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DS. Senado, Pleno, núm. 71, de 20/06/2013
 





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PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 35

celebrada el jueves, 20 de junio de 2013

ORDEN DEL DÍA

7. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

7.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

7.1.4. Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Comisión: Justicia

(Núm. exp. 621/000036)

8. HABILITACIONES

8.1. Pleno del Senado.

(Núm. exp. 551/000019)

8.2. Comisión de Cultura.

(Núm. exp. 551/000020)

8.3. Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

(Núm. exp. 551/000021)

8.4. Ponencia de estudio para reforzar las funciones del Senado, constituida en el seno de la Comisión de Reglamento.

(Núm. exp. 551/000022)

8.5. Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

(Núm. exp. 551/000023)

8.6. Comisión de Igualdad.

(Núm. exp. 551/000024)




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8.7. Comisión Constitucional.

(Núm. exp. 551/000025)

8.8. Comisión de Economía y Competitividad.

(Núm. exp. 551/000026)




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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas.

7. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

7.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

7.1.4. Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Comisión: Justicia

6178

(Núm. exp. 621/000036)

El señor Ramírez Rodríguez, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Se procede al debate de las propuestas de veto.

La señora Capella i Farré defiende la propuesta de veto número 2, presentada por esta senadora, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto número 1, presentada por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número 5, presentada por el señor Guillot Miravet y dicho senador, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Montilla Aguilera defiende la propuesta de veto número 6, presentada por la señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Bildarratz Sorron defiende la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Díaz Tejera defiende la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Vindel López.

En turno de portavoces intervienen la señora Capella i Farré, el señor Iglesias Fernández y la señora Salanueva Murguialday, por el Grupo Parlamentario Mixto; los señores Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), y Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Parera Escrichs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; así como los señores Rodríguez Esquerdo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Altava Lavall, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, de la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, por el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 225; a favor, 85; en contra, 140.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 225; a favor, 85; en contra, 140.

Se rechaza la propuesta de veto número 5, de los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 84; en contra, 140.

Se rechaza la propuesta de veto número 6, de la señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 225, a favor, 85; en contra, 140.




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Se rechaza la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 224; a favor, 85; en contra, 139.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Socialista, por el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 225; a favor, 84; en contra, 140; abstenciones, 1.

Comienza el debate del articulado.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas números 1 a 45 y 47 a 51, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Bildarratz Sorron defiende las enmiendas números 142 a 144, 146 a 171, 173 a 190 y 192 a 196, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Montilla Aguilera defiende las enmiendas números 197 a 201, 203 a 236, 238 a 272, 274, 276 a 299 y 301 a 306, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Parera Escrichs defiende las enmiendas números 52 a 59, 61 a 68, 70, 71 y 74 a 78, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Díaz Tejera, del Grupo Parlamentario Socialista, defiende las enmiendas números 79 a 111 y 113 a 141, y vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 307 a 327 y 329 a 331, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y por las enmiendas transaccionales referidas al último párrafo del Apartado V del Preámbulo; al Artículo Único. Uno. Artículo 560.1.16ª; al Artículo Único. Uno. Artículo 598.4ª; al Artículo Único. Uno. Artículo 598.11ª; al Artículo Único. Uno. Artículo 607.3; y al Artículo Único. Uno. Artículo 614.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Vindel López.

En turno de portavoces intervienen el señor Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y la señora Parera Escrichs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; así como los señores Díez Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Altava Lavall, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Vuelve a hacer uso de la palabra el señor Bildarratz Sorron.

Se procede a la votación.

Se rechaza la enmienda número 1, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 16; en contra, 201.

Se rechazan las enmiendas números 2, 4, 6, 11 a 13, 15, 20 y 26, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 218; a favor, 20; en contra, 198.

Se rechazan las enmiendas números 3, 7 a 10, 14, 16, 17, 21 a 25, 27, 33, 35, 38 a 42 y 48 a 50, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 219; a favor, 79; en contra, 14o.

Se rechazan las enmiendas números 5, 18 y 51, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 19; en contra, 138; abstenciones, 60.

Se rechazan las enmiendas números 28 y 29, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 219; a favor, 3; en contra, 210; abstenciones, 6.




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Se rechaza la enmienda número 19, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 219; a favor, 73; en contra, 146.

Se rechazan las enmiendas números 30, 31, 44 y 45, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 218; a favor, 73; en contra, 140; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 32, 34, 36 y 37, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 218; a favor, 19; en contra, 198; abstenciones, 1.

Se rechaza la enmienda número 43, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 219; a favor, 13; en contra, 200; abstenciones, 6.

Se rechaza la enmienda número 47, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 219; a favor, 3; en contra, 211; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 142, 143, 146, 147, 149 a 152, 154 a 158, 160, 161, 163 a 166, 170, 171, 173 a 177, 179, 182 a 190 y 192 a 195, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 80; en contra, 134; abstenciones, 4.

Se rechazan las enmiendas números 144, 148, 153, 159, 162, 167 a 169, 181 y 196, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por el siguiente resultado: presentes, 220; emitidos, 219; a favor, 17; en contra, 198; abstenciones, 4.

Se rechazan las enmiendas números 178 y 180, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por el siguiente resultado: presentes, 220; emitidos, 219; a favor, 22; en contra, 135; abstenciones, 62.

Se rechazan las enmiendas números 197, 200, 201, 210, 213, 219 a 221, 223, 234 y 236, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes, 220; emitidos, 219; a favor, 19; en contra, 199; abstenciones, 1.

Se rechazan las enmiendas números 198, 199, 207, 208, 209, 241 y 293, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes, 220; emitidos, 219; a favor, 19; en contra, 140; abstenciones, 60.

Se rechazan las enmiendas números 203 a 206, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes, 220; emitidos, 219; a favor, 74; en contra, 145.

Se rechazan las enmiendas números 211, 212, 214 a 218, 222, 224 a 233, 235, 238 a 240, 243 a 272, 278 a 283, 294, 296 a 299 y 301 a 306, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes, 220; emitidos, 219; a favor, 78; en contra, 140; abstenciones, 1.

Se rechazan las enmiendas números 242, 274, 276, 277 y 286 a 288, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes, 220; emitidos, 219; a favor, 73; en contra, 140; abstenciones, 6.

Se rechazan las enmiendas números 284 y 285, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes, 220; emitidos, 218; a favor, 74; en contra, 144.

Se rechazan las enmiendas números 289 a 292, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes, 220; emitidos, 219; a favor, 79; en contra, 140.




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Se rechaza la enmienda número 295, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por el siguiente resultado: presentes, 220; emitidos, 219; a favor, 74; en contra, 140; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 52 a 55, 58, 61 a 65, 67, 68, 70 y 75 a 78, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 219; a favor, 78; en contra, 137; abstenciones, 4.

Se rechazan las enmiendas números 56, 57, 66 y 74, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 218; a favor, 18; en contra, 138; abstenciones, 62.

Se rechazan las enmiendas números 59 y 71, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 219; a favor, 17; en contra, 199; abstenciones, 3.

Se rechazan las enmiendas números 79, 101, 113 y 114, del Grupo Parlamentario Socialista, por el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 219; a favor, 72; en contra, 141; abstenciones, 6.

Se rechazan las enmiendas números 80 a 109, 115 a 130 y 132 a 141, del Grupo Socialista, por el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 219; a favor, 79; en contra, 140.

Se rechaza la enmienda número 131, del Grupo Socialista, por el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 218; a favor, 73; en contra, 139; abstenciones, 6.

Se rechaza la enmienda número 110, del Grupo Parlamentario Socialista, 220; votos emitidos, 219; a favor, 79; en contra, 140.

Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 307, 312, 314, 315, 321, 325 y 331 del Grupo Parlamentario Popular, por el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 216; a favor, 66; en contra, 149; abstenciones, 1.

Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 310, 311, 319 y 324 del Grupo Parlamentario Popular, por el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 218; a favor, 79; en contra, 139.

Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 308, 309, 313, 316 a 318, 320, 322, 323, 326, 327, 329 y 330 del Grupo Parlamentario Popular, por el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 219; a favor, 68; en contra, 140; abstenciones, 11.

Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas transaccionadas referidas al último párrafo del Apartado V del Preámbulo; al Artículo Único. Uno. Artículo 560.1.16ª; al Artículo Único. Uno. Artículo 598.4ª; al Artículo Único. Uno. Artículo 598.11ª; al Artículo Único. Uno. Artículo 607.3 y al Artículo Único. Uno. Artículo 614, por el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 62; en contra, 150; abstenciones, 6.

Se aprueban aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores, por el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 219; a favor, 195; en contra, 19; abstenciones, 5.

Se aprueba el resto del proyecto de ley por el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 220; a favor, 136; en contra, 80; abstenciones, 4.

El señor vicepresidente informa de que tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.




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8. HABILITACIONES

8.1. Pleno del Senado

6236

(Núm. exp. 551/000019)

Se aprueba la habilitación por asentimiento de la Cámara.

8.2. Comisión de Cultura

6236

(Núm. exp. 551/000020)

Se aprueba la habilitación por asentimiento de la Cámara.

8.3. Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

6236

(Núm. exp. 551/000021)

Se aprueba la habilitación por asentimiento de la Cámara.

8.4. Ponencia de estudio para reforzar las funciones del Senado, constituida en el seno de la Comisión de Reglamento

6237

(Núm. exp. 551/000022)

Se aprueba la habilitación por asentimiento de la Cámara.

8.5. Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

6237

(Núm. exp. 551/000023)

Se aprueba la habilitación por asentimiento de la Cámara.

8.6. Comisión de Igualdad

6237

(Núm. exp. 551/000024)

Se aprueba la habilitación por asentimiento de la Cámara.

8.7. Comisión Constitucional

6237

(Núm. exp. 551/000025)

Se aprueba la habilitación por asentimiento de la Cámara.

8.8. Comisión de Economía y Competitividad

6237

(Núm. exp. 551/000026)

Se aprueba la habilitación por asentimiento de la Cámara.

Se levanta la sesión a las catorce horas y treinta minutos.




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Se reanuda la sesión a las nueve horas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días.

Se abre la sesión.

7. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

7.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

7.1.4. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL.

COMISIÓN: JUSTICIA

(Núm. exp. 621/000036)

El señor presidente da lectura a los puntos 7, 7.1 y 7.1.4.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Ramírez.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venia, señor presidente.

Voy a presentar el dictamen del Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Este proyecto de ley de orgánica, que vamos a someter en este acto a la consideración del Pleno del Senado, se ha tramitado por el procedimiento ordinario y tuvo su entrada en esta Cámara el día 16 de mayo, fecha de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas, que finalizaba inicialmente el día 28 de mayo, fue ampliado hasta el día 3 de junio del año 2013.

A este proyecto de ley se han presentado seis propuestas de veto y 332 enmiendas, cuatro de las cuales, en concreto la número 112, del Grupo Parlamentario Socialista, y las números 202, 275 y 300, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, fueron posteriormente retiradas.

El pasado 13 de junio la comisión designó la ponencia que quedó integrada de la siguiente manera: don Manuel Guillermo Altava Lavall, del Grupo Parlamentario Popular; don Jokin Bildarrazt Sorron, del Grupo Parlamentario Vasco; don Arcadio Díaz Tejera, del Grupo Parlamentario Socialista; doña Eva Parera Escrichs, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió; don Antonio Julián Rodríguez Esquerdo, del Grupo Parlamentario Socialista; don Joan Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y doña María Rosa Vindel López, del Grupo Parlamentario Popular.

Dicha ponencia elevó a la comisión un informe en el que introducía modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados. La Comisión de Justicia se reunió para dictaminar el mismo día 13 de junio y, tras rechazar las seis propuestas de veto presentadas, emitió dictamen de conformidad con el texto propuesto por la ponencia. A este dictamen han presentado votos particulares la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, también del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté i Borrás y la señora Sequera García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y los Grupos Parlamentarios Vasco, Entesa pel Progrés de Catalunya, Convergència i Unió y Socialista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ramírez.

Empezamos el debate de las propuestas de veto. En primer lugar, defensa de la propuesta de veto número 2 de la senadora Capella, del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra su señoría.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente.

Buenos días, senadoras y senadores.




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A este proyecto de ley le ha precedido el proyecto, que ya es ley orgánica, sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial por el que se suspendía la vigencia del artículo 112 y parcialmente del artículo 114 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Sorprende la inusitada prisa por reformar el Consejo General del Poder Judicial; sorprende que cuando ustedes invocan todo el día el ahora no toca hablar de determinados temas porque lo que realmente interesa a la ciudadanía es la crisis y el paro, tengan ustedes tanta prisa en reformar este órgano cuando dicho órgano no es, en ninguno de los barómetros y encuestas que se realizan a la ciudadanía, una prioridad para los ciudadanos. Baste para ello —y a eso me remito— acudir al barómetro del CIS del mes de marzo, donde corrupción y fraude ocupan el segundo lugar entre las cuestiones que preocupan a la ciudadanía. La Administración de Justicia no ocupa ningún lugar relevante. El paro ocupa —como les día— el primer lugar de los problemas más importantes que preocupan en este momento a los ciudadanos y ciudadanas. En consecuencia, no es casualidad que corrupción y fraude sean considerados un problema importante y constituyan para la ciudadanía un motivo de reflejo en todos los barómetros y encuestas que se realizan. Baste para ello también la lectura diaria de la prensa.

Podríamos sacar la conclusión —o al menos esta senadora lo hace— de que las prisas del Gobierno del Estado español por abordar la reforma del Consejo General del Poder Judicial tienen que ver con este barómetro del CIS porque les afecta de lleno. Debe tener relación con el gran número de asuntos judiciales vinculados a representantes del Partido Popular por esa su afición inusitada, la que tienen algunos de los suyos, por confundir lo público con lo privado a los efectos de generar beneficios económicos sustanciosos. En definitiva, el tema del que hablamos se sobreentiende, por lo que es somero insistir r más en él.

La reforma del Consejo General del Poder Judicial que ustedes pretenden con este proyecto de ley no va en la línea de fortalecerlo, así como tampoco de fortalecer la independencia judicial, sino que va en sentido inverso, en sentido contrario. Por aquella afición de alguno de ustedes de dejarlo todo atado y bien atado se produce en este momento una reversión y fortalecimiento del Ministerio de Justicia en detrimento del Poder Judicial. Se produce la confusión de poderes, en definitiva, la desaparición de la división de poderes.

No me cansaré de decirlo y afearles la conducta siempre que tenga la oportunidad. De nuevo nos encontramos ante un proceder legislativo deplorable. Salvo alguna enmienda que ustedes admitirán, alguna otra que transaccionarán, ustedes, de nuevo, aplicarán su rodillo parlamentario, esa mayoría a la que me he referido en múltiples ocasiones absolutista, que no absoluta, en un proyecto de ley en el que el diálogo ha brillado por su ausencia. Por no tener, no han tenido en cuenta ni a las asociaciones de jueces más importantes.

De nuevo una nueva contrarreforma —por cierto, a la que tan acostumbrados nos tienen— que espero que sea por poco tiempo, porque algunos, aunque les parezca mentira, estamos en otra onda; entiéndanlo ustedes como les plazca. Dicho sea de paso, habría estado muy bien que el ministro de Justicia hubiera tenido la bondad de venir a defender este fantástico proyecto de ley —en sus propias palabras— que revolucionará el mundo judicial o revolucionará al Poder Judicial.

Tampoco dejaré de recordarles cada día que pueda que la soberanía reside en el pueblo y que de este emana y deben emanar todos los poderes de un Estado democrático y de derecho. Así lo proclama su sacrosanta Constitución en los artículos 1 y 117.

Las modificaciones que se pretenden del Consejo General del Poder Judicial a través del presente proyecto de ley constituyen, como decía, un atentado a la estructura democrática del Estado y a la división de poderes, al sistema de pesos y contrapesos que debería existir y que en este momento aún existe entre los diferentes poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, al incidir sobre uno de los principios fundamentales del Poder Judicial: su independencia. No se lo dice únicamente esta senadora de Esquerra Republicana de Catalunya, sino que se lo dicen asociaciones de jueces, como Jueces para la Democracia, sin ir más lejos, jueces a título individual, abogados, juristas.

El gobierno del Poder Judicial debe garantizar que los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones, al resolver las controversias, al garantizar y hacer efectivo el derecho fundamental de todo ciudadano a la tutela judicial efectiva, debe estar en el mismo plano de igualdad que el resto de poderes del Estado; debe garantizar que no existan injerencias que imposibiliten el pleno




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ejercicio de este derecho fundamental. Asimismo, debe tener la capacidad, la competencia y dotación presupuestaria imprescindible para poder determinar las políticas necesarias en materia de justicia.

El Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial —en palabras utilizadas en el propio preámbulo del proyecto de ley— dice obedecer a la necesidad de una reforma en profundidad de su estructura y funcionamiento que permita poner fin a los problemas que a lo largo de los años se han puesto de manifiesto, así como dotarlo de una estructura más eficiente. Problemas que, por cierto, no se enumeran.

A nadie se le escapa que los problemas que a lo largo de los años ha tenido el Consejo General del Poder Judicial no han sido otros que la obsesión de los distintos Gobiernos del Estado, del signo político que sean, aunque unos más que otros, por controlar el Poder Judicial y, en consecuencia, limitar por una parte —sí, de nuevo lo repito— su independencia, y por otra —no menos importante—, esa falta de dotación presupuestaria que configure la Administración de Justicia como un auténtico servicio público.

Les enumeraré —por si no se acuerdan— los problemas reales de la justicia, aquellos que son reales de verdad, de verdad de la buena. Así, de forma rápida y que se arrastran de año en año, algunos de ellos son: la falta de dotación presupuestaria adecuada —solo cabe hacer una lectura rápida de los diferentes Presupuestos Generales del Estado y ver cuál ha sido la dotación presupuestaria destinada al Poder Judicial—. Una planta judicial inadecuada a la realidad territorial y que las plazas vacantes de los juzgados y tribunales no son cubiertas cuando se debe y muchas de ellas permanecen vacantes durante muchos años. La necesaria implantación definitiva de la oficina judicial. Una justicia gratuita y un turno de oficio de calidad. La derogación de las tasas judiciales porque limitan el acceso al proceso, en definitiva, impiden la tutela judicial efectiva, entre otros problemas que ustedes deben conocer más que yo que ni se plantean porque no son su prioridad, aunque sí son —no lo olviden— una prioridad para los ciudadanos y ciudadanas porque afectan a sus derechos fundamentales.

¿Cómo hacen ustedes para evitar tener un Poder Judicial de verdad independiente? Desvirtúan el carácter colegiado del órgano al tiempo que este pierde competencias. La mitad de sus vocales se convierten en vocales a tiempo parcial y lo transforman en un órgano presidencialista, perdiendo el pleno importantes competencias a favor de la comisión permanente. La pérdida de funciones esenciales de inspección y control de los juzgados y tribunales. La pérdida de la previsión de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial de emitir informe en los anteproyectos de ley o disposiciones generales no solo sobre las normas procesales, sino también sobre aquellas que afectan a aspectos jurídico-constitucionales de la tutela ante los tribunales ordinarios en el ejercicio de los derechos fundamentales y cualesquiera otros que puedan afectar a la constitución, organización, funcionamiento y gobierno de los jueces y tribunales. Control del Consejo General del Poder Judicial a través del nombramiento totalmente politizado de sus vocales. La presentación de candidaturas con solo veinticinco avales bajo el pretexto de democratizar, cuando la finalidad es otra; es un número de avales poco significativo y pone en entredicho la propia representatividad que puede tener el vocal del Consejo General del Poder Judicial; en consecuencia, Esquerra Republicana de Cataluña defiende la necesidad de mantener el porcentaje actual previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Centralización de la acción disciplinaria en una sola persona. No se refuerza la garantía de independencia de los jueces y tribunales y el sistema actual de nombramiento del instructor es mucho más imparcial que el que ustedes pretenden.

El artículo 127 de la Constitución española establece la incompatibilidad entre el ejercicio jurisdiccional y el desarrollo de cargos públicos como garantía de la independencia e imparcialidad. Ya me explicarán ustedes cómo lo van a conseguir con este proyecto de ley que hoy nos presentan.

En cuanto a los juristas, es evidente que se deben ofrecer las mismas garantías, me estoy refiriendo a los vocales, que podrán compatibilizar su cargo con otra actividad vinculada al mundo jurídico, y el sistema de incompatibilidades es poco definido. Aparece la prohibición de que ninguno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial podrá hacer uso del cargo que ostenta. ¿Ustedes se creen que el juez no puede condicionar a un vocal del Consejo General del Poder Judicial ante un tribunal, aunque sea por aquello de tratarlo bien? No es necesario que ostente su condición, todo el mundo sabrá que es vocal del Consejo General del Poder Judicial.




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Una nueva oportunidad perdida de descentralizar y desconcentrar el Poder Judicial creando los consejos de justicia autonómica y, por lo que respecta a Cataluña, dar cumplimiento con el Estatuto de Autonomía —mal me pese— de 2006; al menos deberían ustedes admitir las enmiendas sobre la posibilidad de nombramiento de vocales del Consejo General del Poder Judicial por las comunidades autónomas.

La ley no fomenta el asociacionismo judicial ni tampoco lo salvaguarda.

Que tres de los vocales del Consejo General del Poder Judicial tengan que ser magistrados del Tribunal Supremo y otros tres mantener una antigüedad superior a veinticinco años en la carrera judicial rompe de nuevo ya lo dije en la Comisión de Justicia— la proporcionalidad exigida por la Ley de Igualdad, reduciendo la ya escasa presencia de mujeres en el Tribunal Supremo —que a nadie se le escapa—, como en la franja de antigüedad superior a los veinticinco años, de manera que ustedes, de nuevo, alteran las reglas del juego democrático. Dirán que tienen la mayoría parlamentaria suficiente para ello —nadie se lo discute— y que la ciudadanía les ha votado de forma mayoritaria, que están legitimados y ostentan la representatividad, pero cabe decirles que ganarán la votación y cambiarán la ley, pero no convencerán.

Por todos los motivos expuestos, solicito el voto favorable al veto propuesto por Esquerra Republicana de Cataluña.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Buenos días.

Señorías, defiendo el veto que hemos formulado los dos senadores de Izquierda Unida a este proyecto de ley.

Me van a permitir que previamente haga referencia a lo expresado en la última comparecencia ante este Pleno por el señor ministro de Justicia. No contamos hoy con su presencia, siempre grata, pero hace menos de 48 horas respondió en la Cámara a preguntas formuladas por alguno de los senadores. En la respuesta a alguna de esas preguntas decía que su ministerio, él, el Gobierno tenía en contra a los profesionales de la justicia, lo cual no es, desde luego, un mérito para un ministro de Justicia, porque es imposible conseguir el funcionamiento normal de la justicia sin contar con la colaboración, a poder ser con la complicidad de eso que, en una expresión que a mí no me gusta, se llama desde hace unos años operadores jurídicos, los profesionales del derecho, como siempre se llamó y que en mi opinión suena bastante mejor. Decía orgulloso el señor ministro que tenía en contra a los profesionales de la justicia, pero tenía consigo a los ciudadanos. Esa es una expresión muy fácil de realizar, pero mucho más difícil de demostrar.

Yo no discuto que el Partido Popular, que el Gobierno del presidente Rajoy contó, en el momento en que hubo unas elecciones generales en este país, con el 46% de respaldo del electorado. Pero esa foto fija que le da la legitimidad para gobernar durante cuatro años si mantiene la confianza de las Cámaras, no es un aval que permita sostener que cada una de las decisiones del Gobierno es respaldada por la mayoría de los ciudadanos, sobremanera en el caso concreto del Ministerio de Justicia si analizamos las decisiones que desde ese ministerio se han venido avanzando en los últimos tiempos. Yo no sé de dónde puede sacar el ministro de Justicia que la mayoría de los ciudadanos están a favor de las tasas judiciales, frente a las que se expresaron en contra no solo los profesionales de la justicia, sino todas las organizaciones sociales, porque en el período que media entre una elección y otra lo que hay es sociedad vertebrada, organizada y representada por sus organizaciones sociales, y la opinión de esas organizaciones sociales seguramente resulta más fiel a lo que piensa la mayoría de la sociedad que la interpretación que se realiza desde la torre de marfil de un ministerio.

Últimas mediciones de la opinión de los ciudadanos. Acaba de publicarse una encuesta encargada a Metroscopia por el Consejo General de la Abogacía: el 84% de los ciudadanos están en contra de que desaparezcan colegios de abogados, como aquel al que tuve el honor de pertenecer durante veinticuatro años, el Colegio de Abogados de Gijón. Por lo tanto, a la hora de comparecer ante estas Cámaras, pido prudencia a los miembros del Gobierno. Tienen todo su




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derecho a decir que contaron con la confianza y los votos suficientes para gobernar en su momento, pero eso no les permite decir, ante cada una de sus decisiones, que la mayoría de los ciudadanos están de acuerdo.

Última cuestión —y entro ya en materia— con relación a las tasas judiciales. Saben ustedes muy bien que esos malvados profesionales del derecho acaban de pronunciarse en el sentido de que no se pueden establecer tasas judiciales con relación al recurso de suplicación en la jurisdicción laboral. Hace pocos días el Tribunal Supremo se ha manifestado en esa dirección, propinando una pequeña colleja más al Gobierno de España y al ministro de Justicia.

Entro al fondo. Estamos ante una reforma del Consejo General del Poder Judicial que forma parte de ese paquete de reformas estructurales. No es una reforma que responda a argumentos de carácter sustancialmente económico, sino que responde a otras motivaciones. Es una reforma del marco normativo que afecta a un poder del Estado, en consecuencia vamos a pensar que debiera ser una reforma muy delicada que tendría que contar con un importante respaldo para que no se entendiera que afecta al equilibrio de poderes y a la credibilidad del sistema democrático en un momento en que esta no se encuentra en su punto más álgido precisamente.

Entrar como elefante en cacharrería en la reforma de uno de los poderes del Estado cuando un sector amplio de la sociedad española empieza a sentir una clara desafección no solamente ante la clase política, sino también ante el propio funcionamiento del sistema democrático, resulta muy poco responsable. Resulta muy poco responsable porque abunda en la generación de esa idea de que el funcionamiento de nuestro sistema cada vez responde menos a la voluntad de los ciudadanos y cada vez se amolda más a las necesidades, a las demandas y a la exigencias de poderes que están detrás de la cortina y que no son precisamente los poderes que representan el interés general de esta sociedad. Lo apuntaba la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, la señora Capella: el precedente que hay en esta Cámara es el Pleno del 9 de abril, en el que se planteó esa suspensión de la vigencia de los artículos 112 y de forma parcial el 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para condicionar el proceso de elección ya en marcha de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Así como los ciudadanos tienen claro cuál es el papel del resto de los poderes, el ciudadano no tiene ninguna duda de qué representa el Poder Ejecutivo y quién representa al Poder Ejecutivo, no tienen tampoco dudas de quién representa al Poder Legislativo —aunque esta Cámara quede siempre en un segundo plano y cuando se habla del Legislativo para el ciudadano la imagen que se proyecta es la del hemiciclo del Congreso—, sin embargo el Poder Judicial es un poder más difuso, es un poder incluso gaseoso, que los ciudadanos perciben y miden en su relación directa con jueces y magistrados; es a partir de esa relación directa como los ciudadanos se hacen una idea, una visión de lo que es el Poder Judicial. Y esa visión que los ciudadanos tienen, esa visión que reflejan las encuestas del CIS, parte de unos hándicaps que son los del mantenimiento de tradiciones en el funcionamiento de jueces y magistrados, en el funcionamiento del Poder Judicial, Administración de Justicia, que hacen que se mantengan —que conste que yo no soy especialmente contrario a ello— togas, que se mantenga un lenguaje que los ciudadanos no entienden, como hábeas corpus, apud acta: latín. La culpa no la tienen los ciudadanos ni la Administración de Justicia, sino el sistema educativo de que el latín se vea como algo ajeno e incomprensible, pero piénsese que la Iglesia católica después del Vaticano II quitó a los curas la sotana, quitó el latín de la misa para aproximarse a los ciudadanos, mientras que nosotros lo mantenemos. Yo conocí el traje de sala, que era camisa blanca y el resto todo negro, sobre eso superpóngase una toga negra, iníciese el ritual «con la venia de su señoría ilustrísima» y compréndase el estupor y a veces pavor del justiciable que se ve en esa situación.

