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DS. Senado, Pleno, núm. 60, de 10/04/2013
 





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PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 30

celebrada el miércoles, 10 de abril de 2013

ORDEN DEL DÍA

5. DEFENSOR DEL PUEBLO

5.1. INFORMES

5.1.1. Informe correspondiente a la gestión realizada por el Defensor del Pueblo durante el año 2012.

(Núm. exp. 780/000003)

6. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

6.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas para compensar a determinadas Comunidades Autónomas la anulación de sus respectivos impuestos sobre los depósitos bancarios.

(Núm. exp. 671/000061)

Autor: GPS

6.2. Moción por la que se insta al Gobierno a contemplar determinados aspectos en la futura Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

(Núm. exp. 671/000063)

Autor: GPEPC

6.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas sobre el carácter social del ajuste presupuestario que ha impulsado, especialmente en asuntos sociales y dependencia.

(Núm. exp. 671/000064)

Autor: GPCIU

7. MOCIONES

7.1. Moción por la que se insta al Gobierno a reforzar las medidas necesarias para evitar las inundaciones que se originan por el desbordamiento de los ríos.

(Núm. exp. 662/000074)

Autor: GPP




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7.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas en relación con el desarrollo del Corredor Mediterráneo.

(Núm. exp. 662/000075)

Autor: GPP

7.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para la implantación de la Renta Básica y la Renta Garantizada de Ciudadanía.

(Núm. exp. 662/000073)

Autor: GPMX

8. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

8.1. LECTURA ÚNICA

8.1.1. Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Protocolo sobre las preocupaciones del pueblo irlandés con respecto al Tratado de Lisboa, hecho en Bruselas el 13 de junio de 2012. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 621/000028)

8.1.2. Proyecto de Ley Orgánica sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, por la que se suspende la vigencia del artículo 112 y parcialmente del 114 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 621/000029)

9. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

9.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

9.1.1. Enmienda Número Uno al Memorando de Entendimiento entre el Departamento de Defensa de Australia y el Ministerio de Defensa de Finlandia en nombre del Gobierno de Finlandia y el Ministro de Defensa de la República Francesa y el Ministerio Federal de Defensa de la República Federal de Alemania y el Ministerio de Defensa de la República Italiana y el Ministerio de Defensa del Reino de España y las Fuerzas Armadas Suecas y el Secretario de Estado de Defensa del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América, relativo a la forma de Onda de Banda Ancha para la Conexión en Red en Coalición (COALWNW). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 610/000075)




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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas y cinco minutos.

5. DEFENSOR DEL PUEBLO

5.1. INFORMES

5.1.1. Informe correspondiente a la gestión realizada por el Defensor del Pueblo durante el año 2012.

(Núm. exp. 780/000003)

4836

La Excma. Sra. defensora del pueblo (Becerril Bustamante) presenta el informe.

En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Boya Alós, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Bagué Roura, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y Burgos García, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Torme Pardo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Vuelven a hacer uso de la palabra el señor Burgos García y la señora Torme Pardo.

6. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

6.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas para compensar a determinadas Comunidades Autónomas la anulación de sus respectivos impuestos sobre los depósitos bancarios.

(Núm. exp. 671/000061)

Autor: GPS

4858

El señor Fuentes Gallardo defiende la moción.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Bel Accensi defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Fuentes Gallardo expone la posición de su grupo respecto de las enmiendas.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Angulo Martínez.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); los señores Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y Fuentes Gallardo, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Angulo Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, que el senador Fuentes Gallardo entendía que estaba subsumida en una de las partes de la enmienda de Convergència i Unió, y los dos primeros puntos de la enmienda de Convergència i Unió, puesto que el tercero fue retirado, por los siguientes votos: a favor, 85; en contra, 154; abstenciones, 9.

6.2. Moción por la que se insta al Gobierno a contemplar determinados aspectos en la futura Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

(Núm. exp. 671/000063)

Autor: GPEPC

4871

La señora Sequera García defiende la moción.




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El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Cazalis Eiguren defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Belloch Julbe defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Sequera García expone la posición de su grupo respecto de las enmiendas.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Sanz Cabello.

En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto, y Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), así como la señora Sequera García, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y los señores Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Belloch Julbe por el Grupo Parlamentario Socialista, y Sanz Cabello, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de las enmiendas, por los siguientes votos: a favor, 95, en contra, 147.

6.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas sobre el carácter social del ajuste presupuestario que ha impulsado, especialmente en asuntos sociales y dependencia.

(Núm. exp. 671/000064)

Autor: GPCIU

4885

El señor Cleries i Gonzàlez defiende la moción.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Vázquez García defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Cleries i Gonzàlez expone la posición de su grupo respecto de las enmiendas.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Ortega Rodríguez.

En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto, y Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; los señores Cleries i Gonzàlez, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y Vázquez García, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Ortega Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

7. MOCIONES

7.1. Moción por la que se insta al Gobierno a reforzar las medidas necesarias para evitar las inundaciones que se originan por el desbordamiento de los ríos.

(Núm. exp. 662/000074)

Autor: GPP

4899

El señor presidente informa de la presentación de una propuesta de modificación, por lo que decaen la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa del señor Yanguas Fernández, y la del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Aparici Moya defiende la moción.

El señor Arrufat Gascón defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.




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El señor Aparici Moya expone la posición de su grupo respecto de la enmienda.

En turno de portavoces intervienen los señores Yanguas Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Maluquer Ferrer, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Arrufat Gascón, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Aparici Moya, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

7.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas en relación con el desarrollo del Corredor Mediterráneo.

(Núm. exp. 662/000075)

Autor: GPP

4911

El señor Ortiz Pérez defiende la moción.

La señora Leanizbarrutia de Bizkarralegorra defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Fernández Ortega defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Candini i Puig defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Ortiz Pérez expone la posición de su grupo respecto de las enmiendas.

En turno de portavoces intervienen la señora Leanizbarrutia de Bizkarralegorra, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, así como los señores Fernández Ortega, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Ortiz Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

EXPRESIÓN DE PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL EXSENADOR D. JOSÉ LUIS SAMPEDRO SÁEZ

(Núm. exp. 550/000014)

4929

El señor presidente manifiesta el pesar de la Cámara por el fallecimiento del Excmo. Sr. D. José Luis Sampedro Sáez, anunciando la propuesta de un acto de homenaje.

7. MOCIONES

7.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas en relación con el desarrollo del Corredor Mediterráneo. (Votación.)

(Núm. exp. 662/000075)

Autor: GPP

4929

Se aprueba la moción por los siguientes votos: a favor, 174; en contra, 61, abstenciones, 8.

6. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

6.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas sobre el carácter social del ajuste presupuestario que ha impulsado, especialmente en asuntos sociales y dependencia. (Votación.)

(Núm. exp. 671/000064)

Autor: GPCIU

4930

Se rechaza la moción, con la incorporación de las enmiendas de los grupos parlamentarios Mixto y Socialista, por los siguientes votos: a favor, 89; en contra, 151; abstenciones, 3.




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7. MOCIONES

7.1. Moción por la que se insta al Gobierno a reforzar las medidas necesarias para evitar las inundaciones que se originan por el desbordamiento de los ríos. (Votación.)

(Núm. exp. 662/000074)

Autor: GPP

4930

Se aprueba la propuesta de modificación, por los siguientes votos: a favor, 158; en contra, 1; abstenciones, 85.

7.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para la implantación de la Renta Básica y la Renta Garantizada de Ciudadanía.

(Núm. exp. 662/000073)

Autor: GPMX

4930

El señor Mariscal Cifuentes defiende la moción.

El señor Cleries i Gonzàlez defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Ruiz Santos defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Mariscal Cifuentes expone la posición de su grupo respecto de las enmiendas.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Elorriaga Pisarik.

En turno de portavoces intervienen el señor Mariscal Cifuentes, por el Grupo Parlamentario Mixto; Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Cleries i Gonzàlez, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Ruiz Santos, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Elorriaga Pisarik, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 77; en contra, 169.

8. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

8.1. LECTURA ÚNICA

8.1.1. Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Protocolo sobre las preocupaciones del pueblo irlandés con respecto al Tratado de Lisboa, hecho en Bruselas el 13 de junio de 2012. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 621/000028)

4953

Se aprueba el proyecto de ley por los siguientes votos: a favor, 239; abstenciones, 4.

El señor presidente informa de que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.

8.1.2. Proyecto de Ley Orgánica sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, por la que se suspende la vigencia del artículo 112 y parcialmente del 114 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 621/000029)

4953

El señor Mariscal Cifuentes defiende la propuesta de veto número 1, presentada por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.




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La señora Capella i Farré defiende la propuesta de veto número 2, presentada por esta senadora, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número 3, presentada por los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Bruguera Batalla defiende la propuesta de veto número 4, presentada por la señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, así como la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Díaz Tejera defiende la propuesta de veto número 5, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Rodríguez Comendador Pérez.

En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto, y Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, así como la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y los señores Rodríguez Esquerdo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Altava Lavall, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Vuelve a hacer uso de la palabra el señor Díaz Tejera.

Se procede a votar.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, presentada por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 69; en contra, 147; abstenciones, 8.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, presentada por la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 64; en contra, 145, abstenciones, 10.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, presentada por los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 68; en contra, 148; abstenciones, 8.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, presentada por la señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, así como la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 68; en contra, 148; abstenciones, 8.

Se rechaza la propuesta de veto número 5, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 68; en contra, 148; abstenciones, 8.

Se aprueba el proyecto de ley por los siguientes votos: a favor, 146; en contra, 77.

El presidente informa de que queda aprobado definitivamente por las Cortes Generales el proyecto de ley.

9. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

9.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

9.1.1. Enmienda Número Uno al Memorando de Entendimiento entre el Departamento de Defensa de Australia y el Ministerio de Defensa de Finlandia en nombre del Gobierno de Finlandia y el Ministro de Defensa de la República Francesa y el Ministerio Federal de Defensa de la República Federal de Alemania y el Ministerio de Defensa de la República Italiana y el Ministerio de Defensa del Reino de España




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y las Fuerzas Armadas Suecas y el Secretario de Estado de Defensa del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América, relativo a la forma de Onda de Banda Ancha para la Conexión en Red en Coalición (COALWNW). Se tramita por el procedimiento de urgencia.

(Núm. exp. 610/000075)

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Se autoriza.

Se levanta la sesión a las veinte horas y quince minutos.




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Se reanuda la sesión a las nueve horas y diez minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Señorías, buenos días. Vayan tomando asiento.

5. DEFENSOR DEL PUEBLO

5.1. INFORMES

5.1.1. INFORME CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO DURANTE EL AÑO 2012.

(Núm. exp. 780/000003)

El señor presidente da lectura a los puntos 5., 5.1. y 5.1.1.

El señor PRESIDENTE: Llamen a la señora defensora del pueblo. (Pausa.)

Para exponer un resumen del informe, tiene la palabra la excelentísima señora defensora del pueblo.

Señorías, tomen asiento y guarden silencio, por favor.

La señora DEFENSORA DEL PUEBLO (Becerril Bustamante): Gracias, señor presidente.

Señorías, como acaba de decir el señor presidente, comparezco ante sus señorías para informar de lo realizado, para dar cuenta del informe de la institución Defensor del Pueblo correspondiente al año 2012. Como ven sus señorías, lo hemos hecho con la mayor celeridad posible, lo más cerca del final del año 2012, porque trajimos el informe que consta en esta Cámara el 27 de febrero; por tanto, en esta ocasión hemos acelerado los trabajos para no demorar el rendir cuentas y poder tener ahora una impresión y una idea de lo que se ha hecho en la institución y también una parte, o más quizá, del sentir y de la manera de vivir de la sociedad española, porque el informe refleja lo que ha sucedido a lo largo de un periodo de tiempo en la sociedad.

En la comisión mixta, donde estaban senadoras y senadores de esta Cámara, lo presentamos el día 12 de marzo, dimos cuenta del informe que es muy detallado y que a su vez lleva aparejada una documentación muy grande. Todo ello consta en la página web correspondiente de la institución del Defensor del Pueblo desde luego para las personas que quieran tener una información detallada y estudiar incluso expedientes.

El presupuesto del 2012 ha ascendido a la cantidad de 14 500 000 euros. Esto ha supuesto una reducción del 4,5 con respecto al presupuesto del ejercicio anterior. No creo que sea necesario dar más explicación sobre la reducción, todas las administraciones estamos haciendo un esfuerzo, y la institución también tenía que hacerlo, sin perjuicio de proseguir con sus objetivos y llegar a su cumplimiento.

Voy a hacer ante sus señorías un resumen no muy largo para no fatigarles con muchos datos, ya que están todos en la documentación. En cualquier momento puedo comparecer ante sus señorías en la correspondiente comisión para ampliar datos o dar explicaciones y escuchar las opiniones que ustedes estimen convenientes. Voy a hacer, por tanto, un resumen.

Empezaré diciendo que hace cinco días hemos puesto en marcha una nueva página web con la pretensión de dar la máxima información sobre la institución: qué es, cómo funciona, qué cuentas tiene, qué contratos tiene, qué personas trabajan, cuáles son, en qué consiste el capítulo I del presupuesto, el capítulo II, que son los capítulos sobre los que nosotros tenemos información y hemos seguido las pautas que nos ha dado la institución Transparencia Internacional. Creo que es bastante completa, posiblemente tengamos que añadir o corregir algo, porque, como digo, la hemos puesto en marcha hace cinco días con el afán de cooperar en la transparencia que a todos nos preocupa en este momento y cuyo proyecto de ley se va a debatir en esta Cámara próximamente.

En 2012, como saben bien sus señorías, seguramente mejor que yo, las dificultades económicas, los problemas de muchos colectivos, el problema de muchísimas familias españolas y los ajustes que ha habido que hacer para reducir el déficit y adecuarlo a los requerimientos de la Unión Europea y conseguir el equilibrio presupuestario, todas estas cosas se han notado. La memoria refleja una situación determinada de la sociedad en un momento dado; ciertamente, todo ello se ha notado en la memoria del año 2012. El número de quejas es superior al de años




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anteriores. En 2011 fueron 21 400, frente a las 33 400 de 2012. Un número mucho mayor de personas se ha dirigido a esta institución pidiendo que la Administración corrija un error, le dé un plazo mayor, rectifique o porque no han logrado una expectativa o un derecho que creen tener, etcétera.

Las investigaciones de oficio que nosotros hemos iniciado han sido menos que el año anterior porque ha habido que atender más quejas y ha habido que acometer varios informes importantes, laboriosos, a los que brevemente me voy a referir. Por tanto, investigaciones acotadas a un tema concreto las hemos reducido este año por estas razones. En 2011 fueron 500 y este año se acercan a las 400. Hemos tenido que reducir la actividad porque se ha ampliado en otro campo.

Las solicitudes de recursos de inconstitucionalidad han aumentado, como saben bien sus señorías. Han sido 247 000 los ciudadanos que han solicitado recursos de inconstitucionalidad. Fundamentalmente, se trata de funcionarios que se han visto afectados por la supresión de la paga extra del pasado mes de diciembre y una gran parte de los colectivos de funcionarios se han dirigido a la institución. Esto supone un aumento muy grande respecto a años anteriores.

En relación a las administraciones no colaboradoras, es decir, que no han respondido o responden sin dar respuesta mínimamente razonada —materia que me parece interesante—, su número va disminuyendo, porque creo que las administraciones ya son conscientes de que deben responder al ciudadano, y nosotros lo que les pedimos es que respondan a lo que el ciudadano demanda, es decir, nuestra solicitud no es caprichosa ni arbitraria. En 2012 han sido veinte las administraciones no colaboradoras. Vamos viendo una disminución en su número y un mayor interés en responder, como, por otra parte, debe ser.

En relación con los recursos de inconstitucionalidad, brevemente, puesto que sobre esta materia saben ustedes mucho más que yo, muchas personas y algunos colectivos se dirigen a nosotros porque una ley no les satisface o no les gusta, van más allá, y desean que presentemos un recurso de inconstitucionalidad. En ese caso, tenemos que explicarles, argumentando de manera razonable, que esa ley puede disgustar profundamente, pero eso no significa que sea inconstitucional. Y esto nos ocurre muchas veces.

A lo largo de la historia de esta institución, que ahora cumple treinta años, se han presentado veinticinco recursos de inconstitucionalidad. Con esto quiero decir que defensores que me han precedido y sus correspondientes adjuntos han considerado que es una posibilidad que tiene esta institución, pero es el último recurso, que hay otras actuaciones, y no hay que olvidar que esta Cámara, el Congreso, el Gobierno y las comunidades autónomas también tienen capacidad para presentar esos recursos, y ha sido costumbre que cuando una de las Cámaras ha presentado un recurso —no siempre—, la institución ha dejado que sea la representación directa del pueblo la que lo presente; repito, es una práctica, no tiene por qué ser así siempre.

Como he dicho, en los treinta años de vigencia de esta institución se han presentado veinticinco recursos, de los cuales seis fueron estimados por el tribunal en su totalidad y cuatro lo fueron parcialmente, y en este momento hay tres recursos —presentados siempre por el Defensor— pendientes de sentencia del año 2010 y uno del año 2008.

Doy estos datos a sus señorías para explicarles, y así transmitir a la opinión pública y a ustedes como representantes, que en muchas ocasiones es más eficiente, resuelve mejor la institución del Defensor si una vez que ya han acudido al tribunal otros grupos acreditados se lleva a cabo una acción de mediación o de solicitud directa de rectificación, como hemos hecho en la Ley de tasas. Sé que a no todas sus señorías les satisface el resultado de la mediación que ha dado lugar a una corrección por parte del Ministerio de Justicia del proyecto de Ley de tasas y a adelantar en unos cuantos meses, casi en un año, la Ley de justicia gratuita.

Sé que no satisface a todos, pero nosotros pensamos que ha sido interesante, y lo digo porque, por ejemplo, en relación con una solicitud efectuada por un sindicato médico de Madrid para que presentáramos un recurso con ocasión de la actuación de la Comunidad de Madrid en la gestión de seis hospitales y la futura gestión de veintisiete centros de atención, tras haberla estudiado, hemos llegado a la conclusión de que no se puede decir que la forma de la gestión sea inconstitucional, si bien merece un control y una supervisión muy estricta sobre cómo llevarla a cabo, así como las concesiones, para que no haya una concentración en una o dos empresas, para que se vigilen los presupuestos y no aumenten los de aquellos hospitales que tienen un




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convenio y puedan disminuir o mantenerse los que no lo tienen y son gestionados enteramente de forma pública.

Estas recomendaciones y esta atención que exigimos y demandamos a la Comunidad de Madrid y que nos comprometimos a hacer es útil y eficaz, y hemos recibido una carta del presidente de este sindicato médico denominado AFEM, que nos da las gracias por el trabajo, y nos dice que cree que nuestra actuación va a ser más útil que la presentación del recurso. La hemos recibido hace dos días, y es cierto, porque va a obligar a un Gobierno determinado, a Madrid en este caso, pero podría ser cualquier otro, a una actuación muy estricta, muy precisa y con mucho control y mucha vigilancia. Así se reconoce el trabajo que se ha hecho y se le califica como de interés por parte de este sindicato médico.

Y volviendo brevemente a la Ley de tasas, ha ocurrido lo mismo; ya sé que no satisface a todos. Pero es cierto que en las tasas variables ha habido una modificación muy sustancial en relación con el proyecto de ley que se había presentado. Tanto en primera como en segunda instancia las variables han bajado un 80%, pasando de un 0,50% del valor del litigio en primera y segunda instancia, a un 0,10%. Había un máximo de tasa variable de 10 000 euros y ahora, con estas modificaciones instadas desde el Defensor, hay un cambio sustancial y en la justicia gratuita también. La Ley de justicia gratuita se adelanta, como he dicho, y ya está en vigor en vez de esperar casi un año.

Se han suprimido las tasas para los laudos arbitrales —hay una supresión total— y tanto las multas como las sanciones de carácter administrativo, que lógicamente preocupaban por sus cuantías, se contienen y se dice que no pueden suponer más del 50% del valor de la sanción. Es decir, hay una modificación importante. Y esta es una labor que ha hecho la institución en lugar de presentar un recurso. Lo explico ante sus señorías porque a lo mejor alguno de ustedes puede dudar sobre por qué no se presentan. Pues no se presentan, primero, porque no se consideran inconstitucionales. Si se considerara inconstitucional desde luego que se presentaban, porque o no se consideran o hay grandes dudas, y ha habido ya otra instancia, otra institución que ha presentado el correspondiente recurso. Menciono todo esto como explicación en esta dación de información ante sus señorías.

Los informes y estudios que se han elaborado a lo largo del año 2012 pueden tener a mi juicio interés para sus señorías. Constan en esta Cámara y los tiene la comisión, pero por supuesto también están a disposición de todas sus señorías.

Mencionaré, en primer lugar, algo sobre lo que ustedes van a trabajar en los próximos días, me refiero a las viviendas vacías, que está muy relacionado en este momento con otros problemas de carácter social que a todos nos preocupan. Este documento de viviendas protegidas vacías se ha hecho pidiendo a las comunidades autónomas y a diez grandes municipios, como Barcelona, Málaga, Sevilla o Madrid y otros muchos, que faciliten el número de viviendas protegidas que tienen en sus diversas categorías y su disponibilidad.

La primera conclusión que sacamos de este informe es que sería conveniente tener un registro de carácter general donde las comunidades y los ayuntamientos aportaran sus datos, porque no se pueden ustedes imaginar, señorías, la dificultad que ha supuesto durante más de un año la elaboración de este documento y sus anexos. Ha sido enormemente laborioso. ¿Por qué? Porque había administraciones que nos respondían diciendo: No lo tenemos; no podemos responder; dennos ustedes un tiempo; vamos a ver si podemos. Y luego, los datos que nos han ido proporcionando no casaban, no tenían los mismos términos, y era difícil hacerlos confluir y tener unos números totales.

Por tanto, en estas fechas, en las que salen tantos números, nuestra primera recomendación sería —repito— que existiera un registro general con esas aportaciones para que se pudiera obtener un dato interesante: cuántas viviendas hay en España con protección, vacías y también ocupadas. A nosotros la cuenta que nos sale con los datos proporcionados, después de muchas conversaciones con alcaldes, con consejeros, es que las protegidas vacías en este momento y que podrían ser utilizadas son un número superior a 10 000. No es excesivo, tiene que haber muchas más, pero, claro, nosotros hemos contabilizado diez municipios. Quedarían como mínimo otros treinta municipios medianos y grandes, pero no hemos tenido más tiempo. Repito que el número es superior a las 10 000, pero es importante, porque esas viviendas podrían ponerse, deben ponerse a disposición de familias que necesitan una vivienda y que no tienen medios para




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adquirirla y que mediante un alquiler, por un precio muy razonable, podrían tener una vivienda decente y digna.

En este informe damos también un baremo sobre los precios con que se podrían poner en alquiler. Primero, decimos que hay que contemplar el valor del Sareb en el mismo entorno y que sea como máximo un 3% del valor que adjudique o que establezca el Sareb. Segundo, que sea para el propietario, la promotora —cuando exista la promotora—, con un valor entre un 2 y un 4% de la amortización del promotor, y que en ningún caso alcance el 30% de la renta familiar. Esto en alquiler, a lo mejor podría llevarse además a otro tipo de viviendas que pertenezcan a otros organismos, no lo sé; sería una cosa razonable para ponerlas en el mercado de alquiler y para miles, miles de familias. Y hay alguna comunidad autónoma que ya lo tiene así. Creo recordar que es la Comunidad Autónoma del País Vasco, donde esto ya está funcionando y no tienen viviendas vacías para disponer porque ya están ocupadas de manera razonable. Este ejemplo deberíamos llevarlo a otras comunidades autónomas, y el mejor lugar para explicarlo es aquí, en el Senado, por la representación que ustedes ostentan.

En relación con este plan, como la ministra de Fomento ha anunciado un plan nacional o plan estatal de vivienda, si por parte de la Administración General del Estado va a haber una aportación económica para alquiler y aquí están las viviendas susceptibles de ser alquiladas, es interesante trabajar en esta cuestión en este momento porque se dan los dos hechos: por un lado, la disponibilidad de viviendas y, por otro, una aportación económica que ha anunciado el ministerio, que creo que es interesante, siempre y cuando —sus señorías lo conocen muy bien porque muchos de ustedes están o han estado en la Administración local— los requerimientos de ese plan para obtener la ayuda o para la rehabilitación de viviendas sean ágiles y fáciles —esto lo sabemos muy bien quienes hemos sido alcaldesas o alcaldes—. Precisamente el otro día, hablando sobre esta materia con personas que han tenido responsabilidades en el campo de la vivienda, les recordaba que ha habido muchos planes de rehabilitación de viviendas. Yo ya he vivido y he escuchado unos cuantos, y creo que muy pocos han debido funcionar, muy pocos. Y recuerdo una conversación, tiempo atrás, con el alcalde de Venecia, ciudad necesitada permanentemente de rehabilitación para subsistir, que me dijo: las ayudas a la rehabilitación podrían alcanzar hasta un 70% del valor de la obra, pero ¿sabe una cosa? No lo pide nadie. ¿Por qué? Porque es imposible, es una meta imposible de alcanzar.

Que no nos suceda esto ahora. Hagamos algo muy razonable para la rehabilitación y la ocupación correcta y legal de las viviendas vacías. Eso es lo que yo me atrevo a pedir a sus señorías por el conocimiento que tienen sobre esta materia.

Otro de los estudios interesantes ha sido el de las participaciones preferentes. Creo que ya dije algo en el informe del año 2011, por tanto, no me voy a extender, pero esta es una materia que también nos preocupa mucho, que nos ha ocupado mucho. Tenemos aquí el último estudio que hemos hecho sobre las participaciones preferentes. Diré dos palabras. La Comisión Nacional del Mercado de Valores califica estos productos financieros como muy complejos. Punto número uno. Y dice —en segundo de lugar de importancia, desde mi punto de vista— que para la venta de estos productos las entidades financieras deben comprobar o verificar que el cliente reúne las condiciones de idoneidad y que el producto es el adecuado. Exige pasar dos test —utiliza el término test—: conveniencia e idoneidad, y describe qué es, a su juicio, en esta materia la conveniencia y quién es el tipo de persona idónea o no idónea para la adquisición de este producto.

Pues bien, no voy a cansar a sus señorías, pero esto no ha sido así, esto no se ha hecho así; pero viene no haciéndose así desde hace mucho tiempo. Metidos ya en faena y estudiando la cuestión, les puedo decir que esto viene desde el año 2004 o 2005, más o menos, cuando empiezan a venderse estos productos. Lo que ocurre es que la crisis hace explotar la situación mucho más recientemente. Pero ha habido una insuficiente vigilancia de la venta de estos productos; eso es lo que ha habido desde mi punto de vista. No se han supervisado bien, porque si se hubieran supervisado bien no se habrían vendido a tantas personas que no son idóneas, como dicen las propias directivas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. A lo mejor tendríamos un pequeño grupo de personas, pero no tendríamos tantas personas afectadas, que han comprado unos productos a perpetuidad y, sin embargo, tienen más de 70 años, que han comprado unos productos para mantener y preservar ahí sus ahorros y ahora resulta que no los pueden sacar, porque sacarlos es complicadísimo y se tienen que dar una serie de circunstancias.




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Si hubiera habido una actitud de vigilancia, de supervisión, no digo que no se hubiera hecho, no, pero se hubiera reducido el problema y la solución sería menos compleja que la que hay ahora.

En resumen, ¿qué proponemos? En la última documentación, que dejo a sus señorías, proponemos un arbitraje universal, unos auditores que diagnostiquen, que determinen quiénes son las personas que de buena fe han adquirido esos productos y no eran para ellos, y que haya una compensación a medio plazo —comprendemos que no puede ser mañana—. Confío en que la comisión —que, por real decreto, hace pocas semanas se ha determinado y se va a constituir, presidida por la presidenta de la Comisión del Mercado de Valores y asistida por personas que conocen esta materia y por consumidores o consejerías de consumo de las comunidades autónomas—, la comisión, repito, pueda discernir primero y luego instar a una compensación a esas personas. A mí me parece —lo he hablado también con los adjuntos de la institución, que nos acompañan en este momento, la señora Ferrer y el señor Fernández Marugán, por lo que puedo decirlo en plural—, a nosotros nos parece que las quitas anunciadas, porque no se han concretado, para las entidades intervenidas o nacionalizadas son excesivamente altas.

Otro de los informes, el de los deudores hipotecarios, que también he traído, se refiere a una materia que ustedes van a tratar en los próximos días porque creo que está terminando la deliberación, el debate en el Congreso; por tanto, van a tenerlo. Este documento les podría arrojar alguna luz, porque está hecho a base de las quejas y los requerimientos que nos han hecho los ciudadanos en los últimos tiempos. El documento sobre deudores hipotecarios se hace —este es un resumen— a lo largo de los años 2011 y 2012 como consecuencia de las quejas habidas también tiempo atrás, y se hace un informe muy amplio, del que, como digo, he traído es un resumen.

El defensor ha venido proponiendo dos tipos de medidas para estas personas que, por circunstancias acaecidas de difícil previsión, no pueden devolver los préstamos a las entidades financieras y son lanzadas a la calle y se quedan sin vivienda. Como digo, hemos propuesto dos tipos de medidas, unas de carácter preventivo, para que esto no vuelva a suceder, por lo menos para que no suceda de esta manera: que afecte a tantas personas y de una forma tan dramática, y otras medidas paliativas. Y hacemos hincapié nuevamente en la necesidad de que la ley que sus señorías van a estudiar en las próximas fechas se fije de manera especial en la determinación o definición de la insolvencia de las personas físicas, y en qué momento concurren circunstancias a partir de las cuales se pueda calificar una situación de insolvencia sobrevenida, porque son deudores de buena fe. Este es un concepto en el que hemos insistido y volvemos a insistir, porque nos parece muy importante.

Es necesario, desde luego, que en la subasta —cuando la haya— del bien del que estamos hablando el precio se establezca de manera razonable e independiente, no por parte de la entidad financiera, que sea un precio razonable en el supuesto de que haya que acudir a la subasta. Y nos parece fundamental —creo que el proyecto ya lo contempla— que se contengan, que se limiten los abusivos intereses de demora que había y hay en este momento, que de un 3% se pase a un 33% en cuestión de tres meses por no haber podido pagar la hipoteca correspondiente. Pienso que ese es uno de los abusos a los que se refiere la sentencia del tribunal europeo; cuando habla de cláusulas abusivas, una de ellas son los intereses y demás gastos que se van acumulando.

Hacemos hincapié en la definición del concepto de deudor de buena fe y en limitar la responsabilidad patrimonial universal. Y, al final, ¿qué pedimos? Nosotros pedimos lo que en algunos estudios europeos y no europeos se denomina segunda oportunidad, es decir, evitar el lanzamiento, con todas estas cautelas, consideraciones y razonamientos; dar al juez mayor flexibilidad y mayor capacidad para evaluar la situación de esa familia y evitar el lanzamiento. Porque a nadie beneficia y es dramático para la familia.

En relación con la discutida cuestión de la dación en pago, a mí hay algo que me preocupa, y es que una familia resuelve dar la vivienda y con eso —en el supuesto de que se contemplara en la ley— uno se olvida o deja intereses, deberes, obligaciones. Muy bien. Pero ¿dónde va esa familia? Esa es la cuestión que me preocupa: dónde va esa familia, porque es la primera vivienda. Por lo tanto, la dación en pago puede ser una salida en algunas circunstancias, pero es una salida hacia la nada. No es una solución general, ni muchísimo menos, desde mi punto de vista. Yo se lo transmito a sus señorías para que lo tengan en cuenta porque, al final, alguien tendrá que hacerse cargo de esa familia: el ayuntamiento, la comunidad, Cáritas… Pero no es la solución. Demos una




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oportunidad a esa familia, para que esas personas puedan encontrar una vía, alargando los plazos, disminuyendo o reduciendo la deuda, encontrando un alquiler protegido, pero démosles una salida para que no lancemos a esas personas hacia la nada. Y démosles una salida, de manera que además la persona tenga interés en hacer frente a medio plazo a los compromisos que adquirió, reducidos, tasados de otra manera, pero tenga interés en encontrar un trabajo, en ahorrar para terminar de pagar lo que se le dijo que le quedaba, etcétera. Todo esto se explica en el informe, sus señorías lo van comprender perfectamente, y seguramente añadirán alguna idea más. Pero hay que encontrar una vía para evitar no solo la desesperación, sino para evitar también la calle y la nada, que es lo que tenemos que evitar, y buscar, como digo, una salida no solo a esa falta de vivienda, sino también a esa vida. Démosle una vía. Por eso hablamos de una segunda oportunidad.

Otra de las recomendaciones de interés efectuada —voy a hacer un breve resumen—, sobre la que hemos logrado una respuesta afirmativa —voy a empezar por una última que acabamos de ver a través de informaciones en los últimos días—, ha sido la identificación de la policía. Creo que de esto hablé también aquí, ante sus señorías, el año pasado. Nos parecía que la policía antidisturbios debía poder ser identificada en sus actuaciones. El ministerio nos ha dicho que sí, y ya están actuando —o lo harán cuando sea menester— en la calle con una identificación, como se venía haciendo también en alguna comunidad autónoma. Creo que la ertzantza lo hacía también, y ya se va a hacer en todas las actuaciones policiales. Le hemos pedido al Ministerio del Interior —porque nunca nos paramos en las peticiones— que vaya todavía un poco más allá y que establezca un breve código de actuación para las Fuerzas de Seguridad del Estado, fundamentalmente la policía, cuando actúe en la calle. Solicitamos que exista un código de conducta y de manera de proceder que pueda ser conocido por sus señorías y por los ciudadanos cuando lo deseen, que obligue a una actuación determinada de una manera determinada. Pero la primera parte, la identificación, como digo, está conseguida.

Y aproximadamente hace veinte días hemos hecho una recomendación que creo que también puede ser de interés y aceptada con respecto al pago a proveedores. Ustedes saben muy bien que hay comunidades y ayuntamientos que no están pagando a proveedores, a los que se les pagó en una primera instancia, el año pasado o hace año y medio. Pero ahora no han alcanzado los fondos o los presupuestos. Nosotros le hemos dicho a los ministerios correspondientes: Sanidad, Empleo, y especialmente Hacienda: Como van ustedes a tener —así lo ha anunciado el ministro— un Fondo de Liquidez Autonómica y una partida de pago a proveedores disponible, que va a ser transferida a las comunidades autónomas, nos parece muy bien esa medida, pero digan ustedes a las comunidades y los ayuntamientos que pongan en primer lugar los gastos sociales para hacer frente a las deudas en esa materia. Eso nos parece fundamental, y las razones no se las tengo que explicar a sus señorías. Y es que hay centros de atención a menores o de atención a mayores que nos han escrito diciendo: si en el plazo de quince de días no recibimos la cantidad que se nos adeuda, cerraremos. Esa es una situación verdaderamente dramática. Por eso, nos hemos dirigido al ministro de Hacienda y le hemos dicho: Nos parece estupendo, si ustedes incluso pueden más, mejor, pero díganles que atiendan esos gastos, porque las consecuencias de la no liquidación de esos gastos o esas deudas son enormes. Acabamos de ver en el programa —así lo denomina el Ministerio de Hacienda— sobre el modo o manera de proceder en cuanto a esas liquidaciones que se da prioridad a los gastos en materia de educación, sanidad y servicios sociales, con atención especial —dice la norma del Ministerio de Hacienda— a los servicios públicos fundamentales en estas materias, y ayudas directas a familias e instituciones sin fines de lucro en relación con la Ley de dependencia. Me alegro mucho, me parece que puede ser una buena medida.

Otra recomendación que también hicimos al Ministerio de Justicia y que ha sido aceptada está en relación con la atención a las víctimas del terrorismo. Le pedimos al ministerio —creo que ya di cuenta, pero ahora puedo decir que además la petición se ha resuelto de manera favorable— que a las víctimas y familiares de víctimas de terrorismo se les proporcionara un instrumento fácil y sencillo para que pudieran saber el procedimiento que les afecta y la situación penitenciaria de las personas por las que se han visto dañados enorme y gravemente y que han sido los autores de los delitos por los que están sufriendo; que las familias puedan saber en qué situación penitenciaria están esas personas y además cuándo se va a celebrar el juicio que a ellas les preocupa. Y es que




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habíamos diagnosticado que hay personas que viven en núcleos pequeños, o que están alejadas, o que tienen poca información, o de mucha edad que no se enteraban de que se iba a celebrar el juicio o si se había celebrado ya, y era un juicio que les afectaba muy directamente y no habían tenido la información precisa. Pues bien, he comprobado en una asociación de víctimas que la recomendación que hacíamos ya está, y que las víctimas o los familiares, identificándose adecuadamente, pueden conocer su causa, la situación que les preocupa, desde su domicilio. Me parece que es un avance, dado que eso es lo que podemos hacer en relación con las víctimas: apoyarlas en su vida, en su sentir y en su penar diario.

Nos gustaría que el estatuto de las víctimas prosperara y que llegara aquí pronto para su debate. Esta medida ya ha sido adoptada, pero no disponemos de mucha información sobre en qué situación está el estatuto, y sería bueno y conveniente para todas las víctimas.

En relación con esta cuestión, he de informar a sus señorías de que me he dirigido al comisario europeo de Derechos Humanos para hablarle de mi preocupación y posición sobre la ejecución de condenas de delitos de terrorismo y otros actos o acciones muy graves, sobre lo que se va a pronunciar la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos quizá en las próximas semanas o los próximos meses. Insisto en que le he mostrado mi preocupación y cuál es la posición del Defensor, que es la misma que la del Tribunal Supremo y la del Tribunal Constitucional.

Para terminar, señorías, me voy a referir al gran epígrafe de las quejas, que, como he explicado, y su nombre indica, son un lamento o una recriminación hacia una entidad o institución por una actuación determinada. Me parece interesante dar cuenta de que, como ha habido reducción de prestaciones sociales y sanitarias, hay muchas, muchísimas quejas. También las ha habido en relación con las listas de espera de viviendas protegidas. En materia de educación, ha habido muchas quejas sobre las no sustituciones o rápidas sustituciones de profesores que se tienen que dar de baja por cualquier circunstancia. Y, como he dicho, desde luego ha habido enormes quejas de los funcionarios, afectados por la supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre.

Sigue habiendo retrasos en la Administración de Justicia —estamos muy atentos a esta materia—; sigue habiendo grandes retrasos, y lamentos por parte de los ciudadanos. Y todavía hay retrasos en las autorizaciones de residencia —que, a nuestro juicio, deben concederse cuando se reúnen las condiciones— para personas no españolas que solicitan la residencia en España. Los trámites son larguísimos y, en nuestra opinión, también los tiempos son excesivamente largos.

Muchas quejas versan sobre problemas de las grandes ciudades: contaminación acústica y ruidos de toda índole. Como ya dije aquí el año pasado, hay urbanizaciones sin terminar, con el perjuicio para los vecinos que ya están allí, que han adquirido una casa o un piso y la urbanización se queda a medias. En este sentido, hemos hecho varias recomendaciones a la Federación Española de Municipios y Provincias sobre cómo se podría actuar y cuáles serían los gastos o inversiones preferenciales para atender mínimamente a esos vecinos. Son, por tanto, viviendas vacías o bloques semivacíos. Estos son algunos de los problemas en esta materia.

Señorías, acabo; no quiero entretenerles más y que tengan que mantener la atención sobre estas cuestiones, porque conozco su orden del día.

De modo que, para finalizar, les recuerdo que estamos a su entera disposición para aclarar, ampliar y explicar lo que deseen, y para oír también sus comentarios, sus críticas y sus sugerencias. Estamos absolutamente a su disposición, tanto a la de los miembros de la comisión como a la de todos los miembros de esta Cámara. A nosotros nos interesa mucho contar con la opinión del Senado, por las experiencias que ustedes tienen y por sus atribuciones parlamentarias. Estamos encantados de escucharles y de recibir a los portavoces de la comisión para que nos transmitan sus deseos. Y, si un día, señor presidente, una representación, bien de la comisión, o bien del Pleno o de la Mesa, pudiera venir a la institución para que les expliquemos lo que hacemos, cuáles son los procedimientos, quiénes son los responsables de las áreas y cómo tratamos los asuntos, para nosotros sería muy interesante y sería un honor recibirles.

Nuestra intención es la de ser una institución útil, una institución al servicio de todos los ciudadanos, con la voluntad —como imperativo kantiano— de estar al servicio de todos; nuestra voluntad, por encima de todo, como muestra de servicio a todos ciudadanos, cooperando e instando a las administraciones, a todas las administraciones; ante ellas, no frente a ellas. Leía el otro día un artículo interesante —que seguramente habrán visto algunos de ustedes— de la




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catedrática de Ética doña Adela Cortina, que hablaba de la cooperación. Ella lo refería a Europa, a cómo Europa debía haber sido un proyecto de cooperación, y no un proyecto de individualidades, se referida a las naciones. Pues en nuestro campo también es pertinente la cooperación; la cooperación del Defensor del Pueblo con las administraciones; la cooperación entre las administraciones. Ella decía —y yo lo hago mío— que la cooperación, el valor de la cooperación es lo que ha hecho avanzar a la especie humana, es lo que ha hecho avanzar a la humanidad. Decía ella, citando a un sociólogo americano, cuyo nombre en este momento no recuerdo: no habrán visto ustedes nunca a dos chimpancés transportar juntos el tronco de un árbol, nunca; sin embargo, sí hemos visto a miembros de la especie humana transportar cosas conjuntamente, cooperar, y así ha sido como ha avanzado la sociedad. Pues este es nuestro afán: cooperar y, desde luego, servir; servir a todos los ciudadanos y, por supuesto, también a sus señorías, cuando así lo estimen conveniente.

Gracias, señor presidente, y gracias por su atención. (Fuertes y prolongados aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora defensora del pueblo, por su informe correspondiente a la gestión realizada por la institución a lo largo del año 2012.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias, por tiempo de quince minutos.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Gracias, señora defensora del pueblo, por su exposición. Mi máximo reconocimiento a la institución, aunque solo sea a partir de su propia denominación. Denominación que adquiere un especial significado en unos momentos como estos, en que gran parte de la sociedad se siente indefensa. Lo que no deja de ser también expresión de nuestro fracaso; del fracaso de la representación institucional, que no es capaz de dar —cada uno en su responsabilidad, no todos somos iguales ni todos tenemos la misma responsabilidad— respuesta adecuada a las necesidades del pueblo. Reconocimiento, pues, al trabajo de la institución que se extiende al que desarrollan los defensores del pueblo en las diferentes comunidades autónomas; ahora que, en muchos casos, son puestos en cuestión por esa estrategia suicida, por ese austericidio que pone en cuestión la necesidad y la existencia de la figura de los homólogos del Defensor del Pueblo en las comunidades autónomas. En algunas de ellas se está planteando ya su desaparición. Yo, como asturiano, lamento que en mi comunidad autónoma, en Asturias, se haya iniciado el proceso que puede dar lugar a la desaparición del la Procurador General, la institución homóloga del Defensor del Pueblo en Asturias. Decisión que en ningún caso comparto personalmente ni comparte la fuerza política que represento.

El informe que nos ha presentado la señora defensora del pueblo es el informe de la crisis. El informe de la crisis, y de las políticas que el Gobierno y los Gobiernos de las comunidades autónomas están poniendo en práctica para afrontarla. Es decir, es el informe de las consecuencias de esas políticas. Por eso el número de expedientes se ha incrementado en el 2012 en un tercio en relación con el 2011. Por eso en el 2012 hubo 100 veces más solicitudes de recursos de inconstitucionalidad y de amparo que en el 2011. La señora defensora del pueblo destacaba, y yo reconozco que es legítimo para establecer un refuerzo de su tarea, aquellos supuestos en los que los informes que ha elaborado han encontrado acogida favorable en las administraciones. Yo me felicito porque, aunque sea de manera insuficiente, se haya producido una rebaja de las tasas judiciales. Como muy bien sabe la defensora del pueblo, eso no ha satisfecho ni a las fuerzas políticas presentes en este Senado ni a los profesionales del derecho, que han cuestionado la rebaja como insuficiente y han cuestionado su orientación. También me felicito porque el Ministerio del Interior vaya a hacer caso de su requerimiento para que los agentes de la autoridad que intervengan fundamentalmente en actuaciones que guardan relación con el derecho de manifestación estén perfectamente identificados.

Pero a mí me parece que lo más importante de este informe es la fotografía que nos ofrece de la coyuntura social, de las preocupaciones de los ciudadanos que se expresan a través de las quejas y a través de las conclusiones del propio informe. Conclusiones que, como representantes institucionales, tenemos la obligación de convertir en conclusiones políticas. Sobre entidades financieras y las recomendaciones, en primer lugar. No basta con decir —basta para el informe de




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la defensora del pueblo, seguramente, no basta para los senadores— que las actuaciones de las entidades financieras han sido absolutamente censurables. Yo creo que han sido escandalosas yo creo que han sido cuasidelictivas; yo creo que han configurado y expresado un sistema financiero corrupto. Se habla mucho, y con razón, de la corrupción política y de los corruptores empresariales que la acompañan; pero no se destaca que las prácticas bancarias que han afectado a centenares de miles de ciudadanos de este país han sido también corruptas, puesto que han vulnerado la ley. Y no lo digo yo, lo dice, de forma más suave, el informe de la defensora del pueblo; lo dijo el presidente de una de las entidades financieras más importantes de este país en la asamblea general de accionistas, refiriéndose, eso sí, a la competencia «que había desarrollado prácticas irregulares»; lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que habla de cláusulas abusivas; lo ha dicho el Tribunal Supremo, declarando nula la cláusula suelo de los créditos hipotecarios; lo están diciendo los juzgados y audiencias provinciales, en relación con los swap, los clip, y otros inventos de extorsión de las entidades financieras; lo están diciendo los tribunales en relación con las preferentes y con las subordinadas. Y no se trata de acciones puntuales de determinada entidad financiera; son estrategias empresariales desarrolladas por la mayoría de las entidades financieras de este país, ante la complacencia del Banco de España, ante la complacencia del Consejo Nacional del Mercado de Valores, que no actuaron frente a ellas.

Apuntaba la señora defensora del pueblo, como salida, el arbitraje. Sinceramente, pienso que aquí hay una clara responsabilidad patrimonial del Estado. El Estado tiene culpa in vigilando, puesto que no utilizó los recursos de los que disponía para cumplir con las obligaciones de control del sistema financiero. Por lo tanto, el arbitraje es seguramente a estas alturas, con todo lo que sabemos, con lo que están diciendo los tribunales, una medida absolutamente insuficiente e injusta con quienes de buena fe acudieron a su banco, a su caja de ahorros de toda la vida, y se encontraron con que unos gestores que les aconsejaron, no por iniciativa propia, sino cumpliendo los esquemas que condicionaban por los resultados su propia remuneración —el sistema piramidal corrupto de arriba abajo—, inversiones, cuando lo que pedían ellos eran depósitos plazo fijo. No son inversores que tuvieran una información insuficiente o incorrecta; eran ahorradores que acudían con sus depósitos a unas entidades financieras que les habían ofrecido confianza hasta entonces.

A lo largo de los últimos años la gran preocupación de las administraciones públicas, del Gobierno, del Parlamento, en relación con el sistema financiero, ha sido su estabilidad financiero, salvar el sistema financiero. Para ello, antes y después, cerraron los ojos ante las prácticas de ese sistema financiero, que hacían víctimas, insisto, a cientos de miles de españoles. La prioridad fue salvar el sistema financiero, y ahora, para no aumentar los riesgos de ese sistema financiero salvado gracias a ingentes cantidades de recursos públicos, se pretende dar la espalda a quienes padecen los perjuicios y las consecuencias de su funcionamiento irregular. No se trata solo de un comportamiento poco ético, se trata de un comportamiento ilegal y cuasi delictivo.

Los expedientes, las reclamaciones y los informes de la defensora del pueblo expresan con absoluta claridad cuáles son las preocupaciones de los ciudadanos. La mayoría de ellos no se refieren solo a un número elevado de funcionarios que reclaman contra la privación de la paga extraordinaria, sino que se refieren a cuestiones relativas a la vivienda, lógicamente, y la señora defensora del pueblo decía que la dación en pago no es la solución al problema. Pero es una alternativa. Es una alternativa que tienen que tener los ciudadanos que se ven en esa situación, y que merece medidas complementarias que permitan acceder a una vivienda. Sin dación en pago, el ciudadano seguirá manteniendo, con vivienda o sin vivienda, una situación de endeudamiento para toda su vida, mientras no afronte las consecuencias que se derivan de los incumplimientos de amortización de los créditos solicitados. Quienes tienen la mayoría en este Senado y en el Congreso no van a seguir el consejo de la señora defensora del pueblo de tener en cuenta que, al menos en algunos casos, pueda existir la dación en pago. Como no se han tomado en consideración los requerimientos e informes de la señora defensora del pueblo en la mayoría de las cuestiones que guardan relación con los ajustes y recortes en educación, en sanidad o en servicios sociales; ni su invitación a que se dé una solución a la afiliación a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales en la atención a la dependencia; ni en cuanto a la exclusión de la atención sanitaria para determinados colectivos, o en cuanto a la repercusión del coste del transporte sanitario; ni en cuanto a las reclamaciones individuales que, en todas estas materias,




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como refleja el informe de la señora defensora del pueblo, son rechazadas porque conllevarían incremento del gasto público. La preocupación sigue siendo esa: las consecuencias de la constitucionalización de que la prioridad es acabar con el déficit y con el endeudamiento, y no satisfacer las necesidades sociales de ciudadanos y ciudadanas.

Ha dedicado mucho tiempo la defensora del pueblo, y con ello concluyo, a justificar o a argumentar por qué no presentó ningún recurso de inconstitucionalidad. Yo puedo entender que, cuando otras instituciones han presentado recurso de inconstitucionalidad, la institución del Defensor del Pueblo no considere imprescindible su presentación; eso sí, tras comprobar en qué argumentos y sobre qué fundamentos se basan esos recursos de inconstitucionalidad; porque la institución del Defensor del Pueblo puede tener otros motivos, puede tener otros argumentos, puede tener otros fundamentos. Entiendo, incluso, que se pueda preferir, en términos coloquiales, la vía civil, la búsqueda del acuerdo y del entendimiento con las administraciones, la transacción, la búsqueda de la solución amistosa, antes de acudir al Tribunal Constitucional, como hacen también los ciudadanos cuando tienen oportunidad. Pero a la vista de que el informe refleja que los problemas más importantes, los más sangrantes, los que tienen una repercusión más directa en las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas de este país, como consecuencia de las políticas que se están aplicando, no han tenido respuesta adecuada, me queda la duda de si no había un amplio margen todavía para haber presentado —una vez comprobado que la vía civil no había funcionado, que la transacción o la solución amistosa no había sido posible— alguno de esos recursos de inconstitucionalidad planteados por tantos ciudadanos, planteados por tantas instituciones sociales y organizaciones cívicas.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, maiburu jauna; egun on senatori jaun andreok. Voy a intentar no consumir los quince minutos, porque el día de hoy va a ser bastante largo.

Primero, antes de nada, quiero dar las gracias a la señora Becerril, porque ha presentado el informe en el tiempo en que se le pidió en esta Cámara; lo ha hecho casi como un reloj suizo; un poquito más tarde en el Senado, pero realmente la entrada en Cortes tuvo lugar en el Congreso. Quizá algunos asuntos de los que voy a hablar tenía que haberlos tratado en la comisión, pero hasta los vascos tenemos a veces dificultades para estar en dos sitios a la vez, y no pude acudir a esa sesión; así que voy a hacer algunas puntualizaciones ahora, sobre todo desde el punto de vista estadístico. En algunos casos, en los cuadros que se presentan se comparan los dos años, el actual y el anterior. Le sugiero, que hagan, si pueden, no series estadísticas en cada uno de los cuadros, pero sí comparaciones, bien con una media o con una mediana, dependiendo de lo que sus expertos estadísticos digan, de las series estadísticas que tiene el Defensor del Pueblo, que creo que son muy largas e importantes. Esto sería interesante.

Algunas cosas nos han sorprendido, o no; o no, porque, al final, su informe refleja, como bien ha dicho el senador Iglesias, lo que está sucediendo en el país. No obstante, quiero comentar algunas cifras concretas. Especialmente, el gran aumento de las quejas agrupadas, más que el de las quejas individuales; 9000 más que el año pasado. Y, sobre todo, el de las solicitudes de recursos de inconstitucionalidad y amparo, que pasan de 2214 a 246 585. La cifra nos tiene que llamar obligatoriamente la atención. En contraste —usted ha explicado por qué, pero yo le daré mi opinión—, se ha producido una disminución de las investigaciones de oficio, que se reducen en un 27%. Ha explicado por qué, y lo entiendo; pero creo que es muy importante que la institución mantenga un especial celo en las investigaciones de oficio. No todo lo que puede ser perjudicial para los ciudadanos llega a través de los propios ciudadanos, y la institución tiene que hacer ahí un esfuerzo especial. Luego volveré a hablar de este tema.

También vemos en algunas tablas grandes discrepancias entre el 2011 y el 2012 en las quejas recibidas de los comisionados parlamentarios autonómicos; un nombre curioso, me ha llamado la atención. En el caso de la comunidad valenciana, por ejemplo, que pasa de 825 en 2011 a 241 en 2012, se deberá, probablemente, a una razón concreta, a un accidente concreto que ocurrió en ese momento. Por lo tanto, si puede ser, nos gustaría que en el futuro nos aclarara en el mismo informe por qué se producen estos desvíos tan escandalosos en algunos casos; que son




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excepcionales, pero que están ahí. Porque puede ser que tenga que ver también con lo que el senador Iglesias muy hábilmente ha llamado austericidio. En este caso, ha habido varios intentos, también lo hubo en la Comunidad Foral de Navarra, aunque, gracias a Dios, no salió; ya digo que puede que sea por las mismas razones. Lo mismo ocurre en el caso de los recursos que presentan ante el Constitucional esos comisionados autonómicos.

En cuanto a las quejas individuales admitidas, vemos que la inmensa mayoría, el 56%, corresponden a quejas sobre la Administración General del Estado. Y, de todas las que se han considerado, de las que han concluido, el 38% han dado como resultado que la Administración General del Estado ha tenido una actuación correcta. A mí me llama la atención que sobre la Administración local, en los casos concluidos, la declaración de actuación correcta asciende al 49%. Quiero hacerlo constar, porque muchas veces se pone en duda la capacidad y la calidad de la Administración local, pero estamos viendo que la Administración local tiene una cantidad de actuaciones correctas muy superior incluso a las de la Administración General del Estado. Entre las quejas colectivas, la que se lleva la palma es la Administración General del Estado, creo que por la situación del país, que ya hemos comentado. Y, en cuanto a las actuaciones de oficio, la administración a la que más investigaciones de oficio se le han hecho es la Administración autonómica; en número: un 39% del total de las que se han hecho; a la Administración central un 28% y a la local un 19%. Casualmente, la Administración autonómica ha tenido solamente el 17% de las quejas individuales y, en cambio, un 38% de las investigaciones de oficio. Es algo que seguro que tiene su explicación, pero me sorprende; me sorprende que la administración que más quejas individuales tiene no sea la que más investigaciones de oficio tiene. Para mí, esto es algo, cuando menos, curioso. Estoy seguro de que habrá alguna razón, y me gustaría conocerla. Ya me la explicará cuando tengamos oportunidad.

Tengo que darles la enhorabuena por la reducción de las administraciones no colaboradoras. Pero, sobre todo, tengo que darle la enhorabuena por la consideración que se ha tenido con los municipios de más pequeño tamaño, y agradecérselo. Yo, que he sido alcalde de un municipio de 7000 habitantes y el Ararteko me mandó en agosto una requisitoria para pedirme un informe urbanístico con todos los planos, sé lo que se pasa en esos momentos. Al final, muchas veces, no se trata de la intención de no atender, sino de un problema de no poder hacerlo.

En cuanto al contenido del informe, podríamos decir muchas cosas, pero nos quedamos con el análisis de las quejas individuales y colectivas que son, en realidad, un reflejo bastante claro de la situación que está viviendo el Estado cuando en cuanto a dependencia, a sanidad, a violencia de género, a productos financieros trampa y a todo esto que usted nos ha comentado aquí, en lo que el senador Iglesias ha hecho ya hincapié.

Por mi parte, hablaré de alguno de los informes, como ya he hecho alguna otra vez. En concreto, del informe sobre el estatuto de las víctimas, sobre el cual ya planteamos algunas dudas, no en la presentación de este informe en comisión, sino cuando se presentó el informe del 2011 y estos otros dos informes en la comisión. Hay algunos aspectos procesales y penitenciarios que deberían ser, no sé si replanteados pero sí matizados, aun estando absolutamente de acuerdo en lo que usted ha dicho sobre las víctimas. Las víctimas deben ser respetadas y protegidas, y hay que darles todo el cariño del mundo, pero también tenemos que cumplir la ley. Yo creo que esto es importante. Los puntos 9 y 13 dicen que las víctimas han de ser informadas puntualmente de cuáles son los aspectos procesales de su caso y, en el caso de las personas que hayan sido condenadas por los hechos de los que son víctimas, han de serlo puntualmente. Eso no quiere decir, como se plantea en el punto 9, que deban ser oídas con carácter previo a la adopción por parte de la Administración penitenciaria de cualquier medida relativa a la clasificación del autor del delito; esto es muy matizable y podría chocar con otro tipo de derechos. Y, por supuesto, creo que no debería figurar en este informe esa alusión al derecho de voto múltiple; considero que, cuando menos, debería ser replanteada.

En cuanto a los informes que nos ha presentado sobre las viviendas protegidas vacías, le deseo muchísima suerte, porque esto conlleva muchísimo trabajo y me gustaría que llegara a buen puerto. Hay muchos más matices de los que aparecen en el informe, y se lo digo como exalcalde de un municipio periférico y, además, con calidad turística, en el que hay muchas viviendas protegidas que se están convirtiendo en viviendas de veraneo; otro problema que hay que analizar: no están vacías, pero no están llenas. Me parece un tema esencial, y en el País




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Vasco se ha avanzado mucho en esto, aunque todavía hemos de hacerlo mucho más, porque existen este tipo de matices y de cuestiones que conviene aclarar y atajar.

En cuanto a los productos financieros tóxicos y a los deudores hipotecarios, coincido con el senador Iglesias en casi todo lo que ha dicho, por no decir en todo. Evidentemente, este es un problema de falta de control, y creo que el Defensor del Pueblo tiene que tener claro cuáles deben ser los controles que hay que establecer de forma rígida para que esto no vuelva a suceder. Evidentemente, hay que solucionar el problema, pero lo que tenemos que evitar es que vuelva a suceder, tanto en tiempos de bonanza como en tiempos de no bonanza. Lo mismo cabe decir de los deudores hipotecarios. Usted ha hablado de la figura del juez en todo el proceso de resolución de los problemas hipotecarios, y creo que es una parte esencial, porque no todos los casos son iguales; todos son diferentes. Por tanto, el tratamiento y las soluciones tendrán que ser diferentes y muy matizadas. Y eso hay que dejarlo en manos de alguien que pueda hacerlo, en mi opinión un juez.

Finalmente, me voy a referir rápidamente al mecanismo nacional de prevención de la tortura. Quizás este no sea un tema que corresponda al Defensor del Pueblo, sino más bien a las Cortes Generales. En cuanto al mecanismo de prevención de la tortura, el Defensor del Pueblo se limita ahora al control de lo que sucede en las cárceles. Creo que en este caso hemos de ser un poco más ambiciosos y empezar a plantearnos que la evitación y la eliminación de la tortura comienza en el momento en el momento que alguien es detenido, que es presunto, y sigue después, si es condenado e ingresa en la cárcel; si no, lo dejamos un poco al albur de alguien. En una sociedad como la nuestra, en la que no hay cabida ya para muchas cosas, tampoco debe haber cabida para la tortura.

Vuelvo a felicitarla y le doy las gracias por habernos traído este informe cuando tocaba.

Nada más, señor presidente; muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gràcies, senyor president.

Intervengo para valorar también este informe del 2012 que ante esta Cámara hoy ha presentado la defensora del pueblo a quien quiero saludar junto a todo su equipo y darle la bienvenida al Senado en nombre de mi grupo.

De la misma forma que ha hecho el senador Cazalis, voy a intentar no consumir mi tiempo y, por tanto, centrarme en algunos aspectos que me parecen importantes del informe, sobre todo algunos aspectos de fondo, porque realmente creo que el informe que hoy nos ha presentado nos sitúa de nuevo ante una auténtica auditoría social de lo que está sucediendo en nuestro país.

No es necesario entrar precisamente en el detalle de las cifras, en la valoración exacta de todos los números que acumula el informe para concluir que vivimos una situación realmente grave, seguramente una de las peores de las que durante décadas ha podido vivir este país; una situación crítica que se manifiesta, día tras día, en las mareas de indignación que están llenando las calles de nuestras ciudades y de nuestros pueblos. Por tanto, yo voy a hacer, como le decía, una reflexión de fondo sobre la cuestión para intentar situar básicamente una idea en el relato de mi intervención.

Es cierto que en este país hoy hay mucha gente que siente que se le ha robado su futuro con la estafa de las preferentes. Mucha gente que ve cómo su modesto bienestar, aquel que había labrado con duro trabajo durante toda su vida, se ha derrumbado para convertirse en una pesadilla en la que muchos han de vivir con una escasa pensión que no da para alimentar a sus hijos y a sus nietos. Personas que son lanzadas de sus hogares y que han de acostumbrarse precisamente a vivir sin su casa, sin sus enseres personales. Gente que ve cómo se cierra su centro de salud o cómo deja de tener cobertura de asistencia médica o, lo que es lo mismo, de tener derecho a la salud. Personas que hoy saben que el mañana será peor que el hoy porque sus hijos no podrán ir a la universidad por el aumento de las tasas, de las matrículas. O personas que hoy se ven indefensas ante una justicia que mide su vara a través de tasas.

Yo en este punto quiero hacer una mención a su informe. Son absolutamente loables tanto el informe como las acciones de la defensora del pueblo en esta cuestión. Otra cosa sería —se ha




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comentado ya— la oportunidad de la ley y los contenidos de la ley, pero en este caso su acción es loable y tenemos que saludarla.

Hoy, defensora, vivimos en un estado de desesperanza, y es así; es la única calificación que podemos darle a la situación que hoy vive nuestro país. De hecho, así lo creen más del 60% de los ciudadanos que consideran que el futuro será peor que el presente. Y éste es ciertamente nuestro triste hoy, un hoy que recogen sus cifras y un hoy que nosotros —y lo digo con toda la modestia— hemos de saber interpretar con absoluta sensibilidad, con mucho rigor y sobre todo con mucha solidaridad.

Lo cierto es que no sé cómo debemos afrontar las cifras que construyen esta pirámide de desigualdad, de pobreza, de sufrimiento. Tampoco sé de qué forma hemos de responder como país, como sociedad a todo este desequilibrio. Es cierto que debemos hacerlo con indignación, no nos queda otra alternativa que indignarnos, pero también lo es que la indignación no es suficiente. Y es cierto que hoy por hoy hemos de tener conciencia de que se están rompiendo las bases sobre las que habíamos asentado nuestra convivencia como sociedad.

Yo ciertamente me lo pregunto y se lo pregunto a ustedes, ¿cómo vamos a ser capaces de dar respuesta a la pobreza que está acumulando este país? ¿Cómo vamos a parar las cifras aberrantes del paro que está generando esta pobreza? ¿Qué vamos a explicar a los más de 2,5 millones de niños que hoy están viviendo en la pobreza? ¿A las 300 000 familias que no tienen ningún tipo de ayuda? ¿A los que tienen que escoger entre comer o medicarse, porque esta es una realidad hoy de nuestra sociedad? ¿O a los que no comen o solo comen gracias a los bancos de alimentos o a los comedores sociales? ¿O a todos aquellos que hoy están sin casa? Después me referiré a su informe y a cómo lo ha planteado.

Todas estas son las voces que están tras los 280 000 expedientes que ustedes han tramitado y, como ha dicho usted al comienzo de su intervención, el aumento de las quejas entre 2011 y 2012 demuestra que esta situación va a peor. Esta es la interpelación que hoy se debe hacer esta Cámara ante su informe; para eso tiene que servir su informe, para interpelarnos sobre qué vamos a hacer ante esta situación. Y lo digo con toda la contundencia de la que soy capaz porque creo que ninguno de los senadores de esta Cámara ni de los responsables políticos, ninguna de las personas que tenemos una representación pública podemos quedarnos impasibles ante estas cifras ni ante lo que representa esta crisis en cualquiera de las tres facetas que la definen: la crisis política, la crisis económica y la crisis social. Es cierto que esto empezó siendo una crisis económica, y es cierto que después se ha convertido en una crisis social de un calado enorme, pero también es cierto que la crisis política se debe a que nosotros, aquellos que tenemos la responsabilidad política, no hemos sido capaces de darle una respuesta válida, una respuesta que haya podido ser interpretada con claridad por los ciudadanos.

Señoras y señores senadores, lo digo con toda la modestia, creo que los grupos parlamentarios de esta Cámara, los grupos políticos que en este país tenemos una representación pública, el Gobierno, todos aquellos que representamos hoy la oposición a este Gobierno, aquellos que estamos en las instituciones de este país, hoy, y a tenor de los informes de la defensora —y esta es la idea que quería transmitirles en mi intervención— deberíamos ser capaces de proponernos un compromiso político con el bienestar de las personas. Esa es una de las cuestiones más importantes que deben interpelarnos a las personas que nos dedicamos a la política, y, por tanto, esta debería ser, en definitiva, una lucha contra la pobreza.

Este ha de ser uno de los ejes fundamentales de nuestro trabajo. Es cierto que hay otros, y muy importantes: la recuperación de la economía o el funcionamiento de nuestros servicios públicos. Pero en este país hoy el problema de la justicia social debe interpelarnos a todos y para ello debemos dedicarle toda nuestra atención; sencillamente nuestra sociedad hoy es menos justa de lo que lo era ayer, y ayer ya no era una sociedad justa. Por tanto, tenemos un grave problema si no somos capaces en nuestra sociedad de atender adecuadamente a las necesidades de las personas.

España supera en la actualidad los 12 millones de pobres, que pueden acabar siendo 18 de aquí a pocos años si no somos capaces de rectificar. La cifra de la pobreza infantil es más que evidente; la cifra de la violencia de género —no lo hemos mencionado, su informe sí lo hace— ha aumentado de una forma clara; la incapacidad de cumplir con la Ley de la dependencia también está al orden del día. Son cifras que ponen en evidencia nuestra política social, y la respuesta es




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evidente: nuestras políticas sociales son extremadamente débiles, nuestro gasto en políticas sociales no alcanza al 60% de la media europea, pero es que, además, en este momento hemos recortado un 40% de esas políticas sociales. Y si tenemos en cuenta que la demanda ha aumentado un 20%, es fácil imaginar que esta situación se deduce evidentemente de una falta de recursos para esas políticas sociales. Pero es que, además, y ya lo dije en la presentación del anterior informe, señora defensora —y creo que respecto de esta cuestión ustedes también deberían interpelarse y tal vez plantearse alguna acción—, el dinero que gastamos en políticas sociales es muy poco eficiente; es decir, mientras que en el resto de Europa los recursos destinados a políticas sociales tienen un impacto de un 9%, aquí lo tienen de un 3,3%. Creo, pues, que hoy tenemos —y lo digo con tristeza— una situación que nos coloca a la cabeza de Europa en cuanto a desigualdad social y a la cola de Europa en cuanto a inversión en servicios públicos para luchar contra esta pobreza y contra la exclusión social. Y estas son las dos constantes que rigen nuestra capacidad de respuesta ante estos problemas.

Pero no tengo intención de hacer un discurso victimista, sino que se trata de ver y de entender que no estamos redistribuyendo bien nuestra riqueza ni tampoco lo estamos haciendo con las cargas de la crisis. Creo que esta es la cuestión de fondo que esconde su informe, y en este caso hay que hablar de justicia social, hay que hablar de justicia fiscal. Ustedes saben muy bien —y no me voy a alargar en esta cuestión— que es cierto que en este país estamos en este momento escasos de recursos, pero también lo es que el fraude fiscal de este país equivale prácticamente al coste de nuestra sanidad; es decir, estamos hablando prácticamente de 88 000 millones de euros de fraude y creo que el coste de nuestra sanidad está alrededor de los 90 000 millones. Y estamos hablando también de que hay algunas entidades que prácticamente no pagan impuestos y que son entidades especulativas. Estamos hablando de las Sicav y estamos hablando de aquello que no recaudamos en las transacciones internacionales.

No me voy a alargar, porque es cierto que esta es una cuestión compleja que se escapa de este informe, pero lo que sí le quiero decir, y ya lo hizo hace muchos siglos Confucio, es que donde hay justicia no hay pobreza, y por tanto, en este país la pobreza demuestra que no hay justicia. Y esta me parece que es una cuestión muy clara y que en este momento delata su informe.

Voy a hacer un repaso muy rápido sobre el tema de las entidades bancarias. Estoy absolutamente de acuerdo con lo dicho por los senadores Iglesias y Cazalis. Creo que la percepción de usura y abuso que ha habido en esta cuestión efectivamente ha dañado a los pequeños ahorradores y a las personas que han confiado en sus entidades bancarias, pero sobre todo ha dañado nuestra moral colectiva sobre entidades y sobre una organización de nuestra sociedad que creíamos era seria y ha resultado que no lo es.

En cuanto al tema de la vivienda, su informe me parece muy oportuno. Ya se lo dije el otro día en comisión. Considero que no es ético ni moral que este país tenga viviendas vacías cuando hay personas en la calle, y que las administraciones no sean capaces de dar respuesta a esta situación. Y quiero felicitar desde aquí a la Junta de Andalucía por las medidas que acaba de tomar respecto a la vivienda. (Aplausos.) Quiero felicitarla con voz alta y clara porque alguna cosa había que empezar a hacer al respecto, y efectivamente hay que expropiar viviendas y hay que multar a aquellos que las tienen vacías y cerradas mientras haya gente en las calles.

Por último, quiero decirle, porque se me acaba el tiempo, que sabe que tiene usted a mi grupo parlamentario, y creo que a todos los senadores de esta Cámara, a su disposición en este trabajo. Vuelvo a repetir que en este momento que está viviendo España considero que usted y el resto de los defensores de las comunidades autónomas tienen un trabajo muy importante por delante, que debemos arroparles desde aquí, pero sobre todo, y tras la lectura de sus informes, hemos de ser capaces de que la política dé respuesta a los problemas de nuestra sociedad. Y para eso se necesita valor, y sobre todo, tener un profundo sentido de la justicia.

Gracias, señor presidente. Gracias, señoras y señores senadores. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Boya.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, señor presidente.

Informe Defensor del Pueblo 2012. Un saludo en primer lugar a la defensora, a sus adjuntos y a todo su equipo, que nos honran hoy con su presencia en el palco de invitados.




