes empresas, y solo aportaron el 24 % de la recaudación de dicho impuesto. Les pondré un ejemplo concreto: en 2012, al BBVA, con 2111 millones de euros de beneficio total del grupo consolidado, le salieron 217 millones de euros a su favor en la liquidación del impuesto sobre sociedades; es decir, que el Estado le devolvió dinero.

Leyendo los datos que nos da el Gobierno en la memoria de los Presupuestos Generales del Estado, se puede afirmar que el grueso de la recaudación proviene de las rentas del trabajo y del consumo, y no de las rentas del capital ni de los beneficios de las empresas.

Nuestro sistema fiscal no es progresivo, no paga más quien más tiene, por lo que no es equitativo. Los sacrificios realizados por la sociedad, a los que tanto apela el Partido Popular, no los han realizado todos; las grandes fortunas y las grandes empresas no solo no los han realizado sino que están saliendo enriquecidas de esta crisis. Les recuerdo que el 87 % de los ciudadanos, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, considera injusto nuestro sistema tributario.

La actual fiscalidad en España es el fiel reflejo de la connivencia entre los culpables de la crisis: las élites económicas y el poder político. Ustedes legislan a favor de los poderosos, y les pondré 2 ejemplos: en el impuesto sobre depósitos bancarios plantean un irrisorio 0,03 %, 10 veces menos que los gravámenes propuestos por determinadas comunidades autónomas; y en el impuesto sobre las transacciones financieras internacionales, España, Italia y Francia están intentando limitar los productos financieros que estarían sujetos a gravamen por este impuesto, dejando fuera los derivados, con lo que España dejaría de ingresar unos 4000 millones de euros al año. Señorías, lamentablemente, el Gobierno del Partido Popular siempre está al lado de los bancos.

En España, la economía sumergida alcanza el 24,6 % del PIB, unos 253 000 millones de euros, lo que ocasiona unas pérdidas de recaudación, entre impuestos y cotizaciones sociales, de unos 90 000 millones de euros. El fraude fiscal representa unos 60 000 millones de euros y el 72 % de este lo protagonizan las grandes fortunas y corporaciones. Las grandes empresas pagan un tipo medio efectivo que hoy es del 5,3 %, y cerrará 2014, según el ministro Montoro, en el 9 %. Y les recuerdo que el nominal es de 30 %. ¿Es esto justo? No. Nuestro sistema fiscal es ineficiente, insisto, y regresivo.

La lucha contra el fraude fiscal ha empeorado en 2013 respecto a 2012. La recaudación en la lucha contra el fraude fiscal en 2013 fue de 10 950 millones de euros; es decir, 567 millones de euros menos que en 2012. Por primera vez en veintitrés años recaudamos en la lucha contra el fraude menos que en el año anterior.

Según los datos de la OCDE, en España hay un empleado de Hacienda por cada 1958 contribuyentes; en Alemania, con una tasa de economía sumergida que es la mitad de la española, hay un trabajador por cada 740 contribuyentes. La misma OCDE opina que para equiparar la Administración tributaria española con la media europea se necesitarían 26 718 nuevos funcionarios a medio y largo plazo. Por otra parte, tenemos una agencia tributaria con escasa dotación para perseguir el fraude de las grandes fortunas; fraude, como decía antes, que se calcula en el 72 % del total. Lo paradójico es que el 80 % de los esfuerzos de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude se dedica a pequeñas y medianas empresas y a ciudadanos medios.

Señorías, el objetivo de la reforma fiscal debería ser crear un sistema fiscal suficiente, justo y legitimado socialmente; una reforma fiscal justa y equitativa en el reparto de las cargas, con impuestos progresivos, donde pague más quien más tiene, reforzando el peso relativo de los impuestos directos sobre la renta y patrimonio y reduciendo el de los indirectos sobre el consumo, donde se paga por igual con independencia del nivel de renta de las personas.




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Al revés de lo que viene haciendo este Gobierno con sus parciales reformas fiscales, la lógica del debate debería ser: primero, definir qué tipo de sociedad queremos para determinar después el marco fiscal necesario. Ustedes, señorías del Grupo Popular, hacen lo contrario: fijan primero la política fiscal para definir después el alcance de las políticas públicas. Hoy no discutimos una reforma integral sino, sobre todo, una rebaja de tipos, especialmente en el IRPF. Estamos frente a una añagaza fiscal con fines electoralistas. Ni España se puede permitir estas rebajas de impuestos, especialmente entre las rentas altas y muy altas, ni esta reducción de la tributación fiscal va ayudar al incremento del consumo, a la reactivación económica, ni a la creación de empleo. La justificación del Gobierno de esta reforma es que lo que ahora se dejará de ingresar se recuperará con la reactivación económica, la reducción de los intereses de la deuda y el ahorro en las prestaciones por desempleo. La verdad es que suena un poco al cuento de la lechera.

Señorías, nuestra recuperación es endeble y está sujeta a la evolución de las economías de nuestro entorno y a otros factores externos. Les quiero recordar lo que dice el Fondo Monetario Internacional: estancamiento en la Eurozona y débiles previsiones de crecimiento. Previsiones perturbadoras en cuanto que estamos instalados en una crisis de deuda. El desapalancamiento se realiza a un ritmo lento, puesto que el PIB nominal crece menos que la deuda; repito, el PIB nominal crece menos que la deuda. Existe un peligro real, nos dicen los expertos, de instalarnos en una situación de estancamiento secular, cuyas consecuencias son: desempleo elevado y duradero, crecimiento de la pobreza, reducción de los salarios nominales y reales, una fuerte y persistente carga de la deuda y unos servicios sociales cada vez más deficientes.

¿Es aventurado rebajar impuestos con estos peligros? ¿Está garantizado el crecimiento, la creación de empleo y un mayor consumo interno? No, y no creo que sea prudente lo que plantea el Gobierno del Partido Popular con estas leyes, con estas rebajas, ni acertado ni conveniente. Pero, aun si las previsiones del Gobierno se cumplieran, no creo que lo más adecuado sea destinar íntegramente los nuevos ingresos, o los menores gastos, a rebajas fiscales, y más con una realidad marcada por el paro, la pobreza y la exclusión, falta de protección social, deterioro del Estado de bienestar y de los servicios públicos esenciales, así como por la necesidad de liberar recursos para estimular la economía y crear empleo. ¿No sería, por ejemplo, más positivo a corto y largo plazo pasar del actual 37,5 del PIB, que representan los ingresos totales de las administraciones públicas, al 47 % de la media europea?

Y respecto al estímulo de la demanda interna y la actividad económica que van a suponer estas bajadas de impuestos, permítame también reiterar mis reservas. En primer lugar, ¿qué van a hacer las rentas altas —lo decía antes el senador Iglesias—, a las que ustedes rebajan impuestos, con este dinero que se les va a liberar? Consumir más, no. Lo destinarán, como demuestran todos los estudios, a la especulación financiera. ¿O de dónde creen ustedes que sale la burbuja bursátil que se está gestando? ¿Qué pasará con los tramos intermedios, que recuperaron un poquito de dinero? Incrementar el consumo, no; devolverán deudas, se desapalancarán. A las rentas bajas no les afecta esa reforma.

El señor Montoro hablaba en el Congreso de 12 millones de beneficiados. Señorías, seamos claros: desde el año 2010 los ciudadanos que ganaban menos de 11 121 euros al año ya no tributaban. Subir los ingresos a 12 000 euros al año para no tributar —su propuesta— favorece a 402 000 nuevas personas; los restantes 11 600 000 ciudadanos ya no tributan. Si realmente están preocupados por estimular el consumo reduzcan el IVA, especialmente en los productos de mayor necesidad. Si realmente quieren que las rentas bajas no se vean afectadas por las disminuciones del IRPF, saquen provecho de esta reforma, reduzcan el IVA, impuesto indirecto que se paga por igual, independientemente de los niveles de renta.

¿Quieren consumo? Suban los salarios. ¿Quieren consumo? Descongelen el salario mínimo interprofesional, y así amplios sectores de la sociedad recuperan poder adquisitivo y podrán consumir. Señorías, también les pregunto si estas rebajas impositivas permitirán cumplir con los objetivos del déficit. ¿Habrá que ir a más recortes? ¿No volverán a incrementar el IVA después de las elecciones?

En la España en crisis se ha producido un incremento de la desigualdad entre las rentas: mientras las personas que viven en la pobreza alcanzan ya los 9,8 millones —de ellos 3 millones de niños y niñas—, se concentra y multiplica la riqueza en pocas manos. Con esta reforma fiscal del Partido Popular se estima que se dejarán de ingresar unos 9000 millones de euros, de ellos




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unos 2600 millones se los ahorrarán las grandes empresas, corporaciones y multinacionales como consecuencia de la rebaja en el impuesto sobre sociedades, el resto será ahorro del IRPF, del que más de la mitad irá a los bolsillos de los contribuyentes con rentas de más de 60 000 euros, que representan el 3,5 % de los contribuyentes. Las rentas de menos de 12 000 euros anuales no cotizarán el IRPF, por lo que no recibirán ningún euro. Al no cotizar, quedarán excluidas de las prestaciones por descendientes. Y otra sinrazón de esta reforma es que las deducciones para familias con hijos dependientes con discapacidad, para familias con ascendientes dependientes y para familias numerosas no alcanzarán a las personas desempleadas. Las clases medias se quedarán más o menos en la misma situación.

¿A quién perjudica esta reforma? Al conjunto de la sociedad, especialmente al Estado y a su capacidad de operar como garante de derechos y proveedor de servicios públicos. Señorías, con esta reforma el IRPF pierde progresividad; con su rebaja, el peso de los impuestos indirectos en nuestro sistema fiscal se incrementará. Con su reforma se refuerzan los privilegios de los rendimientos del capital, incluso la especulación sobre el ahorro. Quienes obtengan elevados rendimientos por dividendos pagarán lo mismo que una familia trabajadora de renta media. Además, las rentas del capital quedan en muchas ocasiones casi desfiscalizadas al recurrir a figuras de inversión, tipo las sicav o las empresas de tenencia de valores, figuras de elusión fiscal que esta reforma no toca. Lo justo hubiera sido reformar la tributación de las rentas de capital y hacerla homogénea y equitativa con el gravamen de las rentas salariales, eliminar el actual sistema dual de tratamiento de rentas en el IRPF. En resumen, los más pobres no están contemplados en esta reforma fiscal y sí quedarán perjudicados por los recortes en políticas sociales; las rentas medias serán las que soporten el mayor esfuerzo recaudador, y los más ricos obtendrán un doble beneficio, caída de hasta 7 puntos en los tipos de IRPF más la rebaja en 4 puntos para los rendimientos del capital.

Los impuestos indirectos, especialmente el IVA, se mantienen en los niveles de incrementos que aplicó este Gobierno. No hay un tratamiento específico para los productos básicos, por lo que se sigue penalizando a las rentas más bajas. Por otra parte no hay que olvidar que la troika sigue presionando para aumentar los tipos de IVA en España. Y mucho me temo, vista la docilidad de este Gobierno con los dictados de la troika, que esto acabará pasando.

Respecto a la reforma del impuesto sobre sociedades, un último comentario: nuestro criterio, el del senador Saura y el mío, hubiera sido acercar el tipo efectivo al tipo nominal, no a la inversa, antes de plantearse ninguna rebaja en los tipos.

Voy terminando, señora presidenta. También quiero expresar la preocupación sobre la financiación autonómica, que depende principalmente del IRPF. ¿Cómo se compensará la pérdida de recaudación de las comunidades autónomas por IRPF? Un misterio. Por otro lado, con este Gobierno la fiscalidad verde ni está ni se la espera.

La política fiscal, no lo podemos olvidar, es el principal instrumento de redistribución de la riqueza. Los impuestos progresivos son los que garantizan la equidad social. Con los impuestos mantenemos la imprescindible cohesión social que fundamenta nuestra democracia. Toda sociedad avanzada, basada en la igualdad de oportunidades y en la meritocracia, dispone de un sistema fiscal progresivo, contempla impuestos como los de patrimonio, herencias y sucesiones, que contribuyen a contener la acumulación de riqueza y, por tanto, la desigualdad de la renta. Su reforma es parcial e injusta, incrementará la inequidad de nuestro sistema tributario y traerá una disminución de los ingresos que se traducirá en menos inversión y peores servicios públicos. Plantear una rebaja de impuestos, como hacen ustedes, con un afán electoralista, señorías, es una gran estafa, lo es tanto a nivel estatal como autonómico.

¿Por qué dejar de ingresar tantos miles de millones de euros? ¿Por qué dejar de ingresar 9000 millones de euros? Reinviértanlos en sanidad, en educación, en dependencia, en cobertura de desempleo, en políticas activas de empleo, en lucha contra la pobreza. ¿O es que desconocen las difíciles circunstancias por las que atraviesan muchas personas y muchos hogares? Señorías, uno rebaja impuestos cuando le sobra el dinero, y no es nuestro caso, no es el caso de España, ni de Galicia, ni de Castilla-La Mancha, ni de la Comunidad de Madrid, ni de Extremadura, una Extremadura con casi un 30 % de paro.

