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DS. Senado, Pleno, núm. 27, de 18/07/2012
 





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PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión extraordinaria

celebrada el miércoles, 18 de julio de 2012

ORDEN DEL DÍA

6. MOCIONES

6.1. Moción por la que se insta al Gobierno a adoptar determinadas medidas para paliar los daños producidos por los incendios forestales que han afectado a las diferentes Comunidades Autónomas durante el año 2012, en especial a la Comunitat Valenciana.

(Núm. exp. 662/000030)

Autor: GPP

6.2. Moción por la que el Senado acuerda la creación de una Ponencia de Estudio, en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, que estudie el establecimiento de un sistema de intercambio y colaboración entre las Comunidades Autónomas para la mejora de la gestión de los servicios sanitarios y la eficiencia del sistema sanitario.

(Núm. exp. 662/000031)

Autor: GPP

6.3. Moción por la que se insta al Gobierno a que no lleve a cabo ninguna subida del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

(Núm. exp. 662/000029)

Autor: GPS

7. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

7.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

7.1.1. Proyecto de Ley de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, para flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Industria, Energía y Turismo

(Núm. exp. 621/000008)




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7.2. LECTURA ÚNICA

7.2.1. Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria entre el Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, Rumanía, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la República de Finlandia y el Reino de Suecia, firmado en Bruselas el 2 de marzo de 2012. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 621/000009)

8. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

8.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

8.1.1. Resoluciones 137 y 138 de la Junta de Gobernadores del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, por las que se enmiendan los artículos 1 y 18 del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, adoptadas en Londres el 30 de septiembre de 2011. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000031)

8.1.2. Acuerdo de contratación pública común para la contratación de una entidad única supervisora de las subastas, hecho en Madrid el 3 de noviembre de 2011. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000032)

8.1.3. Acuerdo de contratación pública común para la contratación de plataformas comunes de subastas, hecho en Madrid el 3 de noviembre de 2011. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000033)

8.1.4. Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Malta al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000005)

8.1.5. Protocolo de enmienda al Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, hecho en París, el 27 de mayo de 2010, y declaración que España desea formular.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000006)

8.1.6. Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización, al Convenio sobre la Diversidad Biológica, hecho en Nagoya el 29 de octubre de 2010.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000007)

8.1.7. Convenio entre el Reino de España y la República de Camerún sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Madrid el 26 de enero de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000008)




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8.1.8. Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la asistencia judicial en materia penal, hecho en Rabat el 24 de junio de 2009.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000009)

8.1.9. Convenio de extradición entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, hecho en Rabat el 24 de junio de 2009.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000010)

8.1.10. Acuerdo de Sede entre el Reino de España y la Unión Europea (Oficina de Armonización del Mercado Interior-Marcas, Dibujos y Modelos-OAMI), hecho en Madrid el 20 de septiembre de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000011)

8.1.11. Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Kazajstán sobre cooperación para combatir la delincuencia, hecho en Astaná el 17 de junio de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000012)

8.1.12. Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América sobre cooperación científica y tecnológica de interés para la seguridad nacional, hecho en Madrid el 30 de junio de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000013)

8.1.13. Acuerdo de cooperación en materia de seguridad entre el Reino de España y el Estado de Qatar, hecho en Madrid el 26 de abril de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000014)

8.1.14. Acuerdo entre el Reino de España y la República de Albania sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, hecho en Tirana el 20 de mayo de 2009.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000015)

8.1.15. Denuncia del Acta de Londres al Arreglo de La Haya, de 6 de noviembre de 1925, relativo al Depósito internacional de dibujos y modelos industriales, hecha en Londres el 2 de junio de 1934, así como del Acta adicional de Mónaco al Arreglo de La Haya, relativo al Depósito internacional de dibujos y modelos industriales, de 6 de noviembre de 1925, revisado en Londres el 2 de junio de 1934, hecha en Mónaco el 18 de noviembre de 1961.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000016)

8.1.16. Declaración de aceptación por España de la adhesión del Principado de Andorra al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000017)

8.1.17. Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno Federal Austríaco relativo al intercambio y protección mutua de la información clasificada, hecho en Madrid el 11 de noviembre de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000018)




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8.1.18. Declaración de aceptación por España de la adhesión del Reino de Marruecos al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000019)

8.1.19. Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de Australia para la protección mutua de información clasificada de interés para la Defensa, hecho en Madrid el 17 de noviembre de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000020)

8.1.20. Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y la República de Armenia, hecho en Madrid el 22 de julio de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000021)

8.1.21. Acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra, hecho en Bruselas el 6 de octubre de 2010.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000022)

8.1.22. Acuerdo de cooperación sobre un sistema de navegación por satélite entre la Unión Europea y sus Estados miembros y el Reino de Noruega, hecho en Bruselas el 22 de septiembre de 2010.

(Núm. exp. 610/000023)

8.1.23. Protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur sobre responsabilidad y compensación suplementario al Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, hecho en Nagoya el 15 de octubre de 2010.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000024)

8.1.24. Acuerdo entre el Reino de España y la República de Azerbaiyán sobre supresión recíproca del régimen de visados de corta duración para sus nacionales titulares de pasaportes diplomáticos, hecho en Madrid el 16 de junio de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000025)

8.1.25. Acuerdo para el establecimiento del Centro Internacional Rey Abdullah Bin Abdulaziz para el Diálogo Interreligioso e Intercultural, hecho en Viena el 13 de octubre de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000026)

8.1.26. Canje de Cartas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y las Naciones Unidas para acoger un curso de personal directivo de misiones de paz, que se celebrará en Madrid entre los días 31 de octubre y 11 de noviembre de 2011, hecho en Nueva York el 17 y 18 de octubre de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000027)

8.1.27. Acuerdo entre el Reino de España y el Estado de Kuwait sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Sevilla el 3 de octubre de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000028)

8.1.28. Acuerdo entre el Reino de España y el Programa de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos para su establecimiento en España, hecho en Madrid el 30 de noviembre de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000029)




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8.1.29. Denuncia del Tratado sobre el Estatuto de EUROFOR, hecho en Roma el 5 de julio de 2000.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000030)

9. TRIBUNAL DE CUENTAS

9.1. DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS DE CUENTAS

9.1.1. Designación de seis Consejeros de Cuentas.

Comisión: Nombramientos

(Núm. exp. 727/000001)

10. DEFENSOR DEL PUEBLO

10.1. ELECCIÓN

10.1.1. Elección del Defensor del Pueblo. (Núm. exp. 728/000001)

11. INCOMPATIBILIDADES

11.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

11.1.1. Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades, emitido en su sesión del día 26 de junio de 2012, en relación con los señores Senadores.

(Núm. exp. 503/000005)




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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta minutos.

6. MOCIONES

6.1. Moción por la que se insta al Gobierno a adoptar determinadas medidas para paliar los daños producidos por los incendios forestales que han afectado a las diferentes Comunidades Autónomas durante el año 2012, en especial a la Comunitat Valenciana.

Autor: GPP

1753

El señor Aparici Moya defiende la moción.

El señor Navarro Andreu defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Aparici Moya expone la posición de su grupo respecto de la enmienda.

En turno de portavoces intervienen los señores Quintero Castañeda, por el Grupo Parlamentario Mixto; Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Plana Farran, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Navarro Andreu, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Aparici Moya, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor presidente informa de que se va a presentar una propuesta de modificación, por lo que se pospone la votación.

6.2. Moción por la que el Senado acuerda la creación de una Ponencia de Estudio, en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, que estudie el establecimiento de un sistema de intercambio y colaboración entre las Comunidades Autónomas para la mejora de la gestión de los servicios sanitarios y la eficiencia del sistema sanitario.

Autor: GPP

1764

El señor Aguirre Muñoz defiende la moción.

El señor Cazalis Eiguren defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Lertxundi Barañano defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Aguirre Muñoz expone la posición de su grupo respecto de las enmiendas.

En turno de portavoces intervienen el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); las señoras Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; así como los señores Lertxundi Barañano, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Aguirre Muñoz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por 176 votos a favor, 1 en contra y 71 abstenciones.




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6.1. Moción por la que se insta al Gobierno a adoptar determinadas medidas para paliar los daños producidos por los incendios forestales que han afectado a las diferentes Comunidades Autónomas durante el año 2012, en especial a la Comunitat Valenciana. (Votación.)

Autor: GPP

1775

Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de la Cámara.

6.3. Moción por la que se insta al Gobierno a que no lleve a cabo ninguna subida del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Autor: GPS

1775

El señor Lerma Blasco defiende la moción.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Angulo Martínez.

En turno de portavoces intervienen la señora Salanueva Murguialday y el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); los señores Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y Lerma Blasco, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Angulo Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción por 80 votos a favor, 167 en contra y 5 abstenciones.

7. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

7.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

7.1.1. Proyecto de Ley de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, para flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Industria, Energía y Turismo

1794

El señor Muñoz Martín, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto número 2, presentada por este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Montilla Aguilera defiende la propuesta de veto número 3, de la señora Armiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa y Montilla Aguilera, la señora Pineda Balló, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Gil García defiende la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Muñoz-Alonso Ledo.

En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Gil García, por el Grupo Parlamentario Socialista y Muñoz-Alonso Ledo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se suspende la sesión a las catorce horas y treinta y cinco minutos.




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Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

Se procede a la votación de las propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, de los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 69 votos a favor, 158 en contra y 15 abstenciones.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, de la señora Armiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa y Montilla Aguilera, la señora Pineda Balló, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 69 votos a favor, 157 en contra y 15 abstenciones.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista, por 69 votos a favor, 158 en contra y 15 abstenciones.

Se procede al debate de las enmiendas.

El señor presidente informa de que se ha presentado una propuesta de modificación.

La señora Leanizbarrutia de Bizkarralegorra defiende las enmiendas números 1 a 4, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas números 53 a 109 y el señor Montilla Aguilera las números 110 a 119, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Alturo Lloan defiende las enmiendas números 51 y 52, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Manchado Lozano defiende las enmiendas números 120 a 132, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Azuara Navarro.

En turno de portavoces intervienen las señoras Salanueva Murguialday, por el Grupo Parlamentario Mixto, y Leanizbarrutia de Bizkarralegorra, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); así como los señores Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y Manchado Lozano, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Azuara Navarro, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a la votación.

Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por 73 votos a favor, 161 en contra y 12 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por 5 votos a favor, 231 en contra y 12 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 3, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por 86 votos a favor, 161 en contra y 1 abstención.




Página 1747


Se rechaza la enmienda número 4, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por 18 votos a favor, 161 en contra y 69 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 53, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 8 votos a favor, 161 en contra y 78 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 54 a 60 y 65, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 19 votos a favor, 161 en contra y 68 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 61 a 64 y 66 a 84, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 8 votos a favor, 161 en contra y 79 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 85, 91 y 101, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 8 votos a favor, 172 en contra y 68 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 86 a 90 y 92 a 100, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 4 votos a favor, 161 en contra y 83 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 102, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 71 votos a favor, 162 en contra y 15 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 103, 104 y 106 a 109, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 8 votos a favor, 228 en contra y 12 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 105, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 4 votos a favor, 239 en contra y 5 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 110 a 112, 114 y 116 a 118, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 71 votos a favor, 162 en contra y 15 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 113, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 71 votos a favor, 170 en contra y 5 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 115 y 119, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 82 votos a favor, 162 en contra y 4 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 51, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por 83 votos a favor, 161 en contra y 3 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 52, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por 17 votos a favor, 162 en contra y 69 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 123, del Grupo Parlamentario Socialista, por 69 votos a favor, 173 en contra y 6 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 126, 128 y 132, del Grupo Parlamentario Socialista, por 80 votos a favor, 160 en contra y 7 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 120 a 122, 124, 125, 127 y 129 a 131, del Grupo Parlamentario Socialista, por 69 votos a favor, 162 en contra y 17 abstenciones.




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Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 12009 por asentimiento de la Cámara.

Se aprueba el resto del proyecto de ley por 157 votos a favor, 86 en contra y 5 abstenciones.

El señor presidente informa de que, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre la misma en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

7.2. LECTURA ÚNICA

7.2.1. Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria entre el Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, Rumanía, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la República de Finlandia y el Reino de Suecia, firmado en Bruselas el 2 de marzo de 2012. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

1830

El señor Mariscal Cifuentes defiende la propuesta de veto número 1, presentada por este senador, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Benítez de Lugo Massieu.

El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número 2, presentada por este senador y el señor Guillot Miravet, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Chiquillo Barber.

En turno de portavoces intervienen los señores Mariscal Cifuentes, por el Grupo Parlamentario Mixto; Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Vilajoana i Rovira, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Lerma Blasco, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Chiquillo Barber, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a la votación de las propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, del señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por 5 votos a favor, 239 en contra y 1 abstención.

Se rechaza la propuesta de modificación número 2, de los señores Saura Laporta y Guillot Miravet, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por 5 votos a favor, 238 en contra y 1 abstención.

Se aprueba el texto del proyecto de ley orgánica por 240 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención.

El señor presidente informa de que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.




Página 1749


8. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

8.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

8.1.1. Resoluciones 137 y 138 de la Junta de Gobernadores del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, por las que se enmiendan los artículos 1 y 18 del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, adoptadas en Londres el 30 de septiembre de 2011. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Asuntos Exteriores

1849

8.1.2. Acuerdo de contratación pública común para la contratación de una entidad única supervisora de las subastas, hecho en Madrid el 3 de noviembre de 2011. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Asuntos Exteriores

1849

8.1.3. Acuerdo de contratación pública común para la contratación de plataformas comunes de subastas, hecho en Madrid el 3 de noviembre de 2011. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Asuntos Exteriores

1849

8.1.4. Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Malta al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.

Comisión: Asuntos Exteriores

1850

8.1.5. Protocolo de enmienda al Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, hecho en París, el 27 de mayo de 2010, y declaración que España desea formular.

Comisión: Asuntos Exteriores

1850

8.1.6. Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización, al Convenio sobre la Diversidad Biológica, hecho en Nagoya el 29 de octubre de 2010.

Comisión: Asuntos Exteriores

1850

8.1.7. Convenio entre el Reino de España y la República de Camerún sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Madrid el 26 de enero de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

1850

8.1.8. Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la asistencia judicial en materia penal, hecho en Rabat el 24 de junio de 2009.

Comisión: Asuntos Exteriores

1850

8.1.9. Convenio de extradición entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, hecho en Rabat el 24 de junio de 2009.

Comisión: Asuntos Exteriores

1850

8.1.10. Acuerdo de Sede entre el Reino de España y la Unión Europea (Oficina de Armonización del Mercado Interior-Marcas, Dibujos y Modelos-OAMI), hecho en Madrid el 20 de septiembre de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

1850

8.1.11. Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Kazajstán sobre cooperación para combatir la delincuencia, hecho en Astaná el 17 de junio de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

1850




Página 1750


8.1.12. Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América sobre cooperación científica y tecnológica de interés para la seguridad nacional, hecho en Madrid el 30 de junio de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

1850

8.1.13. Acuerdo de cooperación en materia de seguridad entre el Reino de España y el Estado de Qatar, hecho en Madrid el 26 de abril de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

1851

8.1.14. Acuerdo entre el Reino de España y la República de Albania sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, hecho en Tirana el 20 de mayo de 2009.

Comisión: Asuntos Exteriores

1851

8.1.15. Denuncia del Acta de Londres al Arreglo de La Haya, de 6 de noviembre de 1925, relativo al Depósito internacional de dibujos y modelos industriales, hecha en Londres el 2 de junio de 1934, así como del Acta adicional de Mónaco al Arreglo de La Haya, relativo al Depósito internacional de dibujos y modelos industriales, de 6 de noviembre de 1925, revisado en Londres el 2 de junio de 1934, hecha en Mónaco el 18 de noviembre de 1961.

Comisión: Asuntos Exteriores

1851

8.1.16. Declaración de aceptación por España de la adhesión del Principado de Andorra al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.

Comisión: Asuntos Exteriores

1851

8.1.17. Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno Federal Austríaco relativo al intercambio y protección mutua de la información clasificada, hecho en Madrid el 11 de noviembre de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

1851

8.1.18. Declaración de aceptación por España de la adhesión del Reino de Marruecos al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.

Comisión: Asuntos Exteriores

1851

8.1.19. Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de Australia para la protección mutua de información clasificada de interés para la Defensa, hecho en Madrid el 17 de noviembre de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

1851

8.1.20. Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y la República de Armenia, hecho en Madrid el 22 de julio de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

1851

8.1.21. Acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra, hecho en Bruselas el 6 de octubre de 2010.

Comisión: Asuntos Exteriores

1852

8.1.22. Acuerdo de cooperación sobre un sistema de navegación por satélite entre la Unión Europea y sus Estados miembros y el Reino de Noruega, hecho en Bruselas el 22 de septiembre de 2010.

1852

8.1.23. Protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur sobre responsabilidad y compensación suplementario al Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, hecho en Nagoya el 15 de octubre de 2010.

Comisión: Asuntos Exteriores

1852




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8.1.24. Acuerdo entre el Reino de España y la República de Azerbaiyán sobre supresión recíproca del régimen de visados de corta duración para sus nacionales titulares de pasaportes diplomáticos, hecho en Madrid el 16 de junio de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

1852

8.1.25. Acuerdo para el establecimiento del Centro Internacional Rey Abdullah Bin Abdulaziz para el Diálogo Interreligioso e Intercultural, hecho en Viena el 13 de octubre de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

1852

8.1.26. Canje de Cartas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y las Naciones Unidas para acoger un curso de personal directivo de misiones de paz, que se celebrará en Madrid entre los días 31 de octubre y 11 de noviembre de 2011, hecho en Nueva York el 17 y 18 de octubre de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

1852

8.1.27. Acuerdo entre el Reino de España y el Estado de Kuwait sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Sevilla el 3 de octubre de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

1852

8.1.28. Acuerdo entre el Reino de España y el Programa de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos para su establecimiento en España, hecho en Madrid el 30 de noviembre de 2011.

Comisión: Asuntos Exteriores

1852

8.1.29. Denuncia del Tratado sobre el Estatuto de EUROFOR, hecho en Roma el 5 de julio de 2000.

Comisión: Asuntos Exteriores

1852

Se autorizan.

9. TRIBUNAL DE CUENTAS

9.1. DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS DE CUENTAS

9.1.1. Designación de seis Consejeros de Cuentas.

Comisión: Nombramientos

1854

10. DEFENSOR DEL PUEBLO

10.1. ELECCIÓN

10.1.1. Elección del Defensor del Pueblo

1854

Se aprueba por asentimiento de la Cámara el llamamiento único para las dos votaciones, que se harán por papeletas, en dos urnas.

Efectuada la votación por papeletas para la designación de los consejeros del Tribunal de Cuentas, el señor don Javier Medina Guijarro obtiene 22 votos; doña Margarita Mariscal de Gante y Mirón, 222; don Manuel Aznar López, 221; don Lluís Armet i Coma, 223; don Felipe García Ortiz, 222 y doña María Dolores Genaro Moya, 222. Se computan 18 votos en blanco y 1 voto nulo.

Efectuada la votación por papeletas para la designación de defensor del pueblo, la señora doña Soledad Becerril Bustamante obtiene 221 votos a favor y 12 abstenciones. Se computan 8 votos en banco y ninguno nulo.

11. INCOMPATIBILIDADES

11.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN




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11.1.1. Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades, emitido en su sesión del día 26 de junio de 2012, en relación con los señores Senadores

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El señor Sanz Cabello, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Se aprueba el dictamen por asentimiento de la Cámara.

Se levanta la sesión a las veinte horas y veinticinco minutos.




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Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta minutos.

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.

Se reanuda la sesión.

6. MOCIONES

6.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR DETERMINADAS MEDIDAS PARA PALIAR LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LOS INCENDIOS FORESTALES QUE HAN AFECTADO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES AUTÓNOMAS DURANTE EL AÑO 2012, EN ESPECIAL A LA COMUNITAT VALENCIANA.

(Núm. exp. 662/000030)

AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO.

El señor PRESIDENTE: Señorías, comenzamos con el debate de la primera moción, por la que se insta al Gobierno a adoptar determinadas medidas para paliar los daños producidos por los incendios forestales que han afectado a las diferentes comunidades autónomas durante el año 2012, en especial, a la Comunidad Valenciana. Autor de la moción: el Grupo Parlamentario Popular.

A esta moción se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Aparici por tiempo de quince minutos.

El señor APARICI MOYA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, antes de comenzar con la defensa de la moción quisiera recordar y homenajear a José Agustín Nieva Gómez, el piloto que perdió la vida en las labores de extinción del incendio de Cortés de Pallás a bordo de un avión del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el pantano de Forata, en el municipio de Yátova, el lunes 2 de julio. Desde aquí enviamos a sus familiares nuestro más sentido pésame, nuestro reconocimiento y agradecimiento más sincero. (Aplausos.) Del mismo modo quiero recordar y rendir homenaje a otros dos pilotos que el mismo día sufrieron un accidente también a bordo de un helicóptero del ministerio en la zona de la Sierra Martés. Desde aquí les expreso mi deseo de una total recuperación y el reconocimiento y la gratitud de todo el pueblo valenciano y del conjunto de España.

Afortunadamente, y pese a la gravedad de la situación, no hemos tenido que lamentar más pérdidas humanas ni heridos graves, lo cual ha sido prioritario, como saben todos ustedes, en la actuación.

En este punto quiero manifestar también mi público agradecimiento a la entrega, profesionalidad y sacrificio con que desempeñaron su labor todas y cada una de las personas que participaron durante los trabajos de extinción de los incendios forestales de Cortés de Pallás y Andilla, así como en el de Hellín, agradecimiento que extendemos también a aquellos que están trabajando en la extinción de los incendios de La Gomera, La Palma y Tenerife: brigadas de emergencia de las comunidades autónomas, brigadas de las diputaciones, tripulaciones de los medios aéreos de extinción de incendios, bomberos de los consorcios provinciales, bomberos municipales en las distintas ciudades, la Unidad Militar de Emergencias —UME—, policías locales y personal de las corporaciones locales de los municipios afectados, policía autonómica, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja, equipos sanitarios de las comunidades autónomas, técnicos de emergencias y comunicaciones, técnicos y agentes medioambientales, así como todos aquellos recursos humanos procedentes del Estado, del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Agricultura, así como de otras comunidades autónomas —Andalucía, Madrid, Aragón, Cataluña e Islas Baleares— que solidariamente colaboraron en la extinción. Se trata de un conjunto de profesionales de diferentes ámbitos, lo que pone de manifiesto la complejidad y magnitud de la situación a la que se tuvo que hacer frente y en la que hay que destacar esfuerzos de dirección y de coordinación en algunas ocasiones de más de 1800 personas diarias y hasta 57 medios aéreos que intervinieron en los incendios durante varios días. Por ello quiero referirme también de manera especial a los directores de los puestos de mando avanzados, quienes han realizado una labor excepcional en unas circunstancias extraordinariamente complicadas, por lo que son merecedores del reconocimiento de todos. Y, por supuesto, he de dirigir un saludo, con toda mi gratitud, con toda nuestra gratitud y afecto a los alcaldes de los municipios afectados que han estado al pie del cañón desde el minuto uno trabajando arduamente y ofreciendo toda su colaboración y ayuda.




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Señorías, entendemos, comprendemos y compartimos el dolor y la desolación, la rabia y la impotencia que han sufrido y están sufriendo los afectados por los incendios. Por ello las administraciones se pusieron rápidamente en marcha para que, aun cuando no estaban todavía controlados los incendios, comenzaran todos los trámites de evaluación de daños y concesión de ayudas.

Quisiera destacar que hemos afrontado unos incendios extraordinarios y excepcionales, en los que han concurrido circunstancias y condiciones igualmente extraordinarias y excepcionales. Voy a enumerar algunos datos, sin intención de cansar ni de agotar.

Hemos tenido un mes de junio extraordinariamente cálido, el segundo más cálido de la serie de los últimos cuarenta y dos años: 3,2 grados por encima de la media entre 1971 y 2000, a lo que hay que añadir la escasez de precipitaciones, que han sido dos tercios menos de lo que se considera normal en junio, y, finalmente, las sucesivas oleadas de vientos de poniente, que durante varios días de junio azotaron las zonas afectadas por los incendios. Además esta situación vino precedida por un otoño muy cálido, con temperaturas de 1,8 grados superior a la media normal, siendo el tercer trimestre más cálido desde 1960 en el momento de los incendios solamente superado en dos ocasiones: en 1983 y en 2006. Asimismo, el invierno fue extraordinariamente seco; se ha tratado del trimestre invernal más seco, con diferencia, de toda la serie histórica iniciada en el año 1947 según los datos que tenemos de AEMET.

Hay que subrayar que en la mayoría de los casos se ha tenido que hacer frente al peor de los escenarios. Para acometer los incendios, todo el mundo sabemos la famosa regla del 30-30-30, y con factores extraordinariamente adversos, en la mayoría de los casos se ha cumplido hasta la saciedad.

En efecto, en la fecha de los incendios se alcanzaron temperaturas de hasta casi 40 grados, con una humedad relativa muy baja —en torno al 15%— y vientos superiores a 30 kilómetros por hora —en algunos casos entre 40 y 50 kilómetros por hora—, además con cambios en la intensidad y en la dirección del viento. Estas circunstancias hicieron que rápidamente se actuara y, por ejemplo, que en el incendio de Cortés de Pallás se determinara el nivel de preemergencia con absoluta celeridad.

También se suman a estas circunstancias meteorológicas otras cuestiones desfavorables. Hay que añadir un factor agravante, la simultaneidad, por concurrir distintos incendios a la vez: en el caso de la Comunidad Valenciana, dos, y, como ustedes saben, se han producido después incendios en Hellín, en la Comunidad de Castilla-La Mancha, en la Comunidad de Murcia y, de nuevo, en la Comunidad Valenciana, en Borriol, y en la Sierra de Mariola, en Alicante, y ahora en nuestras queridas Canarias, primero con los incendios de La Gomera, después el de La Palma y finalmente en Tenerife, que está todavía en plena actividad, con el peligro de que llegue al Parque Nacional del Teide.

A estas condiciones meteorológicas extremas y de riesgo de incendio por la simultaneidad hay que sumar la complicación que representa para las labores de extinción la evolución del fuego hacia núcleos urbanos. Fue siempre una prioridad la defensa de los núcleos urbanos para evitar daños en vidas humanas, daños en la propia población.

Igualmente hay que destacar la posibilidad potencial, como he dicho anteriormente, de que los incendios penetren en zonas de alto valor ecológico como la Sierra Calderona, la Sierra de Espadán, la Sierra de Mariola, la Sierra Martés, la Mola de Cortes y, como he citado anteriormente, el caso que nos ocupa en estos momentos, el Parque Nacional del Teide.

Como sus señorías pueden deducir del contexto que les he dibujado, se trata de unos incendios excepcionales. No obstante, quiero poner de relieve la agilidad en la respuesta, la amplísima movilización de recursos y la gran coordinación de todo el dispositivo, que han sido claves en la gestión de estas emergencias. Mi reconocimiento a la labor realizada por los Gobiernos de la Comunidad Valenciana y de Castilla-La Mancha y a sus presidentes al frente que desde el primer momento estuvieron a pie de incendio interesados en que la situación se resolviera de la forma más rápida posible y con el menor perjuicio para las propiedades y, especialmente, para las vidas humanas.

La presidenta María Dolores de Cospedal y el presidente Alberto Fabra dieron, a mi entender, una muestra de entrega y de cercanía a los afectados desde su responsabilidad política, en estrecha colaboración con los Gobiernos de España a través de los ministros competentes; ahora se está haciendo lo mismo en nuestras queridas Canarias.

Señorías, extendidos unos incendios, y en plena lucha con otros en este momento, que deseamos que terminen cuanto antes, como es el caso de nuestra querida Tenerife, abierto el periodo de reflexión sobre los mismos y realizadas las reuniones de coordinación de esfuerzos entre las distintas administraciones, es momento, al igual que se hizo en el pasado en esta Cámara, de disponer, de acordar




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ayudas para que, de acuerdo con la normativa en vigor, podamos ofrecer desde el Gobierno de España ayudas a los afectados.

El 18 de marzo de 2005, después de un intenso debate en las Cámaras, se dispuso el Real Decreto 307/2005, por el que se regulan las ayudas en atención a las distintas necesidades derivadas de catástrofes o situaciones de emergencia. Parece pues razonable que, en base a ello, se pongan en marcha las medidas que conduzcan por un lado a paliar en la medida de lo posible los daños materiales y por otro, a buscar la restauración de las zonas afectadas después de analizar las medidas técnicas más adecuadas para ello, y lógicamente también las medidas preventivas de carácter agrícola o medioambiental, así como de carácter legal, como ha estado sucediendo estos días.

Es lo que proponemos, es lo que venimos a proponer en esta moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que tiene vocación de ser una propuesta a la que se puedan sumar todos los grupos de la Cámara, desde la perspectiva de nuestro único interés común de buscar soluciones a los problemas, que es para lo que los ciudadanos nos han votado.

Finalizo mi intervención haciendo un llamamiento a la población para que se extreme la prudencia, para que en una época estival y vacacional, con unas condiciones tan adversas climatológicamente como las que estamos atravesando, con escasa pluviometría, temperaturas altas y frecuentes vientos laterales, se eviten actitudes y actos imprudentes que produzcan pérdidas como estas que afectan al patrimonio forestal medioambiental, se pongan en riesgo poblaciones y, sobre todo, produzcan pérdidas de vidas humanas entre los que extinguen los incendios.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aparici.

Para la defensa de la enmienda tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el senador Navarro, por un tiempo de cinco minutos.

El señor NAVARRO ANDREU: Gracias, señor presidente.

Señorías, buenos días. Bon dia a tots.

Quiero empezar expresando en nombre del Grupo Parlamentario Socialista nuestra solidaridad para con los ciudadanos de Canarias que están sufriendo en estos momentos miedo, incertidumbre, impotencia, desesperación en algunos casos, en definitiva, lo que se siente en los incendios, en su desarrollo y en sus consecuencias. Son los sentimientos que hace poco sufríamos los castellano-manchegos y los valencianos, los mismos que antes sufrieron la mayoría de las comunidades autónomas.

Señorías, quisiera que analizasen y votasen a favor de esta enmienda desde ese punto de vista, el de los vecinos, los profesionales y los voluntarios que participaron en su extinción y también el de los alcaldes de los pueblos afectados.

Señorías, quiero adelantar nuestra voluntad de transaccionar y consensuar. Creo que la base del funcionamiento de esta Cámara debe ser el diálogo y la negociación. No pierde quien pacta aun teniendo la mayoría, ganamos todos.

Estamos a favor de la moción del Grupo Parlamentario Popular —cómo no—, a favor de activar las medidas del Real Decreto 307, a favor de poner en marcha normativas para proceder a la restauración de las zonas afectadas. Estamos de acuerdo en la exposición de motivos. Se han quemado 50.000 hectáreas, 52 500 en la Comunidad Valenciana. Estamos de acuerdo con la solidaridad hacia los heridos en los dos accidentes ocurridos en Valencia y también en trasladar a la familia del piloto José Antonio Nieva Gómez nuestro reconocimiento, nuestro pesar y nuestra admiración hacia él por su sacrificio y profesionalidad en el desempeño de su labor. Estamos de acuerdo, señorías, en que los daños a la biodiversidad de la zona han sido impactantes. Estamos de acuerdo en que este ha sido un año meteorológicamente complicado, pero no más que otros, puesto que, mirando las series históricas, no ha sido un año excepcional. Estamos de acuerdo incluso en las condiciones meteorológicas, en aquello que decían el ministro y el senador Aparici del triple 30, aunque los vecinos de los pueblos afectados, los profesionales y los alcaldes —también de su partido— hablan de falta de coordinación, escasez de medios humanos y de disminución de políticas de prevención.

¿Que por qué presentamos esta enmienda? Para dar credibilidad a la moción, para que los vecinos, las organizaciones agrarias, los profesionales y los alcaldes a los que hemos trasladado su moción no sigan hablando de brindis al sol, de moción trampa, de ningún compromiso temporal ni económico, ni sigan sin hacer alusión a las nuevas políticas de economía sostenible y gestión de los bosques. Presentamos esta enmienda, en definitiva, para cambiar las sensaciones de los vecinos y alcaldes con




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quienes estuvimos hablando in situ —sensación de abandono, de quejas por la no utilización de los voluntarios, de desinformación, etcétera—. Lo hacemos para dar credibilidad a los incendios precedentes, por ejemplo, los de L’ Alcalatén y del Vall d’Albaida. En el de L’Alcalatén se plantea una ayuda, que se ingresa en las arcas de la Diputación Provincial, que tiene una vinculación con las ayudas que la Generalitat Valenciana tiene que aportar. Pasan los tres años, no se aporta nada por parte de la Generalitat Valenciana, y nos encontramos, evidentemente, con que se hace la devolución. En septiembre del 2011 se consuma el hecho, es decir, se tiene que hacer.

La enmienda que nosotros presentamos dice lo siguiente: Hay que elaborar y poner en marcha un proyecto que, siguiendo las directrices de la Ley de Economía Sostenible, se financie con fondos provenientes de la Administración central. En segundo lugar, asignar a la Generalitat Valenciana una parte específica y finalista que se destine a promover la inversión, gestión y ordenación forestal y medioambiental. En tercer lugar, aprobar con carácter urgente medidas paliativas y compensatorias. En cuarto lugar, agilizar los trámites para que los afectados por los incendios puedan cobrar conveniando con los ayuntamientos cantidades a cuenta en función de las hectáreas. En quinto lugar, declaración de emergencia. En sexto lugar, que todas las medidas de ayudas se encuadren en un nuevo modelo de gestión forestal. En séptimo lugar, que se dediquen a la prevención las cantidades que se han ido recortando en los últimos años y, por último, que el Gobierno impugne —¡atención!— la norma de la Generalitat Valenciana introducida en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad en virtud de la cual se deja sin efecto el artículo 50 de la Ley de Montes, que prohíbe la recalificación urbanística del suelo quemado durante treinta años.

Hace un momento el portavoz del Grupo Popular nos ha ofrecido una transaccional. Nos hubiera gustado que se hiciera con tiempo —lo teníamos—, no con esta urgencia, en este momento, sin poder hacer comprobación. De todas maneras, nosotros tenemos voluntad de consenso y probablemente lo vamos a poder demostrar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarro.

Tiene la palabra el senador Aparici para indicar si acepta o no la enmienda.

El señor APARICI MOYA: Gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señor Navarro. Muchas gracias también por el esfuerzo que hemos realizado todos los grupos para llegar a un acuerdo, coincidiendo, señor presidente, en presentar como transacción el mismo texto aprobado ayer en el Congreso.

Por tanto, en este momento anuncio la transacción, cuyo texto definitivo se está preparando para su aprobación en el Senado.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aparici.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor presidente.

Muy brevemente intervengo para felicitar una transaccional hecha en un momento en que estamos hablando de incendios forestales, y desgraciadamente Canarias está sufriendo tres —dos ya casi controlados y uno, aunque todavía no controlado, estabilizado en Tenerife.

Cuando cualquier parte de España puede sufrir una catástrofe natural —denominaría así a esta—, máxime cuando en algunos casos los indicios dicen que puede ser provocada, todas las administraciones públicas, desde el Estado a las comunidades autónomas y las administraciones locales —en el caso de Canarias, cabildos— y ayuntamientos, todos los entes han de tener una amplia coordinación, y nosotros en esta Cámara también debemos mostrarla, por lo que me gratifica esta transaccional que se va a firmar, porque creo que este es un asunto de todos, que tenemos que intentar paliar los efectos de los desastres naturales.

Mi solidaridad también con las islas Canarias, que ahora lo están sufriendo, como con todas las partes de España que también lo han vivido.

Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on.

Nosotros queremos solidarizarnos, como no puede ser de otra manera, y dar las gracias al senador Aparici, que se le veía yo creo que hasta emocionado. Tiene que ser terrible. Nosotros también vivimos un episodio de ese tipo —gracias a Dios, solo uno—; nos cuesta hacernos la película, pero entendemos que tiene que ser terrible.

Por otro lado, también queremos solidarizarnos con quienes en estos momentos también están sufriendo los incendios, especialmente en Tenerife, donde alguna garita tengo hecha, precisamente donde se está incendiando, y la verdad es que me toca en lo personal.

Como no puede ser de otra manera, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa. Nos alegra que haya una transaccional. No hubiera sido un problema, porque hubiéramos apoyado cualquiera de las dos mociones, pero, habiendo una transaccional, creo que vamos todos mejor.

Esperamos que esto que hoy se aprueba y todas las medidas que se puedan tomar en el futuro sirvan para que no se repitan este tipo de hechos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Amb la vènia, senyor president.

Bon dia senyories.

En nom de l’Entesa pel Progrés de Catalunya també vull manifestar la nostra solidaritat amb tots els ciutadans dels més de vint municipis afectats pels incendis de primers de mes a la Comunitat Valenciana i especialment dins de les províncies de Castelló i de València. Com també volem manifestar el nostre record i el nostre homenatge a totes les persones, professionals i voluntaris, que varen participar en les tasques d’extinció, a les persones que varen patir ferides, alguna de les quals encara està hospitalitzada, i especialment, molt especialment, el nostre record i el nostre homenatge al pilot José Agustín Nieva Gómez, que va perdre la vida en les tasques d’extinció de l’incendi.

Nosaltres, evidentment, votarem a favor de la transaccional que finalment ha estat pactada entre tots els grups parlamentaris. Entenem que no hi havia més opció, i més tenint en compte que ahir a la tarda el Congrés de Diputats va debatre el mateix tema i al Congrés es va arribar a una transacció; per tant seria bastant incomprensible que al Senat no hi haguéssim arribat. En tot cas, nosaltres també haguéssim votat a favor de la moció presentada pel Grup Parlamentari Popular tot i que des del nostre punt de vista entenem que era una moció que no aportava res de nou, ni des del punt de vista econòmic, ni des del punt de vista jurídic, ni des del punt de vista polític. Per què? Doncs perquè la regulació dels casos d’emergència i catàstrofes vénen regulades com ja s’ha dit anteriorment, pel Reial Decret 307/2005, de 18 de març, i també per dues lleis: la Llei 38/2003, de 17 de novembre, és a dir, la Llei General de Subvencions i les disposicions reglamentàries que desenvolupen aquesta llei, com també cada any a través dels Pressupostos Generals de l’Estat hi ha unes partides, uns crèdits ampliables previstos en el programa 134M de protecció civil corresponent al Ministeri de l’Interior.

Per tant, la moció concreta del Grup Parlamentari Popular el que feia era instar a activar el previst en el Reial Decret que he comentat abans, el 307/2005, de 18 de març, i no cal cap sistema d’activació. El mateix decret, llegeixo textualment, en el seu article 8 diu: «Inicio del procedimiento. El procedimiento se iniciará a instancia de parte...». És a dir, no cal que hi hagi cap acord polític, cap acord administratiu, sinó que s’inicia a instància de part. I això es va fer l’any 2005 precisament perquè fins aquell moment el que passava, el que succeïa, era que quan hi havia situacions d’especial emergència, catàstrofes derivades d’incendis, derivades de pedregades, derivades d’inundacions, el que es feia era un projecte de llei, s’elaborava un projecte de llei cas a cas, ad hoc, i per tant la capacitat de reacció era bastant lenta, perquè el Govern havia de redactar i aprovar el projecte de llei i després havia de fer la tramitació parlamentària, i això s’allargava en el temps. Si no estic mal informat, l’última vegada que es va resoldre una situació d’aquest tipus a través de projecte de llei va ser l’any 2005, a partir de la valoració que l’any anterior, 2004, va ser especialment virulent en situacions d’emergència i de catàstrofes a Aragó, a Catalunya, La Rioja, Navarra, València, Galícia i Extremadura. Bé, al mes de febrer d’aquell anys, del 2005, es va aprovar




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aquest projecte de llei, i només un mes després el Govern aprovava aquest decret que hem dit abans, el 307/205, de 18 de març.

Per tant, no es tracta d’activar res. Es tracta, en tot cas, d’analitzar si aquest decret cal modificar-lo, millorar-lo, en la mesura que passa el temps i que es té més informació i més experiència respecte a les situacions catastròfiques i d’emergència. Però no cal activar res. El que cal, això sí, és voluntat política, i especialment per part dels delegats i subdelegats del Govern corresponents perquè, aquí sí, activin els mecanismes de col·laboració, de cooperació, d’informació i d’assessorament als particulars i als alcaldes dels municipis afectats per situacions d’aquest tipus.

En definitiva, senyories, el mal ja està fet. A nosaltres ens hagués agradat, més enllà de la moció presentada pel Grup Parlamentari Popular —que evidentment ha estat millorada a través de la transaccional signada per tots els grups—, doncs a nosaltres més enllà d’això ens hagués agradat, i en situacions d’aquest tipus —quan hi ha realment incendis o catàstrofes d’especial rellevància, d’especial virulència—, doncs seria analitzar què ha passat, per intentar millorar els operatius perquè en altres ocasions similars els efectes no siguin tan importants.

En definitiva, com deia, el mal ja està fet. Els incendis s’apaguen a l’hivern, és a dir, calen polítiques de prevenció en aquest cas. Des del territori s’han plantejat moltes crítiques especialment al Govern de la Comunitat Valenciana, respecte a les polítiques de prevenció. S’ha parlat de retallades en partides que han arribat fins al 70%. En els ajuts a particulars per la neteja de les seves parcel·les i propietats hi ha hagut reduccions, gairebé han desaparegut partides d’aquest tipus i hi hagut reduccions de fins al 94%, i fins i tot sembla que una part de les despeses de la visita del Papa a València de fa uns temps varen sortir precisament de partides destinades a prevenció d’incendis. En tot cas a nosaltres ens hauria agradat analitzar això, ens hauria agradat analitzar també, una vegada produït l’incendi, es podria haver evitat? Probablement no, no es podia haver evitat. Ara bé, es podia haver minimitzat?, això és el que es podria estudiar i analitzar.

També hi ha hagut retallades en partides destinades a l’extinció i a les brigades d’extinció, conseqüència: més de 50 000 hectàrees cremades i uns costos, manifestats pel mateix ministre Arias Cañete, de l’entorn de 90 milions d’euros. Quanta política de prevenció no es podia haver fet amb 90 milions d’euros?

I finalment, gestió i mesures postincendi. Evidentment, garantir que no s’especularà urbanísticament amb els terrenys calcinats. Aprofitament, després de la desgràcia; com es pot aprofitar la fusta cremada, com es pot aprofitar la biomassa. En definitiva, senyories, han passat dos Consells de Ministres des d’aquests incendis i dos consells de ministres sense que hi hagi hagut cap mesura concreta. En tot cas, per tant i finalment, analitzar què va fallar no tant per buscar responsabilitats. No tant per això sinó per analitzar i valorar i escriure en què es pot millorar. I preguntes com si el sotabosc estava net, o no estava prou net; si hi havia suficients tallafocs i en tot cas, si estaven ben mantinguts; si s’actuà amb suficient celeritat una vegada iniciat l’incendi; si va funcionar suficientment des del primer moment la coordinació entre totes les forces que varen actuar. En aquest sentit també hi va haver des del territori moltes crítiques.

Senyories, a nosaltres ens hagués agradat més un debat d’aquestes característiques en positiu, repeteixo, no tant per buscar responsabilitats sinó per intentar millorar. I en tot cas, i finalment i per acabar, la nostra solidaritat amb les persones, amb els ciutadans que estan patint els incendis a Tenerife, La Palma i La Gomera, i per què no, també des de Catalunya, comentar que no fa pas massa temps, massa dies, hi va haver importants incendis a la zona de la província de Tarragona, i també a Lleida una pedregada va malmetre una part important de la collita de fruita. Per tant, també estem parlant de casos d’emergència, de casos d’excepcionalitat, i per tant també hi ha de ser d’aplicació en aquests dos casos el decret que he comentat anteriorment. Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Con la venia, señor presidente.

Buenos días, señorías.

En nombre de la Entesa pel Progrés de Catalunya quiero manifestar nuestra solidaridad con todos los ciudadanos de los más de veinte municipios afectados por los incendios desde inicios de mes en la Comunidad Valenciana, especialmente en las provincias de Castellón y Valencia, como también queremos manifestar nuestro recuerdo y homenaje a todas las personas, profesionales y voluntarias que participaron en las tareas de extinción y a las personas que sufrieron heridas, algunas de las cuales todavía están hospitalizadas, y muy especialmente nuestro recuerdo y homenaje al piloto José Agustín Nieva Gómez, que perdió su vida en las tareas de extinción del incendio.




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Nosotros, evidentemente, votaremos a favor de la transaccional que finalmente se ha pactado entre todos los grupos parlamentarios. Entendemos que no había más opción, máxime teniendo en cuenta que ayer por la tarde en el Congreso de los Diputados se debatió sobre el mismo tema y se llegó a una transaccional, así que sería bastante incomprensible que en el Senado no la alcanzáramos. En todo caso, nosotros también hubiéramos votado a favor de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular, aunque entendemos que no aporta nada nuevo ni desde el punto de vista económico, ni jurídico, ni político. ¿Por qué? Porque los casos de emergencia y catástrofes vienen regulados, como ya se ha dicho anteriormente, por el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, así como por dos leyes: la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, es decir, la Ley General de Subvenciones, y las disposiciones reglamentarias que desarrollan esta ley. Asimismo cada año, a través de los Presupuestos Generales del Estado, se contemplan unas partidas de créditos ampliables en el programa 134M, de protección civil, correspondiente al Ministerio del Interior.

Por lo tanto, la moción concreta del Grupo Parlamentario Popular lo que hacía era instar a activar lo previsto en el mencionado Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, y en este caso no hace falta ningún sistema de activación. El mismo decreto dice, y leo textualmente, en su artículo 8: «Inicio del procedimiento. El procedimiento se iniciará a instancia de parte…» Es decir, no es necesario que haya ningún acuerdo político o administrativo, sino que se inicia a instancia de parte. Esto se hizo en el año 2005 porque hasta ese momento lo que sucedía cuando se producían situaciones de especial emergencia y catástrofes derivadas de incendios o inundaciones era que se elaboraba un proyecto ad hoc para cada caso y, por lo tanto, la capacidad de reacción era bastante lenta porque el Gobierno tenía que adoptar y aprobar el proyecto de ley y luego había que hacer la tramitación parlamentaria del mismo; eso se alargaba en el tiempo. Si no estoy mal informado, la última vez que se resolvió una situación de este tipo a través de un proyecto de ley fue en el año 2005, tras un año especialmente virulento, el 2004, en cuanto a situaciones de emergencia y de catástrofes acaecidas en Aragón, Cataluña, La Rioja, Navarra, Valencia, Galicia y Extremadura. Fue en el mes de febrero de aquel año 2005 cuando se aprobó este proyecto de ley y solo un mes después el Gobierno aprobó este decreto que he comentado antes, el 307/2005, de 18 de marzo.

Por lo tanto, no se trata de activar nada, sino en todo caso de analizar si este decreto se debe modificar y mejorar a medida que pasa el tiempo si se tiene más información y experiencia respecto de las situaciones catastróficas y de emergencia. Pero no es necesario activar nada, lo que sí es necesario es voluntad política, especialmente por parte de los delegados y subdelegados del Gobierno correspondientes, para que se activen los mecanismos de colaboración, de cooperación, de información y de asesoría a los particulares y a los alcaldes de los municipios afectados por situaciones de este tipo.

En definitiva, señorías, el mal ya está hecho. A nosotros nos hubiera gustado, más allá de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular —que evidentemente ha sido mejorada a través de la transaccional firmada por todos los grupos—, que en situaciones de este tipo —cuando se producen incendios o catástrofes de especial relevancia y virulencia— pudiéramos analizar lo que ha sucedido para intentar mejorar las operativas a fin de que en ocasiones similares los efectos no fuesen tan importantes.

En definitiva, y como decía, el mal ya está hecho y los incendios se apagan en invierno. Es decir, que son necesarias las políticas de prevención en este caso. Desde el territorio se han planteado muchas críticas precisamente al Gobierno de la Comunidad Valenciana respecto de las políticas de prevención. Se ha hablado de recortes en partidas que han llegado hasta el 70%; en las ayudas a los particulares para la limpieza de sus parcelas ha habido reducciones enormes; casi han desaparecido estas partidas. Son unas reducciones de hasta el 94%, e incluso parece que una parte de los gastos de la visita del Papa salieron precisamente de partidas destinadas a prevención de incendios. En todo caso, a nosotros nos hubiera gustado analizar este hecho y nos hubiera gustado analizar, una vez producido el incendio, si se podría haber evitado. Seguramente no, ¿pero se podría haber minimizado? Eso es lo que se debería estudiar y analizar.

También ha habido recortes en partidas destinadas a las brigadas de extinción cuya consecuencia ha sido más de 50 000 hectáreas quemadas y unos costes valorados por el propio ministro Arias Cañete en cerca de 90 millones de euros. ¿Cuánta política de prevención se podría haber hecho con 90 millones de euros?

Y finalmente gestión y medidas después del incendio: garantizar que no se utilicen urbanísticamente los terrenos calcinados; ver cómo se puede aprovechar la madera quemada, la biomasa. En definitiva han pasado dos Consejos de Ministros desde estos incendios sin que haya habido ninguna medida concreta al respecto. En todo caso, y finalmente, hay que analizar qué sucedió, no tanto para buscar




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responsabilidades, sino para valorar en qué se puede mejorar. Son preguntas como la de si el bajo bosque estaba limpio o no lo estaba de forma suficiente; si había bastantes cortafuegos y si estaban bien mantenidos; si se ha actuado con celeridad una vez iniciado el incendio, o si funcionó suficientemente desde el primer momento la coordinación entre todas las fuerzas que actuaron. En este sentido también hubo en el territorio muchas críticas.

Señorías, a nosotros nos habría gustado que se hubiera producido un debate de estas características en positivo, repito, no tanto para buscar responsabilidades, sino para intentar mejorar. En todo caso, y para acabar, quiero manifestar nuestra solidaridad con los ciudadanos que sufren los incendios en Tenerife, La Palma y La Gomera, y por qué no, y en lo que respecta a Cataluña, también quiero comentar que no hace muchos días hubo importantes incendios en zonas de la provincia de Tarragona y en Lleida el granizo dañó la cosecha de fruta. Estamos hablando de casos de excepcionalidad, y también debería ser de aplicación en estos casos el decreto al que se ha hecho referencia anteriormente.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bruguera.

Por el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió tiene la palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gràcies president.

En primer lloc felicitar al senador Aparici i al conjunt de la Càmera per haver arribat a un punt de consens respecte a un tema amb tanta sensibilitat, que ha afectat d’una manera tant greu, en aquest cas a la Comunitat Valenciana i a les Illes Canàries, i com ha fet esment sa senyoria en aquest últim moment, el què ens va passar a les terres catalanes, ja no tant sols en tema d’incendis, sinó també amb pedregades en una zona molt propera de la que jo vinc, situacions complicades, situacions que provoquen un cert patiment profund a les persones que es veuen afectades.

Crec que hem d’estar tots contents perquè s’ha arribat a un consens per una situació concreta en la que s’ha de tenir el màxim de respecte, el màxim d’acompanyament envers aquestes persones, cap aquestes institucions, cap aquests municipis, cap aquests territoris que s’han vist afectats per tot això, però sí fer una reflexió de perquè ha passat això, en quin entorn ens trobem, en quina situació ens trobem. ¿S’han fet unes polítiques de prevenció abans de que passes tot això? El despoblament de les zones rurals com a elements importants, la no aplicació, o la no gestió de forma correcte de la silvicultura, la utilització dels ramats per millorar el sotabosc i elements que eren molt comuns fa un temps i que eren bàsics per els nostres no tant avantpassats, sinó fa uns anys no gaire llunyans de l’actualitat, sí que això es tingués en compte per part de les administracions locals, per part de les administracions autonòmiques, per part de l’Administració estatal.

I tant sols dir això, el recolzament, el respecte i la nostre solidaritat per aquelles persones que han vist algunes malauradament segada la seva vida i també aquelles persones que ho han patit.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

En primer lugar quiero felicitar al señor Aparicio y al conjunto de la Cámara por haber llegado a un punto de consenso respecto de un tema tan sensible que afecta de forma tan grave, en este caso a la Comunidad Valenciana y a las islas Canarias. Y como decía su señoría hace un momento, lo que ocurrió en las tierras catalanas, no solo en lo que se refiere a incendios, sino también a granizo en una zona muy cercana a aquella de la que yo provengo, son situaciones complicadas, situaciones que provocan un profundo sufrimiento a las personas que se ven afectadas.

Debemos estar contentos porque hemos llegado a un consenso para una situación concreta en la que se ha de tener el máximo respeto, el máximo acompañamiento hacia estas personas e instituciones, hacia estos municipios y territorios que se han visto afectados por todo esto, pero sí tenemos que reflexionar acerca de por qué ha ocurrido, en qué entorno y en qué situación nos encontramos. ¿Se han hecho unas políticas de prevención antes de que ocurriera todo esto? La despoblación de las zonas rurales como elementos importantes, la no aplicación o la no gestión de forma correcta de la selvicultura, la utilización de la ganadería para mejorar el bajo bosque y elementos muy comunes hace un tiempo eran básicos, no ya para nuestros antepasados, sino hace pocos años. En la actualidad esto debería tenerse en cuenta por parte de las administraciones locales, las administraciones autonómicas y por parte de la Administración estatal.




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Quiero insistir en nuestro apoyo, nuestro respeto y nuestra solidaridad para con aquellas personas que por desgracia han muerto y también con aquellas que han sufrido.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Plana.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Navarro.

El señor NAVARRO ANDREU: Gracias, presidente.

Señorías, lo cierto es que ayer en el Congreso se llegó a un consenso y hoy se pretendía hacer una transaccional, que al final se ha podido conseguir que fuera exactamente la misma que ayer se votó por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Es una transaccional del diputado y secretario general de los socialistas valencianos Ximo Puig, a la cual nos sumamos de una manera plena, con todo lo que esto significa.

Ayer en el consenso hubo unanimidad y aquí hoy seguramente también la habrá. Yo voy a tratar de ser breve y claro porque este tema requiere, señorías, poca retórica y mucho compromiso y credibilidad.

Si estuviéramos hablando de administraciones con experiencias positivas anteriores y con recursos, nada que decir a la propuesta inicial del Grupo Popular, pero estamos hablando de la Comunidad Valenciana y para hablar de experiencias anteriores —todas negativas— teníamos que asegurar, y así se ha hecho en cuanto a las intenciones, que este tipo de ayudas lleguen de una manera acelerada y de una manera clara y, además, que lleguen. Porque decíamos que en la gestión de los anteriores —no solamente en el incendio de l’Alcalatén, sino también en el incendio de la Vall d’Albaida— las ayudas no han llegado, y no han llegado por la falta de compromisos del Gobierno autonómico. La participación complementaria que tenía que aportar el Gobierno autonómico no se ha hecho efectiva y de ahí nuestras dudas, por eso la queríamos asegurar con nuestra enmienda.

Quiero decirles además que en este incendio el Gobierno autonómico ha anunciado 9 millones de euros, que significan una parte proporcional a lo que en su día se aportó en los incendios de l’Alcalatén. En aquel momento, en los incendios de l’Alcalatén se quemaron, si no recuerdo mal, 5000 hectáreas y en este 52 000; ciertamente, una regla de tres nos diría que le corresponderían 30 millones de aportación, pero son solamente 9. Además, en su momento se dijo que se iba a aportar los 9 millones antes de que finalizara este mes de julio; ahora se habla solamente de un millón antes de finales de este mes. Por tanto, estamos hablando desgraciadamente de una comunidad que es poco de fiar en este sentido.

Y respecto a Canarias, ya he dicho al principio de mi intervención que tiene que contar no solamente con toda nuestra solidaridad, con la solidaridad de la Cámara, sino que en la urgencia de las nuevas premisas de este acuerdo transaccional a que hemos llegado debería contar también con las mismas ayudas y con la máxima urgencia. Además, tengo que añadir que allí al menos la experiencia ha sido positiva, porque si en 2007 se produjo el incendio de l’Alcaltén y en 2010 se produjo el de la Vall d’Albaida, y en esos dos incendios no hubo respuesta de la comunidad autónoma, en los incendios de Canarias, para los que se aportaron 10 millones de euros, sí que hubo en aquel momento respuesta del Gobierno autonómico y, por lo tanto, pudieron cobrar el dinero que se había destinado por parte del Gobierno central. Además, en este momento, yo me pregunto cómo van a confiar los afectados. ¿Tienen la seguridad de que van a cobrar? Yo espero que sí. Por eso, pedíamos su apoyo a las enmiendas, que eran más bien de adición que de sustitución, para garantizar esas futuras ayudas, los plazos y la cuantía.