Es decir, partimos de un distanciamiento propio del funcionamiento de la Administración de Justicia en relación con el ciudadano. Superpongamos a ello, a esa imagen distante, esta reforma y veamos el resultado: más distanciamiento, más alejamiento, en un momento en el que la justicia —tuve la oportunidad de decirlo en alguna otra intervención parlamentaria— ve opciones para acercase a esos ciudadanos porque la crisis convierte a la justicia en la última trinchera de defensa de los derechos de los ciudadanos, que sufren ajustes, que sufren recortes.

Lo demostró la justicia, aunque tarde —es otra de sus características—, en el tema de las cláusulas suelo, lo está demostrando en el tema de las preferentes, en los casos de corrupción, en la interpretación de la reforma laboral, en cómo se salió al paso de determinados recortes en




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materia sanitaria; de alguna forma se recuperó aquel espíritu de la justicia de la Transición en la que jueces y tribunales, una parte al menos, un sector de ellos, se sumó al planteamiento del uso alternativo del derecho; entonces para cambiar y avanzar, ahora para resistir, para defender, para salir al paso de esas políticas restrictivas.

Pudiera entenderse que esta reforma, igual que la configuración del Tribunal Constitucional, se ha hecho, precisamente, para impedir ese papel de la justicia, para establecer un control político mayor desde el Ministerio de Justicia, condicionando y limitando el papel del Consejo General del Poder Judicial, que proyectado hacia abajo acabe también reduciendo y limitando el papel de la Administración de Justicia, de jueces y tribunales, en la defensa de esos derechos de los ciudadanos. Yo estoy convencido de que se realizó esta nueva configuración del Tribunal Constitucional para evitar cualquier riesgo de que pudiera darse una sentencia como la que dictó el Tribunal Constitucional portugués declarando inconstitucionales unos Presupuestos Generales del Estado que suponían ajustes, recortes y reducción de derechos y que, por lo tanto, chocaban con un texto constitucional que consagraba esos derechos; texto constitucional portugués que, en esa materia, no es muy diferente al texto constitucional español, por supuesto.

Nuestro veto intenta partir de algo que creemos consustancial al sistema democrático y a lo que ya se ha hecho referencia, de esa división de poderes que arranca en su formulación teórica del espíritu de las leyes de Montesquieu cuando se cumplen ahora aproximadamente 265 años de la publicación de esta obra. No es esta modificación la reforma de la modernización necesaria de la justicia; le falta, por supuesto, vocación de consenso, consenso no solamente con los profesionales del derecho, sino consenso con la sociedad, que sufre las consecuencias de esta reforma.

Nuestro modelo, lo hemos defendido en multitud de ocasiones, es un modelo de elección parlamentaria pura de los vocales, con posibilidad de propuesta abierta también a otros colectivos, aparte de los que se reflejan en la ley —, usuarios, colegios profesionales —, con un sistema de audiencia de los candidatos ante las comisiones del Congreso de los Diputados y del Senado que permitan evaluar su adecuación — eso que dice la exposición de motivos de que responda a capacidad y mérito; rechazamos que se aplique proporcionalidad entre jueces y magistrados, entre afiliados y no afiliados, que tres de los vocales tengan que ser magistrados del Supremo, que otros tres tengan que tener más de 25 años de antigüedad, porque eso, evidentemente, se convierte en un embudo que reduce la representatividad del Consejo en relación con la realidad de la justicia española. El resultado no es reflejo de la carrera judicial y condiciona que la designación de los vocales sea con arreglo exclusivamente, como decía, a los criterios de mérito y capacidad. No compartimos que haya vocales con dedicación exclusiva, y otros que no la tengan y compatibilicen su actividad con su trabajo anterior. Ya lo apuntaba antes la portavoz Esquerra Republicana. Me coloco en situación: abogado en ejercicio, miembro del Consejo General del Poder Judicial en la Comisión Disciplinaria, compatible en juicio, el juicio, y el magistrado diciéndole: céntrese en el tema, vaya terminando, esa pregunta no es pertinente…; la sonrisa de conejo que se le puede poner al letrado mirando a su señoría ilustrísima es inevitable. Rechazamos, y acabo ya, la desaparición de la Comisión de Calificación —luego lo argumentaré—, reivindicamos la posibilidad de censurar…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Acabo ya, señor presidente.

Finalmente, creemos que también se debería abrir la posibilidad de la creación de los consejos autonómicos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Para la defensa de la propuesta de veto número 5, de los senadores Guillot y Saura, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Hay muchas razones para presentar un veto a este proyecto de ley, pero quisiera, antes que nada, expresar el motivo fundamental de nuestro veto. Podríamos hablar de la elección de la




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vicepresidencia del Consejo, de muchas cosas pero, señorías, presentamos el veto por tres razones. Primera, porque este proyecto de ley reduce la independencia del Consejo General del Poder Judicial. Segunda, porque este proyecto de ley subordina y supedita el Poder Judicial al Poder Ejecutivo; y, en tercer lugar, porque este proyecto de ley atenta al equilibrio de los poderes del Estado.

Son tres razones no pequeñas, no marginales, son tres razones que afectan directamente a la naturaleza y a la estructura del Estado de derecho; o dicho de otra manera, son tres razones que afectan al núcleo central de nuestra democracia: reducción de la independencia del Poder Judicial, supeditación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo y ruptura del equilibrio entre los tres poderes del Estado. Y todo esto no pasa en cualquier momento, pasa en un momento donde la corrupción está presente en la sociedad y en los procesos judiciales; pasa en un momento en el que, como se ha dicho antes, hay sectores importantes de la sociedad que reclaman mayor transparencia.

Si esta opinión fuera una opinión simplemente del senador Jordi Guillot y mía, sería fácil rebatirla o se podría decir que es una opinión minoritaria. Pero en estos momentos todo el mundo, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, el Tribunal Supremo, los presidentes de las audiencias provinciales, las asociaciones, las asociaciones internacionales, todas estas entidades expresan su rechazo a este proyecto de ley.

Quiero leerles algunos párrafos que fundamentan o refuerzan mi opinión. Conclusiones de los presidentes de las audiencias provinciales. Dicen lo siguiente: Los presidentes de las audiencias provinciales mostramos nuestra disconformidad con las diversas iniciativas legislativas que tienden a debilitar el Estatuto de los Jueces. Consideramos prioritario el fortalecimiento del Poder Judicial y la defensa de su independencia. Esto lo dicen los presidentes de las audiencias provinciales.

El 24 y el 25 de mayo, en una reunión anual de la Asociación Europea de Jueces, la conclusión fue la siguiente: El contenido del proyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial publicado por el Gobierno tiende a disminuir la independencia de la justicia, y esta propuesta tiende a poner en riesgo la independencia del Poder Judicial, en particular en lo referente a su relación con los poderes ejecutivos. Los presidentes de las audiencias provinciales piden a Europa que juzgue si la reforma del Consejo General daña la independencia judicial. Medel, una asociación internacional, dice: el proyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial presentado por el Gobierno español, que actualmente se tramita en el Parlamento, representa una iniciativa que afectará negativamente a la independencia de los jueces españoles. Y continúa: entre otras, la reducción de competencias del órgano de gobierno judicial y la absorción de estas funciones por el Poder Ejecutivo supone —dicen— una quiebra del principio de separación de poderes como elemento básico de todo Estado de derecho. Jueces para la Democracia, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Unión Progresista de Fiscales Independientes, la asociación profesional dicen: Queremos denunciar que el ministro de Justicia está solo. Pretende aprobar una reforma del Consejo General en contra de todos los grupos parlamentarios y en contra de todas las asociaciones. Es la primera vez en la historia que una reforma de la ley orgánica de tal calado va a ser aprobada en contra de todos los grupos parlamentarios.

Y, para finalizar, para no cansarles más, la primera conclusión del informe del Consejo General del Poder Judicial, que es un poco más extensa, pero quiero leerla, dice: El anteproyecto puede dar lugar, si llegase a alcanzar vigencia normativa, a un desapoderamiento de importantes funciones que la normativa hoy vigente ha otorgado al consejo como medio para garantizar la independencia de jueces y magistrados. Estas funciones pretenden otorgarse al Poder Ejecutivo, reduciendo notoriamente las competencias del consejo y atribuyendo al Ministerio de Justicia la potestad reglamentaria, facilitando de ese modo la posibilidad de controlar y condicionar su funcionamiento, en claro menoscabo de su independencia, lo que podría tener el pernicioso efecto de colocar al Poder Judicial y a sus miembros en una relación de subordinación. Es decir, no hay nadie, absolutamente nadie: organismos internacionales, el Consejo General, el Consejo Fiscal, las asociaciones, que no rechace este proyecto —insisto—, porque fundamentalmente es un proyecto que supedita el Poder Judicial al Poder Ejecutivo.

Y la pregunta es: si todo esto es así, si es obvio que hay un ataque a la separación de poderes como núcleo central de nuestra democracia, por qué el Gobierno, en primer lugar, elabora este proyecto. El otro día un juez me decía en plan de broma que si el ministro de Justicia hubiera




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presentado este proyecto en primero de Derecho le hubieran suspendido. No sé si le hubieran suspendido, no soy jurista. Pero, posiblemente, este proyecto entra en contradicción flagrante, absolutamente flagrante con un principio de separación de poderes. La pregunta es por qué el Gobierno ha hecho esto. ¿Hay alguna razón en este proyecto, algún objetivo de mejora de la justicia? Porque es un proyecto que en la exposición de motivos define que hay problemas, pero no concreta cuáles. Y ha habido muchos problemas. Por ejemplo, recuerdo un problema, porque, sin que nadie pidiera al Consejo del Poder Judicial un informe sobre el Estatuto de Cataluña, hizo un informe sobre el Estatuto de Cataluña. No sé a qué respondía pero lo hizo, posiblemente desde una visión partidista o sectaria. Solo encuentro una explicación a por qué el Gobierno, a pesar del rechazo de todos los sectores, mantiene este proyecto de ley. La respuesta que tengo —me gustaría que si es otra se me diera desde el grupo de la mayoría— es que el Ejecutivo quiere controlar al Poder Judicial, quiere que el Poder Judicial, en definitiva, esté subordinado al Poder Ejecutivo.

Por todas estos motivos presentamos el veto, un veto que —insisto— puede tener muchas razones pero fundamentalmente porque atenta al núcleo central de la democracia. Hay otros aspectos accesorios, como pueden ser la paridad o la no creación de los consejos autonómicos que pueden estar en esta línea.

No quisiera acabar esta intervención sin hacer una pequeña y breve reflexión sobre la política del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia está haciendo muchas reformas, pero la pregunta es: si todas las que dice, las que ha hecho y las que quiere hacer se aprueban, ¿finalmente, qué quedará, que va a cambiar desde el punto de vista judicial en España con las reformas del Ministerio de Justicia o del ministro de Justicia? Creo que van a quedar dos ideas si el ministro Ruiz-Gallardón hace todo lo que dice que quiere hacer. Primero, una disminución de derechos de ciudadanía en relación a la justicia. Los ciudadanos van a tener menos derechos de justicia. La Ley de tasas es un ejemplo, la no sustitución de los jueces y magistrados es otro ejemplo o posiblemente la Ley del aborto va a ser otro ejemplo, es decir, la herencia, desde el punto de vista de los ciudadanos, de la política del Ministerio de Justicia va a significar una disminución de derechos. Y la segunda idea, como he dicho antes, es la reducción de la independencia del Poder Judicial y la ruptura de aquello que Montesquieu decía: la necesidad de la independencia y de la separación de los tres poderes del Estado.

¿Cómo se hace esto? ¿Cómo lo articula, en definitiva, el Gobierno? No es lo que más me interesa y es de lo que vamos a hablar luego, en el debate de las enmiendas. Lo hace, fundamentalmente, desapoderando funciones y atribuciones y competencias del Consejo General para pasarlas al Ministerio de Justicia. Es decir, ¿cómo es posible que el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, tenga independencia y autonomía si, por ejemplo, en la selección del personal se limita a participar? No se limita a convocar, a ejecutar, a resolver. Es como si sobre el personal del Senado, en definitiva, no tuviéramos autonomía para convocar, seleccionar y contratar, como si el Poder Judicial o el Poder Ejecutivo intervinieran en la política de nuestro personal. ¿Cómo sería posible que el presupuesto o la administración de los bienes materiales y económicos del Senado lo condicionasen el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial? Hay toda una serie de elementos que provocan que no se permita que el Consejo General del Poder Judicial tenga autonomía de acción desde el punto de vista de la selección de personal, de la formación y de llevar adelante iniciativas de refuerzo en determinados momentos. En este sentido, los criterios de selección —como luego explicaré en el debate de las enmiendas— permiten la arbitrariedad, como por ejemplo que se nombren vocales del Tribunal Supremo en desproporción con el resto de vocales o que el tener una antigüedad mayor de 25 años en la profesión, no sabemos por qué razón, dé un plus que no tienen otros jueces.

Además, ¿por qué no se atribuye al Consejo General del Poder Judicial la capacidad de aprobar definitivamente sus presupuestos?

Quiero acabar por donde empecé. No me interesa en esta primera intervención hacer una mención específica de las enmiendas concretas, lo que me interesa es subrayar que estamos ante un proyecto de ley democráticamente grave, un proyecto de ley que, insisto, rompe con la separación de poderes establecida en la Constitución, en un intento de supeditar el Poder Judicial al Poder Ejecutivo.




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Quiero hacer una última reflexión general y es que podemos calificar la acción del Gobierno del Partido Popular como una involución conservadora en todos los terrenos. En el terreno laboral hay una involución conservadora que lleva a que los trabajadores tengan hoy menos derechos que hace veinte años; una involución conservadora en las políticas medioambientales; una involución conservadora en las políticas sanitarias; en las políticas educativas; y, además, una involución democrática, y creo que una de las líneas que no se pueden traspasar ni siquiera con mayoría absoluta es la línea roja de la democracia. Si ustedes aprueban esta ley estarán hoy traspasando una línea roja democrática que dice que el Estado de derecho, el Estado democrático precisa de la separación de los tres poderes del Estado y ustedes están permitiendo una involución conservadora en este sentido.

Por estas razones, les pedimos que retiren el proyecto de ley y que presenten y consensúen otro que, en definitiva, no traspase la línea roja de la involución democrática.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

La propuesta de veto número 6 ha sido presentada por la senadora Almiñana Riqué, el senador Boya Alós, el senador Bruguera Batalla, el senador Martí Jufresa, el senador Montilla Aguilera, el senador Sabaté Borràs y la senadora Sequera García.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, debatimos hoy la reforma del Consejo General del Poder Judicial segregada de una reforma más amplia, que sería necesaria en relación con la Ley Orgánica del Poder Judicial y que se nos ha anunciado para el otoño.

Su objetivo, al igual que en el caso de la Ley Orgánica 1/2013, de 11 de abril, que modificó los artículos 112 y 114, solo es el de asegurar que la elección del próximo Consejo General del Poder Judicial se haga de acuerdo con las nuevas reglas, con el interés y sesgo partidista que ello comporta.

Ahora bien, ustedes saben que la renovación de hecho se había iniciado con anterioridad a la publicación de la modificación parcial de la Ley Orgánica 1/2013 ya que, cumpliendo los plazos, el presidente del consejo dirigió una carta a las Cámaras al mismo tiempo que se debatía en estas el proyecto de ley de suspensión del mecanismo de elección. Existe, pues, desde nuestro punto de vista un conflicto con la aplicación retroactiva de la Ley Orgánica 1/2013 al mecanismo de renovación. Es decir, es más que discutible que tras la expiración del mandato del actual consejo la renovación se lleve a cabo con esta todavía futura ley, y lo queremos poner de relieve.

Señorías, estamos ante una norma que supone un paso más en el proceso iniciado a comienzos de legislatura, por el que el Gobierno y la mayoría que le apoya cambian las reglas del juego democrático. Ustedes cuando son oposición, si está en sus manos y en muchas ocasiones lo ha estado, bloquean el funcionamiento de las instituciones y su renovación. Un ejemplo que recuerdo: la vacante producida en el Consejo General del Poder Judicial por la elección como diputado y después como ministro de José Antonio Alonso, en el año 2004. Una vacante que no se llegó a cubrir en toda la legislatura, ustedes lo imposibilitaron. Otro ejemplo, la vergüenza que supuso durante años el bloqueo del Tribunal Constitucional con algunos de sus magistrados con el mandato agotado. Decía que cuando son oposición bloquean las instituciones y su normal funcionamiento, y cuando son Gobierno, y más si disponen de una amplia mayoría absoluta, como es en este caso, entonces, señorías, cambian las reglas del juego. En poco más de un año lo han hecho ustedes en la Corporación de Radio Televisión Española, que ha pasado de ser un conjunto de medios plurales a unos medios gubernamentales, por cierto, cada vez con menos audiencia, pero eso sí, férreamente controlados. Han continuado ustedes con los organismos reguladores. En este caso como el cese de consejeros con mandato sin finalizar hubiera sido escandaloso para la Unión Europea, ustedes lo que han hecho es cambiar la ley, fusionar los organismos, con lo cual cesan todos, se aprovecha para recentralizar competencias y nombrar a personas, que ya lo veremos, pero seguro que serán más afines y obedientes, estoy convencido.

Y ahora le toca el turno al Consejo General del Poder Judicial. Y nuevamente el tema clave tiene relación con el pluralismo y la independencia, que a ustedes les molesta ya sea en la televisión, en la competencia y los reguladores sectoriales o en un servicio fundamental, además




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de un poder del Estado, como es la justicia. Porque el objetivo fundamental de esta ley tendría que ser el de garantizar el funcionamiento de la justicia como servicio público, y especialmente garantizar la independencia de jueces y magistrados en el ejercicio de su jurisdicción. Y justo ello es lo que debilita el proyecto de ley que estamos tratando porque, en primer lugar, pretende un desapoderamiento de importantes funciones que hoy lo son del consejo, y que con la nueva norma pasarán a serlo del Ministerio de Justicia. Y ello será así, a pesar de los cambios de última hora efectuados en el trámite parlamentario en esta Cámara del artículo 560 y la disposición adicional primera, cuyo contenido en el texto enviado por el Congreso ciertamente era sumamente escandaloso como instrumento de desapoderamiento del Consejo, contraviniendo, incluso, como ustedes saben, jurisprudencia constitucional.

Señorías, forma parte de esta merma de funciones del futuro Consejo General del Poder Judicial la reducción de su papel respecto a la elaboración y ejecución de su presupuesto, restando operatividad y eficacia a su funcionamiento, como nos recordaba el senador Saura. Pero el tema más medular de esta reforma tiene relación con las características de la elección por el Congreso y el Senado de los vocales a las que hacen referencia los artículos 572 y siguientes. Habría que aprovechar esta reforma, señorías, para mejorar el funcionamiento del consejo con el margen que nos da la Constitución, porque otra cosa es que el modelo que prevé la misma, con una composición de veinte consejeros, no sea discutible. Evidentemente lo es, y yo creo que hoy seguramente habría un amplio acuerdo —si pudiéramos remontarnos al año 1978, al año en que se elaboró la Constitución— en que un consejo tan amplio no es lo más adecuado. Seguramente eso es así después de más de tres décadas de funcionamiento, pero ustedes introducen cambios sustanciales y, como siempre, tal y como se ha recordado de forma unilateral, no dialogada ni negociada. Y ello caracteriza la acción de este Ministerio, el de Justicia, como también se ha recordado por parte de algún otro portavoz. Un ministerio que ha conseguido en todas sus iniciativas, desde la Ley de tasas a la que estamos analizando o a otras que se han anunciado como la de interrupción del embarazo, una unánime reprobación por parte de las formaciones políticas, sociales y de la opinión pública. Otra reforma, la de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ésta, no gusta a nadie y es criticada por todos, salvo por ustedes, como también se ha recordado desde esta tribuna hace justo unos minutos.

El artículo 579 de la ley prevé que los vocales del nuevo consejo, salvo los que integran la comisión permanente, permanezcan en servicio activo si son miembros de la carrera judicial o funcionarios de otro cuerpo, y que sigan desempeñando su actividad profesional si son, por ejemplo, abogados. Así, seguramente, lo que conseguiremos es que se deje de hablar también de las cuotas de partido, igual empezamos a hablar de otras cuotas —voy a decir unos nombres y podrían ser otros—, Uría, Garrigues, Cuatrecasas, porque abogados en activo pueden acabar decidiendo o participando en nombramientos, en expedientes disciplinarios sobre magistrados que, quién sabe, igual entre sus numerosos asuntos sí hay o habrá alguno relacionado con la actividad profesional o la actividad del despacho de este consejero o consejeros, podríamos decir, a tiempo parcial; confusión entre lo público y lo privado y pérdida de la independencia que han de tener los máximos responsables del órgano de gobierno de la judicatura. La nueva regulación propuesta establece además vocales de primera y de segunda, hablemos claro, entre aquellos que compatibilizan la función con el ejercicio de la profesión y los miembros de dedicación exclusiva; incompatibilidades y colisión de intereses entre los que ejercen libremente la profesión y los magistrados que sin tener dedicación exclusiva ejercen la jurisdicción, y ello a pesar de la aclaración realizada también en el trámite parlamentario respecto a la compatibilidad de los mismos componentes, de naturaleza gubernativa, en órganos de gobierno de juzgados y tribunales, que era confuso evidentemente en el texto enviado por el Gobierno a las Cortes.

Hace mención la ley también a tener en cuenta a los jueces y magistrados afiliados y no afiliados a las diferentes asociaciones, para olvidar otras consideraciones como podría ser la de la paridad, establecida en la Ley de igualdad, como se ha obviado, por cierto, la paridad en los nombramientos recientes del Tribunal Constitucional por parte del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial; dos y dos, los dos hombres. Es caprichoso, arbitrario y contiene un sesgo ideológico también el mandato que se efectúa al Congreso y al Senado condicionando su voluntad. El que todas las categorías de la carrera judicial sean elegibles para el consejo, que prevé la Constitución, se transforma en que todos estén representados pero no proporcionalmente; los




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magistrados del Supremo y aquellos con más de 25 años de antigüedad, también como se ha dicho antes desde esta tribuna, estarán más que sobre-representados, con el sesgo ideológico, no nos engañemos, ideológico y de género también, que ello supone. Hablando más claro, es decir, más de derechas y menos mujeres.

Además yo preguntaría, ¿la ley tiene en cuenta a esta Cámara, tiene en cuenta la mayoría cualificada del Partido Popular en la misma? Yo creo que sí. ¿Para qué? Para poder elegir a los miembros que le corresponden y que pueda constituirse el nuevo consejo aunque no haya un acuerdo entre las formaciones políticas; por tanto, si no hay acuerdo en los nombramientos de vocales propuestos por el Congreso de los Diputados, no pasa nada. Se burla así o se puede burlar, utilizándolo como chantaje y contraviniendo claramente el artículo 122.3 de la Constitución en cuanto a que podría darse el caso de que el mandato de los vocales elegidos por el Congreso fuese por un periodo inferior a cinco años, según se desprende del artículo 570 de la ley, y que el nuevo consejo se constituya con los todavía hoy miembros elegidos por el Congreso, que verán prorrogado su mandato hasta tanto en cuanto no se elijan nuevos miembros.

Presentamos el veto por estas y otras razones, como el presidencialismo, que prevé la ley, las características de la Comisión Disciplinaria o la falta de ni tan siquiera alusión a la desconcentración del propio Consejo General del Poder Judicial o la no mención a un problema como el de los más de 1200 magistrados suplentes y jueces sustitutos que, después de muchos años de servicio, hoy se encuentran sin trabajo, a pesar de que el volumen de asuntos pendientes, como ustedes saben, continúa creciendo en muchos juzgados, con el descrédito que ello supone para la justicia y la lesión de derechos que comportan para los ciudadanos. También a este problema se le podría haber dado una solución, aprovechando la tramitación de la ley, como en otras leyes, en este mismo Pleno, que se han aprovechado, sin ningún tipo de problema, como vehículo para cosas que no eran el objetivo central de ellas. Lo pudimos ver ayer. Repito que también a este problema se le hubiera podido dar una solución.

Como ustedes pueden ver, estas y otras razones, que desarrollaré en posteriores intervenciones, requerirían y justifican, desde nuestro punto de vista, el presente veto a esta ley.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Para la defensa de la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Egun on. Buenos días, señorías.

El debate que hoy celebramos tiene que ver, y mucho, con elementos absolutamente vitales para nuestra regeneración democrática, con elementos para la superación de la crisis, con elementos en los que tengamos la oportunidad de aportar el diálogo. Hay asuntos en los que, por razones ideológicas, será muy difícil que exista un acuerdo y un consenso entre los distintos grupos, pero este debe ser uno de ellos en los que, al margen de nuestras ideologías, seamos capaces de estar a la altura de las circunstancias.

Creo que estas palabras que acabo de leerles encontrarían en nosotros un elemento de acuerdo, un elemento de unión, un elemento de consenso; y no son unas palabras que acabe de inventarme, sino que es una parte del discurso que el ministro Alberto Ruiz-Gallardón planteó en el Pleno del Congreso el 18 de abril del 2013, al inicio de este mismo debate.

Lo que hoy nos toca es ver el resultado de esa reflexión o de ese planteamiento. Y primeramente quiero hacerlo desde nuestra propia Cámara, desde el Senado, y ver hasta qué nivel hemos podido debatir, se ha debatido, se ha reflexionado o se ha discutido. Y, a su vez, siendo consciente —y lo soy y lo reconozco— del esfuerzo realizado por el senador Altava y la senadora Vindel y las ganas que ellos mismos, como responsables y portavoces en la Comisión de Justicia, han puesto para alcanzar ese acuerdo. Pero el resultado, independientemente de esas ganas, ha sido justo el contrario, porque prácticamente no se ha aprobado ninguna enmienda y aquella que sí se ha aprobado es relativamente débil, a excepción honrosa de alguna que otra. Y no solo eso, sino que también debiera hacernos reflexionar sobre el parlamentarismo actual, porque en esa misma Comisión de Justicia pudimos aprobar una serie de transaccionales con participación del propio Gobierno, del propio Ejecutivo, en la Cámara legislativa.




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De todas maneras, y trayendo a colación las palabras del ministro Gallardón, como antes ha dicho nuestro queridísimo senador Joan Saura, hasta los presidentes de las audiencias provinciales han mostrado su enfado y —fíjense— han acordado solicitar a los presidentes de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo que valoren si esta reforma que estamos debatiendo hoy lesiona la independencia judicial o no. En ese sentido, también quiero traer a colación la pregunta de nuestro queridísimo compañero y senador Tontxu Rodríguez, la última pregunta que se realizó en la sesión de control al ministro de Justicia, y la respuesta que le dio, en la que no daba tanta importancia a los operadores jurídicos como a la ciudadanía. Y puedo hasta entender esa reflexión, pero evidentemente no la comparto, porque si de verdad cree el ministro de Justicia en la respuesta que le ha dado a nuestro querido senador, creo que no conoce verdaderamente dónde está la ciudadanía ni conoce verdaderamente cuáles son el posicionamiento y las preocupaciones de la sociedad. Porque si entiende el señor ministro que la ciudadanía está contenta con la justicia que hoy día tiene, evidentemente está muy confundido.

De todas maneras, es importante también hacer una valoración sobre lo que dicen los propios afectados. Voy a leerles un texto del informe al anteproyecto de ley orgánica realizado por el Consejo General del Poder Judicial, donde dice algo tan grave como lo siguiente, hablando de este proyecto: Lo cierto es que el mismo lleva a cabo un desapoderamiento de importantes funciones que la normativa hoy vigente ha otorgado al Consejo General del Poder Judicial como medio para garantizar la independencia de jueces y magistrados. Estas funciones pretenden otorgarse al Poder Ejecutivo reduciendo notoriamente las competencias del Consejo General del Poder Judicial y atribuyendo al Ministerio de Justicia la potestad reglamentaria relativa a las condiciones accesorias al Estatuto de jueces y magistrados, facilitando de ese modo la posibilidad de controlar y condicionar su funcionamiento en claro menoscabo de su independencia. Y continúa.