Como les decía en mi intervención, con esta reforma fiscal que plantea el Partido Popular la desigualdad crece después de impuestos más deprisa que antes de impuestos.




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Es por ello que pido el voto a este veto, de la misma manera que anuncio que el senador Saura y yo votaremos a favor del resto de los vetos que se han presentado.

Gracias por su atención.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 4, de la senadora Almiñana, senadores Boya, Bruguera, Martí, Montilla, Sabaté y senadora Sequera.

Tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, el Partido Popular se presentó a las elecciones de hace tres años, como todos ustedes saben, con un programa donde se comprometía a bajar los interés y a reducir la presión fiscal a los españoles. Una vez ganada las elecciones descubrieron —seguramente eran los únicos que no lo sabían y no leían los informes de las instituciones económicas y de los analistas y solo creían en lo que decía Elena Salgado— que el déficit era superior al anunciado por el Gobierno y ¡oh sorpresa! tuvieron la excusa para incumplir ese compromiso. No solo no ha habido bajada impositiva sino que han subido prácticamente todos los impuestos.

Ahora se acercan las elecciones, primero las municipales y autonómicas y después las generales, y el Partido Popular, al que las encuestas auguran un fuerte retroceso, pretende que los españoles se olviden de sus incumplimientos presentándonos una minirreforma fiscal que le permita hacer campaña diciendo que ha cumplido sus compromisos. Lo que ocurre es que los españoles ya les conocen y valorarán también su herencia —ustedes que hablan de la herencia—, sus mentiras, los casos de corrupción no plenamente reconocidos de algunos de los suyos, el crecimiento de la desigualdad, los recortes y su incapacidad también para recuperar el dinamismo de la economía a una velocidad suficiente como para ser capaz de generar empleo de calidad. Señorías, estoy convencido de que esta vez los ciudadanos, que a veces pueden tener flaca memoria, se acordarán de todo esto. Por lo tanto, conviene que no menospreciemos su inteligencia, porque no es con grandes regalos fiscales a los que más ingresan, especialmente a las rentas de más de 300 000 euros, a los que se favorece, por ejemplo, con esta reforma, compensados con pequeños gestos a las rentas más bajas, como se contentará a la ciudadanía.

La inmensa mayoría de los ciudadanos después de su reforma continuará pagando más impuestos de los que pagaban en 2011, cuando ustedes accedieron al Gobierno; seguramente puede que en algún impuesto no, pero si miramos la globalidad, observamos que determinadas cosas que eran gratuitas hace unos años ahora no lo son. Los ciudadanos pagarán más impuestos.

Lo que ustedes nos presentan a discusión y aprobación no es en realidad una reforma fiscal, podemos hablar si acaso de una seudorreforma, que no es otra cosa que el fruto de sus necesidades electorales, pero no la reforma fiscal con mayúsculas que, desde luego, necesita España. Porque sí, señorías, existe un consenso bastante amplio de que después de más de una década de multitud de cambios normativos adoptados de manera aislada, en la mayoría de los casos la regulación legal de nuestro sistema impositivo ha acabado convirtiéndose en una maraña normativa carente de la mínima homogeneidad y consistencia técnica. Además, a partir del año 2008 la crisis económica ha puesto de relieve los serios problemas de los que adolecen la práctica totalidad de las figuras tributarias que conforman nuestro sistema, que ponen en evidencia su mayor problema: su débil capacidad recaudatoria, además de una percepción social cada vez más generalizada de incumplimiento en su aplicación.

Señorías, esta insuficiencia de recursos impositivos, unida a la necesidad de continuar un proceso de consolidación fiscal, hizo que el Gobierno del Partido Popular encontrara justificación adicional para sus subidas de impuestos, que se han venido a convertir en parches o en medidas coyunturales sin entrar adecuadamente en el fondo del problema.

Hace algo más de un año el Gobierno anunció su intención de proponer una reforma fiscal de contenido global. La Unión Europea ya había recomendado a España en julio del 2013 llevar a cabo una revisión sistemática del sistema tributario para marzo de 2014. La Comisión Europea ha vuelto a reiterar esta demanda el 2 de junio de este mismo año. Para ello, el ministerio nombró una comisión de expertos que en otoño del año pasado entregaría su informe al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Creo que el informe se acabó en el mes de enero o febrero. Yo no les hablaré del contenido de ese informe, de 400 páginas, porque no es objeto de este debate, porque




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no comparto muchas de las propuestas que en él se recogen y porque el Gobierno es el primero que ha dejado de lado la mayoría de las propuestas que los expertos designados por el ministerio formularon. Ni sus propuestas, ni un marco general alternativo. El Gobierno, tras prometer un objetivo que era loable, una reforma fiscal de carácter global, ha propuesto una auténtica chapuza, porque son unas medidas, unas propuestas coyunturales, que solo tienen el recorrido de lo que dure este Gobierno y su mayoría absoluta; o sea, según dicen las encuestas, más bien poca cosa y poco tiempo. Quien forme Gobierno tras las elecciones generales deberá abordar esa reforma fiscal global que España necesita para responder a los verdaderos retos del país. Uno de los retos es la mejora de la capacidad recaudatoria. Y lo que ustedes proponen no mejora la recaudación de nuestro sistema fiscal.

Sabemos, porque así lo reconoce el Gobierno, que su impacto en la recaudación detraerá del orden de 9000 millones de euros de ingresos al erario público. Dato bastante acertado, mucho más que el efecto —del que también hablan— de esos recursos en manos del contribuyente como supuesto elemento para ampliar la base fiscal, el consumo o la inversión. A este respecto conviene recordar que la Unión Europea exige a España que sitúe su déficit en el 4,2 % del PIB para el año 2015. Europa cree que España cumplirá su objetivo de déficit este año. Pero ustedes saben que tienen fundadas dudas de que se pueda cumplir el año que viene, y menos con estas medidas fiscales. Y así lo han puesto por escrito en sus informes.

La Comisión Europea, como ustedes saben, cifra el esfuerzo estructural que debe llevar a cabo España, eliminando los factores coyunturales de mejora o empeoramiento de la economía, en 2 puntos porcentuales el año que viene y en 1,25 puntos en 2016. Este esfuerzo, sumado a los 0,25 puntos de este año, es, señorías, un tijeretazo de 36 400 millones de euros en 3 ejercicios. Esa es la herencia que ustedes pueden dejar para que otros lo puedan abordar en la próxima legislatura. Porque, señorías, las cuentas no saldrán solo por el ensanchamiento de las bases imponibles, como ustedes propugnan; menos, si cabe, con las últimas estimaciones de crecimiento de la economía española y europea.

Con esta minirreforma fiscal los números no cuadrarán sin nuevos tijeretazos al gasto público, afectando al Estado del bienestar y a la necesidad de futuros ajustes adicionales. Y eso es algo que ustedes ocultan. Tardaron siete días desde que llegaron al Gobierno para subir los impuestos, en contra de lo que habían prometido, y han tardado tres años en traernos esta propuesta, que no es otra cosa que agravar los problemas que ya tiene la Hacienda pública. Y sobre todo hipotecan el futuro. Señorías, con estas medidas, las cuentas públicas saltarán por los aires en el año 2016, claro que yo entiendo que a ustedes solo les preocupan las elecciones, y las diversas elecciones son en el año 2015.

En definitiva, señorías, esta reforma no solo no incrementará la capacidad recaudatoria de nuestro sistema fiscal, sino que la puede reducir. La posible mejora se fía solamente al efecto que la misma pueda tener en el crecimiento y en la reducción del fraude fiscal. Ahora bien, ¿las propuestas contenidas en ella van a generar ganancia de eficiencia, van a potenciar el crecimiento y la generación de empleo? Francamente, yo creo que eso no va a ser así. El impacto sobre el incremento de la renta disponible será limitado, y es discutible que tenga efectos mínimamente considerables sobre el consumo y la inversión —sobre eso ya han hablado otros portavoces—, y, por tanto, sobre el crecimiento y el empleo, especialmente en un contexto también de incertidumbre, no solo económica, sino también política.

¿Acaso este proyecto de ley mejora el principio de justicia distributiva? Señorías, ustedes saben que en comparación con otros países de la OCDE, España presenta un nivel elevado de desigualdad de la renta disponible. Y el aumento de la desigualdad se ha acelerado en nuestro país desde la reciente crisis económica —no digo desde que llegó el Partido Popular al Gobierno, sino desde que empezó la reciente crisis económica— más que en la mayoría de los países desarrollados de nuestro entorno. Y las reformas que implican los 3 proyectos de ley objeto de este debate tendrán, a mi juicio, un impacto negativo sobre la capacidad redistributiva de nuestro sistema fiscal. Es decir, implicarán un aumento de la desigualdad de las renta tras su aplicación. ¿Por qué se mantiene un trato fiscal intrínsecamente diferente en las rentas en función de si estas tienen su origen en el trabajo o en los rendimientos del capital? ¿Por qué, si bien se rebaja el IRPF de manera sustancial a las rentas más bajas, son las superiores a 300 000 euros, que tributarán a igual tipo que las de 60 000 euros, las que salen especialmente beneficiadas? ¿Por qué los




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incrementos del IVA, aunque sean con la excusa de que nos obliga Bruselas, afectan a las personas al margen, como ustedes saben, de su nivel de renta?

¿Acaso estos proyectos de ley suponen una mejora en los costes y en la eficiencia de la gestión de la Administración tributaria? Yo creo que de ninguna manera. No suponen ni una simplificación ni una reestructuración de los textos legales de los impuestos; algo deseable, ya que permitiría una reducción del marco regulatorio del sistema tributario. Bien al contrario, ni simplifica ni reduce los supuestos, de tal modo que el sistema seguirá siendo poco sencillo y poco comprensible para los ciudadanos, a la vez que no comporta una reducción de costes de estricta gestión burocrática o administrativa, que permitiría además liberar recursos para destinarlos a la lucha contra el fraude.

¿Acaso este proyecto de ley supone una mejora de la autonomía tributaria de las comunidades autónomas? La respuesta es no, y ello a pesar de que una parte sustancial del gasto público está descentralizado y de que las comunidades autónomas han realizado un gran esfuerzo de reducción del déficit ajustando su gasto público. La autonomía financiera de las comunidades autónomas es muy reducida porque no hay correspondencia entre el nivel de asunción de responsabilidad en el gasto público y el nivel de autonomía para decidir sobre sus ingresos. Una pretendida reforma fiscal que ignore completamente este aspecto no es de recibo en el año 2014, salvo que se tenga en nula consideración el papel de las comunidades autónomas en nuestro sistema institucional.

Resumiendo, señorías, esta supuesta reforma que ustedes nos proponen no cumple los requisitos mínimos exigibles a la reforma fiscal que España necesita en estos momentos. En primer lugar, no mejora la capacidad recaudatoria de nuestro sistema fiscal —el senador Iglesias ha comparado en porcentajes la recaudación relacionándola con nuestro PIB y el de los países de la Unión Europea—, y en este sentido, esta reforma no nos ayuda a converger con Europa. En segundo lugar, esta reforma no ayudará al crecimiento y al empleo. En un contexto de incertidumbre, con un horizonte planteado por ustedes de reducción del gasto público, es una quimera pensar que estas medidas ayudarán a impulsar el consumo, la inversión y el empleo; es más, nos puede alejar de la senda de la consolidación fiscal. En tercer lugar, esta reforma no significa una más justa redistribución de la renta; por el contrario, hará que continúen creciendo las desigualdades. En cuarto lugar, tampoco significará una mejora de la eficacia y de los costes de gestión de nuestra Agencia Tributaria, ya que no se simplifican ni clarifican las figuras tributarias existentes y los procedimientos. Y en quinto lugar, tampoco aborda una cuestión fundamental al ignorar la estructura ampliamente descentralizada de nuestra arquitectura institucional. Las comunidades autónomas y las corporaciones locales están ausentes en esta reforma; seguirán siendo responsables de una parte del gasto pero no tendrán la autonomía que, al menos sobre una parte importante de sus ingresos, deberían tener.

Para terminar, el fraude fiscal merece una mención especial. Señorías, ¿hay algo que nos pueda hacer pensar que el fraude fiscal se reducirá después de la aprobación de estas 3 leyes? La reforma fiscal que necesita España no podría ignorar un elemento fundamental como es la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Los instrumentos normativos y los recursos humanos de la Administración tributaria española, como también se ha indicado por otros portavoces, son absolutamente insuficientes si los comparamos con los países de nuestro entorno.

Por último, cabe hablar de Europa, señorías, hoy más que nunca, especialmente después de conocer en los últimos días el escándalo que supone que Luxemburgo, un miembro de la Unión Europea y cuyo responsable máximo en aquel momento era el señor Juncker, hoy presidente de la Comisión Europea, haya propiciado la localización de empresas en su territorio, algunas de ellas establecidas en nuestro país, para que tributen a un tipo cuasi simbólico el impuesto sobre sociedades. Y eso es una vergüenza, señorías. Que quien tenga la paternidad de esta inmoralidad nos quiera dar lecciones de austeridad pienso que es inaceptable, porque mientras hacía aquel gesto tan ilustrativo, que ustedes recuerdan, al señor De Guindos, en realidad estaba trabajando precisamente para que empresas que tienen una parte de su actividad en España acaben tributando, no en España, sino en Luxemburgo a un tipo del 1 %.