Quiero, sin embargo señalar que hay un par de propuestas que no vamos a abandonar: una, la petición de que se reponga el artículo 50 de la Ley de Montes en la Comunidad Valenciana, eliminado dentro de la Ley de acompañamiento del presupuesto —no sé si con nocturnidad—, y dos, la petición de que, a partir de la Ley de Economía Sostenible, se afronte el futuro de nuestros bosques con nuevos modelos de gestión forestal, que englobe explotaciones agrícolas, ganaderas y una política de prevención que cuente con el consenso de los vecinos y con recursos suficientes. ¿Que son caros? Naturalmente, pueden ser caros, pero, desde luego, el valor de lo quemado —52 000 hectáreas— supera, seguro, el coste de las labores de mantenimiento durante una década.

Señorías, el portavoz de Entesa decía que el fuego de los veranos se apaga en invierno con labores preventivas. Y es cierto. Nosotros vamos a denunciar que Tragsa, la empresa de mantenimiento, ha bajado de 880 personas contratadas a 320 —malo para el futuro—. Queremos decir que las ayudas a particulares para la limpieza de las parcelas han bajado de 10,9 millones a 160 000 euros —no sé a qué se ha dedicado la partida de transferencia—. Asimismo, queremos señalar que Imelsa, de la Diputación de Valencia, solo tiene contratos a 510 brigadistas que, por cierto, la mitad termina el 30 de septiembre




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—poca labor preventiva harán de cara al próximo año—. De los 102 bomberos del parque municipal de Castellón, solamente consiguieron participar dos bomberos. El propio Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón solo utilizó el 13% de sus efectivos y la brigadas, a veces, durante el invierno se dedican a hacer labores de jardinería o de mantenimiento en pueblos, en vez de hacerlo en el bosque. Vamos a exigir que la Generalitat Valenciana apruebe, después de diecisiete años, el plan de acción territorial forestal de la Comunidad Valenciana.

Por cierto, quiero agradecer también la presencia —como ha hecho el señor Aparici— de todos quienes visitaron la zona —al ministro, al presidente de la comunidad autónoma, a los diputados y senadores, al señor Rubalcaba, a los alcaldes y concejales de los pueblos próximos—, pero tengo la sensación de que tenemos un presidente de Gobierno, el señor Rajoy, que prefirió compartir el fútbol y los códices a las tragedias de los valencianos. Sí, los valencianos lo han echado en falta.

Estas 52 000 hectáreas que se han quemado en la Comunidad Valenciana no son ninguna herencia. Aquí se habla demasiado de herencia.

Y para terminar, quiero contarles una historia. En el relevo que se hace en la Casa Blanca entre el presidente entrante y el saliente cuentan que el presidente saliente deja al entrante tres cartas y le dice: Mire, esta es la herencia. Cuando tenga algún problema, vaya abriendo las cartas. Llega un momento en que tiene un problema muy importante, y abre la primera carta para ver cómo se soluciona. Dice la carta: Diga usted que la culpa es de la herencia que usted ha recibido. Y así lo dice. Se presenta ante los medios de comunicación, lo cuenta y la gente se lo cree, lo aplaude y lo justifica. Pasado un tiempo, tiene un segundo problema y entonces recuerda que se le ha dicho que abra la segunda carta. Como nos ha ido bien en la primera —piensa el presidente entrante— voy a abrir la segunda. Abre la segunda y lee: Diga usted que la culpa la tiene el Gobierno anterior, el presidente anterior. Y así lo cuenta. La gente ciertamente ya no se lo cree tanto, ya piensa que la cosa no va bien, pero lo acepta. Cuando tiene otro problema, el último problema, abre la tercera carta, y dice: Señor presidente, redacte usted las tres cartas para su sucesor porque usted es incapaz de solucionar los problemas, dimita.

Buenos días. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarro.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Aparici.

El señor APARICI MOYA: Muchas gracias, señor presidente.

Intentaré ser breve en el debate final de esta propuesta de consenso, pues siempre hay quien acaba cayendo en la tentación de convertir los debates en un vodevil; siempre. Creo que mi intervención ha sido emocionada, sí —gracias señor portavoz, porque las cenizas llegaban a la puerta de mi casa—; emocionada, sí, porque recuerdo que este no es el primer incendio en mi querida Comunidad Valenciana. Recuerdo los varios incendios de los años noventa, uno en el mismo sitio en el que se ha producido este, Andilla— Régis, exactamente en el mismo sitio; otro al lado del pueblo del señor Enrique Navarro. Él parece que lo ha olvidado. Empezó al sur de la provincia de Castellón y acabó en Teruel. Insisto, años noventa. Y, desde luego, recuerdo uno muy reciente con pérdida de vidas humanas en Guadalajara, Castilla-La Mancha. Y vienen aquí a dar lecciones a todo el mundo. Me parece absolutamente lamentable, señor Navarro, y más viniendo de usted que me conoce perfectamente. Además, lo que ha sucedido hoy aquí no es ninguna casualidad. Usted y yo hemos negociado muchas cosas como portavoces de la diputación. Hemos llegado a muchos acuerdos, a muchos, y a mí, desde luego, me molesta profundamente el final de su intervención. Ha sido un final sencillamente deplorable, señor Navarro, sencillamente deplorable.

Cuando hable usted de presidentes de Gobierno, tiéntese la ropa, porque en todas las desgracias que hemos tenido en la Comunidad Valenciana y en otras comunidades de España yo no he visto nunca al presidente del Gobierno anterior. Por tanto, a qué viene usted aquí a dar lecciones a nadie de qué. (Aplausos.) Este no era el debate, señor Navarro. (Aplausos.) Usted y su grupo, una vez más, tratan de convertir todo el esfuerzo de consenso que hemos hecho en un verdadero vodevil. Se lo digo así de claro, y le digo claramente que usted y su grupo en esta cuestión me han decepcionado. ¡Con el esfuerzo que hemos hecho en esta cuestión!

Usted habla de ayudas de la Comunidad Valenciana, decreto ya establecido, 9 millones de euros rápidamente. El portavoz de la Entesa hablaba también de invertir dinero en prevención. ¿Sabe usted cuánto ha invertido este año la Comunidad Valenciana en prevención? No lo sabe. Han sido 8 millones de euros. Se lo digo yo. No sé quien le ha contado a usted esa historia del Papa. Debe ser algún malvado de




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esos que tienen ustedes por la Comunidad Valenciana, que tienen muy poca idea de incendios y solo saben mentir y enredar. Debe ser eso. No sé quien le ha contado a usted eso porque es —como se dice— falso de toda falsedad.

No sé si usted ha presenciado muchos incendios, no lo sé; si lo hubiera hecho, no me vendría con la historia de los cortafuegos. Un cortafuegos en un incendio como el del otro día dura un pispás. Yo he visto por delante de mí y por detrás de mí un incendio con una piña saltar un río entero. ¿De qué me habla usted? En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, y le doy un dato al azar, hay 5675 kilómetros de cortafuegos. ¿Le parecen pocos o muchos? No lo sabe. Pero fíjese usted, tengo aquí unas declaraciones de un político próximo a su ideario. Se las voy a leer textualmente: Las áreas de cortafuegos constituyen un despropósito y un derroche de fondos públicos. Por tanto, pide que no se dedique dinero público para su ejecución y que se excluyan del plan de prevención de incendios. Aclárense ustedes un poquito, ya que según les va dicen una cosa u otra.

Este no era el debate que yo planteaba. Nunca planteé ese debate, pero si quieren, podemos entrar en él con datos y con profundidad. He visto incendios desde hace muchísimos años, con distintos Gobiernos y, por consiguiente, sé exactamente cuáles han sido las actuaciones de cada uno. Y me río yo de la comparación que hacía el señor Navarro en relación con la disposición del cuerpo de bomberos de la Diputación de Castellón si la comparo con la que hubo en los años noventa en los incendios de Villahermosa, Espadilla y en el incendio anterior en la misma zona de Bejís. Lo recuerdo perfectamente, yo era diputado autonómico y defendí en aquel momento la posición del Partido Popular en los incendios. Usted, señor Navarro, lo conoce perfectamente. Por tanto, no voy a entrar más en esta cuestión.

El debate de hoy es para que todo el mundo se ponga de acuerdo sobre lo que se ha hecho aquí, sobre lo que se está haciendo y averiguar por qué han pasado las cosas y en qué cuestiones hay que entrar. Efectivamente, se está produciendo una reflexión profunda en toda la cuestión del abandono de cultivos, pero también, señor Navarro, y fíjese en lo que le digo, en la situación de los cauces y barrancos. ¿Cómo están los cauces y barrancos en este momento para ayudar a que los incendios no sigan adelante? ¿Quién gestionaba esto hasta hace cuatro días? Sobre eso también queremos reflexionar y también, por ejemplo, sobre la interfaz urbano-forestal, que es una cuestión que en estos momentos tiene mucha prioridad.

Quiero mencionar también, señor Navarro, que en el área mediterránea ha cambiado profundamente el esquema de vegetación. Usted sabe perfectamente que el bosque mediterráneo tradicional ha ido desapareciendo. Ahora tenemos demasiado pino. No lo ha hecho nadie, lo ha hecho la propia naturaleza. La mayoría de la gente de pensamiento de izquierda dice que no es partidaria de tocar el monte, que allí no se entre a nada. Esta también es una cuestión que hay que ver. Hay una invasión de pino, por ejemplo, en el bosque mediterráneo, que hace desaparecer el alcornoque habitual, lo que llamamos surera en valenciano y corchera en castellano. Pero eso no lo ha hecho el hombre, lo ha hecho la propia naturaleza y es la propia naturaleza la que ha propiciado una situación gravísima que hay que abordar.

Por consiguiente, de lo que yo me alegro aquí, en definitiva, no es de escuchar estas palabras que he escuchado. Quiero agradecer la intervención del Grupo de Convergència i Unió y del Grupo Parlamentario Vasco, que han entendido perfectamente lo que está pasando, porque todos sufrimos las desgracias de los elementos cada día en nuestros propios territorios. Me solidarizo con lo que ha dicho su portavoz. Claro que estoy emocionado, de verdad que sí, pero estoy emocionado sobre todo porque, a pesar de lo que algunos han dicho inmerecidamente, de aquí saldremos con un acuerdo de todos, que presentaremos ante toda la sociedad española. Eso es lo que más me enorgullece.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aparici.

Señorías, no ha dado tiempo todavía a presentar la enmienda transaccional, por lo que seguimos con la siguiente moción y al final de la siguiente moción someteremos la enmienda transaccional a su aceptación.




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6.2. MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO ACUERDA LA CREACIÓN DE UNA PONENCIA DE ESTUDIO, EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES, QUE ESTUDIE EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE INTERCAMBIO Y COLABORACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y LA EFICIENCIA DEL SISTEMA SANITARIO.

(Núm. exp. 662/000031)

AUTOR: GPP

El señor PRESIDENTE: Punto 6.2, moción por la que el Senado acuerda la creación de una ponencia de estudio, en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, que estudie el establecimiento de un sistema de intercambio y colaboración entre las comunidades autónomas para la mejora de la gestión de los servicios sanitarios y la eficiencia del sistema sanitario. Autor de la moción, el Grupo Parlamentario Popular.

A esta moción se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Vasco y otra del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el senador Aguirre por tiempo de quince minutos.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, partamos de una premisa clara y contundente: las tecnologías de la información y la comunicación son imprescindibles para mejorar la accesibilidad, la equidad, la calidad y la eficiencia de las prestaciones sanitarias. Creo que eso lo tenemos todos claro, y los que estamos en el mundo sanitario más claro todavía.

Señorías, el pasado 29 de febrero el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordó la propuesta técnica de contenido normalizado de las tarjetas sanitarias en el Sistema Nacional de Salud y la interoperabilidad de la información básica entre comunidades autónomas. El objetivo es que los pacientes puedan ser atendidos con la misma facilidad y rapidez, independientemente del lugar de España donde puedan requerir asistencia sanitaria, de lo cual se beneficiarán, según la estadística actual, unos cuatro millones de pacientes, que es la media anual de pacientes que van de una comunidad autónoma a otra. Para conseguirlo es imprescindible el desarrollo de la historia clínica electrónica interoperable y de la receta electrónica interoperable en cualquier punto del Sistema Nacional de Salud. La interoperabilidad de las técnicas de información y comunicación entre comunidades autónomas y con nuestro entorno europeo permitirá eliminar trabas burocráticas y dará una mayor seguridad y rapidez en la atención que reciban los pacientes por contar los profesionales con la historia clínica en la que, como ustedes saben, se recogen alergias, intervenciones previas, pruebas diagnósticas, medicación habitual, etcétera, y ese conocimiento en manos de cualquiera de los médicos, independientemente de la comunidad autónoma, siempre redundará de forma positiva en la atención del paciente y, a su vez, llevará consigo una importante reducción de los costes sanitarios. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

La identificación de las personas ante el sistema sanitario se efectúa actualmente a través de la tarjeta sanitaria individual que emiten las diferentes comunidades autónomas con el objetivo de poder reconocer de manera segura y unívoca a cada persona. Existe una base de datos común actualmente alojada en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Existe también, por tanto, un sistema de interoperabilidad de las tarjetas sanitarias a través de una herramienta común que se llama BDU o base de datos de población protegida del Sistema Nacional de Salud. La existencia de esta base de datos supone que todas las comunidades autónomas comparten su información sobre la tarjeta sanitaria individual y gestionan sus movimientos a través de una herramienta común y, asimismo, que cada persona tenga su código único de identificación de carácter vitalicio dentro de nuestro sistema sanitario nacional, al que se encuentra asociado un código de identificación personal autónomo, lo que facilitará su identificación segura en todo el Sistema Nacional de Salud. La asignación de este código único y vitalicio para cada persona es requisito imprescindible para el desarrollo del intercambio de información clínica y de receta electrónica dentro del Sistema Nacional de Salud. Actualmente, los 44,5 millones de españoles disponen de este código de identificación. Todo ello dentro de la estrategia de renovación progresiva y habitual sin mayor coste para el sistema.

Además, este código debe integrarse en el proyecto europeo de interoperabilidad de la información clínica para la adecuada implantación de la tarjeta sanitaria europea y para la circulación de los pacientes dentro de la Unión Europea. La realidad actual es que cada comunidad autónoma tiene un modelo de




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tarjeta sanitaria que no es reconocida por los sistemas asistenciales e informáticos de las demás comunidades autónomas. En muchos casos, este hecho supone más burocracia, lo que obliga a los ciudadanos desplazados temporalmente a seguir trámites administrativos y, en definitiva, a grandes molestias perfectamente evitables. Los ciudadanos no entienden —y estoy de acuerdo con ellos— estas trabas asistenciales sanitarias que financia con sus propios impuestos.

Las nuevas tecnologías nos ayudarán, no solo a la transformación de las políticas estatales de salud pública, sino también a garantizar la calidad de la asistencia sanitaria buscando la máxima eficiencia y la seguridad del paciente. Con e-Salud conseguimos que todos los españoles cuenten con una tarjeta que les permita acceder a todo el sistema sanitario o a la prestación farmacéutica en cualquier parte de la geografía española. Además, e-Salud hará posible la generalización de la historia clínica digital y el uso de la receta electrónica, así como la utilización intensiva de la telemedicina y la incorporación de mejoras y garantías de la continuidad asistencial. Ahora se trata de recuperar el tiempo perdido y de tener una tarjeta sanitaria con un identificador vitalicio, que sea válida para todo el sistema nacional de salud, que esté integrada en el proyecto europeo de interoperabilidad de la información clínica y que permita la adecuada implantación de la tarjeta sanitaria europea para la circulación de pacientes dentro de la Unión Europea.

El objetivo de esta ponencia de estudio en pro de la seguridad de nuestros pacientes y de la búsqueda de la máxima eficiencia es conseguir aglutinar en la misma historia clínica, a través de e-Salud, la información de la asistencia tanto en el ámbito de la salud pública como en el de la privada, y de todos los medicamentos administrados, tanto los prescritos como los de libre dispensación o de mostrador. El objetivo, tal como figura en el petitum, es instar el establecimiento de un sistema de intercambio y colaboración entre las comunidades autónomas en el desarrollo e implantación de soluciones innovadoras para la mejora de la gestión de los servicios sanitarios y para la eficiencia del sistema sanitario. La ponencia de estudio sobre el presente y futuro de e-Salud plantea una revisión de la situación, la detección de sinergias, la identificación de ámbitos y la posibilidad de colaboración entre comunidades autónomas, con el propósito de canalizar soluciones comunes para todos. La ponencia establecerá los objetivos de identificación común a través de la normalización del contenido de la tarjeta sanitaria en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, de desarrollo de la historia clínica interoperable, así como de la receta electrónica interoperable. Este planteamiento está plenamente alineado con el objetivo del programa llamado Sanidad en Línea II, en el que se encuentran trabajando el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas a través de Red.es.

La ponencia permitirá a la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales dar traslado al Gobierno de un informe, en un plazo máximo de doce meses desde su creación, con las recomendaciones y conclusiones para su implementación, que se tratarán con las comunidades autónomas en la reunión del Consejo Interterritorial.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on. Labur-labur, mahaiburu jauna, mahaiburu jaunaren baimenarekin, bertotik defendatuko dut gure emendakina. Emendakin hau mozioak berak bere aurrekarietan esaten duenarekin bat dator, ez da ezer berria. Ezinezkoa da, gure ustez, mozio honetan proposatzen diren ekimenak Europar Batasuneko osasun-sistemarekin bat ez etortzea. Derrigorrez, derrigorrez, egiten dena egiten dela arlo honetan, Europar Batasunari begira egin behar da, derrigorrez. Horregatik, emendakin honekin batzar nagusi honek gai honetan europar bidetik joateko mandatua ematen dio Osasun Batzordeari. Hori izan da gure asmoa emendakin hau aurkezteko orduan, eta uste dugu eta espero dugu eta nahi dugu zuen baiezkoa edukitzea.

Mila esker.

Buenos días. Voy a defender brevemente nuestra enmienda desde mi escaño. Nuestra enmienda, con sus antecedentes, viene a decir lo mismo que la enmienda original, porque creemos que es imposible que las iniciativas que se proponen no concuerden con las iniciativas de la Unión Europea. Es imprescindible que lo que se haga en este ámbito se haga con vistas a la Unión Europea, por lo que esta enmienda




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habilitaría a la Comisión de Sanidad para seguir la vía de la Unión Europea. Eso es, al menos, lo que hemos intentado hacer.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, y para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el senador Lertxundi.

El señor LERTXUNDI BARAÑANO: Gracias, señor presidente. Buenas días, senadoras y senadores.

Presenta el Grupo Parlamentario Socialista una enmienda de sustitución a la propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado entendiendo que, si queremos crear una ponencia en la Comisión de Sanidad, hay temas más urgentes, más importantes desde el punto de vista del debate democrático, que un asunto puramente técnico. Es interesante, sin duda, disponer de una historia electrónica unificada, de la compatibilidad de datos y de la tarjeta sanitaria modificada, de modo que incorpore, como decía el representante del Grupo Parlamentario Vasco, la proyección e integración en una tarjeta única europea. Me parece que esto es interesante, pero es algo puramente técnico. No hace falta una ponencia en el Senado; para nada, en absoluto. Es un lujo, es superfluo, que el Senado se detenga en esto; este es un tema para los técnicos del ministerio; es un tema para ser aprobado en el Consejo Interterritorial, no tiene otra salida. Sin embargo en Sanidad, si quieren hacer ustedes una ponencia, tenemos motivos de sobra para poder hacerla, para mejorar el debate democrático.

Más de cien veces en esta Cámara, desde que empezó la X Legislatura, ustedes y sus ministros, su partido, han negado que fueran a poner impuestos a la enfermedad, que fuera a haber nuevos copagos o repagos; han asegurado que no iban a limitar nunca la universalización en la asistencia y que no iba a haber recortes en las prestaciones. La realidad en este poquísimo espacio de tiempo es que ustedes han convertido la sanidad en España en una mercancía; en un bien de consumo, no en un servicio ni en un derecho ciudadano. Y esto anima a la fiel infantería a intentar que las cosas vayan más lejos. Vean ustedes, por ejemplo, lo que dice hoy el Círculo de Empresarios en la prensa: que hay que ir a la gestión privada de hospitales, que el personal estatutario debe ser cambiado por personal contratado laboral, que hay que pagar servicios tanto sanitarios como de hostelería. Ustedes no nos han dicho el límite, han empezado el camino, han empezado a transformar el derecho a la salud en una prestación para asegurados; han convertido el derecho en atención de beneficencia en otros casos, que tiene, sin duda, exclusiones xenófobas que son inaceptables desde el punto de vista humanitario. El enfermo en España paga más que el sano. ¿A quién se le ha ocurrido esta genialidad? ¿Qué pasa, que es un usuario de autopistas, que paga porque use su coche en la autopista? ¿O es que se le aplica la tasa turística, como al que viene de vacaciones? Se está modificando por la vía de hecho, por la vía de decreto —ni siquiera ha sido con un proyecto de ley— la Ley General de Sanidad de 1986.

Por eso el Grupo Socialista presenta una enmienda a la totalidad de tres puntos, que dice que se emita un informe en el plazo de doce meses en la ponencia que se constituya para recoger los perjuicios causados a la población española y residente en nuestro país con la aplicación del Decreto de abril de 2012. Segundo punto, que se abra la ponencia en audiencia pública a la ciudadanía, a través de métodos que no tiene por qué ser presenciales —hay muchos medios electrónicos y audiovisuales que pueden facilitarlo—, para que exprese su opinión respecto a los recortes, los copagos y la desaparición de la universalidad del servicio. Y, como tercer punto, se solicita a las comunidades autónomas su opinión sobre los recortes y cómo afecta esto a su capacidad competencial en razón de la política sanitaria que, como ustedes saben, está transferida a las comunidades autónomas.

La política no es solo cifras. En materia de salud son personas, y ustedes, con estas medidas, han disminuido claramente la calidad de vida de nuestros ciudadanos, a cambio de muy dudosos ahorros. Veremos el resultado final. Ustedes saben que conseguir derechos es algo muy complicado. Es difícil, es duro, requiere mucha lucha; pero acabar con ellos es muy sencillo: basta, como decía Günter Grass, con políticos de hielo, con políticos que pongan al mismo nivel los recortes y los derechos que regalar dinero a banqueros corruptos e ineficaces.

No tengan miedo en aceptar esta ponencia; no tengan miedo. Si abrimos la Comisión de Sanidad a la ciudadanía para que nos diga lo que piensan sobre los recortes, es muy posible que despierte la sensibilidad que se ha podido ir apagando, y que reconduzcamos la situación, para constituir de nuevo la sanidad en nuestro país en un pilar básico del estado de bienestar.




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Termino. Hace setenta y seis años se produjo el levantamiento militar del dictador Franco. Recordarlo es imprescindible, para nosotros, para nuestra generación y para la de nuestros padres; y más en un foro político: recordar el golpe de Franco, el golpe militar y la guerra posterior sirve para resaltar el carácter de servicio público de la política. Cuando hacemos política nos dirigimos a personas, no dependemos de nadie más. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, autor de la moción original, para manifestar si acepta o no las enmiendas presentadas.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Agradezco al Grupo Parlamentario Vasco, al señor Cazalis, su enmienda para que la tarjeta sanitaria y la historia clínica digital no solamente sea interoperable dentro de las comunidades autónomas, sino que tenga una proyección a nivel europeo, que al Grupo Popular le parece muy positiva. Es una enmienda que mejora de forma importante la propuesta de la ponencia de estudio.

De la enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Socialista, solo se puede decir que es infumable. Es un atentado contra la inteligencia; no contra la mía, sino contra su propia inteligencia; es un atentado contra el sentido común; es un atentado contra la propia Cámara; no tiene nada que ver con lo que dice la ponencia. Si el señor Lertxundi o el Grupo Socialista quieren hablar de un tema, el que quieran, que presenten la moción correspondiente, la pregunta parlamentaria o lo que quieran. Pero aquí estamos hablando de un tema muy serio, que es la interoperabilidad de tarjeta sanitaria. No me venga, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, a hablar de lo que quiera; si quiere hablar de algo, que presente la iniciativa. Y si no están de acuerdo en que la tarjeta sanitaria, la historia clínica o la tarjeta electrónica sean interoperables, que lo digan directamente, y punto; pero que no se pongan a hablar de tonterías. Lo digo porque, aunque los asuntos puedan ser muy importantes, no es el momento de hablar de ellos. La ponencia de estudio es muy seria, y hay que hablar de lo que se tiene que hablar. De ahí que rechacemos su enmienda; no merece la pena que perdamos ni un segundo más de nuestro tiempo en debatirla.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Jiménez): Gracias, señoría.

Entiende la Presidencia que acepta la enmienda del PNV y no la del Grupo Socialista. ¿Es así, señor portavoz? (Asentimiento.)

Gracias.

Turno de portavoces. ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

No interviene.

Por parte del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el señor Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on.

El motivo de la moción es importante: está claro que no hace falta decir lo importante que es disponer de una historia clínica a la hora de trabajar con los pacientes, es evidente. Una historia clínica que pueda ser transmitida de forma técnicamente adecuada e inmediata entre los profesionales de la salud —también es muy importante—, sin depender de las interpretaciones más o menos afortunadas de los pacientes y sin que el profesional —a cuál de los profesionales presentes no le ha pasado— tenga que adivinar el tratamiento por el color de la pastilla. «La pastilla roja.—¿Y cuál es la pastilla roja?; ¿qué tratamiento le han puesto a usted? —No lo sé.» Pues eso es lo que hace que una atención sanitaria pueda ser excelente, o se quede simplemente en atención sanitaria. Para esto, vuelvo a repetir, es necesario disponer de historias clínicas completas, actualizadas y consultables. Creo que por ahí va la intención de esta moción. Pero tiene que ser una información que sea fácilmente transportable, o por lo menos accesible, tanto dentro del sistema de salud de referencia al paciente —porque también dentro del mismo sistema de salud hay distintos niveles de atención— como entre los sistemas de salud que hay en el Estado, y también, como pretende nuestra enmienda, a nivel de la Unión Europea; accesible con agilidad y con efectividad, pero siempre con altísimos niveles de protección. La información de una historia clínica es una información muy sensible, que no se puede tratar de cualquier manera. Es muy muy sensible y, por lo tanto, todo lo que se haga tiene que ir siempre blindado; con diferentes accesos a diferentes niveles, pero con todos los sistemas de protección de que podamos disponer.




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También estamos de acuerdo en la necesidad de definir un sistema básico de intercambio de la información y en la necesidad de unificar criterios básicos a la hora de hablar de una tarjeta de identificación sanitaria. Y no solamente como tarjeta de identificación sanitaria. En su momento, en la primera comparecencia de la ministra Mato en comisión, comentamos que esta tarjeta no debía ser solamente una tarjeta de identificación sanitaria, sino que debía ser una tarjeta con afán de identificación sociosanitaria, porque la parte social y la parte sanitaria se superponen en muchísimos casos, y no tiene sentido hacer una tarjeta que sirva solamente para el tema sanitario, teniendo en cuenta que también el sistema social se va desarrollando y va en la misma vía que el sistema sanitario. Por lo tanto, una tarjeta que no sea de identificación sanitaria, sino de identificación sociosanitaria. Incluso —aunque esto es muy delicado— se podrían incluir otros problemas y otro tipo de alarmas que tuvieran que ver con violencia de género, etcétera; por supuesto, tendríamos que discutirlo y decidir.

En la moción se dice que se trata de recuperar el tiempo perdido para lograr una tarjeta sanitaria válida. Por cierto, quiero decirle al senador Lertxundi que es verdad que esta es una moción técnica, porque habla de un sistema técnico, pero no deja de ser política, señor Lertxundi. No deja de ser una moción política, porque hay que tomar la decisión política de llevar adelante una iniciativa como esta.

En Euskadi contamos en la actualidad con varios tipos de tarjetas sanitarias, pero principalmente se utilizan dos: la tarjeta de identificación sanitaria —una tarjeta sin ningún tipo de información más que el número de la Seguridad Social y la fecha de caducidad, que es la que se ponía en la bacaladera para ahorrarnos escribir la receta— y la tarjeta ONA, que comenzó a implantar el Gobierno vasco en 2007. El acrónimo ONA —Osasun Nortasun Agiria—, literalmente: tarjeta de identidad sanitaria. Para cuando se comenzó la implantación se había trabajado mucho en el diseño de la tarjeta; no era una cosa que apareciese de la nada o por generación espontánea. Entre 2007 y 2010 se habían invertido once millones de euros, ¡que tiene tela!; según la oposición, mal invertidos, pero de eso hablaremos luego. Esta tarjeta estaba diseñada precisamente para dar respuesta a lo que ahora se plantea en esta moción: una tarjeta con chip inteligente que nos diera acceso a nuestras historias clínicas y también acceso telemático a donde pudieran estar las historias clínicas; y no solamente la historia escrita, también la parte correspondiente al diagnóstico por imagen, tratamientos, etcétera. Y digo que debía estar implantada para finales de este año, porque se paralizó. En diciembre de 2010, el representante de UPyD del Parlamento Vasco —porque ya saben ustedes que a UPyD todo le sale gratis cada vez que gobierna— presentó una moción para que se paralizara el desarrollo y despliegue del sistema, aduciendo que obedecía a un capricho del PNV y a un afán de tener un DNI vasco. Ya les he dicho que esta tarjeta era Osasun Nortasun Agiria, tarjeta de identificación sanitaria; pero para UPyD era un DNI vasco. Según este representante de UPyD la tarjeta ONA era un capricho del PNV y decía textualmente: nos parece más mirar hacia el interior que abrir los ojos hacia el resto de España o hacia Europa. Esto lo dijo en la Comisión de Sanidad del Parlamento Vasco.

La demagogia suele ser gratis y, desgraciadamente, muy contagiosa, porque, en ese caso, tanto el PP como el PSOE —con responsabilidades de Gobierno en Euskadi y en otros territorios— también estuvieron de acuerdo y se puso fin al recorrido de la tarjeta ONA. Y no solo se puso fin al recorrido de la tarjeta, no solo se paralizó su implantación, sino que se pidió que se destruyera lo que ya estaba implantado. Hace año y medio; hace año y medio, a finales de 2010. En aquel momento, señor Lertxundi —por eso digo que es una decisión política—, el consejero de Sanidad del Gobierno vasco, Rafael Bengoa, declaró que no hace falta tener siete tarjetas encima para relacionarse con la sanidad o con la Administración. Ahora —decía entonces—, el DNI y la tarjeta sanitaria de toda la vida van a bastar para hacer todo. Hace año y medio. Y, ahora, hace unas semanas, en el Consejo Interterritorial de Salud se nos plantea que hay que tener una tarjeta inteligente para poder hacer todo esto que estamos diciendo que hay que hacer, que se tenía que haber hecho en su día. En Euskadi se tenía que haber implantado, exactamente igual que se puede implantar en Andalucía o en Extremadura —que, aunque no estoy seguro, creo que también van por esa vía—. Todo esto, hace año y medio.

Señorías, nosotros estamos de acuerdo en que se tome la decisión política de apostar por las TIC en la sanidad pública; con una salvedad: el sistema sanitario no solamente es el sistema público, es el sistema público más el sistema privado. Por lo tanto, no podemos decidir —y aquí hay otra decisión política— hacer una tarjeta que dé solo servicio al sistema público, tiene que incluir el sistema privado, como decía el ponente: también lo que se hace en el mostrador; porque, si no, se nos van a quedar muchísimos colectivos fuera del sistema dentro del Estado español y fuera del sistema dentro de la Unión Europea. Si volvemos a hacer una tarjeta que solamente sirva para que la bacaladera nos ahorre el




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trabajo de escribir la receta, no vamos a ninguna parte. Tarde o temprano, aunque ahora no lo parezca, la Unión Europea se desarrollará en esas líneas, y la parte social de la Unión Europea tiene mucho peso y mucha importancia. De modo que diseñar y tener preparada, no una tarjeta —porque cada comunidad, como han señalado, tiene su propio sistema—, sino un sistema que permita la interoperabilidad dentro del Estado y con Europa es esencial. En esta canción, con esta letra, señorías del Partido Popular, el PNV se mete en el coro: cantaremos. También es cierto que si, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid —como usted ha dicho—, de lo que se trata es de cercenar competencias que a la Comunidad Autónoma del País Vasco o la Comunidad Foral de Navarra en materia sanitaria, entonces no cantaremos, vamos a desafinar, seguro, o nos saldremos del coro.

Por lo tanto, si es para trabajar, cuenten con nosotros, cuenten con la experiencia que podamos aportar —no sé si la experiencia la van a considerar necesaria, porque hay experiencias mucho más desarrolladas—, pero estaremos en ello, aportaremos, ayudaremos siempre que sea por la vía de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en el Estado, en Europa y donde haga falta.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por parte del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gràcies, senyor president. Bon dia, senyories. Seré molt breu.

En primer lloc he de dir, i estic d’acord amb el ponent del Grup Socialista amb què em va sorprendre una mica la moció, que realment jo sí que crec que és una ponència bastant tècnica. Tècnica, i deixin-me que els expliqui per què. En el fons, perquè les diferents targetes de les diferents Comunitats Autònomes es puguin parlar entre elles i, per tant, puguem tenir una història amb comú, necessitem bàsicament, jo crec, tres coses, o quatre. Una és la voluntat i la comunicació entre comunitats autònomes i per part del Govern de l’Estat per tirar endavant el projecte; i això, tal com recull la moció i com s’ha parlat abans, s’ha acordat ja en un Consell Interterritorial, i, per tant, aquesta voluntat ja hi és. D’altra banda, necessitem inversió econòmica, perquè no s’enganyin: això val diners; invertir en noves tecnologies en val, i en val molts. Estic d’acord que és absolutament necessari i més en sanitat, perquè si no avancem amb tecnologia en sanitat difícilment podrà avançar la sanitat al nostre país. Per tant, necessitem invertir diners, en un moment molt complex i en un moment en què precisament en sanitat s’estan retallant moltíssim els pressupostos. I per l’altra banda, necessitem tècnics amb salut, enginyers, informàtics que ens expliquin com ho podem fer exactament perquè aquestes diferents targetes, aquestes diferents llengües, interoperin; quin és el traductor. Deixin-me que ho digui més planerament: quin és el google que uneix aquesta recerca de targetes? I ho dic així perquè va ser com es va resoldre la història clínica a Catalunya, que ja està funcionant des de l’any 2008 i que en aquests moments té una implantació altíssima. I, per evitar desinversions, és a dir, per garantir que tot el que havien invertit les diferents entitats en història clínica a Catalunya, per fer que aquests diners que el ciutadà ja havia gastat no fossin balders, el que es va fer és inventar una espècie de, deixin-me tornar-ho a dir, google, que el que feia era, quan posaves el nom del pacient, reconeixia totes les històries que aquest pacient tenia. Això ha funcionat molt bé a Catalunya, i segur que és una de les coses que s’ha explicat per poder treballar amb les altres comunitats autònomes. Per tant, deixin-me que digui, senyories, que sí, que realment em sembla molt tècnica aquesta ponència. Tot i així, sempre estarem d’acord amb avançar i amb la interoperabilitat i, per tant, no ens oposarem a aquesta moció.

Però potser perquè ens fan mal les retallades, i potser perquè no ens podem oblidar d’allò que està passant, de vegades ens sembla que el Partit Popular, estenent la mà amb una moció amb què ens podríem sentir confortables i a la qual difícilment ens podríem posar en contra, el que vol és posar una cortina de fum a allò que realment està passant en aquest país amb la sanitat, que ens agradi o no, continua passant. Continuem tenint alguns usuaris amb menys drets, continuem tenint el primer gir copernicà que hem tingut a la història perdent drets que aplicava la Llei General de Sanitat de 1986, estem passant-nos un sistema de beneficència, estem fent un sistema dual, estem creant una societat més desigual. Parlarem si és rebuda o no, però estem aquí i, per tant, això vol dir que quan vostès ens estenen la mà amb una moció com aquesta ens fa sentir incòmodes. I per aquest motiu el grup de l’Entesa senzillament s’abstindrà a la moció.

També vull afegir una cosa. Quan ha explicat la moció ha aconseguit generar dubtes, i els dubtes que m’ha generat han estat que, d’una banda, no he entès si hem de fer una targeta nova o hem de fer




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interoperables les targetes que ja existeixen. Tampoc he acabat d’entendre, d’altra banda, per què és tan necessari que hi consti tot l’historial públic i tot l’historial privat, perquè posats a fer llavors també hi pot constar tot l’historial mèdic que la gent utilitza amb medecines alternatives, acupuntura i altres. I per què hi ha de constar tantes coses? Per tant, potser sí que cal la ponència d’estudi, perquè potser no tenim els mateixos punts en comú. El que sí crec és que seria bo que no tardéssim un any en entregar aquest informe al ministeri, perquè si ja s’ha aprovat al Consell Interterritorial, un any és temps que perdrem, o que ens endarrerirem davant els nostres ciutadans. I també m’agradaria dir que quan vostè ha dit, i cito textualment: «per guanyar el temps perdut»; jo crec que el temps a la Comunitat Autònoma de Catalunya, si més no, no l’hem perdut, i crec que en moltes altres comunitats no s’ha perdut. No hem d’oblidar que les competències en sanitat estan transferides a les Comunitats Autònomes, i que aquest tema depèn pròpiament de sanitat. Ara bé, si hi ha la voluntat del Govern i de totes les Comunitats que ens ajuden a coordinar-ho, ho tirarem endavant.

No m’allargaré. Si en tot cas volen crear una ponència d’estudi per millorar els mecanismes de coordinació, nosaltres no ens hi oposarem, però això no farà que ens cansem de dir que no estem d’acord amb la política sanitària que estan duent a terme, que no estem d’acord amb els copagaments, que no estem d’acord que els pensionistes per primera vegada a la història estiguin pagant i que no estem d’acord amb moltes altres coses que estan fent, ja sigui amb la dependència, amb l’educació o amb la cultura.

Per acabar, senyories, només dir que tot i que el nostre partit s’abstindrà en la votació, ens hauria agradat que la ponència que presentés el Grup del Partit Popular fos alguna cosa molt més operativa.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Seré muy breve.

Estoy de acuerdo con el ponente del Grupo Socialista: me sorprendió la moción, porque la ponencia es bastante técnica, y déjenme explicarles por qué. En el fondo, para que las tarjetas de las distintas comunidades autónomas puedan hablar entre ellas y, por lo tanto, podamos tener una historia común, necesitamos básicamente tres o cuatro cosas. En primer lugar, voluntad y comunicación entre comunidades autónomas y por parte del Gobierno del Estado para sacar adelante el proyecto. Y, tal como recoge la moción, se ha acordado en una sesión del Consejo Interterritorial, y por tanto la voluntad existe. Por otro lado, necesitamos inversión económica, porque, no se engañen: esto vale dinero; invertir en nuevas tecnologías cuesta mucho dinero; y estoy de acuerdo en que es absolutamente necesario, más en sanidad, porque si no avanzamos en tecnología difícilmente podrá avanzar la sanidad en nuestro país. Por lo tanto, necesitamos invertir dinero en un momento muy complejo y en un momento en el que precisamente se están recortando mucho los presupuestos de sanidad. Por otro lado, necesitamos técnicos en salud, ingenieros informáticos, que nos expliquen cómo podemos hacerlo, cuál es el traductor de estas tarjetas distintas, de estas lenguas distintas lenguas, cuál es el google —dicho de de manera coloquial— que une esta búsqueda de tarjetas. Y lo digo así porque es como se resolvió la historia clínica en Cataluña, que funciona desde el año 2008, y que en estos momentos tiene una implantación altísima. Y, para evitar desinversiones, para garantizar el rendimiento de todo lo que habían invertido las distintas entidades con historia clínica en Cataluña, para garantizar el rendimiento del dinero que el ciudadano había gastado ya, lo que se hizo fue inventar una especie de google que, cuando se le introducía el nombre del paciente, reconocía todas las historias que este paciente tenía. Este hecho ha funcionado muy bien en Cataluña y seguramente es uno de los modelos que se ha explicado para poder trabajar en otras comunidades autónomas. Por lo tanto, sí, me parece muy técnica esta ponencia. A pesar de ello, siempre estaremos de acuerdo en avanzar en la interoperabilidad y, por tanto, no nos vamos a oponer a esta moción.

Pero quizás porque nos duelen los recortes y porque no nos podemos olvidar de lo que está sucediendo, a veces nos parece que el Partido Popular, tendiendo la mano con una moción con la que nos podríamos sentir cómodos y a la que difícilmente nos podríamos oponer, lo que quiere es lanzar una cortina de humo a lo que realmente está sucediendo en este país en la sanidad, que, nos guste o no, continúa sucediendo. Algunos usuarios tenemos menos derechos; es el primer giro copernicano de nuestra historia, con pérdida de derechos de la Ley de Sanidad de 1986; se está creando un sistema dual, una sociedad más desigual. Hablaremos sobre si se debe tener o no, para eso estamos aquí. Pero lo que quiero decir es que, cuando ustedes nos tienden la mano con una moción como esta, nos sentimos incómodos. Por este motivo, el grupo de Entesa sencillamente se abstendrá en la votación de la moción.




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Por último, su explicación de la moción me ha dejado algunas dudas. No he entendido si debemos hacer una tarjeta nueva o debemos hacer interoperables las tarjetas que ya existen. Tampoco he terminado de entender por qué es tan necesario que conste todo el historial público y todo el historial privado; ya puestos, podría constar también todo el historial médico que la gente utiliza en medicinas alternativas, acupuntura, etcétera. ¿Por qué deben constar tantas cosas? Aquí sí cabe la ponencia de estudio, porque quizá no tengamos los mismos puntos de vista. Lo que sí creo es que sería bueno que no tardáramos un año en entregar este informe al ministerio. Si ya se ha aprobado en el Consejo Interterritorial, un año hace que la labor sea lenta ante nuestros ciudadanos. Por otra parte, ha dicho usted textualmente «para ganar el tiempo perdido». Y en la Comunidad Autónoma de Cataluña y en muchas otras comunidades no se ha perdido el tiempo. No hay que olvidar que las competencias en sanidad están transferidas a las comunidades autónomas, y si la voluntad del Gobierno de todas las comunidades es coordinar este asunto, todos vamos a contribuir a que salga adelante.

No me voy a alargar. Si quieren crear una ponencia de estudio para mejorar los mecanismos, no nos vamos a oponer. Pero no vamos a dejar de decir que no estamos de acuerdo en la política sanitaria que están realizando, que no estamos de acuerdo con los copagos, que no estamos de acuerdo con que los pensionistas, por primera vez en la historia, estén pagando, y que no estamos de acuerdo con muchos otros aspectos que se están llevando a cabo, ya sea en dependencia, educación o cultura.

Por fin, aunque mi grupo se abstendrá en la votación, nos hubiera gustado que la ponencia que presentara el PP fuera mucho más operativa.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Gràcies senyor president. Molt bon dia senyories.

Bé, una breu intervenció per explicar el nostre posicionament respecte a la moció presentada per el Grup Parlamentari Popular al Senat. En primer lloc informar-los que donarem suport a la seva proposta perquè el nostre posicionament és favorable respecta al què proposen a la part dispositiva de la moció.

Al contrari del què pensen els socialistes, nosaltres creiem que la creació d’una ponència d’estudi permetrà analitzar altres experiències, descobrir les oportunitats que les TIC poden oferir al sistema i, en definitiva, enriquir els nostres coneixements per tal de definir un bon model per a tots els sistemes de salut que coexisteixen a l’Estat espanyol. En realitat són aspectes tècnics, és veritat, però són aspectes tècnics que poden afavorir clarament la definició de decisions polítiques, i per tant en aquest sentit nosaltres recolzem que es creï aquesta ponència d’estudi.Vostès proposen treballar en una ponència d’estudi per a la millora del sistema actual i en benefici de la ciutadania, i per tant nosaltres en volem ser part activa. A més, amb la creació d’aquesta ponència, també els he de dir que per fi, per primera vegada en aquesta legislatura, la resta de grups que formen part del Senat, podrem participar realment en el debat respecta d’una mesura que vol prendre l’Executiu central en l’àmbit de la Sanitat, perquè els recordo que del reial decret de sanitat aquí ni em varem poder parlar, hi hagut alguna moció al respecte, però no s’ha pogut treballar, i per tant ens il·lusiona almenys veure un canvi d’actitud de la seva part. Esperem, en aquest sentit, que les nostres inquietuds, necessitats i voluntat, siguin escoltades, però al mateix temps respectades. Per tant, com ja els ha anunciat, votarem a favor de la seva moció.

Ara bé, voldria traslladar-los el nostre posicionament respecte al que expressen en la part expositiva de la moció i de la qual no en compartim la totalitat del seu contingut. Estem absolutament d’acord amb els beneficis que aporta per els ciutadans la interoperabilitat entre els diferents sistemes de salut de les Comunitats Autònomes, però també amb la resta de sistemes existents a Europa, i per tant, ens agrada que hagin acceptat l’esmena del PNV. I no sols des d’un punt de vista administratiu o burocràtic, que també, sinó especialment per els beneficis des d’un punt de vista mèdic. Per tant, estem d’acord que amb termes de gestió aquesta ineroperabilitat millorarà l’eficàcia de l’assitència sanitària i tindrà una influència en la qualitat de la vida dels nostres ciutadans.

Però dit això, i expressada la nostra voluntat en treballar per a la creació d’aquest sistema d’intercanvi i col·laboració entre Comunitats Autònomes i el Ministeri, nosaltres apostem, en la línia del que fa Europa, per a l’interoperabilitat de diferents sistemes i no per a la imposició d’un sistema únic per a tot l’Estat. Com ja ho avançaven els companys, nosaltres no compartim la opinió de que fins ara s’ha perdut el temps. A Catalunya, a diferència de la majoria de comunitats autònomes, anem molt avançats en inversions en




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l’àmbit de l’aplicació de les TIC. I la creació d’aditius únics suposaria un retrocés i una limitació a la capacitat de desplegar moltes de les nostres iniciatives planificades. Hem fet un esforç important en la implantació de la història clínica compartida. Actualment tenim 5 000 metges connectats i 4 milions de documents disponibles que podrien estar a l’abast del Sistema Nacional de Salut si s’optés per un model d’interoperabilitat. Han de respectar els avenços que hem fet des de Catalunya. I entendre que compten amb un model sanitari propi i diferenciat. Imposar un sistema únic i central, creat a la mida d’altres models sanitaris que no han fet els deures al llarg dels darrers anys, creiem que anirà en detriment dels nostres ciutadans, i això és el què volem evitar.

Bé, per últim dues reflexions: respecte a la carpeta personal de salut, és a dir la informació a l’abast de l’usuari, dir-los que no estem d’acord en que l’accés a aquesta informació es faci mitjançant el portal del ministeri, que sembla que és el que interessaria. I defensarem que es continuï fent des de la nostra plataforma. I respecte a la normalització del format de la targeta sanitària, ens feia una explicació tècnica del funcionament i dels codis, és veritat, però tots aquests canvis no han d’anar necessàriament lligats a l’ imatge de la targeta. Simplement hem d’estar interconnectats: sanitat pública, sanitat privada, comunitats autònomes y Europa. Per tant, tot això vol dir buscar solucions tècniques per la interconnexió, i per tant no ha d’anar necessariament vinculat a un tema d’imatge. Per tant, no estem d’acord amb la unificació dels aspectes d’imatge visual que van proposar en el Consell Interterritorial del mes de febrer, com comentaven. Però a més creiem que ara, en un moment en què es demana als ciutadans un esforç per ajudar a reduir el dèficit de l’Estat, no és el moment per afrontar aquest cost econòmic que suposaria el llançament de la nova tarja amb aquesta nova imatge.

Per tant, fetes totes aquestes reflexions, i anunciat el nostre vot a favor de la moció, sí que és veritat que voldríem avisar-los que estarem molt amatents als canvis que proposin. En qualsevol cas el nostre gran objectiu és protegir el nostre model, la nostra identitat,i molt especialment els drets dels nostres usuaris.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías.

Voy a intervenir brevemente para explicar nuestra posición sobre la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado. En primer lugar, les informo de que daremos nuestro apoyo a su propuesta, ya que nuestra posición es favorable a lo que propone la parte dispositiva de la moción.

Al contrario de lo que piensan los socialistas, nosotros creemos que la creación de una ponencia de estudio permitirá analizar otras experiencias, descubrir las oportunidades que pueden ofrecer al sistema, y, en definitiva, enriquecer nuestros conocimientos para definir un buen modelo para todos los sistemas de salud que coexisten en el Estado español. En realidad, son aspectos técnicos, es cierto; pero son aspectos técnicos que pueden favorecer la definición de decisiones políticas. Por tanto, damos nuestro apoyo a la creación de esta ponencia de estudio. Ustedes proponen trabajar en una ponencia de estudio para la mejora del sistema actual y en beneficio de la ciudadanía, y nosotros queremos ser parte activa de ello. Además, con la creación de esta ponencia, por primera vez en esta legislatura, los demás grupos que formamos parte del Senado podrán participar realmente en el debate sobre una medida que quiere tomar el Ejecutivo central en el ámbito de la sanidad; porque les recuerdo que sobre el real decreto de sanidad no pudimos hablar, hubo alguna moción, pero no se pudo trabajar en ello. Por tanto, nos ilusiona ver como mínimo un cambio de actitud por su parte. Esperamos que nuestras inquietudes, necesidades y voluntad sean escuchadas pero, al mismo tiempo, respetadas. Por tanto, como ya he anunciado, votaremos a favor de su moción.

Ahora bien, no compartimos totalmente el contenido de la parte expositiva de la moción. Estamos absolutamente de acuerdo en que la interoperabilidad entre los diferentes sistemas de salud de las comunidades autónomas aporta beneficios a los ciudadanos, pero también es necesaria la interoperabilidad con los sistemas que existe en Europa. Por tanto, nos gusta que hayan aceptado la enmienda del PNV. Y no solo por los beneficios que aportará desde un punto de vista administrativo o burocrático, que también; sino especialmente por los beneficios que aportará desde un punto de vista médico. Estamos de acuerdo en que, en términos de gestión, la interoperabilidad mejorará la eficacia de la asistencia sanitaria y tendrá influencia en la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

Pero dicho esto, y expresada nuestra voluntad para trabajar en la creación de este sistema de intercambio y colaboración entre comunidades autónomas y el ministerio, nosotros apostamos, en la línea de lo que hace Europa, por la interoperabilidad de diferentes sistemas y no por la imposición de un




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sistema único para todo el Estado. Como ya avanzaban los compañeros, no compartimos la opinión de que hasta ahora se ha perdido tiempo. En Cataluña, a diferencia de la mayoría de comunidades autónomas, vamos muy avanzados en inversiones en el ámbito de aplicación de las TIC. La aplicación de aditivos únicos supondría un retroceso en la limitación a la capacidad de desplegar muchas de nuestras iniciativas planificadas. Hemos hecho un esfuerzo importante en la implantación de la historia clínica compartida. Actualmente tenemos 5000 médicos conectados y 4 millones de documentos disponibles que podrían estar al alcance del Sistema Nacional de Salud si se optase por un sistema de interoperabilidad. Han de respetar los avances que se han hecho desde Cataluña y entender que contamos con un modelo sanitario propio y diferenciado. Imponer un sistema único y central creado a medida de otros modelos sanitarios que no han hecho los deberes a lo largo de los últimos años irá en detrimento de nuestros ciudadanos, pero esto es lo que queremos evitar.

Por último, haré dos reflexiones. Con respecto a la carpeta personal de salud, es decir, la información al alcance del usuario, he de decir que no estamos de acuerdo en que el acceso a esta información se haga a través del portal del ministerio, que parece que es lo que interesaría. Nosotros defenderemos que se continúe haciendo desde nuestra plataforma. Con respecto a la normalización del formato de la tarjeta sanitaria, nos daba una explicación técnica sobre el funcionamiento de los códigos, y es cierto, pero todos estos cambios no tienen que ir vinculados necesariamente a la imagen de la tarjeta. Simplemente tenemos que estar interconectados sanidad pública, sanidad privada, comunidades autónomas y Europa. Por tanto, todo ello significa buscar soluciones técnicas para la interconexión y necesariamente no tiene por qué estar vinculado a un tema de imagen. No estamos, pues, de acuerdo en la unificación de los aspectos de imagen visual que propusieron en el Consejo Interterritorial celebrado en el mes de febrero que hemos comentado. Pero, además, ahora, cuando se les está pidiendo a los ciudadanos que hagan un esfuerzo para ayudar a reducir el déficit del Estado, no es el momento para afrontar el coste económico que supondría el lanzamiento de esa tarjeta con esta nueva imagen.

Por tanto, hechas todas estas reflexiones y anunciado nuestro voto favorable a la moción, queremos advertirles de que estaremos muy atentos a los cambios que propongan. En cualquier caso nuestro objetivo es proteger nuestro modelo, nuestra identidad y muy especialmente los derechos de nuestros usuarios.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador señor Lertxundi.

El señor LERTXUNDI BARAÑANO: Gracias, señor presidente. Quiero exponer muy brevemente tres temas desde el escaño.

Primer tema. Insisto en que se trata de crear una ponencia cuyo objetivo es puramente técnico. La decisión política ha sido ya adoptada en el Consejo Interterritorial. Técnicos y posibilidades de consulta suficientes tiene el ministerio sin que esto signifique un trabajo propio del Senado. El Senado tiene que trabajar el debate político, el debate parlamentario, y tiene que encontrar puntos de acuerdo sobre cuestiones mucho más de fondo que esta. Por tanto, esto me parece realmente innecesario y además puede significar un derroche de medios en nuestro trabajo. Aun así, no entiendo que sea negativo y, por tanto, nuestro grupo se abstendrá en la votación ya que no lo valora positivamente.

Segundo tema. Señores senadores del Grupo Parlamentario Popular y de otros grupos: gracias a todos por sus intervenciones, pero quiero decirles que cada vez que hablemos de sanidad en esta Cámara, este portavoz hablará de los recortes; cada vez, sea cual sea el tema vinculado con la sanidad que ustedes quieran presentar. Esta situación no está normalizada en nuestro país porque ustedes han impuesto por real decreto una serie de cuestiones que modifican el Sistema de Nacional de Salud de arriba abajo, pero no van a tener la oportunidad de no escucharme porque van a tenerme que escuchar siempre hablar de los recortes.

Tercer tema. La agresividad del señor Aguirre, que se la guarde; no me inmuta. Este señor es un atentado a la honradez de los políticos. Desde que hizo aquella declaración de: ahora, que han pasado las elecciones, se puede decir la verdad, yo le exigí en esta Cámara rectificación. Mientras tanto no lo considero ni siquiera un interlocutor.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Cierra el debate el representante del Grupo Popular, senador Aguirre.




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El señor AGUIRRE MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.

Paso a contestar a las intervenciones de mis compañeros senadores.

Por supuesto, las recomendaciones y conclusiones —y esto va para todos— que saque la ponencia no serán lo que yo haya dicho o vosotros hayais dicho. Vendrán técnicos, vendrá gente cualificada y entre todos intentaremos hacer las mejores recomendaciones, las mejores conclusiones, dentro de un espíritu de consenso entre todos los grupos políticos. Esa es la razón de ser de una ponencia. He trabajado otros años en otras ponencias y muchos de vosotros también habeis estado en otras, y todos sabemos que uno no va con la idea prefijada de lo que va a ser, sino que emana directamente de la información que recibimos de los diferentes técnicos, gente muy cualificada y que conoce muy bien los sectores afectados o la cuestión a tratar, como en este caso específico sobre técnicas de información y comunicación en materia de salud. ¿Hasta dónde llegaremos? Hasta donde queramos llegar, hasta donde entre todos queramos llegar; eso lo tenemos claro.

Senador Cazalis, si entre todos lo decidimos así, y creo que por ahí va la tendencia, la tarjeta será sociosanitaria. La del ministerio, la de la mayoría de las consejerías de las comunidades autónomas son sociosanitarias. ¿Pública o privada? Evidentemente, la tarjeta es del paciente —ese es el concepto—, no es de la administración. Y el paciente tiene derecho a tener toda su información, pública y privada, como demostrador de medicamentos prescritos, en su tarjeta sanitaria, y además interoperable. No es que haya que quitar las tarjetas; al contrario, hay que hacerlas interoperables, manteniendo la singularidad de cada una. Ese es mi criterio, pero será lo que nosotros aprobemos en las conclusiones y recomendaciones, después de haber trabajado durante un año en este tema específico de la ponencia.

Senadora Almiñana, naturalmente, con las nuevas tecnologías al principio hay que invertir, pero está claro que, bien aplicadas, como en este caso específico, resultan eficientes. Por ejemplo, evitamos duplicidades. Si uno va a la iniciativa privada y le hacen una resonancia o un TAC, si queda en su historia clínica, se puede ver en la sanidad pública y ahorrarse análisis clínicos, por supuesto, va en beneficio del paciente: evitamos alergias, interacciones medicamentosas, duplicidad de tratamientos, etcétera. Utilizamos el sentido común, que es lo que no hemos hecho durante todos estos años con 17 tarjetas totalmente diferentes. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

No es ninguna cortina de humo. Con las medidas que el Gobierno ha adoptado desde el punto de vista sanitario no necesita cortinas de humo; el Gobierno va a pecho abierto, porque son una forma de garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario. Por tanto, no es necesaria ninguna una cortina de humo.