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Como ya señalamos en la sesión de la Comisión Mixta Congreso de los Diputados-Senado, es pertinente destacar que felicitamos a la defensora del pueblo por las medidas de transparencia adoptadas últimamente y que se han incorporado básicamente por medios telemáticos y sistemas a través de página web. Es un paso en la dirección correcta y hay que destacarlo.

También parece adecuado por la prudencia en el uso del recurso de inconstitucionalidad a pesar del incremento en el número de peticiones y solicitudes en ese sentido, previsible a nuestro entender como reflejo de la situación compleja de crisis económica. La mesura y la contención deben guiar las actuaciones de la defensoría del pueblo.

En su primera comparecencia en esta Cámara mi grupo parlamentario ya expresó con claridad la necesidad, imprescindible según nuestro criterio, de máxima independencia y ecuanimidad. La figura del Defensor del Pueblo debe estar libre de prejuicios ideológicos, debe ser, a nuestro entender, una figura ecuánime y que tenga la mesura y la ponderación como norte, especialmente en aquellas cuestiones que afecten a los fundamentos de la arquitectura institucional del Estado.

Entrando en materia, entrando en el informe de 2012, no nos parece razonable —y creo que usted misma así lo recogió en la comisión mixta— que en el informe del Defensor del Pueblo se dediquen páginas y más páginas a un tema menor, como por ejemplo que en las señales de tráfico en Barcelona figurase algún texto en catalán y, por lo tanto, fuese incomprensible para el resto de los españoles. Si una característica tienen las señales de tráfico es que palabras hay pocas, los textos escritos son mínimos. Usted misma en la respuesta a la intervención de mi grupo parlamentario reconoció que posiblemente se había producido un exceso de celo —creo que dijo— al respecto.

A eso nos referimos exactamente cuando hablamos de buscar una institución libre de prejuicios —prejuicio en el sentido más literal y etimológico—. Por cierto, centrados ahora mismo en el tema lingüístico, tenemos unos datos recientes que desmienten todas esas patrañas y falsedades que se publican tan a menudo, sobre todo en Madrid, sobre una pretendida discriminación que sufren los castellanohablantes en Cataluña. Nada más lejos de la realidad. Todo un tipo de prensa que se apunta a denunciar día sí y día también una falsa discriminación a los castellanohablantes; incluso una conspicua senadora en campaña electoral llegó a publicitar la petición de escolarización en castellano de su hijo. Mucha tinta empleada en denunciar a los pérfidos nacionalistas que obligan a las indefensas criaturas a aprender catalán y castellano —bueno, esta última palabra, castellano, se les olvida, no lo cuentan—. En campaña electoral, pugna abierta entre el Partido Popular catalán y Ciudadanos para ver quién defiende mejor a los castellanohablantes en Cataluña. A nuestro entender, todo muy poco edificante. Intentos evidentes de romper la cohesión social en Cataluña.

Pues bien, después de tanta energía dedicada a la causa de proteger a los pobres niños en edad escolar de un sistema escolar integrador, que quiere buscar el conocimiento de tres lenguas —catalán, castellano e inglés— y que no quiere segregar ni separar ni discriminar a la población infantil por su origen o por su lengua materna, disponemos ya de los últimos datos. Sobre 748 000 inscripciones escolares en Cataluña, en una población de 7,5 millones de habitantes, se han producido 17 peticiones de enseñanza solo en castellano; no 17 000, ni 1700, ni 170, sino 17. Representa exactamente el 0,00227% de la población escolar. Nunca tantos esfuerzos habían servido para tan poca cosecha. Nosotros también nos podríamos preguntar por los derechos de los 748 000 escolares, porque ¿dónde quedan los derechos de los demás? Pero el daño de imagen que se ha instalado en la opinión pública ya está hecho. La imagen de discriminación —falsa, constatado con datos reales— que han creado con persistencia muchos medios informativos hace que quede tocada la imagen de Cataluña, al menos ante una buena parte de la opinión pública española. ¿Algún medio de comunicación va a publicar con suficiente amplitud estos datos que estoy dando? Tristemente no va a ocurrir, estamos seguros de que no va a ocurrir; ojalá ocurriese. No permita que estas intoxicaciones ambientales e ideológicas contaminen el buen hacer de su institución. Otra cosa son los intereses espurios de unos u otros; intentar sacar réditos electorales a costa de dividir y romper la cohesión social en Cataluña creemos que no es presentable ni razonable.

Cambio de tercio. Desahucios. En el barrio de El Carmel, en Barcelona, este fin de semana una madre ha matado a sus dos hijos ante la inminencia de un desahucio. Es el enésimo caso, y día sí, día también, vamos recibiendo informaciones en este sentido. El día 24 de este mes tenía




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la orden de desahucio de su vivienda. Un drama total; una situación dramática absolutamente desorbitada, desmandada.

Valoramos muy positivamente las recomendaciones que la defensoría del pueblo tiene y ha ejercido en su informe con la finalidad de paliar en la medida de lo posible los efectos de los desahucios. Mi grupo parlamentario ha reclamado una legislación que dé garantías jurídicas a los afectados. Nos ha gustado mucho y coincidimos absolutamente con el contenido de su informe en relación con esa problemática. Lo realmente importante es la conservación de la vivienda, en las condiciones que sean, no tanto la dación en pago. Como usted muy bien señalaba hace un momento, la dación en pago puede resolver el problema financiero familiar, pero en ningún caso resuelve el objetivo que tenemos que buscar entre todos, que es la conservación de la vivienda, el uso de la vivienda, que no queden en la calle. Nosotros no tenemos nada en contra de la dación en pago, pero creemos que es necesario buscar otro tipo de garantías jurídicas. Por ejemplo, proponemos la Ley concursal y su aplicación a las familias con problemas. ¿Por qué una empresa va a tener más derechos que un particular? Una empresa puede acogerse a la Ley concursal. ¿Por qué no puede hacerlo una familia? Como mínimo, se resolvería con un cierto orden una situación dramática, como vemos, día sí, día también.

Hay cálculos en el sentido de que en un 60% en que existe algún tipo de mediación se llega a un acuerdo. Creemos que ello es una muy buena medida y, por lo tanto, suscribimos y compartimos plenamente los criterios que ha expuesto la defensora.

Existe un poco conocido tipo de contrato llamado de anticresis —no anticrisis, anticresis—, que es un contrato pensado para los casos de imposibilidad de ejecución de un contrato inicial. Se aplica con posterioridad, pero se trata, como les digo, de un contrato pensado para un tipo muy específico de situación. Nosotros entendemos que es una buena herramienta. El objetivo que debemos perseguir en el duro contexto de crisis es el de buscar que la gente pueda conservar su vivienda, y eso es realmente lo esencial.

Violencia de género. Es una problemática gravísima sobre la que mi grupo tiene una gran preocupación. Las cifras son realmente escalofriantes. Es un asunto sobre el que la defensora del pueblo se pronuncia y trata extensamente, y nos felicitamos por ello. No obstante, pedimos que las recomendaciones de la defensoría del pueblo sobre las propuestas a emprender por las distintas administraciones sean tratadas con mayor énfasis. Hay que ser muy beligerante y proactivo ante un drama como este. Honestamente le reconocemos también la atención y la extensión con que ha analizado la problemática. A nuestro criterio, debemos crear protocolos que permitan la detección precoz de la violencia de género, incorporando medidas de impulso del diagnóstico precoz y asistencia y rehabilitación de las mujeres maltratadas.

Seguridad y justicia. Nos preocupan mucho las demoras judiciales y los procesos de colapso en los registros. Es una característica crónica de la justicia española, que también afecta de manera grave a su imagen como sociedad moderna, eficaz y abierta. Económicamente todo ello tiene su repercusión e impacto. La justicia, en este caso con exceso de demora, deja de ser justicia. Con frecuencia se argumenta que la justicia española es muy garantista, igualando el hecho de que exista garantismo con una lentitud excesiva en los procesos judiciales. Pero la realidad se impone. Nos guste o no, nuestra obligación es responder a las realidades. A menudo, debido al tiempo transcurrido, las circunstancias y la realidad han ultrapasado la situación. Buena parte de la extendida preocupación social que existe entre la población acerca de la corrupción, por ejemplo, se solucionaría con una justicia que se impartiese con mayor rapidez. Hay casos en los que la rapidez ya de por sí sola resolvería la problemática.

Tasas judiciales. No estamos en desacuerdo, filosóficamente, con el hecho de que quien use un bien pague una parte de ese servicio. Tiene más sentido que lo pague, al menos en parte, aquel que lo utiliza y no de forma general el conjunto de los ciudadanos. En CiU aceptamos el concepto, pero llevado a cierto extremo, como en el caso de las tasas judiciales, nos dirigimos a una pérdida de la tutela legal efectiva. En eso, lógicamente, no podemos estar más en desacuerdo. Una cosa es un cierto copago de los servicios y otra muy distinta que esto suponga la pérdida de un derecho fundamental. Honestamente, como mínimo es discutible y creemos que la renuncia a la presentación del recurso de inconstitucionalidad es muy benévola con el Gobierno, toda vez que el Real Decreto 3/2013 solo contempla parcialmente dos de las múltiples recomendaciones que emitió la defensora del pueblo. Una vez más el Estado invade terreno a las autonomías que tienen




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competencia en la llamada administración de la Administración de Justicia. Existen cálculos sobre el coste de la Administración de Justicia en Cataluña: 20% a cuenta del Estado; 80% a cargo del Govern de la Generalitat. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

Quería hablar también de los centros de internamiento de extranjeros. Desde la legitimidad que da al grupo de Convergència i Unió el hecho de no habernos apuntado nunca al lema o al eslogan Papeles para todos, creemos que de ninguna manera estos centros pueden convertirse en semiprisiones o centros de internamiento donde otros derechos sean conculcados. Es necesario con urgencia que se produzca un rápido ordenamiento normativo.

Concluyo ya, señor presidente, agradeciendo el tono y la actitud de la nueva defensora del pueblo y su equipo en estos meses que lleva ocupando el cargo.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador señor Burgos.

El señor BURGOS GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señora defensora y adjuntos, señorías: Y, sin embargo, se mueve. Sí, señorías, la realidad se impone más allá de la máscara de las palabras. Como los más elementales principios que la física nos ha enseñado, toda acción tiene una reacción, todo efecto tiene una causa y, por tanto, todo recorte económico y presupuestario genera una merma de derechos básicos y, a mayores recortes, mayor vulneración de los derechos ciudadanos. Cuando el tajo es más profundo, mayor es la herida, mayor es la trascendencia del derecho vulnerado hasta llegar a los más básicos. La mezcla explosiva de recortes presupuestarios con recortes de derechos y la puesta en venta de muchos servicios públicos en sus distintas versiones —tasas, copago y demás— hará que la institución del Defensor del Pueblo incremente su actividad, porque la tozuda política maximalista y sin sentido de este Gobierno, de austeridad y reducción del déficit público a ultranza, a golpe de real decreto, no hace presagiar sino un galopante e incontenible deterioro de los servicios públicos con la consiguiente presión sobre los ciudadanos.

Lo dijimos hace unos meses desde esta misma tribuna en relación con el informe del Defensor del Pueblo correspondiente al año 2011 y, desgraciadamente, y con creces, lo tenemos que confirmar para el informe de 2012 que nos ocupa. Y es que, efectivamente, durante el año 2012 las quejas colectivas o agrupadas, que se refieren en su mayoría a disfunciones de servicios públicos, han aumentado en un 170%, y las solicitudes de recursos al Constitucional, es decir, aquellas que tienen que ver con la pérdida de derechos fundamentales de los ciudadanos, un 11 137,45% en tal solo un año; una cifra sin precedentes en la historia del Defensor del Pueblo.

Y es aquí donde, señorías, encontramos la gran diferencia entre el informe de 2011 y el de 2012. El incremento brutal de la demanda al Defensor del Pueblo en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos por la vulneración de derechos laborales, derechos económicos, el derecho a la educación, a la salud o a la tutela judicial efectiva, perpetrada por normas de este Gobierno dirigidas a atacar en esencia estos derechos, condenando a la desprotección absoluta a colectivos altamente vulnerables. Las cifras vuelven a cantar. De los 35 reales decretos de este Gobierno, a real decreto cada dos semanas, 29 han sido recurridos ante el Constitucional y otros tantos, a la institución que usted representa.

Sería imposible detallar en el tiempo de esta intervención todas las cuestiones que nos preocupan del informe, pero sí quisiera detenerme en un tema que evidencia, de modo ejemplar, esta desprotección absoluta en la que se encuentran algunos ciudadanos, y respecto a la que ya me referí en relación con el informe del año pasado, y que no es otra que la gravísima situación de multitud de pequeños ahorradores atrapados en las redes de las participaciones preferentes y de la deuda subordinada tendida sobre la desinformación por bancos y cajas: Anciano de 81 años, aquejado de Alzheimer, y esposa de 80 años sin formación, test de idoneidad para definir el perfil de riesgo del inversor con resultado negativo; es decir, el matrimonio no era un inversor de riesgo. A pesar de ello, Caixa Laietana, ahora parte de Bankia, les vendió participaciones preferentes en 2011. Con estas bases sobre la mesa, es fácil comprender que la juez de Mataró que ha llevado este caso fallara el pasado mes de marzo a favor de los demandantes y condenara a Bankia a devolverles el dinero, además de pagar las costas judiciales.




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Abusos tan flagrantes no son extraños en el proceso de comercialización de las preferentes en España; y es que cabe recordar que la estafa de las preferentes comienza en el momento mismo de su creación, porque no es ni era un producto preferente. Y el calificativo de estafa no solo lo utilizo yo, el Fiscal General del Estado, el señor Torres-Dulce, ha señalado que, habida cuenta de las circunstancias personales de quien contrató preferentes y otros productos bancarios similares, podría haberse incurrido en un engaño y, por tanto, en un delito de estafa.

En efecto, desde 1997, los grandes bancos, primero, y, después, las cajas más importantes comienzan a colocar preferentes —ojo: 1997—, presionando y manipulando a sus propios empleados, incluso a sus mejores clientes, garantizándoles que era un producto seguro y rentable, que lo podrían rescatar cuando quisieran, aunque sin advertirles —claro— que para poder venderlo tendría que haber un comprador de la propia entidad. Mientras tanto, el Banco de España y la CNMV advertían de que era un producto censurable y, por tanto, peligroso y complejo, hasta el punto de que durante los años 2007, 2008 y 2009, cuando ya se sabía claramente que nos encontrábamos frente a un producto sin retorno, cajas como las de Ávila y Segovia procedían a su comercialización.

El problema explota cuando se dan órdenes de venta y nadie las compra. Sin querer entrar en el análisis pormenorizado del drama por todos conocido, pues se halla presente diariamente en todos los medios de comunicación, además del engaño inicial, los clientes de las siete cajas que hoy integran Bankia, a saber, Caja Madrid, en preferentes —ojo al dato—, Caja de Ávila, Caja Segovia, Caja Rioja, Caja Canarias, Bancaja y Caja Laietana, sufrieron el agravante de verse presionados para convertir las preferentes en acciones de Bankia, es decir, seis cajas de siete.

La pasada semana el señor Rajoy, a preguntas sobre las preferentes, utilizó la contestación de manual del Partido Popular: es cosa de la herencia. Y no es verdad, señores del PP. Como está demostrado, comienzan en 1997 con el BBVA, le sigue en 1998 el Santander y termina imitando Caja Madrid en 1999, fechas todas ellas coincidentes con los Gobiernos del señor Aznar.

Pero yendo a las soluciones, el Grupo Socialista, dando muestras de su mayor voluntad de colaboración para la solución de este drama, le tendió la mano al Gobierno para apostar por un arbitraje real, no por una mera operación de maquillaje como la que supone el arbitraje que el Gobierno ha puesto sobre la mesa, no por un arbitraje que tan sólo afectará aproximadamente al 3% de los tenedores de preferentes y, desde luego, no por un arbitraje como el que la Comisión Rectora del FROB ha aprobado con relación a Bankia, que es insuficiente y presenta graves deficiencias. En él lo que subyace no es la defensa de los intereses de los atrapados por las preferentes, sino un intento de evitar que las entidades emisoras de estos títulos tengan que enfrentarse a los jueces, cada vez más concienciados con los abusos, y también ahorrarse las costas de juicios que saben que tienen perdidos de antemano.

Y es que, en efecto, el real decreto aprobado el pasado 22 de marzo confirma que el Gobierno ha abandonado a estos ahorradores, en su mayoría engañados, pues ni se ajusta a lo que en su día anunció el Gobierno prometiendo medidas que garantizaran a los afectados la recuperación de buena parte de lo invertido, ni a las recomendaciones de la defensora del pueblo, ya que el texto aprobado aplica el canje y la quita a la totalidad de los titulares, sin tener en cuenta quién ha podido ser engañado y quién no, además de aplicar unos recortes desorbitados, que oscilan entre el 38 y el 61% de pérdidas, que abocan a la imposible recuperación de lo invertido por los ahorradores, que en el caso de inversores de Bankia, entre los que se encuentran las antiguas cajas de Ávila y Segovia, lo perderán prácticamente todo, en tanto el precio de sus acciones ha quedado fijado en un céntimo.

Por ello, los socialistas apostamos por un mecanismo de solución paralela para quienes fueron estafados en sus inversiones, por el que el Gobierno obligue a entidades como Bankia a devolver el total de las preferentes a todos los clientes minoristas. Y para ello defendemos: la realización de una auditoría de todos los titulares que debería ser dirigida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores; tras localizar a los engañados, el establecimiento de una ecuación de canje que permita devolver sus ahorros a los estafados en un plazo máximo de tres años; la incorporación al proceso, con carácter imprescindible, de las entidades que constituyen Bankia, protagonista de la mayor estafa bancaria española, así como la financiación de los reintegros de ahorros con cargo a los fondos públicos, incluso si ello requiere la emisión de deuda pública.




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Señora defensora del pueblo, somos conscientes de las actuaciones que ha desarrollado en este campo y de las recomendaciones que ha dirigido al Ministerio de Economía y a la CNMV, para reforzar la protección de los afectados y para la puesta en marcha de un mecanismo de reclamación extrajudicial efectivo al respecto.

Sin embargo, tras la decisión del Gobierno también somos conscientes de que en esencia sus recomendaciones han sido ignoradas. Por ello, esperamos que, en su condición de alta comisionada para la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, no ceje en el cumplimiento de ese que debe ser el norte de su actuación; en este caso, en relación con los cientos de miles de ahorradores de buena fe abandonados ya definitivamente por el Gobierno a su suerte.

En una coyuntura de crisis económica, pero también de crisis ética, institucional y política, donde los derechos de los ciudadanos están siendo vulnerados más que nunca, la institución que representa ha de hacer valer su independencia, su prestigio y su rigor en este tsunami económico e ideológico de insospechadas consecuencias, dispuesto a llevarse todo lo que hasta ahora considerábamos certezas básicas e inamovibles y derechos inquebrantables. La democracia, más que nunca, precisa de instituciones sólidas y comprometidas con esta cruda realidad social, a la que cada día se enfrentan más ciudadanos.

En esta batalla de auténtica resistencia frente a la desolación totalitarista de los mercados y sus intereses arribistas, más que nunca no sobra nadie y mucho menos la institución que usted representa. Ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, es una parte importante de la felicidad. No se inhiba ahora en ese empeño porque luego puede que ya sea tarde.

En el cumplimiento valiente, comprometido y sensible de sus funciones en defensa de quienes demandan su actuación, sabe que contará con el apoyo del Grupo Socialista.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora Torme.

La señora TORME PARDO: Señor presidente, señorías, señora defensora del pueblo, estamos viviendo unos tiempos difíciles, unos tiempos un tanto convulsos en los que nos encontramos con que algunas personas, sin el respaldo de las urnas, pretenden arrogarse la representación de los ciudadanos, coaccionando a quienes sí la ostentan: los legítimos representantes de la soberanía nacional.

Al mismo tiempo, vemos con preocupación cómo hay quienes ponen en cuestión las instituciones democráticas que nos hemos dado los españoles, en lo que yo creo que es una deriva verdaderamente peligrosa.

Por ello, he querido empezar mi intervención resaltando la importancia, el prestigio, la legitimidad y el buen hacer de una institución como es el Defensor del Pueblo, que tiene esa alta misión, esa importante misión en democracia como es la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, supervisando para ello la actividad de las administraciones públicas y dando cuenta a las Cortes Generales. Y, precisamente, en ese trámite nos encontramos hoy, en ese dar cuenta a las Cortes Generales, examinando ese informe relativo a toda la gestión que ustedes han realizado a lo largo del año 2012.

A este respecto, lo primero que quiero hacer es destacar el cumplimiento de un compromiso que la señora Becerril precisamente asumió aquí, en esta misma tribuna, hace unos meses. Así, se comprometió a presentar el informe correspondiente al año 2012 en el primer trimestre de este año, de 2013; y, efectivamente, a finales de febrero ya había sido remitido a las Cámaras y, en marzo, tuvimos ocasión de debatirlo de forma pormenorizada en la comisión mixta. Por eso, yo quiero felicitar a la defensora, a sus adjuntos y a todas las personas que integran esa institución, que están muy comprometidas en su trabajo con los ciudadanos, sobre todo con aquellos que peor lo están pasando.

Cumplir los compromisos siempre es muy importante pero, desde luego, en democracia lo es aún más. Además, sirve para acrecentar y afianzar la confianza que los ciudadanos puedan tener en esta institución, para incrementar su prestigio y, sin duda, a ello también contribuye la actuación que está demostrando esa institución; una actuación que se caracteriza por el rigor, por la firmeza, por la independencia e incluso diría todavía más, en algunos casos incluso por la beligerancia ante algunas administraciones públicas que no son colaboradoras o que incluso son entorpecedoras de




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la actuación de la institución del Defensor del Pueblo. Y aquí quiero destacar esa medida que nos anunció la señora Becerril hace unos meses también en el Senado de dar traslado de esas actuaciones respecto a administraciones entorpecedoras a la propia Fiscalía para que adopte las medidas pertinentes y, desde luego —ya nos lo ha dicho— se ha demostrado muy eficaz, porque esas administraciones han empezado a responder. Pero, además, quiero destacar que todo el trabajo que vienen realizando todas las personas que integran la institución del Defensor del Pueblo es una actuación muy pegada al terreno, muy al día a día de los ciudadanos y a todos los problemas que tienen; se trata de un compromiso muy claro con los ciudadanos que tienen más dificultades. Y eso se comprueba no solo en todos los informes monográficos —en estos últimos informes que hoy nos ha presentado y que ha entregado en esta Cámara esta misma mañana—, sino que también lo comprobamos en esas 548 resoluciones que ustedes han formulado, de las que más del 70% han sido aceptadas, dato que, desde luego, me parece muy relevante. Pero en esos más de 280 000 expedientes tramitados —que se dice pronto—, en esas 371 investigaciones de oficio realizadas por la institución, en el conjunto de distintas recomendaciones que ustedes han planteado —algunas de muchísimo calado y trascendencia—, como esas 16 recomendaciones que se dirigen hacia las víctimas del terrorismo o en relación con deudores hipotecarios y desahucios o respecto a los afectados por las preferentes, a las víctimas de violencia de género o en materias que van desde la sanidad, la educación, los servicios sociales, hacienda, urbanismo, medio ambiente, seguridad ciudadana o justicia, desde luego, ninguna administración ni ningún ámbito competencial escapa a esa labor de supervisión que ustedes realizan en defensa de los derechos de los ciudadanos.

La institución ha demostrado su compromiso firme en atender a las víctimas del terrorismo y salvaguardar sus derechos. En ese sentido, quiero destacar esas 16 recomendaciones que han dirigido al Ministerio de Justicia y que han sido aceptadas por este. Unas de forma inmediata, como la de facilitar a cada víctima información sobre la situación procesal y penitenciaria del procedimiento que les afecta, a través de una página web del ministerio, sin que tengan que personarse en la audiencia; otras de estas recomendaciones han sido aceptadas y se incluirán en el proyecto de ley relativo al estatuto de víctima.

A mi juicio, también tiene particular relevancia esa recomendación que ustedes hacen al Estado de que adopte todas las medidas que sean necesarias para evitar la impunidad de los delitos del terrorismo, teniendo en cuenta el elevado número de asesinatos en los que todavía no se han depurado responsabilidades. Por tanto, comparto plenamente esas recomendaciones y el carácter prioritario con que desde la institución del Defensor del Pueblo se aborda la atención a las víctimas del terrorismo.

Pasando a otro asunto, como ha destacado hoy la defensora del pueblo en su intervención —así consta en ese informe que hoy nos ha presentado—, las quejas más numerosas, así como la mayoría de las solicitudes de recursos de inconstitucionalidad, se centran en dos asuntos: por una parte, la Ley de tasas judiciales y, por otra, la eliminación de la paga extraordinaria de funcionarios y empleados públicos a través de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Pues bien, esta última cuestión, sin duda, ha sido una de esas medidas muy difíciles que ha tenido que tomar el Gobierno para hacer frente a ese déficit oculto del 9%. No obstante, es una medida coyuntural, y los empleados públicos —a ello se ha comprometido el Gobierno— no renunciarán sine díe a esa paga extra, sino que a partir del año 2015 podrán ir recuperándola, aunque ustedes, como han dicho, estarán vigilantes en cómo vaya a ocurrir eso.

Respecto a las tasas judiciales, el papel de esa institución ha sido muy importante. Sus recomendaciones al Ministerio de Justicia se han traducido en una modulación sustancial de esas tasas, y, hoy, usted lo ha vuelto a afirmar aquí. Entre otras cosas han conseguido que se redujeran en un 80% las tasas judiciales variables de personas físicas en primera instancia, así como en recursos en la jurisdicción civil, contencioso-administrativa y social. Me parecen aspectos muy positivos que hay que destacar, así como esa recomendación que ustedes han dirigido y que ha sido aceptada por el Ministerio de Justicia de adelantar y ampliar las previsiones de la Ley de justicia gratuita.

En relación con estos dos asuntos —ya lo decía antes, y lo ha mencionado usted— se ha presentado la mayor parte de solicitudes de recursos de inconstitucionalidad. Pues bien, a este respecto y en contra de lo que han manifestado algunos de los portavoces que me han precedido,




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yo considero que es muy acertada la postura que mantiene la Defensoría de acudir a esta vía en ocasiones muy tasadas, muy concretas y muy justificadas, siguiendo esa trayectoria que ha tenido la institución a lo largo de estos 30 años donde, como usted nos decía, se han presentado solo 25 recursos, de los que nos comunicaba que 6 han sido admitidos en su totalidad. Y, además, coincidiendo también con la actuación que vienen realizando instituciones equivalentes al Defensor del Pueblo de otros países de nuestro entorno, que utilizan también mayoritariamente esa vía de la recomendación y de la colaboración. El principio de colaboración, al que usted ha hecho aquí referencia y ha reivindicado, me parece fundamental. Yo creo que no se trata de recurrir leyes que no gustan o actuaciones que responden a la acción política, a las opciones de un Gobierno o a decisiones políticas. La mera discrepancia política no es motivo de un recurso de inconstitucionalidad. Es un mecanismo que en ningún caso hay que trivializar. Por eso comparto con usted que la vía de la recomendación y la colaboración es muy recomendable y se está demostrando muy eficaz en la defensa de los derechos de los ciudadanos.

Otro asunto de la mayor relevancia al que se ha dedicado la institución del Defensor del Pueblo desde el año 2011, y ahora también contamos con un nuevo informe actualizando el que ya presentaron a principios de 2012, es el relativo a deudores hipotecarios y a desahucios. En esta cuestión el Defensor del Pueblo ha hecho un muy buen trabajo, con un estudio riguroso de estos problemas y planteando propuestas y soluciones. Su actuación ha sido firme y contundente ante las prácticas abusivas de los bancos, ante la situación de desprotección y vulnerabilidad de algunos ciudadanos. Y, al margen de la tramitación que actualmente se está produciendo en el Congreso de los Diputados de varias iniciativas sobre protección de deudores hipotecarios y regulación de la dación en pago, donde ya el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular han tenido en cuenta recomendaciones de esa institución, hay que destacar que el Gobierno de Mariano Rajoy nada más acceder a su responsabilidad ha adoptado un amplio conjunto de medidas para paralizar de forma urgente desahucios de las familias más vulnerables, para posibilitar la reestructuración de las deudas, para contemplar la dación en pago en algunos supuestos de la vivienda, para poder suspender durante 2 años la última fase del desahucio, o para crear un fondo social de viviendas en alquiler para quienes han perdido su vivienda. Una vez más nos encontramos ante un Gobierno que de una forma responsable y comprometida con los ciudadanos, con los que peor lo están pasando, resuelve problemas que vienen del Gobierno anterior. Hoy mismo leía en un medio de comunicación cómo el 99% de los desahucios se han iniciado en la época del Gobierno socialista. Vemos la incoherencia y la demagogia con que se actúa desde algunos grupos parlamentarios. Y hoy, en este mismo debate, algunos portavoces levantan la voz olvidándose de que precisamente aquí, en esta misma Cámara, en el año 2010 votaron en contra de una proposición de ley que presentó el Grupo Parlamentario Popular que pretendía que se considerara abusivo el suelo de las hipotecas. Eso hubiera beneficiado a más de 2 millones y medio de personas, con lo cual hay que ser coherente y no echar balones fuera.

Señora defensora del pueblo, como le decía, celebro y la felicito por la actuación que está teniendo esa institución en esta materia y por ese compromiso con los ciudadanos que pasan graves dificultades. Pero creo que es muy importante distinguir, por una parte, lo que es política social y, por otra, lo que es, por ejemplo, la reforma de la Ley Hipotecaria. Hay que distinguir entre atender a las familias que están en una situación acuciante, de aquellos deudores de buena fe que por situaciones sobrevenidas pueden perder su vivienda y, por otra parte, lo que es la configuración de un marco regulatorio adecuado que no quiebre la cultura de pago. Me parece muy peligroso aceptar la dación en pago de forma generalizada o la supresión con carácter general de las ejecuciones hipotecarias. Ello podría dañar las garantías hipotecarias, cortar el acceso futuro de las familias a los préstamos hipotecarios, así como perjudicar al 97% de los deudores que sí pagan sus hipotecas. Por ello, defiendo ese equilibrio, esa conciliación. Estoy convencida de que, sin duda, hay que acabar con las cláusulas abusivas de los bancos, pero sin romper con la cultura de pago. Y, por supuesto, hay que dar soluciones a esas personas, a esos deudores de buena fe que por situaciones sobrevenidas, como decía, pueden quedarse sin vivienda.

Señorías, en el Grupo Parlamentario Popular queremos una España donde ni una sola familia que haya actuado de buena fe pueda verse en esa dramática situación. Por eso defendemos e impulsamos una política social que dé soluciones a este problema. Aquí quiero traer a colación y felicitar a la Xunta de Galicia por ese convenio que han suscrito con el Consejo General del Poder




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Judicial que permite que en aquellos supuestos de desahucios, cuando el juez lo estime conveniente y crea que hay que adoptar medidas urgentes de carácter social, inmediatamente lo ponga en conocimiento de los servicios sociales para que estos actúen. Creo que los senadores y diputados gallegos pueden sentirse muy orgullosos de que la Comunidad Autónoma de Galicia haya sido la primera en suscribir un convenio de este tipo, que demuestra compromiso social con los ciudadanos. (Aplausos.)

En este mismo sentido, creo muy oportuno el estudio al que hoy ha hecho referencia sobre las viviendas protegidas vacías. Próximamente tendremos ocasión de analizarlo, de debatirlo y, desde luego, habrá recomendaciones que tendremos que estudiar y seguir para que sean llevadas a cabo, porque yo creo que no es de recibo que haya familias que pueden perder su vivienda junto con un elevado número de viviendas públicas que estén vacías.

Hay otros asuntos que también son de la máxima actualidad y que nos preocupan —usted ha hablado de ellos—. Me refiero a la cuestión de las participaciones preferentes. También tendremos ocasión de debatirlo más pormenorizadamente cuando abordemos ese estudio que han presentado. Por eso solo quiero hacer tres consideraciones. Una primera es que me parece obligado atender a aquellos preferentistas que fueron engañados por el banco, y por ello comparto esas recomendaciones que ustedes han formulado, como la del mecanismo del arbitraje, así como las medidas que ya está adoptando y ha adoptado el Gobierno del Partido Popular. En segundo lugar, me parece completamente inadmisible que se intente manipular a personas que fueron engañadas con las preferentes cuando era presidente del Gobierno Zapatero, cuando los ministros de Economía eran Solbes o Salgado, cuando el gobernador del Banco de España era Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Me parece, como digo, inadmisible que se intente manipular a estas personas para que protesten ante el Gobierno del Partido Popular, que es quien ha heredado el problema y quien está adoptando medidas para solucionarlo. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, vaya finalizando.

La señora TORME PARDO: Sí, señor presidente.

Y, en tercer lugar, me parece también impresentable que personas que hoy han intervenido aquí y que han tenido una posición privilegiada como miembro del consejo de Caja Ávila puedan levantar la voz, puedan reclamar soluciones como si no hubieran tenido ninguna responsabilidad, personas que seguramente en ese consejo han defendido que se compraran preferentes por ciudadanos desinformados, o personas que han defendido que Caja Ávila se integrara en Bankia.

Señorías, hay que actuar con coherencia y no lavarse las manos y echar balones fuera. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, vaya finalizando. Ha cumplido el tiempo de sobra.

La señora TORME PARDO: Sí, señor presidente.

Termino recordando esa última recomendación que ustedes hacían de que haya prioridad en el pago de los gastos de carácter social, prioridad que ya ha sido atendida por el Gobierno con el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómico, y que también será atendida con el próximo fondo de pago a proveedores. Así que, señora defensora del pueblo, señores adjuntos, les animo a que continúen con esa importante misión con el rigor, la independencia y la firmeza que les está caracterizando.

Muchas gracias. (Aplausos.—El señor Burgos García pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Senador Burgos, le advierto que no ha citado su nombre, pero tiene la palabra por tiempo de un minuto.

El señor BURGOS GARCÍA: Es que ya lo hizo la vez anterior y lo ha vuelto a hacer hoy. Y las dos veces ha mentido. Primero, yo he sido trabajador de la Caja de Ávila hasta el año 2004. Ha quedado claro que las preferentes se iniciaron en el 2008 y continuaron en 2009 y 2010. Por lo tanto, no tengo nada que ver.

Yo, en representación de los trabajadores, estaba en la comisión de control, nunca en el consejo, y hasta el 2004 y en representación de los trabajadores, no se le olvide. Y le quiero




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recordar solo que en Ávila y en Castilla y León todos los Gobiernos son del Partido Popular. También la comisión ejecutiva de la Caja entera era del Partido Popular y no tenía miembros del Partido Socialista por expreso deseo del presidente del PP de Ávila. (Aplausos.)

Por tanto, y con esto termino, nada que ver con las insidias que usted dice. Ya lo dijo usted la vez anterior, pero no tuve la oportunidad de replicarla. Yo nunca he hecho preferentes, y le voy a decir más: por mi ética personal, por mi vida y por mi trayectoria, nunca las hubiese hecho.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Burgos.

Señora Torme, tiene la palabra.

La señora TORME PARDO: Gracias, señor presidente.

Señor Burgos, usted no puede decir que yo haya dicho cosas que falten a la verdad. Usted no era miembro del consejo asesor, ha dicho que era miembro de la comisión de control de Caja Ávila. Yo creo que una comisión de control de una caja tendrá mucho que decir sobre la actuación de la caja. (Protestas.—Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías.

La señora TORME PARDO: Y simplemente vuelvo a reiterar que lo que aquí he denunciado son las posturas demagógicas y manipuladoras de algunas personas —quien se quiera dar por aludido que se dé— que habiendo tenido altas responsabilidades no solo en entidades financieras sino en el Gobierno de la nación —y aquí se ha hablado de Zapatero, presidente del Gobierno,… (Rumores.—Protestas.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías.

La señora TORME PARDO: …del gobernador del Banco de España, de ministros— no hicieron lo que tenían que hacer para evitar desahucios —el 99% se iniciaron en época del Gobierno socialista— o para controlar que no se pudiera estafar a personas desinformadas con las preferentes.

Por tanto, pido que cada uno asuma su responsabilidad y actúe con coherencia, sin manipular ni utilizar a las personas que son víctimas. (Aplausos.—Protestas.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señora Torme.

6. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

6.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DIVERSAS MEDIDAS PARA COMPENSAR A DETERMINADAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS LA ANULACIÓN DE SUS RESPECTIVOS IMPUESTOS SOBRE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS.

(Núm. exp. 671/000061)

AUTOR: GPS

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Finalizado el debate sobre el informe del Defensor del Pueblo, pasamos al punto sexto del orden del día.

El señor vicepresidente da lectura a los puntos 6. y 6.1.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Es autor de esta moción el Grupo Parlamentario Socialista. A esta moción, consecuencia de interpelación, se han presentado dos enmiendas: una del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, y otra del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el senador Fuentes, por tiempo de cinco minutos.

El señor FUENTES GALLARDO: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, voy a analizar brevemente el contexto en el que presentamos esta iniciativa y la interpelación que causa esta moción.




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Los parlamentos de las comunidades autónomas de Extremadura, Andalucía, Canarias y Asturias decidieron crear un impuesto de ámbito autonómico para gravar los depósitos bancarios; impuestos que pagaban o iban a pagar las entidades financieras, no los titulares de los depósitos bancarios, para que quede claro.

La primera iniciativa de este tenor fue adoptada por el Parlamento extremeño en noviembre de 2001, y el 27 de marzo de 2002, el Gobierno del señor Aznar recurrió ante el Tribunal Constitucional esta ley del Parlamento extremeño. Posteriormente, incluso después de este recurso, Andalucía, Canarias y Asturias aprobaron leyes similares a la de Extremadura. Hace unos meses, en noviembre de 2012, el Tribunal Constitucional falló en contra del recurso del señor Aznar, en nombre del Gobierno de España de entonces, declarando constitucional la ley extremeña y, por extensión, la del resto de comunidades autónomas o las de las comunidades autónomas que en el futuro quisiesen acogerse a este derecho.

Ante esta sentencia, ¿qué hacen ustedes? Deprisa y corriendo presentan aquí, en el Senado, una enmienda a la Ley de medidas tributarias, (artículo 19, apartado 1), para crear un impuesto bancario de tipo cero. Ya le dijimos en la interpelación que resulta curioso crear un impuesto a tipo cero para no recaudar. ¿Qué es lo que pretendía este impuesto? Anular lo que había declarado el Tribunal Constitucional. La enmienda que ustedes apoyaron y aprobaron suponía una burla a la sentencia del Tribunal Constitucional, un fraude de ley y un ataque a la capacidad que tienen las comunidades autónomas en materia tributaria, porque este impuesto, como ustedes saben, anulaba los impuestos autonómicos, pero como la Lofca obliga a compensar, ustedes se encontraron en una situación complicada, escandalosa, es decir, iban a hacer que lo que pagaban los bancos a las comunidades autónomas, ahora lo pagaran los españoles a través de los Presupuestos Generales del Estado. Ustedes, con su enmienda, hacen que los fondos, que antes salían de los bancos, salgan del bolsillo de todos los españoles.

El escándalo obligaba a cambiar algo. La semana pasada o hace dos semanas, en la interpelación, el ministro se comprometió a reconocer que iba a aumentar el tipo cero de los depósitos bancarios. Es decir, se comprometió a algo de sentido común, que los impuestos están para recaudar. Por lo tanto, bienvenido a esa especie de solemnizar lo obvio. Anunció a bombo y platillo, nada más y nada menos que iba a subir el tipo cero. E hizo el gran descubrimiento de que había conseguido que un impuesto ahora recaudara. Pues bien, le tomamos la palabra. Por eso, presentamos esta moción consecuencia de interpelación. Como ya anunció hace quince días que iba a aumentar el tipo cero y la enmienda la aprobaron ustedes en diciembre, van a pasar cinco meses antes de que ustedes aumenten el tipo cero.

En segundo lugar, la moción establece que ese tipo cero sirva para compensar a las comunidades autónomas que hayan aprobado —al margen de que ustedes hayan recurrido o no su decisión— la creación de este impuesto. Tendrían que compensar las cantidades equivalentes a la cuota íntegra de los respectivos impuestos autonómicos.

El cuanto al punto tres, conociendo cómo está el paño, decimos: usted esto no lo mete en ninguna cesta más, esto va al margen de cualquier otra fuente de financiación presente o futura de las respectivas comunidades autónomas.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor Fuentes.

Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Como senador por la comunidad autónoma asturiana, la razón última de la presentación de esta enmienda es lograr que en la parte dispositiva aparezca de forma expresa dicha comunidad como una de las que debe ser compensada por la decisión del Gobierno de la nación de crear un impuesto sobre los depósitos bancarios anulando los impuestos que con el mismo objetivo habían creado diferentes comunidades autónomas.

Además, en el caso de Asturias resulta imprescindible porque en una pregunta formulada ante este Pleno el pasado 18 de diciembre, el señor ministro de Hacienda, con sonrisa cargada de suficiencia, le dijo a este portavoz que ¡sólo faltaba que se fuera a compensar a Asturias por la recaudación que no iba a obtener a consecuencia de la anulación de su impuesto sobre los




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depósitos bancarios! Recurrió el Gobierno de la nación ante el Tribunal Constitucional la Ley de presupuestos del Principado en la que se creaba este impuesto, argumentando el Gobierno que esa Ley de presupuestos no era instrumento adecuado para la creación de esta figura impositiva.

A la vista de cómo creó el Gobierno de España este impuesto, resulta muy difícil ponerse exquisito en exigencias formales —lo recordaba el portavoz del Grupo Socialista—. El Gobierno del Partido Popular crea este impuesto —entre comillas, puesto que no imponía nada— «de tacón», mediante una enmienda en el Senado a una norma general. Ni siquiera hay una ley específica de creación del impuesto sobre depósitos bancarios, sino que, para salir al paso de la doctrina creada por el Tribunal Constitucional, con respeto, una vez más, a la división de poderes y al papel que corresponde a los tribunales en este país y a las decisiones de las comunidades autónomas que iban creando esta figura, con respeto una vez más a la autonomía de las comunidades autónomas y a la lealtad institucional, se dio el paso de establecer este no impuesto. No impuesto, puesto que se creaba con un tipo cero. ¡Hombre! En términos de Derecho administrativo eso es desviación de poder. Desviación de poder utilizando una Administración sus facultades para conseguir un resultado espurio; el resultado espurio de privar a las comunidades autónomas de unos recursos que pretendían obtener de forma legítima, contradiciendo, eso sí, la política del Gobierno, contradiciendo una política que solo busca favorecer a las instituciones financieras y castigar a los ciudadanos con recortes y sacrificios.

Esa decisión del Gobierno de la nación, por supuesto, tuvo también respuesta de la comunidad autónoma asturiana: recurso de inconstitucionalidad frente a la ley que crea este no impuesto estatal. Con escrupuloso respeto al papel del Poder Judicial, en Asturias confiamos en que se estime el recurso y se vea quién utilizó atajos y triquiñuelas para impedir la actuación de una comunidad autónoma que quiere financiar bien su educación y su sanidad y responder a las necesidades sociales de sus ciudadanos y que encontró como vía más justa gravar a los bancos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, para la defensa de su enmienda tiene la palabra el señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Moltes gràcies, President.

Senyories, la nostra moció té essencialment dos objectius. Un, unes millores tècniques que després comentaré breument, i un altre més de calat, més de contingut, per tal de solucionar un oblit. Pensem que és un oblit sense mala intenció, però un oblit al cap i a la fi, respecte de Catalunya.

Quan s’efectuava la interpel·lació ―molt encertada d’una altra banda― es parlava d’unes determinades comunitats autònomes i no es tenia en compte Catalunya. I no es tenia en compte Catalunya per unes circumstàncies que intentaré aclarir, i donaré arguments de per què sí que s’ha de considerar.

La veritat és que amb una de les respostes al ministre, el senador interpel·lant, el senador Fuentes, deia que no havia inclòs Catalunya perquè Catalunya havia aprovat aquest impost via decret, fent-se ressò d’una argumentació en què el senyor ministre ha insistit en diferents ocasions, a interpel·lacions i preguntes d’aquest senador que els parla. De forma absolutament incomprensible i injusta. El ministre Montoro em va arribar a dir: «¿Dónde se ha visto que se cree un impuesto por decreto ley?». I s’ha vist, i es veu constantment, en l’àmbit espanyol. Però és més; centrem-nos exclusivament en aquest impost, l’impost sobre els dipòsits bancaris dins d’un àmbit territorial corresponent a una Comunitat Autònoma. És Catalunya l’únic cas que ha aprovat aquest impost per decret llei? No. Com es crea aquest impost a la Comunitat Autònoma andalusa? Mitjançant un decret llei. Mitjançant un decret llei del juliol del 2010; concretament, el decret llei 4/2010 de la Comunitat Autònoma andalusa. Per tant, si a Andalusia entenem que aquest impost està ben creat mitjançant decret llei ―i ho està, perquè no el va recórrer ningú, no el va recórrer el Govern central, no el va recórrer cap de les formacions polítiques del Parlament andalús―, per què la Generalitat de Catalunya no pot crear el mateix impost per decret llei? Per tant, la forma és vàlida.

Segona qüestió: aquest decret llei estava en vigor abans que entrés en vigor la llei de l’Estat espanyol? Sí. El decret llei l’aprova el Consell Executiu de la Generalitat el 18 de desembre. Es




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publica el 19 de desembre i entra en vigor al dia següent de la seva publicació. La llei de l’Estat espanyol que aprova l’impost es publica el 27 de desembre del mateix any. Per tant, quan l’Estat espanyol aprova la llei Catalunya ja tenia l’impost creat. Per tant, entenem que no hi absolutament cap raó perquè l’Estat ha de compensar, d’acord amb la Lofca, i ho ha de fer a les comunitats autònomes que tenien creat el seu impost. Tampoc no entenem, sincerament, l’argumentació que s’utilitza respecte de la Comunitat Autònoma d’Astúries; no ho entenem, perquè si aquest impost s’havia creat de forma poc ortodoxa, això s’havia d’haver manifestat, òbviament, amb molta més anterioritat. Però el cas de Catalunya és correspon exactament al mateix que el cas de la Comunitat Autònoma andalusa.

Per tant, entenem que és un impost que s’ha creat d’acord amb la legislació vigent i és un impost que, a més, a Catalunya estava en vigència abans que l’Estat espanyol aprovés la seva llei.

Finalment, voldria fer una correcció d’errors en la nostra esmena. El que nosaltres preteníem era essencialment que es contemplés Catalunya, i també algunes qüestions tècniques que afectaven l’apartat segon. En totes les nostres esmenes subratllem la part modificada, i hem inclòs una tercera part on hem obviat una paraula, que tampoc no estava indicada i que no era la nostra voluntat. Per tant, l’esmena se subscriu a la modificació en el seu text inicial, on s’inclou Catalunya, i a l’apartat segon; no, en canvi, a l’apartat tercer.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, presidente.

Señorías, nuestra moción tiene esencialmente dos objetivos. Por un lado, propone unas mejoras técnicas, que luego comentaré brevemente, y, por otro, introduce aspectos de más calado y contenido a fin de solventar un olvido —creemos que son olvidos sin mala intención, pero olvidos al fin y al cabo— respecto a Cataluña. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.)

Cuando se efectuó la interpelación —muy acertada, por cierto— se habló de determinadas comunidades autónomas y no se tuvo en cuenta a Cataluña. No se tuvo en cuenta a Cataluña por unas circunstancias que intentaré aclarar, así como dar argumentos de por qué sí se tiene que considerar.

Lo cierto es que en una de las respuestas del señor ministro al senador interpelante, el senador Fuentes, se dijo que no había incluido a Cataluña porque Cataluña había aprobado este impuesto vía decreto. Recogiendo una argumentación en la que el señor ministro ha insistido en distintas ocasiones ante interpelaciones y preguntas del senador que les habla, de forma absolutamente incomprensible e injusta el ministro Montoro me llegó a decir: ¿Dónde se ha visto que se cree un impuesto por decreto ley? Pues bien, se ha visto y se ve constantemente en el ámbito español. Es más, centrémonos exclusivamente en este impuesto, en el impuesto sobre los depósitos bancarios, dentro del ámbito territorial correspondiente a una comunidad autónoma. ¿Es Cataluña el único caso donde se ha aprobado este impuesto por decreto ley? No. ¿Cómo se crea este impuesto en la comunidad autónoma andaluza? Mediante un decreto ley de julio de 2010, concretamente el 4/2010, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por lo tanto, si entendemos que en Andalucía este impuesto está bien creado mediante decreto ley, y lo está porque no lo recurrió nadie, porque no lo recurrió el Gobierno central ni ninguna de las formaciones políticas del Parlamento andaluz, ¿por qué la Generalitat de Cataluña no puede crear el mismo impuesto por decreto ley? Por lo tanto, la forma es válida.

Segunda cuestión. ¿Este decreto ley estaba en vigor antes de que entrase en vigor la ley del Estado español? Sí. El decreto ley lo aprueba el consejo ejecutivo de la Generalitat el 18 de diciembre, se publica el 19 de diciembre y entra en vigor al día siguiente de su publicación. La ley del Estado español que aprueba el impuesto se publica el 27 de diciembre del mismo año. Cuando el Estado español aprueba la ley, Cataluña ya tenía el impuesto creado. Por tanto, entendemos que no hay razón alguna para que si el Estado tiene que compensar, de acuerdo con la Lofca, y lo tiene que hacer a las comunidades autónomas que tenían creado ese impuesto, evidentemente no entendemos tampoco sinceramente la argumentación que se utiliza respecto a la comunidad autónoma de Asturias porque si este impuesto se había creado de forma poco ortodoxa, esto debía haberse manifestado, obviamente, con mucha anterioridad. Y el caso de Cataluña se corresponde exactamente con el de la comunidad autónoma andaluza.




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Por lo tanto, entendemos que es un impuesto que se ha creado de acuerdo con la legislación vigente y que además en Cataluña estaba vigente antes de que el Estado español aprobase su ley.

Finalmente, querría hacer una corrección de errores en nuestra enmienda. Nosotros lo que pretendíamos era esencialmente que se contemplara a Cataluña, y también algunas cuestiones técnicas que afectaban al apartado segundo, y en todas nuestras enmiendas subrayamos la parte modificada. Hemos incluido una tercera parte donde hemos obviado una palabra que no estaba indicada y que no era nuestra voluntad. Por lo tanto, la enmienda se suscribe a la modificación en su texto inicial, donde se incluye a Cataluña, y al apartado segundo; no, en cambio, al apartado tercero.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para indicar si acepta las enmiendas presentadas, tiene la palabra el senador Fuentes, por el Grupo Parlamentario Socialista.

El señor FUENTES GALLARDO: Gracias, señora presidenta.

Voy a ser muy breve. Quiero decirle al representante del Grupo Mixto que la enmienda que él plantea, que coincide en parte con la que plantea Convergència i Unió, pretende introducir en el texto de la moción expresamente a la comunidad de Asturias junto a las otras, también a Cataluña. Yo creo que lo mejor es que en el texto dirigido a la Mesa del Senado —en el que ya aparecen las comunidades autónomas de Extremadura, Andalucía, Canarias y Principado de Asturias, y Cataluña, al aceptar su enmienda— quede así, para que pueda retirar su enmienda.

La enmienda de Convergència i Unió la vamos a aceptar. Es verdad que en un principio nuestra posición se refería solamente a aquellos textos aprobados por los parlamentos, pero hay otra posición política anterior a esa. Nosotros como Grupo Socialista lo que defendemos es la sentencia del Tribunal Constitucional y es que cada comunidad autónoma puede gravar los impuestos con impuestos a los depósitos bancarios, y ese principio está por encima de aquella otra postura solamente referida a los parlamentos que lo hicieron por decreto.

Por lo tanto, nosotros aceptamos el punto 1 y el punto 2 de la enmienda que plantea Convergència i Unió.

Gracias, señora presidenta.

El señor VICEPRESIDENTE (Vicente González): Gracias, señoría.

Turno en contra.

Tiene la palabra la senadora Angulo.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.

Utilizo este turno en contra para explicar el voto del Grupo Popular, que será contrario a la moción por una única y simple razón, y es que resulta una moción del todo innecesaria, senador Fuentes. Innecesaria porque proponen instar al Gobierno a realizar una serie de acciones, una serie de decisiones que, como el propio ministro explicó en el debate de la interpelación, han sido ya adoptadas en el seno de la política tributaria del Gobierno.

Plantean ustedes, lo ha dicho, incrementar el tipo impositivo cero establecido para el impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito y compensar a las comunidades autónomas que tenían vigentes impuestos en su ámbito territorial por los ingresos que dejan de percibir más allá del sistema de financiación de comunidades autónomas.

Eso es lo que proponen en la moción, pero lo plantean ustedes a pesar y después de que el ministro explicara de forma clara y precisa cuáles son las intenciones del Gobierno en breve y qué es lo que está ya haciendo en esta materia. Y, senadores, el ministro decía: ¿cómo vamos a financiar la compensación a las comunidades autónomas? Implantando un tipo no muy superior a cero en el impuesto estatal. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Se está trabajando ya —decía el ministro— en el cálculo exacto de esa compensación para preparar y trasladar una propuesta a las comunidades autónomas en las respectivas comisiones bilaterales. Y aclaró qué comunidades autónomas: Extremadura, Canarias y Andalucía, porque son esas tres comunidades autónomas —decía el ministro— las que tienen aprobados tributos sobre depósitos en leyes aprobadas con anterioridad a 1 de diciembre de 2012.




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Y en este punto, senador Bel, le hago una precisión. Usted decía que la Comunidad Autónoma de Cataluña está en las mismas circunstancias que Andalucía, porque en Andalucía se aprobó por decreto ley. Efectivamente, el Decreto Ley de 6 de julio de 2010. Pero lo que no ha dicho usted es que ese decreto ley en Andalucía se transformó en la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, que convalida por rango de ley el decreto ley aprobado inicialmente. Por tanto, no son las mismas circunstancias.

Ustedes incluyen en la moción —y tengo que referirme a ello— la compensación al Principado de Asturias pero, como muy bien han dicho, esta comunidad incorporó la creación de un impuesto sobre depósitos en su ley de presupuestos para 2013. Y, senador Iglesias, no es una exigencia formal, es la Constitución Española la que establece en su artículo 134.7 que las leyes de presupuestos no pueden crear impuestos, por eso hay interpuesto un recurso de inconstitucionalidad. No es el argumento del Gobierno, como usted ha señalado, es el artículo 134.7 de la Constitución Española. Y, senador Bel, no es igual el caso de Cataluña que el de Andalucía —por eso, también hay un recurso de inconstitucionalidad en Cataluña— porque en Andalucía hay una ley aprobada, como le he dicho, la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, y, en cambio, en Cataluña se aprobó por decreto ley.

Senador Fuentes, yendo de nuevo al texto, resulta difícil entender por qué presentan ustedes esta moción, porque, como he dicho, el ministro le comunicó la intención de fijar un pequeño tipo impositivo, no con ánimo recaudatorio pero sí suficiente para generar los recursos y compensar a esas comunidades autónomas. Por tanto, están proponiendo al Gobierno que haga lo que se les dijo que ya se está haciendo, por eso entendemos que esta moción es innecesaria, porque el compromiso del ministro fue claro e inequívoco y porque esa compensación financiera a las comunidades autónomas está prevista ya y aprobada por ley; en el artículo 19.13 se determina que, en la medida en que el impuesto que establece la ley recaiga sobre hechos gravados por las comunidades autónomas y produzca una disminución de sus ingresos, se prevén medidas de compensación o coordinación adecuadas, se prevé la aplicación del artículo 6.2 de la Lofca, y que esa disposición es aplicable a los tributos autonómicos establecidos en una ley aprobada con anterioridad a 1 de diciembre de 2012.

Por eso, porque así lo aprobamos en la ley, el Estado va a satisfacer esa compensación a las comunidades autónomas cuyos tributos estaban establecidos en leyes aprobadas con anterioridad a 1 de diciembre de 2012, que son: Extremadura, Andalucía y Canarias. Por tanto, no tiene sentido generar ninguna duda al respecto.

Y termino, señora presidenta, señalando que en absoluto esto supone ninguna burla a la sentencia del Tribunal Constitucional ni va contra la autonomía de las comunidades autónomas; es la propia sentencia a la que todos ustedes se han referido la que señala que el poder tributario de las comunidades autónomas puede ser delimitado por el Estado, porque esa competencia autonómica no se configura en términos absolutos sino que está sujeta a los límites establecidos por el Estado.

Por tanto, ni se vulnera la potestad tributaria de las comunidades autónomas ni la autonomía, ni mucho menos pueden hablar ustedes de deslealtad institucional.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Los argumentos de la portavoz popular convencen, al menos a Cataluña y a Asturias, de que esta moción resulta no solo necesaria sino imprescindible, puesto que ustedes se ratifican en que ni Cataluña ni Asturias van a tener ninguna compensación por el impuesto sobre depósitos bancarios.

El discurso que en relación con este tema ha mantenido el Gobierno ha sido absolutamente errático. Recuerdo los argumentos que se han barajado. Primer argumento, manejado por el ministro de Hacienda cuando se les encendió la bombilla a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional y tuvieron la ocurrencia de colar la enmienda que da lugar a la creación del nuevo impuesto: Se trata de homogeneizar el tratamiento fiscal del sistema financiero en el conjunto del




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Estado para que no haya desigualdades territoriales, para que las entidades financieras, que es lo que importa al Gobierno, tengan el mismo tratamiento fiscal en todo el territorio. ¿Ese argumento fue aparcado por el ministro de Hacienda cuando se produce la interpelación que da lugar a esta moción? No. Entonces el ministro dice que se trata de dar respuesta a una exigencia de la Unión Europea, que manda mucho, como todos sabemos, que marca la política del Gobierno y que acaba convirtiéndose en el burladero tras el que el Gobierno esconde su responsabilidad política. Yo no sé si la Unión Europea lo exigió o no, pero el Gobierno está encantado con esta decisión que encaja con su política y que es una expresión más de su estrategia económica y financiera. Por tanto, no necesita a la Unión Europea para tomar esta decisión.

Y luego está el cambio en la estrategia. Primero cambió el discurso y ahora la estrategia. Se crea la figura impositiva con el tipo cero. Pero si ya iban a hacer esto, ¿qué trabajo les costaba en vez de poner 0 poner el 0,1‰ o el 0,2‰? La enmienda podía haber dicho eso desde el principio. Pero no; ahora crean un tipo ridículo sobre los depósitos financieros exclusivamente para compensar a las comunidades autónomas a las que ustedes y el Gobierno reconocen soberanamente el derecho a recibir esa compensación. Obviamente, para las entidades financieras este tipo ridículo no va a suponer ningún problema. Pero yo creo que en el fondo de ese cambio, y también en la estrategia, existe la necesidad de justificarse ante los recursos planteados ante el Tribunal Constitucional. Difícilmente iban a poder argumentar ustedes ante el Tribunal Constitucional el mantenimiento del tipo cero. Difícilmente iban a poder decir que estaban ejerciendo las competencias que corresponden al Estado en materia tributaria cuando no había tributo, cuando no se iba a tributar. Ustedes toman la decisión de cambiar la estrategia y establecer un ridículo tipo de gravamen solo para intentar tener más posibilidades de no perder los recursos ante el Tribunal Constitucional.

Por todo ello, yo acepto que el grupo proponente asuma la enmienda presentada por el grupo catalán, porque resuelve el objeto de la enmienda que he formulado, y mantendré el apoyo a la moción presentada.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Eskerrik asko, presidente anderea.

Senatariok, nire talde parlamentarioa alde dago mozio honen arimarekin, batera goaz, zeren guk pentsatzen dugu, azken finean, mozioak esaten duena, atzoko mozioaren modura, edozein pertsonak, edo edozein erakundek legea bete egin behar duela, ezta?

Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, mi grupo parlamentario está a favor del alma de esta moción porque pensamos que lo que dice, al igual que la moción de ayer, es que la ley debe ser cumplida por el Gobierno y por toda sociedad.

Al fin y al cabo esta moción no viene más que a pedir que se dé cumplimiento a una ley, en este caso de financiación de comunidades autónomas, y que se acate la sentencia. En este sentido, viene muy en línea con la moción que nosotros presentábamos ayer como grupo parlamentario, que pedía precisamente eso. No deja de ser una paradoja que a estas alturas de la democracia tengamos todavía que presentar mociones los diferentes grupos parlamentarios para pedir que el Gobierno cumpla las leyes o acate las sentencias.

Pero al margen de esta coincidencia o de esta posición favorable al texto y a la esencia de la moción presentada, en este caso por el Grupo Parlamentario Socialista, nuestro voto va a ser de abstención por una cuestión clara, y es que esta moción se refiere fundamentalmente al mecanismo de financiación de las comunidades autónomas, que es ajeno tanto a la Comunidad Autónoma vasca como a la Comunidad Foral de Navarra en virtud del régimen foral de las haciendas vasca y Navarra respectivamente y a su capacidad tributaria propia. Por lo tanto, en este sentido nuestro grupo va a abstenerse pese a manifestar a priori el apoyo a cualquier moción que vaya a pedir el cumplimiento de la ley y el acatamiento de las sentencias.

Gracias.




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La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gràcies, senyories.

Amb molta brevetat, nosaltres donarem suport a aquesta moció conseqüència d’interpel·lació. Cal analitzar que té el seu origen en un fet. En un primer moment és la Comunitat d’Extremadura que aprova una llei l’any 2001 que crea aquest impost. El Govern, en aquell moment, recorre aquesta llei al Tribunal Constitucional, l’any 2002. Després, altres comunitats van crear també aquest impost ―altres comunitats a les quals s’ha fet referència: Andalusia, Canàries, Astúries i Catalunya―, i és l’any 2012, el 14 de novembre, tot just fa uns mesos, quan es desestima el recurs del Govern d’Espanya per part del Tribunal Constitucional.

Quan es desestima el recurs interposat pel Govern d’Espanya i que, per tant, és plenament consolidada la legislació del conjunt de comunitats autònomes ―tot i que el recurs feia referència exclusivament a Extremadura―, es trobava en tramitació a la Comissió d’Hisenda i Administracions Públiques al Congrés, amb competència legislativa plena, i després al Senat, la Llei 16/2012. És precisament el 4 de desembre del 2012 ―és a dir, uns dies després de la sentència―, que es van introduir aquestes dues esmenes a les quals feia referència el portaveu socialista. A partir de l’article 19, creen aquest impost sobre dipòsits a les entitats de crèdit. I és el 13 de desembre quan el Senat aprova la llei. En aquell moment, i en aquella discussió, per part del Govern no es va fer servir un dels arguments a què va fer referència el senyor Montoro amb motiu de la interpel·lació del Grup Socialista. No es va dir res llavors de la carta d’emplaçament de la Comissió Europea; una carta que, per cert, va dir el ministre que era del mes de febrer. Des del febrer del 2012 que tenien la carta i, casualment, uns dies després de la sentència del Tribunal Constitucional és quan es provoca aquesta creació de l’impost, aprofitant que estava en tramitació la Llei 16/2012. Una casualitat que la carta emergeixi justament dies després d’aquesta sentència del Tribunal Constitucional. Mitjançant aquella llei, es crea un impost que, aparentment, no té voluntat recaptatòria, almenys de moment. De fet, el que es buscava amb l’excusa comunitària era una via indirecta per evitar l’existència dels impostos autonòmics sobre els dipòsits bancaris. Des del meu punt de vista, això comporta un excés en l’exercici de la competència estatal, i la correlativa lesió en detriment de la competència autonòmica per a la creació de tributs, que vulnera el principi de lleialtat constitucional i que deteriora el reconeixement del poder tributari de les comunitats autònomes i de la seva autonomia financera, establerta per la Constitució i pels estatuts d’autonomia. Perquè obtenir ingressos és definitori del concepte de tribut, i les comunitats autònomes ho poden fer en el marc de la Constitució espanyola i de la Lofca. Però l’objectiu que pretenia aquella llei, la introducció d’aquest article 19 en la Llei 16/2012 no podia ser evidentment impedir que les Comunitat Autònomes poguessin establir els seus tributs, sinó evitar la doble imposició, com per cert senyala el Tribunal Constitucional, en concret, en aquesta sentència de la llei extremenya.

Aquí el que és qüestionable no és que les comunitats autònomes gravin un fet imposable, que ja gravava l’Estat, sinó tot just el contrari. I això és un exemple de manca de lleialtat constitucional.

S’ha creat fins aquest moment, aparentment, un impost que crea el miratge de gravar un fet imposable. És una llei que, des del meu punt de vista, ignora la Lofca, que desconeix, desplaça i limita les competències autonòmiques i que estableix una prohibició contrària a l’autonomia financera de les comunitats autònomes.

Ara bé, dit tot això, la llei està en vigor. El ministre es va comprometre a compensar, contradient algunes afirmacions anteriors, les comunitats autònomes per la pèrdua de recursos que els suposarà la supressió de facto de les lleis autonòmiques referents a l’impost sobre dipòsits bancaris; i, entre altres coses, ho fa perquè és obligatori d’acord amb la legislació vigent.

Malgrat tot, el temps passa, i per això la moció fixa el termini de dos mesos per incrementar el tipus impositiu, que en aquest moment és zero, i compensar totes les comunitats autònomes que haguessin acordat en les seves respectives normatives la creació d’aquest impost abans de la publicació en el Butlletí Oficial de la Llei 16/2012. Per tant, sense les distincions subjectives a què feia referència la portaveu del Grup Popular.

Per tot això, per totes aquestes raons, nosaltres donarem el vot favorable a aquesta moció.

Moltes gràcies.




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Gracias, señorías.

Con mucha brevedad, nosotros vamos a apoyar esta moción consecuencia de interpelación, que tiene su origen en un hecho, y es que en un primer momento es la Comunidad de Extremadura la que aprueba una ley en el año 2001 que crea este impuesto; el Gobierno recurre esa ley ante el Tribunal Constitucional en 2002; luego hay otras comunidades que crearon también este impuesto —otras comunidades a las que se ha hecho referencia: Andalucía, Canarias, Asturias y Cataluña— y es en el año 2012, el 14 de noviembre, hace apenas unos meses, cuando se desestima el recurso del Gobierno de España por parte del Tribunal Constitucional.

Cuando se desestima el recurso interpuesto por el Gobierno de España y, por tanto, queda plenamente consolidada la legislación del conjunto de las comunidades autónomas aunque el recurso hacía referencia exclusivamente a Extremadura, se encontraba en tramitación en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso con competencia legislativa plena, que luego pasaría al Senado, la Ley 16/2012. Es precisamente el 4 de diciembre de 2012, es decir, unos días después de la sentencia, cuando se introdujeron estas dos enmiendas a las que hacía referencia el portavoz socialista, a partir del artículo 19 y creando este impuesto sobre depósitos en la entidades de crédito. El 13 de diciembre el Senado aprueba la ley y, evidentemente, en aquella ocasión no se utilizó por parte del Gobierno uno de los argumentos al que hizo referencia el señor Montoro con motivo de la interpelación del Grupo Socialista. No se habló, no se dijo nada entonces de la carta de emplazamiento de la Comisión Europea, esa carta que, por cierto, dijo el ministro que era del mes de febrero: desde febrero de 2012 tenían la carta, y casualmente unos días después de la sentencia del Tribunal Constitucional es cuando se provoca la creación de este impuesto aprovechando que estaba en tramitación esta ley, la Ley 16/2012. Una casualidad que la carta surja precisamente días después de esta sentencia del Tribunal Constitucional, creando mediante aquella ley un impuesto que aparentemente no tiene voluntad recaudatoria, al menos hasta el momento. Lo que se buscaba con la excusa comunitaria era una vía indirecta para evitar la existencia de los impuestos autonómicos sobre depósitos bancarios que, evidentemente, comporta, desde mi punto de vista, un exceso en el ejercicio de la competencia estatal y la correlativa lesión en detrimento de la competencia autonómica para la creación de tributos, que vulnera el principio de lealtad constitucional y que deteriora el reconocimiento del poder tributario de las comunidades autónomas y su autonomía financiera, establecida por la Constitución y por los estatutos de autonomía. Porque obtener ingresos es definitorio del concepto de tributo y las comunidades autónomas lo pueden hacer en el marco de la Constitución Española y de la Lofca, pero el objetivo que pretendía aquella ley, la introducción de ese artículo 19 en esta Ley 16/2012, no podía ser, evidentemente, impedir que las comunidades autónomas pudieran establecer sus tributos, sino evitar la doble imposición, como por cierto señala el Tribunal Constitucional, en concreto esa sentencia sobre la ley extremeña.

Aquí, lo que es cuestionable no es que las comunidades autónomas graven un hecho imponible que ya gravaba el Estado, sino lo contrario, precisamente. Y este es un ejemplo de falta de lealtad constitucional.

Se ha creado hasta este momento, aparentemente, un impuesto que crea el espejismo de gravar un hecho imponible; una ley que, desde mi punto de vista ignora la Lofca, que desplaza las competencias autonómicas y que establece una prohibición contraria a la autonomía financiera de las comunidades autónomas.

Ahora bien, dicho todo esto, es evidente que esta ley está en vigor y el ministro se comprometió a compensar, contradiciendo algunas afirmaciones anteriores, a las comunidades autónomas por la pérdida de recursos que supondrá para ellas la supresión de facto de las leyes autonómicas referentes al impuesto sobre depósitos bancarios. Y en este sentido, entre otras cosas, lo hace porque es obligatorio de acuerdo con la legislación vigente.

A pesar de todo, el tiempo pasa y, por eso, la moción fija el plazo de dos meses para incrementar el tipo impositivo, que en este momento es cero, y compensar a todas las comunidades autónomas que hubieran acordado en sus respectivas normativas la creación de este impuesto antes de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley 16/2012 y, por lo tanto, sin las distinciones subjetivas a que hacía referencia la portavoz del Grupo Popular.

Por todas estas razones, nosotros vamos a dar nuestro voto favorable a esta moción.

Muchas gracias.




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La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Moltes gràcies, senyories.

Jo coincideixo amb la intervenció de la portaveu del Grup Nacionalista Basc. Aquesta és una moció que té molta relació amb la d’ahir, perquè té molta relació amb el concepte de lleialtat institucional. Poden fer els discursos que vulguin, poden fer les argumentacions que vulguin, però al final, és una absoluta falta de lleialtat institucional constant del Govern de l’Estat amb relació a les comunitats autònomes. I això és així. Al final es poden utilitzar les argumentacions que es vulgui, però la realitat és com és.

Va haver-hi lleialtat institucional a l’hora d’imposar aquest nou tribut per part de l’Estat? No, absolutament cap. Que va consultar les comunitats autònomes que tenien l’impost? Que els va demanar el parer? Que es va debatre en el Consell de Política Fiscal aquesta proposta que afectava les finances de les comunitats autònomes? No, absolutament no. Es va fer a corre-cuita, i es va fer amb la intenció de no recaptar. Es va fer amb la intenció que no recaptessin uns i de no recaptar. Després es rectificarà o no, però es va fer amb aquesta intenció. Perquè, que figura alguna partida als Pressupostos de l’Estat per ingressos d’aquest impost? No. Algú podria dir: no, és que no ens va donar temps. Els dóna temps de presentar l’esmena i modificar una llei que s’estava tramitant conjuntament amb els Pressupostos Generals de l’Estat, en el mateix tempo, i no modifiquen els Pressupostos Generals de l’Estat considerant més ingrés i, òbviament, més despesa en la compensació. És que no en tenien cap intenció. No volien recaptar i el que volien és que no recaptessin les altres comunitats autònomes.