A este respecto sería interesante saber qué piensa hacer el Gobierno español, si también es mirar para otro lado, porque, desde luego, el señor Juncker no es el personaje más apropiado para pilotar la Unión Europea en este periodo y pedir sacrificios a los demás. Y, por supuesto, si tuviera




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decencia, después de todo lo que se ha conocido estos días, lo que tendría que hacer sería presentar su dimisión.

Señorías, como pueden ver, todas las razones expuestas son motivo más que suficiente para presentar los vetos a los 3 proyectos de ley y solicitar su devolución. Evidentemente, explicaremos en cada uno de los proyectos las razones más motivadas, más concretas, así como el conjunto de enmiendas presentadas por parte de los senadores que hemos formulado estos vetos, en torno a un centenar, que de alguna manera pretenden plantear una alternativa a lo que figura en los textos que se nos someten a consideración.

Muchas gracias. (Aplausos.—El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, president Montilla.

Propuesta de veto número 5, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el senador Vázquez.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Señor presidente, señorías, el viernes 5 de julio de 2013 el Consejo de Ministros acordaba crear una comisión de expertos que abordara, según se decía, la revisión del sistema tributario. Profunda reforma fiscal, la llamó Rajoy. El llamado informe Lagares se presentó en marzo de este año y tuvo escasamente una semana de vida. Ya se encargó el señor Montoro de desautorizarlo a los pocos días: tiempo y dinero perdido una vez más.

Está claro —y coinciden en ello todos los analistas— que lo que el Gobierno ha enviado al Parlamento no pasa de ser un retoque electoralista del IRPF y el de sociedades. Veamos. En el IRPF lo que están intentando vender como una rebaja de impuestos apenas revierte a los contribuyentes la subida temporal —decían entonces—, de 2012 y 2013, que luego prolongaron también al 2014 y, lo que es peor, al final queda un impuesto sobre la renta bastante más regresivo. Dicen que las rentas inferiores a 12 000 euros al año no tributarán, lo cual es verdad, pero no dicen que ya no tributaban la inmensa mayoría de los contribuyentes que están en ese segmento, por lo que afectará a muy pocos: de los 12 millones, a unos 400 000, como ya se ha dicho. Las rentas bajas y medias recuperarán eso que se les quitó en 2012 por este Gobierno. Para las rentas medias, las que van entre los 20 000 y 34 000 euros, incluso se incrementa en 2015 el tipo del 30 al 31 %, aunque luego, en 2016, vuelva otra vez al 30 %, cuando en 2011 tributaban al 28 %. Por lo tanto, poco o nada ganan. A las rentas altas se les baja el tipo máximo del 52 al 45 %, y solo se crea un tramo a partir de 60 000 euros. Es decir, las rentas de más de 150 000, 300 000, 500 000 o algún millón de euros al año —que también las hay, y los conocemos incluso— son realmente las grandes beneficiadas de este impuesto. Un buen regalo se les hace con esta ley.

En cuanto a la elevación de los mínimos personales y familiares, que tanto venden como beneficiosos para muchas familias, la propia dinámica, el propio mecanismo del impuesto hace que sea una auténtica farsa, como bien saben y han denunciado los propios especialistas. A los autónomos, a esos que constantemente se les dice que se les va a bajar al 15 % la retención —no la imposición—, saben que fue este Gobierno del PP el que se la subió del 15, en que estaba, al 21 %. Ahora se la bajan al 19 %, al 18 %, según las últimas enmiendas, pero, evidentemente, cuando ellos estaban en el anterior Gobierno se les retenía el 15 %. Además, a este sector de autónomos, pequeñas empresas, de menos de 5 millones de euros o de menos de 20 empleados, se les elimina una deducción del 20 % que tenían si mantenían el empleo. Eso sí, las rentas del capital sí tienen una rebaja generalizada en la tributación de IRPF y siguen tributando, por tanto, a tipos más reducidos, menos progresivos, que las rentas del trabajo. De esta forma, las rentas del trabajo, como bien sabemos, suponen el 90 % del total del IRPF y las rentas de capital solo aportan el 10 %, lo cual continuará en un futuro si no se ahonda más con esta nueva ley.

También han intentado —al final lo han corregido— que coticen las indemnizaciones por despido, lo mismo que trataron de eliminar los coeficientes de abatimiento y de actualización por las plusvalías en las ventas de vivienda. Las grandes presiones que se han producido han hecho que, al menos, flexibilicen, a partir de determinados valores, este impuesto.

Esta reforma del IRPF no contiene nada sobre los grandes patrimonios —las sicav, las entidades tenedoras de inversiones inmobiliarias, de valores extranjeros—. Sus propietarios respiran tranquilos porque, evidentemente, van a poder seguir hurtando a la tributación de este país mediante estos instrumentos y tributando a cifras muy pequeñas, realmente escandalosas. Además, lo que aquí nos vende el ministro es sobre el 50 % que la Administración General del




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Estado es competente. Ahora tendrán que decir las comunidades autónomas si actúan de igual forma, cosa que todavía no nos han explicado.

En el impuesto sobre sociedades reducen el tipo general del 30 % al 25 %, lo cual afecta positivamente a las grandes empresas, porque las demás, las pymes, ya lo tenían en el 25 % anteriormente. Y se produce en este impuesto una contradicción entre el discurso de que hay que bajar y quitar las numerosas exenciones y deducciones que este impuesto tiene y que hacía que las bases de recaudación del mismo fuesen tan escasas y lo que reconoce el propio estudio económico, que dice que con este impuesto se va a reducir la recaudación, que el impacto que va a tener esta modificación va a ser de más de 2600 millones de euros, lo cual solamente se explica por la propia rebaja del tipo en el impuesto.

Los impuestos indirectos —el IVA y otros— tienen un alcance muy limitado en las leyes que aquí vamos a debatir, pues se trata solo de adaptar estos tributos a las directivas comunitarias y a determinadas sentencias del Tribunal de Justicia Europeo, así como modificaciones y correcciones técnicas.

Señorías, la subida que el Gobierno aprobó en 2012 del 18 % al 21 %, esa subida del IVA que prometieron varias veces y en distintos foros y tribunas que no iban a subir, que no iban a hacer —reducido del 8 % al 10 %—, supuso, además, que determinados sectores, como el cultural y otros sectores muy dinámicos en la creación de empleo, fueran inviables, al establecer 13 puntos de subida, lo cual mantienen. Señorías, esto demuestra claramente el desplazamiento de la carga tributaria de la imposición directa a la imposición indirecta, que coincide, evidentemente, con su modelo, con el modelo del Partido Popular, pero que también va contra la justicia y la equidad y contra los principios constitucionales de capacidad económica y progresividad en la tributación. No corrigen —y se ha demostrado que no solamente es injusto sino perjudicial para el mantenimiento de la actividad económica— esas tributaciones tan elevadas para actividades culturales, deportivas, etcétera. Tampoco tiene este Gobierno, señorías, voluntad de acometer una regulación integral de la imposición medioambiental o energética, lo dejan para otro momento.

Señorías, podemos decir que estas leyes no son más que una profundización de sus políticas económicas, apostando por la devaluación interna y el empobrecimiento de la gran mayoría de los españoles para salir de la crisis. Y sabemos que esto no solo no es viable económica ni socialmente, pues nos lleva a un estancamiento permanente vía bajada de salarios y condiciones laborales más precarias, sino que también se disminuye la productividad, y mientras se beneficia a los contribuyentes de mayor capacidad económica y a las rentas del capital, manteniendo todos los instrumentos para la elusión fiscal.

En realidad definiría estos proyectos de ley que hoy debatimos diciendo que no se trata de una transferencia del bienestar de los beneficiarios del gasto público, que son los ciudadanos, las clases medias, los trabajadores, los que pagan impuestos, que se les disminuyen, pero a su costa. Habría que preguntarse qué es lo que no tienen estas leyes, qué falta en el texto que ha remitido el Gobierno, y yo diría que faltan 3 cosas. En primer lugar, uno de los puntos de partida de cualquier reforma fiscal que se precie es un plan de lucha contra el fraude, la elusión y la evasión fiscal, máxime en un país como el nuestro, que está a la cabeza en economía sumergida y fraude fiscal. Lo expusimos ayer en la moción del Grupo Parlamentario Socialista: tenemos que incrementar los recursos de la Agencia Tributaria para dejar de ser el país número 27 de los 28 que menos recursos dedican a ello. Tenemos un inspector por cada 1958 habitantes cuando Francia tiene uno por cada 942 o Alemania uno por cada 740, y las plantillas en la Agencia Tributaria continúan bajando, como también hemos denunciado aquí varias veces. Y luego están esas preguntas que hemos hecho varias veces. ¿Por qué no se aprovechan estas leyes para posibilitar legalmente la publicación de la lista de los defraudadores o de aquellos que se acogieron a la escandalosa amnistía fiscal de este Gobierno? ¿Qué pasa con ese varias veces prometido estatuto de la Agencia Tributaria? Lo cierto, señorías, es que en los tres años que este Gobierno lleva gestionando la Agencia Tributaria sus recursos han disminuido el 16 %.

En segundo lugar, no corrigen las inequidades del sistema. Hemos visto cómo no solo no se corrigen, sino que se aumentan, y eso, en un país en el que durante esta crisis se ha producido una transferencia de rentas de trabajadores y clases medias a los que más recursos tienen, y que, además, son los menos afectados por los recortes, copagos, tasas y por el deterioro de los servicios públicos, no es de recibo. Los asalariados y pensionistas soportan el 80 % del total de la




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carga fiscal de este país, cuando solo son perceptores del 50 % de la renta. Según Eurostat, somos el segundo país, después de Letonia, donde la desigualdad social ha crecido más en estos años. Los ingresos del 10 % de la población española más pobre cayeron un 14 % en estos años de crisis, mucho más que la media de los países europeos, cuando el 10 % más rico, no solo no cayó, sino que incluso creció. En estos años los que más tenían han incrementado su riqueza y los que menos tenían la han disminuido, y aun así hoy tenemos que denunciar de nuevo que las rentas medias declaradas por los trabajadores con nómina, de las clases medias, son más del doble que las declaradas por los empresarios, profesionales, etcétera. Esto sigue siendo absolutamente injusto.

Y en tercer lugar, la suficiencia del modelo es nuestro gran problema, como se ha reconocido ya por todo el mundo. Lo hemos dicho muchas veces. Nuestra recaudación, nuestros ingresos están 8 puntos por debajo de la media europea, de la eurozona, y nuestros gastos también están 4 o 5 puntos por debajo. Estamos hablando de mucho dinero que nos permitiría, por ejemplo, si se recaudase solamente el 50 % de lo que se debería recaudar, pagar todos los intereses de la deuda. Y esta es la cuestión al final, como hemos denunciado en diversas ocasiones: ¿qué modelo de sociedad quiere este Gobierno?, ¿a qué modelo de Estado y sector público se quiere llevar al país? Y no lo digo por estas leyes, lo digo porque en el recientemente actualizado Programa de Estabilidad del Reino de España 2014-2017 se sigue apostando por más recortes y se prevé que para 2017 los gastos del Estado disminuyan el 4,2 % y que los ingresos solamente suban el 1,2 %.

Esto indica con claridad, señorías, que el Gobierno ha decidido salir de la crisis sin repartir equitativamente los costes y que aspira a mantener los ingresos, según ellos mismos han dicho, entre el 37 o 38 % del PIB, poniendo en peligro la sostenibilidad del Estado de bienestar y las necesidades de inversión en educación, en formación, en I+D+i, etcétera; consecuentemente, el ajuste va en la dirección contraria a la convergencia con los países de nuestro entorno y a los que siempre hemos querido parecernos. Esta es la auténtica reforma fiscal del Partido Popular.

Veamos ahora cómo van a cuadrar las cuentas. Me hubiese gustado que el señor ministro siguiese aquí para poder responder a esta cuestión, porque esa es otra, lo basa todo en el crecimiento económico que provoca esta reforma, parece que el señor Montoro es el único ministro de Hacienda del mundo que cree todavía en el camelo de la curva de Laffer, en la que ya nadie cree, sabe que en las condiciones actuales no se puede dar esa situación; si al compromiso del Reino de España con Bruselas de reducir el déficit en 30 000 millones entre 2015 y 2016, le añadimos el que va a haber este año y estos 9000 millones, es difícil creer en el cuadro macroeconómico del Gobierno.

Seamos serios, señorías. Aun reconociendo que salimos de la recesión y que los peores tiempos quedaron atrás, que creemos que el empleo se recupera lentamente y lentamente crecemos, que los bancos ya no nos darán sustos —esperemos— aunque tampoco crédito, no se puede ser tan imprudente y utilizar calificativos como que somos la joya de Europa porque al final esto se va extendiendo, sé que para dar moral a la tropa, pero, repito, no es prudente porque la situación no es esa. Lo han dicho aquí distintos portavoces, en Europa estamos en un estancamiento secular, como lo ha denominado el FMI.