Es decir, un Consejo General del Poder Judicial, un colectivo, una institución tan implicada en la responsabilidad de la justicia es crítica con este proyecto que a él mismo se refiere, y no se es capaz de negociar ni de acordar siquiera con el propio Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, las palabras que al inicio de esta intervención he traído a colación y que han sido pronunciadas por el ministro Gallardón es evidente que hacen agua por todas partes. Y no solo eso, sino que además nuestro grupo entiende que asistimos a un proyecto mal gestionado. Mal gestionado, porque, recordarán ustedes cómo no hace mucho tiempo aquí también se planteó una reforma parcial de la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para lo que el propio consejo elaboró un informe en el que venía a decir lo siguiente: Ciertamente, aunque no es una situación habitual ni una técnica legislativa ortodoxa, tampoco carece de antecedentes en nuestro ordenamiento aunque hubiera resultado fácilmente evitable llegar a esta situación de excepcionalidad y premura con una previsión cronológica previa al inicio del trámite legislativo, previsión que solo el Ejecutivo podría realizar en la medida en que ha sido el autor del anteproyecto.

Como digo, ha habido una mala gestión, y no solo por la modificación de los citados artículos, sino también por esto, por este anteproyecto, que el 23 de abril en el palacio de Parcent el propio ministro nos entregó y que es el borrador de anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial elaborado por una comisión institucional, etcétera. Entonces el planteamiento es, ¿asistimos en estos momentos a una reforma por fascículos? ¿Hoy traemos un fascículo, mañana traemos otro y el mes que viene, otro?

Entendemos que si entramos en una línea de acuerdo, en una línea sincera de debate con este tipo de proyectos, evidentemente lo que se requiere es una reflexión seria, amplia. No se puede entender el Libro II sin el resto, del mismo modo que no se puede entender lo que llamaba un fascículo sin el resto. Por eso planteamos también la mala gestión de este proyecto.

En cuanto al veto que hemos presentado, son tres los ámbitos que motivan nuestro razonamiento, pero los tres podemos resumirlos o sintetizarlos en una frase como la siguiente: la inadaptación a las necesidades de la sociedad. Y justifico esta inadaptación en base, como he dicho, a tres ejes. El primero, los consejos autonómicos. El segundo, la dedicación de los vocales. Y el tercero, que ya es hora de que dejemos de plantear el tema de la igualdad de género como un tema secundario. Ya es hora. Y eso mismo justifica también la presentación de nuestro veto.

Con respecto al primer punto, el de los consejos autonómicos, no le voy a dar lo que ustedes denominarían o calificarían como un sesgo nacionalista, no; me voy a referir a él desde un punto de vista práctico, efectivo, es decir, siguiendo el principio lógico de cercanía al afectado. ¿No es




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mucho más coherente y más eficaz que el Consejo General del Poder Judicial tenga antenas, tenga ámbitos mucho más localizados, mucho más locales, que sean capaces de trasladar, en base a los criterios con los que trabaja el Consejo General del Poder Judicial, las necesidades y ambiciones que esta institución pueda tener?

El senador Altava decía en la comisión: Creemos que en esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo que afecta al Consejo General del Poder Judicial, no es el momento idóneo, máxime cuando el artículo 122 trata el principio de unidad jurisdiccional y conocemos lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, que declara inconstitucional el Consejo de Justicia de Cataluña. Pero —repito— creo que no es objeto de debate en estos momentos.

Es decir, plantea parte de lo que es la sentencia al cepillado del Estatuto de Cataluña para decirnos que no es nada procedente este tipo de consejos autonómicos locales, con lo cual mi reflexión es: si eso es así, ¿cómo ha sido posible que ese consejo quede dentro de lo que es ese cepillado del Estatuto de Autonomía de Cataluña? ¿O cómo es que está en el Estatuto de Autonomía de Aragón? ¿O cómo está también en el Estatuto de Autonomía de Andalucía? ¿Cómo es eso? Como decía el señor Olabarria en su intervención en el Congreso de los Diputados, hasta siete autonomías tienen ese consejo autonómico. Entonces, ¿por qué no es posible? ¿Por qué en este caso y por qué ahora, en que queremos, entre comillas, modernizar la justicia, etcétera, no caben este tipo de organismos? ¿Por qué?

La justicia tiene grandes problemas en su gestión, grandes problemas, y creo que todos somos conscientes y que todos los presentes intentamos ahondar en ellos para buscarles solución. Y sabemos también que si no fuese por este tipo de prejuicios sería posible este consejo autonómico, y que esto, que es posible en esos siete estatutos de autonomía, sería posible en los diecisiete, porque esta reforma de la ley lo posibilitaría.

Hablando de la dedicación de los vocales, mi pregunta es muy sencilla, porque ustedes aducen dos razones principalmente, como son el ahorro y la agilización de las decisiones y del funcionamiento del propio Consejo General del Poder Judicial. Y mi pregunta es: ¿y qué ahorro supone? Pero creo que esta pregunta hay que complementarla con otra: ¿qué coste tiene el que no tengan dedicación exclusiva? ¿Qué se deja de hacer o qué se deja de modernizar o qué se deja de adecuar a las necesidades del ciudadano por esta decisión?

Y con todo, hay una pregunta que creo que es previa a todo esto: ¿somos nosotros, es en base a esta ley, los que tenemos que decir cómo se tiene que autoorganizar el propio Consejo General del Poder Judicial, si necesita vocales liberados, si necesita vocales con dedicación exclusiva o parcial? Lo que nosotros tenemos que pedir al Consejo General del Poder Judicial es que sea eficaz. Y, una vez al año, o cuando sea menester, evaluar esa eficacia y si está funcionando como tiene que estar funcionando.

A fin de cuentas, cuando se habla de agilización es verdad que seis vocales son mucho más fáciles de manejar que veinte. Y también es verdad que podemos hablar de eficacia y podemos hablar de gestión, pero probablemente, como les decía, eso no sea lo más importante en este caso, sino que lo más importante sea querer controlar aquello que en estos momentos no es fácil de controlar.

Para finalizar, termino con la igualdad de género. Les voy a leer lo que dice el proyecto de ley, en su artículo 610, sobre la Comisión de Igualdad, una de las comisiones con las que cuenta el Consejo General del Poder Judicial: El Pleno del Consejo General del Poder Judicial elegirá anualmente, de entre sus vocales, y atendiendo al principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres, a los componentes de la Comisión de Igualdad.

Es la única comisión, el único organismo del Consejo General del Poder Judicial en el cual se establece una presencia equilibrada entre mujeres y hombres. ¿Y qué pasa en la de asuntos económicos? ¿O qué pasa en el Pleno? ¿No es importante lo mismo? Creo, señorías, y eso es responsabilidad de todas y de todos, que debemos ser capaces de trasladar a todo aquello que esté bajo nuestra responsabilidad y que vayamos aprobando la participación de la mujer y el papel en la igualdad de género.

He terminado con mi tiempo. El presidente ha sido muy amable por haberme dado este medio minuto. Seguiremos insistiendo, tanto en el turno de portavoces como en las enmiendas, sobre este último tema, el de igualdad de genero, al igual que se abre el debate, como he dicho, con los consejos autonómicos y la dedicación de los vocales.

Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Para la defensa de la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Buenos días. Con la venia, presidente.

El 7 de febrero de 2012 le pregunté al ministro de Justicia por qué daba preferencia a la democracia corporativa sobre la democracia parlamentaria. Él me respondió que estamos incurriendo en inconstitucionalidad sobrevenida porque el Tribunal Constitucional nos dijo que la modificación era válida en tanto en cuanto no hiciéramos lo que desgraciadamente se ha hecho, que es un reparto por cuotas; y esto hay que corregirlo. Es más, me decía: Señor senador, déjeme que le diga una cosa, no tenga miedo a dar un paso atrás en la politización de la justicia. No tenga miedo a profundizar en la democracia, dejando que sea la propia sociedad protagonista de las grandes decisiones y no monopolizándolas desde las Cámaras. Y es que en el programa electoral del Partido Popular estaba que la elección de los vocales del consejo fuera corporativa y no parlamentaria. Es más, el 27 de marzo de 2012, en respuesta del señor Altava al compañero Juan Alberto Belloch, le insiste en la necesidad de que sean los jueces —y son los jueces— los que elijan a sus representantes al consejo.

Pues bien, este proyecto es lo que podríamos llamar un trágala. ¿Por qué? Primero, porque esto no tiene nada que ver con lo que dijo el ministro. Segundo. Este es un proyecto que no refleja el trabajo parlamentario sino que es el trabajo de otras instancias colegisladoras, que son las que han planteado los textos. El primer borrador tenía tres integrantes en la comisión —le aporto este dato al portavoz del Grupo Vasco—; después, a sugerencia del presidente del consejo, accedió a seis. Y, claro, el primer borrador, que fue elaborado por dos magistrados del Tribunal Supremo, a petición del ministro de Justicia, lo que ha intentado hacer es lo mismo que en la propia biografía del titular de la cartera cuando se planteó el acceso al ámbito local, aquello de: un órgano que sea el gobierno y otro órgano que sea el pleno, lo que se llamaba parlamentarizar los ayuntamientos de las grandes ciudades.

Pues esto es lo que se hace ahora con el Consejo General del Poder Judicial. Eso explica la estructura que plantea en su interior, busca una forma de trasladar al ámbito de un órgano constitucional, de un órgano político, no un órgano partidista y sectario, sino un órgano político, un órgano constitucional, un órgano de poder político, para hacer política judicial y para gobernar a los jueces y magistrados, para gobernar el Poder Judicial. Esto es lo que se hace. Esa es la explicación, a pesar de que todos, urbi et orbi, están en contra de este proyecto, excepto un sector profesional de los que ahora llaman operadores o profesionales, como prefiera el señor Iglesias, en el ámbito del derecho, un sector al cual el ministro le ha prometido que va a jugar un papel semejante a los secretarios judiciales a la hora de la ejecución de las sentencias. Entonces, este sector profesional sí ha salido diciendo que están equivocados los dieciocho integrantes del Consejo General del Poder Judicial que han sacado la posición mayoritaria. Y no me refiero a los tres vocales que siempre dicen que el ministro se cayó en la marmita de la verdad desde pequeñito y, por tanto, que todo lo que dice es puro acierto; ni tampoco a los tres fiscales que también dicen lo mismo: que todo lo que dice el ministro es puro acierto; no, no. Los integrantes también del propio ministerio fiscal dicen que todos están equivocados porque lo que se plantea es una estructura en virtud de la cual hay una comisión permanente, que al principio era de tres, luego, de seis, y al final quedó en cinco, que haría de gobierno. Y luego hay un pleno que haría de parlamento. Por eso la insistencia en ubicarse en el lado oscuro de la fuerza en los artículos 564 y 629. ¿Qué dice el artículo 629? ¿Que todos los españoles conocerán las razones, la motivación, la explicación de por qué se elige a una persona y no a otra para el desempeño de la presidencia del tribunal superior? No. Dice el 629 que esas razones, esas motivaciones, esas explicaciones y esos discursos serán secretos. Un órgano constitucional, no un Tribunal de Cuentas ni un Tribunal Constitucional —para que no me hagan otra vez ese jueguecito de la comparación—, no, un órgano constitucional, que gobierna un poder del Estado, en el que lo que se debate y las razones que motivan las decisiones es secreto. Secreto. Es el viejo estilillo del mundo del poder negro, en virtud del cual a base de ripios más ripios y más ripios entre sí se hacen el guiño de que son los iniciados en el saber. Y los demás, los que no controlan los ripios son los que no saben. Es una manera de no comunicar o es una manera de excluir en eso de jugar con los ripios.




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¿Y qué es lo que se plantea aquí? Que los argumentos que se esgrimen en esas deliberaciones son secretos. ¿Y qué se plantea en el 564 para hacer esta afirmación? Que si ahora al presidente del consejo o a un vocal del consejo le piden las Cámaras que venga a explicar lo que está haciendo, porque es un poder del Estado, ahora puede venir y tiene que venir. ¿Qué ocurre con este texto? Que está prohibido venir. No pueden venir los vocales aquí, ni tampoco puede venir el presidente a cosa distinta que a explicar su memoria anual. Fuera de ahí, no pueden hacer absolutamente nada. Por lo tanto, en esta parlamentarización de un órgano de gobierno de un poder del Estado, ¿qué es lo que se plantea? Competencia residual, general, o sea, lo que no está previsto que el poder de esa competencia la tenga un órgano, la tendrá siempre la comisión permanente. La comisión de calificación desaparece. La calificación es para evaluar a los candidatos a las presidencias de las audiencias provinciales o los tribunales superiores. Y desaparece. ¿Quién asume la competencia de la permanente? ¿Se puede recurrir lo que resuelva la permanente sobre esto ante el Pleno? No. Ya no existe ese recurso, desaparece. Es más, uno se plantea, ¿y la comisión disciplinaria? Con los siete que van a estar poniendo sanciones a los que incumplan sus obligaciones, ¿con ellos también va a haber también rotación? Porque dice la ley que se procurará que roten por la permanente los integrantes del consejo. Que se procurará. Ya se sabe. Diremos: ¿Podrían ustedes acceder a rotar? Otros dirán: No. Pues ya se ha procurado, que conste en acta que se ha procurado y no se consiguió el éxito. Si se hubiese querido esa rotación, se hubiera puesto: se deberá o: se hará, o lo que fuese, no un condicional, y mucho menos ese deseo genérico de que se procurará.

¿Qué es lo que se plantea aquí a este respecto? Que los que están en la en la comisión disciplinaria no van a rotar. Qué curioso. Los que están en la permanente, sí, se procurará que roten, pero los que están en la comisión disciplinaria no van a rotar. O sea, mensaje a toda la carrera judicial: ¡Ojo con la comisión disciplinaria! Esos no se van a modificar. Es más, en cuanto al promotor de la acción disciplinaria, aparte de un discurso genérico que se hace, muy bello, sobre la diferencia entre lo que es instruir y lo que es ejecutar —cosa que se está haciendo en todos los ámbitos de las sanciones administrativas hace décadas en España—, aparte de eso, pura literatura vacía de contenido, lo que se viene a plantear es que ese promotor de la acción disciplinaria pueda delegar.

¿Qué es lo que se ha hecho a petición de una asociación judicial, que, como bien decía Juan Alberto el 27 de marzo de 2012, no se sabe si la APM le hace el programa al PP o es el PP el que hace el programa a la APM? ¿Cuál es la petición que acogieron? La APM decía: no, si el promotor de la acción disciplinaria delega la capacidad de instruir, que sea en un juez; que solo un juez pueda instruir a otros jueces. Esta es la cautela que han planteado y que acepto.

¿Qué otras sugerencias aceptan? Pues las que plantea una instancia que se ha convertido en colegisladora, porque aquí se han aceptado enmiendas del presidente del consejo, cierto; el apartado m) del artículo 560 y el segundo apartado de la disposición adicional primera. ¿Y de quién más se han aceptado sugerencias? Del propio Tribunal Supremo. Cuando se han levantado en armas y han planteado que el que vaya una persona con una base de elección parlamentaria es un comisario político. Entonces han puesto sus exigencias respecto al vicepresidente. Esas iniciativas sí se han acogido en lo que se llama un respeto profundo por la autonomía política de las Cámaras legislativas para tomar decisiones, que sobre todo acogen y solo acogen las propuestas de los grupos parlamentarios. Al contrario, en este caso, cuando es una instancia de poder, de gran poder de presente y de futuro, entonces sí se es especialmente sensible.

¿Qué se plantea entonces en torno a la independencia judicial? Que la historia del consejo es la historia de su relación con el Ejecutivo. En función de la relación con el Ejecutivo, ¿se da más poder al consejo y menos al ministerio o se da menos poder al consejo y más al ministerio? Si la razón de ser del consejo es la defensa de la independencia judicial, la pregunta es: ¿por qué en todos los borradores que han ido dándose sucesivamente hasta que han aceptado las propuestas del presidente del consejo y de algunos magistrados del Supremo —algunos de ellos—, por qué razón al final lo que se ha planteado es un texto que quería quitarle competencias al consejo y le sigue quitando competencias al consejo? ¿Por qué razón? Porque hay una actitud de desconfianza hacia la realidad de la práctica actual de los integrantes de la carrera judicial. En el fondo yo entiendo que no les afecte lo que digan cuarenta y seis decanos de partidos judiciales de España, lo que digan los presidentes de audiencias provinciales, lo que digan los presidentes de tribunales




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superiores, lo que diga Medel, porque ahí están los progresistas, no importa. Pero tampoco lo que diga la Asociación Europea de Jueces, en la que están los conservadores, pero tampoco importa. Lo que digan todas las asociaciones, tampoco importa. Lo que digan todos los oficios jurídicos, excepto uno al que le han hecho promesas de futuro, tampoco importa. Yo entiendo que nada de eso les importe porque, en última instancia, lo que pretenden es establecer una estructura permanente hacia el futuro. Yo lo entiendo, pero no lo comparto.

Yo entiendo que en algunos servicios públicos se recorten prestaciones, pero como hay jueces que están interpretando las leyes de una forma no acorde con lo que quiere el Gobierno —por ejemplo, recuerdo en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el ERE de los 476 trabajadores despedidos de Roca, o el caso de Telemadrid, o el caso de las tasas en la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, o la cláusula suelo, o los desahucios, o la cuestión prejudicial del titular del Mercantil número 3 de Barcelona—, como se están dando esas cosas, la idea es: ¿De qué manera influimos aquí para que en la medida de lo posible esto deje de darse? Pues lo que se hace en este caso es ver de qué forma le decimos a los integrantes de la carrera judicial: Ojo con lo que se haga. Mientras se esté planteando la instrucción sobre el ladrón de gallinas o los asuntos de sota, caballo y rey, por ejemplo el tirón callejero, no pasa nada; pero cuando se planteen asuntos sobre instancias de poder, ¡ojo con lo que están haciendo! Alguno ha sido expulsado de la carrera y otros corren serio peligro. El mensaje es que hay una comisión disciplinaria permanente los cinco años, no van a rotar. Las competencias de la comisión calificatoria no se pueden recurrir y las asume la comisión permanente.

Respecto a las facultades reglamentarias, el preámbulo resulta de una candidez encantadora. En la primera frase del preámbulo del proyecto, antes de cualquier otra consideración, se dice que las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial no se ven sustancialmente alteradas. ¿Antes de nada no me explicas lo que vas a hacer? Y ¿antes de nada ya te estás excusando sin que nadie te lo pida? Y después, en tres ocasiones, se insiste otra vez en que no hay desapoderamiento, y esta expresión se utiliza de manera regular y recurrente.

El argumento que nosotros usamos es que la parlamentarización del consejo es mala para el consejo y para el Poder Judicial. Es malo para la independencia judicial el mensaje que se plantea en torno a la comisión disciplinaria. Es malo para el propio prestigio de los presidentes de las audiencias o tribunales superiores que las mayorías, para su elección, en lugar de ser cualificadas, se reduzcan de trece a once votos. ¿Por qué? Yo fui ponente cuando se planteó esa mayoría cualificada, que fueran trece votos en lugar de once, y el argumento que utilizamos fue que cuanta más gente lo votara más legitimación de origen por parte de esas personas en el desempeño de…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor DÍAZ TEJERA: Voy acabando, señor presidente.

En cualquier caso, ¿saben cuál es la estructura permanente que quieren crear? La idea es no solo que hay jueces incómodos a los que hay que lanzar un mensaje, sino crear una estructura permanente. ¿Por qué? Porque a efectos de futuro es posible que no tengamos esta mayoría, pero las mayorías que vengan en el futuro tendrán que tragarse algo. ¿Cuál es el trágala que tendrán que tragarse? ¿Los cinco vocales? No tanto, porque alguno rotará. Una estructura permanente de cinco letrados. Y alguno me dice: ¿Por qué desconfía usted de cuerpos que llevan cientos de años en varias cámaras y tribunales? Porque esos cuerpos ya existen hace cientos de años, pero ese todavía no existe.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría, por favor.

El señor DÍAZ TEJERA: Acabo ya, señor presidente.

Pero lo más preocupante es que ese cuerpo no se va a crear por oposición, se va a crear por concurso-oposición. ¿Saben lo que eso quiere decir, verdad?

Pues estas son parte de las razones, algunas fueron esgrimidas en comisión y otras aquí. Por cierto, como habrá más turnos, habrá más ración de lo que hasta ahora hemos tenido.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz Tejera.

Pasamos al turno en contra de las propuestas de veto.

Senadora Vindel, tiene la palabra.




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La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el texto que estamos debatiendo hoy aquí no va destinado a un gran número de ciudadanos, ya se lo digo, tan solo a unos cuantos. Por un lado a 20; a casi 5200, por otro, y a no más allá de una docena de altos cargos. Sin embargo, y a pesar de tener tan pocos destinatarios, señorías, es un proyecto muy importante. ¿Por qué? Porque regula la elección del órgano constitucional que rige los destinos del Poder Judicial español, del Consejo General del Poder Judicial.

No podemos negar, señorías, que el sistema que se introdujo en 1985 para la elección del consejo ha generado, desde luego al margen del legislador, consecuencias perversas y ha reconocido la politización como una percepción real por parte de los ciudadanos.

Déjenme que les saque a colación el barómetro del CIS de diciembre de 2011, específico sobre la Administración de Justicia. Señorías, en ese barómetro, el 77% de los ciudadanos decían que la justicia en España es lenta. El 47% creía que la justicia funciona mal o muy mal, frente a un 22% que decía que funciona bien o muy bien. Un 24% consideraba en 2011 que la justicia había empeorado en los últimos años y solo un raquítico 13% consideraba que había mejorado. A esto hay que añadir, señorías, que la oficina judicial ni ha funcionado, ni ha resuelto el problema de sacar a la justicia española del siglo XIX y llevarla directamente al siglo XXI.

Por lo que hemos podido oír aquí hoy, hay quien sostiene que los problemas padecidos por el consejo general no son tales y que, por lo tanto, no hay que hacer absolutamente nada, y hay quien sostiene, en este caso el Gobierno y el Grupo Popular en el Senado, que los problemas existen, que están localizados y que no podemos esperar ni un día más para que esta situación se resuelva.

Señorías, el inmovilismo hoy en día no es buena idea. Las estructuras del Estado, de muchas de nuestras instituciones están siendo sometidas a una profunda revisión porque España tiene que dotarse de mayor iniciativa, de más eficacia, de más dinamismo para salir de la crisis y también para conseguir la estabilidad, y a ello no puede ser ajena la justicia. Y este es el porqué de este proyecto de ley: crear un Consejo General del Poder Judicial más plural, más transparente y más operativo.

Antes de entrar a explicarles las bondades del proyecto —señores del Grupo Popular, tranquilos, las tiene, aunque después de todo lo que llevamos oyendo desde la nueve de la mañana no lo parezca—, les diré que viene bastante mejorado del Congreso porque se aceptaron muchas enmiendas. Por ejemplo, gracias a la transacción entre el Grupo Socialista, el Grupo Popular, La Izquierda Plural, Convergència i Unió y el Grupo Mixto, el nuevo consejo deberá respetar su composición, la paridad prevista en la Ley de Igualdad. Gracias al Partido Socialista, se establece el deber inexcusable para los vocales de asistir, participar y emitir voto válido en las cuestiones a decidir tanto por el Pleno como por las comisiones. Gracias a Convergència i Unió, se establece que se amplían las competencias del consejo para que pueda emitir informe en los expedientes de responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento de la justicia. Gracias al PNV, el Centro de Documentación Judicial, conocido como Cendoj, colaborará con el consejo en la armonización de los sistemas informáticos, para que redunde en una mayor eficiencia en la actividad de los juzgados. No me cabe ninguna duda de que este organismo lo conseguirá, porque he de decirles que hay un magnífico profesional al frente de este organismo, que es Iñaki Vicuña, que ya puso en pie y en marcha, con todo éxito, la Agencia Vasca de Protección de Datos, y no me cabe ninguna duda de que hará exactamente lo mismo con el Centro de Documentación Judicial. Y para finalizar, gracias al Partido Popular, se establece como competencia propia del consejo, por primera vez y con rango de ley orgánica, el estudio y seguimiento de la respuesta judicial en materia de violencia doméstica, enmienda, por cierto, señorías, de la que estoy muy orgullosa, como pueden ustedes suponer. He de decirles también que la semana pasada en la Comisión de Justicia que celebramos se aceptaron también enmiendas de casi todos los grupos, si no de todos, y se incorporaron al texto, con el asombro, señorías, de algún que otro portavoz parlamentario.

Les he hecho este relato para que vean por sí mismos cuál ha sido la actitud del Gobierno y la actitud del Partido Popular en cuanto a voluntad de consenso, capacidad de negociación y de diálogo, algo que empezó el 6 de julio pasado, y también se lo he dicho por si quieren comparar con otras actitudes y con otros Gobiernos, señorías. Hay muchas e importantes novedades: el proyecto abre el sistema de elección de vocales, respeta la representatividad de las asociaciones




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y abre también la posibilidad de incorporar al 50% de la carrera judicial que ha optado libremente por no formar parte de ninguna de las asociaciones judiciales. Y se persiguen tres objetivos: la agilización, evitando situaciones de bloqueo; la simplificación, una estructura más simple y con un menor coste económico, con un criterio de racionalización de las estructuras de los poderes del Estado; y su profesionalización, para que sea garantía permanente de continuidad y eficiencia en la adopción de los distintos acuerdos y resoluciones que se vayan adoptando.

Saben tan bien como yo, señorías, que las Cortes Generales no han cumplido en ocasiones el mandato constitucional de renovación del órgano. Como consecuencia de las mayorías requeridas por la Constitución y por no haberse alcanzado acuerdos políticos, se ha producido un estancamiento que ha tenido consecuencias perversas cuando ha afectado a instituciones como el consejo o como el Tribunal Constitucional y consecuencias como el descrédito, deslegitimación y protestas, e incluso, señorías, se ha llegado a cuestionar el acatamiento de sus resoluciones porque se invocaba que no se había producido la renovación que mandaba la Constitución. Si les interesa algo de esto, lo tienen en el Diario de Sesiones de la anterior legislatura.

El proyecto articula, señorías, un sistema consistente en que si una de las dos Cámaras no cumple el mandato constitucional de renovación, el consejo pueda renovarse y por lo tanto funcionar. ¿Por qué? Porque no podemos volver a fallar ni a la Constitución ni a los ciudadanos, y además, señorías, debemos establecernos a nosotros mismos un mecanismo disuasorio o alternativo de forma que si no estamos a la altura de las circunstancias haya una solución alternativa, pero que el funcionamiento del órgano constitucional no se paralice.

Se dice que los veinte vocales tienen que estar nombrados en unidad de acto por el Rey, pero esto no es una exigencia de la Constitución, señorías. A efectos formales nunca ha habido unidad de acto porque, aunque siempre han llevado la misma fecha, los nombramientos se hacen por dos reales decretos distintos firmados por el Rey el mismo día, sí, pero son dos actos jurídicos diferentes según la Cámara de la que procedan.

Se protesta que una Cámara renueve y otra no, se dice que habría vocales que mantendrían un mandato inferior a cinco años. Esto es cierto, sí, es cierto, pero ya ha ocurrido por la prórroga de funciones, es decir, el mecanismo del artículo 115 de la ley, y también ha ocurrido que al no cumplir las Cámaras con su obligación ha habido vocales que tuvieron mandato de hasta seis años, y nadie ha negado la constitucionalidad de esta medida hasta ahora, claro, hasta ahora. Sinceramente, señorías, nos llama mucho la atención la obsesión de algunos grupos por mantener mecanismos de bloqueo a la renovación del consejo, lo que entendemos muy demostrativo de por dónde andan esos grupos; desde luego, y según nuestro punto de vista, no en la mejora del consejo ni en la mejora de la justicia, está claro que les da igual que se resuelva definitivamente el riesgo de mantener situaciones prolongadas de interinidad en el mandato de los miembros del consejo, y les da igual también que se eviten los nefastos efectos que estas situaciones provocan porque debilitan la institución —ya nos lo temíamos, que les diera igual—.

El proyecto propone, señor presidente, señorías, un sistema mixto de elección de los vocales de origen judicial del consejo. Esta Cámara no va a tener libertad —al igual que el Congreso de los Diputados— para nombrar de entre los casi 5200 miembros de la carrera judicial a los doce vocales que libremente seleccione. No, no, señorías, el Senado no va a poder llevar al Consejo General del Poder Judicial a una persona que no tenga apoyo, aunque sea mínimo, de sus propios compañeros o de las asociaciones judiciales.

