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DS. Senado, Pleno, núm. 15, de 25/04/2012
 





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PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión celebrada el miércoles, 25 de abril de 2012

ORDEN DEL DÍA

4. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

4.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de infraestructuras en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

(Núm. exp. 671/000013)

Autor: GPS

4.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas de impulso a la exportación e internacionalización, como principal vía de estabilización de la economía española.

(Núm. exp. 671/000014)

Autor: GPCIU

5. MOCIONES

5.1. Moción por la que se insta al Gobierno a iniciar los trámites necesarios para la elaboración de un Estatuto del Personal Funcionario Docente no Universitario.

(Núm. exp. 662/000017)

Autor: GPP

5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a presentar ante las Cortes Generales un Proyecto de Ley que reforme de manera integral la actual Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial.

(Núm. exp. 662/000018)

Autor: GPP

5.3. Moción sobre las medidas para el ahorro de 10.000 millones de euros en los servicios públicos sanitario y educativo.

(Núm. exp. 662/000019)

Autor: GPS




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6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

6.1.1.Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para la moratoria invernal de desahucios.

(Núm. exp. 622/000001)

Autor: GPEPC

6.2. DICTÁMENES DE COMISIONES

6.2.1.Proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 621/000002)




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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta minutos.

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4. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

4.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de infraestructuras en la Comunidad Autónoma de Andalucía

Autor: GPS

825

El señor Fernández Ortega defiende la moción.

El señor presidente informa de que la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió ha sido retirada.

En turno de portavoces intervienen la señora Leanizbarrutia de Bizkarralegorra, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y la señora Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; así como los señores Fernández ortega, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Sanz Ruiz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza por 79 votos a favor, 142 en contra y 8 abstenciones

4.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas de impulso a la exportación e internacionalización, como principal vía de estabilización de la economía española.

Autor: GPCIU

833

El señor presidente informa de la presentación de una propuesta de modificación, por lo que no hay defensa de las enmiendas.

El señor Vilajoana i Rovira defiende la moción.

En turno de portavoces intervienen el señor Yanguas Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto, y la señora Leanizbarrutia de Bizkarralegorra, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), así como los señores Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Vilajoana i Rovira, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Manchado Lozano, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Aroca Sáez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de la Cámara.

5. MOCIONES

5.1. Moción por la que se insta al Gobierno a iniciar los trámites necesarios para la elaboración de un Estatuto del Personal Funcionario Docente no Universitario.

Autor: GPP

844

El señor presidente informa de la presentación de una propuesta de modificación, por lo que no hay defensa de las enmiendas.

El señor Peral Guerra defiende la moción.




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En turno de portavoces intervienen las señoras Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), y Sequera García, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; así como los señores Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Álvarez Areces, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Peral guerra, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de la Cámara.

5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a presentar ante las Cortes Generales un Proyecto de Ley que reforme de manera integral la actual Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial.

Autor: GPP

854

El señor Altava Lavall defiende la moción.

En turno de portavoces intervienen los señores Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Maldonado i Gili, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Antich Oliver, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Altava Lavall, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción por 172 votos a favor y 70 en contra.

5.3. Moción sobre las medidas para el ahorro de 10.000 millones de euros en los servicios públicos sanitario y educativo.

Autor: GPS

862

El señor Lertxundi Barañano defiende la moción.

El señor Bel Accensi defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Lertxundi Barañano expone la posición de su grupo respecto de la enmienda.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Utrera Mora.

En turno de portavoces intervienen los señores Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; así como la señora Chivite Navascués, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Utrera Mora, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción por 77 votos a favor, 154 en contra y 11 abstenciones.

6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

6.1.1.Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para la moratoria invernal de desahucios.

Autor: GPEPC

882

El señor Guillot Miravet defiende la toma en consideración de la proposición de ley.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Ramírez Rodríguez.




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En turno de portavoces intervienen los señores Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Maldonado i Gili, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Becana Sanahuja, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Ramírez Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se suspende la sesión a las catorce horas y veinticinco minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

6.2. DICTÁMENES DE COMISIONES

6.2.1.Proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

889

El señor Sanz Ruiz, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

En nombre del Gobierno hace uso de la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto número 1, presentada por este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Angulo Martínez.

En turno de portavoces intervienen la señora Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), y los señores Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y Vázquez García, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Angulo Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la propuesta de veto número 1 por 4 votos a favor, 163 en contra y 70 abstenciones.

Comienza el debate del artículado.

El señor Quintero Castañeda defiende las enmiendas números 1 a 11, de este senador y el señor Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora Martínez Muñoz defiende las enmiendas números 58 a 61, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas números 12 a 42, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Bel Accensi defiende las enmiendas números 62 a 73, 75, 77 a 93 y 95 a 99, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

La señora Marra Domínguez defiende las enmiendas números 43 a 57, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra de las enmiendas hace uso de la palabra el señor De las Heras Muelas.

En turno de portavoces intervienen la señora Salanueva Murguialday, y los señores Unamunzaga Osoro y Quintero Castañeda, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); los señores Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario




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Catalán en el Senado Convergència i Unió, y Vázquez García, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Angulo Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Comienza la votación.

Se rechaza la enmienda número 1, de los señores Zerolo Aguilar y Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto, por 5 votos a favor, 205 en contra y 7 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 2 y 8, de los señores Zerolo Aguilar y Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto, por 12 votos a favor y 203 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 3 y 10, de los señores Zerolo Aguilar y Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto, por 5 votos a favor, 146 en contra y 63 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 4, 6, 7 y 11, de los señores Zerolo Aguilar y Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto, por 11 votos a favor, 139 en contra y 53 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 5, de los señores Zerolo Aguilar y Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto, por 14 votos a favor y 203 en contra.

Se rechaza la enmienda número 9, de los señores Zerolo Aguilar y Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto, por 7 votos a favor, 203 en contra y 7 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 58 y 60, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por 68 votos a favor y 149 en contra.

Se rechaza la enmienda número 59, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por 67 votos a favor y 148 en contra.

Se rechaza la enmienda número 61, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por 14 votos a favor, 149 en contra y 54 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 16, 20 y 33, de los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 65 votos a favor, 148 en contra y 4 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 12, 13, 14, 15, 18, 25, 30 y 35, de los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 2 votos a favor, 149 en contra y 66 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 23 y 24, de los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 2 votos a favor, 155 en contra y 60 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 21, 22, 34, 36 y 37, de los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 9 votos a favor, 148 en contra y 59 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 32, de los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 9 votos a favor, 203 en contra y 5 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 17 y 19, de los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 57 votos a favor, 148 en contra y 12 abstenciones.




Página 824


Se rechazan las enmiendas números 26, 27, 28, 29, 31, 38, 39, 40, 41 y 42, de los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 2 votos a favor, 203 en contra y 12 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 62, 68, 69, 71, 72, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98 y 99, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por 11 votos a favor, 205 en contra y 1 abstención.

Se rechazan las enmiendas números 63, 66, 82, 83, 87, 88 y 95, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por 12 votos a favor, 148 en contra y 57 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 64, 65, 67, 70, 73 y 86, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por 69 votos a favor, 147 en contra y 1 abstención.

Se rechazan las enmiendas números 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 56 y 57, del Grupo Parlamentario Socialista, por 64 votos a favor, 148 en contra y 5 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 43, 49, 50 y 55, del Grupo Parlamentario Socialista, por 57 votos a favor, 148 en contra y 12 abstenciones.

Se aprueba el proyecto de ley por 155 votos a favor, 59 en contra y 5 abstenciones.

El señor presidente informa de que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.

6.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY (Continuación.)

6.1.1.Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para la moratoria invernal de desahucios. (Votación.)

Autor: GPEPC

926

Se rechaza la toma en consideración por 66 votos a favor, 145 en contra y 7 abstenciones.

Se levanta la sesión a las diecinueve horas y cuarenta minutos.




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Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

4. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

4.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.

(Núm. exp. 671/000013)

AUTOR: GPS

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de infraestructuras en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

A esta moción consecuencia de interpelación ha presentado una enmienda el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Para la defensa de la moción, y por un tiempo de cinco minutos, tiene la palabra el senador Fernández Ortega.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías.

España va peor. Con el Gobierno de derechas del señor Rajoy todo va peor: la prima de riesgo, la bolsa, el PIB, el déficit, la deuda, la credibilidad del Gobierno dentro y fuera del país… En conclusión, España va peor con el Gobierno del Partido Popular.

Con esta moción les pido en esta Cámara que le exijamos al Gobierno que cumpla la ley; aunque, señorías, se lo estamos pidiendo a un Gobierno que no tiene palabra, a un Gobierno que mintió a toda España para ganar las elecciones y volvió a mentir un minuto después de haberlas ganado; y eso que, según el senador Aguirre, después de las elecciones ya estaban en tiempo de decir la verdad.

El Gobierno ha incumplido todo aquello que prometía, antes y después de las elecciones: han subido los impuestos, recortado los derechos de los trabajadores, instaurado el despido gratuito, recortado en sanidad y educación, los pensionistas van a pagar por primera vez las medicinas, han recortado la aplicación de la Ley de dependencia y han subido las tasas universitarias. Todas sus promesas se han revelado mentiras.

En cualquier caso, señorías, también a este Gobierno mendaz se le debe pedir que cumpla la ley, y por ello he presentado esta moción, para exigir al Gobierno que cumpla el Estatuto andaluz, una ley orgánica que forma parte del bloque constitucional.

Andalucía representa el 17,8% de la población de España y prácticamente el mismo porcentaje en territorio. La disposición adicional tercera del Estatuto andaluz obliga al Estado a que el gasto de inversión en Andalucía sea equivalente a su peso poblacional en el conjunto de España ―es decir, el 17,8%― y este Gobierno de la derecha, sectario, ha asignado a Andalucía solo el 14,6%.

Los socialistas creemos que recortar el déficit no es suficiente para crecer, que son necesarias políticas de estímulo pero, aún así, podríamos entender que se produjera una minoración de la inversión en Andalucía debido a las políticas de recortes del Partido Popular, pero no que se invierta menos de lo que le corresponde en cumplimiento del Estatuto andaluz.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2012, el Gobierno está restando a Andalucía 1 de cada 5 euros que le corresponden en inversión. El Partido Popular se ha cebado con los recortes en Andalucía. Señorías, hay seis provincias andaluzas entre las trece que mayores recortes sufren; entre ellas, Málaga, Córdoba y Sevilla, que es la última en inversión per cápita para este Gobierno.

Estoy convencido de que lo que es malo para Andalucía es malo para España, pero este Gobierno del Partido Popular debe pensar lo contrario. Incluso creo que lo que piensa es que lo que es malo para Andalucía es bueno para el Partido Popular. Por ello, además de reducir escandalosamente la inversión, siembra dudas sobre las cuentas andaluzas, recurre la subasta de medicamentos en Andalucía, que supondría un importante ahorro en el gasto sanitario, o recurre las oposiciones de educación únicamente en nuestra tierra.




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La ministra de Fomento afirmó el pasado 10 de abril en este Pleno que la inversión de su ministerio en 2012 sería de 11 928 millones, y en Andalucía de 1343, lo que representa el 11,25% de las inversiones que este ministerio destinará a Andalucía. El Gobierno miente, y miente la ministra de Fomento cuando afirma que le preocupa Andalucía y el empleo en nuestra tierra.

Los Presupuestos Generales del Estado demuestran cuál es la verdadera intención del Gobierno con Andalucía: castigar a esta tierra. En lugar de combatir el desempleo, dan de lado a Andalucía y reducen las inversiones que son capaces de crear empleo hasta en un 50%. Las cifras de caída de inversión son esclarecedoras. La inversión del Estado ha caído en cifras cercanas al 40% en Sevilla, Jaén, Cádiz, Huelva, y aún en mayor porcentaje en Córdoba o en Málaga. España no va salir de la crisis abandonando y retrasando una comunidad que representa prácticamente la quinta parte del país en población y territorio.

Señorías, la última parte de esta moción es para exigir al Ministerio de Fomento una programación de sus inversiones para esta legislatura. Es un derecho de la ciudadanía y de sus representantes conocer cuál es la planificación del Gobierno, entre otras cosas porque eso nos permitiría aportar ideas y enriquecer la programación. Supongo que todos compartiremos que los Gobiernos autonómicos, provinciales y locales necesitan conocer la planificación del Estado y compartirla para avanzar en la suya propia. Es un derecho y una necesidad para la ciudadanía, para los inversores y para el resto de las administraciones conocer la planificación del Gobierno de España, sin embargo, este Gobierno huye del compromiso con las infraestructuras.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Enseguida, señor presidente.

No quiere que la ciudadanía conozca su planificación, probablemente porque es una planificación raquítica y, además, desigual e injusta a la vista de los Presupuestos Generales de 2012 que nos han presentado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Me comunican que la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió ha sido retirada.

No hay petición de turno en contra. Pasamos, por tanto, al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto no hay intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Leanizbarrutia, por tiempo de cinco minutos.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Gracias, señor presidente. Eskerrik asko. Egun on, senatariok.

Honen inguruan iruditzen zaigu direla Andaluziari dagozkion politikak. Normalean, gure taldeak beti erakutsi du halako errespetu bat komunitate edo elkarte autonomoetako barne-politikarekiko. Senatari sozialistak komentatu du proposamen hau dela eskaera bat, non eskatzen zaion Gobernuari betetzea legea. Guk zer esango dugu? Guk, hemen, talde bezala, ikusi dugu estatutu bat betetzeko eta osatzeko 30 urte baino gehiago egon garela behin eta berriz eskatzen, nahiz PPko gobernua izan, nahiz PSOEko gobernua izan.

Beste alde batetik, gure jarrera beti izan da ganbera honetan nolabaiteko errespetua autonomia bakoitzaren barruko politikarekiko. Orduan, guk honetan, benetan, ez dugu parte hartu nahi. Errespetatuko dugu gehiengoak onartzen duena, eta guk egingo duguna da eskatu, hori bai, gaurko gobernuari, mesedez, bete dezala legeak agintzen duena. Horretarako gaude hemen, eta, bueno, halako egoeretan, hori, nolabait, salatu egin behar dugu. Salatu egin behar da hemendik betetze eza hori.

Beste alde batetik, gurea abstentzioa izango da kasu honetan, ez ez gaudelako ados, halako infraestrukturetarako egin behar diren politikak bete egin behar direlako, baizik eta hori Andaluziak inork baino hobeto dakielako eta barruko politikari dagokion erabaki bat delako. Beraz, PSOEri abstentzioa eskaintzen diogu, baina PPri eskatzen diogu Andaluzian daukan ordezkapena bete dezala eta Andaluziaren alde lan egin dezala.

Eskerrik asko.




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Buenos días, señorías.

Esta moción trata un asunto referente a Andalucía, y normalmente mi grupo siempre ha mostrado respeto hacia las políticas internas de las comunidades autónomas. El senador socialista decía que esta propuesta es una solicitud que insta al Gobierno a cumplir la ley, y nosotros, ¿qué vamos a decir? Mi grupo sabe que lograr el cumplimiento de nuestro estatuto nos ha llevado más de treinta años. Se trate de un Gobierno del PP o del POSE, así ha sido.

Nuestra posición en esta Cámara, repito, siempre ha sido la de respeto hacia la política interna de las comunidades. Realmente no queremos entrar en este asunto y respetaremos lo que la mayoría decida; lo que haremos será, eso sí, solicitar al Gobierno que cumpla lo que dicta la ley, que es para lo que estamos aquí, y lo que debemos hacer en estas situaciones es denunciar el incumplimiento de la ley.

Nos abstendremos no porque no estemos de acuerdo con el cumplimiento de estas políticas de infraestructuras, sino porque nadie tiene más conocimiento del tema que Andalucía y, como ya he dicho, éste es un asunto interno. Ofrecemos la abstención al PSOE y, al mismo tiempo, solicitamos al PP que cumpla la ley y que trabaje en favor de Andalucía.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Moltes gràcies, senyor president. Bon dia, senyories.

Senador Fernández, abans de res deixi-me-li dir que és per a mi una gran satisfacció poder utilitzar el català en aquesta intervenció per donar suport sense matisos a la seva moció, perquè també es pot defensar Andalusia en català; el català, la nostra llengua, sens dubte simbolitza la nostra singularitat i la utilitzem sense embuts per defensar els nostres drets i els nostres punts de vista; però en català també es pot i, sobretot, hem de defensar allò que és just. Allò que és just per nosaltres però també allò que és just pels demés, sigui qui sigui, sigui d’on sigui.

En aquest sentit, senador Fernández, el Grup de l’Entesa pel Progrés de Catalunya se suma sense cap restricció a la seva moció a partir de tres arguments. El Grup de l’Entesa no considera que aquesta qüestió sigui només interna de la comunitat andalusa o de les relacions bilaterals entre Andalusia i l’Estat, sinó que considera que aquesta és també una qüestió que té a veure amb el conjunt d’Espanya, amb posicionaments que ens afecten a tots.

La primera idea, el primer argument, és el suport que efectivament cal complir l’Estatut d’Andalusia. El Govern d’Espanya ha de complir amb l’Estatut d’Andalusia i amb tots els Estatuts; això és coherent, és la mínima coherència exigida en l’Estat de dret i sobretot en l’Estat de les Autonomies, que demana per funcionar aquesta confiança mútua, aquesta reciprocitat entre el Govern d’Espanya i el Govern de les comunitats autònomes. En aquest moment de qüestionaments cada cop més forts de l’Estat de les Autonomies que reflexa la nostra Constitució, el Grup Parlamentari de l’Entesa pel Progrés de Catalunya vol expressar el nostre màxim suport a aquest model d’Estat i al seu aprofundiment. La resposta està en aprofundir en aquest model com, per exemple, en la reforma del Senat, que esperem que ben aviat s’engegui amb la màxima potència.

El segon argument és des de la solidaritat d’aquells que també veuen el seu estatut incomplert per aquests Pressupostos Generals de 2012 tan i tan equivocats des de molts punts de vista, però especialment des d’aquest. També a l’Estatut de Catalunya es determina a la seva disposició addicional tercera que cal complir un percentatge d’inversions en relació a allò que el PIB de Catalunya aporta al conjunt de l’Estat, que aquest any seria el 18,66%, i els Pressupostos Generals només consignen l’11,1%, una caiguda brutal, molt per sobre del conjunt de les comunitats autònomes. És el primer any que el Govern d’Espanya, des de l’aprovació del nou estatut, no compleix amb els pressupostos igual que no compleix amb Andalusia. Caldria, doncs, consignar 1289 milions addicionals en aquests Pressupostos Generals de l’Estat per estar a l’alçada que demana l’Estatut de Catalunya. Per això, ens costa molt d’entendre la posició de Convergència i Unió que per votar el conjunt d’uns pressupostos tan regressius per Catalunya i tan equivocats per a Espanya només demana 213 milions en endarreriments i no qüestiona que s’hagin de consignar aquests 1289 milions en inversió per complir el que estipula l’Estatut de Catalunya. Per tant, senador Fernández, ens sentim també per aquest motiu plenament identificats amb la situació que viu Andalusia.

Finalment, el tercer argument, senyories, el suport a la idea que la transparència i la priorització clara i valenta han de ser els criteris bàsics per l’assignació de recursos en matèria d’inversions en època de




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crisi, precisament quan les restriccions de recursos disponibles són més grans, cal fer més esforç en prioritzar. Voler acontentar tothom és al final no acontentar ningú i fer molt poc a favor del conjunt. Els diners per a infraestructures s’han d’invertir en allò que és en aquests moments prioritari; en fer el desenvolupament d’infraestructures pel motor econòmic, per la productivitat i per la competitivitat afegides, i això ens ho dóna el sector exterior.

Per això, des del Grup de l’Entesa pel Progrés de Catalunya, estem totalment d’acord amb el punt tercer de la seva moció que demana aquesta planificació clara, transparent i coneguda per tothom.

En definitiva, senyories, com he dit, per aquestes tres raons de fons el Grup de l’Entesa pel Progrés de Catalunya expressa la seva plena coincidència amb el text de la moció i li donarà el seu vot afirmatiu.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Senador Fernández, antes de nada déjeme decirle que es para mí una gran satisfacción poder utilizar el catalán en esta intervención para apoyar sin matices su moción, porque también se puede defender a Andalucía en catalán; el catalán, nuestra lengua, que sin duda simboliza nuestra singularidad y que utilizamos sin embudos para defender nuestros derechos y nuestros puntos de vista; también en catalán se puede y, sobre todo, debemos defender lo que es justo para nosotros y lo que es justo para los demás, sea quien sea, sea de donde sea.

En este sentido, senador Fernández, el Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya se suma sin ninguna restricción a su moción a partir de tres argumentos, porque no consideramos que esta cuestión sea solo interna de la comunidad andaluza o de las relaciones bilaterales entre Andalucía y el Estado, sino que afecta al conjunto de España, con posicionamientos que nos afectan a todos.

El primer argumento es el apoyo a la idea de que, efectivamente, hay que cumplir el Estatuto de Andalucía. El Gobierno de España debe cumplir con el Estatuto de Andalucía y con todos los estatutos; es la mínima coherencia exigida en el Estado de derecho, sobre todo con el Estado de las Autonomías, que piden esta confianza mutua, esta reciprocidad entre el Gobierno de España y el Gobierno de las comunidades autónomas. En este momento de cuestionamientos cada vez más fuertes del Estado de las Autonomías que se refleja en la Constitución, el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya quiere expresar su máximo apoyo a este modelo de Estado y a su profundización. La respuesta está en profundizar en este modelo, por ejemplo, en la reforma del Senado, que esperemos que se emprenda bien pronto y con la máxima potencia.

El segundo argumento es la solidaridad de los que también ven que su estatuto se incumple por estos Presupuestos Generales de 2012, tan y tan equivocados desde muchos puntos de vista, especialmente desde este que nos ocupa. En el Estatuto de Cataluña se determina en su disposición adicional tercera que hay que cumplir un porcentaje de inversión, lo que el PIB de Cataluña debe aportar al conjunto de Estado, que este año sería el 18,66%, pero en los Presupuestos Generales solo se consigna el 11,1%, una caída brutal, muy por encima de la media del conjunto de las comunidades autónomas. Es el primer año, desde la promulgación del nuevo estatuto, que el Gobierno de España no cumple con los presupuestos, del mismo modo que tampoco cumple con Andalucía. Habría, pues, que consignar 1289 millones adicionales a este Presupuesto General del Estado para cumplir con lo que exige el estatuto de autonomía. Por tanto, nos cuesta mucho entender la posición de Convergència i Unió que votó unos presupuestos tan regresivos para Cataluña, que solo pide 230 millones en retrasos y que no cuestiona que se deban consignar estos 1289 millones en inversión para cumplir con lo estipulado en el estatuto de autonomía. Senador Fernández, por este motivo nos sentimos plenamente identificados con la situación que vive Andalucía.

Finalmente, el tercer argumento, señorías, el apoyo a la idea de que la transparencia y la priorización clara y valiente deben ser los criterios básicos para la asignación de recursos en materia de inversiones en épocas de crisis; precisamente cuando las restricciones de los recursos disponibles son mayores, hay que hacer más esfuerzos en la priorización. Querer contentar a todo el mundo es al final no contentar a nadie y hacer muy poco a favor del conjunto. Los dineros para infraestructuras se deben invertir en aquello que es prioritario en estos momentos y que permitan el desarrollo de infraestructuras para el motor económico, para la competitividad y la productividad añadida, y eso nos lo da el sector exterior.

Por tanto, Entesa pel Progrés de Catalunya está totalmente de acuerdo con el punto tercero de su moción, que pide esta planificación clara, transparente y bien conocida por todo el mundo.




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En definitiva, señorías, tal y como he dicho, por estos tres motivos de fondo, Entesa pel Progrés de Catalunya expresa su total coincidencia con el texto de la moción y dará su voto afirmativo.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Bon dia, senyor president. Bon dia, senyories.

Ja és ben curiós que s’hagi de presentar una moció, encara que aquesta sigui conseqüència d’interpel·lació, en la qual el primer punt ve a dir, bàsicament, que es compleixi la llei. Quines paradoxes! Sembla ben bé a vegades com una miqueta d’un guió d’aquell «sí ministre» que de tant en tant ens ha comportat bons moments d’humor lligat a la política. Però efectivament nosaltres donarem el suport a aquesta moció, però abans volem fer una sèrie de consideracions.

La consideració principal és que nosaltres, el Grup Parlamentari Català al Senat de Convergència i Unió, ja en l’anterior legislatura —que quan es diu l’anterior legislatura pot semblar que es digui fa molts anys, però farà qüestió de set o vuit mesos enrere—, vam presentar vàries mocions, una de les quals era estrictament això, i la vam presentar al Grup Socialista, que manava llavors. En aquell moment, senyor Martí, demanàvem que es complís la disposició addicional tercera. Li faré memòria perquè és curiós que no hi ha res pitjor en cap de les facetes de la vida que la memòria selectiva. I jo crec que vostès tenen tendència a tenir una memòria selectiva, perquè qualsevol moment sempre és una bona oportunitat per ficar-se amb Convergència i Unió. Jo li recordaré, en tot cas, que la memòria selectiva no és bona. Sap vostè quin és el deute que hi ha l’obligació de fer efectiu? 759 milions del 2008, senyor Martí, no sé si sap exactament qui manava el 2008. I a més a més també els acords de la comissió bilateral Estat—Generalitat de l’any 2009 que eren de 219 milions. Jo no sé si vostè agafa l’hemeroteca, per si s’ha despistat, exactament qui manava en aquell moment.

Ho dic perquè efectivament nosaltres estem d’acord que la llei s’ha de complir, que la disposició addicional tercera s’ha de complir, i que a més a més tot el que té a veure, com hem dit de manera reiterada, amb el compliment de les inversions, perquè sobretot inclús en moments en què l’economia és difícil, per allà on s’ha d’invertir és per on passa l’economia productiva. Però és que a més a més vam presentar també una moció que tots vostès van votar en contra, i la paradoxa que el Grup Popular va votar a favor. I avui estic convençuda que serà exactament al revés. En aquella moció nosaltres demanàvem també un calendari en el qual es fixés quina era la programació de les diferents infraestructures, calendari en funció de la priorització i exactament en quin moment en base de la maduració dels projectes. Per tant, paradoxes. Avui ens trobarem gairebé segur que tots vostès ho veuen absolutament necessari i, en canvi, tot sembla indicar que els senyors del Grup Popular que fa qüestió de mig any ho van votar a favor, avui votaran en contra. Per tant, ja és ben curiós que per complir amb la llei, per reclamar el compliment de la llei, sembla que s’hagi d’estar a l’oposició. A mi em sembla que això no és un valor afegit en quant a la política; en tot cas seria un «desvalor» des d’un punt de vista d’incompliment, des d’un punt de vista de manca de rigor i de seriositat. Per tant, nosaltres votarem a favor.

I només una última reflexió, senyor Martí. No ens doni lliçons sobre què es pot fer i què no s’ha de fer, sobretot quan es porta aquesta motxilla de tant dèficit de compliments amb Catalunya.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Buenos días, señor presidente. Buenos días, señorías.

Es muy curioso que se tenga que presentar una moción, aunque esta sea consecuencia de interpelación, en la que el primer punto diga que básicamente se cumpla la ley. ¡Qué paradojas! Parece más bien un guión que de vez en cuando nos lleva a momentos de humor atados a la política. Nosotros daremos nuestro apoyo a esta moción, pero antes haré una serie de consideraciones.

La consideración principal es que el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió ya en la anterior legislatura presentó varias mociones ―por cierto, cuando se habla de la anterior legislatura parece que se esté hablando de hace muchos años pero es cuestión de unos meses atrás―, una de las cuales, que le presentamos al Grupo Socialista, consistía estrictamente en un punto igual que este. En aquel momento le pedimos a ese grupo parlamentario que se cumpliera la disposición adicional tercera. Voy a hacer un poco de memoria, y es que resulta curioso que no hay nada peor en ninguna faceta de la vida que la memoria selectiva. Creo que ustedes a veces tienen tendencia a la memoria




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selectiva; cualquier momento es una buena oportunidad para ir en contra de Convergència i Unió. Pero quiero recordarle que la memoria selectiva no es buena. ¿Sabe usted a cuánto asciende la deuda? 759 millones del año 2008 es la cantidad que hay que afrontar, y usted sabe perfectamente quién mandaba en aquel año. Y sabe también que los acuerdos de la comisión bilateral Estado-Generalitat eran 219 millones en el año 2009. Si va a la hemeroteca verá que se ha despistado.

Digo esto porque, efectivamente, nosotros estamos de acuerdo en que la ley se debe cumplir, en que la disposición adicional tercera se debe cumplir y en todo lo que se refiere, como se ha dicho reiteradamente, al cumplimiento de las inversiones. Incluso en momentos en que la economía está difícil, donde se debe invertir es ahí donde está la economía productiva. Y también presentamos una moción que todos ustedes votaron en contra, y la paradoja fue que el Grupo Popular votó a favor. Estoy convencida de que el escenario será hoy justamente el contrario. En aquella moción también nosotros pedíamos un calendario en el que se fijara la programación de las distintas infraestructuras, un calendario en función de la priorización y exactamente en qué punto de maduración del proyecto se realizaría. Por tanto, repito que esto es una paradoja. Hoy nos encontraremos con que todos ustedes lo ven absolutamente necesario, pero en cambio todo parece indicar que los senadores del Grupo Popular, aunque hace medio año votaron a favor, hoy votarán en contra. Es muy curioso que para reclamar el cumplimiento de la ley parece que se tenga que estar en la oposición. Creo que este es un valor añadido de la política que en este caso sería un desvalor desde el punto de vista del incumplimiento, de falta de rigor y de seriedad. Nosotros votaremos a favor.

Pero haré una última reflexión, señor Martí. No nos dé lecciones sobre lo que se debe o no se debe hacer, sobre todo cuando se lleva una mochila de tanto déficit de cumplimiento con Cataluña.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Candini.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Fernández Ortega.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señor presidente.

Quiero comenzar agradeciendo la intervención de todos los portavoces, en particular la del senador Martí, de la Entesa, y el apoyo de CiU a esta moción.

Y quisiera decirle a la senadora Candini que hay una diferencia entre un Gobierno y otro, porque Cataluña fue la primera comunidad autónoma en inversión ejecutada en el periodo 2004-2009 con un Gobierno socialista, luego había un compromiso con el territorio. Y también hubo un compromiso de hacer frente a los déficits presupuestarios de inversión que hubiera habido para cumplir el estatuto. De hecho, se recogió un crédito extraordinario para poder compensarlo y que los dos Gobiernos hicieran un pacto bilateral.

Volviendo a la moción que he presentado, tengo la sensación de que la ministra de Fomento intenta tomarnos el pelo con la planificación de la inversión de su ministerio. Hasta ahora, cada vez que le hemos preguntado por su planificación en esta legislatura, hemos encontrado un erial y los resultados del esfuerzo han sido baldíos. Y si en algún ministerio es importante la planificación, en este creo que lo es aún más. Porque afecta al desarrollo y, con esta ministra, al freno estratégico del país. Porque afecta al impulso y, con este Gobierno, al deterioro de la economía. Porque afecta a la creación y, en este caso, a la destrucción de empleo. Y porque, con sus decisiones, el Gobierno condiciona las estrategias de otros Gobiernos y emprendedores de este país a todos los niveles.

En lo que respecta a Andalucía, el Ministerio de Fomento ha olvidado la inversión. Con estos presupuestos, el Gobierno de España, en lugar de tomar medidas para contribuir a la reducción del paro, está contribuyendo a que haya decenas de miles de nuevos parados en Andalucía.

Permítanme algunos ejemplos de la inversión de Fomento que reflejan con contundencia la mezquina inversión del Gobierno en nuestra tierra. Solo el 9,5% de la inversión en el AVE y solo el 7,8% de las inversiones aeroportuarias se van a hacer en Andalucía, una comunidad donde el turismo es un sector clave para la economía, pues supone el 11% del PIB, y donde el empleo ha sido capaz de crecer, a pesar de la crisis, un 1,9% el año pasado.

Señorías, el Gobierno del Partido Popular está atacando el presente de los andaluces y embargando su futuro. Con estas decisiones está perjudicando el presente de Andalucía, su capacidad de desarrollo y de creación de empleo, y poniendo en duda su capacidad de competir en el futuro.




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No les voy a relatar la caída de la inversión con respecto al año 2011 en cada una de las infraestructuras que el Gobierno, por boca de su ministra, declaró prioritarias para Andalucía, pero permítanme que a modo de ejemplo les detalle las más importantes.

La propia ministra nos dijo que la A-4, a su paso por Despeñaperros, era la prioridad del Gobierno para Andalucía, ¿y saben que ha hecho en esa prioridad número uno del Gobierno para Andalucía? Llevar a la mitad la inversión y retrasar un año la finalización de la obra.

Y para la segunda prioridad, que era la autovía Dos Hermanas-Jerez de la Frontera, ha consignado 600 000 euros. Creo que eso explica claramente cuáles son las prioridades del Gobierno para Andalucía.

En cuanto a la tercera, la A-7 a su paso por Granada, va en camino de convertirla en un monumento a la iniquidad del Gobierno. En la provincia de Granada llevamos esperando 124 días a que la ministra firme el tramo Gorgoracha-Puntalón para que continúen la obra; repito, 124 días, y es un proyecto que ya tiene financiación en estos Presupuestos Generales del Estado.

Respecto al AVE en Andalucía, donde son prioritarios los dos corredores, el central y el mediterráneo, nos encontramos inversiones tan ridículas como 500 000 euros en el tramo Antequera-Algeciras, y eso que afecta al principal puerto de España, al puerto de Algeciras. En el corredor mediterráneo ya no hablamos de AVE porque se ha frenado en seco. En todos los tramos cae la inversión a la mitad. Hay tramos que no aparecen. La integración en las ciudades y las estaciones, en el mejor de los casos, tienen cifras meramente testimoniales para intentar dejar constancia de que no se borran de los presupuestos. El Gobierno de la derecha le está tomando el pelo a Andalucía con los Presupuestos Generales para 2012.

En Andalucía la alta velocidad ha entrado en frenada absoluta en 2012. Fíjense ustedes que la ministra fue muy gráfica en su intervención en el pasado Pleno, cuando nos dijo que Andalucía necesitará 17 000 millones de inversión para finalizar el AVE y que este año iba a invertir la fantástica —y entiéndanme la ironía— cifra de 400 millones. A ese ritmo, necesitaríamos cuarenta años para acabar el AVE en Andalucía, con un Gobierno de la derecha que se preocupa mucho por esta comunidad autónoma. ¡Vaya forma de preocuparse por Andalucía y de tomarnos el pelo!

Señoría, espero que el señor Arenas y lo senadores andaluces defiendan a Andalucía y reclamen los recursos que le corresponden apoyando esta moción, porque el Gobierno del Partido Popular es cada vez menos Gobierno de España y más Gobierno de derechas, sectario política, ideológica y territorialmente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Sanz.

El señor SANZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Fernández Ortega, aquí los únicos que castigan a los andaluces son quienes se han gastado el dinero de los parados andaluces en ERE fraudulentos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Los únicos que castigan a los andaluces, señor Fernández Ortega, son los que han organizado una trama de saqueo de dinero público desde la propia Administración autonómica. Y si esos miles de millones de euros hubieran ido destinados a los parados andaluces o a las infraestructuras en Andalucía, seguramente, señor Fernández Ortega, Andalucía estaría donde se merece.

Si uno lee la moción que presenta el Grupo Socialista o escucha la intervención del señor Fernández Ortega, ve perfectamente el tipo de oposición que va a hacer el Partido Socialista en esta legislatura: confrontación, demagogia e irresponsabilidad. Han pasado apenas cinco meses en los que hemos comprobado que, al parecer, el Partido Socialista no tiene memoria; ahora parece que el Partido Socialista tampoco tiene pasado. No sé dónde dejaron ustedes aquellos cien años de honradez, porque desde luego no sé dónde está la honradez en Andalucía.

Ustedes tienen un pasado, señor Fernández Ortega, y ese pasado es una losa que nos han dejado a todos los españoles, una losa de más de 25 000 millones de euros, aproximadamente el presupuesto de la comunidad autónoma andaluza, como usted bien sabe. En estos ocho años hemos retrocedido en infraestructuras que necesitábamos en Andalucía. Y hemos visto muchas cosas, hemos visto cómo nunca cumplieron con las inversiones que presupuestaban, hemos visto cómo desde que se aprobó el Estatuto de Andalucía nunca se ha invertido ese 17,8% que recogía el estatuto, pero sobre todo hemos visto todo esto, señor Fernández Ortega, con el silencio clamoroso y cómplice del Partido Socialista en Andalucía.




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Ni una mala palabra para no molestar al señor Rodríguez Zapatero; ni una sola reivindicación, la sumisión más absoluta del Partido Socialista de Andalucía ante el castigo permanente del señor Rodríguez Zapatero a Andalucía. La realidad y los datos no mienten. Dijeron que el déficit era del 6% cuando es del 8,5%, y cuestionan ahora el presupuesto en inversiones andaluzas, cuando el Gobierno del Partido Popular ha incrementado el presupuesto del Ministerio de Fomento en Andalucía en un 21%, es decir, en 108 millones de euros, y este hubiera sido mayor, y usted lo sabe, señor Fernández Ortega, si hubieran pagado las facturas que han dejado ustedes en los cajones. Sin embargo, no cuestionaron el presupuesto del año 2011, cuando el Partido Socialista recortó ese presupuesto del Ministerio de Fomento en Andalucía en un 49%. Ahora exigen ustedes inversiones superiores al 17,8% del total nacional, sin embargo vuelven a olvidar, señor Fernández Ortega, los años 2010 y 2011 en los que el Gobierno socialista dejó de invertir en Andalucía el 40% de lo presupuestado y nunca, nunca, nunca llegó al 17,8%.

Señor Fernández Ortega, hablan ustedes de planificación, y ya le informo de que las inversiones previstas en Andalucía se definirán en el Plan de infraestructuras, transporte y vivienda 2012-2014, que ya se está elaborando en el Ministerio de Fomento y que se aprobará seguramente en el mes de julio. Una planificación que no será una reprogramación, como hicieron ustedes en 2010 y que dejó diecinueve obras colgadas en Andalucía, señor Fernández Ortega: la A-7; la A-44; la A-4 a la altura de Despeñaperros; la Linares-Albacete; la SE-40, la circunvalación de Sevilla; el segundo puente de Cádiz, que debería estar ya abierto, o el nuevo acceso sur al aeropuerto de Málaga.

Y hablando de planificación, señor Fernández Ortega, también le puede explicar usted a sus compañeros de la Junta de Andalucía lo que es planificación, porque llevan más de treinta años gobernando en Andalucía, prometiendo infraestructuras que nunca aparecen pero que siempre figuran recogidas en los presupuestos. Por cierto, señor Fernández Ortega, Junta de Andalucía que en los últimos tres años ha recortado el presupuesto de las inversiones en Andalucía en un 63%.

Señor Fernández Ortega, este Gobierno va a realizar —y voy terminando, señor presidente— unas inversiones en Andalucía de casi 1400 millones de euros en 2012. Se van a acometer infraestructuras prioritarias de manera que se mantengan en Andalucía todos los proyectos que sirvan al objetivo de crear riqueza, actuar como motor de la economía y generar empleo.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor SANZ RUIZ: Termino, señor presidente.

A mí, como senador por Sevilla, señor Fernández Ortega, como senador andaluz también, evidentemente, no son los presupuestos que me hubieran gustado para mi provincia, no son los presupuestos que me hubieran gustado para mi comunidad autónoma, pero, señor Fernández Ortega, son los presupuestos que tocan. Son los presupuestos que tocan en un país que el presidente más insolvente de la historia democrática de España ha dejado en la ruina. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.—Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Los presupuestos que tocan, señor Fernández Ortega, en un país que el presidente más insolvente de la historia democrática de España ha dejado en la quiebra. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor SANZ RUIZ: Termino, señor presidente.

Estos, señor Fernández Ortega, son los presupuestos que van a salvar el Estado del bienestar (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.), que ustedes pusieron en riesgo con su despilfarro. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Silencio, señorías.

Vamos a someter a votación la moción consecuencia de interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 229; a favor, 79; en contra, 142; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

4.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS DE IMPULSO A LA EXPORTACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN, COMO PRINCIPAL VÍA DE ESTABILIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA.

(Núm. exp. 671/000014)

AUTOR: GPCIU

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente moción consecuencia de interpelación, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas de impulso a la exportación e internacionalización, como principal vía de estabilización de la economía española, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió. (Rumores.)

A esta moción consecuencia de interpelación se han presentado dos enmiendas: una del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Yanguas Fernández… (Rumores.)

Señorías, silencio, por favor. (Pausa.—Rumores.)

Abandonen el hemiciclo en silencio, por favor, para que podamos continuar.

A esta moción consecuencia de interpelación se habían presentado en principio dos enmiendas, y se ha presentado una propuesta de modificación firmada por todos los grupos.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Vilajoana, por un tiempo de cinco minutos.

El señor VILAJOANA I ROVIRA: Muchas gracias, presidente.

Señorías… (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento. Ruego silencio, por favor, señorías.

Adelante.

El señor VILAJOANA I ROVIRA: Gracias, presidente.

Gràcies, senyor president.

Com deia el president fa un moment, el grup de Convergència i Unió va fer una interpel·lació en el ple anterior al ministre d’economia, el senyor De Guindos, en la qual li plantejàvem que, amb la situació actual que estem vivint a Espanya, és a dir amb una situació de recessió, el mercat interior està fonamentalment aturat. Europa ara per ara no està passant pels seus millors moments i a excepció del nord d’Europa i una mica Alemanya no té grans nivells de creixement; però, en contrapartida, també veiem que el món no està en crisi. Àsia creix, Amèrica Llatina està creixent, Àfrica està creixent i Oceania està creixent. Per tant, repeteixo, nosaltres estem en crisi però el món no està en crisi. Això fa que, en aquests moments, el mercat exterior, és a dir, les exportacions i la internacionalització —que són coses molt similars però no són exactament el mateix— constitueixen un element determinant perquè aquest país recuperi la línia del creixement i, a més a més, que es pugui crear ocupació. Per dir-ho ras i curt, en aquest país hi ha dues coses que funcionen: el turisme, que està creixent clarament, i les exportacions, que també creixen. Sent així les coses, és a dir, sent que realment les exportacions en el nostre país estan creixent, que en aquest moment en el nostre país hi ha 109 700 empreses que estan exportant i que exporten de mitjana uns 180 000 milions d’euros. Això són xifres molt significatives, molt importants, però entenem que s’han de fer mesures perquè creixi més. Per tenir una idea: la mitjana dels quinze països de la Unió Europea està exportant respecte al seu PIB al voltant del 36% i Espanya està exportant en funció del seu PIB de l’ordre del 20%. Per tant, aquí tenim un marge de creixement i l’objectiu que té aquesta moció és, per dir-ho així, establir un seguit de mesures de legislatura per intentar potenciar aquestes exportacions, aquesta internacionalització de la nostra economia per la via que les empreses que estan exportant exportin més i que exportin també a altres països.

En l’anterior ple, a la interpel·lació i amb el debat que vam tenir amb el senyor ministre vam estar d’acord pel que fa al fet que s’està exportant excessivament a Europa —de l’ordre del 63% aproximadament—, i en canvi estem perdent oportunitats en altres àrees que en aquests moments creixen més i en les quals no hi som prou forts. Per exemple, Amèrica Llatina, deixant de banda el que va passar




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la setmana passada amb el tema Repsol, és un continent d’oportunitats d’exportació. També ho és Àsia, i Àfrica és continent d’oportunitats.

Per tant, l’objectiu que també té aquesta moció és prendre mesures per tal que es pugui produir aquesta diversificació en les exportacions. La moció que plantejo, a la qual s’han presentat dues esmenes, una pel Partit Popular i una esmena del Grup Mixt, ha donat lloc a una transaccional amb la qual estem plenament d’acord i que especificaré en el meu proper torn.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Como decía el presidente hace unos instantes, el Grupo Parlamentario Convergència i Unió formuló una interpelación en el anterior Pleno al ministro de Economía, el señor De Guindos, en la que planteábamos que la situación actual que estamos viviendo en España, es decir, en la situación de recesión, el mercado interior está esencialmente parado. Europa, en la actualidad, no está pasando por sus mejores momentos y, a excepción del norte de Europa y un poco Alemania, no tiene grandes niveles de crecimiento; sin embargo, en contrapartida, vemos que el mundo no está en crisis: Asia crece, América Latina está creciendo, África está creciendo y Oceanía también está creciendo. Así pues, repito, nosotros estamos en crisis, pero el mundo no está en crisis. Esto hace que en la actualidad el mercado exterior, es decir, las exportaciones y la internacionalización —que son cosas muy parecidas, pero no exactamente iguales—, constituyan un elemento clave para que este país recupere la línea de crecimiento y para que además se pueda crear empleo. Por decirlo rápidamente, hay dos cosas que funcionan en este país: el turismo, que está creciendo a todas luces, y las exportaciones, que también crecen. Siendo eso así, es decir, que las exportaciones en nuestro país crecen y que en la actualidad hay 109 700 empresas que están exportando, y que exportan de media unos 180 000 millones de euros, cifras que son muy significativas, importantes, entendemos que han de tomarse medidas para crecer más. La media de los quince países de la Unión Europea exporta en torno al 36% con respecto a su PIB, mientras que España exporta en torno al 20% en función de su PIB. Así que aquí tenemos un margen de crecimiento, y el objetivo de esta moción es fijar una serie de medidas durante esta legislatura para intentar fomentar las exportaciones y la internacionalización de nuestra economía, con el fin de que las empresas que ya están exportando exporten más y también exporten a otros países.

Durante la interpelación al señor ministro en el último Pleno estuvimos de acuerdo en que se está exportando en exceso a Europa —el 63% aproximadamente— y que, en cambio, estamos perdiendo oportunidades en otras zonas que en la actualidad crecen más y donde, sin embargo, no tenemos una presencia lo suficientemente potente como, por ejemplo, América Latina. Al margen de lo que sucedió la semana pasada con Repsol, América Latina es un continente de oportunidades de exportación, al igual que sucede con Asia y África, que también son continentes de oportunidades.

Por consiguiente, el objetivo de esta moción es tomar medidas para diversificar las exportaciones. La moción que planteo, a la que se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Popular y otra del Grupo Mixto, ha dado lugar a una transaccional, con la que estamos absolutamente de acuerdo; y en mi próximo turno especificaré los detalles.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Yanguas.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Como ya se ha dicho aquí, en Unión del Pueblo Navarro presentamos en su día una enmienda a la moción de Convergència i Unió, defendida ahora por el señor Vilajoana, porque entendimos que, aun estando de acuerdo en todo lo que se recoge en la moción, se producía un olvido de las Cámaras de Comercio de España. ¿Por qué decíamos esto? Lo afirmábamos porque entendemos que las Cámaras de Comercio han sido y son pilares fundamentales que apoyan la internacionalización de las empresas. Eso no está en duda; incluso la propia Ley 3/1993, Básica de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, ya lo dispone en su artículo 2, relativo a las funciones que las cámaras ejercerán, cuando dice que desarrollarán labores de apoyo y estímulo al comercio exterior. Por tanto, a la vista está que una de sus funciones público-administrativas es esta.

Como ven, la nuestra era una enmienda de adición, porque todo lo que se dice en la moción es cierto y estábamos de acuerdo. Y ahora tanto nuestro grupo como el Grupo Popular, y, por supuesto, CiU, que también lo ha dicho, hemos decidido realizar una transaccional. A nuestro modo de ver, en lo que a las




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Cámaras de Comercio se refiere, es mucho menos imperativa que la enmienda que mi grupo, de UPN, había presentado; entendemos que es algo un poco más indefinido y menos imperativo pero mejor que al final no tener nada. Por eso hemos decidido firmar esta transaccional, que espero que sirva para aportar y para que la moción —muy bien traída a esta Cámara, por cierto— pueda contar con todo el apoyo posible.

Por otro lado, como recordarán, hace ya un tiempo el Gobierno socialista aprobó el Real Decreto 13/2010, de medidas liberalizadoras en materia fiscal para fomentar la inversión y crear empleo, que a la vista está que al final no sirvió para nada. Pues bien, entre esas medidas se eliminó la obligatoriedad para las empresas del pago del llamado recurso cameral permanente. Por tanto, las Cámaras de Comercio e industria se vieron abocadas —con la misma norma que tenían en vigor, pero sin el recurso cameral— a seguir realizando una serie de funciones de índole público-administrativa, como son la defensa del comercio y de la industria, pero con una paradoja: sin contar con una dotación de ingresos —como antes tenían— por la eliminación de ese recurso cameral. Es decir, que la ley sigue obligando a las cámaras a ejercer sus funciones público— administrativas, pero ahora deja el régimen de financiación en la esfera totalmente privada, hasta el punto, señorías, de que las Cámaras de Comercio han podido perder ese plus de independencia que tenían, al estar al albur de encomiendas de gestión y de subvenciones de los respectivos Gobiernos autonómicos y, en nuestro caso, forales, algo que creemos que va en contra —como he dicho— de la independencia de esas centenarias instituciones.

Como saben, esta eliminación del recurso cameral ha producido un auténtico terremoto también en el mundo de las Cámaras de Comercio. Llegados a este punto, aun así, las propias cámaras han seguido ejerciendo sus funciones y han seguido apostando por la internacionalización de las empresas de sus respectivas demarcaciones. Por ejemplo, en Navarra —es el caso que tengo más cercano—, durante el pasado año las cifras de internacionalización fueron muy importantes: más de 580 empresas utilizaron el servicio de internacionalización, la Cámara de Comercio de Navarra tiene cincuenta promotores de negocios en otros cincuenta países del mundo, se realizaron más de 1300 consultas, y también se realizaron misiones comerciales.

Por todo ello, en su día presentamos la enmienda y ahora hemos suscrito la transaccional, porque estamos convencidos de que las Cámaras de Comercio tienen mucha experiencia en este campo de la internacionalización y deben seguir contando con el apoyo del Gobierno —ahora más que nunca— para ejercer sus funciones, sobre todo la de apoyo a la internacionalización.

Por lo que se refiere a la Ley de cámaras de comercio, entendemos que es urgente elaborar una nueva ley que venga a traer seguridad jurídica a las propias cámaras para que estas puedan seguir cumpliendo con los objetivos con los que nacieron hace más de cien años y para que todos sus equipos técnicos y profesionales no se encuentren al albur, como les ocurre ahora, de uno u otro Gobierno. Creo que con una norma nueva y moderna que regule y dote de recursos a las Cámaras de Comercio se podrá seguir haciendo una gran labor en materia de internacionalización junto con las empresas. En fin, lo que simplemente quiero trasladarles es la consideración de que tengan una seguridad jurídica en este campo.

En la enmienda transaccional hablamos de que se dote a las cámaras o se las apoye en materia de financiación e instrumentos para que puedan seguir haciendo su función pública de fomento e impulso de la actividad de internacionalización de las empresas de sus demarcaciones, que es, al fin y al cabo, una de sus funciones, como antes ya he comentado. Por todo lo dicho, les anuncio el voto favorable de Unión del Pueblo Navarro a esta moción, que espero que vea sus frutos más pronto que tarde.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la senadora Leanizbarrutia.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Muchas gracias, señor presidente.

Egun on. Buenos días.

Señores senadores, voy a compartir algo que nos alegra en estos momentos de tanto partido de pelota como tenemos aquí —parece un frontón—. Nos alegra que haya propuestas de sentido común como la que está ahora planteada; y como son propuestas de sentido común, al menos conllevan consensos, que es lo importante en estos momentos.

Estamos de acuerdo con todos los puntos planteados, pero quisiera hacer una pequeña introducción sobre el espíritu que nos anima para que este tipo de medidas tengan que ponerse en marcha. En algunas




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intervenciones ya he dicho que la España que estábamos vendiendo en el exterior no es la mejor. Por eso, haría una reflexión con respecto a los representantes que tiene el Gobierno de España para que, por favor, vendan mejor España en el sentido de que, si hay dos caras de la moneda, si hay un Estado que tradicionalmente ha apostado por la tecnología y la industria, que es altamente competitiva, que tiene grandísimas empresas, pero también pequeñísimas empresas con un valor tecnológico impresionante y que pueden competir perfectamente en el mundo, y además con la frente bien alta respecto de Estados como Alemania, esa es la cara de la moneda que tenemos que mostrar; primero, para enseñar y poder ayudar a la pequeña y mediana empresa, que es el gran tejido industrial de este país. Porque hay grandes empresas que llevan la marca de este país, pero también hay pequeñas y medianas empresas que no por su tamaño son menos importantes si hablamos de alto valor tecnológico.

Por tanto, es básico que desde las embajadas, que desde la política se haga una venta real de la marca, porque parece que en estos momentos España solamente sea sector inmobiliario, comunidades autónomas en deuda, yo hice esto y tú hiciste aquello…, es decir, ese partido de pelota que no nos lleva a ningún lado. Hay que romper esa dinámica, y al final de mi intervención quisiera hacer una reflexión al respecto.

En definitiva, es muy buena. ¿Por qué? El señor Vilajoana decía que ha mejorado la exportación. Nuestra comunidad autónoma ha tenido resultados en la exportación extremadamente buenos. La demanda interior ha caído, pero la exterior es buena. Estamos compitiendo con los mejores, y sin ninguna vergüenza, y además estamos compitiendo tecnológicamente, no ya en precios. Y esta es la dinámica que debe apoyar el Gobierno.

En cuanto a la enmienda que propone UPN, por esta vez también estaré con ustedes. (Risas.) He de decirles que está muy bien lo de las Cámaras de Comercio porque, claro, hemos tenido unos Gobiernos del Estado, sean de un signo o de otro, me da igual, y los vascos sabemos lo que es ir de Moscú a Vladivostok sin que la embajada del Estado que nos ha dicho que nos representaba defendiese los intereses de la tecnología eibarresa o de la tecnología vasca. Y sabemos el gran trabajo que han hecho las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, y en este caso, desde luego, el tratamiento que se ha dado desde un Estado que no tiene tradición ni tecnológica ni industrial, que tendría que aprender de nosotros. Que no mire a Alemania, que mire a las grandes comunidades que tiene el Estado, que están enseñando lo que es apostar por una tecnología, por la industria, por la empresa, por la que no ha caído, por la de la economía de los cacharros, la de la economía real, la economía que hoy en día más atrae al sector financiero, la que hace cacharros. La economía y la filibustería que han organizado los mercados y los sistemas financieros ya nos han enseñado qué es lo que pretenden, pero con la cacharrería hay un precio; usted paga, y si es bueno, paga más. Ahí es donde tenemos que apostar.