Señorías, hoy mismo, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos alertaba a Europa en el sentido de que cambie de política económica porque si no vamos a una tercera recesión y a una década perdida. La inflación es mínima, la liquidez no llega a la economía real y a nuestras pymes, a pesar de las medidas del Banco Central Europeo, y seguimos teniendo problemas, como Grecia, la crisis rusa o el parón de los países emergentes.

En nuestro país las cosas se agravan porque tenemos una deuda enorme, la que más ha crecido en estos años, 300 000 millones más en estos tres años; las inversiones extranjeras se han desplomado en este último año y las exportaciones crecen a menor ritmo, 5 veces menos que en 2011; y en los últimos meses nuestras exportaciones han entrado en negativo y el déficit comercial, por tanto, ha duplicado hasta julio el que había en julio del año pasado. El déficit, con todo lo que diga el señor ministro, se resiste, 2013 cerró con el déficit mayor de todos los países de la eurozona, el 7,1 %, y a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos ya no se les puede exigir más en reducción de gasto: en estos años las comunidades autónomas han reducido un 14 % y los ayuntamientos un 21 %, y nuestro desempleo es el más alto de la Unión Europea y el doble de la media de dicha Unión. Todo esto, junto a la devaluación salarial, los empleos




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precarios y parciales dificultan un crecimiento mayor y un aumento del consumo interno, y por si todo esto fuera poco, somos el país en el que más ha crecido la desigualdad durante estos años, como hemos dicho, el segundo detrás de Letonia.

Por tanto, sabemos que los últimos informes de todos los organismos públicos, incluido el Banco de España, indican una bajada en las previsiones de crecimiento para nuestro país, al igual que para el resto de Europa, y por ello es difícil creer esas perspectivas tan optimistas que hoy mostraba aquí el señor Montoro; ojalá fuese así, pero calificar como escuchamos el otro día que nuestro país se ha convertido en la locomotora de Europa, parece algo exagerado.

Lo hemos dicho repetidamente. Es verdad que se nos puede acusar en este aspecto de repetirlo, pero es importante que nos escuchen. La política fiscal de un gobierno está compuesta por 3 factores: los impuestos indirectos, los impuestos directos y el gasto social. Es difícil entenderla sin aunar esos 3 factores, y ustedes, en estos tres años, han subido todos los impuestos, fundamentalmente los indirectos, como hemos visto; han establecido distintos copagos y tasas universitarias, judiciales, que paga todo el mundo por igual, tengan más o tengan menos, con lo cual es realmente injusto; y, al mismo tiempo, han reducido en 28 000 millones el gasto social en nuestro país. Ustedes utilizan la retórica para acusarnos de que no queremos que se bajen los impuestos. No, de la forma que ustedes lo hacen no lo queremos. Claro que no lo queremos de esa forma. La pregunta que yo les hago es: ¿no sería mejor que este dinero, esos 9000 millones, los dedicaran a acrecentar el gasto social, a recuperar parte de los servicios que se han deteriorado y se han recortado? Nosotros creemos que sí.

Voy terminando. Tenemos una alternativa fiscal fundamentada que ayer expusimos aquí, y podemos profundizar en ella en los próximos tiempos con la presentación a los ciudadanos de distintos modelos y distintas alternativas que deben basarse en la suficiencia, en la progresividad, en la equidad y, sobre todo, en gravar la riqueza y luchar contra el fraude. Una auténtica reforma, señorías, debe tocar el sistema tributario de las comunidades autónomas y las corporaciones locales, establecer nuevos tributos, gravar en serio la riqueza, eliminar todos los artilugios que faciliten la elusión fiscal, luchar decididamente contra el fraude y la evasión fiscal, cambiar las estructuras de los tributos, y ser justa, equitativa y sencilla. Está claro que lo que hoy debatimos aquí no es esa reforma.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Turno en contra.

Tiene la palabra la senadora señora Angulo.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo en nombre del Grupo Popular para defender nuestro voto en contra a todos los vetos presentados pero, principalmente, para defender nuestro voto a favor de esta reforma fiscal que trae a las Cámaras el Gobierno de Mariano Rajoy, el Gobierno del Partido Popular.

Y tengo que decirles que para mí, como portavoz de Hacienda, es un auténtico privilegio poder defender esta reforma fiscal, poder defender una rebaja de impuestos para todos los ciudadanos que nosotros vamos a votar, como digo, a favor, pero poder hacerlo en este momento supone una rebaja importante para todos los ciudadanos de este país en impuestos tan esenciales como el IRPF o el impuesto sobre sociedades; y es un privilegio porque creo en la política fiscal que está llevando adelante el Gobierno, que está llevando adelante el Partido Popular. Se ha hablado en este Pleno de la política fiscal, y yo creo que la política fiscal habla con claridad de números pero también de valores, y con su política fiscal, el Gobierno ha puesto de manifiesto a lo largo de toda esta legislatura, y muy especialmente con esta reforma, la capacidad de los números para decir muchas cosas, para hablar de situaciones y también de valores, y ha puesto de manifiesto la capacidad de la política para cambiar las cosas. Y la política fiscal del Partido Popular se basa en unos principios muy simples que defendimos en nuestro programa electoral y que hemos cumplido desde el minuto cero de la legislatura, tan simples que, como decía Adolfo Suárez, suponen hacer normal en la política lo que es normal en la vida; unos principios muy simples como es no gastar lo que no se tiene, como es generar los recursos necesarios para asegurar el Estado del bienestar, o como es no esconder el déficit, no engañar con el déficit, pagar las facturas y no esconderlas en




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los cajones. En esos principios tan simples se basa nuestra política fiscal, y esa política fiscal ha permitido equilibrar las cuentas públicas, que fue nuestro primer compromiso: comprometer a todas las administraciones en la consolidación fiscal, en la reducción del déficit que nos estaba negando cualquier posibilidad de salir adelante. Es esa Ley de estabilidad presupuestaria. ¿Y por qué presentamos ahora la rebaja de impuestos? ¿Por qué no lo hicimos antes?¿Porque hay unas elecciones? No, porque primero hubo que equilibrar esas cuentas públicas en todas las administraciones, porque primero hubo que recuperar el pulso de los ingresos que habían caído 70 000 millones en tres años, y ahora sabemos que la mejor forma de asegurar los servicios públicos, señorías de la izquierda, no es solo que se pueden prestar, sino saber que se pueden pagar. Si alguien puso los servicios públicos al borde de la quiebra, fueron aquellas administraciones que no los pagaban (Denegaciones de la senadora Capella i Farré). Sí, senadora Capella, sí: habían dejado de pagar conciertos con hospitales y colegios; esos fueron los que los pusieron en peligro. Hubo que poner sobre la mesa 102 000 millones de euros, que han sido auténticas tablas de salvación para esas comunidades autónomas y para esos ayuntamientos que estaban dejando de pagar más de 8 millones de facturas a 300 000 proveedores; así se salvaron 400 000 puestos de trabajo y así se evitó una caída en el PIB de 3 puntos. Hubo también que evitar el rescate, señorías. Hubo que mantener el control sobre nuestras decisiones económicas porque el Gobierno ahí puso unas líneas rojas tremendamente sociales: asegurar que podían seguir subiendo las pensiones y no se recortaban ni se congelaban, como hicieron ustedes, asegurar que podíamos seguir pagando las prestaciones por desempleo y asegurar los servicios fundamentales. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Por eso, esos números del Partido Popular, esos números del Gobierno de Mariano Rajoy, esa política fiscal de nuestro Gobierno habla alto y claro de política social y habla alto y claro de responsabilidad. Habla no solo de números —como decía—, habla también de valores. La política fiscal del Ministerio de Hacienda, del Gobierno del Partido Popular habla de compromiso, habla de responsabilidad, habla de no desmarcarse en los momentos difíciles, habla de reconocer la realidad y de no engañar sobre ella y habla de afrontar los problemas y no amontonarlos. Por eso, esa política fiscal habla de credibilidad.

Sabemos que ustedes harían las cosas de otra manera. Hoy todos los grupos se han afanado en explicarnos cuáles son las propuestas de distintos grupos de la izquierda. Pero, como decía Einstein, si no quieres los mismos resultados, haz cosas distintas. Y no queremos los resultados que ustedes nos dejaron: cerca de 4 millones de parados en tres años, una caída en los ingresos tributarios de 70 000 millones de euros, una política sin ninguna credibilidad, puesto que se dudaba de nuestra solvencia. Ustedes dicen que existe otra política fiscal. Sabemos muy bien cuál es esa política fiscal, la que nos llevó a la ruina. Sabemos cuál es la política fiscal que ponen en marcha allí donde gobiernan, en Cataluña o en Andalucía. Tienen un aparato muy grande o un aparato de los de mayor tamaño del Estado y uno de los tramos más altos de IRPF allí en Cataluña, en Andalucía, en Asturias, donde gobierna el Partido Socialista; allí por donde han pasado tienen los tramos más altos de IRPF y tienen —como digo— uno de los aparatos más grandes del Estado. Esa es su política fiscal.

Así son las cosas con ustedes, así eran las cosas con ustedes y así volverían a ser las cosas con ustedes; porque, lo que gestionan, lo hunden; allí donde gobiernan, lo que gestionan, lo hunden. Ahora la situación es diferente. Ahora planteamos la reforma fiscal porque la situación es diferente. No nos hablen de electoralismo. Ahora estamos hablando de una rebaja de impuestos en un momento en el que estamos en plena recuperación. Planteamos una reforma de impuestos porque ha habido que tomar decisiones difíciles. Ha habido que pedir esfuerzos importantes a los ciudadanos. Y ahora que podemos, porque hemos garantizado el Estado del bienestar y porque tenemos otras cifras macroeconómicas, es el momento de devolver ese esfuerzo que han hecho los ciudadanos y de que cuanto antes esas cifras macroeconómicas se trasladen en forma de mayores y mejores oportunidades fundamentalmente de empleo a las personas, a las familias, a los trabajadores y a las empresas para que puedan invertir y crear empleo. Si se dejan más recursos en manos de las personas, de las familias y de las empresas, esta reforma va a ser, además, un instrumento valioso, un instrumento poderoso para estimular la economía, para consolidar ese crecimiento que ya tenemos y para avanzar en la creación de empleo. Más recursos disponibles; 9000 millones más de recursos disponibles en dos años en manos de las personas,




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de las familias y de las empresas supone también mayor libertad para que tomen sus decisiones de ahorro, de inversión o de consumo y eso supone dar cuerda al reloj de la economía, señorías.

No sé si es difícil que ustedes lo entiendan, pero al menos deberían darle una oportunidad. Ustedes dicen que no va a mejorar el crecimiento, que no va a mejorar el empleo, que el Partido Popular ha incumplido su compromiso electoral. Recuerden, señorías, el primer punto del programa del Partido Popular era recuperar la senda del crecimiento y el empleo y hemos pasado de estar en una recesión de 1,6 puntos a estar creciendo a 1,3, a estar trabajando ya con previsiones de crecimiento para 2015 de 2 puntos. Y estamos hablando de que para ustedes —también lo negaban— es imposible crear empleo si no se crece por encima de los 2 puntos. Estamos creando empleo neto creciendo por debajo de los 2 puntos; estamos creando empleo neto, con un crecimiento en el número de afiliados a la Seguridad Social en un año de más de 365 000. Está creciendo la afiliación a la Seguridad Social al 2,2 por ciento y eso supone también 277 000 parados menos, eso supone un ahorro de 4100 millones de euros en prestaciones por desempleo. Estamos creando empleo neto por primera vez después de seis años. Esa es una realidad que no pueden negar; estamos en una recuperación en la que, además, se crea empleo, y ustedes lo negaban, ustedes decían que eso era imposible.

Ustedes han dicho que todas las medidas que hemos ido adoptando iban a ser negativas. Igual que hoy están diciendo que la bajada de impuestos va a ser negativa para el crecimiento, para el empleo y va a traer los 7 grandes males; lo han dicho de cada una de las medidas que hemos ido apoyando de política económica, porque tenían que buscar la excusa para vetarlas o para votarlas en contra, y hoy han hecho exactamente lo mismo.

Ustedes dijeron que el contrato de apoyo a los emprendedores era inútil; ustedes dijeron que la Estrategia de emprendimiento joven era inútil; ustedes dijeron que la Ley de estímulo económico y apoyo al emprendedor era inútil, que la Ley de emprendedores era inútil y que las tarifas planas en la Seguridad Social eran inútiles. ¿Hay alguna razón para que les creamos a ustedes, para que les hagamos caso? Sus malos augurios y sus predicciones erróneas, ese gesto mohíno que ponen cada vez que algo sale bien y esa especie de triunfalismo, ese «ya se lo dijimos», si hay alguna vez un dato negativo, al final es la peor muestra de que ustedes, los de la izquierda, no han aprendido absolutamente nada de la crisis.

Por eso, no les haremos caso, porque la política económica que está llevando el Gobierno está dando resultados, sin triunfalismos mientras quede una persona que quiera trabajar y no tenga un puesto de trabajo. Es el momento de aplicar esta reforma fiscal, porque estamos convencidos de que va a ser un estímulo importante al servicio de que esos resultados macroeconómicos se traduzcan en mayores oportunidades en creación de puestos de trabajo. Por lo tanto, no nieguen la recuperación. Se equivocaron negando la crisis. No pueden volver a escribir una segunda página de errores y de deslealtad negando la recuperación.