El sistema es mixto, señorías, porque no da todo el poder a los jueces y magistrados para que ellos procedan a la elección, pero tampoco da todo el poder a las Cámaras. Hemos considerado la realidad de la carrera y esa realidad es que la mitad pertenece a asociaciones judiciales y la otra mitad no; por lo tanto y para empezar, el consejo debe representar a las dos opciones legítimas de un juez: asociarse o no. Si se preguntan si un juez no asociado tiene menos derechos que un juez asociado para optar a la elección, les diré que no, que hay un criterio de preselección que necesitará un aval de veinticinco compañeros por lo menos, lo que manifestará dos cosas: en primer lugar, la voluntad, disposición y resolución de esa persona a ser vocal del consejo y, en segundo lugar, que tiene al menos la representación de impulso para que el Senado la pueda tener en consideración. Evidentemente, señorías, la otra alternativa es que esté avalado por alguna asociación judicial. Es muy importante esto porque no es un criterio partidista, es que está en la ley, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que nos dice que hay que atender a cuántos




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magistrados y jueces están afiliados y cuántos no, y dentro de los afiliados cuántos a cada una de las asociaciones judiciales, para así reflejar en el consejo la realidad judicial. Esta es la aplicación del espíritu de la Constitución, lo que significa, señorías, que la aritmética parlamentaria no va a determinar el número de vocales, sino que va a ser la realidad de la carrera la que determine el Consejo General del Poder Judicial.

La Constitución nos dice que habrán de ser doce vocales de origen judicial entre jueces y magistrados de todas, y subrayo, de todas las categorías judiciales. Les subrayo el «todas» porque, señorías, ¿saben cuántos jueces han sido elegidos miembros, vocales, del Consejo General del Poder Judicial desde 1980 hasta la fecha? Ni uno, ni uno. A partir de ahora, de los doce vocales de origen judicial habrá tres magistrados del Tribunal Supremo, tres magistrados con más de veinticinco años en la carrera judicial y seis sin ningún tipo de antigüedad.

Es cierto que el proyecto prima la experiencia, sí. ¿Por qué? Pues, señorías, porque es al consejo a quien corresponde, según el artículo 122 de la Constitución, la política de nombramientos, de ascenso, de régimen disciplinario y de la inspección. Y por eso se hace una llamada a la experiencia de la carrera, pero también, tal y como va a quedar el texto, señorías, además de garantizar la presencia de los más antiguos, se va a garantizar también la de los más modernos, que antes no quedaba garantizada y, de hecho, no figuraban nunca. Por lo tanto, el texto garantiza la aplicación de la letra de la Constitución. Si se preguntan también si con estas normas el consejo va a ser más plural en su composición, evidentemente, se debe contestar que sí, que así será.

Soy consciente de que este sistema de elección no ha gustado a ningún grupo, como tampoco el ejercicio a tiempo parcial de la condición de vocal de los miembros del consejo. Los vocales, con excepción de los que forman parte de la comisión permanente, pueden ejercer su cargo compaginándolo con la función jurisdiccional, si son de origen judicial, o con su propia profesión, si son juristas de reconocida competencia. Ventajas de esta novedad, que lo es, es una gran novedad: primero, mayor cercanía de los vocales a la realidad que han de gobernar, y segundo, el nuevo diseño de la organización y funcionamiento permite que parte del trabajo del consejo, incluida la tramitación y la preparación de asuntos, lo lleven, como ya se ha dicho, funcionarios del cuerpo de letrados; no se entiende la desconfianza que se ha manifestado en esta tribuna, ni, desde luego, si me apuran, hasta la desconsideración hacia estos profesionales, señorías. El cargo de vocal con exclusividad se ha limitado únicamente a los miembros de la comisión permanente y para permitir una mayor pluralidad se prevé su renovación anual.

Entendemos, señor presidente, señorías, que veinte titulares de un órgano de gestión con importantísimas responsabilidades, veinte titulares que gobiernan a más de de 5000 jueces y magistrados es un número, desde nuestro punto de vista, a todas luces innecesario y que el día a día de la gestión del Poder Judicial puede llevarse a cabo con un número mucho más reducido. Es innecesario, no que haya veinte, que tiene que haberlos porque lo dice la Constitución, lo que es innecesario es que los veinte deban tener dedicación exclusiva; y hay otra razón más, señorías, una sentencia del Tribunal Constitucional, la 108/1996, que afirma que lo que se buscaba mediante la incorporación constitucional de doce de los miembros de condición judicial era que aportasen su experiencia personas conocedoras del funcionamiento de la justicia desde otros puntos de vista distintos a los de los que la administran. Si esa experiencia se interrumpe al inicio del mandato de los vocales y se produce una separación, se está perdiendo la posibilidad de que esos vocales enriquezcan su labor como miembros del consejo. Si se pueden enriquecer los debates y las resoluciones del consejo, si sus doce miembros pueden continuar en contacto con sus compañeros, pueden continuar constatando los problemas, las carencias, las insuficiencias y, por qué no, incluso, las soluciones que puedan ir aplicando, ¿no conseguiremos, señorías, que se profesionalice el consejo? ¿No conseguiremos que el consejo sea, en contra de lo que se viene diciendo hasta ahora, más judicial y menos político? Comprendemos que es, como ya he dicho, una medida ciertamente novedosa, pero entendemos, sinceramente, que tiene más ventajas que riesgos y, sobre todo, no nos asusta, como a otros, su puesta en práctica; si lo que preocupa —y he visto que sí— a sus señorías es la posibilidad de que surjan conflictos, el texto establece la obligación para los vocales de aplicar las cláusulas de abstención y recusación que ya se utilizan para autoridades y personal al servicio de la Administración del Estado. Es cierto que el artículo 127 de la Constitución dice que los jueces, magistrados y fiscales, mientras se hallen en activo, no pueden desempeñar otros cargos públicos, pero este artículo, señorías, entendemos que se refiere rotundamente a la prohibición de ocupar cargos fuera del ámbito judicial.




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Diversos grupos han manifestado, señor presidente, la necesidad de que haya un control ciudadano sobre la actuación del Poder Judicial por parte de las Cortes Generales. Yo me pregunto si estos grupos lo que quieren es que no solamente el presidente del consejo y los vocales vengan a presentar anualmente, como se viene haciendo, la memoria correspondiente, sino si lo que quieren es abrir debate, una comparecencia directa del presidente y de los vocales del consejo. Pues bien, yo creo, señorías, que si es esto lo que ustedes quieren, ustedes lo que quieren es un título nuevo de la Constitución, que es otra cosa distinta. Me explico. La Constitución dedica uno de sus títulos al Poder Ejecutivo, el Título IV, del Gobierno y de la Administración; otro al Poder Legislativo, Título III, las Cortes Generales, y un Título V que establece cuáles son las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.

En este Título V es donde se establece el mecanismo de elección del presidente del Gobierno, el mecanismo de control parlamentario por las Cámaras y el mecanismo de censura y sustitución del presidente del Gobierno por una de las Cámaras. ¿Por qué? Porque el constituyente quiso, entre los dos poderes, que esa fuera una relación subordinada del Ejecutivo al Legislativo, porque la establecen las leyes y porque las Cortes Generales, además de legislar y controlar al Gobierno, eligen el consejo y censuran al presidente.

Señor presidente, señorías, ¿Quiso esto la Constitución con el Poder Judicial? La respuesta, evidentemente, es no; no lo quiso. No estableció ningún título más que describiera las relaciones entre el Poder Legislativo y el Judicial. Y si lo hubiera querido, lo hubiera hecho, señorías, no me cabe ninguna duda. Por lo tanto, que el Poder Legislativo se convierta en un elemento de control político del Poder Judicial, desde nuestro punto de vista, es totalmente inviable.

Sostienen varios grupos que el proyecto adolece de un excesivo presidencialismo. Francamente, no se entiende muy bien tal afirmación, toda vez que las decisiones, con un importante margen de discrecionalidad, continúan en el Pleno; las decisiones que no están sometidas al Pleno las desarrolla la comisión permanente. Y que el presidente proponga al Pleno el nombramiento del vicepresidente del Supremo, del secretario general, del vicesecretario, del director de comunicación parece lo normal, señorías, para un correcto funcionamiento del órgano, sin más.

La reforma de la ley orgánica que estamos abordando trata —como ya les he dicho— de la estructura y el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial y no de otra cosa. Además, el artículo 122 de la Constitución vincula la condición de órgano de gobierno con el principio de unidad jurisdiccional.

En cuanto al ámbito de aplicación de la igualdad de género, el proyecto ha optado por la inclusión, en la disposición adicional segunda, de una mención general a la Ley de Igualdad del año 2007 a los efectos de su cumplimiento. Señorías, como les dije al principio de mi intervención, el Gobierno ha intentado buscar el acuerdo durante muchos meses, desde julio del año pasado. Ha dedicado muchas horas a sumar voluntades a este proyecto, y ustedes lo saben muy bien, especialmente el Grupo Socialista que, por cierto, ha acusado al Gobierno de casi todo tipo de cosas. Y, sinceramente, tengo que decirles, con todo respeto, que esta actitud me parece incomprensible.

Señorías, si les proponemos —como ha comenzado diciendo el senador Díaz Tejera en su intervención— un sistema de elección de vocales designados por los jueces dicen que es un atropello al Parlamento y a la calidad democrática. Si les ofrecemos —como ahora— un sistema de designación parlamentaria, tampoco los gusta y nos presentan un veto. Por cierto, esta actitud la repiten para todo: para la Ley de tasas, para la Ley de reforma del Código Penal en cuestión de transparencia, para elegir al nuevo consejo general. Les gusta tan poco el consenso que hasta se irritan, y mucho, cuando se les recuerdan las intensas negociaciones que ustedes han mantenido con el Gobierno. Yo me pregunto ¿por qué no les gusta que se sepa que el ministro de Justicia se ha sentado con ustedes, que les ha tendido su mano y que, una vez más, ustedes la han rechazado?

Está claro, señor presidente, que hagamos lo que hagamos en el Grupo Popular, el Grupo Socialista siempre va en la dirección contraria. Yo creo que es porque a ustedes la única ley que les gusta es la que hacen solo ustedes, y esta es su manera de entender el consenso.

Por supuesto yo no le quito legitimidad alguna al veto presentado por el Grupo Parlamentario Socialista pero no me negarán que es asombroso que quien ha manifestado en esta tribuna, y cito




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textualmente: «Los socialistas no somos unas personas que estemos identificadas con el actual estado del consejo general, porque cada consejo empeora el anterior.» Quien ha dicho aquí —y sigo con otra cita—: «La gravedad del consejo es tal que ni siquiera es que obedezca a propuestas ideológicas, es que funciona al estilo del star system», o que «el consejo es una pura red personal de poder que nada tiene que ver con los grupos parlamentarios, y que esto habría que cambiarlo.» Marzo de 2012. Pues bien, quien ha afirmado todo esto sostiene un veto basado en criticar la articulación de las mayorías que hace el proyecto y en afirmar una supuesta inconstitucionalidad, que sabe a ciencia cierta que no existe. ¿En qué quedamos, señoría? ¿Cambiamos el consejo o no cambiamos el consejo? ¿Qué le ha pasado para contradecirse así en un año? ¿Piensa usted ponerse de acuerdo consigo mismo? ¿Por qué quiere seguir manteniendo las estrellas del star system, según sus propias palabras?

El Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular en el Senado les estamos ofreciendo, sinceramente, la oportunidad de que las cosas no sigan siendo así. Ustedes verán por qué quieren que todo siga igual. El objetivo de este proyecto, señor presidente, señorías, es transformar y modernizar la justicia española. Creo, sinceramente, que han tardado ustedes demasiado tiempo en darse cuenta de la mala situación. Si quieren acompañarnos en cumplir con nuestra obligación de poner remedio, por nosotros, encantados, pero lo que no vamos a hacer, señorías, es esperarles, porque tardan ustedes siempre tanto en reaccionar que ni el consejo, ni el Gobierno ni este grupo parlamentario tenemos tiempo que perder.

Señor presidente, votaremos en contra de los seis vetos presentados.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Vindel.

Pasamos al turno de portavoces.

En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Capella.

Señoría, ¿van a compartir turno?

La señora CAPELLA I FARRÉ: Muchas gracias, señor presidente.

Sí, vamos a compartir turno.

Señora Vindel, los representantes del Partido Popular están todo el día invocando y apelando al espíritu de la ley, de la Constitución y, si me apura, del 12 de febrero. Pero la letra de la ley lo que dice, lo tangible, da miedo, y por eso no nos gusta el proyecto de ley, porque afecta a la independencia judicial, porque convierte al Consejo General del Poder Judicial en un órgano subordinado.

Señora Vindel, la ley que reforma el Consejo General del Poder Judicial afecta sustancialmente a la ciudadanía porque afecta a la tutela judicial efectiva y, en definitiva, afecta a la posibilidad de hacer valer y de defender sus derechos fundamentales y sus intereses legítimos. Ustedes aplican aquella máxima de «todo para el pueblo pero sin el pueblo».

Señora Vindel, se ha contestado usted misma cuando aludía a los problemas de la justicia: oficina judicial, lentitud de la Administración de Justicia, pero se ha olvidado del esencial, del principal: una dotación presupuestaria que configure la Administración de Justicia como un auténtico servicio público.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Invocaba la portavoz del Grupo Popular los datos del CIS, pero nos daba unos datos bastante antiguos, lo cual me motivó a entrar en Internet y buscar datos más recientes. Decía usted que la justicia española no contaba con garantías suficiente, según las encuestas del CIS del 2011. Consultada la encuesta del CIS de abril de 2013, descubro que la valoración que hacen los españoles del Consejo General del Poder Judicial da una media del 3,52%; al Gobierno le da una media del 2,42%, y al Parlamento, del 2,53%. Con ese argumento, lo que habría que reformar en primer lugar y a fondo es el Gobierno de España, después las Cámaras.




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No es, por tanto, esa preocupación por la visión que los españoles tienen de la Justicia lo que motiva esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los avatares de los últimos años es cierto que invitan a una reforma del consejo, pero, desde luego, no a esta reforma del consejo, que, al contrario, lo que hace es colocar un corsé que limita las posibilidades de afrontar ese proyecto de transformación y modernización de la justicia al que hacía referencia la portavoz del Grupo Popular, entre otras razones porque en último extremo quien tendrá que desarrollar el proyecto será precisamente el Consejo General del Poder Judicial. No es bueno que se aproveche una actuación —desde luego, execrable— del máximo responsable del consejo hace unos meses, que fue piedra de escándalo de la sociedad española, para pretender, a golpe de titular de prensa o de reality show de las mañanas en las televisiones, justificar una reforma de un poder del Estado, del órgano de gobierno de un poder del Estado, precisamente porque las medidas que se van introduciendo acaban significando la puesta en marcha de todas las posibilidades para que los objetivos que se fijan en el preámbulo de esta reforma nunca se puedan alcanzar. No se va a poder alcanzar esa profesionalización a la que hacía referencia la portavoz popular con una comisión permanente, que sí es profesional, cuando el resto del consejo va a tener que simultanear su actividad profesional con las funciones propias de un órgano de gobierno de un poder del Estado. Tener a media jornada un órgano de gobierno de un poder del Estado es una irresponsabilidad, una absoluta irresponsabilidad, y demuestra una vocación y la intención de que precisamente no pueda cumplir la mayoría de sus funciones.

Invocaba la portavoz popular la necesidad de la experiencia, pero ¿es que pierden la experiencia cuando se les elige? ¿No han introducido ustedes un requisito de veinticinco años de experiencia para tres de los miembros del consejo? ¿Les parece poco veinticinco años de experiencia? ¿No incluyen además que otros tres tienen que ser magistrados del Tribunal Supremo que, como todo el mundo sabe, acceden al día siguiente de sacar la plaza por oposición? Simplemente esos seis miembros ya acumulan suficiente experiencia para no necesitar seguir adquiriéndola en la relación cotidiana con el funcionamiento de la Administración de Justicia.

Cuestionan ustedes las exigencias que presentamos los grupos a través de diversas enmiendas con el fin de que puedan comparecer ante las Cámaras, y utilizan como argumento de autoridad que no hay una referencia expresa en la Constitución Española; pero tampoco lo prohíbe, tampoco lo impide la Constitución Española. Si en las Cámaras tenemos que legislar, ¿qué problema puede existir para que, en la búsqueda de la información necesaria en todo desarrollo normativo o reforma legislativa que tenga relación con la función del Consejo General del Poder Judicial, podamos recabar su presencia para recibir las explicaciones oportunas? No se trata de establecer un comisariado político en las Cámaras, porque después de esas comparecencias no vamos a votar si nos gustó o no nos gustó lo que nos trasladaron los comparecientes ni vamos a imponerles ningún cambio en su posición o en los argumentos que nos han trasladado; simplemente vamos a establecer una relación fluida, más fácil, entre un poder del Estado y otro poder del Estado, con el elemento, en mi opinión no baladí, de que ese segundo poder del Estado, el consejo, emana de las Cámaras y, en consecuencia, parece lógico y razonable que cuando lo consideren oportuno comparezcan ante estas para dar las explicaciones que tengan a bien.

Pensamos sinceramente que con la reforma que se plantea no solamente no se va a avanzar en esa modernización de la justicia sino que, al revés, se están cercenando los brotes que desde la misma justicia están saliendo adelante para impulsar ese cambio y esa transformación, en la función jurisdiccional y en la relación de quienes tienen que desarrollar esa función jurisdiccional con el conjunto de los ciudadanos. De alguna forma, se busca disecar la justicia para que no dé respuesta ágil a lo que demandan los ciudadanos. Lo que esta reforma expresa es el miedo, el temor a que la justicia cambie para aproximarse a los ciudadanos, dando la respuesta que estos necesitan en una coyuntura económica y social como la que en este momento estamos viviendo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Tiene la palabra la senadora Salanueva.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, señor presidente.

Intervendré muy brevemente porque no tengo el tiempo que me gustaría para explicar la posición de Unión del Pueblo Navarro. Pero sí queremos decir que vamos a votar que no a los




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vetos porque entendemos que este proyecto de ley, aunque tiene deficiencias y puede ser mejorable, también supone avances importantes en la designación de vocales, supone, a nuestro juicio una organización del órgano de gobierno de los jueces que va a ser más eficaz en su funcionamiento, más abierto, y creemos que se garantiza la independencia. No entendemos los argumentos que se han dado por parte de los distintos grupos parlamentarios. No entendemos el veto; podemos entender las enmiendas parciales —y se han incorporado muchas en el trámite del Congreso y del Senado— pero desde luego Unión del Pueblo Navarro no va a apoyar esos vetos y vamos a votar en contra.

A nuestro juicio, sí es cierto que hay cuestiones mejorables. Se ha avanzado en algunas, como decía la senadora Vindel, pero los temas relacionados con la igualdad de género entendemos que son mejorables, aunque algo se ha hecho. No nos parece oportuna la reducción de competencias del órgano de gobierno judicial y la absorción por parte del Ejecutivo, pero tampoco debemos demonizar, y nos parece muy acertado el hecho de que se tenga en cuenta también a los profesionales no colegiados. Hasta ahora parece que solo las asociaciones colegiales representaban a los magistrados y jueces y, como bien se ha dicho, más del 50% se encuentran sin asociar y creemos que se les da una oportunidad para una presencia real y mucho más abierta en el nuevo consejo.

Nos hubiera gustado —y es algo que decía el portavoz de PNV— que esto no fuera una reforma parcial, puesto que la reforma del Poder Judicial entraña modificaciones mucho más profundas. Esto, como bien decía, es un fascículo —y estamos de acuerdo—, pero entendemos que no es razón suficiente para aprobar un veto. Cualquier avance en este tema será positivo, aunque, insistimos, a nuestro juicio muy mejorable.

Se ha arreglado también una de las cuestiones que a nosotros nos preocupaba, que era la de la Vicepresidencia. No va a haber una Vicepresidencia común del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Cada órgano tendrá su número dos, y a nosotros eso nos parece bien, porque por parte de algunos —no es nuestro caso— se había considerado como una injerencia política. En cualquier caso a nosotros nos parece mejor la decisión que se ha adoptado. El vicepresidente va a depender del presidente, pero de una manera relativa, no como se ha querido hacer ver aquí. Creemos que se ha optado por posibilitar la confianza, puesto que tiene que haber una relación de confianza entre el presidente y vicepresidente, pero desde luego sin imposiciones. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

Por todo ello, señorías, insisto, aunque hay cuestiones a nuestro juicio mejorables, no apoyaremos ninguno de los vetos que se han presentado. Y después en el trámite de enmiendas, si tenemos alguna otra oportunidad, profundizaremos un poco más en las cuestiones concretas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Gracias, señor presidente.

Buenos días otra vez. La senadora Vindel, con la brillantez que le caracteriza en sus exposiciones, ha hecho una buena defensa de sus posiciones, y nos ha dicho que habían aceptado enmiendas de todos los grupos parlamentarios. Y es así, es cierto, pero yo las denominaría como enmiendas de foto. Es decir, tres de «coma» y alguna de contenido. Y creo que eso se ha mantenido de una manera homogénea con el resto de grupos parlamentarios. ¿Para qué? Precisamente para lo que han hecho, para poder subir a esta tribuna y defender la apertura, las ganas de acuerdo con el resto de grupos parlamentarios, pero de verdad todos los que estamos en esta Cámara sabemos que eso no es así, y entendemos que se podía haber hecho bastante más.

Si tuviera que utilizar una metáfora para calificar su intervención, senadora Vindel, quizá la compararía con el agua. El agua que está en la mano evidentemente se va entre los dedos, aunque siempre deja algo un poco mojado. Es decir, creo que no ha respondido a gran parte de las justificaciones o de los razonamientos que se han utilizado en los vetos, y ha respondido a determinadas ideas que se recogían en ellos.

Yo voy a volver con mis argumentos, principalmente con el primero, el de los consejos autonómicos. Es verdad que el senador Altava me decía en comisión: Cómo no, ustedes, como




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nacionalistas vascos, siempre están —no lo dijo así, pero esa era la idea— con el «riqui-raca» de los consejos autonómicos o con aquello —entiéndame la idea— que esté relacionado con su ámbito. Y en ese sentido hacía mención a la sentencia constitucional con respecto al estatuto catalán, pero esta sentencia no declara inconstitucional al consejo. Para poder repasar lo que sí declara inconstitucional esta sentencia, se la voy a leer. Dice el tribunal: Ahora bien, la impropiedad constitucional de un órgano autonómico, cualificado en los términos del artículo 97 del Estatuto de Autonomía catalán, no significa fatalmente la inconstitucionalidad misma del órgano en cuestión —es decir, el consejo—, pues solo si todas y cada una de sus concretas atribuciones se correspondieran además con esa cualificación impropia, sería inevitable la inconstitucionalidad. Es decir, única y exclusivamente si todas las atribuciones dadas a este consejo fuesen declaradas inconstitucionales, eso tendría lugar. Pero no es el caso, porque más tarde viene a decir el tribunal: Por el contrario, aquellas atribuciones contempladas en los apartados f) —que dice: precisar y aplicar cuando proceda en el ámbito de Cataluña los reglamentos del Consejo General del Poder Judicial—, g) —que dice: información sobre propuestas en materia de organización y demarcaciones—, h) —presentación de una memoria al Parlamento— e i) —reiterativo del artículo 98.1 del Estatuto de Autonomía catalán—, en la medida en que dichas atribuciones se compadecen sin dificultad con el ámbito de las competencias asumibles por la comunidad autónoma en relación con la Administración de Justicia, su ejercicio por un órgano autonómico específico, como es el Consejo de Justicia de Cataluña, no plantea ningún reparo constitucional a la existencia de este último. Es decir, no es cierto que el espíritu de la sentencia del Tribunal Constitucional declarase como tal los consejos autonómicos. Con lo cual, si eso es así, además de que se da este fenómeno en siete estatutos de autonomía, ¿por qué entendemos que no es constitucional la creación de este consejo?

La senadora Vindel hacía a su vez una referencia a las comparecencias del presidente del Consejo General del Poder Judicial y a la de los vocales y a la idea de que no existiese un control político del Parlamento sobre el propio consejo. Estoy de acuerdo con esa idea, pero, ¿cuántos años han pasado sin que el presidente del Consejo General del Poder Judicial haya comparecido en esta Cámara? A fuer de ser justo, no voy a hacer esa reflexión con respecto al presidente del consejo actual, don Gonzalo Moliner, sino a otra serie de presidentes que sí han evitado comparecer en esta Cámara. ¿Qué es lo que pretende a fin de cuentas —y después hablaremos de ello en las enmiendas— la filosofía de todo aquello que nosotros hemos presentado? Pues que si a esta Cámara le corresponde la denominación o el nombramiento de diez vocales, que podamos anualmente valorar, trabajar, proponer, resolver determinados aspectos que esta Cámara entienda que corresponden al funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial.

En cuanto a la dedicación de los vocales, es una preocupación continua del Partido Popular, porque ustedes recordarán que en el anteproyecto de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local se mencionaba la desaparición del 30% de los concejales, ¿por qué el 30, por qué no el 20, por qué no el 40, por qué no el 10%? Evidentemente, como son tantos y es tan injusto —por calificarlo de alguna manera— parece que el grupo mayoritario se ha echado atrás, pero la filosofía es la misma, porque esto no supone ningún ahorro; podría suponer más agilidad pero, tal como comentaba en la Comisión de Justicia, para eso que se nombre un vocal con dedicación exclusiva, porque va a ser mucho más ágil que él mismo consigo mismo acuerde todo lo que tenga que acordar y así, evidentemente, va a terminar mucho más rápido.

Pero en estos momentos en que el Consejo General del Poder Judicial está haciendo una labor muy importante, con más de 1661 casos de blanqueo de capitales, de cohecho, de recalificaciones, etcétera, es decir, delitos relacionados o cercanos al ámbito de la corrupción, no tenemos que quitarle recursos, sino todo lo contrario, hemos de apoyarle y darle muchos más.

Para ir finalizando, quiero hacer una última reflexión respecto a la disposición adicional segunda, relativa a la violencia de género. Creo que no es adecuado poner en cuestión la labor que pueden hacer las Cámaras; está claro que las Cámaras van a funcionar sobre la base de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, a la hora de nombrar a sus vocales, pero nosotros planteamos que en el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial sea efectiva la igualdad entre hombres y mujeres.

A su vez, en la Comisión de Justicia se decía que el Partido Popular se había autoenmendado planteando que la Presidencia de la Comisión de Igualdad estuviese en manos de una mujer. Pero




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algo que puede ser en espíritu adecuado y bueno, se justifica por la adaptación necesaria como consecuencia de las modificaciones introducidas en la figura del vicepresidente, es decir, como en el proyecto anterior, antes de la presentación de enmiendas en el Senado, el vicepresidente era presidente de esta comisión, ahora, como no tenemos vicepresidente vamos a hacer este pequeño gesto…

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya terminando.

El señor BILDARRATZ SORRON: Voy terminando, muchas gracias.

Señorías, no es cuestión de gestos sino de justicia, de democracia, y lo único que pedimos es que lo que se está diciendo sobre la Comisión de Igualdad sea aplicable al resto de comisiones; esto es, que llevemos hasta el extremo la discriminación positiva de la mujer en todo lo que podamos.

Quedan muchas cosas en el tintero pero continuaremos en el debate de las enmiendas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor Bildarrataz.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el señor Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Señorías, he de reconocer que en las pocas leyes en las que he tenido oportunidad de trabajar nunca me he encontrado con una ley tan extravagante como esta, y digo que es extravagante porque se suspendió el artículo 112 y una parte del 114 a la espera de que se aprobara una ley que determinara el sistema de elección, y hoy estamos discutiendo una parte de lo que ha de ser la modificación de la ley orgánica. Nunca había asistido a una tramitación de estas características.

Pero yendo al contenido del proyecto, la pregunta es: ¿cuál es el objetivo de este proyecto de ley? ¿Qué pretende? La señora Vindel decía: Es que hay problemas y hay que hacerles frente, y es verdad. Pero fíjense que en la exposición de motivos se dice que hay problemas pero no se concreta en todo el proyecto ninguno. De tal manera que incluso en el informe del Consejo General del Poder Judicial se dice: Llama la atención la pobreza argumental de la exposición de motivos sobre este aspecto, sobre la determinación de los problemas. Y continúa: El prelegislador omite cualquier justificación o argumento que permita conocer cuáles son los motivos que han animado a cercenar tan drásticamente la potestad reglamentaria del órgano de gobierno del Poder Judicial.