La senadora Cunyat habla de los aspectos técnicos que necesite la cohesión. Habrá que utilizar aspectos técnicos, por supuesto, pero siempre manteniendo la cohesión política. Es muy importante llegar a puntos políticos para la implementación de los temas técnicos. Tenemos que respetar el hecho de que si una comunidad autónoma, como la vuestra o la nuestra, ha mejorado algo, lo importante, por solidaridad, es extenderlo al resto de las comunidades autónomas. No hay que cercenarlo, sino implementarlo. Se trata de mejorar en beneficio de los ciudadanos, que son nuestra razón de ser como políticos; siempre mirándolos a los ojos y velando por sus intereses. De ahí la importancia de la interoperabilidad, lo cual no significa que sean tarjetas nuevas, sino interoperables.

En relación al señor Lertxundi, vuelve la burra al trigo. Por supuesto, no ofende el que quiere sino el que puede. Ni entro siquiera en ello pues muchas veces, como dice mi mujer, es mejor el látigo de la indeferencia. Ante palabras necias, oídos sordos. A veces lo mejor es no entrar al trapo. (Aplausos.)

Sí le digo que, lógicamente, yo pienso que esta cuestión es suficientemente seria para debatirla en el seno de la ponencia. Si se quieren debatir otros temas sanitarios específicos, más técnicos o menos, más políticos o menos, es cuestión de que usted o su grupo parlamentario haga las propuestas oportunas para que se debatan en esta Cámara, como siempre ha pasado. Es decir, al hablar de unas cosas, no tenemos que dejar de hablar de otras. Usted puede hablar de lo que quiera, como si quiere hacerlo del sexo de los ángeles, yo me centro en lo que yo llevo, que es la ponencia de estudio.

En definitiva, como he dicho antes, de verdad que espero que esta ponencia de estudio les sirva a los profesionales para tener el máximo de información a la hora de tomar la mejor decisión mirando siempre al paciente y sirva también a la Administración. ¿Por qué? Porque debe ser eficiente a la hora de utilizar los recursos de la propia Administración. Lo importante es que sirva a toda la sociedad porque para nosotros, los médicos, los pacientes son nuestra razón de ser y para nosotros, como políticos, los usuarios y ciudadanos son también nuestra razón de ser.

Muchas gracias a todos. (Aplausos.)




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aguirre.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas. (Rumores.)

Silencio, por favor.

Señorías, vamos a votar la moción del Grupo Parlamentario Popular con la incorporación de la enmienda aceptada del Grupo Parlamentario Vasco.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 176; en contra, 1; abstenciones, 71.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

6.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR DETERMINADAS MEDIDAS PARA PALIAR LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LOS INCENDIOS FORESTALES QUE HAN AFECTADO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES AUTÓNOMAS DURANTE EL AÑO 2012, EN ESPECIAL A LA COMUNITAT VALENCIANA. (Votaciones)

(Núm. exp. 662/000030)

AUTOR: GPP

El señor PRESIDENTE: Señorías, se ha presentado ya la propuesta de modificación correspondiente a la moción anterior sobre los incendios, que ha sido firmada por todos los grupos parlamentarios.

¿Se puede entender aceptada por asentimiento? (Asentimiento.)

Muchas gracias.

Queda aceptada. (Aplausos.)

6.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE NO LLEVE A CABO NINGUNA SUBIDA DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA).

(Núm. exp. 662/000029)

AUTOR: GPS

El señor PRESIDENTE: Punto 6.3: Moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a que no lleve a cabo ninguna subida del Impuesto sobre el Valor Añadido.

A esta moción no se han presentado enmiendas.

Para la defensa de la moción tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista y por tiempo de quince minutos, el senador Lerma. (Rumores.)

El señor LERMA BLASCO: Gracias, señor presidente.

Señorías, obviamente esta moción estaba presentada antes del pasado viernes y también de la intervención del presidente del Gobierno. (Continúan los rumores.) En cualquier caso sigue teniendo claramente…

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.

El señor LERMA BLASCO: Como digo, sigue teniendo claramente sentido. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

En cuanto a las cuestiones que llevaron al Partido Popular oponerse regularmente a los intentos de subida del IVA, parece que estas están bastante claras. Doctrinalmente es evidente que la subida del IVA, y más del volumen… (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías.

El señor LERMA BLASCO: Creo, señorías, que el tema es lo bastante relevante como para que, por lo menos, me dejen ustedes hablar si no quieren prestar atención.

Desde el punto de vista doctrinal parece que están bastante claras las razones que llevaban al Partido Popular a oponerse tradicionalmente a la subida del IVA desde el principio de su Gobierno, e incluso antes, en su programa electoral y en las ocasiones en que el Partido Socialista intentó llevarlo a cabo. Por un lado es evidente que conlleva el riesgo de subir la inflación, aunque no parece que en este momento




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exista ese riesgo, porque más bien, si excluimos los costes de la energía, probablemente podríamos estar ante una deflación. Es evidente también que algunos de los temas que ellos planteaban son ciertos, como, por ejemplo, que una subida del IVA en medio de una depresión como en la que estamos, no solo contribuye a aumentarla, sino que simultáneamente puede hacer también que baje la recaudación, que es el propósito declarado. Y por último, y mucho más importante, probablemente es que la subida del IVA reparte injustamente los impuestos, porque obviamente los pagan todos, y mucho más quienes tienen más propensión al consumo, que son la gente con menores niveles de renta. Por tanto, parece que los motivos por los cuales el Partido Popular se oponía sistemáticamente a la subida del IVA siguen existiendo. (Rumores.)

Pero hay otros motivos, y ya lo dijo una y otra vez el presidente del Gobierno…

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Un momento, señor orador.

Señorías, por favor, guarden silencio, porque es imposible escuchar lo que dice el señor Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, presidente.

Parece que dan por descontado que no vamos a triunfar, pero quizá deberían prestar mayor atención, al menos a los argumentos. En todo caso les agradezco los rumores, porque me animan a seguir insistiendo con una voz probablemente más alta.

Quiero decir que, efectivamente, el ministro de Economía y el presidente del Gobierno habían negado reiteradamente la posibilidad de subir el IVA en esta Cámara, en el Congreso y en todas las declaraciones posteriores, y el ministro de Economía decía expresamente, además, en la declaración que hizo para justificar la ayuda a los bancos españoles en el Congreso el día 26 de junio que esta sería solo específica para el sector financiero. Es decir, que la ayuda no vinculará a un programa de ajuste macroeconómico como ha ocurrido en el caso de otros países de la zona euro ni habrá nuevas condiciones de política fiscal ni tampoco de reformas estructurales. Y ayer, sin ir más lejos, volvía a repetir en esta Cámara lo mismo, lo cual evidentemente es mentir en sede parlamentaria. Pero en cualquier caso, no es ese el problema, sino qué ha podido ocurrir desde entonces para que haya habido un cambio tan radical en la posición del Gobierno de modo que los funcionarios hayan perdido una paga extraordinaria, los parados vean reducidas sus prestaciones y todos los ciudadanos nos aprestemos a pagar tres puntos más de IVA, en el mejor de los casos, para que los empresarios puedan ver reducidos dos puntos sus cotizaciones a la Seguridad Social. Pues es muy sencillo: a medida que vamos aplicando las famosas reformas estructurales del Gobierno cae más la actividad económica, el Gobierno deja de ingresar y no puede reducir el déficit, como podemos observar en todas las cifras que están saliendo. Por otro lado, es evidente que cada día nos cuesta más financiarnos, hasta el punto de que en alguna subasta pública ya hemos estado por encima de algún país intervenido que ha vuelto a los mercados.

¿Es culpa esto de alguna maldición que pesa sobre España? No, esto es culpa no de la herencia recibida, sino de la gestión que han hecho ustedes de la situación en los seis meses que llevan de Gobierno. No es verdad, como dijo ayer aquí el ministro de Economía, que nosotros pagamos un 7% la financiación a diez años porque el déficit es elevado. Eso no es verdad y el ministro de Economía lo sabe perfectamente, porque hay países con un mayor déficit que el nuestro, con un problema de endeudamiento mucho mayor que el nuestro —por ejemplo Gran Bretaña— y que se financian al 2%. Esta es la realidad de los hechos que el Partido Popular y el Gobierno se empeñan en negar.

Esto es culpa del Gobierno, que lo ha hecho tan mal que se ha convertido en un Gobierno poco fiable, cuando ellos sistemáticamente hablaban fundamentalmente de la confianza que se iba a recobrar incluso antes de las elecciones, que ya estaban descontando los mercados un triunfo del Partido Popular. Y no es nada de extrañar, porque no es algo que estén gestionando desde que están gobernando, lo están gestionando desde mucho antes. Primero fueron las elecciones autonómicas. El PP, irresponsablemente, pasó a hinchar las cuentas de las comunidades autónomas que gobernó; eso sí, que gobernó de nuevo; eso sí, ocultando las suyas. Pero naturalmente, en ese juego de ventaja de que luego, a continuación, lo iba a solucionar, no se dio cuenta de que no solo estábamos jugando internamente, nos estábamos jugando nada más y nada menos que la credibilidad de las cuentas españolas frente a los inversores del exterior, que era fundamental para financiarnos.

Posteriormente, en las elecciones generales, desacreditó también las cifras de déficit, que nunca, en ninguna de las peores previsiones que había dado ningún instituto de opinión, incluido el Banco de España, habían pasado del 7%. Fueron declaraciones reiteradas de diversos ministros, no responsables de su actuación, diciendo que iban a superar el 6%, que iban a llegar al 7%, que iban a llegar al 8%, que




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iban a pasar del 8%; finalmente, cerraron las cifras en el 8,4% y después llegamos hasta el 8,9%. Y esta es la realidad que hemos vivido. Con este motivo, además, el Gobierno, cargando la situación anterior, subió el IRPF, como ustedes conocen perfectamente. Y lo cierto es que a continuación fueron la reforma financiera y las ayudas a la banca, en las que el Gobierno, el ministro de Economía una vez más, el mayor genio de las finanzas que hemos conocido hasta ahora, anunció que debíamos aproximadamente, que nos iba a costar aproximadamente la reforma de Bankia entre 7000 y 8000 millones de euros, quiero recordar. Creo que actualmente vamos por 24 000 millones de euros con la persona que ha puesto el Gobierno a dirigir la nueva Bankia.

En fin, esto, naturalmente, también implicó no solo la desautorización de todas las estadísticas anteriores españolas —que son absolutamente fiables, y el Partido Popular desacreditó—, sino que, además, la resolución de los problemas financieros de España nos va a costar presumiblemente 60 000 millones de euros, de momento, cuando no tenía por qué ser así de ninguna manera, porque nosotros habíamos hecho el ejercicio de transparencia más grande de todos los países europeos de nuestro sistema bancario y a ver quién se atreve a hacer ese ejercicio de transparencia en el resto de los países europeos que ahora nos están, supuestamente, salvando y criticando también nuestra actuación. Y todo esto después de desacreditar al Banco de España, después de criticar todas nuestras estadísticas, después de superar con creces cualquier tipo de planificación de nuestras cuentas públicas. Con estos antecedentes de credibilidad, ¿quién piensan ustedes que nos puede creer tanto como para prestarnos dinero a tipos de interés sostenibles? Y, ¿cómo pueden pensar que no se pueden retirar, como han hecho sistemáticamente, todos los inversores extranjeros, después de ver que ustedes desacreditaban sistemáticamente las cuentas españolas y al encargado de revisarlas, como era el Banco de España? Pues, razonablemente, lo que ha ocurrido es que el capital exterior ha huido despavorido de la bolsa española, de la financiación española, de la deuda española y ustedes se han tenido que ver obligados a decir lo que ahora dicen sistemáticamente: que tienen que hacer todo lo que no querían hacer y que han dicho que no iban a hacer.

Lo cierto es que nosotros, los ciudadanos españoles, no tenemos por qué pagar sus errores, pero los estamos pagando de una manera muy brutal. Piensen ustedes, por ejemplo, qué ha pasado para que la prima de riesgo italiana, con la misma herencia recibida, haya ido bajando sistemáticamente, en comparación con la nuestra, y la nuestra, sistemáticamente subiendo y, en este momento, hayamos llegado al nivel de la prima de riesgo del señor Berlusconi. Por cierto, este parece ser su modelo, porque, ciertamente, el único que se ha atrevido a hacer lo mismo que ustedes han hecho con la amnistía fiscal, o la regularización, si usted quiere, de los activos, ha sido Berlusconi en Europa y nadie más, porque los demás saben perfectamente que para aplicar las medidas drásticas y las subidas de impuestos que ustedes están proponiendo se necesita tener una legitimidad social muy evidente y la legitimidad social no se adquiere con amnistías fiscales. Por eso, nadie, nada más que Berlusconi, se ha planteado la repatriación de la gente evasora fiscal, que es absolutamente corrosivo para las políticas de subida de impuestos, para las políticas de solidaridad y para el trabajo de los funcionarios españoles. Y ahí, quiero también insistir, por cierto.

Si ustedes quieren credibilidad para aplicar las medidas que están proponiendo —en concreto, rebajar el sueldo de los funcionarios, quitarles la paga extraordinaria, hacerles aparecer como vagos continuamente—, ustedes lo que tienen que hacer es exactamente lo contrario: tienen que empezar a reconocer que quien tiene que aplicar su política de contención del gasto y quien tiene que mejorar el funcionamiento de las administraciones públicas es la Administración española. Son sus funcionarios, que constituyen el elemento fundamental de la ejecución de las políticas que ustedes tienen que aprobar y denigrando a los funcionarios, y luego burlándose de ellos, no se mejora en absoluto esa relación ni el funcionamiento de la Administración pública española ni se tiene credibilidad ni legitimidad para imponer ese tipo de planteamientos. Y si quieren credibilidad, también tendrán ustedes que pensar que no la obtendrán denigrando a las comunidades autónomas, que son las que también tienen que aplicar las políticas de contención de gasto y que cubren la mayor parte de los servicios públicos directos a los ciudadanos. No tienen que estar ustedes todo el día denigrando a las comunidades autónomas y diciendo que son la causa responsable y principal del gasto, porque saben ustedes perfectamente que con un reparto diferente de las responsabilidades del ajuste tendrían una mejor situación. Y si se ha conseguido un año más de plazo es evidente que no es para poner mayores cargas y mayores esfuerzos sino para poner menos e intentar crecer.

Lo cierto es que si quieren…




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya finalizando.

El señor LERMA BLASCO: Termino.

Lo cierto es que si ustedes quieren tener una mayor legitimidad también deberían repartir las cargas de una manera diferente y no subir el IVA, que pagamos entre todos y, a cambio, seguir manteniendo la política de la amnistía fiscal a los defraudadores, porque —insisto— es corrosivo para la legitimidad de las medidas que estamos tomando.

Por tanto, yo les pido que retiren esas subidas, que compensen con impuestos diferentes que graven más a los que más posibilidades tienen y que dejen respirar un poco a nuestras comunidades, a nuestros funcionarios y a nuestros ciudadanos, que son la parte fundamental de la sociedad que tiene que hacernos salir de la crisis, para lo que tenemos que recabar su apoyo y colaboración y no denigrar permanentemente.

Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Turno en contra.

Tiene la palabra la senadora señora Angulo.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Voy a empezar casi por el final, senador Lerma. Me pregunto dónde estaba usted cuando el Gobierno socialista de Felipe González sí aprobó verdaderas amnistías fiscales. Usted sabe muy bien que la regularización que aprobó el Gobierno ni limita ni excepciona en ningún momento las obligaciones de prevención del blanqueo. Pero sí hubo auténticas amnistías: las aprobadas en España en el año 1991, por ejemplo. ¿Dónde estaba usted, senador Lerma? Teniendo altas responsabilidades en el Partido Socialista, seguramente. Porque esas rentas en ese momento pagaban el cero. Ahora no es una amnistía, sino una regularización, y usted lo sabe, porque pagan el 8 o el 10%. (Rumores.) En todo caso, es un incentivo para acabar con los paraísos fiscales, es, sobre todo, un incentivo para aflorar economía sumergida y para aflorar rentas no declaradas, y es también una medida para procurar ingresos en el futuro. Usted lo sabe muy bien, pero tiene que seguir hablando de amnistías, a pesar de que lo de amnistías será seguramente lo que aprobó usted. ¿Cómo?

Le pediría que retire esas palabras sobre que el Partido Popular ha denigrado a los funcionarios. En ningún caso, senador Lerma. El Partido Popular no ha denigrado a las comunidades autónomas. Saben muy bien que el apoyo lo están recibiendo precisamente del Partido Popular las comunidades autónomas y las entidades locales, ese apoyo que no recibieron de ustedes.

Y el Partido Popular tampoco ha recortado el salario a los funcionarios. Eso lo hizo su Gobierno, con su apoyo, con su voto y con su aplauso. Eso lo hizo el Gobierno del Partido Socialista. (Aplausos.– Rumores.)

Por cierto, y ahí voy a centrar mi intervención: en las diferencias entre las medidas duras y difíciles —es verdad— que está aplicando el Partido Popular y lo que hicieron ustedes. Pero el Partido Popular no ha denigrado ni mucho menos ni tampoco ha recortado el salario de los funcionarios. Usted sabe muy bien que esa paga extra que se aplaza hasta 2015 no supone un recorte, supone un aplazamiento y una paga extra que se integrará en el plan de pensiones en el año 2015. (Fuertes rumores.)

Señorías, a ustedes les produce mucha risa.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Esta moción, que presentaban ustedes el 9 de julio, no dice una sola palabra, ni una sola, de lo que preocupa a los españoles. Ustedes, en los datos de esta moción no mencionan el déficit ni mencionan el desempleo ni mencionan la deuda, un claro síntoma de lo que les preocupa a ustedes. Es una pura declaración política de lo que decían o no decían responsables del Partido Popular. Tampoco proponen ni una sola alternativa seria para salir de la situación de auténtica quiebra en la que han dejado ustedes las cuentas del Estado. Todo lo que tienen que decir ustedes es lo que el Partido Popular decía, que no subiría el IVA.

Señorías, nosotros no hemos mentido a nadie. (Protestas.) En el Partido Popular no hemos mentido a nadie, seguimos creyendo en la reducción selectiva de impuestos. Nosotros no mentimos a nadie. Queríamos hacerla, pensábamos hacerla y pensamos que podríamos hacerla. Es más, habríamos hecho la rebaja selectiva de impuestos si el anterior Gobierno no hubiera dejado ese déficit tres puntos por encima de lo que decía y de lo que había comprometido: en un 9%, señorías. (Protestas.–Aplausos.)




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Y la habríamos hecho si no hubieran dejado todo a deber, si no hubieran dejado —casi el PIB— un billón, con b, de euros de deuda, que nos cuesta 30 000 millones al año de intereses. La habríamos hecho si no hubieran dejado una sangría de déficit, que hace que estemos pagando ese 7% en intereses. Y tenemos que estar pagando intereses —ustedes lo saben— hasta para pagar las prestaciones sociales, y ese déficit está ahogando cualquier posibilidad de recuperación. La habríamos hecho, señorías, si el Partido Socialista en el Gobierno no hubiera arruinado por segunda vez a este país y a muchas familias y empresas de este país. La habríamos hecho, señorías. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Y si ustedes no hubieran apoyado a ese Gobierno, totalmente irresponsable, que acabó en ocho años con el ahorro que tanto esfuerzo había costado a los españoles. Si hubieran echado el alto a ese Gobierno que hizo del dejar todo a deber, de esconder facturas en los cajones, del despilfarro y del descontrol su bandera, no duden de que lo habríamos hecho. Y ustedes hoy nos hablan de descrédito y de desconfianza… (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, por favor.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Es más, esperamos —lo decía el otro día el presidente del Gobierno— poder bajar los impuestos en cuanto cambie el escenario económico. Eso será posible con reformas, eso será posible con el esfuerzo de todos los españoles, pero será posible también con medidas, con reformas y con políticas responsables y sinceras, trabajando y con decisiones firmes y valientes que suponen ajustes, es verdad, pero también suponen poner en marcha las reformas que este país necesita.

Ustedes, que permanecieron bien callados, que aplaudieron, que jalearon todo aquello que hacía el Gobierno, todo aquello que nos puso en la situación que nos han dejado, son hoy los que salen a la calle a tirar la primera piedra y los que salen a criticar y a cuestionar todo lo que hace el Partido Popular.

Es verdad, señorías del Partido Socialista, que se fueron del Gobierno, pero nos dejaron su ruina. Nos dejaron el descrédito de la economía española y nos dejaron su ruina: tres millones de parados en tres años; más de 90 000 millones más de lo que ingresaban; millones de facturas sin pagar —y usted dice que por qué estamos pagando el 7%—; millones de facturas también en medicamentos, que se han empezado a pagar con las medidas del Partido Popular.

Señorías, estamos atravesando la segunda recesión más grave de nuestra historia… (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, por favor.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: ...y tenemos que cortar esa hemorragia de déficit público en la que ustedes han dejado a la economía española. Tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos los esfuerzos de los españoles no sirven de nada. Ustedes nos lo enseñaron: la subida del IVA, siguiendo con el despilfarro, como hicieron en 2010, no sirvió para nada, solo para que cayera incluso la recaudación. Ustedes saben muy bien que para poder crecer necesitamos acceder a una financiación asequible y que solo la recibiremos si dejamos de gastar más de lo que se ingresa. Y ese es el compromiso que, con reformas también, ha asumido el Partido Popular.

Ustedes estaban tan contentos cuando subieron el IVA en 2010. Y fíjense en qué respuesta más lacónica y breve nos dio a todos la ministra Salgado. Se limitó a decir: hay que aumentar los ingresos si queremos hacer lo que no podemos dejar de hacer y mantener el déficit en términos razonables. Luego subió el IVA y, lejos de mantener el déficit en términos razonables, lo multiplicó y nos dejó con un IVA rozando el 9%, cuando habían comprometido el 6%. Y ahora ustedes, como digo, salen a la calle y tiran la primera piedra, pero lo cierto es que hay diferencias importantes. (Fuertes rumores.) Señorías, a ver si escuchan y no gritan permanentemente.

Hay diferencias importantes. Ahora, el Gobierno del Partido Popular sube el IVA en el contexto de un ajuste tremendamente duro, como decía, pero también un ajuste necesario para que podamos iniciar la recuperación económica cuanto antes; y un ajuste que acompaña ese aumento de ingresos con un contexto de austeridad, y no como cuando subieron el IVA, en un contexto de despilfarro y descontrol. Esa es la primera diferencia y eso va a producir un resultado distinto.




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En segundo lugar, sube el IVA diciendo la verdad sobre lo que hay, diciendo la verdad sobre el déficit y la deuda y sobre la inaplazable necesidad de reducir el déficit para cumplir los compromisos, es verdad, pero para cumplir sobre todo el primer compromiso con los ciudadanos españoles, que es asegurar que podemos seguir pagando unos servicios públicos de calidad. La reducción del déficit es la primera condición, es una condición necesaria para propiciar la recuperación económica, porque el déficit nos deja sin maniobra. Y corrigiendo el problema del déficit podremos canalizar hacia el sector privado los recursos que permitan financiar el consumo y la inversión, que es lo que dinamiza la actividad. Porque ustedes saben muy bien que el déficit también está ahogando el poco crédito disponible, que está quitando el pan de la boca a los emprendedores.

En tercer lugar, sube el IVA porque entre 2007 y 2011 —ustedes subiendo impuestos— perdimos sesenta mil millones de euros en recaudación. Y, como decía, el Gobierno está convencido de que es importante cumplir los compromisos y los acuerdos, pero es verdad que el Gobierno del Partido Popular todavía tiene más claro el compromiso con los ciudadanos españoles y con garantizar unos servicios públicos de calidad, y no podemos seguir financiando sanidad, medicamentos, educación o dependencia con deuda, como hacían ustedes, dejándolo todo a deber y dejando que se acabara pagando todo con intereses. ¿Cuánto tiempo piensan que se podían seguir acumulando facturas en los mostradores de las farmacias? ¿Saben ustedes que se han pagado en estos meses doce mil millones en medicamentos en España, porque hasta eso lo tenían ustedes a deber? (Fuertes rumores.—Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías, por favor.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: La mejor forma de asegurar el Estado del bienestar es garantizar que, a presente y a futuro, podemos pagar esos servicios de calidad, y no como hacían ustedes.

En cuarto lugar, sube el IVA un Gobierno que está poniendo en marcha una a una, con paso firme, todas las reformas imprescindibles. No solo hay una reforma fiscal, como hicieron ustedes para recaudar todo lo que podían para gastar todo lo que querían. No. Hay un compromiso con la estabilidad y hay una Ley de Estabilidad Presupuestaria que pone a raya el déficit. Hay un pago a proveedores mediante el cual, lejos de denigrar, hemos mostrado el apoyo a comunidades autónomas y ayuntamientos, es verdad que con exigencia, pero con la consideración de que todos somos Estado. También se ha hecho una reforma laboral para fomentar el contrato indefinido y la generación de empleo entre los que más dificultades tienen, coincidiendo con las recomendaciones. Y hay una reforma del sistema financiero. Y, por supuesto, un proyecto de ley antifraude con medidas muy concretas para combatir el fraude en el IVA. Todos los ejes de reforma, las reformas que ustedes dejaron sin hacer.

En quinto lugar —no lo han dicho, pero creo que lo saben—, sube el IVA a la vez que se reduce, que se rebaja la imposición sobre el empleo, es decir, el Gobierno sube el IVA a la vez que aprueba una rebaja en las cotizaciones sociales de un punto en 2013 y de otro más en 2014, como aparece en nuestro Programa de Estabilidad 2012-2015. Como dijo el ministro Montoro: no subir impuestos si no es compensando con la reducción de otros impuestos. Y esta reducción de dos puntos en las cotizaciones sociales es importante porque va a favorecer la creación de empleo, y además supone introducir una ventaja competitiva también importante, porque como las exportaciones no están gravadas, eso mejora la competitividad de nuestras empresas exportadoras; y la mejora más y multiplica efectos y sinergias si, como está haciendo el Gobierno, introduce más incentivos y más apoyos para favorecer la internacionalización de nuestras empresas. Y así se genera más empleo y más competitividad. ¿Es que no son esos dos de los objetivos prioritarios de la economía española? Son dos objetivos que a ustedes tampoco parecen importarles, ya que ni siquiera figuran en los antecedentes de la moción, y usted ni siquiera los ha mencionado, senador Lerma, señorías del Partido Socialista. Más empleo y más competitividad. Siguen ustedes ignorando lo principal. Siguen ustedes obviando a los parados, siguen ustedes obviando a las familias, siguen ustedes obviando a los emprendedores. Y ustedes a lo suyo: al oportunismo de última generación.

Es más, esa rebaja en las cotizaciones sociales va a ayudar también a esa reducción del déficit exterior. Lo decía ayer el ministro De Guindos, es importante que ya en el presupuesto de este año, podamos reducir esa brecha fiscal que ustedes dejaron, de más de dos puntos y medio, para que no tengamos que estar financiándonos en el exterior, para que dejemos de engordar esa deuda externa, que es el principal problema que estrangula nuestra economía.

Señorías, una subida del IVA supone un esfuerzo importante para todos los españoles, lo sabemos muy bien. Y precisamente por eso, el compromiso del Partido Popular, el compromiso del Gobierno de




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Mariano Rajoy es nuestro compromiso, más firme que nunca, con esas reformas, porque si pedimos a los ciudadanos que se aprieten un agujero en el cinturón tenemos que asegurarnos de que las administraciones, todas ellas, se lo aprietan más para que ese esfuerzo merezca la pena. (Rumores.) Porque hoy sabemos que subir el IVA manteniendo el despilfarro, manteniendo el descontrol y manteniendo esa alegría que ustedes mantienen hoy, con esas risas y gritos permanentes a los que nos están sometiendo, no conducen a nada. Hoy sabemos que los esfuerzos de los españoles con la irresponsabilidad del Gobierno no conducen a nada, que exigir más IVA mientras se sigue gastando lo que no se tiene sí es injusto e inadmisible. Ustedes lo han demostrado y nos lo han enseñado. Y, como decía Einstein, si quieres resultados distintos no hagas las mismas cosas. Por eso el Partido Popular está haciendo las cosas de manera muy diferente a lo que hicieron ustedes. Ustedes nos pusieron más IVA con más despilfarro, y lo que está haciendo el Partido Popular es más IVA, pero con austeridad, con menos cotizaciones sociales y con más reformas. No es lo mismo, señorías, y vamos a tener la oportunidad de comprobarlo.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, repartirán el turno la senadora señora Salanueva y el senador Iglesias.

Tiene la palabra la senadora señora Salanueva.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervendré muy brevemente porque voy a compartir turno con mi compañero de grupo, de Izquierda Unida, para manifestar la posición de Unión del Pueblo Navarro no solo respecto de esta moción sino de lo que supone. Nosotros queremos hacer un ejercicio de coherencia, y entendemos que la subida del IVA es negativa en sí misma. Nos da igual que gobierne el Partido Socialista o que gobierne el Partido Popular. Y la verdad es que si los ciudadanos observaran este debate —lo he dicho más de una vez— creo que pensarían que es lamentable.

Señorías, creemos que gobernar es priorizar y medir los tiempos. Compartimos los objetivos del Gobierno de estabilidad presupuestaria, de reducción del déficit, pero entendemos que es posible priorizar otras medidas y tenemos que dar ejemplo a la ciudadanía. Hay que buscar ingresos —lo decía la portavoz del Grupo Popular—. Estamos absolutamente de acuerdo, pero hemos visto que en el año 2010 también se produjo un incremento del IVA, en el que, sorprendentemente, las posturas eran antagónicas a las que se plantean hoy por los grupos mayoritarios. Y creemos que no fue una decisión que haya tenido consecuencias eficaces. Somos conscientes, señorías, de dos cosas; en primer lugar, de las exigencias europeas. No podemos hacer lo que nos parezca porque tenemos unas exigencias europeas que debemos cumplir. Por lo tanto, desde Unión del Pueblo Navarro queremos huir de la demagogia y del oportunismo. Esta es una moción que puede tener su efecto de cara a la galería, pero con la aprobación por mayoría absoluta, por mayoría suficiente del Partido Popular, vamos a tener que cumplirla y aplicarla en nuestras respectivas comunidades. Y así lo haremos.

A UPN le preocupa, señorías, con toda humildad, la incoherencia de los principales partidos, de los dos grandes partidos. Creo que en estos momentos no podemos estar cambiando de discurso porque uno esté gobernando y otro esté en la oposición. Me he molestado en leer intervenciones que tuvieron lugar hace dos años, en 2010, cuando se produjo la petición de subida del IVA por parte del Gobierno socialista —UPN se abstuvo entonces, y por eso hoy nos vamos a abstener en la moción—, y la verdad es que los discursos podían haberse cambiado de sitio y podrían haber servido. Si estamos de acuerdo con la subida del IVA, hay que decirlo, y si no lo estamos, hay que decirlo también. Hay que ser valientes ante la ciudadanía. ¿Que no nos queda otro remedio? Pues también tendremos que explicarlo. Pero si la subida del IVA en el año 2010 —cierto es que la crisis no llevaba a una situación de depresión tan profunda como la actual, pero solo hace dos años— era una medida injusta, se gravaban las rentas más bajas, pagaban por igual tanto el rico como el pobre, nos iba a traer más crisis y más paro, iba a perjudicar a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, no se iba a recaudar más dinero para el Estado, y se iba a promover el fraude fiscal, no entendemos por qué hoy eso no es así. Que se reconozca sinceramente que no queda otro remedio, que es así. Comprendemos que la situación es complicada, que al Partido Popular y al señor Rajoy les está tocando tomar medidas muy desagradables, pero que hay que hacerlas porque no queda otro remedio. Ha tenido nuestro apoyo en medidas muy impopulares, y tendrá desde luego la lealtad del Gobierno de Unión del Pueblo Navarro. Pero tampoco tiene sentido que el señor




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Fernández Marugán hace dos años dijera lo contrario —el papel que hoy interpreta el Partido Popular—. Decía: el comisario de la Unión Europea ha señalado que en España la incidencia del IVA en el consumo va a ser escasamente significativa y en modo alguno peligrosa para la recuperación. Y hacía una alabanza de la subida del IVA.

Quiero terminar ya, para no dejar sin tiempo a mi compañero, diciendo que es importante que se respeten las competencias forales y autonómicas. En Unión del Pueblo Navarro, con responsabilidad en el Gobierno de Navarra, entendemos que se debe respetar el margen de competencias de cada una de las comunidades, y especialmente de la comunidad foral, porque nosotros cumpliremos y llegaremos al fin que se nos ha marcado. Tenemos un compromiso claro en los objetivos del déficit y lo que pedimos es que se respete el marco y el margen competencial. Tendremos la lealtad institucional que hemos tenido siempre. Por eso pedimos que no haya desconfianza en el régimen de la Comunidad Foral de Navarra. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.)

En la moción hay cuestiones que no compartimos con respecto a la amnistía fiscal. En Navarra hemos aplicado una medida junto con el Partido Socialista, socio nuestro de Gobierno hasta hace muy poco, aplicando nuestras propias posibilidades. Por eso creemos, señorías, que esta moción, aunque es oportunista, a nosotros nos permite mantener una coherencia con lo dicho en 2010 y manifestar nuestra posición contraria a la subida del IVA.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, senadora Salanueva.

Senador Iglesias, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Buenos días. Gracias, señora presidenta.

Superando la frustración de participar en un debate en el que se pide al Gobierno que no tome una decisión que ya ha tomado, anuncio nuestro voto favorable a la moción.

En el debate de ayer con el señor Montoro este reiteró como uno de sus argumentos que uno de los motivos del déficit era —además, es algo obvio— la caída de la recaudación, e insistía mucho en que la razón de esa caída de la recaudación estaba en la propia crisis, lo cual también es una obviedad; una menor actividad económica genera menos rendimientos gravables y, por tanto, menores ingresos de las administraciones públicas. Pero olvidaba otro elemento que actúa con la misma eficacia destructiva que la crisis en la caída de la recaudación: la destrucción —prácticamente, la voladura— de nuestro sistema fiscal, del sistema fiscal justo y progresivo que define la Constitución, del que nos dotamos en los primeros años de nuestra democracia. Ha sido ese desarme del sistema fiscal lo que ha puesto en cuestión hoy uno de los elementos fundamentales, la supervivencia del Estado de bienestar. La fiscalidad es la columna vertebral del Estado de bienestar. El pacto social que después de la segunda guerra mundial permitió construir el Estado del bienestar se basaba en que las administraciones públicas se proveían de recursos suficientes, utilizando estos como un instrumento, a través de la fiscalidad, de redistribución de la riqueza. Los impuestos servían para dar seguridades a la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas, para dar garantías, servicios públicos esenciales.

Cuando se pone en cuestión una fiscalidad justa y progresiva, se empieza a demoler el Estado del bienestar.

Y en la época de bonanza económica —yo más bien hablaría de euforia social— se puso en cuestión esa fiscalidad necesaria, esa fiscalidad necesaria que, como decía, en los albores de nuestra democracia quienes entonces tuvieron las responsabilidades políticas en las Cortes Generales fueron capaces de ver que resultaba imprescindible. No es casualidad que uno de los contenidos de los Pactos de la Moncloa fuera precisamente el compromiso de elaboración de un proyecto de ley de impuesto sobre la renta de las personas físicas, precisamente como impuesto justo y progresivo que sirviera como elemento fundamental de recaudación y de gravamen de esa riqueza. Sin embargo, como decía, señorías, en la época de la euforia económica todos los Gobiernos, los del Partido Popular y los del Partido Socialista, pusieron en cuestión la necesidad de mantener ese sistema fiscal. Y las comunidades autónomas, fueran del color que fueran, también se sumaron a esa loca carrera desfiscalizadora, generando incluso situaciones de dumping fiscal entre ellas. Esas son algunas de las razones fundamentales que traen hoy los problemas de recaudación. Los sucesivos Gobiernos; y el del presidente Zapatero desde luego creo que tiene la responsabilidad ideológica más importante en esta materia: la de negar que la fiscalidad, que la política fiscal fuera un elemento de diferencia entre derecha e izquierda, cuando en aquella desafortunada aseveración dijo que subir impuestos no era de izquierdas. Y, señorías, si algo diferencia claramente la




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posición política e ideológica de la derecha y de la izquierda es precisamente el sistema fiscal, el sistema fiscal al servicio del mantenimiento y del sostenimiento del Estado del bienestar.

En esa loca carrera desaparece el impuesto sobre el patrimonio. En esa loca carrera se incrementan las exenciones y bonificaciones en el impuesto sobre sociedades. En esa loca carrera, que en parte ahora se corrige con la última subida del impuesto sobre la renta de las personas físicas, se rebaja el tipo marginal, el tipo máximo del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Incluso después de esta última subida, seguimos muy lejos del marginal que en la primera ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas se establecía en la tabla de impuestos. En esa loca carrera se plantea ahora una amnistía fiscal. En esa loca carrera se mantienen las Sicav como refugio, como una especie de paraíso fiscal interior. Subir hoy el IVA significa profundizar en esa demolición del modelo fiscal, profundizar en los desequilibrios entre el peso de la recaudación de los impuestos directos, cada vez menor, y de los impuestos indirectos, cada vez mayor; por lo tanto, en la injusticia del sistema. Se aleja, por tanto, de las previsiones constitucionales y además profundiza en la política de seguir pidiendo sacrificios, no a quien más puede sacrificarse, sino a la mayoría de la sociedad. Significa una medida también pro ciclo, conllevará más recesión, conllevará caída en el consumo.

La alternativa está en escuchar a los expertos; la alternativa está en recuperar los principios de justicia y progresividad del sistema fiscal. La alternativa está en lo que viene recomendando la asociación Gesta desde hace bastantes años: recuperar el impuesto sobre el patrimonio, aumentar el de sociedades para aquellas grandes empresas que tengan una facturación de más de 150 millones de euros al año, gravar las Sicav. La alternativa está en mirar nuestra historia, ver lo que funcionó en los albores de nuestra democracia y afrontar esta crisis económica con los mismos criterios de solidaridad social, de compromiso colectivo que a finales de los años setenta y en los inicios de los ochenta esta sociedad, la sociedad española, fue capaz de impulsar con políticos que tuvieron entonces visión de Estado y visión de futuro.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Eskerrik asko, presidenteorde andrea.

Senatariok, mozio hau aurkeztuta dago Espainiako Gobernuaren BEZa igoera baino lehen. Nahiz eta holan izan, Euzko Abertzale taldekook mozio honen alde bozkatuko dugu, jarraian azalduko doutzien arrazoiengatik.

Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, esta moción se presentó antes de que el Gobierno anunciase que iba a subir el IVA, pero nosotros vamos a votar a favor de la moción por las razones que les voy a anunciar a continuación.

Es una moción premonitoria, desfasada, evidentemente por los momentos en que se presenta, superada por los acontecimientos pero acertada y certera en sus previsiones; ciertamente, ya sabíamos que estos recortes, y concretamente esta subida del IVA, se iban producir. Ha sido una subida significativa en los tipos más altos, prácticamente en todos los tramos, que viene a sumarse a la ya efectuada por el Partido Socialista hace dos años. Afecta igualmente a todos los sectores y a todas las personas independientemente de las circunstancias socioeconómicas en las que estas están.

Pero es que además del IVA, el Consejo de Ministros del pasado viernes ha incluido otras medidas que consideramos que son igualmente nocivas. Y me voy a referir a ellas muy brevemente.

En primer lugar, las medidas fiscales ya conocidas, que además de al IVA, afectan a otro tipo de tasas impositivas. No dejan títere con cabeza, porque afectan al IVA, a los impuestos especiales, al impuesto sobre la renta de las personas no residentes, retenciones profesionales y, además, suprimen las deducciones por vivienda y redundan en la llamada amnistía fiscal. También hay medidas de recorte o de ajuste —como a ellos les gusta llamar— que afectan a la función pública y que han sido muy comentadas por los medios de comunicación en los últimos días. Entre ellas está la supresión de las pagas extra: la paga extra de Navidad, que en realidad supone una reducción salarial neta del 14% y que se suma a otra que hizo anteriormente el Partido Socialista del 5%. Además, se reducen los llamados días moscosos o días de libre disposición y los días de vacaciones de los que disponen los funcionarios en función de sus tramos de antigüedad y se limitan las retribuciones por incapacidad temporal, algo que también hizo el Partido Socialista. Entendemos que todo este paquete de medidas, tanto las fiscales como las que afectan




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a la función pública, son un grave atentado a los derechos laborales de los funcionarios públicos y, por lo tanto, no las compartimos.

También hay medidas que suponen importantes recortes sociales, especialmente y de forma muy dolorosa las que afectan a la Ley de dependencia, a personas que constituyen el sector social más vulnerable, el más desamparado y el más indefenso ante la crisis junto con la infancia, a la que hacía referencia en la pregunta que formulé ayer a la ministra de Sanidad.

Consideramos que estas tres baterías de recortes y de ajustes son profundamente injustas desde una triple perspectiva, y voy a hacer mías las palabras que mencionaba ayer en rueda de prensa José Luis Bilbao, diputado foral de Vizcaya, cuando decía que estas medidas no son compartidas por la Diputación Foral de Vizcaya, y en la medida de sus posibilidades no serán aplicadas, porque constituyen una grave injusticia social por indiscriminadas, por universales; una grave injusticia política, porque estas medidas no han sido adoptadas por consenso —no ya de las fuerzas políticas sino tampoco de los agentes sociales—, y una grave injusticia económica, porque están siendo impuestas en todos los ámbitos, incluso en ámbitos territoriales que han cumplido con las cifras de déficit, que no tienen una deuda elevada, que han hecho bien las cosas y que, por cierto, ya están aplicando medidas correctoras, medidas de ajuste y de contención del gasto desde hace muchos años; algo que otros ámbitos institucionales no han hecho.

Además —y esto sí es de mi cosecha—, estas medidas que ustedes están planteando son del todo ineficaces; no sirven para la recuperación del empleo, que es su mantra —todas las medidas y todos los objetivos del Gobierno parece que se reducen a la recuperación del empleo—, pero no deja de ser más que un lema porque luego en la práctica estamos viendo que no inciden sobre la recuperación económica, que es una condición sine qua non para la creación de empleo. Hemos visto medidas de ajuste y de contención del gasto pero todavía no hemos visto medidas de carácter estructural que apunten hacia la regeneración, hacia la reestructuración de la estructura productiva; y ese es fundamentalmente el problema de España: no hay una estructura productiva que sustituya al ámbito inmobiliario o al PIB ingresado por turismo; no hay un cambio estructural en su estructura productiva.

Por lo tanto, estas medidas solo pueden ahondar en la crisis, porque van a producir una contracción de la demanda interna, del consumo y de la actividad económica —esto va a convertirse pues en la pescadilla que se muerde la cola— y, evidentemente, estas medidas no van a servir para recuperar el empleo, porque no sirven para recuperar la economía. Estas medidas que inciden sobre el ajuste no se reparten de forma equitativa entre quienes han tenido responsabilidades en esta crisis y quienes no las han tenido. No hay medidas de ajuste que incidan en el sector financiero desde el punto de vista de recortes, lo cual nos parece fundamentalmente injusto.

Por tanto, el Partido Nacionalista Vasco pondrá todos los medios a su alcance para rechazar estas medidas y limitar los efectos perversos que creemos van a tener, especialmente para la economía vasca, pero, ¡ojo!, también para la economía española. Por ello, me sumo desde aquí a la demanda que hacía antes la senadora Salanueva, con la que, por una vez, coincidimos: respeto al ámbito competencial de cada uno de los territorios históricos, tanto de Navarra como, en nuestro caso, de la Comunidad Autónoma Vasca. Reitero mi afirmación: pondremos todas las medidas a nuestro alcance para evitar la aplicación de estas medidas.

Muchas gracias.

Eskerrik asko.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, senadora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: La consolidació fiscal i l’estabilitat pressupostària són objectius àmpliament compartits; que, en moments com aquests i des de fa ja temps, desgraciadament, cal efectuar ajustos, també; així com que cal millorar els ingressos i que cal ajustar determinades despeses. El problema, òbviament —i on sorgeixen les discrepàncies—, és en quines figures impositives poden millorar els nostres ingressos, i quines despeses hem d’ajustar. És en aquest context que nosaltres diem que la pujada de l’IVA tindrà efectes perversos sobre l’activitat econòmica del país. Però no només això, a més a més perjudicarà notablement i de manera molt especial a les rendes més baixes, a les rendes més febles de la societat. El Govern, el Govern d’Espanya, al final ha anat al més fàcil, després de negar-ho en campanya electoral i fins fa només unes setmanes. Què queda de les seves promeses? Ara plantegen i han aprovat una pujada de l’IVA del 25% del tipus reduït i del 17% del tipus general; això es suma a altres augments d’impostos com l’IRPF, com l’IBI o com els impostos especials, i això ve d’un partit que deia que




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no apujaria els impostos. Però, és clar, també va dir que no tocarien la salut, l’educació ni les pensions, ni tampoc el subsidi d’atur, i ja hem vist què ha passat aquests dies, aquests sis mesos: un programa que s’ha incomplert en la seva pràctica totalitat. Però bé, ara no hi ha eleccions a la vista i per tant suposo que el que s’esperen és que la gent quan arribin les eleccions hagi oblidat i, sincerament, crec que això no és el que passarà; no oblidaran ni la seva actitud irresponsable quan eren oposició, ni els seus enganys ara des del Govern.

Si Europa no ens ha imposat condicions macroeconòmiques, que és el que diu el Govern —tant el Sr. Montoro, com el Sr. De Guindos, com el propi President del Govern—, per què han canviat d’opinió en una setmana respecte a l’IVA? Quins factors nous hi ha en les informacions respecte a la situació econòmica del país i dels comptes públics en aquestes tres o quatre setmanes en què vostès han canviat d’opinió? Això és el que cal explicar i no tornar a recórrer a velles cantarelles que quedaran desgastades, a més de ser realment poc solvents.

Vostès han anat al més fàcil, que és apujar l’IVA, perquè és més fàcil per vostès que posar en marxa una reforma fiscal que contempli un impost, per exemple, sobre les gran fortunes; que contempli fiscalitat verda; que contempli, entre altres, un impuls a l’impost europeu sobre les transaccions financeres —absolutament necessari—; i també una lluita decidida contra el frau i contra l’economia submergida. Però, repeteixo, vostès han anat al més fàcil, contra el que diu el seu programa i deien vostès mateixos fins fa unes setmanes, conscients de les conseqüències d’aquesta decisió. En primer lloc, l’augment de l’IVA provocarà una caiguda del consum, de les hores treballades i, per tant, de l’ocupació i de la inversió i, en segon lloc, la pujada de l’IVA produeix un efecte renda que es deu a l’augment de la pressió fiscal: els ciutadans seran més pobres a partir de setembre i l’increment, a més a més, incentivarà alguna cosa el consum d’aquí al setembre per l’avançament de les compres, però caurà considerablement a partir del mes de setembre amb l’entrada en vigor dels increments. A més a més, com vostès saben també, l’augment del tipus de l’impost del valor afegit, de l’IVA, té un impacte negatiu important sobre la producció mitjana a cost de factors, és a dir, pràcticament tots els estudis més qualificats coincideixen que per cada punt percentual que augmenta la recaptació fruit d’una mesura com aquesta, referida a l’impost sobre el valor afegit, la producció per càpita mitjana a cost de factors es redueix 0,52 punts percentuals i les hores treballades es redueixen en 0,75 punts. Això vol dir menys consum, menys producció, més atur i reducció dels ingressos, també, procedents d’altres figures tributàries que s’han de tenir presents.

Aquesta és la realitat que no sabem si vostès han tingut en compte, a més de tenir en compte les càrregues fiscals, perquè l’increment de l’IVA tindrà un impacte més gran —com deia abans— sobre la població més pobra i de més edat; per als jubilats, l’impost sobre el valor afegit és una part molt més gran de la seva càrrega fiscal que per a les llars on treballen i que han de pagar, a més a més, l’impost sobre la renda, fins i tot això.

A més, en el cas de la reforma que ha elaborat el Govern, es castiga especialment també a altres col·lectius. Es castiga, apart de les rendes més baixes, als aturats i als jubilats, als autònoms —també als autònoms—, als professionals i als emprenedors, aquests que s’omplen la boca que cal ajudar. Amb aquestes mesures, amb aquest decret llei, evidentment, no se’ls ajuda, perquè entre altres coses també hi ha altres mesures afegides que obliguen a cotitzar per una base més àmplia, i a més a més se’ls fa un increment en les retencions de l’impost sobre la renda a les persones físiques, sobre la seva situació actual, que és una manera, òbviament, de restar liquiditat també als professionals i als autònoms, que tenen un greu problema, entre altres, d’accés al crèdit.

Un altre sector claríssimament perjudicat per aquesta reforma de l’IVA és el món de la cultura, a partir de setembre, amb un IVA molt superior al dels nostres socis comunitaris; de manera molt singular, hi ha serveis culturals que passen del 8% al 21%, més del 150% d’increment. Òbviament no és una gran ajuda, aquest increment, a la creació, a la difusió i a la producció cultural, i tampoc ho és als ciutadans que són usuaris o consumidors de productes culturals. Repeteixo, els més grans, els pensionistes i el pobres són els que acaben suportant una part proporcionalment major de l’augment d’aquesta càrrega fiscal.

I és que l’increment de l’IVA no és la mesura adequada en una economia en recessió —això és de manual—, perquè comportarà, com dèiem, menys consum, menys producció, menys ocupació, menys inversió i reducció també de les bases fiscals d’altres figures tributàries. Hi ha altres alternatives, com deia, que no afecten a tots i especialment als sectors més febles de la societat; una reforma fiscal que faci que aquells que més tenen i més guanyen paguin més. És el que s’ha de fer i aconseguir, a més a més, òbviament, que pagui tothom, però no amb arguments com els que utilitzava l’altre dia el senyor ministre




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d’Hisenda i Administracions Públiques, que es queixava, parlant de l’increment de l’IVA, que el problema era que no tothom pagava, aquesta frase de: amb IVA o sense IVA, tant utilitzada a la nostra societat.

Però d’alguna manera crec que tots som conscients que aquells que no pagaven el 18% ara no pagaran el 21%; és a dir, no veig que la reforma afegeixi motius per pagar; al contrari, normalment també allò que diuen tots els manuals és que la pujada de tipus afavoreix la tendència a l’increment de l’economia submergida i també al frau, i si no, al temps, en cas que no es posin, evidentment, més mecanismes dels que preveuen, fins i tot, les darreres mesures aprovades pel Govern, també en tramitació parlamentària, per la lluita contra el frau.

Tot això, aquests arguments, i molts altres que podríem fer servir, són els arguments i les raons que ens fan posicionar a votar a favor de la moció presentada pel Grup Parlamentari Socialista.

Moltes gràcies.

Gracias.

Señorías, la consolidación fiscal y la estabilidad presupuestaria son objetivos ampliamente compartidos en los que, en momentos como este y desde hace tiempo, desgraciadamente, hay que realizar ajustes; es necesario mejorar los ingresos y ajustar determinados gastos. El problema, obviamente —y aquí es donde surgen las discrepancias—, es en qué figuras impositivas podemos mejorar nuestros ingresos y qué gastos hay que ajustar. En este contexto es donde nosotros decimos que la subida del IVA tendrá efectos perversos sobre la actividad económica del país. Pero no solo esto, sino que, además, perjudicará notablemente y de forma muy especial a las rentas más bajas y débiles de la sociedad. El Gobierno de España, al final, ha ido a lo más fácil, después de negarlo en campaña electoral y hasta hace solamente unas semanas. Pero, ¿qué hay de sus promesas? Ahora han aprobado una subida del IVA del 17% para el tipo general, ello sumado al aumento de otros impuestos como el IRPF, el IBI o los impuestos especiales, y esto lo hace un partido que decía que no subiría los impuestos. Pero, claro, también dijo que no tocarían la sanidad, la educación, las pensiones o el subsidio por desempleo, y ya hemos visto lo que ha sucedido en seis meses: han incumplido prácticamente la totalidad de su programa. Supongo que esperan que cuando lleguen las elecciones la gente haya olvidado estas medidas, pero, sinceramente, me parece que esto no es lo que sucederá. No olvidarán ni su actitud irresponsable de cuando eran oposición, ni sus engaños ahora desde el Gobierno.

Si Europa no nos ha impuesto condiciones macroeconómicas, que es lo que ha dicho el Gobierno —tanto el señor Montoro como el señor de Guindos y el propio presidente del Gobierno—, ¿por qué han cambiado de opinión en una semana respecto al IVA? ¿Qué factores nuevos de la situación económica del país y de las cuentas públicas han tenido lugar durante estas tres o cuatro semanas para que se haya cambiado de opinión? Esto es lo que se debe explicar y no recurrir de nuevo a antiguas canciones que quedarán desgastadas, además de ser poco solventes.

Ustedes han hecho lo más fácil: subir el IVA, porque eso es más sencillo que poner en marcha una reforma fiscal que contemple un impuesto, por ejemplo, sobre las grandes fortunas, o que contemple la fiscalidad verde, o que contemple, entre otros, un impulso al impuesto europeo sobre las transacciones financieras —absolutamente necesario—, así como una lucha decidida contra el fraude y la economía sumergida. Pero, reitero, que ustedes han ido a lo más fácil, en contra de lo que decía su programa y de lo que decían ustedes mismos hasta hace unas semanas, conscientes de las consecuencias de esta decisión. En primer lugar, porque el aumento del IVA provocará una caída del consumo, de las horas trabajadas y, por tanto, de la ocupación y de la inversión, y en segundo lugar, debido al aumento de la presión fiscal los ciudadanos serán más pobres a partir de septiembre; el incremento incentivará algo el consumo de aquí a septiembre por el avance de las compras pero caerá considerablemente a partir de ese mes. Además, como ustedes saben, el aumento del tipo de interés del IVA tiene un impacto negativo importante sobre la producción media coste-factor; todos los estudios más cualificados coinciden en que por cada punto porcentual que aumenta la recaudación de una medida como esta, relativa al impuesto sobre el valor añadido, la producción per capita media por coste-factor se reduce un 0,52% puntos, en las horas trabajadas un 0,75. Esto quiere decir menos producción, más paro y reducción de los ingresos procedentes de otras figuras tributarias que también hay que tener presente.

Esta es la realidad que no sabemos si han tenido en cuenta, además de las cargas fiscales, porque el incremento del IVA tendrá un impacto mayor —como he dicho anteriormente— sobre la población más pobre y de más edad; para los jubilados el impuesto sobre el valor añadido es una parte mucho mayor de




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su carga fiscal que para los hogares donde se trabaja y que deben pagar además el impuesto sobre la renta de las personas físicas.

En el caso de la reforma elaborada por el Gobierno se castiga especialmente a otros colectivos; aparte de a las rentas más bajas, también se castiga a los parados y a los jubilados, a los autónomos, a los profesionales y los emprendedores, a los que tanto se dice que hay que ayudar. Con las medidas de este decreto ley no se les ayuda, además hay otras añadidas, por ejemplo, un incremento en las retenciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas sobre su situación actual, que es una forma de restar liquidez a los profesionales y a los autónomos que tienen un grave problema de acceso al crédito.

Otro sector muy perjudicado por este aumento del IVA es el mundo de la cultura, porque a partir de septiembre tendrán un IVA muy superior al de nuestros socios comunitarios; de forma muy singular, hay servicios culturales que pasan del 8 al 21%, más del 150% de incremento. Obviamente, no es una gran ayuda para la creación, la difusión y la proyección cultural, tampoco para los ciudadanos usuarios y consumidores de productos culturales. Repito, los mayores, los pensionistas, los más pobres son los que acaban soportando una parte proporcionalmente mayor del aumento de esta carga fiscal.

El incremento del IVA no es la medida adecuada en una economía en recesión —esto es de manual—, porque conllevará menos consumo, menos producción, menos ocupación, menos inversión. Hay otras alternativas que no afectan a todo el mundo, especialmente a los sectores más débiles de la sociedad, por ejemplo, una reforma fiscal para que los que más tienen, los que más ganan, paguen más. Eso es lo que hay que hacer y, además, conseguir que pague todo el mundo, pero no con argumentos como los que utilizó el otro día el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, cuando al referirse al incremento del IVA dijo que el problema era que no todo el mundo lo pagaba, esa frase de: con IVA o sin IVA, se utiliza mucho en nuestra sociedad.

Pero de algún modo todos somos conscientes de que los que no pagaban el 18% ahora no van a pagar el 21%, no veo que la reforma añada motivos para pagar; al contrario, lo que dicen todos los manuales es que la subida de los tipos favorece la tendencia al incremento de la economía sumergida y también al fraude, si no se ponen más mecanismos de los que se prevén en las últimas medidas aprobadas y en tramitación parlamentaria para la lucha contra el fraude.