Després rectifiquen aquest error i vénen a dir: sí, recaptarem, i amb el que recaptarem d’aquest impost compensarem les comunitats autònomes que mereixen compensació. I aquí també fan una discriminació. Òbviament, com deia abans el portaveu del Grup Mixt, aquesta moció és més necessària que mai, perquè no volen compensar totes les comunitats autònomes. Vostès tenen voluntat de compensar-ne tres i d’excloure’n dues. Per tant, el primer problema és un problema de lleialtat institucional. Els ho dic de veritat. Vostè dir: no, nosaltres tenim la potestat legal de fer-ho. La potestat legal no és, com també els recordava ahir el nostre portaveu en pregunta al President del Govern, la raó política; no és la voluntat política. I a vostès, amb aquesta pretesa lleialtat institucional, sempre els manca voluntat política.

Una altra qüestió: deixen fora Astúries i Catalunya. Poden utilitzar tots els arguments jurídics que vulguin. Poden utilitzar tots els artificis que creguin necessaris per justificar aquesta decisió. Però aquesta decisió, com altres decisions, fa cada dia que a Catalunya entenguin menys que s’hagi de mantenir una relació amb l’Estat espanyol com s’ha mantingut fins ara. I això els agradarà escoltar-ho o no, però és una gota més en un vas que ja està sobreeixint des de fa molt de temps.

Per tant, al final, vostès tenen la majoria en aquestes cambres i vostès decidiran, però sàpiguen que aquestes decisions també tenen altres afectacions. Tenen afectacions en la mentalitat, el pensament i el sentiment dels catalans i les catalanes. I quan els catalans i les catalanes veuen que, una vegada més, sense cap tipus de fonament ni raonament coherent, s’exclou Catalunya d’una compensació en què pensem que tenim raó, segurament estan fonamentant i incrementant la desafecció dels catalans amb relació a l’Estat espanyol.

Si em permeten, perquè si no és una descortesia, voldria agrair al Partit Socialista que hagi acceptat la nostra esmena.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señoría.

Yo coincido con la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco. Esta es una moción que tiene mucha relación con la de ayer y tiene mucha relación con el concepto de lealtad institucional. Podemos hacer los discursos que queramos, podemos hacer las argumentaciones que queramos, pero al final es una absoluta falta de lealtad institucional del Gobierno de la nación en relación con las comunidades autónomas. Y esto es así. Al final se pueden utilizar las argumentaciones que se quiera, pero la realidad es como es.

¿Hubo lealtad institucional cuando se impuso este nuevo tributo por parte del Estado? No, absolutamente ninguna. ¿Acaso consultó a las comunidades autónomas que tenían el impuesto?




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¿Acaso les pidió su opinión? ¿Acaso se debatió con el Consejo de Política Fiscal esta propuesta que afectaba a las finanzas de las comunidades autónomas? No, absolutamente no. Se hizo rápidamente, deprisa y corriendo, y se hizo con la intención de no recaudar; se hizo con la intención de que no recaudaran unos y de no recaudar. Luego se rectificará o no, pero se hizo con esa intención. Porque ¿acaso figura alguna partida en los presupuestos del Estado por ingresos de este impuesto? No. Alguien podría decir: bueno, es que no nos dio tiempo. ¿Les da tiempo a presentar la enmienda y modificar los Presupuestos Generales del Estado, a modificar una ley que se estaba tramitando conjuntamente con los Presupuestos Generales del Estado en el mismo tempo y no modifican los Presupuestos Generales del Estado considerando más ingreso y, obviamente, más gasto en la compensación? Entonces es que no tenían ninguna intención, no querían recaudar y lo que querían es que no recaudasen tampoco las otras comunidades autónomas.

Luego subsanan ese error y vienen a decir: sí, recaudaremos y con lo que recaudemos de este impuesto compensaremos a las comunidades autónomas que merecen compensación. Y aquí hacen también una discriminación. Obviamente, como decía antes el portavoz del Grupo Mixto, esta moción es más necesaria que nunca porque no quieren compensar a todas las comunidades autónomas. Ustedes tienen voluntad de compensar a tres y excluir a dos. Por lo tanto, el primero es un problema de lealtad institucional, se lo digo de verdad. Ustedes pueden decir: no, nosotros tenemos la potestad legal de hacerlo. La potestad legal no es, como también les recordaba ayer nuestro portavoz en relación con una pregunta al presidente del Gobierno, la razón política, no es la voluntad política y ustedes en esta pretendida lealtad institucional siempre carecen de voluntad política.

Otra cuestión. Dejan fuera a Asturias y a Cataluña. Pueden utilizar todos los argumentos jurídicos que quieran, pueden utilizar todos los artilugios que crean necesarios para justificar esta decisión, pero esta decisión, como otras decisiones, hace que en Cataluña entiendan cada día menos que se haya de mantener una relación con el Estado español como se ha mantenido hasta ahora. Y esto les gustará o no escucharlo, pero es una gota más en un vaso que ya hace mucho tiempo que derrama.

Así pues, al fin y al cabo ustedes tienen la mayoría en estas cámaras y ustedes van a decidir, pero deben saber que estas decisiones también tienen otros efectos en la mentalidad, en el pensamiento y en el sentimiento de los catalanes y las catalanas. Y cuando los catalanes y las catalanas ven, una vez más, que sin ningún tipo de fundamento ni razonamiento coherente se excluye a Cataluña de una compensación en la que pensamos que tenemos razón, seguramente se está fundamentando y se está incrementando la desafección de los catalanes con respecto al Estado español.

Querría agradecer, no me permitirán la descortesía, al Grupo Socialista que haya aceptado nuestra enmienda.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Fuentes.

El señor FUENTES GALLARDO: Gracias, señor presidente.

Dice la portavoz del Grupo Popular que considera innecesaria esta iniciativa porque el Gobierno, en su infinita bondad y sabiduría, está en ello. Señora portavoz, ya sabemos lo que dice la Lofca, y es que los tributos que establezcan las comunidades autónomas no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado y que, si es así, el Estado tiene que compensar, es decir, el Gobierno tiene que cumplir la ley.

¿Por qué tenemos que creer al señor Montoro? ¿Por qué? ¿Tenemos motivos para creerle o para no creerle? En mi opinión, tenemos más motivos para no creerle. Porque, ¿cómo vamos a creer al que juraba y perjuraba que jamás subiría el IVA? ¿Cómo vamos a creer al que llegó a decir que la amnistía fiscal era la contrapartida para no subir el IVA? Pues hubo amnistía fiscal y subida del IVA, por no hablar de las previsiones o las previsiones de ingresos de la amnistía fiscal.

Lo que pretende la enmienda es poner un plazo de dos meses —más tres que llevamos—. Si usted hubiese dicho: Planteen ustedes hasta que termine este período de sesiones, pues lo hubiésemos discutido. Pero no, ustedes no quieren. Ha dicho el ministro esto, con el criterio de




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veracidad que se le presupone por parte de alguno, y tenemos que aceptarlo. No; ponemos un plazo y decimos que, además de las tres comunidades autónomas que dijo el ministro, añadimos Asturias desde el principio y, aceptando la enmienda de CiU, Cataluña.

Hablemos claro. Ustedes están en contra de este impuesto desde el principio. En el año 2001, cuando se aprueba en el Parlamento de Extremadura, su grupo votó en contra. Vayan a las hemerotecas. ¿Qué dijeron de este impuesto? ¿Qué dijeron del entonces presidente, Rodríguez Ibarra, cuando puso este impuesto? Vayan a las hemerotecas. Decían barbaridades. Y su Gobierno, cuando recurre al Tribunal Constitucional, en época de Aznar, dice que ponemos en riesgo la unidad de mercado y la unidad fiscal de España. Eso es lo más suave que ustedes dijeron. Y por eso presentan el recurso. Y cuando ante el recurso les sale el tiro por la culata, presentan la enmienda aquí, una enmienda en el Senado que modifica leyes de parlamentos autonómicos, deprisa y corriendo, una enmienda en el Senado después de la sentencia del Tribunal Constitucional.

Esa es la realidad, no le den ustedes más vueltas. Ustedes no han tenido más remedio que aceptar este impuesto y, cuando llega la sentencia, ¿qué hacen ustedes? Aguarlo, torpedearlo con esa enmienda, quitarle vigencia. Eso es lo que ha pasado. No me venga usted con el cuento de que si el ministro está en ello o deja de estar. El ministro tendrá que cumplir la ley, y eso no es motivo de agradecimiento, va en el sueldo o debe ir en el sueldo.

Ahora resulta que las comunidades autónomas pueden bajar o subir el tramo autonómico del IRPF, pero los bancos no, los bancos no; una comunidad autónoma puede subir o bajar el tramo autonómico del IRPF y no pasa nada, nadie se escandaliza, nadie anula eso; ahora bien, los bancos no.

Han dicho ustedes que las comunidades autónomas son unas manirrotas, unas gastosas, que van de buenas ante los ciudadanos a la hora del gasto y el pobre Gobierno central va de malo poniendo impuestos, y estas comunidades autónomas, en esa campaña de desprestigio, son unas manirrotas que nada más saben gastar. Pues ahora ponen un impuesto, y tampoco.

Por lo tanto, no le den más vueltas. Esta iniciativa es para poner plazo a lo que dice el ministro y para ampliarlo, porque el Tribunal Constitucional ha dicho en su sentencia que este impuesto es conforme a la Constitución. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Y su enmienda, su actitud de hoy lo que hace es torpedear que las comunidades autónomas, las que quieran, pongan un impuesto autonómico.

Y hablan ustedes de la carta. Ya conoceremos la carta. A ver si la carta va a decir lo que dice Montoro que dice, o va a decir una cosa distinta de lo que Montoro dice que dice. Ya lo veremos.

De todas formas, la pregunta —y con esto acabo— es: ¿Están ustedes diciendo que una carta de las autoridades europeas está por encima de la sentencia del Tribunal Constitucional? Si es así, díganlo a las claras.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Fuentes.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Angulo.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Ni una sola duda, senador Fuentes, ni una sola duda: el Gobierno va a cumplir, no porque lo dijo el señor Montoro, que también, porque el señor Montoro se preocupó de poner esa compensación a las comunidades autónomas en la ley, sino porque está en la ley, en el artículo 19 de la ley donde se aprobó este impuesto.

Señorías, compensar a las comunidades autónomas, la voluntad política, la lealtad institucional no son cosas de soflamas y cantinelas, que es lo que usted ha mostrado hoy aquí. Se escribe en las leyes, y eso es lo que hace el Gobierno del Partido Popular con esta compensación a las comunidades autónomas y con todas las demás medidas.

Se está cumpliendo rigurosamente la sentencia del Tribunal Constitucional. Es la propia sentencia la que dice que es perfectamente posible ese impuesto estatal. Y se está cumpliendo la ley de forma rigurosa. Pero se está cumpliendo algo más. Ustedes vuelven a plantear el debate del porqué de ese impuesto estatal y atribuyen una intencionalidad que no es cierta. Como dijimos en su momento —lo dijo el ministro y lo dijo el Grupo Popular—, se crea porque queremos ofrecer garantías y porque queremos eliminar riesgos, algo que para ustedes no parece tener la más




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mínima importancia. El hecho de que haya comunidades autónomas que tengan el impuesto autonómico y otras que no lo tengan genera riesgos de que las entidades de crédito puedan verse incentivadas a que los depósitos se constituyan en oficinas de la misma entidad pero en otra comunidad autónoma, o que las entidades se establezcan aquí o allá y tomen sus decisiones de inversión condicionadas por los beneficios fiscales de los impuestos autonómicos. La Comisión Europea, a través de esta carta de febrero de 2012, expresó su preocupación en ese sentido, en concreto, sobre las ventajas fiscales que pudieran existir en función de una comunidad u otra, y expresó la preocupación de que esos tributos pudieran vulnerar la libertad de circulación de capitales; le preocupaba el hecho de que ese impuesto se fuera extendiendo por las comunidades autónomas, supusiera una segmentación del mercado bancario, y eso obstaculizara la concesión de crédito.

Fíjense, señorías, si no es importante la recuperación del crédito en este país, aunque para ustedes parece ser una cuestión mínima, que si hay algo vital en España es que el crédito llegue a los emprendedores y a las familias para poder financiar sus proyectos de inversión. Cuando la reforma del sistema financiero avanza con paso firme —esa reforma que ustedes tampoco hicieron—, avanza cumpliendo los plazos, avanza de forma impecable y, como ha dicho el último informe de Moody’s, sin vaivenes, en una misma dirección y con unos mismos objetivos, los que se planteó el Gobierno del Partido Popular, cuando hemos conseguido una ayuda financiera para culminar esa reforma, una ayuda que también es clave, cualquier medida que ni de lejos pueda poner en riesgo la recuperación del crédito en este país hay que descartarla, señorías. Por eso, si la implantación o la extensión de esos impuestos autonómicos por todas las comunidades autónomas supone el riesgo de segmentar el mercado y de impedir la recuperación del crédito, ese riesgo hay que eliminarlo, porque cualquier paso en contra es el peor paso que podíamos dar.

Por eso, lo único cierto es que este impuesto, que nunca se descartó que siempre fuera a tener el tipo cero, se crea por el Gobierno para evitar cualquier riesgo que esa extensión de impuestos sobre depósitos de carácter autonómico pudiera tener para la recuperación del crédito, y la intención ahora de implantar un tipo no muy superior pero mayor que cero responde a la intención de que sean las entidades de crédito, y no los ciudadanos —como ustedes dijeron repetidamente—, las que financien los recursos necesarios para compensar a las comunidades autónomas.

Señorías, ustedes se han referido a la lealtad institucional. Detrás de cada decisión del Gobierno ha habido grandes dosis de lealtad institucional. Ha sido el Gobierno del Partido Popular el que ha dado pasos muy importantes en la dirección de la lealtad institucional en este país y para asegurar los pilares del Estado autonómico y del Estado del bienestar. ¿Hay mayor deslealtad con las comunidades autónomas, señorías, que dejar los servicios fundamentales sin pagar, a deber? Porque han sido esas medidas, esa política del Gobierno del Partido Popular la que ha permitido mecanismos como el pago a proveedores, el Fondo de Liquidez Autonómico, o esa nueva ampliación del pago a proveedores que recientemente se aprobaba por el Gobierno, el pasado 22 de febrero. ¿Hay mayor deslealtad que la de algunas comunidades autónomas, en particular Cataluña, que lo dejaron todo a deber? Porque han sido los mecanismos que ha puesto el Gobierno a disposición los que han permitido financiar esos servicios fundamentales…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Termino, señor presidente.

…y han permitido asegurar el Estado de las autonomías y, desde luego, también el Estado del bienestar.

Gracias señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Angulo.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción consecuencia de interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, que el senador Fuentes entendía que estaba subsumida en una de las partes de la enmienda de




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Convergència i Unió, y los dos primeros puntos de la enmienda de Convergència i Unió, puesto que el tercero fue retirado. ¿Están sus señorías de acuerdo? (Asentimiento.)

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 248; a favor, 85; en contra, 154, abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

6.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A CONTEMPLAR DETERMINADOS ASPECTOS EN LA FUTURA LEY PARA LA RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

(Núm. exp. 671/000063)

AUTOR: GPEPC

El señor PRESIDENTE: Siguiente moción consecuencia de interpelación.

El señor presidente da lectura al punto 6.2.

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores.) Guarden silencio. (Rumores.)

A esta moción consecuencia de interpelación se han presentado tres enmiendas, una del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los senadores Iglesias y Mariscal, otra del Grupo Parlamentario Vasco y, finalmente, una tercera, del Grupo Parlamentario Socialista. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores.)

Para la defensa de la moción tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, la senadora Sequera. (Rumores.)

La señora SEQUERA GARCÍA: Hola, bon dia.

En el darrer Ple, el Grup de l’Entesa va interpel·lar el ministre Montoro per tal de conèixer l’abast i els objectius que es pretenen aconseguir amb la reforma de l’Administració local... (Rumors.)

Hola, buenos días.

En el último Pleno, el Grupo de Entesa interpeló al ministro Montoro con el fin de conocer el alcance y los objetivos que se quieren conseguir con la reforma de la Administración local… (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, la senadora Sequera no va a continuar hasta que no guarden silencio. (Pausa.)

Cuando quiera, señoría.

La señora SEQUERA GARCÍA: Gràcies, president.

Com deia, en el darrer Ple, el Grup de l’Entesa va interpel·lar el ministre Montoro per tal de conèixer l’abast i els objectius que es pretenen aconseguir amb la reforma de l’Administració local i avançar en el sentit de la reforma que el meu grup considera necessari fer.

Atenent a la petició del ministre, presentem la següent moció per tal de constatar la nostra aportació a la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, explicitant aspectes bàsics que cal que la reforma contempli, establint la base, el punt de partida, d’aquesta reforma. Cal una reforma legislativa de l’àmbit local? Sí, i compartim la iniciativa de reformar la planta local. És una demanda històrica, com també ho és l’establiment d’un finançament just. Amb aquest manifest, vull corregir la interpretació que el ministre va fer de la meva intervenció en la darrera sessió plenària. En cap moment estem dient que no es faci res.

Aquesta moció pretén contribuir a assentar les bases perquè la reforma contribueixi a enfortir i legitimar, encara més, les entitats locals, i especialment els ajuntaments. El punt de partida ha de ser el respecte, en tot el seu contingut, els preceptes que la Constitució estableix quan fa referència a les entitats locals i a l’autonomia local. I utilitzant les paraules del ministre Montoro: el sentit d’aquesta reforma pretén que s’acosti a la forma d’organitzar les seves activitats —les de les entitats locals—, tal i com avui ho fan els estats federals en l’entorn europeu i de més enllà. Hi




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estem totalment d’acord. Esperem que les paraules no siguin simplement paraules, i estiguin plenes de contingut, que es transformin en fets, per la qual cosa esperem que l’esperit de la Carta Europea d’Autonomia Local impregni, amb tot el seu esperit, aquesta reforma.

La Llei de Bases de Règim Local vigent avui estableix les competències mínimes que ha de prestar un ajuntament segons població, i permet una certa flexibilitat per habilitar els ajuntaments a intervenir davant la demanda de noves demandes socials, que haurien d’estar cobertes per altres administracions públiques, però que no ho estan. És el cas de les escoles bressol, les biblioteques, poliesportius, centres de dia, que en molts casos es presten per mitjà de delegacions o convenis de les administracions competents a canvi d’una dotació econòmica que no cobreix íntegrament la despesa. La societat actual contempla com a bàsics molts d’aquests serveis i, per tant, cal actualitzar la llista de serveis mínims que estableix la legislació perquè sigui un reflex de la realitat que vivim i per tal de legitimar els ajuntaments, i no tan sols en el sentit de gestionar serveis, sinó de dotar-los de potestat per planificar, programar i regular els serveis que presten. Precisament, el fet de desenvolupar activitats en virtut de convenis administratius any rere any denota que la competència hauria de ser local, amb l’atribució dels recursos necessaris.

Sense els recursos econòmics suficients el principi de l’autonomia local no deixa de ser una simple declaració formal. El percentatge de despesa pública en relació amb els serveis que presta un ajuntament és insuficient. Podem afirmar que els ajuntaments són les administracions que des de fa molt de temps ja practiquen allò de hacer más con menos.

Sí cal fer un estudi dels serveis que presten els ajuntaments, que reflecteixi la realitat, i quin finançament mínim necessiten per tal de fer front a la despesa, per tal que aquest finançament estigui garantit.

Tant pel que fa a les competències com al finançament per a prestar-les amb garanties, la reforma de l’Administració local ha de ser prou flexible per tenir la capacitat d’adaptar-se a les diferents realitats de tipologia i singularitats dels municipis que integren tot l’Estat. I en base a aquesta demanda cal reconèixer com a singulars les necessitats dels ajuntaments de les grans ciutats, com Barcelona, per la qual cosa ha de tenir un tractament diferenciat de la resta d’ajuntaments. En aquestes ciutats s’acusa encara més la necessitat d’articular els mecanismes perquè els seus corresponsables municipals puguin atendre de manera efectiva les demandes ciutadanes. Per aquest motiu, cal respectar la legislació que, de forma consensuada amb les parts interessades, existeix i que és vigent com ara la carta municipal.

En aquesta Cambra hi ha molts representats d’ajuntaments d’arreu de l’Estat, i estic segura que, deixant de banda els colors polítics, tots han de fer front a les demandes dels veïns que representen. Ara és quan hem de fer front comú per legitimar i enfortir els nostres ajuntaments com a administració que ha de donar resposta a la societat. I ara, en els moments que vivim, i per l’augment de les demandes socials que hem d’atendre, ho hem de fer de forma contundent i no deixar perdre aquesta oportunitat.

Gràcies. (Aplaudiments.)

Gracias, presidente.

Como decía, en el último Pleno, el Grupo de Entesa interpeló al ministro Montoro con el fin de conocer el alcance y los objetivos que se pretenden conseguir con la reforma de la Administración local y avanzar en el sentido de la reforma que mi grupo considera necesario realizar.

Atendiendo a la petición del ministro, presentamos la siguiente moción para constatar nuestra aportación a la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, explicitando aspectos básicos que la reforma debe contemplar, estableciendo la base, el punto de partida de esta reforma. ¿Se necesita una reforma legislativa del ámbito local? Sí, y compartimos la iniciativa de reformar la planta local. Es una petición histórica, como también lo es el establecimiento de una financiación justa. Con este manifiesto quiero corregir la interpretación que el ministro realizó de mi intervención en la última sesión plenaria. En ningún momento estamos diciendo que no se haga nada.

Esta moción pretende ayudar a sentar las bases para que la reforma contribuya a fortalecer y legitimar todavía más a las entidades locales y especialmente a los ayuntamientos. El punto de partida debe ser el respeto en todo su contenido a los preceptos que la Constitución establece cuando hace referencia a las entidades locales y a la autonomía local. Y utilizo las palabras del




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ministro Montoro: el sentido de esta reforma pretende que se acerque a la forma de organizar sus actividades las entidades locales, tal como hoy lo realizan las entidades federales del entorno europeo y más allá. Estamos totalmente de acuerdo con ello. Esperamos que las palabras no sean simplemente palabras y estén llenas de contenido, que se transformen en hechos y que el espíritu de la Carta Europea de la Autonomía Local impregne esta reforma.

La Ley de Bases del Régimen Local vigente hoy en día establece las competencias mínimas que debe prestar un ayuntamiento según su población y permite una cierta flexibilidad para habilitar a los ayuntamientos a intervenir ante la petición de nuevos requerimientos sociales que deberían estar cubiertos por otras administraciones públicas pero que no lo están. Es el caso de las guarderías, las bibliotecas, polideportivos, centros de día, que en muchos casos se prestan por medio de delegaciones o convenios de las administraciones competentes a cambio de una dotación económica que no cubre íntegramente el gasto. La sociedad actual contempla como básicos muchos de estos servicios, por lo tanto, se debe actualizar la lista de servicios mínimos que establece la legislación para que sea un reflejo de la realidad que vivimos y con el fin de legitimar a los ayuntamientos, y no solo en el sentido de gestionar servicios, sino de dotarles de potestad para planificar, programar y regular los servicios que prestan. Precisamente el hecho de desarrollar actividades en virtud de convenios administrativos año tras año denota que la competencia debería ser local con la atribución de los recursos necesarios.

Sin los recursos económicos suficientes el principio de la autonomía local no deja de ser una simple declaración. El porcentaje del gasto público con los servicios que presta el ayuntamiento es insuficiente. Podemos afirmar que los ayuntamientos son las administraciones que desde hace mucho tiempo ya practican aquello de hacer más con menos.

Sí se debe realizar un estudio de los servicios que prestan los ayuntamientos que refleje la realidad y la financiación mínima que necesitan para afrontar el gasto, con el fin de que esta financiación esté garantizada.

Tanto en referencia a las competencias como a la financiación para prestar servicios con garantías, la reforma de la Administración local debe ser suficientemente flexible para tener la capacidad de adaptarse a las distintas realidades de tipología y singularidades de los municipios que integran todo el Estado. Y en base a esta petición se deben reconocer como singulares las necesidades de los ayuntamientos de las grandes ciudades como Barcelona, por lo que debe tener un trato diferencial del resto de ayuntamientos. En estas ciudades se acusa todavía más la necesidad de articular los mecanismos para que sus corresponsables municipales puedan atender de forma efectiva las peticiones ciudadanas. Por este motivo se debe respetar la legislación que de forma consensuada con las partes interesadas existe y está vigente como la carta municipal.

En esta Cámara hay muchos representantes de ayuntamientos de todo el Estado y estoy segura de que, dejando de lado los colores políticos, todos deben afrontar las peticiones de los vecinos que representan. Ahora es cuando debemos hacer un frente común para legitimar y fortalecer nuestros ayuntamientos como administraciones que deben dar respuesta a la sociedad. Ahora, en los momentos que vivimos, y por el aumento de las peticiones sociales que debemos atender, tenemos que hacerlo de forma contundente y no dejar perder esta oportunidad.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sequera.

Para la defensa de su enmienda, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador Iglesias Fernández.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Las enmiendas buscan fundamentalmente aclarar alguno de los contenidos de la moción concretando elementos que, en mi modesta opinión, contribuyen a darle más sentido y más fuerza. Sin ninguna duda uno de los problemas más importantes de los ayuntamientos es el de la financiación. Lo es objetivamente y se convierte en la coartada que utiliza el Gobierno para plantear esta reforma de la Administración local. Se trata de una vieja demanda municipal. Yo creo que fue en la asamblea de la FEMP en La Coruña, en 1987, cuando se puso sobre la mesa la necesidad de impulsar un pacto local del que formara parte como un elemento clave la revisión de la financiación municipal. 1987: han pasado veintiséis años y nada se ha movido, nada ha cambiado. Los ayuntamientos siguen representando el 13% del gasto público, el mismo porcentaje




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que tenían los ayuntamientos de la primera corporación democrática en 1979. Sus ingresos representan poco más del 11% de los ingresos públicos. Hay que modificar el marco de financiación local y hacerlo superando la práctica de la subvención, con la que de alguna manera se ha pretendido establecer el equilibrio entre ese 13% de participación en el gasto público y ese solo 11% de participación en los ingresos públicos. El problema de la subvención es que las administraciones que la conceden —sea esta la Administración del Estado o sean las comunidades autónomas— normalmente lo hacen con carácter finalista, es decir, condicionando la autonomía local a la hora de establecer las prioridades y las políticas a desarrollar desde los ayuntamientos. Solo con un incremento, con una mejora en la participación en los impuestos estatales de las corporaciones locales se estará en condiciones de dar satisfacción a las necesidades de financiación de los ayuntamientos. Y hay que hacerlo, hay que reivindicar este cambio en la financiación diciendo además que es falso lo que afirma el Gobierno —utilizado como segunda coartada en esta reforma que dinamita el régimen local y que está en marcha—, cuando dice que los municipios no son eficaces y eficientes en el gasto público. Los ayuntamientos son precisamente —y lo han demostrado a lo largo de estos treinta y cuatro años que se han cumplido hace unos pocos días de corporaciones democráticas— la administración más eficaz y más eficiente, aunque solo sea porque son la administración más próxima a los ciudadanos y, por lo tanto, están sometidos a un control más directo y más inmediato.

Por ello —y de esta manera concluyo, a partir de esta reflexión—, la enmienda defiende la necesidad de que se mantengan las competencias municipales vertebrales y vertebradoras de su acción municipal, porque no es casualidad que esas competencias residan en los ayuntamientos. Están ahí, son fruto de la historia y del funcionamiento de las corporaciones locales mucho antes de que desde la Unión Europea se lanzara el principio de subsidiariedad. Están ahí porque los ciudadanos entendieron que esas instituciones eran las que de forma más adecuada podían satisfacer sus necesidades, las que mejor podían responder a las demandas inmediatas que esos ciudadanos planteaban, las que tenían respuesta cotidiana en el suministro de agua, en la retirada de los residuos sólidos o en la respuesta a las prestaciones sociales. Si se ampliaron esas competencias en los últimos tiempos fue como respuesta inmediata de esas corporaciones locales y ante la inhibición de otras administraciones.

La reforma local —y de verdad que de esta manera ya acabo, señor presidente— que está en marcha no pretende racionalizar las competencias municipales, pretende, sencillamente, que los ciudadanos tengan menos servicios públicos y menos prestaciones sociales.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Con su permiso, señoría, intervendré desde el escaño para ahorrar un poco de tiempo en desplazamientos.

La razón fundamental que nos ha movido a presentar esta enmienda es algo recurrente en esta Cámara y en nuestro grupo. Casi cada vez que hablamos de una normativa de aplicación general, como es el caso, mi grupo tiene que aplicarse en presentar alguna enmienda para simplemente —y ayer lo tuvimos que hacer también— recordar a los proponentes que existe una determinada realidad político-jurídico-administrativa en el Estado. Probablemente sea la Entesa a quien menos se lo tenemos que recordar, pero en este caso también queremos hacer la precisión.

La responsabilidad de un Gobierno no es cumplir la ley —eso va de suyo, dijo ayer el señor Montoro—. Pues como dijo nuestro portavoz ayer, y entroncando esta discusión con la de ayer, esto no está tan claro, es más, esto no es así, y el incumplimiento del Estatuto de Gernika es un claro ejemplo de ello. Esto no es solo achacable al Gobierno actual y al partido que lo sustenta, sino también a los Gobiernos del principal partido de la oposición que en diferentes momentos ha gobernado, aunque también es cierto que en diferente medida, no es la misma. Pero no es menos cierto que en muchos casos la buena actitud del Gobierno central de turno dependía y depende más de su fortaleza o debilidad parlamentaria que de su verdadera intención. Depende más del fenotipo que del genotipo. Depende más de la situación exterior parlamentaria que de la verdadera integración del modelo de Estado y respeto a las nacionalidades en el ADN ideológico de los dos




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grandes partidos del Estado, y en esto estoy de acuerdo también con el senador Saura, que ayer nos lo explicó perfectamente varias veces.

Pero esto es lo que hay, y con esta realidad tenemos que trabajar en esta y en otras Cámaras. Se hablaba ayer de recentralización sí, recentralización no. Yo solo voy a hacer una mención curiosa. Ayer nuestro portavoz hablaba de transferencias de la gestión de un tipo de ferrocarril. Pues bien, esto no se puede hacer, esta transferencia ya no se puede hacer. ¿Y sabe por qué, señor presidente? Porque en un decreto ley titulado medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo se clasifican de interés general una serie de servicios ferroviarios. Como ven, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero, una vez clasificados de interés general, ya no se pueden transferir. Por tanto, eso de que no hay recentralización y de que no se están utilizando los decretos ley para colarnos de rondón ciertas cosas no es cierto.

Se ha hablado también de lealtad institucional. Señorías, yo tengo un concepto de la lealtad que a mí siempre me ha funcionado. La lealtad tiene que ser a nosotros mismos, que nos lleve a respetar lo que los demás quieran y decidan ser, igual que pedimos que se nos respete lo que nosotros somos y queremos ser, exactamente igual. Esa es la lealtad que hay que aplicar, institucional y personal. Por eso hemos presentado esta enmienda, en la misma línea que el senador Yanguas cuando presentó su moción referente a la ley para la racionalización, o en la misma línea de la discusión que tuvimos en la última moción que presentó Entesa también relativa a la ley de racionalización. En nuestra enmienda pedimos que se respete y se contemple concretamente la especificidad foral de los territorios vascos y, por tanto, que la nueva ley incluya expresamente el respeto a las singularidades forales de los territorios históricos de la comunidad autónoma vasca y de la Comunidad Foral de Navarra.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Belloch.

El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias, señor presidente.

Antes que nada, en nombre de mi grupo, quiero felicitar al Grupo Parlamentario Entesa y a la proponente por permitirnos volver a hablar y a dialogar sobre un problema tan importante como la interdependencia entre la autonomía municipal y una suficiente financiación.

Todos sabemos, al menos los que nos hemos movido o se han movido en el pasado en el ámbito del municipalismo, que hablar de autonomía sin financiación suficiente no deja de ser una entelequia. Probablemente es ya utópico volver a lo que se decía cuando yo era joven; hablábamos de que había que repartir gasto público —los de mi quinta se acordarán—: un 50% para la Administración General del Estado, un 25% para las comunidades autónomas y el restante 25% para los ayuntamientos. Las cosas no han funcionado así: las autonomías están rozando el 40%, la Administración General del Estado no llega ni de lejos a ese 25%, y los ayuntamientos están estancados en términos globales. Puede ser que eso sea utópico, pero lo que yo creo que no es utópico, y empieza a calar —como la tópica lluvia fina—, es que es imprescindible que el municipalismo deje de ser el pilar blando, el pilar débil de la estructura territorial del Estado. En esa línea yo creo que es posible y razonable confiar y trabajar. Ya le anticipo que mi grupo apoyará cualquier moción, cualquier iniciativa que tienda a fortalecer el municipalismo. Su moción va directamente en esa línea y, por ello, contará con nuestro pleno apoyo.

Además, consideramos que es oportuno el momento, porque por ahí circula no un anteproyecto sino un informe sobre la reforma de la Administración local, pendiente todavía de un proceso de informe del Consejo de Estado —aparentemente, si hacemos caso a lo manifestado por el ministro sobre un proceso de participación de la FEMP y de las organizaciones de ámbito territorial del municipalismo— y su contenido actual es, como mínimo, preocupante, si a eso se añade que respecto de las haciendas locales lo único que sabemos es lo que dice el señor Montoro —que correrá al mismo tiempo que la modificación de la financiación autonómica—. No tenemos más datos que ese, pero no tenemos ni idea de cuál va a ser el contenido de esa ley. Por ello, avanzar en esa línea, como hace su moción, lo consideramos importante.




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Nuestra enmienda de adición —evidentemente, la gente la acepte o no la acepte, nuestro grupo va a votar a favor—, dentro de intentar mejorar la moción en algún aspecto, lo que plantea es que al regular la ley se prevea que se conceda una cierta capacidad normativa a los ayuntamientos sobre los tributos compartidos y sobre otros tributos locales. En todo caso, enhorabuena por esta moción que hoy presentan en esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Belloch.

Tiene la palabra la senadora Sequera para indicar si acepta o no las enmiendas defendidas.

La señora SEQUERA GARCÍA: President, bé, de les esmenes que s’han presentat he de dir que com que les tres el que fan és enriquir encara més el text de la moció que vam presentar el meu grup, en principi les inclourem totes, les acceptem totes.

Dir que l’esmena presentada pel Grup Mixt, pels senadors d’Izquierda Unida, veritablement allò que fa és remarcar encara més el punt 1 i el punt 4, per tant, com que enriqueix encara més, creiem que és necessari acceptar-la.

En quant al Grup Basc, prenc nota de l’esmena presentada d’addició, l’acceptem i a partir d’ara, en qualsevol de les mocions que em toqui defendre, tindré en compte la singularitat del País Basc i la Comunitat Foral de Navarra per explicitar-ho.

I en quant a l’esmena presentada d’addició pel Grup Socialista, doncs perfecte. Jo havia fet un punt en la part dispositiva molt generalista, i en aquesta esmena s’aprofundeix encara més de quina manera es pot garantir aquest finançament.

Per tant, queden les tres admeses.

Presidente, debo decir de las enmiendas presentadas que como las tres lo que hacen es enriquecer todavía más el texto de la moción que presentó mi grupo, en principio, las aceptamos todas.

Quiero decir en cuanto a la enmienda presentada por el Grupo Mixto, por los senadores de Izquierda Unida, que verdaderamente lo que hace es remarcar todavía más los puntos 1 y 4. Por lo tanto, como lo enriquece, creemos que es necesario aceptarla.

Tomo nota de la enmienda de adición presentada por el Grupo Vasco, la aceptamos, y a partir de ahora, en cualquiera de las mociones que me toque defender tendré en cuenta la singularidad del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra para explicitarlo.

Respecto a la enmienda de adición presentada por el Grupo Socialista, diré que perfecto. Yo había incluido un punto en la parte expositiva muy generalista y en esta enmienda se profundiza todavía más sobre la forma en que se puede garantizar esta financiación.

Por lo tanto, quedan las tres admitidas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sequera.

¿Turno en contra?

Senador Sanz, tiene la palabra.

El señor SANZ CABELLO: Señor presidente, señorías, hay algo positivo en este debate y en todas estas iniciativas y es que en algo estamos de acuerdo su grupo y todos los grupos de esta Cámara: la Administración local necesita una reforma que garantice su viabilidad futura, tras casi treinta años de vigencia de la Ley de Bases del Régimen Local. Pero también queda cada día más claro que discrepamos sobre el camino para ello. Nosotros, señorías, hemos presentado un modelo para lograrlo: un informe al Gobierno que sienta las bases de una futura reforma.

Lo que sí me gustaría saber, a pesar de su moción, es cuál es el modelo que realmente defienden ustedes, además de la crítica y la demagogia. Hasta ahora, y tiene mérito, lo que conocemos de ustedes y de otros grupos de la Cámara es su anuncio de llevar al Tribunal Constitucional una ley que no existe. Yo le felicito, de verdad, sin duda, por su sincera voluntad de diálogo y consenso. Pero si pueden, ¿por qué no nos aclaran aquí su posición? ¿Acaso están ustedes en contra de clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades? ¿Acaso están ustedes en contra de racionalizar las estructuras de ayuntamientos y diputaciones de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera? ¿Acaso están ustedes en contra de garantizar un mayor control financiero y presupuestario, con un mejor y más




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eficaz ejercicio de las competencias? ¿Acaso les parece mal que no desaparezcan municipios ni se reduzca el número de concejales? ¿O acaso les parece mal la racionalización y la limitación de retribuciones de alcaldes y concejales, así como que se establezcan límites para el personal eventual?

Señorías, es que de eso, que es la verdadera reforma, no dicen nada, de eso no les interesa hablar. Claro, eso les llevaría a aplaudir la reforma y es algo que no está en su guión. Ustedes solo hablan de recortes en la autonomía local, de vaciamiento de competencias, de pérdida de puestos de trabajo, de privatización de servicios, pero pasa una cosa, señorías, que de eso no viene nada ni el texto, ni el informe, ni en nada que aparezca dentro del Gobierno. Lo que pasa es que sus premisas son falsas, que sus medidas se basan en argumentos inventados, y las consecuencias negativas son, sencillamente, irreales, señoría. Y es que no se puede traer una iniciativa a este Pleno basándose en noticias que dicen que han leído en los medios de comunicación, como usted reconocía en la interpelación cuando intervino. Así no se puede trabajar en serio, señoría. Lo serio es no precipitarse. Lo prudente es leerse los textos y lo responsable es abrirse al diálogo y no empezar a recoger firmas y a presentar recursos ante el Tribunal Constitucional sin que exista la ley. Esperen al menos el informe del Consejo de Estado para hablar de constitucionalidad. Pero ustedes ya se han tirado a la calle, como les gusta.

Si lo hubiesen hecho de verdad, hubiesen visto que la reforma apuesta por reforzar la autonomía local, señoría. Si lo hubiesen visto bien, llegarían a la conclusión de que lo que pretende la reforma es fijar las competencias propias de las corporaciones locales eliminando duplicidades o dotarlas de financiación suficiente para el ejercicio de sus competencias. Si lo hubiesen hecho, sabrían que, por primera vez, para las competencias delegadas por otras administraciones estarán obligadas a dotarse de la partida económica suficiente. Si lo hubiesen visto, también sabrían que no se vacía de competencia a ningún municipio por pequeño que sea. Si lo hubiesen hecho, señorías, hoy hubieran llegado a la conclusión de que existen garantías, de que, con esta reforma, competencia y financiación van unidas por primera vez.

Piden ustedes, señorías, garantías económicas y una ley de financiación local. Yo les digo lo que no vamos a hacer y es lo que hizo el anterior Gobierno, señorías: no hacer nada por los ayuntamientos y prometer una ley de financiación local para luego no presentarla, como aquí dijeron en su día los señores Zapatero, Rubalcaba y el vicepresidente Chaves. No hicieron nada. Por supuesto, sí queremos hacer las cosas bien y, por eso, en lugar de hacer como otros que no cambiaron una coma de la financiación local y ahora sí la piden, vamos a llevar a cabo los dos procesos a la vez: reformar las administraciones y financiarlas. No puede hacerse al revés. Por eso, no se concibe un sistema de financiación autonómica sin un nuevo sistema de financiación local.

En definitiva, aunque su posición tradicional les lleva a decir no a todo, antes incluso de conocer la ley e incluso antes de que se redacte, tendrán que coincidir con nosotros en que el ciudadano reclama una Administración local más eficiente, más barata, más transparente y con servicios de más calidad. Yo sé que su política ha sido cruzarse de brazos, y así nos ha ido. La nuestra va a seguir siendo apostar por una reforma local que logre esos objetivos.

Señorías, ojalá rectifiquen y se sumen al consenso, aún tienen tiempo. De ustedes depende aclarar si siguen en la demagogia o en el engaño, pero este grupo, mientras tanto, les seguirá tendiendo la mano para dialogar y poder llegar a acuerdos. Ustedes sabrán lo que hacen.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Dentro de lo lamentable que está siendo el debate en torno a esta materia, a esta propuesta de reforma de la Ley de régimen local, creo que los grupos de la oposición tenemos que sentirnos satisfechos de alguna cosa. Tenemos que sentirnos satisfechos de que el Gobierno, con relación a su propuesta inicial, vaya en retirada. Va tan en retirada que a día de hoy, después de ocho borradores —que sepamos— de proyecto de reforma, todavía no contamos con un borrador que podamos dar como último, y ello tras una cabriola de escrupuloso respeto a la legalidad vigente y




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al funcionamiento del sistema político y administrativo e incluso después de que en rueda de prensa se anuncie que el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de reforma local. Lo habrá aprobado, pero todavía no ha llegado al consejo consultivo. Cuando entre en el consejo consultivo sabremos cuáles son los contenidos últimos, después de cómo mínimo —e insisto en ello— ocho borradores que el Gobierno mantiene como propuesta de reforma del régimen local.

El discurso del Gobierno comenzó con el primer borrador planteando que Europa —otra vez Europa— exigía un adelgazamiento de la Administración local, que sobraban no sé cuántos municipios, que sobraban no sé cuántos alcaldes y concejales. No tengo el dato de en qué borrador cayó todo esto, pero cayó, y me felicito de que así fuera. Al final, por lo que podemos intuir de esa propuesta inicial, el Gobierno olvida ya la parte de justificación del gasto y del coste económico. La democracia no es gratis, y la dictadura, la falta de democracia y libertades son siempre mucho más caras.

Mantiene la parte más ideológica, tras los ocho borradores. Mantiene la parte que busca, por un lado, una recentralización también del poder local. Aquí, con el funcionamiento del Gobierno de Mariano Rajoy hemos creado un supercomisario político que se llama señor Montoro, ministro de Hacienda. El supercomisario político ha establecido ya el comisariado sobre las comunidades autónomas a partir de los cambios legislativos y de los diferentes planes de rescate, entre comillas, a las comunidades autónomas, estableciendo una intervención directa sobre las finanzas y la ejecución de sus presupuestos. Con esta reforma se da un paso más, y el supercomisario político, que ya ha empezado a controlar a los ayuntamientos con el plan de pago a proveedores, ahora, con esta reforma, los comisariará completamente —recentralización por tanto—, convirtiendo de alguna manera a los ayuntamientos en una especie de delegaciones locales del Gobierno central, delegaciones locales del Ministerio de Hacienda, más allá de las que ya existen.

Y el segundo contenido ideológico, que al parecer se mantiene en ese nebuloso proyecto aprobado por el Consejo de Ministros, es que va a haber menos servicios, menos competencias en los ayuntamientos y, al albur de esa figura atípica del coste estándar de los servicios, se impondrán privatizaciones en unos casos o en otros la transmisión, que no trasferencia, de la competencia a órganos superiores como son las diputaciones.

Y si hay algo obsoleto, si hay algo que debiera desaparecer, si hay algo anómalo y heredado y no muy democrático, incluso en su proceso de elección, son precisamente las diputaciones provinciales. Si quieren ustedes cambiar el régimen local desde una perspectiva de más transparencia, más democracia e incluso, en la medida de lo posible, de ahorros económicos, prescindan de las diputaciones provinciales.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente.

Señorías, voy a empezar por el final, haciéndole una precisión al senador Iglesias. Algunas diputaciones, senador, porque hay otras diputaciones en las que se eligen uno a uno, juntero a juntero, tienen gobierno y cámara que las respalda y las controla. Podemos estar de acuerdo o no, pero también con respecto a lo del Senado, y por eso no vamos a discutir ese tema.

A la señora Sequera quiero hacerle una reflexión. De nuevo, una vez más, nosotros queremos hacer referencia, como ha hecho ella, a la Carta Europea de la Autonomía Local, que es el documento que tiene que guiar y que tiene que ser imprescindible en cualquier cambio, en cualquier desarrollo normativo referente al mundo local. Yo creo que no hay otra salida en cuanto a su autonomía de organización, en cuanto a, por supuesto, su financiación, pero también incluso en temas tan importantes para la dignificación de la institución, que buena falta nos hace, y de los electos locales, y al final, visto cómo está el ambiente, resulta que la culpa de todo la tienen los concejales, y son, yo creo, la única ONG que sobrevive en el mundo de la política con estatuto de electos, con códigos éticos, incluso con justicia y dignidad en las retribuciones, porque hablamos de recortarlas y quizás tendríamos que hablar de retribuir a muchas personas que trabajan muchísimas horas, que aguantan a muchísimos de sus vecinos, que ahora no cobran nada, y que son la inmensa mayoría de la gente que se dedica a la gestión en la Administración local.

Por lo tanto, en la parte resolutiva de esta moción se tiene en cuenta todo lo que dice la Carta Europea de la Autonomía Local y, por ello, nosotros no podemos más que votar que sí.




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Quiero referirme también al representante del Partido Popular. Si, como ha dicho el senador Iglesias, la última versión recoge lo que él dice, estamos absolutamente de acuerdo. Lo que ya no sé es si mi grupo tendrá que volver a presentar una enmienda para recordar la especificidad foral de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra. Quizá en esta Cámara no, pero le aseguro que en la otra Cámara ya se está haciendo desde el primer proyecto porque, vuelvo a repetir, eso no está en el ADN del Partido Popular.

Por tanto, como ha dicho el senador Saura, y lo vuelvo a mentar, mientras eso siga siendo así, seguiremos discutiendo las mismas cosas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora Sequera.

La señora SEQUERA GARCÍA: Gràcies, senyor president.

Senador Sanz, crec que no m’ha entès molt bé la meva intervenció d’abans. Vull aclarir-li un tema que ja he exposat en la meva intervenció anterior. El motiu de la moció és contribuir, abans que s’aprovi l’avantprojecte, a posicionar al meu partit en allò que no trobem correcte de l’avantprojecte i amb allò que nosaltres trobem a faltar en l’avantprojecte. Per tant, si tingués molt més temps sí que entraria a dir d’allò que s’ha modificat què és el que sí que ens interessa.

Per altra banda, jo entenc que el seu partit li hagi donat la consigna que això s’ha de votar en contra, però siguin coherents. Li aconsello la lectura d’un article del diari El País, a la pàgina 19, on parla que molts alcaldes i barones del PP acuerdan hacer una rebelión contra la reforma local. I, aprofitant les paraules del president Rajoy que va dir aquí ahir en aquesta Cambra, el diàleg no es pot dur a terme si les dues parts no volen dialogar. I aquí el que estic intentant fer és, precisament, utilitzar això, el diàleg, per fer saber al ministre Montoro quin és el posicionament del meu partit davant d’aquesta reforma local.

Per tot això, senyoria, si vostè fos un alcalde i jo fos la ministra d’Hisenda i Administracions Públiques i li digués: ara et faré una llei per donar-te més finançament per poder fer les teves competències i et donaré les garanties perquè les puguis fer, vostè em diria que no, que no la vol? O si jo li digués: faré una llei amb què et reforçaré la teva autonomia local per a la defensa dels interessos dels teus vilatans, vostè em diria que no la vol? O si jo li digués: com a administració estatal jo he de respectar les lleis que estan en vigència i que emparen la Llei de la Carta Municipal de Barcelona, vostè creu que jo no ho hauria de fer com a Administració de l’Estat, respectar una llei? Si jo li digués: la cessió de les competències que tu tens com alcalde a una altra administració local, faré que tu puguis decidir si les vols traspassar o no, em diria vostè que no, que ho dictamini jo?

Crec que els senadors que estan aquí i venen del món local, que estan en un ajuntament —ja ho he dit abans, és igual del color polític que siguin—, saben que els ajuntaments necessiten les garanties pel finançament per poder dur a terme les seves competències, que la legislació vigent en l’Estat els legitimi com a tals per poder-ho fer, i no crec que la moció que hem presentat vagi en contra de cap alcalde ni de cap regidor per poder tirar endavant les seves tasques.

Per tant, en el meu torn, que ja gairebé no hem queda espai, el que sí que li volia remarcar és que els ajuntaments no han contribuït al dèficit públic ni a l’endeutament públic. En el 2012 va suposar un 0,3% del PIB i en el 2013-2015 un 0% del PIB. Això suposa que el 14% de la despesa pública global és dels ajuntaments, la resta és d’altres estaments de l’Administració, i que el 4,1% del deute públic de l’Estat també és insignificant en relació amb el d’altres administracions.

Demanem que les competències siguin compartides, en tot cas, com aportació al nou redactat. Això permetrà un estalvi i garantirà la prestació eficient dels serveis; cal establir quines competències municipals i el seu correcte funcionament i finançament per tal de garantir l’autonomia local. Volem remarcar que els ajuntaments són els que millor poden oferir els serveis de proximitat en l’àmbit de la salut, de l’educació i dels serveis socials; que les diputacions haurien de ser les administracions de suport i assistència als municipis i, sobretot, demanem respecte institucional per tal d’afrontar aquesta reforma; que aquesta reforma es pugui afrontar des del consens de les parts.

Gràcies.




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Gracias, señor presidente.

Senador Sanz, creo que no me ha entendido bien, y voy a aclararle una cuestión que ya he expuesto en mi anterior intervención. El motivo de esta moción es, antes de que se apruebe el anteproyecto, posicionar a mi partido en aquello que no hallamos correcto y en lo que echamos de menos; si tuviera más tiempo, le hablaría de lo que se ha modificado, que es lo que nos interesa.

Por otro lado, entiendo que su partido le haya dado la consigna de que esto se debe votar en contra, pero sean coherentes. Y le aconsejo la lectura de un artículo del periódico El País, página 19, donde dice que muchos alcaldes y barones del PP acuerdan hacer una rebelión contra la reforma local. Aprovechando las palabras del presidente Rajoy ayer en esta Cámara, el diálogo no se puede realizar si ambas partes no quieren. Y lo que estoy intentando es precisamente a utilizar el diálogo para hacer saber al ministro Montoro cuál es la posición de mi partido respecto a esta reforma local.

Por todo ello, señoría, si fuera usted alcalde y yo fuera la ministra de Hacienda y Administraciones Públicas y le dijera: haré una ley para darte más financiación, para desarrollar tus competencias, y te daré las garantías necesarias para poder llevarlas a cabo, ¿usted me diría que no la quiere? O si le dijera: voy a hacer una ley en la que reforzaré tu autonomía local para la defensa de los intereses de tus ciudadanos, ¿usted me diría que no la quiere? O si yo le dijera: como administración estatal debo respetar las leyes vigentes que amparan la Ley de la Carta Municipal de Barcelona, ¿cree que no debería respetar una ley como Administración del Estado? Y si yo le dijera: haré que puedas decidir si quieres traspasar o no la cesión de las competencias que tienes como alcalde a otra Administración local, ¿usted me diría que no, que lo dictamine yo?

Creo que los senadores aquí presentes vienen del mundo local y, como he dicho antes, da igual del color político que sean, saben que en los ayuntamientos necesitan garantías y financiación para poder desarrollar sus competencias, que les legitime como tal la legislación vigente en el Estado para poderlo realizar, y no creo que la moción que hemos presentado vaya en contra de ningún alcalde ni de ningún regidor para llevar a cabo sus tareas.

Por tanto, casi no me queda tiempo, pero quiero remarcar que los ayuntamientos no han contribuido al déficit ni a la deuda pública. En 2012 supuso un 0,3% del PIB y en 2013-2015 un 0% del PIB. Esto supone que el 14% del gasto público global es de los ayuntamientos y el resto es de otros estamentos de la Administración, y que el 4,1% de la deuda pública del Estado también es insignificante con relación a la de otras administraciones.

Pedimos que las competencias sean compartidas en todo caso como aportación al nuevo redactado. Esto permitirá un ahorro y garantizará la prestación eficiente de los servicios que se deben establecer, y qué competencias municipales y su correcto funcionamiento y financiación para garantizar la autonomía local. Queremos remarcar que los ayuntamientos son los que mejor pueden ofrecer los servicios de proximidad en el ámbito de la salud de los servicios sociales, que las diputaciones deberían ser las administraciones de apoyo y asistencia a los municipios, y sobre todo pedimos respeto institucional para que esta reforma se pueda afrontar desde el consenso de las partes.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sequera.

Por el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Moltes gràcies, senyor president.

Vagi per endavant que recolzarem la proposta, la moció que presenta Entesa i que jo crec que també ha estat enriquida, com deia la seva portaveu, amb algunes aportacions complementàries d’altres grups parlamentaris. Jo crec que és encertat pel següent. La primera intervenció que vaig fer en aquesta Cambra ara fa més d’un any va ser una interpel·lació al ministre Montoro sobre aquesta qüestió, i, conseqüència d’aquella interpel·lació, vam aprovar una moció —jo crec que ha estat de les poques que hem assolit aprovar—, que instava al Govern precisament a fer una modificació, en aquell moment, de la Llei de bases, i a la vegada de la Llei d’hisendes locals.

En aquella interpel·lació insistíem, i ho tornaré a fer en aquesta, que aquestes dues modificacions són paral·leles, és absolutament necessari fer-les a la vegada. Aquí hi ha alcaldes i regidors, s’ha dit, però fins i tot els que no són alcaldes i regidors i tenen un mínim coneixement de l’Administració local, saben que aquesta té diferents problemes, però que els podríem centrar en




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dos, i un no és més important que l’altre ni l’altre més important que el primer. I són un tema de competències i un tema de finançament. Si algú pensa que els problemes que té l’Administració local és simplement de delimitació i clarificació de competències, va equivocat. El problema és de delimitació de competències, el problema és de competències impròpies, però el problema també és de finançament. I si algú pensa que el problema de les competències impròpies es resol dient que no s’han de prestar aquestes competències és que tampoc no coneix la realitat municipal, perquè en alguns casos si aquestes competències no les presten els ajuntaments, no les presta ningú.

Per tant, a vegades, la solució a les competències impròpies és prohibir que els ajuntaments les exerceixin, d’acord; però en moltes ocasions és buscar finançament, ja sigui del nivell d’Administració que li correspon fer i no la fa, o d’altres vies, per poder tirar endavant aquestes competències impròpies.

Ahir sentíem al ministre Montoro que deia: no es preocupin, senyors senadors, que la reforma del finançament local serà paral·lela a la reforma del finançament autonòmic. I jo sento això i em començo a preocupar, perquè no té res a veure; perquè ja s’ha reformat el sistema de finançament autonòmic en altres ocasions i no s’ha fet reforma del finançament local. La reforma del finançament local ha de ser paral·lela a la modificació de les competències de l’Administració local, de la racionalització, de la sostenibilitat, de tot allò que vostès vulguin, ara, si només fan una llei en aquest àmbit i no doten de recursos financers a les corporacions locals, tornarà a ser un absolut fracàs. Per tant, el paral·lelisme en la tramitació parlamentària que requereix la Llei d’hisendes locals és amb la de l’àmbit competencial, no la del finançament de les comunitats autònomes, que no té res a veure.

Hi ha línies i hi ha algú que diu que és que no saben quin és el seu model. A mi ara aquí em queda un minut i onze segons i no els puc explicar en un minut i onze segons quin és el nostre model, però els asseguro que la nostra formació política té un model clar; i un model clar en l’àmbit competencial i un model clar en l’àmbit del finançament de les corporacions locals, i els l’explicarem quan creguem convenient.

Algunes de les esmenes que s’han incorporat a nosaltres ens semblen absolutament encertades, concretament, dues. En primer lloc, la del Grup Socialista, perquè és un pas molt endavant que hi hagi potestat tributària també per a les corporacions locals, ens sembla molt bé, ens sembla molt encertat; s’hauria de regular, és complicat, però ens sembla adequat. En segon lloc, la que presenta el senador Iglesias en nom del Grup Mixt, en què les transferències condicionades deixen de tenir pes per tenir més pes les transferències incondicionades; absolutament d’acord. Aquí hi ha alcaldes, algú de vostès em pot dir quantes subvencions tramita el seu ajuntament, subvencions més petites o menys petites, a altres administracions, condicionades a una inversió, condicionades a alguna despesa en concret? Moltíssimes, per tant, aquestes s’han de reduir.

En tot cas, ens sembla un encert. Votarem la seva moció i desitgem que sí que es pugui tramitar aquesta llei, aquest informe, però també un altre informe que encara no existeix, i que hauria d’existir, sobre el finançament local.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Vaya por delante que daremos nuestro apoyo a la propuesta de la moción que presenta Entesa y que yo creo que también ha mejorado, como decía su portavoz, con alguna de las aportaciones complementarias de otros grupos parlamentarios. Y considero que es acertado por lo siguiente. La primera intervención que realicé en esta Cámara, hace ahora más de un año, fue una interpelación al ministro Montoro sobre esta cuestión, y como consecuencia de aquella interpelación aprobamos una moción —creo que de las pocas que hemos conseguido aprobar— en la que se instaba al Gobierno precisamente a hacer una modificación de la Ley de bases y de la Ley de haciendas locales.

En aquella interpelación insistía, y volveré a hacerlo en esta, en que estas dos modificaciones son paralelas, son absolutamente necesarias y hay que hacerlas al mismo tiempo. Aquí hay alcaldes y regidores, pero incluso quienes no son ni alcaldes ni regidores, pero tienen un mínimo conocimiento de la Administración local, saben que esta tiene diferentes problemas, que se




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podrían centrar en dos, y uno no es más importante que otro. Son un tema de competencias y otro de financiación. Si alguien piensa que los problemas que tiene la Administración local son simplemente de delimitación y clarificación de competencias, está equivocado. El problema es de delimitación de competencias, el problema es de competencias impropias, pero también lo es de financiación. Y si alguien piensa que el problema de las competencias impropias se resuelve diciendo que estas competencias no se deben prestar, es que tampoco conoce la realidad municipal, porque en algunos casos si estas competencias no las prestan los ayuntamientos, no las presta nadie.

Por tanto, a veces la solución de las competencias impropias es prohibir que los ayuntamientos las ejerzan y en muchas ocasiones también es buscar financiación, ya sea por parte de la Administración que le corresponde hacerlas y no lo hace, ya sea de otras vías. Hay que buscar financiación para llevar a cabo estas competencias impropias.

Ayer oíamos decir al ministro Montoro que no nos preocupáramos porque la reforma de la financiación local se hará de forma paralela a la de la financiación autonómica, pero cuando yo oigo esto me empiezo a preocupar porque una y otra cosa no tienen nada que ver; porque ya se ha reformado el sistema de financiación económica en otras ocasiones y no se ha hecho reforma de la financiación local. La reforma de la financiación local debe ser paralela a la modificación de las competencias de la Administración local, de la racionalización, de la sostenibilidad, de todo lo que quieran; ahora bien, si solo se hace una ley en este ámbito y no se dota de recursos financieros a las corporaciones locales, volverá a ser un absoluto fracaso. Por lo tanto, el paralelismo en la tramitación parlamentaria que requiere la Ley de financiación de haciendas locales es con la del ámbito competencial, no con la de la financiación de las comunidades autónomas que no tiene nada que ver.

Hay quién dice: hay distintas líneas y no saben cuál es su modelo. A mí me queda un minuto y doce segundos y no les puedo explicar en un minuto y doce segundos cuál es nuestro modelo, pero les aseguro que nuestra formación política tiene un modelo claro; un modelo claro en el ámbito competencial y un modelo claro en el ámbito de financiación de las corporaciones locales y se lo explicaremos cuando creamos conveniente.

Algunas de las enmiendas que se han incorporado a nosotros nos parecen totalmente acertadas, concretamente dos. En primer lugar, la del Grupo Socialista, porque es un paso muy fuerte que haya potestad tributaria también para las corporaciones locales, y nos parece muy bien y muy acertado; se debería regular, es complicado pero nos parece adecuado. Y en segundo lugar, la que presenta el senador Iglesias en nombre del Grupo Mixto, en la que las transferencias condicionadas dejan de tener peso para tener más las transferencias incondicionadas, con lo que estamos totalmente de acuerdo. Aquí hay alcaldes, ¿alguien de ustedes me puede decir cuántas subvenciones tramita su ayuntamiento, subvenciones más o menos pequeñas a otras administraciones condicionadas a una inversión, condicionadas a algún gasto concreto? Muchísimas, por lo tanto estas se deben reducir.

En todo caso, nos parece un acierto. Votaremos su moción y deseamos que sí se pueda tramitar esta ley, este informe, pero también el otro informe que todavía no existe y que debería existir sobre la financiación local.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Belloch.

El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias, presidente.

Antes que nada, agradezco la generosidad de Entesa de aceptar la enmienda de adición que hemos planteado.

Quisiera empezar mi intervención haciendo dos pequeños recordatorios. Recordarán sus señorías que en febrero del año pasado se aprobó por esta Cámara una moción en la que se decía de manera concreta que antes de terminar el año 2012 el Gobierno tenía que presentar un proyecto de ley de haciendas locales. Estamos en abril y, efectivamente, de eso no ha habido nada, se ha incumplido ese compromiso político que implicaba la moción.

Además, aunque parezca un tema menor o formal hay otro incumplimiento, un incumplimiento reglamentario, concretamente del artículo 178 del Reglamento del Senado, que prevé de manera




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expresa que el Gobierno una vez haya tenido noticia de la moción debe, en un plazo máximo de seis meses, o cumplirla o dar cumplida noticia de las causas que lo han impedido. Tampoco se ha cumplido y, por lo tanto, hay dos incumplimientos.

En mi opinión, en la opinión de mi grupo, no son incumplimientos menores. Estamos en un momento en que en todos, desde el portavoz de mi grupo al propio presidente del Senado y los senadores, hay un amplio consenso para llevar a cabo una reforma seria y en profundidad del Senado, que es lo único que podrá justificar su mantenimiento en el futuro. Que entre tanto el Gobierno incumpla con sus obligaciones para con esta Cámara no ayuda en modo alguno a crear ese clima de consenso.

El segundo tema que quería plantearles es simplemente una constatación. Yo no conozco ningún senador —máxime, a fortiori, si se trata de personas con pasado o presente municipalista— que no esté de acuerdo en la defensa a ultranza de la autonomía local; no conozco a ningún senador, a fortiori, si se trata de personas con tradición o presente municipalista, que no sepa que sin una financiación suficiente la autonomía carece de sentido; tampoco conozco a ningún municipalista de ningún ámbito, senador o no, que no trate de defender sus competencias puesto que en definitiva son las que justifican y determinan su capacidad de autonomía. Pues bien, si estamos de acuerdo en todo, hasta estamos de acuerdo en que tampoco los Gobiernos socialistas hicieron lo que había que hacer, ¿cómo es posible que no lleguemos a actuar conjuntamente ni siquiera en los temas en que estamos todos de acuerdo? Si predominara el sentido común, parece evidente que esa moción debería aprobarse por unanimidad y me temo —lo ha anticipado el portavoz del Partido Popular— que no va a ser así.

Terminaré con dos notas políticas sobre cómo aborda este proceso el Grupo Parlamentario Socialista. La primera de ellas es que pensamos que en términos institucionales deben tratarse de manera homogénea todas las Administraciones públicas cuyos Gobiernos están legitimados democráticamente por un proceso electoral, de manera sustancialmente homogénea o, dicho de manera más clara y sencilla, acabemos de una vez con una especie de inconsciente colectivo según el cual la Administración General del Estado jugaría en primera división, las comunidades autónomas en segunda, y los ayuntamientos en tercera. Jugamos, y esa va a ser la perspectiva del Grupo Parlamentario Socialista, todos en la misma liga, con los mismos derechos, con las mismas obligaciones, con las mismas responsabilidades.

Y la segunda observación. El municipalismo siempre ha tenido una serie de valores que respetamos todos: su capacidad de proximidad, de cercanía, de transparencia, de fomento de la participación ciudadana… Son virtudes que yo creo que todos sabemos que son ciertas y que son útiles en todo momento. Creo que hoy, cree mi grupo, en un clima de desafección hacia la política y frente a las instituciones, esas virtudes tradicionales se convierten en imprescindibles. Por eso, quiero terminar diciendo que espero que todos, esta Cámara, las Cortes Generales, los grupos parlamentarios, los partidos políticos y, especialmente, el Gobierno, tomen buena nota de que los ayuntamientos somos, seguimos siendo, la garantía de cohesión social y de cohesión territorial.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Belloch.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Sanz.

El señor SANZ CABELLO: Gracias, señor presidente.

Señoría, le repito que estamos ante un borrador, un simple informe, ni siquiera un anteproyecto y, por tanto, estamos en tiempo, estamos en fase de elaboración; aún no se ha reunido la CNAL, aún no hay informe del Consejo de Estado, ayer mismo la FEMP remitió sus alegaciones al futuro texto y ustedes ya piden —ayer en la FEMP, hoy aquí y en otros plenos— que se retire un texto que no ha nacido, y ya hablan de inconstitucionalidad.

Por ello, señorías, quiero decirles y pedirles que no se precipiten, que tenemos tiempo y oportunidad, si quieren, de mejorar el texto.

Señor Belloch, es verdad que nada se ha movido, nada ha cambiado y que los ayuntamientos siguen siendo el pilar débil de la estructura territorial, pero desde luego el Partido Socialista tiene la inmensa responsabilidad de no haber hecho absolutamente nada, ni mejorar las competencias ni concretarlas ni garantizar la financiación local, ningún año de los que ha gobernado. Tiene razón, pero dígaselo a los líderes del Partido Socialista, al señor Zarrías o al señor Griñán, porque




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sí es verdad que todos estamos de acuerdo, incluso estuvieron de acuerdo el PSOE y el PP, pero una reunión del Comité Federal del PSOE, por la falta de liderazgo interno en su partido y por su crisis interna, tumbó ese acuerdo que había entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Por tanto, será responsabilidad del Partido Socialista que hoy no haya acuerdo, aunque usted diga que hay mucho acuerdo, pero precisamente la crisis interna del PSOE se cargó ese acuerdo.

Senador Bel, es verdad, es la primera vez que se habla de competencias y financiación. Pero además se habla de las dos cosas que hay que hablar: una, de competencias y financiación a la vez y otra, también imprescindible, es que cuando hablemos de redistribución de competencias de las corporaciones locales también hablemos de financiación autonómica y, por tanto, a la vez que vayamos hablando de competencias y financiación, hay que hablar de financiación autonómica y financiación local. Es la primera vez que un Gobierno toma la iniciativa y creo que es un ejercicio valiente, que en lugar de criticar hay que aplaudir en la Cámara.

Por eso, les pido en esta tribuna que dejen de confundir al ciudadano y de crear falsas alarmas, porque una cosa es lo que dicen, incluso recogiendo firmas por la calle, haciendo anuncios de inconstitucionalidad, y otra que, escuchando a la senadora Sequera, con los objetivos comunes, ustedes tendrían que aplaudir la ley. Podrían votar perfectamente la ley, salvo que se inventen el texto que no existe y entonces podremos entrar claramente en discrepancias.

Lo que es innegable, señorías, es que por fin hay un Gobierno, como decía, valiente, que pone en marcha las reformas que desde hace muchos años vienen pidiendo todas las corporaciones locales, todo el mundo local; lo que es innegable, además, es que esta reforma soluciona cuestiones históricas demandadas por los ayuntamientos, como las competencias impropias, como las competencias delegadas o como las insuficiencias en la financiación de las propias competencias.

Fíjense, defienden la igualdad y el derecho de todos a una prestación eficaz de servicios. Eso se introduce en aquellos sitios donde no se pueda garantizar la prestación de un servicio público y, por tanto, puedan entrar en desigualdad las diputaciones y ahora quieren, eso sí, quitar de en medio a las diputaciones. Lo que no se puede es tener una posición en las diputaciones cuando gobiernan y mandan en ellas y cuando no gobiernan y no mandan en ellas pedir su retirada y su supresión. (Aplausos.) Eso no es serio, eso no es sensato, señoría. Y le digo lo mismo a Izquierda Unida, que le gusta hacer pactos de despacho para gobernar en las diputaciones y ahora dice que hay que quitarlas. Eso no es sensato, eso no es coherente.

Lo mismo ocurre cuando hablan de privatización. Ni un solo artículo de la ley favorece la privatización ni la menciona. Por cierto, ustedes no son un ejemplo. Si quieren, en otro debate nos retamos a poner ejemplos de las privatizaciones y externalizaciones de servicio en todos los ayuntamientos de España que está haciendo la izquierda, encabezada por el Partido Socialista, y les garantizo que los ayuntamientos del PSOE son los primeros y los que más externalizan y privatizan servicios como el agua, la limpieza, servicios sociales, educación, etcétera. Por tanto, no tomen el pelo a esta Cámara. Ustedes no pueden hablar de privatizaciones porque no están legitimados, son los primeros que las ponen en marcha y, además, se inventan lo que no dice el texto. Señoría, cuando quiera comprobamos eso.

Insisto, señoría, sus críticas confunden. Pero lo llamativo es que frente a sus críticas fáciles, hoy no nos hayamos dado cuenta, cuando desde algún grupo político se critica a esta ley, de que ayer mismo se anunciaba una ley catalana de gobiernos locales que incluye prácticamente las mismas medidas que está planteando el Gobierno. A nosotros se nos acusa de inconstitucionalidad y, sin embargo, si uno analiza la ley del Gobierno en Cataluña, ve que son los mismos ejes, prácticamente las mismas propuestas y los mismos objetivos. Por tanto, seamos coherentes. No se puede criticar un modelo porque lo hace el PP y luego desarrollarlo en otras comunidades.

También nos piden en la moción que se respete el régimen especial del municipio de Barcelona, y le digo que por supuesto que sí, y el de Madrid, y el de la autonomía local, y las competencias de las comunidades autónomas. Vía enmienda también nos piden respeto a las singularidades forales de los territorios históricos, de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra, y me remito a la resolución habida en el debate sobre el estado de la nación.