¿Qué está señalando el Consejo General del Poder Judicial? Que no se dice cuáles son los problemas y que no se justifica con esa omisión por qué se traspasan poderes del consejo al Ministerio de Justicia. Esto es de una gravedad importante. Repito, estamos ante un proyecto de ley que no determina ningún problema y que no justifica por qué traspasa competencias, atribuciones y funciones del consejo al ministerio. De todas maneras he de decir que en mi intervención inicial ya he dado las tres o cuatro razones por las cuales creía que debíamos presentar un veto a este proyecto. Pero vuelvo a insistir en la pregunta a la que la señora Vindel, que ha hecho una intervención correctísima, no me ha respondido. ¿Creen ustedes que pueden aprobar solos, sin consenso, en contra de las opiniones del Consejo General, del Consejo Fiscal, del Tribunal Supremo, de las asociaciones, de la Asociación internacional, de los presidentes de las audiencias provinciales, de los grupos parlamentarios, una institución que es de las pocas que figuran en la Constitución? Porque la Constitución habla de la Corona, del Parlamento, del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial.

La pregunta sería: ¿Cómo se atreven y con qué objetivo hacen esto? Y la respuesta la he dado antes en mi intervención inicial. Creo que se atreven no para mejorar la justicia. La señora Vindel decía —y también el otro día en la comisión lo señalaba el portavoz del Grupo Popular—: Es que vamos a agilizar la justicia. ¿De verdad alguien cree que no sustituyendo 1200 jueces se va a agilizar la justicia? ¿De verdad alguien cree que añadiendo trámites burocráticos del consejo al ministerio se va a agilizar la justicia? ¿De verdad alguien cree que restando y sustrayendo competencias al consejo y pasándoselas al ministerio se va a agilizar la justicia? Es imposible. No hay ninguna medida en este proyecto de ley que determine la agilidad de la justicia. Insisto, objetivo este que se ha manifestado después de la presentación del proyecto y que no se contempla en absoluto en él.




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Por tanto, nuestro veto a esta ley —insisto— es porque no hay objetivos, porque no se definen los problemas por los que se justifica este proyecto de ley, porque este proyecto de ley tendría que estar inscrito en la propuesta de modificación de la ley orgánica que, esperemos, se presentará en octubre o noviembre y porque, en definitiva, es un proyecto de ley que reduce la independencia del Poder Judicial, subordina este al Poder Ejecutivo y rompe la separación de servicios.

E insisto en una pregunta clave. O ustedes no tienen otra obligación o bien están convencidos de que hay que votar a favor de este proyecto, pero, de verdad, este proyecto agrieta uno de los cimientos de nuestro Estado de derecho. El Poder Judicial va a dejar de ser independiente para estar controlado y supeditado a las decisiones del Poder Ejecutivo en un momento, como se decía antes, de procesos judiciales importantes y en el que la sociedad está reclamando mayor transparencia, no mayor opacidad.

Por todo esto votaremos a favor del veto e ingenuamente solicitamos que retiren el proyecto.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

El señor Montilla no hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Parera.

La señora PARERA ESCRICHS: Muchas gracias, señor presidente.

Durante la tramitación de este proyecto de ley en el Congreso, compareció el ministro de Justicia y manifestó una clara voluntad de consenso y de diálogo entre todas las fuerzas políticas. Sinceramente, creo que ya en el Congreso el diálogo fue de mínimos. Lamentablemente, no sabemos qué opina el ministro de Justicia sobre la tramitación del proyecto aquí, en el Senado, puesto que no ha tenido a bien honrarnos con su presencia. Debe de considerar que lo que tenemos que decir aquí no es importante.

Sí es cierto que durante la tramitación en comisión, se nos presentaron una serie de transaccionales. Pero esa es una verdad a medias. Las transaccionales presentadas por el Grupo Popular fueron a enmiendas con un valor mínimo o relativamente poco significativo en relación con la totalidad de las enmiendas presentadas. Y fueron entregadas en mano al minuto de empezar la comisión. Eso, sin duda, no promueve el diálogo y, muchísimo menos promueve la necesaria reflexión en un proyecto de ley tan importante como este.

Nosotros, en comisión, le pedimos al Grupo Popular que hiciera un mayor esfuerzo, que revisara otra vez las enmiendas, porque creemos que mejoran muchísimo el proyecto de ley —que le hace falta—, y la verdad es que la respuesta fue positiva. Se nos dijo que sí, que iba a haber más diálogo y que de la comisión al Pleno se iban a poner en contacto con nosotros para transaccionar alguna enmienda más.

La realidad es que esto no ha sido así. Hemos llegado hoy aquí y ni una sola llamada. No creo que sea de recibo que el Grupo Popular diga aquí, en esta Cámara, en este Pleno, en este hemiciclo, que a los demás no nos gusta el consenso. Esto es faltar a la verdad. Porque, al menos, en Convergència i Unió, cuando el grupo que da apoyo al Gobierno ha hecho un esfuerzo para dialogar, siempre hemos sido flexibles. Siempre. Por tanto, creo que no debe ir por nosotros eso de que no nos gusta el consenso y el diálogo.

Nosotros no presentamos un veto a este proyecto de ley, confiando en las palabras del ministro, confiando en las palabras de la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, y confiando en las palabras de la portavoz del Grupo Popular en el Senado, que decían que iba a haber un diálogo, que afirmaban que iba a haber un consenso. Pero la realidad es que se nos ha tratado como meros espectadores, en lugar de como partícipes en la elaboración de este proyecto de ley, como sería de recibo, porque es lo que toca en esta Cámara, pues aquí todos debemos ser partícipes de la elaboración de los proyectos de ley para que estos no sean proyectos del Gobierno que cuando salgan de las Cámaras parlamentarias sigan siendo proyectos exclusivamente del Gobierno.

Por tanto, a pesar de no haber presentado un veto, ya anuncio desde aquí que vamos a dar apoyo a todos los vetos presentados por los demás grupos parlamentarios, porque consideramos que este es un mal proyecto de ley, que hace un flaco favor a la justicia, al Gobierno y a lo que debería ser un Estado de derecho en democracia.

Muchísimas gracias.




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Parera.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, nos traen hoy a esta sesión para su debate la aprobación de un proyecto de ley para la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Y lo primero que se me ocurre decir es que esta es la culminación de un debate de no hace muchos Plenos, donde ustedes suspendieron la vigencia de determinados artículos de una ley orgánica para impedir que se reformara dicho consejo, esperando a traer hoy a esta Cámara esta ley y aprobarla. Y esto es premeditación. Porque, de verdad, desconocemos los motivos de fondo para plantear la reforma del consejo, de no ser que tengan algo que ver con el momento actual en el que se encuentra el partido que sustenta al Gobierno, entrando y saliendo de los juzgados, un día sí y otro también, o incluso los jueces entrando en esta misma Cámara; o también para que los jueces no puedan declarar como injustos muchos de los recortes que ustedes están realizando en políticas sociales y en libertades públicas y ciudadanas. Seguramente eso lo tendrán que explicar ustedes.

Hoy, en esta Cámara, nos encontramos con un debate extraordinario para la democracia, la independencia de la justicia y la separación de poderes, algo esencial para cualquier democracia, pero ¿qué pretenden ustedes con esta reforma o, mejor dicho, con esta contrarreforma? Primero, conseguir que el órgano de los jueces responda a una mayoría absoluta, aritmética e ideológica, que es su mayoría. Pretenden instrumentalizar la justicia en vez de corregir sus disfunciones, y lo quieren hacer para que el Poder Judicial actúe en función de determinados intereses, controlándolo y debitándolo. Pretenden acabar con la neutralidad de este órgano. Quieren acabar con la neutralidad de los que ejercen la jurisdicción —de ahí que la propia mayoría de los jueces del Tribunal Supremo se opongan frontalmente a esta ley—, y eso nos preocupa de verdad porque, en definitiva, lo que ustedes están pretendiendo es politizar la justicia. Quieren regresar a un sistema estamental, a un claro control del gobierno, con una orientación ideológica determinada; volver al ultraconservadurismo de los valores del siglo XIX o, como dijo en el Congreso de los Diputados un parlamentario, hacer del órgano de la justicia una empresa, con un consejo de administración empresarial y profesional, con dedicación plena, incluso elitista y otros simplemente amateurs.

Señorías, esta contrarreforma es una involución y una marcha atrás en nuestro modelo de gobierno de los jueces. Es una imposición que ustedes la visten de proyecto de ley pero que suena mucho más a los viernes negros a los que nos tienen acostumbrados con sus decretos leyes. Quieren —y así lo van a hacer después de sus intervenciones— atentar contra la independencia del Poder Judicial, y esto es algo sin precedentes en nuestra democracia. Quieren —y así lo van a hacer— atentar contra la Constitución para ocupar políticamente el Poder Judicial, y esto es indecente, señorías, desde el punto de vista político y desde el punto de vista democrático. Es un golpe a la independencia judicial por parte del Partido Popular, del ministro Gallardón y del Gobierno del señor Rajoy, porque ¿qué va a suponer esta ley —que, dicho sea de paso, se ha tramitado a golpe de mayoría absoluta, de manera precipitada y con el objetivo interesado de, como he dicho, disminuir la independencia del sistema judicial—? Va a suponer transformar un órgano de veinte vocales con dedicación exclusiva en otro, al que solo se le atribuye cinco —que será la Comisión Permanente—, bajo la falsa excusa del ahorro. Y esto no es ninguna ventaja, señorías, es una desventaja que debilita al pleno en beneficio de esta Comisión Permanente, en beneficio del propio presidente. Y, como ha dicho algún senador anteriormente, es mucho más fácil manejar a cinco que a veinte.

Usted ha intentado explicar la ley para los que no se la hayan leído, pero yo haría algunas preguntas: ¿Cómo van a ejercer las funciones estos jueces sin dedicación exclusiva? ¿Cómo van a trabajar estos jueces? Porque, como digo, su explicación, señoría, no ha servido ni ha convencido a nadie. Quizá lo puedan hacer por teletrabajo, es posible que lo puedan hacer por teleasistencia, hasta igual pueden llevar un servicio de ayuda desde un despacho amateur. Lo que está claro es que va en contra del articulado de la Constitución.

Pero quieren ir aún más lejos: hacen desaparecer comisiones importantes; le dan un poder absoluto al presidente; desvirtúan el papel de las asociaciones judiciales; proponen debates secretos frente a la transparencia; dan una sobrerrepresentación excesiva a algunos miembros




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para que el presidente haga y deshaga; crean la figura del vicepresidente del Tribunal Supremo con una función perturbadora y con un perfil definido de antemano, al que solo le falta que ustedes le peguen su foto en el proyecto de ley; y pierden una oportunidad de oro para debatir sobre los consejos autonómicos —lo decía el senador del grupo nacionalista—. Y aunque es un debate que no va a poder eludir, ahora no lo hacen, porque —como dijo el ministro Gallardón el pasado martes— no cree en ellos y además ahora no toca. Dan un pasito adelante solo para salir en la foto —y es un pasito ficticio—.

No les quedaba más remedio lo de la paridad entre mujeres y hombres en la Comisión de Igualdad, lo pone en la disposición adicional, pero solamente para salir en la foto.

Señoría, el propio consejo ha calificado en su informe el proyecto de ley —leo textualmente— como un desapoderamiento de importantes funciones del Consejo General del Poder Judicial a favor del Ejecutivo, y además se le atribuye al propio ministro de Justicia alguna potestad reglamentaria que posibilita el control y condiciona su funcionamiento, menoscabando la independencia del Poder Judicial y colocándole en una relación de subordinación.

Hace poco más de un año el Tribunal Constitucional, en una sentencia de 19 de marzo, decía que los jueces y magistrados están sujetos exclusivamente al imperio de la ley, es decir, no están subordinados a órdenes, instrucciones o indicaciones de otro poder público, ni legislativo ni ejecutivo. Estupendo. Dicho y hecho, con esta ley ustedes, todo lo contrario, interviene en el Poder Judicial. Es verdad que España necesita una Administración de Justicia que funcione bien, es cierto, todos los españoles lo necesitamos. Ustedes no. Ustedes se olvidan de que la Administración de Justicia no solo está formada por jueces y magistrados, por los órganos de gobierno y por el ministerio fiscal, la Administración de Justicia está formada por profesionales, por abogados, por procuradores, por notarios, por registradores, y ustedes en año y medio —se lo decía al ministro el martes— han conseguido que todos estén en su contra —también los grupos de esta Cámara—: las asociaciones de profesionales de la justicia, la mayoría de los miembros del Consejo, el Tribunal Supremo, todos. Y luego ustedes hablan de consenso. El único consenso que han conseguido de verdad es que todos estemos en contra de este proyecto de ley.

Van a aprobar ustedes una ley en solitario, en tiempo record, sin debate, sin discusión, rompiendo todas las reglas del juego, pero así son ustedes. Y como ustedes son muy habituales a recurrir a la memoria y a hablar de José Luis Rodríguez Zapatero, les recuerdo que en el año 2001 los socialistas llegamos a un acuerdo con cinco grupos de la Cámara. El Grupo Parlamentario Socialista ha intentado también llegar a un acuerdo en este tema de Estado, pero con una decepción absoluta. Con ustedes es imposible.

Les decía que estamos ante una grave contrarreforma que pone a todos los operadores jurídicos de acuerdo y en su contra. Desmantelan el consejo y consolidan una planificada ocupación política del órgano de gobierno de los jueces. Atacan su independencia y diseñan un órgano presidencialista gobernado por un núcleo duro, que va a permitir que haya vocales de primera y de segunda, vocales con información y sin ella, con la excusa falsa —rotundamente falsa— de la austeridad. Con esta contrarreforma ultraconservadora, ustedes, con su mayoría, van a aprobar, van a usar, van a abusar y van a devaluar la calidad de nuestra democracia, limitando y disminuyendo los derechos y libertades de este país.

Señoras y señores del Partido Popular, además de sus fracasos en las políticas económicas y laborales, además del incremento del déficit de la deuda, del paro, de la pobreza; además del aborto, de la exclusión social; además de la ley municipal; además de la ley de educación; además de los recortes en derechos y en libertades; además de todo eso, van a devaluar nuestra democracia, la calidad y la convivencia, superando todos los límites admisibles en una democracia decente.

Nosotros, señorías, los socialistas, queremos cambiar el consejo, pero no como ustedes lo quieren hacer. Apostamos por un órgano colegiado que funcione de verdad, donde el Pleno tenga la mayoría de las competencias, donde las comisiones hagan su trabajo más especializado, donde los consensos sean amplios, donde no se recorten ni restrinjan ni vulneren los principios constitucionales, donde la transparencia dé más legitimidad y mejor funcionamiento al Consejo, donde el presidente del Consejo tenga sus funciones, sí, pero sin carácter presidencialista, donde el Consejo no sea sectario ni partidista ni elitista. Lo hemos intentado, pero está visto que no lo




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hemos conseguido. Con ustedes, como les decía, el consenso es imposible. Por eso les aseguro, señorías, que cuando el Partido Socialista vuelva al Gobierno —y lo hará muy pronto—, la primera medida que tomará será cambiar esta regulación.

Acabo, señor presidente.

Tras una tramitación atropellada, sin diálogo, sin debate, sin propuestas, sin consenso, con auténticas perversiones democráticas y con una falta importante de respeto a este Parlamento, el Grupo Socialista votará favorablemente los vetos, votará en contra de esta ley y les anuncio que, de aprobarse el proyecto en estos términos —y estamos seguros que así será—, mi grupo llevará esta ley al Tribunal Constitucional.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Rodríguez.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: Con su venia, señor presidente. Buenos días, señorías.

Yo creo que sí, que ha quedado claro que la reforma de la Justicia es inaplazable, y todos estamos de acuerdo. Lo que se trata de descubrir es qué justicia queremos. Desde luego, el Grupo Parlamentario Popular quiere una justicia independiente —pero para cada juez independiente— y autónoma para el gobierno del Consejo General del Poder Judicial, que veo que se lo voy a tener que explicar porque lo confunden.

En fecha de 7 de marzo de 2013 el Partido Socialista planteó una interpelación, que tuvo su moción consecuencia de interpelación en fecha 27 de marzo de 2013, donde solicitaba al Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, que no modificara el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. A esa moción se sumó el Grupo Parlamentario Vasco y también Entesa. Por pura coherencia, señorías, hoy deberían retirar sus vetos tanto el Grupo Socialista como el Grupo Parlamentario Vasco y Entesa, porque lo que viene a acoger la reforma que hoy propone el Grupo Popular es lo que ustedes proponían en esa moción consecuencia de interpelación. Repito, por pura coherencia.

Señorías, yo creo que esos doce jueces y magistrados tienen que ser elegidos por jueces y magistrados, lo sigo creyendo, pero, como manifestó el señor ministro de Justicia, hemos modificado ese criterio, por una parte, en aras de búsqueda de consenso —que en determinadas cuestiones se ha conseguido—, y por otra —que yo añado—, para abrir el Consejo General del Poder Judicial a la totalidad de los miembros de la carrera judicial

Me he permitido trabajar un poco en ese sentido y he buceado en la historia del Consejo General del Poder Judicial. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) La Ley orgánica 1/1980 es la primera que regula el consejo y previó que fueran elegidos por votación los miembros de la carrera judicial; así se eligió el primer Consejo de 1980 a 1985. La Ley orgánica 6/1985 aprobó que fueran las Cámaras quienes los eligieran, y así se eligieron —el segundo, tercero y cuarto Consejo General del Poder Judicial—. Y, por fin, la Ley orgánica 2/2001, por la que son las Cámaras quienes eligen —y así ha sucedido con el quinto Consejo —el actual— pero con una presentación por parte de los candidatos de la carrera judicial. Lo que hoy pretendemos hacer es exactamente lo mismo: seguir el debate legislativo que se ha venido manteniendo respecto a los doce vocales que constituyen el Consejo General del Poder Judicial, pero abriéndolos, señorías, a todas las categorías judiciales, tanto a jueces como a magistrados del Tribunal Supremo. Lo que no se pretende desde luego —y la Constitución no quiere— es una asamblea parlamentaria, sino crear precisamente un órgano de gobierno de los jueces.

Fíjense —y esto hay que tenerlo muy claro, porque ustedes lo han confundido, señorías, al hablar—, hablan de la independencia del Poder Judicial, y el Poder Judicial por sí mismo no puede ser independiente. Independientes son los jueces; independiente es el juez que dicta su sentencia a la vista de la prueba practicada en el juicio. La autonomía sí se debe predicar del Consejo General del Poder Judicial. El órgano constitucional es el que debe ser autónomo respecto a los otros poderes del Estado, pero la independencia que ustedes tanto predican es precisamente la de cada juez individual. (Aplausos.)

Paso ya por falta de tiempo a comentar cada veto.




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Agradezco, en primer lugar, a la senadora Salanueva su voto en contra de los vetos porque le parece bien el proyecto de ley que presenta el Gobierno.

Senadora Capella, en cuanto a los vetos primero y segundo no ha hecho más que una filípica teórica, no nos ha contado su veto, se ha quejado de todo lo que le parecía bien, tuviera que ver con la justicia o no. Lo que le digo, en la apertura de vocales se rebaja a 25, un juez o magistrado lo único que va a necesitar son 25 compañeros que le avalen para presentarse. Fíjese, la enmienda 87 del Partido Socialista previene que, para poder ser elegible como vocal del Consejo General del Poder Judicial, será necesario el respaldo del 1% de la carrera judicial. ¿Sabe qué supone eso sobre 5160 jueces? 52. Nosotros queremos que, con 25 avales, uno se pueda presentar —abriéndolo mucho má—, y a ustedes les parece bien que sean 52 —y no me lo ha justificado por qué—. Bueno, creo que es mucho más democrático que 25 avales sean suficientes para poderse presentar a vocal del Consejo General del Poder Judicial.

Usted, senadora Capella, también ha empleado la palabra miedo y, sinceramente, miedo me da usted a mí, sinceramente se lo digo. (Rumores.—Aplausos.) Si me permite un consejo: por favor, no se presente nunca a las oposiciones de jueces, porque miedo me da a mí caer en sus manos, tal y como usted piensa. Usted ha venido a decir que, si alguien es vocal del Consejo General del Poder Judicial y ejerce el cargo de compatibilidad como abogado, se va a poder presentar y el juez se va a ver influenciado por saber que el otro es vocal. Mire usted, miedo me daría caer en sus manos como juez. El juez —y aquí hay otros dos compañeros que me entenderán perfectamente—, si tiene una grandeza, esa es su conciencia. Y el juez dicta sentencia en base a su conciencia y con la prueba practicada, y dictará la mejor sentencia en función de esa única obligación que tiene, que es la de obedecer a su propia conciencia.

Senador Iglesias, ante todo le agradezco el tono moderado de sus palabras. Ha manifestado diversas cuestiones y ha hecho referencia a las tasas, que nada tienen que ver con este proyecto de ley. Lo único que le quiero decir es que, desde luego, ha creado una sombra de duda respecto a lo que pensaban muchos jueces. Le tengo que decir que, efectivamente, los jueces sí estaban de acuerdo con las tasas, quizá no con la manera en que decidió realizarlas el Gobierno; sí estaban de acuerdo con la imposición de las tasas.

Respecto al desapoderamiento y los estamentos, creo que queda claro que precisamente lo que se previene en esta reforma del proyecto de ley es que tanto jueces como magistrados —también los del Tribunal Supremo— estén absolutamente representados en este nuevo Consejo General del Poder Judicial que se pretende. Y a lo que apunta sobre la Ley de igualdad ya le contestaré cuando comente la enmienda del senador Bildarratz, que ha hecho especial hincapié en ello.

Respecto a la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Socialista, tengo que decir que no hay un excesivo presidencialismo. Senador Rodríguez Esquerdo, ha hecho usted hincapié en que es más fácil manejar a cinco que a veinte, y otro compañero ha añadido: ¡Claro, como ustedes están acostumbrados a manejar! Efectivamente, le llama la atención que puedan manejar ustedes más a cinco que a veinte. (Aplausos.) Mire usted, no es la voluntad del Partido Popular. La voluntad del Partido Popular es dejar libertad autónoma a ese Consejo General del Poder Judicial para que gobierne el colectivo de los hoy 5160 jueces y magistrados. No se trata, para nada, de inquirir en su voluntad.

Creo que ha quedado claro lo de las normas antibloqueo, aunque se aprueba con unidad de acto por el rey, que firma los reales decretos en los que se designan a los diez vocales del Consejo, elegidos tanto por el Congreso como por el Senado, lo cual no obstará a que se pueda seguir funcionando por el propio Consejo si una de las Cámaras incumple su obligación.

Desde luego hacen también un especial hincapié en la transparencia en la adopción de acuerdos. Creo que eso ya quedó claro en la comisión, y así lo manifestamos. La transparencia en los acuerdos es absoluta, porque los acuerdos son públicos, como también son públicas todas las decisiones, pero los debates de las decisiones, como sucede en el resto de órganos constitucionales, deben ser reservados.

Quiero comentar muchas cosas en cuanto al veto número 4, del Grupo Parlamentario Vasco —y al señor Bildarratz le agradezco también el tono empleado—, si bien me voy a ceñir a dos principalmente. En primer lugar, a los consejos autonómicos, a los que tanto se ha referido, que efectivamente es una coletilla recurrente y debería decir que es un déjà vu, porque ya está vista y hablada. Parece que, aprovechando esta reforma, se quiere preguntar qué hay de los consejos




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autonómicos. El discurso es muy fácil. La sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 —y usted ha puesto de manifiesto que yo la cité, y es verdad— dice que se declaran inconstitucionales los consejos autonómicos en tanto en cuanto desapoderan del Poder Judicial al Consejo General del Poder Judicial. Como no están creados esos consejos autonómicos, habrá que verlo, pero, en todo caso, lo que no podrán hacer nunca es recibir una descentralización, o sea, no recibir el ejercicio de la titularidad de las competencias que le corresponden al Consejo General del Poder Judicial —una desconcentración, que es un ejercicio no de la titularidad de las competencias, sino de la función de las competencias, a lo mejor—. Por tanto, en principio, en tanto en cuanto no se vayan a regular esos consejos autonómicos, no sabemos de qué se puede estar hablando y no es el momento de comentarlo, aunque haya siete estatutos de autonomía que lo recojan —quizá unos por mimetismo de otros.

Pero, fíjese, el legislador constituyente en esto sí que fue de alguna manera precavido y dictó la mejor Constitución, y la prueba está en que nos ha funcionado y nos sigue funcionando muy bien después de más de treinta años. El legislador constituyente crea un Estado autonómico, un Parlamento autonómico y un Consejo de Gobierno autonómico, pero no crea un Poder Judicial autonómico, se blinda ese Poder Judicial en el título VI, artículos 117 a 227, de la Constitución. Precisamente quiere que ese Poder Judicial siga siendo único, con lo cual los consejos autonómicos, por mucho que estén, nunca van a poder asumir parte de ese Poder Judicial que solo puede ser estatal.

Le diré en cuanto a la crítica que se ha hecho de la Comisión Permanente de los seis miembros que más o menos lo he explicado.

Es verdad que comentamos el otro día lo de la Ley de igualdad. He revisado la constitución de la Comisión de Igualdad ¿y sabe que queda perfectamente blindada que la presidencia de la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial sea a favor de una mujer? No se dice qué mujer, si la más moderna en la carrera judicial o la más antigua en la carrera judicial, si tiene que ser jurista de reconocida competencia o tiene que ser magistrada, lo que se dice es que tiene que ser mujer en aplicación de la ley de igualdad. Fíjese cuál es el compromiso de la ley de igualdad que en la Comisión de Igualdad de esta Cámara, en la Mesa, casi todas son mujeres y solo participan tres hombres, casualmente los tres del Partido Popular.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ALTAVA LAVALL: Sí, señor presidente.

Fíjese cuál es el compromiso: los únicos tres hombres que participan en la Comisión de Igualdad son del Partido Popular. Bien es cierto que le tengo que reconocer que el señor Cazalis en su momento también perteneció, el único que fue de su grupo. Pero hoy solo participan tres hombres y son del Partido Popular.

Tengo que decir respecto a los vetos 5 y 6, del señor Montilla, que no hay presidencialismo porque se siguen manteniendo las competencias mayoritarias en el Pleno y, en su caso, en la Comisión Permanente. Me ha hablado de Radio Televisión Española, de los organismos reguladores y de que aprovechemos esta ley para regular otras. Desde luego no vamos a desdecir al Tribunal Constitucional, que ya criticó en su momento que, aprovechando una ley, se regularan otras cuestiones —lo que hacía mucho el Partido Socialista aprovechando la ley de Presupuestos Generales del Estado.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Altava.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las propuestas de veto.

Comenzamos con la propuesta de veto número 2, de la señora Capella, del Grupo Parlamentario Mixto.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 225; a favor, 85; en contra, 140.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 225; a favor, 85; en contra, 140.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 5, de los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 84; en contra, 140.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 6, de la senadora Almiñana y los senadores Boya, Bruguera, Martí, Montilla, Sabaté y la senadora Sequera, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 225; a favor, 85; en contra, 140.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Vasco.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 224; a favor, 85; en contra, 139.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 225; a favor, 84; en contra, 140; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, una vez rechazadas las propuestas de veto, pasamos al debate de las enmiendas. (Rumores.)

Comenzamos por las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.

Enmiendas de la 1 a la 45 y de la 47 a la 51, presentadas por los senadores Iglesias y Mariscal.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor. Guarden silencio, señorías.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Las cuatro primeras enmiendas que hemos formulado los dos senadores de Izquierda Unida pretenden delimitar las funciones de inspección que son competencia del Consejo General del Poder Judicial —es decir, las que hacen referencia al personal jurisdiccional— de las funciones de inspección del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia y establecer mecanismos de cooperación y colaboración entre ambos ámbitos de inspección. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

Planteamos que el Consejo General del Poder Judicial sea oído pero no sea quien convoque el acceso al Cuerpo de Letrados; también que en la fijación de las bases y estándares de contabilidad de los sistemas informáticos, el Consejo sea escuchado, sea oído, pero no que los determine él por la necesidad evidente de que, dependiendo el funcionamiento de estos sistemas




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informáticos de otras administraciones, no se produzca ningún tipo de conflicto entre el Consejo y estas otras administraciones, simplemente que se busque la homogeneización que permita la conectividad de todos y cada uno de ellos a través del debate y de la información.

Ampliamos, como argumentaba en la defensa del veto, las posibilidades de comparecencia ante las cámaras de los miembros del Consejo General del Poder Judicial; repito una vez más que no como mecanismote control ni para imponer criterio ni argumento político alguno a los comparecientes, sino para mantener una relación fluida, información fluida, entre dos poderes del Estado.