Por estos argumentos y muchos otros que se podrían utilizar, votaremos a favor de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, senador Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Moltes gràcies, senyories.

Aquesta és una moció que efectivament es va presentar dos dies abans que el Govern prengués unes mesures. Independentment que dedicaré una part també de la meva intervenció a parlar d’aquestes mesures, essencialment les que fan referència a l’IVA, ja els avanço que no votarem aquesta proposta. És més, la votarem en contra perquè és una proposta maximalista. És una proposta en que no es toca l’IVA, no es poden tocar els tipus, no es poden modificar els productes que tributen a cada tipus, no es pot tocar cap coma de l’IVA.

Nosaltres creiem que en aquests moments, i ho diem sincerament, aquest no és un debat seriós. I dedicaré també els dos últims minuts a fer una reflexió comuna que jo crec que és necessària. I és necessari que prenguem una certa distància en el debat. I que ens mirem aquest debat amb una certa perspectiva, i una certa perspectiva és la perspectiva amb què el poden estar mirant els nostres socis comunitaris. Una certa perspectiva és amb la qual poden estar mirant i analitzant aquest debat els diferents inversors internacionals i els diferents països del món civilitzat.

Vagi per endavant que jo els posaré una reflexió damunt la taula que encara no ha sortit, estranyament no ha sortit. Vostès són conscients que dels vint-i-set països de la Unió Europea solament dos països tenen un IVA més baix que Espanya? Concretament Luxemburg i Xipre. I solament un altre, Malta, tenia el tipus general igual que Espanya. Primera reflexió: en la situació actual, fins i tot en una situació de bonança econòmica, ens podem permetre tenir l’IVA més reduït de la Unió Europea? Primer motiu pel qual no podem admetre una posició maximalista de no poder parlar d’una pujada de l’IVA. Segon motiu: vostès han analitzat quins han estat els informes, les recomanacions, els acords, del Fons Monetari Internacional des de fa un any i mig, de l’Ecofin de fa uns dies, de la Comissió Europea, de la Unió Europea, en relació amb els impostos indirectes a l’Estat espanyol? I no podem prescindir, no podem




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prescindir d’aquestes reflexions, i tampoc podia prescindir el Partit Popular fa unes setmanes, d’aquestes reflexions, i incomprensiblement n’estava prescindint. I no en podem prescindir perquè són aquests països als quals acudim a reclamar ajut, i tampoc no ho hem d’amagar, estem demanant l’ajut de la Unió Europea, estem demanant l’ajut dels nostres socis europeus. I els nostres socis europeus el primer que es plantejaran serà: si nosaltres estem pagant un IVA molt superior a vostès, vostès no es plantegen ni incrementar l’IVA? Per tant, nosaltres votarem en contra d’aquesta moció. Ara bé, tampoc no eximim de responsabilitat el Partit Popular. Abans jo crec que ho deia la senadora Salanueva; aquest debat ens el podríem estalviar. Agafaríem les taquígrafes, que agafessin el debat de fa un any i mig, en aquesta Cambra, i canviessin els arguments del Partit Popular al Partit Socialista i els arguments del Partit Socialista al Partit Popular. I el podríem donat per reproduït. Però a més a més d’això, el Partit Popular estava a l’oposició, i el Partit Popular criticava de forma ferotge l’increment que va fer el Partit Socialista de l’IVA. L’IVA dels «chuches», ens en recordem de l’IVA dels «chuches», són els mateixos jutges que ara. I el Partit Socialista feia una defensa aferrissada que s’havia d’apujar l’IVA.

Incomprensiblement des de la nostra perspectiva el Partit Popular no ha estat valent ni ha afrontat la qüestió de l’IVA com altres des del primer moment. I no per motius electorals, com es deia abans, que també, segur que també, sinó fins i tot després de superar les eleccions d’Andalusia, després de superar les eleccions a Astúries, els diferents ministres encara mantenien que l’IVA no s’apujaria a l’Estat espanyol. I això genera una desconfiança absoluta. I genera desconfiança absoluta perquè vostès van argumentar: apugem l’IRPF per no apujar l’IVA. Ara tenim pujada de l’IRPF i tenim pujada de l’IVA. I si en el pla que van presentar deien que hi hauria un increment de l’IVA, dels impostos indirectes, compensant-lo amb una disminució de les cotitzacions socials, ho han complert a mitges, perquè han avançat l’increment de l’IVA i han diferit la reducció de les cotitzacions a la Seguretat Social al llarg dels propers anys. Per tant aquest increment de competitivitat serà també diluït.

No pot ser que estiguem transmetent una imatge a l’exterior tan poc seriosa. Algú parlava, o es preguntava, jo crec que era el senyor Lerma, perquè la prima de risc continua pujant. I vostè ho deia: per falta de confiança. I la falta de confiança qui la genera? La falta de confiança la generem, i utilitzo un plural majestàtic, tots plegats. Quan des dels Estats Units, des dels nostres socis europeus veuen aquest debat, el que com a mínim poden tenir és falta de confiança en aquest país, falta de confiança en Espanya. Perquè els arguments que avui s’utilitzen per part d’uns són utilitzats per part dels altres quan estan governant. I així, de veritat, no es genera confiança. Això no fa l’efecte de ser un Estat seriós. No fa l’efecte de ser un estat responsable. No fa l’efecte de ser un Estat que complirà els seus compromisos.

D’això som responsables tots plegats, cadascú en el seu grau, i ho sabrem aplicar, però en tot cas el que no es pot fer, en aquests moments, amb el que està caient, sincerament Sr. Lerma, és presentar una moció que implica no tocar els impostos. Més enllà del quart punt que diu «crear un impost sobre grans fortunes», és veritat. També el podien haver creat vostès abans d’haver apujat l’IVA. La lluita contra el frau, és veritat. També es podia haver lluitat contra el frau, i es pot fer. I una cosa no implica fer l’altra. Ara, en aquests moments, aferrar-nos com a un clau roent, dient que no apujarem l’IVA, quan és l’IVA més baix de la Unió Europea, no és seriós. És més, jo crec que aquesta mesura, i nosaltres des del nostre grup l’havíem reclamada en diferents ocasions, s’havia d’haver pres molt abans. S’havia d’haver afrontat el problema molt abans. Per què? Perquè ens ho estava reclamant tot el nostre context. I igual com estem fent despeses per damunt de les nostres possibilitats, també estem tenint impostos més baixos del què les nostres possibilitats ens permeten. Perquè s’ha de fer, i jo estic d’acord, s’hauria de fer una anàlisi de quin és el sistema fiscal espanyol. I fer una comparació del sistema fiscal espanyol en cada una de les seves figures. I veuran que malgrat que sigui popular dir que podem tenir una pressió molt elevada, una pressió fiscal molt elevada, i s’han d’abaixar tots els impostos del món, aquesta no és una posició realista.

He dit que faria alguna referència també al Reial Decret Llei 21/2012, aprovat recentment pel Govern espanyol. Faré referència exclusivament al tema de l’IVA. Podríem estar d’acord en alguns dels plantejaments d’increment d’IVA que s’aproven amb aquest Reial Decret. Ara bé, n’hi ha d’altres que jo crec que s’han passat de frenada. Els ho dic sincerament, s’han passat de frenada. És a dir, que determinades prestacions de serveis, alguna entrega de béns, però essencialment, determinades prestacions de serveis, les passen del 8% al 21%, amb un increment del 167% sobre algunes prestacions de serveis, les culturals però no exclusivament culturals: podem afegir serveis funeraris, podem afegir les perruqueries, podem afegir els parcs d’atraccions, un element que per al nostre turisme també és fonamental, i estem augmentant per la pressió fiscal dels nostres impostos indirectes un 167% de cop. Jo




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crec que això tampoc no és el que se’ns estava reclamant, i crec que l’impacte recaptatori d’aquestes mesures serà molt limitat, i ens podríem haver estalviat perfectament una mesura com aquesta.

Però en tot cas, concloent, sentim no poder donar suport a aquesta proposta que nosaltres entenem que no s’hauria d’haver produït en aquests moments.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señorías.

Esta es una moción que, efectivamente, se presentó dos días antes de que el Gobierno tomara unas medidas. Independientemente de que dedicaré una parte de mi intervención a hablar de estas medidas, esencialmente de las que se refieren al IVA, les adelanto que no apoyaremos esta propuesta; es más, votaremos en contra porque es una propuesta maximalista, es una propuesta en la que no se pueden tocar los tipos, no se pueden modificar productos de ningún tipo ni tampoco se puede tocar ni una coma del IVA. Nosotros creemos que en estos momentos, y lo decimos con sinceridad, este no es un debate serio. Dedicaré los dos últimos minutos a hacer una reflexión en común que considero necesaria. Es necesario también que tomemos cierta distancia en el debate y que lo miremos con cierta perspectiva, con la perspectiva con la que lo pueden estar mirando nuestros socios comunitarios, con la que pueden estar mirando y analizando este debate los diferentes inversores internacionales y los distintos países del mundo civilizado.

Vaya por delante que pondré sobre la mesa una reflexión que, extrañamente, todavía no ha surgido. ¿Ustedes son conscientes de que de los veintisiete países de la Unión Europea tan solo dos tienen un IVA más bajo que España, concretamente Luxemburgo y Chipre, y que tan solo otro, Malta, tenía el mismo tipo general que España? Primera reflexión. En la situación actual, incluso en una situación de bonanza económica, ¿podemos permitirnos tener el IVA más bajo de la Unión Europea? Primer motivo por el que no podemos admitir una posición maximalista de no poder hablar de un aumento del IVA. Segundo motivo. ¿Han analizado ustedes cuáles han sido los informes, las recomendaciones, los acuerdos del Fondo Monetario Internacional desde hace un año y medio, del Ecofin de hace unos días, de la Comisión Europea de la Unión Europea en relación con los impuestos indirectos en el Estado español? No podemos prescindir de hacer estas reflexiones. Ni tampoco voy a prescindir de las reflexiones del Partido Popular, partido que, incomprensiblemente, prescindió de ello. Y no podemos prescindir porque es a estos países a los que acudimos a pedir ayuda; ni hemos de ocultar tampoco que estamos pidiendo la ayuda de la Unión Europea; estamos pidiendo la ayuda de nuestros socios europeos, socios que lo primero que se plantearán será lo siguiente: si nosotros estamos pagando un IVA muy superior al de ustedes y ustedes no se plantean ni siquiera incrementar el IVA, nosotros votaremos en contra de esta moción. Ahora bien, tampoco eximimos de responsabilidad al Partido Popular. Creo que antes comentaba la senadora que podríamos ahorrar este debate. Las taquígrafas podrían coger el debate de hace un año y medio en esta Cámara, cambiar los argumentos del Grupo Parlamentario Popular por los del Grupo Parlamentario Socialista y este debate podría darse por reproducido. Pero más allá de esto, el Partido Popular estaba entonces en la oposición y criticaba ferozmente el incremento del IVA que hizo el Partido Socialista. Me refiero al IVA de «los chuches» —recordemos—, que son los mismos «chuches» de ahora, y el Partido Socialista hacía una defensa fortísima diciendo que había que subir el IVA.

Incomprensiblemente, desde nuestra perspectiva, el Partido Popular no ha sido valiente ni ha afrontado la cuestión del IVA, como otros, desde el primer momento, y no por motivos electorales, como sería antes, aunque seguro que también. Incluso después de superar las elecciones de Andalucía y de Asturias, los diferentes ministros todavía mantenían que no se subiría el IVA en el Estado español, y esto genera una desconfianza absoluta, porque ustedes argumentaron que subían el IRPF por no subir el IVA, pero ahora tenemos aumento de IRPF y aumento del IVA. En el plan que presentaron decían que habría un incremento del IVA, de los impuestos indirectos, compensándolo con una disminución de las cotizaciones sociales, pero lo han cumplido a medias, porque han avanzado en el incremento del IVA pero han diferido la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social a lo largo de los próximos años. Por tanto, este incremento de competitividad también se verá diluido.

No es posible que estuviesen transmitiendo una imagen al exterior tan poco sería. Alguien se preguntaba —creo que el senador Lerma— por qué la prima de riesgo continúa subiendo y usted decía que por falta de confianza. ¿Quién genera la falta de confianza? La generamos —y utilizo un plural mayestático— todos juntos. Cuando Estados Unidos o nuestros socios europeos ven este debate, como mínimo, lo que pueden sentir es una falta de confianza en este país, falta de confianza en España, porque




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los argumentos que hoy se utilizan por parte de unos se utilizan también por parte de los otros cuando gobiernan, y así realmente no se genera confianza. Esto no da sensación de ser un Estado serio, no da la sensación de ser un Estado responsable, no da la sensación de ser un Estado que cumplirá con sus compromisos.

De ello somos responsables todos, cada uno en su grado, y sabremos aplicarlo, pero, en todo caso, lo que no se puede hacer en estos momentos, con la que está cayendo, sinceramente, señor Lerma, es presentar una moción que implica no tocar los impuestos más allá del cuarto punto, referido a crear un impuesto sobre las grandes fortunas. Es cierto, también lo podían haber hecho ustedes antes de haber subido el IVA.Y en cuanto a la lucha contra el fraude, también se podía haber luchado entonces. Una cosa no implica la otra, pero en estos momentos aferrarnos como a un clavo ardiendo a decir que no subiremos el IVA, cuando es el IVA más bajo de la Unión Europea, no me parece serio. Es más, creo que esta medida —y desde nuestro grupo la habíamos reclamado en diferentes ocasiones— se tenía que haber tomado mucho antes, se tenía que haber afrontado el problema mucho antes. ¿Por qué? Porque nos lo estaba reclamando todo nuestro entorno. Igual que estamos realizando gastos por encima de nuestras posibilidades, también tenemos impuestos más bajos de lo que nuestras posibilidades nos permiten. Se ha de hacer —estoy de acuerdo—; habría que hacer un análisis de cuál es el sistema fiscal español y un comparativo del sistema fiscal español en cada una de sus figuras. A pesar de que sea popular decir que podemos tener una presión fiscal muy elevada y se han de bajar todos los impuestos del mundo, esta no es una posición realista.

He dicho que haría alguna referencia al Real Decreto Ley 21/2012, aprobado recientemente por el Gobierno español. Me referiré exclusivamente al IVA. Podríamos estar de acuerdo con algunos de los planteamientos referidos al incremento del IVA que se aprueba con este Real Decreto, ahora bien hay otros que creo que se han pasado —lo digo sinceramente—, es decir, determinadas prestaciones de servicios pasan del 8 al 21%, con un incremento del 167%. Las culturales, pero no exclusivamente. Podemos añadir los servicios funerarios, las peluquerías, los parques de atracciones, sin duda un elemento que para nuestro turismo resulta fundamental. Estamos incrementando la presión fiscal de nuestros impuestos indirectos un 167% de una vez, y esto no es lo que se nos estaba reclamando. Yo creo que el impacto recaudatorio de estas medidas será muy limitado y que podríamos habernos ahorrado perfectamente una medida como esta.

En todo caso, para terminar, diré que sentimos no poder apoyar esta propuesta, que entendemos que no tendría que haberse producido en este momento.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Gracias.

Jo començaré per l’anterior, per a dir-li que li agraïsc molt la seua moderació. La llàstima és que ell no està d’acord amb si mateix, perquè fa dos anys, crec recordar, que el seu hui president va proposar un front català contra l’IVA, juntament amb el PP també. I jo crec que això li lleva una part de raó del que ha plantejat.

Empezaré por lo anterior. La lástima es que no está de acuerdo consigo mismo, porque creo recordar que hace dos años su hoy presidente propuso un frente catalán contra el IVA, junto con el PP. Yo creo que eso le quita un poco de razón en lo que ha planteado.

Pero, aparte de esa cuestión menor que por coherencia política plantean los amigos y compañeros de Convergència, tengo que decir que lógicamente nosotros sabemos que hay que recaudar y que para ello es necesario cortar el déficit. El problema es que lo que estamos planteando es que precisamente las medidas que estamos tomando han fracasado y no han hecho más que aumentar el déficit una y otra vez y nos obliga a volver a recortar, que será lo que pasará en esta ocasión también.

¿Por qué se ha subido? Pues prácticamente porque del 6,3% que nos iban a permitir a principios de año ya estábamos con una previsión del 7%. Por eso se han tenido que tomar estas medidas. Pero le tengo que decir al Gobierno, una vez más, y a todos los que quieren ayudarnos y prestarnos dinero que el problema del consenso de Washington ya ha pasado y se han visto las consecuencias. Las políticas de ajuste han llevado a una década perdida en Latinoamérica, y son las mismas que está aplicando ahora la




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Unión Europea para salir de la recesión. Así, con las políticas que está llevando a cabo, no solo no se sale sino que nos embarca más y más en la recesión. Yo quiero que nos ayuden, naturalmente que sí. Pero una ayuda fundamental es no hacer políticas que nos introduzcan más en la depresión en la que ya estamos. No es una cuestión de pedir dinero, sino fundamentalmente de cambiar de política. Y la cuestión es: déjennos ustedes que nosotros hagamos los esfuerzos que sean necesarios, pero no sometan a Europa a una recesión con las políticas que están acometiendo, porque si nosotros tenemos que ajustar, hay otros que tienen que gastar para que esto funcione y no nos tenga que ayudar nadie. Nosotros ya mejoraremos nuestra capacidad de competir así, pero haciendo todos una política que invita a la recesión solo conseguiremos consolidarnos en ella, y esa es la situación.

No estoy, naturalmente, en contra de revisar el sistema fiscal, todo lo contrario, estoy muy a favor. Estoy muy a favor también —e insito en ello— de tener legitimidad para hacerlo. Pero vuelvo a repetir que precisamente no da legitimidad hacer amnistías fiscales; o llámenlo ustedes regularización, me da igual, el problema no es cómo lo llamamos sino lo que es de verdad y cómo lo percibe la sociedad en su conjunto y la Administración de Hacienda, que es la que se ocupa de recaudar. Esa es la situación, que aquí se piensa que todos los cumplidores están penalizados mientras otros se están saliendo de la selección. Esta es la cuestión y esto nos deslegitima, y ningún Gobierno sensato utiliza esas propuestas, precisamente porque minan la credibilidad del sistema fiscal. Ningún Gobierno sensato, solo Berlusconi. Volver a hablar del Gobierno de Felipe González cuando estábamos en los albores de la democracia, cuando estábamos construyendo un sistema fiscal con una Administración de Hacienda que prácticamente no existía y ahora es de las mejores de Europa, es que no admite comparación.

Pero no voy a insistir más en cosas que son pura evidencia. ¿Cómo es posible que ustedes no vean? ¿Es que son inmunes a la realidad? ¿Cómo es posible que no vean que han quitado credibilidad a todas las estadísticas españolas cuando las estadísticas españolas no se pueden manipular? Este es un país muy serio, con unos funcionarios muy serios y rigurosos. Y no es verdad. Ustedes simplemente han periodificado de manera distinta y han hinchado los déficits de algunas comunidades autónomas, y han hinchado los déficits del Estado, y le han quitado credibilidad a la Administración pública española, y luego le han quitado credibilidad al Banco de España y a sus inspecciones, y han quitado credibilidad a nuestros funcionarios.

¿Cómo quieren que los de fuera, que no saben cuál es la realidad española, no nos comparen con las mentiras que algunos dijeron en Grecia o con otros países poco serios y repúblicas bananeras que no tienen nada que ver con nosotros? (El señor presidente ocupa la Presidencia.) La función pública española es una función pública muy seria y no se merece los agravios a los que ustedes la están sometiendo para que no pueda protestar. (Aplausos.) Pídanles ayuda, pídanles que nos ayuden a llevar adelante esta situación. Pero esto no es posible. Las vacaciones, las pagas…, todo para demostrar que no trabajan o no quieren hacerlo. Y eso no es verdad. Lo que sucede es que tienen un ministro que no les sabe mandar y que se ríe de ellos. Eso es lo que pasa de verdad. (Aplausos.)

Lo que no puede ser es que venga aquí el ministro de Hacienda y se burle de quienes son su responsabilidad. Lo que tiene que hacer es todo lo contrario; tiene que estimularles para trabajar más y mejor. Y no puede ser, y ustedes lo han visto igual que yo, que venga aquí el ministro de Economía ayer a contar unas cosas que está llevando él directamente, y que tenga que leerlo en un papel. Aquí venimos a estar informados de primera mano por el Gobierno de lo que está pasando en la economía española y de sus negociaciones con Europa. ¿De qué se enteraron ustedes ayer? Nosotros de nada. ¿Pero se enteraron ustedes de algo nuevo que no viniera en los periódicos de lo que nos leyó el ministro de Economía? No es posible, no es posible. Ni el ministro de Economía ni el ministro de Hacienda están en su papel y en su lugar, pero tampoco el presidente lo está, porque en estos momentos debería tener un señor vicepresidente que fuera capaz de orientar las negociaciones que lleva España, de coordinar todas sus funciones en Europa y no dejar que cada ministro dijera cosas diferentes y contradictorias.

Acuérdense ustedes, porque a veces reivindican la transición, que aquí el que tiene que abordar los problemas y negociar con los funcionarios, negociar con los sindicatos y negociar con la banca española, con la economía y con los partidos, ha de ser alguien que se sepa que lleva el control, y no alguien que no quiera más que sacar ventaja de su propia situación. Ha de ser, por ejemplo, alguien como Fuentes Quintana en su momento, que se sepa que tenga autoridad.

¿Creen ustedes que los dos ministros demostraron aquí que tienen alguna autoridad para negociar la crisis en nombre de España? Pues si ustedes no lo ven, creo que son los únicos, queridos amigos.

Nada más. (Aplausos.)




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Lerma.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Angulo.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Senador Lerma, dicen que irritarse por un reproche es reconocer que se ha merecido, y la verdad es que tanta irritación me sorprende. Incluso pretender decir ahora cuál sería el mejor ministro de Hacienda, con lo malos que los tuvieron y los pocos consejos que recibió de ustedes el señor Zapatero a la hora de proponer un buen ministro de Hacienda. Oportunidad tuvo de proponer uno bueno en ocho años. (Aplausos.)

Empiezo diciendo lo mismo que he dicho en la primera intervención. No les gusta que se hable de herencia, pero su herencia no puede ser más desastrosa. No resisten que se hable de cuál es nuestro compromiso y qué es lo que entendemos como nuestra obligación.

El Partido Popular, el Gobierno del Partido Popular, aplica esta medida en un contexto de ajustes, pero sobre todo en un contexto de un compromiso firme e inequívoco de hacer lo posible para recuperar el crecimiento y el empleo. Y ustedes, señorías del Partido Socialista, hoy no han dicho ni una sola palabra ni de crecimiento ni de empleo. Ese es nuestro compromiso con los españoles.

Es verdad también que hay unas recomendaciones —lo decía el senador Bel— del Consejo Europeo, hay unos ejes de reforma que el Partido Popular toma muy en serio, y uno es esa consolidación fiscal, esa reducción del déficit y esa lucha contra el desempleo, especialmente entre los colectivos más vulnerables, el impulso a la competitividad, la modernización de las administraciones públicas y primar la imposición indirecta rebajando la imposición sobre el trabajo. Y en todos esos ejes está trabajando y está actuando el Gobierno del Partido Popular, siguiendo esas recomendaciones y esos compromisos con nuestros socios, con la Unión Europea y desde luego con nuestros socios europeos, pero sobre todo —insisto en ello— con el compromiso que tenemos con los españoles de cambiar el rumbo, de emprender una senda de crecimiento y de superar esa herencia que ustedes no quieren escuchar pero que ustedes nos dejaron. Porque más de cinco millones de parados son razón suficiente, son la mejor razón; porque hay un déficit del 9%, que ustedes no provocaron en su totalidad pero que el Gobierno de España hizo caso omiso, pues no puso ni un solo mecanismo para controlar ese déficit y acabamos con tres puntos por encima.

Usted hablaba de burla, senador Lerma, ¿pero le parece que hay mayor burla que llegar a las elecciones como llegaron en 2008, negando la crisis? Qué distinto habría sido todo si en 2008 ustedes hubieran dicho la verdad a los españoles en vez de seguir negando la crisis como si nada, porque nunca hubo brotes verdes. Y qué distinto hubiera sido todo si hubieran emprendido las medidas que sabían que debían hacer y hubieran seguido esas recomendaciones de los organismos institucionales. Pero solo vimos oportunismo. Qué distinto hubiera sido todo si usted esas recetas que predica hoy las hubiera dicho cuando aplicaban aquellas medidas improvisadas de quita y pon. ¿Se acuerda usted de los 400 euros? ¿Había mayor burla que poner una medida en vísperas de las elecciones que dejaba fuera precisamente a los que menos tenían, a los «mileuristas» y a tres de cada cuatro jubilados? ¿Le parece poca burla? ¿Le parece poca burla haber dejado todo a deber? Es que fueron demasiados meses de despilfarro, fueron demasiadas las medidas y fue demasiado grande el oportunismo, y en eso el Gobierno socialista —ya se lo he dicho— dejó mucha parte del ahorro de los españoles, pero dejó también mucha parte de su confianza y mucha parte de su esperanza.

¿Es que hay algo más injusto que lo que ustedes han hecho en este país? No hay nada más injusto que el despilfarro, no hay nada más injusto que dejar todo a deber y no hay nada más profundamente injusto que dejar que sean otros los que paguen los intereses y el capital de los desmanes de uno. Y eso es lo primero que va a hacer el Partido Popular, porque eso es lo que estamos haciendo ya, estamos pagando las deudas que nos dejaron, el déficit, ese billón de euros de deuda, y estamos corrigiendo en paralelo los desequilibrios que ustedes nos dejaron. Porque tenemos el compromiso y porque tenemos la legitimidad.

Pero es más, ustedes hablan de injusto, ustedes dicen continuamente la palabra injusto, y tengo que recordarles que la primera medida que aprobó el Partido Popular fue asegurar el poder adquisitivo de las pensiones; que ha sido el Partido Popular el que ha puesto medidas para resolver el tema a las familias que tenían problemas con los desahucios; o que ha sido con el Partido Popular con el que los parados han dejado de pagar el 40% de los medicamentos. Eso en un momento de extraordinaria dificultad, en recesión y con esa gran deuda que ustedes dejaron sin pagar.




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Son ustedes los que hoy hablan, hoy vuelven a hablar de ese impuesto a las grandes fortunas, pero fueron ustedes los que nada más empezar decidieron eliminar el impuesto sobre el patrimonio y, cuando vinieron mal dadas, tiraron por el camino del medio y aprobaron la subida del IVA.

Señorías, la senadora Martínez, del Grupo Parlamentario de Nacionalistas Vascos y también algunos otros portavoces que han intervenido han hablado de otro tema importante. Se ha hablado de la necesidad de reformas, y no es cierto que el Gobierno no esté aplicando reformas, al contrario, se ha emprendido una hoja de ruta imparable de reformas. Esa es la primera gran diferencia que yo señalaba. Aplicamos ajustes con una agenda reformista, no aplicamos ajustes manteniendo el despilfarro. Esa es la gran diferencia entre este Gobierno y el anterior. Se han dado pasos de gigante en estos meses, en la transparencia, en la corresponsabilidad y en la estabilidad, con esa Ley de estabilidad presupuestaria, con la gestión eficiente de los recursos públicos, con apoyo —y también con exigencia— a las administraciones territoriales, a las comunidades autónomas y a las entidades locales. Se han dado pasos de gigante para sanear esas cuentas públicas, pero también para reformar el sistema financiero, para que vuelva a fluir el crédito a las familias y a las empresas, y ese crédito europeo —al que se referían también en el Partido Socialista— a la banca es la mejor prueba de la confianza que toda Europa muestra en esas reformas y en esas medidas que está adoptado el Gobierno. Pueden decir ustedes: sin esa agenda de reformas que el Gobierno comenzó a llevar cabo desde el primer Consejo de Ministros, ¿habríamos conseguido ese acuerdo? Pues seguramente no. O ese mecanismo de pago a los proveedores, que ha permitido dar un respiro a tantas y tantas pymes y autónomos de este país. Por cierto, decían: no están haciendo nada a favor de los emprendedores. Pues son los emprendedores los que también se han pronunciado, desde la responsabilidad y desde su legítimo criterio, sobre estas reformas que está aplicando el Gobierno y también sobre estas medidas de ajuste y, en particular, sobre la subida del IVA. Y hay una frase contundente del presidente de una organización de empresarios autónomos: ningún autónomo va a cerrar por la subida del IVA. ¿Pueden decir ustedes, senador Lerma, cuántos autónomos cerraron por aquellas medidas en las que iban dejando todo a deber, dejaban todo sin pagar, por aquellos millones de facturas que dejaron ustedes a deber y que no pusieron remedio para ello? ¿Pueden decir lo mismo? Los emprendedores, las organizaciones empresariales, las cámaras de comercio también se han pronunciado sobre la necesidad de esta medida.

En definitiva, señorías, ustedes nos han dicho —lo decía también el senador Bel— que iban a votar en contra de la moción y que teníamos que haber adoptado la medida antes. Nosotros entendemos, señorías, que es un momento para el compromiso y que es un momento para la responsabilidad. Algunos de ustedes han dicho que la subida del IVA es una medida que no les gusta; a nosotros tampoco nos gusta la subida del IVA. En el Partido Popular creemos en bajar los impuestos, en esas rebajas selectivas de impuestos, en dejar recursos en manos de quienes generan empleo —los emprendedores— y no renunciamos a poder hacerlo en cuanto cambie la situación, en cuanto se pueda.

Como decía Peter Drucker, donde hay una empresa de éxito es porque alguien tomó una decisión valiente. Y en este momento se están tomando medidas difíciles, medidas duras, incluso extremadamente duras y difíciles para hacer frente a una situación extraordinariamente dura y difícil; medidas que no nos gustan, pero que son necesarias. Ustedes, señorías del Partido Socialista o de la Entesa, saben muy bien que son responsables de la ruina de este país y de la necesidad que hay de aplicar esas medidas. Pero también tenemos que ser conscientes —y en el Partido Popular lo somos—, como decía nuestro presidente, del momento crucial que va a determinar nuestro futuro. Y nosotros estamos convencidos de la capacidad que tiene este país, que tenemos los españoles, para salir de esta con mucho esfuerzo, pero también con coraje, con optimismo y con trabajo. Dicen que en política hay tres cosas fundamentales: tener algo en qué creer, tener algo que conseguir y tener algo que hacer. Desde luego, nosotros creemos que vamos a salir de esta con el esfuerzo de los españoles y, por supuesto, con el esfuerzo de un Gobierno responsable y emprendedor que asuma esas reformas necesarias, porque tenemos que conseguir una oportunidad para esos cinco millones y medio de parados que hay en este país.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Termino, señor presidente.

Tenemos mucho por hacer, más que nunca. Tenemos por hacer esa agenda reformista, imparable, que el Gobierno ha empezado, que mantiene y que sabemos que es más urgente y más necesaria que nunca.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Angulo.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas. Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Socialista tal y como ha sido presentada.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 252; a favor, 80; en contra, 167; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

7. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

7.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

7.1.1. PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 7/2010, DE 31 DE MARZO, GENERAL DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, PARA FLEXIBILIZAR LOS MODOS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL AUTONÓMICOS. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

COMISIÓN: INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

(Núm. exp. 621/000008)

El señor PRESIDENTE: Punto séptimo del orden del día: Proyectos y proposiciones de ley. Dictámenes de comisiones. Proyecto de Ley de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, para flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos. Se tramita por el procedimiento de urgencia. Comisión: Industria, Energía y Turismo.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente de la comisión, el senador Muñoz, por tiempo de cinco minutos.

El señor MUÑOZ MARTÍN: Gracias, señor presidente.

Señorías, por designación de la Comisión de Industria, Energía y Turismo me cabe el honor de presentar a la Cámara el dictamen del Proyecto de ley de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, para flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

Dicho proyecto de ley, declarado urgente por el Gobierno, tuvo su entrada en esta Cámara el día 29 de junio del año 2012. El plazo de presentación de enmiendas finalizó el 3 de julio. Hubo una ampliación del plazo de presentación de enmiendas que finalizó el 5 de julio. Se presentaron un total de cuatro vetos y 132 enmiendas, de las cuales el veto número 1 y las enmiendas números 5 a 50 fueron posteriormente retiradas por su autor, el senador Mariscal Cifuentes, del Grupo Mixto, antes de la sesión de la comisión.

La sesión de la comisión se celebró el día 10 de julio del año 2012. Dicha Comisión de Industria, Energía y Turismo se reunió para debatir y dictaminar el proyecto de ley. En dicha sesión se defendieron los siguientes vetos y enmiendas: el veto número 2, del senador Jordi Guillot Miravet y el senador Joan Saura Laporta, ambos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el veto número 3, de la senadora Mónica Almiñana Riqué, el senador Francésc Boya Alós, el senador Rafael Bruguera Batalla, el senador Carles Martí Jufresa, el senador José Montilla Aguilera, la senadora Iolanda Pineda Balló, el senador Joan Sabaté Borràs y la senadora María Jesús Sequera García, todos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y el veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.

Las enmiendas números 1 a 4 fueron presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. Las enmiendas números 51 y 52 fueron presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Las enmiendas números 53 a 119 fueron presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Y las enmiendas números 120 a 132 fueron presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Todas ellas fueron rechazadas por la comisión y resultó aprobado como




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dictamen el texto remitido por el Congreso de los Diputados. Se han presentado 7 votos particulares, mediante los cuales todos los diferentes grupos parlamentarios mantienen para su defensa y votación ante el Pleno todos los vetos y todas las enmiendas defendidas en la comisión.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias.

Señorías, la Presidencia anuncia a todos los señores senadores que se van a debatir ahora los vetos a la ley que ha presentado el presidente de la comisión, pero que estos vetos se votarán a las 4 de la tarde.

Gracias.

Propuesta de veto número 2, del senador Jordi Guillot y del senador Joan Saura. (Rumores.)

¡Silencio, por favor!

Para la defensa de este veto, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, president.

Señorías, la señora Angulo nos decía que hay tres criterios para hacer política y yo le añadiría un cuarto: no hacer el ridículo, y menos cuando se hacen estos sermones económicos y se acusa al Gobierno de izquierdas de la Generalitat de hundir al país cuando hoy hay 1295 trabajadores y trabajadoras de radiotelevisión de Valencia en medio de un ERE que pueden perder sus empleos gracias a la mala gestión, a la manipulación, al cachondeo y a los negocietes entre amiguetes. (Aplausos.) Entonces, por favor, no nos sermoneen, háganse cargo de sus responsabilidades y, en concreto, hoy que hablamos de televisiones autonómicas, hoy que hablamos del sector audiovisual, justifiquen ustedes qué ha pasado en Canal 9 y cómo puede ser que casi 1300 trabajadores se vayan al paro. Esta es una situación que ustedes tendrán que explicar y justificar.

No alcanzo tampoco a comprender por qué una reforma de ley como esta se tramita por vía de urgencia. No es una ley que salga al paso de ninguna urgencia del sector audiovisual, no resuelve ninguno de los graves problemas presentes en el escenario audiovisual español después del apagón analógico y tampoco responde al conjunto de enmiendas que ustedes defendieron en la tramitación de la ley de lo audiovisual. No entiendo cómo para privatizar y para invadir competencias autonómicas hagan falta tantas prisas y se tramite una ley como esta por vía de urgencia.

El senador Saura y yo, firmantes de este veto, somos extremadamente críticos con las políticas del Partido Popular hacia el sector de la comunicación audiovisual. Creemos que hoy habría dos grandes prioridades que debería llevar a cabo el Gobierno del Estado. En primer lugar, políticas públicas orientadas a la consolidación de unos medios de comunicación, especialmente los públicos, como instrumentos fundamentales de la libertad de expresión y de información, expresión y representación de la pluralidad política y de la diversidad social, factores de cohesión social, motores culturales de la industria audiovisual, instrumentos de normalización lingüística en aquellas comunidades con lengua propia. En segundo lugar, el objetivo del Gobierno sería el diseño de estrategias de desarrollo de la industria y todo el potencial digital para consolidar un sector estratégico para cualquier economía del siglo XXI.

Estas dos grandes prioridades no están hoy en día en lo que es la acción del Gobierno y, como mucho, la acción del Gobierno en el sector audiovisual se podía resumir en lo siguiente. Respecto a los grupos privados afines, alentar y beneficiar. Solo hay que recordar las concesiones de frecuencia de TDT del año 2000, del Gobierno Aznar, a Unedisa y Vocento; concesiones realizadas por las comunidades autónomas gobernadas por el PP; y evidentemente, a los no afines, ni agua.

Respecto a los medios de comunicación de titularidad pública, han seguido ustedes una doble estrategia. Los gestionados por ustedes, valgan como ejemplos Telemadrid y Canal 9, manipulación y mala gestión. A los no controlados les han aplicado ustedes una presión política que se podía resumir en cinco puntos. En primer lugar, degradarlos. El acoso y derribo a que han sometido a RTVE no tiene parangón, y menos en una etapa en que la Corporación de RTVE era líder de audiencia, líder en el reconocimiento social a su profesionalidad y rigor informativo, y en un periodo en que ha ido acumulando premios, especialmente sus servicios informativos. Por no hablar de sus ataques a TV3, sinónimo de malgasto innecesario; para ustedes, el típico malgasto del nacionalismo, para nosotros, una inversión fundamental por ser TV3 un factor imprescindible para la preservación de nuestra lengua y nuestra cultura.

En segundo lugar, controlarlos, y para conseguirlo han sido capaces de aprobar un real decreto de modificación del régimen de administración de la Corporación RTVE, abusando de su mayoría absoluta, que les permita elegir el consejo de administración sin necesidad de consenso parlamentario. Controlarlos




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para, a continuación, manipularlos, tercer aspecto. Aún es pronto para hacer un primer balance de la política informativa de RTVE, pero me alarman dos hechos. El primero, nombrar como jefe de informativos al señor Somoano. Señorías del PP, si el PSOE hubiera nombrado como jefe de informativos a un personaje con este perfil político, ustedes lo hubieran crucificado vivo. El señor Somoano, para que ustedes entiendan de quién hablo, no solo estuvo en la dirección de informativos de Telemadrid, sino que es el autor de una tesis que bajo el título «Estrategia de comunicación para el triunfo del Partido Popular», tiene las siguientes perlas. El actual jefe de los informativos afirma: Conociendo los medios de comunicación y sin ignorar que son presos de los poderes económicos y políticos, el PP debería hacer referencia a una serie de acciones. ¿De quién está presa hoy Televisión Española? El paroxismo llega ya con lo que él define como sectores sensibles para el PP, es decir, jóvenes, inmigrantes, gays y catalanes y andaluces. Solo releeré lo que escribe en este último apartado sobre catalanes y andaluces. Dice el jefe de los servicios informativos de Televisión Española: Debemos presentarnos como ciudadanos de a pie y no como señoritos, moderados y dialogantes, que trabajan para que su tierra —se refiere a Andalucía— avance de una manera solidaria. Contrarrestar este valor de la solidaridad con el de un PSOE que está dejando la puerta abierta al tripartito catalán para que rompa la solidaridad interterritorial, es decir, presentar a la dirección socialista como un grupo de personas que por no poner límites están perjudicando a Andalucía gravemente. Y añade: Es demagógico pero calará en el electorado.

Señorías, ¿no tenían otro candidato? ¿No había otro candidato a quien elegir como jefe de informativos? Creo que a veces no solo hay que ser honrado, sino parecerlo, y en este caso, con este tipo de tesis, no es el candidato aconsejable para mantener una televisión pública plural y rigurosa.

Y un segundo hecho alarmante es la destitución del señor don Juan Ramón Lucas de Radio Nacional de España, director del programa En días como hoy, un programa de éxito y riguroso. Comparto plenamente la crítica realizada por el señor Ansón y publicada ayer en el diario El Mundo. El señor Ansón nos dice: La destitución es un grave error. A ciertos dirigentes del PP les chiflan los periódicos alfombra; a otros, los periódicos momia. En el PP hay políticos y periodistas que harían un tambor con la piel de su propia madre para redoblar sobre ella las alabanzas a Rajoy y a Soraya. Esto es lo que dice el señor Ansón, no me riñan a mí, que solo hago de mensajero. Espero que esto no esté en su voluntad.

Y los puntos cuarto y quinto de su política audiovisual son privatización y recentralización, que son los únicos objetivos de este proyecto de ley.

Ustedes justifican este proyecto de ley de reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual por dos motivos: el primero, flexibilizar los modos de gestión de los canales públicos de televisión autonómica; el segundo, establecer la sujeción de la gestión económica de estas televisiones autonómicas a las disposiciones de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Este proyecto de ley sobre la flexibilización de los modos de gestión no aporta nada que no sea la posibilidad de transformar la habilitación de servicio público en licencia privada, y el resto de modos de gestión que contempla la reforma no son ninguna novedad, se realizan ya en diferentes televisiones autonómicas, por ejemplo, en la televisión de Aragón. Hagan ustedes un repaso de las que hoy en día existen.

Señorías, la ley nos dice con mucha claridad que los órganos competentes de cada comunidad autónoma decidirán dentro de los múltiples canales digitales que se le reserven los canales digitales de ámbito autonómicos que sean explotados por el servicio público y los que serán explotados por empresas privadas en régimen de licencia. ¿Por qué transferir canales públicos a los privados? Si una comunidad autónoma no puede o no quiere gestionar un canal público, lo más razonable es aparcarlo. Lo que no tiene ningún sentido habiendo ya la cuota para los privados es privatizarlo y quedarse sin la posibilidad de que en un futuro pueda acceder al mismo porque, evidentemente, este paso a la privada hipoteca sus posibilidades de disponer del mismo. Mi razonamiento se entiende de forma meridiana si uno cree que los canales públicos, autonómicos y locales son necesarios por representar una televisión de proximidad, siempre ligada a la singularidad lingüística y cultural, y por factores de cohesión social y territorial.

Es también preocupante que la reforma que plantea el Gobierno permita la externalización de los servicios informativos. La información junto con la formación y el entretenimiento de calidad son funciones fundamentales de un servicio público. En el momento en que se externaliza, ustedes quiebran los principios de independencia, neutralidad y pluralismo, así como es alarmante la posibilidad que contempla la reforma de que las comunidades autónomas puedan participar en el capital social del privado que se queda con la licencia. Es decir, no solo vamos a privatizar, sino que, encima, vamos a ayudar a capitalizar a la empresa beneficiada de esta privatización. De verdad no encuentro ningún tipo de interés público en todas estas propuestas.




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Y tampoco creen en la descentralización política del Estado y como prueba, un botón: este proyecto de ley.

Para ustedes lo privado es sinónimo de buena gestión y lo público de mala gestión. Es evidentemente una afirmación que no se sostiene. Lo que sí es cierto es a lo que antes he hecho referencia respecto a Canal 9: que la manipulación, la mala gestión y todo este cachondeo que ha habido en la radiotelevisión pública valenciana ha llevado al desastre laboral que hoy día estamos abordando. Desde aquí quiero mandar aquí un mensaje de solidaridad y apoyo a esos trabajadores.

Pero, señorías, si somos respetuosos con las leyes, si somos respetuosos con los estatutos, quien tiene la responsabilidad de garantizar la mejor gestión de sus servicios son las propias comunidades autónomas. Lo que ustedes proponen en el apartado 8 bis que quieren añadir al artículo 43 es una invasión de competencias que, como mínimo, la Generalidad de Cataluña tiene. A quien le corresponde gestionar y garantizar la mejor gestión respecto a la Corporación de Medios Audiovisuales Catalanes, por ejemplo, es a la Generalitat, y si el Partido Popular cree que está mal gestionado, la señora Sánchez-Camacho o cualquier diputado o diputada del Partido Popular en el Parlamento catalán tienen el marco idóneo legal para opinar sobre ello. Lo que no entiendo es por qué ustedes entran a esta concreción y a esta invasión competencial. Porque una cosa es marcar límites de déficit y otra cosa empezar a entrar ya en lo concreto, en lo que son competencias propias de las comunidades autónomas, en este caso de nuestro autogobierno. No tiene sentido. Yo creo que es una invasión de competencias, que esto no es constitucional, y espero y deseo que el Gobierno de la Generalitat, una vez aprobado ese proyecto de ley y pase a ser ley, dé los pasos necesarios para impedir que pueda invadir nuestras competencias.

Creo, señorías, que si de algo debíamos discutir y legislar es del gran fracaso que ha representado la reforma de la TDT. Estamos a las puertas de un segundo apagón televisivo por la necesidad de emigrar a otras posiciones del espectro y dejar espacio a la telefonía móvil de cuarta generación, y de todo esto no hablamos. No hablamos de que a nivel estatal el mercado de la TDT nació con seis operadores privados y un operador público. Hoy en día, de esos seis operadores, quedan dos empresas, por la fusión de Antena 3 y La Sexta y de Telecinco y la Cuatro. No hablamos ni nos queremos dar cuenta de que los otros dos operadores que había, Vocento y Unidad Editorial, después de un proceso complejo, hoy en día se dedican a alquilar sus frecuencias, fundamentalmente a majors extranjeras, que están haciendo el negocio del siglo. De todo esto no hablamos. Ni hablamos tampoco de una situación de naufragio generalizado que es la TDT a nivel local. Yo creo que esto es lo que nos debería interesar.

Debería haber un debate de propuestas, de definición de modelos, de búsqueda de fórmulas de financiación, de búsqueda de una sostenibilidad de ese sistema, que se ha multiplicado la posibilidad de acceso a canales. De todo esto no hablamos. El único plan que tienen aquí es privatizar en unos momentos en los que, por otra parte, tampoco hay demanda. ¿Pero quién va a pedir más canales, si los que hay no pueden tirar hacia adelante? Cuestionan la posibilidad de impulso y desarrollo de una televisión pública autonómica en el momento en que se haya privatizado y, evidentemente, también toda cuestión de la invasión competencial a la que antes he hecho referencia.

Como he visto que, gracias a una transaccional, vamos a eliminar las referencias a la pornografía y violencia gratuita, me quedaré con la curiosidad de ver cómo un Gobierno o un grupo como el Popular lo hacen en la defensa de los derechos del menor. No sé si tendrá la amabilidad la portavoz del Grupo Popular de explicarnos el porqué de esta caída, pero bien está lo que bien acaba.

Muchas gracias, señoras y señores senadores. Esto justifica el veto que hemos presentado el señor Saura y yo. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

La propuesta de veto número 3 está firmada por la senadora Armiñana, los senadores Boya, Bruguera, Martí y Montilla, la senadora Pineda, el senador Sabaté y la senadora Sequera.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar he de decir que es de agradecer que podamos debatir una ley en esta Cámara, aunque sea una ley que algunos consideremos innecesaria y superflua. Lo digo porque, después de seis meses de Gobierno, van más de veinte decretos ley, y eso comporta que a esta Cámara se la sustraiga de una de sus competencias como es la de colegislar con el Congreso.

Bienvenida sea, por tanto, aunque sea una ley cuyo objetivo, desde luego, y cuya necesidad no compartimos.




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La situación económica, la crisis y la austeridad necesaria que nos preocupa y que nos ocupa a todos es argumento para todas las reformas —las necesarias, que las hay, por supuesto— y también la excusa para algunas contrarreformas que lo que tienen es un determinado calado ideológico, que bajo la excusa de la crisis y la austeridad se pretende, como es en este caso, modificar la Ley General de Comunicación Audiovisual.

El objetivo bajo estas excusas no es otro que romper el modelo público de televisión que nació en los años ochenta y que, de alguna manera, culminó con la Ley del año 2010 y que ahora se modifica. Es un modelo vigente plural, que garantiza y ha garantizado en líneas generales, por supuesto, el pluralismo ideológico, político y cultural en un marco, podríamos decir, de convivencia de televisiones públicas y de televisiones privadas a partir de unas determinadas fechas en el ámbito nacional y después autonómico.

La quiebra de este modelo queda claramente explicitada en la posibilidad de que las televisiones autonómicas puedan externalizar los servicios informativos. De alguna manera, desde nuestro punto de vista, ello atenta contra la independencia necesaria en un servicio público de este tipo, contra la neutralidad que se debe requerir y contra el pluralismo, y puede acabar favoreciendo a los grandes grupos de intereses, porque, por supuesto, posibilitarán en algunos casos prescindir de profesionales de los servicios públicos informativos actuales y después, por supuesto, regalar contratos a grupos afines, que, a su vez, contratarán a precio de saldo y de forma precaria a profesionales, que sin ningún género de dudas serán mucho menos libres a la hora de hacer su trabajo. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Como decía, uno de los argumentos principales de esta ley hace alusión a la sostenibilidad económica y financiera de las televisiones autonómicas. Obviamente, este es un tema que a nosotros nos preocupa. Nos preocupa porque el fenómeno es generalizado, afecta a las televisiones de ámbito nacional pero también a las de ámbito autonómico; la caída de la publicidad; por supuesto las dificultades desde las administraciones públicas, desde los Gobiernos autonómicos a aportar lo que seguramente requerirían las televisiones autonómicas para seguir funcionando. Por lo tanto, eso requiere ajustes programáticos que se han venido y se vienen haciendo, reducciones por supuesto de los costes, reducciones en los doblajes, en la estructura, en la producción ajena y en otros contratos con terceros. Eso evidentemente es necesario, pero para eso no hace falta esta ley. La prueba es que incluso, como hemos visto estos días, televisiones autonómicas de una cierta dimensión, como la de la comunidad valenciana, han planteado una reducción drástica y un cambio de modelo, no han esperado a que nosotros aprobemos esta ley. No es necesaria, y no lo es porque los ajustes que se hayan de hacer — cada comunidad a de ver cuáles son necesarios—, los han de hacer las comunidades autónomas y son ellas las competentes. Seguramente habrá algunas comunidades que no quieran ejercer estas competencias, están en su derecho, pero hay otras, al menos en el caso de Cataluña, que, por supuesto, somos muy celosos de ellas, entre otras cosas porque creemos en la necesidad de una televisión —en este caso, catalana— como servicio público —que es lo que seguramente algunos no han entendido— y además no partidario.

Miren ustedes, la televisión como servicio público no partidario ha de ser también una televisión que, por supuesto, tenga audiencia, una televisión que pueda tener ingresos publicitarios. La televisión de Cataluña, como ustedes saben, es la televisión autonómica con más audiencia, con más ingresos publicitarios, lo ha sido, digamos, a lo largo de toda su historia, al margen de los cambios de Gobiernos que se han ido produciendo; y eso tiene relación evidentemente con la calidad y con un cierto grado de pluralidad, opinable siempre, por supuesto, pero que ha existido. Y también ha tenido un papel fundamental en la normalización y en la difusión de la lengua catalana y de la cultura estrictamente catalana. Tiene absoluto sentido, por lo tanto, como una televisión de servicio público y, ya que normalmente se habla tanto y no hay punto del orden del día en el que no se hable de herencias—, afortunadamente la herencia de la televisión pública de Cataluña, cuando se produjo el último cambio de Gobierno, a diferencia de otras etapas, fue una televisión pública en aquel momento absolutamente saneada y sin deudas.

En definitiva, ustedes con esta ley lo que pretenden es —y es lo que se trasluce en todo el texto— eliminar la televisión pública porque no creen en ella. Entre otras cosas, ¿qué sentido tiene, tal y como se deduce en la ley, que pueda haber televisiones públicas por parte de algunas comunidades autónomas que se puedan privatizar —digo privatizar y no concesionar, que es una manera diferente y una manera de prestar un servicio público que puede ser mediante una concesión—? Ya hay espectro radioléctrico a disposición de las privadas en el ámbito autonómico. No es que sea mucho el negocio, pero en algunas comunidades hay televisiones privadas de ámbito autonómico que tienen en estos momentos ya un porcentaje de audiencia —pequeño pero lo tienen—, ya hay un cierto mercado, aunque sea un mercado




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con muchas dificultades, teniendo en cuenta la caída de la publicidad que afecta a todos los medios de comunicación y también a las televisiones, y más todavía a las televisiones de ámbito autonómico.

¿Qué sentido tiene, por lo tanto, privatizar las televisiones públicas de algunas comunidades autónomas y regalar de alguna manera el espectro a empresas privadas, que, en muchos casos, harán negocio gracias a las condiciones y peajes que se pueden pagar por parte de algunas comunidades autónomas a cambio de un determinado tratamiento informativo, que, además, en este caso no tendrá los inconvenientes, entre comillas, del control parlamentario, es decir, sin control parlamentario, y, por supuesto, con profesionales absolutamente precarizados, algo que ya se está viendo?

Hay comunidades autónomas que disponen de pocos recursos —esa es la verdad—, pero existen otras maneras de hacer las cosas: que aquellas comunidades autónomas con poca dimensión, que no tengan lengua propia, que no tengan voluntad ni interés en tener una televisión propia, utilicen más los instrumentos de que disponemos, es decir, los convenios con RTVE. Están en su derecho, pero tienen otras vías para usarlo. No necesitan que les ampare esta ley. En estos momentos lo pueden hacer sin necesidad de que se apruebe esta ley.

En Televisión Española —tal y como decía el señor Guillot— ha habido cambios sustanciales durantes los últimos meses. Entre otras cosas, es una televisión pública que este Gobierno ha heredado sin déficit, a diferencia del déficit de 7000 millones euros de 2003 —algunos no lo recuerdan, pero yo lo recuerdo.

Señoría, los cambios que se han producido en Televisión Española tienden a convertir una televisión pública —que es y era de calidad—, líder de audiencia, en una televisión de partido, en una televisión que, sin ningún género de duda, perderá audiencia y calidad —eso ya lo hemos empezado a ver estos días— por poner al frente de la misma —como señalaba el señor Guillot— a personas con un perfil sectario, poco profesionales y poco plurales. Tampoco entendemos cómo Convergéncia i Unió ha avalado estos cambios producidos en Televisión Española, pues se trata de cambios que, desde luego, aunque ellos no lo crean, no van a beneficiar en absoluto a Cataluña. Seguramente se trata de favores, en los que Convergència i Unió apoya al Partido Popular en el asunto de la Televisión y el Partido Popular apoya a Convergència i Unió en Cataluña también en cuanto a la televisión. Parece que han roto muchos puentes, pero este no, y me temo que no lo romperán, ya lo verán si no.

Me gustaría terminar diciendo que esta ley no soluciona en absoluto los problemas de las televisiones públicas de las comunidades autónomas. La colaboración público-privada —otra de las cosas a las que se hace alusión en la ley—, en momentos de crisis como los que vivimos, desgraciadamente, es una escusa, una entelequia. Todos estos argumentos y muchos otros justifican la presentación de este veto a la ley que en estos momentos nos ocupa.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Para la defensa de la enmienda de la propuesta de veto número 4 del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Gil García.

El señor GIL GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señorías, buenos días.

La finalidad declarada, al menos aparente, del proyecto de ley que el Gobierno trae a esta Cámara tiene como propósito fundamental facilitar la consolidación del presupuesto y el saneamiento de las cuentas públicas de los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual en el ámbito autonómico, un propósito con el que el Grupo Parlamentario Socialista está de acuerdo. Estamos de acuerdo en racionalizar la estructura y con garantizar la viabilidad económica y presupuestaria de los organismos que llevan a cabo la prestación de estos servicios de comunicación audiovisual. Para ello, se posibilita una mayor flexibilidad en las formas de gestión del servicio público de comunicación audiovisual, incluida la privatización de la titularidad.

Sin embargo, el proyecto de ley que hoy se presenta tiene un propósito oculto: ocultan ustedes una ruptura con el modelo de radio y televisión pública en este país; un modelo construido en España desde el año 1980 y que culminó con la Ley General de Comunicación Audiovisual, que hoy el Partido Popular pretende reformar; un modelo donde coexisten las radios y las televisiones públicas y privadas y que garantiza una información plural.

Este proyecto de ley que ustedes presentan cruza varias líneas que para nuestro grupo son incompatibles con las necesidades sociales de los españoles en materia de información y en materia de pluralismo. Este proyecto de ley excede el ámbito competencial del Estado —se ha apuntado aquí por




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otros grupos—. Imponen a los prestadores públicos que están bajo la dirección y control autonómico obligaciones muy concretas y exhaustivas en esta materia. Este proyecto de ley no es neutral en cuanto a las formas de gestión, favorece la desaparición del servicio público de radio y televisión autonómica en beneficio de la gestión privada, abogan, sin cortapisas, por la privatización. Este proyecto de ley concentra y otorga a los grupos mediáticos afines una plataforma para su capitalización y expansión de su acción mediática mediante su participación a través de la gestión indirecta y la gestión mixta en los servicios públicos de comunicación audiovisual de las comunidades autónomas. Quiebra los principios de independencia, neutralidad y pluralismo con la externalización de los servicios informativos. Estos forman parte del núcleo esencial del modelo público de comunicación audiovisual. Señorías, sin duda, buscan un claro ventajismo político con esta intención.