Y he de decir también que hablar de esa defensa por parte de las embajadas es un tema muy, muy recurrido. Por ejemplo, el otro día se reunieron aquí representantes de la Cámara de Comercio Europea y plantearon cuál era la situación en China. En China, en Asia en general, y en los países donde ha habido sistemas socialistas determinados, la figura de que vaya una embajada política es básica a la hora de hacer un trato. O sea que muchas veces no es una embajada comercial pura y dura; lo político tiene muchísimo peso a la hora de generar confianza y posibilitar que esos sectores, que son mercados emergentes con muchísima potencia, estén ahí.

Sabemos que la embajada —el otro día lo escuchaba del ministro de Asuntos Exteriores— ya ha puesto en marcha la iniciativa de trabajar la marca España. Pero para eso lo primero que tienen que hacer los embajadores, los cónsules y todos los que hablen de este país es venir y oler la taladrina, saber lo que es la industria, saber lo que es la biotecnología, saber lo que son las distintas estructuras, el acero…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Gracias, señor presidente.

Quiero hacer una última reflexión. Señores del PSOE y del PP, nosotros siempre estamos en el sándwich, somos la bisagra; y menos mal. Aquí estamos hablando de que Andalucía lo ha hecho muy mal, pero Andalucía ha hecho muchas cosas bien, y hay que reconocerlas. También otras comunidades han hecho cosas muy mal —por ejemplo, Valencia—; son comunidades que vamos a decir que tampoco tienen posibilidad de poder hablar muy alto. Dejemos, pues, esas discusiones que no nos llevan a nada y construyamos actividades de este tipo desde las cámaras. Mostremos que somos capaces de hacerlo.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.




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La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Yo creo que a un político no debe importarle solamente el pueblo al que representa, sea el vasco o el andaluz. A mí me importan todos los pueblos, aunque primero defenderé el mío. Les pido que tengan en cuenta esta reflexión: miremos por todos los pueblos que hay en el Estado español y defendamos sus intereses. Y como esto es defender intereses, por eso apoyaremos esta moción.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Con su venia, señor presidente.

Bon dia, senyories, Intervinc en nom del Grup Parlamentari Entesa pel Progrés de Catalunya per fixar la posició del nostre grup en relació a la moció conseqüència d’interpel·lació que va formular el senador Vilajoana, de Convergència i Unió.

Nosaltres hem signat la transaccional i, per tant, manifesto ja d’entrada el nostre suport i el nostre vot afirmatiu a la moció que ens ocupa. Es tracta d’una moció que proposa un seguit de mesures sens dubte interessants tot i que molt genèriques, especialment després de la signatura de la transaccional, a les quals difícilment es pot mostrar oposició o rebuig que, a més a més, obliguen o comprometen molt poc o relativament poc al govern. Perquè, qui no pot estar d’acord en donar suport a l’exportació i la internacionalització de la nostra economia? Qui pot mostrar desacord a la necessitat de millorar les polítiques de promoció exterior o l’augment del finançament a l’exportació o una major diversificació del destins d’exportació més enllà de la Unió Europea, o la simplificació de tràmits i visats.

Nosaltres ens havíem plantejat presentar esmenes, especialment cercant un major grau de concreció en algunes de les mesures proposades i de major compromís per part del govern en forma de calendari, però hem optat —i més després de veure l’acord entre el Partit Nacionalista Basc, per una vegada, i la Unión del Pueblo Navarro— que valia més en aquesta ocasió no presentar esmenes i optar per una votació majoritària perquè ja hi haurà temps en tot cas —si el govern no fa els deures— de presentar iniciatives parlamentàries.

El senyor Vilajoana, a la seva breu exposició de motius de la moció, diu —i llegeixo textualment— que l’augment de l’exportació i de la internacionalització constitueixen la principal via d’estabilització de l’economia espanyola per sortir de la crisi i tornar a crear ocupació. Aquesta afirmació, que comparteixo només en part perquè evidentment la demanda interna també ha de ser o hauria de ser un element clau per a la sortida de la crisi, em dóna peu, senyories, a fer un parell de reflexions sobre sector de l’exportació i també sobre la demanda i el consum interns. Primera reflexió: el millor que pot fer l’actual govern del Partit Popular respecte de l’exportació i de la internacionalització de la nostra economia és una política sense dubte de millora, perquè sempre es poden millorar les coses, però fonamentalment i bàsica de continuïtat respecte a la política de l’anterior govern socialista.

I ho ha dit també el senyor Vilajoana, la bona gestió socialista en aquesta matèria és objectiva, indubtable i inqüestionable. Algunes dades ho demostren: el primer semestre de l’any 2011 va augmentar un 18,5% l’exportació respecte al mateix període de l’any anterior i es va reduir en 8,3% el dèficit comercial. El superàvit respecte a la Unió Europea i els països de la zona euro va ser de 1.600 milions quan partíem d’un dèficit del semestre anterior de 3.500. I, a més a més, cal optar per fomentar l’exportació en altres països més enllà dels comunitaris, però també va augmentar l’exportació en els països europeus no comunitaris un 34% o a Amèrica Llatina un 27% i fins i tot a Amèrica del Nord un 21,5.

Per tant, ja s’ha anat fet una política relativament important de diversificació geogràfica de l’exportació. Efectivament, de les més de 100 000 empreses que estan exportant, no només són les empreses grans, les clàssiques i tradicionals les que exporten sinó que cada vegada més s’hi van afegint petites i mitjanes empreses especialment aquelles que aporten valor afegit, recerca, innovació, tecnologia punta, etc. I és veritat que aquestes petites i mitjanes empreses són les que necessiten més ajut perquè disposen de menys infraestructura pròpia.

Segona reflexió: demanda interna. Per què tenim una economia interna en recessió? Doncs perquè, evidentment, les prioritats en política econòmica del govern estan equivocades. Si es congelen o baixen els salaris i les pensions, si augmenten els impostos com ara l’IBI, l’electricitat o el gas, si pugen les retencions en tots els trams de l’IRPF, si s’incrementa l’impost de societats per la via de l’eliminació de determinades desgravacions, especialment a les petites i mitjanes empreses, doncs evidentment les conseqüències són òbvies: preocupació, pànic generalitzat entre els ciutadans, recessió de la demanda




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interna, disminució del consum, menors ingressos per a les empreses i per a l’Estat i, per tant, encara major augment de l’atur.

I acabo, senyor president, amb dues afirmacions adreçades al Grup Parlamentari Popular i, per extensió, per tant, al govern. Primera: reflexionin, canviïn les seves polítiques, les seves prioritats respecte l’economia, encara només sigui pensant en les empreses del nostre país.

Buenos días, señorías. Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya para fijar la posición de nuestro grupo en relación con la moción consecuencia de interpelación presentada por el señor Vilajoana, de Convergència i Unió.

Nosotros firmamos la transaccional y, por consiguiente, de entrada manifiesto nuestro apoyo a la moción que nos ocupa. Se trata de una moción que propone una serie de medidas sin duda interesantes, si bien muy genéricas, especialmente después de la firma de la transaccional. Difícilmente se puede mostrar rechazo u oposición a ellas, y además comprometen relativamente poco o muy poco al Gobierno. Porque, ¿quién no puede estar de acuerdo en apoyar la exportación y la internacionalización de nuestra economía? ¿Quién puede mostrar desacuerdo a la necesidad de mejorar las políticas de promoción exterior o al aumento de la financiación a la exportación o a una mayor diversificación de los destinos de exportación más allá de la Unión Europea o a la simplificación de trámites y visados?

Nosotros nos habíamos planteado presentar enmiendas, especialmente para buscar un mayor grado de concreción en algunas de las medidas propuestas y un mayor compromiso por parte del Gobierno en forma de calendario, pero optamos en esta ocasión —y más después de ver el acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco, por una vez, y la Unión del Pueblo Navarro— por no presentar enmiendas y por una votación mayoritaria, porque creemos que habrá tiempo —si el Gobierno no hace sus deberes— de plantear iniciativas parlamentarias.

El señor Vilajoana en la breve exposición de motivos de la moción dice —leo textualmente— que el aumento de la exportación y de la internacionalización constituyen la principal vía de estabilización de la economía española para salir de la crisis y volver a crear empleo. Esta afirmación, que comparto solo en parte, porque evidentemente la demanda interna también debería ser un elemento fuerte de salida de la crisis, me da pie a hacer un par de reflexiones respecto del sector de la exportación y de la demanda y el consumo interno. Primera: lo mejor que podría hacer el Gobierno popular con respecto al comercio exterior y la internacionalización de nuestra economía es una política sin duda de mejora, porque siempre se pueden mejorar cosas, pero básicamente de continuidad respecto de la política del anterior Gobierno socialista.

Ha dicho también el señor Vilajoana que la buena gestión socialista en esta materia es objetiva, indudable e incuestionable. Hay datos que lo demuestran. Por ejemplo, durante el primer semestre de 2011, del año pasado, la exportación aumentó un 18,5% respecto del mismo período del año anterior y se redujo en un 8,3% el déficit comercial. El superávit respecto de la Unión Europea, que existió en relación con esos países, fue de 1600 millones, partiendo de un déficit del trimestre anterior de 3500. Además, hay que optar por fomentar la exportación a otros países más allá de los comunitarios, aunque en los países europeos no comunitarios ha aumentado un 34%, mientras que lo ha hecho un 27% en Latinoamérica y un 21,5% en América del Norte.

Por tanto, la política ha sido relativamente importante en relación con la distribución geográfica de la exportación. En cuanto a las más de 100 000 empresas que están exportando, efectivamente, no solo son las grandes, las clásicas y tradicionales las que exportan sino que se añaden cada vez más pequeñas y medianas empresas, en especial las que aportan valor añadido, tecnología punta e investigación y desarrollo. Y es cierto que las pymes son las que necesitan un mayor grado de ayuda porque disponen de menos infraestructuras.

Segunda reflexión: demanda interna. ¿Por qué tenemos una economía interna en recesión? Porque las prioridades de economía del Gobierno están equivocadas. Si se congelan los salarios y pensiones, si aumentan los impuestos, la electricidad y el gas, si aumentan las retenciones en todos los tramos del IRPF, si se incrementa el impuesto sobre sociedades, eliminando ciertas desgravaciones, en particular a las pymes, las consecuencias son evidentes: preocupación, pánico generalizado entre los ciudadanos, recesión de la demanda interna, disminución del consumo, menores ingresos para las empresas y para el Estado y, por consiguiente, mayor aumento del desempleo.

Termino, señor presidente, con dos afirmaciones dirigidas al Grupo Parlamentario Popular y, por ende, al Gobierno. Primera: reflexionen, cambien sus políticas, sus prioridades en relación con la economía, aunque solo sea pensando en las empresas de nuestro país.




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El señor PRESIDENTE: Vaya, terminando, señoría.

El señor BRUGUERA BATALLA: I segona —i acabo, senyor president— no malbaratin la bona herència que han rebut del govern anterior en polítiques d’impuls i de foment de l’exportació i del comerç exterior.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Y segunda —y termino señor presidente—: no rechacen la herencia del Gobierno anterior, con políticas de impulso y de fomento de la exportación y del comercio exterior.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Vilajoana.

El señor VILAJOANA I ROVIRA: Gràcies, senyor president.

Senyories, en primer lloc, vull agrair l’esforç que ha fet el Grup Popular i també el senador del Grup Mixt per intentar consensuar una transaccional que nosaltres hem acceptat perquè recull en el 95% el nostre plantejament inicial i fins i tot introdueix elements en el punt segon que em sembla que són correctes.

Per tant, estem satisfets d’aquesta labor i del fet que un tema que, clarament, és important com és la potenciació de les exportacions d’aquest país hagi estat recollit per aquesta Cambra una altra vegada en aquest procés de reflexió que fem cada quinze dies en aquest Senat, perquè em aconseguit un document que com a mínim permetrà pressionar el govern perquè assumeixi un seguit d’elements que considerem essencials en aquests moments. També estic satisfet per l’actitud del ministre en el darrer Ple durant la meva interpel·lació, de comprensió i de compartir, i per això crec que el ministre estarà satisfet que li proposem aquest full de ruta.

Jo voldria, en aquests tres minuts i mig que em queden, apuntar els punts d’aquesta moció i, tot i que no la votarem, sí voldria explicar quins punts hem aprovat: primer, assumir aquest compromís de legislatura, perquè entenc que aquesta és una feina que s’ha de fer en permanència i no és un plantejament a curt termini sinó de legislatura, de suport a l’exportació i a la internacionalització, amb aquest objectiu que sigui un factor determinant el l’equilibri de la balança comercial i de serveis d’aquest país que, com plantejava el senador de l’Entesa, està creixent però hem d’avançar més en aquesta línia.

Segon, un element del qual es queixaven les empreses exportadores, sobretot quan estava lligat al tema de les fires, etc. i em refereixo al tema dels visats. De vegades hi havia dificultats per aconseguir que professionals d’indrets com ara Xina, Àfrica o altres països de fora de l’espai Schenguen poguessin venir fàcilment al país a fires, a reunions de treball, etc., i crec que aquest segon punt busca solucions per aquest tema.

El tercer punt és intensificar els treballs del Consell Interterritorial d’internacionalització per reforçar un element que ens sembla molt important que és la col·laboració en la promoció exterior del conjunt d’organismes que estan treballant en aquesta línia i moltes ho fan molt bé, sobretot a la promoció exterior de les pimes. Aquí estem parlant de les comunitats autònomes, totes les quals tenen polítiques d’internacionalització i d’exportació, l’ICEX o també la CEOE. I en aquest sentit també diria en el cas de Catalunya, la PIMEC, que està fent tasques molt concretes per potenciar aquesta exportació de la petita i mitjana empresa. I també, i en aquesta moció d’avui es reflexa, la feina que està fent el Consell Superior de Cambres i també el que plantejava aquí el senador per tal d’intentar que les Cambres de Comerç segueixin fent les coses que ja fan. I, tot això, amb quin objectiu? Per una cosa que demanen totes les empreses exportadores i és que, en aquest moments, la promoció és importantíssima. És a dir que l’Estat ajudi a promocionar els productes i les empreses que estan exportant i també, molt important, el suport a l’organització i l’assistència a fires. A Barcelona hem viscut als darrers mesos dues fires d’una gran importància, i concretament Alimentària ha permès que molts i molts potencials clients que han acabat sent clients, vinguin a aquesta fira, coneguin els nostres productes de petites i mitjanes empreses que, en el sector alimentari i agroalimentari, estan fent una gran feina i una gran tasca d’exportació. Estem parlant del cava, dels vins, dels productes derivats del porc, etc.

També hi ha un altre tema que va sortir molt clarament en el debat amb el ministre: les polítiques d’acompanyament a l’exterior de les petites empreses que van al costat de les grans empreses. Dèiem




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que les grans empreses exporten molt, però aquestes grans empreses necessiten petites empreses que les acompanyin. I, també, d’alguna manera hem d’intentar seguir potenciant el diversificar aquestes exportacions cap a Amèrica Llatina, Àsia, Àfrica, perquè és un factor determinant.

Continuar reforçant les mesures destinades a l’alta tecnologia que és molt important, com deia la senadora basca. No només es tracta del productes agroalimentaris ni de les empreses que venen serveis, sinó que l’alta tecnologia és un factor diferencial, el país la té i li hem de donar suport.

També hem de potenciar un element que ha estat molt important: i em refereixo a tota la enginyeria de construcció. Aquest país ha fet grans inversions en infraestructures.

Gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar quisiera agradecer el esfuerzo realizado por el Grupo Popular y también por el senador del Grupo Mixto a fin de intentar consensuar una transaccional que nosotros ya hemos aceptado, puesto que recoge en el 95% nuestro planteamiento inicial, e incluso los elementos que se introducen en el punto segundo me parecen correctos.

Así que estamos satisfechos con esta labor y con el hecho de que un tema, que sin lugar a dudas es importante, como el fomento de las exportaciones en este país, en el proceso de reflexión que se hace cada quince días en este Senado, lo hayamos tocado de nuevo, y creo que hemos conseguido un documento que, como mínimo, nos va a permitir apretar un poco al Gobierno para que asuma una serie de elementos que nos parecen esenciales. Y también debo decir que estoy satisfecho porque en el último Pleno, cuando le planteé la interpelación al ministro, su actitud fue de compresión y de compartir ese planteamiento. Creo que el ministro se sentirá también satisfecho con esta hoja de ruta.

En estos tres minutos y medio que me quedan quisiera apuntar ciertos elementos de esta moción que no vamos a votar, pero sí quisiera detallar los puntos que hemos aprobado: primero, asumir el compromiso de legislatura, puesto que pienso que este trabajo debe hacerse de manera continua. No es algo a corto plazo, sino un planteamiento de legislatura, de apoyo a la exportación y a la internacionalización, con el objetivo de que sea un factor clave para el equilibrio de la balanza comercial exterior y de servicios de este país. El senador de Entesa decía que está creciendo, pero tenemos que avanzar más en esta línea.

Segundo, un elemento del que se quejaban las empresas exportadoras, sobre todo cuando estaba relacionado con ferias y demás. En ocasiones, había dificultades para conseguir visados, para conseguir que profesionales de países como China, o de países africanos, de países fuera del espacio Schengen vinieran al país a ferias, a reuniones de trabajo, y creo que este segundo punto busca solucionar este aspecto.

Tercero, se trata de intensificar los trabajos del Consejo de internacionalización para reforzar la colaboración en la evolución exterior de los organismos que están trabajando en esta línea, y muchas empresas lo hacen muy bien, sobre todo en la promoción exterior de las pymes. Estoy hablando de las comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas tienen políticas de internacionalización y de exportación. Esta es precisamente la función básica del Icex y de la CEOE, y en el caso de Cataluña, insito, la pymec tiene una labor muy concreta para potenciar la pequeña y mediana empresa y también en la línea que el senador planteaba, a saber: intentar que las Cámaras de Comercio sigan haciendo lo que ya hacen. ¿Con qué objetivo? Por algo que todas las empresas exportadoras piden, que la progresión es muy importante y el Estado tiene que ayudar a promocionar los productos de las empresas que están exportando. También es muy importante el apoyo a la organización y a la asistencia a ferias. En la actualidad, Barcelona ha tenido dos ferias muy importantes, entre ellas, la alimentaria, que ha permitido que un gran número de potenciales clientes que han acabado siendo clientes vengan a esta feria, conozcan nuestros productos, los productos de pymes que en el sector alimentos y en el sector agroalimentario están haciendo un gran trabajo y una gran labor de exportación. Estamos hablando del cava, de los vinos, de los productos derivados del cerdo, etcétera.

Otro punto que también se planteó en el debate con el ministro es el de las políticas de acompañamiento a las pymes que trabajan de la mano de las grandes empresas. Decíamos que las grandes empresas exportan mucho, pero trabajan con pymes que las acompañan. Y también en cierto modo, como decía antes, se trata de seguir potenciando la diversificación de estas exportaciones hacia América Latina, África y Asia. Este es otro factor determinante.

También tenemos que reforzar las medidas destinadas a potenciar los productos de alta tecnología —la senadora vasca lo decía antes—. Son muy importantes no solo los productos agroalimentarios, no




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solo las empresas que venden servicios, también lo es que la alta tecnología marca la diferencia, el país dispone de ella y tenemos que potenciarla.

Tenemos que potenciar también otro elemento que ha sido muy importante, y es toda la ingeniería de construcción. Este país ha hecho grandes inversiones en infraestructuras.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor VILAJOANA I ROVIRA: Acabo, senyor president. Com deia, aquest país ha fet grans feines d’infraestructures. En aquest moment hem d’ajudar aquestes enginyeries perquè si en aquests moments les inversions en infraestructures han caigut, i ens sembla bé que hagin caigut perquè estem en la situació que estem, les hem d’ajudar per tal que puguin seguir fent una bona feina per desenvolupar-se a l’exterior.

I ja només vull reiterar l’agraïment pel suport en aquesta moció que em proposat.

Moltes gràcies, president i senyories.

Termino, señor presidente. Como decía, este país ha hecho grandes inversiones en infraestructuras. Tenemos que ayudar a estas ingenierías porque las inversiones en infraestructuras han caído, y nos parece bien que hayan caído porque estamos como estamos, pero tienen que contar con nuestro apoyo para poder seguir haciendo su trabajo y para su desarrollo en el exterior.

Reitero mi agradecimiento por el apoyo a esta moción que hemos propuesto.

Muchas gracias, señor presidente, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vilajoana.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. Antes de fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista sobre esta moción, me gustaría decir algo que no hemos dicho todos, pero como esta Cámara es la representación de los españoles y españolas, es obvio que hoy la mayoría pensamos que ayer por la noche se produjo una injusticia en el deporte. (Risas.) Yo creo que deberíamos decir que lo de ayer fue injusto, y lo digo yo, que soy del Madrid, pero tengo que reconocerlo.

Permítanme que entre a debatir la moción. He de decirles, señorías, que en principio nos parecía mejor el primer redactado de la moción que el segundo porque era más claro, más imperativo y más comprometedor con su objetivo final, que es marcar una hoja de ruta al Gobierno en asuntos de internacionalización y de apoyo a las pymes, como ha dicho el senador Vilajoana. Pero como, evidentemente, lo mejor siempre es lo que apoya la mayoría, democráticamente debemos decir que la segunda opción es mejor que la primera porque la segunda tiene más apoyos que la primera y obtiene la unanimidad de esta Cámara.

Nosotros, obviamente, como la hemos firmado, vamos a votarla favorablemente. Coincido con lo dispuesto en la moción. Básicamente en ella se recogen propuestas e ideas que en la anterior legislatura se pusieron de manifiesto en esta Cámara, en el Congreso y también en un organismo muy querido por todos, que es el Consejo Económico y Social. Básicamente, todos los informes que hablan sobre internacionalización de empresas lo hacen en la línea de la moción; por tanto, es fácil coincidir con ella.

Tengo que coincidir también con el senador de Entesa en que lo mejor que puede hacer este Gobierno es ser continuista en este asunto con la política del anterior Ejecutivo que, sin duda alguna, seguía también las prescripciones que promulgaban el grupo de trabajo sobre internacionalización del Senado, el informe del Congreso y el CES.

Señorías, no quiero entrar aquí tampoco a detallar cuáles fueron los éxitos o los logros de la política socialista en la anterior legislatura en este asunto, y no lo voy a hacer. Pero me gustaría hacer dos reflexiones al hilo de la moción, porque considero que la idea de la internacionalización las sugiere: en primer lugar, una reflexión sobre la importancia de la internacionalización. La internacionalización de empresas es más que la exportación pero también comprende aspectos como el turismo, como ha dicho el señor Vilajoana. Por tanto, desde una comunidad autónoma como Baleares, recordar esto es importante. El turismo es un servicio que las empresas españolas saben exportar; somos líderes en turismo, y esto no hay que olvidarlo.

Al hilo de la internacionalización, me surge la reflexión sobre la globalización. Tiene mucho que ver una cosa con la otra, y convendría que empezáramos a reflexionar también en las Cámaras, elevando un poco las miras, sobre la necesidad de que la globalización no sea determinista, que no se trate de subirnos




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al carro de la globalización, sino de pilotarla desde los poderes democráticos, porque, si no, nos convertimos en lo que nos estamos convirtiendo en los últimos treinta o cuarenta años, en un mundo desregulado en el que el más fuerte siempre acaba llevándose el gato al agua, y el más fuerte no siempre es el que tiene más autoridad democrática; por tanto, esa es nuestra primera reflexión.

La segunda reflexión tiene que ver también con la necesidad de que lo que aprobemos en esta Cámara acabe siendo de verdad la hoja de ruta del Gobierno, porque si no, corremos el riesgo de confundir a la ciudadanía. La ciudadanía puede llegar a pensar que en esta Cámara aprobamos por unanimidad grandes verdades que luego no tienen plasmación en las políticas reales del Gobierno, que es lo que está pasando.

Me gustaría que fuéramos capaces de llevar a los presupuestos la unanimidad que hemos alcanzado hoy aquí y que la senadora del Partido Nacionalista Vasco ha ensalzado, porque es muy difícil ―por no utilizar otra palabra peor― casar el apoyo a la internacionalización y asumir un compromiso de legislatura con un recorte en los Presupuestos Generales del Estado de un 17% en el programa concreto de internacionalización, de un 22% en cuanto a la modernización de estructuras comerciales o de un 30% en la promoción turística.

Por lo tanto, vamos a apoyar esta moción pero no vamos a colaborar en la ceremonia de la confusión que implica decir que estamos todos de acuerdo en apoyar la internacionalización cuando los presupuestos son restrictivos en este ámbito.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MANCHADO LOZANO: Voy terminando, señor presidente.

Debemos exigir al Gobierno que sea capaz de adoptar, en algunos casos, medidas anticíclicas, medidas que rompan el círculo vicioso de: más austeridad, menos consumo; menos ingresos, más austeridad. Hay que romper ese círculo vicioso porque si no lo hacemos no podremos salir de esa debilidad del mercado interior, que han mencionado tanto el senador Vilajoana como el senador Bruguera.

No es casual la actual recesión española que, sin duda alguna, se debe a las políticas económicas de este Gobierno. Por ello, vamos a pedir a los senadores y senadoras del Partido Popular que nos ayuden a cambiar esas políticas económicas, si es que realmente quieren que nos creamos que hay unanimidad en mociones como esta.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Manchado.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Aroca.

El señor AROCA SÁEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. Es para mí un gran honor representar por primera vez al Grupo Parlamentario Popular en esta tribuna; agradezco a la dirección de mi grupo parlamentario la confianza depositada.

Dado que nos encontramos en la Cámara territorial, al amparo del asunto que estamos tratando en esta moción consecuencia de interpelación relacionada con la exportación y la internacionalización de las empresas españolas y en mi condición de alcalde de La Roda, en Albacete y, por lo tanto, castellano-manchego, deseo expresar en este momento mi satisfacción al poder decir en esta Cámara que las exportaciones en Castilla-La Mancha se han visto incrementadas en un 13% en el mes de marzo del presente año, con respecto al año anterior, lo que refrenda que no son solo las grandes empresas las que exportan sino que, afortunadamente, las pequeñas y medianas empresas se incorporan a este factor positivo.

En mi localidad contamos con algo más de una decena de empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de pinturas industriales; son cientos de puestos de trabajo los creados por dichas industrias, que han sabido abrir nuevas puertas al mercado fuera de nuestro país. También los sectores de la construcción, del mueble, de los vinos y los elementos para la agricultura, entre otros, se han abierto paso en los mercados exteriores. Permítanme decirles, desde un punto de vista coloquial y desenfadado, que solo nos falta exportar los famosos Miguelitos de La Roda, dulce típico y famoso, como muchos de ustedes conocen.

Señor Vilajoana, mi grupo parlamentario coincide con usted cuando dice que el sector exterior, junto con la internacionalización de nuestras empresas, está actuando como factor de crecimiento positivo. En esta materia, deseo destacar la colaboración y coordinación entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y de




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Cooperación y el Ministerio de Economía y Competitividad en relación con una de las principales líneas de actuación: Marca España.

A través del Icex se han puesto en marcha una serie de herramientas basadas en programas de apoyo a marcas españolas, planes de marketing y de imagen. Del mismo modo, también se implementará un programa de difusión para que nuestras empresas se puedan internacionalizar a través de los distintos programas, ayudas e instrumentos para alcanzar dicho fin.

Hay que implicar a todas las instituciones del Estado, a nuestras empresas y a todos aquellos que llevan a cabo cualquier labor social corporativa y de educación. Para que la Marca España sea útil se está poniendo en marcha el observatorio a través del Instituto Elcano, por ello se ha convocado a todos los actores, públicos y privados, en esta materia, departamentos ministeriales, comunidades autónomas, embajadas y consulados. Juega un importante papel la Corporación Radiotelevisión Española en la promoción y difusión de dicha marca.

El ministro de Asuntos Exteriores y de Corporación se ha comprometido a presentar un plan de la Marca España, un proyecto de ley de acción exterior, un proyecto estratégico a cuatro años de política exterior y un plan director a cuatro años de cooperación. Se reforzará la formación de los diplomáticos para que presten su apoyo a las empresas con el fin de facilitarles la implantación en los distintos territorios. El objetivo del Ministerio de Economía y Competitividad es reforzar el sector exterior como motor de recuperación económica. El Consejo Interterritorial de Internacionalización engloba a todos los entes públicos y privados: Icex, comunidades autónomas, CEOE y Consejo Superior de Cámaras. Ya en 2010 se lanzó un plan integrado para mejorar el apoyo de la internalización de las empresas. Cuenta con veintiocho medidas para compartir estrategias, acciones y fondos para la promoción exterior. Este plan se ha visto reforzado al incorporar las oficinas en el exterior de las comunidades autónomas.

Este consejo está trabajando en apoyar los procesos de licitación de las empresas españolas en el exterior. Del mismo modo, se está elaborando un manual integrado para que todas las empresas sepan a quién dirigirse y conozcan los distintos instrumentos. Las condiciones de financiación y bonificación para las empresas que desean internacionalizarse se están viendo reforzadas entre el Icex y el ICO abriendo nuevas líneas de financiación. El Icex cuenta para este año con una dotación de 109 millones de euros; se dará un impulso significativo y más eficaz.

La diversificación de los mercados de destino es otra prioridad en esta legislatura. Nuestras exportaciones están concentradas en pocos mercados, lo que es una gran dificultad de crecimiento. Tenemos que llegar a los mercados emergentes, por ello se están reforzando los programas Icex orientados a mercados extracomunitarios. El 66% de nuestras exportaciones se dirigen a la Unión Europea, por lo que hay que diversificar nuestras exportaciones.

Señorías, no solo se trata de aumentar nuestras exportaciones sino su calidad y su valor añadido. Por ello, tenemos que ser capaces de competir en tecnología, innovación, calidad y valor añadido.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor AROCA SÁEZ: Sí, señor presidente.

Por ello, existe una coordinación entre el Icex y el CDTI.

Me congratulo de esta moción transaccional firmada por todos los grupos políticos. Deseo destacar la excelente disposición del senador Vilajoana y del senador Yanguas.

Señorías, en el Grupo Popular estamos convencidos de que el conjunto de reformas que el Gobierno ha comenzado a emprender, junto a las medidas específicas en materia de mercado exterior e internacionalización de nuestra economía, harán que nuestro país recupere la confianza, se vuelva a la senda de crecimiento y, lo que es más importante, se genere empleo estable y de calidad.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aroca.

Señorías, teniendo en cuenta que la propuesta de modificación a la moción consecuencia de interpelación ha sido firmada por todos los grupos y por el contenido de las intervenciones, entiendo que puede someterse a su aprobación por asentimiento. (Asentimiento.)

Muchas gracias.

Queda, entonces, aprobada por asentimiento la propuesta de modificación.




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5. MOCIONES

5.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A INICIAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTATUTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE NO UNIVERSITARIO.

(Núm. exp. 662/000017)

AUTOR: GPP

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto quinto del orden del día: Mociones.

Moción por la que se insta al Gobierno a iniciar los trámites necesarios para la elaboración de un estatuto del personal funcionario docente no universitario, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

A esta moción se ha presentado también una propuesta de modificación firmada por todos los grupos.

Para la defensa de la moción tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, el senador Luis Peral, por tiempo de quince minutos.

El señor PERAL GUERRA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, quisiera empezar mi intervención en esta moción rindiendo un público homenaje a los maestros y profesores españoles, a los que estoy seguro de que todos y cada uno de nosotros debemos mucho de todo lo que ha sido positivo en nuestras vidas. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

Los conocimientos y valores que nos transmitieron constituyen un patrimonio impagable de habilidades personales, de cultura científica y humanística, de sólidos principios que han resultado fundamentales en nuestro desarrollo personal y profesional.

Los maestros y profesores españoles han sabido adaptarse con inteligencia y flexibilidad a una sociedad muy distinta de la que existía cuando ellos decidieron seguir esta tan noble profesión.

Han cambiado las leyes educativas; han cambiado los planes de estudio; ha cambiado el contenido de las asignaturas, incluso algunas han cambiado de nombre; han cambiado en buena medida los alumnos y también sus familias, y, sin embargo, los docentes españoles han sido capaces de seguir prestando un extraordinario servicio a la sociedad, y, lo que es más importante aún, al futuro de esa sociedad que son sus jóvenes.

Como ya dijo en esta Cámara el 27 de mayo de 2010 mi antecesor como portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular, don Adolfo Abejón, a quien estoy seguro de que muchos recordamos con afecto y agradecimiento a su labor, el profesorado es el elemento central de las políticas de mejora de la educación, un objetivo que compartimos todos los grupos parlamentarios, y es el estatuto de la función pública docente no universitaria una reivindicación permanente de maestros y profesores.

A pesar de que el citado estatuto constituía un compromiso incluido en los programas electorales del Partido Socialista en los años 2004 y 2008, a pesar de que dicho compromiso fue recordado y asumido en el Congreso, como no podía ser de otra forma, en noviembre del año 2004 por la ministra de Educación, y reiterado por sus dos sucesores al frente de dicho ministerio, sin embargo, en siete años y medio de Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero no fueron capaces de aprobar el estatuto de la función pública docente no universitaria, y eso a pesar de que durante buena parte de dichos años España y sus comunidades autónomas vivieron una situación económica y presupuestaria muy distinta de la actual; una situación de la que, por ejemplo, —voy a citar simplemente dos datos— en marzo de 2004, cuando el Partido Popular abandonó el Gobierno como consecuencia de las elecciones generales, la prima de riesgo con respecto al bono alemán de diez años era de cero, es decir, pagábamos por nuestra deuda pública lo mismo que Alemania. El 7 de marzo de 2008, el día en que abrió el mercado con anterioridad a las elecciones del año 2008, la prima de riesgo era de 41 puntos básicos, es decir, el 0,41 %, que pagábamos de más sobre los bonos alemanes. El 18 de noviembre de 2011, la prima de riesgo alcanzó, en la víspera de las elecciones generales del año pasado, los 443 puntos básicos. Nada expresa mejor la ineficacia de la gestión de un Gobierno que, al igual que otros Gobiernos de la Unión Europea, tuvo que hacer frente a una crisis económica mundial, pero lo hizo con las recetas equivocadas.

En cuanto al déficit público, en el año 2004 era del 0,3 %; en el año 2007 se llegó a un superávit del 1,9 %, y en el año 2011, como todos ustedes conocen bien, se ha llegado al 8,5 % de déficit.

Es decir, que durante buena parte de los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, al menos durante tres años, hubo una situación económica que hubiera permitido, sin duda, atender esa histórica reivindicación de maestros y profesores, aprobando el estatuto docente y estableciendo de esta forma




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una auténtica carrera docente que hubiera creado incentivos para que los mejores profesores, y especialmente los más comprometidos con su labor, hubieran podido desarrollar plenamente sus expectativas profesionales, y también atender otras necesidades inaplazables, como, por ejemplo, reforzar la autoridad del profesor, que se ha visto bastante comprometida en los últimos años con motivo de los problemas de convivencia que todos conocemos que existen en las aulas, y también establecer unos requisitos para el acceso a la profesión docente que primasen el mérito y la capacidad y que hubieran permitido captar para esta función social, absolutamente indelegable a los mejores, a las personas con más vocación docente.

A instancias del Grupo Parlamentario Popular en el Senado se aprobaron dos mociones, en la pasada legislatura y en la anterior. Así, el Pleno de esta Cámara el día 9 de octubre del año 2007 aprobó una moción sobre políticas educativas del Gobierno que incluía la instancia al Gobierno para que adquiriera el compromiso de aprobar, dentro de aquella legislatura, el estatuto de la función docente. No es ocioso recordar que dicha moción fue aprobada a pesar de los votos en contra del Grupo Parlamentario Socialista y de la Entesa Catalana de Progrés y con la abstención de CiU, del Grupo Parlamentario Vasco y de Coalición Canaria.

En la Comisión de Educación del 27 de mayo de 2010 se aprobó una moción, a través de una transaccional que en este caso apoyaron todos los grupos políticos, que establecía que el Gobierno debía aprobar el estatuto de la función pública docente a lo largo del año 2010 y que debía convocar en el mes de julio de 2010 la mesa sectorial de Educación para intentar alcanzar los acuerdos que hubieran conducido a la aprobación del citado estatuto. Ahora intentamos de nuevo urgir al Gobierno para que ponga en marcha ―y las ha puesto ya― las negociaciones y trámites necesarios para aprobar este estatuto. Se ha constituido ya dentro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte un grupo de trabajo presidido por el director general de Formación Profesional para poner en marcha todos los estudios necesarios que conduzcan en el plazo más breve posible a la aprobación del estatuto.

El Grupo Parlamentario Popular presentó una moción que, tras muy fructíferas negociaciones con todos los grupos parlamentarios ―y hoy quiero agradecerlo expresamente aquí―, ha conducido a la firma por todos de una moción transaccional cuyo contenido es el siguiente: El Senado insta al Gobierno a iniciar los trámites necesarios para la elaboración de un estatuto de personal funcionario docente no universitario consultando a los agentes sociales en el proceso de elaboración de dicho estatuto que será abordado en la mesa sectorial de Educación. Y el segundo punto es: Asimismo, respetando las competencias de las comunidades autónomas, se iniciará un proceso negociador en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación para intentar alcanzar el consenso en la redacción de dicho estatuto.

Todos los grupos parlamentarios hemos llegado a este texto compartido y estoy seguro de que va a ser apoyado por todos los senadores.

Gracias, señor presidente, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

¿La Presidencia puede entender retiradas las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió y las del Grupo Parlamentario Socialista? (Asentimiento.)

Gracias.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Desea intervenir el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegación.) No hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado tiene la palabra la señora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, ya en su comparecencia en la Comisión de Educación de esta Cámara el ministro Wert anunció que su ministerio había puesto en marcha un grupo de trabajo para elaborar una propuesta de estatuto del docente. Me imagino, por tanto, que el Grupo Parlamentario Popular no es ajeno a la existencia de este grupo de trabajo, y dada la correlación de fuerzas en esta Cámara no es difícil prever que esta moción será tenida en cuenta por el Gobierno, y auguro que dentro de poco nos encontraremos con una propuesta de redacción de un estatuto del docente por parte del Ministerio de Educación.

Coincidimos con ustedes cuando señalan al profesorado como elemento central de las políticas de mejora de la calidad de la educación y estamos de acuerdo con la necesidad de buscar medidas que favorezcan una mejora en sus condiciones de trabajo. Sin embargo, hay dos cuestiones fundamentales que nos preocupan. En primer lugar, la búsqueda de consenso. No es necesario que les recuerde los




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motivos que hicieron fracasar el último intento de elaborar un estatuto del docente allá por el año 2006, cuando el Gobierno de entonces no consiguió llegar a un acuerdo mínimo con los sindicatos ni siquiera sobre los temas que deberían ser desarrollados en el texto del estatuto. En esa necesidad de buscar el consenso, hay dos enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y por el de Convergència que finalmente han sido retiradas y que también apuntaban en este sentido. En este caso el consenso implica un acercamiento previo a los agentes afectados y concernidos por un eventual estatuto del docente. Implica escuchar y buscar acuerdos con todos ellos. Y cuando hablamos de agentes nos referimos a las comunidades autónomas, a los sindicatos, especialmente a los sectoriales; nos referimos a las mesas sectoriales de enseñanza y a los propios profesores y a las asociaciones profesionales que los agrupan. El consenso requiere, que además de acercarse a esos agentes, se les escuche y se haga un esfuerzo por alcanzar un texto que satisfaga en buena medida a todos ellos, porque solo así tendremos la garantía de que dicho texto redundará, efectivamente, en beneficio del profesorado al que se pretende dignificar. El texto de su moción, por fin la transaccional, recoge referencias en este sentido.

Hay un segundo elemento en esta moción inicial que tampoco compartíamos y que sin embargo ha sido corregido en la moción transaccional. Es la manifiesta vocación unificadora de la dispersa normativa laboral que rige al profesorado. Señoría, nos alegramos de que al final hayan quitado ese párrafo en la enmienda transaccional porque denota la vocación manifiesta de su grupo por todo aquello que suponga reducir el ámbito competencial de las comunidades autónomas. Es vocación manifiesta del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado la defensa de nuestro autogobierno y las competencias propias de Euskadi. Y en los últimos meses, desde su llegada al Gobierno, no ha habido procedimiento legislativo en las Cortes en que ustedes no hayan obviado, ignorado o contravenido el actual modelo competencial. Lo han hecho con la reforma laboral, lo han intentado en el proyecto de ley de sostenibilidad financiera que vamos a votar esta tarde, lo hicieron también en el debate sobre el techo de gasto y me temo que lo seguirán haciendo en los posteriores decretos porque ustedes, en el fondo, no creen en el estatuto autonómico. Para nosotros, recoger en la moción transaccional la enmienda que presentó el Grupo de Convergència i Unió ha eliminado esta gran pega que encontrábamos al texto original.

Todo esto en cuanto a los contenidos de su moción, en cuanto al fondo. Pero también tengo que referirme al tiempo y al momento elegido por el Partido Popular para salir en defensa del profesorado. Esto ¿qué es? ¿Una de cal y otra de arena? Porque, por poner un ejemplo, si yo fuera una profesora de primaria estaría, cuanto menos, desconcertada. Primero, me bajan el sueldo dos veces y, posteriormente, eliminan los complementos retributivos, con lo cual, los nuevos proyectos educativos que queremos implantar en mi centro tendrán que ser desarrollados durante mi horario ordinario de trabajo. Pero es que mi horario también ha cambiado, porque ahora tendré que dedicar veinticinco horas a impartir clases y tendré que aumentar el número de horas de tutoría ya que el año que viene voy a tener seis alumnos más en mi aula. Así que no tengo horas que dedicar a los proyectos educativos que nos exigen desarrollar los planes de calidad a los centros educativos. Y tampoco podré seguir con los cursos de formación continua que nos exigen para acreditar méritos en cualquier concurso u oposición. Y eso sin contar con las horas que, además, voy a tener que dedicar a suplir a mis compañeros de baja.

Este es el panorama real y cotidiano que afrontan cientos de miles de profesores de primaria y secundaria desde que se anunciaron los recortes en enseñanza. Una seria precarización de las condiciones de trabajo que nos retrotrae al funcionamiento de la enseñanza de hace veinte años.

¿Es acaso este estatuto del docente que ustedes pretenden impulsar compensación suficiente a este retroceso? ¿Es así como se dignifica la figura del profesor y como se avanza en la mejora de su situación profesional? ¿Es así como pretenden atraer a los mejores a la función docente? Consideramos que no, que el estatuto del docente, si bien es un instrumento necesario y pertinente, no es compensación suficiente frente a los recortes sistemáticos en educación, que atentan gravemente contra la calidad de la enseñanza y perjudican sustancialmente la situación profesional del profesorado.

Interpreten, por tanto, nuestro apoyo a esta moción transaccional como un voto de confianza en su capacidad para mostrar igual flexibilidad, altura de miras y sentido común en la aplicación de los recortes anunciados la semana pasada en materia de educación, como han demostrado hoy en la negociación previa de esta moción.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra la senadora Sequera.




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La señora SEQUERA GARCÍA: Presidente, señorías.

Des de l’Entesa recolzarem, davant l’escenari de consens i el convenciment de la necessitat de regular-lo, l’estatut del docent plasmat en la transaccional.

Un dels motius per tirar endavant aquest estatut és donar compliment a la Constitució en el seu article 103.3. Cal dir que ja hi ha un camí recorregut, ja hi ha una feina feta que no va assolir la signatura d’aquest estatut, però que utilitzant el diàleg va ser capaç d’arribar a punts d’enteniment, tot i que cal adaptar als nous temps la feina feta al respecte.

La societat moderna en la qual vivim ha sofert canvis a passos de gegant; canvis en les tecnologies de la comunicació i la informació, avenços en el coneixement. La pertinença com a estat membre a la Unió Europea obliga conseqüentment en l’objectiu d’assolir els nivells establerts a Europa amb polítiques educatives, les noves titulacions universitàries. Tanmateix, canvis amb l’assoliment de més grau d’igualtat en el món laboral per part de les dones, polítiques educatives descentralitzades en les comunitats autònomes. Per tant, és evident que els professionals de la docència també es veuen empesos a evolucionar a mesura que ho fa la societat.

Tot plegat, comporta que el desenvolupament de la seva professió contempli nous escenaris que cal regularitzar. Partint de la base que les comunitats autònomes tenen les competències en educació transferides, cal establir l’espai de diàleg i consens entre el Govern, mesa sectorial i comunitats autònomes, amb l’objectiu de configurar una base o estructura comú de consens. Cal una norma única que serveixi de marc per establir els drets i deures de treballadors i treballadores de l’educació pública. També cal definir els perfils professionals de tot el servei públic educatiu, les condicions en les quals es desenvolupa la professió, els requisits i formació per accedir a la carrera docent de qualsevol nivell educatiu, però sempre garantint l’equilibri entre la seva aplicació com a marc de referència a tot l’Estat espanyol i l’especificitat de la comunitat autònoma on s’exerceixi. Un exemple clar és l’EBEP, norma marc d’aplicació a tot empleat públic de l’Estat espanyol amb el consens de les comunitats autònomes i les entitats locals.

També ha de contemplar els objectius i finalitats que la societat diposita en el nostre sistema educatiu. Aquests passen per la transmissió de coneixements, la motivació dels alumnes, la formació en valors ciutadans, dotar els alumnes de la capacitat de conèixer i aprendre per si mateixos, ampliar i renovar els coneixements. I el més important: cal que l’educació pública representi un ensenyament modern, científic i laic, per garantir una societat avançada, però que alhora el professorat pugui comprovar que es valora el seu esforç i dedicació a la docència. Ha de servir per homologar les condicions de treball que tenen la resta de docents europeus, per tal de convergir en un únic sistema educatiu amb garanties de progrés en benefici de tots.

Gràcies. (Aplaudiments.)

La Entesa apoyará, ante el escenario de consenso y el convencimiento de la necesidad de su regulación, el estatuto del docente plasmado en la transaccional.

Uno de los motivos para sacar adelante este estatuto es dar cumplimiento a la Constitución en su artículo 103.3. Ya existe un camino recorrido, un trabajo hecho que no llegó a la firma de este estatuto pero que, empleando el diálogo, fue capaz de llegar a puntos de entendimiento, aunque es necesario adaptar a los nuevos tiempos el trabajo realizado al respecto.

La sociedad moderna en la que vivimos ha sufrido grandes cambios, a paso de gigante, en las tecnologías de la comunicación y la información, así como mejoras en el conocimiento. Como consecuencia de nuestra pertenencia como Estado miembro a la Unión Europea necesitamos una adecuación a las políticas educativas europeas, a las nuevas titulaciones universitarias. Asimismo, hay que tener en cuenta el alcance de un mayor grado de igualdad en el mundo laboral por parte de las mujeres y desarrollar políticas educativas descentralizadas en las comunidades autónomas. Es evidente, por tanto, que los profesionales de la docencia también se ven empujados a evolucionar a medida que lo hace la sociedad.

Todo ello conlleva que el desarrollo de su profesión contemple nuevos escenarios que hay que regularizar. Partiendo de la base de que las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias en educación, hay que establecer el espacio de diálogo y consenso entre el Gobierno, el sector y las comunidades autónomas con el objetivo de configurar una base o estructura común de consenso. Es necesaria una norma única que sirva de marco para establecer los derechos y deberes de los trabajadores y trabajadoras de la educación pública. También hay que definir los perfiles profesionales de todo el servicio público educativo, las condiciones en las que desarrollan la profesión, los requisitos y la formación para acceder a la carrera docente de cualquier nivel educativo, pero siempre garantizando el equilibrio




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entre su aplicación como marco de referencia en todo el Estado español y la especificidad de la comunidad autónoma donde se ejerza. Un ejemplo claro es el EBEP, norma marco de aplicación a todo empleado público del Estado español con el consenso de las comunidades autónomas y las entidades locales.

También debe contemplar los objetivos y finalidades que la sociedad deposita en nuestro sistema educativo. Estos pasan por la transmisión de conocimiento, la motivación de los alumnos, la formación en valores ciudadanos y la dotación a los alumnos de la capacidad de conocer y aprender por sí mismos y de ampliar y renovar los conocimientos. Y lo más importante: es necesario que la educación pública represente una enseñanza moderna, científica y laica para garantizar una sociedad avanzada, pero permitiendo que al mismo tiempo el profesorado pueda comprobar que se valora su esfuerzo y dedicación a la docencia. Debe servir para homologar las condiciones de trabajo que tienen el resto de los docentes europeos con el fin de convergir en un único sistema educativo con garantías de progreso en beneficio de todos.

Gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor president.

Senyories, molt bon dia a tothom. Avui, aquesta moció que ens presenta el Grup Parlamentari Popular, i en la qual hem transaccionat tots els grups, ens dóna una gran oportunitat de parlar dels mestres, dels nostres professors, dels nostres professionals. Jo d’entrada vull manifestar la satisfacció per haver fet aquesta transaccional que d’alguna manera posa de manifest que quan parlem dels mestres i dels professors hem de ser capaços de donar un missatge conjunt i clar, un missatge d’estima i de valoració des del punt de vista parlamentari i des del punt de vista, també, social.

Es parla molt de l’educació, de la importància que té, i més en el context actual en el qual ens trobem; de la gran importància que adquireix la formació professional, de la situació i dels sistemes educatius, però sovint parlem molt d’això però poc d’aquests professionals que són els mestres i els professors. Quantes vegades se’ls consulta o se’ls demana opinió de com s’hauria d’enfocar una reforma educativa —per exemple ara que estem davant d’una d’elles, tal com ens ha anunciat el ministre d’Educació— o dels efectes que pot tenir l’increment en les aules o de la situació de la formació professional? Doncs la veritat és que ben poques vegades i, no obstant, la qualitat dels sistemes educatius depèn de la qualitat dels mestres i dels seus professors.

Així doncs, parlem-ne. Jo també voldria fer-ho i intentar posar de manifest la importància transcendental dels mestres en la qualitat d’un sistema educatiu, i per fer-ho voldria posar com a exemple un informe de la consultoria McKinsey, que segurament vostès coneixen, i que és una consultoria que es dedica a fer estudis d’organitzacions com, per exemple, dels diferents sistemes educatius de tot el món, tot analitzant les claus de l’èxit sobre la base d’haver fet un estudi comparatiu dels deu millors sistemes educatius del món, entre altres, el de Finlàndia, Corea del Sud, Japó o Canadà. En aquest estudi s’obté una conclusió claríssima: el nivell educatiu d’un país depèn de la formació, motivació i l’aprenentatge permanent dels seus professors.

L’informe PISA s’ha convertit en la principal obra de referència sobre la qualitat de l’educació al món, al donar resultats acadèmics normalitzats, que permeten comparacions internacionals i donen pistes d’allò que funciona i el que no funciona. No obstant, les claus del l’èxit o del fracàs no es descobreixen a primera vista i, sovint, països que han triplicat les inversions no estan, o no aconsegueixen estar, en el grup dels millors, i països com, per exemple, Corea del Sud, que és un dels que està entre els quatre primers en totes les proves, té una gran massificació a les aules.

Per tant, els factors decisius per la qualitat del sistema educatiu no són fàcilment quantificables i l’estudi McKinsey conclou que el denominador comú en els països que encapçalen el rànquing PISA —Hong Kong, Finlàndia, Corea del Sud i Japó, com he dit abans— són tres: contracten els millors professors, els cuiden des del punt de vista formatiu i, sobretot, de consideració social, perquè puguin donar el millor de si mateixos; i intervenen d’immediat quan els resultats dels alumnes comencen a baixar. Per tant, la qualitat d’un sistema educatiu no pot ser millor que la dels seus professors.

M’agradaria també posar d’exemple —i n’he parlat recentment en la compareixença del ministre en la comissió d’Educació, i també aquí— del model finlandès, que també l’hem de posar com a exemple, com a paradigma, com un model a seguir. És un model que es caracteritza pel gran èxit que assoleix en totes




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les proves que dèiem dels informes PISA, i que la clau està en la gran consideració social, sobretot, que donen al mestre i al professor. Els docents tenen una gran consideració social; la societat finlandesa vol els millors mestres, els mimen, els cuiden, els formen. D’aquí que el procés de selecció sigui tan rígid, tan rigorós, perquè, en definitiva, volen el millor per a l’educació dels seus fills.

Per tant, amb aquests exemples es posa de manifest que la qualitat d’un sistema educatiu depèn, prioritàriament, dels seus mestres, de la seva formació, del seu aprenentatge constant i també, com no, de la consideració que pugui tenir des del punt de vista social.

Per tant, per què hem parlat aquí de l’informe McKinsey, del model finlandès? Doncs sincerament per deixar ben clar que l’èxit de l’educació i d’un sistema educatiu passa necessàriament pel mestre i pel professor. És necessari un major reconeixement social, és necessari prestigiar la seva professió, i com es regula la funció docent és tremendament important. La formació al llarg de la seva vida és de vital importància i la carrera docent ha d’esdevenir un estímul.

En definitiva, nosaltres estem d’acord amb iniciar i posar en marxa aquest estatut del professorat que hauria de contemplar aquests aspectes: l’entrada a la funció docent, la seva formació, la seva formació al llarg de tota la vida i, com no, el prestigi social que hagi de tenir i la seva carrera docent. En conclusió, crec que tots plegats hem de tenir molt present que si volem anar avançant en l’excel·lència del sistema educatiu hem de tenir una cosa molt clara: els mestres i els professors en són els veritables artífexs.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, buenos días a todos. La moción que hoy nos presenta el Grupo Parlamentario Popular, y que todos hemos transaccionado, nos da una gran oportunidad para hablar de nuestros docentes, de nuestros profesores, de nuestros profesionales. De entrada quiero manifestar la satisfacción por haber llegado a esta transaccional que, de alguna forma, pone de manifiesto que cuando hablamos de los profesores debemos ser capaces de dar un mensaje conjunto, claro, de cariño y de valoración desde el punto de vista parlamentario y también desde el punto de vista social.