Pero lo que sorprende, señorías, y con ello termino, es que aquí nadie haya hablado de la valentía y de la eficacia de un Gobierno, que es el Gobierno del Partido Popular, que además de esta reforma, que es valiente, está aplicando medidas para resolver la situación financiera de los




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ayuntamientos; sorprende ver que aquí nadie hable de medidas tan importantes como los planes de pago a proveedores; sorprende ver que nadie hable del aplazamiento de las devoluciones de la PIE; sorprende ver que nadie hable del incremento de un 21% en la PIE que se ha producido este año, o sorprende que nadie haya valorado, habiendo tantos alcaldes, salvo que le interese a otro ocultar la posibilidad, utilizar los remanentes positivos de tesorería…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor SANZ CABELLO: …para inversiones locales, algo muy esperado por todos los alcaldes, y por supuesto por los de esta Cámara, para hacer inversión.

Por lo tanto, habrá que valorar no solo la reforma, sino que habrá que valorar claramente cómo el Gobierno está tomando la iniciativa para de manera definitiva, y como nunca, resolver la situación económica de los ayuntamientos, que, por cierto, en buena parte y de manera responsable hemos tenido que heredar por la mala gestión del Partido Socialista.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.

Llamen a votación.

Señorías, les anuncio que, de acuerdo con los portavoces de los grupos, no vamos a interrumpir el Pleno. Por lo tanto, continuaremos, después de esta votación, con la última moción consecuencia de interpelación. Se debatirán también las dos primeras mociones del Grupo Parlamentario Popular, y se votará acumuladamente al final de la segunda moción del Grupo Parlamentario Popular. (Rumores.)

¿A quién no le ha quedado claro? ¿Lo vuelvo a repetir? (Asentimiento.) Lo voy a volver a repetir. De acuerdo con la Mesa y Junta de Portavoces, no se va a interrumpir el Pleno. Vamos a votar ahora la moción consecuencia de interpelación que se acaba de debatir; posteriormente se debatirá la moción consecuencia de interpelación que queda, y entraremos en el debate de las dos primeras mociones del Grupo Parlamentario Popular. Al acabar esa segunda moción del Grupo Parlamentario Popular, votaremos, acumuladamente, todas las que no se hayan votado.

¿Queda claro? (Asentimiento.)

Muchas gracias.

Votamos, pues, la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya con la incorporación de las enmiendas aceptadas de los grupos parlamentarios Mixto, Vasco en el Senado y Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 95; en contra, 147.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

6.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS SOBRE EL CARÁCTER SOCIAL DEL AJUSTE PRESUPUESTARIO QUE HA IMPULSADO, ESPECIALMENTE EN ASUNTOS SOCIALES Y DEPENDENCIA.

(Núm. exp. 671/000064)

AUTOR: GPCIU

El señor presidente da lectura al punto 6.3.

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

A esta moción consecuencia de interpelación, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, y otra del Grupo Parlamentario Socialista.(Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor. Hasta que no haya silencio en el hemiciclo no vamos a comenzar el debate. (Pausa.)

Muchas gracias.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos, el senador Cleries.




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El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, esta moción consecuencia de interpelación, por un lado, pretende modificar las prioridades del Gobierno del Estado relativas a la flexibilización del objetivo del déficit, de tal forma que quede repartido en función del gasto público que tiene cada una de las administraciones, porque, si no, además se verá agravado, porque la drástica reducción de partidas que el Estado hace de aportación a las comunidades autónomas está afectando al Estado del bienestar. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.—Continúan los rumores.) Por tanto, el primer punto pretende la flexibilización del déficit y repartir esta flexibilización de forma que sirva para el conjunto de las comunidades autónomas…

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, disculpe un momento, por favor.

Señorías, guarden silencio. Si no, si quieren hablar, salgan del hemiciclo. (Pausa.) Gracias.

Continúe, señoría.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: ... i d’una altra banda, que hi hagi també aquesta aportació de l’Estat a les partides que pot fer.

El segon punt de la moció fa referència a que l’Estat, de forma unilateral, va retirar el nivell acordat d’aportació de la Llei de la Dependència. Demanem que l’Estat compleixi la llei i que faci la seva aportació en el nivell acordat. D’una altra banda, també cal reformar el finançament de l’atenció a la dependència amb una aportació que es correspongui amb el cost de la vida de cada comunitat, i amb el cost del servei. Per últim, en aquest apartat, que l’Estat mantingui la cotització de la Seguretat Social dels cuidadors no professionals.

El tercer punt fa referència a transferir a les Comunitats Autònomes els recursos corresponents per mantenir els centres especials de treball i, d’una altra banda, la inserció a l’empresa ordinària de les persones amb discapacitat, atès que l’Estat ha reduït aquestes partides en un 56%.

El quart punt és revisar conjuntament amb les Comunitats Autònomes les transferències de recursos que l’Administració General de l’Estat ha reduït i suprimit, i que anaven destinats a programes i conceptes en matèries de sanitat i serveis socials. Aquí, especialment, fa referència a totes les partides que serveixen per finançar les administracions locals en els serveis socials d’atenció primària o d’atenció bàsica. Per tant, aquesta reducció tan gran que hi ha hagut per part de l’Administració General de l’Estat s’ha de restituir per tal que es puguin mantenir aquestes transferències.

Finalment, un tema que sempre ens anem trobant. S’han anat transferint al llarg dels darrers 35 anys competències a les Comunitats Autònomes i l’Administració General de l’Estat no ha reduït l’administració. Tenim una duplicitat amb molts ministeris de l’Estat, i un de característic és el de Sanitat i Serveis Socials. Després que moltes de les competències són competència exclusiva de les Comunitats Autònomes, ara ens trobem que l’Estat segueix mantenint la mateixa administració. Per tant, reclamem, en aquest apartat cinquè de la moció, que hi hagi una reducció de les estructures administratives de l’Estat.

És, per tant, una moció constructiva, amb voluntat que la Llei de la Dependència es compleixi; que puguem mantenir els serveis socials, en un moment de crisi econòmica ―i sempre, però en un moment de crisi econòmica més― i alhora també que l’Estat reconegui que ha fet unes transferències a les Comunitats Autònomes i que, per tant, la duplicitat que significa l’Administració de l’Estat ―en cap cas les Comunitats Autònomes ni les administracions locals― sigui aprimada; i que aquest aprimament de l’Administració General de l’Estat serveixi també per a tenir més recursos per a mantenir un tret característic d’un país que vol ser europeu. Per a ser europeus també ens ha de caracteritzar mantenir l’estat del benestar. Hem lluitat molt per a tenir-lo i ara, en poc temps, podríem fer un retrocés que seria irrecuperable.

Moltes gràcies.

… y, por otro lado, que se produzca la aportación del Estado a las partidas que puede atender.

El segundo punto de la moción hace referencia a que el Estado de forma unilateral retiró el nivel acordado de aportación de la Ley de dependencia y pedimos que el Estado cumpla la ley y haga la aportación del nivel acordado. Por otro lado, se trata de reformar la financiación de la atención a la dependencia con una aportación que se corresponda con el coste de vida de cada




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comunidad y con el coste del servicio. Por último, en este apartado solicitamos que el Estado mantenga la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales.

El tercer punto hace referencia a transferir a las comunidades autónomas los recursos correspondientes para mantener los centros especiales de trabajo y, por otro lado, también la inserción en la empresa ordinaria de las personas con discapacidad, puesto que estas partidas el Estado las redujo en un 56%.

El cuarto punto es relativo a revisar conjuntamente con las comunidades autónomas las transferencias de recursos que la Administración General del Estado ha reducido y suprimido que iban destinadas a programas y conceptos en materia de sanidad y servicios sociales. En este punto especialmente se hace referencia a todas las partidas que sirven para financiar a las administraciones locales con respecto a los servicios sociales de atención primaria o atención básica a fin de que se restituya esa reducción tan grande que se ha producido desde la Administración General del Estado y se puedan mantener esas transferencias.

Y, finalmente, un tema con el que siempre nos encontramos. Se han ido transfiriendo a lo largo de los últimos 35 años competencias a las comunidades autónomas pero no se ha reducido la Administración General del Estado. Necesitamos que se elimine la duplicidad que tenemos en muchos ministerios ―y uno característico es el de Sanidad y Servicios Sociales― puesto que muchas de las competencias son exclusivas de las comunidades autónomas, pero nos encontramos con que el Estado sigue manteniendo la misma Administración. Por lo tanto, en este apartado quinto de la moción reclamamos que se produzca una reducción de las estructuras administrativas del Estado.

En definitiva, es una moción constructiva, con voluntad de que la Ley de dependencia se cumpla, de que los servicios sociales en un momento de crisis económica —y siempre, pero más en un momento de crisis económica— se puedan mantener y, al mismo tiempo, que el Estado también reconozca que ha hecho unas transferencias a las comunidades autónomas y que, por lo tanto, la duplicidad de la Administración del Estado en ningún caso signifique que las administraciones autónomas y locales sean adelgazadas. Y que este adelgazamiento de la Administración General del Estado sirva, además, para contar con más recursos, con el fin de mantener uno de los rasgos característicos de un país que quiere ser europeo: el mantenimiento del Estado del bienestar. Hemos luchado mucho por lograrlo y ahora, en poco tiempo, podría producirse un retroceso que sería irrecuperable.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas gracias.

Para la defensa de la enmienda, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

De alguna manera, las enmiendas que tengo el honor de defender tienden un puente hacia la moción anterior, hacia el debate anterior.

Compartimos el contenido de la moción, como argumentaré en el turno de portavoces de forma somera, porque creemos que es necesario aprovechar la oportunidad que ofrece para reivindicar el papel de los ayuntamientos en esta materia, que también están siendo víctimas de los ajustes y recortes que, desde la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, se han venido aplicando a todo lo que guarda relación con los servicios sociales.

En el debate del presupuesto para 2013 tuvimos la oportunidad de reseñar esos ajustes y recortes y, en este sentido, y visto ahora con perspectiva, se puede concluir que los recortes contenidos en los Presupuestos Generales del Estado de alguna manera adelantaban los propósitos del anteproyecto de reforma del régimen local. Así, los Presupuestos Generales del Estado para 2013 reflejaron una caída de casi el 40% en el plan concertado de servicios sociales básicos, que es la pata fundamental del funcionamiento de los municipios en materia de servicios sociales.

A partir de la consignación presupuestaria en los diferentes presupuestos generales del Estado se ha creado una red fundamental en el ámbito municipal de servicios sociales básicos, pero esta ha quedado profundamente tocada, dinamitada, con este recorte del presupuesto para 2013. Sin embargo, es coherente, guarda relación con la voluntad de reducir la competencia municipal en




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servicios sociales que reflejan de manera expresa los distintos anteproyectos en torno a la reforma del régimen local.

Por otro lado, la retirada sorpresiva por parte del Estado, también en los Presupuestos Generales del Estado para 2013, de la consignación para teleasistencia significó el dejar en el aire otra prestación que venían realizando los servicios sociales municipales y que, además, seguramente incluso desde una perspectiva estrictamente económica, son las prestaciones más rentables porque la teleasistencia, el apoyo a las personas mayores que mantienen su autonomía en su vivienda, es mucho más barata que cualquier otra alternativa de respaldo o de apoyo a las personas mayores. Sin ninguna duda, es infinitamente más barata que una plaza asistencial en cualquier residencia; por no hablar ya de los beneficios que proporciona a las personas el poder seguir sintiéndose útiles, el tener una dependencia menor y seguir manteniendo sus hábitos y costumbres en el domicilio habitual.

Por consiguiente, creemos que tal decisión ha tenido consecuencias negativas tanto desde la perspectiva económica —porque muchas de estas personas, al verse privadas de este servicio, quedan abocadas a solicitar una plaza asistencial, con un coste para las administraciones públicas muy superior— como de degradación de las condiciones de vida de muchas de estas personas.

Estas son las motivaciones que fundamentan la presentación de nuestras enmiendas, que buscan solo que el papel municipal en la prestación de servicios sociales encuentre acomodo en la reivindicación que contiene la moción y que se reflejen también las dificultades que han generado los ajustes y recortes presupuestarios plasmados en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 para el desarrollo de esas competencias municipales en servicios sociales.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Vázquez.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Gracias, presidenta.

Señorías, en primer lugar, quiero manifestar al grupo firmante de la moción, a CiU, que es nuestro deseo apoyarla. Lo hemos hecho antes, además, porque, se quiera o no, hay un hilo conductor con otras interpelaciones y mociones consecuencia de interpelación que se vienen presentando desde octubre en el sentido de que la flexibilización del déficit, de ese punto que se consiguió en el año 2012, que fue aprovechado únicamente por la Administración central, y la que se pueda conseguir en 2013, si no va toda a las administraciones autonómicas y locales, que al menos se reparta; que no se quede el Gobierno de la nación con toda esa flexibilización del déficit.

Proponemos algunas correcciones, más de carácter aclaratorio, incluso si me apuran semántico, que, a nuestro modo de entender, concuerdan más con nuestro discurso sin alterar en lo sustancial la moción. En primer lugar, en cuanto al punto primero, sobre la corrección del déficit —el hilo conductor del que hablaba—, ustedes plantean que se haga en función de los presupuestos de las comunidades autónomas, y nosotros proponemos que sea que en función del gasto público de las distintas administraciones. Ya se ha repetido aquí muchas veces ese reparto de la tarta, ese reparto del 50-36-14, o 50-37-13, que es un indicador válido creo que más conciso que el presupuesto. Todo gasto público está en el presupuesto, pero en el presupuesto hay más cosas que el gasto público, con lo cual no creo que haya ningún problema para que puedan aceptarlo.

En el punto segundo también les proponemos hablar no del coste real este es un debate histórico que viene produciéndose—, sino que nosotros lo que pedimos es que por el Gobierno y las comunidades autónomas se haga un estudio sobre el coste real, y de ahí se puedan sacar unos nuevos costes unitarios, unos nuevos estándares de costes de mantenimiento de determinados servicios públicos. Nosotros seguimos creyendo que tiene que haber ese nivel básico, modificado según los costes reales como proponemos, pero que un dependiente tiene que tener un grado y una cuantía asignada unitaria; por tanto, lo que proponemos es simplemente que se haga un estudio sobre los costes reales.

En este punto segundo evidentemente asumimos el último párrafo de su moción en cuanto a que la Administración General del Estado deberá seguir financiando las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, que han quitado, con graves problemas de toda índole. Está claro que apoyamos el resto de su segundo punto, igual que hacemos con los puntos tercero y cuarto íntegramente.




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En el punto quinto creemos que es el momento —por eso presentamos una enmienda en esos términos— de que se debatan en el Parlamento, y por qué no en esta Cámara, en el Senado, esas medidas de simplificación, de eliminación de duplicidades, de costes o sobrecostes que se pueden estar produciendo entre administraciones que prestan servicios similares, y se ajusten definitivamente en cada Administración, según las competencias, los costes del servicio que tienen encomendado.

Es verdad que no fuimos capaces de conseguir, políticamente, en este país, cuando se crea y desarrolla el Estado de las Autonomías, que con las competencias de la Administración central también se fueran cuerpos de funcionarios y de técnicos a las administraciones autonómicas. Eso está por resolver, evidentemente. Hace unos meses, en noviembre, se ha constituido con gran aparato propagandístico una comisión interministerial para estudiar todo eso.

Nosotros lo que le proponemos es que sean debatidos en esta Cámara esos resultados, como otros estudios que sabemos que se han realizado, por ejemplo, en Cataluña, y entre todos lleguemos a ese acuerdo de las competencias, con los servicios y con los recursos humanos y técnicos necesarios, evitando todo tipo de duplicidades, de costes, y simplificando para el ciudadano la Administración. Esa es nuestra propuesta y estas son las enmiendas.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para indicar si acepta las enmiendas presentadas, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió tiene la palabra el senador Cleries.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Senyora Presidenta, en referència a l’esmena presentada per part del Grup Parlamentari Mixt, que és afegir el punt número 6, l’acceptaríem, i l’acceptem. I en referència a les esmenes del Grup Parlamentari Socialista, tal com ha dit, acceptaríem l’esmena que fan al punt número 1 i el punt número 5. Al número 2, per un error en què s’han deixat el darrer paràgraf, que fa referència als cuidadors, tal com ha dit el senador del Grup Parlamentari Socialista, considerem el que està en negreta com que s’afegeix al text del punt número 2. Per tant, es manté el text presentat pel nostre Grup Parlamentari de Convergència i Unió, amb l’addició d’aquestes tres línies que diuen: «Asimismo, es preciso estudiar el coste real de los servicios prestados en cada Comunidad Autónoma y su repercusión en la financiación del sistema». Per tant, acceptaríem aquestes esmenes tenint en compte que la del punt número 2 no és de substitució sinó que és d’addició. Per tant, queden recollides aquestes esmenes, tant les del Grup Parlamentari Mixt com les del Grup Parlamentari Socialista.

Moltes gràcies.

Señora presidenta, en referencia a la enmienda presentada por parte del Grupo Parlamentario Mixto, que consiste en añadir un punto número 6, la aceptamos. Y en referencia a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, aceptaríamos los puntos número 1 y 5 de la enmienda. Y el número 2, en el que por un error se han dejado el último párrafo que hace referencia a los cuidadores, tal y como ha dicho el senador del Grupo Parlamentario Socialista, consideramos lo que está en negrita como que se añade al texto del punto número 2. Por lo tanto se mantiene el texto presentado por nuestro Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió con la adición de esas tres líneas que dicen: «Asimismo, es preciso estudiar el coste real de los servicios prestados en cada comunidad autónoma y su repercusión en la financiación del sistema». En consecuencia aceptaríamos estas enmiendas teniendo en cuenta que el punto número 2 no es de sustitución, sino de adición.

Por tanto, quedan recogidas estas enmiendas, tanto las del Grupo Parlamentario Mixto como las del Grupo Parlamentario Socialista.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

¿Turno en contra?

Tiene la palabra la senadora Ortega.




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La señora ORTEGA RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.

Buenos días. Utilizamos el turno en contra para informar sobre nuestra posición desfavorable a esta moción, por varias razones que voy a enumerar brevemente siguiendo los puntos que ha mencionado el señor Cleries.

Los presupuestos de 2012 se han cumplido en un contexto económico muy complejo, es cierto, por el ciclo recesivo que atravesamos y, a pesar de ello, todas las medidas tomadas han contribuido a que se haya podido confirmar una importante mejora en el desequilibrio de las cuentas públicas de dos puntos porcentuales frente al cierre del ejercicio del 2011. Por ello el actual marco presupuestario es en el que se debe seguir trabajando mientras no cambien las actuales exigencias nacionales y comunitarias. Cada comunidad autónoma debe asumir las responsabilidades que le son propias en políticas sociales. El Estado ya está haciendo y ha hecho un esfuerzo considerable de financiación y saneamiento del conjunto de las administraciones públicas, mediante el Plan de pago a proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómico.

En relación con el segundo punto, sobre la dependencia, quiero señalar que precisamente para garantizar la sostenibilidad para los usuarios que existen actualmente en el sistema de dependencia, así como para los que se incorporen en el futuro, el Gobierno ha aumentado precisamente el nivel mínimo de protección, que es realmente el que lo garantiza porque está relacionado directamente con los usuarios y las prestaciones. Lo señala el artículo 9 de la mencionada ley y, sin embargo, la financiación del nivel acordado no se encuentra vinculada, ni se dirige directamente al usuario, sino que se pagaba a las comunidades autónomas como parte de la financiación de la globalidad del sistema y con grandes oscilaciones entre unas comunidades y otras. De hecho, está demostrado, tanto en el estudio que ha hecho el Imserso como en el que ha hecho la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que no precisamente las comunidades autónomas que recibieron mayores fondos son las que mejor están gestionando la Ley de dependencia.

Lo que ha hecho el Gobierno es cumplir con la ley. Las reformas que ha llevado a cabo en esta ley garantizan la sostenibilidad y la viabilidad; priorizan los servicios profesionalizados; integran la atención a la dependencia dentro de los servicios sociales, como siempre debió ser; e impulsa, sobre todo, la creación de empleo y la actividad económica en momentos tan difíciles como este.

Respecto a las personas con discapacidad y a su empleo, tenemos que decir que este Gobierno tiene siempre presente a las personas con discapacidad. En el real decreto de apoyo a emprendedores se recogen las propuestas que el Cermi lleva reclamando desde hace muchos años. Se añade, además, que el pasado sábado día 6 la ministra de Empleo presentó el nuevo convenio especial de discapacidad, que beneficiará a más de 34 000 personas.

La próxima Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales establecerá también la distribución a comunidades autónomas para la gestión de los distintos programas de políticas activas de empleo.

Respecto al punto cuatro, hay que señalar que es cierto que algunas transferencias han disminuido, como el plan concertado, pero ya se venía disminuyendo desde el Gobierno socialista porque era un impulso para que las administraciones locales lo tuvieran en cuenta y lo asumieran.

Por último, sobre el punto quinto, el Gobierno ya está adoptando medidas en esta línea con el anteproyecto de la reforma de la Administración local que se está nombrando tanto esta mañana, el Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y no solo eso, sino que en el Consejo de Ministros del 26 de octubre del 2012 se creó una comisión para la reforma de las administraciones públicas, como saben todos ustedes, y a la que ayer se refirió nuestro presidente del Gobierno.

Por todo lo expuesto, no consideramos oportuna la aprobación de esta moción en cada uno de los puntos señalados.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Por más que el Gobierno y el Partido Popular se empeñen en sostener lo contrario, se ha producido una congelación evidente de la aplicación de la Ley de dependencia, no solo por los




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cambios legislativos que se han introducido, sino por las consignaciones presupuestarias que tienen como finalidad financiar precisamente la aplicación y desarrollo de la Ley de dependencia.

Hay una cuestión objetiva. En este momento están saliendo del sistema de la dependencia más beneficiarios de los que están entrando como consecuencia de diferentes mecanismos, uno natural, desgraciadamente, que es el fallecimiento de beneficiarios de la Ley de dependencia, y las inclusiones no se dan precisamente como resultado de esas reducciones en las consignaciones presupuestarias. Los datos son también incuestionables. Los Presupuestos Generales del Estado del 2013 consignaban 1176 millones de euros. En 2011 la consignación ascendía a 1412 millones de euros, en un momento, además, en el que las proyecciones que el Imserso realizaba en torno a la evolución de la aplicación de la Ley de dependencia fijaba una previsión de que se produciría la incorporación de 60 000 beneficiarios más. No se está produciendo esta incorporación no porque no los haya, sino porque la reducción en las consignaciones presupuestarias obliga a todas las administraciones, obviamente a las comunidades autónomas, a colocar cortapisas de todo tipo para ir reconociendo nuevas prestaciones de atención a la dependencia.

He de reconocer que algunas son incluso ingeniosas. Alguna comunidad autónoma, que no voy a citar, pretendía —no sé si al final lo hizo— crear una tasa para gravar la solicitud de aplicación de la Ley de atención a la dependencia. Es ingeniosa, pero confronta de forma directa con la filosofía de dicha ley. Si se reducen las aportaciones a las comunidades autónomas para que estas financien la aplicación de la ley, solo cabe un resultado: que la ley no se aplique, porque la situación financiera de las comunidades autónomas, como consecuencia de otra serie de medidas coherentes que acompañaron a la citada ley, no permite a estas, con sus recursos, compensar las reducciones de lo que llega, vía Presupuestos Generales del Estado, de la Administración central, de la Administración estatal.

Por ello, creo que bastaría con recordar las manifestaciones del secretario de Estado de Servicios Sociales en su comparecencia ante la comisión en la presentación del presupuesto. La filosofía del Gobierno de la nación es que los ayuntamientos —antes hacía referencia a ellos la portavoz popular en su intervención— y las comunidades autónomas tienen que buscarse la vida en esta materia. Hay un sistema de financiación local insuficiente, y con ese sistema de financiación local insuficiente, según la política del Gobierno de la nación los ayuntamientos tendrán que resolver todas las necesidades en relación con los servicios sociales. Decía —insisto— la portavoz popular: Bueno, eso del plan concertado fue una medida coyuntural para que los ayuntamientos desarrollaran su red de servicios sociales. Pues ahora, que ya lo han desarrollado, como el Capitán Araña: embarcados quedan, y que mantengan, si pueden, sin ningún recurso ni apoyo de otras administraciones, tal servicio.

Algo semejante está ocurriendo con la Ley de atención a la dependencia. Las comunidades autónomas son las competentes en la aplicación de la ley, y el Gobierno de la Administración del Estado está incumpliendo la ley. Y que conste que el Gobierno anterior también la incumplía, lo digo expresamente. El Gobierno socialista incumplía la ley en cuanto a la aportación a las comunidades autónomas que se derivaba de la Ley de atención a la dependencia. No tengo el dato en la cabeza en este momento, pero como mínimo su aportación estaba por debajo en seis o siete puntos de lo que tenía que ser según la ley. Pero ustedes, en vez de arreglar eso, a los seis o siente puntos le meten otros cuatro o cinco. Y el resultado último es que a unas comunidades autónomas encorsetadas por los objetivos de déficit, si ya no podían compensar el incumplimiento del Gobierno socialista, en estos momentos les resultaría absolutamente imposible alcanzar el cumplimiento de ese objetivo con los incumplimientos que ustedes suman.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Señora presidenta, por cuestiones de hipoglucemia no voy a subir y bajar escaleras.

Señor Cleries, en principio la moción es muy amplia y, evidentemente, habla de los problemas de financiación que tienen las comunidades autónomas. Sobre todo está clara la diferente vara de medir que ha aplicado el Gobierno a la hora de achacar las culpas del gasto y a la hora de repartir después la carga del déficit. Por tanto, no podemos más que estar de acuerdo con los primeros puntos de su moción.




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Me gustaría centrarme un poco más en dos de esos puntos. En cuanto al que habla de la Ley de dependencia —reduzco su nombre, porque es más largo que la financiación que ha traído—, como ya dijimos en su día, a nuestro juicio invadía competencias, por lo menos en Euskadi, en el plano social. Es magnífica en su intención —creo que nadie tiene ninguna duda—, pero no se ha cumplido prácticamente desde su inicio en ninguno de los dos planos. En lo que respecta a su implantación en las diferentes comunidades, no hay más que ver los datos del Observatorio de la Dependencia. Nosotros no somos los que peor quedamos, pero, verdaderamente, los que estaban por detrás en aquellas tablas vivían situaciones absolutamente dramáticas y yo creo que vergonzosas. Y tampoco se ha cumplido nunca desde su inicio aquello que se pactó en cuanto a la financiación. Nunca se ha llegado a lo acordado, nunca. En el nivel básico, más o menos, en lo acordado, nunca; y siempre tarde y mal. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

También estamos de acuerdo en que hay que hablar del coste real del servicio, porque, ya de salida, en los primeros años, entre lo que decía el ministerio y los datos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que aquí se ha mencionado, y creo que es gente que sabe de lo que habla, había una diferencia de un 3%. Eso, en los primeros años. Evidentemente, ahora es mucho mayor. Y, por supuesto, también estamos a favor de todo lo que suponga apoyo a los cuidadores no profesionales.

Lo que me gusta recordar cada vez que hablamos de la Ley de dependencia es que es una ley de tracto sucesivo, y en su articulado lleva implícitos los plazos de aplicación. Además, es una ley que consagra un derecho subjetivo. Por lo tanto, si no se ha anulado y no se ha modificado creo que estamos en una situación perversa y peligrosa precisamente para las comunidades autónomas; y esta ley no salió de las comunidades autónomas sino de las Cortes Generales.

También me gustaría recordar lo que dice la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales cuando habla de un escenario de ruina. Hay 250 000 personas con un derecho reconocido por ley que no accederán a ningún servicio o prestación por imposibilidad financiera, y el primer culpable será las comunidades autónomas. De los 250 000 titulares de derecho a atención, unas 135 000 personas estarán pendientes de recibir una prestación económica por cuidados en el entorno, de forma que si su expediente se dilata más de seis meses tendrán derecho a cobrar atrasos, que deberán pagar las comunidades autónomas. Cada día que pase sin que se adopten decisiones se engrosarán las obligaciones reconocidas de las comunidades autónomas frente a terceros.

En cuanto a la imposibilidad de su cumplimiento, como ya ha comentado en parte el senador Iglesias, ahora la estrategia es buscar argucias de todo tipo para retrasar la entrada en el sistema: dilación de plazos no realizados, desincentivar las revisiones de grado o nivel, incluso cobrando las valoraciones.

Si alguna comunidad, como es el caso de la comunidad autónoma vasca, y creo que también de la comunidad navarra, decide cumplir con las personas dependientes y con los proveedores de servicios correrá el riesgo de incumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012, de 17 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y esto conllevará actuaciones coercitivas contenidas en dicha norma. Encima, por cumplir la ley además se aplica otra ley. Y, evidentemente, se incurrirá en el pago de los servicios prestados desde el sector privado, con lo que esto supone para las empresas, para los puestos de trabajo, etcétera.

Esta es la situación, por lo menos hasta que se aplique la reforma que se está anunciando en el ministerio. Pero, mientras tanto, quienes estamos cumpliendo los plazos de incorporación de los distintos niveles de la dependencia seguimos financiando, no ya ahora la parte que nos correspondía del pacto que se hizo entre Gobiernos autónomos y el Gobierno central. No es una cuestión de ahora sí y mañana no. Es un pacto. Y mientras no se cumpla ese pacto, el cien por cien del costo lo tienen que asumir en nuestro caso las diputaciones forales. En el caso de la Diputación Foral de Vizcaya, un millón de euros en 2012, para seguir cumpliendo con la ley, no ampliando más que lo que la ley marca.

Otro tema que me parece muy importante es el de los centros especiales de empleo, tema en el que el Grupo Convergència i Unió y el Grupo Vasco hemos insistido mucho, sobre el que hemos tenido muchísimas iniciativas tanto en esta Cámara como en el Congreso.




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, vaya finalizando.

El señor CAZALIS EIGUREN: Sí, señor presidente.

La última, sin ir más lejos, no hace demasiados meses, en la que hubo unanimidad para que se mantuviera el 75% de cobertura por parte del Estado. No sé si se ha cumplido, esperemos que sí. Nos gustaría que se siguiera avanzando en ello. También era una propuesta que hizo el Partido Nacionalista Vasco para poder primar positivamente a este tipo de empresas en los contratos con la Administración pública.

En principio, nosotros vamos a votar favorablemente la moción, y esperemos que todo esto tarde o temprano sirva, porque creo que se le hace un flaco favor a la sociedad española, a los ciudadanos del Estado, cuando no se cumple una ley que además es tan importante como la Ley de dependencia, o el tema de los centros especiales de empleo.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Cazalis.

Por el grupo de la Entesa, tiene la palabra la senadora señora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gràcies, President.

Senyories, tal com avui ja ha comentat el senador Boya, Espanya té aproximadament 12 milions i mig de pobres ―dos milions i mig són nens―, i el darrer informe d’Unicef avisa que, pel que fa a la nostra política de la infància, estem a la posició 25 d’una llista de 29 països amb pobresa infantil. A més a més, la nostra despesa social és d’un 60% de la despesa total mitjana que gasten els altres països europeus. Això és senzillament una radiografia per saber on som; per saber en aquests moments on està Espanya, i en aquests moments on està Catalunya.

Té a veure això amb la moció de què estem parlant? Doncs sí, perquè té a veure amb les polítiques socials que executem, que els governs executen; tant el Govern de l’Estat com els governs de les comunitats autònomes. Té a veure també amb l’històric, per suposat, amb la crisi, amb moltes coses. Però una d’elles és les polítiques que es poden fer per a la pobresa.

El Grup de l’Entesa comparteix el sentit d’aquesta moció. És més, es va sorprendre agradablement quan la va llegit, tenint en compte que considerem que el grup que la presenta, Convergència i Unió, està retallant i desmantellant l’estat del benestar a Catalunya des dels darrers dos anys.

Ja hem manifestat en aquesta tribuna en diverses ocasions que no compartim la política social del Partit Popular, ni per suposat la de Convergència i Unió a Catalunya. I no la compartim perquè sempre hem expressat que darrere de les retallades s’amaga la ideologia. Perquè les ideologies i les polítiques tenen a veure amb les prioritats. Ho va especificar la ministra en aquesta Cambra, i les seves prioritats, senyories, no són com les nostres; tot i que entre vostès són força coincidents, perquè li hem de dir al senador Cleries que Convergència i Unió, de totes les mocions que ha presentat el Partit Popular, ha votat només en dues ocasions en contra. En la resta de mocions ha votat afirmativament o amb abstenció. Per tant, no s’enganyin: vostès fan les mateixes polítiques socials però, això sí, amb diferents banderes.

Del que parla aquesta moció és de dues coses molt importants, i una és el dèficit de les comunitats autònomes i les dificultats que tenen les comunitats autònomes per portar i per tirar endavant les polítiques socials en aquests moments. Aquest punt, evidentment, l’hem defensat i l’hem compartit, i creiem que té a veure molt amb la ideologia del Govern de l’Estat. És que no confia en les comunitats autònomes. No hi confia, i per això no els dóna aquest marge de dèficit. Perquè, en el fons, les comunitats autònomes, del color que siguin, tenen la responsabilitat de tirar endavant i de gestionar les polítiques socials, les polítiques educatives i les polítiques sanitàries, que són tres pilars fonamentals, entre altres coses, per combatre la pobresa que comentava jo al principi. Per tant, sempre defensarem i confiarem en com hem organitzat l’Estat, en comunitats autònomes. I moltes vegades les polítiques del Partit Popular ens fan pensar que a vostès no els agrada aquest Estat; que a vostès no els agrada un Estat gairebé federal, que no s’hi senten còmodes. I poc a poc, van desplegant polítiques de recentralització. I una manera de recentralitzar és ajustar i estrènyer més les comunitats autònomes.

Per suposat, amb la Llei de la Dependència, compartim ―i ja ho hem demanat altres vegades― que s’està desmantellant i s’està retallant. Amb les dificultats econòmiques que tenim, per suposat,




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però fixi’s que només en dos anys han retallat més 566 milions d’euros del pressupost. Compartim també el tema dels centres de treball; ja hi vam donar suport en una altra moció.

Per acabar, senador Cleries, deixi’m que li digui que crec que vostè ha volgut ser en aquesta Cambra amb la versió més social de Convergència i Unió, amb el rostre més humà; si més no ho ha intentat. El problema és que la realitat ho desmenteix. Diu un il·lustre català que «no es más triste la verdad; lo malo es que no tiene remedio». I mentre vostès aquí donen una cara de socialdemòcrates, cada dimarts practiquen retallades que fan que els catalans i les catalanes tinguin nivells de pobresa com mai havíem tingut. Per tant, deixi’m que li digui que vostè representa la genuïna versió de Convergència i Unió: la que d’una banda diu una cosa i a Madrid intenta dir-ne una altra.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Gracias, presidente.

Señorías, tal como hoy ya ha comentado el senador Boya, España tiene aproximadamente 12,5 millones de pobres y de ellos 2,5 millones son niños. Y el último informe de Unicef avisa de que con nuestra política de la infancia ocupamos el puesto veinticinco de una lista de veintinueve países con pobreza infantil. Además, tenemos un gasto del 60% de la media que gastan los otros países europeos. Esta es simplemente una radiografía para saber dónde estamos, para saber dónde está España y dónde está Cataluña en estos momentos.

¿Tiene esto que ver con la moción de la que estamos hablando? Pues sí, porque tiene que ver con las políticas sociales que ejecutamos, que ejecutan los Gobiernos, tanto el Gobierno del Estado como los de las comunidades autónomas. También tiene que ver con el histórico, por supuesto, con la crisis, con muchas cosas, pero una de ellas es las políticas que se pueden llevar a cabo en relación con la pobreza.

El Grupo de la Entesa comparte el sentido de esta moción. Es más, se sorprendió gratamente cuando la leyó, teniendo en cuenta que el grupo que la presenta, Convergència i Unió, ha estado —así lo consideramos nosotros— recortando y desmantelando el Estado del bienestar en Cataluña durante los últimos dos años.

Ya hemos manifestado en esta tribuna en diversas ocasiones que no compartimos la política social del Partido Popular ni, por supuesto, la de Convergència i Unió en Cataluña; y no la compartimos, porque siempre hemos expresado que detrás de los recortes siempre se esconde la ideología. Las ideologías y las políticas tienen que ver con las prioridades, y así lo especificó la ministra en esta Cámara, pero sus prioridades, señorías, no son las nuestras, aunque entre ustedes sí son bastante coincidentes. Digo esto, senador Cleries, porque, de todas las mociones que ha presentado el Partido Popular, Convergència i Unió solo ha votado en contra en dos ocasiones; el resto de las mociones las ha votado afirmativamente o con abstención. Así que no se engañen: ustedes hacen las mismas políticas sociales, pero, eso sí, con distintas banderas.

Esta moción habla de dos cosas muy importantes. Una es el déficit de las comunidades autónomas y las dificultades que tienen estas para sacar adelante las políticas sociales en estos momentos. Evidentemente, hemos defendido y compartido este punto, y creemos que tiene que ver mucho con la ideología del Gobierno del Estado. Y es que no confía en las comunidades autónomas, no confía en ellas, y por eso no les da ese margen de déficit; porque en el fondo las comunidades autónomas, independientemente del color que sean, tienen la responsabilidad de sacar adelante y gestionar las políticas sociales, las políticas educativas y las políticas sanitarias, que son tres pilares fundamentales, entre otras cosas, para combatir la pobreza a la que me he referido al principio. Por lo tanto, siempre defenderemos y confiaremos en la forma en que hemos organizado el Estado, con comunidades autónomas. Pero muchas veces las políticas del Partido Popular nos llevan a pensar que a ustedes no les gusta este Estado, que no les gusta un Estado casi federal, que no se sienten cómodos y que poco a poco van desplegando políticas de recentralización. Y una manera de recentralizar es ajustar y apretar más a las comunidades autónomas.

En cuanto a la Ley de la dependencia, compartimos el hecho —y ya lo hemos dicho otras veces— de que se está desmantelando y recortando, por supuesto, con las dificultades económicas que atravesamos. Pero, fíjense, solo en dos años han recortado más de 566 millones de euros del presupuesto. También tengo que decir que, por supuesto, compartimos lo de los centros de trabajo. Ya lo apoyamos en otra moción.




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Para acabar, senador Cleries, permítame que le diga que yo creo que usted ha querido estar en esta Cámara con la versión más social de Convergència i Unió, con el rostro más humano, o al menos lo ha intentado. El problema es que los hechos y la realidad lo desmienten. Dice un ilustre catalán que no es más triste la verdad; lo malo es que no tiene remedio. Y mientras ustedes muestran aquí una cara de socialdemócratas, cada martes practican recortes que hacen que los catalanes y las catalanas tengan unos niveles de pobreza como nunca habían tenido. Por tanto, permítame que le diga que usted representa la genuina versión de Convergència i Unió, la que por un lado dice una cosa y en Madrid intenta decir otra.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra el senador señor Cleries.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Moltes gràcies, senyor President.

Senyories, aquesta moció, que per a nosaltres és important, va en la línia del que sempre hem defensat: atendre les persones. La senadora Almiñana ha de sortir aquí a justificar els anys de Tripartit. Quan l’any 2011 el Govern de la Generalitat va passar a mans de Convergència i Unió, ens vam trobar milers d’expedients de la Llei de la Dependència per resoldre; i moltes persones no hi van ser a temps. Per part, en lloc de sortir aquí a donar segons quines lliçons, jo més aviat m’amagaria sota la taula amb la seva gestió. I vull recordar-li que aquest any la Generalitat de Catalunya haurà de pagar 2.140 milions d’euros només dels interessos de tot l’endeutament. I que l’any 2010 ens vam trobar 70.000 milions d’euros que s’han de pagar en els següents anys. Per tant, poques lliçons ens poden donar ni de gestió ni de política social, a part del bla, bla, bla. Això que quedi clar.

La senadora Ortega, quan ens diu que no acepta esta moción porque dice: Nosotros ya hacemos el FLA y hacemos el plan de proveedores. Esto no es más presupuesto; esto es tesorería; esto es dar liquidez. Del que nosaltres estem parlant és precisament, senadora Ortega, dels diners del pressupost que ens falten per poder atendre bé la gent.

Fixin-se què fa l’Estat espanyol. Aproven una Llei de la Dependència que va contra les competències de les comunitats autònomes, que tenen competència exclusiva. Per això nosaltres no hi vam votar a favor i vam presentar un text alternatiu. El que van fer vostès és anar contra aquestes competències de les comunitats autònomes. Fan la llei i quan arriba el moment de posar els diners sobre la taula per atendre les persones, vostès es retiren. I cada any es van retirant de la llei i van deixant, davant de les persones amb dependència i dels seus familiars, les comunitats autònomes i els ajuntaments i administracions com, en el cas de Catalunya, els consells comarcals, que han d’atendre aquestes persones. I a això a nosaltres, senadora Ortega, ens sembla que s’hi ha de posar remei. Vostè diu «el nivell acordat només servia per ajudar al finançament». El nivell acordat ajudava una mica a les Comunitats a assumit la diferència del que paguen del «mínimo garantizado». Que és cert que és mínim, molt mínim, i amb el Partit Popular al poder tenim garantit que seguirà sent mínim. Perquè en una residència de grau 3 de dependència que a Catalunya costa 1.869 euros al mes, el que aporta l’Estat mensualment són 177,86 euros. El promig de copagament són 500 euros i la Generalitat de Catalunya ha de posar, per persona i mes, 1.191 euros. El Govern de l’Estat diu ara, amb les noves modificacions que ha fet el Partit Popular: hem de fer i donar més serveis en lloc de cuidadors no professionals, per promoure millor atenció. Hi estem d’acord, però com més serveis doni la Comunitat Autònoma, més cost ha d’assumir. Aquí hi ha una contradicció, i s’hi ha de posar remei. Perquè a més diuen: qui no faci això el penalitzarem. Els acords del Reial Decret del 14 de juliol de l’any passat diu això, i això vol dir endeutar cada vegada més les comunitats autònomes. O, si no poden endeutar-se més, deixar més persones sense atendre, i aquest no és el sentit de la Llei de la Dependència. I creiem que la tendència que hi hauria d’haver ―i a Catalunya s’ha començat la tramitació― és de passar de la dependència a l’autonomia personal. El sentit bo dels serveis socials és promoure l’autonomia de les persones en la mesura que es pugui. En aquests moments, de la manera que s’està desenvolupant la llei, hi ha un retrocés; cada vegada és més una llei de la dependència i menys de l’autonomia personal. Creiem que el Partit Popular hauria de modificar el rumb en les polítiques socials, perquè si no estan portant les comunitats autònomes i els ajuntaments cap a un camí sense sortida, perquè no podran atendre tota la demanda. Sempre, i en un moment de crisi encara més.

Moltes gràcies.




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Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, esta moción, que para nosotros es importante, va en la línea de lo que siempre hemos defendido: atender a las personas. La senadora Almiñana tiene que salir aquí a justificar que en los años de tripartito, cuando en el año 2011 el Gobierno de la Generalitat pasó a manos de Convergència i Unió, nos encontramos con miles de expedientes de la Ley de dependencia por resolver, y muchas personas no llegaron a tiempo. Por lo tanto, en lugar de salir aquí a darnos según qué lecciones yo más bien me escondería bajo la mesa después de su gestión. Y quiero recordarle que este año desde la Generalitat de Cataluña tendremos que pagar 2140 millones de euros solo de los intereses de toda la deuda, de todo el endeudamiento, y que en 2010 nos encontramos con 70 000 millones de euros que hay que pagar durante los próximos años. Por lo tanto, pocas lecciones de quienes ni de gestión ni de política social, aparte del bla, bla, bla, nos las pueden dar. Quiero que eso quede claro.

A la senadora Ortega, que no acepta esta moción porque dice: Nosotros ya hacemos el FLA y el plan de proveedores. No es más presupuesto; esto es tesorería; esto es dar liquidez. De lo que nosotros estamos hablando es, precisamente, senadora Ortega, del dinero que nos falta, del presupuesto que nos falta para poder atender bien a la gente.

Fíjense en lo que hace el Estado español: aprueba una Ley de la dependencia que va contra las competencias de las comunidades autónomas, que tienen competencia exclusiva; por eso nosotros no votamos a favor y presentamos un texto alternativo. Lo que hicieron ustedes fue ir contra esas competencias de las comunidades autónomas. Hacen la ley, y cuando llega el momento de poner el dinero sobre la mesa para atender a las personas, ustedes se retiran. Y cada año se van retirando de la ley y van dejando, ante a las personas con dependencia y sus familiares, a las comunidades autónomas y los ayuntamientos y administraciones, en el caso de Cataluña, consejos comarcales, que tienen que atender a esas personas. Nos parece, senadora Ortega, que a eso hay que ponerle remedio. Usted dice que el nivel acordado solo servía para ayudar a la financiación. Escuche, el nivel acordado ayudaba un poco a las comunidades a asumir la diferencia de lo que pagan del mínimo garantizado, que, es cierto, es mínimo, muy mínimo, y con el Partido Popular en el poder tenemos garantizado que va a seguir siéndolo. Por ejemplo, una residencia de grado III de dependencia en Cataluña cuesta 1869 euros al mes, y lo que aporta el Estado mensualmente son 177,86 euros. El promedio de copago es de 500 euros, y la Generalitat de Cataluña tiene que poner por persona y mes 1191 euros. El Gobierno del Estado, con las nuevas modificaciones que ha hecho el Partido Popular, dice ahora: tenemos que dar más servicios en lugar de cuidadores no profesionales para tener una mejor atención. Estamos de acuerdo en eso, pero cuantos más servicios de la comunidad autónoma, más coste tiene que asumir la comunidad autónoma. Y, claro, en eso hay una contradicción; y hay que ponerle remedio. Además, dicen: a quien no haga esto le vamos a penalizar; eso es lo que dicen los acuerdos del Real Decreto del 13 o 14 de julio de año pasado. Eso significa endeudar cada vez más a las comunidades autónomas o, si ya no pueden endeudarse más, dejar a más personas sin atención. Y ese no es el sentido de la Ley de dependencia. Creemos que la tendencia debería ser, y en Cataluña ya se ha empezado con la tramitación, pasar de la dependencia a la autonomía personal. El sentido bueno de los servicios sociales es promover la autonomía de las personas en la medida en que sea posible. Y en estos momentos, de la forma en que se está desarrollando la ley, hay un retroceso, es cada vez más una Ley de la dependencia y menos de la autonomía personal. Creemos que el Gobierno del Partido Popular debería modificar el rumbo en las políticas sociales porque, si no, estará llevando a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a un camino sin salida porque no van a poder atender toda la demanda siempre, y en un momento de crisis, aún más.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Cleries.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador señor Vázquez.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, reitero nuestro apoyo a la moción, una vez que han sido aceptadas las tres pequeñas matizaciones que hacíamos al texto, dejando claro una cosa: en el texto de la moción en ningún momento aparece la palabra Cataluña ni Gobierno de la Generalitat. Por tanto, es un problema que afecta a todas las comunidades autónomas, porque después del debate podría parecer que




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solo Cataluña es la que se ve afectada por estos recortes del Gobierno del Partido Popular y por forzar que el ajuste se haga en buena parte por las comunidades autónomas y las corporaciones locales, algo que también recoge la enmienda del senador Iglesias, porque es importante en la red asistencial que existe en este país lo que hacen las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

De todo el ajuste de 2012, el 75%, 16 000 millones de euros, lo han soportado las comunidades autónomas y las corporaciones locales, a lo que hay que añadir que no han recibido ni un céntimo más del incremento de impuestos tan desorbitado que hubo en este país el año pasado. Por tanto, donde sufren realmente las políticas sociales es en esos niveles de Administración, que son los que realmente las llevan. Estamos hablando de convenios de hace muchos años, con la participación de todas las administraciones, cuyo personal dependía de las administraciones periféricas y no de la Administración del Estado; y ha habido que despedir personal, que reducir gastos de todo tipos, ayudas a ONG, que es una parte importante de esa red social que tanto colabora en este país, que han visto cómo se han reducido sus subvenciones.

Hemos de recordar que más del 75% del gasto de las comunidades autónomas se dedica a sanidad, educación y servicios sociales, y cualquier reducción va directamente a desajustes, recortes y sacrificios en esos sectores. Esto ha provocado lo que hemos estado viendo durante el pasado año: cierres de puntos de atención continuada, de servicios médicos, de servicios sociales, hospitales y residencias de ancianos terminadas que tendrían que haber empezado a funcionar totalmente cerradas, etcétera. En definitiva, un auténtico atentado contra las políticas sociales que se venían desarrollando.

Está claro que se están cargando la llamada Ley de dependencia con estas disminuciones presupuestarias tan drásticas. En estos últimos tiempos se ha creado un limbo en el que aquellos beneficiarios de la ley que tenían reconocida su prestación no saben si la van a cobrar, con el coste que eso puede tener en las comunidades autónomas. Y no pasa nada; bueno, a ellos sí les pasa, porque están con la incertidumbre de tener pendiente una ayuda aprobada, notificada por una resolución, sin que la hayan percibido. Y, por supuesto, aquellos que estaban en fase de solicitud o de reconocimiento están también en esa lista, más que de espera, de desesperación.

Por tanto, lo peor de estas medidas de ajuste que van hacia lo social desde las comunidades autónomas es que afectan a los más necesitados, a los ancianos, a los enfermos, en definitiva, a todas aquellas personas cuyos problemas la sociedad tiene que poner más interés en resolver.

Y territorialmente ocurre lo mismo: son los barrios más populosos de las ciudades, los pueblos, es el mundo rural donde más se está sintiendo la falta de financiación en estas políticas sociales. Afecta, por tanto, a la cohesión social y afecta a la cohesión territorial.

Se han tomado decisiones criticables, y no quiero hacer demagogia, pero se ha decidido rescatar a los bancos antes que hacer un rescate de todas esas personas con esas necesidades. Por ello, nosotros hemos propuesto —lo hizo nuestro secretario general— un plan, un compromiso nacional contra la pobreza. Creo que, independientemente de que mejore la situación económica, tenemos que actuar para ayudar a todas esas personas que están pasando necesidades muy primarias. En una sociedad con 30 000 euros de renta per cápita, como dirigentes políticos, como responsables del Gobierno, no podemos permitírnoslo, y tampoco como sociedad ni como país. Por eso, creo que serían importantes esos fondos urgentes para atender las necesidades más perentorias, pero al mismo tiempo no olvidar nunca que cualquier recorte en financiación a las comunidades autónomas y los ayuntamientos va directamente a recortes sociales, recortes en educación y recortes en sanidad.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Vázquez.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la senadora señora Ortega.

La señora ORTEGA RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.

Estamos en un momento difícil —y en eso estoy de acuerdo con todos los portavoces—, en el que el primer objetivo tiene que ser la reactivación económica y la creación de empleo, pero sobre todo cumplir con el déficit, porque no nos queda más remedio.

Si el Gobierno anterior hubiera tomado las medidas que nosotros estamos tomando ahora, seguro que en este momento estas serían mucho menos graves, que serían mucho más leves. (Aplausos.) Pero pasaron de negar la crisis, de hablar de superávit cuando había un déficit del 4%,




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de hablar de un déficit del 2% cuando superaba el 11%, por ejemplo, en el año 2009… Y así, sucesivamente. Es verdad que ahora no nos queda más remedio que tomar medidas impopulares, medidas que tampoco a nosotros nos gustan. Pero, en cuanto a la dependencia, partíamos de una situación de colapso con un 30% de listas de espera, con 300 000 personas en lista de espera y con 250 000 personas, como ha dicho el senador Cazalis, en el limbo de la dependencia, porque es verdad que tenían derecho a prestación pero no la recibían. Tampoco había una correlación entre las situaciones de dependencia y las prestaciones que se recibían. Usuarios en grado II y grado III, en gran dependencia y dependencia severa, estaban recibiendo ayudas que no se correspondían con su situación. Y por todas esas razones el Gobierno actual ha tenido que tomar una serie de medidas para garantizar, como decía antes, la sostenibilidad del sistema. Nos apoya, a pesar de que nos está dando caña constantemente, pero en este sentido dice lo mismo, la Asociación de Gerentes y Directores de Residencias, que hablaba de solo un 13% de utilización de plazas residenciales cuando se estaban atendiendo los grados más graves de dependencia, la gran dependencia y la dependencia severa. Lógicamente este tipo de dependencia necesita de los servicios más profesionalizados. Solo un 0,2% utilizaba la ayuda económica para asistente personal, algo también importantísimo. Y un 54% estaba utilizando la ayuda a cuidadores en el entorno.

Voy a señalar algunos resultados de las reformas, a pesar de que son duras y de que a nosotros tampoco nos gustan. Hay 27 000 nuevas solicitudes, de ellas valoradas un 94% en enero de 2013. Se ha reducido la lista de espera a un 23%, el dato más bajo desde que se inició el sistema. Son 19 000 personas más las que están recibiendo prestación. Y el número de prestaciones ha subido un 7,42%. El sistema está más ordenado. Existe mayor conexión. Es verdad que había un 17% de personas que figuraban como solicitantes de ayuda a la dependencia y sin embargo no cumplían los requisitos; como es lógico, no se las puede incluir. Y por primera vez crece el número de prestaciones.

Hablando de financiación de comunidades autónomas, en primer lugar diré, según lo que me aportaba una compañera de la Comunidad de Madrid, que también Madrid aporta mucho dinero. Pero me voy a referir a dos comunidades autónomas de las que se ha hablado aquí: Cataluña y Castilla y León, que es de donde provengo.

Según el último informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Cataluña aprueba con buena nota: tiene un 5,8, lo que está muy bien; un 58% tiene ayudas por cuidados familiares, catorce puntos por encima de la media actual, porque estábamos en un 54% pero hemos bajado a un 44%; y solo un 3% se acoge al convenio con la Tesorería de la Seguridad Social.

Castilla y León: una región pobre, sin grandes fondos, con una dispersión geográfica que no tiene casi ninguna comunidad, con una mayoría de municipios de menos de 1000 habitantes, con uno de los porcentajes de personas mayores más altos de España. Sin embargo, en el informe de directores y gerentes —vuelvo a decir que nos está dando caña— saca un 9,2, la nota más alta de todo el territorio nacional junto con el País Vasco —es verdad— y alguna otra comunidad. Pero no solo en servicios sociales, porque Castilla y León también aprueba con buena nota en servicios esenciales básicos. Es también la mejor, junto con la Comunidad de Madrid, en educación, y como digo, la mejor en servicios sociales. Quiere eso decir que, a pesar de que es verdad que estamos exigiendo un gran aporte a las comunidades autónomas, después cada comunidad autónoma se responsabiliza, prioriza —porque gobernar es priorizar— y saca resultados.

Para terminar, porque me quedan unos segundos, es verdad que son importantes los centros especiales de empleo; el 66% de las personas que acuden a ofertas de empleo ordinario de personas con discapacidad vienen siempre de centros especiales de empleo, y por eso los apoyaremos siempre. El nuestro es el primer país de la Unión Europea que se ha acogido…

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, vaya finalizando.

La señora ORTEGA RODRÍGUEZ: Ya termino.

Decía que el nuestro es el primer país que se ha acogido a la Convención sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad, que se acordó en 2006 y se comenzó a firmar en 2007. En todos estos años de Gobierno socialista, esto no se había hecho.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Ortega.




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7. MOCIONES

7.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REFORZAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR LAS INUNDACIONES QUE SE ORIGINAN POR EL DESBORDAMIENTO DE LOS RÍOS.

(Núm. exp. 662/000074)

AUTOR: GPP

El señor vicepresidente, Lucas Giménez, da lectura a los puntos 7. y 7.1.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): A esta moción se han presentado tres enmiendas: una del Grupo Parlamentario Mixto, por iniciativa de don Francisco Javier Yanguas Fernández, una del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió y otra del Grupo Parlamentario Socialista. La Presidencia dispone de una transaccional firmada por dos de los grupos que presentan enmiendas, es decir, el Mixto y Convergència i Unió, lo que hace que sus enmiendas decaigan y quede viva únicamente la del Grupo Parlamentario Socialista.

En primer lugar, para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, el senador Aparici.

El señor APARICI MOYA: Gracias, señor presidente.

Señorías, presentamos una moción sobre un tema altamente sensible y, por tanto, mi intervención, como en otras ocasiones, será producto de una reflexión acerca de la cuestión, más que de un debate meramente técnico o incluso partidista.

Esta moción intenta activar más medidas para la prevención de inundaciones. Porque, señorías, hay una cosa que para mí y para mi grupo está tremendamente clara: podemos decir con toda rotundidad que las inundaciones conforman el desastre natural con más impacto sobre vidas y bienes en el mundo. Creo que todos estamos de acuerdo en esto. Veamos algunos datos: entre 1998 y 2004, Europa sufrió más de 100 inundaciones graves, contando, por ejemplo, la muy conocida de los ríos Danubio y Elba, allá por el año 2002, o las grandes inundaciones que se sucedieron en 2005 de forma simultánea y que provocaron efectivamente graves problemas: más de 700 muertes, el desplazamiento de aproximadamente medio millón de personas y al menos 25 000 millones de euros en pérdidas económicas. Para España los datos son también estremecedores: en el período 1995-2011 fallecieron casi 300 personas y hubo daños por valor de más de 150 millones de euros. Esto merece, pues, una reflexión, y la hago con el convencimiento claro de que, quizá por aquello de hacer de la necesidad virtud, hoy España es un referente a nivel mundial en la gestión de este riesgo natural; lo es ya y lo era hace un tiempo también. Este es un aspecto que hay que apuntar en el haber de todos los gobiernos que ha habido en España, en nuestro país.

¿En qué estamos ocupados en estos momentos, en qué trabaja en este momento el Gobierno de España? En un tema tan importante también Europa ha tenido que legislar, hay una directiva europea específica sobre inundaciones, como sabrán sus señorías, y en lo que está el Gobierno es en transponer esta directiva al ordenamiento jurídico de nuestro país. Y eso se ha de hacer a partir de tres pilares fundamentales. El primer pilar es evaluar el riesgo preliminar de inundación, y para ello se está trabajando en seleccionar unos 9500 kilómetros de cauce que se consideran de alto riesgo de inundación; primer pilar para este trabajo. El segundo es la elaboración de mapas de peligrosidad y riesgo de inundación, precisamente trabajando en estas áreas de alto potencial y que hemos mencionado hace un momento. En estos momentos, ya podemos ver en Internet los mapas de las zonas inundables en una parte significativa de nuestro país. Además, está previsto que a finales de este año se publiquen los de la mayor parte de las zonas de mayor riesgo; segunda cuestión en la que estamos inmersos. Y la tercera cuestión es la elaboración de los planes de gestión de riesgo de inundación. Como saben sus señorías, estos planes de gestión deben estar acabados en el año 2015 y recogerán, lógicamente, las medidas que hay que tomar para evitar los riesgos de inundación de forma coordinada con todas las administraciones. Fíjense en que digo evitar los riesgos de inundación; no debemos olvidar que las inundaciones son fenómenos naturales que pueden preverse y cuyos riesgos pueden evitarse, pero, finalmente, siempre puede existir algún accidente —vamos a llamarle— difícil de prever.




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La directiva europea sigue el camino de la previsión. Y hay que hacerlo con acciones en áreas concretas. Por ejemplo, en nuestra opinión, la ordenación del territorio es una cuestión fundamental para hacer una buena previsión de este riesgo. En España tenemos ya disponible el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables —lo tenemos, está ahí— que está absolutamente de acuerdo con la Directiva de inundaciones a la que hemos hecho ya varias veces referencia. Este sistema no es de ahora, está hecho desde 2009, es un elemento con el que podemos trabajar, resolviendo los temas que quedan pendientes. Es verdad que todavía queda alguna cuenca hidrográfica de la que no disponemos todavía de todo el trabajo, pero en ello estamos y hay que seguir trabajando.

Otra cuestión de importancia es la laminación de los cauces, los embalses. España tiene en este momento unos 1200 embalses. Hacen una función muy importante de laminación, aunque sabemos que luego, aguas abajo, es difícil controlar lo que pueda pasar. No obstante, constituyen una herramienta muy adecuada para tener un mejor control, una laminación más adecuada —valga la redundancia— del cauce. Algunos de estos embalses tienen más de 50 años de vida, y ese también es un punto en el que hay que trabajar para mejorar, si es posible, las infraestructuras. Es una cuestión muy importante el mantenimiento de los embalses de nuestro país.

Otro elemento fundamental es la coordinación con Protección Civil; importantísimo, diría yo, que ha dado además muy buenos resultados. España, que ya cuenta con la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones, lo está haciendo bien; y lo está haciendo bien en coordinación con las comunidades autónomas, que también tienen sus propios planes, los planes autonómicos, e incluso planes locales. Es muy conveniente continuar trabajando también en esta línea, hemos de mantener y mejorar estos elementos.

Un elemento más, igualmente importante: el famoso SAIH, Sistema Automático de Información Hidrológica. Desempeñan un papel muy interesante y aportan una magnifica información con que se puede actuar. Está pendiente aún la reordenación y actualización de una parte del sistema por parte de las confederaciones; conviene mantenerlo lo más actualizado posible. Gran papel el que desempeña el SAIH, pero hay que actualizarlo todavía más.

En cuanto a la limpieza de los ríos, se han hecho cosas muy acertadas, las direcciones generales de aguas han actuado de forma bastante eficaz. Se han presentado propuestas de interés y se está trabajando en una línea especialmente adecuada. Lógicamente, la Directiva marco del agua nos obliga a determinadas cuestiones, pero insisto en que en España, en lo que tiene que ver con los cauces, se está trabajando bastante bien. Debemos tener muy claro que los ríos en buen estado son los que disponen de un equilibrio más adecuado: con vegetación adecuada y con los elementos no antropizados que normalmente forman parte de un río. Los ríos deben disponer de vegetación, sedimentos, caudales ecológicos, etcétera. En eso, como saben todos ustedes, también se está trabajando.

Otra cuestión a considerar es la competencial. Todos sabemos que las competencias en esta materia corresponden a distintas administraciones. Por tanto, es imprescindible la coordinación de esas competencias, que cada administración desempeñe el papel que le toque en cada momento. Esta es una cuestión en la que el Gobierno está muy interesado en actuar, y en esa dirección va.

Además, se están haciendo estudios sobre el funcionamiento de los cauces. La Dirección General de Aguas, según la información que poseo, ha realizado ya distintos estudios de funcionamiento y de rentabilidad de las acciones que se producen sobre los cauces. Estos estudios servirán también para que determinados tabúes —entre comillas— desaparezcan y para llevar a cabo acciones especialmente relevantes. Cuando tengamos los datos de este estudio que está haciendo la Dirección General de Aguas, podremos aportar más y mejores conclusiones, que entiendo que irán en la línea que hemos dicho: los cauces funcionan normalmente cuando tienen aquello que normalmente existe en un cauce; cuando antropizamos, cuando arrancamos cosas que no toca que vuelven a crecer y en poco tiempo tenemos un aumento del 15% en los cañaverales, por ejemplo, estamos perjudicando el cauce. Otra cuestión, pues, importantísima.

En definitiva, señorías, esta es una cuestión que preocupa, de bastante actualidad, tristemente, en España. Hay datos estremecedores a nivel de Europa y de España, como decía. Lo que busca esta moción es el máximo acuerdo, sobre todo y por lo menos en el fondo, para trabajar en una dirección en la que desde hace tiempo se viene trabajando. Es una cuestión en la que muchos organismos ven a España como un país que ha hecho en el pasado y sigue haciendo las cosas muy bien. Por tanto,




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queremos dar nuestro apoyo a un trabajo importante, para evitar lo que todos queremos evitar: los riesgos de un fenómeno meteorológico causante de los mayores males del mundo.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Arrufat.

El señor ARRUFAT GASCÓN: Buenas tardes.

Señor Aparici, da la impresión de que ustedes venden una cosa cuyo envase no tiene nada que ver con lo que hay dentro. Permítame que se lo diga así. No tiene nada que ver lo que usted ha defendido con el contenido de la moción. Eso, en primer lugar, rotunda y claramente. Si usted hubiera plasmado en la propuesta de la moción lo que ha expuesto en la tribuna, posiblemente nuestra postura hubiera sido otra. A mí me da la impresión de que se ha copiado lo que nosotros hemos escrito; allá ustedes.

En la primera parte —tiempo tendré de hablar— usted habla de sensibilidad y yo hablo de oportunidad y de activar medidas. Eso es lo que hemos hecho nosotros, poner «más de». Nuestra propuesta es poner más de lo que hay; no lo que ustedes proponen: más de lo que ustedes proponen. Sobre todo, en forma y en fondos; es decir, económicos.

La enmienda que presentamos es de adición y se basa en cuatro puntos, que se suman a los que ustedes proponían inicialmente. El primero pretende la continuidad en el nivel de inversión de 2011 —si no hay recursos, difícilmente podremos llegar— y en los planes de actuación y conservación de los ríos, priorizando aquellas que figuren en el esquema de temas importantes de cada cuenca. Se dan situaciones en este país como que, por no limpiar los ríos, antes de que el caudal sobrepase la cantidad mínima delimitada para considerar una riada catastrófica, las aguas sobrepasan el río e inundan; de modo que no tenemos la calificación de riada catastrófica.

Un segundo punto propone que el Gobierno, en coordinación con las comunidades autónomas y las administraciones locales, elabore un plan de reposición de aquellos daños que haya habido en infraestructuras: carreteras, cauces, infraestructuras hidráulicas o proliferación de especies vegetales invasoras de las riberas. La participación de todos los entes es fundamental, tal como marca la directiva comunitaria.

Un tercer punto va dirigido a valorar las pérdidas del sector agrario por las inundaciones en las zonas limítrofes, en las zonas regables que están junto a los cauces de los ríos. Y en este punto no proponemos solamente que los seguros agrarios se hagan eco de este problema. Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar al ministro respondiendo a la pregunta que le hicieron en el sentido de que había recortado el 27% de los recursos de los seguros agrarios. Ni qué decir tiene que, si no hay recursos para apoyar los seguros agrarios, se producen pérdidas que para la sociedad en su conjunto y, desde luego, habrá menos ingresos para cada uno de los agricultores, menor consumo y menor renta. Por eso proponemos en la enmienda de adición que se considere el Real Decreto 25/2012, por el que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales, para instrumentar formas económicas para paliar los daños producidos por las inundaciones de los ríos.

Y, en un último cuarto punto, se propone desarrollar, en lo que falte, el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, y que se desarrollen los planes de gestión de inundaciones de cada cuenca antes de finales de 2015. La directiva comunitaria se transpuso al ordenamiento jurídico de España con el Real Decreto 93/2010, y los principales objetivos son obtener un adecuado conocimiento y evaluación de los riesgos asociados a las inundaciones, para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural, la actividad económica y las infraestructuras.

En resumen, se trata de una enmienda de adición, que se suma a las propuestas que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado en la propia moción, no a las que ha expuesto su portavoz en estos momentos, sino que se suma a las iniciales. Repetimos que no se tata de una enmienda de sensibilidades, sino de oportunidades. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.)

Muchas gracias. (Aplausos.)




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La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Aparici, para aceptar o no las enmiendas.

El señor APARICI MOYA: Muchísimas gracias, señora presidenta.

Quiero agradecer la presentación de las enmiendas y el esfuerzo de negociación de todos los grupos. Hemos hablado, hemos dialogado, y, finalmente, hemos alcanzado los acuerdos posibles.

Por otro lado, señor Arrufat, entenderá que es un poco complicado que espere para preparar mi intervención a las doce del día de ayer, que es cuando usted presentó su enmienda. Mi reflexión es bastante anterior, no tenía que esperar a que presentasen ustedes una enmienda para hacerla; estaba hecha desde hace bastante tiempo. En cualquier caso, insisto en agradecer de verdad la presentación de propuestas y el esfuerzo que han hecho.

Hemos aceptado la transacción con UPN, que es la que figura en el texto; no ha sido posible hacerlo con Convergència i Unió, y ya lo siento porque el fondo es el mismo; pero, señor Arrufat, esta moción no era una lista de cosas por hacer, no era la lista de la compra, y perdone que se lo diga, sino una moción que indica cuál es la política general que queremos hacer. Si solo recogiera las dos cosas que ustedes han citado en su lista, se habría quedado corta, porque, como habrá apreciado en mi intervención, hay bastantes más cosas por hacer. Por ejemplo, no creo que ustedes hayan hablado del SAIH, por ejemplo, o de otras cuestiones. Por tanto, me he limitado a hacer la defensa de la moción con unos argumentos que defienden una propuesta que, sin duda, quiere obtener el máximo consenso, decir que hemos hecho las cosas bien, que queremos conseguir hacerlas muy bien y, si podemos, todavía mejor. Ese, y no otro, es el sentir de la moción y, por lo tanto, no puedo aceptar un simple listado de cosas por hacer.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Turno en contra. ¿Desea algún grupo parlamentario hacer uso de la palabra? (Denegaciones.)

Turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Yanguas.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Intervengo en nombre de Unión del Pueblo Navarro para defender una enmienda que habíamos presentado y que, finalmente, como ya se ha dicho, hemos transaccionado con otros grupos, a los que les agradezco su posicionamiento para alcanzar este acuerdo en un tema tan importante, en este caso para la Comunidad Foral de Navarra.

Desde luego, estamos totalmente de acuerdo con lo que se recoge en esta moción y con lo que ha estado diciendo el senador Aparici, porque las avenidas y el crecimiento de la vegetación provocan una menor sección hidráulica. En UPN creíamos que el petitum de la moción se quedaba un poco corto, y por eso nuestra enmienda iba más allá y solicitaba, además del refuerzo de medidas como la limpieza de los cauces, que es lo que proponía la moción original, que se reparasen las motas o diques para evitar inundaciones, que es lo que ha quedado reflejado en la enmienda que se ha transaccionado.

Además, esta moción se ha presentado en un buen momento, ya que en la Comunidad Foral de Navarra, como en otras partes de España, los ríos han hecho y están haciendo estragos, tanto desde el punto de vista agrícola como en los cascos urbanos de algunos municipios. Por ejemplo, hace dos días, el Gobierno foral reabrió una carretera nacional, la N-113, que había estado más de un mes cortada porque se habían roto algunos diques, no se habían arreglado y el agua la inundaba.

Por otro lado, ayer tuvo ocasión mi compañero, el senador Eza, de insistir en el problema de las crecidas y de los daños ante el señor ministro, y hoy soy yo el que lo hace. Desde nuestro punto de vista, el señor ministro estuvo un poco timorato, pero al final de su intervención, según hemos podido leer en el Diario de Sesiones, se traslucía cierta esperanza para los agricultores y otros colectivos afectados de seguir con sus explotaciones, plantando, para recoger el año que viene.