Por eso, nosotros vamos a aprobar esa rebaja de impuestos, una rebaja inmediata, que va a hacer que gracias a la bajada de las retenciones, a partir ya del próximo 1 de enero, 20 millones de contribuyentes cuenten con más renta disponible.

Decía el senador Guillot que reinvirtamos esos 9000 millones que dejan en manos de las familias o de las personas. Esas familias y esas personas van a decidir con esos 9000 millones qué hacen, si consumen más, si ahorran más o si invierten más. Esa es una oportunidad que se está dando en forma de mayor renta disponible, en forma de mayores recursos en sus manos para poder tomar sus decisiones de consumo, de ahorro o de inversión Esas son las políticas del Partido Popular, que en otros momentos tuvieron resultados espectaculares en forma de crecimiento y de creación de empleo. Por lo tanto, reconsidérenlo y den una oportunidad a estas medidas. Estamos hablando de 1 600 000 contribuyentes que dejan de tributar por IRPF, y de ellos a 750 000 ni siquiera se les va a practicar retención.

Hablamos de equidad y de progresividad. Se ha hablado mucho de ello en este debate. Señorías, para un trabajador individual con ingresos por debajo de los 12 000 euros, la rebaja es del 100 % porque deja de tributar; si sus ingresos son de 15 000 euros, paga un 22,82 % menos que en 2014 —por cierto, 15 000 euros de ingresos, un 31 % menos de lo que pagaba con el Gobierno socialista en el año 2011—; si los ingresos son de 30 000, el doble, la rebaja es del 9 % respecto a este año y un 4,63 % menos que en 2011. ¿Qué significa eso? Significa que la rebaja disminuye conforme aumenta la renta del trabajador. ¿No es eso progresividad,




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señorías? Es que cuando uno dice las cosas hay que sustentarlas con datos, con números, y no con frases de argumentario.

Segunda conclusión: esto significa que todos los trabajadores con rentas inferiores a 50 000 euros van a pagar menos que cuando gobernaba aquí el Partido Socialista. Por lo tanto, la reforma es más progresiva, más justa y más equitativa con los que menos tienen que cuando gobernaban ustedes.

Tercera conclusión: las rentas más altas, esas que han repetido creo que todos los portavoces que han intervenido, a las que según dicen ustedes nosotros beneficiamos, son precisamente las que van a pagar más que en el año 2011, cuando gobernaba el Partido Socialista. Si nosotros les beneficiamos, ustedes les beneficiaban más, porque con un salario de 150 000 euros van a pagar un 1,67 más que con esa izquierda que hoy habla tanto de equidad. La equidad está en los números, en los datos. Señorías, cuando tuvimos que aprobar el gravamen complementario por esa situación económica que nos dejaron —lo decía hoy el ministro— fue precisamente para proteger a los más vulnerables, hasta tal punto que los contribuyentes con bases imponibles superiores a 30 000 euros al año, un 12 %, aportaron el 75 % de la recaudación de ese gravamen complementario, repito, un 12 % de los contribuyentes el 75 % de la recaudación.

Eso es lo que hace el Partido Popular y lo que no supieron en ningún momento hacer ustedes. Y cuando se habla de equidad esto hay que decirlo. No se puede utilizar la palabra desigualdad con esa frivolidad absolutamente indeseable con la que ustedes lo hacen. No se puede hablar de falta de equidad, de injusticia o de desigualdad, con esa frivolidad con la que ustedes lo hacen, sin aportar ni un solo dato. Quieren erigirse en combatientes contra la desigualdad, al tiempo que están vetando una rebaja fiscal como la que defiende hoy el Partido Popular, que contiene elementos muy importantes precisamente en favor de quienes tienen menos ingresos y de quienes tienen más necesidad de ayuda.

¿Cómo se puede explicar que hablen ustedes hoy de igualdad, de justicia social y de equidad y estén intentando poner un veto al aumento del mínimo personal y de los mínimos familiares, que llevaban congelados nada menos que seis años? El mínimo personal aumenta en 400 euros, pero es que suben todos los mínimos familiares más de un 25 %. Entre el 28 y el 30 % los mínimos por discapacidad, y por encima del 30 % por el primer hijo o hasta el 32,35 % por el segundo. En términos absolutos esos mínimos, señorías, que llevaban congelados seis años, se incrementan en hasta 1368 euros para una persona con una discapacidad menor del 65 % pero con movilidad reducida o hasta 2646 euros si la discapacidad es del 65 %.

Hoy ustedes están vetando también esas nuevas ayudas que se configuran como impuestos negativos para todas esas familias numerosas, cerca de medio millón, y para todas esas familias que tienen un ascendiente o descendiente a su cargo o que tienen a su cargo personas con discapacidad. Son pagas de 1200 euros al año en forma de 100 euros mensuales de manera anticipada que, además, son acumulables entre sí y que, a su vez, son acumulables a la paga que ya en su día aprobó también un Gobierno del Partido Popular para las madres trabajadoras con hijos menores de 3 años.

Estas deducciones que para una familia pueden alcanzar los 6000 euros ustedes las están vetando. Estamos hablando de medidas absolutamente importantes, y por eso nosotros vamos a votar en contra de sus vetos y vamos a votar a favor de ese medio millón de familias numerosas que pueden beneficiarse de esa deducción o de las 250 000 familias que tienen hijos, ascendientes o personas con algún tipo de discapacidad. Y por eso les digo también que no pueden hablar del concepto de igualdad y desigualdad con esa frivolidad porque están diciendo justo lo contrario de lo que hacen y están intentando hacer justo lo contrario de lo que dicen.

Como cuando hablan del impuesto sobre sociedades. Ustedes vuelven a hablar de igualar el tipo efectivo al tipo nominal pero, como ha explicado el ministro, los pagos a cuenta en el impuesto sobre sociedades han aumentado en las grandes empresas y en los grupos consolidados casi al doble, casi al 100 %. Se ha pasado de recaudar con ustedes 7626 millones en el año 2011 ha recaudar 14 692 millones en el año 2013, casi el doble. Y, sin embargo, con las pequeñas empresas los pagos a cuenta se han reducido en un 20 %, lo que demuestra hasta qué punto las medidas que se han ido adoptando en el impuesto sobre sociedades han protegido precisamente a las pymes y a los autónomos. Por eso, cuando hablan de desigualdad, sopórtenlo en datos. ¿Qué datos han ofrecido ustedes que avalen todas esas cuestiones que nos han dicho? Absolutamente




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ninguno, señorías. Del mismo modo que no han avalado ni justificado en ningún caso cuando han pretendido decirnos que puede ser insuficiente la recaudación. Ahora resulta que les preocupa a quienes en tres años dejaron que cayeran 70 000 millones de euros y que se pusieran al borde de la quiebra todos los servicios públicos fundamentales, todo el Estado del bienestar y la política de inversiones del Estado. Ahora, porque aplicamos una rebaja de impuestos en momento de crecimiento y de recuperación, les preocupa que podamos no tener ingresos suficientes. Y argumentan ustedes lo de siempre: es que recaudamos poco, nos dicen los de la izquierda. Recaudamos poco, hay que subir los impuestos; no los bajemos, no vayamos a poner en peligro la cohesión social. Pero, señorías, lo que pone en peligro la cohesión social es el déficit, es la mala gestión, y me atrevería a decir que lo que pone en peligro la cohesión social, porque así lo han demostrado ustedes en tantos sitios y en tantos momentos, es un Gobierno de izquierdas. Eso sí que pone en peligro la cohesión social. Y es que no hay mayor azote al Estado del bienestar que arruinar las cuentas públicas. Y ese argumento de que más recaudación garantiza más protección social es otro de los mantras, es otra de las falacias que ustedes reiteran y repiten, pero cuando los números les desmienten les dejan a ustedes en muy mal lugar, no solo en el Estado, donde el gasto social se ha mantenido incluso en los momentos más difíciles en niveles del 28,5 %.

Pero me van a permitir que haga una comparación muy simple entre dos comunidades autónomas. Andalucía, con Gobierno del Partido Socialista desde hace muchos años y Castilla y León con Gobierno del Partido Popular desde hace muchos años. En Andalucía tienen el tipo máximo, el más alto al 56 %; en Castilla y León tenemos uno de los más bajos. Andalucía ha creado 8 tributos propios; Castilla y León la que menos, solo dos. Deducciones fiscales: Andalucía tiene la tercera parte de deducciones fiscales que tiene Castilla y León y, sin embargo, el peso presupuestario de la sanidad en Andalucía es de 5 puntos menos; número de consultorios locales, ni la tercera parte; número de residencias para mayores, la tercera parte; plazas para personas sin hogar, 12 puntos menos. Eso está en todos los observatorios. (Rumores). Sí, senador, me lo está confirmando su secretario general, que conoce muy bien la situación de Castilla y León.

Castilla y León, datos del Observatorio para la dependencia, un observatorio independiente, un 9,6. Andalucía, un 5,5. Y no digo nada de Asturias, donde hay un 3,8. Esa es la diferencia. ¿Significa que subiendo más los impuestos hay mayores prestaciones sociales? No, puede ser al contrario, como avalan los datos. Por eso los números también nos permiten demostrar que, allá donde gobernamos, hemos encontrado en la política fiscal un instrumento de política social, un instrumento de política de igualdad. Por tanto, no nos digan lo contrario sin ofrecer un solo dato que lo avale.

Señorías, y si hablamos de pymes, de autónomos y de creación de empleo, también hemos encontrado en la política fiscal un instrumento valioso para establecer y aplicar nuestras prioridades políticas: la creación de empleo, dejar más recursos en manos de las familias, como trataba de explicar, y también más recursos en manos de las empresas, sobre todo de pymes y autónomos, que tiran del carro a la hora de la creación de empleo. Por eso se establece la rebaja en las retenciones de profesionales autónomos del 21 % al 19 % en 2015 y al 18 % en 2016. Además, para los autónomos que tienen menos ingresos, por debajo de los 15 000 euros, ya se aplicó de manera anticipada una rebaja del tipo al 15 % y también por eso se reduce el gravamen de las empresas desde el 30 % al 28 % en 2015 y al 25 % en 2016, pero se mantiene el tipo reducido que aprobamos en su momento del 15 % aplicable a los primeros 300 000 euros, y del 20 % para el exceso.

Asimismo, se aplican incentivos importantes para el ahorro: para el ahorro familiar, con ese plan Ahorro 5 para los pequeños ahorradores, y para el ahorro empresarial, con esa reserva de capitalización que permite una minoración en la base imponible del 10 % por el incremento de fondos propios y, sobre todo, por esa reserva de nivelación para las pymes que va a permitir que las que se acojan a las 2 reservas, a las 2 medidas, puedan tener un tipo del 20-25 %. Por lo tanto, también es una rebaja efectiva del impuesto sobre sociedades para las pequeñas y medianas empresas, y en esa política fiscal encontramos también una forma de apoyar a los emprendedores, a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, porque todas las reformas que se han ido poniendo en marcha han dado resultados, de manera que hemos invertido esa tendencia de caída que había en el número de autónomos y en el número de pequeñas y medianas empresas. En este sentido, no olvidemos el medio millón de proyectos empresariales destruidos en solo tres años, que es donde




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radica la explicación de por qué se destruyeron casi 4 millones de puestos de trabajo. Insisto, esa tendencia también se ha invertido ya que hoy se crean empresas, hoy nuevos autónomos abren sus negocios y hoy tenemos creación neta de empleo. Así, la política fiscal vertebra también el cumplimiento de compromisos y habla alto y claro de esas prioridades políticas del Partido Popular.

Señorías, voy a terminar haciendo hincapié en algo que me parece especialmente importante y es el papel que ha jugado y sigue jugando el Senado en relación con estos tres proyectos de ley —después tendrá lugar el debate de enmiendas— porque se incorporaron novedades y mejoras una vez que se presentó el informe de expertos —que, por cierto, señorías, en absoluto ha sido desautorizado— y se han incluido total o parcialmente más de 45 propuestas en esta reforma fiscal de las 60 o 70 presentadas. Repito, se incorporaron novedades y mejoras una vez que se analizaron y que los proyectos de ley se sometieron a un proceso de información pública. Después, se modificaron en el Congreso de los Diputados pero, como les decía, es importantísimo el papel que ha jugado el Senado porque se incorporaron en la ponencia y se aprobaron enmiendas en el Senado, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, después de días de intenso diálogo, trabajo y reuniones donde los parlamentarios fuimos interlocutores, en particular los senadores, con los distintos sectores, con distintas asociaciones, con distintos colectivos, y hemos encontrado la receptividad del Gobierno y del Ministerio de Hacienda, lo que nos ha permitido aprobar enmiendas y medidas tan importantes como el aumento a 250 000 euros en el volumen de rendimientos en actividades agrícolas para que un mayor número de profesionales agrícolas y ganaderos puedan seguir aplicando el sistema de módulos; esa exención del 50 % en los rendimientos del trabajo en los atuneros que operan fuera de aguas de la Comunidad; y poder seguir aplicando la exención relativa a la entrega de acciones o participaciones a trabajadores de empresas, siempre que esa oferta se haga a todos los trabajadores y por un importe que no exceda de 12 000 euros al año. Algo que supone un auténtico plan de ahorro para los trabajadores de muchas empresas que tienen esa participación de 12 000 euros, una participación que se ofrece a todos los trabajadores de la empresa. Como es importante seguir garantizando que se aplican los coeficientes de abatimiento y todas esas medidas que hemos ido aplicando.