Proponemos enmiendas que buscan ampliar los colectivos con capacidad de proponer candidatos al Consejo General del Poder Judicial —usuarios, universidades, colegios profesionales— y establecemos un mecanismo de comparecencia de estos candidatos ante las comisiones competentes de las dos cámaras legislativas en sesión pública; de tal manera que no sean directamente conocedores de los méritos y capacidad de los distintos candidatos solamente quienes con sus votos van a tomar la decisión de la elección en el Pleno de la Cámara, sino que también lo sea la sociedad, a través de estas comparecencias públicas, y sea capaz, en consecuencia, de evaluar el acierto en la elección por quienes formamos parte del Poder Legislativo.

Decía el último portavoz Popular que ha intervenido que consideraba un ejercicio de democratización requerir un número muy reducido de avales para la presentación de candidaturas. Nosotros discrepamos y defendemos en nuestras enmiendas que sea imprescindible un 1% de miembros de la carrera judicial; son cincuenta y dos, como muy bien decía él, y veinticinco no nos parece un número exagerado. Estamos hablando de un poder del Estado. Sinceramente, cualquier club de fútbol, a la hora de elegir a su presidente, pide a los candidatos un número de avales superior a cualquiera de estos que estamos barajando. Que quien da el paso de presentarse como candidato al órgano de gobierno de un Consejo del Estado acredite una mínima seriedad, acredite un mínimo reconocimiento de sus iguales, que son quienes le avalan, a través de una asociación o a través de un número concreto de avales, no nos parece que sea cercenar las posibilidades de participación democrática de los miembros de la carrera judicial. No hace tanto que se estableció una reforma de la Ley Electoral exigiendo a las fuerzas políticas que pretendan concurrir a las elecciones la presentación de un número mínimo de avales cuyo porcentaje se acerca más a los que proponemos en nuestras enmiendas que a las cifras que baraja el proyecto de ley objeto de este debate.

No vemos ninguna razón, vuelvo a insistir, para establecer esos cupos de representatividad entre jueces y magistrados, en los que se exija que tres de los miembros del consejo sean magistrados del Tribunal Supremo y que otros tres acrediten más de veinticinco años; además, se va en dirección absolutamente contraria a la de la argumentación que se utiliza para reducir el número de avales. Si lo que buscamos es una mayor representatividad y una mayor posibilidad de participación, no establezcamos estos filtros, que acotan la posibilidad de configurar el Conejo General del Poder Judicial con una composición que refleje mejor a la carrera judicial en su conjunto.

Rechazamos, como he argumentado al defender el veto, que solo tengan dedicación exclusiva los miembros de la comisión permanente. El portavoz socialista lo ha argumentado perfectamente: no es trasladable al tercer poder del Estado, al Poder Judicial, el modelo del Ejecutivo controlado por el Legislativo; no es razonable articular el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial en la dinámica de un ejecutivo permanente y un órgano amplio que controla al ejecutivo, al pleno del consejo.

Proponemos que los incumplimientos muy graves puedan abrir la posibilidad de la destitución; queremos introducir mecanismos de censura que también puedan dar lugar esa destitución.

Desde luego, rechazamos que se prescinda de la comisión de calificación para la preparación de los nombramientos —proponemos que se ocupe el pleno—; porque consideramos que la experiencia ha sido buena: la experiencia de funcionamiento de está comisión ha permitido trabajar con rigor en la evaluación de los méritos de quienes tienen que asumir responsabilidades mayores en la Administración de Justicia. Mantenemos, asimismo, la exigencia de los tres quintos para los nombramientos.




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Creemos que la competencia para la imposición de sanciones por infracciones muy graves debe residir en el pleno y no en la comisión disciplinaria. Hemos presentado enmiendas que defienden la existencia de un recurso de alzada ante el pleno.

Consideramos que la rotación de los vocales por la comisión permanente y por todas las comisiones debe ser una rotación obligatoria y real, no una opción o una posibilidad abierta.

Defendemos que es mejor que el cargo de promotor de la acción disciplinaria no resida en un magistrado, sino en una persona que no tenga la condición de magistrado. Creemos que el servicio de inspección debe depender del pleno, y no de la comisión permanente.

Proponemos que el Gobierno presente, en un plazo de seis meses, un proyecto de ley que regule los consejos autonómicos. Por eso nos abstendremos —lo anuncio a todos los grupos— en la votación de todas las enmiendas que pretenden regular estos consejos autonómicos. Pensamos que, puesto que la opción es que el Gobierno presente un proyecto de ley, no tiene mucho sentido pronunciarse en este momento sobre una regulación específica de estos consejos autonómicos.

También presentamos una enmienda para que se mantenga la presencia de jueces sustitutos y magistrados suplentes, hasta que esté cubierta la planta judicial, para garantizar el mantenimiento del servicio de la Administración de Justicia.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Buenos días, señorías.

Las enmiendas que presenta nuestro grupo se pueden dividir en cinco bloques. El primer bloque está relacionado con la creación de los consejos de justicia autonómicos. El segundo bloque se refiere a la dedicación de los vocales. El tercer grupo, a las competencias de las comunidades autónomas. El cuarto bloque tiene que ver con la igualdad de género. Y el quinto bloque, con una serie de mejoras globales. Voy a referirme especialmente a los consejos de justicia autonómicos y a la Comisión de Igualdad, porque ya he expuesto el resto en los dos turnos anteriores, de defensa de nuestro veto.

Las relacionadas con las competencias de las comunidades autónomas se refieren a la inspección, porque entendemos que es un ámbito que tienen que trabajar las comunidades autónomas.

Con la dedicación de los vocales pretendemos únicamente la mejora del funcionamiento. Tal como he dicho en la defensa del veto, entendemos que la justicia tiene una serie de problemas graves —y en eso estamos todos de acuerdo— y que hay que dotar al Consejo General del Poder Judicial y a la justicia en general de recursos, principalmente. Tenemos que dotarlos de medios, tenemos que dotarlos de posibilidades para que puedan trabajar mejor. Es claro que, solo con eso, no vamos a resolver todos los problemas que tiene la justicia. No obstante, además de que son ellos los que tienen que autorganizarse como mejor entiendan, tienen que contar con los recursos que pretenden, con los recursos que ambicionan, con los recursos que han tenido hasta ahora: no hay razón que justifique que, de veinte vocales con dedicación exclusiva, se pase a seis, y que se justifique, además, con que no olviden los conocimientos que tenían. Sin embargo, eso no tiene por qué suceder y, por otra parte, resulta difícilmente justificable que haya seis personas que sí puedan olvidar recursos y conocimientos anteriores, y catorce que no. Además, el mantenimiento de la cercanía, del contacto con el mundo que lo eligió, con el mundo al que pertenece, es obvio. Es tanto como decir que un alcalde de un ayuntamiento no debe tener dedicación exclusiva, porque dejará de ser cercano a los ciudadanos. Seguirá siendo miembro de esa ciudad, miembro de ese municipio, pero dedicará todo su tiempo y todos sus recursos al bienestar de la ciudadanía a la que representa. Creo que es equiparable a la dedicación de los vocales.

Respecto a la Comisión de Igualdad, lo único que pretendemos es que el espíritu de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, esté certificado de una manera u otra en este proyecto de ley, en esta reforma; creo que todos los aquí presentes estaremos de acuerdo en esto. Nosotros, senadora Vindel, senador Altava, estamos dispuestos a retirar todas las enmiendas relacionadas con la igualdad de género. Incluso les firmaría un papel en blanco. (Denegaciones de la señora Vindel López.) Solo tendría un requisito que le diéramos este papel en blanco: que el criterio que mantiene el proyecto de ley para la Comisión de Igualdad




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se respete para el resto del consejo; no queremos más. (Aplausos.) Una transaccional, lo que les parezca, y retiramos todas las enmiendas; pero el espíritu que persigue, que ambiciona la ley que he mencionado, se le adjudique también al consejo en su totalidad.

Para terminar, voy a hacer referencia a los consejos de justicia autonómicos. El senador Altava decía que la creación de los consejos autonómicos no está en el espíritu de la Constitución, a diferencia de los parlamentos autonómicos y de los ejecutivos —de los gobiernos— autonómicos. Solo les voy a poner un ejemplo: el Consejo de Justicia de Andalucía; el Consejo de Justicia de Andalucía, aprobado en el Estatuto de Autonomía para Andalucía y refrendado por ley orgánica en estas Cortes Generales. Entiendo que la Constitución está salvaguardada, puesto que las Cortes Generales aprobaron ese estatuto y el Consejo de Justicia de Andalucía está incluido en él; entiendo que no hay ningún problema. Ahora bien, hay una frase que se me ha quedado grabada, que se ha pronunciado en la comisión y en este Pleno, lo que les decía antes: ya están ustedes otra vez, los nacionalistas ―en este caso, catalanes y vascos― con la misma cantinela… Pero no es la misma cantinela. Otras comunidades autónomas sí tienen aprobados estos consejos de justicia, y entendemos que es una buena gestión y un buen proyecto que merece la pena que recoja este proyecto de ley orgánica.

¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el Consejo de Justicia de Andalucía dentro de sus atribuciones tiene la de «participar en la designación del presidente o presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, así como en la de los presidentes de sala de dicho tribunal y de los presidentes de las audiencias provinciales»; fue aprobado en el Parlamento andaluz y en las Cortes Generales. Sin embargo, les voy a leer lo mismo, pero en relación con el Estatuto de Autonomía de Cataluña; dice: «participar en la designación del presidente o presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, así como en la de los presidentes de sala de dicho tribunal superior y de los presidentes de las audiencias provinciales»; y este es anticonstitucional. Entonces, tenemos, por una parte, un consejo autonómico que para nada es anticonstitucional y que forma parte, además, del espíritu de la Carta Magna y, por otra, por una diferencia de criterio —por decirlo de manera tenue y suave—, Cataluña no dispone, por anticonstitucional, de lo que Andalucía sí dispone, como constitucional.

¿Dónde está la verdadera diferencia entre un documento y otro? La diferencia está en que, cuando el Estatuto de Autonomía de Andalucía entró en las Cortes Generales, entró con un texto diferente del texto con el que salió, que tiene que ver con el punto culminante que se corrigió en las Cámaras, que era: «el Consejo de Justicia de Andalucía es el órgano de gobierno del Poder Judicial en Andalucía, actúa como órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial, sin perjuicio de las competencias de este último, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial». Esto es precisamente lo que se corrigió —el senador Altava se ha referido a ello— por: «el Consejo de Justicia de Andalucía es el órgano de gobierno de la Administración de Justicia en Andalucía, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial». Pues eso es lo que estamos pidiendo: que si existe esa definición, esa determinación, en siete estatutos de autonomía ¿por qué razón no podemos hacerlo extensible y recogerlo en un proyecto de ley orgánica como el que estamos debatiendo en este momento?

Y no solo eso; además, en el Estatuto de Cataluña, los puntos a), b), c), d) y e) fueron declarados anticonstitucionales, mientras que los puntos f), g), h), i) fueron declarados constitucionales. Pero, miren por dónde, los mismos apartados, los mismos aspectos, dentro del Estatuto de Autonomía de Andalucía, fueron dados por válidos y, tanto en el Congreso como en esta Cámara, fueron defendidos de manera apasionada tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista y por las demás fuerzas que formaban entonces el Parlamento.

Les voy a leer parte de la intervención del hoy presidente Rajoy, que entonces era líder de la oposición, haciendo mención al Estatuto de Autonomía de Andalucía; decía: «las razones de nuestro voto afirmativo se pueden resumir en cuatro puntos: es un buen estatuto para Andalucía, es inequívocamente constitucional, cierra el paso a cualquier veleidad nacionalista y, en fin, señorías, es fruto de un consenso entre los dos principales partidos». Pero, fíjense: lo que aquí, en Andalucía, es cerrar las puertas a cualquier veleidad nacionalista, en Cataluña es justo lo contrario: es el desarrollo de todas las veleidades nacionalistas. Y cuando este texto, el Estatuto de Autonomía de Andalucía, se debatió en esta Cámara, el hoy presidente, el señor García-Escudero hacía también esta reflexión: «este es el mejor estatuto posible en las actuales circunstancias,




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porque estimamos que, si bien tales reformas no son una necesidad acuciante —el mismo argumento que hoy—, siempre pueden ser beneficiosas con tal de que se ajusten a un requisito irrenunciable: mejorar la eficacia de las instituciones autonómicas de acuerdo con los principios que desde la Constitución orientan nuestro modelo de Estado. Pues bien, nuestra opinión es que este nuevo estatuto para Andalucía, tras la profundas modificaciones que experimentó en su trámite en estas Cortes Generales, cumple satisfactoriamente este requisito, y por eso lo vamos a apoyar hoy, y pediremos a los ciudadanos andaluces que así lo hagan cuando se les convoque a refrendarlo con su voto». Es decir, el señor García-Escudero hace dos reflexiones importantes: una, respeto a la Constitución y, dos, mejora de la eficacia de las instituciones autonómicas. Y dentro, no nos olvidemos, tenemos al Consejo Autonómico de Justicia, con todos los apartados que les he leído.

Y la senadora Becerril decía: «en el actual texto Andalucía alcanza las máximas competencias —como también se ha dicho aquí— que la Constitución atribuye a las comunidades autónomas, y se hace con respeto a la Constitución y a las leyes orgánicas con referencia en determinados preceptos a esas leyes. Para el Grupo Parlamentario Popular y para mí misma lo que esto introduce son garantías; garantías del Estado de derecho, garantías de mantenimiento y vigencia de derechos fundamentales, de libertades públicas y de un principio tan importante y tan democrático, tan propio de las democracias modernas, como el principio de igualdad ante la ley para cualquier ciudadano en cualquier punto de España. Es un estatuto plenamente constitucional». Lo único que quiero dibujar con esto es que, evidentemente, cuando nosotros utilizamos este tipo de razonamientos parece que son veleidades nacionalistas, pero, dependiendo de quién lo haga, el resultado es otro.

Quisiera terminar con una frase que dijo el hoy presidente del Gobierno, señor Rajoy, y entonces líder de la oposición, respecto a la aprobación del Estatuto de Autonomía de Andalucía en el Congreso de los Diputados: «nadie en esa tierra discute la nación española, ni la autonomía de Andalucía, ni nuestra Constitución». La conclusión que yo saco de todo esto es que, no es tanto lo que se escribe o lo que los papeles puedan rezar, sino las valoraciones que determinados partidos políticos en determinados momentos puedan hacer sobre otros partidos políticos según entiendan que se adaptan, o no, a los intereses que ellos persiguen en un ámbito u otro. Esto no puede ser, porque, evidentemente, no es ser coherente con la ley ni consecuente con la Constitución.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo para defender brevemente un conjunto de enmiendas de mi grupo parlamentario: de la 197 a la 201, de la 203 a la 272, la 274, de la 276 a la 299, y de la 301 a la 306. Muchas de estas enmiendas son coincidentes, además, dada la configuración de nuestro grupo, con enmiendas presentadas por Izquierda Unida y por el Grupo Socialista. Por ello, me referiré de una manera, como decía, muy breve a algunas de ellas, a pocas de este conjunto que presentamos.

La enmienda 242 forma parte de un conjunto de enmiendas destinadas a frenar el desapoderamiento de funciones y de competencias que la normativa todavía vigente otorgó al consejo como medio para garantizar la independencia de jueces y magistrados, y que el texto actual pone en peligro. También para mejorar la trasparencia del consejo y de las decisiones de sus órganos, lo que sin duda redundará en una mayor legitimación ante los ciudadanos, que es una de las mayores exigencia de la sociedad actual.

La enmienda 283 trata de evitar la renovación parcial del consejo en contra, pensamos, del designio constitucional y con claros intereses partidistas. Hay que recordar que en las únicas ocasiones que, no solo el consejo sino también el Tribunal Constitucional, o el Tribunal de Cuentas de manera muy reciente, han sobrepasado el periodo para el que fueron elegidos ha sido casualmente cuando el Partido Popular estaba en la oposición y podía ejercer esas labores de bloqueo, a las que antes he hecho alusión.




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Mediante la enmienda 253 tratamos de mantener la dedicación absoluta de los miembros del consejo durante su mandato, delimitando más claramente las competencias del propio consejo y mejorando también la regulación de las distintas comisiones que lo integran.

Incluimos también, como otros grupos, una disposición adicional nueva, mediante la enmienda 239, para evitar el desmantelamiento del sistema de jueces y fiscales sustitutos y magistrados suplentes —casi desmantelado en estos momentos—, hasta cuando la planta judicial no esté cubierta y atendida de forma racional y eficientemente por jueces o fiscales de carrera.

Asimismo, y dado que esta modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial no aborda ninguna fórmula de desconcentración del órgano de gobierno de la judicatura incluyendo la previsión de la creación de consejos de justicias autonómicos, como recomienda el propio Consejo General del Poder Judicial en su informe —y tampoco refuerza las salas de Gobierno de los tribunales autonómicos—, incluimos una enmienda, la 301, para que el Gobierno presente un proyecto de ley que articule nuevas fórmulas precisamente de desconcentración. A este respecto, hay adaptaciones pendientes de la Administración de Justicia a la evolución del Estado autonómico. Pensamos que es perfectamente posible hacerlo, con la Constitución vigente; diferimos de algunas afirmaciones que se han hecho en esta tribuna, en el sentido de que la Constitución es limitativa: hay cosas que no prohíbe y que se pueden hacer. Obviamente, la Constitución no nos habla para nada de Europa, y el texto constitucional no ha impedido cesiones importantes de soberanía a Europa; algunas, tan esenciales como la política monetaria, la desaparición de la moneda y también de las fronteras, y Europa no aparece en el texto constitucional. (La vicepresidenta, Vicente González, ocupa la presidencia.) Por tanto, no se hace esa interpretación restrictiva a la que hacían alusión la señora Vindel y el señor Altava en sus intervenciones, como si el texto constitucional fuera una cotilla.

El portavoz del Grupo Parlamentario Vasco se ha referido ampliamente a este tema, ha hecho alusión al Estatuto de Cataluña, a la sentencia 31/2010, del Tribunal Constitucional, y también a la paradoja que se produce cuando en dos estatutos con un articulado prácticamente idéntico uno está suspendido por esta sentencia y el otro está vigente, y se supone que sin problemas de encaje constitucional. Las razones desde luego tienen poco que ver con la Constitución, si acaso podría ser porque en su momento hubo quienes entendieron —y creo que acertadamente— que si no votaban el Estatuto de Andalucía eso comportaría perder determinados rendimientos electorales y, por tanto, lo apoyaron; y en el caso de Cataluña pensaron —seguramente también acertadamente— que les convenía más electoralmente votar en contra y además llevar el texto al Tribunal Constitucional. Por tanto, ahora se da la paradoja de que, efectivamente, hay unos artículos de ambos estatutos que son idénticos y que en un caso están suspendidos por el Tribunal Constitucional y en otro están vigentes, y lo están también porque las razones de fondo de la sentencia a este respecto, como ustedes saben, no tienen tanto que ver con el contenido de lo regulado en los artículos suspendidos por el Tribunal Constitucional como con la idea de que esta era una cuestión que se tenía que regular en la Ley Orgánica del Poder Judicial y no en el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Por tanto, como también reconoce el propio Consejo General del Poder Judicial en su informe, ahora sería el momento de abordar este tema, así como las cuestiones que hacen referencia a las funciones casacionales de los tribunales superiores de Justicia de Cataluña, como en el caso del Estatuto de Andalucía recoge en su capítulo uno y aquellos relativos a la creación del propio consejo.

Porque lo que se plantea, señorías, no es convertir el actual Consejo General del Poder Judicial en diecisiete consejos autonómicos, como llegó a decir hace dos días, en la sesión de control del martes, el señor ministro de Justicia, entre otras cosas, porque no es posible hacerlo sin una reforma constitucional, y no es eso lo que estamos planteando. Obviamente, para descentralizar el órgano de gobierno de los jueces sí que haría falta una reforma constitucional; estamos hablando de otra fórmula que es constitucionalmente posible, que es la descentralización de la Administración de Justicia, no del órgano de gobierno de los jueces, y eso es perfectamente constitucional; el principio de unidad jurisdiccional no impide en absoluto la posibilidad de regular y crear mediante la modificación de esta ley los consejos de justicia autonómicos. Y no lo digo yo, como ustedes saben, una gran parte de la doctrina así lo manifiesta, sin ir más lejos, hace dos o tres días, en un foro celebrado en esta Cámara expertos en derecho constitucional se expresaban en estos términos.




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Hay una última enmienda a la que quiero hacer alusión, la número 293. Presentamos dicha enmienda apoyándonos en la reserva de muchos estatutos de autonomía —a lo que también ha hecho alusión el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco— respecto de la participación de los gobiernos autónomos en la designación de los miembros del consejo y utilizando la dimensión territorial esencial, porque así lo dice también la constitución de esta Cámara, donde los candidatos propuestos por el Senado serán designados a propuesta de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, previa consulta a las diferentes asambleas legislativas y mediante la utilización de este instrumento que tiene esta Cámara, cuyo reglamento le dedica numerosos artículos; comisión, por cierto, que en todo lo que llevamos de legislatura ha celebrado una sola reunión con el objeto de constituirse, y a la espera, obviamente, de que el Gobierno quiera darle otra función, aunque parece que por el momento no es así.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Enmiendas números 52 a 59, 61 a 68, 70, 71 y 74 a 78, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Tiene la palabra la senadora Parera.

La señora PARERA ESCRICHS: Gracias, señora presidenta.

Voy a dividir la defensa de las enmiendas que hemos presentado a este proyecto de ley en dos grupos que regulan dos aspectos fundamentales. El primer grupo garantiza las competencias de las comunidades autónomas, como Cataluña, que tiene estatuto propio y competencias delegadas en materia de justicia. Entendemos que la reforma debería contemplar la creación de los consejos de justicia autonómicos, un aspecto que ya ha comentado el compañero del Grupo Parlamentario Vasco extensamente. Las comunidades autónomas que tienen estatutos en la materia tienen previsto en sus estatutos estos consejos de justicia autonómicos, y de hecho el propio informe del Consejo General del Poder Judicial así lo reconoce, considera y aconseja. Por tanto, no parece tener sentido que se insista en no crear, en no regular esta figura dentro de cada comunidad autónoma con competencias.

Asimismo entendemos que debe regularse la participación de las comunidades autónomas en la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y en la designación de los miembros del Tribunal Constitucional. En Cataluña hemos sufrido en nuestras propias carnes la designación de los miembros del Tribunal Constitucional con una sentencia difícilmente entendible. Creo que no se ha podido expresar mejor por mis predecesores en sus intervenciones refiriéndose a estas enmiendas. No tiene sentido que el Tribunal Constitucional mantenga un criterio dependiendo del estatuto de autonomía de que hablemos y mantenga otro distinto cuando hablamos de Cataluña o de otra comunidad autónoma a la que quizá no consideran tan amiga. No lo sé, espero que no sea así. Esta participación de las comunidades autónomas en la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial está regulada en el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, y de hecho es un punto avalado por el propio Tribunal Constitucional en su sentencia de 2010. Por tanto, no parece lógico que se excluya a las comunidades autónomas de algo tan importante como es su participación en la conformación de un órgano que va a regir el Poder Judicial en nuestro país.

El otro grupo de enmiendas va más dirigido a garantizar algo no menos importante: la independencia del propio órgano y, en consecuencia, la independencia del Poder Judicial.

No voy a referirme a todas las enmiendas. Las que no mencione las doy por defendidas. Lo que sí voy a enunciar son una serie de aspectos que creo son los más relevantes o los más significativos y que muestran cómo vamos encaminados a una pérdida muy importante de independencia del órgano del Consejo General del Poder Judicial y, por ende, de jueces y magistrados.

No es de recibo reducir las atribuciones del consejo como órgano de gobierno que es del Poder Judicial simplemente a la Alta Inspección. Esto es un claro menoscabo de su independencia. También consideramos que debe mantenerse, tal y como prevé la ley actualmente en vigor, que el Consejo General del Poder Judicial informe sobre los anteproyectos de ley o sobre cualquier disposición general. No debe limitarse exclusivamente a normas procesales como pretende este




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proyecto de ley que hoy estamos debatiendo, y es que estamos vaciando de contenido al órgano de una manera imprudente y totalmente innecesaria.

En cuanto a la renovación de los vocales del consejo, estoy de acuerdo —y se ha mencionado antes en la defensa de los vetos por algunos compañeros— en que debe mantenerse la unidad de acto, tal y como se venía haciendo hasta ahora. Porque, al final, lo que estamos haciendo es vulnerar un mandato constitucional y yo creo que aquí no estamos por la labor de vulnerar ningún mandato constitucional; los mandatos constitucionales deberían respetarse.

Asimismo, es importante volver a elevar o mantener el número de avales necesarios exigidos actualmente por la ley para presentar candidatura de juez o magistrado. Se rebaja en este proyecto de ley de una forma exagerada. Creo que el número de avales exigido en este proyecto de ley va a ser claramente insuficiente.

También proponemos mantener el redactado actual en el régimen de incompatibilidades. La nueva redacción, en cuanto al estatuto de los vocales del consejo general, va a ir en detrimento, otra vez, de un mandato constitucional que proclama la incompatibilidad entre el ejercicio de la jurisdicción y el desarrollo de cargos públicos. Esto es una garantía fundamental de independencia y, sobre todo, de imparcialidad. Por tanto, automáticamente es una garantía para mantener la confianza del ciudadano en la Administración de Justicia. Por ello, creo que estamos haciendo un flaco favor a la justicia modificando este estatuto de los vocales.

Doy por defendidas las demás enmiendas a las que no he hecho referencia. Las enmiendas que quedan vivas hoy aquí mediante la presentación de nuestro voto particular son de contenido importante, no tanto las que transaccionamos —que se agradece, cómo no— en comisión. Pero de estas que quedan vivas, como aún no hemos votado, yo les pediría, por favor, una reflexión de aquí a la votación para intentar que alguna —si no todas, pues sería muy iluso por mi parte pensar que así sería— pudiera ser incorporada al texto, porque creo que lo mejoran claramente.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, las enmiendas números 79 a 111 y 113 a 141, y vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 307 a 327 y 329 a 331, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y por las enmiendas transaccionales referidas al último párrafo del Apartado V del Preámbulo; al Artículo Único. Uno. Artículo 560.1.16ª; al Artículo Único. Uno, artículo 598.4ª; al Artículo Único. Uno, Artículo 598.11ª; al Artículo Único. Uno. Artículo 607.3; y, por último, al Artículo Único. Uno. Artículo 614.

Senador Díaz Tejera, tiene la palabra.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidenta, con su venia.

La primera intervención fue muy correcta. Pero daba la impresión de que no conversaba públicamente con los grupos parlamentarios que presentaban seis vetos. El otro día viví la experiencia en un instituto de Vallecas, donde les expliqué a los alumnos y alumnas la Constitución y luego, en las preguntas, les decía mi opinión, mi criterio. Pero la primera parte era informativa. Pues bien, da la impresión de que ha explicado a los integrantes de esta Cámara el contenido de la ley. Cosa que me parece bien, porque quien no ha trabajado esto no tiene por qué saberlo. Pero era necesaria una segunda parte, la de responder, aunque sea a algunos —no digo a todos, ¡por favor, qué esfuerzo!— de los argumentos expresados por los oradores que, representando a millones de personas que nos han puesto aquí, han esgrimido sus argumentos. Y no desespero. Tengo la esperanza de que en esta ocasión, por favor, sí me puedan responder a algunas preguntas y darme las razones por las que no se aceptan algunas enmiendas.

Yo comprendo que en términos dialécticos es mucho mejor preparar una cosa que sobrevuela —retórica vacía explicando la ley— antes que leerse todo el argumentario que se expone. Pero es que en este apartado, aparte de explicar las enmiendas de uno, también hay que explicar por qué no se aceptan otras.

Tengo algunas preguntas, por ejemplo, en cuanto a las mayorías, al no haber un precepto que establezca si se refiere de manera precisa a los presentes o a los miembros del órgano, ¿cómo se van a computar? Porque eso no figura. Se lo quiero preguntar porque, posiblemente, con la sabiduría de su explicación, en el futuro no habrá problemas a la hora de establecer el cómputo de esa mayoría cuando se vaya a aplicar, porque es evidente que los aplicadores van a leerse los




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debates en ponencia, en comisión y en el pleno. Quisiera saber la razón de ser de la rebaja de las incompatibilidades. Quisiera saberlo. Y quisiera saber si creen sinceramente que esa rebaja es buena para la calidad de la prestación del servicio o no. Me gustaría saber su criterio.