El objeto de esta enmienda, por tanto, era completar la del Grupo Popular, hacerla más concreta para evitar, por ejemplo, lo que ocurre con la Confederación Hidrográfica del Ebro, que desde siempre se había hecho cargo de la reparación de las motas o diques y que ahora nos dice




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que se desentiende, escudándose en la falta de recursos económicos. Ahora, tal como ha quedado la moción, es el ministerio, entendemos nosotros, el que tiene que estudiar cómo proceder a reparar esas motas dañadas, que es lo que la Comunidad Foral de Navarra viene solicitando reiteradamente. Además, este año ha sido mucho más crítico, si cabe —como se dijo ayer—, ya que el río Ebro se ha desbordado en dos ocasiones, mediando algo menos de un mes entre ellas; y como los diques o las motas no se habían reparado, ha vuelto a anegar muchas zonas que, de haberlas reparado, no estaríamos hablando de ellas hoy aquí. El Gobierno de Navarra le está pidiendo al ministerio que habilite una partida para que se puedan reparar con urgencia esas motas que protegen a los pueblos de Navarra de la devastación que produce el río Ebro, por esto esta moción es importante. Además, en el caso de 2013, la situación es flagrante, como decía antes.

Por todo ello —para ser breve, aún me quedan más de ocho minutos, pero voy a terminar ya—, quiero agradecer la predisposición de los grupos, en este caso del senador Aparici, del Grupo Popular, para llegar a una transacción, de modo que pueda aprobarse esta moción con el máximo consenso posible, y que luego se ponga en marcha, para intentar evitar en lo posible que esto vuelva a producirse en años venideros.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Arratsalde on.

Senador Aparici, primero, tengo que felicitarle por su exposición. No le voy a felicitar por la moción, le voy a felicitar por la exposición, porque verdaderamente ha hecho usted un repaso de todo aquello que se ha hecho, pero también de lo que se debería hacer, de lo que se debería seguir haciendo y de lo se debería mejorar. Pero sí que es cierto que la parte dispositiva de la moción habla de lo que habla y, como usted ha preparado la moción antes, nosotros hemos preparado la respuesta en clave del texto.

Quiero comentar poca cosa. En lo que llevamos de año las precipitaciones han sido muy intensas en todas partes, en el País Vasco especialmente y en Navarra mucho más. Se han producido desbordamientos, sobre todo en la llanada alavesa, que es la parte de la comunidad autónoma vasca a la que más afecta este tipo de cosas. La Agencia Vasca del Agua, URA, ha hecho un análisis exhaustivo de los puntos en los que se han producido dichos desbordamientos y las causas que los han originado, y resulta que, después de este análisis, la influencia principal es la sección hidráulica de los puntos de paso. En eso la vegetación de ribera es muy importante; no es un factor negativo, sino todo lo contrario: en algunos tramos que mantienen una vegetación de ribera adecuada se han producido menos problemas; en aquellos tramos en los que la maleza crece en el cauce ha habido más problemas. Sin embargo, un análisis exhaustivo de los materiales que quedan atravesados en el río nos dice que la mayor parte de ellos no son troncos, material procedente de la naturaleza, sino que lo que se encuentra son cantidades ingentes de materiales procedentes de chabolas y demás construcciones que están alrededor de los ríos —la mayor parte de ellas ilegales—, que tiene que ver más con la construcción que con la naturaleza. Por lo tanto, lo que vemos en una necesidad de reforzar las medidas para optimizar esta sección hidráulica de los cauces, mediante la adecuada formación del bosque de ribera y el control y la retirada de este tipo de construcciones ilegales que, como todos sabemos, son muy comunes, la caseta de huerta, que conocemos todos.

Cuando usted presentó esta moción y yo vi que lo hacía a coste cero —se lo he comentado antes— me dije: el senador Aparici va a hacer un milagro, porque quiere mejorar todo esto a coste cero. Luego ya lo ha explicado en su exposición. No obstante, el alcance de lo que se está planteando es mayor que lo que aparece en la parte dispositiva, pero no se especifica —o se especifica muy poco— quién tiene que hacerse cargo de todo esto. En este caso, hay muchas administraciones implicadas, porque hablamos de los cauces que están dentro de las poblaciones, de los que están fuera o de los cauces que se comparten entre varias comunidades autónomas, estamos hablando de distintas administraciones, estamos hablando de los gestores de las cuencas, etcétera. Por lo tanto, aun viendo que es muy bueno el fin de la moción —y nosotros




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estamos dispuestos a trabajar, podría ser de otra manera, para mejorar esto, porque nos parece muy importante—, nos vamos a abstener, señor Aparici.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el señor Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señora presidenta. Senyores i senyors senadors, senador Aparici, seria sorprenent la seva proposta si no fos perquè és habitual en el Grup Parlamentari Popular presentar propostes demanant al Govern que faci allò que forma part de les seves obligacions legals, de les obligacions de gestió d’un Govern. En aquest cas la Llei d’Aigües, en el seu títol V, diu que és competència de l’Administració la protecció del domini públic hidràulic i de la qualitat de les aigües. És evident, això sí —i se n’ha fet al·lusió en el debat—, que en el cas de les conques supracomunitàries això correspon a l’Administració General de l’Estat, via ministeri, via confederacions hidrogràfiques, i en el cas de les conques intracomunitàries, a les comunitats autònomes corresponents. Dona la impressió, amb tots els respectes, que, arran de les darreres inundacions, que efectivament s’han produït i que és un problema greu —i en això té raó vostè—, la pressió social demandant algun tipus d’actuació fa que el Grup Parlamentari Popular es faci ressò d’això i insti al Govern simplement a fer allò que ja ha de fer. Per tant, crec que aquesta no és la funció del Senat, d’una Cambra parlamentària i no és, evidentment, la nostra funció aquí.

Una altra qüestió, i n’han fet referència la resta de portaveus que han intervingut, ha estat la seva exposició. Jo també li he de reconèixer que podem compartir bona part del fons i de la literalitat d’allò que ha plantejat, d’allò que seria necessari. Ha estat una exposició exhaustiva de tot allò que és necessari que faci l’Administració de l’Estat, en definitiva, que faci el Govern. Però, és clar, instar al Govern que netegi les lleres dels rius, que és part de la seva obligació legal em sembla —i ho he dit clarament—fora de lloc, impropi en qualsevol cas.

Més enllà d’això dir també que el tema de les inundacions, i vostè certament n’ha fet referència, essent un problema molt greu toca molts aspectes: temes de prevenció en actuacions de previsió per part de protecció civil, per part de les pròpies confederacions hidrogràfiques en la seva previsió de les avingudes, en el tema de la neteja de les lleres i, evidentment també, les obres hidràuliques, les obres de construcció d’embassaments reguladors que permeten, certament, laminar les avingudes, com vostè ha dit molt bé, i evitar el seu impacte. Jo mateix, si em permet una al·lusió personal i vostè ho sap, he nascut i visc a Tortosa, a la part baixa de l’Ebre, que és una zona tradicionalment inundable. Amb les inundacions de l’Ebre hi hem conviscut històricament sempre, amb les conseqüències corresponents. No s’han construït a prop del riu de manera secular precisament per evitar aquestes conseqüències. Fins i tot hi ha uns camins laterals a partir d’una quota que s’anomenen camins de salva-aigües, que era precisament per on es podia circular en els casos d’inundacions. Però certament, des de fa uns cinquanta anys, quan es construeix el sistema d’embassaments de Mequinensa i Riba-Roja, les avingudes es poden laminar perfectament. Aquestes avingudes de l’Ebre que han causat problemes arreu de la conca, al País Basc, a Navarra, a Aragó, etcètera, en el cas de la part baixa de l’Ebre fa que durant tres mesos l’Ebre vingui amb un cabdal important, que en molts casos va al voltant dels 1500 metres cúbics per segon, però en cap cas no ha generat problemes. Per tant, hi ha tot un tema de planificació, de revisió i d’adequació dels embassaments, de les obres hidràuliques, que és una tasca de fons que, sense cap mena de dubte, ha de fer el Govern i que forma part, també, de les qüestions fonamentals per evitar les conseqüències, profundament negatives, i d’un gran impacte social que tenen les inundacions.

Ara bé, allò que cal fer —vostè n’ha fet referència també— ho estableix no només allò que ja han vingut fent els diferents Governs, certament, sinó el que estableix la directiva europea relativa a l’avaluació i gestió dels riscos d’inundacions, la Directiva 2007/60/CE. Aquesta directiva estableix que cal tenir diferents aspectes en compte: gestió de l’aigua i del sòl, ordenació del territori i ús del sòl i protecció de la natura. Per tant, abasta molts aspectes de planificació i d’ordenació territorial i de previsió, també en temes urbanístics. El senador Cazalis en feia referència fa un moment quan parlava de construccions irregulars als marges dels rius. L’actuació urbanística, de planificació i de sanció, quan sigui pertinent, evidentment contribueix a evitar aquestes conseqüències nefastes de les inundacions.




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I finalment, i vostè n’ha fet referència, les obligacions que estipula la directiva europea en quant a una sèrie d’actuacions per a previsió dels danys de les inundacions. Per al 22 de desembre de 2011 com a data límit, s’havia de fer l’avaluació preliminar dels riscos d’inundacions, després l’elaboració del mapa dels riscos d’inundació amb data límit del 22 de desembre d’aquest any —esperem que es pugui complir això—, i finalment, per al 22 de desembre del 2015, el pla de gestió dels riscos d’inundació en l’àmbit de les demarcacions hidrogràfiques, que no necessàriament són les confederacions hidrogràfiques; poden ser àmbits més generals i fins i tot podrien ser d’abast per al conjunt d’Espanya.

Estem d’acord, això és el que cal fer, però és clar, se’ns demana que vinguem aquí amb una proposta simplement per dir al Govern que netegi les lleres dels rius, quan forma part de les seves obligacions. Això és el que diu literalment la moció. És que no és nou, forma part de moltes reiterades mocions del Grup Parlamentari Popular en aquest sentit. I al final de la legislatura vostès podrien venir i dir: escoltin, mirin si ha gaudit de consens el Govern del Partit Popular que bona part de les nostres iniciatives parlamentàries han gaudit de suport per part de tots els grups parlamentaris, de totes les formacions polítiques, perquè s’han aprovat. És com si vostès em venen i em diuen instem al Govern que compleixi amb les obligacions fiscals de fer que els contribuents paguin els seus impostos i que Hisenda els recapti. És que és l’obligació del Govern, a través de l’Administració d’Hisenda, fer això. Hi estaríem d’acord, és clar que hi estaríem d’acord, però és que això és innecessari i sense dubte no és adequat per un debat parlamentari i per l’activitat parlamentària d’una Cambra com el Senat, i ho dic amb tot el respecte. Insisteixo, la seva intervenció ha estat molt correcta i compartim bona part de l’exposició, és això el que s’ha de fer, estem d’acord, però això que diu literalment la moció em sembla una obvietat i, per tant, entenem que no hem de demanar al Govern que faci allò que és obvi, allò que a més a més li exigeix la llei. I per això el nostre Grup Parlamentari de l’Entesa pel Progrés de Catalunya ens abstindrem, no perquè estiguem en contra d’allò que s’ha de fer, però entenem que no cal instar al Govern per a aquestes qüestions.

Gràcies, senyores i senyors senadors. (Aplaudiments.)

Señoras y señores senadores, senador Aparici, sería sorprendente su propuesta si no fuera porque es habitual en el Grupo Parlamentario Popular presentar propuestas solicitando al Gobierno que haga aquello que forma parte de sus obligaciones legales, de las obligaciones de gestión de un Gobierno. En este caso la Ley de Aguas, en su título V, señala que es competencia de la Administración la protección del dominio público hidráulico y de la calidad de las aguas. Es evidente, eso sí —y se ha hecho alusión a ello en el debate—, que en el caso de las cuencas supracomunitarias esto corresponde a la Administración General del Estado, vía ministerio, vía las confederaciones hidrográficas, y en el caso de las cuencas intracomunitarias, a las comunidades autónomas correspondientes. Da la impresión, con todo el respeto, de que a raíz de las últimas inundaciones que, efectivamente, se han producido y que son un problema grave —en esto tiene usted razón—, la presión social pidiendo algún tipo de actuación hace que el Grupo Parlamentario Popular se haga eco e inste al Gobierno a hacer aquello que ya debe hacer. Por lo tanto, creo que esta no es la función del Senado, de una Cámara parlamentaria. Evidentemente, no es nuestra función aquí.

Sobre su exposición, yo también debo reconocerle que podemos compartir buena parte del fondo y de la literalidad de lo que, en su opinión, sería necesario. Ha sido una exposición exhaustiva de todo aquello que es necesario que haga la Administración del Estado, en definitiva que haga el Gobierno. Pero, claro, instar al Gobierno a que limpie las riberas de los ríos, que es parte de su obligación legal, me parece —y lo digo claramente— fuera de lugar e impropio en cualquier caso.

Más allá de esto, hay que decir también que el problema de las inundaciones, al que usted ciertamente ha hecho referencia, siendo un problema muy grave toca muchos aspectos: temas de prevención en actuaciones por parte de protección civil, de las propias confederaciones hidrográficas en la previsión de los cauces, la limpieza de las riberas y, evidentemente, también las obras hidráulicas, las obras de construcción de embalses reguladores que permitan laminar los desbordamientos y el impacto de los mismos. Usted sabe que he nacido y vivo en Tortosa, la parte baja del Ebro, que es una zona tradicionalmente inundable. Históricamente siempre hemos vivido inundaciones con las consecuencias correspondientes. No se ha construido cerca del río de forma




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secular precisamente para evitar estas consecuencias. Incluso hay unos caminos laterales a partir de una cota que se llaman caminos salva aguas, que era precisamente por donde se podía circular en los casos de inundación. Pero ciertamente desde hace unos cincuenta años, cuando se construye el sistema de embalses de Mequinenza y Ribarroja, los desbordamientos se pueden laminar perfectamente. Estas avenidas del Ebro que han causado problemas a lo largo de la cuenca en el País Vasco, Navarra, Aragón, etcétera, en la parte baja del Ebro hacen que durante tres meses venga con un caudal importante, que en muchos casos se acerca a los 1500 metros cúbicos por segundo, pero que en ningún momento ha generado problemas. Por lo tanto, hay todo un tema de planificación de las obras hidráulicas, de los embalses, que es una tarea de fondo que sin ninguna duda debe hacer el Gobierno y que forma parte también de las cuestiones fundamentales para evitar las consecuencias profundamente negativas y de gran impacto social que tienen las inundaciones.

Ahora bien, lo que se debe hacer —y usted ha hecho referencia a ello también— no es solo aquello que ya han venido haciendo los distintos Gobiernos, sino lo que establece la directiva europea relativa a la gestión de los riesgos de inundación, la Directiva 2007/60/CE. Esta directiva establece que se deben tener en cuenta distintos aspectos: la gestión del agua y del suelo, la ordenación del territorio y usos del suelo y la protección de la naturaleza. Por lo tanto, abarca muchos aspectos de planificación y de ordenación territorial y de previsión también en temas urbanísticos. El senador Cazalis hacía referencia a ello ahora mismo cuando hablaba de construcciones irregulares en los márgenes de los ríos. La actuación urbanística, la planificación y la sanción, cuando sea pertinente, evidentemente contribuyen a evitar estas consecuencias nefastas de las inundaciones.

Por último, y usted ha hecho referencia a ello, las obligaciones que estipula la directiva europea en cuanto a una serie de actuaciones para prevenir los daños que provocan las inundaciones. Para el 22 de diciembre de 2011, como fecha límite, se debía hacer la evaluación preliminar de los riesgos de inundaciones; después, la elaboración del mapa de los riesgos de inundiación, que tendrá como fecha límite el 22 de diciembre de este año —esperemos que se pueda cumplir—; y finalmente, para el 22 diciembre de 2015, el plan de gestión de los riesgos de inundación en el ámbito de las demarcaciones hidrográficas, que no necesariamente son las confederaciones hidrográficas, sino que pueden ser ámbitos más generales e incluso pueden ser de alcance del conjunto de España.

Estamos de acuerdo en que esto es lo que se debe hacer, pero claro, se nos pide aquí en una propuesta simplemente que digamos al Gobierno que limpie las riberas de los ríos cuando entra dentro de sus obligaciones. Esto es lo que dice literalmente la moción. Es que no es nuevo y forma parte de reiteradas mociones del Partido Popular en este sentido. Y al final de la legislatura ustedes podrían venir y decir: mire si ha tenido consenso el Gobierno del Partido Popular que buena parte de nuestras iniciativas parlamentarias han recibido el apoyo de todos los grupos parlamentarios, de todas las formaciones políticas, porque se han aprobado. Es como si ustedes vienen y me dicen que instamos al Gobierno a que cumpla con las obligaciones fiscales de hacer que los contribuyentes paguen sus impuestos y que Hacienda los recaude. Claro, es que esa es la obligación del Gobierno a través de la Administración de Hacienda. Estaríamos de acuerdo con ello, por supuesto, pero es que es innecesario y sin duda no es adecuado para un debate parlamentario y para la actividad parlamentaria de una Cámara como el Senado, y lo digo con todo respeto. Insisto en que su intervención ha sido muy correcta y compartimos que es esto lo que se debe hacer, pero lo que dice literalmente la moción me parece una obviedad y entendemos que no debemos pedir al Gobierno que haga aquello que es obvio y que, además, exige la ley. Por lo tanto, mi grupo parlamentario se abstendrá no porque esté en contra de lo que hay que hacer, sino porque entiende que no hay que instar al Gobierno por estas cuestiones.

Gracias, señores senadores. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maluquer.

El señor MALUQUER FERRER: Gràcies, presidenta. Intervindré des de l’escó.

En primer lloc, al senador Aparici, comparteixo com els altres portaveus que la seva explicació del per què de la moció estava molt ben documentada i que tots la subscrivim. I també s’han fet




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algunes altres aportacions importants per part de la resta de portaveus, que jo no repetiré. Sí vull fer esment al fet que jo hagi signat la transaccional, que ara debatem, i ha estat per un tema de cortesia parlamentària que si al menys vostè podia arribar a l’acord amb algun grup, doncs que així fos, i que es pogués debatre aquesta moció en la seva amplitud, malgrat que no ha pogut estimar la part que nosaltres proposàvem afegir que era demanar que les comunitats autònomes també en formessin part.

Insistir, una vegada més, en aquesta coordinació necessària entre l’Administració de l’Estat i les comunitats autònomes, que al final són les que tenen competències en les conques internes i que són les que hauran d’actuar, i les que de fet estan actuant.

En el meu país entenem que l’Estat espanyol som totes les administracions: la local, l’autonòmica i la central i, d’alguna manera, no volem deixar mai d’insistir-hi perquè de vegades sembla que ens en oblidem.

Pel que fa a quin serà el nostre sentit de vot, la nostra cortesia parlamentària —ja li dic des d’ara— acaba aquí, signant aquesta transaccional. Però en tot cas, el que farem serà abstenir-nos.

I el que sí vull aprofitar és que d’alguna manera a casa meva mentre arriba la propera llevantada, aquest vent que ens inunda a totes les nostres terres, doncs anem parlant de les inundacions, del que cal fer, del que faríem, el que passa és que els recursos són molt escassos i no ens arriben els diners per poder fer tota aquella feina que hauríem de fer. Les administracions ens limitem a poder fer totes aquelles coses que ens obliga la llei, que tots els abocaments d’origen antròpic que van a les lleres i que són producte d’abocaments incontrolats, etc. estem obligats per llei a treure’ls. El que no podem fer és tot aquest manteniment en aquest innombrable quilometratge de rius i lleres mal mantingudes. I tot això ha anat passant perquè d’alguna manera ho hem anat complicant molt i molt, cada cop més. El fet que hem apartat els privats de poder incidir en aquests marges, en aquests rius, que d’alguna manera protegien de les avingudes quan venien, tot i que no sempre, perquè al final el nostre país té l’orografia que té i les pluges són torrencials en unes èpoques determinades: a muntanya a l’estiu, a la meva terra cap a la tardor i a la resta de llocs hem vist que fins ara que comença la primavera també han anat produint-se pluges i pluges. D’alguna manera, el fet que hem apartat la iniciativa privada o a aquelles administracions locals de poder actuar per aquestes normatives que de vegades tenim a damunt de la taula i que costa tant donar aquestes autoritzacions, el fet d’aquest no actuïs amb previsió que si no malmetràs alguna cosa millor, que vostè també hi ha fet esment. Penso que sí que es podria instar al Govern a millorar aquestes normatives que són d’àmbit estatal, com el tema de la xarxa Natura 2000, per donar-li la simplificació administrativa que fes tornar que els privats, juntament amb les administracions, poguessin tornar a treballar conjuntament per poder seguir mantenint aquestes lleres que ens interessa mantenir netes i en bon estat per evitar totes aquestes pèrdues, aquestes conseqüències negatives i poder aplicar aquestes mesures d’autoprotecció quan les administracions activem els plans de protecció civil per evitar aquells danys amb vides humanes i conseqüències pels conreus, etcètera, i per les administracions.

D’alguna manera, ens demostra que al nostre país hem planificat malament, que tenim molts passos, carreteres que són inundables, tenim càmpings en mals indrets, tenim edificacions que no estan protegides i per això després es produeixen més problemes dels que serien convenients. Per tant, tot el que sigui instar al Govern que tiri endavant tot això ens sembla bé, però ja li dic, com li deia al principi, en aquest cas el fet de no acceptar la nostra petita aportació a l’hora de fer esment i reclamar el paper de les administracions autonòmiques farà que el nostre sentit de vot sigui d’abstenció.

Moltes gràcies i bon dia.

Gracias, presidenta. Intervendré desde el escaño.

En primer lugar, en relación con la intervención del señor Aparici, coincido con los otros portavoces en que la moción estaba muy bien documentada y todos la suscribimos. También ha habido aportaciones importantes por parte de otros portavoces que no repetiré. Sí quiero hacer mención al hecho de que yo he firmado la transaccional que ahora debatimos y ha sido por cortesía parlamentaria, para facilitar que si al menos usted podía llegar a acuerdos con algún grupo, así fuera y que se pudiera debatir esta moción en su amplitud, a pesar de que no se haya podido




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estimar la parte que nosotros proponíamos añadir, que era solicitar que las comunidades autónomas también formaran parte.

Insisto una vez más en esta coordinación necesaria entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas que al final son las que tienen competencias en las cuencas internas, son las que deberán actuar y son las que de hecho están actuando.

En mi país entendemos que el Estado español somos todas las administraciones: la local, la autonómica y la central. Por lo tanto, no queremos dejar nunca de insistir en ello porque a veces parece que nos olvidamos.

En cuanto a cuál será nuestro sentido del voto, nuestra cortesía parlamentaria —se lo digo desde ahora— acaba aquí definiendo esta transaccional. En todo caso, lo que haremos será abstenernos.

Sí quiero aprovechar para decir que en mi territorio, mientras llega el próximo vendaval de Levante, vamos hablando de las inundaciones, de lo que se debe hacer, de lo que haríamos, lo que pasa es que los recursos son muy escasos y no nos llegan. No llega el dinero para hacer todo aquello que deberíamos hacer. Las administraciones nos limitamos a realizar aquellas cosas que nos obliga la ley, y todos los vertidos de origen antrópico que van a los cauces y son incontrolados estamos obligados por ley a sacarlos. Lo que no podemos hacer es todo este mantenimiento de este doble ancho de ríos y cauces mal mantenidos. Todo esto ha ocurrido porque de alguna forma lo hemos ido complicando cada vez más. El hecho es que hemos desprovisto a los entes privados de poder decidir en estos márgenes, en estos ríos, que de alguna forma protegían las avenidas cuando llegaban los desbordamientos, aunque no siempre, porque nuestro país tiene la orografía que tiene y las lluvias son torrenciales en épocas determinadas; en la montaña, en verano, en otoño y al comienzo de la primavera también se producen en el resto de los territorios. El hecho es que hemos apartado la iniciativa privada de aquellas iniciativas locales para poder actuar según aquellas normativas que tenemos sobre la mesa y cuyas autorizaciones cuesta tanto dar. Para que se actúe con la previsión necesaria y evitar daños, hay que emplazar al Gobierno a mejorar estas normativas, como la Red Natura 2000, para una simplificación administrativa, para que estas entidades privadas vuelvan a trabajar junto con las administraciones a fin de seguir manteniendo estos cauces que nos interesa mantener limpios y en buen estado para evitar todas estas pérdidas y consecuencias negativas, y poder aplicar estas medidas de autoprotección cuando las administraciones activamos los planes de protección civil, para evitar aquellos daños en vidas humanas, en los cultivos, etcétera.

Esto demuestra que en nuestro país hemos planificado mal, que tenemos muchos pasos, carreteras, que son inundables, campings mal ubicados, edificaciones sin proteger, y por eso después se producen más problemas de lo normal. Por tanto, todo lo que sea instar al Gobierno a que lleve a cabo todo esto nos parece bien, pero como le decía al principio, en este caso el hecho de no aceptar nuestra pequeña aportación de reclamar el papel de las administraciones autonómicas hará que nuestro sentido del voto sea de abstención.

Muchas gracias y buenos días.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Arrufat.

El señor ARRUFAT GASCÓN: Permítanme, señorías, que comience con una reflexión en la que casi coincido con el señor Sabatè. Cuando se presentó esta moción, daba la impresión de que alguien, improvisando, con esas lluvias de primavera y de Semana Santa se mojó; se mojó en el sentido amplio. Con lo cual, ante esta mojadina y dada la presión que recibió, parece que tenía que hacer algo para ver que se hacía algo. Esa es la impresión que da. Y nunca peor acertado, porque podemos ver la deficiente gestión del Gobierno y, en concreto, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, con embalses en la parte alta de la cuenca que estaban casi al 90% mientras que los de la parte baja seguían llenado el embalse simplemente con un interés exclusivamente economicista y no con un interés de prevención, sino solamente pensando en la electricidad.

Por darle un contenido con un poco más de humor, algunos, que somos de las zonas rurales, tenemos que recordarles que en Semana Santa siempre cambia la luna y siempre coincide con luna llena. Si se fijan en el calendario, el domingo de Pascua es el domingo siguiente de la primera




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luna llena que entra la primavera. Pues estos cambios y estas turbulencias son las que nos han llevado a esta situación. Invito al Partido Popular a que estos cambios los apliquen a los cambios presupuestarios, porque es muy fácil hacer brindis al sol. Aplíquenlo dotando presupuestos, y no solamente eso, sino gastando, invirtiendo lo que pone en los presupuestos. Porque tenemos la experiencia de que en algunos casos no se ha gastado la consignación presupuestaria en algunas partidas del año 2012, y tendremos oportunidad de verlo. Y no se entienda como gasto tirar el dinero, sino que no se ha utilizado ni un 5% de ese presupuesto.

Hablando de presupuestos, hay que ver los temas con realidades, con los pies en el suelo, no con intenciones. Para intenciones valemos todos. Y para demagogia, también. Con los pies en el suelo. Fíjense en las contradicciones que tiene el Partido Popular. Hablan de reforzar medidas necesarias, pero ¿con qué lo refuerzan? Los presupuestos de infraestructuras hidráulicas en 2011 eran 1 023 000 euros. En el 2013, 797. Los presupuestos de infraestructuras hidrológicas eran 1 200 000 euros. En 2013, 652 000. La gestión de infraestructuras del agua, de 1 321 000 pasa a 1076. Yo no sé con qué quieren hacer las cosas. Las cosas hay que hacerlas con medios, con recursos, con inteligencia, con la directiva comunitaria, pero también con dinero. Porque, si no, difícilmente las máquinas podrán dragar el río, y que quede bien claro que estamos a favor de la limpieza de los ríos.

Como ustedes están acostumbrados a hablar de la herencia, permítanme que yo hable de la herencia. Porque aquí, en esta tribuna, cuando ustedes están acorralados echan balones fuera, en lugar de asumir que están gobernando. La opción de gobierno es una opción de cada partido político y, una vez que nos eligen, tenemos que asumir responsabilidades. Lo demás es excusa de mal pagador. No vale para nada. Para nada. Gracias a Dios la sociedad se está dando cuenta de eso. Pues bien, en la época de Zapatero —y se lo digo para que empiecen a recordarlo, porque cada día lo recordarán más, pues tenemos que ponerlo en valor y seguiremos haciéndolo— se pusieron en marcha los planes anuales de conservación de cauces que incluían la apertura de vías en obstáculos artificiales, la retirada puntual de vegetación, la reconstrucción de riberas con ingeniería biológica, las defensas puntuales en la escollera. Es lo contrario de lo que ustedes defienden ahora. Da la impresión de que quieren aplicar la política de limpieza de ríos que aplicaba el anterior Gobierno del Partido Popular, máxime en estos momentos. Los incendios hay que prevenirlos en verano y los daños hay que prevenirlos en épocas de sequía, en épocas en las que no llueve. Repito lo que dije al principio, esa persona que se mojó, al final tragó estas consecuencias; de aquellos barros estos lodos.

El Gobierno del señor Zapatero también puso en marcha la cartografía, la modificación del real decreto del plan de dominio hidráulico para incorporar el mantenimiento libre en zonas de flujo preferente, el plan nacional de cartografía, como he hecho referencia. No me referiré a la comisión nacional de inundaciones por no extenderme en este tema. En fin, una serie de medidas que están escritas, que constan y que están a nuestra disposición para cualquier consulta que queramos hacer. Y, además, un modelo de hacer las cosas, un modelo participativo: las confederaciones, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, la universidad, el mundo empresarial vinculado a esta actividad y que es un mundo importantísimo. Es fundamental que busquemos un esquema como el que está regulado al efecto.

Ya he señalado la posición del Partido Socialista. Nos parece poco lo que dicen, con lo cual, queremos más. Estamos en nuestro derecho. Y queremos más concretando, porque los brindis al sol sirven para muy poco. Tenemos que ser claros y prácticos, sobre todo en esta época, con la que está cayendo. La sociedad nos lo está pidiendo cada día más.

Que quede claro que nosotros estamos a favor de la limpieza de los ríos. Que no diga alguien mañana: el Grupo Socialista no votó la moción a favor, estaba en contra. No. Que quede bien claro. Ya nos preocuparemos también de decirlo nosotros, que estamos a favor de la limpieza, porque sabemos lo que pasa después, que cada uno utiliza los temas como le conviene. Aparte de las propuestas que hacen ustedes, nosotros insistimos en que hay que instar un nivel de inversión; ponemos como referente el 2011, pero podríamos poner el 2010. Tenemos que priorizar cada actuación a través del esquema de temas importantes de cada cuenca que está definido. Tenemos que reponer las infraestructuras que se han dañado. Tenemos que tener en cuenta los daños que se producen a la agricultura y a la ganadería en las zonas colindantes a los cauces de los ríos. Y, desde luego, tenemos que desarrollarlo —creo que estamos todos de acuerdo y así lo he entendido




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por parte del resto de los portavoces— desde ese programa comunitario, desde esa directiva. Pero tenemos que hacerlo en plazo, que no se nos olvide.

Permítame, señor Aparici, que le agradezca la deferencia que tuvo ayer al invitarnos a presentar una transaccional. Se lo agradezco. Además, nos une una buena relación, somos vecinos, som veïns, y estamos obligados a entendernos. Nosotros no estamos en contra de la limpieza de los ríos, y lo digo para que les quede claro a aquellos que están aquí y por cuyos territorios transcurren cuencas de ríos con un caudal importante.

En su moción ustedes hablan de realizar informes y estudios y de ejecutar en función de las disponibilidades presupuestarias. Nosotros no vamos a votar a favor la moción, por eso hemos defendido una enmienda. ¿Por qué? Porque tenemos que primar actuaciones importantes y creemos que hemos de acometer un plan de reposición. Hay que valorar los daños en el sector agrario, asumir compromisos presupuestarios y, sobre todo, aplicar la directiva comunitaria.

Por todo ello, nos abstendremos en la votación de esta moción que ha presentado el Grupo Popular.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Aparici.

El señor APARICI MOYA: Muchas gracias, señora presidenta.

Pues cierto consenso es, no va a haber ningún voto en contra, algo de lo que me alegro especialmente. Y lo quiero agradecer, como también quiero agradecer las palabras que se han dicho aquí. Como se ha comentado antes, creo que estos temas tan sensibles los tenemos que tratar con especial sensibilidad, aunque introducir alguna broma también está bien.

Quiero agradecer, cómo no, al grupo de UPN esta propuesta que mejora —así lo entiendo, de verdad— el sentido de la moción no quitándole ese carácter de generalidad que tiene. Por lo tanto, muchísimas gracias al grupo de UPN.

Al PNV y a CiU tengo que agradecerles también que hayan permitido con su firma que se tramite esta propuesta. Y al señor Cazalis he de agradecerle también las palabras tan amables que me ha dedicado. Cada uno tenemos nuestro carácter, nuestro temperamento, pero en la tribuna es cuestión de saber de qué estamos hablando exactamente y de cómo hay que abordar lo que estamos hablando. Y en eso, señor Cazalis, usted y yo nos parecemos bastante y lo tenemos bastante claro. Gracias también, por tanto, al PNV por esto. Además, quiero aclararle otra vez que la propuesta no era a un coste cero pero sí a no más déficit. Lo hemos hablado antes y esta cuestión parece clara. No se trata de hacer milagros, pero gobernar sí es poner prioridades, también de gasto, como no puede ser de otra manera.

Esto me sirve para dirigirme al portavoz de Entesa, persona que conoce estos temas de forma más que sobrada. Tengo que decirle, señor Sabaté, que todas las mociones que presentamos aquí tienen que ver con la acción de gobierno. Lo que usted ha dicho sobre que venimos aquí a decirle al Gobierno que haga lo que tiene que hacer me resulta un tanto extraño. Siempre venimos aquí a presentar cosas que el Gobierno puede hacer; si no, usted no las podría ni tramitar. Fíjese usted si es distinto el enfoque. Lo que aquí sí fijamos entre todos cuando aprobamos esto es una indicación de una prioridad al Gobierno. És això, pues és això. Estamos indicando una prioridad al Gobierno en un tema que creemos que es importante. Y se ha vuelto a equivocar usted y también el señor Arrufat. O sea, esta moción no se ha presentado después de las inundaciones. Esta moción la envía el Grupo Popular al Gobierno en el mes de febrero, cuando no había empezado ni a llover. Y se lo digo yo, que soy el autor de la moción. Por lo tanto, se vuelven a equivocar ustedes cuando tratan de buscar argumentos para no votar a favor de algo —perdóneme que se lo diga— que es incuestionable.

El señor Sabaté me pregunta y dice: Amigo Vicenç, ¿cuándo has presentado tú la moción? En el mes de febrero. Luego ya saben ustedes que el Gobierno informa todas estas cuestiones y demás. Por tanto, por ahí ese argumento, señor Arrufat, también les falla, y les falla de una forma estrepitosa, pues es la segunda vez que no aciertan. Y esto lo podíamos haber comentado en el diálogo que tuvimos ayer perfectamente. Por lo tanto, tampoco ese es un buen planteamiento.

Sí que es un buen planteamiento —y se lo agradezco al señor Sabaté— el mantener los embalses, hacer más inversiones en los embalses, cuestión que me parece superimportante. En estos momentos, con la situación que tenemos, la media de las cuencas está cerca del 80% en los




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embalses de agua. Si no estuvieran las infraestructuras, eso sería realmente imposible. Y ya lamento que justo la mía, la del Júcar, esté apenas al 50%. Pero hemos de seguir, efectivamente.

Por eso también será importante otra cosa que aún no tenemos pero que la tendremos, que es acabar los planes hidrológicos de cuenca para priorizar qué inversiones tenemos que hacer. De esto no hemos hablado, pero también habría que decirlo, y lo digo ahora; también esa será una recomendación que pasaremos, como no puede ser de otra manera, al equipo de gobierno. Y por descontado que hay que cumplir con la Directiva 2007/60, pues efectivamente hay que indicar que para el Senado, para la Cámara territorial que representa a todas las comunidades autónomas y a todos los ayuntamientos, ésta es una prioridad; es importante que se diga, por qué no lo vamos a decir. Yo, desde luego, sí que pienso decirlo.

Al señor Maluquer, además de agradecerle que haya facilitado la tramitación, quiero decirle que de esas dos propuestas que ha sugerido en su intervención: mejorar las normativas de ámbito estatal y también la colaboración público-privada, he tomado buena nota y, efectivamente, lo tendré presente para incluirlo en los debates de mi grupo y para trasladarlo, como no puede ser de otra manera, también al Gobierno, porque lo tiene que saber y lo va a ver, lógicamente, en el debate que ha habido aquí. Me parecen dos buenas propuestas, amigo Pere, para introducirlas ahí también.

Tomo nota, de verdad, de todas las propuestas que han hecho sus señorías aquí porque creo que son de interés. Y para acabar también con un tono de humor, diré que yo había oído muchas teorías de cambio climático, de cómo afectaban las lluvias y demás, pero lo de que tenía que ver con la Semana Santa, eso, señor Arrufat, es la primera vez que lo oigo. Ya sé que hay gente que sale a rezar para que llueva, yo no, pero es igual, puede salir, pero conectar los efectos del cambio climático o la pluviometría con si es Semana Santa o no, ya me ha parecido un poquito arriesgado. Yo, desde luego, no lo voy a hacer.

Otra cosa que nunca voy a hacer es prometer lo que no puedo hacer. Usted ha dicho aquí que este Gobierno tiene que hacer las cosas con dinero, y me parece muy bien. Por eso no hay que prometer lo que no se puede hacer, porque usted es vecino mío, de mi provincia, y yo sí que recuerdo que ustedes, hace poco tiempo, poco antes de dejar el Gobierno, prometieron una actuación de 12 millones de euros en el río Mijares que hoy todavía estamos esperando, y no ha habido ni un duro de inversión. Lo digo como ejemplo: no debemos prometer lo que no podemos hacer. Lo que sí podemos hacer y lo que sí debemos hacer en esta Cámara es indicarle a nuestro Gobierno cuáles son las prioridades y que las encaje en este mundo un poquito complicado.

Y yo no he hablado de herencia, ¿verdad que no? No he hablado de ninguna herencia. Sí, he hablado de herencia; he dicho que en este tema las cosas se estaban haciendo muy bien y que queremos hacerlas mejor. Fíjese, señor Arrufat, si esto está lejos de lo que usted ha dicho aquí. La herencia en este caso yo la he considerado como positiva, he dicho que las cosas se iban haciendo bien y que lo que queremos es seguir haciéndolas bien y, si podemos, todavía mejor. Tal vez eso también es una diferencia —usted quiere marcar diferencias— entre ustedes y nosotros.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

7.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DIVERSAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO.

(Núm. exp. 662/000075)

AUTOR: GPP

La señora vicepresidenta da lectura al punto 7.2.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): A esta moción se han presentado tres enmiendas: una del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, una del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Ortiz.




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El señor ORTIZ PÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, quiero agradecer su paciencia para oír a estas horas una moción hablando del corredor mediterráneo, pero nosotros consideramos que es un vial importante y creo que todos los grupos de la Cámara aquí representados también.

Como decía, el corredor mediterráneo constituye uno de los principales ejes ferroviarios en cuanto a población y actividad económica y, por tanto, un sistema rentable social y económicamente para el transporte de mercancías y de viajeros. En el territorio de las cuatro comunidades autónomas por donde discurrirá esta infraestructura se concentra el 40% de la población, el 40% del PIB, cerca del 50% de la población agraria, alrededor del 55% de la producción industrial, el 60% de las exportaciones, el 60% del tráfico marítimo, además del 70% de la industria turística.

Debido a la emergencia de la cuenca mediterránea por la que hoy circula el tráfico intercontinental más importante del mundo y del paulatino crecimiento del norte de África, el corredor mediterráneo sería el único que permitiría que España se convirtiera en una plataforma logística intercontinental de primer orden. La utilización de nuestros puertos acortaría el tránsito asiático de mercancías en tres o cuatro días hasta llegar a su destino en el corazón de Europa. Por ello, este eje, complementado por el potencial de los puertos, puede contribuir decisivamente a consolidar en el sur de Europa plataformas logísticas que vertebren mejor el territorio europeo.

Quiero resaltar también que el corredor mediterráneo español, como parte meridional del gran eje Ferrmed, permite unir el norte de África con la Europa central y Escandinavia por el camino más corto, con un ahorro de cerca de 500 kilómetros respecto a otra opción.

No quiero dejar pasar por alto tampoco el beneficio que supondría para las fábricas de automoción de Ford en Almussafes y de Seat Volkswagen en Cataluña. Desde 1996, año en el que se establecen las primeras directrices de la red transeuropea de transporte, la Unión Europea ha sometido en dos ocasiones a esta red a un proceso de revisión, la primera en 2003 y la actual, que se inició en el año 2009.

A lo largo de estos dos últimos años, la Comisión Europea y sus Estados miembros han realizado el que probablemente sea el ejercicio de planificación más importante que nunca se ha realizado en el ámbito del transporte en Europa. Este arduo trabajo en el que España participa culmina con el establecimiento de un modelo formado por una red básica y otra global; esta última garantiza el acceso a todas las regiones de la Unión Europea, y la red básica que forma parte de la global constituirá una malla conexa que unirá los nodos y enlaces de importancia estratégica a través de corredores multimodales.

Todo ello supone hacer un mapa mallado de grandes corredores multimodales, que están conectados entre sí, y que en algunos casos comparten algunos tramos. Se trata, y dejémoslo claro, de corredores en una red de alta velocidad para viajeros y una red para mercancías interoperables y de forma concreta el corredor mediterráneo con un trazado mixto en todo su recorrido.

La Unión Europea acepta la propuesta del Gobierno de España sobre las redes transeuropeas del transporte, siguiendo el trazado previsto en un estudio elaborado por el Ministerio de Fomento, defendido por el entonces ministro señor Blanco y, por tanto, conectará la red básica con las ciudades de Girona, Barcelona, Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Cartagena y Almería, y enlazará a través del eje central andaluz con Granada y Antequera, ciudad en la que se bifurca para finalizar en Sevilla y en el puerto de Algeciras.

Por tanto, el corredor mediterráneo ya no es una idea, ahora son proyectos, obras concretas que ya empiezan a ser realidades como muestra clara del apoyo del Gobierno a esta infraestructura necesaria para vertebrar mucho mejor parte del territorio español.

La implantación del ancho UIC es un claro objetivo del Gobierno del Partido Popular y, por consiguiente, del Ministerio de Fomento para superar la severa limitación que supone la operación de cambio de ejes en la frontera francesa, limitaciones que tienen consecuencias negativas en costes y en pérdida de tiempo.

Por tanto, para la implantación del ancho UIC el Ministerio de Fomento está llevando a cabo dos tipos de actuaciones: La primera, y a más corto plazo, es la implantación específica de ancho UIC mediante la instalación del tercer carril en las líneas ya existentes de ancho convencional. Y la segunda es la construcción de nuevas líneas que aumenten la capacidad, entre las que se recogen líneas de alta velocidad en construcción o futuras. Para su consecución el Gobierno ha




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consignado 1400 millones de euros, sumando a esta cantidad 1688 que el ministerio está invirtiendo en las obras del corredor entre Figueres y Murcia.

Las actuaciones previstas por el Gobierno, y anunciadas por la propia ministra se concretan, desde Castellbisball, Barcelona, a Cartagena, Murcia, con actuaciones a lo largo de 560 kilómetros de vías existentes, bien implantando un tercer carril sobre ellas bien cambiándolas a ancho UIC con una inversión de 1300 millones de euros, además de la construcción de 13 apartaderos de 750 metros de longitud que favorecerá el tráfico de mercancías y hará el electrificado de todo el proyecto.

La situación de los diferentes tramos en los que se ha dividido el proyecto constructivo es la siguiente: Por lo que se refiere al tramo Castellbisbal-Vilaseca-Tarragona, Adif licitó en el pasado mes de febrero contratos por valor de 236 millones de euros. En el tramo Vandellós-Castellón-Valencia-Almussafes, hay una inversión estimada de 532 millones de euros con un plazo de finalización a partir del año 2015, licitándose las obras del subtramo Castellón-Sagunto el 4 de marzo. El ministerio tiene previsto tener terminados el resto de los proyectos en los próximos meses, adjudicando Adif en marzo la renovación de la vía y catenaria entre Moncófar y Castellón. En el tramo La Encina-Alicante, la inversión estimada es de 160 millones de euros con el proyecto en redacción y el tramo Alicante-San Isidro y Murcia-Cartagena con una inversión estimada de 244 millones de euros, también con su proyecto en redacción.

La situación de las líneas de alta velocidad en el corredor mediterráneo hasta Murcia están en la siguiente situación: Entre Cartagena y Murcia se sometió a información pública el pasado mes de agosto el estudio informativo, remitiéndose en enero el expediente al Ministerio de Medio Ambiente solicitando la Declaración de Impacto Ambiental. Entre Murcia y Monforte del Cid se encuentra en servicio provisional el subtramo acceso a Murcia con ancho ibérico y en obras los otros ocho restantes. Entre Alicante y La Encina se han finalizado ya las obras de plataforma de todos los tramos, salvo en el último acceso a Alicante. Se han finalizado las obras de montaje de la vía, se están finalizando las obras de electrificación y están en ejecución las instalaciones de seguridad, teniendo prevista la llegada de la alta velocidad a Alicante en el mes de junio del presente año.

Entre La Encina y Valencia, y de los 15 tramos existentes, uno está en servicio provisional en ancho ibérico, que es el nudo La Encina-Xátiva, y están prácticamente terminadas las obras de plataforma y montada la vía del resto de los tramos. Entre Valencia y Castellón es prioritario para el Gobierno la implantación del ancho UIC mediante el tercer carril, atendiendo al proyecto elaborado por el Gobierno valenciano.

En cuanto al tramo entre Castellón y Tarragona, en septiembre de 2009 se adjudicó el estudio informativo, recibiéndose en mayo de 2011 las respuestas a las consultas previas ambientales, las cuales se están analizando por parte de los servicios técnicos del propio Ministerio de Fomento. Entre Vandellós y Tarragona los trabajos de la plataforma están finalizados en cuatro de los seis subtramos, y los otros dos se encuentran en obras. Entre Tarragona y Barcelona se encuentra en servicio la línea desde el 2008, y entre Barcelona-Figueras-frontera francesa, está en servicio desde enero de este año.

Respecto a las actuaciones en los puertos, quiero significar que se están revisando los proyectos ferroviarios y viarios del nuevo acceso al puerto de Barcelona, optimizando las soluciones para reducir sus costes y que las actuaciones se puedan ejecutar por fases. Y en cuanto al nuevo acceso al puerto de Castellón, en el mes de marzo se ha iniciado el trámite de información pública del estudio informativo del nuevo acceso sur.

Y no quiero pasar por alto lo que este corredor afecta a Andalucía. Es justo reconocer, en primer lugar, que todavía quedan por invertir en esta infraestructura más de cinco mil millones, pero ya se está trabajando en la plataforma entre Murcia y Almería. Se está redactando el estudio informativo entre Almería y Granada, y se está trabajando en la ejecución de las obras de plataforma entre Granada y Antequera, sin olvidar las inversiones entre Antequera y Algeciras, y de forma concreta los accesos al puerto de Algeciras, donde hay que destacar la renovación de la vía y la mejora del tramo Almoraima-Algeciras, lo que va a suponer una inversión de 70 millones de euros. Y el pasado 15 de febrero Adif licitó la obra con la que se realizará la renovación de la vía en el entorno de San Roque.




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Esto, señorías, es lo que quería exponer a la Cámara y espero y deseo el apoyo sincero de todos los partidos y grupos políticos aquí representados.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado tiene la palabra la senadora Leanizbarrutia.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes.

Nosotros hemos presentado una enmienda de modificación para que incluya que no solamente se tenga en cuenta el corredor mediterráneo, sino también el corredor ferroviario atlántico. Lo mismo ocurriría con los puestos de interés de los dos ejes y después que se impulsen las medidas correspondientes para la interconexión de ambos ejes con el objeto de lograr con esa unión un mayor impacto económico en ambas zonas.

El objeto y el propósito de estas enmiendas es precisamente darle un tratamiento más integral a la importancia de los corredores, tanto mediterráneo como atlántico, pero también a esa interconexión que va a hacer que emulsione exponencialmente el impacto económico de toda la Península, porque no hay que olvidar que el corredor ferroviario atlántico es el que nos va a permitir también unir toda la zona de Portugal, y eso nos parece que es básico y geopolíticamente es algo muy, muy importante.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Fernández Ortega.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.

Esta moción que ha presentado el Grupo Popular no aporta, en nuestra opinión, ninguna novedad al proyecto del corredor mediterráneo. Más que en defensa de este corredor se presenta en defensa de la propuesta que hizo la ministra de implantación del ancho UIC recurriendo al tercer carril y sin comprometer ninguna fecha de finalización para estas obras. Anuncio que hizo en Castellón el pasado 18 de diciembre y que ha recibido las críticas de los representantes de las Cámaras de Comercio de Castellón, de Tarragona, de Tortosa, de Reus, de Valls, que han trasladado su opinión sobre la necesidad de que el corredor mediterráneo se ejecute con las condiciones europeas, es decir, con doble plataforma, y que consideran vital que sea de esa manera. También ha recibido la crítica más ácida del presidente de la patronal del sector cerámico valenciano, que fue más allá y tildó de chapuza la propuesta de la ministra. Y Ferrmed ha declarado que el tercer rail, evidentemente, no es el corredor mediterráneo, es una obra provisional que será otra cosa y que va a dejar cuellos de botella muy importantes en provincias como Valencia o Castellón.

En el Grupo Socialista no apoyamos esta propuesta puesto que lo que se propone no se corresponde con lo definido en la Unión Europea por corredores ferroviarios prioritarios, que deben tener alta velocidad en doble plataforma, separando pasajeros de mercancías. Ustedes nos presentan una obra provisional —en palabras del secretario general de Infraestructuras, provisionalidad que considera suficiente por lo menos para una década— y, por lo tanto, lo que están defendiendo es que durante décadas mantengamos un cuello de botella en un corredor que es estratégico para España y fundamental para el desarrollo de nuestra economía.

Esta solución que nos propone el Partido Popular además de ser compleja técnicamente también tiene una complejidad funcional importante que va a dificultar el paso de las mercancías y de ahí que se haya propuesto también como una solución parcial el construir los apartaderos.

No apoyamos la propuesta de la ministra de Fomento que defiende esta moción, porque cuando describimos el corredor mediterráneo decimos que afecta a cuatro comunidades, pero las obras se están impulsando en tres y de manera insuficiente. Decimos que el corredor discurre por once provincias, pero el Gobierno se está centrando solo en siete. Decimos que afecta al 20% de la superficie del país, pero las obras que aquí se presentan y que quieren impulsar, como digo de manera insuficiente, solo afectan a la mitad del corredor. Y como colofón la solución que nos




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proponen no tiene características de corredor europeo con doble plataforma para separar mercancías de pasajeros y los pasajeros con alta velocidad en doble vía y ancho internacional electrificado.

Por consiguiente, el Grupo Socialista no va a apoyar su moción, señor Ortiz. Ustedes de palabra —y sirva como ejemplo esta moción— nos vienen a decir que para el Gobierno es prioritario el corredor mediterráneo, pero cuando vamos a los Presupuestos Generales del Estado de 2013 es evidente que esa no es su prioridad. No es el corredor mediterráneo el que tiene el mayor esfuerzo inversor del Estado, y la propia ministra nos dijo aquí, en esta Cámara, hace unas semanas, el 19 de marzo, que la mayor ejecución de obra en AVE estaba en Ourense, con 560 millones de euros ejecutados en 2012 y 534 millones presupuestados en 2013. Nos alegramos mucho por los ciudadanos de Galicia y por los orensanos, pero queda claro que la prioridad para el Partido Popular no es el corredor mediterráneo, por mucho que ustedes nos lo digan o nos traigan aquí propuestas para que nosotros apoyemos lo que ustedes hacen, que es justo lo contrario de lo que deberían hacer con un corredor que realmente fuese prioritario para este país; tampoco lo es, ni siquiera, con las solicitudes de ayuda que se hacen a la Unión Europea.

Les recuerdo, señorías, que el eje mediterráneo arranca en el puerto de Algeciras, que es el primer puerto de España en movimiento de mercancías y el octavo de Europa, el primero de la Península en movimiento de pasajeros y, además, cuenta con el primer cluster empresarial de Europa por volumen de facturación. Un puerto que, como el resto de Andalucía, queda fuera de los planes de impulso del corredor mediterráneo del Gobierno, que mantiene unas inversiones de bajo perfil.

Hemos presentado una enmienda de sustitución a esta moción y hemos propuesto al Grupo Popular alcanzar, como en otras ocasiones se ha hecho, un acuerdo transaccional, puesto que esta es una infraestructura estratégica para España, cuya financiación debe negociarse en Europa, propuesta que no se ha aceptado, a pesar de que en los tres puntos que plantea el Grupo Popular no se hace ninguna referencia ni a Europa ni a las negociaciones.

El Grupo Socialista, con su enmienda, pretende mantener ante las instituciones europeas la defensa y negociación, que aún continúa, del corredor mediterráneo, desde Algeciras a la frontera francesa, en toda su integridad, ya que el tramo Sevilla-Valencia no está priorizado con fecha de ejecución comprometida.

Pretendemos impulsar la ampliación para que el corredor de mercancías competitivo número 6 coincida con el corredor mediterráneo. La ministra nos dijo que había firmado un acuerdo con otros países europeos sobre el corredor número 6, pero lo cierto es que este corredor no llega a Algeciras; no llega a Algeciras ni por Madrid, ni por Valencia.

También proponemos que se impulse y que se contemple en los documentos del Mecanismo Conectar Europa la finalización del corredor mediterráneo en todo su recorrido para 2020, porque se está negociando y comprometiendo por parte del Gobierno cuándo se finalizan las obras, pero en ese Mecanismo Conectar Europa que define las redes transeuropeas de transporte el tramo que va de Sevilla a Valencia no tiene ningún compromiso de finalización y pedimos que se haga en 2020.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya terminando.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Termino enseguida, señora presidenta.

Pedimos al Gobierno que continúe la negociación y pedimos al Gobierno que impulse la redacción y la ejecución de la obra del corredor mediterráneo, pero que lo haga con doble plataforma en todo su trazado, para que esté finalizado en 2020 en todo su recorrido.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, Presidenta.

En tot cas, vull donar explicacions d’aquesta esmena de modificació de la moció que volem incorporar, en la qual diem, al primer punt: Donar prioritat al desenvolupament del corredor del




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Mediterrani, amb l’objecte de convertir-lo definitivament en una infraestructura clau per al futur social i econòmic del Mediterrani i de tot l’Estat i que sigui un eix dinamitzador del transport de mercaderies. El segon punt diu: realitzar els projectes constructius de les connexions ferroviàries, dels principals ports d’interès general que formen part del mateix eix mediterrani. El tercer punt és complir amb el calendari d’execució de totes i cadascuna de les actuacions contingudes en el projecte per a la implantació de l’ample en el corredor del Mediterrani, presentat a la ciutat de Castelló el passat 18 de desembre, tal com especifica en l’exposició de motius la moció presentada. I quart i darrer punt: accelerar les obres per al desdoblament de la via, en el tram entre Vandellós i Tarragona, perquè estigui finalitzar abans del termini d’un any.

En la part de portaveus ja ho explicaré més àmpliament.

Gràcies.

Gracias, presidenta.

El primer punto de esta enmienda de modificación de la moción pretende dar prioridad al desarrollo del corredor mediterráneo con el objeto de convertirlo definitivamente en una infraestructura clave para el futuro social y económico del Mediterráneo y de todo el Estado y que sea un eje dinamizador del transporte de mercancías. El segundo punto dice que hay que realizar los proyectos consultivos de las conexiones ferroviarias de los principales puertos de interés general, que forman parte del mismo eje mediterráneo. El tercer punto pretende que se cumpla con el calendario de ejecución de todas y cada una de las actuaciones contenidas en el proyecto para la implantación del ancho UIC en el corredor mediterráneo, presentado en la ciudad de Castellón el pasado 18 de de diciembre, tal como se especifica en la exposición de motivos de la moción. Y el cuarto y último punto propone acelerar las obras para el desdoblamiento de la vía en el tramo entre Vandellós y Tarragona para que esté terminado antes del plazo de un año.

En el turno de portavoces lo explicaré con más amplitud.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias.

Para indicar si acepta o no las enmiendas presentadas por los grupos, tiene la palabra el senador Ortiz.

El señor ORTIZ PÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Desde el escaño voy a hacer algunas matizaciones sobre las percepciones que he podido escuchar, sobre todo, al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

El Gobierno sabe lo que está haciendo. Está dando cumplimento al trazado que presentó ante la Unión Europea el exministro don José Blanco y que nosotros apoyamos con todas las consecuencias. Por lo tanto, no sé por qué se extraña de que no hagamos estas cosas. Lo que pasa es que usted no pueden obligarnos a que demos preferencia a un corredor o a otro, a un tramo o a otro sino que, según las necesidades presupuestarias, iremos desarrollando el corredor, cumpliendo los plazos, como usted pedía en la Declaración de Castellón. En la declaración de Barcelona, que hizo el exministro Blanco —en la que yo estuve presente y también, si no recuerdo mal, la senadora Candini—, había un calendario de ejecución de esas obras que nosotros vamos a cumplir a pesar de las dificultades económicas con las que se ha encontrado la actual ministra, consecuencia de la anterior gestión del Gobierno socialista.

Yo creo que nuestra propuesta es coherente. Nosotros estamos de acuerdo y queremos impulsar las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno. Sé que a usted nuestras propuestas no le gustan. Ustedes elaboraron en su momento el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte, el PEIT célebre, que no cumplieron en ninguna de las partes ya que ni hicieron los planes sectoriales ni los de sección. Por lo tanto, nosotros ahora estamos obligados, por mandato de los ciudadanos, a elaborar nuestro propio Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, el Pitvi, que usted conoce en su borrador, por lo menos.

También quiero decirle que este Gobierno no se olvida del principal puerto del Mediterráneo, como es Algeciras. Usted sabe perfectamente que la Unión Europea aprueba el corredor mediterráneo hasta Almería. La alternativa que se le da, como he explicado antes, es Algeciras, Antequera, Granada y Almería para conectar con el resto del corredor mediterráneo. Por lo tanto,




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lo que importa no es el nombre, sino si damos servicio al puerto de mercancías más importante, como es el puerto de Algeciras.

Senadora Candini, quiero serle muy sincero. Le aceptaría, si pudiera, el tramo Vandellós-Tarragona, que usted me está pidiendo que se ejecute en el plazo máximo de un año. Yo sé, después del recorte que hubo en el año 2010, que no estamos en condiciones de garantizar que eso se pueda cumplir y como no quiero engañarles a ustedes ni a la Cámara, les digo con sinceridad que no se lo puedo admitir porque no vamos a poder cumplirlo.

A la senadora del Grupo Parlamentario Vasco quiero decirle que estamos debatiendo ahora una moción sobre el corredor mediterráneo exclusivamente. Usted me habla de otro eje, en el que el Gobierno también está trabajando, como es el eje atlántico, y me pide que se garanticen las interconexiones. Europa ha aprobado el plan técnico que presentó el anterior Gobierno y dentro de ese plan técnico se prevé que las interconexiones entre ejes estén establecidas. Por consiguiente, tiene usted la garantía, y así lo ha refrendado también la Unión Europea —lo digo por si no se fía usted de nuestro Gobierno, que está en su derecho—, ha bendecido lo que se ha presentado y, por lo tanto, nosotros estamos obligados a su cumplimiento. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Agradezco el tono de todas las intervenciones. En este caso, siento no poder aceptar las enmiendas ni llegar a un acuerdo transaccional como al que llegamos en el año 2011, si no recuerdo mal, la mayoría de grupos de esta Cámara.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ortiz.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Leanizbarrutia.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Eskerrik asko presidente jauna. Arratsalde on, senatariok.

Orain entzun dugu alderdi popularraren bozeramaileak nola gure emendakin hauek ez dituela onartzen. Nik bakarrik esan, gure emendakinaren bitartez azpimarratu nahi izan duguna izan dela Mediterraneoko korridoreaz gain ere, Atlantikoko trenbide-korridoreari ere bultzada handi bat eman diezaioten eskatzen dugula, eta Estatu Espainiarra hartu gabe, bakarrik hori, bada penintsula bere osotasunean hartu beharko genukeela. Batez ere, horrek ematen duelako, lehen esan dudan bezala, esponentzialki halako bultzada ekonomiko askoz ere handiago bat.

Esan du senatari popularrak fidatzekoak garen edo ez. Nik ez dut zalantzan jarriko fidagarria nor den edo ez. Ni bakarrik ekintzetan oinarrituko naiz, zer egiten den, eta orduan esango dut, bada, bai hala da, fidagarria da edo ez.

Bakarrik hemen esan dugu, egia da, Mediterraneoko ardatz horren, edo korridore horren bultzada eskatzen dela.

Baina gure taldeak ikusi nahi du ere Alderdi Popularraren borondatea, borondate politikoa. Badakigu epeak daudela, badakigu dirua, dagoen dirua dagoela. Baina baita ere badakigu, eta jakin nahi dugu benetan estatuko gobernu hau benetan bultzatzeko prest dagoen, nahi dugu jakin ea gure Atlantikoko korridore hori, trenbide-korridore hori bultzatzeko prest dagoen. Borondate politikoa agertzea argi eta garbi pleno honetan. Batez ere Atlantikoko korridorea izan delako lehentasunezko korridore bat, atzerapen izugarria jasaten ari dena. Korridore horrek daukan garrantzia da ere, Mediterraneoak daukan garrantziaren parekoa. Baina baita ere, Europako iparraldetik datozen itsasoko autopista guztiak kontuan hartuz gero, trenbide-korridore horri aldi berean garrantzi berea eman behar zaiola.

Iruditzen zaigu, Estatua —zuk zerorrek esan zenduen— nolabait logistika plataforma handi batean bihurtuko litzatekeela; eta iruditzen zaigu, ekonomikoki, bada Amerika ere hor dagoela, eta hortara begira, Atlantikoko korridoreak izugarri garrantzi handia daukala. Eta esan, Europarekin trenbide korridore horrek benetan inpaktoa izan dezan ezinbestekoa izango dela Frantziatik ere lotura edukitzea. Guk esan dezakegu, Portugalera dihoan trafiko gehiena, gure korridore honetatik dihoala, eta lotura ere Parisekiko zuzena daukagula. Itsas portuak kontuan hartu gabe.

Orduan iruditzen zaigu biak direla garrantzitsuak Estatuaren garapen ekonomikorako. Zergatik ez, bada, dena batera, bere osotasunean era integral batetan hartzea, eta borondatea




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Gobernuarena agertzea. Egia esan, ministroak inoiz baino gehiagotan esan du baietz, horren gainean daudela. Baina gauza da, gure trenbide-korridorea izugarrizko atzerapenarekin dihoala, izugarrizko atzerapenarekin, eta berriz ere, Europa badirudi dagoela oso urruti, oso urruti, Madriletik. Zeren lotura hori ezin dugu lortu, urteak pasa eta gero.

Eta gero, eskatzen dugunean interkonexioarena iruditzen zaigu ez daukala beste esplikazio gehiagorik. Asuntoa da esatea interkonexioa iruditzen zaigula dela ezinbestekoa, alegia, interkonexio horrekin oraintxe bertan hasi behar garela. Lehentasuna eman zaiola Europan? Europan ere eman zitzaion lehentasuna Atlantikoko trenbide-korridoreari Baina begira non gauden, zein urtetan sartzen ari garen, 2009an, 2012an, orain iada 2016an. Guri gobernu bat egon, edo beste bat, kolore batekoa edo bestelakoa berdin zaigu. Asuntoa da gobernuak egiten duen edo ez. Eta argi dagoena da, historikoki, bada, gobernu ezberdinek ez dutela erantzun, alegia, Europak jarri zuen lehentasunetako proiektu horiek erantzuteko gauza ez dela izan, ez bata, ez bestea. Sartuko gara 2016an, eta oraindik, penintsularen zati erdia, ez dezagun esan % 80 edo ez, baina erdia geratuko da loturarik gabe. Eta bueno, Mediterraneokoa garrantzitsua baldin bada, zalantzarik gabe ipar Europa eta Amerika ere oso garrantzitsuak dira. Eta haietatik Mediterraneora joateko, bada interkonexio horrek laburtu egingo luke denbora, eta merkantziak askoz ere lehenago iritsiko lirateke baita ere Afrikara, eta nik uste dut, era integral batean.

Orduan, Mediterraneoko korridorearen gauza bat, edo planteamendu bat da, ados ondo dago. Baina guk nahi duguna da ikusi borondate hori benetan hartzen den gobernuko talde parlamentarioaren aldetik.

Beraz, gure taldearen postura izango da abstentzioa, ikusi arte benetan, gobernuaren borondate horiek ea bat datozen Europak bere garaian lehenetsi zituen proiektuen aurrean. Ea horiek bultzatzeko gauza diren.

Eskerrik asko, eta besterik ez.

Muchas gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías. Acabamos de escuchar al portavoz del Grupo Popular decir que no va a aceptar nuestra enmienda. Quiero señalar que a través de la enmienda he querido subrayar que, además del corredor mediterráneo, requeriría también un impulso el corredor atlántico. Eso es lo que pedimos. Y también decimos que no solo tendríamos que tener en cuenta al Estado español, sino a toda la Península, porque eso incrementaría de forma exponencial el impulso económico.

El senador del Grupo Popular ha mencionado si nos fiamos de su grupo o no. Yo no he dicho si me fío o no de su grupo. Yo me baso en los hechos. Y sí, por supuesto, claro que es fiable.

Es cierto que con esta moción se exige el impulso al corredor mediterráneo, pero nuestro grupo tiene una voluntad política, y el Grupo Parlamentario Popular también tendría que considerar esto. Sabemos que está en juego un gran presupuesto, pero también queremos saber si el Gobierno estatal, si el Gobierno del Partido Popular estaría dispuesto a promover el corredor atlántico.

Nos gustaría que mostrara su voluntad política en este Pleno con respecto a ese tema, porque el corredor atlántico ha sido un corredor con preferencia, y está teniendo un gran retraso, y la importancia de ese corredor es del mismo nivel que el corredor mediterráneo, por supuesto, pero también podría ligar con los ejes europeos, y habría que dar la misma importancia tanto al corredor atlántico como al mediterráneo.

El impulso al corredor atlántico formaría parte de una plataforma logística. Y es por ello que consideramos que este corredor atlántico es de una vital importancia. Si podemos vincular ese corredor atlántico con el corredor europeo, sería vital que tuviera conexión con el corredor que viene de Francia. Hemos dicho que el mayor tráfico que va hacia Portugal pasa por nuestro corredor, y también tenemos relación directa con París, aparte de las mercancías transportadas por vía marítima.

Por lo tanto, si los dos corredores son importantes para el desarrollo económico del Estado, ¿por qué no abordamos todo en un conjunto, de forma integral, y por qué el Gobierno no muestra su voluntad política con respecto a este tema? Es cierto que el ministro ha mostrado su voluntad y ha dicho que están trabajando en ello, pero nuestro corredor atlántico va con un gran retraso, y parece que la conexión de Europa con Madrid todavía está muy lejana, pues siguen pasando los años y el corredor atlántico sigue teniendo un gran retraso.




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Por otra parte, pensamos que el asunto de la interconexión no tiene mayor misterio. Consideramos que la interconexión es fundamental, y tendría que empezar desde ya. Si en Europa han dado preferencia al corredor mediterráneo, también se la dieron al corredor atlántico, pero están pasando los años; ahora se ha puesto el plazo de 2016 para seguir con el corredor atlántico. En nuestra opinión, a nosotros nos da igual el color político del Gobierno; lo que nos importa es que se siga haciendo, y está claro que los distintos Gobiernos no han respondido a las prioridades establecidas por Europa respecto de la continuidad del corredor atlántico. Llegaremos al 2016 y todavía la mitad de la Península —no digamos el 80%, pero sí la mitad— quedará sin conexión con Europa. Y si el corredor mediterráneo es importante, el norte de Europa y América también son muy importantes, y para llegar al Mediterráneo esa interconexión facilitaría la comunicación con esa zona, reduciría el tiempo para llegar al Mediterráneo e incluso a África. Por lo tanto, habría que abordarlo de forma integral.

Este es un planteamiento con respecto al corredor mediterráneo. De acuerdo. Pero nosotros queremos saber si realmente se tiene en cuenta el corredor atlántico, si se va a tener en cuenta nuestra propuesta.

Por lo tanto, la postura de nuestro grupo va a ser de abstención hasta ver si la voluntad del Gobierno está de acuerdo con la voluntad que a su vez en un tiempo mostró Europa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Leanizbarrutia.

Por el Grupo Parlamentario Entesa tiene la palabra el senador Martí Jufresa.

El señor MARTÍ JUFRESA: Moltes gràcies, senyor President. Bona tarda, senadors i senadores.

Suposo que tots estem d’acord en què les mocions que es presenten en aquesta Cambra tenen la finalitat d’impulsar el Govern; de marcar al Govern prioritats; de dir-li al Govern cap a on ha d’anar perquè no ho està fent; de dir-li al Govern que s’ha de posar més èmfasi, més impuls, més força en alguna qüestió en què el Govern no ho està fent suficientment. Això és el mateix que fa una estona, en una moció conseqüència d’interpel·lació presentada pel Grup Socialista, quan el Grup del Partit Popular li ha dit al senador socialista que no donaria suport a la moció perquè el Govern ja estava fent-ho, perquè es considerava que el grau de prioritat que el Govern donava a aquesta qüestió ja era el correcte. Per tant, entenc que sí, toca una moció com la que en aquests moments estem discutint, perquè efectivament el Govern no està fent tot el que cal en aquesta qüestió, i per tant necessita un impuls, necessita que aquesta Cambra digui obertament que hi ha una prioritat que és el corredor del Mediterrani, que cal reforçar, que cal subratllar i a la qual cal destinar més recursos, més esforços i més empenta política. Per això, ja anuncio que el Grup de l’Entesa votarà favorablement a aquesta moció amb aquesta finalitat: la d’esperonar el Govern i subratllar l’impuls que imprescindiblement necessita aquesta qüestió en l’actuació del Ministeri de Foment i del conjunt del Govern d’Espanya.

És obvi, com ha explicat el senador proponent, que els territoris pels quals discorre el corredor del Mediterrani fan d’aquest corredor el conjunt d’infraestructures de més importància estratègica avui per a Espanya. Per superfície, població, PIB, capacitat exportadora... Com vostè també ha dit, és molt important la idea que el 50% de la capacitat exportadora de la nostra economia se centra en aquest corredor. Trànsit terrestre de mercaderies, turisme, ports... Per tant, capacitat exportadora, i també importadora, portes d’entrada, etcètera.

En definitiva, és molt urgent que s’estableixi un autèntic corredor ferroviari que dreni un flux de viatgers i mercaderies a partir de les tres qüestions que tots coneixem: l’alta velocitat de passatgers amb el suport dels trens regionals, l’ample de via europeu i la connexió amb els ports. Això tindria tres conseqüències altament positives: l’activació econòmica ―avui dia és absolutament obvi i no val estendre-s’hi―, el reequilibri territorial ―els representants del Partit Popular no n’acostumen a parlar però per a nosaltres és molt important trencar el model de l’Espanya radial i concèntrica per anar a un autèntic model d’Espanya en xarxa, fent d’una vegada una prioritat autèntica en una part del territori que no es vertebra a partir de Madrid― i, també molt important, l’esforç que representa en termes de sostenibilitat. Transformar i donar la màxima prioritat als sistemes ferroviaris per sobre dels sistemes viaris, aconseguir traslladar una part molt important de les mercaderies, que




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avui encara es desplacen per camió, al ferrocarril, entre d’altres, és evidentment apostar pel medi ambient, per la sostenibilitat i per tots els seus efectes beneficiosos.