Por lo tanto, señorías, termino insistiendo en que votaremos en contra de todos los vetos, sobre todo porque nuestro voto en contra es un voto a favor de unos proyectos de ley que hablan de una política fiscal que es una auténtica política social, que es una auténtica política de igualdad, que es una política de impulso al crecimiento y al empleo y, sobre todo, que nos garantiza que esos 9000 millones que vamos a dejar en manos de las familias de este país van a ser un auténtico motor, una de las reformas económicas más importantes que aprobamos en esta legislatura.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Angulo.

Pasamos al turno de portavoces.

Por Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Alabo el entusiasmo y la pasión con que la portavoz del Grupo Popular ha defendido esta reforma fiscal, pero, como puede intuir, no me ha convencido con sus argumentos. Porque niego la mayor, niego que esta sea una rebaja para todos los ciudadanos —argumenté antes que 11,5 millones no van a notar nada como consecuencia de esta rebaja—, niego que sea la devolución de un esfuerzo a los ciudadanos y niego también que se haga porque en este momento la mayoría de la sociedad española se lo puede permitir.

Voy a intentar argumentar muy brevemente estas tres negaciones. Primera negación: rebaja para todos los ciudadanos. Se lo acabo de decir, hay una parte muy importante de la sociedad española que no va a notar ninguna rebaja fiscal y, además —esto me permite enlazar con la segunda negativa—, ello demuestra claramente que no se trata de compensar por el esfuerzo realizado, porque no estamos hablando de los mismos colectivos. No es que a un colectivo se le hayan impuesto tremendos sacrificios, que se les ha impuesto a la mayoría de la sociedad española, y que ahora a ese colectivo, el que padeció y sufrió de forma más intensa los tremendos sacrificios, se le premie —entre comillas— con una rebaja fiscal. Es precisamente la gran mayoría de la sociedad española la que ha tenido que afrontar en materia sanitaria copagos; la que ha visto cómo servicios públicos esenciales, como la educación, sufrían un deterioro y se reducían las




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becas; la que ha padecido un mercado laboral en el que, como decía la portavoz del Grupo Popular, se está creando empleo neto, pero por el mecanismo de distribuir el empleo existente: más personas trabajan por menos dinero y eso permite generar más empleo sin mejorar en competitividad, porque el diferencial va directamente a incrementar los beneficios empresariales. Por ello, la reforma no es en absoluto equitativa; no devuelve a aquellos que hicieron el mayor esfuerzo una compensación por ello. Quienes sí perciben un cambio en la situación económica no son estos colectivos, no es ese 30 % de mayores de 45 años que están en riesgo de pobreza. Quienes perciben que la realidad ha cambiado para ellos son, por ejemplo, esos 47 000 nuevos ciudadanos más que en 2013 llegaron a tener un patrimonio de más de un millón de euros, los 47 000 nuevos millonarios de 2013. Esos sí perciben que hay un cambio en la realidad económica. Y precisamente es a este colectivo al que beneficia de forma más importante esta reforma económica. De alguna manera y en términos chuscos —me van a permitir que a estas horas y ya bastante cansado prefiera recurrir al sentido de humor en el argumento—, esta reforma fiscal responde a la misma filosofía del peón que dice: entre el ingeniero y yo ganamos 5000 euros al mes. Es decir, 4200 euros el ingeniero y 800 el peón. Esa es la filosofía que se refleja en esta reforma fiscal porque quienes van a notar de forma importante en su bolsillo un incremento de la disponibilidad de los recursos van a ser efectivamente esos ciudadanos que ganan más de 300 000 euros, no obviamente quien es poco más que mileurista, que se puede beneficiar en 60 o 70 euros al mes, lo cual en ningún caso soluciona su situación económica, ni le permite incrementar de forma importante su capacidad de consumo.

Por eso lo que a mí me lleva a rechazar esta reforma es la visión global, el resultado global que de ella se deriva; un resultado global que profundiza en las injusticias. No en vano este país ha sido el que, como consecuencia de la crisis, ha visto cómo aumentaba de forma más importante, más notable, las desigualdades; cómo la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen ha aumentado a lo largo de la crisis. Y esta reforma fiscal ayuda a que ese mecanismo de alejamiento entre los que más tienen y los que menos tienen siga avanzando y siga profundizándose. A mí no me preocuparía que ustedes hicieran una reforma fiscal justa por motivos electoralistas. Si la reforma fiscal respondiera a otros criterios, y fuera una reforma fiscal que permitiera mantener la recaudación gravando más a los que más tienen y reduciendo la carga fiscal de los que menos tienen, yo reconocería la justicia de esa reforma fiscal y no confrontaría con la idea de que ello pudiera redundar en un beneficio electoral de quien lo plantea, porque eso no es lo importante. Lo importante es lo otro, lo importante no es si esta reforma fiscal va a proporcionar más o menos votos al Partido Popular; lo importante desde mi perspectiva es que esta reforma fiscal va a continuar en la construcción de una sociedad más desigual tras la crisis. Y habrá que preguntarse cuándo podemos decir tras la crisis porque en crisis sigue la mayoría de la sociedad española; en crisis siguen esos más de 5 millones de desempleados; en crisis siguen quienes tienen que sobrevivir con pensiones de jubilación que se sitúan en la media en torno a los 800 euros; en crisis siguen quienes perciben una pensión no contributiva que está en algo más de 300 euros, no llega a los 400; en crisis siguen quienes ven en riesgo su puesto de trabajo y tienen que aceptar condiciones leoninas, remuneraciones muy bajas y horas extras no remuneradas; en crisis siguen quienes se ven en dificultades para afrontar el pago de la hipoteca y se encuentran en riesgo de ser desahuciados. A todos esos esta reforma fiscal les importa muy poco y, sin embargo, debiera importarles, porque esta reforma fiscal que no les beneficia, sí beneficia a otros y priva, por tanto, a las administraciones públicas de esos recursos que podrían ser útiles para ayudar a paliar las dificultades que vive la mayoría de la sociedad, y para ayudar a superar las desigualdades sociales que se han incrementado en esta situación de crisis. Por ello, me ratifico en los argumentos que sostienen el veto que hemos presentado, e invito al Grupo Popular a que reflexione, sobre todo, respecto de los resultados últimos de estos tres proyectos de ley y sobre cómo se van a proyectar en las estructuras sociales que existen en nuestro país y los colectivos más desfavorecidos, que más apoyo y más respaldo precisan, porque entendemos que estos tres proyectos no son en ningún caso la respuesta adecuada a esos problemas.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Martínez.




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La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Intervengo brevemente desde el escaño solo para fijar la posición de mi grupo parlamentario, que va a ser de abstención respecto de todos los vetos presentados a los tres proyectos de ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, después de escuchar las intervenciones de los diferentes portavoces de los grupos que hemos optado por presentar un veto al conjunto de las tres leyes que conforman esta reforma fiscal —entre comillas— y de escuchar la oposición a estos por parte del Grupo Popular, creo que no hay otra cosa que más argumentos a favor de los cinco vetos a las tres leyes que estamos debatiendo. Y es que, señorías, siendo necesaria una reforma fiscal que merezca ese nombre, creo que ni la que se nos presenta es tal ni desde luego está pensada para solventar los problemas que tiene nuestro actual sistema fiscal. Es —ya lo decía antes— una operación propagandística con más ruido que nueces, que lo que pretende es simplemente ayudar al PP a mejorar sus hoy debilitadas expectativas electorales; y no digo que eso no sea legítimo, pero esa es la verdad. Es una reforma pensada para obtener réditos electorales en el 2015, sin pensar de manera responsable —al menos, desde mi punto de vista— en las necesidades del país y menos aún en la situación en la que pueden quedar las finanzas públicas si estas tuvieran que seguir la senda de ajuste comprometida por este Gobierno con la Unión Europea para los años siguientes, es decir, aparte de 2015, para 2016 y 2017.

Señorías, yo no sé quién tendrá la responsabilidad de gobernar España en esa fecha —no creo que lo sepa nadie de los que estamos aquí—. Me gustaría que no fueran ustedes, pero incluso si fuese así, ¿saben lo que tendrá que hacer el Gobierno en ese momento? Subir los impuestos o hacer recortes tan sustanciales en el Estado del bienestar, que además de ser, por supuesto, tremendamente injustos, serían incapaces de ser asumidos por la población a riesgo de una explosión política y social. Yo no sé si ustedes son conscientes de ello y si afirmarán de nuevo en campaña: bajaremos los impuestos, pensando en subirlos una vez obtenida la confianza de los ciudadanos.

Ustedes todo lo fían a la recuperación económica. Yo también deseo la recuperación económica, yo deseo que las cosas le vayan bien a este país, pero esta recuperación es muy débil y se produce en un panorama a corto plazo lleno de incertidumbres y de previsiones no optimistas. Las últimas previsiones —todas— de organismos, instituciones y analistas rebajan las expectativas de hace unos meses, y lo hacen también en un marco de bajada de las previsiones de crecimiento de nuestros principales socios comerciales. Porque, señorías, con un crecimiento bajo, con un consumo que le ha costado y le cuesta despegar, con una renta disponible en regresión, con un empleo que crece tímidamente, con más precariedad y parcialidad que nunca, es difícil que llegue el crecimiento necesario para que el incremento de las bases imponibles suponga un incremento de la recaudación que compense los 9000 millones de euros menos de ingresos que supondrán las medidas que contemplan estos tres proyectos de ley.

Como decía, a ustedes les preocupa su campaña electoral —lo entiendo— y el año 2015, pero también nos ha de preocupar lo que venga después. Y digo esto, porque el Gobierno, en su deseo de presentar buenas noticias, a veces se pasa de frenada tratando de contagiarnos con un optimismo —y yo no soy una persona pesimista— que solo es posible si cerramos los ojos a la realidad, a que hoy tenemos cerca de 800 000 ocupados menos que en 2011 —es una cifra que está ahí—, una deuda pública de 300 000 millones de euros más —me refiero a la heredada en 2011—, más de un billón de euros en estos momentos, y una Seguridad Social que incrementa su déficit, por poner solo unos ejemplos. Porque, por si fuera poco, a la crisis institucional y a la crisis moral y de valores —qué decir también de ese cáncer que es la corrupción, que a todos nos debería preocupar— se irá sumando cada vez más la crisis social por la cada vez más debilitada cohesión como consecuencia de sus políticas.

Yo no soy de los que piensan que este año estamos peor que el año pasado, seguramente no. Pero si vemos la encuesta de octubre del CIS, lo podemos considerar a ese respecto. Hay datos significativos: los que creen que la economía está mejor este año que el pasado son un 12,3 %.




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E incluso de los que dicen ser votantes del Partido Popular solo un 28,6 % piensa que este año las cosas están mejor que el año pasado. Cuidado, pues, con el optimismo o con según qué tipo de optimismo.

Decía que no es en nombre de la justicia social en el que se puede proponer esta reforma fiscal, porque creo sinceramente que no es de justicia social, que no es equitativo bajar más de 70 000 euros a los 4600 españoles que ganan más de 600 000 euros y bajarles cero euros a 6 millones de españoles en su impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y no es de justicia social mantener la subida del IVA, que triplica al de otros países en servicios como la cultura. Sinceramente, así lo creo. Y, por supuesto, tampoco es de justicia social mantener un impuesto sobre sociedades en el que se reduce nominalmente el tipo impositivo a las grandes empresas, cuando sabemos que el tipo real en muchos casos no es ni una décima parte del nominal. Y continuará siéndolo, porque se mantiene la regulación compleja y enrevesada para disfrute de los asesores fiscales, aunque facilita la elusión y el fraude fiscal. ¿Por qué no ponemos un tope máximo a la deducción? Nosotros lo proponemos y ustedes lo rechazan. Ya sé que cuando se reformó este impuesto —esto sería largo de contar— seguramente hubo cosas que podrían haberse hecho mejor.

Señorías, esta reforma no nos dotará de los recursos que la Administración necesita para generar la cohesión social, la solidaridad, el crecimiento y el empleo. Pero además no coadyuvará a reducir la brecha social, la desigualdad que la crisis ha acentuado. Y no contribuirá a que los ciudadanos confíen más en sus representantes y en sus instituciones, más bien al contrario. Porque es una reforma —sinceramente, así la veo yo— a favor de unos pocos y en contra de los intereses de la mayoría. Además, sigo pensando que será una reforma que tendrá una vida muy corta: hasta las próximas elecciones generales. Y eso también lo saben ustedes.