Se habla mucho de la importancia que tiene la educación, y más aún en el contexto actual en el que nos encontramos; de la gran importancia que adquiere la formación profesional, de la situación y de los sistemas educativos, pero a menudo hablamos mucho de ello y poco de estos profesionales que son los profesores. ¿Cuántas veces se les consulta o se les pide opinión sobre cómo debería enfocarse una reforma educativa —como sucede, por ejemplo, ahora, que estamos ante una de ellas, tal como nos ha anunciado el ministro de Educación— o sobre los efectos que puede tener el aumento en las aulas o la situación de la formación profesional? La verdad es que muy pocas veces y, no obstante, la calidad de los sistemas educativos depende de la calidad de sus profesores.

Hablemos, pues, sobre ello. Yo quisiera hacerlo y quisiera intentar poner de manifiesto la importancia trascendental de los educadores en la calidad de un sistema educativo, y para ello quisiera poner como ejemplo un informe de la consultoría McKinsey, que seguramente conocen, y que se dedica a hacer estudios de organizaciones como, por ejemplo, de los distintos sistemas educativos de todo el mundo, analizando las claves del éxito sobre la base de un estudio comparativo de los diez mejores sistemas educativos del mundo como son, entre otros, el de Finlandia, el de Corea del Sur, el de Japón o el de Canadá. Y en este estudio se obtiene una clarísima conclusión: el nivel educativo de un país depende de la formación, motivación y aprendizaje permanente de sus profesores.

El Informe PISA se ha convertido en la principal obra de referencia sobre la calidad de la educación en el mundo ya que ofrece resultados académicos normalizados que permiten comparaciones internacionales y dan pistas sobre lo que funciona y sobre lo que no funciona. No obstante, las claves del éxito o del fracaso no se descubren a primera vista y a menudo países que han triplicado las inversiones no están, no llegan a estar en el grupo de los mejores, y países como Corea del Sur, que es uno de los cuatro primeros en todas las pruebas, tiene una gran masificación en las aulas.

Por lo tanto, los factores decisivos para la calidad del sistema educativo no son fácilmente cuantificables y el estudio McKinsey concluye que el denominador común en los países que encabezan el ranking PISA —Hong Kong, Finlandia, Corea del Sur y Japón, como antes he mencionado— son tres: Primero, contratan a los mejores profesores, los cuidan desde el punto de vista formativo y, sobre todo, desde su consideración social para que puedan dar lo mejor de sí mismos; intervienen de inmediato cuando los resultados de los alumnos empiezan a bajar. Por lo tanto, la calidad de un sistema educativo no puede ser mejor que la de sus profesores.




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Asimismo, me gustaría poner de ejemplo —recientemente se ha hablado sobre ello en la comparecencia del ministro en la Comisión de Educación y también aquí— el modelo finlandés, que tenemos que entender como paradigma, como un modelo a seguir. Es un modelo que se caracteriza por el gran éxito que alcanza en todas las pruebas que mencionábamos de los informes PISA, cuya clave está sobre todo en la gran consideración social que da al docente, al profesor. Tienen una gran consideración social, la sociedad finlandesa quiere los mejores profesores, los miman, los cuidan, los forman. De ahí que el proceso de selección sea tan rígido, tan riguroso porque, en definitiva, quieren lo mejor para la educación de sus hijos.

Con estos ejemplos se pone de manifiesto que la calidad de un sistema educativo depende prioritariamente de sus docentes, de su formación, depende de su aprendizaje constante y también de la consideración que se pueda tener de ellos desde un punto de vista social.

Por lo tanto, ¿por qué hemos hablado aquí del informe McKinsey, del modelo finlandés? Sinceramente, para dejar bien claro que el éxito de la educación y de un sistema educativo pasa necesariamente por el docente y por el profesor. Es necesario un mayor reconocimiento social, es necesario prestigiar su profesión, y cómo se regula la función docente es tremendamente importante. La formación a lo largo de su vida es de vital importancia y la carrera docente debe ser un estímulo.

En definitiva, nosotros estamos de acuerdo en iniciar y poner en marcha este estatuto del profesorado, que debería contemplar estos aspectos: la entrada en la función docente, su formación a lo largo de toda la vida y, cómo no, el prestigio social que deban tener y su carrera docente. En conclusión, todos juntos debemos tener muy presente que si queremos avanzar en la excelencia del sistema educativo debemos tener muy claro que los docentes y los profesores son sus verdaderos artífices.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador señor Álvarez Areces.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Buenos días, señor presidente.

Señorías, en primer lugar querría precisar —ya lo he notificado al portavoz del Grupo Popular— que ha habido un error, involuntario sin duda, al leer la transaccional que se ha firmado y que literalmente queda de la siguiente forma: El Senado insta al Gobierno a iniciar los trámites necesarios para la elaboración de un estatuto del personal funcionario docente no universitario, en continuo diálogo con los agentes sociales en el proceso de elaboración de dicho estatuto, que será abordado en la Mesa Sectorial de Educación e incorporará una memoria económica de acuerdo con la normativa vigente. Asimismo, respetando las competencias de las comunidades autónomas, se iniciará un proceso negociador en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación para intentar alcanzar el consenso en la redacción de dicho estatuto. Lo digo para que quede constancia en el Diario de Sesiones y así tener la literalidad de la transaccional firmada.

En mi intervención, quisiera señalar, en primer lugar, que creo que es un hecho positivo que se inste a alcanzar un acuerdo en un tema tan complejo como este, y es complejo porque en el mismo itinerario de negociación que tuvo el Gobierno socialista no se alcanzó un acuerdo y no por falta de voluntad, porque ha habido borradores, incluso en algunos de ellos prácticamente alcanzamos un estadio final en la redacción, y no se pudo hacer, fundamentalmente, porque es un tema que afecta muchísimo al ámbito laboral —como efectivamente se recoge en esta transaccional—, al ámbito de las negociaciones con los sindicatos más representativos del sector y también, fundamentalmente, con las comunidades autónomas, que tienen la responsabilidad de hacer frente a una gran parte del gasto que se origina como consecuencia del proceso de un estatuto que lleva consigo, nada menos, que la formación inicial, el acceso a la función docente, la carrera profesional, los temas relacionados con la jubilación, en fin, temas de gran complejidad y que requieren, naturalmente, de una memoria económica y, por tanto, de una disponibilidad de financiación que tiene que ser inherente al acuerdo político a cuyo alcance se acaba de instar.

Por tanto, esto es positivo, pero no podemos olvidar que estamos en un contexto en el que las noticias y las acciones que se desarrollan son absolutamente contradictorias con esta iniciativa de la que hoy estamos hablando aquí. Lo que ha sucedido en estas últimas semanas, a través del proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado por el Gobierno junto con las medidas posteriores a esa presentación, que han culminado con el recorte de 3 000 millones de euros en el ámbito educativo, nos presenta un panorama, fundamentalmente, de absoluta contradicción con algunas de las premisas que aquí se establecen. Sin duda, la calidad del profesorado es un factor clave a la hora de mejorar los




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resultados en un sistema educativo, pero, desde luego, no creo que esa calidad pueda mejorarse aumentando las horas lectivas, aumentando las ratios. Tampoco podemos decir que haya sido muy positivo que, aunque se anuncie que en la próxima década habrá del orden de 200 000 profesores que se van a jubilar, las ratios de reposición están en unas cifras que, en estos momentos, son del 10%. Así pues, en esa década, la reposición de efectivos al sistema público va a ser muchísimo menor que lo que ahora tenemos y, por tanto, la pérdida de calidad y el tratamiento hacia el profesorado no es acorde con esos postulados positivos que se enunciaban en esta moción.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012 refleja en sus contenidos, como decía, todo lo contrario de lo que, por coherencia, debería ser una prioridad política. Nosotros estamos en un contexto de crisis, hay reducción presupuestaria, pero cuando definimos una prioridad política no significa que el recorte en educación supere el promedio del recorte en el conjunto de ministerios. El conjunto de ministerios tiene un promedio de recorte del 16,9 % y en educación estamos en un 21,9 %. Por tanto, no es una prioridad política porque no es una prioridad presupuestaria. Las becas se recortan un 21,9 %, que representa más de la mitad del gasto total educativo, más de 166,4 millones de euros; desaparecen diez de los diecisiete programas de cooperación territorial con las comunidades autónomas, algunos de ellos muy sensibles para la formación del profesorado y otros, como el Plan Educa3, que estaba dotado con 100 millones de euros, fundamental para el desarrollo educativo de niños y niñas de 0 a 3 años, que facilita la conciliación familiar y laboral y que figuraba también como una prioridad en el programa actual del Gobierno; desaparece el Programa Escuela 2.0, que estaba dotado con 100 millones de euros, destinado a facilitar el uso de las nuevas tecnologías por parte de la población escolar y bien evaluado en muchas comunidades autónomas. Y todo ello, como dije, se agrava con el recorte de 3 000 millones de euros, que, desde mi punto de vista, se traduce en el mayor retroceso en las políticas educativas de todo el período democrático, justamente cuando más se necesitaba el impulso de la formación y de la cualificación de nuestros jóvenes para afrontar el futuro y buscar una salida a la difícil situación actual. Las universidades tampoco se libran del recorte pues sus programas se reducen un 62,5 %; pero me centraré en el ámbito no universitario, que es al que nos estamos refiriendo específicamente. Sin duda, todo ello supone un gran ataque y una desinversión en relación con los logros alcanzados durante los últimos treinta años en la educación española. Habrá decenas de miles de profesores menos en la escuela pública, más alumnos por aula al elevarse las ratios máximas que fija la LOE para primaria y secundaria y se elevará el horario lectivo del profesorado. Asimismo, todo ello se traducirá no solo en pérdida de calidad sino en la eliminación de miles de empleos, lo cual afectará a interinos y contratados ya que unos verán reducidas las unidades escolares y otros sufrirán los efectos de la reforma laboral, que va a permitir despidos sin grandes justificaciones no solo en el ámbito privado sino también en la función pública.

Señorías, no podemos olvidar que este tipo de medidas, ahora acentuadas, ya se promovieron en varias comunidades autónomas. Por lo tanto, se va a producir un gran retroceso, pues se compromete el futuro de los jóvenes de nuestro país —ya que va a bajar la calidad de la educación— y se rompe el principio de igualdad. Sin duda, existe una gran incoherencia entre lo que se prometió —no solamente en el programa electoral sino en sede parlamentaria— y lo que está sucediendo en la práctica. Por ello, tenemos fundadas reservas de que lo que hoy es positivo en esta transaccional, —cuantos más consensos y acuerdos logremos en el ámbito educativo será mucho mejor— en la práctica, vaya en dirección contraria —tal y como ahora ocurre— y contradiga incluso afirmaciones del propio presidente del Gobierno, que el día 4 de noviembre de 2011 dijo explícitamente que iba a meter la tijera en todo salvo en pensiones, sanidad y educación y, sin embargo, no ha sido así.

Nosotros queremos atraer a los mejores profesionales a la función docente, para lo cual es necesario mejorar la formación inicial, los procesos de selección, la formación en la práctica y establecer un modelo de carrera profesional que reconozca una mayor implicación en la mejora de los resultados del alumnado. Por supuesto, queremos que sean evaluados, para que los resultados de los nuevos grados de infantil y primaria y del máster en secundaria en todo lo que significa el ámbito educativo se ajusten a las competencias que requiere el profesorado en las distintas etapas educativas. Asimismo, consideramos que el nuevo sistema de acceso a la función pública docente debería incluir una formación general y una fase de prácticas docentes formativas que habrá que precisar a través del diálogo.

El sistema de evaluación nos tiene que permitir —como señala el informe McKinsey, al que se hacía referencia— identificar a los mejores docentes e incentivarlos para ingresar en un colectivo de profesores que apoyen las tareas de orientación y asesoramiento de los centros con problemas de fracaso escolar, además de coordinar el funcionamiento de aulas de refuerzo.




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Señorías, queremos establecer un modelo de carrera profesional que valore el trabajo realizado en los centros, que fundamente también esa evaluación y ese trabajo en el desarrollo de acciones y proyectos de innovación e investigación educativa y, sobre todo, que tenga como objetivo la mejora del rendimiento escolar de todo el alumnado. Ese modelo debe incentivarse y motivar al profesorado, así como estimular el prestigio social que nosotros siempre tratamos de impulsar en todos los ámbitos. Y no olvidemos la necesidad de reforzar la formación inicial de los aspirantes a las direcciones de los centros a través de un nuevo programa de formación en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación.

Por lo tanto, tenemos por delante una gran tarea en este asunto tan complejo, que afecta a diferentes vertientes y que integra normas dispersas del ámbito laboral que afectan a la columna vertebral del sistema educativo que es imprescindible negociar. No concibo un estatuto de la función docente para empleados públicos en el ámbito no universitario que no lleve implícita una negociación a fondo, tanto en la Mesa Sectorial de Educación como con las comunidades autónomas.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, vaya finalizando.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Termino, señor presidente.

Se está hablando mucho del Estado autonómico. Vivimos épocas de desprestigio que parecen otorgar a las autonomías la responsabilidad de lo que a veces se denomina despilfarro cuando, en realidad, estamos hablando del gasto que originan los sistemas públicos del Estado del bienestar, configurado en las decisiones políticas que se tomaron cuando se negoció el sistema de financiación autonómica. Precisamente, lo que hoy está fallando son fundamentalmente los ingresos, y es muy injusto acusar a las comunidades autónomas de despilfarro en los gastos que origina el sistema de bienestar cuando sabemos que fundamentalmente están fallando los ingresos y que se está haciendo un gran esfuerzo en el gasto en la eficiencia.

Por tanto, estamos a favor de un estatuto público, con memoria económica, negociado con los agentes sociales, con las representaciones sindicales, pero también con las comunidades autónomas, en el marco de la política que siempre se debe hacer en este ámbito, consensuada y con acuerdos, ya que implica a todos.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Peral.

El señor PERAL GUERRA: Muchas gracias, señor presidente.

Como ha dicho don Vicente Álvarez Areces, cometí una omisión cuando leí la moción transaccional, y, efectivamente, se incluye que haya continuo diálogo con los agentes sociales y que se incorpore una memoria económica, por otra parte, de acuerdo con lo que exige la normativa vigente.

No quisiera aquí anticipar el debate sobre los Presupuestos y, especialmente, sobre las medidas que el Gobierno ha tenido que adoptar en todos los ámbitos de su actuación, y también en educación, porque la situación económica es gravísima. Antes he dado datos acerca de lo distinta que es ahora nuestra situación económica en cuanto a déficit presupuestario, lo que pagamos por nuestra deuda, en comparación a la que existía cuando José Luis Rodríguez Zapatero accedió al poder tras las elecciones de 2004. Muchas cosas que entonces se podían haber hecho no se hicieron. Y ahora las vamos a hacer, pero nos va a costar un poquito más a todos.

Por eso, el Gobierno ha hecho un verdadero esfuerzo por adaptar los Presupuestos a las necesidades, que no solamente nosotros mismos consideramos que son inaplazables sino que desde la Unión Europea y el sistema económico mundial nos vienen, en buena medida, impuestas. Y creo que el Gobierno lo ha conseguido sin renunciar, en absoluto, a sus compromisos de mejora de la calidad, de la equidad y la libertad en el sistema educativo. Y voy a poner un ejemplo. Se ha hablado de las ratios. Siempre he sido contrario al fundamentalismo de las ratios, sobre todo porque tengo cerca la práctica de cómo notorios miembros del Partido Socialista llevan a sus hijos a muy prestigiosos colegios privados donde las ratios superan, por ejemplo, los 30 alumnos por clase, y no creo que sean malos padres, ni muchísimo menos; simplemente, eligen y pagan la que consideran mejor educación para sus hijos. Pero, si nos comparamos, por ejemplo, con la OCDE, vemos que las ratios de España son inferiores a las de la Unión Europea. Así, en enseñanza primaria, tenemos 14,3 alumnos por clase, frente a la media de 16,9 en la OCDE; y en enseñanza secundaria, 10,8, frente a 13,3. Quiere decir que, por supuesto, es bueno que haya pocos




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alumnos en la clase, pero, señorías, sin fundamentalismos, porque la mayor parte de las personas que estamos aquí, y, muy especialmente, quienes pusieron en marcha en el Partido Socialista la para mí desdichada política pedagógica de los últimos años estudiaron con un número de alumnos por clase muy superior a estos y me parece que no les ha ido tan mal. ¿No, señorías?

Por otra parte, en cuanto al gasto público, también tenemos que dar a conocer cifras que a veces no lo son en el debate ideológico que se produce en torno a la educación, y la educación necesita muchas cifras, muchas estadísticas y muchas comparaciones. Por ejemplo, nuestro gasto público por alumno de la enseñanza pública, en datos de la OCDE del año 2008, es de 9 833 dólares, con paridad de poder adquisitivo, es decir, un 21 % superior a la media de la Unión Europea, que es de 8 146 dólares; un 12 % superior al gasto de Finlandia y Francia y un 19 % superior al del Reino Unido, gobernado en aquellos años por el Partido Laborista, hermano del Partido Socialista Obrero Español. Y es que no todo en la educación es el gasto educativo.

Por poner el ejemplo tantas veces traído de Finlandia, si nosotros nos alineásemos con ese país admirable por muchas razones, y, entre otras, por el patriotismo muchas veces demostrado por sus ciudadanos, tendríamos que pagar un 10 % menos a los profesores y mandar a su casa al 10 %, porque allí las ratios de alumnos por profesor son superiores a las de España. Evidentemente, no vamos a hacer eso, nadie lo va a preconizar, pero no elevemos el gasto educativo a una categoría que, siendo importante, sin duda no lo merece.

Y también es importante destacar que en la Unión Europea se están dando más horas lectivas en lengua y matemáticas que en España y, a lo mejor, eso está detrás de algunos resultados de nuestros jóvenes, no solo a la hora de integrarse en un puesto de trabajo, sino de abandonar prematuramente los estudios, algo en lo cual duplicamos —y es una verdadera desgracia— la ratio de la Unión Europea. Nosotros tenemos un 28 % de alumnos que padecen abandono escolar prematuro frente al 14 % de la Unión Europea.

Y los resultados del Informe PISA ponen de manifiesto lo que estoy diciendo. España obtuvo en el último 481 puntos frente a una media de la OCDE de 493. Pero lo malo no es esto, lo malo es que las diferencias entre las comunidades autónomas son verdaderamente preocupantes. La comunidad que ha obtenido más puntuación es la de Madrid, con 503 puntos, y no voy a decir cuál es la última pero sí que obtuvo 448; una diferencia de 55 puntos, superior a lo que en la OCDE se considera un curso escolar. Cuando hay una diferencia de más de 39 puntos se considera que ese alumno está un curso escolar por debajo de los que obtienen una mejor nota.

Asimismo, las medidas que ha tenido que adoptar el Gobierno para proponérselas a las comunidades autónomas en la conferencia sectorial son verdaderamente importantes. Las medidas de los presupuestos, que trataremos el mes que viene, recogen ese compromiso del Gobierno de mantener sus objetivos y compromisos, pero racionalizando el gasto educativo, señorías.

Y no quiero eludir el debate sobre los programas de cooperación territorial. Ahí lo que se ha hecho es priorizar el Programa PROA, que tiende a reducir algo que a mí no me gusta mencionar: el llamado fracaso escolar. Y una vez más no tengo inconveniente en decir aquí que hay que desterrar esa palabra; de hecho, a ninguno de nosotros nos gustaría que nos llamaran fracasados políticos por no conseguir un objetivo concreto un año determinado. Cabe citar también el programa para disminuir el abandono temprano y los programas de aprendizaje para lenguas extranjeras.

En lo referente a las becas, su porcentaje sobre el gasto consolidado de la Secretaría de Estado de Educación incluso aumenta. Era el 53 % antes y ahora pasa a ser el 66 %. Es decir, casi dos de cada tres euros que la Secretaría de Estado de Educación invierte se dedican a las becas.

Y se mantienen, señorías, por mucho que ustedes digan lo contrario, los importes para las becas de carácter general para universitarios y no universitarios. Ahora bien, algunas becas, que verdaderamente no tenían mucho sentido y no nos podemos permitir en este momento, se van a reducir, por ejemplo las becas para el aprendizaje de idiomas extranjeros en otros continentes. No tiene sentido, señorías, que un país que tiene los problemas que tiene para financiarse en el exterior, con un déficit del 8,5 % y en recesión económica, envíe a 7 000 alumnos a otros continentes a aprender idiomas extranjeros: 106 alumnos a Nueva Zelanda, 1 297 a Canadá, 290 a Australia y 5 376 a los Estados Unidos. Me dan una envidia inmensa pero creo, sinceramente, que no podemos seguir financiando este tipo de turismo educativo cultural.

También, lógicamente, se han abordado ajustes en otros conceptos, por ejemplo los campus de excelencia. Aquí hemos llegado al concepto muy español de que todo es excelente y prioritario y, así,




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mientras Alemania tiene 9 campus de excelencia, aquí tenemos 31. ¿Nos van a dejar chicos los alemanes?, pues, evidentemente, no. Pero luego esto requiere cofinanciación por parte de las comunidades autónomas y, como solo dos de ellas han cumplido este requisito, el resultado es que en el año 2011 solo se ejecutó el 1,37 % de esta partida. Lógicamente, en un momento de ajustes esta partida ya no tiene sentido.

Lo mismo sucede con las becas Erasmus, pues estábamos financiando a nuestros alumnos Erasmus con una cantidad superior a la media de la Unión Europea; una cantidad de la que solo se beneficiaban —y esto hay que recordarlo, señorías— el 1,73 % del total de los alumnos universitarios. Como todos sabemos pero no nos atrevemos a decir en público, las familias que pueden enviar a sus hijos a beneficiarse de una beca Erasmus no son la mayoría sino solo aquellas que pueden complementar de alguna forma el gasto que supone mantener a un hijo en el extranjero.

Y lo mismo se puede decir, por ejemplo, del Programa Educa3. Aquí también ha habido mucha hipocresía, señores. Ya verán ustedes cómo cuando se debata aquí el presupuesto los parlamentarios socialistas, tanto aquí como en el Congreso, se abrirán las carnes diciendo que cómo se suprime este nivel educativo. Sin duda, se abrirán las carnes, pero resulta que cinco comunidades autónomas gobernadas en su momento por el Partido Socialista tenían ubicado el 0 a 3 en servicios sociales. Exactamente, son las comunidades de Andalucía, Asturias, Cantabria, Extremadura y Castilla-La Mancha. No sé si lo considerarían un nivel educativo pero, desde luego, el consejero competente era el de Servicios Sociales.

Y lo mismo ocurre con el Programa Escuela 2.0. Este programa se concretó en suministrar ordenadores de muy baja calidad a los alumnos, sin prever formación y contenidos. No todas las comunidades autónomas quisieron participar en el mismo y ahora va a ser sustituido por un nuevo programa TIC, que lo primero que va a hacer es una plataforma electrónica de aprendizaje para mejorar la gestión de contenidos.

En la Comisión de Educación del Congreso se habló —se lo anticipo a ustedes para que lo conozcan— de un informe preliminar del Ministerio de Educación sobre evaluación general de diagnóstico y ese informe determinó que las notas de los niños que usaban a diario el ordenador estaban muy por debajo de las que no lo usaban casi nunca. Esta información fue eliminada, señorías, del informe definitivo. O sea, que aquí tampoco ha habido la transferencia que requiere el sistema educativo, algo en lo que estamos interesados, estoy seguro, todos los grupos políticos, todas las familias españolas y, por supuesto, los maestros y profesores objeto de esta moción transaccional a la que hemos llegado.

Quiero terminar mi intervención volviendo a agradecer a los maestros y profesores todo lo que hicieron por nosotros. Los grandes maestros, señorías, nunca mueren, viven para siempre en el recuerdo agradecido de sus alumnos.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Hay una propuesta de modificación firmada por todos los grupos parlamentarios.

¿Se entiende aprobada la moción por asentimiento? (Asentimiento.)

Gracias.

Queda aprobada.

5.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PRESENTAR ANTE LAS CORTES GENERALES UN PROYECTO DE LEY QUE REFORME DE MANERA INTEGRAL LA ACTUAL LEY 38/1988, DE 28 DE DICIEMBRE, DE DEMARCACIÓN Y DE PLANTA JUDICIAL.

(Núm. exp. 662/000018)

AUTOR: GPP

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Punto 5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a presentar ante las Cortes Generales un proyecto de ley que reforme de manera integral la actual Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, el senador Altava.




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El señor ALTAVA LAVALL: Gracias, señor presidente.

Señorías, buenos días. El ministro de Justicia, en sus distintas comparecencias, tanto en esta Casa como en el Congreso, ha puesto de manifiesto que los pilares de nuestra justicia son básicamente dos: la eficacia y la equidad, y sobre la base de esa eficacia y de esa equidad deben pivotar las reformas de nuestra justicia y concretaba esos dos principios en tres grupos de medidas: en primer lugar, en la actualización del modelo; en segundo lugar, en gestionar con eficacia y, en tercer lugar, en ofrecer seguridad jurídica. Pues bien, la moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular se enmarca en la actualización del modelo, en la actualización de la reforma de la justicia, de nuestra maltrecha justicia, y en eso, absolutamente todos, estamos de acuerdo.

La Ley 38/1988 ha cumplido casi 24 años, estableciendo lo que era la demarcación y la planta judicial del territorio español. Ha sido una buena ley y lo ha demostrado porque ha tenido casi 24 años de vigencia, si bien ha tenido que ser modificada legislativamente en 14 ocasiones y desarrollada por 62 reales decretos.

Señorías, son muchos los frentes que tiene la justicia de hoy en día y hemos manifestado continuamente nuestra voluntad de cambio. No podemos caer en la autocomplacencia. Nuestra reforma, nuestra maltrecha justicia requiere una reforma integral de la justicia. Pasa porque reformemos integralmente nuestra justicia. Hoy la sociedad española no es la que era en 1988. Hoy nuestra sociedad está más formada, es tecnológicamente más moderna y mucho más técnica. Además, hoy los ciudadanos exigen a la Administración de Justicia una serie de servicios externos que en su momento no le eran exigidos, como, por ejemplo, los gabinetes psicosociales de familia, los puntos de encuentro familiar, los servicios de atención al ciudadano y a las víctimas, las unidades de valoración de riesgo del daño corporal y las unidades de policía judicial. Todo eso lo debemos entender y compartir para comprender que debe reformarse la justicia teniendo esas previsiones que hoy día nos exige la ciudadanía.

Por ello, debemos conjugar el presente con el futuro, lo antiguo con lo moderno, la estructura judicial que tenemos con aquella que también es de lege data, aquella que ya está reformada, según la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 2003, con la nueva Oficina Judicial. Hace falta, por tanto, una modificación tanto de la demarcación como de la planta judicial. La demarcación —como saben sus señorías— atiende al ámbito territorial de la propia jurisdicción, de la jurisdicción de cada unidad judicial. La planta hace referencia a la composición que debe tener cada unidad judicial, determinando si cada órgano jurisdiccional debe estar integrado por un juez, por un magistrado o por un tribunal colegiado.

El Ministerio de Justicia ya se ha puesto a ello. En acuerdo de Consejo de Ministros, de 2 de marzo de 2012, se aprobó la creación de una comisión institucional que habría de presentar al Ministerio de Justicia un informe sobre como debería configurarse nuestra nueva ley de demarcación y planta. El ministro de Justicia dijo en esta Cámara que para octubre de 2012 ya se tendría un primer texto que le pasarían a él.

Conforman esa comisión institucional, bajo la coordinación del secretario de Estado, siete miembros, comisión que debe emitir un informe al ministro. El ministerio debe reunirse con todos los sectores implicados que afectan a la Administración de Justicia, y precisamente —y trayendo a colación el objeto de esta moción—, con las comunidades autónomas. Con todo ello, con todo el bagaje, con todo el aprendizaje, con los acuerdos y consensos que se puedan derivar de ese acuerdo del Ministerio de Justicia con las comunidades autónomas saldrá la nueva ley de demarcación y planta judicial.

Esto es lo que exigimos en este caso desde el Grupo Parlamentario Popular, que se cuente con las comunidades autónomas, que la ley de demarcación y planta judicial que se realice, se tengan o no competencias por parte de las comunidades autónomas, cuente con su opinión para que puedan decir cómo desean que sea el mapa judicial de su comunidad autónoma. Porque las comunidades autónomas son quienes mejor conocen su territorio, sus distancias en kilómetros, sus tiempos, sus características orográficas y comarcales. Por eso, no tendría ningún sentido aprobar una ley de demarcación y planta sin acuerdo con esas comunidades autónomas.

Por ello, la nueva ley de demarcación y planta, señorías, va a requerir, por una parte, una absoluta regulación de lo que es la demarcación —ya lo hemos dicho— de ese ámbito territorial, una nueva regulación ex novo. No bastará la modificación de los anexos 1 a 13 de la Ley 38/1988. Hace falta una nueva ley que recoja ámbitos jurisdiccionales distintos para cada unidad judicial. En segundo lugar, hará falta también una modificación de la planta, de la determinación, de la composición de cada órgano jurisdiccional. Nuestra planta, siguiendo las instrucciones dadas por la Ley Orgánica del Poder Judicial en la Ley 38/1988, convirtió —si recuerdan— en juzgados de primera instancia e instrucción los antiguos




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juzgados de distrito que desaparecieron con la Ley 38/1988. Además, proveyó también la existencia de los juzgados penales en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional 145/1988 que —si lo recuerdan— impedía que un mismo juez instruyera y fallara un determinado asunto, no así ocurría con las faltas.

Esa importantísima Ley 38/1988, que nos trajo una nueva planta judicial, hoy día tiene que ser revisada. ¿Y por qué? Porque ha sufrido un desfase —como ustedes conocen bien— muy importante. En el año 1988 había 2500 unidades judiciales para 39 millones de habitantes. Hoy, para aproximadamente 46 millones de habitantes, nos encontramos con 4981 unidades judiciales servidas por 5186 jueces y magistrados. Ha variado, y mucho, el panorama judicial español. Porque el modelo de 1988, aquel de juez, secretario, oficial, auxiliar y agente no sirve para nuestra sociedad. De hecho, solo en justicia sigue existiendo esa manera de administrar o de realizar una función administrativa o jurisdiccional como es la de este caso.

Tenemos que seguir al modelo de 2003. La ley de demarcación y planta tiene que seguir a ese modelo que todos nos dimos en el año 2003 de la nueva oficina judicial. Por eso, se tiene que conseguir la extensión de la organización jurisdiccional colegiada, quizás dejando para los órganos jurisdiccionales de base el órgano unipersonal y pasando a tribunales colegiados en el sistema de recursos o para posteriores grados.

En conclusión, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, lo que pretendo desde esta tribuna es alcanzar una política consensuada respecto a la demarcación y planta que, en todo caso, responda a un deseo finalista de transformación, que logremos entre todos modificar los sentimientos que tiene la ciudadanía con el funcionamiento de nuestra justicia.

En la pasada legislatura, el Partido Socialista creó también una comisión institucional, compuesta por ocho miembros, que llegó a formular un informe, que yo tuve oportunidad de conocer al participar en un taller de alto nivel que organizó el Ministerio de Justicia, donde se plasmaban muchas de estas iniciativas que nosotros también hoy abogamos. Esperamos, pues, que exista un consenso de todos los grupos políticos en la modificación, tanto de nuestra demarcación como de la planta judicial.

Desde luego, la reforma legislativa de la nueva ley de demarcación y de planta judicial por la que abogamos debe entenderse dentro del marco de una reforma global mucho más ambiciosa para nuestra Administración de Justicia; reforma que conllevaría, en primer lugar, la ruptura del vínculo juez-juzgado, con la implantación de los tribunales de instancia: en segundo lugar, que apueste por una justicia titular profesional, con relegación de la justicia interina, en todo caso, a supuestos excepcionales; en tercer lugar, que facilite un despliegue flexible y ordenado de la nueva oficina judicial y, en cuarto lugar, que permita, indudablemente, el desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías en las que estamos abocados como medio de comunicación y garantía de accesibilidad y transparencia.

Señorías, esa es la línea a seguir que el Partido Popular entiende debe acometer la reforma de nuestra justicia, y esa es la reforma que creemos que necesita nuestra justicia, con una nueva demarcación, con un nuevo diseño de planta, consensuada con las comunidades autónomas, máxime instada desde esta Cámara de representación territorial.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

A esta moción no se han presentado enmiendas.

Turno en contra. (Pausa.)

No se hace uso de la palabra en el turno en contra.

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegación.) No hace uso de la palabra.

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegación.) No hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Guillot. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, president, senyories,

Crec que va ser la darrera legislatura que el senyor Anasagasti, en una moció que presentava el grup socialista, va contestar: si vostès creuen que el seu govern ha de dur a terme aquesta reforma, doncs ho fan, i quan la tinguin fet la presenten i quan la presentin ja la discutirem.




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Jo crec que aquella afirmació agafa sentit. Si un grup parlamentari amb majoria absoluta creu que cal reformar una llei com és aquesta llei de demarcació i planta judicial el millor és que no ens facin votar i que presentin la reforma de la llei, i més quan aquesta moció no és cap novetat. No és cap novetat perquè el ministre Ruiz-Gallardón ja va expressar la seva voluntat de reformar aquesta llei tant al Congrés com al Senat, i no és cap novetat quan el Consell de Ministres ja ha aprovat una comissió tècnica que està treballant en aquestes qüestions.

És a dir, perquè ens fan votar quelcom que ja es coneix, que vostès ja han expressat la seva voluntat de reformar i que ja s’està treballant? Crec que s’haguessin pogut estirar més. Si volen fer mocions com a grup de la majoria absoluta, intentin plantejar novetats. Novetats que puguin generar debat i no reiterar aquells compromisos que el seu govern, i en aquest cas de manera molt explícita, ja ha pres.

Amb tot, no vull desaprofitar l’oportunitat per assenyalar els sis aspectes que, segons el meu grup, hauria de recollir aquesta possibilitat de reforma, i fins i tot en alguns coincideixo amb la reflexió que feia el portaveu del grup Popular. En primer lloc creiem que aquesta reforma ha de facilitar l’exercici de les competències de la Generalitat en matèria de justícia previstes a l’Estatut. En segon lloc, la possibilitat de crear jutjats contencioso-administratius i mercantils descentralitzats, en tercer lloc aquesta reforma també ha de permetre determinar el nombre i l’especialització dels jutjats o jutges necessaris a cada demarcació judicial. En quart lloc, la proposta de posar en marxa com abans millor els tribunals d’instància. En cinquè lloc la ràpida i efectiva implantació del model d’oficina judicial i en sisè lloc la plena autonomia per comunitats autònomes com Catalunya, amb competències en justícia, per poder organitzar i estructurar la seva oficina judicial.

Aquestes són les reflexions del que nosaltres reivindicarem amb aquesta reforma. Tanmateix, insisteixo al grup de la majoria absoluta que si presenta mocions les presenti sobre novetats que ens permetin obrir debats nous sobre qüestions noves, i no reiterar allò que ja hem debatut, que ja coneixem i que ja està en marxa.

Gràcies per la seva atenció.

Gracias, presidente.

Señorías, creo que fue en la última legislatura cuando el señor Anasagasti, en una moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, contestó lo siguiente: si ustedes creen que su Gobierno tiene que llevar a cabo esta reforma, pues lo hacen, y cuando la tengan hecha, la presentan, y cuando la presenten, la debatiremos.

En mi opinión, esta afirmación cobra sentido. Si un grupo parlamentario con mayoría absoluta considera que hay que reformar una ley como esta de demarcación y de planta judicial, lo mejor es que no nos hagan votar que presentan la reforma de la ley, sobre todo cuando esta moción no es ninguna novedad; y no es ninguna novedad porque el ministro Ruiz-Gallardón ya expresó su voluntad de reformar esta ley, tanto en el Congreso como en el Senado, y no es ninguna novedad cuando el Consejo de Ministros ya ha aprobado una comisión técnica que trabaja en estas cuestiones.

Por tanto, ¿para qué nos hacen votar algo que ya se conoce, respecto a lo cual ustedes ya han expresado su voluntad de reforma, y para lo que están trabajando? Si quieren presentar mociones como grupo parlamentario con mayoría absoluta, planteen novedades que puedan dar pie a debate y no reiterar esos compromisos que su Gobierno, de una forma muy explícita en este caso, ya ha adoptado.

Sin embargo, no quiero desaprovechar la ocasión que se me brinda para subrayar seis aspectos que, desde el punto de vista de mi grupo, esta reforma debería recoger, y en algunos incluso coincido con la reflexión del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, creemos que esta reforma debe facilitar el ejercicio de las competencias de la Generalitat en materia de justicia; en segundo lugar, la posibilidad de crear juzgados contencioso-administrativos y mercantiles descentralizados; en tercer lugar, debe permitir también reformar la cantidad y la especialización de los jueces en cada demarcación judicial; en cuarto lugar, hay que poner en marcha cuanto antes los tribunales de instancia. En quinto lugar, una rápida y efectiva implantación del modelo de oficinas judiciales. Y, en sexto lugar, la plena autonomía de comunidades autónomas, como Cataluña, para organizar y estructurar su oficina judicial.

Estas son las reflexiones de mi grupo parlamentario en relación con esta reforma, aunque he de insistir al grupo de la mayoría absoluta que, si plantean mociones, lo hagan sobre novedades que permitan debates en lugar de reiterar conceptos sobre los que ya hemos debatido y que todos conocemos.

Gracias por su atención.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maldonado.

El señor MALDONADO I GILI: Moltes gràcies, senyor president.

Me quiero dirigir al senador Manchado. Como culé que soy, quiero agradecerle sus palabras sobre la eliminación injusta del Barça, pero más que por esta eliminación injusta ―que lo fue― por su fair play deportivo ―más viniendo de un merengue― que es un buen ejemplo de pedagogía deportiva, que debería imperar mucho más en los estadios deportivos. Es un ejemplo de pedagogía política que un merengue y un culé estén de acuerdo en según qué asuntos. Es cierto que el Barcelona fue eliminado injustamente ―el deporte es así, hoy toca y otro día no toca― pero insisto en que hemos dado un ejemplo de fair play, compartido por otros merengues como el portavoz socialista, con el que acabo de hablar. Creo que esto es bueno y ojalá lo pudiéramos trasladar al debate político en esta línea de fair play.

Ara sí que anem per feina.

Senadors i senadores, pujo a questa tribuna per posicionar el Grup Parlamentari Català davant de la moció presentada pel Grup Popular. Començaré pel final, dient que Convergència i Unió votarà a favor per coherència política. Convergència i Unió ha demanat reiteradament aquesta reforma legislativa i, també, perquè ho demanava i ho demana el nostre programa electoral: demanem la reforma de la Llei de Demarcació i Planta Judicial.

I donant que Convergència ho demanava i avui ho vol, cal un nou disseny de planta i demarcació. I ho vol per la realitat socioeconòmica de Catalunya. L’augment poblacional ho recava i l’augment de litigis fa necessari, més que mai, una modificació d’aquesta llei.

I aquesta nova llei que hauria de sortir —fa un moment el senador Zubia del Partit Nacionalista Basc m’ho deia, que ells també ho veuen així com a nacionalistes, que estan d’acord i que votaran a favor— ha de permetre que les comunitats autònomes tinguin plenes competències en el nou disseny d’implantació judicial en el territori. A més del sostre competencial que tenim, qui pot conèixer millor el territori que les autonomies?

En la presentació de la moció s’ha dit que hi ha un moviment demogràfic, que la costa té molta més demografia que l’interior, i que els jutjats no s’han adaptat a aquesta nova situació, que des de les autonomies coneixen molt i molt de prop.

Per què cal modificar aquesta llei? Des del punt de vista català, ja ho he explicat, des del punt de vista jurídic, també és necessària aquesta nova llei per l’evolució de la societat, que fa que apareguin nous delictes i que alguns d’ells augmentin molt. Cal adaptar els nous jutjats en l’augment de la violència, en els delictes de violència, en el tema de menors, en la violència de gènere —en aquesta lacra que afecta les dones— i que cal que la justícia doni una resposta ràpida i que ara avui no es dona. La violència de gènere ha de estar també en la prevenció, però també en l’actuació ràpida de la justícia. Tot això fa que Convergència digui sí a una nova llei de demarcació i planta; sí a una nova llei que doni competències plenes a les comunitats autònomes; sí a una nova llei que reculli les noves realitats socioeconòmiques i la variació en els delictes i en els litigis; sí a una nova llei que permeti reequilibrar el territori des del punt de vista d’implantació de nous jutjats.

Per tot això votarem a favor, tot i dient al Partit Popular, al seu ponent i al Govern al que donen suport, que aquesta llei no ha de ser una llei trampa. No pot haver un enunciat en el que es digui com diu que s’insta al Govern a presentar a les Corts un nou projecte que reformi de manera integral l’actual llei de demarcació i planta judicial adequant en consonància amb les comunitats autònomes la distribució dels jutjats i tribunals. Aquest «adequant», ha que tindre un sentit més ampli. S’ha de respectar el sostre competencial de les autonomies, s’ha de donar a les autonomies la competència que els hi correspon, no només —com ha dit el portaveu— participar a aportar sinó també decidir des del punt de vista de distribució, de la implantació i de la decisió.

Si aquesta no és una llei trampa, en el que es demana el vot de Convergència i Unió, dels nacionalistes en seu parlamentària per dir que és una petició que es fa consensuada i després al redactat de la llei les autonomies són merament «aportaciones, que digan lo que creen», jo crec que les autonomies tenen dret a decidir i això ho demanem també des del punt de vista jurídic.

Gràcies.




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Ahora ya, sí entramos en materia.

Senadoras y senadores, subo a esta tribuna para posicionar al Grupo Parlamentario Catalán en relación con la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Empezaré por el final, diciendo que Convergència i Unió va a votar a favor por coherencia política. En este sentido, Convergència i Unió ha solicitado reiteradamente esta reforma legislativa y, además, lo pedía y lo pide nuestro programa electoral: la reforma de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial.

Convergència i Unió lo pedía y hoy lo desea porque es necesario un nuevo diseño de demarcación y planta debido a la realidad socioeconómica de Cataluña. El aumento poblacional lo requiere y también el aumento de litigio por lo que es preciso, más que nunca, una modificación de la citada ley.

La nueva ley que debería aprobarse ―como decía el senador Zubia, del Partido Nacionalista Vasco, hace un momento, que ellos también lo ven así como nacionalistas, que están de acuerdo y que votarán a favor― ha de permitir que las comunidades autónomas tengan plenas competencias en el nuevo diseño de implantación judicial en el territorio. Por otra parte, además de nuestro techo competencial, ¿quién puede conocer mejor el territorio que las autonomías?

En la presentación de la moción se ha puesto de manifiesto la existencia de un movimiento demográfico que provoca que la costa tenga mucha más demografía que el interior y, sin embargo, los juzgados no se han adaptado a esta nueva realidad, que las comunidades autónomas conocen perfectamente bien y de cerca.

¿Por qué hay que modificar esta ley? Ya he expresado el punto de vista catalán pero, desde el punto de vista jurídico, también es necesaria esta nueva ley por la evolución de la sociedad, que hace que aparezcan nuevos delitos y que algunos otros aumenten mucho. Hay que adaptar los nuevos juzgados a los delitos de violencia, a temas de menores, a la violencia de género ―esta lacra que afecta a las mujeres es un caso claro― y es necesario que la justicia dé una respuesta rápida, que hoy no se produce. La violencia de género también debe contar con la prevención y con la actuación rápida de la justicia. Todo esto hace que Convergència i Unió dé el sí a esta nueva ley de demarcación y planta; sí a una nueva ley que dé competencias plenas a las comunidades autónomas; sí a una nueva ley que recoja las nuevas realidades socioeconómicas y la variación en los delitos y litigios; sí también a una nueva ley que permita reorganizar el territorio respecto a la implantación de nuevos juzgados.

Por todo ello, vamos a votar a favor, si bien le decimos al Grupo Popular, al ponente del Gobierno, que esta no debe ser una ley trampa. No puede haber un enunciado en el que se diga como aquí se dice que se insta al Gobierno a presentar a las Cortes un proyecto que reforme de manera integral la nueva ley de demarcación y planta judicial adecuando a las comunidades autónomas la distribución de juzgados y tribunales. Este enunciado tiene que tener un sentido más amplio, y hay que respetar también el techo competencial de las autonomías. Hay que dar a las autonomías la competencia que les corresponde, no ya solo —como decía el portavoz— participar, sino también decidir desde el punto de vista de la distribución, de la implantación y de la decisión.

Si esta no es una ley trampa en la que se requiere el voto de Convergència i Unió y de los nacionalistas en sede parlamentaria para decir que es una petición consensuada, pero que después, insisto, en su redactado lo que dicen las autonomías no sean meras aportaciones, sino que mantengan su derecho a decidir desde el punto de vista jurídico.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maldonado.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Antich.

El señor ANTICH OLIVER: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Popular presenta una moción para que el Senado inste al Gobierno a presentar a las Cortes Generales un proyecto de ley de reforma integral de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial para adecuar en consonancia con las comunidades autónomas la distribución de los juzgados y tribunales a las necesidades de la población y de la realidad socioeconómica de cada región.

De entrada, quiero manifestar nuestro voto desfavorable a la presente moción, entre otras cosas por innecesaria; así lo han dicho varios de los intervinientes y también lo ha venido a decir el propio proponente. Los que estuvimos en la comparecencia del ministro señor Gallardón, en la Comisión de Justicia del Senado, pudimos oír de su propia voz cómo anunciaba que en el Consejo de Ministros del 2 de marzo de 2012 se había creado una comisión institucional para redactar un texto articulado para la reforma de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial y también de la Ley Orgánica del Poder Judicial.




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Anunció el ministro, además, que el nuevo texto se presentaría en el mes de octubre. Es por ello que no entendemos a qué viene la presente iniciativa, a no ser que el Grupo Popular no se fíe de su propio ministro, que supongo que no es el caso. No quiero pensar en lo que habrían dicho ustedes si nosotros hubiéramos presentado una moción de estas características después del anuncio del ministro.

Por tanto, el ministro no solo ha encargado ya el texto articulado sino que, además, ha puesto fecha a la entrega. Por cierto, en cuanto a la composición de la comisión institucional que debe dictaminar este nuevo texto articulado, el Grupo Socialista quiere decir, con todo el respeto que nos merecen las personas, que es poco adecuada a la ley de igualdad.

También es cierto que el ministro se extendió poco en su comparecencia sobre la reforma de la ley de planta y demarcación, pero así y todo dijo: vamos a un modelo de Tribunales de Instancia y a un modelo de plena operatividad y modernización de la Oficina Judicial, manifestación que desde nuestro punto de vista tampoco se aviene con la moción presentada, cuando sigue hablando de distribuir juzgados y tribunales, si tal y como dijo el ministro vamos a un sistema o modelo de Tribunales de Instancia. Por tal motivo, la moción no solo es innecesaria sino que creemos que también lleva a la confusión.

En esta cuestión, y lo digo por la necesidad de buscar consensos, partimos de unos pactos de Justicia de 2001 que hablaban de buscar más cercanía y de redefinir los partidos judiciales más grandes creando órganos más cercanos. A nuestro entender, el texto de la moción no va en esta dirección sin que se hayan sentado las bases claras y sólidas de consenso para la necesaria modificación.

Quiero resaltar también la importancia del Estado autonómico en esta materia, tal y como ya ha hecho el proponente, incluso quizás tendríamos que ir más allá de lo que él ha dicho. Hay que recordar que muchas comunidades autónomas tienen transferidas competencias, y, por tanto, mucho tienen que decir desde el inicio de cualquier proceso y no solo a posteriori. Hay estatutos que prevén nuevos órganos o consejos, concretamente los consejos autonómicos de Justicia, sobre los cuales ha habido confrontación especialmente por su parte.

La Constitución, en su artículo 152, prevé que el Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la comunidad autónoma, tema en el que aún queda mucho por hacer. Lo digo solo en el sentido de que estamos ante una cuestión muy compleja, en la que inciden muchos aspectos que van más allá incluso de la propia Ley de planta y demarcación, y que necesita de un gran consenso; una materia que necesita una gran reorganización, que implica a distintos ámbitos de la justicia y a distintas instituciones y que no se puede basar en una unilateral y simple redistribución de juzgados y tribunales. En este tema el contenido es crucial a la hora de fijar el continente. Por ello, sería muy conveniente que, antes de fijar redistribuciones e incluso antes de formular textos articulados, se trabajase en lograr un consenso sobre los principios o postulados que deben inspirarlos, y me refiero a la Ley de planta y demarcación, pero también a la Ley del Poder Judicial.

El hecho de romper consensos logrados en 2001, entre otros, el relativo a la elección de los doce vocales judiciales, sin duda es ejemplo de un mal camino para llegar a acuerdos en un tema tan importante.

Ante estos precedentes, es difícil confiar en unos textos articulados que previamente no gozan de acuerdos base para su redacción y es muy difícil que puedan gozar de un acuerdo definitivo.

Quiero recordar en este sentido que estamos ante un tema de Estado —la justicia— y lo lógico sería que hubiera acuerdo entre los partidos para que no ocurra que las normativas cambien según gobiernen unos u otros, sin que haya la necesaria permanencia de normas tan relevantes para la ciudadanía.

Sería razonable además que hubiera un gran acuerdo entre las instituciones, y dudo mucho de que las comunidades autónomas tengan la información necesaria sobre cómo se pretende hacer la redistribución, dudo mucho de que haya acuerdo con ellas en relación con las bases que deben inspirar estas reformas, sobre todo si uno se fija en titulares de la prensa de algunos de los territorios de España de este último fin de semana sobre la propuesta de redistribución hecha por el Consejo General del Poder Judicial, titulares dados por personas relevantes de su partido, algunas sentadas en esta Cámara.

Los socialistas queremos mejorar la eficiencia de la Administración de Justicia y queremos que sea próxima a la ciudadanía para que todos tengan igualdad de oportunidades a la hora de acceder a ella, para lo cual somos conscientes de que es necesaria una profunda reorganización en la que, de forma integral o global, deba implicarse a todos los ámbitos de la justicia y a la que deba dedicarse un presupuesto suficiente, una reorganización para ganar en eficiencia pero sin perder en proximidad.

Y así lo hicimos desde el Gobierno, lo hicimos con el Plan de modernización al que el ministro no hizo la más mínima referencia en su comparecencia. Lo hicimos con la aprobación, entre otras, de la Ley de




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reforma de la Ley Concursal, del Registro Civil, de Mediación y de Arbitraje, de la jurisdicción social, leyes de simplificación de trámites procesales, de creación de jueces de adscripción territorial, leyes de nuevas tecnologías de sociedad de la información, multitud de actuaciones que se concretaron además en una gran apuesta por la Oficina Judicial. En definitiva, medidas todas tendentes a la citada reorganización, modernización, nuevas tecnologías, simplificación de trámites, lucha contra la interinidad y la falta de plazas, buscando desjudicializar determinados conflictos, fomentando sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos e impulsando la Oficina Judicial que marca un cambio estructural y un nuevo modelo organizativo.

Como ha dicho el proponente, también impulsamos toda una serie de estudios que iban dirigidos a abrir un debate donde se daba mucha importancia a la especialización, a la colegiación, a la justicia profesional y titular, sin olvidar la necesaria proximidad y la posible creación de una justicia de base y el probable cambio en materia de investigación descargando a los jueces de este trabajo, y aplicando presupuesto. En las dos últimas legislaturas se aplicaron los mayores presupuestos que en democracia se han destinado a la justicia. Ya sé que el puro incrementalismo, dadas las nuevas características de nuestra sociedad —aumento de población, litigiosidad, distribución, etcétera—, no es suficiente, de ahí que se combinase con medidas de reorganización para la eficiencia, pero también es cierto que sin los esfuerzos presupuestarios que se realizaron la situación sería mucho más difícil.

Estamos hablando de reorganizar un organismo que adolece de muchas necesidades y que cada día debe seguir prestando servicio —un servicio importantísimo— en el orden social pero también en el económico. Y no es el camino bajar otra vez los presupuestos en un servicio tan relevante, sobre todo en un momento en el que nuestra economía necesita confianza, y el buen funcionamiento de la justicia es un valor de confianza para los inversores.

En definitiva, vamos a votar en contra de la moción por innecesaria, por confusa y porque trata de un tema, la justicia, en el que el Gobierno está rompiendo los consensos del 2001; vamos a votar en contra porque no es creíble reorganizar bajando presupuestos y encareciendo los servicios; vamos a votar en contra porque se está aplicando el rodillo en una materia en la que se hicieron grandes esfuerzos por el consenso, con el fin de que un tema tan importante no quede al albur de que gobiernen unos u otros ni de que sus normativas tengan la permanencia, la permanencia necesaria, que necesitan los temas de Estado como este que nos ocupa.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Antich.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: Gracias, señor presidente.

Agradezco el apoyo de todos los grupos parlamentarios que han manifestado que van a votar a favor de la moción.

Senador Guillot, quiero comentarle que esta moción sí es una novedad. Es verdad que está anunciada la modificación de la Ley de demarcación y planta, pero no que se cuente con las comunidades autónomas. Ese es el plus que añade esta moción: que se cuente con las comunidades autónomas principalmente para la redacción de la demarcación judicial. ¿Le parece mal que queramos que cuenten las comunidades autónomas precisamente desde esta Cámara que es la Cámara de representación territorial? Hasta ahora eso no estaba dicho, pero eso es lo que queremos que se haga precisamente desde esta comisión. ¿Y cuál va a ser su voto? ¿Se van a oponer a que participen las comunidades autónomas en el acuerdo y en el consenso para la modificación de la Ley de demarcación y planta? En pocos minutos tendremos oportunidad de comprobarlo. Desde luego, ya llegará el texto legislativo y tendremos tiempo para debatir sobre él, pero, de momento, el grupo parlamentario que da apoyo al Gobierno está instando a que este haga caso y cuente con las comunidades autónomas. Eso es lo que ustedes en todo caso deberían entender.