Però això, que crec que aquestes alçades, afortunadament, ja és conegut i compartit, en canvi, com deia, no es veu en absolut reflectit en els esforços del Govern i en les prioritats del Govern. Valguin simplement tres exemples. Les pròpies xifres de la moció del pressupost al 2013 del Ministeri de Foment per a aquest corredor del Mediterrani: 1.079 milions d’euros, és a dir, només el 10% del pressupost inversor del Ministeri; només el 10% per a un conjunt d’infraestructures que representen molt més per al nostre país en aquestes tres vessants, i que avalen unes dades que vostè ha donat, que són de l’ordre del 50%. I en canvi estem al 10% dels recursos.

Una altra dada: el pressupost del 2012. Efectivament, hi havia consignats 1.392 milions, però vostè sap que el nivell d’execució va ser molt inferior. Un endarreriment clamorós en termes d’execució en algun dels trams. Per tant, una dotació insuficient el 2013 i una dotació incomplerta el 2012.

I tercera dada, que han comentat alguns altres portaveus. Si ho comparem amb els pressupostos del 2011, és un 40% menys. Un 40% menys entre el 2013 i el 2011 pel que fa a l’assignació pressupostària a les infraestructures del corredor del Mediterrani. Per tant, sí, aquesta és una assignatura pendent d’aquest Govern. I per tant, sí a aquesta moció d’impuls que, entre altres coses, exemplifica la mala consciència del Partit Popular en aquesta qüestió, fins no fa massa plena de contradiccions, dubtes i incompliments. I sí, perquè aquesta moció ha de servir perquè el Govern rectifiqui i faci definitivament del corredor del Mediterrani ―com diu al seu punt 1― la seva prioritat pressupostària. Als pressupostos dels propers anys tindrà l’oportunitat de rectificar i de fer-ho. I sí a que aquesta moció serveixi d’impuls al Govern perquè compleixi tots els terminis presentats, que vostè mateix ha dit que s’havien d’assumir, i que entre tots hem explicat a la societat i a la Unió Europea que volíem complir.

Per tant, és absolutament imprescindible que així sigui. La sortida de la crisi ens demana que tinguem posicions valentes i determinants en qüestions com aquesta, que sapiguem fer us del que significa la priorització política. I espero de veritat que el Govern faci cas d’aquesta moció del Partit Popular. Segurament si l’hagués presentat aquest grup o qualsevol altre vostès no l’haguessin votat, però ja que l’han presentat vostès, donem-li la benvinguda i esperem que, efectivament, ja que l’ha presentat el seu grup, el Govern compleixi, rectifiqui, faci del corredor del Mediterrani l’autèntica prioritat de les infraestructures d’aquest país i en sortim tots, els que hi vivim i el conjunt d’Espanya, beneficiats en el termini de temps més curt possible.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, senadores y senadoras.

Supongo que todos estamos de acuerdo en que las mociones que se presentan en esta Cámara tienen como finalidad impulsar al Gobierno a marcar prioridades diciéndole hacia dónde tiene que ir, porque no lo está haciendo. Hay que decirle al Gobierno que hay que poner más énfasis, más impulso y más fuerza en algunas cuestiones en las que no lo está haciendo suficientemente. Esto es lo mismo que ocurría hace un rato con la moción consecuencia de interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. El Grupo Parlamentario Popular le ha dicho al senador socialista que no iba a apoyar la moción porque el Gobierno ya lo estaba haciendo y porque consideraba que el grado de prioridad que el Gobierno daba a esa cuestión era el correcto. Por tanto, en efecto, corresponde una moción como la que estamos discutiendo en este momento porque el Gobierno, como digo, no está haciendo lo suficiente respecto de esta cuestión y necesita un impulso para que esta Cámara diga abiertamente que hay una prioridad, que es el corredor del Mediterráneo, que hay que reforzar y subrayar; prioridad a la que hay que destinar más recursos, más esfuerzos y más impulso político. Por ello ya anuncio que el Grupo de la Entesa votará a favor de esta moción con la finalidad de estimular al Gobierno y subrayar el impulso que, de forma imprescindible, necesita esta cuestión por parte del Ministerio de Fomento y del Gobierno de España.

Como ha explicado el senador proponente, es obvio que los territorios por los que discurre el corredor del Mediterráneo hacen de él el conjunto de infraestructuras de mayor importancia estratégica hoy en día para España, por superficie, por las poblaciones que abarca, por PIB, por la capacidad exportadora. Como usted también ha dicho, es importantísima la idea de que el 50% de




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la capacidad exportadora de nuestra economía se centra en ese corredor: tráfico terrestre de mercancías, turismo, puertos…, por tanto, capacidad exportadora y también importadora, puertas de entrada, etcétera.

En definitiva, es urgentísimo que se establezca un auténtico corredor ferroviario que drene un flujo de viajeros y mercancías a partir de las tres cuestiones que todos conocemos: la alta velocidad de pasajeros, con el apoyo de los trenes regionales; el ancho de vía europeo y la conexión con los puertos. Esto tendría tres consecuencias altamente positivas: la activación económica —hoy en día es absolutamente obvio, no hay que extenderse en ello—, el reequilibrio territorial —representantes del Partido Popular no acostumbran a hablar de ello, pero para nosotros es importantísimo romper con el modelo de la España radial, de la España concéntrica para ir a un auténtico modelo de España en red, haciéndolo de una vez una prioridad auténtica en una parte del territorio que no se vertebra a partir de Madrid—, y lo que es también muy importante, el esfuerzo que representa en términos de sostenibilidad: transformar y dar la máxima prioridad a los sistemas ferroviarios por encima de los sistemas viarios y conseguir trasladar al ferrocarril una parte importantísima de las mercancías que todavía hoy se desplazan en camión. Entre otros, hay que apostar, evidentemente, por el medio ambiente, por la sostenibilidad y por todos sus efectos beneficiosos.

Pero esto, que a estas alturas, afortunadamente, ya es conocido y absolutamente compartido, en cambio no se ve en absoluto reflejado en los esfuerzos ni en las prioridades del Gobierno. Valgan para ello simplemente tres ejemplos. Primero, las propias cifras de la moción. El presupuesto para 2013 del Ministerio de Fomento para este corredor del Mediterráneo es de 1079 millones de euros; es decir, tan solo un 10% del presupuesto inversor del ministerio; solo el 10% para un conjunto de infraestructuras que representan muchísimo más para nuestro país en estas tres vertientes y que avalan unos datos que usted ha dado, que son del orden del 50%. En cambio, estamos en el 10% de los recursos.

Segundo, el presupuesto para 2012. Efectivamente había consignados 1392 millones, pero usted sabe que el nivel de ejecución fue muy inferior. Un retraso en términos de ejecución clamoroso en alguno de los tramos. Por lo tanto, dotación insuficiente en 2013, dotación incompleta en 2012.

Y tercero —lo han comentado algunos otros portavoces—, si lo comparamos con los presupuestos para 2011 la cifra es de —40%. Entre 2013 y 2011 hay un 40% menos de asignación presupuestaria a las infraestructuras del corredor mediterráneo. Por lo tanto, sí, esta es una asignatura pendiente de este Gobierno, y por eso decimos sí a esta moción de impulso que, entre otras cosas, ejemplifica la mala conciencia del Partido Popular en esta cuestión, hasta no hace mucho llena de contradicciones, dudas e incumplimientos. Y decimos sí porque esta moción tiene que servir para que el Gobierno rectifique y haga —como dice en su punto 1— del corredor del Mediterráneo su prioridad presupuestaria definitivamente en los presupuestos para los próximos años. Tendrá la oportunidad de rectificar y de hacerlo. Y decimos sí a que esta moción sirva, efectivamente, de impulso al Gobierno para que cumpla todos los plazos que usted mismo ha dicho que había que asumir, y que entre todos hemos explicado a la sociedad y a la Unión Europea que queríamos cumplir.

Por lo tanto, es absolutamente imprescindible que así sea. La salida de la crisis nos pide que tengamos posiciones valientes y determinantes en cuestiones como esta, que sepamos hacer uso de la priorización política, y espero que el Gobierno haga caso a esta moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, pues seguramente si la hubiera presentado este grupo o cualquier otro ustedes no la hubieran apoyado, pero ya que la han presentado ustedes démosle la bienvenida, y que el Gobierno cumpla, rectifique y haga del corredor del Mediterráneo la auténtica prioridad de las infraestructuras de este país, y que todos salgamos adelante, los que vivimos allí y el conjunto de España, que todos salgamos beneficiados en el plazo de tiempo más corto posible.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí Jufresa.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.




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La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, President.

Una vegada més ens trobem amb una moció per part del Partit Popular que presenta amb molt bona fe. Em consta, i no únicament bona fe, sinó que a més a més amb ànim que sigui una realitat, perquè conec personalment el senador Ortiz i recordo com en anteriors legislatures, i sobretot l’anterior, vam formar part de la Comissió de Foment, i em consta de manera ferma que vostè hi creu de forma contundent.

De tota manera, lamento que aquesta moció vagi una vegada més inspirada per la retòrica. Ja sé que darrerament vaig dient això, però és així. Perquè la retòrica és tot allò que no compromet quelcom més amb calendaris, que no compromet amb l’evolució més enllà de la posició filosòfica del que és. Hi ha una part que és l’executiu, que és el Govern, i hi ha una part que és el legislatiu, que són les cambres parlamentàries. La diferència entre l’executiu i el legislatiu és que vostè pot empènyer d’una manera clara, molt més contundent, el compromís per part del Govern. Perquè vostè és senador per Castelló i perquè a més a més és al legislatiu. Perquè, al capdavall, el que fa aquí és traduir aquesta documentació que es va presentar el 18 de desembre; benvinguda, ben presentada, i ja era hora després de dècades, que van estar vostès i el Partit Socialista dues vegades. Almenys vam fer un pas el 18 de desembre. Però vostès ho fan d’una manera reiterada tot això, senyors del Partit Popular. Tradueixen accions del Govern en moció «vaya, vaya, desde luego, cosa que espero merecer de su justo proceder» i és clar, a l’hora de la veritat, tot això, com a mínim, ha de comprometre molt més. Nosaltres presentem una moció d’esmena d’incorporació, on diem no només donar prioritat. Perquè quan diem donar prioritat què vol dir? Que més enllà de la filosofia estem dient que vostè s’ha de comprometre a realitzar els projectes constructius de les connexions ferroviàries. Perquè en la seva part dispositiva parlen d’impulsar els projectes constructius. És clar, però quan? El 2014, el 15, el 16, el 17, el 18, el 19...quan? Si nosaltres parlem de realitzar els projectes constructius de les connexions ferroviàries, com a mínim, pretenem que en el proper pressupost hi hagi una mínima part de partida pressupostària que vagi dins d’aquest compromís.

Complim el calendari d’execució. Això donar realitat a un compromís polític amb un calendari. Estem diferenciant entre la política, la retòrica o la filosofia i una acció compromesa amb un calendari. Perquè si no totes les bones bondats que pugui haver-hi, per moltes rodes de premsa que es facin a Castelló el 18 de desembre de 2012... Que jo crec a més que és de bona fe. Però ha d’entendre que tenim tota la desconfiança després de tantes dècades per part del Partit Socialista, després per part del Partit Popular, i després per part un altre cop del Partit Socialista, de no incorporar-ho com un eix prioritari, tenint en compte que és a més una plataforma logística i continental del sud d’Europa.

Aquest matí una companya seva, en un altre tema, deia: «governar és prioritzar». Efectivament, governar és prioritzar. Això vol dir que és posar en un moment determinat les partides pressupostàries que donin estímul, i no únicament a la presentació i a la filosofia. Per cert, el dia que la ministra ho presenta a Castelló, el 18 de desembre del 2012, ai las, és el mateix dia que la Comissió de Transport de la Unió Europa acorda incloure entre els deu eixos prioritaris el corredor del Mediterrani. Jo no dubto de la seva bona fe, no dubto que vostès també hi creuen, però quan de vegades sentim manifestacions pel que fa al corredor central, ha d’entendre que tinguem tota la desconfiança del món, perquè novament poden posar com a prioritari l’altre, o com a mínim de manera complementària, que acabarà significant destinar menys recursos econòmics per al que és.

Per tant, senador Ortiz, senador per Castelló, que porta temes de foment des de fa anys, i que em consta que té bona voluntat, no és suficient. Perquè vostès han portat aquí una moció que, al meu entendre, és un paper mullat respecte del que ha presentat la ministra. Si ja ho ha presentat la ministra faci un pas més endavant. Diguin almenys que comprometen al pressupost de l’any vinent una part dels projectes que s’han de realitzar. Fem-ho d’aquesta manera. Perquè si no estem fent novament la política de la retòrica, que no ens ajuda a ningú. Per tant, li demano més compromís per part seva.

Vaig llegir no fa massa un text d’un autor que es diu Adam Smith, que es diu «La riquesa de les nacions», i que plantejava la racionalitat econòmica de les decisions sobre la implementació de les infraestructures. I venia a dir que una carretera magnífica, o un vial ferroviari, no es pot fer a través d’un territori desert, on hi ha poc o gens de comerç, només perquè porti a la capital de l’administrador de la província o a la d’un gran senyor a qui l’administrador considera convenient




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fer-li la cort. Això ha passat de manera reiterada per part del Partit Popular i també per part del Partit Socialista Obrer Espanyol. D’aquí que a nosaltres sempre ens fa molta basarda i inquietud quan vostès plantegen coses d’aquestes amb tanta indefinició.

Li demanaven realitzar projectes constructius, li demanaven el calendari, li demanaven accelerar les obres entre Vandellós i Tarragona, perquè vostè sap perfectament que són unes obres prioritàries. Dèiem abans d’un any. Senador Ortiz, vostè aquí, fa un any i mig o dos anys, deia exactament el mateix que jo estic dient ara. Però és clar, vostè llavors estava a l’oposició. I és veritat que ara em dirà: hem arribat i resulta que ens van dir que el marge de dèficit era el que era i era molt superior, i per tant nosaltres no podem donar sortida a tot això. Vostè sap també que hi ha hagut altres prioritats que podien ser substituïdes perfectament per aquestes, perquè estem parlant d’infraestructures que generen valor afegit i que estimulen i promouen l’economia productiva. Per tot això és tan important per a nosaltres des de fa tan de temps.

Perquè no hi hagi cap mena de dubte, nosaltres teníem el dubte de si ens absteníem o votàvem a favor. Algú amb mala fe pot dir que si ens abstenim és que no estem d’acord amb el corredor del Mediterrani. Podria ser, perquè de vegades amb la política, com veiem cada dia, poden acabar fent caricatures sobre la caricatura, quan nosaltres ―i jo personalment― des de l’any 2008 ―i vostè, senador, n’és testimoni―, hem portat un munt d’iniciatives respecte del corredor del Mediterrani. Perquè no hi hagi cap mena de dubte votarem a favor d’aquesta moció; però que quedi ben clar: no és una moció que aporti res que no hagin dit els diferents partits que estem a favor del corredor del Mediterrani. Què aporta? Que genera economia productiva? Ja ho sabem. Totes les dades i els indicadors econòmics que vostè ha dit, i que també estan a l’exposició de motius. Per cert, amb l’exposició de motius tornem al que deia Adam Smith sobre el criteri en l’economia de la racionalitat.

A més, hi ha un apartat en l’exposició de motius que, no sé com s’ho fan venir bé, i tornen a treure el viatge de la relació actual entre Madrid i Castelló, que també s’estalviarà. Quina necessitat hi ha contínuament, quan es parla del corredor del Mediterrani, que s’hagi de posar Madrid? Podem posar Madrid tantes vegades com calgui perquè és una gran capital del món perquè es mereix tot el que es mereix, però estem parlant del corredor del Mediterrani. És com si vostè, o qui li hagi fet, d’una manera o altra, hagi de demanar permís perquè estem parlant del Mediterrani i no estem parlant de la capital de l’Estat, que ja sabem que és el quilòmetre zero, tot i que vostès saben que de quilòmetres zero n’hi ha molts.

En definitiva, estic a favor del corredor del Mediterrani amb el mateix compromís, amb el mateix impuls, amb la mateixa vehemència que ho expressava el 2008; que ho vaig expressar en les interpel·lacions que vaig fer a la ministra Álvarez; que ho vaig expressar en les interpel·lacions que vaig fer al ministre Blanco; que ho hem expressat de manera reiterada en les diferents mocions conseqüència d’interpel·lació... Amb la mateixa.

Però els demano, senyors senadors, que quan siguem a les cambres parlamentàries, aquesta i d’altres, com que ja són prou qüestionades, fem un pas més. No traduïm els compromisos executius en filosofia que no aporta res més enllà de dir el que ha dit el ministre que li correspon per la seva cartera.

Evidentment, sí al corredor, sí al tercer carril, sí a l’ample, sí a tirar endavant l’economia productiva. Si us plau, prou de mocions filosòfiques i prou de mocions retòriques.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Una vez más nos hallamos ante una moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado presentada con muy buena fe —me consta— y con ánimo de que sea una realidad. Conozco personalmente al senador Ortiz, y recuerdo que en anteriores legislaturas, sobre todo en la anterior, ambos formamos parte de la Comisión de Fomento, por lo que me consta de forma firme que usted, señor Ortiz, cree en ello.

De todas formas, lamento que esta moción, senador Ortiz, vaya una vez más inspirada por la retórica. Ya sé que últimamente digo mucho esto, pero es que es así. La retórica es todo aquello que no se compromete con el calendario ni va más allá de la posición filosófica de lo que se defiende. Hay una parte, que es el Ejecutivo, que es el Gobierno, y hay otra parte, que es el Legislativo, que son las Cámaras parlamentarias. La diferencia entre el Ejecutivo y el Legislativo




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implica que usted puede empujar de una forma clara y mucho más contundente el compromiso que tiene el Gobierno: usted, porque es senador por Castellón y porque, además, está en el Legislativo. Al fin y al cabo, si lo que hace aquí es traducir esta documentación que se presentó el 18 de diciembre, bienvenida, ya era hora, después de décadas —porque también estuvo el Partido Socialista dos veces en el Gobierno—, al menos, hemos dado un paso. Lo que sucede es que ustedes, señorías del Grupo Popular, lo están haciendo de forma reiterada, y acciones del Gobierno ustedes las traducen en mociones —desde luego, cosa que espero merecer de su justo proceder—, y eso, como mínimo, debe comprometer mucho más. Cuando nosotros presentamos una enmienda pedimos no solo dar prioridad. Porque, ¿qué quiere decir dar prioridad? Que más allá de la filosofía, estamos pidiendo que se comprometa a realizar los proyectos constructivos de las conexiones ferroviarias. Evidentemente, según se dice en la parte dispositiva de la moción, se impulsarán los proyectos constructivos. Sí, claro, ¿cuándo, en 2014, 2015, 2016, 2018 o 2019? ¿Cuándo? Si nosotros solicitamos realizar los proyectos constructivos de las conexiones ferroviarias, cuando menos pretendemos que en el próximo presupuesto figure una mínima parte de partida presupuestaria dedicada a ese compromiso.

Cumpliremos el calendario de ejecución. A nuestro entender, esto da realidad a un compromiso político, senador Ortiz, a un calendario. Por lo tanto, diferenciamos entre política, retórica y filosofía, y una acción comprometida en un calendario, porque, si no, cambian todas las bondades que puedan existir, por muchas ruedas de prensa que se celebren en Castellón el 18 de diciembre de 2012, que, además, creo que se hacen de buena fe. Debe entender que tenemos toda la desconfianza —después de tantas décadas, primero, por parte del Partido Socialista; después, por parte del Partido Popular, luego, otra vez, por parte del Partido Socialista— acerca de incorporarlo como un eje prioritario, teniendo en cuenta que además es una plataforma logística continental del sur de Europa.

Esta mañana una compañera suya, hablando de otra cuestión, decía que gobernar es priorizar. En efecto, gobernar es priorizar, y eso quiere decir que hay que poner en un momento determinado las partidas presupuestarias que den estímulo no solo a la presentación y a la filosofía. Por cierto, el día que la ministra lo presenta en Castellón el 18 de diciembre es el día en que la Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo acuerda dar prioridad entre los diez ejes prioritarios al corredor del Mediterráneo. Por tanto, no dudo de su buena fe y de que ustedes también creen en esto, pero, cuando en ocasiones oímos manifestaciones sobre el corredor central, entenderá que tengamos todas las desconfianzas del mundo, porque nuevamente pueden dar prioridad al otro o, como mínimo, de forma complementaria, lo que acabará con destinar menos recursos económicos para lo que hace falta.

Por tanto, señor Ortiz, senador por Castellón, que lleva los asuntos de fomento desde hace años, me consta que tiene esa buena voluntad. Sin embargo, señoría, no basta con eso, porque ustedes han traído aquí una moción que, a mi entender, supone, sencillamente, papel mojado respecto a lo que presentó la señora ministra. Si ya lo presentó la ministra, den ustedes un paso más y, al menos, digan que comprometen el presupuesto del año que viene a una parte de los proyectos que se tienen que realizar. Hagámoslo así porque si no, estamos haciendo política de retórica, que no ayuda a nadie. Por tanto, le pido, por favor, un mayor compromiso.

No hace mucho leí «La riqueza de las naciones», de Adam Smith, que plantea la racionalidad económica en las decisiones sobre la implementación de las infraestructuras. Venía a decir que una carretera magnífica —o un eje ferroviario— no se puede hacer a través de un territorio desierto donde no hay o existe muy poco comercio solo para que llegue hasta la capital o hasta donde se encuentre un gran señor porque el administrador de la provincia considere conveniente hacerle la corte. Esto ha venido sucediendo de forma reiterada por parte del Partido Popular y también del Partido Socialista. De ahí que a nosotros nos dé un poco de grima o tengamos un poco de inquietud cuando ustedes presentan este tipo de iniciativas con tanta indefinición.

Les pedíamos hacer proyectos constructivos, el calendario, acelerar las obras entre Vandellós y Tarragona, porque usted sabe perfectamente que son unas obras prioritarias —decíamos antes de un año—. Senador Ortiz, hace un año y medio, o dos, usted decía exactamente lo mismo que estoy diciendo yo ahora aquí, decía exactamente lo mismo, pero entonces estaba en la oposición, claro. Usted me dirá que cuando llegaron al Gobierno descubrieron que el margen de déficit no era el que les habían dicho sino muy superior y, por lo tanto, que no pueden dar salida a todo esto.




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Usted sabe perfectamente que ha habido otras prioridades que podrían haber sido sustituidas perfectamente por estas, porque estamos hablando de infraestructuras que generan valor añadido y que estimulan y promueven la economía productiva. Por todo esto es por lo que a nosotros nos parece tan importante este corredor.

Mi grupo parlamentario no sabía si votar a favor o abstenerse, pero no queremos que quede ninguna duda o que alguien con mala fe pueda decir que si nos abstenemos es porque no estamos de acuerdo con el corredor del Mediterráneo —podría ser, porque en política, lo vemos cada día, se pueden acabar haciendo caricaturas de la caricatura—, a pesar de que personalmente, y desde el año 2008 ―y usted, senador, es testigo de ello― he presentado muchas iniciativas con respecto al corredor del Mediterráneo. Insisto, para que no quede ninguna duda, votaremos a favor de la moción, pero queremos que quede muy claro que no es una moción que aporte nada que no hayan dicho ya los distintos partidos que estamos a favor del corredor del Mediterráneo. ¿Qué aporta? ¿Que genera economía productiva? Ya lo sabemos. De hecho, todos los datos de los indicadores económicos que usted ha dicho, y que también aparecen en la exposición de motivos, insisten en lo mismo, en lo que decía Adam Smith sobre la racionalización del criterio de la economía y de la racionalidad.

Además, en la exposición de motivos hay un apartado que vuelve a citar que también se ahorrará en el viaje entre Madrid y Castellón. ¿Qué necesidad hay continuamente, al hablar del corredor del Mediterráneo, de citar a Madrid? Podremos poner Madrid tantas veces como haga falta, porque, efectivamente, es una gran capital del mundo que se merece todo, pero estamos hablando del corredor del Mediterráneo. Es como si usted, de una forma u otra ―o quien se lo haya indicado― tenga que pedir permiso porque estamos hablando del Mediterráneo y no de la capital del Estado, que ya sabemos que es el kilómetro cero, pero, como todos ustedes saben, kilómetros cero hay muchos.

En definitiva, se trata del corredor del Mediterráneo, con el mismo compromiso, con el mismo impulso y con la misma vehemencia que lo expresé en 2008, que expresé en las interpelaciones que presenté a la ministra Álvarez y al ministro Blanco y que hemos expresado de forma reiterada en las distintas mociones consecuencia de interpelación.

Señores senadores, cuando estemos en las Cámaras parlamentarias —en esta y en otras—, que bastante cuestionadas están ya, les pido que demos un paso más y que no traduzcamos los compromisos ejecutivos en filosofía, que no aporta nada más allá de expresar lo que ha dicho el ministro al que le corresponde por cartera.

Evidentemente, sí al corredor, sí al tercer carril, sí al ancho y sí a sacar adelante la economía productiva, pero basta ya de mociones filosóficas y retóricas.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Candini.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Fernández Ortega.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señor presidente.

Señorías, se ha descrito el corredor mediterráneo esta tarde en varias ocasiones como un corredor muy importante, estratégico para España, con 1300 kilómetros de infraestructuras, que recorre una zona en la que se produce el 45% del PIB y que afecta al 40% de la población, etcétera. Estamos hablando de cifras muy importantes y muy llamativas, pero en los tres elementos que propone el Grupo Popular en su propuesta en ningún momento aparece que este corredor sea prioritario; no aparece la palabra prioridad al hablar del corredor mediterráneo, lo que refleja cuál es su verdadero interés.

Señorías, en este debate manejamos también diversos documentos y reglamentos europeos, que conviene tener claros a la hora de entender lo que estamos proponiendo.

En Europa se diseñaron treinta ejes prioritarios para el desarrollo de las comunicaciones, que en su momento no tuvieron en cuenta el corredor mediterráneo, hasta que el Gobierno socialista anterior lo incluyó entre los ejes fundamentales para el desarrollo de Europa.

En 2010 se aprobó el Reglamento para un transporte de mercancías competitivo en el que, de sus nueve rutas iniciales de corredores de mercancías, había dos que afectaban a España y, de entre ellos, el corredor 6, que no llega a definir el corredor. Es el único país donde el corredor de mercancías número 6 no se corresponde completamente con el corredor mediterráneo. Se corta




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en Madrid y en Valencia, sin llegar a Algeciras, de ahí que nuestra propuesta pida al Gobierno que negocie para que sea representativo del corredor mediterráneo completo. También se está negociando desde 2009 el Mecanismo Conectar Europa y el Reglamento para el desarrollo de la red transeuropea de transporte, en el que hemos conseguido añadir en el último trámite en el Parlamento Europeo, en el mes de enero, algunos nodos más a estas redes importantes con una propuesta conjunta de enmiendas del Partido Popular y el Partido Socialista a nivel europeo. Pero aún quedan algunos elementos por los que seguir negociando, por eso instábamos en nuestra propuesta a que el Gobierno continuara peleando para que aparezcan en la red global todos los nodos que son importantes para España.

El Mecanismo Conectar Europa y el Reglamento para el desarrollo de la red transeuropea de transporte contemplan, además, diez corredores prioritarios para Europa, de los que dos afectan a España. El número 3, el denominado corredor mediterráneo, y el 7, que discurre desde Lisboa, saliendo por la zona norte, a Francia, hasta París. La inclusión en estos corredores es fundamental para el impulso de las infraestructuras afectadas, puesto que en el período 2014-2020 podían recibir hasta un 40% de financiación europea del fondo destinado al Mecanismo Conectar Europa, dotado con 50 000 millones, de los cuales 31 700 se van a asignar al transporte. Es una cantidad muy importante, porque antes estaba previsto que hubiese 8000 millones y ahora tenemos 31 700 millones que pueden servir para financiar inversiones desde el año 2014 a 2020. Yo creo que el Gobierno de España tiene la oportunidad de abordar la construcción del corredor mediterráneo con características —como he defendido en mi anterior intervención— de doble plataforma, y que el AVE en todo su recorrido sea de doble ancho internacional y electrificado, porque hay recursos para poder afrontarlo de esa manera de aquí a 2020, si de verdad se considera que es el corredor prioritario en nuestro país.

En este contexto europeo el corredor mediterráneo para Europa sí es prioritario, para España también —así lo ha entendido y lo defiende el Partido Socialista—, pero no veo que sea el corredor prioritario para el Gobierno del Partido Popular. Ya le he dicho que esta palabra no aparece en la propuesta de acuerdo que hace el Grupo Popular en esta moción, por mucho que nos lo repitan, incluso la propia ministra ha declarado que al corredor mediterráneo se le destina el 23% del presupuesto inversor de 2013. Yo le llamo la atención, y subrayo que al tramo Olmedo-Ourense se destina el 27,66%, luego queda claro que el corredor mediterráneo no es el corredor prioritario para el Gobierno del Partido Popular.

El PP nos dice que el corredor mediterráneo es prioritario, pero nos ha propuesto una solución provisional exclusiva para este corredor. Nos habla de 3000 millones de inversión en una solución que consideran provisional, que ni siquiera es aceptada por las organizaciones empresariales y sociales de las comunidades por las que discurre el corredor. Ustedes nos dicen que es prioritario, pero el corredor pasa por cuatro provincias andaluzas y finaliza en el principal puerto de España, y, sin embargo, la inversión en Andalucía se abandona y la inversión AVE del Gobierno de Partido Popular en los años 2012 y 2013 en Andalucía no ha llegado al 7%, lo cual demuestra que el Gobierno no lo considera corredor prioritario, porque se ha abandonado la inversión en una parte muy importante de él.

Gran parte del diseño de las infraestructuras de nuestro país del futuro corredor mediterráneo y de su financiación, se están debatiendo en Europa, y no veo que en ninguno de los tres puntos de acuerdo que ustedes nos proponen tengan en cuenta este hecho. Tal vez sea porque lo que ustedes negocian en Europa no se corresponde con lo que ustedes presupuestan en España o porque, como saben, fue el Gobierno socialista el que incluyó el corredor mediterráneo en las redes transeuropeas.

Señorías, la propia ministra ha dicho —y lo ha explicado bien; ha demostrado cuál es la verdadera intención del Partido Popular— que la clave no está en la planificación, que es de lo que nos habla el Grupo Popular en esta moción, sino que está —dice la ministra— donde se invierte, y aquí es cuando emerge la verdad de lo que está haciendo el Partido Popular, porque no está invirtiendo prioritariamente en el corredor mediterráneo y, por lo tanto, no es el corredor prioritario para el Gobierno del España.

La enmienda de mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, intenta aportar una visión global, como se ha pactado en otras ocasiones cuando hemos hablado de elementos que son estratégicos para el país. Por eso pedimos que se impulsen simultáneamente los corredores de mercancías




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competitivos 4 y 6, que se modifique el 6 para que llegue hasta Algeciras; por eso pedimos que se impulsen los dos corredores, el 3 y el 7, de los diez que ha considerado Europa como prioritarios y que afectan a España, pero que se haga considerando prioritaria la ejecución del corredor ferroviario mediterráneo por su acentuado carácter estratégico para España. Se han dado muchas cifras y podemos añadir más. También hay que señalar que es estratégico para convertir a España en una plataforma multimodal internacional; puede ser la puerta de España para el intercambio de mercancías con África, con Sudamérica o con Asia.

Señorías, prioridad y compromiso deben obligar al Gobierno a comprometer una fecha. Nosotros pretendemos un compromiso cierto del Gobierno de España, el mismo que mantenía el Gobierno socialista, a pesar de la crisis, para que estuviera finalizado para 2020 en su trazado completo hasta Algeciras. Y por eso la inversión en 2011 fue de 1700 millones de euros, el 33% de la inversión destinada a alta velocidad. Y en el período 2004-2011 se ejecutaron obras en el corredor mediterráneo por más de 10 000 millones. En 2012 —se ha señalado aquí— no se ha ejecutado lo que el Gobierno del Partido Popular presupuestó; la ejecución es muy baja, prácticamente la mitad de lo presupuestado; y el recorte que se ha hecho en previsiones presupuestarias desde 2011 a 2013 es del 40%. Ustedes no tienen como prioridad el corredor mediterráneo, y nos traen aquí una moción para que todos los grupos voten a favor solo porque ustedes le han puesto ese nombre, pero el Grupo Socialista va a votar en contra porque nosotros defendemos el corredor mediterráneo, pero no defendemos ni la solución ni la inversión que ustedes están haciendo y que pretenden que aprobemos con esta moción dándole el visto bueno, pero el Grupo Socialista no lo va a hacer.

El Grupo Parlamentario Socialista defiende un corredor mediterráneo con nivel europeo, planificado para pasajeros, de alta velocidad, con doble vía, electrificado, con ancho internacional y en plataforma diferenciada para mercancías. Tengo la impresión de que el corredor mediterráneo sí es prioritario para Europa, pero para el Partido Popular y para este Gobierno es un corredor secundario. Por eso hoy deberíamos votar en contra de la propuesta que usted hace, porque lo que refleja esa propuesta es que ustedes no consideran prioritario el corredor mediterráneo. La propuesta del Partido Socialista pasa por impulsar la negociación europea a fin de obtener los mayores beneficios para la financiación de la red de ferrocarriles española, impulsando los ejes estratégicos para España, pero considerando prioritario el corredor mediterráneo. La propuesta del Partido Socialista pasa por considerar prioritario el corredor ferroviario mediterráneo en todo su trazado, e impulsar las inversiones en todo su recorrido hasta alcanzar una inversión cercana a los 20 000 millones y su finalización en 2020. Y para eso se necesita un nivel de ejecución y de inversión parecido al de 2011 y sostenido a lo largo del tiempo. Usted nos habla de que van a invertir 3000 millones, pero, señoría, lo van a hacer en seis años en el corredor que se entiende que es prioritario para España. Son cantidades que no llegan ni a la mitad de lo que se invertía en 2011. La propuesta del Partido Socialista pasa por considerar prioritario el corredor ferroviario en todo su trazado, también en la parte sur, que llega a Algeciras y que el Partido Popular una y otra vez abandona.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Termino enseguida.

Los socialistas apoyamos y votamos sí a priorizar el corredor mediterráneo y a defender este proyecto ante las instituciones europeas, pero votamos no a su moción de apoyo a las decisiones de la ministra de desarrollarlo parcial y provisionalmente. Por eso votamos en contra de esta moción. Votamos en contra de la solución presentada por la ministra en Castellón. Votaremos a favor de un corredor ferroviario mediterráneo prioritario en España y en Europa, y no de un corredor ferroviario secundario, como el que nos propone el Grupo Popular.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández Ortega.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Ortiz.

El señor ORTIZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, quiero agradecer el tono de este debate, sosegado y pausado. Cada grupo ha tenido la oportunidad de expresar sus convicciones y sus planteamientos. También




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quiero dar las gracias al Grupo de Convergència i Unió y al Grupo Parlamentario Vasco porque cuando en la anterior legislatura se presentó una enmienda transaccional suscrita por todos los grupos, ellos permitieron con su firma que se pudiera tramitar y aprobar con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, que ahora, casi para lo mismo, va a decir que no. Pero bueno, hay que respetar la voluntad de todos los grupos parlamentarios.

Señor Fernández Ortega, cuando usted me ha anunciado que iba a votar que no, casi me da un yuyu, pero respeto su decisión, como también agradezco el apoyo manifestado tanto por Convergència como por la Entesa pel Progrés de Catalunya.

Quiero decir algunas cosas, porque el señor Fernández Ortega ha intentado otra vez confundir el corredor número seis con el corredor mediterráneo. Creo que aquí la ministra, precisamente a una pregunta de la senadora Candini, dejó bien claro lo que es el corredor número seis y lo que es el corredor mediterráneo. Usted no puede venir a decirnos aquí que se excluye a Algeciras porque se ha seguido la pauta en esto que se presenta a Europa y está incluida Algeciras, como he explicado antes, que conecta por Almería con el corredor mediterráneo. Por lo tanto, la voluntad inequívoca de este Gobierno en apoyar a Algeciras y a todos los tramos de la comunidad andaluza es más que evidente. En consecuencia, creo que hay que dejar estas cosas claras.

Y puestos a aclarar las cosas, quiero aprovechar la ocasión para agradecer a mis compañeros en el Parlamento europeo, como don Luís de Grandes, don Gabriel Mato o el senador don Antonio Alarcó, las gestiones que han realizado para que la isla de Tenerife entre en las redes transeuropeas del transporte. Quiero agradecérselo porque es de justicia; parece que son otros los que se han llevado los méritos, pero el trabajo lo han hecho estos parlamentarios del Grupo Parlamentario Popular. Por lo tanto, gracias.

Entro en la contestación a los portavoces. A la senadora representante del Grupo Parlamentario Vasco quiero decirle que, efectivamente, hemos tramitado y debatido aquí una moción sobre el corredor mediterráneo, pero eso no es óbice para olvidarse del Atlántico o del Cantábrico, que a usted también le interesa. Están dentro de las redes transeuropeas que aprobó la Unión Europea, pero tengo que reconocer que llevamos cierto retraso. No obstante, permítanos el beneficio de la duda a ver qué va a pasar a partir de ahora. Llevamos algo más de un año de Gobierno y no hemos podido hacer todo lo que teníamos previsto, pero a partir de ahora creo que poco a poco, si va mejorando la economía y podemos destinar más dinero a inversiones, podremos cumplir sus propósitos lícitos y legítimos. Pero le quiero tranquilizar en el sentido de que el Gobierno es consciente de la importancia de los dos corredores a los que su señoría ha hecho referencia en este debate.

En cuanto a la Entesa pel Progrés, fíjese que estoy prácticamente de acuerdo con lo que usted ha dicho, es decir, hay que impulsar al Gobierno a que haga algo. No podemos quedarnos parados. Tenemos que tener la conciencia de que las dificultades económicas han ralentizado algunas de las infraestructuras que eran necesarias y, por lo tanto, como decía, a partir de este momento espero y deseo que podamos ejecutar obras importantes en infraestructuras en el territorio español.

Senadora Candini, creo que hemos debatido tantas veces el tema del corredor mediterráneo que añadir alguna cosa más sería por mi parte un poco desleal. Yo le he dicho lo que pasa entre Vandellós y Tarragona. Se lo dicho y se lo vuelvo a reiterar. Los recortes que se producen en el año 2010 afectan directamente a un proyecto básico para nosotros. A mi provincia, por ejemplo, le interesa que ese cuello de botella este pronto solucionado. Las cosas son como son y el dinero está ahí. Por lo tanto, se ralentiza esta obra porque le he dicho antes que yo no puedo comprometerme a que en un año se pueda ejecutar cuando seguramente no podrá llevarse a efecto. Vuelvo a decirle que lo que abunda no daña. Si hemos tratado muchas veces el tema del corredor mediterráneo es porque hay un interés demostrado por los grupos parlamentarios.

Usted califica la moción como filosófica. ¡Qué le vamos a hacer! Imagino que usted, sus compañeros de partido o de grupo parlamentario, presentan iniciativas en el Parlament de Catalunya, y también tendrán alguna moción filosófica porque ustedes también son muy disciplinados para eso.

Para terminar, señor Fernández Ortega, no voy a decir que usted no apoye al corredor mediterráneo porque vote en contra de esta moción, ni se me va a ocurrir. Sé que no le gusta la moción, pero lo que está claro es que si acusa al Gobierno del Partido Popular de no tener interés




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por el corredor mediterráneo, nos veríamos obligados a sufrir algún recorte de la Unión Europea por incumplimiento de los acuerdos adoptados entre los países miembros y la propia Unión Europea que lo declara prioritario y lo integra en la red básica de transporte transeuropeo. Le voy a decir una cosa, señoría. Me da la sensación de que muchas veces ustedes se olvidan de que han estado en el Gobierno durante casi ocho años, porque esta mañana, por ejemplo, han acusado al Gobierno del Partido Popular de ser el culpable de las preferentes, cuando en el año 2008 ya estaban las preferentes, y gobernaban ustedes, o de los desahucios, o de otras cosas. Por tanto, seamos un poco coherentes y serios en los planteamientos. (Aplausos.)

Aquí y ahora, le reitero que suscribo las palabras de la ministra cuando apoya el corredor mediterráneo. A nosotros se nos ha prometido implantar en la Comunidad Valenciana el ancho UIC con un tercer carril, de momento, para tener alta velocidad y para que en los puertos de interés general de esta comunidad tengan salida, por ejemplo, la cerámica o los cítricos. De momento nos conformamos con ese compromiso.

En el Partido Popular hemos sido leales cuando estábamos en la oposición. Cuando el señor Blanco, exministro del Gobierno socialista, presentaba iniciativas a Europa eran apoyadas sin reservas por el Grupo Parlamentario Popular. Espero que la coherencia de su grupo parlamentario impere a partir de este momento y estas propuestas, como hacíamos nosotros, sean apoyadas sin ninguna reserva.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ortiz.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

EXPRESIÓN DE PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL EXSENADOR D. JOSÉ LUIS SAMPEDRO SÁEZ.

(Núm. exp. 550/000014)

El señor PRESIDENTE: Señorías, a petición de distintos senadores de diferentes grupos, solicitud que esta Presidencia hace suya, me gustaría que figurara en el acta de la sesión de hoy el pesar por el fallecimiento del que fue senador por designación Real en la I Legislatura de este Senado, el economista, el magnífico escritor, el que fue figura en la época de la transición y, sobre todo, de la democracia, José Luis Sampedro. (Aplausos.) Propondré, tanto en la Junta de Portavoces como en la Mesa de la Cámara, la posibilidad de realizar en ella algún acto de homenaje a quien entiendo que, precisamente por haber formado parte de la I Legislatura de este Senado, realmente se lo merece.

7. MOCIONES

7.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DIVERSAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO. (Votación.)

(Núm. exp. 662/000075)

AUTOR: GPP

El señor PRESIDENTE: Pasamos a las votaciones y vamos a comenzar con la votación de la moción que se acaba de debatir, del Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas en relación con el desarrollo del corredor mediterráneo, y que vamos a votar tal y como ha sido presentada, al no haberse aceptado las enmiendas de los distintos grupos.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor, 174; en contra, 61; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.




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6. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

6.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS SOBRE EL CARÁCTER SOCIAL DEL AJUSTE PRESUPUESTARIO QUE HA IMPULSADO, ESPECIALMENTE EN ASUNTOS SOCIALES Y DEPENDENCIA. (Votación.)

(Núm. exp. 671/000064)

AUTOR: GPCIU

El señor PRESIDENTE: Votamos, a continuación, la última moción consecuencia de interpelación presentada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, con la incorporación de las enmiendas del Grupo Mixto y Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor, 89; en contra, 151; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

7. MOCIONES

7.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REFORZAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR LAS INUNDACIONES QUE SE ORIGINAN POR EL DESBORDAMIENTO DE LOS RÍOS. (Votación.)

(Núm. exp. 662/000074)

AUTOR: GPP

El señor PRESIDENTE: Señorías, votamos a continuación la primera moción del Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta al Gobierno a reforzar las medidas necesarias para evitar las inundaciones que se originan por el desbordamiento de los ríos. Vamos a votar una transaccional que ha sido presentada por el Grupo Popular, el Grupo de Convergència i Unió, el Grupo Parlamentario Vasco y el Grupo Parlamentario Mixto, pero al no haber sido firmada por el Grupo Socialista y de la Entesa, la sometemos a votación.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 244; a favor, 158; en contra, 1; abstenciones, 85.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

7.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA RENTA BÁSICA Y LA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA.

(Núm. exp. 662/000073)

AUTOR: GPMX

El señor presidente da lectura al punto 7.3.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la última moción.

Esta moción ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Mixto y se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario en el Senado de Convergència i Unió y otra del Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el senador Mariscal. (Rumores.)

El señor MARISCAL CIFUENTES: No se vayan, señorías, que es muy interesante.

El señor PRESIDENTE: Señoría, un momento, por favor. Señorías, hasta que no haya silencio en el hemiciclo no va a dar comienzo el senador Mariscal. (Rumores.)

Guarden silencio, por favor. (Pausa.)

Cuando quiera, señoría.




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El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes. Me congratulo del pesar de esta Cámara por el fallecimiento de José Luis Sampedro, que, efectivamente, fue un gran escritor, como ha dicho el presidente de la Cámara. También fue economista, y creo que un gran economista. Entendía la profesión de la economía, como se ha venido publicando estos días en una cita muy celebrada hoy, no como actualmente se entiende la ciencia económica, que consiste, según él, en hacer más ricos a los ricos, sino como una ciencia económica basada en hacer menos pobres a los pobres. Y de eso queremos hablar hoy. (Rumores.)

Permítanme iniciar mi intervención con dos citas…

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor MARISCAL CIFUENTES: … en relación con la pobreza. Una dice: «Es obra del hombre y puede ser superada y erradicada por la acción de los seres humanos. Superar la pobreza no es un gesto de caridad. Es un acto de justicia. Es la protección de un derecho fundamental del ser humano, el derecho a la dignidad y a una vida decente. Mientras haya pobreza no habrá verdadera libertad». Esta frase la pronunció Nelson Mandela en el año 2005 con motivo de la cumbre de los países más desarrollados o enriquecidos, como nos gusta decir, del mundo. Hay otra que dice: «La primera verdad es que la libertad de una democracia no está a salvo si la gente tolera el crecimiento del poder en manos privadas hasta el punto de que se convierte en algo más fuerte que el propio Estado democrático». Esta es de hace más tiempo, de 1938, y es de Franklin Delano Roosevelt. Resulta muy interesante que ambos dirigentes, ambos estadistas y ambos luchadores por la libertad coincidan en señalar y ligar las condiciones de vida y de existencia con la libertad. Y de eso queremos que se hable hoy.

Estamos en una auténtica hecatombe social, señorías, y permítanme que reseñe algunos datos para entender el contexto en el que estamos. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.) En nuestro país, en el Estado español el 21,1% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, más de una de cada cinco personas. Los ingresos medios por hogar en el año 2011 eran 1900 euros menos al año que en el año 2008. Es decir, los ingresos medios anuales por hogar en el año 2011 son equivalentes a los ingresos medios por hogar en el año 2006, pero sin los precios del 2006, claro. Según Eurostat, a finales del año 2012, sin embargo, había un 27% de pobreza en nuestro país, 12,4 millones. Solo Bulgaria y Rumanía, señorías, están peor que España, según Eurostat, en los índices de pobreza. Además, aunque haya asalariados, hoy en día ser asalariado no garantiza las condiciones de vida ni de existencia, pues hay un millón de asalariados pobres. También vemos cómo 3 millones de los 9 millones de pensionistas figuran en las listas de la pobreza.

Pero no es solo esto, además se ha venido incrementando la desigualdad en estos tiempos como consecuencia de las políticas practicadas tras la crisis económica. Se ha incrementado la desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre de nuestro país, pasando de 5,3 veces en el año 2007 a 6,9 en el año 2010.

Hoy mismo se acaba de hacer público un informe de Unicef en el que se habla de la clasificación general del bienestar infantil en nuestro país en comparación con los países enriquecidos. Según este informe de Unicef, que se realiza todos los años —y hace poco nos referimos a él, pero acaba de salir el nuevo—, en el año 2000 España ocupaba el quinto puesto en bienestar infantil —repito, en el año 2000— y en el año 2009 el decimonoveno; hemos pasado del quinto al decimonoveno puesto en cuanto a bienestar infantil. Pero es que la pobreza infantil relativa en nuestro país solamente es mayor, exceptuando a Estados Unidos y en el contexto europeo, en Letonia y Rumanía. Y la brecha de la pobreza infantil ha aumentado más de un 30% desde el año pasado.

Esta es la situación actual, acompañada de los 6 millones de parados que tenemos en España, el incremento de la desigualdad y la hecatombe social que supone la pobreza y la exclusión social, y no se ve la luz al final del túnel y, si se ve, es el tren que viene hacia nosotros. Por ello, creo que estamos en situación de debatir sobre propuestas audaces, sobre propuestas que como la que traemos hoy aquí para su estudio forman parte del debate de movimientos sociales, de colectivos no en España ni en Europa sino en el conjunto del mundo, que ha pasado a ser un reivindicación fundamental del movimiento de los indignados, del movimiento 15M, de esa cosa que no sabemos




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muy bien qué es, pero que sí ha sido capaz de ponerse de acuerdo en propuestas programáticas fuertes que se han venido estudiando y proponiendo sobre todo porque tienen una alta potencia de debate en cuestiones que nos afectan en el día a día, señorías.

Se trataría, como dice ahí, de un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quién conviva. Es decir, se trataría de una renta pagada por el Estado que tendría carácter individual, tendría carácter universal y tendría carácter incondicional. Se trataría, señorías, de asegurar el derecho a la existencia y se trataría de instaurar este derecho como algo universal. Hoy nos encontramos con el riesgo de la ruptura de la universalidad de los servicios públicos que afectan a los derechos sociales básicos, de derechos cuya conquista fue alcanzada no solamente desde el esfuerzo sino también desde la consideración de locos o lunáticos de muchas y muchos de los que vinieron planteando esos derechos a lo largo de la historia, por no hablar del derecho al voto, del derecho al voto femenino, del derecho a la salud universal, del derecho a la educación universal. En fin, todo esto no ha sido fácil; a lo largo de la historia se ha encontrado con fervorosos enemigos, incluso con calificaciones de lunáticos a los que lo podían plantear en determinadas cámaras.

Hoy venimos no porque nos consideremos representantes de esta propuesta, en absoluto. Es más, quiero decir que Izquierda Unida como tal no la tiene en su programa electoral, pero sí la traemos a esta Cámara porque nos parece bueno aprovechar la potencia del debate de esta propuesta para investigar y para debatir sobre algunas cosas.

Cuando hablamos de libertad, cuando Mandela y Roosevelt, que he citado al principio de mi intervención, se referían al concepto de libertad, evidentemente quieren hacer mención a un concepto de libertad que nada tiene que ver con la libertad de aceptar un salario o no a cambio de un trabajo. Cuando vienen y nos dicen: Este es el trabajo que te voy a ofrecer, sin entrar en calificativos sobre el trabajo o sobre el salario, pero todos se lo pueden imaginar, en muy pocas ocasiones, las personas, los individuos, la ciudadanía tiene capacidad para decidir si acepta o no ese trabajo. La instauración de esta renta básica universal tendría, señorías, algunas ventajas, y es que a mayor desempleo y pobreza estaría más justificada la implantación de la renta básica.

¿Por qué la renta básica se pagaría igual a ricos que a pobres? Porque evidentemente tendría que haber un cambio radical y profundo en el sistema fiscal, de tal forma que aquellas partes de la sociedad que están más enriquecidas y que tienen unas rentas más altas contribuirían en mucha mayor medida de lo que ahora lo hacen al conjunto de la caja del Estado para que de esa caja del Estado se pudiera repartir al conjunto de la ciudadanía. Es decir, los informes técnicos más o menos avalan que un 70% de la mayoría social trabajadora saldría ganando con la implantación de la renta básica y un 30%, el 30% más rico de la sociedad, saldría perdiendo en términos de nivelación de ingresos, gastos, impuestos y recepción de esta renta básica en la sociedad. Nos ahorraríamos una cosa, que esto a lo mejor sí les suena bien —me refiero sobre todo a la bancada del Grupo Popular—, y son los costes de administración y los recursos ingentes que el Estado destina a conocer de primera mano, en una información cuasi policial, cuáles son las condiciones de vida y de existencia de aquellas personas que hoy sí tienen reconocido un derecho subjetivo a percibir algunas de las prestaciones no contributivas que se dan y que tenemos configuradas todavía en el Estado español. De esta forma, estos gastos administrativos se podrían eliminar, lo cual podría ser también una ventaja.

Evidentemente, la implantación de una renta básica, señorías, empoderaría a la mayoría social trabajadora; es decir, si pudiéramos tener una renta básica de 350 o 400 euros al mes para toda la ciudadanía, habría personas que no tendrían por qué consentir tener un determinado empleo con una determinada prestación salarial y podrían negociar en mejores condiciones, tanto individualmente, como ocurre ahora en la mayoría de los casos, como por parte de las organizaciones sindicales, que también podrían tener un acceso más sencillo a bolsas de resistencia para afrontar huelgas en los centros de trabajo o elementos que pudieran favorecer el apoyo mutuo entre los miembros de la mayoría social trabajadora.

En definitiva, esta renta mejoraría las condiciones de venta de la fuerza de trabajo y facilitaría también el desarrollo personal o los cuidados familiares, es decir, voluntariamente se podría aceptar un trabajo a tiempo parcial, y digo voluntariamente porque, como ustedes saben, en




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nuestro país el trabajo a tiempo parcial no es algo voluntario, a diferencia de otros países, como Holanda —aunque cada vez menos— y debería ser una opción. Por ejemplo, yo tengo una renta básica, tengo mi trabajo a tiempo parcial, y las cuatro horas que abandono mi jornada laboral las podría ocupar otra persona, incluso generaría mayor empleo. Y también se facilitaría la reducción del riesgo para los emprendedores a la hora de afrontar un negocio e incluso fomentar la autoocupación o la economía social a través de cooperativas, por no hablar del mantenimiento del consumo, que creo que algo tendrá que ver con el desarrollo económico, con el crecimiento de la riqueza y con la mitigación de la pobreza.

Ya les advierto que la implantación de la renta básica no es un programa total de reconversión del Estado del bienestar, ni lo plantean así sus defensores, que llevan más de veinte años proponiéndolo en Europa y en el conjunto del planeta. Les adelanto que los Gobiernos irlandés, británico, holandés, belga y francés han elaborado informes para la aplicación de la renta básica en sus países y se han interesado en ello. Este asunto ha sido debatido por la Comisión Europea en el Parlamento Europeo; así, desde 1996, existe una red mundial con secciones en muchos países del mundo que se dedica a debatir y difundir esta idea.

Cuando se acusa a esta propuesta de que podría fomentar el parasitismo de los trabajadores, he de decir que hay muchas maneras de trabajar. Existe el trabajo remunerado, lo que se puede llamar el empleo, y también el trabajo voluntario, que es aquel que realizamos fuera del empleo remunerado y con el que contribuimos a la mejora del tejido social, a la mejora de nuestras vecindades, de nuestros colectivos sociales, etcétera, en definitiva, a la mejora de la calidad de la democracia, del apoyo mutuo. Y también, señorías, existe el trabajo doméstico que, como ustedes bien saben, es asumido de forma brutal por un segmento de la sociedad, que es la mujer, como consecuencia del patriarcado imperante. También la renta básica permitiría a las mujeres que sufren la explotación del patriarcado tomar decisiones individuales y poder independizarse, alejarse y no depender para su subsistencia absolutamente de nadie. Y eso de que fomenta el parasitismo nos recuerda a San Pablo de Tarso, que decía que el que no trabaja no come, a lo que respondemos que si quien no trabaja no come, habría muchos Botines, muchos dirigentes del Ibex 35 que se estarían muriendo de hambre…

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya terminando.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Voy terminando, señor presidente.

La renta básica también sería preventiva de cara a la solución de la pobreza. Es decir, no hay que identificar por parte del ejército administrativo del Estado cuáles son las bolsas de pobreza para luego dirigirnos a ellas y tratar de solventar sus condiciones dando una prestación o un subsidio en función de estas condiciones de existencia, sino que se trataría, al ser universal, de una manera de evitar ex ante la situación de pobreza y de malestar de la ciudadanía.

Termino, señor presidente, diciendo que el comerciante puede guardar en sus almacenes las mercancías que el lujo y la vanidad codician hasta que encuentre el momento de venderlas al precio más alto posible, pero ningún hombre tiene derecho a amontonar el trigo al lado de un semejante que muere de hambre. ¿Y cuál es el primer objetivo de la sociedad? Mantener los derechos imprescriptibles del hombre. ¿Y cuál es el primero de estos derechos? El derecho a la existencia. La primera ley social es la que garantiza a todos los miembros de la sociedad los medios para existir, y todos los demás están subordinados a este. La propiedad no ha sido garantizada para otra cosa que para cimentarlo, y es en primer lugar para vivir que se tienen estas propiedades. Por tanto, señorías, no es cierto que la propiedad pueda estar en oposición con la subsistencia de los hombres. Maximilien Robespierre, 1792.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Mariscal.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió tiene la palabra el senador Cleries.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Moltes gràcies, senyor president.

En referència a aquesta moció presentada, el primer que volem fer notar és que, en un moment en què ens està costant, a qui té la competència en serveis socials, que són les comunitats




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autònomes, ens està costant poder mantenir les prestacions que tenim —en el cas de Catalunya la renda mínima d’inserció—, el que creiem és que intentar que l’Estat creï una nova prestació és d’una dificultat o d’un somiar truites en aquest moment. Ens encantaria dir que l’Estat pot crear una prestació d’aquest tipus, però també he de dir que aquí hi ha una contradicció, perquè si estem parlant que no anem creant competències que se superposen, el que és millor, i és el que proposa la nostra esmena, és, i en aquest cas també essent respectuosos amb l’Estatut de Catalunya en el seu article 24.3, que es creï una renda garantida de ciutadania, que en aquests moments a nivell de Catalunya s’està primer transformant la llei de la renda mínima d’inserció, i després s’està treballant precisament en una iniciativa legislativa popular de la renda garantida a la ciutadania. El que és millor, creiem, en un moment com l’actual, que no tenim els recursos que voldríem, que són escassos, seria sumar esforços i que el Govern de l’Estat col·laborés econòmicament amb les comunitats autònomes a poder mantenir la seva renda. Perquè, què voldrà dir amb la proposta que ens fa el Grup Parlamentari Mixt? Que hi haurà una renda bàsica que paga l’Estat i unes altres rendes que paguen les comunitats autònomes? Ens sembla que seria més lògic que hi hagi una renda i, a més a més, també discrepem de la presentació que se n’ha fet, que evidentment s’estudiïn les condicions. El Grup Parlamentari Mixt presenta una renda bàsica sense condicions, que la tingui tothom. Ens sembla que en el moment actual, pretendre que l’Estat pugui pagar a tothom una renda bàsica és generar unes expectatives que després generaran frustració perquè això no es podrà fer, perquè no hi ha els recursos.

Com he dit, avui, fent controls, les comunitats autònomes, la majoria de comunitats, tenen dificultats per poder fer front al que significa la renda mínima d’inserció —o el nom que tingui en cada comunitat—, i crear una renda nova, això ens sembla, com he dit, un somni inassolible en aquests moments. Per tant, amb realisme, nosaltres presentem aquesta esmena que, per una banda, diu que cal articular la participació de l’Estat en el finançament d’aquelles iniciatives de les comunitats autònomes destinades a atorgar una renda garantida a la ciutadania o renda bàsica que asseguri uns ingressos mínims a aquelles persones o famílies que es trobin en situació de pobresa.

També discrepem amb el senador proposant quan diu que qui no vulgui treballar, qui no vulgui fer res, té la renda garantida. Discrepem, perquè ens sembla que fer una societat també vol dir l’esforç de la persona, la seva autoestima, la seva aportació, la seva voluntat. Ara, evidentment, aquella persona que vol treballar i no troba feina, i té dificultats, la persona i/o la seva família, és on ha d’haver-hi l’Administració, perquè quin sentit té l’administració? I aquí és cert que nosaltres en aquest moment, Convergència i Unió, veiem les dificultats del moment: el que és trist avui és quan una família, una persona, té dificultats, i l’Administració —amb majúscules, sigui la que sigui— no té capacitat de resposta per ajudar, per atendre a aquesta persona.

Nosaltres volem una societat inclusiva, volem la cohesió social, però també creiem que una societat que val la pena és aquella que el seus ciutadans i ciutadanes, precisament pel sentit de ciutadania, són corresponsables, participen, i participar també vol dir treballar, aportar la seva riquesa personal i la seva aportació. I a més a més, no compartim barrejar-hi el voluntariat i altres coses pel mig. Crec que si el voluntariat és alguna cosa és generositat i gratuïtat i, per tant, no anem a pervertir el sentit del voluntariat.

Nosaltres estem per una renda garantida de ciutadania que es gestioni des de les comunitats autònomes, i que l’Estat, en tot cas, hi col·labori amb recursos.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Con referencia a esta moción presentada, lo primero que queremos destacar es que en este momento, en que nos está costando a quien tiene la competencia en servicios sociales, que son las comunidades autónomas, mantener las prestaciones que tenemos, y en el caso de Cataluña la renta mínima de inserción, creemos que el hecho de que el Estado cree una nueva prestación es de una gran dificultad, es como lanzar cohetes al vuelo en estos momentos. Nos encantaría decir que el Estado puede crear una prestación de este tipo, pero también debo decir que aquí hay una contradicción, porque si estamos hablando de que no vamos a crear competencias que se superponen, lo que es mejor, y es lo que propone nuestra enmienda, y en este caso también siendo respetuosos con el Estatuto de Cataluña en su artículo 24.3, es que se cree una renta




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garantizada de ciudadanía, que en estos momentos a nivel de Cataluña primero se está transformando la ley de la renta mínima de inserción y después, se está trabajando precisamente en una iniciativa legislativa popular de la renta garantizada de ciudadanía. Y lo que es mejor, creemos, en un momento en el que no tenemos los recursos, y que quisiéramos lo mejor, sería sumar esfuerzos y que el Gobierno del Estado colaborara económicamente con las comunidades autónomas para poder mantener su renta. Porque ¿qué se querrá decir con la propuesta que nos hace el Grupo Parlamentario Mixto? ¿Que existirá una renta básica que paga el Estado y otras que pagan las comunidades autónomas? Nos parece que sería más lógico que existiera una renta. Además también discrepamos de la presentación que se ha hecho. Y, evidentemente, que se estudien las condiciones. El Grupo Parlamentario Mixto presenta una renta básica sin condiciones. Que las dicte todo el mundo. Nos parece que en el momento actual pretender que el Estado pueda pagar a todo el mundo una renta básica es generar unas expectativas que después generarán frustración porque eso no se podrá realizar por falta de recursos.

Como he dicho hoy, haciendo controles, la mayoría de las comunidades autónomas tienen dificultades para afrontar lo que significa la renta mínima de inserción, o como se llame en cada una de las comunidades autónomas, y crear una renta nueva nos parece, como he dicho, un sueño inasumible en estos momentos. Por tanto, nosotros presentamos esta enmienda con realismo en la que, por un lado, se dice que hay que articular la participación del Estado en la financiación de aquellas iniciativas de las comunidades autónomas destinadas a otorgar una renta garantizada de ciudadanía o renta básica que asegure unos ingresos mínimos a aquellas personas o familias que se hallen en situación de pobreza.

También discrepamos con el senador proponente cuando dice que quien no quiera trabajar, que quien no quiera hacer nada tiene la renta garantizada, y discrepamos, porque hacer sociedad significa también el esfuerzo de la persona, su autoestima, su aportación, su voluntad. Ahora bien, evidentemente, si una persona quiere trabajar pero no encuentra trabajo y tiene dificultades será la Administración la que deba entrar, para ella y/o su familia. Porque ¿qué sentido tiene la administración? Y es cierto que nosotros, Convergència i Unió, vemos las dificultades del momento: lo que es triste hoy en día es cuando una familia o una persona tiene dificultades y la Administración —en mayúscula, sea la que sea— no tiene capacidad de respuesta para ayudarla, para atenderla.

Nosotros queremos una sociedad inclusiva, queremos la cohesión social, pero también creemos que una sociedad que merece la pena es aquella en la que sus ciudadanos y ciudadanas, precisamente por el sentido de ciudadanía, son corresponsables, participan, y participar también quiere decir trabajar, aportar su riqueza personal y su valor. Además no compartimos mezclar el voluntariado y otros temas entre medias. Si el voluntariado es alguna cosa, es generosidad y gratuidad y, por lo tanto, no vamos a permitir que se pierda el sentido del voluntariado.

Nosotros estamos a favor de una renta garantizada de ciudadanía que se gestiona desde las comunidades autónomas y en todo caso que el Estado colabore con ellas con recursos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el senador Ruiz Santos.

El señor RUIZ SANTOS: Muchas gracias, presidente.

Señorías, en estos momentos tan dramáticos para el país, donde la pobreza avanza cada vez más llegando a cientos de miles de hogares, donde las necesidades básicas no siempre están cubiertas, se hace necesario este debate realista y valiente que entendemos que reclama desde esta moción Izquierda Unida.

Compartiendo casi en su totalidad la parte expositiva, sin embargo en la parte dispositiva el punto 2 es el que más dudas nos ofrece, y me explico. En el punto 1 no habría mucho problema, dice: «Elaborar un informe de viabilidad económica y financiera, así como los beneficios de la propuesta de implantación de la renta básica en el Reino de España.»

Entendemos que el debate suscitado en la sociedad española sobre la renta básica, y que colectivos como la Asociación de Renta Básica de España está poniendo sobre la mesa, hace que no esté de más que se analice la cuestión desde una perspectiva realista de costes económicos, dificultades de implantación, y máxime cuando se están dando pasos importantes en las




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comunidades autónomas para implantar mecanismos de protección y de aseguramiento de rentas a las personas en riesgo de exclusión social o en situaciones límite de mera supervivencia. El representante de CiU lo decía muy bien: en este momento ese debate está encima de la mesa porque se está debatiendo en Cataluña.

Tampoco habría mucho problema sobre el punto 3, cuando se dice: «Corresponsabilizarse institucionalmente con las garantías financieras que aseguren la puesta en marcha de la renta garantizada de ciudadanía en aquellas comunidades autónomas que decidan su implantación asegurando su viabilidad.» Diría lo mismo respecto a Cataluña. Efectivamente, tampoco habría mayor problema en suscribirla. El problema vendría quizá con el punto 2, porque, evidentemente, en la enmienda de sustitución que hemos planteado venimos a asegurar de alguna manera también esa garantía económica de financiación para las comunidades autónomas. No podemos suscribir el punto número 2, y por eso presentamos una enmienda de sustitución, porque si en el punto 1 se dice que hay que hacer un estudio de viabilidad, pero, a renglón seguido, en el punto número 2, se dice implantar directamente la renta básica, consideramos que no es lo más conveniente. De ahí nuestra enmienda de sustitución, que pasa por un eje fundamental: por luchar de forma urgente contra la situación de pobreza que vive este país con la creación de un fondo de 1000 millones de euros para, por un lado, dotar a los ayuntamientos de nuevos fondos para reforzar la red de servicios sociales con 400 millones de euros; también para incrementar los recursos al tercer sector para el fortalecimiento de las políticas de inclusión social que realizan, con otros 200 millones de euros; y, finalmente, complementar, concertándolo con las comunidades autónomas, los recursos que estas destinen a las rentas mínimas garantizadas —otros 400 millones de euros—.

Espero que el Grupo Popular, que en su mano tiene lo que ocurra con esta moción, no caiga en el discurso de denostar la renta básica o perdernos en disquisiciones ya superadas entre distinguir lo que es renta básica o renta garantizada de ciudadanía. Ya todos sabemos en qué se diferencian y si no, les recomiendo que lean un estudio de Daniel Raventós, profesor de Economía y de empresa en la Universidad de Barcelona, él lo resume muy bien y en pocas palabras, que hago mías: Renta básica es un derecho que se adquiere ex ante al recibir una cantidad económica por el hecho propio de la existencia, y la renta garantizada de la ciudadanía, en caso de poder tener acceso a ella, es ex post, es decir, condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos. Si están tentados de hablar del alarmismo por parte del Grupo Socialista, de crisis, de falta de responsabilidad, yo, con el permiso del señor Mariscal, no me voy a remontar a las palabras de Robespierre, que están bien traídas aquí, me voy a remontar al informe de Cáritas que realiza para el año 2013 y que dice que la destrucción de empleo y la moderación salarial han sido determinantes en la reducción del nivel de renta, y cabe destacar el efecto negativo sobre la renta disponible que ha venido teniendo alguno de los cambios que se han producido en las prestaciones sociales, reducción de las cuantías de la prestación contributiva de desempleo, así como las mayores exigencias para percibir el subsidio, o el aumento de algunos impuestos como el IRPF o el IVA.

En definitiva, hoy, teniendo en cuenta los datos del INE, de personas en situación de pobreza y exclusión social, que es del 26,8%, se precisa una intervención urgente y extraordinaria, que es lo que pretende nuestra enmienda de sustitución, haciendo, yo creo, no una oposición frontal sino, al contrario, al punto 1 y 3 que presenta Izquierda Unida.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Gracias, senador Ruiz Santos.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Mixto, señor Mariscal, autor de la moción originaria, para manifestar si acepta o no las enmiendas presentadas.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias.

Señorías, hasta el momento, tal y como se está desarrollando el debate, convendrán conmigo en que es interesante que aparezcan los conceptos de esfuerzo o de autoestima, el tipo de trabajo, el tipo de empleo y en que una cosa es el trabajo y otra cosa es el empleo; trabajar, trabajamos todos, a toda horas, interpelamos, intercambiamos nuestro ser con la naturaleza, y en eso consiste el trabajo, que puede estar remunerado o puede no estar remunerado. La ciudadanía participa lo que puede, de forma consciente, y la ciudadanía, los trabajadores, lo que quieren es trabajar y




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que, efectivamente, se reconozca su autoestima a través de un empleo remunerado —ahí es donde viene la autoestima— y el esfuerzo. Pero también hay hombres y, sobre todo, mujeres, en este planeta que yo creo que realizan trabajo todos los días y que no está en absoluto remunerado. Nos decía algún economista que si uno se casa con su asistenta, baja el producto interior bruto. Fíjense ustedes en las paradojas de la contabilidad nacional y de la creación de riqueza. Así es. Si yo tengo un contrato de servicio con una persona que está ayudando en casa —no es mi caso— y me caso con ella, o con él, baja el producto interior bruto. Fíjense ustedes cómo está y lo paradójico que es el trabajo, por lo que ustedes decían.

Esto, como todo, es su opción política. Dinero hay, claro, por supuesto que hay dinero. Sí, hay dinero. Por ejemplo, para el gasto militar hay una enorme cantidad de dinero, y es una opción política. Es una opción política que 126 personas en este país tengan tantas subvenciones agrícolas como 480 000 por el sistema de reparto de las ayudas a la agricultura, que también creo que tiene que ver algo con la pobreza y con las condiciones de vida y de existencia de mucha gente en el campo y en las zonas rurales. Es una opción y una decisión política. Fíjese, no le estoy diciendo ni siquiera que ese dinero se aumente, sino que se reparta mejor, que 126 ricos no reciban la misma cantidad que 480 000 personas. También es una decisión política entregar subvenciones y avales por más de 100 000 millones de euros a la banca para que no se caiga, desdiciéndose de la teoría que ustedes dicen practicar sobre el liberalismo.