Por todo ello, nuestro grupo votará favorablemente los cinco vetos presentados a los tres proyectos de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Senador Guillot, tiene la palabra.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Senadora Angulo, usted siempre tan agria, tan agresiva. La verdad es que este tipo de debates no justifican ese tono. Entiendo que las cosas no les van bien, pero usted no está en una agrupación deprimida del PP: está en el Senado. ¿Datos? Los que usted no ha escuchado. ¿Argumentos? Los que usted no entiende. Mire, creo que en sus intervenciones a veces usted comete una insensatez democrática, que es la de intentar abrir una causa general contra la izquierda; de la misma manera que sería una insensatez que alguien de la izquierda intentara abrir una causa general contra la derecha en España. Ese no es el espíritu de la Transición ni hemos llegado a donde hemos llegado a partir de estos contenidos.

Y, señora Angulo, pobreza y desigualdad según Cáritas, no según la izquierda. ¿Ustedes tienen algo que ver con esto, sí o no? Deuda pública: 101 % del PIB. ¿Ustedes tienen algo que ver con esto, sí o no? Paro estructural, no se confunda: que desaparezcan contratos indefinidos con jornada completa y haya contratos parciales a tiempo parcial no es generar empleo, y menos aún empleo de calidad. ¿Ustedes tienen algo que ver con la realidad, sí o no? Si no tienen nada que ver con la realidad y todo es fruto del pasado, pues ya está: quedan exonerados de cualquier responsabilidad. Pero mucho me temo que, con sus políticas, que fundamentalmente han sido salir de la crisis, de la recesión, con una devaluación interna del 30 % —esa es su gran aportación a la salida de la crisis—, lo que han conseguido es fracturar más nuestra sociedad. Y con esta reforma fiscal —se lo hemos intentado explicar, lo entenderá o no lo entenderá, lo aceptará o no lo aceptará— lo que ustedes consiguen es incrementar la desigualdad. Estos son los datos, lo quiera o no lo quiera.

Con todo, modere el tono y hagamos un debate lo más amable posible. No nos van a convencer, no vamos a cambiar el voto. Y le repito que no intente abrir una causa general contra la izquierda, porque usted no puede.

Gràcies, senyor president. (Aplausos).




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.

Señorías, nuestro grupo no ha presentado veto; por tanto, voy a aprovechar este turno de portavoces para hacer ciertas reflexiones en torno a la denominada reforma fiscal, si bien entendemos que no es estrictamente una reforma fiscal y se circunscribe estrictamente a unos cambios, más o menos profundos, en algunas de las leyes tributarias.

Y digo que consideramos que no es una reforma fiscal, porque realmente no es una reforma fiscal profunda. Se vendió, se planteó como una reforma fiscal integral, y la verdad es que si uno compara el sistema fiscal que tenemos hoy y el que tendremos de aquí a quince días, cuando el Congreso le dé el visto bueno, verá que no es sensiblemente diferente como sistema, como concepción. ¿Por qué no es diferente? ¿Mejora la seguridad jurídica del contribuyente? No, porque también hemos aparcado determinadas leyes. La Ley general tributaria vendrá, pero no ha venido. Salvo el IRPF, el IVA y el impuesto sobre sociedades, el resto de leyes prácticamente ni se tocan. Por tanto, la seguridad jurídica no mejora. ¿Mejora en global la equidad del sistema? Yo creo que tampoco, porque no hay una concepción de modificación, de reforma del sistema fiscal en su globalidad.

Entendemos, pues, que esta no es una reforma fiscal, una reforma fiscal profunda, que es la que necesitaríamos, la que ha sido demandada por diferentes organismos internacionales y la que en principio todos coincidimos que sería imprescindible. Eso sí, hay cambios en algunas leyes —algunos sustanciales y otros no tanto—, en el IRPF, el impuesto sobre sociedades y el IVA.

Nuestro grupo no ha presentado veto, y no lo hemos hecho porque entendemos que estas leyes se pueden modificar —creemos que no se deben camuflar con esa denominación de reforma fiscal global—; y si las modificaciones mejoran algunas situaciones, y no vamos a negar que determinados aspectos del impuesto sobre sociedades, IVA e IRPF mejoran en ciertas situaciones, no debemos oponernos a su tramitación. Es verdad que algunas situaciones empeoran, por ejemplo, ciertos aspectos sustanciales del IRPF y del IVA, pero ello se enmarca en un contexto —y lo entiendo— de gestión de la legislatura. Y me explico. El Partido Popular se presentó con un programa —y no dudo de sus intenciones— de rebaja de impuestos. Después, no es que no se produjera esa rebaja de impuestos, sino que, por las circunstancias —no voy a entrar en si era necesario o no—, hubo un incremento de estos, un incremento de la presión fiscal en todos los ámbitos; de forma inmediata en el IRPF, es decir, a los dos meses de la legislatura, con unos meses de retraso, en el impuesto sobre el valor añadido, y así de forma sucesiva.

Estamos terminando la legislatura y esta reforma fiscal tiene que servir para justificar una rebaja de impuestos. ¿Es una rebaja de impuestos en relación con la situación actual? Quizás sí, mejora algún aspecto. ¿Es una rebaja de impuestos en relación con el principio de la legislatura? No, no es una rebaja de impuestos en relación con el principio de la legislatura.

Y voy a hacer una reflexión a raíz de alguna de las intervenciones del señor ministro, a quien aprovecho para mostrarle mi agradecimiento, porque es el único ministro —lo ha dicho algún otro portavoz— que viene a presentar a esta Cámara todas las iniciativas legislativas. El resto de ministros no comparece. Por tanto, debo agradecérselo al señor Montoro.

El ministro hablaba del círculo virtuoso, y decía que en la coyuntura actual dicho círculo posibilita que, aun reduciendo impuestos —los que había aumentado hace un año o dos—, se vaya a incrementar o mantener la recaudación. Pues bien, tenemos que poner una alerta a este círculo virtuoso, y más en estos momentos. Las expectativas de crecimiento que se están generando en el Estado español están basadas esencialmente, según el ministro, en unas reformas estructurales; pero, según nuestro grupo —y no quererlo ver sería una miopía—, se basan en una determinada coyuntura a nivel internacional y en un comportamiento de las exportaciones que tenemos dudas —no tenemos ninguna certeza, pero sí dudas— que se pueda mantener durante los próximos años. Si las previsiones de crecimiento de nuestro producto interior bruto no se mantienen, si las previsiones de crecimiento de determinadas exportaciones no se mantienen, la actual rebaja de impuestos va a comportar un déficit en el objetivo de consolidación fiscal. Ustedes no hicieron esto hace dos años y ahora se atreven a hacerlo seguramente por la gestión del momento de la legislatura.




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En todo caso, nuestro grupo entiende que no hay reforma fiscal, aunque sí modificaciones. Hemos presentado —espero que las veamos ya en el día de mañana— un conjunto de enmiendas a las tres leyes, pero, como he dicho, no vamos a oponernos a que se dé trámite a estas. Por tanto, nos vamos a abstener en los vetos, no vamos a apoyarlos, y entendemos que durante el trámite pueden mejorar algunos aspectos. Pero no nos debemos engañar: repito que esta no es una reforma fiscal profunda, que no es la reforma fiscal que se necesita en este momento.

Haré también algunas matizaciones en relación con la intervención del señor ministro. Decía que el IVA incrementa la recaudación —creo recordar que era a datos de octubre— el 8 %, lo que posibilita esta rebaja de impuestos. Pues bien, nos tendríamos que remontar al año 2012. Cuando el Gobierno justifica el incremento del IVA en 2012 se había comprometido de forma inmediata —así también se lo demandaban algunos de los organismos internacionales, que pedían un incremento de la imposición indirecta y del IVA— a una rebaja en las cotizaciones sociales. Se incrementó el IVA a condición de que, cuando mejorara la situación, se rebajarían las cotizaciones sociales para no afectar a la competitividad de nuestras empresas. Hemos incrementado el IVA, no hemos reducido las cotizaciones sociales, y ahora vamos a reducir otros impuestos, como el IRPF y, en algún caso, el impuesto sobre sociedades. Por tanto, debemos hacer una valoración en global de todo este planteamiento.

Hay otros aspectos que también nos preocupan. ¿Se afronta el fraude fiscal? Creemos que no. No hay ninguna modificación sustancial en esta pretendida reforma fiscal para mejorar la gestión del fraude fiscal. Los datos que se daban desde esta tribuna pueden tener muchísimas explicaciones, pero si no se reforma la Ley general tributaria de manera profunda no va a ser creíble la lucha por mejorar la situación de fraude fiscal. Así pues, creo que también se equivocan al generar algunas expectativas en torno a esta propuesta. Eso sí, hay que reconocer que algunos aspectos mejoran, especialmente en el IRPF y en el impuesto sobre sociedades. Otros empeoran, aunque entre estos algunos se han enmendado. Esperemos que se puedan enmendar algunos más.

Y hago una referencia final. Creo que, afortunadamente, de la reforma propuesta por la comisión de expertos ha llegado una parte muy pequeña.

Finalmente —soy consciente de que me paso medio minuto de mi tiempo—, en esta pretendida reforma se obvia por enésima vez a las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Se pretende hacer una reforma integral del sistema fiscal español y no se plantea cuál es el papel de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales en ella. Creo que eso es un grave error que acentúa nuestra manifestación de que esta una reforma parcial de determinados impuestos.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor BEL ACCENSI: Muchísimas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Gracias, presidente.

Señorías, es una pena que el señor ministro tenga hoy que defender los Presupuestos Generales del Estado, cosa que entiendo, porque, dada su superioridad intelectual —que diría el comisario Cañete—, siempre aprenderíamos algo más. En cualquier caso, creo que el tema de los impuestos es muy complejo desde el punto de vista de la interpretación, de la intención, pero suele ser bastante sencillo respecto de lo que quiere la gente. Y la realidad es que este caso concreto, como la reforma anterior —a la que también se ha referido el ministro—, siempre tiene algo de trampa. Por ejemplo, en la reforma del IRPF, de la que tanto presumió el Partido Popular y de la que están tan satisfechos diciendo que han bajado impuestos, lo que hicieron fue no actualizar las tarifas durante dos años y después presentar eso como una reforma fiscal. Es la trampa que también mantienen en esta ocasión. ¿Cuál era la necesidad básica de la reforma de los impuestos? Lo fundamental de esta reforma fiscal debiera ser, lógicamente, acercar la recaudación a los tipos. Pero, lejos de dar una solución, lo que han hecho es volver a presentar esto como una reforma fiscal que viene a aportar rentas a los ciudadanos, a devolver rentas a los ciudadanos, siguiendo




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en este caso el manual, como ustedes saben perfectamente, de ese autor que habla de la teoría general del enmarcado, del alivio fiscal. Pero eso no es cierto. Aquí no hay ningún alivio, aquí está la trampa del Partido Popular, como siempre, de cargar la responsabilidad de las subidas de impuestos a los demás y de cargar la responsabilidad del déficit a los demás. El gran superministro, señor Rato, ya le cargó al anterior Gobierno una buena parte del déficit que él generó para demostrar que había hecho el milagro español; y el milagro lo ha hecho ahora, como todos ustedes saben perfectamente. Y este es el mismo ejemplo, es lo que está haciendo ahora el Partido Popular. ¿Cuánto tiempo hemos tenido que aguantar la herencia recibida hasta darnos cuenta de que era el Partido Popular el que provocaba esta situación? ¿Y cuántas veces hemos tenido que pagar un sobrecoste de la prima de riesgo por la mala gestión económica del Partido Popular? (Rumores). ¿Ustedes ya no se acuerdan de cuando cada día daban una cifra de déficit? ¿Es que no lo recuerdan? Primero era el 6, después era 7, después era el 11… Han parado en el once y pico. ¡Qué maravilla!

Pero lo cierto es que esos trucos no sirven. La economía real supera esa situación, y yo no he visto personas más inmunes a la realidad que la actual portavoz del Partido Popular en materia económica. (Aplausos). No puede ser. Es absolutamente incomprensible que ustedes no entiendan que, aunque estemos mejor, la situación es dramática todavía para la inmensa mayoría de la gente; y no podemos venir a presumir aquí de que hemos logrado la recuperación, porque la recuperación —lo voy a decir— no existe, es frágil, no la nota la gente, no ha llegado a la sociedad y está pendiente de un hilo. (Aplausos). Cada día estamos pendientes de ver, cuando nos despertamos, si de repente ha pasado algo en Grecia y ha subido la prima de riesgo de una manera demencial. ¿Por qué ha bajado la prima de riesgo? ¿Por el gran esfuerzo del Partido Popular y la dinámica del control presupuestario? Claro que no, y ustedes lo saben perfectamente. Ha bajado porque de repente a los mercados les ha llegado la onda de que el euro no se iba a romper y de que el Banco Central Europeo intervendría; y en esas condiciones volver a invertir en los países periféricos es un chollo, porque no tienen nada que perder. Esa es la situación. El milagro español —no de Rato, ese es otro, como ustedes saben perfectamente—, el milagro del Gobierno actual es ese precisamente, que un día Draghi dijo: no se va a romper el euro, y a partir de ahí todos dijeron: pues vamos a seguir invirtiendo ahí porque se gana más; en Alemania se pierde si se planta en el banco. Esa es la situación.