Por último, se trata de un proyecto de ley innecesario. Las comunidades autónomas cuentan con capacidad normativa para flexibilizar sus formas de gestión y ajustarse a los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En resumen, que sin dar respuesta a los fines que dicen buscar —la reducción de costes para la consolidación presupuestaria y el saneamiento de las cuentas—, por el contrario, esconden el verdadero propósito del Partido Popular, o lo que es lo mismo, su programa oculto. Esconden la privatización de las radios y televisiones públicas y la implantación, una vez más, de un modelo neoliberal en materia de comunicación audiovisual. Ocultan la necesidad imperiosa del Gobierno de controlar los servicios informativos —igual que ya han empezado a hacer con RTVE— y facilitan la capitalización y concentración de empresas o grupos mediáticos afines.

Señorías, es innegable que la crisis económica hace muy difícil la sostenibilidad económica de las televisiones públicas del ámbito autonómico. La financiación del servicio público de comunicación audiovisual se apoya en los ingresos públicos en casi un 60% y en la publicidad. Ambas han caído de manera importante, lo que pone en riesgo su futuro. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista considera que es necesario acometer actuaciones que posibiliten cuestiones vitales, cuestiones vitales como reducir los costes estructurales de los servicios contratados y disminuir el coste de las parrillas de programación de los diferentes operadores públicos involucrados. Por ejemplo, reducir la producción ajena extranjera, que ocupa un espacio importante en la programación y no nos produce ningún retorno, o fomentar en todo lo posible la producción propia, que es mucho más barata. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.)

Tenemos un modelo de radio y televisión pública autonómico con unas características que le dotan de unos costes estructurales superiores a otros modelos de televisiones regionales de otros países de nuestro entorno. Sin embargo, señorías, este proyecto de ley no da respuesta a estos problemas, fían su suerte únicamente a un modelo de gestión de mercado.

Por otro lado, como apuntaba al principio, este proyecto de ley invade clarísimamente el espacio competencial autonómico. Tienen que ser las comunidades autónomas, en el marco de sus competencias, quienes impulsen y desarrollen actuaciones que les permitan hacer reformas necesarias y garantizar la sostenibilidad presupuestaria de un servicio público de radio y televisión, unas reformas que permitan a nuestro sistema autonómico cumplir con los objetivos de déficit público que señala la Ley de estabilidad.

Mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, por tanto, cree necesario buscar fórmulas de cooperación, fórmulas de colaboración y fórmulas de confederación entre los prestadores del servicio público de ámbito autonómico como bases para la eficiencia y la racionalización en el gasto. Es necesario buscar estas fórmulas de cooperación fundamentalmente entre los prestadores del servicio público de comunicación autonómicos, entre ellos, pero también de estos con el operador estatal.

Esta cooperación con la Corporación RTVE permitiría a nuestro juicio tres cuestiones muy importantes: primera, evitar duplicidades; segunda, evitar disfunciones; y tercera, aumentar la eficiencia y la eficacia desde el punto de vista empresarial. Por tanto, señorías, cooperación para la producción y edición conjunta, intercambio de contenidos; cooperación para adquirir derechos de emisión y material; y cooperación para el reparto de costes de difusión de la señal y de sedes e instalaciones.

Para mi grupo, la prestación de este servicio público de radio y televisión y servicios interactivos en las diferentes comunidades autónomas tiene como razón de ser algunos aspectos que consideramos fundamentales: el primero es la producción y emisión de contenidos próximos y de calidad; el segundo, la difusión de la identidad autonómica y los valores institucionales y estatutarios; y el tercero y último, la cohesión social y el desarrollo territorial y cultural establecidos en sus propios estatutos de autonomía.




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Es necesario un servicio público de televisión aquí en Madrid pero lo es también en Cataluña, lo es también en Extremadura o en Galicia, por ejemplo, en todas las comunidades autónomas; un servicio público que difunda su cultura, su lengua, sus tradiciones, porque, señorías, esa diversidad es un activo que nos aporta riqueza como país, es un legado que nuestros abuelos nos dejaron y que tenemos la obligación de conocer, de difundir y de conservar para nuestros hijos. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

Por otro lado, señorías, no quiero dejar de referirme a un aspecto que preocupa, mejor dicho que preocupaba a mi grupo en lo que se refiere a la protección de los menores y determinadas modificaciones que se pretendían introducir en la ley en su trámite parlamentario que se ha llevado a cabo en el Congreso. Algunas de las enmiendas aprobadas no son suficientemente contundentes en esta materia de protección de menores y, además, podrían considerarse como una inadecuada transposición de la Directiva de Servicios Audiovisuales, que podría acarrear la imposición de sanciones al Reino de España. Consideramos al respecto que es necesaria una alusión expresa a la prohibición de la emisión de contenidos que incluyan escenas de pornografía, de violencia gratuita, de violencia de género y de cualquier tipo de violencia; que eviten en esta ley cualquier interpretación sesgada, que impidan de manera taxativa y fehaciente el acceso de los menores a los contenidos perjudiciales.

Por ello, quiero aprovechar desde esta tribuna para agradecer a todos los portavoces, a todos los grupos parlamentarios que hayamos llegado a un acuerdo mediante una enmienda transaccional a este respecto porque creo que pone en valor el trabajo de esta Cámara, y, sobre todo, atiende a una materia muy sensible en la que no me cabe la menor duda de que todos estamos de acuerdo. Por ello, repito, quiero manifestarles mi agradecimiento y mi felicitación.

Señorías, ¿es posible tener un servicio público de televisión autonómica para todo esto y con un menor gasto? Desde luego que es posible, pero necesitamos un canal y no seis como tiene alguna comunidad autónoma.

¿Cómo podemos generar sinergias económicas, reducir costes y garantizar la sostenibilidad? Pues que sea cada comunidad autónoma la que decida si es la Corporación de RTVE la encargada de prestar el servicio público con base a convenios entre la propia comunidad autónoma y la corporación, por ejemplo; que la gestión pueda ser indirecta o mixta, pero nunca privada, y que, en todo caso, siempre se garanticen los controles democráticos en sus contenidos y en su financiación.

Señorías, el proyecto de ley contempla la posibilidad de transferir la titularidad del servicio público audiovisual a una empresa privada, y aquí está el nudo gordiano de esta trama. Se quiebra la emisión de servicio público y encima no se da respuesta a los problemas a los que supuestamente va dirigido este proyecto de ley, y, señorías, como dicen en mi pueblo, en Valle de Mena, para este viaje no necesitamos alforjas.

Para mi grupo esta es una propuesta inadmisible, se da de frente con nuestro modelo de radiotelevisión pública, es un proyecto de ley que no es neutral con las diferentes fórmulas de gestión que se plantean y bajo una aparente flexibilidad las abocan irremediablemente a una privatización de la gestión o a una privatización del propio servicio público.

Y no solo eso, el proyecto de ley abre la posibilidad a la externalización de la producción y la edición de los servicios informativos sin garantías suficientes, y lo que es más grave, una vez más, el Partido Popular tiene la intención de utilizar los servicios informativos en beneficio propio, como hace, por ejemplo, en Telemadrid o en el Canal 9, donde, por cierto, 1300 trabajadores irán a la calle gracias a ese maravilloso modelo de gestión.

Señorías, les resulta difícil gobernar como lo están haciendo sin tener el control de una centrifugadora mediática; partiendo de la TDT Party, han ido ustedes a por RTVE a saco, y ahora a por las televisiones autonómicas. Como ya anticipaba algún destacado militante del Partido Popular, se proponen eliminar las televisiones públicas, y esto es exactamente lo que están haciendo.

Este es, por tanto, un proyecto de ley innecesario desde el punto de vista normativo e inoportuno desde el punto de vista político. El Gobierno del Partido Popular, con el pretexto de la crisis, intenta profundizar más en su modelo ultraconservador para la organización de los servicios de comunicación audiovisual en las comunidades autónomas y en un modelo de radiotelevisión gubernamental al servicio del partido del Gobierno, que no al servicio de los españoles.

Con esta ley ustedes dan un paso más en su política de recorte de derechos de los ciudadanos. Saben que un ciudadano informado es un ciudadano activo, un ciudadano reivindicativo, lo que para ustedes constituye un peligro. Desgraciadamente, continúan ustedes adelante con sus decisiones en




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Radio Televisión Española, como se ha comentado aquí por anteriores portavoces y no voy a repetir. Su cruzada contra el derecho a la información no ha hecho más que empezar y creo que tendremos que lamentarlo todos los españoles. Estos son algunos de los motivos que justifican el veto que mi grupo parlamentario presenta a este proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

En turno en contra tiene la palabra el senador señor Muñoz-Alonso.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Gracias, señor presidente.

He escuchado con mucha atención la defensa de los tres vetos que permanecen vivos a este proyecto de ley de reforma. Tengo que decir que al escucharles me he ratificado en la oposición a esos vetos, y por el contrario en el apoyo a los fundamentos que el Gobierno ha puesto por delante al proponer esta reforma.

Como ya dije en comisión, curiosamente compartimos una frase que aparece en la primera línea de la exposición de motivos del veto que presentan los senadores Guillot y Saura, la que dice así: Este proyecto de ley profundiza en la línea liberalizadora de la vigente Ley General de la Comunicación Audiovisual. Pues sí, señores, eso es así, ese es nuestro propósito aunque yo no esté totalmente de acuerdo en que esa sea una ley liberalizadora. Creo que tendré oportunidad de aclararlo un poco más adelante. Pero sí me gustaría que quedara muy claro desde el principio que apostamos por la liberalización en este ámbito de la comunicación audiovisual como en otros muchos sectores y aspectos de nuestra vida pública. Creo que ya es hora, y es una exigencia de la modernidad, que nuestro país se libere de viejos encorsetamientos y de pesadas herencias. Porque a nosotros, señorías, a diferencia de otros, no nos da miedo la libertad, ni la nuestra ni la de los demás (Aplausos.), y creemos firmemente que cuando se toma la libertad como guía y como meta, que es lo que queremos hacer nosotros, siempre se acierta y nunca se yerra.

La reforma que propone este proyecto aborda solo algunos aspectos, entendemos que muy limitados, pero sí los más importantes y los que nos parecen más urgentes de una ley que, aunque aprobada hace poco más de dos años, nació ya vieja y con un cierto olor a naftalina. Es una ley que, pese a sus pretensiones de modernidad, parece dictada hace un cuarto de siglo, y ello es así tanto por razones de carácter tecnológico como por razones de índole económico-financiera y en última instancia política. Por eso nosotros nos abstuvimos en la votación de aquella ley.

No es cierto que este proyecto de reforma apueste, como dice uno de los vetos, creo que el de los senadores Guillot y Saura, por la posibilidad de privatización generalizada de los medios audiovisuales autonómicos, en absoluto, ni lo es que vayan contra el principio de autonomía las obligaciones que se introducen relativas a financiación y control del gasto de las televisiones autonómicas. Todo lo contrario. Este proyecto respeta escrupulosamente las competencias autonómicas, no las limita sino que las amplía al poner en mano de las comunidades autónomas una extensa capacidad para determinar los modos de gestión del servicio público de comunicación audiovisual. Se las libra del corsé establecido por la derogada ley del tercer canal, asumido y aceptado por la Ley 7/2010 que ahora se reforma. Y además, nada de centralización, como han dicho algunos en contra, creo yo, de toda evidencia. Se apuesta por un paisaje audiovisual mucho menos monocorde y mucho más variado. Si me lo permiten, señorías, digamos que aquí también estamos a favor de la biodiversidad.

Para esta reforma limitada y mesurada, como digo, el Gobierno se basa en dos preceptos constitucionales. El primero es el artículo 59, que habla de las competencias exclusivas del Estado. En concreto, el número 27 del apartado 1 dice que el Gobierno tiene competencias exclusivas en las normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución corresponda a las comunidades autónomas. Y lo que tenemos en esta reforma, en efecto, es una norma básica, que las comunidades autónomas podrán desarrollar y ejecutar con toda libertad, de acuerdo con la misma y con su propio ordenamiento. Y el segundo precepto en que nos basamos es el novísimo artículo 135, incluido en nuestra Carta Magna por la reforma de septiembre de 2011, cuyo primer punto establece taxativamente que todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. Esa es una de las preocupaciones que laten en este proyecto.

No les leo el punto 2, que trata de los límites del déficit, ni el 3, relativo a las emisiones de deuda pública, ni los siguientes porque todas sus señorías los conocen bien y están al tanto de que este precepto constitucional ha sido desarrollado por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria




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y sostenibilidad financiera, que despliega y parte de esos mismos principios. Y es una ley, por cierto, que en su artículo 9 reitera un principio de máxima importancia, como es el de la lealtad institucional, que obliga a todas las administraciones públicas y que especialmente nos parece pertinente en este caso. No logro entender por qué algunas de sus señorías afirman que aplicar estos preceptos, que por su fondo y su forma son de aplicación general, a los medios audiovisuales de titularidad autonómica va en contra del principio de autonomía. Me da la impresión de que algunos han olvidado las lecciones más elementales del derecho constitucional y mantienen un concepto de autonomía que los clásicos seguramente llamarían exorbitante, que nada tiene que ver con la ciencia política ni con nuestro sistema y legislación constitucionales.

Algunos han querido ver en esta reforma lo que no hay, en absoluto, en ella, como se ha visto en la exposición que acabamos de escuchar. Por ejemplo, cómo se puede decir que se reduce la garantía del pluralismo ideológico, político y cultural. ¿Dónde está eso? Lo dice una de las exposiciones de motivos de los vetos. ¿De dónde pueden sacar tal cosa? Desde luego, del texto que tenemos sobre la mesa, no. Léanlo —se lo pido, señorías—, léanlo con atención y sin prejuicios. Parece que hay demasiada afición —sobre todo, lo he visto en la intervención del portavoz socialista— a hacer juicios de intenciones, a ver fantasmas donde, por supuesto, no los hay. Y les pediría que no fuesen por ese camino. Cuando nosotros creamos que una cierta medida es necesaria o útil para el interés general de España la plantearemos abiertamente, por medio del correspondiente proyecto o proposición de ley, con la debida transparencia y el obligado debate parlamentario, pero no hace falta que traten de encontrar entre líneas lo que no existe entre líneas.

No hay más remedio que pensar que todavía hay muchos que no acaban de enterarse de que vivimos ya de lleno en la era digital, que está suponiendo una revolución en profundidad de las tecnologías de la información y la comunicación, cuyas consecuencias y posibilidades apenas si hemos empezado a vislumbrar y, sobre todo, que este nuevo entorno exige un cambio radical de mentalidad. Casi más importante que el cambio tecnológico es el cambio de las mentalidades, que ni siquiera se percibe en el texto de esa ley de comunicación audiovisual anunciada, que en su momento, por cierto, se presentó como el no va más. Como suele ser habitual en ciertas tendencias políticas, se confunde regulación, que es absolutamente necesaria y la apoyamos, con dirigismo y creación de organismos y burocracias inútiles. En la propia Ley que ahora vamos a reformar —y en partes que no quedan reformadas— no faltan los ejemplos en esa línea y los vetos a los que me estoy oponiendo parecen en ciertas ocasiones, cuando se han expresado aquí, inspirados por esa nostalgia del viejo dirigismo, del intervencionismo a toda costa.

Es patente que algunos echan de menos la felizmente derogada ley del tercer canal, basada en viejos conceptos, actualmente plenamente superados. Parece que muchos no se han liberado todavía de aquel concepto básico del venerable, superado y derogado Estatuto de Radio Televisión de 1980, fecha a la que se ha aludido aquí también hoy, según la cual la televisión es un servicio público esencial cuya titularidad corresponde al Estado. Señorías, esa es una antigualla que hoy día no se puede mantener. Aquel estatuto, con la ley del tercer canal, parece constituir para algunos el universo audiovisual ideal, y creo que se equivocan muy seriamente. Y todo eso, insisto, ya es una antigualla que nada tiene que ver con el mundo actual. El paisaje mediático está cambiando aceleradamente y no valen ya las fórmulas del pasado. Estamos muy lejos de aquella vieja televisión en blanco y negro que empezó a balbucear hace casi siete décadas. A la de ahora, asociada con Internet y accesible en movilidad por medio de la moderna tecnología, no le valen las rancias fórmulas ni los cauces forzados del dirigismo.

Hace ya bastantes años un reconocido especialista francés en medios de comunicación y en una de las universidades francesas de París, Francis Balle, escribía: Las televisiones europeas tienen en común que todas ellas han nacido en la servidumbre —así de categórico lo decía—; las fórmulas adoptadas han sido diferentes pero en todas ellas la autoridad de los gobernantes se ha afirmado más o menos estrechamente. Y en la realidad —continuaba— lo menos importante son los andamiajes jurídicos, ya que lo que pesa son las costumbres políticas de los diversos países. Una frase sobre la que habría que meditar seriamente. También tendríamos que meditar sobre algunas costumbres que aquí se han instalado durante este tiempo.

La ley que queremos reformar hizo más bien poco para librar a los medios audiovisuales de esa servidumbre respecto de los gobiernos, de uno u otro nivel administrativo. Por el contrario, la reforma que proponemos es un paso en el camino de liberar a las televisiones autonómicas de ese estrecho traje a la medida que les fue adjudicado. Por esta reforma se da a las comunidades autónomas amplias posibilidades para que tengan o no televisiones públicas y, si las tienen, para que las gestionen directa o




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indirectamente de la manera que les parezca más oportuna, incluida la enajenación de la titularidad de la entidad prestadora del servicio; algo que no es descabellado en este contexto de crisis económica y a la luz de ese conocido propósito del que se ha hablado estos días y que ha sido reiterado por el Gobierno de suprimir o reducir esa escandalosa cifra de 4000 empresas públicas que existen en España. Pero repito que son las comunidades autónomas las que tienen que tomar esas decisiones a su leal saber y entender, lo tenemos muy claro.

En la actualidad, hay un debate de fondo en el que ahora no vamos a entrar sobre los fundamentos lógicos, tecnológicos y jurídicos de los medios públicos de comunicación. Pero sí debo decir, honradamente, que el declarado objetivo de la televisión pública, independiente de los gobiernos, despolitizada, imparcial, pluralista, abierta a todos los grupos significativos de la sociedad, factor de cohesión social, etcétera, sigue siendo una entelequia aquí y en todas partes. Es una especie de mirlo blanco del que todo el mundo habla pero que nadie ha llegado a ver. Ese era el declarado propósito de la Corporación de Radio Televisión Española, creada no hace tanto, y basta ver cómo ha funcionado y cómo se ha puesto al servicio de determinadas causas y del poder que la creó. Eso sí, su constancia merece ser destacada. Defendió con empeño las tesis oficiales u oficialistas durante la etapa del Gobierno socialista y siguió defendiendo las mismas tesis cuando el Gobierno ya era del Partido Popular. Un solo ejemplo, y no me lo invento, ha salido en muchos periódicos. La cobertura informativa que por parte de Televisión Española se dio a la huelga general del pasado mes de marzo sería un interesante tema de estudio al respecto, y no es por supuesto el único caso que merecería la atención —creo yo— de las facultades de Comunicación y de Ciencias Políticas.

Gramsci, un reconocido pensador comunista, vio esto con una extraordinaria claridad. Su tesis era muy sencilla: para triunfar, a la izquierda le basta controlar los medios culturales y de información, aun cuando no gane en las urnas. Y en España, hay que reconocerlo, tiene Gramsci discípulos muy aventajados y muy bien situados, entusiastas, por cierto, de todo lo público. (Rumores.) Algunos, cuando se plantean estos temas, todavía se agarran al mantra de la BBC, que es el hipotético ejemplo de todo lo deseable cuando se habla de televisión pública. Es como el gran modelo. Me llevaría muy lejos desarrollar esta cuestión pero solo quiero dejar en el aire una pregunta: ¿Alguien tiene noticia de algún programa de la BBC en el que, por ejemplo, se hayan podido defender las tesis españolas sobre Gibraltar? Me temo que la respuesta es un rotundo no pero espero ansioso cualquier información al respecto. (Rumores.)

Palmerston, un distinguido primer ministro inglés de mediados del XIX, dijo aquello de que Inglaterra no tiene amigos ni enemigos permanentes, solo son permanentes sus intereses. Y la verdad y la objetividad, se hable de Gibraltar o no, forman parte de esos amigos que pueden dejar de serlo si los intereses, que ya sabemos cuáles son, lo aconsejan. Y no seamos ingenuos, porque, si me permiten el casticismo, en todas partes cuecen habas.

En esa línea de debate a la que me refería antes quiero subrayar que la propia naturaleza de la televisión pública, que es el concepto de servicio público en que se ampara, está hoy día en plena discusión en los ámbitos académicos. Según la Ley General de Comunicación Audiovisual, ese servicio público que deben prestar las televisiones públicas se debe concretar en los siguientes objetivos, y leo: Difundir contenidos que fomenten los valores constitucionales; la formación de la opinión pública plural; la diversidad lingüística y cultural, y la difusión del conocimiento y las artes, así como la atención a las minorías. Todo muy bonito. ¿Quién va a estar en contra de tan bellos propósitos?

Ahora, analicen la parrilla de programación de las televisiones públicas y calculen qué porcentaje de ellas se dedica a esos objetivos. Verán que es más bien escaso. Un periodista español bien conocido se ocupaba de esta cuestión de las televisiones públicas en el último número de Cuadernos de periodistas, que es la revista oficial de la Asociación de la Prensa de Madrid. Me refiero a Manuel Martín Ferrán, un periodista veterano, acreditado, y que, por cierto, no se distingue precisamente por su simpatía hacia el Partido Popular ni hacia su presidente. (Rumores.) Sí, sí, léanlo, que no lo leen.

Tras afirmar que el modelo de televisión pública existente en España va contra las esencias de la libertad y el pluralismo, añade: Cuesta mucho entender que entre las funciones del Estado en cualquiera de sus planos administrativos esté la de ofrecernos una película de Hollywood, un telediario sesgado según el turno en la alternancia en el poder o un concurso dicharachero. Con unas y otras palabras muchos comparten ese juicio.

Hay efectivamente mucho de entretenimiento en esas parillas y les aseguro, porque lo he comprobado, que una buena parte de la opinión pública no entiende por qué el Estado o las comunidades autónomas tienen que entretenernos como si fueran empresarios circenses. Y por otra parte si nadie aceptaría ahora




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un diario del Estado —salvo el boletín oficial, por supuesto— no se entiende por qué los entes públicos se tienen que convertir en empresas informativas audiovisuales. Late ahí, se reconozca o no, un patente tirón totalitario propio de otras épocas, y además una enorme desconfianza respecto de la enorme mayoría de los profesionales que trabajan en medios privados. ¿Es que estos profesionales privados no defienden los valores constitucionales, no forman una opinión pública plural, no practican, si así lo entienden ellos y sus empresas, la diversidad lingüística, no difunden conocimientos? ¿Es que solo son fiables los profesionales que trabajan en los medios públicos? ¿Es que quieren ustedes la publicitación de todos los medios informativos? Desconfiar del uso que van a hacer los demás de su libertad nada tiene que ver con los valores democráticos. Es más, creo que se trata de un claro reflejo autoritario. Reflexionen sobre ello. (Aplausos.)

Sabemos que la información es una forma de poder y hay muchos grupos, públicos y privados de todo tipo, individuos, partidos, ideologías o intereses que aspiran a controlarla, y sabemos también de sobra, señorías, que el carácter público de un medio no garantiza ni una mayor objetividad ni un mayor logro de imparcialidad, a no ser que nos situemos en el mundo de los sueños y allí nos instalemos permanentemente.

Las nuevas tecnologías digitales permiten una mayor libertad para todos, y hay que aprovechar esas posibilidades. Como escribía un autor, George Gilder, al comienzo de la era digital, las nuevas tecnologías por su propia naturaleza, en lugar de extender el control hacia el Big Brother, como han dicho algunos, en la cima, en la cúspide, como predecían algunos autores, han dado a la gente un nuevo poder. El beneficiario último —dice este autor— es el individuo con un ordenador, con un telemando, con una terminal de tantos tipos como existen hoy día.

Ante esas nuevas realidades corresponde a las autoridades regularlas y encauzarlas, pero nunca reprimirlas ni dirigirlas estrechamente como todavía algunos parecen querer. El miedo a la libertad, que también analizó hace ya hace tantos años Erich Fromm, sigue estando presente desgraciadamente.

Pero aparte de esas razones tecnológicas, que desde luego también son políticas, estamos obligados a reformar la Ley de la Comunicación Audiovisual por razones de índole económica y financiera especialmente graves y urgentes en el contexto de la honda crisis que padecemos. A eso atiende especialmente el apartado 8 bis que se añade al artículo 43 de la ley que reformamos. Las televisiones públicas se han multiplicado en España de una manera demencial, y con la excepción de las llamadas de segunda generación, más realistas y sostenibles, pero proporcionalmente también muy caras —y después me detendré en ello—, adoptaron un modelo, una estructura que disparó su costo hasta dimensiones estratosféricas. Sus déficits crecientes y sus deudas acumuladas han adquirido dimensiones de escándalo que han suscitado la encendida protesta de la opinión pública. Señorías no estoy diciendo nada que no sepa todo el mundo.

Hay un dato que me llama especialmente la atención: en España hay trece televisiones autonómicas, algunas de ellas con varios canales —se ha hablado aquí de que hay quien tiene hasta seis—; solo cuatro comunidades autónomas han renunciado a desarrollar esa competencia. Pues bien, lo que quería decirles: en Alemania existen nueve operadores públicos regionales para los dieciséis länder que forman la república federal, y eso se debe a que algunos länder se han agrupado para formar un operador plurirregional. ¡Qué cosas hacen los alemanes! ¿Se imagina alguien algo parecido en España? Me temo que no.

Voy a referirme ahora a unos pocos datos especialmente significativos, son datos del año 2010, el último que tengo completo, y hay algunas variantes porque los datos que voy a dar se refieren a las televisiones, no a todos los costos de los entes autonómicos implicados; por ejemplo, está excluido el personal de la radio, etcétera.

Las televisiones autonómicas en el año 2010 tuvieron un costo total de 1750 millones de euros, mucho más de lo que supuso —ya lo he dicho— el recorte de las pensiones aquel mismo año 2010, de los cuales solo 240 millones procedían de la publicidad; el resto, es decir, 1510 millones de euros, procedían de los impuestos de los ciudadanos. Es decir, las televisiones autonómicas son financiadas por recursos públicos en un 85%, la publicidad es mucho más modesta. Y la situación parece agravarse, porque los ingresos publicitarios están en un proceso casi se podría decir de caída libre, algo que da que pensar en estos tiempos de profunda crisis de las finanzas públicas y que ha llevado a los expertos a la conclusión de que hay que recurrir de algún modo a fuentes privadas para sobrevivir, algo que seguramente no entienden ni aceptan los que rinden un culto casi religioso a lo público.

En este mismo año 2010 las televisiones autonómicas han generado empleo para 7260 personas, con un coste de personal agregado que supone 410 millones de euros, lo que equivale al 48% del total de los




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gastos, que en cualquier empresa se consideraría insostenible y ruinoso; es decir, casi la mitad se dedica a gastos de personal, una situación en la que cualquier empresa privada quebraría indefectiblemente. El coste bruto medio por empleado y año es de 54 600 euros, que también es excesivamente alto si lo comparamos con las empresas del sector. Todo ello es el resultado de unas plantillas muy sobredimensionadas, que van —y doy aquí unas cifras que son del año 2010, con las advertencias que les he hecho antes— desde las 1959 personas de Televisión de Cataluña, las 1291 de la Televisión valenciana, los 1016 de Canal Sur, los 990 de Telemadrid, o ya en otro plano los 66 de Aragón Televisión o los 10 de la Televisión de Murcia. Compárense las plantillas de las primeras citadas, las grandes, Cataluña, Valencia, Telemadrid, con las televisiones privadas de alcance nacional —Antena 3 o Telecinco—, que andan en las 500 ó 600 personas, ahora quizás un poco aumentadas con esas fusiones que se han producido, y añádase que sobre todo las televisiones más antiguas mantienen convenios colectivos extremadamente rígidos.

Todos estos enormes costes caen, en definitiva, sobre los bolsillos de los ciudadanos. La más cara desde ese punto de vista es Euskal Telebista, cuyo coste por habitante ha sido en 2011 de 50,88 euros, aunque tienen el propósito de que en este año 2012 baje a 45,96 euros por habitante. Televisión Galicia le cuesta a cada habitante de aquella comunidad algo más de 31 euros. A cada catalán le ha costado su televisión en 2011, 35,97 euros y aspiran a que este año 2012 el coste baje a 31,23. En coste por habitante la más barata es Telemadrid, que le ha costado a cada madrileño en 2011, 14,42 euros, cantidad que según presupuesto bajará este año 2012 a 11,54. Televisión Castilla-La Mancha le costó a cada habitante de la comunidad 22,18 euros y en el presupuesto de 2012 se espera que el costo se reduzca a 15,60. Las televisiones más pequeñas, también llamadas de segunda generación, no salen tampoco bien paradas: Aragón Televisión costó en 2011 a cada aragonés 37,23 euros y este año bajará, si todo va bien, a 29.95 euros a cargo de cada habitante.

Para este año 2012, sumando las previsiones de los presupuestos de las doce televisiones autonómicas —está excluida Extremadura en este cálculo— se prevé que estas televisiones autonómicas tendrán un costo conjunto total de 858 millones de euros, pero los expertos calculan que serán totalmente necesarias aportaciones de fondos extraordinarios para cubrir los déficits de explotación que con la máxima probabilidad se producirán como consecuencia de la caída de los ingresos publicitarios.

Sin entrar en detalles, e incluso suponiendo que en su conjunto las televisiones autonómicas cumplieran fielmente y con eficiencia los objetivos de servicio público a que ya hemos aludido, les diré que mi convicción personal es que, en este caso —y pasa en otros muchos—, los nobles fines —que no discuto— no justifican los costosos medios.

La reforma que propone el Gobierno con esta Ley es un paso en la línea de la racionalización y del saneamiento de este sector de las televisiones autonómicas. En este momento de crisis, en el que hay un clamor para que disminuya el gasto público, y que más que una exigencia puramente económica es también una exigencia moral, no podemos prolongar el despilfarro de fondos públicos que suponen las televisiones autonómicas. A contener ese gasto, poniendo en manos de los responsables autonómicos unas extensas posibilidades de adaptar la gestión de sus televisiones a sus necesidades y preferencias, atiende esta reforma.

Vivimos, señorías, en un sistema de poderes concéntricos y cooperativos. No puedo entender cómo lo que ya es práctica habitual de la Unión Europea respecto de los presupuestos de sus Estados miembros, por mor de esa gobernanza económica necesaria para sacarnos de la crisis, se rechaza cuando se trata del Estado respecto de las comunidades autónomas, que son parte del Estado, como deja bien claro, y no admite dudas, la Constitución. Como persona que ha conocido por dentro durante bastantes años el mundo y los problemas de las televisiones autonómicas, creo que es mi obligación expresar aquí mi convicción de que el modelo que ha funcionado hasta ahora es insostenible (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.) He oído a los defensores de los vetos, especialmente al portavoz socialista, una serie de buenas intenciones con el propósito de disminuir los costos sin cambiar de modelo y algunas es que ya se están aplicando. Pero permítame que lo dude, ¿por qué iba a funcionar a partir de ahora una voluntariosa contención del gasto que en casi treinta años no ha impedido que los costos de las televisiones públicas regionales se hayan disparado hasta magnitudes descomunales?

He dicho que la Ley de 2007 nació vieja. Y es que las leyes nacen viejas cuando los legisladores se aferran a dogmas ideológicos en vez de zambullirse en la cambiante realidad. Yo les invito, señorías, a que no caigamos ahora en ese error, sino que guiados por el interés general de España, como patria




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común de todos nosotros, pensemos, sobre todo, en nuestros ciudadanos que soportan ahora, como víctimas de la crisis, una carga que para muchos es ya insoportable.

Mi grupo, obviamente, va a apoyar esta reforma y, por eso, vamos a votar en contra de los vetos y lo vamos a hacer porque con esta reforma entendemos que contribuimos a la modernización de nuestro sector audiovisual, pero también para atajar uno de los peores aspectos de la crisis que es el despilfarro de los fondos públicos, que sí son de alguien, son de todos los ciudadanos. Al hacerlo, respondemos al clamor de la opinión pública y a las exigencias del sentido común, que reclaman una gestión más racional de esos fondos públicos. No voy a caer, desde luego, señorías, en la ingenuidad de afirmar que gastando menos en las televisiones autonómicas vamos a solucionar de una tacada la crisis económica. Pero sí creo que mantener modelos y situaciones que se han mostrado insostenibles a lo largo ya de décadas, como pretenden estos vetos, contribuye a prolongar la crisis y revela, en mi opinión, una escasa conciencia del reto que esta vieja nación nuestra tiene planteado en este momento histórico.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señor Muñoz-Alonso.

Por el Grupo Mixto, ¿desea intervenir algún portavoz?

Senador Iglesias, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

Las fechas las carga el diablo y hablar de tics autoritarios en esta Cámara el 18 de julio, cuando la única experiencia autoritaria que hemos conocido en este país ha sido la del régimen franquista que emanó de esa fecha, que el Partido Popular todavía no ha condenado, creo que ha sido una referencia bastante desafortunada.

Intervengo para apoyar la propuesta de veto número 2, comprometiendo el voto de Izquierda Unida a su favor, porque compartimos plenamente la argumentación que se ha formulado en defensa de ese veto, y también algunos de los argumentos que se han barajado para sustentar los demás vetos. Considero especialmente destacable que se haya iniciado la intervención con una referencia a Televisión Española. Efectivamente, hay en marcha un proceso de cambio en Televisión Española. La televisión pública que había conseguido ser líder con carácter general, y sobre todo en el seguimiento de sus informativos —es decir, la que contaba con mayor credibilidad entre los ciudadanos— afronta ahora una modificación que sin ninguna duda va a significar un deterioro de esta credibilidad. Los nombramientos que se han realizado así lo apuntan. Parece que alguien siente nostalgia por la feliz época del señor Urdazi; el señor Urdazi, cuya línea informativa no era, desde luego, la que se derivaba de la cita un poco retocada que se ha realizado de Gramsci, sino que era más propia de un coetáneo de Gramsci: Goebbels. Basta con recordar aquella lectura, ejemplo de manipulación informativa, de la sentencia que condenaba a Televisión Española. Simplemente me referiré a aquella cita de CC.OO., como un ejemplo claro de manipulación en un informativo.

Se rechazan los vetos y se presenta un proyecto con la excusa de la crisis, una vez más. La crisis se convierte en la gran coartada para desarrollar un proceso ideológico que implica la aplicación de medidas que no son en el fondo respuestas a la crisis, sino que forman parte de un proyecto neoliberal y conservador, articulado y definido mucho antes de la crisis, cuyas medidas se concretan ahora formalmente como respuesta a esa crisis. No; asistimos a un cambio de modelo social, y el tema de las comunicaciones audiovisuales es solo una parte pequeña; al desmontaje del Estado de bienestar, a una persecución de lo público, a la extinción de cualquier vestigio de participación o de presencia de lo público en lo económico. Los medios de comunicación son solo un instrumento más de ese proceso de cambio; son solo un mecanismo, una herramienta, que se pretende que sirva para respaldar y apoyar ese cambio con el mayor consenso social. Se pretende que los medios de comunicación se conviertan en el contrapeso de la movilización social. Se pretende que los medios de comunicación sean la respuesta a la rebeldía ciudadana —la respuesta a la oposición— contra ese cambio, contra esas medidas políticas de transformación social.

Nosotros estamos comprometidos con lo público, religiosos en lo público; es nuestra única creencia religiosa, ideológica y política: compartir unos intereses generales que solo lo público puede defender; porque, si se supeditan al interés privado, por legítimo que este sea, inmediatamente se ponen en riesgo. Y en los medios audiovisuales esto es muy fácil de entender, de comprender. ¿Cuál es la legitimidad de unos medios audiovisuales públicos? Responder a la formación de la conciencia ciudadana como




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instrumento imprescindible para el ejercicio de la democracia a partir de la información objetiva y veraz. Solo con control público se puede garantizar una información objetiva y veraz, porque solo hay una supeditación de ese control público: la voluntad de los ciudadanos democráticamente expresada en los procesos electorales. Los ciudadanos no pueden cambiar el consejo de administración de un medio de comunicación audiovisual privado que obviamente será definido y concretado por los accionistas, pero sí pueden cambiar con su voluntad electoral los consejos de administración de los medios de comunicación pública. Por lo tanto, pueden censurar la gestión de la administración de un medio de comunicación público, mientras que no pueden en ningún caso censurar la gestión de un medio de comunicación privada. Solo un medio de comunicación público puede garantizar esa información veraz que, además, contribuya a la difusión de los contenidos culturales imprescindibles para que los ciudadanos tomen después sus decisiones en el ámbito de la democracia y se formen también como tales, como ciudadanos.

La gestión privada está condicionada por intereses empresariales legítimos que van a marcar la línea editorial, como ocurre en los medios de comunicación privados. De hecho, ¿cuál ha sido la resultante de la apertura del espectro audiovisual y radiofónico que impulsó el Gobierno anterior, el Gobierno del presidente Zapatero? Yo no creo que ningún diputado o senador socialista se pueda sentir feliz con el resultado de esa apertura del espectro radiofónico: no ha significado más pluralidad, no ha significado una programación más diversa; simplemente ha permitido dotar de altavoces a posiciones políticas, no ya de derechas, sino de la derecha más extrema; que, además, se permite el lujo de intentar marcar la línea política de la propia derecha, jugando con sus relaciones de poder dentro de los partidos. No creo que esa aventura haya sido una aventura que haya contribuido a una mayor pluralidad informativa. Sin embargo, los medios de comunicación audiovisual públicos se han legitimado en las autonomías, siendo fiel reflejo de las sociedades que configuran y articulan esas comunidades autónomas. Y contra eso va también esta reforma que se está planteando; contra eso va también, porque la apuesta por una gestión privada va a significar inevitablemente el aterrizaje en las televisiones autonómicas que se privaticen de los grupos empresariales privados que ya tienen presencia en el ámbito del Estado, y eso va a significar una mayor homogeneización de los contenidos de esas televisiones autonómicas y, por lo tanto, un mayor alejamiento de las sociedades que pretenden reflejar y que las crearon y configuraron como tales. Esas televisiones autonómicas públicas han contribuido también en cada una de las comunidades autónomas a generar sectores audiovisuales propios, una industria nueva que ha creado empleo, que ha significado nuevas oportunidades de desarrollo económico. Contra todo eso va la previsión de la ley. Se añade un párrafo quinto al artículo 40, donde se prevén los acuerdos de los medios de comunicación audiovisual públicos para coordinar producción y edición. Seguramente eso puede tener un resultado económico positivo, pero sin ninguna duda abunda en la homogeneización de la programación de las comunidades autónomas. Por lo tanto, ¿qué sentido van a tener las televisiones autonómicas, si todas van a tener los mismos contenidos? ¿Cuál va a ser el servicio diferente que presten a los ciudadanos?

Concluyo. Comparto que hay una invasión de competencias. Una norma básica no puede llegar a los niveles de detalle que se plantean en esta reforma legislativa. Hay, en consecuencia, una invasión de las competencias de las comunidades autónomas en esta materia.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la senadora señora Leanizbarrutia. (Pausa.)

No está. Decae la intervención.

Por Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: La intervención del portavoz del Grupo Popular ha conseguido que pasara de la preocupación a la completa alarma. Si usted realmente cree todo lo que ha dicho, esta propuesta de reforma de la ley se queda corta. Sean coherentes y dediquen todo el espacio radioeléctrico a los privados. Si usted realmente cree todo lo que ha dicho, hágalo; pero no nos venga aquí con este tipo de propuestas. Insisto, de las nuevas formas de gestión, la mayoría, o casi todas, ya están en marcha en muchas televisiones autonómicas. No se inventan nada. Lo que sí inventan es la privatización, cosa a la que no le encuentro ningún sentido, a partir de que el espacio radioeléctrico ya tiene su porcentaje para las privadas.




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El otro día lo discutimos en la comisión y veo que hoy lo va a repetir, ya lo ha hecho. Para mí el liberalismo —eso sí que es viejo, caduco y pasado— no es libertad; es simplemente la supeditación de los intereses generales a los intereses de unos pocos, que normalmente son los que tienen y los que pueden disponer de esos intereses.

Dice usted que no hay inversión competencial. ¡Claro que la hay! ¿Sabe lo que dice el artículo 8 bis a)? Que habrá un techo de gasto que no se podrá sobrepasar bajo ningún concepto. Ustedes, como Estado, pueden decir esto respecto al conjunto de la comunidad autónoma; pero no se pueden oponer a que la gestión de tal ente, de tal partido o de tal empresa pública sobrepase el gasto indicado. Esto no lo puede hacer, y por eso ha dicho ahora el señor Iglesias que esto es una inversión competencial.

¿Por qué defendemos lo público? ¿Es una ambición, una fantasía, que puede ser mejorable? Creo que sí. Creo que vergüenzas como lo del Canal 9 no tienen por qué pasar y que podría haber una gestión pública ordenada, coherente, ágil, eficiente, eficaz, sostenible económicamente, etcétera. Defendemos lo público por dos cuestiones. Una, porque la lógica no es el beneficio. Ustedes podrán ver los juegos olímpicos, señorías, porque hay una televisión pública. Si no hubiera una televisión pública, no hay televisión privada que se gaste ochenta millones de euros en la retransmisión de los juegos olímpicos. Como máximo, darían la final de los cien metros o aquellas pruebas de mayor interés. Pero el seguimiento y la cobertura de los juegos olímpicos es gratis gracias a que hay una televisión pública que invierte en función de lo que cree que son intereses generales. Si en Cataluña el teatro y la danza se pueden seguir por televisión, es gracias a que hay una televisión pública; porque, al ser estos espectáculos muy minoritarios, una televisión privada no los atendería. Si en muchas localidades hay un seguimiento del deporte propio de la localidad, es gracias a las televisiones públicas, que tienen interés en promover y facilitar esa cobertura. Les he puesto tres ejemplos a cada uno de los tres niveles. Y defendemos lo público, en segundo lugar, porque la lógica no es solo la del beneficio —cosa que sí ocurre en los operadores privados—, porque en principio la radiotelevisión pública está sometida a los criterios de pluralidad y control parlamentario o al cambio, a la alternancia de las mayorías. Este es otro elemento que no está presente en los operadores privados.

Usted decía que esto de la televisión pública y esto de las funciones y objetivos que le marcamos son entelequias —creo que utilizaba esta palabra—. Con lo que está cayendo en 2012, es entelequia hablar de lo público, pero es entelequia también hablar de lo privado en el terreno de lo audiovisual. Recuerde que estamos en medio de un mar de fusiones; hay empresas audiovisuales con unos déficit tremendos, y dos de los grandes operadores de TDT están alquilando sus canales a las majors extranjeras. Así que dígame a mí qué beneficio saca el país de alquilar parte de su espacio radioeléctrico a majors extranjeras que ofrecen enlatado, como la MTV, etcétera. Los que pueden obtener beneficios son los que alquilan las frecuencias.

No me voy a alargar. Es evidente —usted lo ha puesto encima de la mesa— que hay un debate político, un debate ideológico, que acepto. Pero antes quiero hacer un paréntesis, ya le pasó al señor Utrera con Bakunin y a usted con Gramsci. No sé por qué se meten en estos jardines del pensamiento de izquierdas; ¡si no lo conocen! Léanse El príncipe moderno y verán que, cuando Gramsci habla de hegemonía, no se refiere a los medios de comunicación, ni al control de la radio o la televisión, que, por cierto, ni existían. El otro día el señor Utrera decía que Bakunin era marxista. Hablen de sus teóricos, que bastantes tienen y seguramente los conocen más fondo.

Por último, es cierto que hay un debate que no se modifica por los cambios tecnológicos, que es el debate de la propiedad. Y en este debate de la propiedad, los que tenemos un pensamiento de izquierdas tenemos una opinión de limitación. Y en sectores tan estratégicos, tan sensibles y tan fundamentales para el desarrollo de la convivencia y de la cualidad democrática de nuestro país, como puede ser todo lo que hace referencia a la información y la comunicación audiovisual, evidentemente apostamos por lo público. Por eso entendemos que esta reforma con el proyecto de ley no acaba de ser el resultado último de su pensamiento. Creo que usted iría muchísimo más lejos; pero, como mínimo, es preocupante, no es útil y es conflictivo. Por cierto, se lo advierto: ustedes siguen perdiendo un punto por mes, estamos ya a menos 7; no se crean que con estas políticas van a modificar la realidad, por muchas radios y televisiones que controlen. Si lo hacen mal, van a caer controlen lo que controlen. Evidentemente, este es mi deseo.

Gracias.




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

¿Convergència i Unió? (Denegaciones.)

Gracias, señor Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Gil García.

El señor GIL GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Muñoz-Alonso, le tenía a usted por un hombre moderado; pero, en fin, se me ha caído un mito. Usted el otro día citaba a Bakunin, hoy a Gramsci, pero la verdad es que su modelo se parece más al de Goebbels. No sé si es usted consciente de algunas de las afirmaciones que ha hecho hoy aquí, en esta Cámara: me parecen absolutamente radicales. En fin, le confieso que se me ha caído un mito, porque le tenía a usted por un hombre moderado.

Ustedes han quedado retratados con el Real Decreto ley para la elección de los órganos de dirección de RTVE, por mucho que se empeñen en hacer juegos florales hoy aquí y en otros sitios. Han roto el control democrático que ejerce el Parlamento a través del Consejo de Administración, esto es innegable. Su modelo es el de la televisión de partido, el de la gubernamentalización, por mucho que se empeñen en tratar de ocultarlo. Ustedes, sencillamente, no creen en lo público, porque allí donde hay un servicio público, ustedes o bien ven un negocio para unos pocos, o ven un mecanismo de control y de manipulación informativa a su servicio. Una vez más han antepuesto los intereses particulares y los intereses del Partido Popular a los intereses generales y al bien común de los españoles. Se les ve el plumero, señoría. Y esto es más viejo que el mundo: es liberalismo puro y duro, nada más que eso.

Ahora, con este proyecto de ley, quieren extender al ámbito autonómico su modelo de televisión de partido, el modelo del control sobre los servicios informativos, y además quieren dar cobijo a los grupos mediáticos de línea editorial cercana a las posiciones del Gobierno. Y esto es lo que hay. Pero, señores del Partido Popular, tienen ustedes un plus de responsabilidad en esta materia. Y no lo digo solo porque estén ustedes hoy en el Gobierno, que también; sino por las deudas que han generado en las televisiones públicas que han venido controlando. Acuérdense hoy de que fueron ustedes quienes dieron la posibilidad del endeudamiento de las televisiones públicas. Fueron ustedes, señoría, hagan memoria.

El servicio público de radiotelevisión es una necesidad, y yo diría aún más, señoría: es un derecho social de los españoles, no se le olvide. (Aplausos.) Así lo han reconocido las instituciones europeas, dotándolo de un régimen especial. Y esta necesidad existe también en el ámbito de nuestras comunidades autónomas, donde hay que garantizar el pluralismo para una correcta y libre formación de la opinión pública. Esto es lo que en mi grupo y, por lo que he oído aquí en los demás grupos parlamentarios también, queremos garantizar. Además, señoría, queremos que este servicio público sea sostenible y económicamente adecuado, adaptado a la realidad que vivimos, que nos exige ahorrar. Y en esto no pueden ustedes darnos lecciones. Es usted un hombre sabio y con experiencia, y le voy a recordar solo algunos datos que seguramente usted ha olvidado de manera inconsciente. Fuimos nosotros, cuando estuvimos en el Gobierno, quienes fijamos por ley un techo de gasto presupuestario para la Corporación de RTVE. Fuimos nosotros quienes prohibimos por ley el endeudamiento de la corporación. Y fuimos nosotros, señoría, quienes decidimos acabar con la deuda histórica del Ente Público de RTVE, que ustedes nos dejaron tras el octenio negro del señor Aznar. Una deuda multiplicada por cinco, que superaba los 7000 millones de euros, y que suponía una carga financiera bestial. (Aplausos.) Esto sí es descomunal, señor Muñoz; por lo tanto, lecciones en esta materia, las justas.

Ustedes hablan de liberalización, de abaratar costes, luego lo mezclan con modernidad, como si fueran ideas que van obligatoriamente entrelazadas; y no es así, están ustedes engañando a la gente; esto es un timo, qué quiere que le diga. Le pondré el ejemplo de un sector que ustedes liberalizaron hace tiempo en España, y su resultado final. Durante el primer Gobierno del señor Aznar ustedes promulgaron la ley que liberalizaba el mercado eléctrico español. Una liberalización que afectó en una primera fase a la generación de la electricidad, tomándose la decisión de fijar unas tarifas que no incluían los costes que se estaban produciendo, mediante una fórmula que se denomina pull. Resultado de esta liberalización: aquí comenzó a gestarse el famoso déficit tarifario y la fórmula que lo propicia. Haga memoria. Aquí se empezó a concedérsenos a los españoles esta hipoteca que no habíamos pedido, que hoy asciende a 25 000 millones de euros, mientras hemos pagado un precio por la electricidad absolutamente artificial. Aquí empezaron a producirse, mediante la citada fórmula del pull, pingües beneficios a algunos grandes de la energía, mientras ha crecido esta deuda que es de todos. Ahora ustedes, a años vista, le echan la culpa a la herencia; y, si no se la echan a la herencia, se la echan a las energías renovables, que también




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lo están haciendo. Pero lo cierto es que el origen de esta liberalización que ustedes hicieron es el que le he comentado. Este es el resultado de aquella reforma; este es el resultado de su modo de convertir lo público en negocio para algunos, de privatizar las ganancias y de socializar las pérdidas. De esto van sus reformas, señoría, y esto es lo que pretenden hacer también con esta reforma. ¿Saben quién fue el autor de este agujero similar en volumen al de Bankia? Efectivamente, el señor Rodrigo Rato, que por entonces era su ministro de Economía; ese gran gestor que por donde pasa no crece la hierba. Estas son sus reformas, señoría, que al final terminamos pagando todos, mientras unos pocos se benefician.

Por lo tanto, decimos no, un no como una catedral, a un modelo del PP que es un aclara intromisión en el autogobierno y en las competencias de las comunidades autónomas. Decimos no a un proyecto de ley innecesario e inoportuno, que busca un modelo de radiotelevisión al servicio del PP, y no de los españoles.

Usted me ha dicho en su intervención que no vea fantasmas, que no busquemos objetivos ocultos. ¡Pero si ustedes ya dijeron hace tiempo que se querían cargar las televisiones autonómicas y las televisiones públicas! Sí, señoría, lea usted una entrevista que hicieron a un compañero de partido, al señor Gabriel Elorriga, en el año 2010, a la revista Tiempo, donde reconocía sin cortapisas que el objetivo era cargarse las televisiones públicas y las televisiones autonómicas. Se lo enseñé el otro día en la comisión, si quiere le paso el recorte. Esto no es nuevo, es un objetivo que ustedes, aunque no lo manifiestan, lo llevan en su programa oculto, y es lo que quieren conseguir; por lo tanto, no me diga que veo fantasmas.

Señoría, en este país cada vez que ustedes hacen una de sus denominadas reformas, no solo este senador fantasma, aquí vemos fantasmas todos: los estudiantes ven fantasmas, los empleados públicos ven fantasmas, los maestros, los parados, los jubilados, los autónomos, los dependientes, los mineros también ven fantasmas. (Aplausos.) Todos, menos ustedes; menos ustedes y los más ricos, claro. Estos, en sus reformas, nunca ven fantasmas, perdone que le diga. Y hablando de fantasmas, la semana pasada, el viernes 13, el Gobierno se quitó ante todos los españoles en el Congreso de los Diputados la sábana del fantasma. Todos pudimos ver lo que había bajo esa sábana, y allí, en medio de la bancada del Grupo Popular, mientras el presidente Rajoy rebajaba las prestaciones por desempleo a los parados, aparecía un personaje conocido: la niña, ¿se acuerdan de ella, de la niña? La niña de Rajoy no, ¡la mismísima niña de exorcista! Eso es lo que aparecía en la bancada del Grupo Popular, que hacia gala de unos términos, presidente, que no voy a repetir, pero que han sido denominados como la doctrina Fabra. ¿Cómo quieren que este país no desconfíe de este Gobierno, si están haciendo todo lo contrario de lo que dijeron en su programa? Si, en definitiva, están cumpliendo a rajatabla su programa oculto, ¿cómo no quieren que veamos fantasmas? Los ve todo el país. Es un programa oculto que está trayendo sufrimiento a las clases medias y trabajadoras, que no genera empleo ni confianza ni dentro ni fuera de nuestro país y que se está cargando los servicios públicos; ahora también el servicio público de radio y televisión.

Voy terminando. Señoría, cuando yo era pequeño no había momento más triste en el día que cuando llegaba la Carta de ajuste. ¿Se acuerda de la Carta de ajuste? Acababa con la programación del día. Siendo niño era un momento triste, porque se acababa la televisión. Pues mire, es exactamente el modelo que usted quiere para los servicios públicos y para la radiotelevisión pública de este país, el de ese pitido final y la carta de ajuste. Yo creo que será algo que lamentaremos todos los españoles, pero, desde luego, ya se lo anticipo: no cuenten con nosotros para esta regresión democrática en este país, señoría.

Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Jiménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador señor Muñoz Alonso.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Gracias, señor presidente.

Muchas gracias por sus intervenciones, llenas de afirmaciones insólitas; algunas de ellas nos llevarían muy lejos.

Señor Guillot, yo sí me siento identificado con el liberalismo, que usted dice que es una antigualla o alguna cosa por el estilo. Desde luego, me siento más identificado con el liberalismo, a pesar de las fechas que pueda decirse, que con otras ideologías que han surgido después, como el marxismo, ciertas variantes del socialismo; no tengo nada que ver con ellas. Yo me siento en la línea de pensadores como Locke, como Montesquieu, como Benjamín Constant, como Tocqueville; me encuentro muy a gusto con ellos. Y, sin embargo, hay otros que me parece que empiezan a sentirse bastante incómodos en la




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compañía de otros que a lo mejor vinieron después. Por lo tanto, eso nos podría llevar muy lejos, pero no voy a entrar en ello.

Ha dicho después algunas cosas que, evidentemente, no se pueden compartir. Alguien me hablaba hasta de Goebbels. Goebbels hizo uso de la televisión, pero no era la televisión privada, esa de la que ustedes nos acusan; era una televisión pública, dirigida a la propaganda, que la puso en marcha cuando los juegos olímpicos, aquellos famosos de Berlín de 1932.

Señor Guillot, los juegos olímpicos de Barcelona los transmitió, con su correspondiente contrato, una emisora americana, la NBC, que era privada. Es decir, no lo vea por ahí. Yo no sé cómo va a funcionar, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Londres dentro de un par de semanas, no lo sé; pero me acuerdo muy bien de lo de Barcelona y he visto lo de Berlín, que es mucho más antiguo. Sí le doy la razón a usted: Goebbels sí estaba en esa línea que usted dice; pero aquí, cuando los de 1992, no íbamos por ahí.

Ustedes defienden lo público; nosotros también defendemos lo público en muchas cosas. Entendemos que hay muchas cosas en las que es totalmente necesario lo público. Hay unas competencias del Estado, que son públicas; hay unas competencias de las comunidades autónomas, que son públicas; todo eso nos parece muy bien. Hay otros sectores en los que hay que combinar lo público y lo privado; por ejemplo, en la enseñanza, y no tenemos ninguna animadversión. Pero a ustedes se les nota que es que les gustaría suprimir las emisoras de televisión —pero, en general, los medios privados— porque parece que desconfían de ellos. Ahora, eso sí, hay algunos que no los suprimirían por nada del mundo. Da esa casualidad, que ustedes aluden a ciertos medios privados, que por unas o por otras razones les molestan —totalmente claro está, porque no se sienten identificados con sus orientaciones ideologías o editoriales— y, sin embargo, hay otras que los utilizan como defensa de «queremos lo privado». No, mire usted, vamos a jugar en serio: si damos libertad —lo he dicho y lo repito—, es libertad para todos; y cada uno que tenga la orientación ideológica o editorial que le parezca adecuada. La democracia es eso, pluralismo; pero el pluralismo no consiste solo en aceptar lo que me gusta, sino en aceptar lo que puede no gustarme. Y eso les cuesta un trabajo enorme aceptarlo; aceptar lo que va en su línea, qué maravilla, lo aplauden; aceptar lo que va en una línea contraria, les cuesta un enorme trabajo.

Y no se equivoquen: yo no he hablado aquí, nada más que muy de pasada, de la Corporación de Radiotelevisión, porque no era objeto de esta reforma. Lo he utilizado como ejemplo de que una corporación creada con la pretensión de ser imparcial y de ser plural no lo ha sido. Y no me hable usted, señor Guillot, de si le gustan o no determinados nombramientos que se han hecho, porque yo le podría hablar de otros nombramientos hechos en otras épocas y de otras expulsiones de determinados periodistas de Televisión Española —no daré nombres, pero la lista es muy amplia—.