Aquí cabrían dos opciones. Las dos enmiendas tal cual no las puedo aceptar porque se cargan que se apruebe —no se va a aprobar, por lo que parece—, que es a lo que he venido aquí, y es a que se apruebe, a que se debata. A eso sí he venido, a que se debata y a que hablemos de una idea que me parece que es interesante e importante que llegue hasta aquí. Si las enmiendas fueran de adición en lugar de sustitución, no tendría ningún problema, porque estoy de acuerdo con el contenido de las dos enmiendas.

Solamente quiero decir una cosa sobre el ámbito de las competencias: la renta básica es una idea, que, conforme aumente el nivel de implantación, es más sencillo de implantar —la renta básica como renta básica de ciudadanía—, de tal manera que se ha llegado a debatir a nivel del continente europeo financiar la renta básica con la tasa Tobin sobre las transacciones financieras internacionales. Hay dinero, sí se quiere hay dinero y se puede buscar. Es una cuestión de voluntad política. Son ustedes los que están diciendo que quieren un Estado soberano en el contexto europeo. Todos los contextos europeos tienen una capacidad para que el conjunto de la ciudadanía europea, independientemente de en qué país, en qué territorio de Europa viva, tenga reconocido este derecho subjetivo. Por lo tanto, en el ámbito de las competencias tiene que haber en el punto 3, y a eso sí me refiero, la renta garantizada de ciudadanía como un elemento progresivo, que va introduciendo el debate y que va atendiendo las necesidades básicas y que pueda ir tendiendo hacia la universalización.

Pero yo retiraría mi moción entera —y es la oferta que les hago—, de pe a pa si este Senado, si esta Cámara se aviniera a acordar la constitución de una ponencia en el seno de la comisión de servicios sociales o donde se considere al objeto de estudiar los instrumentos de lucha contra la pobreza conocidos como renta básica u otras y también los desarrollados por las comunidades autónomas, conocidas como rentas de inserción, renta garantizada de ciudadanía. Señores del Partido Popular, cuando quieran. Si no puede ser este período de sesiones, el siguiente o el otro. Retiro toda la moción si adquirimos el compromiso aquí de que vamos a estudiar estas ideas.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya finalizando.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Pues ya he terminado.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Turno en contra.

Tiene la palabra la senadora señora Elorriaga.

La señora ELORRIAGA PISARIK: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, buenas tardes.




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Subo a esta tribuna para manifestar la posición del Grupo Parlamentario Popular ante la moción que ahora se está debatiendo, una moción que, sin duda, persigue un fin loable —no lo voy a poner en duda en ningún caso— porque es, al fin y al cabo, una moción que se ocupa de los grupos más vulnerables, se ocupa de las personas, aunque debo decirles que, a mi juicio, con un contenido que cuanto menos me parece imposible de llevar adelante.

Quiero agradecer al grupo proponente la claridad con la que ha expuesto lo que pretende conseguir, así como el tono con el que nos ha planteado todas las circunstancias que considera. También me alegra que nos exponga una frase en la que nos explica que no es un acto de caridad sino de justicia luchar contra la pobreza, porque esto es algo que en el Partido Popular lo tenemos muy claro desde hace mucho tiempo, y en esa línea estamos trabajando. Me alegra también que cite usted a uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos, al presidente Roosevelt. En fin, señorías, que no me cabe la menor duda de que plantean esta moción con ganas de llegar a una solución armónica. Y me alegra que el Grupo Parlamentario Mixto proponga soluciones para colaborar con el Gobierno de España en su tarea de resolver la profunda crisis económica que todos tenemos y padecemos. Una crisis que, sin duda —y les doy absolutamente la razón—, ha afectado a los ciudadanos, ha afectado a las personas, y, además, lo ha hecho por muy distintos motivos, motivos que por la falta de tiempo me resultaría imposible enumerar aquí pero que son bien conocidos en esta Casa, porque les recuerdo que en esta Casa está vigente, desde la pasada legislatura, una comisión de estudio sobre las nuevas formas de exclusión social como consecuencia del fuerte incremento del desempleo, y en ella han comparecido ya más de 50 comparecientes que han explicado su opinión respecto a estos temas vinculados a la exclusión; comparecientes, además, de muy diversas procedencias: miembros de la universidad, miembros que forman parte de ONG, grandes instituciones sociales; es decir, podemos decir que un amplio abanico de personajes vinculados al mundo de lo social han accedido a comparecer ante esa comisión, que ha hecho un trabajo riguroso, serio y, desde luego, duradero en el tiempo.

Por lo tanto, señorías, el tema —que, insisto, es muy importante, muy interesante— se ha planteado en la tarde de hoy con poco rigor y quizás creando algo de confusión. Me preocupa además que este tema sea utilizado como un arma arrojadiza contra el Gobierno de España, me resulta sinceramente incomprensible, cuando este tema debería ser objeto de un trabajo conjunto para conseguir entre todos unos frutos que son necesarios para todo el país.

No me parece oportuno que, por razones políticas, se utilice la pobreza, se falte a la verdad y se propongan soluciones que ustedes mismos saben que son difíciles de aplicar en este momento. No creo que sea necesario que les explique lo delicada que es la situación actual en nuestro país y en todo el entorno de la zona euro —señorías, no somos solo nosotros—, y a la hora de proponer soluciones se hace necesario analizar con rigor todo lo que está ocurriendo en España y en los países de la Unión Europea.

En este sentido —y ya que el señor Mariscal ha mencionado todos los índices que marca Eurostat— debo recordarle que el último, en el que habla de la privación severa de las necesidades básicas, sitúa a España en los niveles más bajos de la Unión Europea, porque reconoce que en nuestro país existe un buen funcionamiento del Estado del bienestar, a pesar de la dureza de la crisis, y da un papel clave al tejido social y asociativo que existe en este país.

Señorías, la moción que nos ocupa y que se plantea para debate en este Pleno se inicia con un párrafo que, desde luego, mi grupo no puede compartir. En la propia exposición de motivos manifiestan que la degradación de las condiciones de vida de los ciudadanos se ha agravado de manera notable como consecuencia de las políticas puestas en marcha por el Gobierno del presidente Rajoy. Y lo he leído literalmente. Produce, cuando menos, asombro, y, además, afirmar que las respuestas políticas a la crisis económica están llevando a nuestro país a un aumento del paro, desde luego, me parece, cuando menos, discutible. Afirmar, señorías, que una minoría oligárquica que ejerce su poder y su influencia antidemocrática y que sitúa a los mercados por encima de las personas me parece ya inadmisible. Señorías, ¿a quién se refieren cuando hacen esta afirmación? ¿O no recuerdan sus señorías que el actual Gobierno del Reino de España recibió un déficit de 3 puntos por encima del anunciado? ¿Nos hemos olvidado de este tema? ¿Y también ha olvidado que el Gobierno ha tenido que hacer un mayor esfuerzo para ajustarse, porque la economía estaba mucho peor de lo que se les había anunciado? ¿Y se les ha olvidado




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también que la crisis se negó y no se quiso aceptar cuando era ya una realidad? Tienen ustedes muy mala memoria, señores de la oposición.

Señorías, afortunadamente, los datos hoy nos indican que puede haber un cambio de tendencia. Pero también les comunico que el control del gasto seguirá siendo una prioridad para el Gobierno de España. Insisto, el control del gasto va a seguir siendo una prioridad para el Gobierno de España porque es imprescindible. Hoy es verdad que podemos descartar definitivamente el rescate, y eso, señorías, es el gran éxito del Gobierno del presidente Rajoy.

Pues bien, siguiendo con lo que nos encontramos, aunque sé que no les gusta a ustedes que se hable nada más que de hace un año, nos encontramos, señoría, con una gran mentira, y eso cambió todos los escenarios políticos. La mala política económica anterior había dado un fruto desde luego muy complicado. Y, por supuesto, ¡claro que hay que trabajar para los que más lo necesitan, sin duda alguna!, pero hay que analizar la realidad de una manera objetiva y haciendo siempre propuestas factibles, y esta no es una propuesta factible.

Señorías, las políticas sociales no pueden analizarse aisladamente porque nos llevarían a grandes errores. Se hace necesario un diseño conjunto con todas las demás políticas, un diseño —insisto— realista que responda a la verdadera situación del país, pero, sobre todo, hay que decir la verdad, señorías, y explicar las situaciones tal y como son, hay que hacer propuestas realistas y fundamentadas, no podemos vivir de la utopía.

Señorías, no será el Grupo Parlamentario Popular el que se oponga a un debate destinado a mejorar las condiciones de vida de las personas, en absoluto. Para nosotros la persona es el centro de nuestro trabajo. Por tanto, no vamos a ser nosotros, insisto, los que nos neguemos a un debate de estas características, pero consideramos —insisto de nuevo— que este debate trascienda a las ideologías y, desde luego, lo consideramos prioritario.

El Gobierno de España ya ha manifestado, a través de su ministra, la señora Mato, su compromiso para luchar contra la exclusión social y favorecer a las entidades que apoyan a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. La ministra ya ha manifestado que se presentará un plan de acción para la inclusión social. En cuanto a las garantías de ingresos, consideramos que sería necesario, al menos, homogeneizar la gran variedad que actualmente existe en las 17 comunidades autónomas y en las dos ciudades autónomas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Es imprescindible que haya una cohesión geográfica y que todas y cada una de nuestras autonomías hagan los mismos programas. Es necesaria una coordinación. Además, se podría estudiar si todo esto podría ir acompañado de una base de cofinanciación en el marco del nuevo período del Fondo social europeo 2004-2020, porque en el próximo período figura como objetivo y acción clave la mejora de los programas de ingresos mínimos. Como ustedes recordarán, 2010 fue proclamado Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Ahora hace un año que se presentó su evaluación, y en ella quedó bien claro que la lucha que hoy estamos debatiendo era un compromiso claro de la Unión Europea y de los Estados miembros. También en la Estrategia 20-20 se ha destacado como iniciativa emblemática. Por tanto, señorías, creo que todos vamos por el mismo camino.

Para terminar, señorías, quiero manifestar que se hace imprescindible plantear las propuestas de forma más clara y didáctica, porque si no, va a ser muy difícil para los ciudadanos distinguir entre renta garantizada de ciudadanía, renta básica universal y renta mínima de inserción; es decir, sería muy difícil distinguir qué estamos defendiendo. A mi juicio, entre los propios miembros de esta Cámara ha habido algo de confusión, y se ha visto y se ha comprobado en la exposición de las enmiendas. En el caso de Convergència i Unió considera lo mismo la renta garantizada de ciudadanía y la renta básica. En el caso del Grupo Parlamentario Socialista, que ya me ha pronosticado lo que debo y no debo decir, se plantea otro tipo de debate en el que habla del tercer sector, en el que habla de las políticas municipales, que yo creo que se sale de lo que hoy estamos defendiendo aquí. Por tanto, quede bien claro que la renta garantizada es un derecho subjetivo, pero es un subsidio condicionado, y lo que ustedes están pidiendo, que es la renta básica universal, aparte de tener como ventaja que tiene una ausencia absoluta de gasto administrativo, es para personas que pueden acumular cualquier otro ingreso y que consideran, los que lo defienden, que evita daños morales, que evita un estigma.




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Pero mi pregunta, señorías, aunque es un poco reiterativa, se la voy a volver a hacer: ¿Es una medida viable de la lucha contra la pobreza hacer un tipo de renta que además no exige ningún tipo de prestación? Por lo que le he oído al señor Mariscal en su última intervención, plantea que sea como un tercer escalón después de haber aplicado la renta mínima de inserción y haber ido luego a una renta garantizada. Sería al final de una etapa, una vez iniciada una base de garantías. Pero yo insisto en que tenemos que tratar de que cada comunidad autónoma, como es el caso de Madrid, comunidad a la que yo represento y por la que soy designada, tenga una renta mínima que sea considerada un derecho subjetivo, que supere la protección pretendida en la moción de hoy, y que se aconseje a comunidades como la andaluza, por ejemplo, en la que ustedes gobiernan en coalición con el Grupo Parlamentario Socialista, que haga un tipo de renta mínima, que se considere un derecho objetivo y que no se conceda exclusivamente para seis meses, condicionada a la disponibilidad presupuestaria. A lo mejor tendríamos que empezar todos por analizar qué es lo que tenemos en casa, qué es lo que hacemos y, a partir de ahí, crear una estructura más homogénea en el territorio nacional y luego plantearnos ya futuros tipos de renta.

Por lo tanto, he de manifestar que el voto del Grupo Parlamentario Popular en el Senado va a ser en contra a esta moción.

Muchísimas gracias, presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Elorriaga.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.

Quiero mostrar de verdad mi enorme satisfacción por la oportunidad que se me da de tener este debate. La señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado se ha hecho aquí una serie de preguntas, que son las preguntas que esta cuestión suscita. Yo no soy ningún experto pero sí creo que la cuestión merece, de verdad, la constitución de esa ponencia de estudio para que debatamos, nos hagamos esas preguntas y para que también aprendamos a distinguir todos, en la medida de lo que sepamos o dejemos de saber, entre esos diversos conceptos.

Pero entiendo que esa oferta no se acepta, por lo que voy —si se me permite en este momento procesal— a rectificar lo que dije antes sobre las enmiendas. Aceptaría la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y también la del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, siempre y cuando se mantenga el punto número 1 de la moción en la que se habla de solicitar al Gobierno un informe. La moción, señor presidente, quedaría conformada por el punto número 1, por la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y por la enmienda del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Con esos tres puntos nos quedaríamos.

Una última cosa. No sé si usted traía su discurso o su intervención hecha pero el tono ha sido adecuado a la importancia de este debate. En ningún momento he utilizado yo la pobreza como arma arrojadiza contra el Gobierno. Ni siquiera he nombrado al Gobierno. He nombrado a los poderosos. He nombrado al sistema. He nombrado las maneras con las que se están haciendo determinadas políticas porque en ellas está la causa de la situación. La causa de la situación de pobreza, de miseria, de desempleo y de paro son las políticas que se vienen practicando, pero no he utilizado los datos de pobreza como arma arrojadiza. La responsabilidad de solucionar esta situación es de todos y de todas. Para ello hay medidas que pueden resultar más o menos audaces, más o menos polémicas o más o menos simples, pero deben ser consideradas por el conjunto de esta Cámara. Por ello, aunque hoy no se apruebe, estoy convencido de que vamos a contar con su complicidad en el futuro a la hora de investigar, reflexionar y escuchar propuestas. Estoy absolutamente convencido porque hemos tenido ocasión de hablar y de dialogar antes de tener este debate. Y estoy realmente satisfecho también por el simple hecho de que esta idea haya venido aquí a debatirse, por el hecho de que sus señorías puedan escuchar un rato propuestas que se salen de lo común, pero que muestran qué cosas se pueden hacer o dejar de hacer.

Finalmente se ha referido al Gobierno de Andalucía. Efectivamente, en el Estatuto de Autonomía para Andalucía hay un artículo, el 23.2, que dice que a toda persona que no tenga ingresos mínimos se le deben garantizar unas ciertas prestaciones económicas. Su grupo votó en contra de esos artículos en la conformación del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Costó




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mucho trabajo hacerles participar en el apoyo a esos conceptos que desde Izquierda Unida creo que supimos introducir en el estatuto y que ahora deben de ser desarrollados. En ello estamos: en la exigencia de la implantación y desarrollo del artículo 23.2 del Estatuto de Autonomía, como se vio ayer en el Consejo de Gobierno, así como en otras cosas que tienen que ver también con la atención al bienestar de la ciudadanía, de los hombres y mujeres que se encuentran en una peor situación. Está claro que, entre la banca y las personas, el Gobierno andaluz eligió a las personas y desde Izquierda Unida trataremos de que siga siendo así. Por eso, la implantación de la renta básica forma parte también del acuerdo de Gobierno y estoy convencido de que más temprano que tarde será una realidad en nuestra comunidad.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Senador Mariscal, mantiene usted el punto 1 de su moción y acepta la enmienda de sustitución del punto 2 del Grupo Parlamentario Socialista (Asentimiento.), pero la de Convergència i Unió es una enmienda de sustitución global. ¿El punto 3 de su moción, senador, se eliminaría? (Asentimiento.) Señoría, habría que preparar una transaccional. (Asentimiento.) Gracias.

Pasamos al turno de portavoces.

En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias.

Yo tenía un profesor de Medicina que decía que las historias clínicas había que leerlas desde la primera página hasta la última, que no hiciéramos —lo digo con todo respeto y no es por denigrar— como los abogados que primero leen la sentencia y luego van a los considerandos. Yo hice al revés, leí la parte dispositiva de esta moción y me hice una película para mi discurso. Después, pensé que había que hacerlo como se debe. Leí la parte expositiva, y la película era totalmente diferente. Si hacía caso a la parte dispositiva, hablaba aquí de la renta de garantía de ingresos que nosotros tenemos en nuestro país, que no es ninguna tontería. Y ya que lo tenía preparado, se lo voy a contar.

La renta de garantía de ingresos en el País Vasco es un derecho subjetivo, una prestación periódica de naturaleza económica dirigida a personas integradas en una unidad de convivencia que no dispongan de ingresos suficientes para hacer frente tanto a los gastos asociados a las necesidades básicas como a los gastos derivados de un proceso de inclusión social, que se complementa con la prestación complementaria de vivienda, que también es un derecho subjetivo —por lo tanto, todo el que lo pida tiene derecho a tenerlo—, que es una prestación periódica de naturaleza económica, articulada como un complemento de la renta de garantía de ingresos en cualquiera de sus modalidades que se dirige a cubrir las necesidades relacionadas con la vivienda o el alojamiento habitual de personas titulares de dichas prestaciones. Además, tenemos las ayudas de emergencia social, que esas ya son otra cosa y para otro tipo de personas.

Las cuantías máximas en 2013 para un solo miembro fueron 616 euros al mes, para dos miembros 791 euros al mes y para tres miembros 875 euros al mes entre las dos ayudas. Evidentemente, esta renta de garantía de ingresos actúa como un factor determinante de cohesión social, que en este momento prácticamente llega al 75% de la población vasca que está en riesgo de pobreza real, lo que supone a las arcas de la comunidad autónoma 322 millones de euros de los dineros que disponemos en Euskadi para estos temas. Esto es lo que está previsto para 2013, y espero que se apruebe así en los presupuestos —no sabemos—, pero es lo mismo que figuraba para 2012, y se reparte entre 58 954 titulares, que, evidentemente, en su mayoría, son familias.

Si nos centramos en la parte expositiva, no tiene nada que ver. ¿O sí? Probablemente —y en eso tengo que coincidir plenamente con el senador Cleries—, cuando hablamos de la renta básica de inserción, estamos hablando de ayudar a aquellas personas que desgraciadamente y de forma temporal se encuentran en una situación que no es la normal en la sociedad que nos hemos dado. En cambio, de lo que estamos hablando aquí, haciendo caso a la parte expositiva, es de que todo ser humano tiene derecho a una renta de garantía por el hecho de existir. Esto es lo que en la literatura se llamaba la renta básica de las iguales.

A nosotros nos parece que incluso pueden ser incompatibles porque estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes, de dos conceptos de sociedad totalmente distintos. Creo que este




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problema es muy profundo y que afecta a la estructura de nuestra sociedad y, por lo tanto, no sé si este es el mejor medio para discutirlo, aunque probablemente sí para comenzar la discusión.

Desde nuestro punto de vista, todo en nuestra sociedad es mejorable, también la protección social de aquel que la necesita. Se pueden ampliar todo tipo de rentas y, en este sentido, habría que hablar seriamente también de lo que sucede con las amas de casa, que no obtienen una renta por trabajar como tales ―que bastante hacen, probablemente mucho más que cualquier trabajador― o podríamos también hablar de la renta de los estudiantes, que también trabajan estudiando. Estas dos realidades todavía se han torcido un poco más con la nueva situación que se ha creado con la propuesta de transaccional que, evidentemente, tendremos que ver cómo queda.

En principio, esas eran mis reflexiones sobre esta importante cuestión, con la que no se puede andar jugando porque estamos hablando de algo tan importante como es nuestra sociedad y los esfuerzos que estamos haciendo muchos, muchas instituciones y muchos partidos, para mantener lo que ya tenemos, lo que en Euskadi llamamos renta de garantía de ingresos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Senyors i senyores senadors, el meu grup parlamentari donarà suport a la moció amb les esmenes incorporades.

Creiem que hagués estat positiu poder crear aquesta ponència d’estudi, sobre una qüestió on el senyor Mariscal ha tingut l’oportunitat de fer-nos parlar de quelcom que és el gran oblidat, que és la pobresa. I de què estem parlant? Les dades són dramàtiques. Estem parlant de 6 milions d’aturats, amb un escenari de recessió que vol dir que l’atur creixerà; estem parlant d’1 800 000 llars sense cap tipus d’ingrés; estem parlant de gairebé 13 milions de ciutadans i ciutadanes amb pobresa, que estan dins de la pobresa; estem parlant de 2 267 000 nens i nenes pobres; estem parlant de 400 000 desnonaments, una mitjana de 280 desnonaments diaris; en definitiva, estem parlant que a Espanya avui hi ha una pobresa més extensa, més intensa —els pobres són més pobres— i més crònica.

El 44% de la gent que Càritas atén porten entre tres i quatre anys anant als seus serveis; dels aturats, el 50% són ja aturats de llarga durada; i una dada d’avui mateix, el Monte de Piedad de La Caixa ha passat de 1800 peticions, o transaccions, a 30 000. Estem parlant d’una situació de devastació social que exigeix, al meu entendre, debatre, reflexionar i, sobretot, aventurar propostes.

I, evidentment, la lluita contra la pobresa també depèn de les polítiques, i és evident que les polítiques de retallades han incrementat la pobresa, han fet encara més precària la situació de la gent que viu dins d’aquests llindars de pobresa. Les polítiques de retallades no només han generat més pobres, sinó que alhora han generat més desigualtats, perquè avui dia a Espanya hi ha més pobres, però hi ha major desigualtat.

I l’enfoc de la lluita contra la pobresa depèn també de les respostes que políticament donem a un seguit d’interrogants. En primer lloc, tenim el deure, tenim la responsabilitat, de rescatar persones com estem rescatant bancs? Jo crec que sí, que és urgent que ens plantegen que cal també rescatar persones avui en dia a la nostra societat. Tenen els ciutadans el dret a veure garantides les seves necessitats bàsiques? Jo crec que sí. És responsabilitat dels poders públics garantir l’alimentació, l’accés al serveis de subministrament bàsics com l’aigua, la llum, l’habitatge, als ingressos mínims, a la igualtat d’oportunitats? Jo crec que sí, però és que no només ho crec jo, això ho creu el conjunt de la societat, la majoria de la nostra societat creu que aquestes haurien de ser les respostes.

Fins ara, com ha respost el Partit Popular? Ens ve a dir: quan les coses vagin bé, ja ens farem càrrec d’aquestes situacions, perquè en aquests moments el prioritari, l’urgent, perquè les coses en un futur ens puguin anar bé, es corregir el dèficit, i això vol dir retallades.

Ahir el senyor Montoro, contestant al portaveu del Partit Socialista li deia: ¿ustedes qué quieren?, ¿más déficit? No. A veure si poden entendre vostès d’una vegada que el problema del dèficit i del deute és un problema de tots; no és que vulguem més dèficit, volem més temps per




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corregit el dèficit, volem més temps pel retorn del deute. I aquesta hauria de ser la gran aposta del Partit Popular, aquest hauria de ser el gran lideratge del president Rajoy; és a dir, plantejar, no dins aquesta lògica del sálvese quién pueda, a veure a qui afectarà més la pujada de la prima de risc, si a Itàlia o a nosaltres, sinó plantejar, amb els països del sud d’Europa que estem patint circumstàncies similars, un nou enfoc dins d’Europa, dins de la Unió Europea. I això no s’està fent, i això que molt aviat, amb la perspectiva de les eleccions europees n’anirem parlant, però avui per avui no forma part de les prioritats dels Govern. Estem encara a què cada país es salvi per si mateix. Mentre la lògica que imperi a la Unió Europea sigui la de països creditors contra països deutors, no ens en sortirem. Cal la consolidació fiscal que permeti alhora el rellançament econòmic i la protecció social. Cal aprofundir en el procés d’unió bancària, unió fiscal, etcètera. I aquestes, avui en dia, insisteixo, no són les prioritats que estan sobre la taula sinó veure com cadascun dels països, individualment, se’n poden sortir.

El senyor Mariscal ens planteja discutir, debatre, sobre el dret a no ser pobre, a marcar-nos l’objectiu de pobresa zero al nostre país, de garantir els mínims vitals per evitar la marginació social, d’evitar el perill que part d’una pobresa conjuntural passi a ser una pobresa estructural, però també estem parlant de la qualitat de la nostra societat, de la qualitat de la nostra democràcia i també de la qualitat de la nostra economia. Perquè, senyories, la igualtat d’oportunitats, garantir la igualtat d’oportunitats ens fa més o menys competitius? Jo crec que ens fa més competitius. Garantir els mínims vitals pel conjunt de la població ens fa més o menys competitius? Jo crec que ens fa més competitius. En definitiva, estem parlant d’un enfoc totalment diferent tant des d’un punt de vista ètic, social, de l’equitat i en pro d’una societat més justa i de major qualitat, però també és un discurs i una proposta per evitar —i encara hi som a temps—, que centenars de milers de persones passin de la pobresa a l’exclusió social; que caiguin al pou de l’exclusió social.

Hi ha un profund malestar social, hi ha irritació, hi ha ràbia, i això s’expressa, es manifesta, es veu, quotidianament: desnonaments, pobresa, dificultats de tot ordre, frau fiscal, corrupció, ineficàcia,... I tot això s’està transformant en un rebuig cap a la política i els polítics cada cop més intens. L’última expressió és el que es coneix com escrache. Jo puc entendre que l’escrache no és plat de gust de ningú, que a ningú li agrada, com puc entendre que ens agrada que ens aplaudeixin, encara que sigui a la porta de casa nostra, però és que en aquests moments que la política no només no resol res, sinó que ho està empitjorant tot, en aquests moments que l’acció del govern no només no resol res, sinó que ho està empitjorant tot, especialment les condicions de vida i de treball de la gent, de gran quantitat, de milions de persones, a ningú li pot sobtar que grups de ciutadans practiquin l’escrache. Jo hi estic d’acord: que ens increpin, que ens sacsegin, que ens posin davant de la nostra realitat, que ens posin davant del mirall social que representa la devastació de tot ordre que està patint la nostra societat. Aquesta és la realitat. Davant dels desnonaments, davant de l’atur, davant de la pobresa, al front de la corrupció, dels escàndols, no pot sorprendre a ningú, insisteixo, que es produeixin aquests tipus de fenòmens; al revés, jo els aplaudeixo.

I per últim, permeti’m una qüestió catalana. Ja sé que el Senat no és el lloc per fer debat sobre política catalana, però arrel de la intervenció del senyor Cleries. Convergència i Unió, en el moment que es carrega el caràcter universal de la renda mínima d’inserció, en el moment que vostès modifiquen aquesta renda mínima d’inserció, ha provocat que en un any 10 000 famílies a Catalunya no hagin pogut accedir a aquesta renda mínima d’inserció, és a dir, que consejos doy pero para mí no tengo. Aquesta també és la realitat greu d’aquestes polítiques de retallades injustes que afecten a tanta i tanta gent.

I és per això que nosaltres donarem recolzament a la moció del senyor Mariscal. El felicitem per aquesta iniciativa, i agraïm que hagi recollit aquestes esmenes que ens permeten ser més que donem suport a l’imprescindible debat sobre què fem amb la pobresa a Espanya, més enllà de dir cuánto lo siento, cuánto lo lamento, pero pobres hay.

Gràcies, senyories.

Gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, mi grupo parlamentario dará apoyo a la moción con las enmiendas que se han incorporado.

Creemos que hubiera sido positiva la creación de la ponencia de estudio planteada en relación con una cuestión de la que el señor Mariscal ha tenido la oportunidad de hacernos hablar, de un




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tema que es el gran olvidado, la pobreza, que ofrece unos datos dramáticos. Estamos hablando de 6 millones de parados, con un escenario de recesión en el que el paro crecerá; de 1 800 000 hogares sin ningún tipo de ingreso; de 13 millones de ciudadanos que viven en la pobreza; de 2 267 000 niños y niñas pobres; de 400 000 desahucios, con una media de 280 desahucios diarios; y, en definitiva, de que en España hay hoy una pobreza más extensa, más intensa y más crónica, de manera que los pobres son más pobres.

El 44% de las personas a las que atiende Cáritas llevan entre 3 y 4 años utilizando sus servicios; el 50% de los parados son ya parados de larga duración; y, un dato de hoy mismo, el Monte de Piedad de la Caixa ha pasado de 1800 transacciones a 30 000. Es decir, que estamos hablando de una situación de devastación social sobre la que hay que debatir, reflexionar y, sobre todo, dar soluciones.

Evidentemente, la lucha contra la pobreza también depende de las políticas y, sin duda, las políticas de recortes han incrementado la pobreza y han hecho todavía más precaria la situación de la gente que vive en estos umbrales de pobreza. Las políticas de recortes no solo han generado más pobres sino que, al mismo tiempo, han generado mayores desigualdades porque hoy en día en España hay más pobres y también mayor desigualdad.

La lucha contra la pobreza también depende de las respuestas que demos a las siguientes preguntas: ¿Tenemos el deber y la responsabilidad de rescatar personas, del mismo modo en que estamos rescatando bancos? Yo creo que sí, que es urgente que nos planteemos el rescate de personas hoy en día en nuestra sociedad. ¿Tienen los ciudadanos el derecho a ver garantizadas sus necesidades básicas? Yo creo que sí. ¿Es responsabilidad de los poderes públicos garantizar la alimentación, el acceso a los servicios de suministro básico, como el agua, la luz, la vivienda, los ingresos mínimos o la igualdad de oportunidades? Yo creo que sí, pero no solo lo creo yo, es que de hecho lo cree el conjunto de la sociedad. La mayor parte de nuestra sociedad cree que estas deberían ser las respuestas.

Hasta ahora, ¿cómo ha respondido el Grupo Popular? Nos han dicho: cuando las cosas vayan bien, ya nos haremos cargo de estas situaciones, porque en estos momentos lo prioritario, lo urgente para que las cosas en un futuro puedan ir bien, es corregir el déficit, y esto quiere decir recortes.

Ayer el señor Montoro, contestando al portavoz del Grupo Socialista, le decía: ¿ustedes qué quieren?, ¿más déficit? No. A ver si pueden entender de una vez que el problema del déficit y la deuda es un problema de todos; no es que queramos más déficit, queremos más tiempo para corregir el déficit, más tiempo para la devolución de la deuda. Esta debería ser la gran apuesta del Partido Popular, este debería ser el gran liderazgo del presidente Rajoy; es decir, plantear, no dentro de esta lógica del sálvese quien pueda a quién afectará más la subida de la prima de riesgo si a Italia o a nosotros, sino plantear, repito, en los países del sur de Europa, que estamos sufriendo procesos similares, un nuevo polo dentro de la Unión Europea. Y esto no se está haciendo.

Muy pronto, ante la perspectiva de las elecciones europeas hablaremos de esto, pero hoy por hoy no forma parte de las prioridades del Gobierno. Estamos en la idea de que cada Gobierno se salve por sí mismo. Mientras la lógica que impera en la Unión Europea sea la de países acreedores contra países deudores, no saldremos de la crisis. Es necesario que la consolidación fiscal permita la protección social y el crecimiento económico. Hay que profundizar en el proceso de la unión bancaria, de la unión fiscal, etcétera. Hoy en día, insisto, no son prioridades solo de un pueblo, sino que tienen que ver con cada uno de los países ya que, individualmente, no hay salida de esta crisis.

El señor Mariscal nos plantea discutir sobre el derecho a no ser pobre, marcarnos el objetivo de pobreza cero en nuestro país, garantizar las necesidades para evitar la marginación social, evitar el peligro de que parte de la pobreza coyuntural pase a ser una pobreza estructura pero también estamos hablando de la calidad de nuestra sociedad, de la calidad de nuestra democracia y de la calidad de nuestra economía, porque, señorías, garantizar la igualdad de oportunidades yo creo que nos hace más competitivos; garantizar los elementos vitales para el conjunto de la población, también nos hace más competitivos. En definitiva, estamos hablando de un enfoque totalmente distinto, tanto desde un punto de vista ético y social, de la equidad como apuesta por una sociedad más justa y de mayor calidad, pero también es un discurso y una propuesta para evitar —todavía estamos a tiempo de ello— que centenares de miles de personas pasen de la pobreza a la exclusión social; que caigan en el pozo de la exclusión social.




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Hay un profundo malestar social, hay irritación, hay rabia, y esto se ve en el día a día: desahucios, pobreza, dificultades de todo tipo, fraude fiscal, corrupción, ineficacia… Todo ello se está transformando en un rechazo contra la política cada vez más intenso. La última expresión es lo que se conoce como el escrache. Yo puedo entender que sufrir un escrache no es del gusto de nadie, como puedo entender que nos gusta que nos aplaudan, aunque sea en la puerta de nuestro domicilio, pero en estos momentos en que la política no solo no resuelve nada, sino que lo empeora todo, en estos momentos en que la acción de Gobierno no solo no resuelve nada, sino que lo empeora todo, especialmente las condiciones de vida y de trabajo de miles de personas, a nadie le puede sorprender que grupos de ciudadanos practiquen el escrache. Yo estoy de acuerdo: que nos increpen, que nos asedien, que nos pongan ante nuestra realidad, que nos pongan ante el espejo social que representa la administración de todo orden que está sufriendo nuestra sociedad. Esta es la realidad. Ante los desahucios, el paro, la pobreza, la corrupción, los escándalos, no puede sorprenderle a nadie, insisto, que se produzca este tipo de fenómenos; al revés, yo, los aplaudo.

Y, por último, permítanme una cuestión catalana. Ya sé que el Senado no es lugar para hacer un debate sobre política catalana, pero Convergència i Unió, en el momento en que modifica la renta mínima de inserción, ha provocado que en un año 10 000 personas en Cataluña no hayan podido llegar a ella. Y esta es también una grave realidad, en definitiva, de estas políticas de recortes injustos que afectan a tanta gente.

Es por esto que nosotros somos favorables a la moción del señor Mariscal. Le felicitamos por la iniciativa, y agradecemos estas enmiendas que nos permiten dar apoyo al imprescindible debate sobre qué hacemos con la pobreza en España, más allá de decir cuánto lo siento, cuánto lo lamento, pero pobres hay.

Gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Cleries.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Moltes gràcies, senyor President.

Senyories, com he dit en l’anterior intervenció, nosaltres presentàvem una esmena de substitució que, per qüestions procedimentals no es pot incorporar. Ara feia menció el senador Guillot al fet que som una Cambra territorial. En el cas de Catalunya tenim moltes dificultats econòmiques; vostè ha citat Convergència i Unió i jo li podria citar el Tripartit, però ara no els cansaré amb això, és igual, perquè ja ho he argumentat abans amb la intervenció sobre la Llei de la Dependència. Però el que sí els vull dir és que ara és un moment de sumar, i resulta que aquesta moció divideix. Ara crearem una altra renda bàsica, més la renda garantida. Ara que tenim dificultats econòmiques, el que hem de fer és que qui té la competència exclusiva en serveis socials, que són les comunitats Autònomes, tingui els recursos per fer front a poder atendre tothom i fer que la renda sigui universal a tothom que la necessita. Que hi estem d’acord, i precisament sap que en aquests moments, d’una banda, s’està tramitant la modificació de la Renda Mínima d’Inserció, i de l’altra, s’està iniciant la tramitació, en aquest cas per una Iniciativa legislativa popular, de la Renda Garantida de Ciutadania, per donar resposta al que diu l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Aquesta també és una realitat, i el que a nosaltres ens sembla lògic i plantegem a l’esmena que presentàvem és que, si tenim problemes per a mantenir una renda ara no diem que l’Estat en crearà una per a tothom. I hi ha conceptes que no hi entrem ni hi creiem, com ara una renda per a tothom, tant si vol treballar com si no. Una altra cosa és que no pugui treballar, i aquí estem d’acord. Però qui no vulgui treballar... També creiem en la cultura de l’esforç i que la gent ha de fer alguna cosa quan pot. Repeteixo: quan pot, que quedi clar.

Precisament, a mi també m’ha sobtat el senador Mariscal quan diu que diners n’hi ha. Que ens digui on, que totes les administracions tenim molts programes per portar endavant, per exemple en l’àmbit de les polítiques socials, i si hi ha diners que surtin, i que arribin a les comunitats Autònomes. On sí coincideixo amb el senador Mariscal, i molt, és que aquest debat és important. Perquè és cert que en aquests moments hi ha una pobresa creixent. També ho deia el senador Guillot i hi coincideixo, i ell deia intensa, i és cert que cada cop més, les persones i les famílies afectades per la pobresa viuen una situació de més dificultat, i a més amb una pobresa que creix més que cap




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altra, que és la pobresa infantil. Donada la situació de les famílies, tenim un creixement de la pobresa infantil. Per això, com vostès saben, a Catalunya els dos anys de la legislatura passada es van fer les bases per a un pacte de lluita contra la pobresa i un pacte per a la infància a Catalunya, que s’estan concretant en aquests moments per poder posar-se en marxa immediatament.

Perquè és cert que si alguna prioritat té avui l’Estat espanyol i les diferents comunitats Autònomes és l’eradicació de la pobresa. És cert que vivim moments de crisi econòmica, però no podem permetre que hi hagi famílies o persones que quedin al marge de la societat, en un procés d’exclusió social. Un procés que, a més, significarà que després ens costarà molt reinserir aquestes persones a la societat. I tindrà uns costos inassumibles, uns costos humans fins i tot, ja no econòmics. I en aquest sentit, en un moment de creixement de la pobresa, en un moment de creixement de la desigualtat, és quan hem d’apel·lar a les formacions polítiques que estem en aquesta Cambra i, en general, a les Corts Generals i als diferents parlaments, que tots tenim al nostre programa la justícia social, perquè això deixi de ser un enunciat teòric i passi a ser una realitat.

En aquest sentit, coincideixo ―tot i que no hi donarem suport, i pel que sembla amb la majoria d’aquest Senat tampoc no s’aprovarà― amb el que proposa el Partit Socialista, que hi hagi un pla amb recursos en la lluita contra la pobresa. Sàpiguen que, si ho volen tirar endavant i que en parlem, des de Convergència i Unió trobaran tot el suport, perquè creiem que és una de les prioritats més bàsiques que avui té l’Estat espanyol i cadascuna de les comunitats, que és la lluita contra la pobresa, i fer un país d’oportunitats. Perquè el que és cert ―i ho contraposo al que deia el senador Mariscal― és que nosaltres no hem de fer una societat on treballi qui vulgui, i algú digui «jo puc treballar però no em dóna la gana, que ja em pagaran la renda bàsica», amb la qual cosa ens carreguem la cultura de l’esforç.

Per tant, el que hem de fer és un país que doni oportunitats a les persones per a poder treballar. A totes les persones, però especialment, on ara està penetrant més la dificultat de treball, que és entre els joves. Per tant, cal donar igualtat d’oportunitats, fer una societat d’oportunitats i integradora. A més a més, calen un serveis socials que tinguin el sentit bàsic de fer persones autònomes, persones que es puguin valer per si mateixes. Aquest és el sentit dels serveis socials. És cert que tenim situacions cròniques de gent que roman als serveis socials temps i temps. No és aquest el seu sentit. És cert que hi ha situacions que no es poden arranjar, però el que sí que hem de fer és uns serveis socials, unes polítiques socials, que donin autonomia a la persona, que l’ajudin a valer-se per si mateixa i a poder fer la seva trajectòria personal. Això és construir una societat integradora; aquest és el sentit últim dels serveis socials, i el primer.

Amb aquesta visió d’una societat integradora, a Catalunya ―i això es va fer en època del Tripartit, amb la nostra col·laboració parlamentària, i recordo que vaig ser ponent d’aquesta llei catalana― es va fer la Llei de Prestacions Socials de Caràcter Econòmic per complementar i unificar totes les prestacions econòmiques. Per això també ens sorprèn aquesta moció que es presenta per a crear una nova renda, quan com deia tenim dificultats per a mantenir les existents. Fem que el Govern de l‘Estat doni suport en els diferents convenis a les prestacions econòmiques que tenim les diferents comunitats. A Catalunya, a més a més, per conèixer la situació de pobresa, vam crear un indicador propi que té en compte el cost de la vida a Catalunya, que és l’Indicador de la Renda de Suficiència. Perquè les ajudes, quan aquí es parla d’una renda bàsica, han de donar les possibilitats per a viure de la forma adequada, amb justícia social, a cada Comunitat, amb els recursos que es necessiten per a viure a cada Comunitat.

Per això els vull dir que des de Convergència i Unió trobaran tot el suport per a iniciatives que es vulguin portar a terme. Ho dic perquè votarem que no, però l’esmena del Grup Socialista ens sembla molt adequada, i també fer algun pla en què l’Estat aporti recursos a les comunitats per lluitar contra pobresa, i ens brindem a sumar-nos amb les altres formacions polítiques en aquest sentit, per anar en aquesta línia de lluita contra la pobresa, en la línia de la inclusió social, en la línia de fer un sol país en la lluita per aquesta cohesió social.

Per tant, avui, malauradament, perquè hi ha aquests defectes de forma per poder fer una nova moció remodelada, malgrat que estem d’acord amb algunes coses que s’han dit, i especialment amb l’esmena del Grup Parlamentari Socialista, votarem que no. Però sàpiguen que estem contents que s’estigui fent aquest debat al Senat, i alhora, que en futures iniciatives que es vulguin




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portar a terme, brindem el nostre grup parlamentari per fer-hi aportacions i per arribar a acords, perquè creiem que si avui alguna prioritat ha de tenir l’Administració, en general, es digui estatal, es digui autonòmica o es digui local, és la lluita contra la pobresa, fer un país per a tothom i fer una societat inclusiva.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, como he dicho en la anterior intervención, nosotros presentábamos una enmienda de sustitución que por cuestiones procedimentales no se puede incorporar. Y, por lo tanto, nosotros creemos —y ahora lo mencionaba el senador Guillot—, ya que somos una Cámara territorial, que en el caso de Cataluña tenemos muchísimas dificultades económicas. Usted ha citado a Convergència i Unió, yo le podría citar al tripartito, pero ahora no les voy a cansar con eso, es igual, porque ya lo he argumentado antes con la intervención sobre la Ley de dependencia. Lo que sí quiero decirles es que ahora es el momento de sumar, y resulta que esta moción divide. Ahora vamos a crear otra renta básica, más la renta garantizada. Y escuche: ahora que tenemos dificultades económicas, lo que debemos hacer es garantizar que quienes tienen la competencia exclusiva en servicios sociales, que son las comunidades autónomas, tengan los recursos para poder atender a todo el mundo y hacer que la renta sea universal para todo el mundo que la necesita — estamos de acuerdo con ello—, y precisamente sabe que en estos momentos se está tramitando la modificación, por un lado, de la renta mínima de inserción y, por otro lado, se está iniciando la tramitación, en este caso por una iniciativa legislativa popular, de la renta garantizada de ciudadanía para dar respuesta a lo que establece el artículo 24.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Por lo tanto, esta es también una realidad y a nosotros lo que nos parece lógico, y es lo que planteamos en la enmienda que presentamos, es decir que si tenemos problemas para mantener una renta, ahora no digamos que el Estado va a crear otra para todos. Evidentemente hay conceptos en los que nosotros no entramos, en los que nosotros no creemos, y es decir que hay una renta para todo el mundo quieran o no trabajar, Otra cosa es que no puedan trabajar, ahí estamos de acuerdo, pero no para quien no quiera trabajar. Nos parece que también creemos en la cultura del esfuerzo y en que la gente tiene que hacer algo cuando puede, repito, cuando puede, que quede claro.

Precisamente a mí me ha sorprendido también el senador Mariscal cuando dice: dinero hay. Pues que nos diga dónde, porque rápidamente todas las administraciones tenemos muchos programas que sacar adelante en el ámbito, por ejemplo, de las políticas sociales, y si hay dinero, pues que salga y que llegue a las comunidades. En lo que sí que coincido con el senador Mariscal y mucho, es en que este es un debate importante porque es cierto que estamos en momentos de pobreza creciente —lo decía también el senador Guillot, y también coincido con él cuando ha dicho la palabra intensa porque es cierto que cada vez más las personas y familias afectadas por la pobreza viven una situación de mayor dificultad— y, además, de una pobreza más creciente que ninguna que es la pobreza infantil. Dada la situación de las familias tenemos un crecimiento de la pobreza infantil, y por eso saben ustedes también que durante los dos años de la legislatura pasada en Cataluña se sentaron las bases para un pacto de lucha contra la pobreza y un pacto por la infancia que se está concretando en estos momentos para poderlo poner en marcha lo antes posible.

Es cierto que si alguna prioridad tiene hoy el Estado español y las distintas comunidades autónomas es la erradicación de la pobreza. Es verdad que vivimos momentos de crisis económica, pero lo que no podemos permitir es que haya familias o personas que queden al margen de la sociedad en un proceso de exclusión social, en un proceso que, además, va a significar que después para reinsertarlas en la sociedad nos va a costar mucho y va a tener unos costes inasumibles —unos costes humanos incluso, no hablo ya solo de costes económicos—. En ese sentido, en un momento de crecimiento de la pobreza, en un momento de crecimiento de la desigualdad, es cuando debemos apelar a las formaciones políticas que estamos en esta Cámara, que están de forma genérica en las Cortes Generales y en los distintos parlamentos porque todos tenemos en nuestro programa la justicia social, a que esto deje de ser un enunciado teórico y pase a ser una realidad.




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En ese sentido, coincido, aunque no vamos a apoyarla —parece que por la mayoría de este Senado tampoco se va a aprobar—, con lo que propone el Partido Socialista de que haya un plan con recursos para la lucha contra la pobreza. Sepan que si quieren sacar eso adelante y que lo hablemos, desde Convergència i Unió van a encontrar todo el apoyo, porque creemos que una de las prioridades más básicas que hoy tiene el Estado español y cada una de las comunidades es la lucha contra la pobreza y hacer un país de oportunidades. Lo que es cierto, y lo contrapongo a lo que decía el senador Mariscal, es que nosotros no tenemos que hacer una sociedad donde trabaje quien quiera y alguien diga que puede trabajar pero que no le da la gana porque ya le pagarán la renta básica, o que nos carguemos la cultura del esfuerzo. Lo que tenemos que hacer es un país que dé oportunidades a las personas para poder trabajar, a todas las personas, pero especialmente donde en estos momentos está penetrando más la dificultad del trabajo, que es entre la gente joven.

Por lo tanto, hay que dar igualdad de oportunidades, hacer una sociedad de oportunidades integradora y, además, unos servicios sociales que tengan el sentido básico de hacer personas autónomas, personas que se puedan valer por sí mismas. Ese es el sentido de los servicios sociales. Es cierto que tenemos situaciones crónicas de gente que permanece en los servicios sociales durante mucho tiempo, pero no es ese el sentido. Es cierto que hay situaciones que no se pueden arreglar, pero lo que sí tenemos que hacer son unos servicios sociales y unas políticas sociales que den autonomía a la persona, que la ayuden a valerse por sí misma y a poder seguir su trayectoria personal. Eso es construir una sociedad integradora. Ese es el sentido último, y el primero, de los servicios sociales.

Por lo tanto, creo que con esta visión, en Cataluña se hizo la Ley de prestaciones sociales de carácter económico —en época del tripartito con nuestra colaboración parlamentaria, me acuerdo que fui ponente—, para complementar todas las prestaciones económicas y unificarlas. Por eso también nos sorprende esta moción que se presenta para crear una nueva renta cuando, como digo, tenemos dificultades para mantener las existentes. Vamos a hacer que el Estado español, el Gobierno del Estado apoye los distintos convenios de las prestaciones económicas que tenemos las distintas comunidades. En Cataluña, además, para saber la situación de pobreza creamos un indicador propio que tiene en cuenta el coste de la vida en nuestra comunidad. Es el indicador de la renta de suficiencia, porque también creemos que las ayudas, cuando aquí se habla de una renta básica, tienen que dar las posibilidades para vivir de la forma adecuada, con justicia social y con los recursos que se necesitan para vivir en cada comunidad.

Y por eso les quiero decir que van a encontrar en Convergència i Unió todo su apoyo para las iniciativas que quieran llevar a cabo. Aunque vamos a votar en contra, la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista nos parece muy adecuada, y propongo hacer un plan en el que el Estado aporte recursos a las comunidades para luchar contra la pobreza, y nos sumamos al resto de formaciones políticas en ese sentido, en la línea de la inclusión social, en la línea de hacer un solo país en la lucha por esa cohesión social.

Por tanto, hoy, lamentablemente, dada la existencia de esos defectos de forma, no se podrá llevar a cabo esa nueva moción remodelada. A pesar de que estamos de acuerdo con algunas de las cosas que se han dicho y, en especial, con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, votaremos lamentablemente en contra, pero sepan que estamos contentos de que se esté produciendo este debate aquí, en el Senado. Al mismo tiempo, brindamos nuestro apoyo para hacer aportaciones en futuras iniciativas que se quieran llevar a cabo y para llegar a acuerdos, porque consideramos que si hoy debe tener alguna prioridad la Administración en general, se llame estatal, autonómica o local, es la lucha contra la pobreza, hacer un país para todos, hacer una sociedad inclusiva.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cleries.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Ruiz Santos.

El señor RUIZ SANTOS: Gracias, señor presidente.

Empiezo mi intervención agradeciendo al señor Mariscal el hecho de que haya admitido nuestra enmienda que pretende sustituir el punto número 2. Por tanto, le agradezco el diálogo que hemos tenido a lo largo del día y porque, al final, este resultado nos acerca mucho.




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Señorías, no se puede decir que se agradece al señor Mariscal que traiga el debate aquí para hablar de pobreza y que es importante hablar de la renta básica, y cuando retira, vía nuestra enmienda de sustitución, la posibilidad de implantar la renta básica, y solo se queda en el texto el punto número 1 que se refiere a hacer un estudio de viabilidad, entonces tampoco se lo permiten porque dicen que será imposible, cuando lo que se está pretendiendo en el fondo es un informe de viabilidad. Si en otros países ha sido posible, aquí veremos si es o no posible en función de ese informe de viabilidad y, entonces, se obrará en consecuencia; pero tampoco se está permitiendo que se emita ese informe. Por tanto, ahí no se está actuando, permítanme que lo diga, de forma leal.

Señorías, hace muy pocos días, dos en concreto, tuve ocasión de escuchar a un representante de una asociación del tercer sector que decía que durante décadas habíamos estado sometidos a una gran mentira porque siempre se nos decía: primero crecer para después distribuir; y él entendía que era mentira porque el después nunca llegaba. Pensaba que lo mejor era crecer distribuyendo y también desarrollándonos al mismo tiempo, y creo que en el fondo tiene gran parte de razón.

No crean que la enmienda que hemos presentado es un eslogan —que también lo ha sido hace unos días de un programa del Partido Socialista—, Vencer a la pobreza, o una simple ocurrencia. El texto íntegro que compone nuestra enmienda de sustitución ya figuraba literalmente en una enmienda a los presupuestos en el Congreso de los Diputados, pero es que también en la resolución número 15 del debate sobre el estado de la nación el punto primero era exactamente igual, literal. Por tanto, agradezco mucho al Grupo Catalán Convergència i Unió, se lo digo con total respeto, que diga que está dispuesto a hablar, hablar... Pero resulta que es el texto íntegro del punto primero de la resolución número 15, ¿y sabe lo que hicieron los 16 diputados de Convergència i Unió? Votaron a favor.Esto ya lo hemos hablado en el Parlamento, y ustedes, nosotros y otros grupos, un total de 156, lo hablamos y lo votamos, lo mismo que hoy viene vía enmienda de sustitución, y ustedes hoy no lo aprueban. Como ustedes vean. No es una ocurrencia, tiene un recorrido, y pensamos que si hay que hablar de pobreza, al final tendremos que dar una solución estructural; mientras tanto, no podemos esperar a que esas cifras de pobreza vayan creciendo, por ello, la creación de un fondo de emergencia y urgente de 1000 millones de euros que se incorpora en esta enmienda de sustitución, cuyo debate viene ya de hace siete meses.

El Partido Popular, desde luego, no ha contribuido mucho a que esos índices de pobreza puedan corregirse. Y no lo ha hecho a través de la aprobación de su reforma laboral. Se está acuñando un nuevo concepto de trabajador. ¿Saben cuál es? Trabajador pobre. Porque tiene trabajo, pero tiene mucha menos renta. ¿Por qué? Porque la reforma laboral permite una rebaja salarial. Se ha precarizado el Programa Prepara. Se ha permitido también que la prestación por desempleo sea mucho menor. Hoy tenemos, un año después de la entrada en vigor de la reforma, un millón de parados más. Esto a ustedes no les asusta porque la ministra dice que esta reforma laboral no nació para crear empleo. Por supuesto. Recortes sociales que ha habido en estos últimos meses y año que no han ayudado a combatir la pobreza. Menos dependencia, menos pensiones, más riesgo de exclusión social. ¿Qué pretendemos? Buscar una fórmula coordinada para luchar contra la pobreza. Diecisiete comunidades autónomas, catorce fórmulas distintas de afrontar el problema. Una coordinación, pero, mientras tanto, no podemos estar ni perdernos en esos papeles.

¿Qué persigue el fondo? De forma inmediata, que 500 000 familias tengan una apoyatura en el dinero que yo creo que el Gobierno podría poner para combatir la pobreza. Porque crearía o mantendría 30 000 puestos de trabajo. Podría tener una ampliación de 83 000 nuevos perceptores en rentas mínimas de inserción. ¿Cómo se gestionaría y a dónde iría destinado este fondo? Cuatrocientos millones de euros irían a los ayuntamientos, que son el muro, no diré de contención, sino el muro que absorbe a las personas que demandan una ayuda social a través de los servicios sociales municipales.

Se hablaba de épocas anteriores. Pues, en épocas anteriores había 86 millones para el plan concertado. Así lo dejó el Partido Socialista. ¿Cuántos hay ahora? Treinta. Así no se ayuda a combatir la pobreza. Cuatrocientos millones para comunidades autónomas, para, recogiendo el espíritu de CiU, poder ayudar, garantizar y corresponsabilizarnos institucionalmente, como dice el señor Mariscal, de esas apuestas que hagan distintas comunidades autónomas, por ejemplo, con




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la renta garantizada de ciudadanía y, como digo, 83 000 nuevos beneficiarios podrían salir de esa aportación.

Doscientos millones de euros para el tercer sector. Para las ONG, que en este país están atendiendo a cinco millones de personas con riesgo de exclusión social o que se encuentran en una situación de absoluta precariedad. Y deben ayudarles en la búsqueda activa de empleo a través de centros especiales de empleo y de programas.

Con carácter prioritario, y, seguramente la infancia es lo prioritario, Unicef dice que dos millones de niños están en estos momentos dentro del umbral de pobreza. Programas de alimentación y gastos de vivienda; ayuda a domicilio y gastos en medicamentos; alojamientos de último recurso y, sobre todo, una materia transversal que sería la búsqueda de empleo, apoyando a personas con riesgo de quedarse fuera del mercado laboral.

Esta propuesta ha sido presentada, incluso, ayer mismo, en la Federación Española de Municipios y Provincias. Esta es la primera oportunidad que aunque sea de forma indirecta tiene el Partido Popular de mostrar cuál es su opinión sobre este fondo de emergencia de 1000 millones de euros. Veremos, ahora con su voto, cuál es el apoyo, pues aunque sea indirecto es un apoyo, negativo a este fondo de emergencia.

Ayer el señor Rajoy debatía sobre las 24 centésimas más de déficit sí o no, y sobre el cambio de criterio por parte de la Unión Europea; 24 centésimas del PIB. Estamos hablando de 2400 millones. Mil millones de euros representan una décima del presupuesto del déficit, una décima del PIB. Por lo tanto, si hay que hacer algún esfuerzo en algún sentido, que lo sea para este fondo. En este país no se puede tener una renta per cápita de 30 000 dólares y que haya personas que tengan necesidades básicas sin cubrir, o que tengamos que leer noticias tan recientes como un informe de Comisiones Obreras, sobre el funcionamiento de la renta garantizada de ciudadanía existente, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, que dice: indignante recorte de la renta garantizada de ciudadanía, cuando hay más de 10 000 personas esperándola. Estas son las noticias que no podemos ni oír ni ver, porque realmente resulta lamentable.

El compromiso se podía haber quedado aquí explicitado pero lo único que va a quedar claro es el no apoyo a una moción que lo que pretende es un debate y fruto del mismo una decisión en el tiempo. Esto está ocurriendo en Cataluña en este momento y los defensores más acérrimos de la renta básica, que es la asociación de red básica española, están apoyando el camino que se está tomando en Cataluña, a sabiendas de que no es su objetivo propio, pero mantienen que al menos es un camino y que por eso lo aceptan.

Ustedes no aceptan nada, miran para otro lado y se justifican en el pasado, pero el presente les mira a ustedes porque son los que tienen la decisión. Pero, repito, ustedes lo que deciden es mirar para otro lado y pensar que no pasa nada. Bonito discurso pero trabajo, ninguno. Hay un dicho que dice: Te quiero mucho perrito, pero pan poquito.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ruiz Santos.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Elorriaga.

La señora ELORRIAGA PISARIK: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, realmente me parece que esta tarde está teniendo lugar aquí una gran confusión. Veníamos a hablar de un tema concreto recogido en una moción —y es verdad y debo reconocer que esta moción se plantea de una manera muy inconcreta— y hemos acabado hablando de cantidad de temas de carácter social, cosa que no me molesta en absoluto, es más, me encanta y me gusta hablar de temas sociales, pero me parece que no se está siguiendo el contenido literal de la moción.

Señor Mariscal, claro que estoy satisfecha con que haya un debate sobre estos temas, por supuesto. Pero también estoy de acuerdo con el senador Cazalis cuando dice que este es un tema muy profundo que requiere de una reflexión seria y que puede cambiar el modelo de sociedad. Con esa seriedad tenemos que tomarnos el tema, con esa seriedad tenemos que centrarnos en lo que aquí se expone.

Señor Mariscal, no le voy a permitir que usted cuestione mi trabajo. No le voy a permitir que usted diga que como tengo el discurso hecho no me adapto a lo que aquí se dice. La expresión escrita es exactamente igual que la expresión oral. No sé lo que habrá dicho usted pero le aseguro




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que en la parte expositiva de la moción señala que todo lo que está ocurriendo es consecuencia de las políticas puestas en marcha por el Gobierno del Reino de España en el último año. Eso consta aquí, señor Mariscal. (Aplausos.) Así que, por favor, no diga que traigo el discurso hecho porque una de mis especialidades son los temas sociales y sé muy bien de lo que hablo. Eso no se lo voy a consentir.

Por otro lado, quiero decirle que habrá que ver cómo se puede sacar adelante todo lo que usted ha planteado; habrá que ir paso a paso. No se puede improvisar, ni traer utopías a esta Cámara. No se pueden proponer cosas que sabe usted, igual que yo, que son inviables. ¿O no es usted consciente de la situación que estamos viviendo? ¿Se lo tengo que volver a repetir? Es que me parece increíble que se venga aquí a hablar de unos temas que todos sabemos positivamente que no son viables en este momento, que se derive hacia otros temas sociales y que se mezcle todo de tal forma que no lleguemos a ninguna conclusión.

Como le he dicho, y parece que le ha molestado que le saque el tema de Andalucía, la realidad en Andalucía es la que es y allí las rentas están como están, no me diga usted que no. En cuanto a lo que usted ha presumido sobre las medidas de vivienda que van a tomar, lo primero que habrá que ver es si lo que ustedes plantean es legal. Me reconocerá al menos que ha causado muchísima polémica. No estamos ante un tema surgido que a todo el mundo le ha parecido maravilloso, así que algo tendrá cuando no se ve tan claro.

Y en esta línea de hablar de todo lo que ha surgido, ya fuera del contenido de esta moción, quiero también hacer una parada para contestar al señor Guillot. Mire usted, señor Guillot, usted estará de acuerdo con lo que se llaman escraches. No sé por qué se utiliza esta palabra que no deja de ser un anglicismo; habría que llamarlo como se dice en español, acoso, intimidación; así hay que llamarle y no escraches. (Aplausos.) ¿Piensan que utilizando ese término se suaviza porque se dice en inglés? ¡Vamos, por favor!

Le voy a decir una cosa. Si a usted le parece que es normal que el Gobierno haya tenido que establecer un cordón de seguridad a 300 metros de las viviendas de los políticos porque si no, no les dejan vivir, no pretenda usted que el Grupo Parlamentario Popular estemos de acuerdo con este tema, porque no lo vamos a estar, no lo vamos a estar de ninguna manera. Aquí, como bien ha dicho el ministro Ruiz-Gallardón, lo que se está haciendo es forzar a los parlamentarios; lo que se está haciendo es que los parlamentarios no podamos ser libres, que tengamos que decidir a través de una presión. Y eso, en democracia, señoría, es inadmisible. (Aplausos.) Siento muchísimo, muchísimo tener que oír aquí en boca de un senador, de un miembro de esta Cámara que se está de acuerdo con los escraches, porque desde luego me parece un tema impresentable. Hasta el señor Torres-Dulce, fiscal general, ha pedido a los 17 fiscales superiores que hay en España que informen de los hechos de esta naturaleza porque quiere estudiar cuál es la situación jurídico penal de estas situaciones. Y a usted, señor Guillot, ¿eso le parece bien?, ¿le parece bien lo que han hecho al señor Azpiroz, a mi compañero diputado, en el País Vasco?, ¿le parece bien lo que han pasado unos diputados en el País Vasco por pertenecer al Partido Popular? Y viene usted aquí, a esta Cámara a decir que eso le parece bien. Que en una moción en la que se está hablando de la pobreza se venga aquí a manifestar que se está de acuerdo con los escraches, de verdad no deja de sorprenderme. (Aplausos.)

Señorías —y volviendo al tema de la moción, porque realmente este es un tema que me ha indignado, que no sé cómo se ha podido plantear aquí esta tarde—, lamento, señor Mariscal, tener que insistir en que en el actual contexto de austeridad presupuestaria, del que se ha hablado aquí permanentemente, el Gobierno va a seguir apostando por la idea de reducir el déficit público; el Gobierno quiere redimensionar las prestaciones públicas del Estado del bienestar; el Gobierno quiere garantizar la supervivencia del Estado del bienestar, y por eso no se considera viable la aprobación de la citada renta básica.

Señorías, vamos a hablar claro. La renta básica universal o ingreso ciudadano es un ingreso que está pagado por el Estado, señorías, a todo el mundo, a todas las personas, a todo ciudadano, sea ciudadano español o residente acreditado para cubrir necesidades vitales, sin que por ello deba ni hacer una contraprestación de ningún tipo, sin tener en consideración si es rico o pobre, sin saber si quiere trabajar o no, es decir, a todas las personas que forman parte de nuestra sociedad habría que darle una renta. ¿A usted le parece realmente esto una solución factible? ¿Realmente usted piensa sinceramente que esto es algo que pueda ser llevado a cabo?




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Yo no discuto que haya personas que están trabajando en la idea, como usted bien ha dicho. Hay personas que están en Europa trabajando y además me constan que son personas de nivel, hay economistas, filósofos, políticos, es decir, hay distintos profesionales trabajando en esta idea. Y eso no me parece mal, me parece muy positivo que se vean distintas vías de solución, que se trabaje en ideas. Pero, desde luego, insisto en que hay que plantear temas que sean viables.

Y habla usted de las críticas planteadas. Claro que hay muchas críticas planteadas, de sobra lo sabe usted, porque plantear una renta básica para todo el mundo, rico o pobre, trabaje o no, fomenta una serie de dificultades sociales, que no las voy a repetir porque usted mismo las ha citado.

Por tanto, yo le repito que tomen ejemplo de comunidades que están funcionando muy bien, pienso en la Comunidad de Madrid, que es la que mejor conozco... (Rumores.) Sí, sí, señorías, no se rían, es que en Madrid la renta mínima de inserción está considerada como un derecho subjetivo y, además, va más allá porque está ofreciendo prestaciones añadidas de trabajo personalizado a las personas y de integración en el trabajo que no lo hacen en otras comunidades como Andalucía. Todavía estoy esperando a que Andalucía ponga una renta básica de las mismas características; todavía estoy esperando, señorías, a que no lo condicionen al presupuesto, que es lo que hacen ustedes. (Aplausos.)

¿Y qué me dicen, señorías, de las políticas de prevención? Todavía estoy por oírles hablar de las políticas de prevención, que también son muy importantes, porque el trabajo social es inconcebible si no se llevan a cabo estas políticas. Hay que prevenir y aplicar un criterio de transversalidad, pero tampoco le he oído hablar de todos estos temas, señoría.

Hay que priorizar las políticas y, sobre todo, conseguir empleo al ciudadano porque la mejor política social es el empleo; ahí es donde debemos trabajar, y hacerlo con un criterio transversal, buscando una cohesión social, no creando división, que es lo que se está haciendo aquí esta tarde, y menos en unos temas tan delicados y que afectan precisamente a los grupos más vulnerables. Y no duden de que el Gobierno es consciente de la vulnerabilidad de la economía española, y por eso ha trazado estrategias coherentes porque eso es lo que hace falta, no ideas, experimentos, utopías. No, señorías, no está el país para estos experimentos.

El sistema de rentas mínimas, con sus diferentes denominaciones, configura en este momento y en este país un mosaico muy diverso; e insisto, ya se lo he dicho, quizá habría que plantearse un equilibrio territorial, y tampoco estaría de más analizar la situación en el resto de países que componen la Unión Europea porque así sabríamos qué está pasando y qué países han admitido esta renta.

Por tanto, señorías, y termino ya, la implantación que propone esta moción se considera en este momento inviable.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora ELORRIAGA PISARIK: Voy terminando, señor presidente.

No se precisan tampoco en la moción las modificaciones en el sistema tributario que se proponen, ni siquiera se especifican.

Por tanto, señorías, y después de todo lo expuesto, mi grupo votará en contra de esta moción, dejando bien claro que el Grupo Parlamentario Popular estará siempre dispuesto a debatir sobre temas que afecten a las personas.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Elorriaga.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Mixto con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 246; a favor, 77; en contra, 169.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




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8. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

8.1. LECTURA ÚNICA

8.1.1. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE AUTORIZA LA RATIFICACIÓN POR ESPAÑA DEL PROTOCOLO SOBRE LAS PREOCUPACIONES DEL PUEBLO IRLANDÉS CON RESPECTO AL TRATADO DE LISBOA, HECHO EN BRUSELAS EL 13 DE JUNIO DE 2012. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 621/000028)

El señor presidente da lectura de los puntos 8., 8.1. y 8.1.1.

El señor PRESIDENTE: No se han presentado propuestas de veto a este proyecto de ley orgánica.

¿Algún grupo parlamentario desea intervenir en turno a favor? (Denegaciones.)

¿En turno en contra? (Denegaciones.)

¿En turno de portavoces? (Denegaciones.)

Muchas gracias.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación el proyecto de ley orgánica.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor, 239; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el proyecto de ley orgánica, y en consecuencia queda aprobado definitivamente por las Cortes Generales el Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Protocolo sobre las preocupaciones del pueblo irlandés con respecto al Tratado de Lisboa, hecho en Bruselas el 13 de junio de 2012.

8.1.2. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA SOBRE EL PROCESO DE RENOVACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, POR LA QUE SE SUSPENDE LA VIGENCIA DEL ARTÍCULO 112 Y PARCIALMENTE DEL 114 DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 621/000029)

El señor presidente da lectura al punto 8.1.2.

El señor PRESIDENTE: A este proyecto de ley se han presentado cinco propuestas de veto.

Comenzamos, pues, con el debate de dichas propuestas de veto.

Para la defensa de la propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias y Mariscal, tiene la palabra el senador Iglesias por tiempo de quince minutos. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor.

Cuando quiera, senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

En un ejercicio de contención intentaré hacer una argumentación desapasionada sobre este proyecto de ley que es hoy objeto de debate en esta Cámara. Pero tengo que reconocer que ese ejercicio de contención me supone un esfuerzo importante. Probablemente pecando de soberbia, a pesar de llevar muy poco tiempo en esta Cámara —desde el mes de julio—, uno, en su ingenuidad, pensaba que ya había visto de todo. Este proyecto me demuestra que no, que no hay límites, que no hay barreras, que no hay fronteras. Este proyecto me demuestra que si en el Pleno anterior les dije a los senadores del Partido Popular que no es que Montesquieu hubiera muerto, sino que para ustedes nunca había nacido, hoy me ratifico en que en los parámetros políticos del Gobierno y del grupo que lo sustenta la división de poderes carece de sentido, la división de poderes es una formulación retórica que no vincula por más que tenga reflejo en la Constitución Española.




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Entiendo que este proyecto es un claro ejercicio de filibusterismo gubernamental, una figura diferente a la del filibusterismo parlamentario, y nos permite entender cómo se debe interpretar lo que ya es un latiguillo en las intervenciones del presidente del Gobierno, de los ministros, de los portavoces del Partido Popular, ese latiguillo de: No nos pidan ustedes que incumplamos la ley. No, hay que reformular el planteamiento. Nunca les pedimos que incumplieran la ley, pero a partir de este momento hay que pedirles que suspendan la vigencia de la ley para reformar lo que sea necesario, lo que propongamos, lo que planteemos que se reforme y se cambie, y así no incumplirán la ley.

Se trata con este proyecto de suspender la ley para ser insumiso ante la ley, se trata con este proyecto de ley —además, por el procedimiento de lectura única— de parar el reloj, de parar el procedimiento para poder legislar sin que el cumplimiento de la ley dé un resultado que no encaje con la voluntad de quienes quieren cambiar esa ley. Eso, señorías, es trampa; será trampa cumpliendo formalidades legislativas procedimentales, pero es trampa. Es como si de repente un Gobierno que está a punto de concluir su mandato dijera: No, como quiero cambiar la ley electoral, voy a suspender la vigencia de la ley electoral para que no se puedan celebrar elecciones, y mientras tanto sigo como Gobierno en funciones y presento un proyecto para que una nueva ley electoral regule el procedimiento una vez aprobada esta.

Yo creo que con este proyecto de ley se busca claramente paralizar la renovación del Consejo General del Poder Judicial a tenor y acorde con la ley vigente que se quiere suspender, para después de marcar unas nuevas reglas del juego —aprobar la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial— que sean estas nuevas reglas del juego las que determinen la forma de elegir el nuevo Consejo General del Poder Judicial. Pero es que llegan ustedes tarde, el proceso ya se tenía que haber iniciado, por lo tanto, ustedes no solamente están alterando las reglas del juego, sino que quieren alterarlas después de la conclusión del partido, después de la conclusión de la vigencia del mandato del actual Consejo General del Poder Judicial.