Senador Maldonado, por aquello de disentir un poco con usted, le diré que a lo mejor el Barça fue injustamente eliminado en el día de ayer, pero recuerde que muy justamente le eliminaron un jugador al otro equipo y también le pitaron un penalti que falló, con lo cual lo que podemos decir es que tuvo mala suerte, pero lo de iluminado, a lo mejor no fue. Le agradezco sus palabras.

Lo que decimos ahí respecto a lo que se refería de la adecuación de las comunidades autónomas es que, desde luego, lo tendrá que hacer la comisión institucional, y nosotros tendremos que ver si




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efectivamente lo que dice el informe que remita al Ministerio de Justicia se adecua o no, lo que se quiere plasmar como texto legislativo, en consonancia con los acuerdos que planteen las comunidades autónomas.

Senador Antich, me ha hablado absolutamente de todo —me ha hablado de presupuestos, me ha hablado de la especialización judicial y de otras muchas cuestiones— que para nada puede regular la Ley de Demarcación y de Planta Judicial, entre otras cosas porque muchas de ellas necesitan una ley orgánica, y esta no lo es, pues, como usted bien sabe, es una ley ordinaria.

En materia de presupuestos: vamos a tener la oportunidad en este mes de poder discutir sobre ellos.

Usted me ha dicho todo el discurso que tenía respecto de la justicia, pero estamos refiriéndonos solo a la Ley de demarcación y planta. Y le repito que sí es una novedad instar al Gobierno a que cuente con las comunidades autónomas para la realización de una nueva ley de la demarcación judicial, cosa que ustedes cuando estuvieron en el Gobierno no realizaron, ni tampoco la comisión institucional.

Va a votar en contra. Me sorprende que su grupo vote en contra de esta iniciativa, porque están votando en contra del ministro Fernández Bermejo y del ministro Caamaño que fueron los iniciadores de la reforma de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial, les guste o no les guste; están votando en contra de su propio criterio. Tienen una dicotomía importantísima.

¿Qué es lo que pretendemos con esta moción? Pues precisamente recabar el apoyo de toda la Cámara para el ministro de Justicia, para que sepa que esta Cámara le pide que cuente con las comunidades autónomas para la redacción legislativa de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial.

Desde luego es compromiso legislativo del actual Gobierno la realización de una nueva ley de demarcación y planta judicial pero que cuente previamente con las comunidades autónomas. Esto es algo que pedimos en el Grupo Parlamentario Popular.

Señorías, la Oficina Judicial ha tenido y está teniendo una dificultosa aplicación desde que fuera concebida hace ya casi nueve años, pero es una buena idea. La nueva Oficina Judicial nos la dimos todos en el año 2003, a propuesta, precisamente, del Partido Popular, que estaba en el Gobierno. Nos la dimos todos porque entre todos la aprobamos dentro del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia y nos pareció muy bien, pero todavía no funciona como nos gustaría a todos. Pues bien, la modificación de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial según las líneas diseñadas por el Ministerio de Justicia sigue esa pauta de modificación de la reforma estructural de la justicia.

Por eso, en esa línea, en esa dirección, en ese trabajo de desarrollo, va a estar el Partido Popular y por ello presenta esta moción, para que se cuente con las comunidades autónomas, lo que, en todo caso, nos llevará a una nueva Oficina Judicial con una mejora tecnológica y con el cambio del modelo judicial organizativo que propugnamos.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Altava.

Llamen a votación. (Pausa.)

Por favor, cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Popular tal y como ha sido presentada.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 172; en contra, 70.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)

5.3. MOCIÓN SOBRE LAS MEDIDAS PARA EL AHORRO DE 10 000 MILLONES DE EUROS EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS SANITARIO Y EDUCATIVO.

(Núm. exp. 662/000019)

AUTOR: GPS

El señor PRESIDENTE: Moción sobre las medidas para el ahorro de 10 000 millones de euros en los servicios públicos sanitario y educativo, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

A esta moción se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.




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Para la defensa de la moción tiene la palabra el senador Lertxundi por un tiempo de 15 minutos. (Rumores.)

El señor LERTXUNDI BARAÑANO: Gracias, señor presidente.

Buenos días.

El señor presidente me aconseja que espere a que sus señorías abandonen los escaños. (Pausa.)

Buenos días, señorías. El motivo de esta moción es, como ven ustedes, discutir sobre los recortes en las prestaciones de servicios sociales en sanidad y educación, porque las Cortes no han discutido sobre los recortes. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.) Se ha expuesto unos días después que los Presupuestos Generales del Estado, y a través de una nota de prensa de Presidencia de La Moncloa, la necesidad de reducir 10 000 millones de euros en sanidad y educación, es decir, 7000 millones y 3000 millones respectivamente.

En esta materia el Gobierno no ha actuado ante las Cámaras; lo ha hecho con nocturnidad y alevosía y sin dar explicaciones, continuando con una trayectoria relativamente peligrosa, porque como se trata de modificar criterios expuestos repetidamente, es mejor no dar explicaciones. Es muy difícil explicar esos cambios de opinión —cuando el señor presidente del Gobierno dijo que el copago no entraba en sus previsiones, que es un tema tabú, cuando dijo eso tan famoso de la tijera que no voy a repetir ahora textualmente, o tras estar 130 días callado, porque el presidente Rajoy solo ha concedido una pseudoentrevista a la Agencia EFE en 130 días, cuando los periodistas le preguntaron aquí por ello en el último Pleno y salió corriendo por el garaje.

Estamos ante un tema que avergüenza al Gobierno, porque no es fácil defender los recortes de 10 000 millones de euros en estas materias. El senador Arenas y la señora Cospedal han dicho hasta el 25 de marzo que el recorte es un tema tabú, que no habrá ningún tipo de recortes en servicios sociales ni copagos. La ministra de Sanidad miente o ignora —yo prefiero pensar lo segundo porque creo que es una persona honrada—, pero si ignora el problema es que tiene un Gobierno que le da permanentemente la espalda, porque ella aquí me ha contestado tres veces, a dos preguntas y a una interpelación, que nunca va a haber copago en materia de servicios sociales, que se va a mantener la universalización de los servicios, y me ha dicho que yo únicamente estaba buscando titulares. Eso explica quizá las razones que dio el viernes pasado en una emisora de radio la ministra de Sanidad para estos recortes —estaba muy nerviosa, porque es muy difícil poder explicar esto cuando has mantenido posiciones contrarias—, y hablaba de cosas tan incongruentes como parados sin prestación parlamentaria o pensionistas que han dejado de cobrar el desempleo, cosas realmente incongruentes porque no estaba preparada para este tipo de medidas.

La moción lo que pretende es que se discuta aquí de los recortes, que se discuta aquí, y que se haga desde un ambiente político tranquilo, sereno, en el que no quepan frases como las del portavoz de su grupo en Sanidad, el senador Aguirre, que dijo aquello tan famoso de que una vez que han pasado las elecciones andaluzas, ya podemos decir la verdad, ya podemos decir que no hay de todo para todos. Esa frase hay que retirarla, espero que la retire desde aquí, desde la tribuna, porque esto es indigno para la acción política. Esto es poner la política a la altura de las tramas mafiosas (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.); 7000 millones de euros, 3000 millones de euros, cuatro cafés, como dice el tal Echániz, que supongo que los tomará cortados y recortados. (Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Mucha gente habla de improvisación, de que el Gobierno está actuando de una manera dubitativa, a través de múltiples portavoces. A mí, cuando el ministro de Economía habla de sanidad, me tiemblan las piernas, porque sé lo que me va a decir el de Economía: Gastan ustedes demasiado, no se pongan tan enfermos, y si están enfermos, cúrense en casa. Pero es que hablen el señor De Guindos, el señor Floriano, Cospedal, Sáenz de Santamaría, Aguirre, diciendo cosas complementarias y a veces contradictorias… Yo no creo que el Gobierno improvise, lo que creo es que tiene una agenda oculta, sabe dónde quiere ir, pero es muy difícil explicarlo.

A ustedes no les gusta cuando yo hablo de impuesto a la enfermedad, no les gusta porque es un concepto muy duro de aceptar, pero están poniendo un impuesto a la enfermedad. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) El copago farmacéutico y la reducción de la universalidad, aparte de ser xenófobo o insolidario (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) y actuar sobre los más vulnerables de la sociedad española, se acompaña de una




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reducción de prestaciones —no sé si lo saben ustedes, ayer salió un decreto— (Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.), se acompaña de una reducción de prestaciones.

Ustedes saben que los pensionistas y jubilados —hemos hablado de los más vulnerables— gastan el 75 % de los fármacos en España. ¿Cuánto es la factura en fármacos? 11 000 millones de euros. ¿Qué creen, que compran fármacos por capricho o será porque se los prescribe un médico? ¿Es que ustedes van a reducir el consumo de fármacos o van a obligar a los médicos a no prescribir? No me sean incongruentes, hay que tener cierta coherencia en los planteamientos. ¿Saben cuánto van a ahorrar con esa medida, con el copago farmacéutico? Lo dijo la ministra de Sanidad: 165 millones. ¿Por qué? Porque la unificación de la tarjeta sanitaria electrónica con los datos de Hacienda, de Seguridad Social y de farmacia va a costar 900 millones de euros. Van a ahorrar 165 millones.

¿Cuánto van a ahorrar con los inmigrantes considerados irregulares a los que no les van a atender en los servicios nacionales de salud, cuánto van a ahorrar? ¿Cuántos son? 150 000 personas. ¿Cuántos están empradonados? Solo el 38 %, porque tienen miedo a regularizar la situación y que sean expulsados, evidentemente. ¿Qué va a ocurrir con la no presencia de estas personas en los centros de salud? ¿Ustedes se imaginan un brote de tuberculosis en un área periférica de Madrid que no esté controlado? (Fuertes protestas en los escaños de los senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) No, no, por favor, que esto es muy serio. ¿Que vayan al metro, que tosan, que expulsen el bacilo de Koch al conjunto de gente que está alrededor, que no estén tratados? ¿Ustedes saben que van a saturar las urgencias con una gripe? Cuidado, cuando las cosas se hacen mal hay que denunciarlas.

No van a ahorrar dinero por esos caminos. ¿Adónde están apuntando? A algo que no se atreven a decir: al capítulo 1. Ustedes van a personal, van a reducir el personal que trabaja en los servicios nacionales de salud. El personal es más del 40 % del conjunto del presupuesto. Ya han aumentado horarios; ya están reduciendo y congelando sueldos; ya en el Comunidad de Madrid, por ejemplo, a los médicos especialistas se les ha reducido directamente ahora 200 euros mensuales, porque se les aplica un aumento de horario pero luego no se tiene en cuenta; se traslada simplemente a una disminución de la nómina.

¿Saben también que el copago farmacéutico, cuando supera esos límites caprichosos que han puesto de 8 euros para rentas de hasta 18 000 euros, de 18 euros para rentas de hasta 100 000 euros y de 60 euros para rentas de 100 000 euros en adelante, va a tener que adelantarlo el pensionista o el usuario? ¿Sabe que el Estado se reserva seis meses para reintegrar ese dinero? Esto ha salido hoy en la prensa y no fue presentado en el Consejo Interterritorial de Sanidad de la semana pasada. Están actuando por detrás, porque es muy difícil mantener la cara y el porte erguido cuando se plantean estas medidas.

¿Saben ustedes que hay que pagar por las prótesis a partir de que estos decretos se pongan en marcha? No solo se va a pagar por las propuestas de dietas y de artículos nutricionales, sino también por las férulas, por los andadores, por las sillas de ruedas, por el calzado ortopédico, por las prótesis externas mamarias; por todo eso habrá que pagar. Y la ministra me ha repetido permanentemente: no habrá copago. Mírenlo.

¿Saben que va a haber que pagar por el transporte no urgente? ¿Saben que, cuando ustedes —no lo espero, ni ustedes tampoco, claro— tengan que acudir en un transporte no urgente a una diálisis, a una rehabilitación, a una sesión de quimio o de radioterapia, van a tener que pagar? ¿Lo saben ustedes?

Las cosas han ido muy lejos.

Dos notas también sobre educación —porque hablamos conjuntamente de los 10 000 millones de euros—. La subida de tasas universitarias del 15 al 25 % y la disminución de becas simultáneamente es un cóctel explosivo, es tender a la universidad clasista, y en la enseñanza obligatoria, el aumento del 20 % de alumno por aula y la no sustitución de profesores hasta el décimo día de baja es también una disminución evidente de la calidad. Decenas de miles de profesores van a ir a la calle. Según la CEAPA, que es la confederación de padres de alumnos mayoritaria en España, 32 000; según los sindicatos de enseñanza, hasta 80 000. Con esa enseñanza clasista se va a romper la cohesión social y va a haber un beneficio directo para la enseñanza privada concertada.

Hay alternativas, claro que las hay; hace falta dinero para mantener los servicios sociales, sobre todo cuando la recaudación se ha resentido como ha sido ahora, pero ustedes no han hecho caso. ¿Por qué no ponen impuestos a las grandes fortunas? ¿Por qué no ponen impuestos al consumo de bebidas alcohólicas y de tabaco? ¿Por qué no hay una racionalización de otros gastos? ¿Por qué no revisan los 38 000 millones de euros en bonificaciones fiscales que hay en nuestro sistema fiscal impositivo en España? Hay muchas maneras de recaudar el dinero, pero ustedes han elegido la peor: que lo pague el




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paciente. Y, sobre todo, mejorar la gestión. ¿Saben ustedes cuál es la comunidad autónoma donde mejor se gasta en sanidad y donde más se gasta? En Euskadi, 1 500 euros por habitante y año. ¿Saben que esta comunidad tiene solo 40 euros de deuda por habitante? ¿Saben que la media de deuda en España es de 300 euros por habitante? Ustedes están siguiendo el modelo valenciano, que solo dedica 900 euros por habitante a la sanidad —que, por cierto, va a despedir a 40 000 empleados públicos, ni más ni menos, ya lo ha anunciado.

Ustedes no hacen caso a las propuestas de otros partidos y no lo hacen porque no tienen firmeza, no tienen claridad en sus planteamientos, porque están tanteando por dónde van y se sienten empujados por una corriente muy de derechas en nuestro país. Cuando el señor Rouco Varela dice que hay que pedir sacrificios a todos… (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Sí, ya estamos con Rouco Varela. Cuando el señor Rouco Varela dice que hay que pedir sacrificios a todos, deberían ustedes recordar a este señor que hay 15 000 profesores de religión en España que los paga el Estado —15 000 profesores de religión, de una asignatura optativa, 400 millones de euros al año—, y que la Iglesia, dentro de sus sacrificios, podía, voluntariamente, colocar sus propiedades bajo el control del impuesto de bienes inmuebles: 5 000 millones de euros al año. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El futuro para el Estado del bienestar es desolador. Se abre camino a la educación por recursos económicos, a la educación clasista, y hay un cambio en el modelo sanitario: se pasa de una cobertura universal con cargo a impuestos a una cobertura de asegurados o beneficiarios. Se acabó la universalidad no solo con los extranjeros, sino con los jóvenes de más de 26 años que no estén en el sistema, y tampoco los jóvenes que van a trabajar a al extranjero van a estar en el sistema de aseguramiento en la Seguridad Social. Se acabó la financiación con cargo a impuestos, va a pagar y va a ir al médico el que pueda, simplificando, evidentemente, porque no tenemos tanto tiempo para entrar en detalles.

¿Y por dónde van a ir las exclusiones? Porque la cartera de servicios básicos todavía no se ha definido. Se anuncian y se ponen en marcha cosas: se nos ha dicho que va a desaparecer la reproducción asistida, que va a desaparecer la ligadura de trompas o las vasectomías como métodos anticonceptivos, que va a desaparecer la reasignación de sexo, o que va a desaparecer la cirugía plástica reparadora en muchos casos. Se abren espacios a los seguros privados, como, por ejemplo, están proponiendo en Baleares. En definitiva, se cargan la Ley General de Sanidad de 1986 —cuando era ministro don Ernest Lluch—, con la aprobación total de ambas Cámaras.

El Gobierno sabe adónde va. A veces actúa como pollo sin cabeza, pero sabe adónde va. Sabe que va a plantearnos una modificación de los modelos. Ustedes van a ser responsables de este proceso de ruina del Estado de bienestar; están socavando sus cimientos. Han perdido la credibilidad… (Un señor senador del Grupo Parlamentario Popular en el Senado pronuncia palabras que no se perciben.) Luego, luego hablamos en el bar, luego me preguntas. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías.

El señor LERTXUNDI BARAÑANO: Han perdido credibilidad. La ciudadanía no les cree. España va mal. Antes no iba bien, no soy tan idiota para decir que España iba bien hace cinco meses, pero ahora va peor. Soliciten apoyo, busquen consenso. Ustedes no tienen ni fuerzas ni ideas. (Rumores.) Van a enfrentarse al grueso de la sociedad española, y todo por ideología, porque en materia de servicios y derechos sociales, en materia de derechos ustedes están respondiendo a su extrema derecha, a la que tienen ustedes dentro. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.—Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El otro día había mucho miedo a los resultados de las elecciones en Francia. Cuánta gente decía: Qué desastre que Marine Le Pen haya sacado el 19 % de los votos. ¿Dónde están en España esos votos? Están aquí dentro, no están fuera. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.—Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Y como están aquí dentro, presionan en materia de derechos, no en otras cosas. Ustedes evidentemente los tienen aquí.

Le voy a hacer una pregunta, y contéstemela, por favor, aquí o en el bar. ¿Está el PP legitimado para derribar el Estado del bienestar aplicando medidas que no están en su programa electoral? (Rumores.) ¿Está legitimado? (Protestas.) Rotundamente no. La mayoría parlamentaria tiene límites éticos y políticos. Añoramos la derecha de la transición, aquella derecha que buscaba en el consenso la forma de resolver los problemas; la añoramos. (Rumores.)




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías.

El señor LERTXUNDI BARAÑANO: La mayoría parlamentaria no vale para todo, y si no ya se darán cuenta dentro de poco tiempo.

Termino con un recuerdo. Hoy es 25 de abril. Hace treinta y ocho años, en Portugal, la radio decía: Grandola Vila Morena, terra da libertade, terra da fraternidade. Mi homenaje a la Revolución de Los Claveles.

Tener libertades y derechos es muy difícil, perderlos es muy sencillo. (Prolongados aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra su representante, el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Gràcies, president.

La veritat és que sentint les primeres paraules del senador Lertxundi, jo pensava que podríem tenir una reflexió tranquil·la sobre alguns dels temes que havíem plantejat, reflexió que ens pogués portar a algun lloc. Jo, la veritat senyor Lertxundi, introduint a l’església i els privilegis de l’església catòlica, aquí no sé que li aporta, perquè clar el Partit Socialista ha estat governant vuit anys, aquestes reflexions entorn l’església catòlica les hagués pogut plantejar en aquell moment.

Anem a la moció. Vostès plantegen una moció, que nosaltres plantegem una esmena al segon punt. Plantegen una moció en dos punts: un primer punt, que estem d’acord amb els quatre plantejaments que fan, i un segon punt amb el qual no estem d’acord i plantegem una esmena. No estem d’acord perquè vostès plantegen un rebuig frontal al que vostès anomenen copagament sanitari. I no estem d’acord, perquè malgrat vostès incideixin o creguin que han de plantejar simplement l’equitat i la justícia en l’acció al sector públic via ingressos, nosaltres pensem que l’acció al sector públic ha d’anar encaminada a assolir major equitat, major justícia però no només via ingressos sinó també via despeses. De fet això ho estem explicant als estudiants de primer d’Hisenda Pública, que l’acció al sector públic pot ser redistributiva via ingressos i via despeses. I en la configuració del sistema tributari que actualment té l‘estat espanyol pensem que aquesta acció redistributiva no sols es pot deixar a la part d’ingressos sinó també s’ha d’insistir en la part de la despesa, perquè entenem que el sistema fiscal no és el suficientment redistributiu. I per tant, hem de fer incidència en la vida de la despesa.

I l’esmena el que pretén es ficar en valor la possibilitat de copagament: copagament sanitari i copagament en altres serveis públics, perquè al cap i a la fi aquesta és una mesura que fins ara també hem tingut. El copagament farmacèutic, que ara s’incrementa en aquestes mesures, ha existit sempre al nostre Estat i això també és copagament sanitari i no podem renunciar. I nosaltres pensem que introduir en aquest copagament el concepte que ha de ser diferent en funció de les rendes, especialment en moments de dificultat pressupostària i dificultat d’assolir ingressos als nostres pressupostos de les diferents administracions, és raonable.

Per tant, plantegem una moció que no impliqui un rebuig frontal al copagament sanitari entre altres coses perquè el continuem tenint, el teníem abans d’aquesta reforma, abans de la reforma dels 10 000 milions d’euros ja teníem el copagament sanitari. I no hi podem prescindir, però a la vegada, introduïm en aquest debat, que vols ser reflexiu i tranquil, que no són moments de mantenir posicions inamovibles en res. Segurament jo tampoc no trobo encertades algunes de les afirmacions que s’havien fet en relació a aquesta qüestió per part d’alguns dels responsables del Govern actual, perquè es neguen aspectes que després hem d’acabar utilitzant. I al Govern de Catalunya no li agrada prendre algunes mesures, però hem hagut de prendre mesures. I vostè ha introduït també la qüestió de les taxes universitàries. Jo crec que també podríem fer una reflexió sobre aquesta qüestió. I sobre si hem de mantenir unes taxes universitàries que un alumne que repeteix sis vegades la mateixa assignatura ha de continuar pagant el mateix, o pràcticament el mateix, que aquell alumne que es matricula per primera vegada. Per tant, no podem mantenir situacions inamovibles i la nostra esmena el que pretén és recollir —i respectem i acceptem i a la vegada li votaríem a favor els quatre punts de la primera part però a la vegada no rebutjar el copagament en aquest àmbit sanitari, entre altres coses perquè fins al dia d’ahir o fins el dia d’abans d’ahir, que es va publicar ahir el decret— que aquest copagament sempre ha existit.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)




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Gracias, señor presidente.

Escuchando las primeras palabras del señor senador, pensaba que podríamos tener una reflexión tranquila sobre alguno de los temas que habíamos planteado, una reflexión que nos condujera a algún sitio. Sin embargo, señoría, no sé que puede aportarnos el hablar ahora de los privilegios de la Iglesia católica. El Partido Socialista ha gobernando durante ocho años, así que podría haber hecho estas reflexiones sobre la Iglesia católica en aquel momento.

Pero vayamos a la moción. Ustedes han planteado una moción con dos puntos y nosotros hemos presentado una enmienda al punto segundo. Respecto al primer punto de su moción, quiero decir que estamos de acuerdo con los cuatro planteamientos que recoge. Sin embargo, no estamos de acuerdo respecto al segundo punto, pues plantean un rechazo frontal a lo que ustedes llaman copago sanitario. Y no estamos de acuerdo con ello porque, a pesar de que ustedes crean que deben plantear simplemente la equidad y la justicia en el sector público vía ingresos, nosotros creemos que la acción en el sector público debe dirigirse a conseguir mayor equidad y justicia pero no únicamente a través de los ingresos sino también vía gastos. De hecho, esto se los explicamos a los estudiantes de primero de Hacienda Pública, que la acción del sector público puede ser distributiva vía ingresos y vía gastos. Pensamos que actualmente en el sistema tributario del Estado español no solo se puede poner el énfasis en la parte de ingresos sino también en el lado del gasto, porque entendemos que el sistema fiscal no es lo suficientemente redistributivo y, por lo tanto, debemos hacer énfasis en esta vía del gasto.

Por tanto, lo que pretende la enmienda es poner en valor la posibilidad de copago sanitario y en otros servicios públicos, porque, al fin y al cabo, esta es una medida que hasta la fecha también ha existido. El copago farmacéutico, que ahora se incrementa con estas medidas, ha existido desde siempre en nuestro Estado, y esto también es copago sanitario y no podemos renunciar a ello. Creemos que es razonable introducir en este copago la idea de que debe ser distinto en función de las rentas, especialmente en los momentos de dificultad presupuestaria, para conseguir ingresos en nuestros presupuestos de las distintas administraciones.

Por lo tanto, planteamos una enmienda que no implica un rechazo frontal al copago sanitario, entre otras cosas porque continuamos teniéndolo. Lo teníamos antes de esta reforma de los 10 000 millones de euros y no podemos prescindir de él. Pero, al mismo tiempo, introducimos en este debate, que quiere ser reflexivo y tranquilo, la idea de que no es momento de mantener posiciones inamovibles. Seguramente, no encuentro acertadas algunas de las afirmaciones que se han hecho en relación con esta cuestión por parte de los responsables del Gobierno actual, porque se niegan aspectos que después hay que acabar utilizando. Al Gobierno de Cataluña no le gusta adoptar algunas medidas, pero ha habido que adoptarlas. Usted también se ha referido a las tasas universitarias, cuestión sobre la que considero que se podría hacer una reflexión: si se deben mantener las tasas universitarias de modo que un alumno que repita seis veces la misma asignatura debe continuar pagando prácticamente lo mismo que aquel alumno que se matricula por primera vez. Por lo tanto, no podemos mantener situaciones inamovibles.

Aceptamos y votaríamos a favor de los cuatro puntos de la primera parte de su moción, pero sin rechazar el copago en este ámbito sanitario, entre otras cosas porque anteayer —ayer se público el decreto— este copago ya existía, siempre ha existido. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Socialista, autor de la moción originaria, para manifestar si acepta o no la enmienda.

El señor LERTXUNDI BARAÑANO: Gracias, señor presidente.

La verdad es que, en cuanto a aceptar el tema del copago tal como lo plantea el representante de Convergència i Unió, es evidente que tenemos una trayectoria en esta materia y la respuesta es no. Pero, más allá del no, vamos a dar argumentos.

Efectivamente, el copago farmacéutico en España ha existido habitualmente en la receta médica —en la receta verde, como se dice—, en la que pagamos el 40 %. ¿Por qué tenemos que modificarlo ahora? ¿Por qué no buscamos otras fuentes de financiación, de sostenibilidad para el sistema? Yo he expuesto un montón de posibilidades.

En España tenemos un camino, que es el del Estado de bienestar en materia de sanidad y de educación, que es diferente al de otros países. Alemania, evidentemente, tiene muchos más copagos que nosotros; Gran Bretaña los tiene; Francia, en menor medida; los países escandinavos tienen más copagos que nosotros en materia de educación y de farmacia. Pero son países que también tienen una renta




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mucho más alta, un salario mínimo mucho más alto, unas prestaciones por desempleo y unas pensiones mucho más altas y de mayor duración. Y en cierta forma en España el hecho de la universalización y del pago a través de impuestos de estos dos grandes servicios públicos: la sanidad y la educación, es una compensación a la situación salarial y social que tenemos. Estamos hablando de nosotros, de nuestro Estado del bienestar; si usted quiere compararme con Alemania, de acuerdo, pero póngame 2000 euros como salario mínimo en España. ¡A ver de dónde saca el dinero para eso! Póngame 2000 euros y luego hablamos del resto. Póngame pensiones de 5000 euros y luego hablamos del resto. Los alemanes, más o menos, reciben esas cantidades. Así que estamos hablando de cosas que no son exactamente homogéneas y por eso no vamos a aceptar el copago. Abrir la puerta al copago es terminar con el Estado del bienestar sin haber llegado todavía socialmente, desde el punto de vista de los trabajadores, a una situación laboral equiparable a la media europea.

Los catalanes han tomado un camino, ustedes han tomado un camino, en mi opinión, delicado. Han aprobado el euro por receta —con el apoyo del Partido Popular, si no, no hubieran tenido mayoría—; están hablando de tasas por servicios hospitalarios; de tasas por hostelería: comida, limpieza o lo que sea y de tasas por acompañante en hospital. Están creando un camino con el que los ciudadanos catalanes en España tienen menos derechos que el resto. Tendrán que pensarlo en algún momento porque, efectivamente, a los catalanes les van a salir más caras que a los demás las mismas cosas. Este es un problema muy grave; un problema que, además, yo creo que legalmente no es sostenible en España, donde todos los ciudadanos tienen que ser iguales ante los servicios sociales. Pero ustedes han abierto una vía de discriminación a su propia ciudadanía.

Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

¿Turno en contra? (Pausa.)

Tiene la palabra el senador Utrera.

El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. Nos encontramos con una moción que en su texto prácticamente propone tres cuestiones a las que el proponente apenas ha hecho mención. La primera es incidir sobre la competencia en materia sanitaria y educativa de las comunidades autónomas, con lo cual estamos de acuerdo. En segundo lugar, básicamente lo que hace —y eso sí es acorde con su discurso— es empezar a señalar líneas rojas, incluso mezclando cuestiones tan dispares como el registro de propiedad inmueble y algunas otras ocurrencias que ha traído a lo largo de su exposición, con lo cual, como demostraré, no tiene sentido esa parte de la cuestión. Y en tercer lugar, rechaza de plano —lo ha hecho en su última intervención al rechazar la enmienda que propone el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió— la fórmula del copago sanitario. Lo que no sabemos nosotros es si lo rechaza el señor Lertxundi y los asistentes senadores de Grupo Parlamentario Socialista que le jalean y aplauden con entusiasmo, o si lo hace el Partido Socialista, pero tendremos ocasión de ver que no es el caso.

En cualquier caso, antes de entrar en la materia que nos ocupa, sí quiero decirle, señor Lertxundi, que escuchando su intervención y los argumentos que utiliza, en muchos casos desatinados y desaforados —incorrectos, también—, y viendo cómo le apoya y le jalea su grupo parlamentario, termino de entender, ya de forma descriptiva, clara y precisa, cómo el Gobierno que ustedes han venido apoyando, el Gobierno de ese gran líder de las civilizaciones, el señor Zapatero, y de su segundo, el señor Rubalcaba, ha puesto a España en la situación de postración en la que nos encontramos. Eso ya ha quedado claro con su intervención. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

Resulta claro que ustedes, después de cuatro meses alejados del Gobierno de España, y se ve que con algún intento de justificar sus propias deficiencias, han aceptado, han acogido el discurso de la amenaza del Estado del bienestar, de las líneas rojas, nunca bien definidas —Estado del bienestar tampoco bien definido—, para tratar de infundir temor en la opinión pública, hacer un discurso reivindicativo, aunque no se sustente en nada, que básicamente es lo que usted nos ha demostrado hoy aquí y, en tercer lugar, hacer ruido, como la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista —no sé exactamente qué cargo orgánico tienen en su partido— cuando hace muy poco venía a decir que las familias salieran a la calle. Ese es el objetivo. Discurso de pancarta, crear conflictividad social y de ninguna manera asumir las responsabilidades que les tocan por lo mucho y malo, por lo mucho y peor que han venido gestionando la economía y los servicios públicos españoles los últimos años.




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En realidad de lo que trata la moción —permítanme que me ciña a su texto y trate de expresar algunos de los argumentos que justifican los contenidos de los dos reales decretos leyes a los que estamos haciendo mención— es de que por decreto ley se ofrece a las comunidades autónomas titulares de las competencias en materia sanitaria y educativa mejorar la gestión y la eficiencia en la prestación de los servicios y al mismo tiempo y de esta forma poder ahorrarse del orden de 10 000 millones de euros para así poder cumplir los compromisos de déficit público que tienen asumido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que se concreta en un déficit para el año 2002 del orden del 1,5 % de producto interior bruto. De tal forma que esto guarda relación con la posición financiera global que en España hemos comprometido con la Unión Europea —el Estado, comunidades autónomas y también las corporaciones locales— y para su cumplimiento se facilitan estos instrumentos para que las comunidades autónomas adopten, de acuerdo con su propia situación financiera, aquellos que consideren más convenientes. Por tanto, son medidas dispositivas que permiten a las comunidades autónomas mayor flexibilidad a la hora de materializar políticas de gasto público en servicio sanitario y en servicio educativo sin comprometer en ningún caso la gratuidad, la universalidad de ambos servicios.

Para lograr estas modificaciones hay que hacer reformas, concepto que para ustedes yo entiendo que es prácticamente desconocido. Quienes gobernaban a golpe de ocurrencia, ciertamente crean una inercia hacia futuro que se traslada también a muchos de sus parlamentarios —ahora acabamos de ver a uno de ellos— donde es la ocurrencia la forma normal de argumentar. Pero, en definitiva, lo que dicen los decretos leyes y, por tanto, de lo que estamos hablando es de reformas que mejoran la gestión, no que ponen en riesgo los servicios públicos. Por ejemplo, entre las reformas que mejoran la gestión tenemos la posibilidad de que los centros educativos atiendan por sí mismos y con sus recursos todas las bajas que se produzcan inferiores a diez días sin requerir sustituciones de otra naturaleza. Eso, ciertamente, mejora la gestión y obliga a hacer un mejor uso de los recursos educativos disponibles.

Por otro lado, por ejemplo, la racionalización del número de titulaciones universitarias, ¿o es que acaso pretenden ustedes que titulaciones con menos de cincuenta alumnos puedan seguir manteniéndose y, por consiguiente, utilizando presupuestos públicos escasos, como es el caso, en nuestro país? Por tanto, habrá que racionalizar esa cuestión. Controles para evitar lo que se ha venido en llamar turismo sanitario, que encierra muchas situaciones, pero que en cualquier caso es un gasto que no tiene por qué asumir, o por lo menos no asumirlo más que a un nivel puramente asistencial, una sanidad de una nación como España, atendiendo a todo ciudadano que pueda venir deseoso de recibir prestaciones sanitarias debido a la alta calidad del servicio sanitario en España, y mucho más cuando hablamos también, dada la libertad de movimientos dentro de en la Unión Europea, de ciudadanos de la Unión Europea no españoles que incluso fuera de España facturan a la sanidad española los servicios sanitarios que reciben en sus propios países de origen.

Esas son situaciones que cualquier persona que no sea insensible a los contribuyentes de España entiende como necesarias. Es más se pregunta cómo ha sido posible que no se aplicaran antes. Estas son mejoras claras de gestión. Podríamos hablar también de la tarjeta sanitaria única, de la cartera de servicios comunes, donde, por cierto, no solamente está incluida la prevención, la atención sanitaria, señor Lertxundi, sino también el transporte urgente sanitario para recibir prestaciones sanitarias en todo caso.

Usted ha falseado ese resultado, esa conclusión —también lo hizo Rubalcaba ayer, por tanto, no me extraña que usted le haya seguido hoy repicando la misma canción—, de la misma forma que todo español, cualquiera que sea su edad, mayor de 26 años, menor de 26 años, esté en activo, no esté en activo o esté parado —desgraciadamente ustedes saben mucho de eso, pues más de cinco millones de españoles están en paro— tiene derecho a la asistencia sanitaria gratuita y universal en España. Quien diga lo contrario sencillamente desconoce la sanidad pública española y lo que es este Gobierno. Por tanto, no deja de ser un discurso absurdo ese de si antes de los 26 o después de los 26, son esas tormentas en un vaso de agua que ustedes organizan para despistar a la opinión pública sin otra razón de ser que la de poder venir aquí a argumentar.

Señor Lertxundi, no me invite a ir al bar. Yo no acostumbro ir a bares. A veces me tomo un café, pero desde luego, política hay que hacerla en la tribuna donde hay luz y taquígrafos (Aplausos.) y no en los bares, hablando de lo que usted tiene que hablar y argumentar aquí en lugar de simplemente darnos un discurso desabrido de incorrecciones, como ha hecho.

A partir de ahí, reformas no solamente para mejorar la gestión, que son las que a ustedes más les han sorprendido, sino para mejorar la eficiencia en el uso de los servicios públicos, por ejemplo, la aproximación




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de los precios públicos de los servicios académicos de universidades al coste efectivo de prestación del servicio, tomando en consideración, además, el aprovechamiento que los alumnos hacen de esa oportunidad que los contribuyentes españoles ponen a su disposición. Y lo mismo en el nuevo sistema de aportaciones al uso de productos farmacéuticos, donde, frente a unas categorías, activos y pasivos, que venían utilizándose en estas aportaciones al servicio farmacéutico, ahora se incluye con unos ahorros que usted ha infravalorado, pero que, en cualquier caso, bienvenidos son porque, además, racionalizan el uso del medicamento. Ahora se toman en consideración, situación de activo, de pasivo, niveles de renta y, al mismo tiempo, si las enfermedades, las dolencias son crónicas o no lo son.

En función de todo eso se elabora un sistema que es más equilibrado, si no quieren llamarlo más justo y equitativo —yo entiendo que es así—, pero en cualquier caso, más equilibrado de aportaciones, que son en definitiva eso, en la prestación de productos farmacéuticos.

Tenemos también reformas que promueven la responsabilidad y el esfuerzo de quienes prestan los servicios públicos. Por ejemplo, ciertamente se aumenta el número de horas de docencia universitaria en coherencia también con la tarea investigadora de los profesores universitarios. Supongo que usted estará de acuerdo con eso. Supongo también que estará de acuerdo con que las sustituciones en los niveles de educación obligatoria se realicen de acuerdo —como hemos dicho antes— con las necesidades; primero que se tomen en consideración las posibilidades de los centros antes de recurrir a sustituciones reguladas, que lo único que hacen es, entre otras cosas, desconcertar a los alumnos, y desde luego, no reducir la calidad del servicio educativo.

Dentro de estas medidas hay que elaborar también un catálogo homogéneo de categorías profesionales sanitarias. Usted lo es —me consta—. Me imagino que no objetara que se elabore este catálogo homogéneo que permita impulsar desarrollo profesional y facilite, sobre todo, la movilidad del personal sanitario entre comunidades autónomas. ¿Dónde encuentra usted, señor Lertxundi, la amenaza a los servicios públicos en las medidas que yo le he venido enunciando y en todas las que incluye el Real Decreto-ley si no es en su simple y pura imaginación? ¿Dónde encuentra usted esa amenaza a la prestación de servicios públicos que seguirán siendo gratuitos y universales?

¿De dónde saca usted que hay copago? Únicamente en materia farmacéutica, lo que hay son aportaciones, que ya las había, pero que se cambia y se gradúa con otros criterios que nosotros consideramos que, aparte de ahorrar recursos públicos, mejoran sustancialmente la situación. ¿No recuerda usted acaso que en materia de copago —aunque lo ha negado y supongo que lo seguirá negando— precisamente el Partido Socialista Obrero Español lleva la delantera respecto a todos los demás grupos políticos en este país? ¿Acaso usted olvida que en el año 2004, la entonces consejera de sanidad del Gobierno de Cataluña, del Partido Socialista de Cataluña, propuso el copago, es decir, el pago por cada acto de prestación médica, de asistencia sanitaria, el pago de unas cantidades por cada receta, no por cada receta como ahora, sino incluso por la asistencia sanitaria? ¿Olvida usted acaso que la que fuera ministra del señor Zapatero, acompañante del señor Rubalcaba en el Gobierno, la señora Pajín, concretamente el 13 de diciembre del año 2010 —tengo aquí apuntada la fecha, pueden consultarlo en las hemerotecas—, dijo que el copago sanitario serviría para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud en España? Y al poco tiempo, concretamente en el mes de mayo de 2011, unos meses después, la también ministra del señor Zapatero…

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, vaya finalizando.

El señor UTRERA MORA: Termino, señor presidente.

Como decía, la señora Jiménez insistió exactamente en la misma idea: el copago era necesario. Bien es verdad que entonces habían visto las orejas al lobo, el tirón de orejas que le dieron al señor Zapatero en Bruselas, y en ese momento se dieron cuenta y aceptaron el copago como una posibilidad.

Pues bien, con esto concluyo esta intervención, luego continuaré en el turno de portavoces. Nosotros no aceptamos el copago ni lo hemos aceptado. Llámelo usted como quiera. Hemos cambiado el sistema de aportaciones en la adquisición de productos farmacéuticos, pero eso no es copago en la prestación sanitaria. (Rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías.

Por favor, vaya finalizando, señoría.




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El señor UTRERA MORA: Por tanto, señor Lertxundi, va de suyo que votaremos en contra de una moción razonable en su texto, pero absolutamente desafortunada en su exposición.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegación.)

No hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Arratsalde on, mahaiburu jauna.

Arratsalde on, senatari jaun-andreok.

Buenas tardes, señor presidente.

Buenas tardes, señores senadores.

Vamos a votar a favor de la moción presentada, esencialmente por dos razones. En cuanto a la primera, no quiero profundizar demasiado, en primer lugar, porque consideramos que las medidas de ahorro que se han planteado en el mundo de la educación y de la salud, al menos las que conocemos y las que iremos conociendo, van a ser más efectivas para modificar indicadores a corto plazo que realmente para mejorar los servicios. A largo plazo, con estas medidas, los servicios se van a resentir.

Ya se ha hablado en dos mociones anteriores de los problemas de la educación y de los problemas sanitarios. El senador Lertxundi ha hecho un repaso importante, y creo que hay que tomárselo muy en serio. Ha habido unas cuantas risas cuando ha hablado de lo de la tuberculosis, y a mí me parece un tema verdaderamente preocupante. Lo digo sinceramente.

En cualquier caso, estas reformas, como las vacaciones fiscales, etcétera, constituyen un asalto a las competencias propias de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad Foral de Navarra. Ha dicho el senador Lertxundi con mucha razón que en Euskadi es probablemente donde mejor funciona la sanidad, dentro de que hay problemas, como en todas partes. Y eso es lo que queremos que siga siendo. Al final, por más que el Gobierno se empeñe en negarlo, con estas medidas estamos asistiendo a un síntoma más del síndrome recentralizador que padece el actual Gobierno, y que creo que también padece el Partido Popular. Por eso, mi grupo parlamentario no puede estar de acuerdo con estas medidas en cuanto que socavan nuestro autogobierno, el vasco y el navarro, y no vamos a entrar en esa dinámica.

Hemos empezado esta mañana escuchando al senador Fernández Ortega hacer una encendida defensa del Estado autonómico y del Estatuto andaluz; la verdad es que estamos de acuerdo y que el primer punto de esta moción también va por esa línea. Sin embargo, sinceramente, a los vascos ya nos hubiera gustado que se hubiera hecho esa defensa encendida del Estado autonómico cuando el Gobierno socialista gobernaba, de manera que hubiéramos completado el Estatuto de Gernika. En cualquier caso, como hay que cumplir la ley ―como ha dicho el senador Fernández Ortega―, esperemos que se cumpla también en este caso y que se respeten las competencias propias de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Para finalizar ―porque no voy a entrar en más detalles―, quiero pedir al senador Lertxundi y al Grupo Socialista que le hagan llegar esta moción al señor López, para que en la misma línea en la que se han defendido esta mañana las inversiones en Andalucía y con la misma energía y convicción, defienda el autogobierno vasco, el autogobierno que gestiona su Gobierno, en la educación, en la sanidad, en el acceso a los medicamentos, en los temas fiscales y demás ámbitos, porque no sería de recibo que, como ha dicho el senador Lertxundi, un sistema de salud que funciona ―y que funciona bien― se vaya a ir al traste por aplicar medidas que no son precisamente las indicadas para ese sistema de salud sino para otros que padecen unos problemas muy graves. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

No quiero entrar en los detalles de las reformas, pero sí creo que en Euskadi se ha hecho un trabajo que aquí está pendiente: cambiar el paradigma de la salud pública y ser conscientes de la cronicidad de los problemas de salud porque eso no se soluciona con estas medidas de corto plazo. Hay que hacer ese trabajo y buscar otros sistemas para evitar precisamente que los pensionistas tengan que pagar 8 euros, sobre todo si tenemos en cuenta que hay más de un 8 % de pensionistas que solo cobran 300 euros y que un pago de 8 euros mensuales supone una bajada real de la pensión de más del 2 %, porque todos están multimedicados y se van a gastar los 8 euros, y si no se los gastan, todavía será peor.




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Por ello, señorías, solicitamos al Partido Socialista que pida a Patxi López que adopte las medidas oportunas para que esto no se produzca en Euskadi y que se haga una reflexión más profunda en relación con este tema, sin tanto cortoplacismo, aunque la situación no sea buena, adoptando medidas que no se centren en cargar y crear más problemas a los pacientes para el acceso al sistema de salud porque, a la larga, saldrá mucho más caro que lo que en este momento se pueda llegar a ahorrar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gràcies, senyor president.

Senyores i senyors senadors, com molt bé ha dit el senador Lertxundi, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, en realitat aquest és un tema molt important, la retallada de 10 000 milions que afectaran a polítiques sanitàries i educatives, i no se n’ha parlat en l’àmbit parlamentari, si bé és un tema que té a veure directament amb l’estabilitat pressupostaria i, certament, aquesta tarda hem de debatre el projecte de llei que afecta al tema. El que no és obligat és que l’estabilitat pressupostària hagi de passar, necessàriament, per retallades en l’àmbit de la salut i de l’educació, com referiré a continuació.

D’entrada, voldria dir-li al portaveu del Grup Popular que no és cert que ells no estiguin a favor del copagament sanitari. El copagament sanitari s’està aplicant a Catalunya i el Partit Popular, en el Parlament de Catalunya, ha votat a favor d’uns pressupostos que comporten el copagament sanitari. Per tant, vostès han votat favorablement el copagament sanitari. De fet, Catalunya està esdeveniment un banc de proves del més dur en les pitjors retallades de l’Estat del benestar. I, evidentment, amb la complicitat política i ideològica de Convergència i Unió amb el Partit Popular.

No és cert tampoc en absolut que el govern d’entesa a Catalunya, del que era consellera la senyora Marina Geli, apostés pel copagament. Una cosa és el debat polític i l’altra és la realitat del Govern. Mai no es va aplicar el copagament i sí es van aplicar altres mesures com ara les de la recepta electrònica que van permetre racionalitzar i millorar l’eficiència en la despesa sanitària i, en cap cas, no es va aplicar el copagament que sí s’ha fet posteriorment amb un Govern conservador amb el suport del Partit Popular.

És, per tant, perquè estem parlant d’un tema central en el debat polític i social, una moció oportuna aquesta que planteja el Grup Parlamentari Socialista. Des del Grup Parlamentari de l’Estesa pel Progrés de Catalunya estem clarament a favor de la necessitat d’apostar per l’eficiència i la racionalització en la despesa pública. Aquest és un principi que cal compartir, i més en moments de dificultats econòmiques molt greus com les actuals.

Ara bé, com s’ha d’aplicar això? Com ha de repercutir això sobre les prestacions de serveis públics? Aquesta és una altra qüestió. Els sistemes sanitari i educatiu del nostre país, d’Espanya, que s’ha construït al llarg dels darrers trenta anys i, fonamentalment, amb Governs socialistes, ha generat cohesió social, equitat i igualtat d’oportunitats. Ara, el que s’està fent, és posar greument en perill tot allò que s’ha aconseguit al llarg d’aquests trenta anys de democràcia al nostre país.I què és el que s’està plantejant? Perquè es pot dir de tot, i es poden fer volar coloms, però al final, si s’han de reduir 10 000 milions en matèria d’educació i de sanitat, i que evidentment com molt bé deia el senador Lertxundi afectarà clarament al personal, ja que són serveis que tenen una base fonamental de prestació de treball, de prestació personal.

El que acabarà fent és reduir les plantilles substancialment i, per tant, afectar en el cas de l’educació a una clara reducció del professorat en l’educació pública, que és la que depèn dels pressupostos públics. I aquesta reducció del professorat, evidentment, significa un empitjorament de la qualitat d’aquest servei públic com és l’educació, un servei fonamental. Es diu, no passa res; fins i tot es diu: es millora el servei perquè la mateixa plantilla de professorat haurà d’atendre les substitucions. Bé, les plantilles estan dimensionades perquè realment responguin a les necessitats del servei educatiu que plantegen. Però quan hi ha una situació excepcional com és una baixa per malaltia, accident o d’un altre tipus per part d’algun membre del claustre de professors, és evident que fa falta incorporar algú, un professor, vingut del sistema d’interinatge, perquè pugui cobrir aquesta plaça. Perquè sense fer més hores de feina el professorat del propi claustre no es pot garantir la prestació del servei, i al final acaba passant que els alumnes queden totalment desatesos. Una ràtio baixa és fonamental per garantir la qualitat educativa, és el que millora la igualtat d’oportunitats, i no s’hi val a dir, com s’ha dit en un anterior debat, que amb ràtios més elevades en anteriors sistemes educatius es donava millor rendiment. Perquè no és cert, era un




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sistema que excloïa a molta gent de les oportunitats d’ascendir en l’escala educativa i d’arribar, fins i tot, a la universitat.

En el cas de reducció del personal sanitari és reducció de personal sanitari, tancament de quiròfans i reducció de prestacions. A Catalunya, com els he dit, ja tenim un laboratori de proves, i estem veient com hi ha casos de veritable desatenció, precisament per falta de personal, o com s’està posant en risc la salut de les persones, per exemple amb el sistema d’atenció a urgències, quan, el fet d’haver fet fora a molt personal eventual del sistema sanitari que cobria guàrdies i urgències ha significat que els professionals que estan en règim funcionarial hagin d’encadenar guàrdies moltes vegades amb els torns d’assistència normals de cada dia, fet que dificulta molt que aquest servei de prestació d’atenció d’urgències es pugui garantir amb l’eficiència necessària i garantint, precisament, el dret bàsic de les persones a la salut.

En definitiva, això té com a conseqüència les llistes d’espera, que s’eternitzen cada vegada més, fins al punt que la gent evidentment ha d’optar per renunciar, els que s’ho poden permetre, a la salut pública, i els que no s’ho poden permetre han de renunciar, evidentment, a la salut, que és el pitjor que pot passar, com el cas de la desatenció als immigrants, als que molt bé ha al·ludit el senador Lertxundi, també. És un cas de profunda inhumanitat desatendre l’atenció sanitària a les persones que viuen al nostre país, és inacceptable en una societat avançada del segle XXI que poguéssim desatendre els drets bàsics de les persones com és el dret a la salut, per més que estiguin vivint al nostre país, independentment de si tenen papers, o no.

I en matèria educativa, jo crec que tornem a un sistema dual en el qual tindrem una escola de qualitat, amb l’escola concertada o privada, i tornem a aquell trist record que a Catalunya en dèiem les escoles nacionals, aquelles escoles que atenien els qui no es podien permetre l’escola privada.

I, en la sanitat, com deia, a una sanitat de beneficència, on aquells que no s’ho poden pagar tenen els hospitals públics que atenen per caritat allò que realment hauria de ser un tema de justícia social.

Per tot això, senyores i senyors senadors, calen un altre tipus de mesures. He dit que estem a favor de millorar l’eficiència i la racionalització en la despesa pública. Estem a favor d’una certa estabilitat pressupostària, com manifestarem aquesta tarda en el debat. Però evidentment calen altres mesures. El que cal és millorar en l’eficiència de l’Administració, millorar les pràctiques de l’Administració pública i reduir despeses innecessàries en determinats àmbits, no en sanitat i educació. Eliminar duplicitats en l’Administració Pública, que n’hi ha, cal abordar definitivament el debat de les diputacions provincials que en molts casos dupliquen prestacions de serveis amb els Governs autonòmics, o en el cas de determinades comunitats autònomes com Catalunya, el cas dels consells comarcals, una administració totalment innecessària que podria ser substituïda per mancomunitats de serveis als municipis.

I, evidentment, senyores i senyors senadors, el que cal és generar creixement. Aquesta és la qüestió. Cal apostar per generar creixement. No és només retallar, retallar i retallar, sinó que cal apostar perquè l’economia es recuperi i perquè torni a créixer. Ho ha recordat fins i tot fa pocs dies el Fons Monetari Internacional, al·ludint a Espanya. Fa dos dies, davant de l’Assemblea de la COSAC a la qual vam poder assistir a Copenhague, el propi president de la Comissió Europea, el senyor Durao Barroso, apostava també per equilibrar les retallades amb polítiques de creixement. Sembla que el Govern espanyol està en una altra òrbita i el seu capficament ideològic l’està portant només a intentar modificar l’Estat per tornar en certa manera al que eren les pràctiques d’una societat que hem volgut oblidar, com era la societat del franquisme, i estan allunyant-se, fins i tot, de les propostes que des d’àmbits conservadors s’estan fent i plantejant en altres indrets.

Cal evidentment també, senyores i senyors senadors, un canvi en la política fiscal. Cal també afectar la recaptació, cal canviar la política fiscal per fer una fiscalitat més progressiva, que realment acabin pagant més aquelles que tenen més, i que són qui tenen la responsabilitat de pagar, per no castigar més els que estan més perjudicats en el conjunt de la nostra societat.

I, finalment, senyores i senyors senadors, estem parlant d’un tema que afecta profundament les competències de les comunitats autònomes en matèria de sanitat i d’educació. I, per tant, cal ser molt curosos, amb les competències de les comunitats autònomes; s’ha de fer de comú acord amb el conjunt de les comunitats autònomes. No és possible que s’aprofiti l’excusa de la mala situació econòmica, de la necessitat d’estabilitat pressupostària i l’excusa de necessitat de retallar en la despesa pública per retallar les competències autonòmiques i per protagonitzar una involució en allò que ha estat fonamental en aquests anys que portem de democràcia al nostre país, en aquests més de trenta anys, que és precisament el desplegament de l’Estat de les autonomies; d’un estat de model federalitzant que és la base precisament de futur per al conjunt del nostre país.

Gràcies, senyores i senyors senadors. Gràcies senyor president. (Aplaudiments.)




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Gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, como muy bien ha dicho el senador Lertxundi, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el descenso de 10 000 millones de euros que afectarán a políticas sanitarias y educativas es un aspecto muy importante, y no se ha hablado de ello en el ámbito parlamentario, a pesar de que está directamente ligado con la estabilidad presupuestaria, que se debatió en el proyecto de ley correspondiente. Lo que no es obligado es que la estabilidad presupuestaria deba pasar necesariamente por recortes en el ámbito de la salud y de la educación, como voy a referir a continuación.