Algunos profesores dicen por ahí: bueno, es posible que las empresas privadas se dediquen a hacer negocio, es su objetivo —es verdad, el objetivo de una empresa privada es tener beneficios—, pero las empresas públicas, mientras no se demuestre lo contrario, tienen una enorme tendencia, una proclividad —en ocasiones, casi inevitable— a hacer propaganda política; por cierto, una propaganda política unilateral. Porque si se dijera que hace propaganda todo el mundo, todavía lo podríamos aceptar, pero no es así. Se han inventado muchos procedimientos, como el del minutaje, por ejemplo, que al final se vio que eran trampas, porque decían: te he dado siete minutos, pero eran para ponerle a caer de un burro, como se dice castizamente.

Por lo tanto, seamos serios. Yo he planteado aquí un problema mucho más sencillo, más simple y, si quieren, mucho menos ideológico, aunque, al final, aparece siempre la ideología, y es que el modelo de las televisiones autonómicas actualmente existente es insostenible. Se lo digo porque he estado dentro viendo cómo funciona, conociendo cómo funcionan las otras televisiones autonómicas, y eso no hay quien lo sostenga. Y vuelvo a decirle a mi colega el senador socialista que decía: habría grandes posibilidades…Sí, sí, las habría, pero no sé por qué esas nunca han funcionado, nunca se han aplicado y nunca se ha conseguido el deseado objetivo de limitar los costes. Sencillamente, no ha funcionado. Entonces, hay que limitar ese tipo de empresas y, sobre todo, lo que propone esta reforma: dar a las comunidades autónomas enormes posibilidades para que organicen ese servicio público como tal, que lo privaticen o que hagan lo que les parezca oportuno. Asimismo, la reforma propone otra cosa extraordinariamente simple: aplicar a este ámbito —por qué no se va a aplicar— las normas que hemos aprobado —muchos de ustedes las han votado— en el artículo 135 de la Constitución modificado y, después, en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Vamos a ser serios en un momento de crisis económica. La crisis no es un pretexto, señorías. Decir a estas alturas que la crisis nos sirve de pretexto, ¡por favor!, pero




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si ha caído sobre nosotros de una manera tremenda. No voy a hablar ahora de los orígenes de la crisis y de dónde viene, pero tenemos que hacer algo, y una de las cosas que se pueden hacer va por ahí.

Por este motivo el Gobierno ha presentado esta reforma, que se fija en dos aspectos muy concretos de la Ley de Comunicación Audiovisual, aparte de la protección del menor —en la que parece que hemos llegada a un acuerdo, cosa de la que me alegro. Fundamentalmente, se dirigía a tratar de racionalizar un servicio público que, sencillamente, ha funcionado mal, porque el modelo que se dio es insostenible. No hemos aprendido de otras experiencias, pero hay por ahí muchas experiencias de televisiones regionales. Les he hablado de la experiencia alemana, pero les podría hablar de la francesa, aunque es mucho más centralista y seguramente no les gustaría. En el caso de Francia, tienen sus correspondientes emisiones dedicadas a las diferentes regiones, aunque no lo voy a predicar —que nadie ponga en mi boca que quiero predicar el modelo francés. Sin embargo, el modelo alemán es muy racional y, sobre todo, tiene una visión muy clara en lo económico. Los alemanes son más listos que nosotros. Hicieron primero una lista de comunidades autónomas y, después, las empezaron a fusionar —Baden-Württemberg, el área del norte de Westfalia…—, porque se dieron cuenta de que aquello era desmesurado. Nosotros vamos en plan rompedor, hemos hecho lo que hemos hecho y, al final, tenemos tantas televisiones autónomas que no hay quien pueda sostenerlas, porque no hay fondos públicos suficientes para ello.

Por ello, nosotros queremos —sin entrar en las competencias de las comunidades autónomas—, darles la posibilidad de la flexibilidad. Y no me diga usted que se están ya utilizando cosas, algunas se están utilizando pero no tienen cobertura legal; en ocasiones no solo se ha actuado extra legem, sino incluso, contra legem. Y nosotros lo que hacemos aquí es decir: no, esto lo pueden seguir haciendo los que lo están haciendo, y los que no lo están haciendo pueden hacerlo incluso con mayores posibilidades. Por eso he dicho lo de la biodiversidad; era aplicar un concepto que no venía aquí muy a cuento, pero me parecía que era como una metáfora para que entendiéramos lo que queremos: que cada uno lo organice como quiera, y no hay centralismo ni hay dirigismo de ningún tipo. Pero ustedes se aferran a unos modelos. Y es lo que les he dicho; al final, llego a lo mismo: les encantaba el modelo del estatuto del ochenta y de la ley del tercer canal; y de ahí que no les saquen. Pues, señoría, eso está superado, y esta ley es un paso mínimo en esa dirección.

Creo que tendremos que seguir avanzando para que las comunidades autónomas puedan cumplir las finalidades que crean oportunas —unos lo creerán, otros no lo creerán—, y con esas frecuencias que tienen reservadas y que, en todo caso, lo hagamos de una manera racional, de una manera que podamos presentársela a nuestros conciudadanos sin ponernos colorados porque nos estamos gastando más de lo que se debería gastar. Y les he dado las cifras de las plantillas. Eso es insostenible, eso es una vergüenza. Algo ha pasado. Y mi objetivo era sencillamente presentarles esos objetivos, que son muy simples —aunque ustedes les han querido dar un carácter ideológico y mucho más general.

A mi colega socialista le diré algo. Dice usted que se le ha caído un mito. Mire, yo no soy un mito. No he llegado a eso nunca ni pienso ni aspiro a llegar a mito. Soy un profesor metido a político, que ha estudiado mucho estas cuestiones, no solamente en el ámbito académico…

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya finalizando.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Termino, señor presidente.

…sino también en el ámbito práctico. Y, aparte de defender la propuesta del Gobierno, quería expresar cuáles eran mis propias experiencias.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría. (El señor Guillot Miravet pide la palabra.) Imagino que alega su señoría el artículo 87. La presidencia es muy generosa. Dispone usted de dos minutos.

El señor GUILLOT MIRAVET: Le agradezco la generosidad.

Señor Muñoz-Alonso, yo no he hecho ninguna referencia a Goebbels, nunca. Ni me he referido a Goebbels ni utilizo nunca personajes ni del franquismo ni del nazismo ni de ningún otro tipo para contraargumentar con el PP, nunca lo he hecho y nunca lo haré. Entonces no le tolero ni que me lo impute ni que me diga que yo estoy argumentando como Goebbels. Y le daré un dato histórico: en la Alemania nazi no había televisión.

Gracias, señor presidente.




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor Guillot. (El señor Muñoz-Alonso Ledo pide la palabra.)

Tiene la palabra el señor Muñoz-Alonso por un minuto.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Medio minuto, señor presidente.

Perdone, señor Guillot, porque me doy cuenta de que quien habló de Goebbels, y más o menos trataba de emparentarme a mí con Goebbels —no me conoce en absoluto, si no, no creo que lo hubiera hecho— fue nuestro colega socialista. Por tanto, le pido excusas. Lo que sí es verdad es que Goebbels utilizó la televisión en aquellos juegos olímpicos; está comprobado.

En todo caso, sería una discusión académica. No se me pasa por la cabeza compararle con Goebbels, como no admitiría yo que me compararan con él. Ahora bien, sí es verdad —y, si me lo permiten, lo digo como profesor— que fue maestro en maneras de hacer propaganda, y que muchos —a la izquierda y a la derecha— han aprendido de él a hacer esa propaganda, que es una propaganda infecta, porque, sencillamente, utilizaba a los individuos como objeto. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Es un tema importante para discutirlo a las tres menos cuarto.

Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.

Eran las catorce horas y cuarenta minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes. Se reanuda la sesión.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Vamos a proceder a votar las propuestas de veto al Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Comunicación Audiovisual.

En primer lugar, les recuerdo que para que salga adelante la votación de una de las propuestas de veto se necesita la mayoría absoluta de la Cámara.

Empezamos con la propuesta de veto número 2.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 69; en contra, 158; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la propuesta de veto número 3.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 241; a favor, 69; en contra, 157; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta de veto número 4.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 69; en contra, 158; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos al debate de las enmiendas.

Les anuncio que, firmada por todos los grupos, se ha presentado una propuesta de modificación del dictamen de la comisión, que votaremos al final de las votaciones de las enmiendas.

Empezamos con el debate de las enmiendas.

En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, números 1 a 4, para cuya defensa tiene la palabra la senadora Leanizbarrutia.




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La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Brevemente, paso a defender las enmiendas números 1, 2, 3 y 4, que el Grupo Parlamentario Vasco ha presentado a este Proyecto de Ley de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo. Se nos indica que el objetivo de esta modificación es flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos.

Son cuatro enmiendas, de las que dos, las números 1 y 4, son de supresión, y las otras dos, de modificación.

Con respecto a la primera de las enmiendas de supresión, entendemos que se está rompiendo con la descripción del servicio público de comunicación audiovisual que se establece en el artículo 40.1 de la Ley 7/2010, que es la descripción que garantiza un servicio público de comunicación, como explicaré en el turno de portavoces.

En cuanto a la enmienda número 4, también de supresión, entendemos que no se respeta el ámbito competencial. No hace falta explicar esta cuestión, ya que mi grupo siempre ha sido y será defensor de que se respete el ámbito competencial de cualquier comunidad autónoma.

En nuestra enmienda número 2, señorías, planteamos una modificación al texto, en el sentido de que se tenga en cuenta la situación de aquellas comunidades autónomas que no cuentan con televisión autonómica propia, ya que entendemos que hay que garantizarles el respeto a la diversidad lingüística y cultural. Por otro lado, con esta modificación del apartado 4 pretendemos garantizar el cumplimiento de las obligaciones del servicio público, con independencia del modo de gestión por el que se opte.

Por otra parte, la enmienda número 3 plantea una modificación que consideramos muy importante, cual es que se añada la referencia a los artículos 40.1 y 41 de la ley, puesto que en ellos se define lo que a nuestro parecer es el servicio público de comunicación audiovisual de titularidad pública, que no debe verse perjudicado o modificado por los diferentes acuerdos que los prestadores puedan establecer para mejorar su eficiencia.

Además, creo que debemos felicitarnos —luego me extenderé en el turno de portavoces— porque se haya llegado a un consenso en un tema tan importante como es la violencia y el maltrato por cuestión de género.

Señorías, en el Congreso se ha recogido una enmienda que para nosotros es muy importante, pero queremos mantener estas enmiendas porque pensamos que hay que defender realmente lo que es una televisión pública, y en la modificación que se propone no es ese el objetivo que se pretende alcanzar.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas números 53 a 109 y de la 110 a la 119, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra, en primer lugar, el senador Guillot, por tiempo de treinta minutos.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señorías, voy a ser muy breve, porque creo que en el debate de los vetos ya he justificado en gran parte por qué hemos presentado estas enmiendas el senador Saura y yo.

Para su comprensión y, sobre todo, para su localización, las voy a agrupar en bloques, porque creo que es la mejor manera de hacer un seguimiento de las razones que las justifican.

La primera, la número 53, es la más sencilla: propone la supresión del artículo único y, evidentemente, queda justificada por el veto, que intentaba conseguir el mismo objetivo.

En cuanto al resto, en un primer bloque estarían las enmiendas 54 a 57, que tienen como objetivo garantizar la oferta plural lingüística en los medios audiovisuales.

El segundo bloque sería el de las enmiendas 58 a 63, que se refieren a la utilización óptima del espacio radioeléctrico. Proponemos una serie de definiciones a nuestro entender más acertadas sobre diferentes aspectos, como pueden ser las televentas, la comunicación comercial, etcétera.

El tercer bloque agrupa las enmiendas 64 a 77, que concretan con redactados —también a nuestro entender— más certeros una serie de derechos que hay que garantizar en esta ley, como pueden ser los relativos a la pluralidad, menores, participación, control de contenidos, etcétera.




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El siguiente bloque es el de las enmiendas que llegan hasta la número 87, y se refieren a las obligaciones de los titulares, así como a la duración de licencias, renovación, extinción y garantías de pluralismo, además de las limitaciones de la propiedad y participación en el accionariado.

Las enmiendas 88 a 92 se refieren al servicio público audiovisual, y con ellas proponemos una serie de definiciones que consideramos más acertadas sobre qué representa el servicio público audiovisual, sus funciones y su financiación.

Y las enmiendas números 93 a 101 se dirigen al Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y hacen referencia a una serie de aspectos.

En primer lugar, una frase que repetimos siempre es que las leyes están para cumplirse. Desde 2010 tenemos legislado la creación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales que, hoy por hoy, está en el limbo de los justos. Es cierto que este consejo estatal fue rechazado en su inicio de manera muy clara y franca por el Partido Popular, pero una de las sorpresas en el debate de esta mañana sobre el proyecto de ley de reforma de la Ley audiovisual ha sido por qué el PP no ha propuesto la supresión, la sustitución o la reforma de la propuesta del Consejo Estatal de Medios de Comunicación. Lo que no puede ser es que esté legislado y siga paralizado o todavía no se haya puesto en marcha.

Por otra parte, quiero reivindicar este consejo como una figura extendida en toda Europa, con aspectos positivos y beneficiosos en la gestión de la radiotelevisión pública y privada y también con experiencias positivas en España, como es el Consell Audiovisual de Catalunya.

Y las enmiendas números 102 a 109 reiteran aspectos de las enmiendas anteriores a la hora de concretar —insisto— funciones, propiedad, acceso, participación, derechos, etcétera.

En nuestra opinión, estas cincuenta y seis enmiendas permitirían mejorar el texto de esta reforma, y quiero terminar mi intervención insistiendo en que es una reforma innecesaria, una reforma que no aporta nada a la gestión de los medios públicos o televisivos autonómicos, y una reforma que invade competencias autonómicas, con lo cual es un negocio bastante poco certero por parte del Gobierno. Y hoy seguramente aprobaremos una reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual que no aportará nada a los problemas que tiene el sector.

Gracias por su atención.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, voy a intervenir con mucha brevedad para plantear y defender las enmiendas de la 110 a la 119, ambas inclusive.

La enmienda número 110 pretende la imposición de unas obligaciones de producción propia mínima de los informativos y de otros programas que pudieran fijar en su marco aquellas comunidades autónomas que presten directamente el servicio de comunicación audiovisual.

Las enmiendas números 111 y 113 tienen relación con garantizar la futura posibilidad de prestación del servicio público, reservando un canal, entre otras cosas, para no hipotecar todo el multiplex, especialmente dado que, si se privatizara, este sería un proceso irreversible, y en el caso de que con el paso del tiempo hubiera un Gobierno que cambiara de opinión al respecto, tendría muy difícil, por no decir imposible, poner en marcha un servicio público.

La enmienda número 112 hace referencia a las obligaciones y características de la empresa prestadora del servicio por encomienda de gestión indirecta, adaptando la ley al artículo 107 del Tratado de la Unión Europea.

La enmienda número 114 regula la cooperación entre las comunidades autónomas y también con Radio Televisión Española para reducir costes. Se trata de ampliar las posibilidades ya existentes y las que regula el artículo 40.5 para reducir costes, algo que obviamente nos preocupa a todos.

En cuanto a la enmienda número 115, sin perjuicio de las competencias de la Administración General del Estado para determinar objetivos de déficit que nadie cuestiona, desde lo previsto en el artículo 135 de la Constitución a la propia Ley de estabilidad, la cuestión es que en ese marco esta ley no puede limitar la autonomía financiera de las comunidades autónomas dentro del límite fijado, como ustedes saben. A nuestro entender, el redactado actual es extremadamente limitativo y, por supuesto, un atentado contra las competencias que, al menos en el caso de Cataluña, regula su estatuto.




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La enmienda número 116 trata de evitar la concentración mediática, estableciendo límites a la presencia de una misma persona física o jurídica en varias sociedades que puedan ser prestadoras del servicio.

La enmienda número 117 pretende establecer mecanismos de relación ex ante de los efectos en el mercado y en los intercambios comerciales que puedan derivarse de las decisiones que se adoptan por las comunidades autónomas, garantizando precisamente los trámites de audiencia a los distintos interesados.

El objetivo de la número 118 es la adaptación del apartado 4 del artículo 41 a las previsiones de la Unión Europea sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público.

Y, finalmente, la enmienda número 119 suprime la expresión «de titularidad pública» para que este precepto sea aplicable en todos los casos de gestión indirecta. Aunque la gestión sea indirecta, aunque haya una concesión de por medio, es evidente que la titularidad habría de continuar siendo pública a nuestros efectos. Y conviene que de alguna manera lo recoja el texto legal, en el bien entendido que consideramos que esta ley es innecesaria. Y por economía legislativa, y apelando un poco a la expresión del portavoz del Grupo Popular en el debate del veto, de verdad, si realmente la posición que él defendía fuera la de un liberal y no la de un neoliberal, esta ley es —repito— absolutamente innecesaria. Economía legislativa, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, números 51 y 52, tiene la palabra el senador Alturo, por un tiempo de tres minutos.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenas tardes.

Nuestro grupo parlamentario ha presentado dos enmiendas al proyecto de ley que en estos momentos estamos debatiendo. Y en la segunda parte se introduce un nuevo apartado, el 8 bis, al artículo 43, que choca de manera frontal con las competencias que en esta materia tiene la Generalitat de Cataluña. Por tanto, en este proyecto de ley el Grupo Popular está obviando el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que también es ley orgánica, y la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas. Y con las dos enmiendas que presentamos pretendemos reconducir la invasión de competencias a las que acabo de hacer referencia.

En definitiva, la enmienda número 52 propone la supresión del apartado seis del artículo único del proyecto de ley de modificación de la Ley 7/2010. Y en relación con la enmienda número 51, proponemos un nuevo redactado que respete las competencias de las autonomías, y en concreto las competencias de la Generalitat de Cataluña, y que a la vez mantenga el espíritu de esta reforma.

Con el apartado 8 bis, que se añade al artículo 43 con el pretexto de garantizar un mejor cumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera, se produce una invasión en las competencias que ostenta la Generalitat de Cataluña en materia de financiación y, por tanto, en los medios de comunicación. A este respecto, me gustaría comentar tanto la letra a) del apartado primero del artículo 146 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, de 2006, que reserva a la Generalitat de Cataluña la competencia exclusiva sobre la organización de la prestación del servicio público de comunicación audiovisual de la Generalitat, como el artículo 1 de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, que indica que gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de las competencias que, de acuerdo con la Constitución, les atribuyen las leyes y los respectivos estatutos. Por tanto, y sin perjuicio de las competencias de la Administración del Estado para la determinación de los objetivos de déficit público, en cualquier caso corresponde a las comunidades autónomas, de acuerdo con la autonomía financiera que ostentan en el desarrollo y ejecución de sus competencias, fijar y regular, dentro de los límites del déficit público permitido, la organización y el sistema de financiación de su servicio público de televisión.

Nosotros, hemos mantenido una puerta abierta para que fueran negociadas las enmiendas números 51 y 52. En el Congreso de los Diputados tuvimos una abstención muy crítica, en el sentido de mantener abierta esa puerta para intentar solucionar este ámbito competencial, con lo cual nos gustará conocer la opinión del Grupo Popular en relación con dichas enmiendas.

Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Alturo.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, números 120 a 132, y por tiempo de trece minutos, tiene la palabra el senador Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.

Señorías, se trata, por tanto, del turno en el que vamos a explicar cuáles son los motivos de las trece enmiendas que hemos presentado a este proyecto de ley. Pero antes me gustaría hacer una reflexión sobre el propio proyecto de ley, sobre su inutilidad. Yo creo que este proyecto de ley tiene un objetivo muy claro, que es la privatización de determinadas televisiones autonómicas, basándose además en dos mensajes que ilustran la agenda reformista que tanto nos coloca el Partido Popular siempre que puede. El primer mensaje es que lo público es menos eficiente que lo privado. Y el segundo es que cualquier liberalización abarata los servicios. Ambas cosas son, por lo menos, cuestionables. Yo no diré si falsas, pero sí cuestionables.

Lo que garantiza la eficiencia es la buena gestión y no el carácter de la gestión. Y se puede demostrar que lo público no es siempre menos eficiente que lo privado, y también se puede demostrar que los sectores liberalizados no son siempre más baratos que los sectores que siguen siendo públicos. Hay datos, y les voy a dar dos: la universidad española pública utiliza un 26% menos de recursos por alumno para dar servicios educativos y de investigación. La universidad española pública utiliza un 53% menos de recursos por alumno y año solo para el servicio de educación. Y la universidad pública española supone el 96,7% de la producción científica de este país; con menos dinero, prácticamente toda la producción científica.

Por lo tanto, sin convertir en paradigma el hecho de que lo público es más barato, no convirtamos en paradigma lo contrario. Dicho lo cual, tenemos que reconocer y reconocemos que es necesario introducir austeridad en la manera de gestionar las televisiones públicas. Y además lo hemos hecho donde gobernábamos, en muchos sitios; por tanto, es cierto que estamos de acuerdo con ese mensaje. Una cosa es el mensaje de introducir austeridad en las televisiones públicas —y esta mañana nos daba una serie de datos ciertos el portavoz del Grupo Popular, como el coste por habitante, el número de trabajadores, etcétera—, pero hacer un ejercicio de austeridad no significa que tengamos que modificar una ley que funcionaba, porque si lo hacemos, si reformamos todo, corremos el riesgo de convertir en estériles determinadas reformas. Y esta lo es, esta reforma solamente va a servir al colectivo que va a ganar dinero con la privatización de las televisiones, y solamente le va a servir a aquellos ciudadanos y ciudadanas que puedan pagar esos servicios. No hay otra. Cuando se privatiza un servicio solamente vale para eso. La esencia del servicio público es precisamente eso: que es público, y que aquellos que no pueden pagar los servicios privados pueden tener ese servicio público. Esa es la esencia. Al final, todo acaba costándonos dinero. Cuando evaluamos la deuda del país hablamos de la deuda pública y de la privada; la privada también cuenta. Qué más nos da si son las empresas de audiovisual las que se endeudan. Al final el problema es el mismo.

La Ley 7/2010, que hoy modificamos, creo que consolida un modelo de televisión como servicio público —se ha dicho esta mañana— que, además, en el caso autonómico nos sirve para crear identidad autonómica y sentido de pertenencia; para crear cohesión social y territorial, y hay que tener vocación de servicio público para hacerlo; para difundir los valores estatutarios y constitucionales, y para eso también hay que ser servicio público, eso no es comercial; y, además, en aquellas comunidades autónomas en las que, afortunadamente, tenemos una lengua propia distinta del castellano, sirve para potenciar y defender el uso de esa lengua. Por lo tanto, esos son los principios que ilustran la Ley 7/2010.

Por otro lado, la experiencia dice que el desarrollo de televisiones autonómicas ha producido en los territorios donde eso se ha hecho —y más donde hace más tiempo que se ha hecho— una potenciación de un sector de producción audiovisual que tiene mercado, que acaba exportando producto, y que es uno de los sectores económicos por los que hay que apostar si realmente nos creemos lo del cambio de modelo. Por lo tanto, ese es un valor añadido que hay que reconocerle al modelo audiovisual español, porque no solamente vale decir cuánto nos cuesta sino también qué aporta al sistema económico español, al sistema económico local donde se entronca.

Por tanto, como digo, la necesidad de austeridad es necesaria. Yo no voy a darle los datos —ya se han dado esta mañana—, pero es cierto que todas las televisiones nos han costado 2750 millones de euros, incluida la televisión española. Pero creo que no hay necesidad de repetirlo. Lo que sí queremos dejar claro es que, ante esa necesidad de austeridad, es que las medidas que se tomen, lo que se legisle




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en esta ley tiene que ser compatible con algunas cuestiones fruto de las cuales presentamos estas enmiendas.

La primera de todas propone garantizar que se mantenga por lo menos un canal de titularidad pública. La gestión puede ser compartida y puede flexibilizarse, como dice el título de la ley. Por cierto, otra de las especialidades de estos tiempos es crear neologismos. Hablar de flexibilizar la gestión significa privatizar. Ajustes son recortes. Agenda reformista es un hachazo a todo lo público. Pero todo eso son neologismos que vamos conociendo y vamos utilizando. Como digo, habría que garantizar que por lo menos las comunidades autónomas puedan tener derecho, en cada una de ellas, al menos a uno de esos canales múltiples que tienen, que sea de titularidad pública. Y esta ley permite que eso no sea así. Por lo tanto, en esta línea nosotros presentamos las enmiendas 121 y 123.

En segundo lugar, entendemos que la austeridad que se predica ha de ser compatible con la transparencia y la posibilidad de controlar los fondos públicos que se dedican a este tipo de actuaciones. Es decir, todo lo que gestionemos, junto con lo privado, tiene que ser absolutamente transparente, y las empresas que gestionen los servicios de lo audiovisual también tienen que ser transparentes. Para eso introducimos nuestras enmiendas 129, 130, 131 y 132, que se refieren precisamente a la necesidad de dar publicidad a los criterios de adjudicación, de gobernanza de las propias televisiones, etcétera.

En tercer lugar, entendemos que es necesario que la ley siga defendiendo la independencia y el pluralismo informativo, eso que, en nombre de la libertad, esta mañana hemos escuchado que se considera poco importante. Y eso lo garantizamos con la enmienda 120, que obliga a que por lo menos haya unos espacios de producción propia, normalmente los informativos, que sean obviamente públicos. Lógicamente, eso también serviría para poder establecer, en aquellas comunidades donde hay dos lenguas oficiales, los tiempos de emisión en cada lengua.

Entendemos también que con esta modificación la ley no garantiza que no se produzca una concentración de capital en los medios de comunicación, entendidos como entorno local. Es decir, hay que procurar que la ley no permita que en el entorno local, no ya en el estatal, se produzcan acumulaciones de capital en manos de pocas empresas. Por lo tanto, en ese sentido presentamos la enmienda 127.

Entendemos también, al igual que otros grupos, que en esta ley se conculcan de alguna forma algunos principios reconocidos en determinados estatutos de autonomía, pero, sobre todo, en la Constitución, que reconoce la autonomía y la suficiencia financiera de las comunidades autónomas. Creemos que eso hay que enmendarlo, y en este sentido va nuestra enmienda 126.

Finalmente, también hay que garantizar, obviamente, que toda la normativa europea relativa a la aplicación de fondos públicos, a lo que se llaman los servicios de interés económico general, es decir, poner dinero público, ayudas a los servicios audiovisuales públicos, tiene que estar garantizado de acuerdo a varios artículos que tratan el tema en los tratados europeos. En esta línea van las enmiendas 122, 124 y 128.

Así pues, nuestras enmiendas se refieren fundamentalmente a eso, a aspectos de esta ley que entendemos que no están garantizados con el redactado que ustedes plantean. Y nos gustaría que algunas de ellas, que en muchos casos no se refieren a cuestiones nada políticas sino de carácter muy técnico, fueran tenidas en cuenta por parte de esta Cámara.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Manchado.

Para el turno en contra, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Azuara por un tiempo de treinta minutos.

La señora AZUARA NAVARRO: Gracias, señor presidente.

Señorías, puedo asegurarles que voy a intentar no gastar los treinta minutos que tengo para la defensa de estas enmiendas para no alargar todavía más el debate de este proyecto de ley.

En primer lugar permítanme comentar el esfuerzo que hemos realizado todos los grupos parlamentarios de esta Cámara para llegar a un acuerdo respecto de la enmienda transaccional presentada con relación al punto 7, párrafo 2, del artículo único. El Grupo Parlamentario Popular considera que entre todos hemos conseguido consensuar un texto final más completo en defensa y salvaguarda de la protección al menor en relación con los contenidos de nuestras televisiones. Esta modificación viene a recoger una directiva europea de servicios de comunicación audiovisual.

La disponibilidad de contenidos nocivos en los servicios de comunicación constituye un motivo de preocupación no solo para el legislador, sino también para el propio sector y para los padres. Por tanto, se




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propone aclarar la prohibición de emitir contenidos audiovisuales que puedan ser seriamente perjudiciales para el desarrollo físico y mental de los menores, tanto en la emisión en abierto como en codificado.

Asimismo se incorporó un párrafo para garantizar la obligación de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual de establecer dispositivos o mecanismos eficaces y fáciles de utilizar que permitan el control parental a través del bloqueo de este tipo de contenidos, de forma que los menores no puedan acceder a los programas o contenidos que no estén dirigidos específicamente a ellos. Como he dicho antes, doy las gracias a todos los grupos parlamentarios por llegar a un acuerdo tan beneficioso, sobre todo en pro de nuestros menores.

Dicho esto, mi intervención en estos momentos es precisamente para defender la postura del Grupo Parlamentario Popular con respecto al resto de las enmiendas que se han presentado. En primer lugar, quiero dejar claro que este proyecto de ley que ha llegado al Senado tras su tramitación parlamentaria en el Congreso no pretende modificar la Ley General de Comunicación Audiovisual, sino determinados artículos, en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de la normativa de la Unión Europea.

Esta modificación pretende dar las competencias normativas necesarias a las comunidades autónomas para que puedan decidir libre y legítimamente si quieren o no una televisión autonómica pública, y si la quieren, que tengan el poder de decisión sobre el modelo de gestión que quieran aplicar con respecto a sus televisiones y radios. Los objetivos que persigue este proyecto de ley no son otros que proporcionar mayor flexibilidad a las comunidades autónomas para que determinen el modelo de gestión de la prestación en su servicio público de comunicación audiovisual; que puedan escoger, si así lo deciden, entre un modelo de gestión directo o indirecto, público, privado o públicoprivado que mejor consideren según los propios intereses generales de esta comunidad.

El Grupo Parlamentario Popular cree en la libertad de elección del modelo de gestión. No somos partidarios de las imposiciones, y menos cuando el mantenimiento de las televisiones públicas agrava todavía más el déficit que tienen las propias comunidades autónomas. Le recuerdo, señoría, que durante mucho tiempo las entidades públicas creadas por las comunidades autónomas para gestionar sus televisiones han acumulado importantes déficits anuales que han derivado en el incremento de su deuda, que en el contexto económico que tenemos actualmente es necesario reducir, desde luego, con los procesos de austeridad y racionalización.

Por ello es tan importante dotar de medios a las comunidades autónomas y a sus entidades públicas para que puedan llevar a cabo una gestión más eficaz, y sobre todo una gestión más eficiente de los recursos públicos. Se trata, pues, de dar libertad a las comunidades autónomas, que hasta ahora no la tenían, para elegir si prestan o no un servicio público, y si lo hacen, de tener el poder de decisión de cómo lo quieren gestionar, y además, dejando claro que tendrán que cumplir con los principios básicos de estabilidad presupuestaria, como cualquier Administración pública.

No debemos olvidar que en esta situación de crisis económica que estamos atravesando y de necesidad de otras administraciones públicas de llevar a cabo aquellas actuaciones para el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de saneamiento de las cuentas públicas es necesario establecer un límite anual de gasto y unos controles que garanticen el equilibrio de las cuentas públicas. En ningún momento este proyecto de ley, con las modificaciones que se han analizado, invaden competencias de ningún tipo ni limitan el poder de decisión de ninguna comunidad, sino todo lo contrario. Se pretende dar las herramientas de libertad para que si así lo estiman oportuno puedan decidir por el modelo de televisión autonómica pública, o no, que desean tener, y además, en una situación económica como la que nos encontramos, si quieren tomar la decisión de sacar a concurso sus correspondientes licencias audiovisuales para así aliviar sus cuentas públicas, no dejen de hacerlo libremente por no tener un marco normativo adecuado.

Con muchas de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentario se pretende profundizar aún más en la reforma de la Ley General de la Comunicación Audiovisual. Se ha querido aprovechar esta oportunidad para proponer enmiendas que reformen más a fondo esta ley, pero ese no es el caso que nos ocupa, pues con esta reforma lo que se pretende es acometer los aspectos más importantes y sobre todo los aspectos más urgentes para que en estos momentos de coyuntura económica podamos cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria. Además —y creo que lo ha dejado bien claro mi compañero el senador Muñoz-Alonso en su intervención en contra de los vetos— no es cierto que este proyecto apueste por una privatización de los medios audiovisuales autonómicos ni que vaya a invadir competencias de las propias comunidades, sino todo lo contrario, da libertad para elegir el modelo de gestión que estimen más oportuno y sobre todo abre un abanico de posibilidades para mejorar su servicio.




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Respecto a las enmiendas presentadas por la Entesa, que buscan la exigencia de nuevas obligaciones lingüísticas, quiero decir que el articulado de la propia ley ofrece garantías suficientes para una oferta que promueva y contribuya a la difusión de las lenguas propias, una oferta televisiva en catalán, en gallego, en euskera, en valenciano, que hoy se pueden constatar y que, evidentemente, continuarán. Con esta ley no vamos a eliminar, como algunos pretenden, las herramientas más eficaces para la difusión de una lengua, como son los medios de comunicación y en especial las televisiones. Todo lo contrario, pretendemos que estos instrumentos sean más eficaces, porque somos los primeros en creer necesaria la defensa de la pluralidad lingüística y cultural que enriquece a nuestro país.

Como he comentado antes, muchas de las enmiendas presentadas no son objeto de la modificación legal que en estos momentos estamos debatiendo, y otras muchas proponen modificar el concepto de servicio público de comunicación audiovisual: pretenden añadir elementos de programación en favor de la producción propia, prohibir la gestión indirecta de los servicios públicos o concretar el derecho de acceso a dichos servicios. Estas enmiendas irían exactamente en la dirección contraria de lo que se pretende, y por ello votaremos en contra de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, porque lo que estamos tratando es de hacer más flexible la gestión de las televisiones autonómicas con el objetivo de posibilitar una mejor situación financiera y, por tanto, no podemos ni imponer ni añadir nuevas obligaciones que lastren esta flexibilidad.

Como decía antes, en el contexto económico en el que nos encontramos no podemos añadir un peso más al ya sobredimensionado gasto de las administraciones públicas, y por ello es tan importante adaptar nuevos modelos de procedimiento que permitan un saneamiento progresivo de las cuentas públicas, que no hará sino favorecer la propia situación económica de los ciudadanos de cada comunidad autónoma, mejorando sin duda su maltrecha calidad de vida. Porque el objetivo esencial en este ámbito audiovisual, como en otras esferas de la economía y de las administraciones públicas, es reducir el gasto y sanear las cuentas para que redunde en beneficio de los contribuyentes, que hasta ahora vienen pagando de su bolsillo los excesos presupuestarios de todos los organismos públicos.

Desde luego, aquí nadie está pretendiendo eliminar las televisiones públicas, por mucho que se esfuercen en asegurarlo algunos partidos políticos, pero sí exigirles a dichos entes públicos una mejor gestión y sobre todo una actuación más eficaz. Establece un límite anual de gasto y unos controles e informes que garantizan el equilibrio y su propia sostenibilidad financiera, y con ello, las propias comunidades autónomas puedan salvaguardar sus televisiones y puedan decidir precisamente el modelo con el que quieren gestionarlas.

No se está obligando a las comunidades autónomas a adoptar una decisión perjudicial para sus intereses, sino todo lo contrario. Seamos honestos, este panorama de derroche no tiene colores políticos, las televisiones de cada una de nuestras comunidades autónomas se han transformado en incómodas cargas para los presupuestos de los Gobiernos regionales y todos sabemos que nuestros ciudadanos quieren un servicio de televisión que les informe de lo más próximo, que difunda su cultura, que promueva su lengua, pero también quieren que no les cueste nada de su bolsillo. Los ciudadanos están hartos de ver cómo ellos se aprietan el cinturón hasta casi perder la respiración mientras empresas y organismos públicos actúan con su dinero siguiendo la filosofía de aquella ministra de Cultura, como si el dinero público no fuera de nadie. Todo lo contrario, señorías, el dinero público es de todos y por ello debemos asegurarnos de que se gestiona de la forma más eficaz posible.

He escuchado en sus intervenciones que vamos a limitar el derecho de información, que no se va a garantizar la verdad. ¿De verdad lo creen, señorías? ¿De verdad creen que los medios públicos tienen el monopolio de la independencia y de la objetividad? ¿De verdad creen que los medios y los profesionales de las empresas informativas privadas no lo hacen con objetividad e independencia? Yo no lo creo así, ni lo uno ni lo otro, señorías. Pero lo que más me ha sorprendido han sido las afirmaciones del Grupo Socialista, que nos asegura que vamos a quebrar los principios de independencia, de neutralidad y de pluralismo con la externalización de los servicios públicos.

Señoría, yo también voy a seguir la estela de los senadores que me han precedido y voy a poner un ejemplo sobre los servicios audiovisuales autonómicos de Aragón, que son los que tengo más cercanos. Los tres puntales sobre los que se apoya el servicio de comunicación audiovisual de mi comunidad autónoma, la de Aragón, están externalizados prácticamente desde su nacimiento, desde el nacimiento de la televisión. Están externalizados los contenidos, están externalizados los servicios tecnológicos y están externalizados los servicios informativos de deportes. Sí, señorías, en Aragón desde un principio está externalizado el servicio informativo con el Gobierno regional del Partido Socialista, algo que a este




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mismo partido, en estos momentos le preocupa y le alarma tanto. Con sus palabras, senador Gil, me está dando la legitimidad necesaria para poder afirmar que los informativos en la radio y la televisión pública de Aragón no han gozado nunca de independencia, de neutralidad o del pluralismo mientras ha gobernado el Partido Socialista. Esto es lo que me quería decir, ¿no? No hace falta que haga más comentarios. Como dice un refrán muy famoso, cree el ladrón que todos son de su misma condición.

Creo, señorías, que cuando gobierna el Partido Socialista, cuando ustedes gobiernan, a la externalización la denominan producción propia, y cuando no están en el Gobierno piensan que ese mecanismo coarta la pluralidad y la independencia informativa. En este sentido, el Partido Socialista debería agradecer que con esta modificación de la ley se esté dando cobertura legal a la actuación que en este caso venían manteniendo ciertas televisiones autonómicas, entre ellas la de Aragón.

Y finalizo ya, señorías, en cuanto a las enmiendas que se han presentado a este proyecto de ley, como he dicho antes, la mayoría propone actuaciones que no son objeto de la modificación legal que en este momento estamos debatiendo; en otros casos, pretenden suprimir el artículo único, y el resto de las enmiendas contradice la iniciativa del propio Gobierno al impedir que los medios públicos audiovisuales autonómicos se gestionen como estimen más oportuno, por lo que vamos a votar en contra.

Y por último, quiero subrayar que este proyecto de ley permite a las comunidades autónomas la prestación de un servicio público mucho más flexible.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Azuara.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la senadora Salanueva.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, presidente.

Si me lo permite, hablaré desde el escaño para agilizar mi intervención.

Quiero manifestar en nombre de Unión del Pueblo Navarro que, vistos los objetivos que pretende este proyecto de ley, que no son otros que facilitar la consolidación del presupuesto, el saneamiento de las cuentas públicas en lo que se refiere, evidentemente, al servició público de comunicación audiovisual autonómica, racionalizar la estructura y garantizar viabilidad económica; en definitiva, señorías, buscar una mayor flexibilización en las formas de gestión del servicio público, incluida la privatización, nosotros estamos de acuerdo con los objetivos de la ley, los compartimos y creemos que es una ley necesaria y oportuna en este momento, que está cerca de la calle, de las peticiones y de las demandas que nos realizan los ciudadanos y que, ciertamente, hay que reconocer que se han cometido muchos despropósitos con las televisiones autonómicas. Y no lo digo porque la Comunidad Foral de Navarra no haya caído en la tentación de tener una televisión autonómica, que puede ser una buena herramienta, pero todos sabemos la utilización que se hace de dichas televisiones. No voy a entrar en esa cuestión más política, pero sí diré, compartiendo lo que manifestaba esta mañana el portavoz Muñoz-Alonso, que los datos en sí mismos del personal al servicio de estas televisiones —cerca de las 10 000 personas—, del gasto, de la inversión y la deuda que tienen —en concreto hay más de 3520 millones de euros en pérdidas acumulados desde el año 2006—, es para plantearse y replantearse una actuación de esta naturaleza.

Hay que tener en cuenta que, además, las pérdidas van a más porque la caída de los ingresos en publicidad es de un 40% y estas televisiones viven de la subvención pública. Solo un 15% de los ingresos que obtienen son debidos a la publicidad. Por lo tanto, señorías, es momento de tomar medidas también en las televisiones. Tenemos una Radio Televisión Española pública con descentralizaciones en los distintos entes territoriales de España. En fin, se pueden tomar medidas de esta naturaleza sin que ello sea obstáculo a la libertad, a la pluralidad, al conocimiento y al acceso a la información.

Por tanto, señorías, nosotros vamos a apoyar este proyecto de ley; pero no vamos a apoyar ninguna de las enmiendas, porque tiene su sentido. No obstante, quisiera hacer una mención especial a la enmienda que se ha consensuado. Quiero felicitar al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y agradecer la receptividad que ha tenido el Grupo Parlamentario Popular en el Senado porque nosotros como grupo nos quedamos mucho más tranquilos.

Estamos seguros de que el Partido Popular buscaba las máximas garantías para evitar el acceso de los menores a contenidos violentos, pornográficos, etcétera, pero creemos que va a quedar mucho más claro de esta manera. Así también nos los demandan asociaciones y colectivos que trabajan y que luchan en materia audiovisual. Por lo tanto, aunque suponga un retraso en la tramitación de esta ley merece la pena que pueda esperar unos días o una semana más su entrada en vigor y que las comunidades




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autónomas que tienen una televisión autonómica tengan la libertad y la posibilidad de utilizar esta herramienta, que —como bien se ha dicho— no obliga a nadie, pero que es una posibilidad que nosotros contemplamos, por lo que le damos la bienvenida.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Salanueva.

¿Algún otro portavoz del Grupo Parlamentario Mixto desea intervenir?

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la senadora Leanizbarrutia por tiempo de cinco minutos.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Gracias, señor presidente.

Señorías nuestra posición ante la Ley de modificación de la comunicación audiovisual se basa en una serie de principios que entendemos que deben ser no solo respetados, sino defendidos con firmeza, ya que con ellos apostamos por la defensa de una televisión pública, con todo lo que esto quiere decir.

En la Constitución, señoría, se reconocen y protegen los derechos de los ciudadanos, entre otros, los recogidos en el artículo 2, apartado d), donde dice que el ciudadano tiene derecho a que se le proteja y reconozca el derecho a comunicar, por un lado, y por otro, a recibir información veraz por cualquier tipo de medio de difusión. En el mismo artículo 2.3 dice que la ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de grupos sociales y políticos significativos respetando la pluralidad de la sociedad y las diversas lenguas del Estado.

Señorías, somos muy críticos con esta modificación. Hemos propuesto redacciones en nuestras enmiendas para que se recoja, por favor, ese artículo 40.1 en el que se recogen aquellos puntos que nos parecen básicos a la hora de definir lo que es un medio público de los medios audiovisuales.

Para nuestro grupo la modificación de esta ley no es más que un intento de terminar con ese servicio público de comunicación audiovisual de ámbito autonómico, pues no se garantiza un servicio que tiene como misión difundir contenidos que fomenten los valores democráticos, como el de contribuir a la conformación de una opinión pública plural. Se plantea como una cuestión económica sin más, cuando el planteamiento es garantizar ese precepto constitucional de tener una información plural. Se distorsiona totalmente el mensaje, cuando en el fondo la modificación no garantiza ni el derecho a esa información plural ni el derecho a defender ese pluralismo que tanto enriquece a la sociedad.

Garantizar la pluralidad, señorías, es garantizar la democracia, y la pluralidad es un gran activo de todo Estado que se llame democrático. Por otra parte, esta modificación atenta contra un principio que para nuestro grupo y nuestro partido político es clave: el principio de subsidiariedad. No se respeta la autonomía de las comunidades autónomas en cuanto que no dispondrán de la posibilidad de decidir modelos de gestiones o servicios de comunicación audiovisual, pues no se les da ninguna libertad para decidir ese modelo, ya que lo que se propone es imponer una gestión al margen de la voluntad de las comunidades autónomas que, además, tampoco asegura ni garantiza como decía anteriormente— ese derecho de las comunidades autónomas que puedan exigir que esos terceros contribuyan a la formación de opinión pública para que de esa forma se refleje la pluralidad lingüística y cultural de los territorios.

Señorías, con esta modificación no se asegura que un tercero que solo atiende a criterios económicos responda con su actividad a aquellos ciudadanos y grupos sociales que no son destinatarios de la programación mayoritaria. Si los criterios son económicos, está claro que todo aquel sector minoritario no va a tener ningún interés en una empresa con ánimo de lucro, porque pensamos que conceder a un tercero o a un particular la explotación de una televisión es con ánimo de lucro, que es legítimo para quien tiene que contar con resultados económicos eficientes, pero por esa misma razón no se sentirá obligado a responder a esos sectores minoritarios. Liberalizar el sector público y sobre todo los medios audiovisuales es dejar en manos de los privados la configuración y la información de las mentes, y la información es lo que configura luego un discurso, lo que hace que el ciudadano esté condicionado a lo que unos medios que solo atienden a criterios económicos o intereses ideológicos no muy claros y no muy controlables les van a poder dejar.

Señorías, lo más caro en democracia es perder derechos, y en cuestión de derechos y de defensa de derechos no puede estar una medio embarazada: o se está o no se está. Lo más caro es perder derechos, y para tener libertad de expresión se tiene que tener criterio y para tener criterio se tiene que tener libertad para escoger en pluralidad. Pero nosotros, los políticos, somos los que tenemos que hacer posible que esté garantizado ese consenso, sea el ciudadano de opinión mayoritaria o minoritaria, sea de una lengua




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o de otra, de una religión o de otra, pero es labor de estas Cámaras garantizar eso. Aquí no se trata de economía, señorías, sino de libertades, de algo básico en una democracia.

También sabemos qué es lo que trae consigo liberalizar sectores públicos.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Gracias, señor presidente, termino.

Cuando el que tiene ánimo de lucro los exprime como a un limón y el limón deja de dar zumo es cuando los dejan y entonces es cuando los políticos tienen que arreglar todo el entuerto de aquellos servicios públicos que han dejado hechos unos zorros. Esa es una realidad que se ha dado en muchísimos países.

También nos alegramos —y con esto termino, señor presidente, y le doy las gracias por haberme dejado terminar— de que en esta Cámara siga habiendo consensos en cuestiones de derechos y libertades, que estemos todos a una en cuestiones como no dejar que la violencia de género y el maltrato sean defendidos, y esto al margen de ideologías. Nos felicitamos por todo eso y también por esta modificación, que es agridulce, porque nos respeta en esa disposición adicional transaccionada con el Partido Popular, ya que reconoce ese derecho que tenemos tanto Navarra como el País Vasco por el estatuto de autonomía a regular nuestras propias televisiones.

Muchísimas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Leanizbarrutia.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, president.

Voy a ser muy breve. Quiero decir a la senadora portavoz del Grupo Popular que en este punto parece que usted nos quiere decir que con esta ley vamos a desobligar, vamos a quitar la obligación a las comunidades autónomas de tener una televisión. Es que no hay ninguna norma legal, no hay ningún texto legal que obligue a ninguna comunidad autónoma a tener un servicio público radiotelevisivo, ninguna. Y lo que nosotros proponemos es que si alguna comunidad autónoma no quiere o no puede tener un servicio público radiotelevisivo no lo tenga, pero para qué privatizar una frecuencia, un canal, el acceso, la posibilidad de que más gente la tenga. Y aún no me ha contestado.

En segundo lugar, hay tres administraciones: la Administración General del Estado, la Administración autonómica y la Administración local. Los entes públicos radiotelevisivos no son administración. Son las administraciones quienes tienen que cumplir los límites de déficit, la estabilidad presupuestaria, etcétera. Ustedes con el punto 8.bis que incorporan al artículo 43 entran de lleno en la gestión de un ente público que depende de una comunidad autónoma, y esto se llama invasión de competencias.

En tercer lugar, ¿hay que mejorar la gestión? Seguramente. Hay que mejorar la gestión en lo público y hay que mejorar la gestión en lo privado. Antes hacía referencia a ello. Si hacemos un análisis de cuál es la situación del sector audiovisual privado nos llevaríamos sorpresas por lo mal que llegan a estar, pero esto lo tienen que hacer las comunidades autónomas, no nosotros.

Por último, hay una diferencia conceptual. Para nosotros invertir en la lengua catalana, en cohesión, en pluralismo, en cultura, en la dinamización de nuestra industria audiovisual, etcétera, es una inversión, no es un gasto. Para nosotros, el que TV3 sea un factor fundamental de normalización del catalán es una inversión, no un gasto. Aquí hay una diferencia conceptual, ya que para ustedes, desde su lógica y su mentalidad, todo esto son gastos.

Por último, respecto a que los canales privados no pueden defender la pluralidad, ¿quiere que le ponga ejemplos? ¿De qué estamos hablando, de Intereconomía? ¿De Canal 13? ¿De qué hablamos? Si ese es su concepto de pluralidad creo que están muy equivocados.

Gracias, presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió tiene la palabra el senador Alturo.




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El señor ALTURO LLOAN: Gracias, señor presidente.

Decepción, esta es la palabra, por el hecho de que el Partido Popular aplique el rodillo al usar mal su mayoría absoluta y no entre en ningún tipo de negociación, a pesar, como he dicho antes, de vulnerar de manera flagrante las competencias exclusivas que en esta materia tiene la Generalitat de Cataluña.

El título del proyecto de ley ya nos habla solamente de una parte de él. Se refiere a flexibilizar los modos de gestión. Seguramente este título omite nombrar de manera expresa la segunda parte del proyecto de ley. Me refiero a la incorporación del apartado 8 bis, al artículo 43, al que ya he hecho referencia anteriormente. Con el pretexto de cumplir la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria el prestador deberá cumplir con toda una serie de obligaciones que claramente suponen una vulneración en toda regla de las competencias de las comunidades autónomas, y de manera especial impacta con las competencias de la Generalitat de Cataluña.

Creo que vale la pena recordar la definición de servicio público que se hace en la Ley 7/2010 como un servicio esencial de interés económico general, que tiene como misión difundir contenidos que fomenten los principios y los valores constitucionales, contribuir a la formación de una opinión pública plural, dar a conocer la diversidad cultural y lingüística de España y difundir el conocimiento y las artes con especial incidencia en el fomento de la cultura audiovisual.

Señorías, todo esto está en riesgo en estos momentos con la intervención que pretende el Partido Popular de las televisiones públicas, con el pretexto, siempre, de cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Podemos entender que quieran intervenir algunas televisiones públicas de las comunidades presididas por el Partido Popular por cuestiones económicas, pero lo que no se puede hacer es generalizar para disimular, y es que la televisión pública de Cataluña es otra historia. En primer lugar, porque cumple ampliamente con los objetivos que antes he indicado, además de ser el principal instrumento de cohesión social, de difusión de la cultura, de la lengua y de los valores democráticos y sociales a los que antes hacía referencia, y además, es líder en audiencia. Cada día alrededor de cuatro millones y medio de espectadores la ven.

Y ya que debatimos sobre temas económicos, permítanme que les haga otra reflexión. Muchos inmigrantes en Cataluña han aprendido la lengua gracias a la televisión pública de Cataluña, porque han querido aprenderla para integrarse mejor en la sociedad catalana. Y deberíamos preguntarnos ¿cuánto costaría esta formación a estos miles y miles de personas que hubieran tenido que aprenderla por otro procedimiento? Por lo tanto, señorías, hay televisiones públicas que lo que hacen no puede cuantificarse ni tiene precio. Así, podríamos hablar de televisiones como la valenciana, la de las Islas Baleares, la gallega, la vasca. En este sentido, no pretendan engañarnos con esta reforma.

Mi grupo dejó la puerta abierta —ya lo dije en la defensa de las enmiendas— a una negociación. Por lo tanto, lamentamos muchísimo que el Partido Popular se niegue a negociar, se niegue a aceptar que se está interviniendo en las competencias de la Generalitat de Cataluña. Con lo cual, nosotros vamos a votar en contra de este proyecto de ley.

Finalmente, quiero felicitarnos por el acuerdo al que hemos llegado en la enmienda transaccional que permite unas mayores garantías a los menores, y siempre que hay un resultado en este sentido por parte de todos los grupos, debemos felicitarnos por ello.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Manchado por tiempo de cinco minutos.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.

Señorías, es muy duro decir esto, pero tendríamos que haber explicado desde el principio lo que significa servicio público, porque los argumentos que nos ha dado la portavoz del Grupo Popular demuestran que no lo entendemos. Defendemos la necesidad de un servicio público por el montón de cosas que hemos dicho aquí, porque hay una diferencia entre los contenidos que tienen un interés comercial y los que no, y solamente desde un servicio público se pueden dar contenidos que no tienen interés comercial pero que son absolutamente fundamentales para la ciudadanía. Algunos han dicho, por ejemplo, programas educativos, programas deportivos que fomenten el fútbol base, programas de apoyo a los enfermos. ¿Sabe usted que a través de canales interactivos públicos se puede hacer telerehabilitación con los enfermos? Eso no es comercial, pero eso ahorra dinero al servicio de sanidad y, además, es bueno para el enfermo que no tiene que moverse de su casa. Programas que apoyen determinados




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colectivos solidarios. Eso es un servicio público, y por eso hay que mantener la libertad de que una comunidad autónoma pueda tener una televisión pública.

Y como ustedes, en nombre de la crisis y en nombre de la libertad, lo que hacen es recortar libertades, nos dicen ahora: el que quiera privatiza y el que no, no. Pero no dicen que el que privatice no podrá volver a tener una televisión pública, porque el espectro radioeléctrico es finito, porque está limitado y porque está lleno. Por lo tanto, quien ahora tenga un canal público y venda su titularidad, no podrá volver a utilizarlo. Por consiguiente, esa discusión de ahora compromete la libertad del futuro. Eso es clave entenderlo, porque no se trata de: cuando yo quiera una televisión pública la monto y cuando no, no la monto. Ahora tengo una serie de frecuencias públicas en los múltiples autonómicos, pero si las vendo, no las podré volver a tener, porque no existen, porque el ministerio está haciendo otra vez el plan de asignación del espectro, porque se están poniendo en marcha servicios que no existían y porque le aseguro a usted, porque lo he vivido en mis propias carnes, que el espectro está sobrecargadísimo. Por tanto, no es cierto que exista libertad siempre. Decidiremos ahora qué hacemos, pero si en este momento un gobierno de una comunidad autónoma decide vender su licencia, difícilmente la podrá recuperar, sencillamente porque no habrá.

Usted nos ha hablado de casos de pluralismo y de no pluralismo. Hay un anuncio en la televisión que lo dice bien claro: el caso de Aragón, acierto; el caso de Madrid, error. ¡Claro que hay comunidades autónomas y hay gobiernos que no quieren manipular las televisiones! Los hay, el caso de Aragón que usted ha puesto como ejemplo —lo ha puesto usted, no yo—. ¡Claro que los hay que manipulan! El caso de Telemadrid. Por tanto, eso no es un argumento.

Ciertamente es mucha más garantía de defensa del pluralismo la titularidad pública que la titularidad privada. Le aseguro, señora senadora, que no conozco ni un solo caso de programa de servicio público que se dé desde una televisión privada, ni uno —y hay un montón de televisiones privadas—. Le reto a usted a que nos diga aquí uno.

Quiero terminar felicitándonos por haber sido capaces de pactar entre todos una transaccional, precisamente necesaria por la existencia de televisiones autonómicas privadas. A una televisión pública jamás se le ocurriría impulsar la pornografía, la violencia de género o la violencia de ningún tipo. Sin embargo, precisamente porque hay televisiones privadas —porque las públicas no lo harían, ya que no tienen interés comercial—, tenemos que llegar a una transaccional para garantizar que esto no pase. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de entender cuál es la diferencia. No pensemos, señores y señoras senadoras, que es lo mismo una televisión pública que una televisión privada. Y no es un problema de crisis —siempre la crisis como argumento—. Claro que hay que ser austeros y eficientes, claro que hay que pensar que gestionamos dinero público, claro que la calle es sensible, pero tenemos que ser capaces de mirar más allá y ver el futuro. Necesitamos que las comunidades autónomas puedan tener, si quieren —como ha dicho el señor Guillot, no es obligatorio—, su canal público de radiotelevisión.

Por lo tanto, consideramos que nuestras enmiendas están absolutamente vigentes, por lo menos todas aquellas que tienen que ver con la titularidad pública de los medios de comunicación.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Manchado.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Azuara, por tiempo de cinco minutos.

La señora AZUARA NAVARRO: Gracias, señor presidente.

Díganme, señorías, ¿en qué parte del documento de la modificación de la ley se cita expresamente que se obligue —repito, que se obligue— a privatizar los servicios públicos? Díganmelo, porque por mucho que leo la redacción de la ley, no lo encuentro.

Como comentaba anteriormente en mi intervención, lo que sí persigue esta modificación es dar las competencias normativas necesarias a las comunidades autónomas para que puedan decidir libre y legítimamente si quieren una televisión pública, y, en el caso de que así sea, que tengan el poder de decisión sobre el modelo de gestión que en ese momento quieren aplicar. ¿Tanto les cuesta entenderlo? Como bien decía mi compañero, el senador Muñoz—Alonso, se trata de un derecho de libertad de elección.