Señorías, sin ánimo de faltar, esto es bananero. Esto es bananero, esto es convertir el Boletín Oficial del Estado en la Brunete, esto es en vez de mandar al comandante Pardo Zancada mandar un proyecto de ley. Reconozco que es preferible, reconozco que es de mejor gusto, reconozco que es más amable, pero el resultado es bastante parecido a si en vez del proyecto ley hubieran mandado la Brunete ante la sede del Consejo General del Poder Judicial.

El segundo resultado de este proyecto de ley es una prórroga de los mandatos de los miembros de Consejo General hasta que se apruebe la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y se celebre el correspondiente proceso electoral, con los riesgos que todo ello significa, porque aquí se toman decisiones con muy poco respeto al Estado de derecho y, por lo tanto, sin medir las consecuencias que se pueden derivar de ese escaso respeto al Estado de derecho. Yo imagino que el recurso de inconstitucionalidad contra esta ley, una vez aprobada, es inevitable. Y las consecuencias, en hipótesis, de la estimación de ese recurso de inconstitucionalidad podrían dejar en una situación bastante precaria al propio Consejo General del Poder Judicial, puesto que cabría plantearse la revisión de todas las decisiones tomadas por quienes mantuvieron, en primer lugar, la prórroga de su mandato a tenor de esta decisión.

Yo creo que la mayoría de los miembros de esta Cámara seguramente podemos compartir que es necesaria una nueva regulación del Consejo General del Poder Judicial, que no hace falta quedarse en la referencia del escándalo que supuso o que se vivió y que dio lugar a la dimisión del anterior presidente del Consejo General del Poder Judicial o los espectáculos no demasiados encomiables que en multitud de ocasiones se derivaron de las deliberaciones y votaciones de ese consejo, que las críticas de politización del mismo tienen fundamento, que su funcionamiento no ha sido en multitud de ocasiones ejemplar y que, por lo tanto, está justificado abrir una reflexión sobre el modelo del Consejo General del Poder Judicial.

Las alternativas pueden ser muy diferentes. Todo indica que el Partido Popular y el Gobierno van a apostar por un modelo que significará más o menos reproducir el anterior al de 1985. Todo eso es discutible, pero lo discutiremos en su momento, lo discutiremos cuando llegue a esta Cámara el proyecto de reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial. Respeten ustedes escrupulosamente la división de poderes; respeten los procedimientos lógicos; respeten los resultados de la aplicación de las leyes vigentes. En política y en política democrática y parlamentaria no cabe hacer como en el baloncesto y decir: tiempo muerto, abrimos un paréntesis,




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porque tiempo muerto en política y en el Parlamento puede significar eso: muerte del parlamentarismo, muerte de la democracia.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Para la defensa de la propuesta de veto número 2, tiene la palabra la senadora Capella i Farré.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente.

En Esquerra Republicana de Catalunya hemos presentado una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, por la que se suspende la vigencia del artículo 112 y parcialmente del artículo 114 de la ley vigente, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Y lo hacemos porque consideramos que constituye un grave ataque a los pilares básicos de un sistema democrático la suspensión de la efectividad de una norma, que solo cabría en un supuesto de estado de excepción pero en ningún caso con la finalidad de obtener un tiempo e impedir la normal renovación de un órgano constitucional y a resultas o esperando la aprobación de una futura ley que ha de reformar el Consejo General del Poder Judicial, por lo que nos hallamos ante un proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de contenido y vigencia limitada y estrictamente vinculado a una reforma futura de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Dirán que la mayoría parlamentaria tiene derecho a modificar la legislación. Por descontado, pero este es un proyecto de ley que altera sustancialmente las reglas del juego democrático. Suspender los mecanismos de renovación de órganos constitucionales, alterar la división de poderes, que será la futura reforma del Consejo General del Poder Judicial, a la ya que nos referiremos en su momento, cuestiona gravemente la intencionalidad y la legitimidad de la reforma y la suspensión que se pretende, al tiempo que resulta ser una nefasta técnica legislativa. Y ello lo hacen con el rodillo de la mayoría absoluta de la que gozan y con la práctica mayoría en contra de los partidos de la oposición.

A nadie se le escapa que el partido del Gobierno está en estos momentos salpicado de incontables casos judiciales de corrupción. Por eso, desde Esquerra Republicana de Catalunya consideramos escandaloso que el Gobierno haya suspendido o pretenda suspender los mecanismos fijados por la ley para renovar el órgano judicial que debe velar por la independencia de los jueces y magistrados ante los demás poderes del Estado; muy escandaloso, si tenemos presente que el Gobierno lo ha hecho para aprobar una nueva ley en la que se limitan las competencias del Poder Judicial a favor del propio Gobierno y del control partidista, o debería decir bipartidista, de la judicatura; y absolutamente escandaloso, si nos damos cuenta de que se pretende laminar y limitar la independencia judicial e influir desde el poder político en la judicatura justo en el momento en que asistimos a los juicios o, en todo caso, a la instrucción de casos como Gürtel, Bárcenas, Urdangarin, Campeón, entre tantos y tantos otros. Por cierto, quiero subrayar que la influencia política se puede producir en un sentido o en otro, según el grado de amistad o de enemistad con la causa, con la ideología o con los imputados, pero tendremos ocasión, como decía antes, de debatir a fondo sobre la propia reforma del Consejo General del Poder Judicial y su intención o la intención de manipularla.

Hoy el debate es sobre si esta Cámara legitima o no la suspensión de los artículos de la ley orgánica que regula la renovación de dicho consejo. Con respecto a ello, permítanme que lea literalmente la opinión de la Asociación de Jueces para la Democracia, que dice: el hecho de modificar las reglas del juego, la ley vigente, cuando se acerca el momento en que debe desplegar sus efectos constituye un ataque a los pilares básicos de un sistema democrático. Sin duda, contundente valoración de la asociación progresista de jueces. Pero Jueces para la Democracia todavía va más allá al sentenciar: la suspensión de una determinada norma solo cabría en un supuesto estado de excepción, en el que no nos hallamos —aclaran para los posibles despistados—, pero en ningún caso con la finalidad de obtener un tiempo e impedir la normal renovación de un órgano constitucional. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

La verdad es que con la excusa de la crisis este Estado se está convirtiendo en un auténtico estado de excepción, en que se procede a recortar y suspender derechos, se criminaliza y reprime la protesta o se legisla de forma sistemática a golpe de real decreto y de mayoría absolutista. Por




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ello, ante este estado de excepciones en que el Gobierno nos mete casi sin darnos cuenta, es más necesario que nunca que exista un verdadero Poder Judicial fuerte e independiente. Por eso existen, y evidentemente lo prueba la realidad, algunos jueces que son lo suficientemente independientes como para imputar a un miembro o dos miembros de la familia real o a destacados cargos políticos del partido del Gobierno o del principal partido de la oposición. En todo caso, senadores y senadoras del Partido Popular, quiero señalar que la frontera entre la mayoría absoluta y la tiranía es muy delgada, y con cada ley que aprueban la llevan a difuminarse un poco más. Suspender la renovación de un órgano establecido por su intocable y sacrosanta Constitución parece o yo diría que es pecado; hacerlo para modificar sustancialmente el órgano judicial que vela por la independencia de los jueces parece antidemocrático, y yo diría: es antidemocrático, y ser aprobada por un partido imputado en diversos casos de corrupción simplemente puede parecer corrupto o es lo que más se parece a corrupción.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, señoría.

Propuesta de veto número 3, de los senadores Jordi Guillot y Joan Saura.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Señorías, posiblemente la palabra extravagante es la que a mi entender califica mejor el proyecto de ley que hoy debatimos; extravagante, que cae finalmente en el ridículo. Intentaré explicarme.

Este proyecto de ley plantea la suspensión temporal del artículo 112 y de una frase del artículo 114. El objetivo del proyecto es claro: intentar eliminar el proceso electoral de renovación del Consejo General del Poder Judicial, que no se produzca en estos momentos con la ley vigente. El 24 de septiembre se debería producir esa renovación, y seis meses antes, es decir, el 24 de marzo, el presidente del Consejo General del Poder Judicial debía comunicar al presidente del Congreso y el presidente del Senado que iniciaran el proceso electoral.

La pregunta es si estamos ante un proyecto de ley que suspende una ley para que se aplique una ley que aún no se ha aprobado. Yo no tengo mucha experiencia parlamentaria, pero no lo había visto nunca, absolutamente nunca. Y eso tiene tres consecuencias. La primera, se hace en lectura única, sin posibilidad de debatirlo a fondo, ante un tema de renovación del órgano de dirección de los jueces, con la que está cayendo, con la que ha caído y con la que va a caer. Es decir, la renovación del organismo de dirección de los jueces se hace en lectura única. En segundo lugar, la retroactividad. Nos hemos cansado siempre de decir que en un Estado de derecho no hay retroactividad. Aquí hay retroactividad. Y la tercera, como he dicho, el ridículo, y quiero justificar por qué digo ridículo: porque les he dicho que seis meses antes de la renovación el presidente del Consejo General del Poder Judicial ha de comunicar por carta al presidente del Congreso y al presidente del Senado que inicie el proceso de renovación. Eso es el 24 de marzo, y el 24 de marzo ya ha pasado y la carta del presidente del consejo ya se ha producido. Es decir, vamos a aprobar o van ustedes a aprobar una ley de dos artículos, uno de los cuales ya no tiene ningún sentido porque se ha llegado tarde y, por lo tanto, es un gran ridículo. Tampoco recuerdo que haya pasado esto.

En cuanto a las calificaciones y los juicios sobre este proyecto de ley, más que extenderme, quiero leerles las de cuatro entidades u organismos, algunos de los cuales globalmente aprueban la ley, pero dicen lo siguiente. El Consejo Fiscal acusa al Gobierno de falta de rigor técnico, que no es respetuoso con las cualidades que son exigibles a toda norma jurídica, con la previsibilidad, generalidad y vocación de permanencia en el tiempo. Y dice que no puede ser la aplicación retroactiva de un régimen jurídico nuevo, que a día de la fecha ni ha nacido al mundo del derecho ni ha sido objeto de debate parlamentario. Esto lo dice el Consejo Fiscal. Jueces para la Democracia —se ha dicho antes— dice que constituye un ataque a los pilares básicos de un sistema democrático, y que eso solo es propio de un estado de excepción. Los cinco votos de los vocales del Consejo General del Poder Judicial que votaron en contra del informe mayoritario del Consejo General del Poder Judicial dicen: La propuesta de suspensión de vigencia obedece a un mero cálculo político. En opinión de los firmantes se manipula el ordenamiento jurídico dando prácticamente efectos retroactivos a una norma que todavía no existe. Dicen que no se puede hablar de leyes orgánicas provisionales, como sería la pretendida. Dicen que la suspensión




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temporal de la vigencia de una norma constituye un fenómeno que, conforme a pautas acrisoladas de técnica legislativa, debe ser considerado extravagante. Y el Consejo General del Poder Judicial, en su informe, que globalmente dice que es positivo, llega a decir de forma muy sutil sobre esta propuesta que hubiera resultado fácilmente evitable llegar a esa situación de excepcionalidad y premura con una previsión cronológica previa al inicio del trámite legislativo, previsión que solo el Ejecutivo podía realizar.

Es decir, estamos ante un proyecto de ley en que el Consejo Fiscal, Jueces para la Democracia, el voto particular de los vocales al Consejo General del Poder Judicial y el Consejo General del Poder Judicial dicen de todo en relación con este proyecto, de todo. Y la pregunta es: señorías, ¿qué más se ha de decir para que retiren el proyecto? ¿Qué más ha de pasar? ¿Cómo pueden mantener un proyecto con todas estas críticas de diversos sectores y, además, como decía antes, con el ridículo —entre comillas— de que uno de los dos artículos ya no tenga absolutamente ningún sentido?

Por tanto, les pedimos hoy que retiren el proyecto. Posiblemente no lo hagan porque este proyecto no es un caso aislado ni único desde el punto de vista de la acción del Ministerio de Justicia. Del Ministerio de Justicia, después de unos meses de funcionamiento, creo que podemos resumir sus líneas estratégicas de acción, que a mi entender son tres: restricción de derechos de los ciudadanos, politización de la justicia y ataque a la separación de los poderes del Estado. Son tres ejemplos o líneas estratégicas que tira adelante, en definitiva, el Ministerio de Justicia. Desde ese punto de vista, no es extraño que el señor Ruiz-Gallardón haya incumplido prácticamente todos los compromisos que tomó en marzo de 2012 de su programa de legislatura. Luego, en el turno de portavoces, tendré la oportunidad de leer a lo que dijo que se comprometía y de leer lo que ha hecho, prácticamente un incumplimiento absolutamente de todo. El Ministerio de Justicia ha logrado la unanimidad de críticas por todos los sitios y ha conseguido huelgas del sector que nunca se habían producido. Este proyecto de ley es la muestra, la gota que colma el vaso de la improvisación y de la lentitud de la gestión, una lentitud que se produce por la oposición social que están teniendo prácticamente todas las iniciativas legislativas del Ministerio de Justicia.

Para acabar, insisto en que este es un proyecto de ley que nos degrada a todos, que es extravagante, como he intentado demostrar, un proyecto de ley que no tiene sentido. Pocas leyes hay que se aprueben cuando una parte de ellas ya no tiene absolutamente ningún sentido. Además, es un proyecto de ley que el ministro no viene a presentar al Senado, pero suele suceder a menudo que los ministros no presenten sus proyectos de ley en el Senado. Ayer dije en una intervención que ni el presidente del Gobierno ni ningún miembro del Gobierno habían explicado la política de modelo de Estado en el Senado, que la Comisión General de las Comunidades Autónomas no se reunía, que en un momento en que la sociedad nos está interpelando sobre el papel del Senado esto es grave, y creo que es muy grave que ante una ley de estas características, con las críticas que ha recibido, hoy el ministro de Justicia esté ausente; no sé si es porque tiene mucho trabajo o porque es difícil defender este proyecto de ley.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Saura.

Propuesta de veto número 4 de los senadores señora Almiñana, señores Boya, Bruguera, Martí, Montilla, Sabaté, y doña María Jesús Sequera.

Para la defensa de este veto, tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, en nombre de los senadores socialistas de la Entesa pel Progrés de Catalunya defiendo el veto que hemos presentado al poyecto de ley sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, por el que se suspende totalmente —ya se ha dicho anteriormente— o se pretende suspender totalmente la vigencia del artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y también una parte del artículo 114.

Señorías, a nuestro juicio este proyecto de ley se enmarca —es una pieza más, no un oasis en el desierto— en la estrategia de reformas políticas, que nosotros calificaríamos de contrarreformas, que impulsa en general el Gobierno y concretamente el ministro Gallardón en el Ministerio de Justicia, y reúne dos características que en nuestra opinión son claras. En primer lugar, significa un retroceso en los derechos de ciudadanía nunca visto hasta ahora en nuestra democracia y




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representa también un ataque gravísimo a la separación de poderes y al mismo Estado de derecho, hasta el punto de que estas reformas han conseguido aunar, han conseguido poner de acuerdo a todos los sectores y tendencias del mundo judicial español. Hemos asistido a la huelga y a la manifestación más contundente, más importante, más unitaria y más transversal de la justicia en nuestra democracia. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Además, este proyecto de ley es una muestra más —ya se ha dicho por otros portavoces— del nulo respeto del actual Gobierno hacia el Parlamento y hacia su labor de debate legislativo. Se tramita por el procedimiento de urgencia y en lectura única, directamente en el Pleno sin pasar por comisión.

El Gobierno y especialmente el Ministerio de Justicia, desde hace un año, desde las elecciones, desde que se constituyeron las Cámaras, están usando y abusando del proceso legislativo a través del real decreto ley. Esto se ha puesto de manifiesto por parte de todos los grupos parlamentarios en esta Cámara y, sin ir más lejos, ayer mismo por la tarde. Creo que son ya más de treinta las leyes que se han tramitado a través de real decreto ley, sustrayendo a las Cortes Generales y especialmente a esta Cámara, al Senado, una de sus funciones fundamentales, como es la potestad legislativa. Me refiero, por ejemplo, a la Ley de tasas judiciales, a la reforma parcial del Código Penal, etcétera. Y cuando se tramita como proyecto de ley, como es el caso que nos ocupa en estos momentos, se hace en tramitación directa, por el procedimiento de urgencia y en lectura única, hurtando el debate en comisión y, consecuentemente, la posibilidad de enmendar. Objetivamente, este procedimiento legislativo es incongruente, chapucero y poco respetuoso con la labor legislativa, con la labor del legislador.

Por tanto, estamos en contra de este proyecto de ley por cuestiones de forma, pero también, y tan importante o más que las cuestiones de forma, por cuestiones de fondo. Porque, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué se pretende? Utilizando el símil de un famoso y destacado entrenador de fútbol, ¿por qué? Pues lo que se pretende es paralizar el proceso de renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial para ganar tiempo hasta la aprobación de la modificación de la Ley de Poder Judicial, que ya ha iniciado su trámite en el Congreso de los Diputados y que impone un cambio de modelo en el sistema de elección del órgano del gobierno de jueces y magistrados.

Según la vigente ley, el consejo debe renovarse cada cinco años, es decir, antes del próximo 24 de septiembre. Y el proceso de renovación —también lo indica la ley actualmente en vigor— debe iniciarse seis meses antes de la expiración del mandato, es decir, el 25 de marzo; el 25 de marzo del mes pasado. Y, efectivamente, ese mismo día, el 25 de marzo del mes pasado, el presidente del consejo, en estricto cumplimiento de la ley, entregó en el Congreso y en el Senado las comunicaciones pertinentes para que las Cámaras iniciaran el proceso para la elección de los nuevos vocales del Consejo. Es decir, y resumiendo, lo que se pretende es suspender los artículos de una ley que ya están generando actos y efectos jurídicos y políticos, porque, en aplicación de estos dos artículos, se ha iniciado un proceso electoral. Se pretende, en definitiva, evitar la entrada en funcionamiento de los mecanismos de designación de los miembros del consejo cuando ya se ha iniciado el proceso.

Una ley, señorías, se puede cambiar, por supuesto. Se puede modificar, evidentemente. ¿Es legítimo? Sí. Podemos estar más o menos de acuerdo en el proyecto que en estos momentos se está debatiendo en el Congreso de los Diputados; en todo caso, ya lo debatiremos en su momento, cuando entre en esta Cámara. Pero este proyecto de ley pretende suspender un proceso ya iniciado —lo repito por tercera o cuarta vez—, analiza el proceso para imponer su modelo de elección de los miembros del consejo; un modelo arbitrario, a nuestro juicio, partidista y partidario. Es como intentar cambiar —siguiendo el ejemplo del fútbol— la regla de fuera de juego cuando el árbitro ya ha dado el pitido para que comience el partido, o cambiar la Ley General Electoral cuando ya se ha iniciado el proceso electoral y la campaña electoral. Por lo tanto, estamos ante un verdadero desaguisado jurídico, de grandes dimensiones; estamos, a nuestro juicio, ante un severísimo atentado contra el principio de seguridad jurídica.

Este proyecto de ley —también se ha comentado— ha recibido informes críticos, muy críticos, duros, durísimos, y no únicamente de los grupos parlamentarios y de los partidos políticos, sino del propio Consejo General, de la Fiscalía General del Estado y de la mayoría de asociaciones de juristas, jueces y magistrados. No los voy a leer, porque ya han sido referidos. Simplemente, quiero comentar dos aspectos. Uno, en el que coinciden en general, es la falta de rigor técnico del proyecto y el poco respeto a las exigencias que deben tener las normas jurídicas, de previsibilidad,




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de generalidad y de vocación de permanencia en el tiempo. Y el voto particular remitido por cinco vocales del consejo lo que hace es denunciar durísimamente intereses partidistas del Gobierno, y afirma que la norma obedece a un mero cálculo político que manipula el ordenamiento jurídico de forma chapucera y extravagante, dado que la fórmula de la suspensión temporal de la vigencia de una ley priva a esta de su función más genuina, que es la efectividad del mandato que incorpora, creándose así una situación artificiosa en la que el enunciado del precepto no desaparece del mundo jurídico pero su eficacia real es nula.

En definitiva, señoras y señores senadores —voy finalizando—, hemos presentado este veto porque entendemos que significa el primer paso para la imposición de su modelo partidista en un órgano constitucional. Estamos hablando, señorías, de no poca cosa, estamos hablando de un órgano constitucional como es el Poder Judicial. En segundo lugar, un paso más —no es el primero, es un paso más— en su estrategia de contrarreformas; una chapuza y un grave problema jurídico. No ha generado ningún tipo de consenso y representa un atentado contra el principio de seguridad jurídica. Por todas estas razones, señorías, hemos presentado este veto y solicitamos la retirada de este proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.

Para la defensa de la propuesta de veto número 5, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Con la venia, presidente.

Buenas tardes, señorías.

En este Pleno hemos hablado de la ruptura del pacto autonómico; hemos hablado de la ruptura del pacto local; hemos hablado incluso de la ruptura del pacto social y de cómo la reforma laboral convierte los convenios colectivos en auténticas antiguallas, más bien objeto de estudio por los historiadores del Derecho que por los laboralistas. Pero ahora, en este momento, vamos a trabajar en torno a un órgano político, porque todos los órganos constitucionales son órganos políticos; y vamos a trabajar acerca del órgano constitucional que gobierna un poder del Estado, que es el Poder Judicial.

No conozco a ningún juez en España, de los 5199, que esté satisfecho con alguno de los consejos generales que ha habido en España. No conozco a ningún parlamentario, a ningún responsable público, que esté contento con los Consejos Generales del Poder Judicial. Algunos dicen: es un Parlamento bis, una reproducción mecánica; e incluso a alguno le ofende que se diga que un juez pueda ser conservador o progresista. Yo siempre les digo que los jueces tienen orientación religiosa ―como todos los seres humanos―; también tienen orientación sexual, como seres humanos; y también tienen sus códigos de valores, como seres humanos; pero que no hay técnico en España más controlado que un juez, porque no solo lo controlan todos los demás licenciados en derecho que participan en la vista oral ―fiscales, acusador privado, abogados defensores y procuradores―, sino que luego revisan sus decisiones otros tres magistrados, sin ningún espíritu corporativo; y la jurisprudencia está llena de resoluciones que revocan sin piedad otras resoluciones que entienden que no se ajustan a derecho.

Pues bien, hablando de un órgano como el Consejo General del Poder Judicial, todos podemos aceptar que hay disfunciones que hay que solventar. Pero ¿cómo se solventan las disfunciones en torno a los órganos constitucionales? ¿Por la vía prusiana y unilateral? No. Los órganos constitucionales se regulan de una forma, en lo básico, consensuada. Es más, este Consejo General del Poder Judicial, con una mayoría progresista ―entre comillas―, tendría que haber nombrado a lo largo de cinco años sobre todo a candidatos o candidatas progresistas. Falso: cerca de la mitad de los nombramientos de este Consejo General del Poder Judicial, que el 24 de septiembre cumplirá cinco años, son de magistrados y magistradas conservadores ―entre comillas―. Ojalá el próximo, con un signo distinto porque las Cámaras son distintas, pueda blasonar de esto que digo, pero al contrario; ojalá, lo veremos con el transcurso del tiempo. Lo que quiero decir, en cualquier caso, es que nadie lo evalúa en términos positivos. ¿Qué ocurre con esas disfunciones? Que hay que solventarlas. Y ¿qué es lo que se hace ahora?

Hace 16 meses ―el señor Saura ha hecho alusión a este asunto― el ministro de Justicia consiguió la completa unanimidad de los sectores que trabajan en el ámbito jurídico, que se




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mostraron en desacuerdo con este proyecto; excepto alguno con el que están en negociaciones para ofrecerle alguna cosa, porque estas cosas ocurren, y hay algún sector profesional que se cuestiona su existencia y se plantean sus miembros que puedan ser agentes en la ejecución de las resoluciones judiciales. Le digo más: el presidente del Consejo General del Poder Judicial, el pasado lunes, en su comparecencia de las 11 de la mañana en el Senado ―desde 2005 no comparecía ninguno― decía que estaba en contra de que un juez o magistrado ejerciera el derecho de huelga, que él estaba personalmente en contra, pero que entendía que las huelgas que se habían producido habían sido un gran éxito, y pongo como testigos a los que estuvieron en esa sesión de la Comisión de Justicia. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que, hace 16 meses, el ministró planteó como una de sus prioridades absolutas, de las más relevantes, la reforma del Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué ha tardado dieciséis meses? No dudo de su capacidad de trabajo, y estoy convencido de que ha tardado 16 meses porque ha querido, porque voluntariamente ha querido agotar los plazos para llegar a esta situación, en la que vivimos —como decía el señor Saura— ese ridículo de que hace 17 días que se abrió el procedimiento y, ahora, abierto desde hace 17 días, nos plantean este proyecto. En un momento en que la esperanza de millones de españoles no está residenciada en las Cámaras legislativas; nosotros lo sabemos, todos lo vemos en España en su conjunto: hay una crisis de legitimación en el ejercicio de la política, en el ejercicio del parlamentarismo, de quienes están en el escaparate de la vida pública. En eso ha ganado la criminalidad financiera, a través de sus recursos mediáticos: nos ha señalado a nosotros como responsables de la crisis financiera habida y por haber. Y en este momento en que se plantean estos fenómenos, cuando hay 46 jueces decanos de toda España que afirman que, en su opinión, existe el riesgo de que la corrupción pueda ser sistémica, en este momento se plantea esta reforma del Consejo General del Poder Judicial.

¿Qué han hecho en otros lugares? ¿Qué han hecho en la República de Francia con el Consejo General del Poder Judicial? Darle más competencias al Consejo General del Poder Judicial, reforzar su competencia, reforzar sus recursos, garantizar su independencia. Pero en este momento no se plantea esto. Les voy a explicar, en la medida que pueda, qué es lo que quieren hacer. En los últimos años —fui ponente de esta reforma— hemos pasado de 11 votos a 13 votos para el nombramiento en el Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué quiere hacer del consejo el proyecto que está en trámite en el Congreso de los Diputados? Los baja otra vez, de 13 a 11; no tengo que explicar por qué, es evidente lo que se pretende.

Segundo, todo el mundo sabe en Derecho Administrativo que el órgano que nombra, el órgano que elige, es el que puede cesar. Al vicepresidente del consejo lo elige el consejo. En el proyecto está que el presidente pueda cesar al vicepresidente, o al vicesecretario general, o al secretario general, o al director de comunicaciones; es decir, se trata de acentuar el presidencialismo del Consejo.

Sigo. Si hay lentitud o demora en la renovación del Consejo, 10 vocales elegidos por una Cámara —ya saben cuál— pueden constituir al consejo; ya saben qué Cámara tiene tres quintos de una orientación.

Sigo. Hay una propuesta de sobrerrepresentación de los integrantes del Tribunal Supremo: de los 5199, 81 eran, hasta hace pocos días, integrantes del Tribunal Supremo. Hay una sobrerrepresentación, porque se plantea 3 miembros del Supremo más otros 3 con más de 25 años en la carrera judicial, que generalmente, con esa edad, son también miembros del Supremo. Es una sobrerrepresentación del sector más minoritario y más antiguo en la carrera judicial, una gran sensibilidad hacia la realidad humana, la realidad plural, que hay en los pueblos de España.

Sigo. Ahora mismo, aunque desde el año 2005 hasta ahora solo haya comparecido el lunes pasado, cualquier vocal o el presidente puede comparecer en las Cámaras cuando las Cámaras se lo piden. ¿Qué se plantea en la reforma? Que se prohíba. No podrá comparecer ni el presidente ni los vocales; solo podrá comparecer el presidente para leer el informe y responder a preguntas. ¡Una vez! Nada de vocales; y nada de que el presidente venga varias veces. Es decir, si estamos interesados en que el presidente comparezca aquí más veces, tendremos que darnos prisa en convocarlo, antes de que siga adelante el proyecto que está ahora en el Congreso. ¿Por qué razón? Porque tiene una prohibición expresa.




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Les explico más. Los debates serán reservados. Eso que se está haciendo en algún país, de la transparencia directa de las reuniones de la Ejecutiva, de modo que todo el mundo pueda saber en tiempo real lo que se está diciendo y quién lo está diciendo —que es una garantía para todo el mundo—, eso se elimina; tienen que ser debates reservados. De los 21 vocales, 15 pueden simultanear el ejercicio de la jurisdicción con la condición de vocal. ¿Qué dice el artículo 127.1 de la Constitución? Dice que el juez o magistrado que esté en activo no puede simultanear el ejercicio de jurisdicción con otro cargo público. Y yo me pregunto: ¿ser vocal del Consejo General del Poder Judicial es un cargo público? Yo creo que sí. Hay una prohibición expresa en el artículo 127.1.

Por último ya, hay transferencias de competencias del consejo que se trasladan, no al Gobierno, al Ministerio de Justicia. ¿Qué competencia? La que tiene que ver con el estatuto de los jueces y magistrados, el Reglamento estatutario. Alguno de ustedes me dirá: pero, ¡hombre!, no estamos hablando hoy de esa ley, estamos hablando de esta obra. Claro, pero es que esta es instrumental respecto a la otra, y la otra es la que el ministro calificó en el Congreso de reforma decisiva. Se trata de que el Tribunal Supremo, esos 81 magistrados, y el ministro de Justicia tengan una capacidad de influencia en el Poder Judicial que hasta ahora no han tenido. ¿Y por qué ahora se plantea esta desconfianza? Eso es algo ya que tendrán que explicar.

Fíjense en que, en el ámbito de la jurisdicción laboral, hay jueces que son incómodos, lo han visto con la sentencia de Telemadrid; porque la reforma laboral descausaliza los despidos y los ERE, y, sin embargo, ¿qué es lo que están haciendo estos magistrados de lo laboral?: Causalizando, estableciendo la necesidad de que haya una causa para proceder a los ERE o a los despidos.

¿Cuál es el argumento de fondo que trato de trasladarles? Que esto es una chapuza descomunal. Que si se quería hacer esto, se han tenido 16 meses. Que hace 17 días que hemos empezado ya el trabajo, y que hay desconfianza hacia quienes están representando hoy en España parte de la esperanza. ¿O acaso no ha supuesto esperanza la cuestión prejudicial que ha presentado ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo el magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona, José María Fernández Seijo? Yo sé que hay gente a la que le ha fastidiado. Pero la verdad es que esa esperanza la ha recuperado el Tribunal de Justicia de Luxemburgo —no confundir con el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, del Convenio de Roma, del año 1950—. Entonces, eso es esperanza. ¿O acaso no es esperanza un conjunto de sumarios, que no voy ahora a citar porque están sub iudice, y no quiero que nadie diga que estoy influyendo en su independencia? ¿O acaso no son esperanza, insisto, estas resoluciones de los magistrados de lo laboral, que están buscando causas, causalizando, y negando los ERE donde no hay una explicación? Se ha demostrado que en términos económicos hay una quiebra, pero razone usted por qué esos despidos, y no otros. ¿Cuál es la causa? Explique usted la razón de ser.

Nuestro razonamiento de fondo es que, cuando nos disgusta que la esperanza no se centre en el Parlamento, sino que se centre en algunos jueces, la cosa va mal. Y que la mejor manera de aumentar el prestigio del parlamentarismo y la mejor manera de aumentar la legitimación de ejercicio del parlamentarismo no consiste en hacer estas cosas, sino en hacer las cosas con fundamento; en términos canarios, hacer las cosas bien y hacer las cosas con tiempo suficiente para no haberse iniciado el procedimiento de renovación que ya empezó el día 24 de marzo, salvo que el presidente me diga que no. Si el presidente me dice que no, que no ha habido ninguna carta del presidente del Consejo del Poder Judicial dirigida a las Cámaras, en la que se establece el inicio de este procedimiento, entonces lo aceptaría.

Nosotros vamos a apoyar los vetos que han planteado los otros colegas, porque sus razones son serias. Yo no creo que haya ninguna razón artificial, puede que no comparta la expresión de algún colega —se lo he dicho personalmente—; pero el razonamiento de fondo es que esto no es buen parlamentarismo, que así no prestigiamos el Parlamento. Y sinceramente, si se trata de hacer este conjunto de cosas que acabo de decir —que no están inventadas, les puedo decir los artículos concretos, en particular les cito el 570 para que ustedes lo miren—, en el otro proyecto verán ustedes esa especie de esfuerzo por convertir la gestión del Consejo General del Poder Judicial en una especie de oficio de tinieblas, en el que nadie tenga conocimiento de las razones por las que se adoptan las decisiones. Es más, se había avanzado en que todos los nombramientos tenían que tener el soporte del mérito y la capacidad, tenían que tener la evaluación de impacto de




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género, y tenían que tener la motivación, la exteriorización de las razones para ese nombramiento. En el informe de 2011, de 50 nombramientos, 7 son mujeres, y de esos 50 nombramientos no hay una explicación de por qué se ha designado a esa persona, y no a otra. No digo una gran explicación, pero sí, al menos, una explicación sucinta; por ejemplo, porque tiene más experiencia en el ejercicio jurisdiccional, o porque ha puesto más sentencias, o le han revocado menos, o porque tiene más experiencia en el ámbito gubernativo.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor DÍAZ TEJERA: Voy acabando, señor presidente.

Esas son las razones que se plantean.

Para ir avanzando en ese campo, creo que lo que hay que hacer es mejorar al enfermo, sanar al enfermo. Desde luego, no vaciar el contenido competencial del órgano que vela por la independencia del Poder Judicial. Fíjense ustedes en que, en el informe de 2011, el propio consejo establece que la única solicitud de amparo que fue aceptada fue la de un juez en todo el año; y no por perturbación de su independencia proveniente de poderes públicos o parlamentarios, sino de los medios de comunicación, que estaban tratando de influir con editoriales y con artículos.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor DÍAZ TEJERA: Con esto lo que quiero decirle es que hay que mejorar enfermo, pero no matarlo.

Nada más, presidente, y gracias por su comprensión. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz Tejera.

En el turno en contra a las cinco propuestas de veto, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Rodríguez Comendador.

El señor RODRÍGUEZ COMENDADOR PÉREZ: Con la venia, señor presidente.

Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular paso a contestar en turno en contra los vetos presentados por los distintos grupos políticos. ¿Sobre qué? Concretamente, sobre el Proyecto de Ley Orgánica sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, por la que se suspende la vigencia del artículo 112 y parcialmente del 114 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Su señoría el senador Iglesias, en nombre del Grupo Mixto, ha hecho una intervención que yo, sinceramente, con todo el respeto parlamentario, no puedo compartir. No puedo compartirla, porque ha hablado de la división de poderes en España, del ataque a la división de poderes. No sé si el senador Iglesias está de acuerdo con la división de poderes de otros países, como China, Cuba o Corea del Norte. Desde luego, España es un país democrático en el que el respeto a la división de poderes es absoluto, señor Iglesias.

Ha hablado usted de filibusterismo parlamentario. Ha hablado usted de la Brunete. Mire usted, senador Iglesias, no sé qué significa eso. No quiero entender que significa lo que estoy imaginando; porque, en ese caso, con la venia del señor presidente, le pediría que retirara esa expresión. (Aplausos.) Porque no creo que sea eso lo que usted ha querido decir, evidentemente.

Ha hablado usted, además, de que ustedes están por la nueva regulación del consejo. Bien, coincidimos en eso. Todos los grupos estamos por una nueva regulación del consejo. Ahora bien, lo que no es razonable es que, habiendo un proyecto de ley que ha entrado en el Congreso, aprobado por el Consejo de Ministros, que va a modificar la elección de los vocales del consejo, pongamos en marcha otro proceso que, en caso de llevarse a cabo, no coincidiría seguramente con el proyecto de ley que se aprobará próximamente.

Tampoco puedo compartir, con todos mis respetos, lo que ha dicho la señora Capella, representante de Esquerra, que ha hablado de estado de excepción. Por favor, señorías, un poco de tranquilidad en este aspecto. Midamos las palabras. Estamos en sede parlamentaria, y lo que aquí decimos tiene repercusión fuera. Por favor, midamos las palabras. ¡Estado de excepción! No, mire usted, no hay un estado de excepción en este país, gracias a Dios. No. Hay una propuesta que ha presentado el Gobierno y que el Grupo Parlamentario Popular va a defender, lógicamente,




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en este Pleno sobre la base de unos criterios sobre los cuales se puede coincidir o no, pero no exageremos las cosas. Midamos hasta cierto punto, y en nuestro cierto punto, hasta dónde queremos llegar.

El señor Saura ha hablado de un proyecto extravagante, de la retroactividad, del ridículo, del informe del Consejo Fiscal, que no del Fiscal General del Estado, del voto particular de 5 miembros del Consejo General; 5, luego hay 15 que no votan en contra ni tienen ese sentido negativo.

Y luego, por parte de la Entesa, el señor Bruguera ha hablado también de un ataque a la separación de poderes, de un ataque al Estado de derecho, de falta de respeto al Parlamento, de los informes críticos, etcétera.

Y por último, el señor Díaz Tejera, que sabe que le aprecio personalmente y con sinceridad, nos ha dado una lección sobre el futuro proyecto de ley que va a renovar el Consejo General del Poder Judicial, pero no nos ha hablado del proyecto que traemos hoy a colación, señor Díaz Tejera. Nos ha adelantado usted, como un alumno aplicado, y nos ha dado una lección de catedrático sobre el futuro proyecto del consejo; que no sabemos si va a sufrir modificaciones durante su tramitación parlamentaria en el Congreso, que seguramente las sufrirá, porque, en aras del máximo consenso, nuestro grupo va a intentar que aquello que nos une sea mayor que aquello que nos separa. Por tanto, señor Díaz Tejera, con todo respeto y con todo cariño, creo que usted ha hablado de lo que aquí todavía no ha venido, pero que tendrá que venir.

En definitiva, señorías, desde nuestro punto de vista, estamos ante una suspensión de vigencia con un límite temporal a la misma, que se fija en el 24 de septiembre de este año, que es cuando tiene que procederse formalmente a la renovación del consejo. Expira su mandato en septiembre de este año, no 6 meses antes, señorías; 6 meses antes lo que se paraliza es, temporal y exclusivamente, la tramitación que el presidente del consejo ha realizado ya ante las dos Cámaras para que se vaya analizando la elección de los futuros vocales. Se pretende suspender temporalmente la vigencia de dos preceptos, pero no de derogarlos. ¿Por qué? Pues porque, al final, señorías, lo que está claro es que, por nuestra parte, parece razonable una suspensión de vigencia de la norma, que no quiere decir más que la inaplicabilidad de sus efectos, que además es momentánea y provisional, no indefinida, y que, por supuesto, tampoco es definitiva puesto que no se deroga.

Quede claro, por tanto, señorías, que no se suspende la renovación del consejo, porque la renovación va a corresponder 5 años después a la fecha de su nombramiento; concretamente, el día 24 de septiembre de este mismo año. Luego lo que pretende esta norma es que la renovación se produzca, no de acuerdo con la ley que estaba vigente 6 meses antes de la renovación del consejo, sino conforme a la que estará vigente el 24 de septiembre; y eso, al final, señorías, es de puro sentido común. Ahora bien, lo que no parece sensato ni razonable es crear faltas expectativas que pudieran generarse entre los miembros de la carrera judicial, caso de no suspender la aplicación del 112 y del 114, de una hipotética renovación del consejo de acuerdo con la legislación vigente, y cuando expirase el mandato del actual consejo y para la constitución del nuevo esa legislación hubiese sido derogada. No parece razonable que podamos emplear este sistema. Ya, señorías, hay un proyecto de ley en tramitación que además modifica, como he dicho antes, el sistema de elección de los vocales. Y vamos a buscar, señorías —no lo duden—, el máximo consenso para que el respaldo a la nueva Ley del Poder Judicial sea el mayor posible. No duden de que lo haremos.

También se ha puesto en cuestión por distintos intervinientes el procedimiento de lectura única, aludiendo a que no es el procedimiento adecuado. Se ha utilizado en numerosísimas ocasiones, sus señorías lo saben: se utilizó en la reforma del artículo 135 de la Constitución, ni más ni menos; en una reforma de la Constitución hace muy poco tiempo, el 26 de agosto de 2011. Se utilizó en el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley 5/1985, del Régimen Electoral General; también en el año 1994. Concretamente, se utilizó en 7 proyectos de ley en la IX Legislatura y en 10 proyectos de ley en la VIII. Por tanto, señorías, es un procedimiento que no es común, que no es a diario, pero que sí se ha utilizado previamente con otros Gobiernos, no precisamente con el Gobierno del Partido Popular. Por tanto, y además de acuerdo con el artículo 129 del Reglamento del Senado, la tramitación en lectura única, señorías, es absolutamente acorde y pertinente.

Suspender temporalmente la vigencia de esta norma no es una técnica ni chapucera ni extravagante, algo que he vuelto a oír repetido por distintos portavoces en esta Cámara. Ni, por




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supuesto, una manipulación del ordenamiento jurídico, aunque sí pueda argumentarse un voto discrepante con el de la mayoría de los vocales del consejo, que, por cierto, han aprobado el proyecto.

Respetando, por supuesto, todas las opiniones y argumentos, no los compartimos en modo alguno, puesto que el diseño organizativo propuesto respeta absolutamente el núcleo de competencias que la Constitución atribuye en su artículo 122 al consejo. No hay ninguna modificación. Y, señorías, no se puede afirmar de ninguna manera que la defensa de la independencia judicial se garantice con mayor o menor intensidad en función del diseño organizativo del Poder Judicial. No es razonable. Vincular la defensa de la independencia judicial con la existencia de un determinado modelo organizativo del consejo es tratar de confundir a todo el mundo sobre el verdadero alcance de lo que significa esta reforma. Si se cuestiona la legitimidad y la intencionalidad de la anunciada reforma del consejo, si se mantiene que se pretende esquivar el debate parlamentario, no sé qué estamos haciendo aquí, señorías. Estamos debatiendo sobre la ley. Y que se alteren las reglas del juego democrático, como se ha dicho, por tramitar esta ley por el procedimiento único, hace pensar que no tienen ustedes argumentos sólidos para refutar el proyecto de ley que estamos analizando.

Por tanto, señor presidente, señorías, quiero decir que no se suspende en modo alguno la renovación del consejo. Ello corresponde al mes de septiembre, como hemos reiterado. Lo que se pretende es que la renovación se realice de acuerdo con la ley que va a estar vigente en el momento de la renovación, o sea, en el mes de septiembre. ¿Qué es lo que se suspende realmente? Se suspenden los mecanismos previos vinculados a un determinado tipo de reforma que requería unas actuaciones por parte del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo y que se refiere a una forma concreta de elección de los vocales del Consejo, pero no la renovación en sí del Consejo que, lógicamente, se va a renovar cuando corresponde, a los cinco años, cuando expire su mandato, en el mes de septiembre, concretamente el 24 de septiembre del presente año.

Hoy, señorías, no se delibera ni se decide sobre la composición del Consejo. Esto se debatirá cuando el proyecto de ley de reforma del Consejo entre en esta Cámara, que entrará, lógicamente. Y, para ello, habrá que intentar el máximo consenso posible, es cierto. En eso estoy de acuerdo con todos ustedes porque en el Grupo Popular vamos a procurar que ese consenso sea el más amplio. Vamos a intentar acrecentar el consenso en todo aquello que nos une. Y también, señorías, intentaremos, con toda la buena fe, acortar las distancias en todo aquello que nos separa.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Comendador.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Intervengo desde el escaño muy brevemente, si me lo permite el señor presidente, para aclarar, en primer lugar, que en ningún momento pretendí llamarles golpistas, puesto que la metáfora pudo ser interpretada desde esa perspectiva. Con ello, lo único que pretendía decir es que ustedes utilizan la mayoría absoluta como un tanque que va hacia delante sin medir el perjuicio, el daño que se puede derivar de su actuación.

En segundo lugar, por más que se empeñen en argumentar la normalidad de esta suspensión, sigo sin ver esa normalidad. Porque no estamos hablando de una ley cualquiera. Estamos hablando de una ley orgánica, lo cual ya indica algo. El Gobierno, el partido y los grupos parlamentarios que lo sustentan acordaron en su día, en relación con la Ley de atención a la dependencia, suspender la entrada en vigor de una nueva fase de dependientes. Pudimos estar más o menos de acuerdo en ello. Yo no lo estaba, pero en ningún caso generó escándalo. No fue piedra de escándalo. Pero aquí estamos hablando de la regulación de un poder del Estado, del Poder Judicial. Un poder del Estado, el Ejecutivo, envía un proyecto a otro poder del Estado, el Legislativo, para paralizar el procedimiento de elección del tercer poder del Estado, el Judicial. Y lo hacen dejando en suspenso los dos preceptos legales que regulan la manera en que debía desarrollarse tal proceso de elección a partir del 24 de marzo. Eso no es normal por mucho que se empeñen ustedes. La normalidad, la lógica, llevaría a que, en el ejercicio legítimo de la mayoría de la que disponen, cambiaran la Ley Orgánica del Poder Judicial cuantas veces quisieran y con los contenidos que pretendieran sacar adelante, también el procedimiento de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Pero tal procedimiento, una vez aprobado, debería




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aplicarse al siguiente proceso de elección de ese Consejo General del Poder Judicial; no lo que ustedes están haciendo, que es la interrupción, quiéranlo o no, de un proceso que seguía un cauce y unas normas para que ustedes puedan aprobar otras normas que den otro resultado. Eso, señoría, no es legítimo.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero anunciar que votaremos positivamente, como no puede ser de otra manera, todos los vetos que se han presentado.

En segundo lugar, quiero insistir —creo que es importante hacerlo— en la ausencia del ministro y en el hecho de que se tramite por lectura única. Ya sé que se puede tramitar por lectura única, pero más del 80% de las leyes se tramitan por el procedimiento de urgencia y en reales decretos. Por lo tanto, creo que es necesario rescatar el debate político también en el Senado.

Al señor Rodíguez Comendador, portavoz del Grupo Popular en este tema, quiero decirle que en muchas leyes e iniciativas existen diferencias ideológicas y programáticas que nos llevan a votar de forma diferente, y no pasa nada. Pero en momentos como este el problema ya no son las diferencias ideológicas, es que de verdad se trata de una chapuza, resulta extravagante. Yo he leído algunas de las críticas que se hacen a este proyecto de ley y es que no se aguanta ni por las formas ni por los contenidos.

Y me sabe mal que sea difícil dialogar sobre este proyecto de ley, buscar una transacción o un debate parlamentario que permita mejorarlo porque, como he dicho antes, no es cualquier cosa. Estamos ante la elección del órgano de dirección de los jueces y con la que está cayendo y con la que va a caer esto me parece algo absolutamente importante.

Finalmente, quiero apuntar dos últimas cuestiones. Es cierto que el Consejo Fiscal dijo que sí y valoró positivamente el proyecto de ley, pero ha formulado críticas que demuestran la inconsistencia técnica de la ley. Dice que hubiera resultado fácilmente evitable llegar a esta situación de excepcionalidad y premura con una previsión cronológica. Vamos a ver, el ministro dijo en marzo que el proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial se iba a presentar en octubre, y lo ha presentado en marzo. La pregunta es: ¿por qué? Pero no solo es un retraso. El ministro de Justicia dijo en marzo que el proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial se presentaría en octubre. También dijo que presentaría en octubre la Ley de Demarcación y de Planta Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y no las ha presentado. Dijo que cerraba este bloque de nuevas leyes el estatuto de la víctima, y tampoco lo ha presentado. Con esta misma celeridad anunciaba la reforma de la Ley orgánica sobre salud sexual y reproductiva, y no la ha presentado, y espero que no lo haga. También dijo que antes del verano se acometería la reforma del Código Penal, y no la ha presentado. Otra reforma parcial es la Ley orgánica de responsabilidad penal. De los siete u ocho proyectos de ley que el ministro dijo que eran urgentes y para cuya presentación dio tiempos del verano a octubre, no ha presentado ninguno. Siete meses después presenta el proyecto de ley orgánica sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial. La pregunta es: ¿por qué esta lentitud? ¿A qué responde este desastre de gestión? Puede responder a dos cosas: a la que se ha referido el portavoz del Grupo Socialista, que no hay tiempo para discutirlo, o a otro elemento —que es lo que yo creo— que es el de la gran contestación social.

En todo caso, insisto en que votaremos a favor de los vetos. Creemos verdaderamente que es una chapuza. Difícilmente podemos encontrar proyectos de ley objeto de críticas tan grandes por parte de todos los sectores y que hayan motivado huelgas. Desde ese punto de vista, espero que sea verdad que en la tramitación de la Ley Orgánica del Poder Judicial podamos llegar a acuerdos y a consensos para sacar adelante una ley importantísima desde el punto de vista de la convivencia ciudadana.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.




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La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes. Estamos ante una iniciativa legislativa que a todas luces se percibe como una falta de previsión del Ejecutivo para planificar el calendario legislativo de la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que en estos momentos también está en trámite parlamentario. Este proyecto de ley tiene por objeto la suspensión de la vigencia del artículo 112 y parcialmente del 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial mientras no se aprueba la reforma de dicha ley orgánica.

Aparentemente todo parecería muy simple. Aún así, se ha de tener en cuenta que vivimos en un Estado de derecho, en el cual las normas se aprueban para que sean cumplidas, y dejan de estar vigentes en cuanto son derogadas por otra norma de igual o superior rango por el principio de jerarquía normativa. Durante los últimos años hemos visto cómo la renovación de los órganos constitucionales y organismos estatales no se produce en tiempo y forma, quedando en suspenso por intereses partidistas. Nuestras leyes y reglamentos prevén plazos y mecanismos de renovación de estos órganos e instituciones, que pueden ser también modificados por leyes, pero es de dudosa legitimidad suspender los artículos que obligan a dicha renovación.

Es, pues, chocante que se nos plantee suspender la vigencia de unos artículos que justamente a fecha de hoy ya están desplegando sus efectos, dado que teniendo en cuenta la fecha de constitución del actual consejo, que fue el 24 de septiembre de 2008, corresponde al presidente del consejo poner en marcha el proceso de renovación el 24 de marzo de 2013. Han transcurrido más de quince días desde la fecha, y teniendo en cuenta que efectivamente el presidente del Consejo General del Poder Judicial dio cumplimiento a los artículos 112 y 114, pues el pasado 25 de marzo ya entregó en el Congreso de los Diputados y en el Senado sendas comunicaciones para que ambas Cámaras procedieran a la elección de los nuevos vocales, en el momento presente dichos artículos están vigentes, son de aplicación, de obligado cumplimiento, y no es de recibo suspender su vigencia por un mero error de cálculo y de previsión.

Llegados a este punto, nos encontramos ante una situación peculiar, puesto que simultáneamente se está iniciando la tramitación parlamentaria del proyecto de ley orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, el cual, entre otras cuestiones, dispone de una nueva fórmula para designar a los miembros del consejo, mientras que se ha iniciado ya el proceso de renovación de los actuales miembros aplicando el sistema vigente, que es el que se pretende suspender. Justamente, en referencia a este punto, la exposición de motivos de este proyecto de ley justifica la suspensión de los artículos 112 y parte del 114 de la ley vigente con el argumento de considerar que la puesta en marcha del procedimiento de designación de vocales, actualmente previsto en dichos artículos, no podía desplegar efecto jurídico alguno, dado que para el momento en el que la renovación debería producirse en el mes de septiembre de 2013, ya habría entrado en vigor la nueva ley y, en virtud de lo previsto en el número 1 de la disposición final del anteproyecto, dicha entrada en vigor supondría la derogación de toda la regulación actual sobre renovación, designación y elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y la constitución del mismo.

Mi grupo considera que no es válido tal argumento por dos razones. En primer lugar, porque se da por hecho que dicho anteproyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial va a ser aprobado tal y como está, sin enmienda alguna, despreciando así el trabajo parlamentario de ambas Cámaras y dando por sentado que el Grupo Popular, haciendo valer su mayoría absoluta, va a votar en contra de todas las enmiendas que puedan presentar los grupos parlamentarios en el Congreso y en esta Cámara.

En segundo lugar, porque el número 1 de la disposición final del anteproyecto no dispone la derogación de la regulación actual, sino que meramente dispone la entrada en vigor al día siguiente de la publicación. En todo caso, sería la disposición derogatoria la que derogaría dicho proceso de renovación en su actual regulación.

Siendo así, las dificultades expuestas en la exposición de motivos no son tales si tenemos en cuenta que estamos ante un proyecto de ley de reforma que aún no ha sido aprobado y que, por lo tanto, no está en vigor, que admite enmiendas, entre ellas en las disposiciones transitorias, en las disposiciones derogatorias y en las disposiciones finales.

Mediante esta reforma se pretende avanzar hacia la imposición de un determinado diseño de una institución tan importante como es el Consejo General del Poder Judicial. Es pues una reforma que responde únicamente a los intereses del Ejecutivo, intereses que pueden ser legítimos pero




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no compartidos ni consensuados con los demás grupos de la Cámara. Y no solo no ha habido diálogo y consenso con los grupos parlamentarios, sino que tampoco lo ha habido con los operadores implicados en dicha reforma.

Detrás del proyecto de reforma de la ley orgánica hay intencionalidad política, y aunque está claro que este no es el momento de entrar a valorar el nuevo modelo, aún así queremos poner de manifiesto que se ha impulsado una reforma de gran calado sin el preceptivo consenso previo para imponer un modelo diseñado por el Gobierno; de hecho, el proyecto que hoy sometemos a votación es el primer paso para conseguir el objetivo final de renovación con el nuevo modelo.

A nuestro entender, tanto las formas como el fondo del proyecto son un total despropósito que el Gobierno tendrá que enmendar devolviendo el proyecto y empezando de nuevo, planificando un calendario y buscando el necesario consenso y diálogo.

Esperemos que el ofrecimiento de diálogo que el señor ministro de Justicia manifestó en el Pleno del Congreso de los Diputados se materialice mediante un debate en profundidad de las distintas propuestas y la aceptación de enmiendas, y que no quede solamente como una mera manifestación del señor ministro en el Diario de Sesiones del Congreso.

Por otra parte, por lo que al cauce legal utilizado para frenar la renovación se refiere, no es el más adecuado, y el informe del Consejo General del Poder Judicial es muy crítico al respecto. Dicho informe dice textualmente que no estamos ante una situación habitual ni una técnica legislativa ortodoxa y que hubiera resultado fácilmente evitable llegar a esa situación de excepcionalidad y premura con una previsión cronológica previa al inicio del proceso legislativo, y que esa previsión solo es imputable al propio Ejecutivo.

A mayor abundamiento, no solo estamos ante una tramitación excepcional sino que también lo es el contenido del mismo proyecto de ley orgánica. El Gobierno desprecia así el trabajo del legislador mediante una tramitación directa, urgente y en lectura única, evitando el debate en comisión y la posibilidad de presentación de enmiendas.

Aunque entendemos desde la perspectiva de economía procesal la necesidad de no arrancar un nuevo proceso de renovación de los miembros del consejo cuando ya está en trámite parlamentario un proyecto de ley que definirá otro sistema de elección, consideramos también que ello era evitable y, por tanto, es reprochable al Gobierno que no lo tuviera en cuenta con la necesaria y deseable anticipación.

Por todo ello, y a modo de conclusión, aunque consideramos que estamos ante un procedimiento ajustado al Reglamento, pensamos que el Ejecutivo tenía la obligación de hacerlo mejor, siendo totalmente evitable y reprochable este trámite urgente que merma la calidad del trabajo parlamentario y que implica manipular el ordenamiento jurídico, dando prácticamente efectos retroactivos a una norma que todavía no existe, paralizando un proceso que debería producirse conforme a lo legalmente previsto en la ley vigente.

Por ese motivo, aunque vamos a abstenernos en los vetos teniendo en cuenta que no podemos compartir algunos de los motivos expresados, votaremos en contra del proyecto de ley orgánica sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor ministro de Justicia, allá donde esté, aunque debiera estar aquí presentando el anteproyecto.

Los socialistas subimos a esta tribuna para defender y apoyar la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley que pretende suspender la vigencia del artículo 112 parcialmente y del artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por el procedimiento de urgencia, y lo hacemos por razones técnico-jurídicas y democrático-políticas, porque toca la línea de flotación de la democracia, de la justicia y de la Constitución.

Señorías, este proyecto de ley carece de rigor técnico, que es lo menos que se podría pedir y exigir a un Gobierno, ya que ningunea al Parlamento y, haciendo uso de las palabras futbolísticas del senador Bruguera, no traigan a este Parlamento un balón pinchado y encima le quieran poner un parche.




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Pretenden suspender unos preceptos sin derogarlos. Suprimen completamente el artículo 112 cuando parece que los apartados 1 y 2 del artículo no van a ser afectados por la futura reforma. Y ahora viene lo peor, pretenden crear un régimen excepcional. Sí, señorías, pretenden ustedes aplicar retroactivamente un régimen jurídico que es tan nuevo, tan nuevo, que todavía no existe, lo cual ya me parece una genialidad jurídica.

Todavía no ha venido al mundo jurídico esta reforma —y lo decía anteriormente algún senador— y ustedes ya pretenden aplicarla. Y esto lo dicen también los informes. Traen a esta Cámara una situación no habitual, con escasa, por no decir ninguna ortodoxia jurídica democrática. Han sido cinco vocales del Consejo General del Poder Judicial los que han calificado este proyecto de ley de chapucero, extravagante, suspensivo y excepcional. Cinco. Pero los otros quince dicen lo siguiente —y leo textualmente—: En su primera conclusión califica al modelo que configura al proyecto de ley de desapoderamiento de importantes funciones del Consejo General del Poder Judicial, desapoderamiento a favor del Poder Ejecutivo al atribuir al Ministerio de Justicia la potestad reglamentaria relativa a las condiciones accesorias, al estatuto de jueces y magistrados, posibilitando el control y condicionamiento de su funcionamiento, menoscabando en consecuencia su independencia y colocando al Poder Judicial en una relación de subordinación respecto al mismo. Eso lo dicen los otros quince jueces.

Por tanto, si este Gobierno fuera sensato y coherente, una vez que ha conocido todos los informes y la valoración de las asociaciones de jueces, todos ellos desfavorables al proyecto de ley, debería haber subsanado todos los defectos técnicos, los defectos jurídicos y los defectos democráticos. Pero no, señorías, porque el Gobierno continúa. ¿Y por qué continúa? Porque este proyecto de ley tiene un claro interés político: quiere paralizar la renovación del consejo y mantener su influencia política, y además, ejemplificar una forma de actuar que se está convirtiendo en algo habitual de este Gobierno. No me voy a referir a la actualización y revalorización de las pensiones o a la legislación exprés o a la ley de tasas o a la reforma parcial del Código Penal o a los decretos de los viernes negros. Solo me voy a referir a este extravagante —como lo ha calificado algún senador—, artificioso y malintencionado proyecto de ley y al adecuado veto que los grupos de la oposición, y en este caso el Grupo Socialista, han presentado y que lógicamente apoyaremos. Y lo vamos a hacer por varias razones que explico brevemente.

Señorías, la reforma pretendida es antijurídica, imprevisible e intencionada, y seguramente inconstitucional. Es una norma diferida y simulada; una norma incierta y no llamada a perdurar en el tiempo, que ataca la democracia y al propio Poder Judicial, ya que por medio de esta lectura única de la urgencia pretenden reformar una ley orgánica sin su debate en comisión. Llenan de ideología la renovación del Consejo General del Poder Judicial, quieren paralizarla y la vinculan a una mera hipótesis. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.) Generan situaciones artificiales donde pretenden anular dos artículos que no desaparecen del ordenamiento jurídico; se les adormece, se les deja en el banquillo por si sus cálculos fallan en septiembre, y además menosprecian al Parlamento y desprecian al sistema democrático con esta tramitación. Pero esto es algo que se está convirtiendo en habitual por parte de la derecha española en ese país.

Señor presidente, finalizo diciéndoles que respeten la ley, y que no hagan, si lo creen posible, cosas como estas que no dejan de ser un tanto irrisorias.

Señor presidente, votaremos a favor de los vetos y en contra de este proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, señoría.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: Con su venia, señor presidente.

Como una cuestión previa, solicito que se tengan por no pronunciadas las palabras del Pleno del mes de diciembre de 2012, en el turno de portavoces de la defensa del proyecto de ley de eficiencia presupuestaria, diciendo que el senador Díaz Tejera había hecho una apología brutal de la doctrina del nacionalsocialismo. Sé que el senador no piensa así. No obstante algunos parlamentarios también podrían tomar nota.

Señorías, el proyecto de ley que el Gobierno nos trae hoy a debate nos propone la suspensión de dos preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como ustedes han tenido ocasión de




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decir. Pero, señorías, hay que contarlo todo, no es bueno hacer intervenciones tan interesadas como han hecho los partidos de la oposición. Es conveniente conocer la historia legislativa de las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de otras normas que son derecho vigente también en nuestro Estado de derecho. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

La entrada en vigor de un nuevo sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial en fechas cercanas a su renovación no es un hecho ignoto en la historia del consejo. Precisamente la vigente redacción del artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se introdujo mediante Ley Orgánica 2/2001, de 28 de junio, que modificó a su vez el sistema de elección de vocales del consejo, estando próxima la expiración del mandato de aquel consejo. Eso en cuanto al derecho estatal. Y en cuanto al derecho autonómico también se ha acudido a esta técnica legislativa que hoy ustedes tanto critican; por ejemplo, el Parlamento andaluz en su día suspendió el Consejo Asesor de Radiotelevisión España en la Ley 2/1982, de 21 de diciembre. Supongo que las soflamas que ustedes hoy le dirigen a este proyecto de ley también las dirigirán al Partido Socialista, que suspendió aquel consejo asesor. (Aplausos.) Por ello, con esa inmediatez absoluta, el día siguiente de la aprobación de la ley —el día 20 de junio— el presidente del consejo aprobó una instrucción determinando el número de candidatos que por las asociaciones judiciales tenían que presentarse al objeto de que pudieran ser elegidos como vocales del órgano de gobierno de los jueces. En el estado actual de las cosas, los Reales Decretos 1574 y 1575 de 2008, de 22 de septiembre, nombraron los actuales vocales del Consejo General del Poder Judicial, tanto en el Congreso como en el Senado; o sea, que el próximo 22 de septiembre se extingue el mandato de los actuales vocales.

El pasado 21 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la ley orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, que tendremos la oportunidad de debatir, estableciendo una distinta renovación del consejo. Por eso, efectivamente, nos encontramos ante un debate instrumental que trae causa y sentido de otra reforma posterior a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Ustedes le han dirigido al proyecto de ley unos calificativos y unas lindezas impresionantes. Yo voy a decir un calificativo que me parece más amable pero bastante veraz con la realidad: han sido ustedes muy reiterativos. Reiterativos porque la enmienda número 1 del Grupo Mixto, de propuesta de veto al proyecto de ley, es idéntica a la número 2 que presentaron de devolución en el Congreso de los Diputados. La enmienda número 2 del Grupo Mixto es sustancialmente idéntica a la número 1 que presentaron en el Congreso. La enmienda número 3 del Grupo Mixto, de propuesta de veto, es básicamente idéntica a la enmienda número 2, también de devolución, del Congreso. Y las enmiendas número 4 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya —que es la única que entendemos dado que no tienen grupo parlamentario en el Congreso— y número 5, del Grupo Socialista, esas sí que son nuevas en esta Cámara, llamándonos poderosísimamente la atención que el Partido Socialista no presentara ninguna enmienda de devolución en el Congreso y aquí sí que la ha presentado. ¿Saben por qué? ¿Saben qué es lo que pienso? Pues que se pretende hacer más ruido con las mismas nueces, porque básicamente las enmiendas son las mismas, lo que pasa es que presentaron tres en el Congreso y han presentado cinco aquí, en el Senado, en esta Cámara legislativa, pretendiendo, repito, hacer más ruido.

Señorías, no se aplica el rodillo de la mayoría absoluta, como se ha dicho por la senadora Capella, de Esquerra Republicana, en su enmienda número 2, sino que lo que se aplica, señoría, es la mayoría parlamentaria. Primero, señoría, hay que ganar unas elecciones y después de ganarlas se puede legislar según los principios políticos propios del partido que las gana, que por cierto vienen sustentados por los ciudadanos que le han otorgado su voto y su confianza. No es rodillo, señoría, es confianza de los ciudadanos y mayoría parlamentaria, que no es lo mismo (Aplausos.) Estamos hablando de democracia y de respeto a la voluntad de los ciudadanos.

Respecto a la inaceptable instrumentalización del ordenamiento jurídico que nos plantean en sus propuestas de veto números 1 y 3, Izquierda Unida y la Entesa pel Progrés de Catalunya, no sé si se refieren también al Gobierno de Zapatero, que desde 2004 a 2011 dictó 108 reales decretos. Aquello sí que era gobernar a base de real decreto. No sé si se están refiriendo no solamente a este Gobierno sino también al predecesor.

Las propuestas de veto números 4 de la Entesa y 5 del Grupo Parlamentario Socialista ponen de manifiesto un hecho evidente, que el procedimiento de selección de los vocales ya se ha puesto




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en marcha; lógico, señorías, estamos cumpliendo la normativa, el presidente del Consejo General del Poder Judicial ha hecho lo que le dice el artículo 112, poner en marcha el procedimiento. Vamos a ver, tenemos que recordarles lo que es la doctrina de los derechos adquiridos, por una parte, de lo que son las meras expectativas, que abundantísima jurisprudencia del Tribunal Constitucional pone de manifiesto. Las cosas son como están en tanto en cuanto tengan cobertura jurídica que permita que esa cosa tenga efecto jurídico, pero el día que deja de ser porque ya no exista la norma que le da esa cobertura jurídica deja de tener efecto. Hoy día o cuando al presidente le corresponde iniciar el procedimiento están en vigor los artículos 112 y la línea que se suprime del artículo 114, hoy todavía vigente, señorías, hasta que hoy, en todo caso, se apruebe y mañana salga publicado en el Boletín Oficial del Estado. Con lo cual se han hecho las cosas que proceden.

Los juristas conocemos perfectamente que todos los procesos tienen un objeto, y el objeto tiene un petitum y una causa petendi, un petitum, que es la petición en concreto que se realiza y la causa petendi, los motivos que dan origen a que se formule esa determinada petición. ¿Cuál es el petitum de este proyecto de ley? La paralización de un precepto, el artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y parcialmente del artículo 114. Y ¿cuál es la causa petendi? Pura coherencia legislativa, señorías, que no haya dos procedimientos de renovación de la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Pura coherencia, que es lo que nos viene a traer a colación el señor ministro cuando presenta en el Congreso de los Diputados, y así lo explica, el proyecto de ley. Lo que no puede haber es una disparidad de procedimientos, no podemos estar con una manera de elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial cuando de aquí a poco tiempo se va a presentar un proyecto de ley que va a hacer ineficaz esa determinada manera de elegir a los vocales.

Simplemente, una dedicatoria al senador Díaz Tejera, que ha puesto de manifiesto que en Francia se han dirigido más competencias al Consejo Superior de la Magistratura. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor ALTAVA LAVALL: Efectivamente, el Consejo Superior de la Magistratura francés y el Consejo Superior de la Magistratura italiano tienen más competencias, pero por una cuestión muy básica, porque las carreras judicial y fiscal están unificadas y el Consejo Superior de la Magistratura, tanto francés como italiano, controlan las competencias tanto de los jueces como de los fiscales. Sabe que es una de las preguntas que formulé este pasado lunes al presidente del Consejo General del Poder Judicial y todavía está por contestar.

Señorías, lo que traemos a debate es de pura coherencia, una norma que lo que pretende es hacer bien las cosas, trabajar en puridad y, por eso, vamos a rechazar los vetos que ustedes nos presentan, porque no se puede entender de otra manera ya que, en un corto espacio de tiempo, cuando esté redactada y aprobada por las dos Cámaras la nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula el modo de elección, distinto al actual, de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, haría que el actual modelo no tuviera sentido.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.—El señor Díaz Tejera pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Altava.

Senador Díaz Tejera, tiene medio minuto solo.

El señor DÍAZ TEJERA. Gracias, presidente.

Yo entiendo que la mayoría de la Cámara tiene mucha prisa por coger el avión para ir a Canarias, como este senador, pero me parece una descortesía no pedir la palabra, porque al comenzar la exposición, el senador Altava, como cuestión previa, planteó la retirada de unas expresiones respecto a que yo hacía apología brutal del nacionalsocialismo. Es verdad que lo ha hecho cinco meses más tarde, pero le agradezco su formulación, esa retirada de expresión porque nunca es tarde si la dicha es buena y ahora, como usted me invitó, le daré el abrazo navideño y le desearé feliz Navidad y próspero Año Nuevo. (Risas.—Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Será un abrazo de Pascua, senador Díaz Tejera.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.




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Señorías, les recuerdo antes de la votación de las propuestas de veto que para la aprobación de cada una de ellas se requiere mayoría absoluta de los senadores que componen esta Cámara. Teniendo en cuenta que la Cámara la componemos, a fecha de hoy, 265 senadores, la mayoría absoluta está en 133.

En primer lugar, votamos la propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 224; a favor, 69; en contra, 147; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, votamos la propuesta de veto número 2, de la senadora doña Ester Capella, del Grupo Parlamentario Mixto.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 219; a favor, 64; en contra, 145; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3, de los senadores Saura y Guillot, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 224; a favor, 68; en contra, 148; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta número 4, de doña Mónica Almiñana, de don Francisco Boya, de don Rafel Bruguera, de don Carlos Martí, de don José Montilla, de don Joan Sabaté y de doña María Jesús Sequera, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 224; a favor, 68; en contra, 148; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 224; a favor, 68; en contra, 148; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Rechazadas las propuestas de veto, se somete a votación el texto del proyecto de ley orgánica.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 223; a favor, 146; en contra, 77.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

En consecuencia, queda aprobado definitivamente por las Cortes Generales el Proyecto de Ley Orgánica sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, por la que se suspende la vigencia del artículo 112 y parcialmente del 114 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.




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9. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

9.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

9.1.1. ENMIENDA NÚMERO UNO AL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE AUSTRALIA Y EL MINISTERIO DE DEFENSA DE FINLANDIA EN NOMBRE DEL GOBIERNO DE FINLANDIA Y EL MINISTRO DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA FRANCESA Y EL MINISTERIO FEDERAL DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA Y EL MINISTERIO DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA ITALIANA Y EL MINISTERIO DE DEFENSA DEL REINO DE ESPAÑA Y LAS FUERZAS ARMADAS SUECAS Y EL SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE Y EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, RELATIVO A LA FORMA DE ONDA DE BANDA ANCHA PARA LA CONEXIÓN EN RED EN COALICIÓN (COALWNW). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 610/000075)

El señor presidente da lectura a los puntos 9. 9.1 y 9.1.1.

El señor PRESIDENTE: No se han presentado propuestas.

¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones.)

¿Se puede entender concedida la autorización a la que se refiere el artículo 94 de la Constitución? (Asentimiento.)

En consecuencia, queda autorizada.

Señorías, buenas tardes, se levanta la sesión.

Eran las veinte horas y quince minutos.


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