De entrada, me gustaría decirle al portavoz del Grupo Popular que no es cierto que ellos no estén a favor del copago sanitario. El copago sanitario se está aplicando en Cataluña, y el Grupo Popular, en el Parlamento de Cataluña, ha votado a favor de unos presupuestos que conllevan el copago sanitario; por lo tanto, ustedes han votado favorablemente el copago sanitario. De hecho, Cataluña está siendo un banco de pruebas de lo que son los peores recortes del Estado del bienestar, evidentemente con la complicidad política e ideológica de Convergència i Unió y el Grupo Popular.

Tampoco es cierto que el Gobierno de Entesa en Cataluña, del que era consejera Marina Geli, apostara por el copago. Una cosa es el debate político y otra la realidad. Nunca se aplicó el copago y sí otras medidas, como la receta electrónica, que permitieron racionalizar y mejorar la eficiencia de los gastos sanitarios. No se aplicó el copago, que sí se ha hecho posteriormente con un Gobierno conservador.

Puesto que estamos hablando de un tema central en el debate político y social, es vital una moción tan oportuna como la que plantea el Grupo Parlamentario Socialista. El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya está claramente a favor de la necesidad de apostar por la eficiencia y la racionalización en el gasto público. Este es un principio que se debe compartir, y más en momentos de dificultad económica tan graves como los actuales.

Ahora bien, ¿cómo debe aplicarse esto? ¿Cómo se debe aplicar sobre la prestación de servicios públicos? Esa es otra cuestión. El sistema sanitario y educativo de nuestro país, de España, que se ha construido a lo largo de los últimos treinta años y fundamentalmente con Gobierno socialistas, ha generado cohesión social, equidad e igualdad de oportunidades. Ahora lo que se hace es poner gravemente en peligro todo aquello que se ha conseguido a lo largo de estos últimos treinta años de democracia en nuestro país. ¿Qué es lo que se está planteando? Porque todo no se puede tener, se pueden lanzar ideas al aire, pero al final se están reduciendo 10 000 millones de euros en materia de educación y sanidad, medidas que, como muy bien decía el senador Lertxundi, afectarán seguramente al personal, pues son servicios que tienen como base fundamental trabajos de prestación personal.

Se acabarán reduciendo las plantillas, cuestión que, en el caso de la educación, conllevará una reducción del profesorado en la educación pública. Esta reducción del profesorado, evidentemente, significa un empeoramiento de la calidad de un servicio público fundamental como es la educación. Se dice: no pasa nada; incluso se dice: se mejora el servicio porque la misma plantilla de profesores atenderá las sustituciones. Las plantillas están dimensionadas para que puedan responder realmente a las necesidades del servicio educativo que se plantea. Y cuando existe una situación excepcional, como una baja por enfermedad o accidente de cualquier miembro del claustro de profesores, es necesario incorporar algún profesor —por eso existe el sistema de interinaje— para cubrir esta plaza. Si ponemos más horas al profesorado del propio claustro, no se podrá garantizar la prestación del servicio y, al final, los alumnos quedarán totalmente desatendidos. Este hecho es fundamental para garantizar la calidad educativa, es lo que mejora la igualdad de oportunidades. No se puede decir que con el anterior sistema se daba mejor rendimiento, porque, por cierto, era un sistema que excluía a mucha gente de las oportunidades de ascender en la escala educativa y llegar incluso a la universidad.

En el caso de reducción del personal sanitario significa reducción de personal, cierre de quirófanos y reducción de prestaciones. En Cataluña, como les he dicho, tenemos un laboratorio de pruebas y estamos viendo que hay casos de verdadera desatención, precisamente por falta de personal, o cómo se está poniendo en riesgo la salud de las personas en el sistema de atención de urgencias. El despido de personal eventual que cubría las urgencias ha significado que los profesionales que están en régimen funcionarial deban encadenar guardias muchas veces con los turnos de asistencia normal de cada día, lo que dificulta mucho que este servicio de prestación de atención de urgencias se pueda garantizar con la eficiencia necesaria y garantizar el acceso de las personas a la salud.

Y, en materia educativa, considero que regresamos a un sistema dual: por un lado, tendremos una escuela de calidad, concertada o privada, y, por otro, el triste recuerdo de lo que en Cataluña se llamaban las escuelas nacionales, aquellas que atendían a los que no podían permitirse la escuela privada.




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En definitiva, esto tiene como consecuencia unas listas de espera que se eternizan cada vez más, hasta el punto de que la gente debe optar por renunciar, los que se lo pueden permitir, a la salud pública, y los que no se lo pueden permitir tienen que renunciar a la salud, que es lo peor que puede suceder, como ocurre con la desatención a los inmigrantes, a los que también se ha referido el senador Lertxundi. Es de una profunda inhumanidad desatender la asistencia sanitaria a las personas que viven en nuestro país, es inaceptable en una sociedad avanzada del siglo XXI que pudiéramos desatender los derechos básicos de las personas, como el derecho a la salud, independientemente de que tengan papeles o no. Evidentemente, se trata de una sanidad de beneficencia: aquellos que no se lo pueden pagar tienen hospitales públicos que atienden por caridad lo que debería ser un tema de justicia social.

Por todo ello, señoras y señores senadores, lo que hace falta son otro tipo de medidas. He dicho que estamos a favor de mejorar la eficiencia y la racionalización en el gasto público. Estamos de acuerdo con una cierta estabilidad presupuestaria, como manifestaremos esta tarde en el debate pero, evidentemente, son necesarias otras medidas. Lo que hace falta es mejorar la eficiencia de la Administración, mejorar las prácticas de la Administración Pública y reducir gastos innecesarios en determinados ámbitos, pero no en sanidad y en educación. Eliminar la duplicidad que existe, hay que afrontar el debate de las diputaciones provinciales que en muchos casos duplican prestaciones de servicios en los Gobiernos autonómicos o, como ocurre en algunas comunidades como Cataluña, los consejos comarcales, una administración totalmente innecesaria que podría ser sustituida por mancomunidades de servicios en los municipios.

Y, señoras y señores senadores, lo que hace falta es generar crecimiento. Hay que apostar por generar crecimiento, no se trata solo de recortar, recortar y recortar. Hay que apostar para que la economía se recupere y vuelva a crecer, incluso el Fondo Monetario Internacional lo ha recordado hace poco. El señor Durao Barroso, presidente de la Comunidad, hace dos días, ante la asamblea a la que asistió en Copenhague, apostaba también por combinar los recortes con políticas de crecimiento, pero parece que el Gobierno español está en otra órbita y su única motivación es intentar modificar el Estado para volver en cierto modo a las prácticas de una sociedad que hemos olvidado, como la sociedad del franquismo, alejándose de las propuestas que desde ámbitos conservadores se plantean en otros lugares.

También es necesario un cambio en la política fiscal; hay que afectar a la recaudación, hay que cambiar la política fiscal para obtener una fiscalidad más progresiva, de modo que realmente acaben pagando más aquellos que tienen más y que tienen la responsabilidad de pagar, y no castigar a los más perjudicados de nuestra sociedad.

Por último, señorías, estamos hablando de un tema que afecta profundamente a las competencias de las comunidades autónomas en materia de sanidad y de educación y, por tanto, hay que ser muy cuidadoso con sus competencias y hacerlo muy de acuerdo con estas comunidades; no es posible aprovechar la excusa de la mala situación económica, de la necesidad de estabilidad presupuestaria y la necesidad de recortar en el gasto público para recortar las competencias autonómicas y protagonizar una involución en aquello que ha sido fundamental durante los años que llevamos de democracia en nuestro país, que es precisamente el despliegue del Estado de las Autonomías, la base de futuro para el conjunto de nuestro país.

Gracias, señoras y señores senadores. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Moltes gràcies, president.

Senyories, posicionarem el nostre grup en relació al conjunt de la moció que presenta el senador Lertxundi en representació del Grup Socialista al Senat. Vagi per endavant que ja els anunciem que el nostre vot serà d’abstenció, perquè com he dit la primera part de la moció la podem compartir, de fet, la compartim, ens podríem posicionar absolutament a favor, però no tant en quant a la segona part que, com els he dit, planteja una discrepància respecte al copagament, i copagament sanitari, que després hi entraré, i tampoc no m’estaré d’entrar a algunes referències que han fet tant el senador Lertxundi com el senador Sabaté en relació a les mesures que està prenent el Govern català, per què les està prenent i com les està prenent.

Ho hem dit representants de la nostra formació política, ho han dit representants del Govern de Catalunya. No ens agrada com s’està prenent la mesura dels 10 000 milions d’euros. Més enllà que sigui necessària una mesura d’estalvi, nosaltres pensem realment, i s’han començat a fer estudis, que les




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mesures que s’estan avançant no provocaran realment un estalvi de 10 000 milions a les comunitats autònomes, que són les que han de rebre aquest estalvi, perquè els recordo que tant les competències d’ensenyament com les competències de sanitat estan traspassades. Però sobretot no ens agrada que en algunes d’aquestes mesures que es plantegen no es respecten les competències de l’autonomia de cadascuna de les comunitats autònomes. Pensem que hi ha invasió de competències en algun dels plantejaments, i això s’haurà de resoldre en un futur immediat, i pensem que les comunitats autònomes han de tenir elles mateixes la capacitat de prendre les mesures que creguin convenients i jo crec que, en tot cas, en aquest cas l’Estat hauria de fer una reforma de les lleis marc perquè sigui cadascuna de les comunitats autònomes que acabi prenent la seva decisió. I tampoc no hauria de ser de forma comú, en cap lloc de forma consensuada, sinó que ho podria fer cadascuna segons entengui més raonable.

Més enllà d’aquí voldria entrar en la qüestió del copagament. Un copagament que ara tots els socialistes de l’Estat espanyol, també els catalans, abdiquen; no volen saber res del copagament. El copagament és tabú, ja no podem parlar de copagament. Han estat governant vuit anys i han mantingut el copagament farmacèutic; no han fet res per reduir-lo. Vostès diuen, nosaltres no hi estem d’acord. Els han fet un esment de diferents intervencions de diferents ministres. Jo no hi entraré, però sí que els recomano al senyor Lertxundi i el senyor Sabaté ho deu conèixer,l’article a El País, signat, de 14 d’abril del 2010; un article que jo podria subscriure al 100 % de la consellera Marina Geli, advocant pel copagament: «És com la forma de salvar el sistema sanitari català (Aplaudiments), és la forma de salvar un sistema sanitari que hem construït entre tots durant trenta anys». Inclús planteja recuperar les desgravacions fiscals per a les assegurances sanitàries privades. I continuen unes declaracions de la mateixa consellera Geli, el dia 30 de maig del 2010 al diari La Vanguardia —dos diaris molt solvents— on torna a fer una defensa aferrissada del copagament. Ja sé que vostès, els senyors d’Iniciativa, no hi estaven d’acord, però la senyora Geli era consellera del Govern tripartit, era consellera del Govern que va generar un forat en les finances de la Generalitat, que ara els parlaré, els donaré dades.

Perquè pensen vostès que al Govern català li agrada prendre aquestes mesures? Es pensen que els agrada prendre la mesura de l’euro per recepta, senyor Lertxundi, senyor Sabaté? Són mesures que hem pres en solitari, que hem pres exclusivament amb el vot favorable de Convergència i Unió, perquè el Partit Popular es va abstenir; no han votat a favor. Nosaltres voldríem que haguessin votat a favor, però es van abstenir, no hi entrarem, aquest és un altre debat. Però no li agrada al Govern català prendre mesures de posar un euro per recepta. Vostès creuen que tenim alguna fixació especial? No, però vostès saben com van deixar el sistema sanitari català? Vostès saben quin forat van deixar, de quina dimensió? (Aplaudiments.)

Diuen que s’han de mantenir totes les places. Tant de bo poguéssim mantenir tots els metges i tots els mestres. Vostès ho saben, jo no sé si alguns altres no ho sabran. En set anys el tripartit va passar de 150 000 empleats públics a la Generalitat de Catalunya a 210 000 empleats públics a la Generalitat de Catalunya. És així. I a nosaltres ens agradaria tenir-ne 250 000, però no ens ho podem permetre. No s’ho podien permetre vostès ni en època de bonança econòmica; no s’ho podien permetre. (Aplaudiments.)

I ara ens venen a retreure que trenquem el sistema. No. Totes aquestes mesures s’estan prenent per intentar salvar el sistema. És clar que s’estan prenent per intentar salvar el sistema! Catalunya és un banc de proves. Catalunya està prenent mesures que també ens agradaria que es prenguessin a altres llocs, però no ens hi fiquem. Però si les estem prenent és, primera, perquè el Govern ha heretat un forat econòmic de dimensions considerables que tardarem més d’una generació a poder-lo pagar. Segona, perquè tenim un sistema de finançament absolutament injust. Tercera, perquè tenim un dèficit fiscal que no té cap altra Comunitat Autònoma en tota Europa, cap Comunitat Autònoma en tota Europa. Si no tinguéssim dèficit fiscal, si tinguéssim un sistema de finançament just, sistema de finançament que algun Govern, en aquell moment el Govern tripartit, va sortir anunciant que era la gran solució per a les finances de Catalunya, si no fos per això, evidentment que podríem estalviar-nos algunes d’aquestes mesures; evidentment que podríem contractar més metges, evidentment que podríem construir totes les catedrals de la salut que volia construir l’anterior consellera de Sanitat. Però com no tenim aquests recursos el que no podem fer és gastar el que no tenim. No ho podem fer perquè no ho hem de fer. Però no ho podem fer perquè qui té aquests recursos per a prestar-nos-els no ens els vol prestar, i no ens els vol prestar perquè no generem la confiança suficient.

Per tant, senador Lertxundi, que li quedi clar que el Govern català està prenent mesures no pel seu gust. Són mesures que ens agradaria estalviar-nos, però les hem de prendre. Quedi clar que estem d’acord amb el seu plantejament en relació al respecte a les competències de les comunitats autònomes




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i amb alguns dels altres aspectes, però també que li quedi clar que el copagament vostès l’han utilitzat mentre han governat, nosaltres l’hem utilitzat mentre hem governat, jo crec que hi ha hagut un cert consens, crec que també des de les files del Partit Socialista s’han obert espais d’opinió, de diàleg i de reflexió que vostès haurien de tenir en consideració, i una posició dogmàtica, de renúncia absoluta al copagament no porta enlloc.

Per tant, el nostre Grup procedirà a l’abstenció en relació amb la seva moció.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Muchas gracias, presidente.

Señorías, voy a referirme a la posición de mi grupo parlamentario con relación a la moción que presenta el senador Lertxundi en representación del Grupo Socialista en el Senado. Vaya por delante que nosotros nos abstendremos en esta votación porque, como he dicho, la primera parte de la moción la compartimos de hecho, y podríamos votar a favor, pero no compartimos la segunda porque, como he dicho, plantea una discrepancia respecto al copago sanitario, en el que después entraré, como entraré también en algunas referencias que han hecho los senadores Lertxundi y Sabaté con relación a las medidas que está adoptando el Gobierno catalán y cómo las está adoptando.

Representantes de nuestra formación política y del Gobierno de Cataluña han dicho que no nos gusta la medida que se está tomando en relación con los 10 000 millones de euros. Más allá de que sea necesaria una medida de ahorro, se han empezado a hacer estudios sobre que las medidas que se están adelantando no provocarán un ahorro de 10 000 millones de euros a las comunidades autónomas, que son las que tienen que recibir ese ahorro. Y les recuerdo que las competencias en educación y en sanidad están traspasadas, pero sobre todo no nos gusta que algunas de las medidas que se plantean no respetan las competencias de la autonomía de cada una de las comunidades autónomas. Pensamos que hay una invasión de competencias en algunos planteamientos, cosa que deberá resolverse en un futuro inmediato, y creemos también que las comunidades autónomas deben tener por sí mismas capacidad para adoptar las medidas que crean convenientes. En este caso el Estado debería hacer una reforma de las leyes marco para que las comunidades autónomas sean la que acaben adoptando cada una su propia decisión. Y, además, esto tampoco debería adoptarse de forma consensuada, sino que cada comunidad autónoma tendría que acogerse a lo que entienda más razonable.

Querría entrar ahora en la cuestión del copago, del que todos los socialistas del Estado español, también los catalanes, abdican puesto que no quieren saber nada de él. El copago es un tema tabú del que ya no se puede hablar. Aunque durante los últimos ocho años se ha mantenido el copago farmacéutico y no se ha hecho nada por quitarlo, resulta que ahora se dice: no estamos de acuerdo. El señor Sabaté conocerá el artículo de El País, del día 14 de abril de 2010, un artículo que yo podría suscribir al cien por cien, de la consellera Marina Geli, que abogaba por el copago. Y decía: Es la forma de salvar el sistema sanitario catalán (Aplausos.), es la forma de salvar un sistema sanitario que hemos construido entre todos durante treinta años, e incluso plantea recuperar las desgravaciones fiscales para los seguros sanitarios privados. Y continúan declaraciones parecidas de la consellera Geli del día 30 de mayo del 2010 en el periódico La Vanguardia, periódico también muy solvente. Vuelve a hacer una defensa férrea sobre el copago para el sistema sanitario. No estarán ustedes de acuerdo (Aplausos.), pero la consellera Geli era consejera del Gobierno tripartito, de un Gobierno que generó un agujero en las finanzas de la Generalitat, de las cuales después les daré datos.

¿Piensan ustedes que al Gobierno catalán le gusta tomar estas medidas? ¿Creen que le gusta adoptar la medida de un euro por receta, señores Lertxundi y Sabaté? Son medidas que hemos tomado en solitario y con el voto favorable de Convergència i Unió exclusivamente puesto que el Partido Popular se abstuvo en la votación. Nosotros habríamos querido que votasen a favor, pero se abstuvieron, y no vamos a entrar en ese debate. Al gobierno catalán no le gusta adoptar medidas como poner un euro por receta. ¿Creen que tenemos alguna fijación especial con ello? No, pero, ¿saben cómo dejaron el sistema sanitario? ¿Saben cuál es el agujero, de qué dimensiones? (Aplausos.)

Dicen que se deben mantener todas las plazas. Ojalá pudiéramos mantener a todos los médicos y a todos los profesores. Ustedes lo saben, no sé si algunos otros lo sabrán. En siete años el tripartito pasó de 150 000 empleados públicos a 210 000 empleados públicos en la Generalitat de Cataluña. Así es. A nosotros nos gustaría tener 250 000, pero no nos lo podemos permitir. Tampoco se lo podían permitir ustedes, ni siquiera en la época de bonanza económica; no se lo podían permitir. (Aplausos.)




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Y ahora nos acusan de romper el sistema. No. Todas estas medidas se están tomando para intentar salvarlo. ¡Claro que se crean para intentar salvar el sistema! Cataluña es un banco de pruebas. Está adoptando medidas que también nos gustaría que se adoptaran en otros sitios, aunque no nos metemos en ello. Pero si las adoptamos es, primero, porque el Gobierno ha encontrado un agujero económico de dimensiones considerables que tardaremos más de una generación en poder pagar. Segundo, porque tenemos un sistema de financiación absolutamente injusto. Y, tercero, porque tenemos un déficit fiscal que no tiene ninguna otra comunidad autónoma en toda Europa. (Aplausos.) Si no tuviéramos déficit fiscal, si tuviéramos un sistema de financiación justo, como el que en aquel momento el Gobierno tripartito anunció como la gran solución para las finanzas de Cataluña, si no fuera por ello, evidentemente podríamos ahorrarnos algunas de estas medidas, evidentemente podríamos contratar más médicos, evidentemente podríamos construir todas las catedrales de la salud que quería construir la anterior consejera de Sanidad. Pero, como no tenemos estos recursos, lo que no podemos hacer es gastar lo que no tenemos. No podemos hacerlo porque no debemos hacerlo, y no podemos hacerlo porque quien tiene estos recursos no nos los puede prestar, y no nos los puede prestar porque no generamos la confianza suficiente.

Por lo tanto, senador Lertxundi, que le quede claro que el Gobierno catalán está adoptando medidas no porque le plazca, pues son medidas que le gustaría ahorrarse pero que debemos adoptar. Que le quede claro que estamos de acuerdo con su planteamiento respecto a las competencias de las comunidades autónomas y con algunos otros aspectos. Pero también que le quede claro que ustedes han utilizado el copago mientras han gobernado, que nosotros lo hemos utilizado mientras hemos gobernado y que ha habido un cierto consenso, pues creo que en las filas del Partido Socialista se han abierto espacios de opinión, de diálogo y de reflexión que ustedes deberían tener en consideración, y que una posición dogmática de renuncia absoluta al copago no lleva a ningún fin.

Por lo tanto, mi grupo se abstendrá con relación a su moción.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Chivite.

La señora CHIVITE NAVASCUÉS: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, casi tardes, señorías. Después de escuchar ayer las intervenciones tanto de la ministra de Sanidad como del ministro de Educación, decidí cambiar la intervención que tenía preparada para este punto.

Y es que, señorías, no es de recibo que los ministros de Sanidad y Educación tengan la cara de venir a este Senado a decir que las medidas de recorte de 10 000 millones de euros que han tomado en sus ministerios no van a afectar ni a la calidad de la educación ni a la calidad de la enseñanza. Hay que tener cara para venir aquí y contarnos esto.

El colmo del cinismo es el título del real decreto que conocimos ayer, de medidas urgentes y sanitarias, donde se podía leer: para mejorar la calidad de la atención sanitaria. Por cierto, llama mucho la atención que este real decreto no vaya acompañado de una memoria económica.

¿Cómo se puede tener tantísima jeta de anunciar mejoras en la calidad cuando se deja fuera de la atención sanitaria…? (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Ladran, luego cabalgamos.

¿Cómo se puede tener tanta jeta de decir…? (Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) ¡Señorías, por favor! ¿Senadores o hooligans?

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden ustedes silencio.

Señora Chivite, le pido por favor que no entable usted debate con sus señorías.

Continúe.

La señora CHIVITE NAVASCUÉS: ¿Cómo se puede tener tanta jeta de anunciar mejoras en la calidad…? (Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Por mucho que chillen lo voy a seguir diciendo, porque hay que tener cara para decir que se mejora la calidad cuando se deja fuera a los inmigrantes, cuando se deja fuera de la atención sanitaria a los mayores de 26 años que no han cotizado a la Seguridad Social. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.—Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Y encima la ministra dice que




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está universalizando la sanidad. Y es que esta ministra o miente o no tiene ni idea, y por cierto, por ahí circulan ciertas declaraciones de la señora ministra, en las que está bastante perdida, sobre lo que pasará cuando se les acaben las prestaciones por desempleo a los jubilados. En fin, que se lo haga mirar un poco.

¿Cómo se puede decir que se mejora la calidad y que se universaliza la atención sanitaria cuando se instaura el copago en las prestaciones ortoprotésicas, en los productos dietéticos y en el transporte sanitario no urgente? Que vaya la señora ministra de Sanidad y, si quiere, que la acompañe el senador Utrera, y le diga a un enfermo de cáncer que ha mejorado la sanidad y que por eso tiene que pagar el transporte que le lleva a recibir su tratamiento oncológico. Que vaya y que se lo diga. Que vaya la ministra a decirle a una persona que ha sufrido una amputación a decirle que, como ha mejorado la sanidad, ahora se va a tener que pagar su prestación ortoprotésica.

Y lo mismo digo del ministro de Educación, que se atrevió a afirmar que sus medidas apenas se van a notar, que el hecho de que aumente la ratio de alumnos por aula no va a afectar a la calidad, que el bajar las becas y aumentar las tasas universitarias no va a afectar. Que vaya el señor Wert y les diga a esos más de 30 000 profesores que se van a quedar en la calle que no lo van a notar. Que vaya y que se lo diga.

Señores del Grupo Popular, sean ustedes valientes y salgan a esta tribuna a decir la verdad. Digan ustedes la verdad; digan la verdad sobre la reforma laboral, que no va a generar empleo y que lo han hecho solamente para favorecer a los empresarios y para acabar con los sindicatos. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Digan la verdad sobre los recortes sanitarios; digan que quieren acabar con el modelo sanitario para que entren las empresas, las aseguradoras a quedarse con nuestra sanidad, hasta ahora envidiada en todo el mundo. Digan la verdad de los recortes en educación, porque no quieren que todo el mundo pueda acceder a un título universitario, porque no creen en la igualdad de oportunidades. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) ¡Digan ustedes la verdad! Desde que ustedes gobiernan tenemos más deuda, más parados y menos derechos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Estos días, en los que hemos ido teniendo conocimiento de todos estos recortes que nos han anunciado los ministros de Sanidad y Educación, me han venido a la cabeza los mítines que he dado en la campaña electoral de las elecciones generales, y dije lo siguiente —y lo leo literalmente—: Los españoles saben cómo gobierna el PP cuando tiene el poder absoluto: recortan absolutamente todo. El PP con poder absoluto es igual a recortes absolutos. La intensidad y la gravedad de los recortes del PP son proporcionales a su poder. Y el tiempo me ha dado la razón.

El Partido Socialista no va a permitir que el Partido Popular utilice la coartada de la crisis económica para cambiar el modelo sanitario y el modelo educativo. No vamos a dejar que el Partido Popular tire a la basura principios tan básicos y esenciales en una sociedad como es el de la igualdad de oportunidades, y este no es un discurso de pancarta, senador Utrera, son hechos y realidades. Existen otras maneras de hacer más efectivo el sistema sanitario español: aplicando prácticas que optimicen servicios en lugar de recortes y «repagos» que solo nos llevan a un desmantelamiento del sistema sanitario.

Decía ayer la ministra de Empleo que esto no es ideología, que es economía, y yo le rebatí, y lo vuelvo a hacer ahora, diciendo que es cuestión de ideología, porque hay ejemplos claros en diferentes comunidades autónomas. Así, en comunidades como la de Castilla-La Mancha, que está gobernada por el PP, se privatizan los hospitales, en tanto que en comunidades como la del País Vasco, gobernada por el Partido Socialista, se han llevado a cabo numerosas medidas orientadas a la mejora de la gestión sin afectar a las prestaciones ni a la calidad y se ha conseguido ahorrar muchísimo dinero, y por cierto, como bien ha dicho mi compañero, el senador Lertxundi, es la comunidad que menos deuda sanitaria tiene. Señor Utrera, el PSOE ha hecho reformas en el País Vasco, en tanto que el PP ha hecho recortes en Castilla-La Mancha. Por tanto, señorías, sí es cuestión de ideologías.

En el Partido Socialista estamos dispuestos a hablar, y eso es lo que pedimos en esta moción: hablar y sugerir al Gobierno formulas de realización y mejoras de la eficiencia en la gestión. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.) Pero no estamos dispuestos a dejar a los españoles y a las españolas sin una sanidad pública de calidad, una educación pública de calidad y unos servicios sociales que tenemos reconocidos por derecho. Proponemos que las medidas se discutan en esta Cámara, señor Utrera, en esta Cámara, y que no se aprueben por real decreto, sin que las podamos haber debatido.




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Y desde aquí anuncio que el Partido Socialista de Navarra, si entiende que estas medidas de recorte sanitario y educativo invaden las competencias de nuestra comunidad y atentan contra el fuero navarro, propondrá en el Parlamento de Navarra llevarlo al Tribunal Constitucional.

Señorías, hay alternativas, pero ahora falta la voluntad de escucharlas y de llevarlas a cabo.

Nada más, muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Utrera.

El señor UTRERA MORA: Gracias, señor presidente.

Señorías, en el turno de portavoces voy a aprovechar mi última intervención para hacer una reflexión que intentaré que sea algo más moderada, aunque, ciertamente, algunas de las intervenciones de los que me han precedido no lo han sido.

Creo que se está cometiendo un exceso verbal cuando en algunos grupos parlamentarios se está hablando de un síndrome recentralizador que vulnera competencias autonómicas —me refiero, concretamente, al senador del Partido Nacionalista Vasco, que lo ha mencionado explícitamente en esos términos—. Creo que sobre todo lo que deben hacer es mirar a la calle, mirar lo que los ciudadanos piensan sobre el ejercicio que las comunidades autónomas están haciendo de sus capacidades competenciales, de los títulos competenciales que poseen. Ahí es donde está la reflexión, y no, desde luego, en la acción de Gobierno, donde ya el presidente del Gobierno lo dejó sentado hace algunas semanas en este Pleno y donde ninguna de las manifestaciones, ya sean legales, del propio Gobierno —decretos—leyes—, ya sean proyectos normativos, o ya sean debates como los que estamos teniendo, de ninguna manera se está cuestionando el reparto competencial y la coexistencia o, mejor dicho, la pervivencia de sistemas de administraciones públicas que tienen que coordinarse necesariamente entre sí, que tienen que mejorar la eficiencia conjunta en la prestación de servicios públicos, porque, no lo olvidemos, en el Partido Socialista esto se ignora y también en la Entesa —como después tendré ocasión de decir—. Y es que la crisis nos ha puesto delante de los ojos una realidad que algunos habían olvidado y que ahora, por desgracia, está absolutamente presente: que los recursos son escasos, que se tiene lo que se tiene; y lo que no se puede es actuar como se ha venido actuando en el pasado, es decir, contratar y comprar sin pagar, generando —como se ha generado desde las comunidades autónomas y, sobre todo, desde las corporaciones locales— una cadena de impagos que se ha llevado por delante a cientos de miles de empresas españolas y de autónomos, que son las que están ocasionando la pérdida de tejido empresarial que está en el sustento, en la base de lo que ha ocurrido en materia de empleo y lo que nos está ocurriendo en materia financiera y de credibilidad internacional.

Ese es el daño mayor que se ha hecho y, por tanto, la labor de las administraciones públicas no puede ser la que fue; tiene que acogerse a este nuevo principio de racionalización en el uso de los fondos públicos, de las aportaciones que los contribuyentes hacen a las administraciones públicas, y eso no se puede hacer más que evitando duplicidades, sin duda, coordinando actuaciones y mejorando la eficiencia general. Llamar a eso un síndrome recentralizador no deja de ser un bonito término, gracioso, que ciertamente tiene resonancia mediática y no mediática —resuena bien, se recuerda—, pero que no tiene más eficacia real que la pura imaginación —que no le presumo a usted— con que se ha venido gobernando España durante los pasados ochos años.

Al portavoz de Entesa he de decirle que a mí me ha agradado el tono de su intervención, y creo que sus argumentos no están bien fundamentados, en el sentido de que usted parte del concepto de que todo ha de seguir igual. Todo ha de seguir igual. Lo ha dicho de una forma no tan descarnada como la portavoz socialista y tan desafortunada en cuanto a que hay un derecho legítimo a que las cosas sigan como están, porque si cambian entonces las cosas ya dejan de ser lo que fueron y, por tanto, se pone en cuestión no se sabe qué cosa. Pero no, la cuestión no es esa, la cuestión es que ustedes han arruinado a las administraciones públicas, básicamente esa es la cuestión. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Y la cuestión es que para mantener el funcionamiento eficiente de los servicios públicos hay que practicar reformas. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Bien es verdad que hemos oído decir al señor Lertxundi que para él todo, todo se sustancia en aumentar impuestos (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.), o sea, que si aumentamos impuestos no hace falta hacer reformas. Claro, es verdad; y si lo llevamos al infinito, no hagamos reforma ninguna porque ya será todo absolutamente innecesario, porque no habrá nada de nada, ni habrá recursos ni habrá, por tanto, dónde emplearlos.




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En ese discurso yo echo en falta que usted, que es persona reflexiva, senador, tome en consideración estas circunstancias para que se dejen de hacer discursos ideológicos —no digo que lo haya puesto en sus labios—, algunos exacerbadamente ideológicos, incluso mitineros, pancarteros, que no parece que sea lo más adecuado aquí, en el Senado, discursos ideológicos pero que están sustentados en el aire, en la fantasía, es decir, que no tienen en consideración la circunstancia esencial y principal en la que nos encontramos, que además es directamente imputable a la acción del tripartito en Cataluña y del Partido Socialista en el Gobierno de España. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Y eso es exactamente de esa forma, entiendo yo. Si ustedes entienden otra cosa, explíquennos cómo salimos de esta situación y cómo al mismo tiempo ustedes mantienen todo tal y como está, sin cambiar nada; eso sí, subiendo mucho los impuestos —que es la oferta que se nos ha hecho hoy— podemos arreglar una situación que no solamente está siendo difícil sino que está siendo mucho más complicada de lo que pensábamos.

Por tanto, creo que tenemos que volver a reflexionar sobre lo que estamos debatiendo y, sobre todo, el fondo de lo que ha de ser el Estado de bienestar en España y la prestación de los grandes servicios públicos, con la educación y la sanidad en lugar prioritario, por supuesto. Nosotros creemos que ambos, atención sanitaria y servicios educativos, deben ser gratuitos y también que han de ser sostenibles en el tiempo, y que de ninguna forma puede introducirse en la ecuación una falsa gratuidad sobre la base de no pagar a los proveedores. Eso es lo peor de todo, incluir la falsedad inherente al hecho de que no se paga; eso sí, eso permite, como ha hecho la senadora Chivite, hacer vibrantes discursos llenos de palabras y exabruptos que, sencillamente, no tienen sustancia ninguna, porque eso dura lo que dura: hasta el momento en que los proveedores-suministradores dicen que se ha acabado.

Es decir, no se puede seguir con una sanidad como la que usted nos ha puesto con dos o tres patéticos ejemplos, y a mí me ha invitado a asistir a un caso que además me ha dolido especialmente, porque yo en mi familia tengo una persona así, como usted ha mencionado… (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Invitarme a un caso patético, ocultando al mismo tiempo que se ha generado una quiebra en el sistema, una deuda de 15 000 millones de pesetas que hay que resolver; perdón, ojalá fueran 15.000 millones de pesetas, una deuda de 15.000 millones de euros, que es muchísimo dinero, que hay que pagarlo, porque si no se paga los proveedores de tecnología sanitaria, los proveedores de medicamentos hospitalarios, los proveedores de otros servicios, como ambulancias, etcétera, van a dejar pura y simplemente de proporcionar el servicio. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Consecuentemente, no es que haya que hacer hachazos, recortes al cargo público —como ustedes practicaron, por cierto, en su momento—, pero sí hay que racionalizar, reformar y estar abierto a la idea de que es necesario introducir modificaciones que mejoren la eficiencia del sistema sin incluir —nosotros mantenemos esa posición y yo firmemente así lo creo— siquiera el concepto de copago como un principio aceptable en la prestación del servicio sanitario. No es copago. El servicio sanitario básico, digamos en la cartera básica de servicio, sería gratuito. Por tanto, las situaciones de las que usted ha hablado —que no me atrevo a decir si son anécdotas, que no lo son, ciertamente, cuando se trata de la salud de los pacientes— no forman parte de la estructura y de las obligaciones que nosotros, como representantes políticos, tenemos en la prestación de servicios sanitarios y educativos en toda España. Esto nos compete a todos, no solo a las comunidades autónomas, sino también al Estado y, por supuesto, al Parlamento, que representa la soberanía de España.

Por otro lado, son necesarias reformas para evitar precisamente los sobresaltos de esta última etapa del zapaterismo languideciente —permítanme llamarlo de esa forma—, que de una fase de entusiasmo vital, de entusiasmo gastador, de la salida social de la crisis mediante proyectos basados en una concepción fantástica de lo que desde el gasto público se puede hacer, nos ha conducido a esta situación. Y quiero recordarles los múltiples planes…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminado, señoría.

El señor UTRERA MORA: Termino, señor presidente.

Más de una docena de planes económicos que incluían medidas tan pintorescas como aquella de las bombillas de bajo coste, que no sirvieron para otra cosa más que para dar un chispazo breve, de un par de días, de titulares. Pero lo cierto es que, pasado este año y medio de zozobra del Partido Socialista, hemos llegado a una situación en la que el déficit no es lo que era; mintió el Gobierno saliente, mintió además cuando dijo que el Gobierno del Partido Popular.., el déficit del año 2011 no se había cumplido, y miente ahora…




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El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.

El señor UTRERA MORA: …cuando trata de decir que ya nos había dicho lo que no nos había dicho y lo que durante un tiempo estuvo negando.

En definitiva, esperamos que ustedes se reconduzcan hacia un debate, hacia un diálogo —no hablo ya de acuerdos; si los hay, mejor—, un debate y un diálogo racional. Llamar a la pancarta sin reconocer la responsabilidad, sin pedir perdón por las responsabilidades acumuladas en el tiempo y, al mismo tiempo, estorbar de la forma en que lo están haciendo…

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor UTRERA MORA:… es, desde luego, el papel más patético que pueden ustedes hacer para la gobernabilidad de España.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Utrera.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Socialista tal y como ha sido presentada, porque entiendo, senador Lertxundi, que la enmienda no fue aceptada. (Asentimiento.)

Por tanto, votamos la moción tal y como ha sido presentada.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 77; en contra, 154; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.

6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.

6.1.1.PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, PARA LA MORATORIA INVERNAL DE DESAHUCIOS.

(Núm. exp. 622/000001)

AUTOR: GPEPC

El señor PRESIDENTE: Señorías, en la Junta de Portavoces de ayer se aprobó una alteración del orden del día, de tal forma que veremos ahora la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario de la Entesa, y su votación, por acuerdo también de los portavoces, se realizará esta tarde después de las votaciones del proyecto de ley que debatiremos esta tarde. (Rumores.)

Señorías, silencio, por favor.

Toma en consideración de la proposición de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 enero, de Enjuiciamiento Civil, para la moratoria invernal de desahucios. (Rumores.)

Señorías, silencio, por favor. Ruego que abandonen el hemiciclo en silencio para que podamos continuar.

No se ha presentado ninguna proposición de ley alternativa, por lo que procede someter a debate y votación únicamente la presentada por el Grupo Parlamentario de la Entesa.

Para la defensa de la toma en consideración, tiene la palabra el senador Guillot por tiempo de diez minutos.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, president.

No agotaré el tiempo porque creo que esta es una proposición de ley muy sencilla en su planteamiento, una propuesta muy clara en la que las posiciones también son muy fáciles de marcar.




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Con esta proposición de ley propongo añadir una nueva disposición final, que sería la octava, que versaría sobre la moratoria invernal para los desahucios. Por ello, propongo la modificación la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. En concreto, propongo que entre el 1 de noviembre y el 15 de marzo del año subsiguiente quedara suspendida toda ejecución de los lanzamientos o desahucios por impago, previstos en la presente ley.

Esta es una propuesta que recoge la legislación francesa. En el año 1956, la Asamblea Nacional francesa aprueba esta ley, inspirada en la lucha liderada por Abbé Pierre, cuya fundación es aún hoy un referente en la lucha por una vivienda digna. Es una experiencia que en el caso francés y también en la región de Bélgica ha tenido un impacto muy positivo frente a un fenómeno social tan grave y negativo como son las pérdidas de la vivienda por desahucio.

Evidentemente, es una propuesta parcial. Es una propuesta humanitaria que no resuelve en sí misma ni por ella todo el complejo problema de los desahucios pero sí alivia uno de los principales problemas que tiene España: las expulsiones y los desahucios de los hogares por impago.

Les voy a dar dos o tres datos, para que ustedes perciban de qué situación estamos hablando y su gravedad. Entre el año 2007 y el tercer trimestre de 2011 se han producido en España 328 687 procedimientos de ejecución hipotecaria. En menos de cuatro años se han producido 151 369 procesos de desahucio como consecuencia de los procesos de ejecución hipotecaria. Las últimas cifras disponibles indican que durante los meses invernales, en el cuarto trimestre de 2010 y el primero de 2011, se habían producido en España 28 896 desahucios. Son cifras muy altas que, a mi entender, aconsejan formular esta propuesta, que insisto en que tiene como objetivo proteger en los periodos de mayores inclemencias meteorológicas a aquellos que lo están perdiendo todo.

Por ello, pido el voto favorable para esta proposición de ley. Insisto en que, reconociendo que es una medida parcial que no resuelve el fondo del problema —hay otros debates y propuestas, por ejemplo, la misma iniciativa legislativa popular para la dación en pago—, creo que alivia una situación muy dolorosa que sufre nuestra sociedad. Antes les he indicado que estamos hablando de cifras altísimas de desahucios, y cifras también muy altas de desahucios que se llevan a cabo en los periodos invernales. Y vista la experiencia concreta de Francia, sería positivo incorporar una propuesta de este tipo en nuestro marco jurídico. Por ello pido su apoyo a esta proposición de ley.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Para la utilización del turno en contra, ha solicitado la palabra el senador Ramírez, del Grupo Parlamentario Popular.

Tiene su señoría la palabra por tiempo de diez minutos.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con su venia, señor presidente.

Señorías, señor Guillot, a todos nos conmueve, sin duda, la grave situación por la que pasan muchos de nuestros conciudadanos y, desde luego, la medida que usted propone es de carácter humanitario.

No cabe duda de que, como consecuencia de la profunda crisis económica, muchas familias se encuentran total o parcialmente en situación de desempleo, y ello les ha llevado a dejar de atender sus obligaciones hipotecarias concertadas en la adquisición de su vivienda. Así que, sin duda, la intención que mueve al proponente no solamente es comprensible y solidaria sino que además compartimos profundamente su espíritu. No obstante, al elaborar una ley no solo hemos de tener en cuenta las buenas intenciones, sino también si estas pueden lograrse con este instrumento, si se trata del instrumento adecuado, y otros muchos extremos.

Hemos de señalar que con esta medida pensamos que no se logra exactamente lo pretendido porque es imprecisa, lo que se deriva básicamente de la ausencia de una referencia: de a qué tipo de vivienda o de inmueble se refiere el proponente, puesto que no todos ellos pueden contar con la misma protección. Además, la repercusión de una medida como la propuesta ha de calibrarse con cuidado. El recurso a los modelos de derecho comparado, como ha hecho hace un momento el señor Guillot, debe hacerse teniendo en cuenta la realidad de cada país. Por ejemplo, en Francia, en el año 2009 se solicitaron más de 30 000 concursos por endeudamiento de consumidores-familias, mientras que en España solo se han presentado algo más de 300, cuando los ratios de endeudamiento en Francia son la mitad que en España. Ello ha de servir para recordar que debe legislarse sobre la base de la realidad, nuestra realidad.

También debe tenerse presente que la solución planteada no solamente va en contra del artículo 1911 del Código civil, sino que sería ir en contra de otros principios jurídicos, como la fuerza de ley de los




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contratos entre las partes contratantes o la causa de extinción de las obligaciones. Asimismo, medidas de este tipo no siempre han resultado satisfactorias, como ocurrió en Estados Unidos, donde hubo que reformar el sistema en el año 2005 ante los problemas que se estaban creando.

La adopción de esta medida supone también una sanción sin duda muy seria para los acreedores. Nuestro ordenamiento ya recoge medidas diversas que pueden encontrarse tanto en la Ley Concursal como en la Ley de Enjuiciamiento Civil, las cuales además han sido modificadas recientemente, aunque es cierto que todavía tratando en peor medida a las personas naturales o las familias que a las personas jurídicas. Por ello, a instancia del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se añadió a la reforma concursal que se aprobaría en la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la propia Ley Concursal, una disposición adicional por la que se encomienda al Gobierno la elaboración de un informe que tome en consideración las posibles medidas a adoptar para mejorar la situación de las personas físicas y familias que se encuentran en dificultades para satisfacer sus obligaciones y, especialmente, para las que garantizan las hipotecas.

Hemos sabido, además, que en las próximas semanas se va a constituir un grupo de trabajo en el Ministerio de Justicia, que contará con la participación de todos los departamentos implicados, encargado de elevar al Gobierno las propuestas normativas de desarrollo de esta previsión legal.

También, señor Guillot, esta proposición de ley introduce un factor que a nuestro entender es de cierta inseguridad e incertidumbre en la ejecución de resoluciones judiciales. No se precisa en la proposición si de lo que se trata es de suspender la ejecución de los autos o resoluciones dictadas entre las fechas que se citan o bien, aun dictados con otras fechas, en ese período de tiempo no podría acordarse ninguna diligencia en ese sentido.

Además, la implantación de ese modelo de suspensión temporal de las ejecuciones daría lugar a enormes disfunciones en el funcionamiento de los juzgados y tribunales, paralizando el procedimiento durante meses, con el consiguiente retardo en su tramitación y alterando el principio procesal que ordena, con carácter general, tramitar los asuntos en función de la fecha de entrada en los registros correspondientes.

Podría dar lugar además esta propuesta a una utilización espuria de instrumentos procesales, como es natural, al servicio de las partes, con la finalidad de hacer coincidir el dictado de las resoluciones judiciales a ejecutar con los momentos en los que no estuviese permitida dicha ejecución. Eso crearía también una disfunción evidente. También nosotros, en el Grupo Popular, pensamos que la implantación de esta medida podría suponer en determinados casos una vulneración del principio de igualdad, pues otras resoluciones igualmente trascendentes en el ámbito del derecho a una vivienda digna o a la intimidad familiar no resultarían amparadas finalmente por esta medida.

Además, la citada proposición de ley no tiene en cuenta los desahucios y lanzamientos en el ámbito administrativo, me refiero a aquellos que se tramitan por los juzgados y tribunales de orden contencioso. Caso de acogerse a la proposición, se introduciría una diferencia de difícil justificación con los casos en los que el titular de la vivienda es una Administración pública.

Por último, en referencia a los calendarios propuestos, yo creo que la diversidad climática de nuestro país hace muy difícil articular soluciones comunes para todo el territorio en cuanto a la determinación de las fechas. Por otro lado, por ponerle un ejemplo que sería de aplicación, en algunas regiones las condiciones atmosféricas pueden ser insoportables no solamente en las fechas propuestas. Por ejemplo, en verano en determinadas zonas de España, ya sea en Extremadura, en el interior de Andalucía o en Castilla-La Mancha, el calor haría aconsejable que no se lanzara a nadie a la calle de su propia vivienda.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular no va a respaldar con el voto favorable esta proposición de ley.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ramírez.

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegación.) No hace uso de la palabra.

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegación.) Tampoco hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, president.

Yo hubiera entendido que usted me dijera: en esta situación esta propuesta preferimos legislarla nosotros o: sobre estas cuestiones no queremos legislar, las vamos a incorporar al código de buenas




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prácticas que el Gobierno ha establecido respecto de los desahucios de cara a la banca y las entidades financieras. Es decir, si usted me plantea dudas, yo le diría: presente enmiendas. Pero la pregunta es saber si el objetivo de esta proposición de ley —que es conseguir una tregua invernal, que en otros países, como el más próximo: Francia, ha tenido y tiene un éxito considerable, ya que disminuye el sufrimiento social— España piensa o no incorporarla o si la mayoría parlamentaria que hoy en día existe en las Cortes piensa o no incorporarla. El cómo, dónde, si es mediante esta proposición de ley, vía enmienda, si es mediante un instrumento legislativo del Gobierno u otro tipo de propuestas, ya se verá. Pero la pregunta sigue siendo esta. ¿Por qué en invierno? Porque es cuando la climatología es más dura y porque es cuando el sentido común aconseja que se den ese tipo de soluciones.

Creo que aquellos partidos de Gobierno que han sido responsables de nuestra burbuja inmobiliaria y en parte de la situación que hoy estamos viviendo y que está llevando a todos estos impagos, ejecuciones de hipotecas, desahucios, etcétera, tendrían que tener una actitud más proactiva a la hora de establecer mecanismos que permitan suavizar esta situación.

Por ello, le invito a que vote a favor de esta proposición de ley o a que se comprometan a hacer algo parecido mediante los instrumentos que ustedes consideren oportunos. Pero, sobre todo, yo no creo que toda esta gente, casi este millón de personas que han sufrido desahucios durante estos años, se merezca un no burocrático o un no administrativo.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maldonado.

El señor MALDONADO I GILI: Muchas gracias, señor presidente.

Nos encontramos ante una proposición de ley que pide básicamente la modificación de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil para la moratoria invernal de desahucios.

Quiero empezar dejando bien claro que valoro la bondad y la iniciativa; la bondad de lo que se pide y el deseo de llevarla a cabo en este foro, sobre todo, desde el punto de vista humano, porque va dirigido a personas que sufren y más viniendo de la mano de un senador, el senador Guillot, que aprecio, admiro y valoro, sobre todo su vertiente humana y solidaria. Por tanto, no quisiera que mis palabras pudieran dar a entender al Grupo de Entesa, que presenta la iniciativa, que infravaloramos la voluntad y la bondad de esta.

Dicho esto, he de añadir que para Convergència i Unió esta propuesta es de mínimos y que no es lo que necesitan los miles de españoles que están en proceso o amenazados por un desahucio.

En el buen sentido de la palabra es un cierto brindis al sol, es como tapar un agujero de un barco que tiene cien agujeros; el barco se hundirá. Por tanto, por respeto a tantas y tantas familias afectadas por un desahucio, algunas de las cuales hoy pueden seguir este debate, CiU se abstendrá: Porque este no es el debate, no es el debate que toca hoy aquí. Porque debatir esto es solo un remiendo. En catalán decimos un pedaç, pues puede parecer que pasamos de puntillas, que no es cierto, sobre el problema en general.

Si yo estuviera pendiente de un desahucio no me interesaría que me alargaran el sufrimiento de noviembre a marzo. Yo demandaría soluciones para los casos de desahucio a la clase política. Hoy y aquí hace falta otro tipo de debate. Por eso, nos abstendremos. No votaremos en contra por la bondad y por la voluntad de quien lo presenta. No votaremos a favor porque es una moción light. Con este debate perdemos la gran oportunidad de aprobar una proposición de ley que pide una solución amplia a los desahucios en la línea siguiente: habría que pedir que se reformara la Ley Concursal para los propietarios de vivienda habitual que queden exonerados de la obligación de satisfacer las deudas una vez el concurso haya finalizado por la inexistencia de bienes y derechos del deudor si concurren determinadas condiciones. Habría que pedir que se reformara precisamente la Ley de Enjuiciamiento Civil, que permite la regulación de ingresos inembargables para que cuando la persona ejecutada conviva con otras del mismo núcleo familiar o unión estable no sea embargable el importe que excediendo el salario mínimo interprofesional no supere la mitad de este para cada miembro que no disponga de ingresos propios regulares. Habría que pedir que se presentara una nueva ley de endeudamiento responsable a los efectos de evitar el sobreendeudamiento personal y familiar, mejorando la información que se ofrece a los consumidores y estableciendo que en ningún caso el crédito hipotecario supere el 80 % del valor de la vivienda hipotecada. Habría que pedir que se impulsaran medidas fiscales y legales pertinentes para que se facilitara el uso de la vivienda habitual en los casos en que las partes llegaran a un acuerdo de dación en pago.




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Esto es lo que reiteradamente ha pedido Convergència i Unió en sede parlamentaria. Por ello, entendemos que esta batería de iniciativas son las que deben ir dirigidas a los deudores hipotecarios sin recursos para que puedan quedar protegidos.

Por tanto, llevamos a cabo un debate puntual para un asunto que, en honor a la verdad, esta fuera de contexto, porque hablar de invierno en España, como mínimo, tiene sus dudas. En Bélgica sí que hace frío, en Francia sí que hace frío, pero claro, no sé si a las familias a las que se les diga que se va a demorar el desahucio de noviembre a marzo esto les preocupará mucho. Lo que les preocupa es que les quiten el piso, que les desahucien y que queden embargados durante muchos años de su vida.

Por tanto, como he dicho anteriormente, nos abstendremos porque no estamos en absoluto en contra de la iniciativa ni de su voluntad, pero nos parece una iniciativa suave, light, floja, de mínimos con lo que esta cayendo, y sobre todo, porque tanta y tanta gente afectada, tantas y tantas familias que hoy, mañana y pasado pueden recibir una notificación de desahucio, creo que recaban y esperan más de este Senado.

Convergència i Unió lo ha pedido, lo seguirá pidiendo. Creemos que este es un tema que hay que afrontar con valentía. El que sufre tiene que estar protegido y ayudado, también por la clase política.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maldonado.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Becana.

El señor BECANA SANAHUJA: Gracias, señor presidente.

Señorías, lo que nos propone el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya es una frase a añadir a la disposición final, y es la siguiente: Entre el primero de noviembre y el 15 de marzo del año subsiguiente quedará suspendida toda ejecución de los lanzamientos o desahucios por impago previstos en la presente ley. Como se ha dicho, hace referencia a la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El Grupo Parlamentario Socialista considera que aborda el problema desde un aspecto parcial, pero pensamos que es bueno; y como consideramos que es bueno, que es una buena iniciativa, actuamos en consecuencia y la apoyamos. Lo que apoyamos no es la literalidad de la propuesta que estamos conociendo hoy, sino la tramitación de una proposición de ley a la que luego se pueden presentar enmiendas. ¿Y por qué la apoyamos? Porque la consideramos necesaria para minorar los efectos de la situación social derivada de los más de 350 000 desahucios producidos, hasta la fecha, desde el inicio de la crisis.

Señorías, a pesar de que los problemas derivados del desahucio de la vivienda habitual por el impago de la hipoteca han afectado a más de 350 000 personas, hasta ahora, el Gobierno solo ha tomado una iniciativa tímida y voluntarista, los mismos calificativos que le dan a esta iniciativa que debatimos hoy, una iniciativa sobre la dación en pago; un real decreto que se aprobó en el Congreso de los Diputados, que apenas ha tenido acogida entre los acreedores, porque es una iniciativa que establece el carácter voluntario, y que tampoco abre muchas posibilidades a los deudores por la imposibilidad de cumplir las condiciones que establece. En estas circunstancias, agravadas por una reforma laboral que prevé destruir 600 000 empleos en lo que queda de año, las previsiones indican que la cifra de ejecuciones hipotecarias, en el año 2013, podría estar perfectamente duplicada.

A partir de aquí, con esta realidad, el PP ya se ha opuesto a todas las iniciativas que han presentado los grupos parlamentarios para dar respuesta a este grave problema social. Hoy, que dice que coincide y que entiende la iniciativa, tiene la oportunidad de dar alguna muestra de sensibilidad social ante uno de los problemas más acuciantes por los que atraviesa la sociedad española, porque la iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya tiene aplicación ya en otros países, y es de fácil desarrollo en España. Es verdad que es una iniciativa parcial y, aunque la consideramos necesaria, no es a nuestro juicio suficiente para abordar en toda su dimensión el problema de los desahucios por impago de hipotecas; pero tan verdad como esto es que este debate no agota los que se puedan producir en el futuro ni futuras iniciativas.