Se ha dicho que el proyecto de ley es innecesario, pues las comunidades autónomas ya tienen capacidad normativa para flexibilizar su gestión y ajustarse a los objetivos de estabilidad presupuestaria. Pues lo hemos hecho muy mal, señorías, lo hemos hecho francamente mal.




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Voy a volver a dar unos pequeños datos acerca de la gestión de los servicios públicos de mi comunidad autónoma, aunque le sepa mal a mi compañero, el senador Iglesias. Durante los cuatro últimos años de la legislatura del Partido Socialista —su propio partido, senador Gil—, se llegó a alcanzar la cifra de 18 millones de déficit. Lo que oyen, señorías. En solo cuatro años, si no son menos… (El señor Becana Sanahuja: No, no.) Sí, sí, José María, sí. En menos de cuatro años un agujero de 18 millones de euros. Dicho de otra forma, nos han dejado una deuda de 18 millones de euros que vamos a tener que pagar entre todos los aragoneses. Yo no sé si mi comunidad autónoma tenía los mecanismos para evitar esta situación, pero afirmar que no los aplicó, desde luego es poco.

Como señalaba anteriormente, desde el nacimiento de la televisión autonómica de Aragón, los servicios informativos y de contenidos han sido prestados por un tercero, es decir, han estado externalizados en todo momento. Es un modelo de gestión que también se está aplicando en otras comunidades autónomas y, hasta ahora, nadie había puesto el grito en el cielo pensando que se buscaba con ello el ventajismo político —como se ha llegado a afirmar por el Partido Socialista.

Por cierto, uno de los argumentos que nos han dado para rechazar este proyecto de ley ha sido la idea de que se está otorgando a los grupos mediáticos afines al Gobierno una plataforma para su expansión mediática. En ese sentido, me están sorprendiendo todavía más estas afirmaciones. Como digo, me sorprenden estas afirmaciones, pues no me gustaría recordar al Partido Socialista cómo se produjo el reparto de los canales de la TDT. No hace falta que le recuerde la afinidad política en estos casos, ¿verdad? Subirse a esta tribuna a decirnos que solo se manipulan los servicios televisivos de las comunidades autónomas en que gobierna el Partido Popular, es rozar una temeridad inoportuna.

Por otro lado, debo apuntar un pequeño dato que puede hacernos reflexionar un poco a todos sobre la utilización política y los grupos afines. Las últimas elecciones municipales y autonómicas se celebraron el 22 de mayo. Pues bien, les comento esto, señorías, para comparar el comportamiento que tienen uno u otro partido, pues el Gobierno regional aragonés —que le recuerdo, gobernaba el Partido Socialista—, el día 20 de mayo de este mismo mes, dos días antes de las elecciones, sacaba los tres concursos de externalización de la radio y la televisión autonómica de Aragón, convocatorias que no vencían hasta finales del año pasado, y no en mayo. No creo que deba hacer ningún comentario al respecto.

Señorías, no quiero alargarme más sin antes trasladar al resto de los grupos parlamentarios de esta Cámara la tranquilidad de que con esta modificación de ley lo único que se pretende es flexibilizar el modelo de gestión de los servicios públicos de comunicación sin invadir competencias ni limitar la autonomía de las comunidades autónomas, sino todo lo contrario, se reconocen sus competencias y se les da la libertad para gestionarse. Y no vean fantasmas ni intenciones ocultas donde no las hay, pues dicha insistencia nos hace pensar en sus años de gobierno.

Muchas gracias, señoría. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Azuara.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Votamos las enmiendas.

En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.

Votamos la enmienda número 1.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 246; a favor, 73; en contra, 161; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la enmienda número 2.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 5; en contra, 231; abstenciones, 12.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 3.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 86; en contra, 161; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la enmienda número 4.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 18; en contra, 161; abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación las enmiendas del Grupo Parlamentario de la Entesa.

En primer lugar, la enmienda número 53.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 247; a favor, 8; en contra, 161; abstenciones, 78.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 54 a 60 y 65.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 19; en contra, 161; abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 61 a 64 y 66 a 84.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 8; en contra, 161; abstenciones, 79.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 85, 91 y 101.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 8; en contra, 172; abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 86 a 90 y 92 a 100.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 4; en contra, 161; abstenciones, 83.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, a continuación, la enmienda número 102.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 71; en contra, 162; abstenciones, 15.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, las enmiendas números 103, 104 y 106 a 109.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 8; en contra, 228; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, a continuación, la enmienda número 105.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 4; en contra, 239; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, las enmiendas números 110 a 112, 114 y 116 a 118.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 71; en contra, 162; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, a continuación, la enmienda número 113.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 246; a favor, 71; en contra, 170; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, las enmiendas números 115 y 119.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 82; en contra, 162; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió. En primer lugar, la enmienda número 51.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 247; a favor, 83; en contra, 161; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, la enmienda número 52.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 17; en contra, 162; abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, la enmienda número 123.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 69; en contra, 173; abstenciones, 6.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, las enmiendas números 126, 128 y 132.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 247; a favor, 80; en contra, 160; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos finalmente las enmiendas números 120 a 122, 124, 125, 127 y 129 a 131.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 69; en contra, 162; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan por tanto rechazadas.

Señorías, votamos a continuación la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 12009, firmada por todos los grupos parlamentarios, que entiendo se puede someter a su aprobación por asentimiento. (Asentimiento.)

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos a continuación en un solo acto el resto del proyecto de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 157; en contra, 86; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda por tanto aprobado.

Señorías, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.

7.2 LECTURA ÚNICA

7.2.1. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE AUTORIZA LA RATIFICACIÓN POR ESPAÑA DEL TRATADO DE ESTABILIDAD, COORDINACIÓN Y GOBERNANZA EN LA UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA ENTRE EL REINO DE BÉLGICA, LA REPÚBLICA DE BULGARIA, EL REINO DE DINAMARCA, LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, LA REPÚBLICA DE ESTONIA, IRLANDA, LA REPÚBLICA HELÉNICA, EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA, LA REPÚBLICA ITALIANA, LA REPÚBLICA DE CHIPRE, LA REPÚBLICA DE LETONIA, LA REPÚBLICA DE LITUANIA, EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, HUNGRÍA, MALTA, EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, LA REPÚBLICA DE POLONIA, LA REPÚBLICA PORTUGUESA, RUMANÍA, LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA, LA REPÚBLICA ESLOVACA, LA REPÚBLICA DE FINLANDIA Y EL REINO DE SUECIA, FIRMADO EN BRUSELAS EL 2 DE MARZO DE 2012. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 621/000009)

El señor PRESIDENTE: Punto siguiente del orden del día. Punto 7.2. Lectura única. Proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria entre el Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, Rumanía, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la República de Finlandia y el Reino de Suecia, firmado en Bruselas el 2 de marzo de 2012. Se tramita por el procedimiento de urgencia.

Se han presentado dos propuestas de veto a este proyecto de ley.




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La propuesta de veto número 1, del senador don José Manuel Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

En el turno a favor, para defender esta propuesta de veto, tiene la palabra el senador Mariscal, por un tiempo de quince minutos.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, quiero darles a conocer mi estupefacción ante la ausencia del autor de esta iniciativa en este debate que, según tengo entendido, dará lugar a la aprobación definitiva de este proyecto de ley. Lo digo porque he leído en la pantalla que el autor es el Gobierno pero no veo a nadie del Gobierno presente en este importante debate que, al parecer, tal y como nos lo han ido vendiendo a través de los medios de comunicación, el debate que se produjo en el Congreso sobre la ratificación de este tratado, etcétera, es de la máxima importancia para dar confianza a los mercados. Así aparece en el texto pero, repito, no veo al Gobierno. (Aplausos.–Rumores.—El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

En segundo lugar, señorías, en un día como hoy, y como no podría ser de otra forma (Rumores.), quiero recordar a los patriotas que hace 76 años dieron un servicio al pueblo español, a los patriotas que guardaron fidelidad a la democracia y a la República, a los gobernadores civiles, a los gobernadores militares,…

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Un momento, señoría. Por favor, ruego a sus señorías que guarden silencio. Está hablando un senador y hay que tener el respeto al silencio que se impone en la Cámara.

Continúe, señoría.

El señor MARISCAL CIFUENTES: …a las guarniciones del ejército republicano, al pueblo, a la Guardia Civil, a todos los patriotas que aquel 18 de julio se mantuvieron en sus puestos e impidieron la victoria de un golpe de Estado, que, con la participación y la intervención de potencias fascistas extranjeras… (Rumores.) Sí, potencias fascistas extranjeras. Alemania e Italia eran potencias fascistas, ¿no? ¡A ver si también vamos a revisar eso quizá! No sé.

Decía que, con la intervención de potencias fascistas extranjeras, llevaron a cabo y provocaron una guerra civil brutal en este país. Creo que hoy, 18 de julio, merece la pena recordar y mentar, insisto, a los patriotas que se mantuvieron fieles a la República aquel día.

Setenta y seis años han pasado ya desde entonces. La democracia en nuestro país está consolidada, la democracia en nuestro país es un signo de pertenencia a unos nuevos tiempos en los cuales Europa ha sido una de las palabras fundamentales. Europa ha sido uno de los términos que se han repetido de forma taumatúrgica para tratar de incorporar a nuestro país en la senda de la democracia y del desarrollo. (Rumores.) Y quisiera recordar en este momento cómo durante el debate del Tratado de Maastricht se nos tildaba de antieuropeístas; cómo durante el debate del Tratado de Amsterdam a las personas de Izquierda Unida se nos trataba de antieuropeístas (Rumores.); cómo en el debate sobre el tratado constitucional europeo se nos tildaba de antieuropeístas y cómo con el paso del tiempo, desde nuestro modesto punto de vista, reconocemos o creemos ver que todos aquellos que nos llamaban antieuropeístas son los que con sus propias políticas están poniendo en riesgo la propia construcción europea.

El propio proceso de integración política, económica, social y democrática al que todos ustedes hacían mención durante mucho tiempo hoy está en riesgo y está en juego precisamente a causa de las políticas que ustedes han ido firmando a lo largo de estos años. (Rumores.)

Hoy, señorías, los patriotas tienen su dinero en los paraísos fiscales, contra los cuales la Unión Europea no hace absolutamente nada. Los patriotas hoy tienen el dinero en las sociedades de inversión de capital variable, que cotizan a un 1%, y se sienten comodísimos. (Rumores.) Hoy los patriotas pagan el IVA, pero, desde luego, tienen unos impuestos muy altos en las rentas altas del IRPF o del impuesto de sociedades o del impuesto sobre el patrimonio.

En Izquierda Unida creemos que la defensa de la democracia también consiste en no entregar la soberanía del país llamado España en manos de los mercaderes. Y este tratado que hoy ratificamos en esta Cámara entrega la soberanía de España en manos de los mercaderes, entrega las decisiones de política económica más fundamentales en manos de los mercaderes, en manos de los que mandan, en manos de un grupo de personas con nombres y apellidos que nos van a decir qué es lo que tenemos que




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hacer en este país. Y la defensa de la soberanía de España, la defensa de la democracia en España, la defensa de la soberanía de este Estado nos debería llevar a negarnos a imposiciones.

El día 21 de junio se celebraba el debate de este tratado en el Congreso de los Diputados y aquel día se nos dijo, como aparece en la exposición de motivos, que su aprobación y ratificación iba a dar una señal de tranquilidad a los mercados. Casi un mes después nos encontramos con que la prima de riesgo está en los 570 puntos y que este país tiene que pagar unos intereses por su deuda del 7% a los mercados financieros europeos, a aquellos a los que estos mismos tratados permiten recibir financiación del Banco Central Europeo al 1% y que nos vendan el dinero a un 6 o un 7%. Este es el tipo de tratados que corresponden a esas políticas.

Y la verdad, evidentemente, aparte de las risas en la bancada popular, no voy a provocar la reflexión porque ellos pensarán que lo que estoy haciendo es ideología. Yo creo que lo que ustedes hacen es ideología, cada uno la suya ¿verdad? Pero sí me gustaría dirigirme a la bancada socialista porque aquel día, el 21 de junio, votaron a favor de la ratificación de este tratado en el Congreso. Votaron a favor a cambio de una proposición no de ley. La ley es para Merkel y la proposición no de ley para Hollande. Aquella proposición no de ley desde luego no ha conseguido, como ustedes han podido comprobar, frenar la puesta en marcha de políticas por parte del Gobierno del Partido Popular que señalan precisamente a este tipo de tratados para su puesta en marcha. Entonces yo les invito a que se reencuentren hoy con su discurso, a que vean que la ratificación de este tipo de acuerdos y de este tipo de tratados lo único que hace es darle excusas al Gobierno de la derecha en nuestro país para cambiar radicalmente los pilares básicos y fundamentales del Estado social y democrático que figura en la Constitución de nuestro país. Porque eso es lo que ustedes están haciendo, señorías, lo que está haciendo el Gobierno ausente en esta Cámara hoy: poner en marcha una reformulación constitucional de fondo de modelo de país llamado España en estos momentos. Y la excusa fundamental para impulsar ese proceso es este tipo de tratados.

Hay que rebelarse, señorías, hay que decir que España no paga una deuda que es ilegítima y que no sirve para financiar los servicios públicos. Al contrario, los ajustes que se están haciendo solamente van a servir para pagar los intereses de la deuda, ni siquiera para mejorar la calidad de los servicios públicos. Estamos hablando de la sanidad, de una sanidad universal, pública y gratuita, cuyos últimos hachazos cambian sustancialmente uno de los logros fundamentales del pueblo trabajador español; estamos hablando de la educación, de los servicios sociales; elementos todos ellos que fueron capaces de hacer que la ciudadanía y el pueblo trabajador de este país se identificaran con un proyecto de país y que hoy se les hace tremendamente complicado a las personas que están manifestándose en la calle de forma espontánea o de forma organizada mañana, 19 de julio, para demostrar que se ha dado un golpe de Estado a la Constitución de nuestro país, para exigir un referéndum sobre este tratado para la ciudadanía española, para exigir un referéndum sobre el plan que ustedes han puesto encima de la mesa y que no aparece en ningún programa electoral que haya sido votado y refrendado por la ciudadanía.

Si hoy, señorías, desde el Congreso de los Diputados se están retransmitiendo imágenes al resto del mundo de que España se encuentra en Estado de excepción —esa es la marca España que ustedes están promoviendo en el exterior— es porque han engañado al pueblo. Hay muchos votantes y trabajadores del Partido Popular que, por fin, se van dando cuenta del error que cometieron en su momento y que ahora están en la calle decididos a cambiar las cosas, y nosotros no le vamos a preguntar a nadie qué es lo que ha votado porque lo único que queremos hacer es defender el conjunto de los intereses del pueblo trabajador.

Nosotros propugnamos una Europa política, una Europa social, una Europa democrática y una Europa ecológica. Una Europa de los pueblos. Una Europa de los trabajadores y de las trabajadoras. Una Europa de la que se nos pueda llenar la boca diciendo Europa y no como una excusa para machacar al pueblo. Eso es lo que es está haciendo ahora, ese el concepto de Europa que se está utilizando ahora mismo.

Ahora tenemos que poner en marcha o intervenir en ese proceso constituyente, señorías, porque ya se está produciendo. Algunos veníamos diciendo: no, hay que poner en marcha un nuevo proceso constituyente, hay muchos que no votamos la Constitución del 78. Nos preguntamos: ¿Por qué no ponernos a redactar una nueva constitución más acorde a nuestros tiempos? Y no, resulta que nos la están redactando por otro lado. Y el primer aldabonazo de eso fue la reforma del artículo 135 de la Constitución Española el pasado verano. Y de aquellos polvos, estos lodos, señoría. Porque todo eso forma parte de la misma lógica política, que es la lógica política de poner por encima los intereses de los mercados. Prioridad absoluta en el pago de la deuda, pone en el artículo 135 de la Constitución Española, esa modificación que el señor Zapatero impulsó y que se aprobó, con agostidad, el año pasado.




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Es este tipo de tratado el núcleo básico fundamental que lleva al final a poner en marcha y encima de la mesa los recortes y los hachazos que el señor Rajoy, el señor Montoro y compañía han puesto durante estos días en desarrollo y que, evidentemente, vamos a tratar de parar. Y vamos a tratar de pararlos de la mejor de las maneras posibles, dado que ha habido un engaño a la ciudadanía a través de los programas electorales, más allá de la agenda oculta; ni siquiera un programa oculto, que es otra cosa. Esto es un cambio de sistema, un cambio de modelo y un cambio de prioridades de un sistema que veníamos llamando y tildando de democrático y que, con tratados y ratificaciones de tratados como este, lo que termina de hacer es entregar la soberanía del pueblo español a manos no ya de la Merkel, sino de cuatro mercaderes, de cuatro sinvergüenzas y de cuatro chorizos, que tienen nombres y apellidos en nuestro Estado y en Europa, que se van a seguir yendo de rositas y a cuya costa vamos a tener que seguir pagando el pueblo trabajador con la desdicha, con la pobreza y con la miseria. Pero eso, seguramente, encontrará corrección donde siempre lo ha encontrado a lo largo de la historia: con movilización y con lucha.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Para el turno en contra, tiene la palabra el senador Benítez de Lugo.

El señor BENÍTEZ DE LUGO MASSIEU: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, no soy de los que se regocijan con reiterar evidencias, pero los hechos son los que son y admiten pocas dudas. Los países que conforman la eurozona, y no solo España, no andan bien en sus economías, han ralentizado su crecimiento y alguno incluso ha entrado en recesión. Es más, han visto estos días cómo la tasa media de desempleo ha crecido hasta superar el 11%, y todo ello con una bolsa zigzagueante que sufre en carnes propias los ataques de los mercados al euro y a la deuda soberana de algunos Estados como el nuestro.

La cosa no va bien, pero que no vaya bien ni obedece a la fortuna ni a un inevitable designio de la naturaleza que imposibilite la intervención del hombre. No va bien porque algo ha fallado en el pasado en nuestra percepción de lo que debería ser el proceso de la unión monetaria y seguro porque ha habido errores en la adopción de decisiones. Algo pasó inadvertido y en algo nos hemos equivocado para que la más importante y significativa hazaña de la reciente historia europea, como es la creación de la moneda única, haya provocado la situación de inestabilidad e incertidumbre que hoy nos toca afrontar. Y es así, señorías, porque la suerte del euro es la primera fuente de preocupación en la inmensa mayoría de los foros internacionales; el detonante más relevante de lo que pueda llegar a ser la más importante recesión económica registrada en el planeta.

La historia del euro no es, sin embargo, una historia de fracasos. En los siete primeros años de los diez de su historia ha sido el responsable de que la Unión Europea creara doce millones y medio de nuevos empleos; que un estilo de vida más justo y equitativo que su contrapunto angloamericano se consolidara en Europa y se convirtiera en referencia obligada de progreso y bienestar en el mundo; que incluso pudiera pensarse en espantar el fantasma del cambio climático y fuera posible soñar con el destierro de viejas enfermedades y pandemias, lo que le hace ser hoy, en el presente, pero también mañana, en el más inmediato futuro, un activo a conservar; y es el más eficaz y poderoso instrumento para que Europa afronte con la menor incertidumbre el salto político a su definitiva unidad.

No voy a sorprender a nadie si digo que una parte importante del problema por el que atraviesa Europa hoy se debe a la desconfianza de los mercados respecto de que los países que conformamos la Unión Europea tengamos la voluntad y convicción de trazar juntos nuestro futuro. Suponen, desafortunadamente para nosotros, que la unión monetaria, que nació con vocación de permanencia en el tiempo, sea hoy algo reversible en cualquier momento y, en consecuencia, una amenaza para sus inversiones en lugar de una fortaleza. De ahí que la crisis por la que atravesamos no sea solo una crisis económica y pueda ser calificada sin ningún tipo de ambages de crisis política sobre todo.

Señorías, la historia del proceso de configuración de la Unión Europea es una historia de paso lento pero firme y seguro, sin vuelta atrás. Es cierto que jamás ha respondido a una planificación general a largo plazo más allá del hecho de buscar la forma de afianzar la paz y la prosperidad para todos, pero que no haya sido así no significa tampoco que haya consistido en un cúmulo de improvisaciones sin más, sino todo lo contrario, una respuesta constante a los cambios y adversidades a los que nos hemos tenido que enfrentar como Estados que no cejan en su empeño de permanecer unidos. Lo hicimos en 1985, cuando la guerra del petróleo amenazó con una recesión a nuestras economías y abolimos las fronteras de la hoy




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Unión Europea; lo hicimos también en la década siguiente, cuando saltaron por los aires las barreras que daban forma a los tipos de cambio del Sistema Monetario Internacional y decidimos crear la moneda única; y lo hemos hecho otra vez ahora, cuando hemos firmado el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Europea, y con ello hemos dicho al mundo que Europa sigue unida en su andadura, presente y futura. Porque es cierto que en este largo recorrido ya nos hemos equivocado; porque es cierto que deberíamos haber asentado nuestra moneda en instrumento de coordinación y gobierno económico efectivos; porque no es menos cierto haber enviado otros mensajes a aquellos que nos apoyan y confíen en nosotros comprando nuestra deuda. Pero tampoco es cierto que estos y otros errores jamás significaron que nuestra convicción de unidad se debilitara, que en algún momento dejáramos de ver a Europa como la unión política a la que aspira ser.

Hoy estamos aquí, señorías, para empezar a enmendar estos errores. Hay otros que ya se están corrigiendo también desde el Gobierno y que urge hacer con prontitud para evitar el desastre, pero estos tampoco admiten demoras si, como supongo, queremos ver cuanto antes cómo Europa recobra la senda del éxito.

Señorías, haré solo una pregunta para encuadrar en el marco empírico y de realidad mi reflexión. Es cierto que la crisis nos ha hecho ser a todos algo más pobres, que nuestra economía no tiene el dinamismo que tenía hace tan solo cinco años, ¿pero recuerdan cómo se vivía en este país antes de la entrada en la Unión Europea y los problemas a los que nos enfrentábamos antes del euro? Para España ha sido hoy especialmente beneficioso formar parte de la Unión Europea. Estamos peor que hace unos años, desde luego, pero infinitamente mejor que cuando estábamos fuera del euro y este era solo un proyecto. Por eso, y aunque solo fuera por eso, resulta francamente difícil posicionarse fuera del tratado a ratificar hoy. Pero es que además, aunque no fuera así del todo, que lo es, la situación difícil de nuestra economía exige que este país ratifique el tratado sin fisura alguna y demuestre que los miedos de los mercados al problema de la unidad europea son infundados, al menos en cuanto se refiere a la posición española.

Ahora bien, no solo España necesita a Europa. El futuro de Europa, y por tanto, de ese espacio de libertad, prosperidad, paz y bienestar que todos disfrutamos necesita también a España, y la necesita tanto por cada uno de los 47 millones de personas que la conforman como país como por ser la cuarta economía continental y una de las veinte primeras economías del mundo. Porque ya está bien de que nos lamentemos y nos sigamos viendo como los parientes pobres de la gran familia europea. A nosotros no nos sobra nada, pero tampoco estamos faltos, y mucho menos de ilusión, de fuerza, de valor, entereza, convicción y un estado de espíritu apropiado para hacer frente a los requisitos que nos exige el tratado, y trabajar como el país más septentrional para lograr la unidad política a la que aspira Europa.

Señorías, somos la misma generación que hizo posible el milagro español de los noventa, el mismo país que generó más del 60% del empleo nuevo europeo en la última década anterior a la actual crisis financiera.

Señor presidente, señorías, el senador de la Izquierda Unida ha expuesto sus razones para vetar el tratado. Con todos mis respetos, señor Mariscal, no hay por dónde meterles mano. Son un cúmulo de ideas peregrinas y contradictorias, que, al escucharlas, lo único que se saca en claro es que algunos siguen empeñados en vivir como si Berlín fuera una ciudad ocupada y dividida, y de eso han pasado ya muchos años, veintitrés desde que el muro cayera y se rompiera en mil pedazos, señor Mariscal.

Mire usted, es cierto que la Unión Europea es perfectible como sistema político, es cierto que las instituciones comunitarias siguen adoleciendo de un déficit democrático, pero no es menos cierto que la plenitud de la democracia representativa a la que Europa aspira nada tiene que ver con el modelo de democracia que usted y su coalición defienden. La época de las democracias populares ya pasó a la historia, el modelo social y económico de aquel mundo que el muro descubrió en su caída se acabó afortunadamente para todos, incluso para usted.

La Unión Europea eligió desde sus orígenes una senda que nada tiene que ver con la sociedad de economía planificada que dejan entrever sus palabras, y mucho menos con nada que no signifique profundizar en la libertad individual de las personas, sus derechos como ciudadanos, la paz en el continente y en el mundo, la prosperidad, el respeto al medioambiente y el logro del bienestar para todos.

Señor Mariscal, el acto de cesión de ciudadanía que implica la ratificación de este tratado es avanzar un tramo más en la carrera por la unión política y concretar este modelo de democracia, que por suerte no es el suyo.

Nosotros, señoría, no queremos mirar al pasado, de sobra sabemos lo que es ese pasado y a qué nos conduce. Ese pasado en la historia inmediata de este país son los brotes verdes después del despilfarro




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y el todo gratis del Gobierno del señor Zapatero. Nuestra voluntad es construir y construir juntos, avanzar hacia adelante. Los ciudadanos exigen un compromiso entre los partidos políticos para actuar con altura de miras y con capacidad de acuerdo y entendimiento, y no somos nosotros los que se lo vamos a negar.

España necesita ahora más que nunca de ese sentido de Estado que llevó al país en otros momentos —también complicados— a tirar hacia adelante y a asumir el reto de afrontar reformas estructurales. El grupo mayoritario de esta Cámara es absolutamente partidario de medidas que estimulen el crecimiento y la generación de empleo pero sin demagogia, siendo conscientes a la vez de que estas medidas no son contrarias ni pueden serlo al ahorro y al gasto eficiente. Nuestro compromiso tiene que seguir siendo reducir el déficit público, nuestro compromiso —y no es ningún prurito— es que debemos demostrar a los que nos prestan cada semana su dinero que somos gente seria, solventes y que vamos a devolverles lo que nos prestan en los plazos fijados con sus correspondientes intereses. Y es que, señoría, no podemos permitirnos la más mínima concesión en nuestra credibilidad exterior. España está comprometida con la Unión Europea —con esta, no con la que usted sueña o con la que le gustaría que fuera— y con los objetivos del programa de estabilidad ya aprobados también.

España tiene un firme compromiso con las normas sobre coordinación de las políticas económicas y de convergencia, y con las normas de gobernanza sobre la zona del euro, que también contienen esos compromisos fiscales de los que usted no quiere ni oír ni hablar.

Concluyo, señor presidente. La austeridad es condición sine qua non para el crecimiento. Hasta viejos líderes comunistas, como el que fuera secretario general del Partido Comunista italiano en los tiempos del eurocomunismo, Enrique Berlinguer, entendían que la austeridad va de la mano del rigor y la justicia. Y es que, señoría, el capital es el que es y es el que está en el mercado. Si de él se apropia el Estado para pagar la nómina de sus empleados y la totalidad de los servicios y prestaciones que ofrece, les niega la posibilidad de acceder al crédito a las familias y a las empresas, se reduce el consumo, se contrae el crecimiento y se destruye el trabajo. Y de eso es de lo que tratamos hoy, no de ningún otro asunto por más que algunos se empeñen en ello.

¿Desea otorgar la Cámara, esta Cámara, su autorización para que Europa pueda salir de la crisis, recuperarse, ser más próspera, crecer y crear empleo? ¿Sí? ¿No? Mi grupo dice sí sin dudarlo, aunque no se le esconde el hecho de que tendremos que hacer serios sacrificios en nuestro bienestar durante algunos años, pero así nos viene dado. No ha sido este Gobierno, ni este partido el que ha provocado la situación y el que, incluso, la negó cuando todavía había margen para intervenir de otra manera.

España hoy no puede elegir. Contener el gasto público, trazarse como meta la eficiencia es la única garantía que nos queda para salir del desastre al que nos llevaron los ocho años del Gobierno de la izquierda.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor Benítez de Lugo.

Propuesta de veto número 2d de los senadores don Joan Saura Laporta y don Jordi Guillot.

Para la defensa de este veto tiene la palabra el senador Saura Laporta.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Señorías, rogaría que no se citaran a personas como Berlinguer en un sentido absolutamente contrario a lo que escribió. Berlinguer proponía una austeridad del consumo de la producción para transformar el sistema capitalista. Evidentemente, si ha oído lo que se ha dicho ahora, se debe haber removido en su tumba. Por tanto, no hablen de Berlinguer si no saben qué dijo Berlinguer.

Paso a defender, en nombre de Jordi Guillot y en el mío propio, el veto a la autorización de la ratificación del Tratado de Estabilidad. La primera pregunta que se me puede hacer es: ¿Por qué? ¿Por qué el veto? ¿Por qué ustedes ponen el veto? La respuesta es fácil. Europa está en un momento de crisis, en un momento de incertidumbre, en un momento convulso, pero hay una cosa que es cierta: que no se sabe exactamente qué salida va a tener Europa. Europa va a ser distinta, pero pueden ser distintas Europas.

Interponemos el veto por lo siguiente: porque estamos absolutamente convencidos de que nuestra apuesta por Europa es una Europa que mantenga como signo de identidad el modelo social europeo, matizado, complementado, mejorado, actualizado. Pero queremos que la Europa que salga de la crisis mantenga este signo de identidad histórico de Europa del modelo social. Y estamos convencidos —podemos estar equivocados, pero estamos absolutamente convencidos— de que el tratado que ratificamos va en contra de una Europa con un modelo social como el que queremos.




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El tratado que vamos a firmar es un tratado que va a significar más paro, más recesión y más disminución del Estado del bienestar. Por lo tanto, nuestro no a la ratificación del tratado es un no a un tratado que, insisto, no avanza en la identidad del modelo social europeo, sino que retrocede, y retrocede de forma importante.

Permítanme un paréntesis —porque este asunto estos días ha salido mucho y en la intervención anterior también—: la crisis de Europa no es una crisis endógena, no es una crisis que nace en España, es una crisis que nace en Estados Unidos y en el sector privado.

Me ha hecho mucha gracia la discusión de si es mejor el sector privado o el sector público. En toda la historia de la humanidad nunca ha habido una crisis como la que hay producto del sector privado. Nunca en toda la historia de la humanidad, el sector privado ha hecho una crisis como esta. ¿Quiero decir con esto que estoy en contra del sector privado? No. Hay cosas que las ha de hacer el sector privado, pero hay cosas que solo las puede hacer el sector público, porque el sector privado, como es evidente, funciona y trabaja en función del beneficio. Por lo tanto, la crisis de Europa no es una crisis por exceso de gasto de las administraciones públicas, sino que es una crisis importada —lo dije ayer—. En España había superávit en 2007 y España está muy por debajo aún del gasto medio de producto interior bruto de la Unión Europea. España no tiene una situación fácil ni en ingresos ni en estructura fiscal.

Si la crisis viene de Estados Unidos, ¿qué pasó en 2007 y 2008? Si uno va a las hemerotecas, hay cien o doscientas propuestas de cómo hacer frente a esta crisis: reconsiderar el papel del Banco Central Europeo, dándole funciones de empleo y funciones de control; proponer y crear los eurobonos; crear un Gobierno económico, sin el cual una moneda no funciona; institucionalizar más la Unión Europea; incrementar el presupuesto —recuerden ustedes que el presupuesto de la Unión Europea es el 1% del PIB y el de Estados Unidos es el 30%—; y Sarkozy llego a decir refundar el capitalismo. Se hicieron veinte, treinta, cuarenta, cincuenta propuestas desde todos los ámbitos para hacer frente a la crisis.

La pregunta que les hago ahora es: ¿qué se ha hecho de todo eso? En cuatro años, ¿qué es lo que se ha hecho? No exagero si digo que prácticamente nada; alguna cosita, pero prácticamente nada. El Banco Central hace lo que hacía. Los eurobonos no funcionan. El presupuesto de Europa continúa siendo el mismo. No se ha avanzado en la institucionalización. Todo sigue igual. En algunos documentos se hacen declaraciones genéricas de lo que se tiene que hacer, pero todo sigue igual. ¿Qué ha pasado en estos cuatro años? Que hemos estado al borde del precipicio. Hemos estado y continuamos estando. ¿Cuál es la única política que ha tirado adelante? La política de austeridad que Merkel y Sarkozy han impulsado. Espero que ahora la llegada de Hollande neutralice este tipo de política.

La pregunta es: ¿qué ha pasado con la política de austeridad en Europa en estos cuatro años? Que ha sido ineficaz es evidente; no se puede rebatir. Tenemos la prima a 570 puntos. El Fondo Monetario Internacional ha dicho hoy que urge al Banco Central a tomar medidas no convencionales porque la situación es absolutamente crítica. En el cuarto trimestre de 2011 la Unión Europea está en recesión. El primer trimestre de 2012 está estancado en el 0,0 simplemente porque Alemania ha crecido 0,5, pero todos los indicadores nos dicen que posiblemente en el segundo trimestre de este año Europa va a estar en recesión; es decir, desde el punto de vista de los grandes objetivos macroeconómicos el fracaso de la política de austeridad ha sido evidente, por no hablar de la incapacidad de la Unión Europea para dar respuesta adecuada a toda la crisis de Grecia.

No se ha hecho nada de lo que se tenía que haber hecho. Estamos en el precipicio. Las cifras y los objetivos macroeconómicos no se han conseguido. Y qué decirles de la injusticia social. El otro día leí un informe de la comisión de la Unión Europea que hablaba del incremento de más de 20 millones de parados, del incremento de las desigualdades, del incremento de la pobreza: ese es el resultado de la política de austeridad.

La pregunta es: ¿con estos resultados, hemos de aceptar un tratado que solo habla de eso? ¿No podía decir más cosas? ¿No podía haber compromisos de todas aquellas ideas y propuestas de hace cuatro años? Pues no hay absolutamente ninguna: una Ley de Estabilidad, un Tratado de Estabilidad que, además, se pide que se ponga en la Constitución. Nosotros lo hemos hecho. Hemos sido más merkelistas que Merkel. Merkel proponía el 0,5 y nosotros el 0,0. Para chulos, nosotros. No cumplimos los objetivos de déficit, pero en cambio, cuando lo trasladamos a la Constitución y a la Ley de Estabilidad ponemos el 0,0.

Por lo tanto, señoras y señores senadores, ojalá nos equivoquemos, ojalá Jordi Guillot y yo nos equivoquemos. Ojalá que este tratado y la política de austeridad sirvan para hacer lo que el portavoz del Partido Popular hace un momento decía —y en muchas cosas estoy de acuerdo—; el problema es que




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entre lo que él dice y en lo que se concreta hay una distancia absolutamente abismal. Mientras Europa no renueve el papel del Banco Central Europeo, mientras no haga los eurobonos, mientras no haga un gobierno económico que sustente una moneda única, mientras que no incremente el presupuesto, va a ser muy difícil que Europa y España salgan de esta crisis, y desde este punto de vista es importante —lo dije también ayer— que el presidente del Gobierno alce la voz pidiendo las reformas necesarias en la Unión Europea. Hay que flexibilizar el límite del déficit y hay que decir que solo si se da un paso adelante en la integración política europea, España y Europa pueden salir.

Permítame que en el tiempo que quede hable de un tema colateral que es importante: ¿qué se hace con el 1% de déficit que se nos ha dado de más a España por parte la Unión Europea? Y digo que es importante porque ese punto de déficit, depende de cómo se reparta, puede significar más recortes en sanidad y educación. Dicho de otra manera: si una parte de este 1% no va a las comunidades, algunas comunidades van a estar obligadas a recortar. Y la pregunta que hago es: ¿cómo se distribuye entre las diversas administraciones el déficit del 6,3? ¿Cómo se distribuye? Hasta ahora se distribuye de la siguiente manera, de forma absolutamente arbitraria: del 6,3, el Estado se queda con el 4,5, pasa el 1,5 a las comunidades y el 0,3 a los ayuntamientos. Y la pregunta es: ¿hay otra fórmula de distribuirlo que no sea arbitraria? ¿Cuál es? Parecería lógico que la distribución del déficit se hiciera sobre la base del gasto público de cada nivel de administración, es decir, si la Administración central, según Eurostat de 2010, gasta el 44% del gasto público, le debería corresponder el 44% del déficit y si las comunidades autónomas gastan el 39% de gasto público, el 39% del déficit, y así sucesivamente. Lo otro es arbitrariamente colocar un nivel muy bajo de déficit a las comunidades autónomas para, a continuación, decir que no cumplen, que malbaratan y que obligan a recortar sanidad y educación. Ese es un asunto importantísimo.

Por lo tanto, señoras y señores senadores, aparte de defender el veto a una política que estamos convencidos de que va a significar más recesión, más paro y más desigualdad social —y ojalá me equivoque; si es así saldré aquí a pedir excusas— está el hecho fundamental de una distribución del incremento de déficit que sea equitativa y que permita que las comunidades autónomas den los servicios básicos que hoy se dan en el Estado español: educación y sanidad.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Para el turno en contra, tiene la palabra el senador señor Chiquillo.

El señor CHIQUILLO BARBER: Señor presidente, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar la posición en este turno en contra del veto, de la impugnación, de la disconformidad de dos senadores integrados en el Grupo de Entesa pel Progrés de Catalunya al Tratado de Estabilidad.

Desde el 2010, durante los últimos dos años y medio, la Unión Europea ha adoptado diversas medidas importantes y de gran alcance para superar la crisis y mejorar la gobernanza de la Unión Económica y Monetaria, mejorar lo que era manifiestamente mejorable. Sin embargo, a día de hoy, julio de 2012, España y Europa vuelven a pasar por un período de grandes tensiones: la crisis que rodea la deuda soberana y la debilidad del sector financiero, junto al escaso crecimiento en el entorno europeo y la recesión en algunos países, entre ellos España, desequilibrios macroeconómicos persistentes que ralentizan nuestra recuperación y generan riesgos para la estabilidad de la Unión Económica y Monetaria.

Nuestro rechazo al veto va, en primer lugar, porque este tratado es la reiteración por parte de España y del Senado de nuestro compromiso de preservar la Unión Ecónomica y Monetaria, mejorar lo que es mejorable y asentarla sobre una base sólida para el futuro, con una prioridad clara, y es el crecimiento firme, inteligente, sostenible e integrador, basado en tres pilares básicos: las finanzas públicas saneadas, las reformas estructurales y las inversiones que impulsen la competitividad.

Ya ha comentado mi compañero en su intervención en contra del veto anterior que el euro ha sido positivo. La presencia, la participación y la solidaridad que España ha recibido en ese club del euro, en la Unión Económica y Monetaria, ha dado sus frutos, pero no solo en esos 12,5 millones de puestos de trabajo que se crearon en el entorno europeo —en concreto en España casi cuatro millones de empleos, cuando había superávit en las cuentas públicas, cuando las cuentas públicas estaban saneadas y eran estables—, sino que además muy bien nos vinieron al conjunto del Estado español, a todas las comunidades los diversos fondos de solidaridad —Feder, estructurales, Fondo Social Europeo— que situaron a España en una posición de país competitivo, próspero, que algunos —con alguna gestión que




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también ha sido y está siendo puesto de manifiesto que era manifiestamente mejorable— pusieron muy en entredicho, con unas cuentas que hoy estamos sufriendo todos los españoles.

Por lo tanto, entendemos que el euro es un activo positivo para España y los países que integran la Unión Económica y Monetaria, y este tratado lo que pretende es decir a aquellos que dudan de la fortaleza del euro que España y un grupo de países que cree en esa Unión Económica y Monetaria, política y social, en un Estado fuerte que es la Unión Económica Europea, puede ser un ente político con voz y con voto en el conjunto de la comunidad internacional.

Fuimos capaces de poner en marcha el euro; España estuvo ahí, con esfuerzo, con sacrificio, cumpliendo los criterios para acceder a la moneda única, y a pesar de que algunos, dentro y fuera, no daban un duro, pudimos conseguir cumplir los criterios de Maastricht y dimos ese paso adelante. Y hoy queremos seguir dando ese paso adelante apoyando este tratado de estabilidad, porque entendemos que si algún defecto ha habido en los últimos años en la Unión Económica y Monetaria, como muy bien ha dicho el senador Saura, fue que no había un gobierno económico para gobernar esta Unión Económica. Vale, vamos a mejorarlo, vamos a sentar la cimentación para que haya un gobierno económico y nos lleve a los veintisiete países a tener fuerza en el contexto internacional; que haya una política monetaria centralizada, que el Banco Central Europeo sea fuerte, que la política presupuestaria no esté en manos de las naciones—Estado, sino que también estemos coordinados —y eso lo defiende este tratado— para no ir por libre y no caer en errores que ahora están llevándonos a un callejón sin salida. Se intentó tomar medidas que se pueden mejorar, como el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que ponía unos límites, pero no dio los resultados esperados. Una coordinación de verdad de la política económica es lo que hacía falta.

En épocas de bonanza, hasta el 2010, no se veían esos problemas que ahora han salido, pero cuando han aparecido las grietas, la crisis, los problemas, la recesión, la falta de crecimiento, el paro, ha sido cuando la Unión Europea ha empezado a reaccionar, y desde el 2010 hasta el día 28 de junio, en el último Consejo Europeo, se han tomado medidas para corregir los errores, para corregir aquello que era manifiestamente mejorable en política fiscal, financiera y coordinación económica.

¿Cuál es el objetivo que abandera todas y cada una de esas decisiones políticas de los órganos legítimos y democráticos de la Unión Europea? Porque no solo es el Consejo, sino también el Parlamento Europeo, elegido por los ciudadanos de los países miembros de la Unión, que han ratificado íntegramente todas las decisiones desde octubre del 2010 hasta el día 28 de junio. El objetivo es reforzar la Unión Económica y Monetaria. Y decimos que no a su veto porque decimos sí a reforzar la Unión Económica y Monetaria, a reforzar la arquitectura, a mejorar lo que era manifiestamente mejorable.

En marzo de 2011 se aprobó el mecanismo de estabilidad, el MEDE, ratificado recientemente por España. Y hago un inciso. Usted voto en contra en un ejercicio yo entiendo que de incoherencia, porque votó en contra del mecanismo de estabilidad y, sin embargo, lo que de alguna manera argumenta el rescate a Grecia usted lo votó a favor. Dígame eso cómo se hace. Es como decir que yo quiero prohibir las loterías pero quiero que me toque la lotería. No deja de ser un poquito peculiar su coherencia al respecto.

¿Qué tenemos que hacer ahora en el segundo semestre del 2012? Autorizar la ratificación de este tratado porque entendemos que es uno de los pilares de la nueva Europa que necesitamos; porque si es difícil la situación —yo no diría que es el abismo—, lo que sería irse al abismo y no saber adónde vamos —aquello de yo solo me perdí por no saber por dónde iba— sería dar la espalda a las decisiones que están tomando democráticamente los órganos de la Unión Europea. De acuerdo en que hace falta impulsar medidas para que fluya el crédito y que la economía real necesita el crédito para funcionar y el Banco Central Europeo es hoy por hoy el único instrumento y hay que redefinir su papel. En cuanto al Fondo Monetario Internacional —se lo decía ayer— el Banco Central Europeo tiene que hacer algo porque Europa está en una difícil situación, y algunos de sus socios en más difícil situación. Desgraciadamente, entre ellos, España.

Hay que dar un mensaje claro a los mercados, por supuesto, de tranquilidad y confianza, pero el Banco Central Europeo tiene mucho que decir: los mecanismos de rescate, poner en marcha el mecanismo de estabilidad y poner en marcha este tratado. Que llegue el día 1 de enero del 2013 para que esta cimentación de los pilares de la nueva Europa empiece a dar resultados. Y esa coordinación y esos objetivos de integración financiera, la unión bancaria, la supervisión, ¡claro que hacen falta!

Pero este tratado aborda sobre todo la convergencia fiscal, la integración fiscal, la estabilidad presupuestaria, el rigor; objetivo fundamental, junto a los otros dos, el económico y el financiero, para




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hacer una Europa fuerte, viable, que se sitúe en la senda del crecimiento, el empleo y la competitividad, y que se incorpore a los tratados, al eje normativo de la unión. Las otras medidas ya no son normativas, son de voluntad política. El Consejo europeo de los días 28 y 29 tomó decisiones, tomó buena nota y apostó por un pacto de crecimiento para el futuro en la Unión Europea. Se han sentado las bases para esos 100 000 millones de euros para la economía productiva, para la I+D, para la energía, para los jóvenes, para las infraestructuras a través del Banco Europeo de Inversiones, músculo efectivo para que empiece a fluir el crédito y los países de la Unión puedan respirar, y entre ellos permítame que esté también España, porque apoyando su veto, se nos negaría hasta el oxígeno. Por eso, desde la responsabilidad, apoyamos este tratado.

La convergencia fiscal es el pilar sobre el que se asienta el desarrollo. Le pondría muchos ejemplos de que vale la pena ceder estas competencias a la Unión, como ya hemos hecho en el camino por la Unión Europea desde España desde el año 1985, y han valido la pena, el saldo es positivo. Quien diga lo contrario, miente o desconoce la realidad de lo que ha significado la Unión Europea desde los instrumentos de solidaridad para el conjunto de las comunidades del Estado español.

España está haciendo los deberes, porque tú no puedes ser de un club y no cumplir sus mandatos. Tú no puedes ser de un colectivo e incumplir sus estatutos. Por eso estamos en la consolidación fiscal, ¡claro que sí!, porque este país no se puede permitir que en el 2007 hubiera superávit, hubiera crecimiento y hubiera creación de empleo y que en el 2011 estemos en el 8,9, haya un 24% de paro y estemos como estamos. Y usted bien lo sabe.

Por lo tanto, las medidas de austeridad y consolidación fiscal que nos impone este tratado entiendo que son buenas para España, porque ¿usted sabe qué países están en la famosa Triple A, que es la mejor tarjeta de presentación de solvencia? Hay trece países en el mundo, de ellos nueve son de la Unión Económica y Monetaria Europea o son del espacio económico europeo. Pues esos países de máxima solvencia están también en el ranking del foro económico mundial de competitividad; al mismo tiempo, son países que tienen saneada su economía, no tienen déficit o es insignificante o tienen superávit. ¿Usted sabe cuáles son las tasasde paro de esos países? Noruega, Holanda, Alemania, Suecia, Finlandia, Dinamarca, ninguna de ellas pasa del 8% de paro y tienen sus cuentas económicas saneadas, su déficit prácticamente saneado.

Por lo tanto, usted dirá lo que quiera decir, pero nosotros vamos a apostar por esa estabilidad, porque entendemos que la estabilidad, el rigor, la seriedad, dejar de lado la irresponsabilidad y el despilfarro, la consolidación fiscal y el saneamiento de las cuentas públicas son condición sine qua non para crecer. Y cuando se crece, se crea empleo; cuando no se crece, se destruye empleo. Y eso los Gobiernos de izquierdas de muchos países de Europa, entre ellos España, lo hemos sufrido.

Por lo tanto, vamos a apoyar en clave europea este tratado y en clave interna, cumpliendo los requisitos de pertenecer a una Unión en la que queremos estar en plano de igualdad con el resto de países, seguiremos con el programa de estabilidad, garantía para la consolidación de nuestras cuentas en el plano fiscal, y el programa nacional de reformas para corregir los desequilibrios, entre ellos el déficit público del 8,9% que hemos heredado.

Hay que impulsar políticas de crecimiento, competitividad y productividad, que son complementarias de la estabilidad. Como dijo Rajoy a sus colegas el día 6 de junio, no solo hace falta austeridad, sino también un compromiso presupuestario por el crecimiento. El último consejo aprobó ese pacto por el crecimiento, dotando con 100 000 millones de euros esas políticas activas de empleo en varios sectores, sobre todo el juvenil, respecto al que el Gobierno ya ha presentado iniciativas para acabar con esa lacra que afecta al 50% de los jóvenes de España. (Aplausos.)

Decir sí a este tratado supone avanzar en la integración financiera y económica; impulsar la unión económica y monetaria, abrir la senda de un camino más despejado y que no nos aboque a un precipicio. Para eso ya están otros que han hablado en la tarde de hoy. Y miedo me da que algún día, en el seno de la Unión Europea, en el Parlamento Europeo o en algún parlamento nacional, pudieran representar algo más allá de lo simbólico que representan en este país, porque no solo llegaríamos al precipicio, sino que ellos mismos nos empujarían para que cayéramos aquellos ciudadanos de Europa que creemos en Europa como una unidad fuerte, de futuro y viable en lo social, en lo económico y en lo político.

Por lo tanto, disciplina, estabilidad y rigor. La austeridad no es incompatible con el crecimiento; ni mucho menos. Le puedo citar más ejemplos. Más bien, la austeridad es una garantía de crecimiento, una buena gestión de los recursos públicos. España está en la zona euro, lo decidimos los españoles reiteradamente, además. Manifestamos nuestro compromiso europeísta en esta Cámara —ahora veremos




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la votación— y en el Congreso de los Diputados obtuvo el apoyo de 320 diputados, con solo 19 votos en contra. Tengamos en cuenta a quién representamos y qué significamos en el entramado político de nuestro Estado.

Por lo tanto, vamos a seguir apostando por avanzar en la integración económica, financiera y política. Ya dimos el paso en 1986 accediendo a la Unión Europea, y en el último consejo de los días 28 y 29 dimos un paso más…

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, vaya finalizando.

El señor CHIQUILLO BARBER: Concluyo.

El Grupo Parlamentario Popular va a seguir apoyando al Gobierno de España en decisiones, medidas y acuerdos como los de hoy, pues estamos convencidos de que van a contribuir a la recuperación económica de nuestro país, así como a retomar la senda del crecimiento y el empleo. Daremos el sí porque creemos en España y en Europa. Aunque después de escuchar algunas de las intervenciones de hoy, no sabemos en lo que creen ustedes.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor Chiquillo.

Turno de portavoces.

Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: En enero de 1977, el Partido Comunista italiano obtuvo el 35% de los votos. Sin embargo, una alianza de cinco partidos impidió que, siendo el partido mayoritario, gobernara. Fue entonces cuando Berlinguer, señor Benítez de Lugo, habló de la austeridad, diciendo que esta no es compatible a medio y largo plazo con el modo de producción capitalista, porque este se basa en el despilfarro de los bienes escasos, y que la adopción coyuntural de una táctica de austeridad por parte del empresariado es la manera de reducir el poder adquisitivo de los trabajadores. Esa es la cita de Berlinguer.

Si usted quiere conocer, más allá de lugares comunes, cuál es el ideario de este portavoz y de la organización a la que representa, cuál es su programa, más allá de representaciones simbólicas, más propias de la caza de brujas que de una democracia como la de ahora, en lugar de leer y traer aquí copiado el discurso del ministro Morenés en el Congreso —que citó a Berlinguer mal citado—, si están ustedes dispuestos a dejar de leer a Pío Moa o a Cesar Vidal —que me parece muy bien—, lean la historia de mi partido, la historia del Partido Comunista de España, donde se habla de democracia, de libertad, de los Pactos de la Moncloa…(Rumores.) Sí, sí, de los Pactos de la Moncloa, de la política de reconciliación nacional, de la transición o de los derechos sociales. Eso es lo que yo trato de representar aquí, señor Benítez de Lugo.

En cuanto al modelo de democracia que defiendo, lo repetiré una vez nada más, porque ya lo manifesté en el anterior Pleno del Senado. Yo detesto sus ideas —esto lo dijo Montaigne hace más de doscientos años—, pero daría la vida por que usted tuviera el derecho a seguir defendiéndolas. (Varios señores senadores: No, fue Voltaire.) No, lo dijo Montaigne. Detesto sus ideas pero daría la vida por que usted tuviera el derecho a defenderlas. Me gustaría que usted fuese capaz de decir lo mismo conmigo.

Gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador señor Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor presidente, señorías, en el Pleno de ayer el ministro Montoro quiso darle al Pleno del Senado la buena noticia a los que ganan menos de 1000 euros que tendrán su paga de Navidad. Como le recordó el señor Camacho, la buena nueva estaba ya publicada en el BOE hacía cinco días. Pero me quedo con la buena intención de utilizar esta Cámara, y no ruedas de prensa, para dar cuenta de lo que le interesa a la ciudadanía. Y, sin embargo, hoy este proyecto no ha sido presentado por el Gobierno. No ocurre hoy aquí, con este proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza Económica y Monetaria, ya que por lo menos en el Congreso el ministro de Asuntos Exteriores tuvo a bien explicarles a los diputados en qué consistía este importante tratado. No hubiera estado nada mal que en el Senado, bien el ministro, bien el presidente del Gobierno nos hubiera dado cuenta de él. Si vivimos en un sistema bicameral, lo debemos estar a todos los efectos o, de lo contrario, suprimamos esta Cámara. La cortesía




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parlamentaria no es solo no insultar a los parlamentarios, sino hacer realidad lo que tan rimbombantemente se anunció por parte del Gobierno, que fue convertir las Cortes Generales en el centro de la actividad política. Los hechos nos demuestran con su contundente terquedad que para el Gobierno esta Cámara no es solo de segunda lectura sino de ninguna lectura: ni vienen, ni están ni se les espera. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Y, en democracia, las formas son el fondo.

Dicho esto, señorías, estamos ahora invitados a debatir sobre una cuestión ciertamente importante, y en un momento que es decisivo. Nos invitan a tratar nada menos que la ley orgánica por la que se autoriza la ratificación del Tratado de Estabilidad, firmado en Bruselas el pasado 2 de marzo del año en curso, más conocido como Pacto Fiscal o Pacto sobre la Regla de Oro.

Diré, muy brevemente —porque así está pautado—, tan solo que se trata de un tratado que inicialmente se constituye extramuros de los tratados constitutivos de la Unión Europea y, por tanto, no va a pasar a formar parte del contenido del derecho originario de la Unión Europea. En cambio, el tratado sí cuenta de entrada con numerosos puntos de engarce, tanto con el derecho europeo como con las instituciones de la Unión, y nace con una vocación de incorporar su contenido, en el plazo máximo de cinco años, al marco jurídico de la Unión Europea, porque así lo explicita claramente en su artículo 16.

¿Qué puede decirse con respecto a la toma de posición de nuestro grupo en relación con este tratado? Hasta ahora, procurando ser coherentes con el europeismo vocacional de nuestro grupo, ya patente en los tiempos de la Segunda República, y que se intensificó notablemente en los años de la posguerra y en el exilio antifranquista, el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado siempre ha votado a favor de la ratificación de los tratados que han ido dando forma a la Unión Europea. Por supuesto votó a favor del Tratado de Adhesión y voto a favor del Tratado de Maastricht, de Amsterdam, de Niza, del Tratado Constitucional Europeo —que finalmente no entró en vigor— y el de Lisboa. Asimismo, votó hace unas semanas a favor del Mecanismo Europeo de Estabilidad, conocido como MEDE. Evidentemente, nuestro sí no siempre ha tenido el mismo grado de entusiasmo. Al sí convencido y hasta emocionado de la adhesión le han sucedido síes que han estado más matizados. En nuestra trayectoria ha habido un sí reticente; ha habido un sí crítico, un sí suspicaz y hasta un sí con reservas, y el rastro de todos ellos se puede seguir sin dificultad en el Diario de Sesiones del Senado de los últimos 26 años.

En cualquier caso, quisiera destacar el hecho de que en nuestra actitud siempre se ha impuesto el sí a la construcción europea porque ha estado inspirada en un ánimo europeísta y constructivo. La Unión Europea actual no obedece a nuestro ideal. Hay muchas cosas de ella que no nos gustan, pero el balance global de los cincuenta y cinco años de existencia que acumula a sus espaldas es netamente positivo. Y preferimos en cualquier caso esta Europa, con todos sus vicios e imperfecciones, que los tiene y son muchos, a la Europa desarticulada y enfrentada que dio lugar a dos grandes guerras en el siglo XX. Esta que acabo de describir ha sido la actitud de mi grupo parlamentario en el Congreso y en Senado, que, insisto, siempre ha antepuesto lo positivo de los avances en la integración a cualquier otra consideración secundaria o marginal.

El tratado que hoy nos ocupa es, a juicio de mi grupo parlamentario, un paso adelante en la integración económica de la Unión. Un paso corto y heterodoxo, por la fórmula por la que se articula, extramuros de los tratados constitutivos; pero un paso adelante, sin duda, que procura —¡ojo!— a la Unión Económica y Monetaria la pata económica que no pudo o no quiso aprobarse en Maastricht. Sin embargo, lo dicho no basta para valorar este tratado. Es preciso preguntarse, además, si este paso adelante que supone este tratado en la integración económica de la Unión Europea avanza en la dirección correcta. Bien, quienes consideran que la Unión Monetaria ya perdió el rumbo en Maastricht no pueden avalar este tratado, es evidente. Para ellos la Unión Europea camina en la dirección incorrecta desde el año 1992, o incluso desde mucho antes; si me apuran, desde el momento mismo en que la Unión Europea decidió asentarse sobre cuatro libertades básicas: las conocidas libertad de circulación de personas, de servicios, de mercancías y de capitales. Desde el momento mismo en que la Unión —la Comunidad Económica Europea, entonces— decide asentarse sobre cuatro libertades básicas y un mercado interior de competencia garantizada, ya estaba desencaminada, a juicio de quienes discrepan de la construcción europea a partir de Maastricht.