Les digo más, señorías. Fíjense que no les pregunto por las enmiendas números 79 a 141, porque si va a responder por qué no acepta las 332 enmiendas, eso no puede ser. Por ello solo le voy a preguntar por unas cuantas: las números 81, 118, 119… Veo que no toma nota. Lo volveré a repetir, a ver si hay la posibilidad de que me explique alguna de ellas. Las números 81, 118, 119, 131, 136 y 137. Nada más que estas. ¿Saben por qué? Por ejemplo, en cuanto al argumento que se esgrime de que no pueden venir el presidente y los vocales porque la Constitución no lo prevé, aparte de subrayar el argumentario del presidente Montilla hace unos minutos sobre tantas cosas que se han hecho en relación con la Unión Europea y la cesión de soberanía, yo le pregunto, si eso no es posible, ¿por qué lo hemos podido hacer en los últimos treinta y cuatro años, treinta y cinco dentro de unos meses? ¿Por qué se ha podido hacer? ¿Cómo han podido venir el presidente y los vocales? Por favor, ¿también estamos incurriendo en inconstitucionalidad sobrevenida como nos ha advertido el ministro? Y esta mañana se lo he recordado a ustedes para que lo tengan en cuenta a la hora de votar, no vaya a ser que incurran otra vez de manera expresa en inconstitucionalidad sobrevenida. A mí me gustaría saberlo porque, ¿acaso alguien ha hablado aquí de algo distinto a comparecer para explicarnos lo que está pasando en la gestión? Ya que los eliges, ¿por qué no se puede escuchar directamente, no por intermediarios o interesados, sino directamente una explicación de cómo está la prestación de servicio público, los problemas que hay, etcétera? A ver de qué manera eso se puede tener en cuenta ad futurum cuando se planteen los presupuestos. Se trata de una información regular que reciben las Cámaras para hacer cabalmente su trabajo, porque ya que ahora la gestión y la autonomía presupuestaria se achica, se circunscribe y se limita, razón de más para que ahora las Cámaras reciban información y elaboren los presupuestos de una manera cabal con vistas al futuro. A mí me gustaría que me explicaran algo en torno a esta enmienda número 81; de otras no, porque es un sobreesfuerzo excesivo.

La enmienda numero 118 que nosotros proponemos, dice: En el Consejo General del Poder Judicial existirá un cuerpo de letrados. El ingreso en el mismo, mediante acuerdo motivado, se realizará mediante un proceso selectivo en el que se garanticen principios de mérito y capacidad. Si no les gusta esto, pongan por oposición. ¿Por qué no ponen por oposición? ¿Es que acaso estamos confundiendo esto con la situación de magistrados suplentes, jueces sustitutos, fiscales? Hay una asociación en Madrid que lleva más de veinticinco años realizando esa función. En la otra asociación son otros años, pero muchos de ellos llevan más de diez años o más de veinticinco años desempeñando esa función controlada por todos los jueces a los que luego les recurren esas resoluciones y que las han confirmado o, en algún caso, revocado. Pero si no fueran adecuados ya los habrían despedido, porque han estado sacando el 30% del trabajo a lo largo de todos estos años. ¿Por qué no se plantean que puedan seguir prestando su función hasta tanto se cubra la planta? Para la gente que está supervisada por los propios integrantes de la carrera judicial del Ministerio Fiscal no me parece irracional ni insensato el concurso-oposición, porque ya han acreditado esos diez años, veinticinco años, etcétera. ¿Pero para el Cuerpo de Letrados, que es una creación ex novo? Por cierto, ¿hay algún lugar de España en el que, en materia de función pública, se cree algún cuerpo nuevo? Yo creía que había otros criterios respecto de la creación de plazas de los cuerpos que ya existen, cuanto más para crear un cuerpo que no ha existido. No me insistan en preguntarme eso de por qué desprestigia usted a los letrados de las Cortes Generales, del Consejo de Estado, del Tribunal Constitucional. No hablamos de cuerpos que llevan cientos de años. No hablamos de ello. Hablamos de algo nuevo que no se quiere crear por oposición, sino por concurso-oposición. Esta propuesta me parece bastante sensata. Pero si no lo es, me gustaría saber qué grado de insensatez tiene para aprender y no volver a plantear esta pregunta o esta opción. La anterior no se la había leído pero parto de la base de que yo aprendo siempre del que sabe más que yo. La señora portavoz del Grupo Popular explicó el texto, pero no respondió a los argumentos de los que sí se lo habían estudiado, sencillamente se lo explicó a los que no se lo habían leído. Permítanme leer esto aunque dé un paso atrás porque no todos tienen por qué haberse leído esta enmienda.




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Mire usted qué insensatez dice el Grupo Socialista: las Cortes Generales podrán reclamar la comparecencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial para obtener información acerca de otras actividades o decisiones del citado órgano, sin que esa posibilidad pueda extenderse en ningún caso a las que tengan contenido jurisdiccional. ¡Fíjense ustedes qué prudencia! También podrán ser llamados a comparecer vocales cuando así lo soliciten, al menos —para garantizar que no estén todo el día aquí—, dos grupos parlamentarios que representen más del 25% de los miembros de la Cámara. Se plantea esta cláusula para que no estén todo el día viajando por toda España para hacer su trabajo, algo que es imposible.

Me dirán ustedes que si uno está todo el día haciendo juicios y por la tarde redactando sentencias y a su vez es vocal, se tiene una magnífica condición, si eres catalán, para conocer la realidad de la justicia en toda España, incluida Canarias. O al revés, uno fijo en Guía, en Gran Canaria, por la mañana haciendo juicios y por la tarde redactando sentencias, está más cercano al conocimiento de la Administración de Justicia en toda España. A mí me parece que más cercano está el que no tiene esa obligación de estar por la mañana haciendo juicios y por la tarde redactando sentencias porque a él sí se le puede decir en cualquier lugar de España y de los territorios de su responsabilidad que venga cuando sea requerido porque no tiene otra tarea. O mejor aún, imagínense el caso de un abogado, con todos sus turnos establecidos de trabajo, ¿qué va a hacer cuando se convoca pleno y a la vez tiene una vista? No, no, es que el trabajo en un lugar le dará acceso al conocimiento de toda la justicia en toda España viviendo en ese lugar y haciendo su trabajo. O el caso de un profesor universitario en Madrid al que responsabilicen de algún otro territorio. Dar clases le da una gran opción a conocer la realidad de la justicia en el conjunto de España. A mí me parece que no es razonable. La enmienda número 81 al artículo 564 me parece bastante sensata, pero dejo abierta la posibilidad de que expliquen algún gramo de insensatez porque yo aprendo siempre permanentemente de todo el mundo.

La número 118 ya la he leído. Omito su lectura para no aburrir a sus señorías. Pero fíjese la propuesta que planteamos en el punto 4: Los letrados deberán ser miembros de la carrera judicial o fiscal, pertenecer al Cuerpo de Secretarios Judiciales o ser funcionarios de carrera de un cuerpo incluido en el subgrupo A1 de las distintas administraciones públicas —son los del cuerpo técnico, el cuerpo superior—, ingresarán mediante concurso de méritos y serán nombrados por un período inicial de dos años, pudiendo luego ser renovados anualmente, sin que en ningún caso pueda extenderse más allá de un total de diez años de prestación de servicios. Eso se ha hecho así durante treinta y cinco años.

Yo quisiera que me explicase por qué esto que se ha hecho durante treinta y cinco años, ahora es malo y quieren crear ese cuerpo permanente que en la práctica van a ser esos cinco los que dirijan el consejo. ¿Por qué razón? Porque en el parlamento que ustedes crean (igual a pleno que está para votar) y el gobierno que ustedes crean (igual a comisión permanente que son cinco), como se procurará la rotación y no tendrán continuidad los cinco años, ¿quién sí tiene continuidad durante ese período de tiempo? Los cinco letrados y los miembros de la comisión disciplinaria, los demás no.

No voy a repetir el argumento del señor Iglesias respecto a la sonrisita de conejo, que me pareció una expresión muy gráfica. Porque ciertamente yo no tengo ninguna desconfianza en la integridad ni en la independencia de los miembros de la carrera judicial, ninguna, y conozco a muchos de ellos. No tengo ninguna desconfianza, pero ¿qué creen ustedes que opinaría el conjunto de los españoles acerca de a quién encargar un asunto?, ¿a un abogado que está todo el día trabajando y a su vez es vocal y miembro de la comisión disciplinaria, o a otro que no es vocal ni miembro de la comisión disciplinaria? ¿Creen ustedes que esto no perturba nada? Porque si fuera una cosa para mejorar, todo lo que sea bueno para el servicio yo lo apoyo, venga de donde venga; pero, sinceramente, ¿a ustedes esto no les parece perturbador en la práctica del servicio? A mí sí me lo parece.

En cuanto a la instrucción, ¿a ustedes les parece que la instrucción es algo delegable, que la acción promotora de la instrucción es delegable? Si precisamente se establece la cláusula de que sea un magistrado del Tribunal Supremo con veinticinco años de experiencia; ni siquiera voy a entrar en por qué razón le tienen tanta manía a los que tienen quince años de experiencia o menos. ¿Por qué razón sobrevaloran tanto a los que tienen veinticinco años de experiencia? Cada uno tiene su orientación, hay quienes aman más a un segmento de edad que a otro. Eso ya forma




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parte de la libertad individual o grupal. Pero sí me gustaría saber por qué razón ustedes entienden que la instrucción es delegable. La enmienda número 131, al apartado 3, del artículo 607, dice: La instrucción es indelegable por parte del promotor de la acción disciplinaria y la práctica de diligencias ordenadas por él solo podrán ser delegadas en miembros de la carrera judicial. Si fuera indelegable a mí me parecería muchísimo más sólido y solvente a la hora de instruir ese posible expediente porque llevan tareas de inspección, y vuelvo a insistir el mensaje que se le envía al conjunto de los miembros de la carrera judicial. Mientras no se cubra la planta no me parece que sea mala posibilidad seguir contando con esos jueces y con esos sustitutos.

Respecto de las enmiendas números 79 a 141 no les pregunto, pero de las números 137, 136, 131, 118, 119 y la 81, si pudiera ser, sí me gustaría escuchar una explicación.

Sobre el debate de los consejos territoriales uno puede construir un molino de viento y luego decir que es un monstruo y llamar a una cruzada contra el monstruo. Pero, claro, solo cree en el monstruo quien lo ha construido, porque son molinos de viento. Aquí nadie está hablando de jurisdicción. No he usado nunca la palabra jurisdicción. No he escuchado a otros portavoces usar la palabra jurisdicción. ¿Por qué sacan esa letanía sobre la unidad jurisdiccional? ¿Pero quién está hablando de la jurisdicción? Estamos hablando de una expresión que reitera el Tribunal Constitucional de la Administración de Justicia. Estamos hablando de algo gubernativo; estamos hablando de gestión administrativa. Por tanto, no saquen esa letanía como si fuera un monstruo de la unidad jurisdiccional. Nadie está hablando de eso. La unidad jurisdiccional del conjunto de España está garantizada y, en última instancia, hay un intérprete, que es el Tribunal Supremo.

Cuando se habla de que en el ámbito del Ejecutivo y del Legislativo existe el Estado autonómico pero que en el ámbito de la justicia, en el del Poder Judicial, todavía no ha llegado el Estado autonómico se considera una doble dirección. Si hablamos de jurisdicción nos referimos a culminar la organización jurisdiccional en los tribunales superiores, y de eso no estamos hablando hoy. Si hablamos de la parte gubernativa, vuelvo a explicar que estamos hablando solo de desconcentración con las siete leyes orgánicas aprobadas. Y yo no voy a llamar a la insumisión respecto a las leyes orgánicas, yo llamo al respeto a las leyes orgánicas porque es parte del ordenamiento jurídico vigente. Si no se está de acuerdo, se cambia y se modifica, pero mientras tanto es así.

No es verdad esa formulación única que hace sobre la sentencia en relación al modelo catalán. Hay, exactamente, dos modelos básicos, y les remito a este trabajo de don Manuel Gerpe Landín y don Miguel Ángel Cabellos Espierrez; antes lo ha citado el presidente Montilla y yo les he traído una copia para que tengan la oportunidad de documentarse al respecto. Son diversos modelos y algunos están en vigor, pero nadie habla, para nada, de la unidad jurisdiccional. Es más, la primera sentencia del Tribunal Constitucional sobre el consejo es del año 1986 y ya ahí se hablaba de que el apoderamiento del Consejo General del Poder Judicial era para sustraer competencias al ministerio a fin de que no interfiriese en la actividad de los jueces y tribunales. Eso es lo que plantea el Constitucional, que no se interfiriera en la actividad de los jueces y magistrados desde el Consejo General del Poder Judicial. Yo comprendo que de camino aprovechen y digan que en ningún lugar se proclama la independencia del Consejo General del Poder Judicial, pero es que no se está hablando de eso, se habla de que desde el consejo se utilicen competencias para interferir en esa independencia. ¿O acaso lo disciplinario no es un medio susceptible de interferir en la independencia? ¿O acaso los nombramientos, los ascensos, los cursos, las horas de audiencia o las horas de recibir, todas estas cosas que tienen que ver con la gestión cotidiana del ejercicio del Poder Judicial, o sea con la administración de la Administración de Justicia, en todo eso que tiene que ver con la vida cotidiana no interfiere en la práctica en la independencia de los jueces y magistrados? A mí me parece que sí.

Hay otro argumento que me parece poco respetuoso a la hora de tener en cuenta las consideraciones de quienes sí han estudiado esto. No es verdad que haya habido bloqueo en los anteriores consejos, respecto a los nombramientos de presidentes de audiencias o tribunales superiores. No es verdad. Se han puesto trece votos para exigir un mayor consenso y se ha ido nombrando a todos. Donde sí ha habido bloqueo es en el trabajo de las Cámaras. ¿Y cuál es el mecanismo que crean? Pues que posiblemente, como va a ser difícil que en el Congreso se consigan los tres quintos, el próximo consejo estará formado por los vocales nombrados por el Congreso —y dada la dificultad de los tres quintos, seguirán trabajando los mismos— y por los vocales nombrados por los tres quintos del Senado, donde no habrá ninguna dificultad. El sueño




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más fantasioso que se puede tener —sueño esperanzador para algunos y pesadilla para otros— es que quienes van a formar el próximo consejo, si se diese esto, que no se formen los tres quintos, que no es difícil, serán los que fueron nombrados por el Congreso, pues seguirán ahí hasta que el Congreso los renueve, y los nuevos que designe la Cámara territorial, donde no existe ninguna dificultad. ¿Y por un casual esos tres quintos de la Cámara territorial lo forma un solo partido? Sí. Entonces, ¿quiénes van a estar ahí? Pues todos los que haya nombrado ese mismo partido. ¿Es eso una casualidad y por eso se establece? No. Eso se establece pensando que ahora se tiene una mayoría concreta y que se tiene esa garantía, pero a efectos de futuro no soluciona nada. Por eso no es una solución de bloqueo, muy al contrario.

Lo de la cercanía ya lo he explicado. Lo del truquito del bloqueo desde el ámbito del Senado, también. Lo del consenso me resulta un poco más cómico. Yo he estado aquí en las dos anteriores legislaturas apoyando al Gobierno socialista, y nos cansamos durante años de hilvanar consensos con todos los grupos, excepto con el PP. La reforma del 2001 la apoyaron cinco grupos. Por lo que he estado escuchando, me da la impresión de que esta solo la va a apoyar el PP. ¿Quién tiene más experiencia haciendo consensos? Lo digo por aquello de obras son amores y no buenas razones. (Risas.) No, a mí no me importa, la risa es tan legítima como el llanto.

Le agradezco que haya citado párrafos de una intervención de este senador aquí, incluso la técnica de no citar al autor de esos párrafos para no dar pie a la utilización del artículo 87 y a la réplica. A mí esas cosas me resultan simpáticas. Uno ha visto un montón de veces en los juicios esos truquillos procesales, pero uno en el fondo se sonríe, porque ¿alguna vez alguno de ustedes ha escuchado a algún portavoz del Grupo Socialista que estamos encantados con la práctica del Consejo General del Poder Judicial? No, hasta tal punto que estuvimos promoviendo esa reforma y de ahí el acuerdo al que se llegó en el año 2001, el Pacto de Estado sobre la Justicia. Si eso se ha estado promoviendo es porque se partía de la base de que no nos gustaba esa imagen que se estaba dando del consejo de puro calco, pura traslación al ámbito de un órgano constitucional, de la relación de fuerzas en el mundo parlamentario. Y no nos desgarrábamos las vestiduras porque se dijera que un juez tuviera una orientación sexual, religiosa o política determinada, ni tampoco porque un juez diga que se deja su ideología y su religión en su casa, porque esas cosas no se las cree nadie. Todo ser humano tiene una orientación, del tipo que fuere y en el ámbito que fuese. Lo único es que en el momento de escribir hará un esfuerzo para basarse solo en lo que allí se ha practicado o en lo que ahí se ha leído y habrá otros que lo van a leer sin piedad alguna a la hora de revocar o a la hora de confirmar.

Nunca hemos manifestado que estamos encantados de que el Consejo General del Poder Judicial, en su experiencia de sus últimos 35 años, sea el mejor de los mundos posible. Muy al contrario, las críticas más aceradas —usted amablemente se ha hecho eco y ha leído párrafos exactos de intervenciones hechas aquí por este senador— las hemos hecho desde el Grupo Socialista, porque son repeticiones calcadas de la relación de fuerzas parlamentarias e incluso con figuras del star system. Lo hemos dicho muchísimas veces. O sea, su pregunta: ¿en qué quedamos? ¿Reforma sí o reforma no? Le hemos dicho, como dicen ahora los adolescentes, cuatrocientas veces que sí queremos reformarlo, pero no para empeorarlo, sino para mejorarlo. Por ejemplo, ustedes dicen: ahora en lugar de ser 36, porque los únicos candidatos podían ser hasta 36 personas a través de las asociaciones, ahora van a ser muchos más. A mí me parece muy bien que sean 36 o más y se les pide 25 firmas. Decía el senador Iglesias: 25 firmas, no, ninguna firma, todos, todos pueden ser candidatos. Pues que lo sean. Pero, a su vez, supone decir que esto de las asociaciones judiciales es lo que hay, pero que no nos gusta mucho. Imagínense que en el ámbito electoral general, no dentro de la carrera judicial, el discurso que hiciéramos fuera: esto de los partidos políticos no es una conquista democrática, ni son órganos establecidos en la Constitución, partidos políticos y sindicatos, artículos 6 y 7. No, que ahora todos son candidatos, con el equivalente a 25 votos, trasladado a los 46 millones que somos. Pues da un poco la impresión de que hay un cuestionamiento de lo existente. Yo cuestiono el modelo de 1978 en este ámbito, creo que hay que mejorar muchas cosas en el ámbito de primarias, en el ámbito de más participación, más horizontalidad, menos verticalidad, bla, bla, bla…Pero ese es otro debate. Que dentro de la carrera judicial el mensaje de que las asociaciones son un asunto menor y que se busquen otras vías, pareciéndome bien que todos puedan ser candidatos, ojo con eso, porque esa es la razón de fondo por la que ustedes han cambiado de posición y han retomado la




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posición de la elección parlamentaria y no la elección corporativa. La razón es esa, porque en última instancia no crean que todo lo que está fuera del mundo asociativo es todo bueno, justo y benéfico. No es así. El discurso corporativo existe en todas partes. Existe en las asociaciones y también en los que no están en las asociaciones. Existe en todas partes. E insisto, no todo lo que está fuera de los partidos políticos es bueno, justo y benéfico, ni todo lo que está en los partidos políticos es la encarnación del maligno. Pues respecto a las asociaciones es lo mismo: ni todo es bueno ni todo es malo, pero son necesarias. De igual manera que los partidos políticos, la agrupación, la vertebración del cuerpo electoral son necesarios, la vertebración dentro de la carrera judicial también es necesaria y que todos sepamos lo que todos piensan mejor aún. ¿Qué problema hay con eso? Es más, subrayo, si seguimos insistiendo en la necesidad de la transparencia y que todos conozcan las razones por las que se escoge al candidato A frente al candidato B, ¿por qué no les gusta eso? No lo entiendo, no entiendo por qué no quieren que la gente sepa que tal vocal votó al candidato A porque entiende que tiene más méritos, más cualificación, más formación, más experiencia, lo que sea. ¿Y por qué razón las personas no pueden estar viendo ese debate en tiempo real en su casa? Señorías, es que es un debate de un órgano constitucional, de un órgano gubernativo, ¿por qué no pueden hacerlo, por qué la transparencia es mala? Yo no lo entiendo, no llego a ver la razón, porque cuando son asuntos de seguridad nacional, de defensa, de lucha contra el crimen organizado, eso sí lo entiendo. Yo no quiero saber el nombre de un topo que tiene la Guardia Civil en una determinada red, yo no quiero saberlo, no quiero saberlo ni quiero ver el expediente, confío en la Guardia Civil. ¿Pero por qué razón no se pueden saber las razones por las que un vocal apoya a un candidato frente a otro? No es que lo comparta o no lo comparta, sino que no termino de conocer ese profundo secreto de Estado que no está al alcance de los mortales.

Y luego hay un pequeño misterio para mí: ¿me podrían explicar esto de la vicepresidencia? Yo estoy convencido de que tiene ya nombre y apellidos, pero me gustaría que me explicaran por qué al principio era de dos órganos, después solo de uno y se exigiera la condición de vocal, y que ahora no se exige la condición de vocal? ¿Cuál es la diferencia? Si eres vocal solo puedes estar cinco años, porque saben que el presidente sí puede ser reelegido pero los vocales no; si el vicepresidente del Supremo es vocal solo puede estar cinco años, pero si ese vicepresidente del Supremo no es vocal no tiene límite temporal, puede ser reelegido otra vez. Porque las tareas que se le encomiendan son muchas, son muchas. A mí me gustaría saber si me pueden explicar esto, pero si pueden ustedes explicarlo, yo no les voy a pedir más de lo que se pueda hacer porque no me parece serio, pero si pudieran ustedes explicarlo yo se lo agradecería, porque insisto en que siempre aprendo mucho.

En todo caso, como me quedan todavía veintiocho segundos, quiero decirles que si esto fuera bueno, si fuera bueno para el Poder Judicial yo lo apoyaría, si fuera bueno para la Administración de Justicia yo lo apoyaría, pero aquí no estamos hablando ahora de eso, estamos hablando de un órgano constitucional, de un órgano de gobierno, de un órgano político en el sentido más noble de la expresión, para dirigir a un poder del Estado, y creo sinceramente que las propuestas que hacemos, las enmiendas que hacemos son bastante sensatas y por eso les he leído alguna de ellas. En cualquier caso, espero de su sabiduría que en esta ocasión sí me responda de forma concreta a los argumentos concretos aquí esgrimidos.

Nada más, señorías, y gracias, presidenta, por los dieciséis o diecisiete segundos que me ha dado de más. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Turno en contra.

Tiene la palabra la senadora Vindel.

La señora VINDEL LÓPEZ: Gracias, señora presidenta. Señorías.

Lo primero de todo, me alegro mucho —y quiero que quede expresa constancia en el Diario de Sesiones de esta mañana— de ver que el senador, el auténtico senador Arcadio Díaz Tejera ha vuelto, porque tengo que confesarles que en la anterior intervención no le reconocí, fue tan plano que no le reconocí. Hoy y ahora ya sí le acabo de reconocer —y me alegra mucho— en la intervención que ha hecho su señoría, ha sido muy ilustrativa.

Déjeme que le diga una cosa, señoría, jamás, jamás, en los años que llevo, por suerte, en esta Cámara (Rumores.) —y creo que será así en los que me quedan, que no sé cuántos serán, espero




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que bastantes— nunca he calificado de insensato ningún planteamiento y ninguna enmienda que haya planteado ningún grupo; serán mejores, serán peores, serán oportunas, serán muy poco oportunas, serán acertadas o serán equivocadas, pero insensatez, señoría, poquita, poquita.

Y déjeme que le diga lo bien que actúa; porque no es verdad, señorías, no le crean ni una palabra de lo que ha dicho. Si a usted le pareciera bien cualquier cosa, ¿iba a votar a favor, usted que es del PSOE, un proyecto del Partido Popular? En la vida, en la vida. (Aplausos.) El Diario de Sesiones está lleno de votaciones contrarias. (Rumores.) No, no, señoría, ahora no recule (Rumores.—La señora Menéndez González-Palenzuela: Ayer mismo.)

Al senador Bildarratz le tengo que decir una cosa. Le agradezco mucho el ofrecimiento de la hoja en blanco firmada por usted, pero, mire, señoría, yo, además de senadora, en la vida civil soy abogada en ejercicio y le recomiendo que no haga eso nunca; nunca, nunca enseñe una hoja en blanco firmada por usted, porque puede tener bastantes problemas; no es el caso actual, desde luego, pero en cualquier aspecto de la vida.

Al senador Montilla tengo que decirle algo que se me olvidó comentarle antes en la intervención anterior en el turno en contra de los vetos. Habla su señoría de que el Partido Popular siempre se opone cuando está en la oposición a cualquier asunto relacionado con nombramientos o con renovación y nos citó el caso de un compañero suyo, José Antonio Alonso, que luego fue portavoz en el Congreso de los Diputados. Déjeme que le diga una cosa, señor Montilla, seguramente no sepa usted que falleció el magistrado del Constitucional, Roberto García-Calvo; fue un magistrado propuesto por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados y se nos impidió sustituirle, se nos impidió. (Aplausos.) Yo le recomiendo, señoría, que no vea la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio.

Señora presidenta, señorías, las enmiendas que se han presentado al texto y que se han defendido, unas incorporan cuestiones distintas por completo al proyecto que estamos viendo; otras, incorporan cuestiones contrarias a su espíritu y, por otra parte, también se ha hablado mucho de los consejos autonómicos, incluso, se ha hablado también de que no se valore como mérito preferente el conocimiento de las lenguas oficiales.

En el turno anterior, yo ya me he pronunciado sobre las atribuciones del consejo en el sistema de elección, sobre la elección de los vocales, el ejercicio a tiempo parcial, la condición de vocal y el control de actuación del Poder Judicial por parte de las Cortes Generales. Entonces, yo, personalmente, no voy a repetir argumentos, me remito a cuanto dije en la intervención anterior. Pero sí quiero hacer mención a alguno de los planteamientos que han hecho sus señorías ahora en este turno. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la creación de consejos autonómicos y la valoración de la lengua cooficial como mérito. Independientemente, ya se ha dicho, de que la reforma que estamos abordando se refiere al ámbito de la estructura y funcionamiento exclusivamente del consejo y que consideremos que este, en este proyecto, no es el lugar adecuado para abordar la cuestión, la eventual regulación de los consejos autonómicos en el ámbito del Poder Judicial es una opción legislativa, no una obligación, como muy bien dice, no el Gobierno ni el Grupo Popular, senador Bildarratz, sino el voto particular de la vocal Espejel al informe del Consejo General del Poder Judicial.

A mí, sinceramente, me parece que estamos ante una propuesta que hacen ustedes, muy respetable, por supuesto, pero basada en razones de mera oportunidad. A mí me arroja dudas sobre su pertinencia, tanto desde el punto de vista de la configuración del consejo, que es el garante de la independencia judicial, como desde una perspectiva de eficacia y de contención en el gasto público. Saben ustedes que el artículo 122, señorías, vincula la condición de órgano de gobierno con el principio de unidad jurisdiccional. Y tal artículo es el que consagra al consejo como el órgano de gobierno del Poder Judicial y es la Ley Orgánica del Poder Judicial la que determina su constitución y su funcionamiento. Esta es una realidad que ya ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional, repito, que declaró inconstitucional el Consejo de Justicia de Cataluña. Y lo que yo me pregunto es si los consejos de justicia no pueden ser órganos de Gobierno del Poder Judicial, si no pueden tener competencias en materia de ascensos, de nombramientos, de inspección y de régimen disciplinario, por la simple razón de que ningún otro órgano, salvo el consejo, puede ejercer la función de gobierno de los órganos jurisdiccionales integrados en el Consejo General del Poder Judicial, carece de sentido su reconocimiento y su regulación. Y a mí me parece plenamente coherente que el Poder Judicial, que es único y que está integrado por




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jueces y magistrados que forman un cuerpo único, sea gobernado por un órgano constitucional único también. No sé si le vale como argumento de autoridad, pero esta semana hemos conocido la nueva genialidad del Partido Socialista que ahora quiere descentralizar la justicia.