Tal como hicimos en el Congreso de los Diputados, los senadores socialistas apoyaremos —cuando se presente— una ley integral de insolvencia personal que aborde las situaciones de sobreendeudamiento, que las evite en el futuro y que garantice unos verdaderos procedimientos concursales y de mediación para permitir, por un lado, un reparto equilibrado de riesgos entre deudor y acreedor, y por otro, que la pérdida de la vivienda habitual sea la consecuencia de una situación de insolvencia por causas sobrevenidas.




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Quisiera también aprovechar esta intervención, señorías, para aportar una reflexión final. Llevamos una temporada excesivamente larga escuchando las lamentaciones del Gobierno por la herencia recibida. En mi grupo parlamentario pensamos que ver desfilar por esta tribuna, uno tras otro, a cada uno de los ministros, convirtiéndola en un muro de lamentaciones no genera ninguna confianza dentro ni fuera de España. Además, lo realmente grave, lo realmente preocupante no es la herencia recibida, sino la frustración generada por el nuevo Gobierno al caudal de confianza absoluta que recibió el pasado 20 de noviembre.

Los ciudadanos afectados por los desahucios, los que pierden el empleo, los que tienen muchos problemas para llegar a final de mes, los que luchan en condiciones heroicas para mantener abiertas sus pequeñas y medianas empresas en el día a día, muchos de los cuales creyeron a aquel Rajoy exultante que prometía felicidad a todas las familias a cambio de la Presidencia del Gobierno, todos ellos se angustian hoy ante un Gobierno bloqueado, incapaz de liderar la salida de la crisis y resignado a que el paro aumente este año con su reforma laboral en más de 600 000 personas; resignado a que en 2012 se produzcan más de 100 000 nuevos desahucios por impago de hipotecas; resignado a que nuestro país, que en 2011 creció un 0,7 %, caiga en su primer año de Gobierno hasta el 1,7 %; y resignado a que el consumo de las familias sea cada vez menor.

Este Gobierno se ha cargado en cuatro meses la esperanza de mucha gente, de mucha gente de bien que llegó a creer que con un cambio de Gobierno podían solucionarse todos los problemas; gente de bien y ciudadanos que cuando ven cómo se agravan sus problemas, a nosotros, a los que estamos aquí, nos piden unidad y que trabajemos juntos para salir de esta.

Quizá debería ser este el objetivo principal del Gobierno en este momento, pero el Gobierno camina en la dirección justamente contraria: rompiendo puentes con la negociación colectiva; rompiendo puentes con los grupos parlamentarios; y rompiendo puentes con acuerdos institucionales que habían sido siempre temas de Estado. Pone en marcha políticas tan extremas como inoportunas en materia judicial, educativa, sanitaria y contra la igualdad de género; políticas que le alejan de la centralidad necesaria para recabar el apoyo social y político que el país necesita hoy más que nunca.

La toma en consideración de la modificación que debatimos hoy a propuesta de Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y la toma en consideración de la proposición de ley que el Grupo Parlamentario Socialista llevará al Congreso de los Diputados sobre insolvencia personal, suponen una oportunidad de oro para el Gobierno porque puede iniciar, con pequeños gestos, un cambio de rumbo en su política extrema y aproximarse a los problemas cotidianos desde una actitud dialogante y una posición centrada, que le facilitarán recabar el acuerdo social y político que nuestro país necesita no solo para atender las situaciones de desahucio, que centran el debate de hoy, sino para salir de la difícil situación en la que nuestro país se encuentra por la crisis económica internacional en la que estamos inmersos.

Aprovechen esta oportunidad.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Becana.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Ramírez.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venia, señor presidente.

Señor Maldonado, coincido con usted en el respeto y el aprecio por el compromiso ético del senador Guillot. Le decía, además, al principio, que coincidía con el espíritu que animaba la toma en consideración de esta proposición de ley.

Decía el portavoz socialista que es una gran oportunidad. Lástima que esa oportunidad no la hayan aprovechado ustedes, porque a 20 de noviembre de 2011 —hace muy poquito— ustedes no habían tomado ni una sola medida. Les ha entrado un ataque de sensibilidad de pronto. Qué casualidad que les entra en la oposición. Porque es lo que ustedes saben hacer mejor: oposición; lo hacen divinamente, pero lo que es gobernar…, como dicen los twits no han dejado nada. No han dejado nada, y aquí estamos: administrando el desastre que ustedes han montado.

Señor Guillot, el Gobierno ha decidido abordar esta cuestión mediante el Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de Medidas Urgentes de Protección de Deudores Hipotecarios sin Recursos. Este real decreto ley ha establecido diversos mecanismos conducentes a permitir la reestructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago, así como la flexibilización de la ejecución de la garantía real. Este umbral se diseña en torno a un conjunto de circunstancias que hacen imprescindible la actuación de los poderes públicos. En este sentido, se ha




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determinado que los beneficiarios sean las personas que se encuentren en situación profesional y patrimonial que les impida hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones hipotecarias.

Este umbral igualmente es sensible a la situación económica de los demás miembros de la unidad familiar, así como de los titulares, de las garantías personales o reales que en su caso existiesen. El modelo de protección diseñado, atendiendo a esta sensibilidad, que sí tiene el Gobierno de Partido Popular, gira en torno a la elaboración de un código de buenas prácticas al que voluntariamente pueden adherirse las entidades de crédito y demás entidades que, de manera profesional, realizan la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios, y cuyo seguimiento será supervisado por una comisión de control integrada por representantes del Ministerio de Economía y Competitividad, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Asociación Hipotecaria Española.

Hasta el momento, según puede deducirse de la Resolución de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, de 10 de abril de 2012, la práctica totalidad del sector bancario se ha adherido a dicho código; es decir, no como usted decía, señor senador portavoz del Grupo Socialista, que no se había adherido casi nadie. Entre otras cosas también aquí, en esta tribuna, podemos decir la verdad, y sería lo más aconsejable; no como ustedes, que ya sabemos que mienten, y si no, pregunte usted a la vicepresidenta Salgado y al señor Zapatero por qué mintieron (Una señora senadora del Grupo Parlamentario Socialista: Y a Rajoy.) y por qué no han venido a pedir perdón. Porque yo he escuchado al señor Lertxundi pedir a un senador del Grupo Popular que viniera a esta tribuna a desdecirse de algo que se ha publicado en los periódicos. ¿Por qué no viene el señor Zapatero —ahí fuera, porque aquí no tiene que venir— y nos dice por qué mintió y pide perdón? O la señora Salgado, o usted en nombre del Grupo Parlamentario Socialista y del antiguo Gobierno socialista, porque otros lo han hecho. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

En fin, señorías, creo que esa adhesión a este código de la práctica totalidad del sector bancario significa la aceptación del camino emprendido.

Con la aplicación de las medidas incluidas en el mismo se facilita y promueve la implicación del sector financiero español en el esfuerzo requerido para aliviar la difícil situación económica y social de muchas familias.

La primera, dirigida a procurar la reestructuración viable de la deuda hipotecaria a través de la aplicación a los préstamos o créditos de una carencia en la amortización de capital, una reducción del tipo de interés durante cuatro años y la ampliación del plazo total de amortización.

La segunda, de no resultar suficiente la reestructuración anterior, las entidades podrán ofrecer a los deudores una quita sobre el conjunto de la deuda.

Y, finalmente, si ninguna de las dos medidas anteriores lograr reducir el esfuerzo hipotecario de los deudores a los límites asumibles para su viabilidad financiera, estos podrán solicitar, y las entidades deberán aceptar, la dación en pago como medio liberatorio definitivo de la deuda; en este último supuesto, las familias podrán permanecer en su vivienda durante un plazo de dos años, satisfaciendo una renta asumible.

Igualmente, se moderan los tipos de interés moratorios aplicables a los contratos de crédito o préstamo hipotecario. Esta reducción pretende disminuir la carga financiera generada en caso de incumplimiento por impago de los deudores protegidos.

Por otra parte, se incorporan al colectivo de beneficiarios de las ayudas a inquilinos previstas en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2011, las personas que hubieran sido objeto de una resolución judicial de lanzamiento como consecuencia de procesos de ejecución hipotecaria, así como las que suscriban contratos de arrendamiento resultado de la aplicación de las medidas contenidas en el código de buenas prácticas; con ello se facilita la posibilidad de que las familias afectadas por ese tipo de procesos dispongan de una vivienda.

Las medidas anteriores se complementan con otras modificaciones legales de índole procesal y fiscal. En materia procesal, se procede a simplificar y declarar la ejecución extrajudicial, previendo una subasta única y un importe mínimo de adjudicación, remitiendo a un posterior desarrollo reglamentario la regulación del procedimiento de ejecución extrajudicial, posibilitando, entre otras medidas, la subasta on line.

En materia fiscal, las estructuras públicas de formalización de las novaciones contractuales que se produzcan al amparo del código de buenas prácticas quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados.

Todas estas medidas, en definitiva, suponen un enfoque más general. Tratan de evitar la ejecución, facilitando la negociación, y, en caso de que se produzca, se introducen medidas para reducir sus efectos.




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Todo ello, señorías, nos mueve a resaltar la oportunidad y acierto del camino emprendido, en este caso por el Gobierno de España, así como nuestra decisión ya anunciada de no apoyar esta toma en consideración de proposición de ley por los motivos expuestos.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ramírez.

Señorías, se suspende la sesión hasta las dieciséis horas.

Eran las catorce horas y veinticinco minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, tomen asiento, por favor.

Se reanuda la sesión.

6.2. DICTÁMENES DE COMISIONES.

6.2.1.PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 621/000002)

El señor PRESIDENTE: Seguimos con el punto 6 del orden del día. Proyectos y Proposiciones de Ley. Dictámenes de Comisiones. Proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Se tramita por el procedimiento de urgencia. Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, senador Sanz Ruiz, por tiempo de cinco minutos.

El señor SANZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, como presidente de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, les presento el dictamen del Proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, un proyecto de ley que se somete a la consideración del Pleno del Senado, que se tramita por el procedimiento de urgencia y que tuvo su entrada en esta Cámara el día 14 de abril, fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de las enmiendas finalizó el día 18 de abril de este año y se han presentado un veto, por los señores Guillot Miravet y Saura Laporta del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y 99 enmiendas así distribuidas: 11 de los señores Zerolo Aguilar y Quintero Castañeda del Grupo Mixto, 31 de los señores Saura Laporta y Guillot Miravet del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, 4 del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, 38 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, dos de las cuales fueron posteriormente retiradas, y 15 del Grupo Parlamentario Socialista.

Por decisión de la Presidencia del Senado, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa de la Cámara, no fue admitida a trámite la enmienda número 74 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió por considerarse, de conformidad con la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que se refiere a una materia que de manera evidente y manifiesta carece de conexión con el proyecto de ley.

El pasado día 23 de abril la comisión designó la ponencia que quedó integrada de la siguiente manera: doña María del Mar Angulo Martínez, del Grupo Parlamentario Popular; don Ferran Salvado Bel Accensi; del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; don Rafael Bruguera Batalla, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; don Juan Antonio de las Heras Muela, del Grupo Parlamentario Popular; doña María Ángeles Marra Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista; doña Rut Martínez Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; don Narvay Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto, y don Juan María Vázquez García, del Grupo Parlamentario Socialista.

La comisión se reunió ese mismo día, 23 de abril, para dictaminar y acordó, tras el debate y votación del veto y de las enmiendas, aceptar como dictamen el texto remitido por el Congreso de los Diputados por 16 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones. Los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, han presentado un voto particular por el que mantienen




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la propuesta de veto número 1. Y también han presentado votos particulares a este dictamen manteniendo las enmiendas los señores Zerolo Aguilar y Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto, el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, además del Grupo Parlamentario Socialista.

Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor presidente.(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Señor ministro, ¿quiere intervenir? (Asentimiento.)

Tiene la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Para mí es un honor ocupar esta tribuna del Senado de España al comienzo de la tarde para, en nombre del Gobierno, presentar al Senado, a sus señorías, el Proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que ya ha sido objeto de tratamiento en la Cámara para, en definitiva, explicar las justificaciones, las razones por las que el Gobierno ha solicitado también el trámite de urgencia de esta ley, puesto que como todas sus señorías saben, estamos atravesando momentos difíciles, muy problemáticos de nuestro país, momentos en los que realmente la recesión económica está siendo muy fuerte, muy intensa. Recesión económica que tiene mucho que ver con la restricción crediticia que seguimos soportando en España después de cuatro años de crisis. Y sobre nuestras cabezas tenemos la insuficiencia de recursos financieros para superar una situación tan problemática, preocupante y destructora de empleo como la que seguimos atravesando.

Restaurar la confianza, la imagen de España, es la tarea fundamental, nada fácil por lo que estamos viendo, estamos conociendo y estamos sintiendo durante estas semanas y estos meses. Pero también quiero insistir esta tarde en el Senado que es un objetivo posible. Es un objetivo posible si actuamos con la decisión, con la firmeza, si hacemos de las finanzas públicas una gestión transparente, y si conseguimos que esas finanzas públicas estén marcadas por el signo de la austeridad.

Quiero también referirme a lo que fue la propia experiencia de España a la hora de fundar el euro, cuando parecía que España estaba desmarcada de ese gran proyecto de integración política de Europa, y no sólo de consecución económica como fue la fundación del euro. Entonces, en aquel momento, la España descartada de la carrera del euro era la España que no generaba confianza, que arrastraba unas tasas de paro superiores al 20 %, del 21 % o 22 %; la España de los déficit públicos elevados y constantes acumulados durante el período de nuestra democracia, 20 años largos ya. En definitiva, la España maltratada por los mercados financieros que habían generado tres devaluaciones continuas de la peseta y la prima de riesgo país se situaba a comienzos de 1996 en 500 puntos básicos después de esas tres devaluaciones. Por tanto, ese recorrido que hicimos para fundar el euro fue un recorrido de todos los españoles, y de todos los políticos españoles, para lograr que estuviéramos en el gran tren europeo. Aquella cita a la que no faltamos se asentó sobre la estabilidad presupuestaria, sobre la firmeza y la convicción de un Gobierno comprometido con el equilibrio presupuestario y, en definitiva, como decía, cumpliendo los objetivos de Maastricht y los criterios del euro, que están basados en el equilibrio presupuestario, en el equilibro de las finanzas públicas, puesto que no podemos construir una integración europea sobre desestabilidad económica, sobre comportamientos dispares de nuestras finanzas públicas, sobre diferencias de precios que hagan inaccesible contar con un gran mercado europeo, un mercado interior, y abrir la posibilidad de que, a través de esa integración política, como decía, Europa sea cada vez más importante, más respetada y refuerce su papel en el mundo y en la globalización económica que estamos viviendo. A este respecto quiero manifestarles que nuestra apuesta, nuestro presente y nuestro futuro, está en esa globalización y en la europeización completa del proyecto español.

Tratamos de generar confianza a través de reformas estructurales, y la ley que están tratando aquí en el Senado esta tarde es una reforma estructural de nuestras administraciones públicas y del Estado de las Autonomías. Se trata de una garantía, una especie de llave de acceso a los mercados financieros porque de ellos depende la financiación de la economía de nuestro país, un país fuertemente endeudado frente al resto del mundo y, por tanto, tenemos que abrir esa puerta, la puerta de la confianza y la fiabilidad con reformas estructurales, con leyes comprometidas como la que estamos examinando esta tarde en el Senado, la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En el año 2002 ya fuimos pioneros en España a la hora de implantar una ley de estas características. Quiero recordar ante todos que lo hicimos en el año 2002




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cuando nadie en Europa nos pedía que lo hiciéramos, cuando no había esa moda —por llamarlo de esta forma— por el equilibrio presupuestario, pero sí había convicción en España de que por ahí estaba el camino de la prosperidad, del crecimiento económico, del desarrollo y, sobre todo, de la creación de empleo. Como digo, esa ley se presentó en el año 2002 y, lo que es la vida —si me permiten la expresión más franca y más llana—, hoy ocupo esta tribuna en el Senado —un poquito mayor que entonces, ya que ha pasado el tiempo, pero así es la vida en política, circular— y, en mi condición de ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, tengo el honor de volver a presentar al Senado de España una ley que enlaza con aquel espíritu, una ley que está ya mucho más fundamentada en los preceptos europeos, ley que ya se deriva de los tratados europeos y de sus exigencias, del pacto fiscal que aprobamos en el Consejo Europeo celebrado en el pasado mes de enero, pero una ley, como decía, pionera porque no hay país de Europa que la tenga. Una cosa es tener su contenido en los tratados europeos y otra es tenerlo en nuestro entramado institucional, de manera que España será el primer país de Europa que tenga una ley como esta Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria que, a su vez, es desarrollo de la reforma de la Constitución que ya hicimos el verano pasado, en la legislatura anterior, en la que yo también tuve el honor de participar entonces como diputado de la oposición. Esa reforma fue impulsada por el anterior Gobierno, el del presidente Zapatero, en un tiempo, el mes de agosto del año pasado, enormemente difícil, en el que el Banco Central Europeo tuvo que intervenir en los mercados secundarios de deuda ante el acoso de los mercados a la emisión de títulos de deuda que estábamos haciendo los países miembros del euro.

Una reforma de la Constitución que instalaba en su artículo 135 el equilibrio presupuestario; una reforma de la Constitución fundamental, que también nos convirtió en pioneros de Europa. Esa reforma de la Constitución es diferente en términos de contenidos exactos a la reforma muy comprometida de la Constitución que hizo la República Federal de Alemania respecto de la reducción de los niveles de deuda pública en un Estado federal como es Alemania. La nuestra es diferente, pero el espíritu es el mismo, es el de volver al equilibrio presupuestario, instalando en la Constitución en nuestro caso el principio de funcionamiento que se deriva de los tratados de la Unión Europea. De manera que nuestra Constitución se actualiza a medida que lo va haciendo el Tratado de la Unión Europea. Ese es el desarrollo de esa reforma del artículo 135 de nuestra Constitución, ley que también fue fruto entonces de un gran acuerdo político. El Gobierno quiere renovar lo que fue el contenido concreto de ese ánimo de encuentro de las formaciones políticas que dieron origen a la reforma de la Constitución, y quiere sumar en ese trámite de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria a otras formaciones políticas que no estuvieron en aquel momento en la reforma de la Constitución y que sí tienen hoy la oportunidad de sumarse a este proyecto de ley con sus sugerencias y aportaciones, sumando, en definitiva, voluntades políticas que tienen sensibilidades e ideologías diferentes, pero no a la hora de encontrar y asentar ese precepto de la gestión de las finanzas públicas. Se tiene que hacer desde los principios del equilibrio presupuestario, desde la transparencia máxima de las cuentas públicas. No cabe el desorden en ellas, no cabe el desequilibrio financiero que provoca en esas cuentas públicas que el déficit y la deuda pública compitan con el crédito que debe ir a los emprendedores, a quienes nos tienen que sacar de una crisis como esta. Que no se entienda que el proyecto europeo embarranca en forma de desorden de las finanzas públicas, menos aún en la España de las autonomías, donde tenemos la voluntad y la firmeza de prolongar y proyectar una España de las autonomías desde los compromisos europeos de equilibrio presupuestario que no tiene nada que ver con la acción de las competencias propias del marco de la Constitución española que, antes al contrario, se incorporan con naturalidad, con decisión y con vocación europea a través de una ley de estas características. Es una ley que va incorporando las exigencias de ese Tratado de la Unión Europea, llamado ahora tratado fiscal de la Unión Europea, también conocido más llanamente como pacto fiscal de la Unión Europea. Ese pacto fiscal es un pacto de compromiso en el equilibrio presupuestario, es un pacto que traza compromisos y exigencias para los países miembros de la Unión Europea; es un pacto que traza exigencias mayores para los países que, como España, estamos desviados de la senda del equilibrio presupuestario, y a partir de ahí, a partir de las exigencias de ese tratado es por lo que la ley está proponiendo una senda más exigente que el propio tratado, pero porque es derivada del contenido del tratado y de su aplicación a los países que tenemos la exigencia de volver a la senda del equilibrio presupuestario. Esa es la razón por la que se propone la senda del cero por ciento, compatible perfectamente con los acuerdos políticos que dieron lugar a la reforma de la Constitución en su artículo 135 actualizando esos acuerdos políticos al contenido del tratado fiscal de la Unión Europea, al pacto fiscal de la Unión Europea.




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Por tanto, esta tarde, desde el Gobierno, insistimos en la importancia de dejar atrás otro tipo de planteamientos, de recuperar lo que fueron los espíritus de colaboración que permitieron la reforma de la Constitución y de volver a trazar un lugar de encuentro en esta Ley de Estabilidad Presupuestaria, mandando un mensaje al resto de socios europeos, mandando un mensaje al resto del mundo, mandando un mensaje a los mercados financieros, a nuestros acreedores, de que en España hay voluntad política más que suficiente para aprobar leyes estrictas, que realmente incorporan los principios del pacto fiscal de la Unión Europea, entendiendo que ahí está el camino de la recuperación económica, que por ahí se sale de una crisis como la que estamos viviendo y que por ahí se crea empleo. Estamos ante el desafío de colaborar positivamente a la construcción europea.

Esas son las razones políticas que yo quería expresarles, explicando, también, que el proyecto de ley, la ley en sí, enriquecida por las aportaciones del Congreso de los Diputados, traslada los mecanismos de los reglamentos de la Unión Europea a nuestro entramado institucional. Esto es muy importante a efectos de la credibilidad del Estado de las Autonomías. Que nadie lo vea como un riesgo para el Estado de las Autonomías. Al contrario. Se trata de incorporar el mismo procedimiento que estamos estableciendo en Europa al Estado de las Autonomías en España. No conculca ninguna competencia. No va contra nadie. Es trasladar lo que estamos haciendo en Europa a nuestro ordenamiento institucional, un ordenamiento que hoy vemos criticado o, cuando menos, malentendido, desde fuera de nuestras fronteras, y que el Gobierno explica y defiende —no hace falta que les hable de algún titular de prensa de hoy, con motivo del debate de los Presupuestos Generales del Estado, pues esto es lo que pasa con los medios de comunicación, y hay que respetarlo—. Para nada el Gobierno está entendiendo ni que la responsabilidad del déficit público en España sea únicamente de las comunidades autónomas, ni que ahí radique la culpabilidad. Ni mucho menos. Como hemos dicho desde el primer minuto de la legislatura, estamos todos en lo mismo. Es nuestra forma de entender el Estado de las Autonomías. Todas las administraciones públicas somos el Estado de España, con su variedad, con el régimen de comunidades autónomas, con los regímenes de las haciendas forales, con los regímenes económico-fiscales de Ceuta, Melilla y Canarias. Esto es España. Un país que no hemos inventado en la Constitución del 78. Los españoles llevamos siglos conviviendo de esta manera, por tanto, no tenemos nada que cambiar, sino que mejorar en términos de desarrollar ese Estado de las Autonomías, compartir un destino común en él e incorporar, obviamente, los procedimientos que nos estamos aplicando los europeos para alcanzar los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Esa es la razón por la que la ley es novedosa a la hora de introducir esos reglamentos europeos. Introducir los mismos reglamentos que nos están haciendo funcionar como euro. Los reglamentos de supervisión, de prevención, de sanción, e incluso, de intervención en los casos en que haga falta cuando una Administración, cualquiera que fuere, en primer lugar la Administración General del Estado, no esté comprometida en el desarrollo de sus presupuestos con la consecución del déficit público.

Por tanto, todos tenemos que administrarnos esa medicina. El Gobierno de España el primero, pero, al mismo tiempo, también afirmo en el Senado que el Gobierno de España no dudará en aplicar esta ley a aquella Administración pública de España que no esté encarrilada hacia la consecución de su objetivo de déficit público. Porque nos estamos jugando el país, nos estamos jugando el proyecto de España en Europa, nos estamos jugando el euro, señorías, el triunfo del euro pasa por España.

Por tanto, esta es una ley fundamental, importantísima para nuestra arquitectura institucional, y es una ley que hay que aplicar ya, una ley que debe estar en vigor el 1 de mayo para que realmente esté vigente en los compromisos de todas las administraciones públicas para que sea garantía de que España va a cumplir con su objetivo de déficit público, que es el que compartimos con nuestros socios y con las instituciones europeas y el que da sentido a nuestra presencia en el euro.

Como digo, estamos, pues, ante una ley muy importante, una ley cuyo trámite parlamentario se está siguiendo muy de cerca por todos nuestros socios, e incluso me atrevería a decir que por todo el mundo, que mira a un país que está haciendo estas reformas estructurales. Por eso invito a todos los grupos parlamentarios a que levanten la vista y miren hacia arriba, y a que dejen atrás otro tipo de interpretaciones mucho más miopes. Es el momento de hacer política de verdad, política con luces largas, política de construir en la arquitectura institucional española los elementos de seguridad y de fiabilidad, los compromisos que nos hacen europeos, los compromisos que nos tienen, en definitiva, que abrir la puerta del crecimiento económico y de la creación de empleo.

Por ello, señorías, quiero agradecer el trabajo que ya están haciendo, el trabajo previo que presentaba don José Luis Sanz en su condición de presidente, el trabajo que está desarrollando esta Cámara. Tras




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esta presentación escucharé a todos los grupos parlamentarios y espero que en la votación todos estemos a la altura de una circunstancia como la que estamos atravesando. En pocas ocasiones se hace de la necesidad virtud como podemos hacer con este proyecto de ley, que supone una reforma estructural de nuestras administraciones públicas no solo exigida por las circunstancias, sino querida por una sociedad comprometida con el equilibrio presupuestario y con la transparencia de sus finanzas públicas, una reforma deseada por una sociedad que entiende y valora que su salida de la crisis está en el cumplimiento de ese equilibrio presupuestario y de esa transparencia de las cuentas públicas.

Insisto, pues, señorías, en darles las gracias por su trabajo y por su diligencia, por la utilidad que están demostrando como Cámara territorial de España. El Gobierno les invita a todos ustedes a que se sumen a un gran acuerdo que sería muy positivo para reforzar la imagen de España.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señorías, entramos en el debate de la propuesta de veto presentada por los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Para su defensa tiene la palabra el senador Guillot por tiempo de quince minutos.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, no creo que agradezca usted este veto, pero debo decir que lo presentamos con el convencimiento de que es lo adecuado, pues en las encrucijadas nosotros preferimos las luces cortas mejor que las largas, que es, además, lo que manda el código de circulación.

Este proyecto de ley es la continuidad a la reforma de la Constitución española que en septiembre de 2011, de forma sorpresiva, precipitada y rompiendo el pacto constitucional, acordaron el PSOE y el PP. Entonces se reformó la hasta el momento intocable Constitución para afirmar que el deber de pagar la deuda prevalecía como valor superior a los de la justicia e igualdad en la definición de nuestro Estado de derecho, un Estado social y democrático. Una reforma que también invadía, como este proyecto de ley, la autonomía financiera y la responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas.

Los objetivos de aquella reforma, como los de este proyecto de ley, eran, y así lo ha dicho el señor ministro, la recuperación de la confianza de los socios europeos y de los mercados, y se inscriben en una política de gestos que hoy por hoy tienen un escasísimo efecto, solo hay que ver los intereses que pagamos, la prima de riesgo o el estado de la bolsa. Vista la experiencia se puede afirmar, pues, que los mercados, a los que a partir de ahora llamaré prestamistas, son insensibles a estos gestos. El tipo de interés está por encima del 6 %, la prima de riesgo por encima de los 400 puntos y el desplome de la bolsa es muy importante. Dicho de otra manera, ustedes rompen el pacto constitucional, invaden competencias autonómicas y, lo que es peor, mandan un mensaje a la ciudadanía de que han decidido anteponer el pago de la deuda a sus derechos, y todo para nada; porque estamos donde estábamos: en declive económico, con una prima de riesgo por encima de 400, con unos tipos de interés por encima del 6 % y con la bolsa en plena caída. Y esto lo consideramos grave e irresponsable.

Miren, señorías, hoy en España, en los círculos de política responsable, nadie discute que hay que reducir el déficit, que hay que devolver lo adeudado, que no podemos vivir por encima de nuestras posibilidades, ya sea en los gastos o en las deudas que se soportan, nadie. Podemos discutir sobre cómo se estima el déficit estructural; podemos discutir sobre los criterios para definir los umbrales de la sostenibilidad del nivel de endeudamiento, y sobre otras cuestiones; pero repito: nadie pone en duda la necesidad de atajar el déficit y de afrontar la disminución de la deuda pública y privada. En cambio, señorías del PP, señor ministro, no todos compartimos que es necesario disponer de estímulos económicos que nos permitan relanzar la economía y crear empleo. Soy de los que creen que la mejor fórmula sería plantearse el doble objetivo: reducción del déficit y de la deuda, y que nuestra economía crezca; porque el crecimiento de nuestra economía es la mejor garantía, o la única garantía, de que podremos pagar nuestras deudas.

Por ahora, con esta reforma de la Constitución que proponemos, estamos mandando el mensaje de que queremos pagar. El problema es que nuestros prestamistas lo que miran no es si queremos pagar, es si realmente podemos pagar; y si los intereses suben al seis y pico por ciento quiere decir que los prestamistas no tienen claro que podamos pagar o exigen un nivel muy alto de interés por el elevado riesgo de nuestros bonos. Aquí está la disyuntiva: no se trata solo de plantearse que hay que pagar —en eso, todo el mundo está de acuerdo—, que hay que atajar el déficit, que hay que afrontar una deuda que podamos gestionar de manera razonable; sino que lo que importa en España hoy es ver cómo relanzamos




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la economía, es ver cómo creamos empleo y, sobre todo, ver cómo afrontar estos pagos, a partir de aquí, y cómo conseguir una financiación con intereses razonables, como otros países. Ustedes, señorías, y se lo digo especialmente al Gobierno del PP y al grupo que le da apoyo, no acaban de interiorizar esto. Toda la Cámara está de acuerdo en que no podemos seguir con estos déficits; en cambio, ustedes no asumen de manera activa, no hablo de la teórica, que hay que disponer de estos estímulos.

Y a partir de aquí, ¿cómo hacer compatible la reducción progresiva del déficit con la liberación de recursos para estimular nuestra economía? Solo hay una solución: alargar los plazos, ya que España ni puede ni debe reducir su déficit al 3 % en 2013. Necesitamos más tiempo, plazos más largos para ajustarnos al objetivo del déficit; pero necesitamos, sobre todo, una reducción que nos permita liberar recursos públicos. España, decía antes, ni puede ni debe plantearse este objetivo de reducción; es que es inimaginable. Habiendo cerrado el ejercicio de 2011 con el 8,5 %, es inimaginable, es un suicidio, proponerse llegar al 3 % en 2013. Y no es que se lo diga yo, es que lo dice el Fondo Monetario Internacional, que calcula que solo llegaremos en 2018; lo dice la Fundación de las Cajas de Ahorros, que prevé un déficit para 2012 del 6,2 %; lo afirma el Goldman Sachs, que, al día siguiente de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, decía que el déficit sería del 6,7 %. Con una economía en recesión, con una tasa de desempleo del 24 % y del 50 % en empleo juvenil, con la caída del consumo, creo que nadie se puede plantear, con responsabilidad, que la única prioridad es la disminución del déficit. Lo único que consigue la insistencia en esta política es deprimir más nuestra economía: provoca la caída del consumo, reduce los ingresos públicos e incrementa los gastos, además de los recortes en nuestro Estado del bienestar. Vamos de cabeza hacia graves problemas sociales y estamos en puertas de producir profundas rupturas en nuestra cohesión social y territorial.

Creo que las políticas del PP adolecen fundamentalmente de dos graves defectos. El primero es que su objetivo de recuperar la confianza lo basan en gestos, algunos de ellos grandilocuentes y vacíos, y no en la seriedad de unas políticas realistas y responsables sostenidas en el tiempo; una seriedad imprescindible para recuperar la confianza de nuestros prestamistas, de los Gobiernos de la Unión Europea y de sus opiniones públicas, y sobre todo la confianza de los ciudadanos y ciudadanas españoles. Posponer la aprobación de los presupuestos más importantes de nuestra democracia para ver si así se podían ganar las elecciones andaluzas o asturianas no es serio. Presentar unos presupuestos que no se cree nadie no es serio. Anunciar a las pocas horas un nuevo recorte de 10 000 millones de euros en sanidad y educación no es serio. Seguir planteando proyectos de infraestructuras no prioritarias, como el corredor central, rescatar dos autopistas arruinadas en Madrid, o seguir con las grandezas de la apuestas del AVE —y más, viendo el estado de la red de Cercanías— no es serio. No reformar el sector financiero a fondo, afrontando en primer lugar la situación de Bankia, no es serio. Hacer todo lo contrario a lo prometido en las elecciones no es serio —les hablo del copago o de la subida de impuestos—. Seguir pidiendo créditos, cuando el diferencial de la carga fiscal con la Unión Europea es de siete puntos, no es serio. Plantear una amnistía fiscal no es serio. Seguir manipulando con la herencia recibida no es serio. —y, señorías del PSOE, reaccionen ya (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) porque les están manipulando con todo esto de la herencia recibida—. Proponer este proyecto de ley, que no vamos a poder cumplir, no es serio. Romper el diálogo social e ignorar una huelga general no es serio, como tampoco lo es seguir insistiendo —aunque ahora parece que ha sido un malentendido de los medios de comunicación— en que la culpa del déficit es de las comunidades autónomas. Esto no es serio y, sobre todo, es falso. Según los datos de Eurostat de 2010, el gasto público se repartía de la siguiente manera: 44 %, el Gobierno central; 39 %, las comunidades autónomas… (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado pronuncian palabras que no se perciben.) Bienvenidos, pues. Y 17 %, las entidades locales. La distribución de la deuda era la siguiente: 77 %, Administración central, y comunidades autónomas, solo el 17,55 %, cuando el gasto que soportan es del 39 %.

Yo creo, señorías del Grupo Popular, que ustedes han perdido en muy poco tiempo mucha credibilidad; recuperarla pasa por hacer propuestas razonables y viables, y no por presentar este proyecto de ley. El problema de España no es tanto sus cuentas públicas, no es tanto la herencia recibida, como la desconfianza que inspiran la evolución de su economía, los efectos de la absorción de la crisis inmobiliaria, la elevada deuda privada y el impacto de todo ello sobre su sistema financiero. Este es el problema real de España y esto es lo que realmente preocupa en el resto del mundo.

Un segundo defecto de ustedes es su ideologismo, que contamina muchas de sus decisiones. En esto no están solos: otros Gobiernos —Merkel en Alemania y, hasta ahora, Sarkozy en Francia— compartían sus rigideces ideologistas. La consolidación fiscal como única política de la Unión Europea es para




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nosotros un suicidio, y creo que también para el mismo proyecto de Europa; seguir creyendo, en una economía globalizada, que disminuir impuestos significa mayor inversión y consumo es irreal. Pero lo más preocupante de este ideologismo es, a mi entender, por el impacto negativo que tiene sobre el modelo social europeo, el convencimiento profundo que tienen ustedes de que nuestras economías no pueden ser competitivas si deben soportar un Estado del bienestar, una fiscalidad, derechos laborales, limitaciones ambientales y sanitarias…; esto, para ustedes, impide que nuestra economía sea competitiva. ¿Y cuál es la propuesta? Pues el desmantelamiento del Estado del bienestar, la desfiscalización, la reducción de derechos laborales y mandar al ostracismo cualquier tipo de política ambiental, como están demostrando en estos cuatro meses. Se da así la paradoja de que Europa, en vez de exportar el Estado del bienestar, va a importar la sociedad de la precariedad.

Insistir en una mayor austeridad fiscal es un suicidio, ya lo he dicho antes; los resultados son fáciles de ver: una mayor depresión de nuestra economía. Y como los prestamistas lo que miran, a la hora de valorar nuestra capacidad para pagar la deuda, es el estado de nuestra economía, el resultado es la subida de los tipos de interés. Los problemas que crea la austeridad son mayores que los que resuelve. Europa debe hacer políticas distintas; es más, no podemos olvidar que una unión monetaria no puede darse sin una mayor integración política y no puede sobrevivir sin una legitimidad política. Y vamos a peor, señorías. La percepción ciudadana es negativa. Existe un profundo malestar y desconcierto, la desafección política sigue creciendo. Desde el punto de vista territorial —y hablo de Cataluña—, en unas circunstancias tan adversas, nuestro déficit fiscal o el incumplimiento de los compromisos financieros recogidos en el Estatuto se viven muy negativamente. Y no me refiero solo a los sectores más extremos o más radicales; la centralidad de nuestro pueblo, de sus fuerzas políticas, del arco parlamentario, vive muy negativamente nuestro déficit fiscal y vive muy negativamente el incumplimiento de compromisos financieros que se están produciendo.

Creo que es el momento de rectificar y de forzar el debate en la Unión Europea, con cuatro cosas claras: en primer lugar, compromisos claros y realistas sobre la corrección del déficit y la devolución de la deuda; en segundo lugar, la necesidad de estímulos para el relanzamiento económico; en tercer lugar, la necesidad de alargar los plazos de reducción del déficit; y en cuarto lugar, aunque profundamente europeístas, nadie —ni la Unión Europea, ni Angela Merkel, ni nadie— nos puede pedir que nos suicidemos.

Estas son las razones por las que hemos presentado este veto, para el que pedimos el voto.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Pasamos al turno en contra.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Angulo, por tiempo de quince minutos.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, iba a comenzar diciendo, como hice en la comisión, que este turno en contra del veto es un turno a favor de la estabilidad presupuestaria y de la credibilidad; pero no me resisto, senador Guillot, senador Saura, a referirme a su intervención. Ha dicho usted que nuestras políticas son irresponsables y «no es serio» hasta una decena de veces. Es verdad que, cuando ustedes hablan de modelo, no tenemos ya que preguntarnos cuál es el que a ustedes les gustaría implantar, porque sabemos cuál es el modelo que ustedes hicieron todo lo posible por romper —el modelo de 2001, al que se refería el ministro Montoro— y sabemos cuál es el modelo que implantarían ustedes: el que defendieron y aplicaron en Cataluña. El tripartito del señor Montilla, aquí presente, y su tripartito, senador Saura, senador Guillot, es el que nos daba todas estas noticias a los ciudadanos de toda España: La deuda de la Generalitat ha crecido en 7000 millones en nueve meses; desde el cierre de 2006 hasta septiembre pasado, la deuda de la Administración catalana se ha más que duplicado; el tripartito dejó facturas sin pagar por importe de 1766 millones de euros —senador Guillot, eso es responsabilidad—; el déficit de la Generalitat en 2010 fue cuatro puntos más de lo previsto; los pagos comprometidos se extienden hasta 2017. Eso lo ha explicado muy bien usted: alargando los plazos y dejando que sea otro el que pague, así se resuelve todo. ¡Hasta 2017! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Y para terminar, el tripartito disparó en 5000 millones la deuda de las empresas públicas catalanas. Decía el titular: No hay comunidad que pise siquiera los talones en cuanto a deuda de su sector público empresarial al tripartito catalán. No había quien les pisara los talones, señores Guillot y Saura. Por lo tanto, sabemos cuál es su




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modelo. Sabemos lo que hicieron ustedes —como en la película— los cuatro últimos años en Cataluña. Sabemos de su gran capacidad para arruinar una economía, pero no hay siquiera indicios de que sepan ustedes cómo levantarla. Esa es la responsabilidad de la que nos hablan ustedes. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

Como decía, señorías, el turno en contra que tengo el honor de defender en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, es un turno a favor de este Proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria. Es para mí un honor, señor ministro, por muchos motivos, pero sobre todo porque es el primer proyecto de ley que el Gobierno del Partido Popular trae al Senado y porque responde precisamente al primer compromiso que el Partido Popular asumió ante los ciudadanos españoles. Eso también es una novedad: un Gobierno que cumple sus compromisos desde el primer día. Entendemos que este proyecto de ley responde —y por eso vamos a apoyarlo convencidos, señorías— a nuestro primer objetivo político: sentar las bases para el crecimiento económico y para la creación de empleo. Si hay un soporte firme para cimentar el crecimiento económico y la generación de empleo, ese es la estabilidad presupuestaria y el rigor en las cuentas públicas. Estamos convencidos de que con nuestro apoyo a esta ley ponemos los mejores cimientos para garantizar la financiación adecuada de unos servicios públicos de calidad; para garantizar, en definitiva, el Estado del bienestar. Porque no hay mayor riesgo para los servicios públicos, no hay mayor riesgo para la sanidad, para la educación y para los servicios sociales, que el despilfarro y el descontrol en las cuentas públicas que tuvo lugar con el tripartito en Cataluña y que hemos sufrido todos con el Gobierno del señor Zapatero y del señor Rubalcaba. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

Por eso, con nuestro apoyo a esta ley también estamos dando un paso adelante en favor del Estado del bienestar y, por supuesto —lo decía también el señor ministro—, para recuperar la credibilidad perdida. Es muy importante ofrecer seguridad respecto a la capacidad de la economía española para atender sus compromisos; es muy importante el compromiso firme de todos nosotros para salir de la crisis, comprometer a todas las administraciones públicas en la superación de la crisis a través de la recuperación de la confianza y del crédito. Esas fueron sus palabras, señor ministro, en su primera comparecencia en el Congreso. Ese era el primer objetivo que expresaba usted y esta es la reforma, que se construyó sobre la base del diálogo y el acuerdo con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y con las corporaciones locales en la Comisión Nacional de Administración Local. Con esta ley estamos dando también rango legal a ese acuerdo por la estabilidad y dando rango legal a ese principio compartido, demandado y exigido casi por unanimidad por los ciudadanos españoles, de que las administraciones no se gasten lo que no tienen. Por eso, apoyamos esta ley.

Y apoyamos esta ley, señorías, porque no solo respeta, senador Guillot, el principio de autonomía financiera que garantiza la Constitución en el artículo 156, sino que constituye además un importantísimo instrumento de coordinación entre la Hacienda del Estado y la de los entes territoriales. Esta ley incorpora la lealtad institucional como principio básico y rector, y, de esta forma, el respeto de cada Administración, en sus actuaciones, al ejercicio legítimo de las competencias de las demás; la obligación de que cada Administración pondere en sus actuaciones los intereses generales, y sobre todo los que compete defender a otra Administración; todos estos se incorporan como principios generales de actuación. Incorporando principios tan importantes como la lealtad institucional, la responsabilidad y la sostenibilidad financiera, o la capacidad de financiar compromisos de gastos tanto presentes como futuros, sin dejar a deber, dentro de los límites de déficit y de deuda, estamos reforzando el modelo de Estado; sobre la base de los principios de responsabilidad, de lealtad institucional y de mayor coordinación.

Por todas estas razones, en el Grupo Popular estamos convencidos de que esta ley es un gran instrumento de la economía española para la salida de la crisis; es más, es un instrumento imprescindible. Además, está enmarcada en la agenda reformista, en la hoja de ruta de reformas estructurales —porque esta ley no es la única— que desde el primer día, desde el primer minuto, está liderando el Gobierno de Mariano Rajoy. Este Proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera desarrolla el mandato constitucional del artículo 135, da cumplimiento a las obligaciones contraídas en el pacto fiscal europeo y cumple con lo que estable el acuerdo político entre el Partido Socialista y el Partido Popular, que sirvió de base a la reforma constitucional y al que usted también se ha referido. Ese acuerdo político, eso que acordamos en el verano, señorías del Partido Socialista, determinaba que la ley orgánica fijaría en un 0,4 % el déficit estructural global máximo de las administraciones públicas en su conjunto, a partir de 2020, estableciendo el reparto entre el Estado y las comunidades autónomas; es decir, acordamos establecer un déficit más exigente que el tope del 0,5 % que impone la Unión Europea, (Rumores en los




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escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) como acordamos también prohibir un endeudamiento del sector público superior al 60 % del PIB. Este proyecto de ley que hoy debatimos establece como principio general el equilibrio o el superávit de las administraciones públicas, permitiendo un déficit estructural máximo del 0,4 % del PIB nacional, condicionado a la realización de reformas estructurales que tengan efectos presupuestarios a largo plazo, y se definen también con claridad las situaciones excepcionales. Por lo tanto, estamos cumpliendo, señorías; el Gobierno está cumpliendo con sus acuerdos, está cumpliendo y desarrollando el artículo 135 de la Constitución y está cumpliendo también con las leyes de disciplina presupuestaria de la Unión Europea.

Es verdad, señorías de la Entesa, que la primera objeción de su veto es a la reforma del artículo 135. Ustedes dicen que estuvieron en contra en el mes de agosto y que lo están hoy; dicen ustedes que tanto aquella reforma como esta ley son innecesarias. Sin embargo, nosotros entendemos que son necesarias, porque la estabilidad presupuestaria, la estabilidad macroeconómica, es un valor en sí mismo. Es más, en este momento son más necesarias que nunca, porque el resultado de acabar con la estabilidad presupuestaria es, como dijo uno de los ponentes del veto, el senador Saura, en 2004, romper la espina dorsal de la política económica de los Gobiernos anteriores del Partido Popular; y ese resultado, el de romper la espina dorsal de la política del Partido Popular, lo conocemos muy bien. El resultado de esa política que siguieron ustedes de apoyar gastos estructurales en ingresos que nunca se producían, de gastar los recursos públicos de una forma descontrolada, supuso el mayor déficit de nuestra historia democrática: nada menos que más de 11 puntos en el año 2009; más de 90 000 millones más de lo que ingresaban gastó el Gobierno de la nación el año pasado, 2011, con la que estaba cayendo. Fíjense: todos los españoles han hecho un gran esfuerzo, pero 2011 fue el año en el que se demostró mejor que de nada sirven las medidas, de nada sirven los esfuerzos de todos los españoles, si, al final, se despilfarra el dinero público. Hemos alcanzado todo un récord en deuda pública, en pago de intereses por la deuda, y también un récord en desconfianza. Hemos tocado fondo con el Gobierno socialista en ese sentido, señorías; porque, en estos casi ocho años, el Gobierno socialista ha dilapidado casi 250 000 millones de euros en medidas que no han servido. Han dejado la caja vacía y se han marchado sin siquiera hacer un presupuesto y mintiendo. Se han ido como llegaron: llegaron mintiendo sobre la crisis y se han ido mintiendo sobre el déficit que dejaban escondido en los cajones. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.—Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Por eso nuestras reformas son más necesarias que nunca. Por eso también esta ley es más necesaria que nunca. Y por eso el Partido Popular, con convicción y con responsabilidad, apoyó, en la oposición, la reforma constitucional en el mes de agosto; la apoyó estando en la oposición. (Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Sí, sí, no se rían, señorías del Partido Socialista: la apoyamos estando en la oposición y con responsabilidad. Por eso desde los primeros días el Gobierno ha trabajado en este proyecto de ley, porque ahora toca recuperar la credibilidad cuanto antes, fortalecer la confianza en la economía española y garantizar, sobre todo, la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas, de nuestros servicios públicos y del Estado del bienestar. Una sostenibilidad financiera que, ya en el título, constituye la primera novedad de esta ley: la idea de introducir la estabilidad presupuestaria no solo para hoy, sino como conducta permanente de todas las administraciones públicas. De este modo, la ley determina la imposibilidad de que una administración gaste por encima de la tasa de crecimiento de referencia del PIB, así como la prioridad absoluta de hacer frente al pago de intereses y capital de la deuda frente a cualquier otro gasto. ¿No entienden eso, señorías de la Entesa? Entiendo que ustedes no lo entiendan; porque, claro, se pueden aplazar los pagos hasta el 2017, o hasta el 2117 ¡Qué más da! Si, total, ya no vamos a estar en el Gobierno para entonces.

La ley refuerza, además, el principio de transparencia y el principio de responsabilidad. Hasta el punto de que la Administración que incumpla pagará, en la parte que le sea imputable, las sanciones que, en su caso, se puedan imponer a España por el incumplimiento. Y eso, señorías, es importante porque es también una garantía de solidaridad. Es una garantía de que no sean otros los que paguen por los incumplimientos de una Administración. Es una garantía para que ninguna Administración ponga en entredicho o en riesgo la solvencia y la credibilidad de todas las demás. Y eso requiere del esfuerzo de todos. Requiere del apoyo a la acción del Gobierno y, en particular, a este proyecto de ley. Pero estamos convencidos de que un programa reformista como el que ha emprendido el Gobierno del Partido Popular es la única forma de salir de la crisis y, sobre todo, de asegurar el futuro del Estado del bienestar. Porque un Gobierno garantiza el Estado del bienestar con medidas responsables contra el déficit, y no incrementando de forma desbocada el déficit; garantiza el Estado del bienestar cuando paga sus facturas




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y no genera intereses que obligan a detraer recursos de la prestación de otros servicios o de la financiación de inversiones. Una crisis de deuda jamás se resuelve con más deuda, y lo hemos comprobado. Hemos visto al Gobierno socialista y hemos tenido la oportunidad de escucharles muchas veces; de hecho, lo dijo muchas veces el señor Zapatero en esta Cámara. Decía: nunca se habían puesto tantos recursos para salir de la crisis. Es verdad, y nunca sirvieron a los españoles para tan poco, señorías; nunca sirvieron a los españoles para tan poco. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Al contrario, todo eso se tradujo en que quitaron dinero a las familias y a las empresas, el temido efecto expulsión del sector privado de la economía; se tradujo en que las administraciones se quedaban con uno de cada tres euros de crédito nuevo, dejando a las familias y a las pequeñas y medianas empresas sin crédito. Al final, en tres años, más de tres millones de parados más.

Termino, señorías, mi intervención solicitando el voto en contra del veto que han presentado los senadores de la Entesa. El voto en contra del veto y el voto a favor del Proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria es un voto a favor de la estabilidad; es un voto a favor de la credibilidad de nuestro país; es un voto a favor del consenso y del compromiso asumido por nuestras administraciones; y es, sobre todo, un voto a favor de la generación de oportunidades entre los emprendedores y un voto a favor de la garantía del futuro del Estado del bienestar.

Nada más y muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Angulo.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegación.)

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, la senadora Martínez tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado se va a abstener en la votación de este veto. Compartimos buena parte de los argumentos que sustentan la propuesta de la Entesa, concretamente de los senadores de Iniciativa per Catalunya, especialmente los que se refieren a la santificación de los límites de déficit y deuda pública; una crítica que extendemos, más allá de esta ley, a la reforma constitucional de 2011 y al Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria. Compartimos, igualmente, la consideración de que esta ley vulnera el ámbito competencial autonómico y el principio básico de la autonomía local. Más adelante, cuando debatamos las enmiendas parciales, tendré ocasión de desarrollar este punto más detenidamente. Esta cuestión quedó patente en la tramitación en el Congreso de este proyecto de ley, en la redacción que se propuso para la disposición final tercera, que no se correspondía con los contenidos habituales de la llamada cláusula foral. Curiosamente, esta fórmula tradicional sí estaba presente en el anteproyecto de ley; en los términos, además, que consideramos acordes y respetuosos con las especificidades forales de Euskadi y de Navarra.

Le anunciamos entonces al señor Montoro que nuestro voto estaría condicionado por la inclusión en el texto definitivo de esta cláusula foral, que salvaguarda el ámbito competencial de las Haciendas forales vasca y navarra, a través de una enmienda que presentó el Grupo Parlamentario Vasco en el Congreso. El ministro Montoro, aquí presente, se avino a aceptar esta enmienda y finalmente, y aunque no sin ciertos incidentes que considero exentos de aviesa intención y que atribuyo a un despiste, la cláusula foral fue incorporada al texto del proyecto de ley; motivo por el que este grupo parlamentario, en coherencia con el acuerdo que alcanzó el Grupo Parlamentario Vasco en el Congreso con el ministro Montoro, se abstendrá también hoy aquí en la votación de este veto. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia)

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, en Cataluña y en el grupo que represento somos perfectamente conscientes de la difícil situación de la economía española, y especialmente de su sector público, como ha referido el señor Montoro. Ello hace que nuestro grupo no haya presentado, como grupo, enmiendas a la totalidad




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de la ley, puesto que comparte la necesidad de esta, de acuerdo con las previsiones del nuevo artículo 135 de la Constitución española, reformado hace tan solo unos meses. Una reforma constitucional que no gozó de una mayoría más amplia, como a algunos nos hubiera gustado, pero sí de las dos grandes familias políticas de esta Cámara. Hubiese sido bueno que la aprobación de esta ley que desarrolla el mencionado artículo de la Constitución española sí contara con un apoyo que excediera el que recibió la reforma constitucional porque la situación de España y de su economía no es ahora mejor que en otoño pasado.

La recaída de la incipiente recuperación del primer semestre del año 2011 era ya una realidad entonces, cuando se reformó la Constitución, pero hoy estamos inmersos en un período de recesión o de depresión ―como la calificaba un Premio Nobel de Economía este fin de semana en un diario español―, con caída del empleo, de la actividad, del consumo y de los ingresos públicos, que son los grandes causantes del déficit público, y con un presupuesto en trámite de aprobación parlamentaria después de un retraso solo explicable por razones coyunturales y electorales, como así han percibido las instituciones europeas y también los mercados internacionales. Además, después de un proceso también un tanto esperpéntico por lo que hace alusión al objetivo de estabilidad de este ejercicio, después de sobrerrepresentar y sobreactuar respecto al incremento del déficit previsto del año 2011, atribuyéndolo exclusivamente a la mala gestión del Gobierno, en este caso del Gobierno anterior de España, y después de semanas de afirmar que se cumplirían los compromisos con Bruselas.

El señor presidente del Gobierno, de manera razonable ―creo yo― nos dijo que el déficit del ejercicio no sería del 4,4 % sino del 5,8 %, basando su propuesta en la soberanía de España; una soberanía en este campo bastante cedida a Bruselas. Lo hizo en función de eso y no en función de los intereses de la economía española y europea que necesitan, efectivamente, reducir el déficit y que necesitan reformas pero también, como ya se ha dicho, crecimiento y empleo, sin los cuales difícilmente se reducirá el déficit.