Pero nadie debe llamarse a engaño, señorías. Viniendo de donde venimos, el pacto fiscal que se contempla en este tratado, el pacto fiscal previsible, incluso el único posible en esta Unión Europea, no podía ser muy distinto del que se plasma en el tratado para cuya ratificación se nos solicita autorización. La pata económica que había de complementar a Maastricht solo podía descansar sobre la disciplina presupuestaria y el rigor de las cuentas públicas. Pensar que otra cosa era posible es situarse de lleno en




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el terreno de la quimera. Ahora bien, señorías, ratificar este pacto fiscal no supone, en absoluto, renunciar a la utilización de otros instrumentos de política económica que permitan combatir los ataques que está padeciendo la deuda de los Estados miembros y favorecer el crecimiento económico y el empleo. La austeridad no es incompatible con el crecimiento, siempre que se haga descansar la economía sobre bases sanas y se adopten los incentivos adecuados. No hay más que mirar el ejemplo que nos dan los países que se integran en el club de la triple A. La estabilidad presupuestaria que siguen a rajatabla no les impide crecer y crear empleo. La disciplina presupuestaria que impone este tratado no tiene por qué ser un obstáculo para el crecimiento, si la Unión Europea adopta las medidas necesarias para cortar de raíz los ataques que se están produciendo contra el euro y para estimular la economía. Así lo ha expresado gráfica y elocuentemente también el viceprimer ministro de Irlanda, Eamon Gilmore, en un artículo publicado en la prensa dos días después de que los irlandeses ratificaran en referéndum la suscripción de este tratado. No nos equivoquemos —decía el viceprimer ministro de Irlanda—, no se trata de un voto a favor de la austeridad, sino de la reivindicación de volver a una prosperidad económica basada en un crecimiento bien gestionado y sostenible.

Esta misma es la reflexión sobre la que queremos hacer descansar nuestra posición en relación con el Tratado de Estabilidad. La austeridad siempre es positiva como norma de conducta para el responsable político, siempre lo es; y se empieza a asumir ya, señorías, de un modo más o menos generalizado que el principal reto económico al que se enfrenta Europa en este momento radica en el crecimiento. La apuesta por el crecimiento ha dejado de ser ya una reivindicación aislada de los teóricos neokeynesianos o del presidente socialista francés. La ha asumido ya plenamente el presidente de Estados Unidos, el G-20, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y hasta la Comisión Europea; incluso, el propio Gobierno que nos preside, a tenor de la intervención que ha venido teniendo en estos últimos tiempos. Ya no es una novedad reivindicar el crecimiento en Europa como una asignatura pendiente.

Señorías, tampoco compartimos la Europa de la austeridad estéril. Nuestro modelo es el de una Europa que, arrancando de la austeridad, camine hacia el crecimiento. Por eso, nuestra posición en relación con este tratado será un sí apremiante, como el de los irlandeses. Un sí que urge a Europa a activar inmediatamente los mecanismos institucionales de los que dispone, que tiene ya a su disposición para promover el crecimiento de la economía europea, y a revisar, en su caso, los que necesiten ser retocados para poder ser utilizados con este fin. Un sí que insta a la Unión Europea a imprimir un papel más activo para el Banco Central Europeo y remover los obstáculos que hoy todavía dificultan la federalización económica e impiden u oponen resistencia a la unificación plena de la banca, a su supervisión y a su garantía, a la emisión de eurobonos y a la utilización del Banco Europeo de Inversiones como agente activo para el crecimiento.

Finalizo. Desde esta perspectiva, señorías, apoyaremos, por supuesto, todo el tratado que ha presentado el Gobierno ―sin estar presente en esta Cámara―, absolutamente convencidos de que, se apruebe o no, o se aprueben o no las enmiendas ―porque no sabemos lo que va a ocurrir, aunque lo suponemos―, no habrá Gobierno en el Estado español en los próximos meses y años que no suscriba de arriba a abajo los planteamientos que se formulan en este tratado.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Si este pacto fiscal, señorías, es la pata económica que le faltaba a Maastricht, a este pacto fiscal le falta una tercera pata que permitirá asentar definitivamente la estructura económica europea, que pasa por la federalización de la economía en los términos que acabo de describir.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

Señorías, el senador Saura, que como ustedes saben forma parte del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, da por defendidos los argumentos que ha expresado en la defensa del veto, en su nombre y en el del senador Guillot. Por tanto, ahora intervendré yo para fijar la posición de los senadores socialistas de l’Entesa pel Progrés de Catalunya.




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Estamos convencidos de la necesidad de la estabilidad y, por tanto, de la austeridad y de la disciplina presupuestaria que se derivan. En consecuencia, les avanzo que nuestra posición será favorable al Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación del Tratado de Estabilidad europeo.

Sin embargo, señorías, y parece que en este punto hay un amplio acuerdo también, es evidente que no son suficientes la estabilidad, la austeridad y la disciplina presupuestaria; es absolutamente necesario en este momento impulsar el crecimiento. Se está repitiendo últimamente de manera reiterada, pero es importante también recordarlo aquí: ningún país ha salido de la recesión solo con medidas de austeridad. Por tanto, hay que desmontar algunas de las mentiras que se repiten habitualmente. Si basamos nuestra actuación y nuestra posición política en razonamientos falsos, es evidente que las medidas que vayamos a aplicar tampoco responderán a las necesidades de nuestra sociedad, de España y de la Unión Europea en su conjunto.

Las señorías del Partido Popular y el Gobierno al que prestan su apoyo repiten hasta la saciedad que el problema fundamental de la situación española es el exceso de deuda; hablan ustedes reiteradamente de la herencia recibida y del endeudamiento con el que se han encontrado al acceder al Gobierno. Nuestra deuda ―ustedes lo saben y, por tanto, ofende a la inteligencia la reiteración de ese argumento― está por debajo de la media europea; es una deuda pública ―otra cosa sería el endeudamiento privado― que está por debajo de la de muchos países de la Unión Europea y también de la zona euro. Nuestro problema, señorías, no es de endeudamiento, que también, sino la recesión; es la parada de la economía que hace que los ingresos públicos, los ingresos de la Hacienda Pública, hayan disminuido de manera sustancial y, por tanto, el pago de la deuda, de las amortizaciones y de los intereses de la deuda, se está haciendo tan gravoso que está realmente lastrando el funcionamiento de la economía española y, por supuesto, del país en su conjunto.

Ante esta situación, los acuerdos del viernes 13 —si me permiten la expresión—, del Consejo de Ministros que anunció en el Congreso de los Diputados el presidente del Gobierno, señor Rajoy, van claramente en contra de esta necesidad de impulsar políticas de crecimiento. Los portavoces del Partido Popular, el señor Benítez y el señor Chiquillo, que han intervenido en contra de los vetos que se han planteado, hablaban de su apuesta por el crecimiento, pero las políticas que ha aprobado el Gobierno nada tienen que ver con esto. La subida del IVA, por más que estemos un poco por debajo de otros países europeos, lo que hace en estos momentos es dificultar la recuperación del consumo interno. Los castigos salariales a los funcionarios o la rebaja en el subsidio de desempleo lo que hacen es disminuir también la capacidad de consumo de amplios colectivos de la sociedad española, de los que tienen empleo y de los que no lo tienen, y, por tanto, impiden el crecimiento de la economía española.

Señorías, necesitamos generar confianza en la sociedad, necesitamos que los consumidores vuelvan a confiar. El sector que mejor aguanta de nuestra economía es el de la exportación; por tanto, es necesario proteger, apuntalar, a aquellas empresas que han hecho un esfuerzo de competitividad, y que tienen una presencia importante en el mercado internacional. Pero también hay que tomar medidas para impulsar la demanda interior; si la demanda interior no se recupera, será difícil asistir a una situación de crecimiento. Pero estas políticas de crecimiento necesarias evidentemente pasan por Europa. Todos insistimos reiteradamente en que apostamos por más Europa. Hemos cedido soberanía en distintos momentos, y más soberanía que deberemos ceder, si queremos avanzar en esa gobernanza económica absolutamente necesaria, más allá de la Unión Monetaria y de la Unión Fiscal.

Debemos realinearnos, señoras y señores senadores, en el contexto europeo. Debemos resituar nuestra posición y un buen referente sería seguir el ejemplo de la República Francesa. Las políticas impulsadas recientemente por el presidente Hollande son sensiblemente distintas de las que está impulsando el Gobierno español: subida de impuestos a los más ricos, impuestos directos; el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre las grandes fortunas, impuestos directos; no subida de los impuestos indirectos, y medidas de impulso al crecimiento. Hollande ha bajado las cotizaciones sociales a empresas y a trabajadores. Por tanto, aquí tenemos un punto de referencia que en el contexto del debate europeo hay que tener muy en cuenta. Por supuesto, también hay que insistir en la necesidad de tomar los acuerdos políticos necesarios para que cambie el papel del Banco Central Europeo y del Banco Europeo de Inversiones. El senador Chiquillo hablaba hace un momento de la necesidad de que el Banco Central Europeo cambie de actitud; evidentemente, el Banco Central Europeo cambiará de actitud si tiene las instrucciones políticas necesarias del Consejo Europeo para apostar por reforzar el crecimiento y, sobre todo a través del Banco Europeo de Inversiones, apoyar la economía para avanzar y generar crecimiento.




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Por todo ello, señoras y señores senadores, como he dicho, votaremos favorablemente, porque es necesaria la estabilidad, es necesario aplicar el principio de austeridad y de disciplina presupuestaria. Pero lamentamos, tanto en el contexto de Europa como en la política del Gobierno español, la falta de impulso al crecimiento.

Para finalizar, me permitirán que lea rápidamente una cita sacada del blog de economía del periódico El País, donde el periodista Carlos Mulas cita a Jeffrey Sachs, y que resume bastante bien la situación actual. Dice: Jeffrey Sachs, economista, progresista pero no keynesiano, hace unos días apuntaba en el Financial Times lo siguiente: Estados Unidos y Europa necesitan una estrategia de crecimiento a largo plazo, y no un nuevo estímulo de corto plazo al crecimiento; para lograrlo habría que dirigir las nuevas tecnologías de la información, la comunicación, el transporte, los nuevos materiales, y la genómica hacia la resolución de los problemas de falta de sostenibilidad y calidad de vida a la que se enfrentan nuestras sociedades. El crecimiento a largo plazo y la calidad de vida podrían alcanzarse a través de nuevas inversiones que avancen hacia una economía baja en carbono, baja en contaminación y alta en prestaciones sociales y medioambientales. Es ahí donde encontraremos la nueva revolución industrial que transformará nuestras vidas. Y sigue diciendo: La guía para esa transición en Europa está parcialmente apuntada en la Estrategia 20-20 y en sus 17 sectores de crecimiento futuro. En el caso de España, esa hoja de ruta tiene un primer embrión en la Ley de Economía Sostenible, aprobada en 2010.

Señoras y señores senadores, el momento es difícil. Pero, si estamos de acuerdo en que hay que crecer a la vez que aplicamos medidas de austeridad y disciplina presupuestaria, hay que seguir este camino y hay que alinearse en Europa con aquellos que apuestan por el crecimiento más allá de la austeridad y de la disciplina. Si estamos de acuerdo en eso, estoy seguro de que nuestro país podrá salir de la terrible situación actual en breve, y sin duda será gracias al esfuerzo colectivo.

Gracias, señoras y señores senadores; gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Vilajoana.

El señor VILAJOANA I ROVIRA: Señor presidente, señorías…; en este papel tenía escrito, además, señor ministro. No está el señor ministro, y lo lamento. Estoy de acuerdo en lo que ha dicho el senador Anasagasti lamentando que no esté presente el ministro en la ratificación de un tratado que muchos en esta Cámara consideramos muy importante. No está y, por tanto, señor presidente, señorías, empezaré contando algo sobre este tratado y contando lo que tendría que haber contado el ministro.

Este es el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria. Se firmó en Bruselas el día 2 de marzo de este año. El objetivo de este acuerdo es instrumentar la articulación del pacto fiscal entre Estados, la coordinación reforzada de las políticas económicas y la gobernanza de la Eurozona. Esto supone un avance hacia una Unión Económica más fuerte desarrollando una coordinación más estrecha dentro de la zona euro para garantizar una gestión a largo plazo correcta y sólida de las finanzas públicas, y así poder afrontar los principales focos de inseguridad financiera que hemos sufrido y que estamos sufriendo. Nuestro grupo va a votar a favor de este tratado. Convergència y Unió siempre ha sido europeísta, siempre hemos querido más Europa y entendemos que este tratado supone claramente más Europa. Los acontecimientos de las últimas semanas han demostrado que la Europa que tenemos no es suficiente. Hemos de construir una Europa más fuerte; es necesario un salto adelante en la integración política, avanzar hacia una Europa federal, con más instrumentos de control democrático, con impuestos europeos y con la transformación del Mecanismo Europeo de Estabilidad, el MEDE, en un Fondo Monetario Internacional europeo, con eurobonos y además con una deuda mutualizada. En definitiva, que Europa hable con una sola voz y que muestre a los mercados la voluntad de actuar en la misma dirección. Una Europa de países miembros con soberanías compartidas. Estamos construyendo un mundo en el que compartimos soberanías hacia arriba y hacia abajo, y esto no solamente no es malo sino que es absolutamente imprescindible.

El Estado español ha modificado la Constitución, ha aprobado la Ley de Estabilidad, ha solicitado ayuda al Eurogrupo para dar solvencia al sistema financiero y ha presentado el Real Decreto-ley 20/2012, de medidas urgentes para garantizar la estabilidad presupuestaria. Pero, como puede observarse y puede observar el Gobierno, no es suficiente. Desde la aprobación del tratado en el Congreso hasta hoy, en que probablemente será ratificado en el Senado, ha pasado casi un mes, y en este período la prima de riesgo ha subido hasta niveles no conocidos con anterioridad, la Bolsa ha bajado y la incertidumbre sobre nuestra




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economía está más viva que nunca. Una parte de la culpa está sin duda en una Europa que no hemos sido capaces de estructurar ni política ni económicamente. Pero la parte más importante de la culpa está claramente en cómo hemos hecho las cosas en España, y también en cómo las ha hecho un Gobierno que lleva ya siete meses tomando decisiones, y algunas las ha tomado tarde, como aprobar los presupuestos en junio de 2012, y otras han sido claramente equivocadas, como por ejemplo subir el IRPF, ahora subir el IVA, decir en un momento dado que no lo subiría y crear un cierto caos alrededor de una política fiscal que no ha sido capaz de construir globalmente y al servicio de la situación que estamos viviendo. También ha actuado erróneamente este Gobierno cuando se ha preocupado más de centrifugar el déficit desde la Administración central a las Administraciones territoriales, en vez de reducir el déficit donde más se produce, que es claramente en la Administración central del Estado.

Ya se ha demostrado —y se ha dicho hoy en un par de intervenciones— que solo con austeridad no se sale de la crisis. La austeridad es positiva como norma de conducta, tanto a nivel personal como a nivel de empresas, y evidentemente a nivel político. Pero el reto económico al que se enfrenta Europa es el crecimiento; el reto al que nos enfrentamos en este país es crecer. Hay que urgir a Europa a que active los mecanismos institucionales de que dispone para promover el crecimiento de la economía europea; instar a la Unión Europea a imprimir un papel más activo para el Banco Central Europeo; a remover los obstáculos que dificultan la federalización económica, que impiden o se resisten a la unificación plena de la banca, a su supervisión y a su garantía; a la emisión de eurobonos, a la utilización del Banco Europeo de Inversiones como agente activo para el crecimiento. Estas son las cosas que entendemos que este Gobierno, que este país, tendría que instar a Europa.

El Tratado de Estabilidad propone acuerdos y el consenso entre los Estados miembros para ganar estabilidad. Este es el gran objetivo de las reuniones que se establecen y de las que se quieren establecer de una forma continuada en el futuro, dos al año. Desde la perspectiva del Estado español, la estabilidad requiere acuerdos y consensos dentro del propio Estado. Hasta ahora —la reunión del jueves pasado del Consejo de Política Fiscal y Financiera es un claro ejemplo—, el Gobierno ha preferido imponer su criterio y su mayoría absoluta, al acuerdo y al consenso con las administraciones y con los ciudadanos. Y esto claramente lo consideramos un error.

Lo he dicho antes, en Convergència i Unió somos europeístas. Votaremos afirmativamente la ratificación del tratado, pero advertimos de que la deriva centralista e intervencionista del Gobierno con la excusa de cumplir los compromisos con Europa no ayuda a avanzar hacia la estabilidad. En la ratificación del tratado decimos que Europa ha de ser la solución y no el problema; de la misma manera que, para avanzar hacia la estabilidad, el Estado no debería ser un problema, sino formar parte de la solución.

Nada más y muchas gracias, señor presidente, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vilajoana.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Gracias, señor presidente.

Es evidente para todos que Europa tiene una seña de identidad —como dijo el expresidente Lula en su momento— que envidian todos, y es el Estado de bienestar. Otros tienen también libertad, eso no es patrimonio de los europeos, lo otro sí. Y parece evidente que a lo largo de estas últimas fechas ese es precisamente el enemigo a abatir por parte de todos. Y eso es lo que nosotros vamos a reivindicar del europeísmo: el contenido real de lo que significa ser europeo, que es no dejar a nadie abandonado a su suerte y pensar que el Estado va a intentar solucionarle los problemas que tiene, evidentemente con su colaboración, es decir, dando igualdad de oportunidades a todos.

En ese sentido, este debate es fundamental y, por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo en que tenía que haber venido a presentarlo o el presidente del Gobierno, porque este tratado va a condicionar el comportamiento económico y político de España durante muchos años —si no ya para siempre—, o cualquiera de los ministros. No ha sido así; no ha sido así, no porque no consideren importante el Senado, sino porque no consideran importante —y, al final, es una cuestión de ocultismo— transmitir a los ciudadanos lo que hay aquí contenido, que es lo que en definitiva hacemos en el Senado: transmitir a los ciudadanos las cosas que hace el Gobierno. (Rumores.)

Y esa situación tendría que haber partido de un análisis previo, y es que todos nosotros hemos dejado de lado, por nuestras batallas partidistas y por las obsesiones de la política interna en muchas ocasiones, una explicación de lo que ha pasado en España y en Europa en los últimos años. Nosotros, con toda claridad… (Rumores.)




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Presidente, quiero pedir amparo, si puede ser. Oigo muchos rumores.

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, un poco de silencio; si no, no se le oye al senador Lerma ni él es capaz de expresarse como le gustaría, por ese ruido de fondo.

Continúe, señoría.

El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias.

Insisto en que probablemente estas batallas internas nos responsabilizan de cosas en las que no tenemos responsabilidad, mientras que dejamos al margen otras sobre las que sí la tenemos realmente, y eso implica que cometemos errores a la hora de buscar las soluciones.

¿Qué ha pasado en Europa durante los últimos años? ¿Qué explica la situación que ahora tenemos enfrente? Pues en Europa ha pasado una cosa muy sencilla, y es que nuestro afán de buscar la conservación de esa calidad de vida y ese Estado de bienestar y, sobre todo, la idea primigenia con la que nació Europa, que es la de conservar la paz y la estabilidad, nos llevó a una mayor integración, a la moneda única. Y a principios de siglo empezamos a utilizar el euro, primero a través de los mecanismos conocidos y luego ya directamente como moneda de bolsillo. ¿Y qué pasó? Pues que España, que era un país tradicionalmente inflacionista, de repente se encontró con una financiación barata y abundante. Barata, porque nosotros, que estábamos acostumbrados a ser un país inflacionista, teníamos que pagar un precio muy elevado, similar al que ahora tiene nuestra prima de riesgo, por cierto, por nuestra financiación externa. Y al mismo tiempo abundante, porque el Banco Central Europeo estaba suministrando financiación abundante, mucha liquidez, porque precisamente uno de nuestros socios más importantes, Alemania, en aquel momento no crecía. Seguro que son ustedes capaces de recordarlo.

¿Y qué pasó? Lo que tenía que pasar. Que durante mucho tiempo alimentó el crédito europeo barato y abundante nuestra burbuja económica, no solamente inmobiliaria, y la de mucha otra gente. Y a cambio tuvimos dinero para intentar mejorar la productividad, evidentemente. Pero si miramos todo el proceso, vemos que al final nos encontramos con unos países periféricos, tres, intervenidos, y dos en riesgo, y que todos juntos suman todo el déficit por cuenta corriente que supone el superávit alemán. Esto es lo que ha pasado. ¿De esto tenemos la culpa nosotros? Difícilmente podríamos haberlo evitado, porque el dinero barato que entró en España nos impidió controlar los costes y, por mucho que liberalizáramos, éramos incapaces de controlar la inflación, porque teníamos dinero abundante y barato. Eso no es consecuencia de la política española, es consecuencia de la política europea, que nos ha afectado muy directamente en contra de nuestra necesidad. Lo que nosotros necesitábamos entonces era un Banco Central Europeo restrictivo que subiera los tipos de interés y que pudiera enfriar la burbuja que se nos estaba creando. Eso no pasó; satisfizo los intereses de la economía más fuerte, que es la que estaba en recesión. Pero ahora que nosotros estamos en recesión, estamos solos, y aquellos que se beneficiaron en aquel momento dicen ahora que nosotros gastamos demasiado, y ustedes a veces les ayudan a creerlo.

Pero eso no es verdad; nosotros hemos cerrado con superávit todos los ejercicios presupuestarios antes de la crisis, y nosotros no somos los responsables de la política de dinero barato y de excesiva liquidez del Banco Central Europeo cuando nos hubiera convenido lo contrario. Por tanto, si en aquel momento somos socios, ahora también, y nosotros no podemos estar pagando intereses del 7% en tanto que algunos países, socios nuestros, pagan intereses negativos por guardar el dinero. Eso no puede ser, y como no puede ser, hay que construir mecanismos europeos para que no se trate de un problema de austeridad o de no austeridad, sino que sea un problema de gobierno europeo. Y el problema de la austeridad que tanto se aduce, y que es verdad, tiene una contrapartida que aprobamos, creo recordar, en el Pleno anterior, y es el mecanismo europeo de estabilidad que va a hacer, como ustedes recordarán perfectamente, lo que le están solicitando al Banco Central Europeo. Podrá comprar deuda de los países, podrá comprar en el mercado secundario también, podrá prestar y podrá, si es que somos capaces de convencer al Gobierno alemán y a algunos otros gobiernos reticentes, prestar dinero a los bancos españoles directamente para su recapitalización. Eso lo hace el Mede, que es el complementario de este tratado para que haya control de los gastos en los países que puedan decir algunos que son despilfarradores, lo que obviamente no es nuestro caso.

Por tanto, avanzamos en el proyecto europeo, mal, insuficientemente rápido para nosotros, porque aquí se habla del déficit salvo que haya una excepción en la política, ¿y qué más excepción se puede pedir que un país que está en una recesión tan evidente como España, que aunque no caiga mucho el PIB tiene un 25% de desempleo y debería ser objeto de tratamiento inmediato por parte de la Unión? Porque a nosotros solo nos cabe hacer, y no es nuestra política solamente la que puede incidir en eso,




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esta política de austeridad, y quien tiene que hacer la política de expansión es quien tiene en su mano hacerla: la Unión, que no tiene el endeudamiento que nosotros tenemos —ni ningún otro—, y los países que en estos momentos están en mejor situación, es decir, los que en vez de estar haciendo austeridad, deberían estar expandiendo sus políticas económicas. Porque si ellos no salen de la austeridad, ¿a quién le vamos a vender? Ellos son los que tienen en su mano la solución, pero es la que deben de hacer, porque son nuestros socios. Y esto está recogido en este tratado, en el Mede y le faltan algunas cosas más que el presidente del Gobierno nos tendría que explicar aquí, y debería explicar sobre todo en Bruselas y buscar aliados para eso.

Y termino, señor presidente. Una política de crecimiento que no puede esperar a los designios alemanes, que es inmediata porque tenemos, insisto, un desempleo insostenible. Y esa es una situación que se tiene y se puede solucionar.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor LERMA BLASCO: Sí, termino ya.

Eso significa actuación diferente del Banco Central en su caso, porque es el único que tiene dinero ilimitado para hacerlo, y mutualización de deuda. Eso significa muchas cosas más, significa unión bancaria, significa supervisión, significa seguro de depósitos europeo y significa sobre todo apoyo al empleo, y a ver dónde están esos 120 000 millones que han presupuestado en teoría y que ya se los empiecen a gastar.

Nada más y gracias, presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Lerma.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Chiquillo.

El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.

Señorías, muy brevemente voy a dar una contestación a los grupos parlamentarios en su conjunto porque les ha unido una cuestión: las ausencias.

Sí, hoy no está aquí el ministro de Asuntos Exteriores porque está trabajando junto con el ministro de Industria en Rusia, avalando un proyecto inversor multimillonario en Moscú para generar riqueza y miles de puestos de trabajo en España. (Aplausos.) ¡No están aquí porque están trabajando por España!

En segundo lugar, alguno de los portavoces que ha intervenido, desde que ha empezado su intervención de diez minutos hasta el minuto siete —porque he tomado nota—, de su grupo parlamentario solo estaba él, no había ningún compañero suyo de grupo parlamentario escuchándole. Que conste en acta simplemente por aquello de las ausencias.

Pero este Gobierno da la cara. Aquí está el Diario de Sesiones del debate en el Congreso de los Diputados de este tratado: casi cuatro horas y media de debate entre los grupos parlamentarios y el ministro de Asuntos Exteriores. Sí, me van a decir: es el Congreso. Sí. ¿Esta Cámara tiene la misma dignidad? Por supuesto. Diario de Sesiones de Cortes Generales, Comisión Mixta para la Unión Europea, donde hay un nutrido grupo de senadores de esta Cámara, el ministro de Asuntos Exteriores, García— Margallo, habló durante tres horas y media del mecanismo de estabilidad, habló del tratado de estabilidad y habló del Consejo de Europa que se iba a celebrar el 28 y el 29 de junio. (Aplausos.)

Dicho lo de las ausencias, me ratifico: el Grupo Parlamentario Popular y este Gobierno ven en el pacto un elemento fundamental para recuperar la credibilidad perdida —ahora le contestaré al portavoz del Grupo Socialista—, condición para liberar financiación para la inversión productiva, para generar recursos que permitan garantizar el Estado del bienestar: educación, sanidad y bienestar social. Porque si ha habido ajustes es porque cada euro que entra en las arcas del Estado, ¿saben para qué es con el actual nivel de déficit público que tenemos? Para pagar los intereses de la deuda. Si saneamos las cuentas y tenemos menos déficit público, tendremos más recursos para sanidad y para educación.

Y señor Lerma, no nos den lecciones, por favor, porque su líder carismático hace unos pocos meses dijo: Mejor nos hubiese ido si hubiéramos gastado menos en época de bonanza. Dos datos: en 2006-2007, superávit; en el día de hoy, déficit. No comment. Creo que está todo dicho: cómo dejaron el déficit público de este país. Por lo tanto, conste en acta esta clara y directa mención, porque lecciones, las justas. En la facultad nos dieron muchas, a usted, a mí y a todos los que estamos aquí.

España va a seguir apostando por la Unión Económica y Monetaria. Entendemos que a mayor austeridad y rigor se pagarán a medio plazo menos intereses por la deuda para obtener recursos que




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tenemos el firme compromiso de dedicar a aquellas cuestiones que necesita España: crecimiento, empleo, políticas sociales, innovación, desarrollo, energía, transportes, bienestar de los ciudadanos. Si pagamos menos intereses, habrá más dinero para todo lo que necesita este país, que estamos ajustando por culpa de aquel que dijo que si hubiéramos gastado menos en épocas de bonanza nos hubiera ido mejor en estos días de crisis.

La reunión del Consejo, repito, del 28 y 29 ha tomado nota y aquí hemos coincidido todos los grupos, y doy las gracias al PNV, a Convergència i Unió, a la Entesa y también al Partido Socialista, en el apoyo al tratado, porque es un compromiso de todos seguir avanzando en la Europa política, económica y social que queremos. Y coincido también en el tema del crecimiento, por supuesto que sí, el crecimiento y políticas para que la Unión Europea y España crezcan, vuelvan a la senda de la prosperidad y se recupere el empleo. Rajoy lo dijo en una carta a los presidentes del Consejo: la austeridad por sí sola no va a resolver nuestros problemas. El problema es la sostenibilidad de la deuda y que hay que impulsar estrategias de crecimiento.(Rumores.) Y así, en Roma, con la participación del Gobierno de España, se impulsó esa agenda de crecimiento, esa estrategia de crecimiento, plasmada en el Consejo de Europa del 28 y 29 de junio, donde se establecía un pacto por el crecimiento, con 120 000 millones de euros…

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio.

El señor CHIQUILLO BARBER: …para esas políticas de crecimiento y de generación de empleo.

Por lo tanto, impulsar las políticas de crecimiento, sí, y este pacto nos ayudará, desde el rigor, la seriedad y el buen Gobierno, como decía muy bien el señor Anasagasti, haciendo uso de una cita, que yo también había anotado, y que voy a leer, porque es importante que se tenga en cuenta: las finanzas saneadas y evitar el déficit público darán estabilidad al euro, fortaleza a Europa y un mensaje de confianza a los mercados si vamos todos de la mano. Y coincido con el viceprimer ministro de Irlanda —y coincido con Anasagasti que ha hecho uso de ella— en que aquí no damos un voto solo a la austeridad, que es importante y es garantía de crecimiento, pero que no lo es todo, sino que es un compromiso de España y de Europa para situarnos en la senda de la prosperidad, basado en un crecimiento bien gestionado y sostenible.

El saneamiento de las cuentas públicas es hoy la asignatura pendiente de muchos países de la Unión Europea, y España, el Gobierno de España, tiene un firme compromiso para hacerlo realidad. El pacto europeo de crecimiento, inversión y empleo, plasmado en el Consejo Europeo, es un buen paso, no el único. Aquí se habla en profundidad de algunas cuestiones, pero hay que profundizar y el Gobierno de España va a profundizar en clave interna con el saneamiento de las cuentas públicas y con el plan de reformas estructurales. Pero hay que hacer más cosas, aquí y en el seno de la Unión —ya lo he dicho—, no solo este pacto, que contiene cuestiones relativas, partiendo de la inexcusable obligación de sanear las finanzas. Estamos hablando del empleo juvenil, estamos hablando del papel del Fondo Social Europeo, estamos hablando del Mercado Unico Digital, estamos hablando de energía, del Espacio Europeo de Investigación, del apoyo al I+D+i, a las pymes innovadoras, el papel, repito, del Banco Europeo de Inversiones. Eso se plasmó en el Consejo, con la propuesta que salió no solo de Merkel, sino de Merkel, de Hollande, de Monti y, aunque a algunos les moleste, de Mariano Rajoy, que siempre ha dicho que es fundamental la austeridad y fundamentales las políticas de crecimiento, porque sin saneamiento de cuentas y sin crecimiento no habrá ni empleo ni políticas sociales, porque no habrá recursos para hacerlas posible. Vaya esto por delante.

Por lo tanto, en nuestro grupo creemos que el Tratado de Estabilidad es un sí a Europa, una apuesta decidida por la estabilidad —y España está en ello—, un paso adelante en la coordinación de la política económica, necesario. Hace falta un Gobierno económico, un Gobierno para lo bancario y financiero, una gobernanza económica del Pacto del Euro que nos asegure una moneda fuerte y para eso el Banco Central Europeo tiene que ser una verdadera reserva federal europea para dar músculo a nuestros proyectos de inversión y de cohesión territorial y social y también un elemento, sobre todo, de responsabilidad con el que, complementado con el Mede, que es el instrumento de solidaridad, podremos construir una Europa fuerte en lo político, en lo social y en lo económico, que crezca, genere riqueza, progresen nuestros países y se generen puestos de trabajo, desde la responsabilidad y la solidaridad. Y este Gobierno de España tiene un firme compromiso, desde la responsabilidad y con la solidaridad, para sacar este país adelante, a pesar de la herencia recibida (Rumores.), que sé que les molesta, pero es así.

Muchas gracias. (Aplausos.)




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Chiquillo.

Llamen a votación. (Pausa.)

Señorías, vamos a votar los dos vetos. Les recuerdo que para la aprobación de las propuestas de veto se requiere mayoría absoluta de la Cámara.

Vamos a votar, en primer lugar, la propuesta de veto número 1 del senador Mariscal del Grupo Parlamentario Mixto.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 245; a favor, 5; en contra, 239; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos, a continuación, la propuesta de veto número 2 de los senadores Guillot y Saura del Grupo Parlamentario Entesa Pel Progrés de Catalunya.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 244; a favor, 5; en contra, 238; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Una vez rechazadas las dos propuestas de veto, sometemos a votación el texto del proyecto de ley orgánica.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 245; a favor, 240; en contra, 4; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado.

En consecuencia queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales dicho proyecto de ley.

8. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

8.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

8.1.1. RESOLUCIONES 137 Y 138 DE LA JUNTA DE GOBERNADORES DEL BANCO EUROPEO DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO, POR LAS QUE SE ENMIENDAN LOS ARTÍCULOS 1 Y 18 DEL BANCO EUROPEO DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO, ADOPTADAS EN LONDRES EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000031)

8.1.2. ACUERDO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COMÚN PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA ENTIDAD ÚNICA SUPERVISORA DE LAS SUBASTAS, HECHO EN MADRID EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2011. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000032)

8.1.3. ACUERDO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COMÚN PARA LA CONTRATACIÓN DE PLATAFORMAS COMUNES DE SUBASTAS, HECHO EN MADRID EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2011. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000033)




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8.1.4. DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE MALTA AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000005)

8.1.5. PROTOCOLO DE ENMIENDA AL CONVENIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA FISCAL, HECHO EN PARÍS, EL 27 DE MAYO DE 2010, Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000006)

8.1.6. PROTOCOLO DE NAGOYA SOBRE ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS Y PARTICIPACIÓN JUSTA Y EQUITATIVA EN LOS BENEFICIOS QUE SE DERIVEN DE SU UTILIZACIÓN, AL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, HECHO EN NAGOYA EL 29 DE OCTUBRE DE 2010.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000007)

8.1.7. CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CAMERÚN SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN MADRID EL 26 DE ENERO DE 2011.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000008)

8.1.8. CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS RELATIVO A LA ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL, HECHO EN RABAT EL 24 DE JUNIO DE 2009.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000009)

8.1.9. CONVENIO DE EXTRADICIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS, HECHO EN RABAT EL 24 DE JUNIO DE 2009.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000010)

8.1.10. ACUERDO DE SEDE ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA (OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR-MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS-OAMI), HECHO EN MADRID EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000011)

8.1.11. ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE KAZAJSTÁN SOBRE COOPERACIÓN PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA, HECHO EN ASTANÁ EL 17 DE JUNIO DE 2011.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000012)

8.1.12. ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOBRE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE INTERÉS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL, HECHO EN MADRID EL 30 DE JUNIO DE 2011.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000013)




Página 1851


8.1.13. ACUERDO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL ESTADO DE QATAR, HECHO EN MADRID EL 26 DE ABRIL DE 2011.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000014)

8.1.14. ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE ALBANIA SOBRE EL LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA FAMILIARES DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y OFICINAS CONSULARES, HECHO EN TIRANA EL 20 DE MAYO DE 2009.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000015)

8.1.15. DENUNCIA DEL ACTA DE LONDRES AL ARREGLO DE LA HAYA, DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1925, RELATIVO AL DEPÓSITO INTERNACIONAL DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES, HECHA EN LONDRES EL 2 DE JUNIO DE 1934, ASÍ COMO DEL ACTA ADICIONAL DE MÓNACO AL ARREGLO DE LA HAYA, RELATIVO AL DEPÓSITO INTERNACIONAL DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES, DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1925, REVISADO EN LONDRES EL 2 DE JUNIO DE 1934, HECHA EN MÓNACO EL 18 DE NOVIEMBRE DE 1961.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000016)

8.1.16. DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DEL PRINCIPADO DE ANDORRA AL CONVENIO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000017)

8.1.17. ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO FEDERAL AUSTRÍACO RELATIVO AL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN MUTUA DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000018)

8.1.18. DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DEL REINO DE MARRUECOS AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000019)

8.1.19. ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE AUSTRALIA PARA LA PROTECCIÓN MUTUA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA DE INTERÉS PARA LA DEFENSA, HECHO EN MADRID EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2011.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000020)

8.1.20. ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE ARMENIA, HECHO EN MADRID EL 22 DE JULIO DE 2011.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000021)




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8.1.21. ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE COREA, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 6 DE OCTUBRE DE 2010.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000022)

8.1.22. ACUERDO DE COOPERACIÓN SOBRE UN SISTEMA DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS Y EL REINO DE NORUEGA, HECHO EN BRUSELAS EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010.

(Núm. exp. 610/000023)

8.1.23. PROTOCOLO DE NAGOYA-KUALA LUMPUR SOBRE RESPONSABILIDAD Y COMPENSACIÓN SUPLEMENTARIO AL PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGÍA, HECHO EN NAGOYA EL 15 DE OCTUBRE DE 2010.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000024)

8.1.24. ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE AZERBAIYÁN SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DEL RÉGIMEN DE VISADOS DE CORTA DURACIÓN PARA SUS NACIONALES TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, HECHO EN MADRID EL 16 DE JUNIO DE 2011.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000025)

8.1.25. ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO INTERNACIONAL REY ABDULLAH BIN ABDULAZIZ PARA EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO E INTERCULTURAL, HECHO EN VIENA EL 13 DE OCTUBRE DE 2011.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000026)

8.1.26. CANJE DE CARTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LAS NACIONES UNIDAS PARA ACOGER UN CURSO DE PERSONAL DIRECTIVO DE MISIONES DE PAZ, QUE SE CELEBRARÁ EN MADRID ENTRE LOS DÍAS 31 DE OCTUBRE Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2011, HECHO EN NUEVA YORK EL 17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2011.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000027)

8.1.27. ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL ESTADO DE KUWAIT SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, HECHO EN SEVILLA EL 3 DE OCTUBRE DE 2011.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000028)

8.1.28. ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS PARA SU ESTABLECIMIENTO EN ESPAÑA, HECHO EN MADRID EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000029)

8.1.29. DENUNCIA DEL TRATADO SOBRE EL ESTATUTO DE EUROFOR, HECHO EN ROMA EL 5 DE JULIO DE 2000.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000030)




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El señor PRESIDENTE: Punto 8 del orden del día: Tratados y convenios internacionales.

Ahora les voy a pedir un poco de compasión con esta presidencia porque les tengo que leer 30 tratados.

Dictámenes de comisión.

Resoluciones 137 y 138 de la Junta de Gobernadores del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, por las que se enmiendan los artículos 1 y 18 del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, adoptadas en Londres el 30 de septiembre de 2011. Se tramita por el procedimiento de urgencia. Comisión: Asuntos Exteriores.

Acuerdo de contratación pública común para la contratación de una entidad única supervisora de las subastas, hecho en Madrid el 3 de noviembre de 2011. Se tramita por el procedimiento de urgencia. Comisión: Asuntos Exteriores.

Acuerdo de contratación pública común para la contratación de plataformas comunes de subastas, hecho en Madrid el 3 de noviembre de 2011. Se tramita por el procedimiento de urgencia. Comisión: Asuntos Exteriores.

Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Malta al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970. Comisión: Asuntos Exteriores.

Protocolo de enmienda al Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, hecho en París, el 27 de mayo de 2010, y declaración que España desea formular. Comisión: Asuntos Exteriores.

Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización, al Convenio sobre la Diversidad Biológica, hecho en Nagoya el 29 de octubre de 2010. Comisión: Asuntos Exteriores.

Convenio entre el Reino de España y la República de Camerún sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Madrid el 26 de enero de 2011. Comisión: Asuntos Exteriores.

Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la asistencia judicial en materia penal, hecho en Rabat el 24 de junio de 2009. Comisión: Asuntos Exteriores.

Convenio de extradición entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, hecho en Rabat el 24 de junio de 2009. Comisión: Asuntos Exteriores.

Acuerdo de Sede entre el Reino de España y la Unión Europea (Oficina de Armonización del Mercado Interior-Marcas, Dibujos y Modelos-OAMI), hecho en Madrid el 20 de septiembre de 2011. Comisión: Asuntos Exteriores.

Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Kazajstán sobre cooperación para combatir la delincuencia, hecho en Astaná el 17 de junio de 2011. Comisión: Asuntos Exteriores.

Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América sobre cooperación científica y tecnológica de interés para la seguridad nacional, hecho en Madrid el 30 de junio de 2011. Comisión: Asuntos Exteriores.

Acuerdo de cooperación en materia de seguridad entre el Reino de España y el Estado de Qatar, hecho en Madrid el 26 de abril de 2011. Comisión: Asuntos Exteriores.

Acuerdo entre el Reino de España y la República de Albania sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, hecho en Tirana el 20 de mayo de 2009. Comisión: Asuntos Exteriores.

Denuncia del Acta de Londres al Arreglo de La Haya, de 6 de noviembre de 1925, relativo al Depósito internacional de dibujos y modelos industriales, hecha en Londres el 2 de junio de 1934, así como del Acta adicional de Mónaco al Arreglo de La Haya, relativo al Depósito internacional de dibujos y modelos industriales, de 6 de noviembre de 1925, revisado en Londres el 2 de junio de 1934, hecha en Mónaco el 18 de noviembre de 1961. Comisión: Asuntos Exteriores.

Declaración de aceptación por España de la adhesión del Principado de Andorra al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980. Comisión: Asuntos Exteriores.

Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno Federal Austríaco relativo al intercambio y protección mutua de la información clasificada, hecho en Madrid el 11 de noviembre de 2011. Comisión: Asuntos Exteriores.




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Declaración de aceptación por España de la adhesión del Reino de Marruecos al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970. Comisión: Asuntos Exteriores.

Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de Australia para la protección mutua de información clasificada de interés para la Defensa, hecho en Madrid el 17 de noviembre de 2011. Comisión: Asuntos Exteriores.

Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y la República de Armenia, hecho en Madrid el 22 de julio de 2011. Comisión: Asuntos Exteriores.

Acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra, hecho en Bruselas el 6 de octubre de 2010. Comisión: Asuntos Exteriores.

Acuerdo de cooperación sobre un sistema de navegación por satélite entre la Unión Europea y sus Estados miembros y el Reino de Noruega, hecho en Bruselas el 22 de septiembre de 2010. Comisión: Asuntos Exteriores.

Protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur sobre responsabilidad y compensación suplementario al Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, hecho en Nagoya el 15 de octubre de 2010. Comisión: Asuntos Exteriores.

Acuerdo entre el Reino de España y la República de Azerbaiyán sobre supresión recíproca del régimen de visados de corta duración para sus nacionales titulares de pasaportes diplomáticos, hecho en Madrid el 16 de junio de 2011. Comisión: Asuntos Exteriores.

Acuerdo para el establecimiento del Centro Internacional Rey Abdullah Bin Abdulaziz para el Diálogo Interreligioso e Intercultural, hecho en Viena el 13 de octubre de 2011. Comisión: Asuntos Exteriores.

Canje de Cartas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y las Naciones Unidas para acoger un curso de personal directivo de misiones de paz, que se celebrará en Madrid entre los días 31 de octubre y 11 de noviembre de 2011, hecho en Nueva York el 17 y 18 de octubre de 2011. Comisión: Asuntos Exteriores.

Acuerdo entre el Reino de España y el Estado de Kuwait sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Sevilla el 3 de octubre de 2011. Comisión: Asuntos Exteriores.

Acuerdo entre el Reino de España y el Programa de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos para su establecimiento en España, hecho en Madrid el 30 de noviembre de 2011. Comisión: Asuntos Exteriores.

Y finalmente, Denuncia del Tratado sobre el Estatuto de EUROFOR, hecho en Roma el 5 de julio de 2000. Comisión: Asuntos Exteriores.

Se va a realizar un debate conjunto de los tratados internacionales. Puesto que no va a haber presentación del dictamen, pasamos al debate. ¿Algún grupo quiere utilizar el turno a favor? (Denegaciones.) ¿Turno en contra? (Denegaciones.)

En turno de portavoces, ¿quiere intervenir algún grupo? (Denegaciones.)

¿Se pueden aprobar los dictámenes por asentimiento? (Asentimiento.)

En consecuencia, quedan aprobados y se entiende concedida la autorización.

9. TRIBUNAL DE CUENTAS

9.1. DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS DE CUENTAS

9.1.1. DESIGNACIÓN DE SEIS CONSEJEROS DE CUENTAS.

COMISIÓN: NOMBRAMIENTOS

(Núm. exp. 727/000001)

10. DEFENSOR DEL PUEBLO

10.1. ELECCIÓN

10.1.1. Elección del Defensor del Pueblo.

(Núm. exp. 728/000001)




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El señor PRESIDENTE: Señorías, punto noveno del orden del día: Tribunal de Cuentas. Tenemos dos votaciones a continuación en dos puntos del orden del día que son diferentes. Por lo tanto, las votaciones tienen que realizarse de manera diferente. La tramitación y los debates también.

Me piden los portavoces de los grupos que haga una propuesta al Pleno y la voy a hacer, entendiendo la facultad que me da el Reglamento de interpretación de las normas, y como esta Presidencia es prudente, someterá la propuesta al Pleno entendiendo también que el Pleno es el órgano máximo de la Cámara.

Tenemos que realizar dos debates y dos votaciones, además, que se realizan por llamamiento de manera unipersonal, por papeleta y en urna, la de los miembros del Tribunal de Cuentas y la del Defensor del Pueblo.

Esta Presidencia entiende que tramitando y debatiendo los dos puntos de manera distinta, votando de manera distinta en dos urnas, y por supuesto haciendo luego los recuentos de manera independiente también, pero haciéndolo en llamamiento único, se podría realizar. (Aplausos.). Un momento, señorías. Les agradezco el aplauso, pero un momento porque es muy importante. Son dos votaciones que requieren tres quintos de la Cámara, que es un número muy elevado de votos. Lo que sí les pido, en justa correspondencia, es que presten mucha atención en el momento de la votación y que no se equivoquen en las papeletas para no cruzarlas por la importancia que tiene alcanzar esos tres quintos. ¿Acepta el Pleno la propuesta? (Asentimiento.) Muchas gracias.

Por lo tanto, entramos en el punto noveno del orden del día: Tribunal de Cuentas. Designación de consejeros. Designación de seis consejeros del Tribunal de Cuentas. Comisión de nombramientos.

El artículo 30.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, establece que los consejeros de Cuentas serán designados por las Cortes Generales, seis por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado. De conformidad con lo previsto en el artículo 184.2 del Reglamento del Senado, los grupos parlamentarios Popular en el Senado y Socialista presentaron la siguiente propuesta de candidatos: don Javier Medina Guijarro, doña Margarita Mariscal de Gante y Mirón, don Manuel Aznar López, don Lluís Armet i Coma, don Felipe García Ortiz, doña María Dolores Genaro Moya.

El día 10 de julio de 2012 la Comisión de Nombramientos se reunió para sustanciar la comparecencia de los candidatos propuestos para cubrir los seis puestos. Una vez efectuadas las comparecencias en la sesión indicada, la Comisión acordó, según lo previsto en el artículo 185.6 del Reglamento del Senado, informar sobre la plena idoneidad de los seis candidatos mencionados para acceder a los cargos que procede designar por la Cámara.

Abrimos turno de portavoces. ¿Algún grupo quiere intervenir en el turno de portavoces? (Denegaciones.)

Antes de iniciar la votación, que como digo haremos después, les recuerdo que la votación se hará por papeletas. Cada senador podrá incluir en cada papeleta tantos nombres como puestos a cubrir. Serán nulos los votos emitidos en papeletas que contengan nombres no incluidos en la propuesta de la Comisión de Nombramientos. Serán válidos los votos emitidos en papeletas que contengan un número inferior de nombres al número de puestos a cubrir, incluso aquellas que tachen el nombre de uno o varios candidatos. Los votos en blanco podrán expresarse sin poner ningún nombre en la papeleta o tachando todos los que estuvieren escritos en la misma.

Según lo dispuesto en el artículo 30.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, la designación de los candidatos propuestos requerirá una mayoría de tres quintos de la Cámara, es decir, 160 senadores.

En forma previa se ha sorteado el nombre del senador por el que empezarán las votaciones.

Las votaciones, que ya digo que se harán por llamamiento único, comenzarán por el senador Piñeiro.

También les recuerdo que, como en veces anteriores, para realizar ordenadamente la votación sus señorías se acercarán a votar por la parte izquierda de la tribuna, facilitarán su nombre a los letrados, depositarán sus papeletas en las urnas —las dos urnas tienen el rótulo correspondiente—, y saldrán por la parte derecha de la tribuna.

Punto décimo del orden del día: Elección del Defensor del Pueblo.

El artículo 2.Cuatro de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo establece que propuesto el candidato o candidatos, se convocará en término no inferior a diez días al Pleno del Congreso para que proceda a su elección. Será designado quien obtuviese una votación favorable de las tres quintas partes de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de veinte días, fuese ratificado por esta misma mayoría en el Senado.




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Conforme al artículo 2.Tres de dicha ley orgánica, la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo ha propuesto a los Plenos de ambas Cámaras a la excelentísima señora doña Soledad Becerril Bustamante como candidata para su elección como defensora del pueblo.

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 17 de julio de 2012, ha sometido a votación la candidatura de la excelentísima señora doña Soledad Becerril Bustamante, habiendo obtenido una votación favorable de tres quintas partes de los miembros de esa Cámara.

En consecuencia, señorías, se somete al Pleno del Senado la ratificación de la candidatura propuesta por la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados.

¿Algún grupo quiere intervenir en el turno de portavoces? (Pausa.)

Ninguno.

Antes de iniciar la votación, les recuerdo cómo se realiza la votación de la defensora del pueblo. También se hará por papeletas. Los votos a favor de la candidatura de la excelentísima señora doña Soledad Becerril Bustamante podrán expresarse escribiendo «sí» o el nombre de la candidata en la papeleta. Los votos en contra de la candidatura podrán expresarse escribiendo «no» en la papeleta. La abstención podrá expresarse escribiendo «abstención» —esto es importante, señorías: quien quiera manifestar su abstención tiene que votar escribiendo «abstención» en la papeleta—. Los votos en blanco podrán expresarse sin poner ningún nombre en la papeleta o tachando el que estuviere escrito en la misma. Serán nulos los votos emitidos en papeletas que contengan un nombre distinto a la candidata propuesta.

Según lo dispuesto en el artículo 2.Cuatro de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, la elección de la candidata propuesta requerirá una mayoría de tres quintos de la Cámara, es decir, 160 senadores.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, antes de comenzar la votación, se lo vuelvo a recordar: en un único llamamiento tendrán que depositar las dos papeletas en las dos urnas que hay situadas, cada una de las cuales tiene el rótulo correspondiente a cada una de las votaciones.

Comienza la votación, empezando por el senador Piñeiro.

Por el señor secretario primero, Conde Vázquez, el señor secretario segundo, Rabanera Rivacoba, la señora secretaria tercera, Alborch Bataller, y el señor secretario cuarto, Plana Farran, se procede al llamamiento de las señoras y los señores senadores, a partir del citado.

Finalizado el llamamiento, dijo:

El señor PRESIDENTE: ¿Alguno de los senadores no ha sido llamado o no ha votado? (Pausa.)

Vamos a proceder, pues, al escrutinio.

En primer lugar, vamos a proceder al escrutinio del Tribunal de Cuentas. (Pausa.)

Finalizado el escrutinio, dijo

El señor PRESIDENTE: Señorías, efectuado el escrutinio, el resultado es el siguiente: don Javier Medina Guijarro, 222 votos; doña Margarita Mariscal de Gante y Mirón, 222 votos; don Manuel Aznar López, 221 votos; don Lluís Armet i Coma, 223 votos; don Felipe García Ortiz, 222 votos; doña María Dolores Genaro Moya, 222 votos; votos en blanco, 18; votos nulos, 1.

Por lo tanto, habiendo alcanzado los seis candidatos mencionados la mayoría de tres quintos de la Cámara que exige el artículo 30.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, quedan designados consejeros del Tribunal de Cuentas. (Aplausos.)

A continuación procederemos al escrutinio para la designación de la defensora del pueblo. (Pausa.)

Terminado el escrutinio, dijo

El señor PRESIDENTE: Señorías, efectuado el escrutinio de la candidatura a defensora del pueblo el resultado es el siguiente: Excelentísima señora doña Soledad Becerril Bustamante: votos a favor, 221; abstenciones, 12; votos en blanco, 8; votos nulos, ninguno.




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En consecuencia, habiéndose obtenido la mayoría de tres quintos de la Cámara que exige el artículo 2.4 de la Ley Orgánica 3/1891, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, queda elegida defensora del pueblo la excelentísima señora doña Soledad Becerril Bustamante. (Aplausos.)

11. INCOMPATIBILIDADES

11.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

11.1.1. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE INCOMPATIBILIDADES, EMITIDO EN SU SESIÓN DEL DÍA 26 DE JUNIO DE 2012, EN RELACIÓN CON LOS SEÑORES SENADORES.

(Núm. exp. 503/000005)

El señor PRESIDENTE: Punto undécimo del orden del día: Incompatibilidades. Dictámenes de Comisión.

Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades emitido en su sesión del día 26 de junio de 2012 en relación con los señores senadores.

Con fecha 26 de junio de 2012 la Comisión de Incompatibilidades ha emitido dictamen sobre la situación de diversos señores senadores y ha considerado por unanimidad que de la documentación presentada y del conocimiento que posee no se deduce incompatibilidad para ninguno de los senadores incluidos en el dictamen.

Para la presentación del dictamen tiene la palabra el presidente de la comisión, el senador Sanz, por tiempo de cinco minutos.

El señor SANZ CABELLO: Señor presidente, señorías, tras la aprobación de los dos últimos dictámenes de lista, y en relación con los senadores elegidos el pasado 20 de noviembre, designados con anterioridad por sus respectivos Parlamentos autonómicos, quedaron pendientes un número reducido de miembros de la Cámara. Tomo, pues, hoy la palabra para presentar a este Pleno el dictamen aprobado por la Comisión de Incompatibilidades en su sesión celebrada el pasado 26 de junio, y que se refiere a la situación de los siguientes miembros de esta Cámara: senador Álvarez de la Chica, senador Castosa Alvariño, senadora Coves Botella, senador Fernández Sánchez, senador Gutiérrez Vera, senadora Jurado Fernández de Córdoba, senadora Larriba Leira, senador Medina Tomé, senadora Moro Cárdeno, senador Muñoz Martín, senador Ruiz Reyes, senador Sanz Cabello, senador Sanz Ruiz, senadora Serrano Boigas.

El dictamen fue aprobado por unanimidad de la comisión. Toda vez que se trata de un dictamen favorable para la totalidad de los senadores incluidos, se formula en lista y sin motivación individual, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento.

El dictamen comprende, de un lado, a un número de senadores que no pudieron ser incluidos en los dictámenes aprobados anteriormente por estar pendientes de aportar documentación complementaria. Lo anterior se refiere en particular a la acreditación del cumplimiento de los correspondientes requisitos para evitar duplicidades, pues, como saben los señores senadores, la comisión aplica con todo celo y rigor la prohibición de acumulación que se contiene en la normativa electoral, y estos trámites resultan en ocasiones especialmente largos y farragosos.

Cabe también mencionar que algunos de los senadores ahora dictaminados favorablemente han renunciado a ciertas actividades o puestos públicos o privados cuya compatibilidad resultaba discutible. De este modo, los señores senadores se han avenido a sacrificar posiciones personales o institucionales que podían resultar legítimas en aras de la interpretación más rigurosa y exigente de la normativa de incompatibilidades, y es justo reconocerlo así.

El dictamen comprende, por último, a la práctica totalidad de los senadores últimamente designados por la Comunidad Autónoma de Andalucía tras las últimas elecciones.

Concluyo, pues, solicitando el voto favorable de sus señorías para este dictamen favorable sobre la situación de los señores senadores citados desde el punto de vista de la normativa en materia de incompatibilidades, y agradeciendo una vez más a los miembros de la ponencia y a la comisión el trabajo realizado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Algún grupo quiere intervenir? (Denegaciones.)




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¿Se puede aprobar el dictamen por asentimiento? (Asentimiento.)

Queda aprobado el dictamen emitido por la Comisión de Incompatibilidades.

Señorías, a continuación se va a reunir la Comisión de Interior en la sala Clara Campoamor.

Se levanta la sesión.

Eran las veinte horas y veinticinco minutos.


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