Francamente, esta reforma fiscal ni es reforma ni es nada. Además, ustedes tendrían que haber planteado cómo recaudar más, no cómo recaudar menos, porque tenemos un déficit que no logramos superar. Y resulta que vamos a recaudar menos, que vamos a hacer regalos fiscales a quienes menos lo necesitan. Vamos a seguir con el mismo agujero del impuesto sobre sociedades. Nos decían ustedes que había que disminuir las subvenciones y los agujeros y procurar conseguir que paguen más. Pero no, señores, hacen ustedes lo contrario. Lo único que hacen es intentar tapar algunos agujeros por los cuales se evadía fiscalmente, lo cual atribuyo a los técnicos de Hacienda fundamentalmente. Y lo que ustedes han hecho es decir que a las grandes empresas que, como ustedes saben perfectamente, llegaron a pagar el 3,5 % de tipo efectivo, no les va a afectar, porque se les va a bajar del 30 % al 25 %; eso sí, en dos años, porque ya saben que eso no se puede pagar.

En cualquier caso, eso no es una reforma fiscal, eso no es lo que necesita España, eso no es lo que va a producir crecimiento. El crecimiento y el empleo que se está creando es, como ustedes saben perfectamente, y por desgracia ha dicho alguien con una frase que hará fortuna, repartir el empleo que hay y no generar nuevos puestos de trabajo. En esas estamos, y esta reforma no va a solucionar eso.

Este es un tema muy dramático, porque ustedes saben, igual que yo, porque manejamos las mismas cifras, que en el año 2007 ingresamos 44 000 millones por el impuesto sobre sociedades, y al año siguiente ingresamos 27 000. Disminuimos un 40 % de un año para otro. Pero al año siguiente seguimos disminuyendo, y la actividad no había caído tanto, ni mucho menos. Seguimos disminuyendo, como digo, y llegamos actualmente a las cifras de 2002 y 2003, aproximadamente. Eso no da para una rebaja fiscal; eso da para que hagamos una reforma con la que podamos recaudar más. (Aplausos).

Lo que tenemos que hacer es una reforma en la que se redistribuya el esfuerzo fiscal de una manera diferente, que los que hasta ahora han pagado el 3,5 % lleguen a pagar por lo menos




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el 15 % y que los que han estado pagando un tipo muy elevado —similar al 25 %— tengan un pequeño desahogo fiscal. Eso es lo que se necesita, y para ello hay que hacer un tipo de reforma fiscal diferente, porque ustedes, por un lado, quitan subvenciones o desgravaciones y, por otro, bajan los tipos, y lo dejan igual. Con esta reforma sigue sin pagar la misma gente. ¿Que ustedes tienen el lema de: Eso pasaba cuando estaban ustedes? Sí que pasaba, y por eso estamos en esta situación, y lo tenemos que resolver, pero esta no es precisamente la solución adecuada.

Son cifras dramáticas. Hay que acercar el tipo efectivo a la recaudación real. Esa es la reforma que hace falta, y para eso hay que hacer un esfuerzo fundamental. En vez de dotar más a la agencia, le hemos asignado menos —el año anterior tuvimos un 16 % menos de recursos—. Así no se puede trabajar, no podemos llegar a las empresas, no podemos hacer ninguna inspección. Podemos ver a los que declaran, pero a los que no declaran no les podemos investigar, y ese es el problema que tenemos. Hemos gastado menos y además de eso y de que tenemos menos efectivos y menos recursos, resulta que se ha resentido lógicamente la inspección y tenemos un resultado del 9 %, peor que el anterior, todo ello con el crecimiento que ustedes dicen permanentemente que hay.

En definitiva, señorías, una reforma fiscal se hace para conseguir un sistema más justo y aumentar la recaudación; lo contrario es un suicidio político que ustedes van a perpetrar.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Lerma.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora Angulo.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Dicen que, cuando uno quiere hacer algo, encuentra la oportunidad; y que, cuando no quiere hacer nada, encuentra la excusa. Ustedes han tratado de buscar infructuosamente muchas excusas.

Dice: la portavoz del Grupo Popular... Lo cierto es que les he puesto muy nerviosos, porque he dado muchos datos y los números ponen sobre la mesa las mentiras de los argumentarios. Muchos números han puesto de manifiesto, negro sobre blanco, que el Partido Popular ha acertado el tipo efectivo y que el Partido Socialista estaba permitiendo que las grandes empresas estuvieran pagando 0 % de tipo efectivo, senador Lerma, en el impuesto sobre sociedades. Los que más tenían eran los que menos pagaban con ustedes. Y los números les ponen muy nerviosos.

No han rebatido un solo dato de todos los que yo he dado, no han rebatido ni uno solo, ninguno. Los calificativos, por muy críticos y muy agrarios que sean —que lo han sido—, nunca, senador Guillot, desmienten a los números. Los números están sobre la mesa y, repito, ustedes no han rebatido ninguno. Por cierto, a la izquierda no la uno yo ni la une el Partido Popular, la izquierda se unió sola en Cataluña —Esquerra, Izquierda Unida, el Partido Socialista—, y todos juntos, jugando al despilfarro, arruinaron Cataluña. (Aplausos). Senador Guillot, usted me decía: Ustedes se unieron y multiplicaron la deuda, que pasó de menos de 11 000 millones a más de 35 000 millones. Y nos preguntan: ¿El Partido Popular tiene algo que ver con la deuda? No, o sí porque el Partido Popular ha tenido que pagar también, aparte de esos 8 millones de facturas, los servicios públicos de los catalanes que ustedes habían dejado a deber. Por tanto, en eso ha tenido que ver mucho el Partido Popular, en pagar las deudas que ustedes dejaron a deber allí cuando se vinieron a Madrid. Esa es la realidad que ustedes no cuentan.

El senador Iglesias, a quien agradezco su tono y su debate sosegado, decía que el Partido Popular tendría que hacer proyecciones sobre cómo va a afectar la reforma fiscal a cada familia. Pues bien, las tenemos y por eso les he dado datos. Le digo con ejemplos: una familia con 2 hijos, con un rendimiento del trabajo de 25 000 euros, una rebaja del 13,94 %; una familia con 2 hijos, uno menor de 3 años, con rendimiento de 22 000 euros, una rebaja del 48,15 %, que lo van a empezar a ver el 1 de enero de 2015, por esto queremos votar hoy esa rebaja de impuestos, esa rebaja fiscal. Un contribuyente casado, con un hijo que tiene una discapacidad del 40 %, que presenta una declaración individual, con rendimiento del trabajo de 17 000 euros, tiene una rebaja del 63,14 % —deja de pagar casi dos terceras partes de IRPF—. ¿Por qué? Porque tiene una rebaja de IRPF, porque tiene una actualización en los mínimos, tanto personal como familiar, y porque se puede aplicar una de esas deducciones especiales —uno de esos impuestos que actúan como impuestos negativos—, una ayuda extra de 1200 euros al año a razón de 100 euros




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al mes, y todo ello acumulable. Una rebaja para esa familia de casi dos terceras partes de IRPF es muy importante. Por eso, porque hemos estudiado casos muy concretos de familias muy concretas, con necesidades muy concretas, para dar respuesta a todas esas necesidades hemos propuesto esta reforma fiscal trabajada, estudiada, tras un proceso de participación importante, que merece algo más que el que vengan ustedes con 4 calificativos, que, además, son los mismos que utilizaban al principio de la legislatura, cuando la situación económica era completamente diferente. El siguiente paso lo ha dado el Grupo Parlamentario Entesa y el PSOE.

Senador Montilla, ha empleado más de la mitad de su tiempo de intervención en acusarnos de electoralismo, en decir que esta reforma, que esta rebaja de impuestos se presenta porque estamos ante un año electoral. (Espero que le dejen escuchar porque es importante lo que le tengo que decir.) No es porque estemos ante un año electoral, es porque hay una recuperación cuyos datos ahora detallaré. En todo caso, ustedes no tienen ninguna legitimidad. Lo que era un reclamo electoral fueron aquellas medidas de quita y pon o de pon y quita, como aquellos 400 euros con los que ustedes dijeron que iban a espolear el consumo, y lo único que provocaron en el año 2008 fue el voto. Nos habían mentido, como con el déficit, como con la deuda. El señor Solbes lo dijo: Mentimos, pero había que ganar unas elecciones, por eso negamos la crisis. Y ahora, después de un tiempo, también habrá alguien que diga: Mentimos, negamos la recuperación pero queremos ganar las elecciones. Por tanto, usted no nos hable de aplicar una política económica en función de las expectativas electorales porque pertenece a un partido cuyo exministro de Economía ya reconoció haber mentido y haber puesto en marcha medidas que luego quitó solo para ganar unas elecciones. Por tanto, dicen lo que hacen ustedes. (Aplausos).

Ustedes están negando la recuperación. Miren, nosotros sin autocomplacencia y sin autotriunfalismos decimos que la recuperación está en marcha. Ese fue nuestro primer compromiso electoral —recuperar el crecimiento y el empleo—, y hoy estamos en un crecimiento y en una recuperación que ha venido para quedarse. ¿Y saben por qué? Porque es muy diferente de aquellos brotes verdes que no tenían consistencia ni base ninguna. ¿Y saben por qué? Porque hoy tenemos bajo control las cuentas públicas. Es muy diferente tener un déficit —aunque no lo reconocieran— del 9 % que tener ya una previsión para el año que viene del 4,2 %. Es que en 2015 habremos recortado 5 puntos de PIB del déficit, señorías. Es uno de los mayores y mejores ejercicios de consolidación fiscal de toda la OCDE, y así lo reconocen todos los organismos. Es que hay algo más que hace diferente esa recuperación —por eso es firme y por eso ha venido para quedarse— y es que se ha reducido —lo ha dicho el ministro— el endeudamiento privado en más de 250 000 millones —150 000 millones las empresas y 100 000 millones las familias—. Y eso era muy necesario y muy importante. Por ello también en esta reforma lleva a fomentar el ahorro, una lección importante que nos ha dado la crisis, señorías.

En tercer lugar, porque hemos saneado el sistema financiero. Con un sistema financiero como nos lo dejaron ustedes, era imposible una recuperación porque ni había crédito —y lo más importante— ni había confianza. Por tanto, sin un sistema financiero saneado es imposible una recuperación. Ahora es posible la recuperación porque, primero, se procedió al saneamiento del sistema financiero. Somos el país que más está creciendo de la zona euro, señorías. Y hoy dicen: Pero es que hay problemas en otros países. Sin embargo, hoy no solo tenemos más crecimiento, es que la composición del crecimiento ha cambiado, es que ya no dependemos totalmente de las exportaciones, es que en nuestro país, después de muchos años, está creciendo la demanda interna, está creciendo el consumo y está creciendo la inversión. Por eso también, para estimular ese crecimiento de consumo y de inversión, es tan absolutamente necesaria la reforma fiscal que hoy estamos planteando. Porque necesitamos que sigan creciendo esas variables, máxime cuando precisamente otros países de nuestro entorno están teniendo problemas con el crecimiento.

¿Y saben por qué también? Porque hemos recuperado la credibilidad y la confianza, señorías. Hemos recuperado la credibilidad y la confianza porque hay otra política económica que está dando frutos, que está dando resultados. Por eso, crece el consumo y por eso crece la inversión porque jamás en nuestro país se habían trasladado al empleo de manera tan directa y tan inmediata los resultados macroeconómicos como ahora. Y esta reforma fiscal también es importante para seguir estimulando la creación de empleo.

Voy terminando, señorías. La recuperación es firme. Ha venido para quedarse. Más que nunca necesitamos hacer llegar en forma de oportunidades, de bienestar y de empleo a las familias esa




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recuperación y esos datos microeconómicos. Más que nunca, por lo tanto, necesitamos devolver, en forma de esos 9000 millones, que vamos a poner en manos de las familias y de las personas de este país, el esfuerzo que han hecho y esas oportunidades a futuro. España ha recuperado la solvencia gracias a las reformas, y también es el momento de aprovecharlo. Por lo tanto, vamos a aprobar esa reforma fiscal, vamos a aprobar ese instrumento social, ese instrumento de igualdad y, sobre todo, ese instrumento de crecimiento y ese instrumento al servicio de la creación de empleo que tanto necesitamos.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Angulo.

Llamen a votación. (Pausa).

6.2.2. PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY 35/2006, DE 28 DE NOVIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS, EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2004, DE 5 DE MARZO, Y OTRAS NORMAS TRIBUTARIAS. (Votación).

COMISIÓN: HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

(Núm. exp. 621/000091)

El señor PRESIDENTE: Abran las puertas.

Señorías, vamos a votar las propuestas de veto del primer proyecto de ley, comenzando por la propuesta de veto número 1 de los senadores Iglesias y Mariscal.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 68; en contra, 139; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 2, de la senadora Capella.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 230; votos emitidos, 229; a favor, 68; en contra, 142; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3, de los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario de Entesa.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 230; votos emitidos, 229; a favor, 68; en contra, 142; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 4, de los senadores del Grupo Parlamentario de Entesa, menos los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 230; votos emitidos, 229; a favor, 68; en contra, 142; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 230; votos emitidos, 229; a favor, 68; en contra, 142; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Rechazadas las propuestas de veto, se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.

Buenas noches.

Eran las veintidós horas y cincuenta minutos.


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