El episodio de la marcha atrás y de la reconsideración por parte del Gobierno, reduciendo en 0,5 puntos lo anunciado, fue un ejercicio de todo menos de esa soberanía de la que se presumía. Seguramente, pensaba el Gobierno que con unos presupuestos restrictivos y una reforma laboral a la medida del empresariado, Europa y los mercados le pondrían buena nota, pero las dos últimas semanas son un ejemplo de lo contrario, a pesar del anuncio del ajuste adicional efectuado, especialmente en educación y sanidad; tacticismo y oportunismo que no han quedado tapados por el aparente ejercicio de ser más papistas que el papa y que el comportamiento del Gobierno pone de manifiesto en el tema que hoy nos ocupa, con la discusión y aprobación de esta ley.

Se trata de poner el listón más alto de lo que se había acordado políticamente entre los dos grandes partidos a raíz de la reforma constitucional; es más, se trata de lanzar el mensaje de que el listón de Bruselas nos parece poco exigente. Sin embargo, señorías, esto es sobreactuar, es ir de farol y no nos hace más creíbles, señor ministro, sino menos y es lo que nos propone el texto que hoy se aprobará.

No es bueno que esta ley, a pesar de que ustedes hayan conseguido la adhesión de otros grupos, no se apruebe con más apoyos. Ustedes dicen que es un ejercicio de autoexigencia, pero en realidad se trata de un cierto brindis al sol, máxime cuando estamos hablando de un horizonte situado en el año 2020. ¿Qué sentido tiene no recoger que tenemos que tender al equilibrio presupuestario con un déficit estructural de al menos el 0,4 %, como se había acordado el verano pasado? ¿Por qué no si el pacto fiscal europeo habla del 0,5 %? ¿Por qué esa obsesión con el déficit cero, tan poco realista en esta coyuntura? Los mercados no nos tratarán mejor si ven que nos fijamos objetivos de imposible cumplimiento que si estos objetivos son más realistas y más creíbles. ¿Qué pasará cuando se vea que el objetivo de estabilidad de este año no se cumple ―como creo que pasará porque los datos de ejecución del primer semestre del año así lo auguran―? Lo que se producirá es menos confianza, más pérdida de credibilidad para el Gobierno, pero también para el conjunto de España, para la sociedad española.

La ley también se extralimita en algunas cuestiones al regular aspectos que no entran dentro del mandato del artículo 135 de la Constitución. Excesivamente prolija, reglamentista, falsamente garantista, no solo limita el déficit, que es su contenido principal, sino el gasto, olvidando que para esto está la aprobación también del techo de gasto y el objetivo de estabilidad presupuestaria de cada ejercicio. Excesivamente prolija, reglamentista, falsamente garantista, y pondré un ejemplo.

¿Qué sentido tiene el artículo 32, que obligará a todas las instituciones que consigan superávit a que se destine el mismo a reducir deuda, tanto si su nivel de endeudamiento es elevado como si es muy reducido? Porque no todos los ayuntamientos, señor ministro, están mal gestionados ni al borde de la bancarrota. Falsamente se quiere transmitir la idea de dejarlo todo atado y bien atado hasta el año 2020,




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y eso es poco creíble. Recuerden que reglas parecidas se arbitraron en el pasado en el ámbito de la Unión Europea, y el señor ministro hacía alusión en su intervención a ello. Todos recordamos la regla del 3 % del déficit y del 60 % de Maastricht, todavía vigente, que ha servido para que Alemania y Francia la hayan incumplido 62 veces juntas. España e Irlanda, que fueron alumnos aventajados, que hacían los deberes, están hoy en el epicentro de la crisis de la deuda soberana. Las reglas estrictas y acotadas en el tiempo no sirven porque no son flexibles, por inapropiadas en muchos casos, por demasiado estrictas o tibias en otros, porque el contexto económico es cambiante. Estas reglas rezuman doctrina neoliberal, que se traducen en recortes del Estado del bienestar y transmiten la idea de que lo público es sinónimo de derroche y de ineficacia.

Las medidas adoptadas por el Gobierno la semana pasada son un ejemplo incluso de incumplimiento de su propio programa, de sus palabras durante la campaña electoral, como recordaba el senador Lertxundi esta mañana. Le voy a meter la tijera a todo excepto a las pensiones, la salud y la educación, ¿lo recuerda? Lo dijo Mariano Rajoy el 4 de noviembre del pasado año. Pero decía también que lo sorprendente no es que ustedes lo propongan, lo increíble es la actitud —perdonen, sin ánimo de polémica— de algunos otros que les apoyan; algunos que dicen que quieren la llave de la caja y lo que hacen, avalando esta ley, es entregar la llave del autogobierno de la máxima institución de Cataluña al señor ministro para que, llegado el caso, pueda proceder a su cierre, porque esta ley facilita la intervención de las corporaciones locales, pero también de las comunidades autónomas.

Merece la pena recordar una vez más que la crisis española no fue fruto de un largo período extremo de derroche fiscal —no lo digo yo, lo dice el actual secretario del Tesoro de Estados Unidos—, los motivos fueron la falta de competitividad y la deuda privada. El Fondo Monetario Internacional recomendaba la semana pasada estímulos monetarios para países donde las hipotecas manejan tipos variables, como en España, a la vez que recomendaba frenar la deuda privada y un ajuste, decía, más moderado, lo consideraba preferible precisamente para adecuarse a este ciclo recesivo. Nos lo dice el Fondo Monetario, que también nos dice que ni Francia ni Grecia ni Holanda ni Irlanda ni Eslovaquia ni Eslovenia cumplirán el objetivo de déficit, ni el Reino Unido, hasta 2015.

La reducción de la deuda al 60 % del PIB tampoco la cumplirán países como Francia y Holanda, partidarios de la ortodoxia, pero en situación de no cumplimiento. Y, como decía el senador Guillot, desde el Fondo Monetario a Funcas, que también advertía hace unos días en su informe que el ajuste de 2012 y el previsible para 2013, de reducción de gasto y de subida de impuestos para conseguir el 3 %, comportará un descenso del PIB de menos 1,5 % y seis millones de parados en el año 2013.

No son estas voces aisladas, procedentes exclusivamente de la oposición, es la constatación cada vez más generalizada de una política equivocada, impuesta por la canciller Merkel, y a nosotros nos corresponderá pagar la factura. Por eso hacen falta —y con esto acabo— iniciativas políticas en Europa para cambiar la orientación del eje —actualmente el eje denominado Merkozy, el directorio—. Creo que todos esperamos que con algunos nuevos interlocutores más sensibles a nuestras posiciones y a los intereses de España, estas iniciativas encuentren mejor acogida. Esto es lo que ustedes han de tratar de hacer, con humildad pero con firmeza —y tendrán nuestro apoyo—, y no solo intentar aparecer como los alumnos más disciplinados de las políticas de ajuste indiscriminado y de austeridad que no hacen sino adentrarnos más en la depresión. Entenderán sobradamente por qué no damos apoyo a esta ley que hoy se somete a la consideración de esta Cámara.

Por cierto, a la portavoz del Grupo Popular le diría que si el Gobierno que yo presidí —según ella— dejó 1700 millones por pagar, le recuerdo que la Comunidad Valenciana en estos momentos ha solicitado ayudas para poder pagar 4000 millones. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Lo digo solo por hacer una pequeña nota.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.

Señor ministro, señorías, intervengo brevemente para posicionarme exclusivamente en relación con el veto presentado por los dos senadores de Entesa. Nosotros posicionamos nuestro voto en comisión y lo vamos a fijar en la misma dirección, obviamente, aquí en el Pleno: no vamos a apoyar el veto. Más allá de que podamos compartir algunas de las reflexiones que ha hecho el senador Guillot, sobre todo en la




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última parte de su intervención, entendemos que esto no es motivo suficiente para plantear que no debe existir una nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria. Nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria que no es la primera. Antes yo le recordaba al señor ministro que se aprobó una en 2001, entró en vigor en 2002 y se reformó en 2006, pero es evidente que desde nuestro grupo parlamentario entendemos que hace falta una nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y hace falta una nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria porque los datos lo indican, como indican que la que ha existido, que quizá fue buena en un primer momento, se ha demostrado que ha resultado inútil en los últimos tiempos.

Nuestro grupo parlamentario apoyará esta ley por responsabilidad. Apoyará esta ley, su trámite y, por lo tanto, no apoyaremos el veto por responsabilidad. Y creo que todo el mundo tendría que utilizar su voto y plantearlo en función de la responsabilidad. Y esta responsabilidad, señores senadores, es el déficit público del Estado español; y no voy a ser yo quien recuerde aquí quién gobernaba en el Estado español y quién gobernaba en cada una de las comunidades autónomas. Todo el mundo lo sabemos y todo el mundo sabemos qué grado de responsabilidad y corresponsabilidad hemos tenido en este déficit. En el año 2009 el déficit público ascendió al 11,10 % del PIB, en el 2010 al 9,30 % del PIB, y en este último ejercicio al 8,50 %. Si con estos datos alguien entiende que no es necesaria una nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria, nosotros no lo entendemos.

Insisto, más allá de algunas de las reflexiones que podemos compartir, compartimos y defenderemos conjuntamente con el señor Guillot en otros ámbitos, ahora lo que nos planteamos es si es necesaria o no una nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria. Nosotros entendemos que es necesaria y, por tanto, vamos a votar en contra del veto planteado por el senador Guillot y el senador Saura.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Vázquez.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, buenas tardes. Señor ministro, quién le ha visto y quién le ve. Cuando yo leo sus discursos en la oposición en los años de crisis dura de 2010 y 2011, y escucho esta tarde aquí su discurso pidiendo el acuerdo y el consenso, la verdad es que reconozco un gran cambio en su espíritu y, sobre todo, en sus peticiones. En lo que no cambia es en recordarnos su pasado. Busca las medallas del pasado porque no puede encontrar ninguna en el presente. Por eso intenta constantemente decir lo bien que lo hizo cuando fue ministro en la otra época.

Señoría, usted decía que la situación era difícil, complicada. Es más que eso. No es tanto como ha expresado el portavoz del Partido Popular cuando ha dicho que España está ya en el precipicio agarrada a la cornisa, pero sí es verdad que estamos con una crisis económica que dura más de cuatro años, con una economía en recesión, con una tasa de paro cada vez más insoportable, con una caída en la demanda interna y externa, y con una profunda y continua desconfianza de los mercados en la política económica y presupuestaria del señor Rajoy.

Ante esta situación, nosotros creemos que es motivo más que suficiente para que el Gobierno hubiese intentado conformar un consenso lo más amplio posible en torno a esta importante ley porque además de dar un cumplimiento al artículo 135 de la Constitución, que sí fue motivo de acuerdo entre el Gobierno de entonces y el Gobierno de ahora, toca asuntos esenciales como el mantenimiento del Estado del bienestar, el crecimiento económico y el empleo y también tiene que ver con la estructura territorial e institucional de nuestro país. Por eso debe formar parte de los acuerdos y consensos prioritarios y ello sería muy fácil, señores del Partido Popular, simplemente con que ustedes cumpliesen lo que en agosto se plasmó en un documento, en un pacto político que la señora Salgado intenta dar la vuelta al decir que no lo cumplimos nosotros, pero que todo el mundo sabe que han sido ustedes los que lo han roto.

El Grupo Parlamentario Socialista, al no presentar ni enmienda a la totalidad en el Congreso ni veto aquí, ni siquiera solicitar ampliación del plazo de presentación de enmiendas, ha demostrado voluntad de acuerdo y de consenso, y yo, de verdad, pensé que lo íbamos a conseguir cuando leí el viernes, en un periódico de ámbito nacional, que el Partido Popular, el lunes, intentaría pactar con el PSOE la Ley de Estabilidad en el Senado. Es más, era tan detallada la noticia que decía que no se hacía antes del lunes porque el portavoz del Partido Popular estaba fuera de Madrid. Me alegré porque el domingo tenía un compromiso pero el lunes estaba aquí, temprano, a las nueve y media, hablando con la dirección del grupo y viendo si nos habían llamado, cosa que no ocurrió ni el lunes ni el martes ni hoy, hasta esta hora nadie ha llamado. Posiblemente, señor Montoro, como usted decía antes, es que el periódico se equivocó




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con las manifestaciones que le hizo el Partido Popular, como se ha equivocado con las suyas. Pero, ¡claro!, ustedes no han demostrado ninguna voluntad de acuerdo y de volver a ese acuerdo político. Hemos estado esperando y veo que ha sido inútil. Pero cometen ustedes un triple error, y me van a permitir que se lo exponga.

En primer lugar, continúan insistiendo, como lo han hecho en sus años de oposición y día a día en la campaña electoral, prolongada hasta las elecciones andaluzas y asturianas, en que la responsabilidad de la crisis era de Zapatero y que la solución de la crisis era muy fácil ya que consistía en dar confianza a los mercados, cosa que se produciría cuando el señor Rajoy gobernase.

Ustedes están luchando contra la crisis, como antes el Gobierno anterior, pero también contra las hemerotecas, señor Montoro, y esto les va a ser muy duro porque no han traído la confianza cuando se han instalado, sino que con su errática política económica, y sobre todo con su chapucera política presupuestaria, han logrado que la prima de riesgo esté muy por encima de la italiana y que las bolsas españolas hayan perdido más de un 20 % durante sus meses de Gobierno, mientras que el resto de las bolsas de Europa y del mundo han apuntado beneficios. Señor Montoro, quiero recordarle que el hundimiento de la prima de riesgo española y de la bolsa no se produce cuando anuncian la desviación del déficit del 8,5 %, sino cuando se conocen sus presupuestos; es en ese momento cuando cae la prima y cuando cae la bolsa, porque lo posponen al 30 de marzo por unas cuestiones que nadie entiende aunque todos sabemos cuáles eran: por el lío del techo que nos hace aprobar aquí algo que luego no se iba a producir, por la amnistía fiscal, por los 10 000 millones que inmediatamente rebajan. Por todas esas chapuzas los mercados no confían.

El segundo gran error es creer que el principal problema de la economía española es el déficit y la deuda, cuando a estas alturas todos los analistas —y se ha repetido aquí—, incluido el Fondo Monetario Internacional, consideran que solo con políticas de recortes y ajustes no salimos de ésta.

Así las cosas, señor ministro, el gran problema de nuestro país que es el desempleo, y en eso creo que coincidimos, no comenzará a disminuir hasta que no crezca nuestro producto interior bruto —repase la Ley de Okun—, y para que eso suceda son precisas políticas de estímulo que favorezcan la demanda, si no, y usted lo sabe bien, los ingresos caen, los gastos suben, lo que obliga a nuevos recortes, recortes y más recortes, aunque ustedes se empeñen en llamarlo racionalización y optimización del gasto, que generan todavía menos crecimiento, más desempleo y, por tanto, menos confianza en nuestro país, pero, eso sí, con la población que pasa de la incertidumbre a la inseguridad y de la inseguridad al miedo.

Señor Montoro, nos están llevando ustedes a una España cada día menos solidaria y con serio riesgo de ruptura de las costuras sociales que con tanto esfuerzo zurcimos durante treinta años en este país.

Si no rectifican pronto, señor Montoro, como venimos insistiendo, como toda la Cámara insiste y le pide reiteradamente, nos encaminamos de la recesión a la depresión y al paro más galopante. Su obsesión por los recortes, señor ministro, nos conduce al suicidio económico y a la quiebra social. Su absoluto rigor, al rigor mortis.

Es esto lo que genera desconfianza, y no otra cosa, pues todo el mundo sabe —parece ser que menos ustedes— que no se podrá cumplir el objetivo del 5,3 %, y mucho menos del 3 % en 2013, ni se fomenta con sus presupuestos el crecimiento ni la competitividad. Repito, el propio Fondo Monetario Internacional estima que hasta el año 2018 no se alcanzará el 3 % del déficit.

Decía Einstein que nada hay más destructivo para la confianza en un Gobierno que aprobar leyes que no pueden hacerse cumplir, lo cito de memoria, pero es lo que ocurre con ustedes. Dejen de improvisar y tomar medidas mirando al norte y queriendo interpretar lo que a la señora Merkel le gustaría que hiciesen; dejen de ser el alumno más aplicado, mientras la bolsa baja y baja y la prima de riesgo sube y sube. Da la impresión de que ustedes, el Gobierno de España, están desconcertados y la única respuesta es ofrecer más sacrificios al dios mercado, pensando que esto le calmará. Pero esto no funciona así, ni en las civilizaciones primitivas ni ahora, como comprobamos día a día.

El tercer error es continuar instalado en su partidismo, señoría, que es algo que no entendemos en estas circunstancias. Ustedes pretenden que todos los grupos parlamentarios, que todo el arco parlamentario entremos en sus convencimientos ideológicos, y así no podemos seguir. Le recuerdo que fue un Gobierno socialista el que aprobó en 2006 una ley de estabilidad, y le recuerdo —por lo de las medallas— que fue un Gobierno socialista el único que durante tres años consecutivos tuvo superávit en las cuentas públicas, pero siempre buscó el equilibrio social entre ajustes y gastos, preservando el Estado del bienestar. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)




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El principal problema es que confunden la regla del déficit con una regla del gasto, y no comprendemos por qué se empecinan en ese equilibrio presupuestario del déficit cero, en lugar del 0,4 %, que permite más flexibilidad dentro del ciclo.

Para terminar, quiero dejar clara nuestra posición abierta al diálogo en todo momento. Ustedes, señor ministro, tienen la responsabilidad de que quieren realmente hacerlo. Pero si no lo hacen dejaremos de creernos ya esas palabras de arrimar el hombro, tener alturas de mira, tender puentes, sacar España adelante, remar en la misma dirección, el sentido de Estado, etcétera, que reiteran continuamente.

Lo único que aceptan, señor Montoro, es el amén a sus postulados ideológicos, al tiempo que tratan de corresponsabilizar a todos los demás de sus errores e incapacidades. Si eso es lo que usted desea, no cuenten con nosotros para ello, porque con su recurso permanente al ladinismo y a inventar constantemente la historia, con eso no nos van a sacar de la crisis y de la grave situación en que nos encontramos.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vázquez.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora Angulo.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Tienen valor, pero yo no sé que valor dan a lo que prometen, qué valor dan a lo que comprometen, y qué valor dan a lo que firman, señorías del Partido Socialista, porque, como ha hecho el senador Bel, portavoz de Convergència i Unió, yo también apelo a la responsabilidad. Es que ya llegamos a un acuerdo que sirvió de base para una reforma constitucional, como ya he explicado en mi primera intervención. Y ustedes tienen que dar muchas vueltas para explicar por qué incumplen el acuerdo, y no lo hemos entendido, por eso yo lo voy a explicar: porque el señor Rubalcaba no les deja cumplirlo. Esa es la verdad. (Rumores.)

El Gobierno socialista ha dejado la caja vacía y ha hipotecado el futuro, y, como he dicho, tocamos fondo este verano en descrédito de la política económica española, y se cuestionó hasta límites muy severos nuestra capacidad para hacer reformas.

El Partido Popular entendió que no había un solo día que perder y apoyó la reforma constitucional desde esa convicción y desde la responsabilidad, consciente de la importancia que tenía. Y no solo eso, señoría, sino que nuestro presidente nacional había propuesto esa reforma constitucional un año antes, en 2010, y el señor Rubalcaba se burló por primera vez de esa propuesta de reforma porque todavía estaba viendo brotes verdes en la Champions League. Esa es la realidad.

Cuando tocaron fondo llegamos a un acuerdo y, como digo, apoyamos ese proyecto de reforma. Hoy, de nuevo, el Partido Socialista del señor Rubalcaba vota en contra de la ley que desarrolla esa reforma constitucional que impulsó el Gobierno socialista porque son ustedes los que han decidido desentenderse del acuerdo. Ya votaron en contra en el Congreso y hoy dicen que han estado todo el fin de semana esperando. Solo tienen pendiente que esté de acuerdo su secretario general. Ustedes se desentendieron del acuerdo como se desentienden de sus principios, de sus compromisos electorales y de todo.

Señorías del Partido Socialista, en estos momentos es más importante que nunca el respeto a la palabra dada. Saben ustedes muy bien que están negando al Gobierno del Partido Popular un apoyo que reclamaron y que les dimos. Saben que, sobre todo, están dejando en evidencia una deslealtad con España sin precedentes.

Señorías, hoy hablan de diálogo y de consenso. Insisto en que el Partido Popular presenta esta ley que tiene un punto de partida, el compromiso de todo el Estado, de todas las administraciones con la estabilidad presupuestaria. Nos han acusado de tener prisa —lo decían el otro día en la comisión y lo han dicho en el Congreso—, y no es prisa. Había prisa porque habían perdido ocho largos años ignorando, desoyendo y no haciendo nada en favor de nuestras corporaciones locales, ignorando todos sus compromisos e incumpliendo todo lo que habían prometido. Eso no es prisa, señorías del Partido Socialista, sino diligencia, presteza, compromiso y trabajo. Eso es lo que ha llegado de la mano de un Gobierno del Partido Popular que ha reforzado con apoyo y con exigencia la idea de que todos somos Estado, con exigencia de estabilidad presupuestaria, sí, pero también con apoyo, porque a las corporaciones locales, después de ocho años de promesas incumplidas, les ha llegado la anticipación de las aportaciones de la liquidación de 2010 y la posibilidad de devolver las liquidaciones de 2008 y 2009 en diez años en lugar de cinco. ¿Saben ustedes, señorías del Partido Socialista, las veces que hicieron promesas a las corporaciones locales y luego las incumplieron? ¿Ustedes pueden hablar de consenso?




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Mecanismo de apoyo a los proveedores. También había prisa, señorías, para que los proveedores cobraran sus facturas, cobraran las facturas que tenían pendientes las administraciones públicas para garantizar la financiación de los servicios públicos y había prisa por enviar un mensaje a los emprendedores y a todos los españoles de que en este país se pagan las facturas. Por eso, señorías del Partido Socialista, es importante, es trascendental que hoy aprobemos en el Senado la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Hoy las administraciones, los ayuntamientos de toda España, saben que este Gobierno cumple sus compromisos, saben que no va a dejar tirada a ninguna administración local ni autonómica y saben que existe la sensibilidad, la voluntad y la capacidad para apoyar a todas las administraciones a la vez que se les exige ese compromiso con la estabilidad.

Además, nos ha hablado de una serie de datos económicos como si la crisis económica fuera un fenómeno meteorológico, como si ustedes no hubieran pasado por aquí. Señorías, es difícil encontrar en la historia democrática una herencia tan desastrosa como la que ha dejado el Gobierno socialista del señor Rubalcaba. Es difícil encontrarla. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.—Risas.)

Sonrían, sí, pero solo les estoy poniendo frente a un espejo, señorías. Si no les gusta lo que ven, fíjense lo que significa: más de cinco millones de parados, una deuda por la que estamos pagando 30 000 millones de euros al año de intereses, una quiebra en el sistema sanitario con una deuda que alcanza casi los 16 000 millones de euros y un despilfarro que ha llevado a un agujero de 40 000 millones en Fomento. En 2011 ustedes, señorías, con la que estaba cayendo, recortando pensiones, recortando salarios y subiendo el IVA, se gastaron 90 000 millones más de lo que ingresaban, y lo que es peor, 25 000 millones más de lo que nos dijeron. Se fueron del Gobierno mintiendo, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

¿Y ustedes pueden hablar de política social? ¿De verdad ustedes creen que algo de todo esto es social? ¿Qué es social? ¿Los 30 000 millones de intereses? ¿Qué es social? ¿16 000 millones de agujero en la Sanidad? ¿Eso es social? ¡Eso es socialista, señorías, no social! ¡Eso es socialista! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.—Fuertes rumores y protestas.) ¿Es que hay algo más antisocial que lo que ustedes han hecho en este país? ¿Es que hay algo más antisocial que marcharse mintiendo, sin hacer presupuestos, dejando un déficit oculto (Rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) y dejando que paguen otros los desmanes que ustedes han cometido? ¿Hay algo más antisocial? No hay nada más antisocial que no decir la verdad, señorías. No hay nada más antisocial que mentir, como hizo el Gobierno del señor Rubalcaba. (Rumores.)

¿Cómo van ustedes a explicar esto? ¡Claro! Tienen problemas y tienen que hablar de acuerdo y de consenso a pesar de que habían votado ya en contra. ¿Pero qué legitimidad tienen ustedes para hablar hoy aquí de política social? (Rumores.) ¿Adónde hubieran llegado ustedes? Estamos pagando 30 000 millones de euros al año en intereses. (Rumores.) ¿Saben ustedes cuántas políticas sociales se podrían hacer con lo que ustedes han dejado a deber? (Fuertes rumores.—Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) ¿Saben ustedes lo que se podría hacer? ¿O es que creían ustedes que podían estar dejando a deber indefinidamente? Porque ustedes decían que querían pagar, pero lo cierto es que lo dejaron todo a deber. Esa es la realidad. (Rumores.)

Y, señorías, reformas. Reformas, las del Partido Popular: reformas para que cobren los proveedores, para que vuelva el crédito, para evitarles a muchas familias el desahucio. También para eso ha estado el Partido Popular. (Rumores.) Y para asegurar una enseñanza y una sanidad de calidad gratuitas, públicas y universales. (Rumores.—Risas.) Sí, señorías, sí. Que son ustedes los que han dejado el agujero de 16 000 millones y somos nosotros los que vamos a garantizar una sanidad de calidad. (Rumores.) Esto también lo decía el ministro. No son ajustes, señorías; esto es política con mayúsculas. Son diez reformas estructurales que el Gobierno popular ha puesto en marcha. Se lo ha dicho anteayer el señor Almunia: Este es el camino. Con cuatro palabras, se lo ha dicho a ustedes el señor Almunia, como con cuatro palabras. Les voy a decir yo lo que están haciendo en la oposición: son ustedes un cuadro, señorías, son ustedes un cuadro, (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.—Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) porque lo único que están demostrando es que ustedes, que con el señor Rubalcaba fueron una gran parte del problema, ahora no están dispuestos a ser ni una pequeñísima parte de la solución. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Y termino, señorías. Decía el senador Vázquez que el Gobierno socialista aprobó una ley de estabilidad en el año 2006, y es verdad. Y decía el señor ministro que había unas leyes de estabilidad que el Partido Popular aprobó en el año 2001. Y cuando llegaron al año 2004 el señor Solbes decía: Debemos




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vivir de acuerdo con nuestras posibilidades para no utilizar recursos que sean para el futuro. Pues fíjense. El 28 de septiembre, solo tres meses después de ese compromiso del señor Solbes, veíamos en titulares —en el año 2004, senador Vázquez, no en el 2006— lo siguiente: Zapatero promete a Iniciativa por Cataluña modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria antes de que acabe el año. ¿Por qué? Porque ya hicieron el primer intento, senador Saura, y lo consiguieron, e Izquierda Verde había puesto el abandono del equilibrio presupuestario como condición para apoyar los Presupuestos Generales para el año 2005. (Rumores.) Así rompían la espina dorsal de las políticas económicas del Partido Popular, ¡y vaya si lo hicieron! Y mire a dónde nos han llevado. Esa es la verdad.

Termino, señor presidente. Y ese rigor presupuestario, del que Zapatero decía que era un derecho de los ciudadanos, lo cambiaron ustedes por un plato de lentejas, por un puñado de votos de Izquierda Unida-los Verdes para los presupuestos para el año 2005.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Esa es su realidad y esa es su historia. (Prolongados aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Angulo.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Votamos la propuesta de veto presentada por los senadores Guillot y Saura. Para su aprobación se exige la mayoría absoluta.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, 4; en contra, 163; abstenciones, 70.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Pasamos a continuación al debate del dictamen de la comisión.

Enmiendas 1 a 11 de los senadores Miguel Zerolo y Narvay Quintero, del Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa, tiene la palabra el senador Quintero por tiempo de once minutos.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías, por favor.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Señor presidente, señor ministro, señorías, Coalición Canaria presenta hoy aquí once enmiendas con las que persigue corregir el hecho de que el Gobierno no tenga en cuenta el esfuerzo realizado por algunas comunidades autónomas y entidades locales para controlar su deuda. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, senador Quintero.

Señorías, guarden silencio, por favor, porque no se escucha, ni siquiera desde aquí. Por favor, guarden silencio.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente.

Decía que Coalición Canaria presenta once enmiendas en un primer bloque, con las que intentamos perseguir y corregir el hecho de que el Gobierno no tenga en cuenta el esfuerzo realizado por algunas comunidades autónomas y entidades locales para controlar su deuda, y que les permita, como en el caso de Canarias, aumentar su capacidad de endeudamiento para financiar políticas activas de empleo y fomentar el crecimiento económico.

Creemos que el Gobierno debe permitir que aquellas comunidades autónomas y aquellos ayuntamientos que a lo largo del ciclo económico hayan saneado sus cuentas y reducido su nivel de endeudamiento puedan utilizar las políticas de gasto como un estabilizador, acometiendo políticas que permitan impulsar su actividad económica en coherencia con una coyuntura desfavorable como la actual.

Planteamos, además, que en las cuentas que se publiquen periódicamente se especifiquen las de las comunidades autónomas, con el objetivo de que exista una mayor precisión y transparencia.




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En otra de las enmiendas que presentamos proponemos que una vez que se aprueben los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública el Gobierno plantee una propuesta a las comunidades autónomas para que estas puedan expresar su posición y realizar aportaciones.

Creemos que lo más sensato es que el Gobierno, en su empeño de señalar a las comunidades autónomas como responsables del déficit, —y me alegro de que el ministro haya aclarado hoy aquí la confusión generada ayer en el Congreso y de que no se siembren más dudas sobre las comunidades autónomas— abogue por que exista transparencia en las cuentas públicas y en las administraciones.

En cuanto a la advertencia de incumplimiento a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales, hay que tener en cuenta que estas tienen diferente configuración constitucional, con autonomía política unas y autonomía administrativa las otras, y por ello es necesario diferenciar el régimen de aplicación de estas medidas en cada caso. De tratarse de una comunidad autónoma, habría que dar entrada al mecanismo de coordinación que establece el artículo 135 de la Constitución española como garantía de que los principios de estabilidad presupuestaria se desarrollan con respeto a la comunidad autónoma, tanto financiera, como económicamente.

Por otra parte creemos que debe evitarse cualquier mención que implique una posición de ascendencia jerárquica entre un organismo de la Administración del Estado, como es en este caso el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y las instituciones representativas de las comunidades autónomas.

En definitiva, y reiterando nuestro apoyo a que se fije la estabilidad presupuestaria, que es necesaria, creemos que el Gobierno debe actuar con rigor y tener en cuenta el recorrido de cada una de las comunidades. Debe trabajar codo con codo con cada una de ellas, y en el caso de Canarias debe tener en cuenta la singularidad de su régimen económico y fiscal, tal y como aquí ha manifestado hoy el señor ministro.

Asimismo hemos presentado la enmienda número 11, de adición a la disposición final bis, con la que pretendemos corregir una incoherencia entre sus párrafos 1 y 3, que lleva a que no se cumpla con lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Canarias en el artículo 46, ni en el régimen económico y fiscal de Canarias, así como tampoco en la propia Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas.

El sistema de financiación pretende una financiación homogénea per cápita entre comunidades autónomas de los servicios públicos básicos, y por otro lado, el REF pretende compensar las desventajas estructurales y los mayores costes adicionales que suponen la lejanía, la fragmentación, la insularidad y lo reducido de los mercados en Canarias. La inclusión de la disposición se realizó mediante enmienda que pretendía dejar claro que el REF no afectaría al sistema de financiación para Canarias, cosa que queda medianamente claro con el primer párrafo, así como que una aplicación del resto del sistema legal, la aplicación de la norma, es contraria a la justificación que se argumentó para la enmienda aceptada por el Congreso.

Finalmente la enmienda número 9 a la disposición adicional tercera propone su supresión, porque el primer apartado no es más que una reiteración de lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y, por consiguiente, adolece de falta de sistemática y de lógica jurídica, puesto que entra en competencia dialéctica con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional a la que explícitamente se remite. Y la supresión del segundo apartado parece necesaria en cuanto que la prórroga de los presupuestos del ejercicio anterior para salvar la Ley de presupuestos supone una auténtica distorsión del ejercicio presupuestario, condicionado al pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el levantamiento de la suspensión o a la aprobación de una ley parcial o integral de rehabilitación presupuestaria. El presupuesto es un documento económico con propósitos integrados, y la eventual impugnación de alguna de sus disposiciones para ser sustituida interinamente con las de un ejercicio cerrado no ayuda al propósito de estabilidad presupuestaria, sino que lo retrotrae a momentos anteriores en los que este pudiese estar, incluso más lejano. Más lógico sería entender que el artículo 161.2 de la Constitución española no está pensado para la impugnación y suspensión de los presupuestos de las comunidades autónomas en virtud del perjuicio que ocasiona en su funcionamiento económico. Coalición Canaria entiende que estas once enmiendas mejorarían la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y esperamos el apoyo de los demás grupos parlamentarios.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.

Para la defensa de las enmiendas números 58 a 61, del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Martínez por tiempo de cuatro minutos.




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La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado se enfrenta a este debate con el único afán de mejorar un proyecto de ley de importancia capital para la gestión presupuestaria y financiera de las administraciones públicas.

Elevado el concepto de déficit cero al rango constitucional, nos hemos desayunado esta mañana con unos datos de déficit público para este primer trimestre ciertamente desalentadores. Quizás este dato, que imagino previsto por el Gobierno, explique sus prisas para aprobar este proyecto de ley; quizás estas prisas expliquen también la reticencia a negociar las enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios tanto en esta Cámara como en el Congreso. Es entendible el afán por armarse de instrumentos legislativos que permitan al ministro De Guindos continuar su campaña de credibilidad ante los agentes financieros internaciones. Pero las prisas no han sido nunca buenas consejeras y este proyecto de ley es susceptible de mejoras técnicas que faciliten la comprensión e interpretación del texto de acuerdo con los objetivos previstos en su propio preámbulo.

De las cuatro enmiendas de nuestro grupo, dos de ellas, la 58 y la 60, son de carácter aclaratorio y dotan al texto de una mejor comprensión al reforzar su sentido económico.

La enmienda 59, en cambio, pretende reconducir el texto del artículo 11.2 a la senda establecida por el pacto de estabilidad, abandonando la pretensión del Gobierno popular de ser más papista que el papa incrementando las exigencias a las administraciones públicas y en especial a los entes locales hasta límites insostenibles que superan con creces los términos establecidos por el pacto de estabilidad.

La enmienda 61 intenta poner freno al afán recentralizador del que su Gobierno hace gala en todas las ocasiones. Parece que últimamente no dan puntada sin hilo y cualquier ocasión es buena para recortar la capacidad de decisión de las comunidades autónomas. La nueva redacción que proponemos para el artículo 13.4 de esta ley pretende eliminar la discrecionalidad que la redacción actual concede al Gobierno central para autorizar el acceso al crédito y a la emisión de deuda a las comunidades autónomas, incluso cuando estas cumplen con lo establecido por la propia ley en materia de estabilidad presupuestaria y deuda pública.

Del mismo modo, nos sumamos y hacemos propias las enmiendas 86 y 70, presentadas por el Grupo de Convergència i Unió. Tal y como les trasladé el lunes pasado a la finalización de la ponencia, ambas enmiendas coinciden con las reivindicaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias ante un proyecto de ley que penaliza tanto al ayuntamiento que no cumple con los límites de endeudamiento como al que sí, como hace el artículo 12.5, y que obliga a los ayuntamientos a dedicar los ingresos no previstos íntegramente a la amortización de la deuda. ¿Y si mi ayuntamiento no tiene deuda? ¿Y si aún teniéndola esta todavía no ha vencido? ¿Y si el eventual coste de la penalización por amortización del crédito supera en cuantía esos ingresos no previstos? ¿Y cómo explico a los proveedores de bienes y servicios que estos ingresos no pueden ser utilizados para pagarles a ellos y sí al banco? ¿No consideran que esta disposición no solo no garantiza un uso eficiente de los recursos públicos, sino que además vulnera el principio de autonomía local?

Por todo ello les instamos a considerar estas enmiendas como lo que son, como un intento de paliar el tremendo daño que esta ley, por sus incongruencias y su afán modelizador de cara a Europa, pueden causar al sector público en general y más concretamente a los entes locales.

Gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.

Para la defensa de las enmiendas números 12 a 42, de los senadores Guillot y Saura, tiene la palabra el senador Guillot por tiempo de treinta minutos.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, president.

Señorías, voy a defender estas enmiendas en el marco del debate de hoy: las políticas y la realidad de la coyuntura económica.

En primer lugar, yo respeto mucho el convencimiento, la pasión, la vehemencia, el orgullo de partido de todos los portavoces, pero les pediría, sobre todo a usted, señora Angulo, que no me dé lecciones; que no me dé lecciones, y menos si no se las pido, pero sobre todo que no embarulle.

El señor Saura y yo —como nuestra única experiencia es de Gobiernos municipales y del Gobierno de la Generalitat de Cataluña— nos vemos capaces de afrontar donde quieran y cuando quieran un debate sobre la gestión del tripartito y la gestión de la Comunidad Valenciana. Y donde quieran y cuando quieran




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discutiremos sobre la gestión del Ayuntamiento de Barcelona, que gobernamos junto con los socialistas, y sobre la gestión de Madrid, del señor Ruiz-Gallardón. Cuando quieran; cuando quieran. (Aplausos.)

Y digo que sea un poco humilde, porque añadiré otra cosa. Yo he votado dos presidentes, Maragall y Montilla; la Generalitat ha tenido cuatro, además de estos, Jordi Pujol y Artur Mas. Ninguno de ellos, ninguno de los cuatro me ha avergonzado nunca, y ninguno de los cuatro ha pisado un juzgado jamás. ¿Usted puede decir lo mismo? (Aplausos.) No, para nada; para nada.

Hoy estamos hablando de este proyecto de ley, de su coyuntura económica, de las políticas de respuesta que el Gobierno del PP está dando a la situación de crisis, y nosotros, el senador Saura y yo —no el grupo de la Entesa— creemos sinceramente que es imposible, y por otra parte no es conveniente, llegar a la reducción del 3 % en 2013. Y no la líe, que no estoy hablando de 2117. Estoy diciendo que hay que alargar los plazos, ¿por qué 2013 y no 2015 o 2016, como propone la Confederación Europea de Sindicatos? Si usted cree que sí, dígalo, no me hable del tripartito. Dígame que España, que cerró con un 8,5 % de déficit del PIB en 2011, es capaz de llegar a este objetivo, diga lo que diga el Fondo Monetario Internacional, diga lo que diga Funcas, digan lo que digan las agencias de calificación. Dígalo, pero luego no me diga: lo siento, me equivoqué, no lo volveré a hacer, porque ustedes saben que no pueden llegar y si no lo saben es que tienen un problema de percepción de la realidad más que preocupante. Esta es la primera cuestión que he planteado en el veto y en las enmiendas.

La segunda cuestión es que ustedes siguen reiterando en las propuestas legislativas que España quiere pagar, que España se compromete a pagar sus deudas y a reducir su déficit. El problema es que a los prestamistas esto tanto les da, lo que quieren saber es si realmente podemos pagar, y para poder pagar hace falta crecimiento económico y para que haya crecimiento económico hacen falta estímulos y para que haya estímulos hay que liberar recursos y para poder conseguirlo es por lo que hay que intentar alargar el tiempo de reducción del déficit. ¿Tan difícil es de entender? ¿No les causa ninguna congoja ver que nuestros intereses están a más de 6 puntos, que la prima de riesgos está por encima de 400, que la bolsa está en caída libre? ¿No les preocupa lo más mínimo? ¿Usted cree que esto se resuelve con un proyecto de ley que, en definitiva, dice que a lo que nos propone la Unión Europea, nosotros taza y media más? Nosotros, déficit cero, cuando la Unión Europea permite el 0,5. Es decir, nosotros, endurecer todo un poco más. Lo encuentro patético, inútil, porque si ya no somos capaces de cumplir con lo que hay, ¿a qué viene endurecer aún más las propuestas de la Unión Europea? Lo encuentro absurdo, infantil.

Por eso, nosotros hemos presentado estas treinta enmiendas, que tienen como objetivo, en primer lugar, situarnos en la realidad, afrontar que el déficit es un reto, que este reto lo tenemos que conseguir, pero para poder conseguirlo sin que esto represente un suicidio, una hecatombe de nuestra economía y de nuestra cohesión social, necesitamos algo más de tiempo. En segundo lugar, hay que priorizar en el gasto público los servicios fundamentales. Y en tercer lugar, recuperar aquellos criterios que plantea la Unión Europea, no esas exageraciones que ustedes plantean y que, insisto, son un brindis al sol, son infantiles, y, por otra parte, no tienen ningún tipo de credibilidad ni para el resto de Gobiernos de la Unión, ni para los prestamistas.

Todo esto justifica las enmiendas que hemos presentado, en el sentido de flexibilizar, racionalizar y hacer más real este Proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Señorías, insisto, ustedes tienen la mayoría absoluta, ustedes conocen la realidad, a ustedes les toca decidir, pero tengo el firme convencimiento de que, tal como va la orientación actual de España, vamos al desastre. El desastre social ya se está confirmado con el elevado número de paro, con las dificultades de todo tipo que provoca la elevación de los costes, el crecimiento de la vida y las dificultades cada vez mayores que existen para el acceso a los servicios universales. Pero lo que más me preocupa es que ustedes no sean capaces de entender una sola cosa: que hay que invertir en nuestra economía para que esta crezca y, a partir de este crecimiento, poder pagar deudas, crear empleo y garantizar el acceso a intereses a un tipo razonable. Si no lo entienden, suya es la responsabilidad.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Para la defensa de las enmiendas números 62 a 73, 75, 77 a 93 y 95 a 99 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel por tiempo de treinta minutos.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, señor presidente.

Vaya por delante que en este turno voy a ser menos generoso en el uso del tiempo que en mi intervención anterior, porque creo que tenemos que analizar y vamos a defender nuestras enmiendas, a




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pesar de entender la dificultad del momento procesal, que las urgencias aprietan y que la prioridad del Gobierno y del grupo mayoritario que sustenta al Gobierno es en estos momentos aprobar esta ley lo más rápido posible. Independientemente de esto, tenemos la confianza de que, ya sea en este momento o a través de alguna actuación posterior —sobre las cuales ya les adelantaré algunas pistas—, se pueda recoger el espíritu y el contenido de alguna de estas enmiendas.

Nuestro grupo comparte la necesidad y los objetivos de esta Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, tal y como he expuesto brevemente en mi anterior intervención. Nosotros fuimos excluidos —por decirlo de forma suave— de un acuerdo que modificó el artículo 135 de la Constitución, artículo que fundamenta en parte esta Ley de Estabilidad Presupuestaria, pero, independientemente de ello, intentaremos estar presentes durante la tramitación de esta ley.

Somos conscientes de que la ley va mucho más allá —tal y como ha expuesto el ministro y algunos de los portavoces que han intervenido— del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, que es también una necesidad. Por tanto, no vamos a discutir sobre la necesidad, la conveniencia e incluso la urgencia de su tramitación.

Nuestro grupo ha presentado treinta y cinco enmiendas, de las cuales una parte sustancial tiene un contenido similar a las que presentamos en el Congreso de los Diputados. En cambio, otras se incorporan como novedad, y a ellas voy a hacer especial referencia. Las enmiendas que se refieren a los contenidos generales de la ley, las que hacen referencia a las comunidades autónomas las damos todas por defendidas. No vamos a llevar a cabo una exposición larga sobre esta cuestión, pues consideramos que quedó lo suficientemente sustanciado en el debate del Congreso de los Diputados.

Hoy, si me lo permiten, vamos a centrar nuestra atención en aquellas enmiendas que se refieren a la Administración local, por diferentes motivos. En esta Cámara, afortunadamente, hay muchos alcaldes. Y no solo por ello vamos a centrar el debate sobre esta cuestión, sino porque todos los grupos, incluido el mío, no fuimos lo suficientemente sensibles con la Administración local durante la tramitación de la ley en el Congreso. Y considero que, siendo esta una Cámara de representación territorial, debe enfatizar sobre estas cuestiones que afectan a la Administración local.

Nosotros hemos planteado diferentes enmiendas en relación con la Administración local, pero centraré mi atención esencialmente en cuatro, y si me da tiempo, me extenderé a una quinta.

La primera de las enmiendas es la número 86, que hace referencia al punto 5 del artículo 12, dentro de la regla del gasto. El punto 5 establece lo siguiente: Los ingresos que se hayan obtenido por encima de lo presupuestado se destinarán íntegramente a reducir deuda.

Más allá de comunidades autónomas y Estado, centro mi atención en las corporaciones locales. Los ingresos que se han asumido por encima de lo presupuestado se deben destinar a reducir endeudamiento —primer punto de atención, sobre el que volveré posteriormente—. Ello afecta a todos los ayuntamientos, a los que están cumpliendo y a los que no están cumpliendo. Pero la primera duda que se nos plantea es a qué ingresos se refiere, si a los ingresos en su conjunto, a los ingresos a nivel de artículo o a los ingresos a nivel de capítulo, que también es muy importante fijarlo. Y, si no lo fija la ley, lo habrá de fijar alguna norma, pero no podemos dejar que este apartado del artículo sea objeto de interpretación por los más de 8000 interventores que rigen las finanzas de las corporaciones locales en España. Por tanto, hay que fijar a qué ingresos se refiere y cómo se determinan los ingresos que van destinados a reducir endeudamiento.

Segunda cuestión importante. Hace un momento, la portavoz del Grupo Popular, de forma acertada —y el ministro lo ha expresado en varias ocasiones—, decía que los ayuntamientos tendrán una mayor tesorería, dada la liquidación positiva de la participación en tributos del Estado de 2010. Y yo les digo: esta liquidación, que se materializará de aquí a unas semanas con la aprobación del presupuesto, no mejorará la tesorería de los ayuntamientos si no se hace una correcta interpretación de este apartado del artículo, porque ningún ayuntamiento tenía presupuestados estos ingresos y además suponen mayor ingreso del presupuestado. Por tanto, solo tienen un destino: amortizar deuda, repito, para todos los ayuntamientos y sobre todo también —y enfatizaré este tema después— para todas las diputaciones.

Tercera cuestión, este punto del artículo incentiva una mala praxis presupuestaria, de la cual pretende huir la norma. ¿Por qué la incentiva? Porque si el mensaje que estamos dando a los alcaldes es que si hacen una buena gestión de sus ingresos y de sus presupuestos y consiguen más ingresos, los tienen que destinar, no a lo que ellos quieran, no a inversión pública, sino a reducir el endeudamiento, ¿qué van a hacer los alcaldes? Presupuestar al alza, van a hacer un presupuesto de ingresos al alza que en muchos casos no se va a corresponder después con la realidad.




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Por tanto, entendemos que este punto quinto de este artículo referido a las corporaciones locales se debería suprimir o, como mucho, y fijando unos tramos, se tendría que referir no a los mayores ingresos, sino simplemente al remanente positivo de tesorería, del cual hablaré después. Si tengo más ingresos en mi ayuntamiento pero también tengo más gastos, si destino mis más ingresos a reducir endeudamiento, estoy generando un problema gravísimo en la tesorería de la corporación local. A esto hace referencia la enmienda número 86.

Otro punto fundamental, quizá incluso más importante que este, es el que se refiere la enmienda número 70, que presentamos al artículo 32, el cual fija a qué se debe destinar el superávit presupuestario y establece que el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales deberán destinar el superávit presupuestario, el resultado positivo de su liquidación presupuestaria obligatoriamente a reducir el endeudamiento neto.

Cabe citar varias cuestiones al respecto. Los alcaldes sabrán de qué hablo y aquellos que no lo han sido pero han pasado por las corporaciones locales también lo van a entender rápidamente. A efectos de gestión presupuestaria, en las corporaciones locales hay dos grandes magnitudes significativas: no solo la liquidación del presupuesto, no solo el superávit o el déficit presupuestario, sino también el cálculo del remanente de tesorería. Estas son las dos grandes magnitudes de carácter financiero que marcan la gestión económica de los ayuntamientos.

A diferencia del Estado y de las comunidades autónomas, cuando se calcula el resultado presupuestario en las corporaciones locales, solo se están calculando los ingresos reconocidos de las obligaciones reconocidas de ese ejercicio presupuestario, y esto genera un superávit o un déficit presupuestario. En cambio, el remanente de tesorería incorpora cuál es la situación financiera del ayuntamiento de forma acumulada, no solo con relación a ese ejercicio presupuestario. Por ejemplo, si hay una baja de un ingreso de ejercicios anteriores, no tiene efecto en el resultado presupuestario pero, en cambio, sí tiene efecto en el remanente de tesorería. Cuando estamos obligados —y la mayoría de los ayuntamientos lo hacemos— y dotamos una parte de nuestros ingresos como provisión de insolvencia por posibles ingresos que difícilmente se van a cobrar, sea por insolvencia del sujeto pasivo, por tratarse de multas de tráfico difíciles de cobrar, etcétera, esta dotación no tiene efectos en el resultado presupuestario, pero sí los tiene en el remanente de tesorería.

¿Qué estoy intentando explicarles? Que el concepto de resultado presupuestario, que es muy claro para las comunidades autónomas y para el Estado, no es tan diáfano a efectos de corporaciones locales. No es que pase cada día pero suele ser bastante habitual que una corporación local presente un resultado presupuestario positivo y un remanente de tesorería negativo. En dicho caso, con la aplicación estricta de la literalidad del artículo 32, esta corporación local, que tiene problemas de tesorería, deberá destinar el superávit presupuestario a reducir el endeudamiento, con lo cual va a gravar de forma muy importante la tesorería, la dificultad para pagar a proveedores, para atender las nóminas, etcétera. Por tanto, no nos parece una solución adecuada y entendemos que requerirá interpretación.

Pero eso no es todo lo que nosotros intentamos arreglar con la enmienda número 70 formulada a este artículo. Como he dicho antes en relación con el punto 5 del artículo 12, afecta a todos los ayuntamientos, a todos. Y si aquí hay alcaldes que piensan que tienen el ayuntamiento saneado, que poseen un nivel de endeudamiento inferior al 75 %, que liquidan siempre de forma positiva, que no han tenido que hacer un plan de ajuste y que, en definitiva, piensan que no les afecta, se equivocan, también nos afecta. Afecta absolutamente a todos, incluso a aquellos ayuntamientos que han tenido un comportamiento ejemplar a lo largo de la historia.

Por tanto, estamos penalizando a los ayuntamientos que lo han hecho bien porque ha habido otros ayuntamientos y, sobre todo, otros niveles de administración que lo han hecho mal. Así que nos parece tremendamente injusto que esta norma, que nosotros entendemos que no se tiene que aplicar con relación al resultado presupuestario sino al remanente positivo de tesorería, se aplique a todos los ayuntamientos. En nuestra formación política entendemos que se debería hacer un escalado y que, en función del nivel de endeudamiento de cada corporación local, se tendría que destinar un porcentaje diferente del remanente positivo de tesorería, pero siempre del remanente positivo de tesorería, en ningún caso del resultado presupuestario.

En este punto, quisiera hacer una referencia a las graves consecuencias que esto representa también para las diputaciones provinciales. Saben que las diputaciones provinciales, en estos momentos de extrema dificultad para las corporaciones locales, juegan un papel importante. Y lo juegan porque crean líneas de financiación de cara a los pequeños y medianos ayuntamientos y porque afrontan inversiones a




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las cuales muchos ayuntamientos no pueden hacer frente. Pues bien, ustedes conocen que estas diputaciones provinciales financian todas estas actuaciones en gran parte con sus remanentes de tesorería positivos. Algunas también confían en financiarlas en 2011 basándose en la liquidación extraordinaria positiva de la participación en tributos del Estado de 2010.

¿Qué estamos haciendo con una aplicación estricta de la norma que aprobamos? Estamos atando de pies y manos a las diputaciones provinciales. Con ello perjudicamos seriamente a los ayuntamientos y, dicho sea de paso, a las diputaciones provinciales, que la mayoría cumplen todas las condiciones de endeudamiento. No tienen una deuda excesiva y, por tanto, no entendemos que sea razonable limitar la acción de las diputaciones provinciales.

Hemos presentado también una enmienda complementaria, la número 73, con la confianza de que si no podemos tocar el articulado, solventemos las cuestiones que les hemos planteado con una disposición adicional nueva. A ello destinamos el contenido de dicha enmienda. No voy a repetirme, porque, de hecho, es complementaria de las dos anteriores. Sí les debe quedar en la retina y lo deben tener en cuenta, sobre todo el grupo mayoritario que da apoyo al Gobierno, que tendremos que buscar una solución. No es razonable penalizar a los que han cumplido. No es razonable penalizar la buena gestión presupuestaria. No es razonable penalizar a aquellos ayuntamientos y diputaciones que sean capaces, mediante su gestión, de mejorar sus ingresos. Por tanto, les pedimos que, si no en este trámite parlamentario, en alguno posterior —después haré una referencia a ello— solventemos este problema.

Estas son peticiones que en su mayoría están consensuadas en el seno de la FEMP. También es el momento de hacer una reflexión. La hago como autocrítica personal, como alcalde y como portavoz de mi grupo. Cada uno, en su grupo, deberá hacerla. Me entristece ver el escaso papel que se da a las corporaciones locales en el ámbito legislativo. La FEMP hizo unas aportaciones y ningún grupo, incluido el mío, las tuvo en consideración en el Congreso de los Diputados. La FEMP hizo unas aportaciones en el Senado y — si no me he equivocado y creo que no me he equivocado— solo mi grupo las ha incorporado parcialmente, obviamente las que entendíamos que eran de mayor utilidad.

Eso nos debe servir para el futuro, para una legislatura que iniciamos. No seré yo quien le quite mérito al señor ministro, al señor Montoro, ni quien minimice su sensibilidad en relación con la Administración local. Creo que ha sido ágil al convocar la Comisión Nacional de la Administración Local. Creo que ha sido ágil al intentar reaccionar a corto plazo respecto de algunas situaciones, pero las corporaciones locales deben hacer oír, todavía más, su voz y deben hacer valer su capacidad de incidencia en relación con la prestación de servicios a los ciudadanos.

Les comentaba que si tenía tiempo —y lo tengo— también haría una referencia a otra enmienda, la número 84, que alude al artículo 12 en su conjunto. La reflexión que les hago va más allá de la enmienda estrictamente, en la misma línea que hemos seguido. En este sentido, se establece un techo de gasto que también se aplica a las corporaciones locales en función de la evolución del PIB, y se aplica de forma genérica. Esta circunstancia nos parece otra vez absolutamente injusta porque si ha habido algún ayuntamiento ―y lo hay―, si ha habido alguna diputación ―y la hay―, algún cabildo ―y lo hay― o algún consell comarcal ―y lo hay― que haya hecho bien las cosas y que tenga capacidad de generar ingresos, no entendemos el motivo por el cual se le tiene que limitar la capacidad de crecimiento del gasto.

A su vez, nos parece que se favorece a aquellas corporaciones locales que han sido laxas en el momento de elaborar sus presupuestos, porque como este porcentaje se aplica en relación con el último presupuesto aprobado, aquellos que se hayan ajustado y hayan sido estrictos en su proyección de ingresos y gastos para los años 2011 y 2012, al hacer los presupuestos para 2013 verán limitada su capacidad de generar gasto público. Sin embargo, aquel ayuntamiento que haya elaborado unos presupuestos de forma alegre, laxa, inflando sus ingresos y gastos, saldrá beneficiado de la aplicación de esta norma. Por tanto, desde nuestro punto de vista, este también es un aspecto que debe corregirse.

Sabemos que la situación requiere la aprobación de la ley a corto plazo, sabemos de la urgencia de la tramitación de la ley y la compartimos; sin embargo, creemos que todos los grupos parlamentarios podrían haber hecho un esfuerzo de manera que incluso hubiésemos llegado a forzar un pleno extraordinario en el Congreso para cumplir los plazos comprometidos, pero en este momento ya no es posible.

En cualquier caso, les vamos a indicar algunas vías de trabajo para que solventen este problema a las corporaciones locales, porque este problema lo sufrirán todas ellas, los más de 8000 ayuntamientos, las 52 diputaciones, etcétera.

Les avanzo que mi grupo va a presentar enmiendas a la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Sabemos que esta es una ley orgánica y que, por tanto, no se va a poder modificar a través de una




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enmienda en la ley de presupuestos, pero creemos que nos queda margen para presentar alguna enmienda que interprete correctamente, en la dirección que he apuntado, la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada, sobre todo en lo que hace referencia al artículo 12.5 y al artículo 32. Por ello, les pido que sean sensibles en la tramitación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado en relación con estas enmiendas. Si no lo arreglamos aquí, lo tendrán que hacer en algún momento porque no vamos a soportar la presión de todos los alcaldes y de todas las corporaciones locales en relación con esta situación y con este trato injusto.

Otra posibilidad es que si creemos que esta no puede ser la vía porque no se puede interpretar un artículo de una ley orgánica a través de una ley ordinaria ―y aunque no lo hayan contemplado inicialmente―, el Gobierno podría aprobar un desarrollo reglamentario de esta ley. Es verdad, y alguien lo ha dicho, que en algún aspecto esta ley es muy reglamentista, que entra en un detalle más propio de un reglamento que de una ley orgánica, y supongo que es porque no había voluntad de desarrollarlo, pero entendemos que un reglamento que desarrolle esta ley orgánica podría ser un instrumento adecuado para solventar la situación que se plantea en las corporaciones locales.

En todo caso, quisiera terminar mi intervención dando por defendidas todas las enmiendas —también aquellas que no he mencionado en este turno— e instando al Gobierno esencialmente a que llegue a un acuerdo con las corporaciones locales y a que llegue a un acuerdo con la FEMP, que flexibilice esta interpretación que yo he hecho, y que no la hago a título personal. Mi grupo ha pedido opinión a diferentes interventores y técnicos de diferentes corporaciones locales. La opinión que yo he expresado aquí, en cuanto a la interpretación de esta ley, es compartida. Lo peor que podríamos hacer y todavía lo más injusto con relación a las corporaciones locales es que no hubiese un criterio interpretativo único y que al final fuera el interventor de cada ayuntamiento o de cada diputación quien hiciera la intervención de los dos artículos mencionados. En todo caso, y en la confianza de que en algunos de los trámites que les he anunciado o que después se les puedan ocurrir a ustedes podamos resolver estas cuestiones planteadas, deseo que la ley que hoy tramitamos tenga mejor suerte que la que se tramitó en el año 2001.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Para la defensa de las enmiendas números 43 a 57, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Marra, por tiempo de quince minutos.

La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías.

Quiero empezar mi intervención diciendo que para el Grupo Socialista la estabilidad presupuestaria es un principio esencial para fortalecer la credibilidad de la economía española y, consecuentemente, para crear mayores condiciones objetivas de crecimiento futuro, de creación de empleo y para la sostenibilidad de nuestro Estado del bienestar.

Este convencimiento nos llevó en septiembre de 2011 a reformar el artículo 135 de la Constitución española como resultado de un pacto, de un gran acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, introduciendo al máximo nivel normativo una regla fiscal que limita la deuda pública y limita también el déficit público estructural en nuestro país a valores de referencia del pacto fiscal europeo.

Pues bien, el desarrollo de este mandato constitucional en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que hoy trae el Grupo Popular a esta Cámara supone para nosotros una clara ruptura de este consenso constitucional. Y fundamentalmente por responsabilidad es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista no va a presentar una enmienda a la totalidad, pero sí vamos a exigir al Grupo Popular que cumpla las obligaciones contraídas en este pacto constitucional, porque creemos que instrumentar el principio de estabilidad presupuestaria, exigiendo un déficit estructural cero, es claramente un principio ideológico, partidista, que quieren poner por encima del interés general, carente de racionalidad económica e inconsistente con la realidad político—fiscal que necesita la economía española. Es un ejercicio, además, de profunda irresponsabilidad, de deslealtad institucional que el Grupo Popular haga partidismo con la política presupuestaria, que rompa consensos constitucionales y que reste credibilidad económica, nacional e internacional a nuestro país.

No podemos pasar por alto que el problema más grave que tiene la política presupuestaria en estos momentos es la falta de confianza. La confianza es crucial, señorías, y es constatable que en los últimos meses el Gobierno del Partido Popular ha tenido una aceleración de pérdida de confianza. Y ahí están los indicadores de la prima de riesgo estabilizada con Alemania, eso sí, por encima de los 400 puntos básicos,




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y el comportamiento de la bolsa, que en el año 2012 tuvo no solo el peor comportamiento de toda Europa, sino también el peor de todo el mundo. Y no ayuda a la recuperación de la confianza una ley exprés que se quiere aprobar aprisa y corriendo, que es irrespetuosa con el resto de las fuerzas políticas, especialmente con aquellas que nos comprometimos con el pacto constitucional en materia de estabilidad, y con las que no se ha negociado ningún punto de esta ley para sumar consensos y establecer acuerdos. Defendemos que las leyes han de aprobarse desde los consensos y los acuerdos y no desde las imposiciones. Han de hacerse desde la reflexión y no desde las prisas, las urgencias y las improvisaciones. Han de hacerse desde el respeto a los restantes grupos parlamentarios, cumpliendo con compromisos contraídos. Y, sobre todo, han de hacerse desde la lealtad institucional buscando el interés general por encima de otras consideraciones partidistas, como está haciendo el Partido Popular.

Dicho de otra manera, señorías, esta ley genera profundas dudas sobre el cumplimiento de los objetivos de déficit estructural y sobre la solvencia de nuestro país, porque no es creíble y, en consecuencia, no va a contribuir a sentar las bases para la recuperación de la economía y la sostenibilidad de nuestro Estado del bienestar. Una cita de Einstein viene muy al hilo sobre esta cuestión, y es la que dice que nada destruye más el respeto por el Gobierno y por la ley de un país que la aprobación de leyes que no pueden hacerse cumplir.

El Grupo Parlamentario Socialista no va a presentar una enmienda a la totalidad a esta ley principalmente por responsabilidad. Ahora bien, si el Partido Popular cumple con las obligaciones contraídas en el pacto político y acepta las 15 enmiendas que presentamos, votaremos a favor de este proyecto de ley. A modo de síntesis, quisiera destacar las más importantes que van en la línea de recuperar consensos, de que se cumplan los compromisos del pacto constitucional y de aportar coherencia con la normativa europea. En primer lugar, las relativas a los artículos 11.2 y 11.3. Creemos que estas enmiendas son unas de las más importantes porque incorporan al mandato constitucional lo que se preveía fijar en la ley orgánica, un 0,4 % del PIB nominal de déficit estructural máximo a partir de 2020. Y permitía superar ese límite en caso de catástrofes naturales, recesión económica o bien situaciones de emergencia extraordinaria. Dije —y quiero resaltar aquí— que el déficit cero que impone el Partido Popular es claramente un principio ideológico —no un principio económico—, partidista, que no solo supone una clara ruptura de este acuerdo constitucional, sino que es mucho más restrictivo que el propio pacto fiscal europeo que plantea el 0,5 % del PIB. Y esto no lo interpretamos solo el Grupo Socialista y una gran parte de los grupos parlamentarios presentes en esta Cámara, sino que el propio Consejo de Estado, de manera clara en su dictamen en la página 33, habla de la diferencia existente y de que se justifiquen el porcentaje de déficit estructural admitido por el Tratado para poder considerar que los presupuestos están equilibrados y el porcentaje establecido con equivalente finalidad en el proyecto de ley. Por ello, creemos que hay que incluir estas enmiendas y corregir de manera clara la ley.

En segundo lugar, enmiendas relativas al artículo 25.1 apartado b), referentes a medidas coercitivas en caso de incumplimiento del plan económico o del plan de reequilibrio de las administraciones responsables. En la ley, estas medidas coercitivas establecen construir un depósito con intereses en el Banco de España del 0,2 % del PIB. Sin embargo, nuevamente el pacto fiscal habla del 0,1 % de su PIB. Por coherencia con la normativa europea, en el Grupo Socialista entendemos que en este sentido debería modificarse nuevamente este proyecto de ley.

Y por último, pero no por ello menos importante, la enmienda relativa a la senda de consolidación fiscal, la que tiene que ver con el período transitorio, disposición transitoria primera. Formulamos tres reglas fiscales distintas a las que presenta a esta ley el Gobierno del Partido Popular. La primera regla fiscal es la regla de gasto contenida en el artículo 12 de la ley; una regla de gasto que tiene en cuenta no solo la evolución de los gastos, sino también la evolución de los ingresos. Se aplicará aminorando en un punto porcentual la tasa de referencia del crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española.

La segunda regla fiscal establece una senda para la reducción del endeudamiento. En caso de que la ratio de deuda exceda el valor de referencia del 60 %, el exceso sobre el mismo se reducirá a un ritmo medio de una veintena parte al año.

Estas dos reglas son las que se establecen en el pacto fiscal europeo y también son las que se han recogido en muchas de las enmiendas que han presentado hoy aquí los distintos grupos parlamentarios.

Por último, la tercera regla fiscal es que el déficit estructural se deberá reducir en un 0,5 % del PIB nominal en promedio anual.

En definitiva, señorías, lo que hoy proponemos es hacer que la certidumbre de la senda de consolidación fiscal sea la base sobre la que se asiente la recuperación económica y la garantía de




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bienestar social de nuestro país. Porque, señorías, cuando el Partido Popular habla de endurecer la senda de consolidación fiscal fijando un déficit estructural del 0 % para el año 2020 amenaza no solo a la recuperación económica sino que amenaza las conquistas sociales, y pone en riesgo nuestro Estado del bienestar.

Creemos, sinceramente, que es posible compatibilizar unas cuentas públicas saneadas y sostenibles con una estrategia adecuada de crecimiento económico. No se trata de ajustar el déficit sino de flexibilizar el ajuste. Y son muchos los expertos, organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, gobiernos, como el de Estados Unidos, los que están pidiendo a Europa que equilibre las políticas de ajustes y las políticas de crecimiento económico, porque ajustes solo conllevan, solo conducen a más ajustes.

No puedo pasar por alto el último informe del propio Fondo Monetario Internacional, que dice, y cito textualmente, que no sería deseable que España endureciera el proceso de consolidación fiscal si esto amenaza a la recuperación de la economía, porque lo que considera que sería necesario es encontrar el equilibrio correcto entre las dos posibilidades, entre ajuste y flexibilidad con crecimiento económico.

En definitiva, señorías, flexibilización de los ajustes es lo que nos está pidiendo Europa. Ajustes indiscriminados en políticas de crecimiento, como las que está haciendo el Partido Popular, solo conducen a más recesión, más paro, más coste de la deuda y más recortes; recortes, señorías del Partido Popular, que nada tienen que ver con la herencia recibida y que son de su exclusiva responsabilidad. Reducen drásticamente programas de fomento de empleo, gastos educativos del Estado, partidas destinadas a formación profesional, dependencia. Reducen drásticamente gastos en I+D+i, ayudas para la internacionalización de las empresas. Y seguiría un largo etcétera, señorías.

Finalmente —y con esto acabo, señor presidente— quiero reiterar nuestra máxima disposición al diálogo y al acuerdo parlamentario. Creemos que esta ley tiene que ser un ejercicio de responsabilidad política, aparcando el partidismo y volviendo a recuperar consensos constitucionales, tan necesarios en estos momentos, tan difíciles, para dotar de credibilidad económica a la política fiscal de nuestro país. Creemos que es perfectamente posible reducir la deuda pública al 60 % en el año 2020; que es posible reducir el déficit estructural al 0,4 % o bien al 0,5 % en el año 2020, cumpliendo así el pacto fiscal europeo, y que es posible con mayor flexibilidad en los ajustes y con menores rigideces tener unas cuentas públicas saneadas y sostenibles que aseguren la recuperación económica y que sean garantía del Estado del bienestar.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Marra.

En el turno en contra de las enmiendas, tiene la palabra el senador De las Heras, por tiempo de treinta minutos.

El señor DE LAS HERAS MUELA: Buenas tardes, señor presidente.

Señorías, no seré tan cruel con ustedes y no utilizaré esos treinta minutos que me concede el Reglamento para debatir las enmiendas. Pero sí me gustaría hacer un pequeño análisis de las enmiendas fundamentales que se han presentado a este Proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Eran noventa y nueve, dos de las cuales decayeron porque fueron retiradas por el Grupo Parlamentario CiU, concretamente la número 94, que afectaba al artículo 18.1, y la número 76, a la disposición transitoria tercera.

El resto de las enmiendas, como todas sus señorías conocen, fueron rechazadas en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas celebrada el pasado lunes; y, salvo las fundamentales, que, como bien decían los senadores Quintero y Bel, son las que afectan a los apartados 12.5 y 32 de este proyecto de ley orgánica, muchas de ellas son de carácter semántico, pero otras tienen un contenido político sustancial que seguramente durante los próximos meses va a verter abundantes ríos de tinta.

En cualquier caso, quiero anunciarles que el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de las 97 enmiendas vivas, sin perjuicio de que, una vez se haya desplegado este proyecto de ley orgánica en toda su extensión, puedan derivarse algunos compromisos puntuales de esta con los representantes de las corporaciones locales.

Señor Bel, yo también soy concejal, yo también soy profundamente municipalista. Pero, señorías, es la hora de España (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.—Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Sí, es la hora de España. Y como concejal electo de un ayuntamiento y senador del Reino de España creo que debemos dejarnos de localismos, de




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provincialismos y de regionalismos, y que tenemos que centrarnos en lo esencial, señorías (Rumores.) —y no se pongan nerviosos, no armen gallinero—: en la credibilidad de las cuentas públicas españolas.

En cualquier caso, repito, este es el análisis principal de las enmiendas fundamentales que se han presentado a este proyecto de ley orgánica. Algunas de ellas han intentado introducir el concepto de ciclo económico, fundamentalmente a la hora de definirlo; y, señorías, no es cuestión de ciclos económicos, el tema capital —que diría el presidente Rajoy— es la estabilidad presupuestaria, es el superávit de las cuentas públicas. Cuando el ciclo sea bueno, no se preocupen, señorías, las cosas mejorarán por sí mismas. Pero estamos en un ciclo absolutamente negativo.

Alguna otra enmienda pretendía añadir un nuevo apartado al artículo 3 que permita desviaciones presupuestarias dirigidas a la cobertura de los servicios públicos fundamentales, algo que reitera hasta la saciedad Entesa pel Progrés de Catalunya. Y, señorías de la Entesa, señoras y señores senadores, en la verdadera cobertura de los servicios públicos fundamentales, en la cobertura de dichos servicios no caben atajos ni puertas de atrás. En la estabilidad presupuestaria solo cabe una cuestión: apretarse el cinturón; y todos, corporaciones locales, comunidades autónomas, empresas públicas y organismos públicos, la Administración General del Estado, todos, gastar menos.

Algunas otras enmiendas han propuesto mejoras en la suficiencia del sistema tributario, el aumento prioritario del gasto social, y la lucha contra el fraude; evidentemente, todas materias bien intencionadas pero que no aportan nada al fondo del debate de la cuestión.

Otras prosiguen introduciendo de nuevo aquello de la cobertura de los servicios públicos básicos; y la verdadera cobertura de los servicios públicos básicos, repito, es una hacienda pública saneada, no como la hacienda pública que nos hemos encontrado al entrar al Gobierno de España, no como la ha dejado fundamentalmente un único partido, el Partido Socialista Obrero Español.

Otras enmiendas van dirigidas a habilitar un nuevo apartado que garantice la función fiscalizadora y la auditoría que clarifique la información de las cuentas públicas. Entendemos que eso ya está suficientemente desarrollado en la propia normativa.

Hay cuatro enmiendas que pretenden modificar al 0,5 del PIB el déficit estructural; y ya sabemos que Europa lo permite, pero entendemos que es hora de corregir tanto abuso del gasto y, además, incluso desde el Grupo Parlamentario Socialista se estaba inicialmente de acuerdo con un porcentaje muy similar. Pero, claro, perdidas las elecciones generales se vuelven a echar al monte, señorías. Todo les vale; todo les vale desde la oposición, a mi humilde entender, más irresponsable.

Otras cuatro enmiendas van dirigidas a introducir nuevas excepcionalidades con las que tampoco estamos de acuerdo. Otra más eliminaría la condición de estabilidad de las corporaciones locales; y aun siendo, como bien decía el senador Bel, la parte del Estado que porcentual y nominalmente menos contribuye a la inestabilidad de las cuentas públicas, no es de recibo hacer semejante excepción.

Otras dos más trataban de la posible utilización excepcional de las reservas de las mutuas de trabajo y fondos de prevención, con lo que estamos en absoluto desacuerdo. Y la siguiente propone justamente lo contrario, que se suprima dicha excepcionalidad.

En cualquier caso, reintroducir el debate sobre los ciclos económicos, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, no es de recibo. Pero no se preocupen —se lo decía antes—, cuando el ciclo sea bueno, el agua brotará por todas las cañerías de la fuente. Y cuando el ciclo es malo, como el que les brotó a ustedes en el segundo semestre del año 2007, primero se reconoce; en segundo lugar, no se niega constantemente; en tercer lugar, se toman las medidas correctoras adecuadas —ustedes, ni una—; y en cuarto lugar, se aprieta uno el cinturón y se cumplen las medidas adoptadas.

De mayor calado y contenido político son aquellas enmiendas que van dirigidas precisamente a lo que señalaban el senador Bel y el senador Quintero, al apartado 5 del artículo 12, la posible utilización o no de los mayores ingresos no solamente para reducir el nivel de deuda, o el caso concreto de la utilización por las diputaciones provinciales no solamente para financiar los problemas de los pequeños municipios en cuanto al acceso a la financiación, sino también para financiar las obras y servicios de cooperación municipal.

En definitiva, serían nuevas vías de escape que conducirían de nuevo a la inestabilidad presupuestaria del sistema. No obstante, senadores Bel y Quintero, les repito que estoy absolutamente convencido de que según vaya implementándose la ley podrá experimentar alguna variación complementaria que dé esa solución a las corporaciones locales que hacen bien los deberes.

Tampoco estamos de acuerdo con los nuevos porcentajes que se proponen en otras tantas enmiendas sobre la carga excesiva a las comunidades autónomas y corporaciones locales en el peso del límite




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del 60 % del PIB en el protocolo de déficit excesivo. Concretamente, en una propuesta que es 44, 13, 3, Estado, comunidades autónomas, corporaciones locales, se pretende que en esa distribución porcentual del 60 % el Estado baje al 30, las comunidades autónomas al 24 y los ayuntamientos al 6. Nos parece excesivo para corporaciones locales y comunidades autónomas.

Los límites de deuda pública son los que son. No caben atajos, señorías, no caben excepciones de este tipo y hay que reducir la desorbitada deuda del sector público. Muchas veces, como creo que también se ha manifestado aquí, en competencia en el acceso al crédito de particulares, de pymes y autónomos, que son los llamados con ese crédito a generar el empleo, tan necesario en España.

También se pretendía con otras enmiendas modificar el apartado sexto del artículo 15 en el sentido de imposibilitar a esta Cámara, al Senado, su capacidad de veto. Evidentemente, estamos en absoluto desacuerdo. Ya lo hizo el Grupo Parlamentario Socialista cuando gobernó, y así nos ha ido. Hasta por dos veces este Pleno, el Senado, vetó sus cuentas de la lechera de las tres que lo presentaron, y otras tantas, otras dos, se lo aprobó el Congreso de los Diputados por más que una pírrica mayoría simple, de última hora y pagando un carísimo precio por ello.

La introducción de nuevos elementos de discusión bilateral que se plantean en otras enmiendas sobre nuevas necesidades, de competencias ya asumidas, de tasas de paro, de PIB regional, no aportan nada al debate sobre la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El marco de discusión de estos elementos, en cualquier caso, está ya definido: el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de AdministraciónLocal.

También se pretende con algunas enmiendas introducir un nuevo apartado al artículo 27 para que de forma semestral comparezca el señor Montoro ante la comisión correspondiente del Senado a fin de informar en sede parlamentaria del cumplimiento de los objetivos de estabilidad, deuda, planes económicos y de reequilibrio de las administraciones públicas, plazos que nos parecen excesivos. Tener que comparecer al menos dos veces al año para informar sobre estas materias es absolutamente innecesario, y en cualquier caso todos los grupos parlamentarios tienen sus herramientas para solicitar la comparecencia de este o de cualquier otro ministro.

Al artículo 32, señor Bel, destino del superávit presupuestario, solamente se han presentado cuatro enmiendas, una suya y otra también del Grupo Parlamentario Mixto, y será posiblemente, como decía al principio, el que más ríos de tinta y polémica despliegue. Conocemos y entendemos la postura de la Federación Española de Municipios y Provincias y nos comprometemos con sus representantes a una revisión posterior, cuando se despliegue su contenido en un trámite oportuno. Pero no va a poder ser el que usted reclama, el de la Ley de presupuestos. Lo ha dicho la Abogacía del Estado: no cabe modificar una ley orgánica a través de una ley normal.

En cualquier caso, pretender la constitución de un fondo de reserva con los superávit para cancelar deuda o —y esto es lo sustantivo— realizar nuevas apelaciones al crédito cuando se cumple el objetivo de deuda parece razonable; lo repito, parece razonable, pero la propia ley orgánica considera mucho más adecuado dedicar este ahorro para reducir deuda. La introducción perfectamente documentada sobre lo que es el superávit, el resultado presupuestario, el remanente de tesorería no afectado, es decir, el disponible para gastos generales, es una buena apelación a lo que puede ocurrir en alguna corporación local. Pero, en dicho caso, aquellas que superen ese límite de endeudamiento y destinen su remanente de tesorería a reducirlo consideramos que también es vital. Usted conoce que hay muchas corporaciones que están excesivamente endeudadas, y es bueno y vital que con la redacción propuesta se reduzca con esos remanentes, con esos superávit el endeudamiento que tenemos. El superávit es cuestión de todos, del Estado, de las corporaciones locales, de las comunidades autónomas. En cualquier caso, abrir excepcionalidades a las comunidades autónomas, como se plantea en otra enmienda, para destinar el superávit a financiar gasto no consolidable en actuaciones de fomento del empleo y crecimiento económico, ni nos parece adecuado ni tampoco se justifica por qué habría que hacerse por debajo de un porcentaje o no. Introducir con carácter prioritario la utilización de los superávit en la cobertura de los servicios públicos fundamentales y dejar la reducción de la deuda para más tarde tampoco nos parece correcto. No es bueno, señorías. No me cansaré de repetirlo respecto de la garantía, de la cobertura de los servicios básicos fundamentales. La mejor cobertura es una buena ley de estabilidad presupuestaria.

Curiosamente, el Grupo Parlamentario Socialista, que, como estos días se podía oír en los medios de comunicación, se revestía de un profundo municipalismo respecto de lo que se reclamaba como enmiendas que se han remitido al ministerio desde la Federación Española de Municipios y Provincias, curiosamente, digo, no ha presentado ninguna enmienda que afecte al municipalismo, ni al 12.5 ni al 32.




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¡Qué curioso! Mejor dicho, curioso no. Eso es lo que han venido haciendo durante los ocho años en que el señor Zapatero se comprometió en sede parlamentaria a la revisión de la financiación local, lo que de nuevo han vuelto a incumplir. Ni al 12.5 ni al 32.

Señorías, voy terminando. Es absolutamente necesario, entiende el Grupo Parlamentario Popular, establecer un control de constitucionalidad que garantice que ningún otro tipo de norma pueda vulnerar los principios establecidos en el artículo 135 de la Constitución y que han sido desarrollados en este Proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Señorías, esta ley debe desplegarse en toda su intensidad y cuanto antes. La credibilidad española está en juego y no admite demoras ni atajos ni parches.

Con esta ley garantizaremos el futuro de España, el futuro del Estado y del Estado del bienestar. Rebajar los retos y límites establecidos en este proyecto de ley sobre deuda, endeudamiento, deuda sobre PIB, déficit y plazos, es plantear más atajos y vericuetos para soslayar el contenido básico de la ley orgánica que ahora tratamos.

Señorías, el compromiso —repito— es de todas las administraciones públicas y con esta ley estamos dando rango legal a un acuerdo de estabilidad presupuestaria, un compromiso de todas las administraciones públicas en la superación de esta profunda crisis para recuperar la confianza y el crédito perdido. Diría mejor, la confianza y el crédito dilapidado, sobre todo, en la última y nefasta legislatura del señor Rodríguez Zapatero y de quien le acompañaba, el señor Rubalcaba, y de lo cual son corresponsables tanto su grupo parlamentario en el Senado como en el Congreso.

Buscar excepcionalidades a las autorizaciones de endeudamiento apelando por enésima vez a la cobertura de los servicios públicos fundamentales, señores de la Entesa, es engañarse a sí mismo. Quien ha puesto en riesgo la cobertura de los servicios públicos fundamentales han sido el Grupo Socialista y el señor Rubalcaba con sus despilfarros continuos. Con la borrachera de gastos en la que han incurrido durante estos ocho años de mal Gobierno. Con su herencia de más de 91 000 millones —91 344 millones de euros— gastados de más sobre lo realizado y recaudado en el año 2011. Con el 8,5 de deuda del PIB, mintiendo en más de dos puntos y medio sobre lo comprometido con Europa. Ni tienen palabra en el Parlamento ni tampoco en el europeo. Con una deuda disparatada que llega ya al 68,5 del PIB, señores del PSOE, más de 734 000 millones de euros de deuda bruta. Quebrando el sistema sanitario español, con un agujero que ronda los 16 000 millones de euros. O los 40 000 de Fomento. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Sí, yo sé que duele, pero tienen que escucharlo. Y, aún más: algunos de ustedes se permiten el lujo de dar lecciones sobre estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas.

Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, se acabaron las facturas en los cajones, los compromisos de gasto sin respaldo presupuestario (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.—Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Y, sobre todo, se acabó el endeudamiento por el endeudamiento, sin más límites que una falsa y trufada defensa de la cobertura de los servicios públicos fundamentales.

Miren ustedes, yo soy concejal de Guadalajara, de Castilla-La Mancha, y es una auténtica vergüenza las cuentas de la vergüenza del señor Barreda en esa comunidad. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Cuentas de la vergüenza. Más de 7000 millones de deuda bruta; el 18 % de ratio de endeudamiento sobre el PIB; 2510 millones de euros sin pagar, que corresponden a 600 000 facturas —600 000— y que han afectado a más de 74 000 proveedores que han tenido que cerrar sus negocios. Esas son las cuentas de la vergüenza. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Ustedes siguen apelando a políticas expansivas de gasto. Uno podría pensar: bueno, igual los equivocados somos nosotros. Pero, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, llevamos ocho años de políticas expansivas de gasto público. El gasto público español ha crecido en los ocho años de Gobierno del señor Zapatero hasta límites insospechados. ¿A qué nos ha conducido esa política expansiva de gasto? ¡A 5 millones de parados! ¡A una deuda de 734 000 millones de euros! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

Señorías, no hay más aplazamientos. No hay más tiempo. No hay más margen de confianza, y hay que hacerlo en los plazos previstos en esta Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En definitiva, una ley que desarrolle el artículo 135 de la Constitución. La primera ley a la que nos comprometimos si los ciudadanos nos otorgaban la confianza, como se la otorgaron a Mariano Rajoy el pasado 20 de noviembre. Pactada previamente con ustedes en agosto, pacto que ahora, en las




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trincheras de la política, reniegan. En el que se fijaron límites al déficit estructural del PIB, como máximo, a partir de 2020, estableciendo un reparto equitativo entre el conjunto de las administraciones públicas, del que también reniegan. Un acuerdo previo en el que se fijó prohibir un endeudamiento superior al 60 % en el conjunto de las administraciones públicas.

Y termino. (Rumores.) ¿O continúo? Porque tengo 36 folios, pero no pensaba utilizar la media hora. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías, por favor.

El señor DE LAS HERAS MUELA: Pero, desgraciadamente, señorías, el PSOE de Rubalcaba y de quienes le acompañan va a votar en contra de esta Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; el PSOE de Rubalcaba y de quienes le acompañan lo único que han dejado en España no es la triple A de la calificación de la deuda, sino la triple D, la D de déficit, de deudas y de despilfarro. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.—Risas y rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Señorías, lo dije al principio de mi intervención y sé que les gusta y que les pone (Rumores y risas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.): es la hora de España. Es la hora de España, de su credibilidad, de recuperar la confianza, de la estabilidad de las cuentas públicas y de la sostenibilidad de un sistema que hace agua, por ustedes, por todas partes.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.—Risas y rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias senador De las Heras.

Pasamos al turno de portavoces.

El Grupo Mixto ha pedido dividir su intervención. Si van a intervenir la señora Salanueva, el señor Unamunzaga y el señor Quintero, disponen de seis minutos de tiempo por el orden que ustedes quieran. (La señora Salanueva Murguialday pide la palabra.)

En primer lugar, tiene la palabra la senadora Salanueva.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervendré casi de manera telegráfica porque el tiempo de que disponemos es escaso para los tres portavoces; pero por responsabilidad y por seriedad quiero manifestar la opinión de UPN respecto de esta ley tan importante.

Como ya he dicho, por responsabilidad vamos a votar favorablemente este proyecto de ley y en contra de las enmiendas. Como dice el pentacampeón Indurain, un ilustre navarro, los de UPN también hemos estado ahí. Yo comprendo que a lo largo de la tarde los debates pueden hacerse pesados e intensos, y que todos tenemos ganas de frivolizar un poco, pero creo que estamos en un momento muy serio.

Con la reforma de la Constitución que ya nos planteó el Partido Socialista por un procedimiento extraño, desconocido y urgente, que fue el primer paso y del que trae causa esta ley, estuvimos ahí; y vamos a estar también hoy ahí porque creemos que es importante para España. A nosotros había una cuestión que nos preocupaba, y era la falta de respeto al régimen foral, lo que ya se subsanó con sendas enmiendas presentadas por varios grupos, como UPN, PNV y Socialista. Esa era la única línea roja que no estábamos dispuestos a pasar, porque entendemos que el respeto a la foralidad, el respeto al régimen competencial es clave y beneficioso para que esta ley funcione en su máxima dimensión.

Por ello, señorías, es una pena que esta no vaya a ser una ley de consenso. Con toda humildad, yo soy de un grupo pequeño, de un grupo regional que, ciertamente, gobierna en Navarra, y creo que los ciudadanos nos preguntarán por qué no nos hemos puesto de acuerdo, por qué los grupos mayoritarios no apoyan una ley que fue promovida por el Gobierno socialista, cuyo grupo ahora, no sé si por estar en la oposición o por qué otra razón, no la va a apoyar. Nos jugamos España, nos jugamos el futuro de nuestros hijos. Creo que ya es hora, porque responsabilidades tenemos todos, y seguro que todos no hemos hecho las cosas bien, como deberíamos, pero, como digo, ya es hora de que todos arrimemos el hombro, porque, si no, señorías, de esta no salimos.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el senador Unamunzaga.




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El señor UNAMUNZAGA OSORO: Gracias, señor presidente.

Buenas noches, señorías. Sin que sirva de precedente voy a coincidir con mi predecesora en el uso de la palabra al afirmar que efectivamente estamos ante algo muy serio. Estamos en la fase final del debate de esta ley, y para nadie va a ser una sorpresa el anuncio de nuestro voto en contra. Y es que el propio nombre de la ley suele decir mucho de su contenido, y en el Congreso ya presentamos una discrepancia muy importante con él. Nosotros apostamos más por una ley de sostenibilidad, sí, pero económica, fiscal, medioambiental y sobre todo social, porque lo que subyace en esta ley es una renuncia a la economía productiva en favor de una economía especulativa. Es decir, que estamos, como ya he dicho más de una vez en esta tribuna, ante un error de base en el diagnóstico de la situación económica del Estado español, y por ello de las características propias de la crisis sistémica. Y que quede claro, además, que estas son diferentes a las que se producen en otros Estados de la Unión Europea.

Está claro que la crisis en el Estado está motivada, por un lado, por la burbuja inmobiliaria, que se basa en esta economía especulativa, y por el otro, por la burbuja institucional de descontrol presupuestario, que es fruto de una concepción del Estado que sigue siendo heredera del régimen anterior. Porque hay que hablar claro: no se ha tratado de crear autonomías, sino simplemente de descentralizar administrativamente, al margen de intentar frenar los deseos de autogobierno de las nacionalidades históricas.

Como resultado podemos afirmar que se ha creado un modelo que no funciona, que es generador de gasto inútil y de ineficacia económica y social. Pero también hay otro problema que se está pasando por encima, que es el del fraude y la elusión fiscal, que también está generalizado a nivel estatal y que no se acaba de atajar, y desde luego si algo tenemos claro es que la vía de la amnistía fiscal no es precisamente el mejor método para terminar con ello.

Quiero también remarcar —y ya lo han hecho algunos de los que me han precedido en el uso de la palabra— que el problema del endeudamiento es sobre todo privado, no público, y este endeudamiento privado es fruto de la actuación de la banca, que ha hecho negocio con unos fondos que conseguía muy baratos del Banco Central Europeo y que colocaba a un alto interés, quisieran o no quisieran los usuarios, obteniendo de esta manera un beneficio fácil y sin ningún tipo de trabajo.

En definitiva, señorías, este y otros factores a los que no tengo tiempo de referirme en esta intervención por lo limitado del tiempo de que dispongo, pero que ya he expuesto anteriormente en esta misma tribuna, son los que han generado la situación actual, y a través de esta ley no se está dando respuesta a estas causas de la crisis en el Estado español. Las actuaciones que ha realizado el Gobierno han ido en una dirección contraria a la que desde nuestro punto de vista deberían haber ido. La realidad es que el Gobierno ha aprovechado esta coyuntura y esta situación para impulsar una reforma ideológica de carácter neoliberal y neoconservador, con una reforma financiera que fomenta, refuerza, y ayuda a quienes han sido inductores de esta crisis y del endeudamiento privado, que es la banca; una reforma laboral que simplemente mantiene unos principios teóricos e ideológicos, pero que no genera empleo ni lo va a hacer, y que desde luego no ataca a las causas de la crisis. Una reforma fiscal que es débil en algunos temas y que no entra en la cuestión central: el abandono de la exigencia del cumplimiento del principio de solidaridad, que para nosotros es básico, y que supone que los que más tienen sean los que más aporten, y en concreto que los que más tienen y durante mucho tiempo no han aportado comiencen a hacerlo de una vez por todas.

Tenemos también la reforma política del Estado. Creemos que se quiere utilizar este tipo de leyes para forzar o reforzar una nueva LOAPA de recorte del autogobierno en los distintos ámbitos —voy terminando, señor presidente—, y he repetido muchas veces, y a alguna persona le puede sonar raro que a nosotros nos preocupe tanto el futuro del Estado español…

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría, porque ha agotado usted todo el tiempo correspondiente a su grupo parlamentario.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Termino.

Como digo, esto es así porque de momento estamos forzados a estar en este Estado y las decisiones que se adopten tienen repercusión en nuestro país, pero desde luego si algo tenemos claro es que estamos en contra de esta ley porque la consideramos muy negativa para el conjunto del Estado al tiempo que supone un perjuicio para la economía de Euskal Herria.

Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Senador Quintero, voy a concederle solo un minuto de tiempo.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Se lo agradezco, señor presidente.

Coalición Canaria se va a abstener en esta votación, porque, evidentemente, estamos completamente de acuerdo en que hay que poner techo y en que necesitamos una estabilidad presupuestaria para las cuentas públicas, pero tenemos diferencias en algunos ámbitos, como he dicho antes al referirme a las enmiendas, y es en que se haga pagar a todos y no solo a aquellos que han incumplido. En esto estoy de acuerdo con el portavoz de CiU, al que apoyaremos en algunas enmiendas, así como en algunas otras al PNV.

Estamos de acuerdo con la estabilidad presupuestaria, pero no estamos de acuerdo con todos los términos que nos marca esta ley. Por eso Coalición Canaria se va abstener.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Martínez, por un tiempo de cinco minutos.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Voy a ser bastante breve.

Quiero manifestar que lamento profundamente que no se vaya a aceptar ni una sola de las enmiendas defendidas en esta Cámara, no solo por lo que eso supone de perjuicio para los entes autonómicos provinciales y locales, sino por la constatación de la poca voluntad del Gobierno de enmendar los errores manifiestos de esa ley y las injusticias a las que dará lugar, especialmente con los ayuntamientos que, siendo siempre el furgón de cola de la Administración pública, son siempre los que prestan su servicio público en primera instancia.

Y cuando digo que lo lamento no estoy utilizando una fórmula retórica. Me siento profundamente decepcionada por la negativa del Gobierno a aceptar modificaciones que portavoces de su grupo parlamentario reconocían como lógicas y justas una vez finalizada la comisión.

Antes comenté que las prisas no son buenas consejeras y me reitero en ello. Once días han pasado desde que se recibió esta ley en el Senado. La urgencia en la tramitación legislativa convertida en hábito nos llevará irremediablemente a legislar deprisa, corriendo y mal, como se dice en castellano castizo y me suele decir mi madre. Y para una mala situación económica y social no hay solución peor que una legislación descuidada, que está más pendiente del que dirán los de fuera de casa, que de cómo mejorar realmente los problemas dentro de casa.

Pese a ello, pese a esta decepción, que quienes llevan aquí más tiempo atribuyen a mi condición de novata en esta Cámara, mi grupo y yo misma nos atendremos a nuestra palabra y, por tanto, nos abstendremos en la votación final del proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya? (Denegación.)

No interviene.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel, por un tiempo de cinco minutos.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.

Señorías, intervendré también brevemente en este turno de portavoces. Quiero hacer una reflexión al senador De las Heras, que empezaba su intervención explicando que era la hora de España y terminaba su intervención explicando que era la hora de España. Lo compartimos; mientras no lo arregle alguien, nosotros continuamos siendo España, nos sentimos España, nuestra comunidad autónoma, los 942 ayuntamientos y las cuatro diputaciones provinciales. A mí no me ha gustado oírle decir que algunas de las enmiendas que hemos presentado formulan planteamientos localistas o regionalistas, se lo digo sinceramente, no me ha gustado. Ustedes deberán responder antes sus alcaldes o sus presidentes de diputación. Hemos presentado unas enmiendas en positivo, desde la responsabilidad que se expresó en el Congreso de los Diputados y que ya les he avanzado que, a pesar de que tenemos una situación difícil, la vamos a mantener en esta Cámara. No son enmiendas localistas, son enmiendas que afectan a 8 000




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ayuntamientos y, repito, considero injusto, y se va a tener que solventar, no sé a través de qué mecanismo, pero lo van a tener que solventar, que se trate de la misma forma a los ayuntamientos que han cumplido que a los que han incumplido.

En todo caso, cuando yo planteaba una enmienda en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, no era una enmienda para modificar ningún artículo, sino para interpretar o facilitar la interpretación de estos artículos de la ley orgánica. Por tanto, entendemos que jurídicamente aquí tenemos una puerta sobre la que trabajar.

En todo caso, lamento no tanto la falta de voluntad, porque entiendo y quiero entender de las conversaciones mantenidas no solo con el Grupo Parlamentario Popular, sino con el mismo Gobierno, para intentar solventar la situación que se plantea a los ayuntamientos y diputaciones, que esta voluntad se va a manifestar en el futuro.

Me quedo con esta parte. Evidentemente, va a generar muchos ríos de tinta y muchas preocupaciones van a tener la mayoría de alcaldes, tenientes de alcaldes, concejales e interventores. En todo caso, me quedo con la parte positiva. Vamos a intentar trabajar conjuntamente con la FEMP, entidad que representa a todos estos municipios en el Estado español, para encontrar una solución. Nuestro grupo parlamentario va a mantener, por responsabilidad, el voto afirmativo que mantuvimos en el Congreso de los Diputados. Pero deben entender que nuestra responsabilidad también tiene un límite. No siempre van a poder pedir un voto de responsabilidad al Grupo de Convergència i Unió, tiene que haber algún tipo de correspondencia en algún momento.

Estos momentos son difíciles —usted lo ha dicho—; son momentos muy difíciles para el Estado español. Esta ley tiene que salir aprobada con el máximo consenso. Sacrificamos algunas de las discrepancias puntuales e importantes con la confianza de que se resolverán después para poder mantener nuestro apoyo a esta ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Vázquez.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, anteriormente subí a esta tribuna tratando de argumentar nuestras razones y, sobre todo, solicitando el acuerdo. Y me encuentro con que el senador de Guadalajara tiene que repetir que es España —seguramente por lo de México— y que la portavoz del Partido Popular continua con la retahíla aprendida de memoria de lo malo que fue el Gobierno socialista de Zapatero. (Un señor senador del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: Es que es verdad.) Es verdad, señor, pero es que ya han ganado las elecciones. No se acuerdan, pero ya ganaron las elecciones el 20 de noviembre. (Rumores.) No estamos en eso ahora. (Rumores y protestas.) No se alboroten, tranquilícense.

Me gustaría dar una pincelada de municipalismo, ya que se ha hablado tanto de ello aquí. Nosotros hemos apoyado las enmiendas que Convergència i Unió ha enviado a la FEMP porque son de sentido común. Hay cosas que se tendrían que haber corregido, porque es imposible ver si un ayuntamiento cumple o no con respecto al PIB porque no hay segregado el PIB municipal; es de cajón. Por lo tanto, tendrían que haberla aceptado.

De municipalismo sé algo. He sido alcalde durante dieciséis años y otros cuatro he estado presidiendo la Comisión de Haciendas de la FEMP. Por cierto, durante esos cuatro años tuvimos que recuperar para los ayuntamientos lo que el Gobierno de Aznar les había quitado con la supresión del IAE. (Protestas.) Claro, claro. Y tendremos que volver a recuperar los 46 millones que los Presupuestos de este año le quitan a los municipios de menos de 20 000 habitantes. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Tendremos que volver a recuperarlos, pero lo haremos.

Señores del Partido Popular, déjense ya de pretender continuar engañando a los ciudadanos españoles, intentando responsabilizar a estas alturas al Gobierno socialista de los errores, de los recortes y de la incompetencia que ustedes están demostrando a la hora de gobernar. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Déjense ya de eso, porque ya no engañan más que a sus acólitos.

Les voy a decir dos cosas. Yo entiendo que la ministra de Empleo no lo sepa, pero estoy convencido de que hay muchos senadores y senadoras del Grupo Parlamentario Popular que saben que el déficit —por mucho que repitan y asocien los 90 000 millones de gasto al despilfarro— se produjo por una caída de los ingresos a partir de verano. Eso lo saben la mayoría de ustedes, aunque tampoco todos. (Risas.) Eso es lo que va a ocurrir también este año, debido a una caída de los ingresos que ya se está produciendo.




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Por lo tanto, si los 90 000 millones de 2011 —no entraré en esa lucha que tanto les interesa de cuánto corresponde a las comunidades autónomas, pues saben que casi toda la desviación fue de las comunidades autónomas— fueron despilfarro y gasto, ¿qué va a pasar con los 60 000 de 2012? ¿También serán despilfarro? No, mire, ya no se hacen aeropuertos para paseantes. No son despilfarro, son disminución de ingresos. Dejen ya de contar milongas de otro tipo.

En segundo lugar, la deuda. Terminó 2011 con el 68 % de la deuda del sector público sobre el PIB. Vamos a terminar este año con el 80 %, una cifra todavía manejable en el contexto económico en que nos movemos, pero la deuda pública solo supone el 16 % de la deuda española, con lo cual ese no puede ser el problema de España, por mucho que ustedes insistan en ello. Y, si queremos hablar de deuda y de herencia, la que recibió la señora Botella del señor Gallardón o la que recibió del señor Camps del señor Fabra.(Aplausos.)

Señorías, hoy ya nadie cree que sus presupuestos, que son injustos, que son insolidarios y que son irreales, puedan cumplir con el déficit que motiva esta ley. En definitiva, ya nadie tiene confianza en las políticas de su Gobierno. Han perdido el crédito en poco tiempo. Nunca un Gobierno había perdido tanto. Dejen de dar respuestas ideológicas a una crisis que necesita respuestas económicas y el máximo apoyo político y social, y ustedes no lo hacen. Pronto veremos esas políticas en Europa gracias a que va a ganar la socialdemocracia en Francia.

Termino con Keynes, que sé que a ustedes no les gusta, quien dijo que se puede hacer cualquier cosa excepto evitar sus consecuencias. Y las consecuencias de sus políticas, señorías, las está sufriendo todo el país, especialmente los más débiles. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vázquez.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Angulo.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Senador Vázquez, estamos terminando el debate. Es grave la herencia que ha dejado el señor Zapatero, pero usted conoce la ley de Murphy, que se cumple en el PSOE: todo es susceptible de empeorar. Y ya ni siquiera nos preocupa tanto lo que ha dejado el señor Zapatero; es mucho más preocupante lo que sería capaz de hacer el señor Rubalcaba. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.—Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Se nota la mano de Rubalcaba: eso es lo que decía su portavoz, el señor Iglesias, con lo que le costó convencerles de la reforma constitucional y de que hacer esa reforma por la estabilidad presupuestaria era bueno; tres reuniones en el seno del Partido Socialista. El señor Iglesias destacando el respaldo total del Partido Socialista, con lo que le costó convencer a todos ustedes y conseguir esa unidad total, resulta que se lo han desbaratado en cuanto ha dejado de ser secretario de organización. No han tardado ustedes ni meses en ponerse en desacuerdo con ustedes mismos, al incumplir el acuerdo al que ustedes mismos llegaron. Esa es la realidad de su coherencia y esa es la realidad de lo que tienen. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.—Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Señorías, quiero agradecer el respaldo y el apoyo, la responsabilidad, la coherencia y el trabajo de los grupos que apoyan esta ley. La senadora Salanueva, portavoz de Unión del Pueblo Navarro, ha estado en este debate con trabajo, enmiendas, coherencia y sensatez. Mi agradecimiento también a los grupos que han aportado enmiendas que han sido aprobadas en el Congreso, aunque su voto final sea el de abstención. Y agradezco esa responsabilidad, esa seriedad, esa coherencia y ese trabajo realizado para aprobar esta ley, senador Bel. Me consta, como indicaba hoy su señoría, su preocupación y su compromiso con las corporaciones locales y con los ayuntamientos de toda España. Me consta su preocupación por que esta ley permita sacar todo el partido para robustecer su situación financiera.

En ese sentido, expresaba en mi primera intervención, como también se lo expresé a usted en estos días, que los ayuntamientos de toda España saben del compromiso del Gobierno con exigencia pero también con apoyo. Y esa postura se va a mantener siempre en defensa de los acuerdos de la Federación de Municipios y Provincias y en el seno de la Comisión Nacional de Administración Local, a la que usted también pertenece, una comisión que tiene tanto que aportar.

Por lo tanto, desde el Partido Popular y por supuesto desde el Gobierno, siempre se va a mantener abierta una línea de trabajo y de mejora en cuantos acuerdos y fórmulas se consideren idóneos para




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robustecer la situación financiera de nuestros ayuntamientos y para que tengan a su vez una mayor capacidad de financiar los servicios públicos, porque eso es lo que redunda en servicio de nuestros vecinos.

Por lo tanto, agradeciendo especialmente esa responsabilidad, quiero trasladarle que compartimos esa preocupación y ese compromiso con todos nuestros alcaldes y concejales, como hemos hecho siempre, pero sabiendo también que el mejor acuerdo hoy es aprobar la Ley de estabilidad. Porque su entrada en vigor inmediata va a permitir una inyección de liquidez al acceder de forma más fácil a la financiación y, también, porque aprobando esta ley estamos enviando un mensaje de fiabilidad, de confianza y de compromiso; un mensaje de un Gobierno que, por primera vez y después de ocho años, hace lo que dice y lo hace cuando lo dice.

Por eso, quiero terminar diciéndoles: allá ustedes, allá quienes no cumplen sus acuerdos, allá quienes no respetan siquiera esa reforma constitucional que aprobaron. Allá ustedes. Los españoles ven cómo los que han dejado por segunda vez una España en ruinas se oponen a cualquier solución a los problemas que ellos mismos crearon. Nosotros, con la confianza y el esfuerzo de los españoles y el apoyo de los grupos parlamentarios —y se lo agradezco de nuevo—, vamos a apoyar una de las reformas más importantes para sentar las bases de la estabilidad y sostenibilidad; las bases y los mejores cimientos para el futuro. Se trata de unas reformas que merecen respeto, que están generando ilusión y esperanza y, sobre todo, señorías, que merecen una oportunidad. Hemos iniciado un camino y estos días, no solo Almunia, sino también la Comisión Europea, el Banco Central Europeo o el antiguo gobernador del Banco de España, están señalando que todas las reformas que está haciendo el Gobierno español son positivas.

Tendremos la oportunidad de ver los resultados, de ver cómo tanto estas reformas como los esfuerzos que estamos haciendo todos los españoles, van a merecer la pena. Tendremos la oportunidad de verlo porque, hoy por hoy, en el Grupo Parlamentario Popular estamos convencidos de que el Gobierno con esta reforma, con esta Ley de Estabilidad Presupuestaria, ha emprendido el mejor camino, porque es el único que nos va a llevar a donde queremos llegar.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Angulo.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a votar las enmiendas.

Empezamos con las enmiendas de los senadores Zerolo y Quintero. Vamos a proceder a la votación separada.

En primer lugar, votamos la número 1.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 217; a favor, 5; en contra, 205; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Vamos a votar, a continuación, las enmiendas números 2 y 8.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 215; a favor, 12; en contra, 203.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, a continuación, las enmiendas números 3 y 10.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 214; a favor, 5; en contra, 146; abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos, a continuación, las enmiendas números 4, 6, 7 y 11.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a favor, 11; en contra, 139; abstenciones, 53.




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El señor PRESIDENTE: Quedan, por lo tanto, rechazadas.

Votamos, a continuación, la enmienda número 5.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 14; en contra, 203.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, la enmienda número 9.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 7; en contra, 203; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, también en votación separada. Votamos, en primer lugar, las enmiendas 58 y 60.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 68; en contra, 149.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos, a continuación, la enmienda número 59.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a favor, 67; en contra, 148.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, la enmienda número 61.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 14; en contra, 149; abstenciones, 54.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, las enmiendas de los senadores Guillot y Saura, también en votación separada. En primer lugar, votamos los números 16, 20 y 33.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 65; en contra, 148; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, a continuación, las enmiendas números 12, 13, 14, 15, 18, 25, 30 y 35.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 217; a favor, 2; en contra, 149; abstenciones, 66.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas números 23 y 24.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 217; a favor, 2; en contra, 155; abstenciones, 60.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 21, 22, 34, 36 y 37.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 216; a favor, 9; en contra, 148; abstenciones, 59.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, vamos a votar la enmienda número 32.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 217; a favor, 9; en contra, 203; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 17 y 19.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 217; a favor, 57; en contra, 148; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, votamos las enmiendas números 26, 27, 28, 29, 31, 38, 39, 40, 41 y 42.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 217; a favor, 2; en contra, 203; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a votar las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, también en votación separada.

En primer lugar, las números 62, 68, 69, 71, 72, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98 y 99.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 217; a favor, 11; en contra, 205; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 63, 66, 82, 83, 87, 88 y 95.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 217; a favor, 12; en contra, 148; abstenciones, 57.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Vamos a votar las enmiendas números 64, 65, 67, 70, 73 y 86.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 217; a favor, 69; en contra, 147; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos, a continuación, las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, también en votación separada.

En primer lugar, las números 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 56 y 57.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 217; a favor, 64; en contra, 148; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos, a continuación, las enmiendas números 43, 49, 50 y 55.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 217; a favor, 57; en contra, 148, abstenciones, 12.




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El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.

Votamos, a continuación, en un solo acto el proyecto de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 219; a favor, 155; en contra, 59; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Señorías, queda, por tanto, definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. (Fuertes aplausos.)

6.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (Continuación.)

6.1.1. PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, PARA LA MORATORIA INVERNAL DE DESAHUCIOS. (Votación.)

(Núm. exp. 622/000001)

AUTOR: GPEPC

El señor PRESIDENTE: Señorías, falta la votación de la toma en consideración de la proposición de ley presentada esta mañana por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Sometemos a votación la toma en consideración.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 218; a favor, 66; en contra, 145; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada la toma en consideración.

Se levanta la sesión.

Eran las diecinueve horas y cuarenta minutos.


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