Pues bien, senador Bildarratz, el Partido Socialista lo que pretende no es modificar en este punto el proyecto de ley. Saben muy bien que lo que hay que modificar, si se quiere llegar a eso, es la Constitución. Por lo tanto, no me parece en absoluto operativo ni práctico que ustedes propongan como propuesta la creación de estos consejos en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Y por lo que se refiere a la consideración de la lengua como mérito, le diré que está plenamente regulado en la vigente ley orgánica que, señoría, no estamos modificando en este punto: son los artículos 311 y 314. Además, en el Reglamento de la carrera judicial ya se establece el reconocimiento de la lengua en el derecho civil propio —el derecho foral— como mérito preferente. Por lo tanto, ya hay una normativa suficiente en lo que se refiere a esta cuestión.

Por lo que se refiere a transparencia y opacidad, de la que tantas veces se ha hablado, señorías, pues negamos la mayor. No es cierto que exista falta de transparencia en la adopción de acuerdo; al contrario, lo que se establece son dos medidas muy relevantes a la hora de ganar en transparencia. En primer lugar, la votación va a ser nominal, y no tendrá carácter secreto; tendrá que recogerse en el acta y, por lo tanto, cada vocal va a emitir su voto, de forma que los demás van a saber cuál ha sido su posición en cada asunto y en cada cuestión. Y en los plenos en los que además se decidan nombramientos: el candidato A y el candidato B, se dejará constancia de la motivación del acuerdo con expresión de las circunstancias de mérito y capacidad que justifican la elección de un aspirante sobre otros. Difícilmente pueden pensarse medidas más garantistas y de mayor transparencia que las establecidas en el proyecto. Tanto es así, señorías, que el propio Consejo General del Poder Judicial, en el informe que emitió a propósito de esta ley, valoró muy positivamente que las votaciones no tengan carácter secreto y que, además, haya que motivarlas, porque así se va a permitir un mejor conocimiento de las decisiones que se tomen, y reconoce que el deber de motivación de los actos queda fortalecido en el proyecto.

En cuanto a la cuestión de género, les voy a decir lo siguiente. A mí también me gustaría que hubiera un mayor número de magistradas del Tribunal Supremo, y desde luego de magistradas con más de 25 años de antigüedad en la carrera judicial; me gustaría mucho. Pero el hecho de que su número sea menor en la actualidad no impide que las que sí lo estén no puedan salir elegidas, señorías. Además, les diré otra cosa: es que quedan seis vocales más no sujetos a antigüedad para designarlos. Y para ellos no se requiere absolutamente nada en cuanto a antigüedad se refiere. Al no requerirse antigüedad, la presencia de mujeres es mayoritaria, y yo espero y deseo que esta nueva regulación por fin les sea beneficiosa y por fin les favorezca.

¡Cómo no les voy a recordar la Ley de igualdad del año 2007 y que tiene carácter transversal! Y, señorías, al decir que tiene carácter transversal estoy diciendo que no obliga —como hacen muchas de las enmiendas presentadas— a que se repita en todas y cada una de las leyes para que resulte de obligado cumplimiento. No es necesario. Es más, es una mala técnica legislativa que se haga referencia a ella en cada uno de los bloques de nombramientos que contiene el texto. Es una obligación que incumbe a los poderes públicos y, por tanto, es aplicable tanto a los nombramientos efectuados por el consejo como por las Cámaras, por el Congreso y el Senado. Por ello, el proyecto ha optado por lo más fácil y práctico, señorías, que es la inclusión en la disposición adicional segunda de una mención a la Ley de igualdad del año 2007 a la hora de proceder a las designaciones y nombramientos, y proyecta sus efectos, al estar en la disposición adicional segunda, sobre toda la norma.

En cuanto al Tribunal Supremo y la excesiva presencia de magistrados, señorías, al parecer a la izquierda de esta Cámara no le gusta no mucho, no le gusta nada la excesiva presencia de magistrados del Supremo en el consejo. Nosotros pensamos que los jueces del Supremo son por edad y por trayectoria profesional los del mayor experiencia en la carrera, y también son los que gozan de mayor reconocimiento por la comunidad jurídica y por la sociedad española, y acudir al más respetado de nuestros tribunales para inyectar nuevas dosis de profesionalidad, de moderación e imparcialidad en el órgano de gobierno de los jueces creemos que puede ser un buen principio para que el consejo cambie y empiece a funcionar.

Se plantea en alguna de las enmiendas el cambio de la Escuela Judicial. Nos oponemos a ello y lo voy a explicar. Mantenemos la Escuela Judicial tal y como está configurada en cuanto a su




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pertenencia a los órganos técnicos del consejo porque entendemos que el consejo debe seguir manteniendo el control en cuanto a la formación de los jueces.

En algún caso también he oído a alguna de sus señorías hablar de la devaluación que hace el texto en cuanto a las asociaciones judiciales. Déjenme tranquilizarles, señorías: en ningún caso va a haber tal devaluación, porque se mantiene la previsión de someter a informe de las asociaciones profesionales de jueces y magistrados los proyectos de reglamento de desarrollo. Además, la disposición adicional primera eleva el rango de la norma a través del cual se va a modificar en el futuro el régimen de estas asociaciones judiciales. De esta manera, creemos que se incrementa la garantía del actual régimen regulador del asociacionismo judicial. Y déjenme que les diga también, señorías, que esta medida, como pueden ustedes imaginarse, ha sido muy saludada por las asociaciones.

Y para finalizar, en cuanto al añadido al texto que se hace al final del mismo por el Congreso de Diputados que modifica dos artículos de la Ley de extranjería, de la Ley 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España —más de un grupo pretende su supresión—, quiero informarles de que esta inclusión se debe a la transposición de una directiva del Parlamento Europeo, en concreto, la 51/2011, cuya finalidad es extender su ámbito de aplicación a los beneficiarios de la protección internacional. La directiva, pues, refuerza las garantías contra la devolución prevista en la Directiva 83/2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan asilo, y en la Convención de Ginebra, igualmente. Señorías, señora presidenta, al aumentar las garantías para la persona, mantenemos en el texto esta modificación realizada por el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, el Grupo Popular va a votar en contra de todas las enmiendas presentadas.

Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?

Tiene la palabra el señor Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Muy brevemente, señora presidenta, señorías.

En primer lugar, señora Vindel, ¿podría mirar la fecha en que murió el señor García-Calvo? Yo se la diré. Fue el 18 de mayo de 2008. ¿Sabe usted cuándo habían finalizado su mandato los cuatro magistrados, Vicente Conde, Jorge Rodríguez Zapata, Guillermo Jiménez y María Emilia Casas —para entendernos, en el argot periodístico, digamos tres conservadores y una progresista? Fue a finales del año 2007. Y en esta Cámara ustedes bloquearon la renovación. (Aplausos.) Después pretendían continuar bloqueando la renovación aquí, y, eso sí, que el que tenía que elegir el Congreso por fallecimiento se eligiera, manteniendo bloqueados estos cuatro nombramientos del Senado.

Al final de mi primera intervención decía que había otras razones para oponerse y vetar el texto que estamos debatiendo, además de las expuestas con anterioridad y que tienen relación con el contenido del articulado de la presente ley, y otras tienen relación también con la ocasión perdida que significa no haber aprovechado esta modificación, que no deja de ser sustantiva, de la Ley Orgánica del Poder Judicial para regular aspectos y carencias que se han puesto de relieve en los últimos años y que tienen relación directa con el Consejo General del Poder Judicial y con el funcionamiento de la justicia. Que yo recuerde, al menos nuestro grupo no ha cuestionado la introducción de esa modificación de la Ley de extranjería a la que hacía alusión la portavoz del Grupo Popular. Lo entendemos; a veces es necesario. En este caso, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional —se ve que tendrán manga ancha, que no lo cuestionamos— la utilizan ustedes un poco en función de si les va bien o no, pero una ley se ha de ceñir a lo que es su objeto y no incorporar otras adendas de temas absolutamente complementarios y que no tienen relación, y exclusivamente, repito, cuando les interesa. Esta hubiera sido la ocasión de abordar algunos otros temas, en espera de esa modificación más en profundidad del conjunto de la Ley Orgánica del Poder Judicial que está anunciada para el otoño.




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Decía que nuestras discrepancias, por supuesto, guardan relación con el contenido de la ley, con artículos muy concretos, como el 559 del proyecto, que desde nuestro punto de vista limita las competencias del pleno, ya que dice que conocerá exclusivamente las materias que a continuación relaciona, otorgando, tal y como se ha dicho a lo largo del debate, el poder residual a la permanente, una permanente a la que digamos que no habrá posibilidad de efectuar recurso de alzada ante el pleno. O el artículo 598, que relaciona ampliamente las funciones del presidente e incluso las de las figuras que le asisten y las nuevas figuras de vicepresidente del consejo y del Tribunal Supremo —esta última de nueva creación—, todas ellas a propuesta del presidente para su nombramiento y con capacidad de este para cesarles; esto último corregido parcialmente, eso sí, en el proceso de enmiendas en esta Cámara, con las insuficientes explicaciones que ponía de relieve el portavoz del Grupo Socialista, señor Díaz Tejera.

La pérdida de funciones como organismo colegiado que pensamos que tiene el pleno del consejo es todavía más evidente con estas nuevas figuras y estas atribuciones, y especialmente también con la configuración del nuevo diseño del organismo técnico organizativo que regula la ley con la creación del nuevo cuerpo de letrados.

En definitiva, se trata no solo de controlar la composición sino también el funcionamiento del consejo, con una estructura que en el fondo será más vertical y menos deliberativa. Los miembros de la permanente se habrán de elegir cada año, como se ha dicho, sin previsión de rotación necesariamente, y además ningún miembro, salvo el presidente y los vicepresidentes, podrán pertenecer a más de una comisión, incluida la permanente.

La comisión disciplinaria no se elegirá anualmente sino cada cinco años.

No se prevé comisión de calificación. Su función será de la permanente o —también podría serlo— del propio presidente, haciendo uso del artículo 598.4ª, que se refiere a proponer al pleno y a la comisión permanente las cuestiones que estime oportunas en materia de competencia de estos. Por tanto, todo.

Aprovechan ustedes el precedente de un consejo, el actual, que ciertamente tiene una imagen desgastada —hay que reconocerlo— y tildado en algunos casos de asambleario, para configurar otro donde me temo que la deliberación, francamente, brillará por su ausencia y donde el que se mueva igual no sale en la foto, especialmente si no está alineado con la mayoría conservadora que ya se prefigura en este consejo. Sin duda no es el mejor camino para recuperar la credibilidad y la legitimidad que necesitará el nuevo consejo, sino más bien al contrario.

El Senado es la Cámara territorial. Eso dice la Constitución española en su artículo 69.1. Otra cosa es que sus funciones actuales disten de las que tienen otras Cámaras territoriales de Estados compuestos o ampliamente descentralizados, como es el nuestro. Pero ¿en qué se diferencia la participación del Senado, dadas estas características, a la del Congreso de los Diputados en el proceso de elección de los miembros del consejo, previsto en el artículo 567 del proyecto de ley? Les diré que no se diferenciará en nada. Y les pregunto, ¿no tendría sentido que los candidatos lo fuesen después de comparecer y a propuesta de la Comisión General de las Comunidades Autónomas de esta Cámara? Tendría todo el sentido, pero el proyecto de ley que se somete a nuestra consideración obvia esta posibilidad. Hubiera sido una excelente ocasión para empezar también, cómo no, a reformar esta Casa, haciendo uso además de este posible nuevo instrumento.

Como también se ha dicho en otras intervenciones, a ustedes lo único que les preocupa de la justicia es su control, y esta ley claramente está destinada a eso. No es a profundizar, obviamente,, en su desconcentración, menos en su descentralización como administración de la Administración de Justicia, y tampoco en su transparencia y proximidad. Y digo transparencia, porque el artículo 629 de la ley regula que las deliberaciones de los órganos del consejo serán reservadas, y ello favorecerá muy poco la transparencia, mucho las filtraciones interesadas y, desde luego, muy poco tiene que ver con el objetivo de otra ley, la ley de transparencia, de la que ustedes hacen gala y que está actualmente en trámite. Y digo proximidad también, porque elegiremos a diez vocales del consejo en el momento procesal oportuno, digamos, sin que hayan comparecido, salvo en la comisión de nombramientos, y sin que haya previsión de que tengan necesidad de hacerlo en esta Cámara en todo su mandato, salvo que el presidente lo considere. Hay algunos que lo han considerado, y otros —tenemos precedentes— que no han considerado comparecer a lo largo de su mandato, a pesar de que seamos los representantes del pueblo español, según dice




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el artículo 66 de la Constitución, en quien reside la soberanía nacional, de la que emanan los poderes del Estado. Artículo 1.2 de la Constitución.

Bien, como ustedes han podido deducir sobradamente, tenemos más que razones para oponernos a esta ley. Y en ese sentido manifestaremos, evidentemente, nuestro voto a lo largo del conjunto de las enmiendas y del conjunto de la ley.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Parera.

La señora PARERA ESCRICHS: Muchas gracias, señora presidenta.

Junto a la consagración constitucional de los derechos fundamentales, la separación de poderes es uno de los principios que caracterizan a un Estado de derecho moderno, como debería ser el nuestro. Este es el principio que garantiza la independencia del Poder Judicial. Lamentablemente, en este proyecto de ley se está sometiendo de una forma descarada el Poder Judicial al Poder Ejecutivo. No sé qué les parecerá a ustedes, señores, cuando un día no gobiernen; es ley de vida, y un día no gobernarán. Creo que en ese momento no les parecerá tan bien. Esto no es solo un gran error, sino una auténtica aberración que atenta contra la necesaria independencia de poderes, y que además contribuye a mermar la confianza de los ciudadanos en sus jueces y magistrados, los cuales desde que ustedes gobiernan han adquirido, lamentablemente y sin quererlo, un enorme protagonismo en la defensa de los intereses de los ciudadanos ante leyes imprecisas, poco reflexionadas, e incluso leyes que en algunos aspectos rayan la inconstitucionalidad.

El Consejo General del Poder Judicial es una institución fundamental en nuestro Estado de derecho, por lo que cualquier modificación debería requerir el máximo consenso posible no solo de todas las fuerzas políticas aquí representadas sino incluso del Poder Judicial, especialmente cuando la propuesta del Gobierno lo está desapoderando de una forma alarmante. Esto solo va a generar más inestabilidad, porque, al final, cuando haya un cambio de Gobierno volveremos a estar aquí debatiendo otra vez la reforma de esta ley. No creo que se estén haciendo ustedes ningún favor debilitando al consejo en un momento en que los jueces y magistrados están siendo especialmente críticos contra determinadas políticas de su Gobierno. Piensen en ello, por favor. En mi opinión esta ley supone, no solo un mal uso de la mayoría, sino un abuso de la mayoría absoluta que ustedes ostentan para someter a la justicia. Y nosotros no podemos ser copartícipes de esto. Por tanto, simplemente, y sin extenderme más, manifiesto nuestro rotundo voto en contra a este proyecto de ley.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente. Perdón, presidenta. Vuelvo a subrayarlo: gracias, presidenta. Con su venia.

Es una lástima que no pueda responder cariñosamente a la portavoz del Grupo Popular, porque se ha ausentado. (Rumores.) Uno no sabe la razón de la ausencia; vamos a dejarlo en la duda. Yo no lo sé, habrá sido alguna causa de fuerza mayor. En cualquier caso, me parece indecoroso que no le responda a su comentario, porque yo sí acuso recibo de las conversaciones. Antes hablaba de por qué el Grupo Popular no acusaba recibo de todas las intervenciones de todos los grupos y de todos sus argumentos. Yo asumo lo que han hablado todos los grupos en torno a las razones para el veto. Es más, he intentado incorporar alguna otra y no repetir las ya explicadas durante la mañana de hoy o en la Comisión de Justicia, por aquello de respetar que estamos en un acto distinto e incorporar nuevas razones. Y pedí antes que, por favor, se me respondiera a algún argumento, aparte de para explicarles a los miembros de la Cámara que no han leído la ley cuáles son los elementos básicos. Es más, en mi segunda intervención volví a pedir expresamente que se me explicase, de las cuarenta y seis enmiendas, por qué no se admitían seis de ellas.




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Pero ¿saben por qué no se ha respondido a los argumentos de quienes planteaban el veto ni a mi petición concreta sobre esas enmiendas? Porque cuando se trae una intervención escrita, cosa que yo respeto —no lo hago nunca, pero respeto a quien lo haga—, luego hay que irle añadiendo los argumentos que se esgrimen aquí, de tal manera que, aparte de la lectura que se haga, infringiendo el Reglamento —pero soy comprensivo—, luego se responda a los argumentos que aquí se esgrimen. (Aplausos.) Porque este es un debate parlamentario, es una conversación pública en la que si yo argumento A, usted me responde A prima. No puede ser que yo argumente A, y que usted me diga: Sí, estamos en Madrid; somos seres humanos; es de día; y esto es madera. Yo no discuto que esto sea madera y que estemos en Madrid, pero no le estaba preguntando por eso. Le estaba preguntando por los argumentos en torno a los vetos. Y cuando le he preguntado en concreto sobre las enmiendas le preguntaba sobre las enmiendas. Tampoco sobre eso se responde. Se procede a la lectura de lo que previamente se había traído, con la lectura única del debate en el Congreso, no la lectura del informe del consejo sino solo del voto particular de la señora Espejel, que es la autora de mesa de noche, que ha sido citada por la señora portavoz; no por el informe del consejo sino por una vocal en concreto. No con la lectura del informe del ministerio fiscal, y me refiero a la Fiscalía General del Estado, no a los tres fiscales que, en desacuerdo con el conjunto del consejo fiscal, decían que todo lo que hace el ministro tiene la verdad establecida de antemano.

El argumento que se me ha esgrimido de manera concreta es que en la primera intervención había estado plano y que en la segunda había vuelto el auténtico. Yo, con todos los respetos, tengo que decir que plano, plano… En los últimos años, con los kilos que he cogido, estoy más bien redondito. Lo de plano lo veo un poco difícil. Bien es verdad que de los diez motivos para el veto apenas he podido argumentar cuatro. Por esa razón me ha encantado tener media hora en el turno de enmiendas para poder explicarlas sin prisas, con la pachorra canaria, que me tiene que caracterizar siempre. Y al que no le guste, doble trabajo: molestarse y luego desmolestarse. Como siempre. Saben que en general en la Comisión de Justicia todos los comentarios que me van haciendo —¡por favor!, ¡tiempo!, ¡el avión!, ¡acaba ya!—, todo en general me amilana, y entonces yo procedo a callarme, absolutamente menoscabado en mi libertad individual, cosa que aquí también practico, como ustedes pueden darse cuenta. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías, guarden silencio, por favor.

Continúe, señoría.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias.

Pero ¿saben lo interesante de esta segunda intervención? Una expresión que ha utilizado la portavoz popular, eso de: acudimos a los magistrados del Tribunal Supremo para introducir dosis de moderación en la carrera judicial. Ahí está la clave de esta ley. Es verdad que en la primera intervención no se hace, porque se está más fresco y se autocontrola lo que de verdad se piensa. Pero, al final, cuando se habla más, sale lo que realmente se piensa y lo que realmente se sabe. ¿Qué quiere decir introducir dosis de moderación en la carrera judicial? ¿Querrá decir que no se pongan cuestiones prejudiciales, como ha hecho el magistrado José María Fernández Seijo, el titular de Mercantil de Barcelona? ¿Querrá decir eso? ¿A ver si metemos moderación, y ningún titular del Mercantil de Barcelona plantea ninguna cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo? ¿Querrá decir: a ver si le metemos moderación al presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y no dice que el despido de los ERE, los 476 despedidos, va contra el Derecho de Trabajo? A ver si le metemos moderación, y no vuelve a decir eso. (Aplausos.) Claro. Más aún: A ver si le metemos moderación a los magistrados de la Sala Cuarta, que están en desacuerdo con las tasas para el recurso de casación o el recurso de suplicación, y así lo han dicho. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.) A ver si los moderamos. Pero hay más gente a la que hay que moderar. A ver si moderamos a aquellos jueces que se atreven a investigar a los que están establecidos en la criminalidad financiera. Eso sí que preocupa. (Aplausos.) Eso sí que preocupa, y profundamente. A ver cómo les metemos moderación.

¿A quién más le metemos moderación? A los cuarenta y seis decanos de toda España, que han planteado que estos son instrumentos que pueden interferir en la independencia judicial. A los presidentes de las audiencias provinciales. A los presidentes del tribunal superior, que plantea que




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no es asunto que tenga que ver con la justicia ni con la Administración de Justicia lo que afecta a esta materia, sino que son asuntos relativos a la organización, a la eficacia o a las nuevas tecnologías en el ámbito de la Administración de Justicia.

En cualquier caso, de aquellos polvos, estos lodos. ¿Recuerdan aquello de: suspensión de norma vigente en previsión de norma futura? ¿Recuerdan eso? Suspensión de norma vigente en previsión de norma futura, lo del 112 y el 114. Lo que nació con ese origen —de aquellos polvos—, estos lodos de ahora, y de ahí que no se responda a ninguna de las preguntas concretas. Y yo les pregunto a ustedes: ¿a alguno de los senadores aquí presentes le parece mal estar en su casa, pulsar una tecla, y escuchar el debate dentro de un órgano constitucional, de un órgano de gobierno del Poder Judicial, escuchar a los vocales esgrimir las razones por las que consideran más idóneo a un candidato con respecto a otro? ¿Qué tiene eso de malo para la construcción de nuestro sistema democrático? ¿Qué tiene eso de malo?

Yo les puedo adelantar que, representando a España en el Consejo de Europa, esa pelea la estamos haciendo en el subcomité de elección de jueces. Hay dos modelos: el modelo norteamericano, de los hearings, de las audiencias, donde todo el mundo sabe la vida y las propuestas de los candidatos, y otro modelo, más del Tribunal constitucional alemán, en el que nadie sabe quiénes son los candidatos hasta que no los vota el pleno, cuando ya son elegidos, porque no quieren que la opinión pública tenga información acerca de nada de eso. Son dos modelos, y cada uno opta por el que se plantea. Allí algún parlamentario se está planteando la necesidad de superar esa idea del lado oscuro de la fuerza, superar esa idea del secreto, superar esa idea de la opacidad, e introducir transparencia, porque es una manera de ir restringiendo o achicando lo que podríamos llamar la arbitrariedad, en cuanto a que ninguno va a esgrimir argumentos en torno a simpatía o antipatía sino sobre el mérito y la capacidad.

Y acabo ya, señorías. No me digan que hoy no toca ninguna de las cosas que aquí se han planteado, porque, ¿verdad que sí toca para modificar la Ley de extranjería? ¿Verdad que sí toca para modificar la sala de gobierno del Tribunal Supremo? ¿Por qué sí toca para modificar la composición de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo? ¿Por qué sí toca para unas cosas y no para lo que tiene que ver con el Consejo General? Y es que estamos hablando del Consejo General y hay siete leyes orgánicas.

Y no confundan el concepto de descentralización con el concepto de concentración. No lo confundan, no vaya a ser como aquel abogado, que en los juicios citaba siempre un montón de sentencias, y cuando los magistrados comprobaron que no tenían nada que ver con el pleito en el futuro ya no lo oían porque la sentencia que citaba no tenía que ver con el asunto. Descentralizar son sujetos jurídicos distintos, y desconcentrar es que, dentro de la misma persona jurídica, del mismo sujeto jurídico, la tarea la desempeñe otro.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, vaya finalizando.

El señor DÍAZ TEJERA: Acabo ya, señor presidente.

Pero sigue siendo Consejo General del Poder Judicial. Esto empezó mal, esto acaba mal. De aquella suspensión de norma vigente en previsión de norma futura a estos mecanismos para interferir en la independencia del Poder Judicial desde la comisión disciplinaria, desde los letrados, y desde la comisión permanente.

En cualquier caso, unos saben fabricar consensos, que fue la reforma que promovió el PSOE con cinco grupos parlamentarios. Ustedes no saben, y por eso están aquí, no digo en el conjunto de España, sino aquí, hoy, sin el apoyo de ningún grupo parlamentario.

Gracias, señor presidente, por los cincuenta y nueve segundos. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Popular tiene la palabra, en turno de portavoces, el senador señor Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: Con su venia, señor presidente.

Senador Díaz Tejera, es verdad que uno viene aquí con su guión, pero el guión luego se le trastoca por las cosas que se dicen.

Mire, me he preocupado de buscar el consenso que ustedes han pretendido en la pasada legislatura. En noviembre de 2009, precisamente con la Ley de extranjería, en febrero de 2010,




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con la Ley del aborto, y en julio de 2010, con la modificación del Código penal, el Partido Popular presentó 761 enmiendas y ninguna fue aceptada por el Partido Socialista, ninguna. (Aplausos.) Eran 761 enmiendas; en alguna a lo mejor teníamos alguna razón.

Señorías, se han presentado cuarenta y dos reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial desde el año 1980; y treinta y tres años después, tocaba. (Rumores.) Es verdad que el artículo 122 de la Constitución es el que marca de una manera general cuáles deben ser los parámetros que han de regular el órgano de gobierno de jueces y magistrados. Y se hace desapoderando precisamente al Gobierno, al Poder Ejecutivo, de ese gobierno de los jueces. Y se hace no de una manera asamblearia, como he manifestado antes, sino creando un órgano de gobierno ad hoc de los propios jueces y magistrados.

Creemos que las enmiendas que ustedes presentan desde luego no mejoran el texto que presenta el Gobierno, y por eso no vamos a aceptarlas, como ha manifestado la senadora Vindel. Principalmente, porque no mejora ninguno de los seis pilares que tiene la reforma, y de los que ustedes tan solo tangencialmente han tratado algunos, con lo cual debemos suponer que les parecen bien otros de los criterios que sigue el proyecto de ley.

Fíjense: respecto de las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial, se destacan principalmente tres novedades, y nada se ha manifestado. En primer lugar, que la actividad internacional del consejo debe ser coordinada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, habida cuenta el artículo 97 de la Constitución, que entiende que el Gobierno posee también la dirección de la política exterior del Estado. En segundo lugar, la potestad reglamentaria del consejo, que se refiere solo a la esfera puramente interna o doméstica del consejo, no ad extra, con alguna particularidad especial. Por último, la autonomía presupuestaria. Nadie ha manifestado la autonomía presupuestaria que se le concede al Consejo General del Poder Judicial, que va a elaborar su propio presupuesto y también va a ejecutar el gasto.

Hablaba el senador Díaz Tejera de la unidad jurisdiccional. Desde luego, en el Partido Popular tenemos muy claro qué es la unidad jurisdiccional, y creo que nadie lo ha puesto en entredicho. A lo mejor se lo tiene que explicar usted al señor Pérez Rubalcaba, quien precisamente ayer mismo manifestaba que no tenía claro eso de la federalización de la justicia y que quizá habría que modificar la Constitución. Todo el Grupo Socialista va a tener oportunidad, en Granada, el próximo 6 de julio, en el consejo territorial, de decir qué piensan de la unidad jurisdiccional y si de verdad hay que desapoderar al Tribunal Supremo, como pretende el Grupo Socialista, según ha manifestado su propio secretario general. Ese documento de desapoderamiento del Tribunal Supremo lo van a tener ustedes que aprobar el día 6 de julio en Granada. (Aplausos.) Estaremos expectantes para ver cuál es el resultado final.

Se opta por un sistema de elección que, desde luego, se abre a asociados y no asociados de una manera muy democrática. Solamente se van a exigir veinticinco avales, no como se decía en la enmienda del Grupo Mixto y del Grupo Socialista, que ustedes pretenden del 1% de la carrera judicial, que subía ese mínimo a cincuenta y dos vocales.

Respecto de la designación de vocales, se busca efectivamente una proporción real entre jueces, magistrados y magistrados del Tribunal Supremo, garantizando que la cúspide de la magistratura, magistrados del Tribunal Supremo u otros magistrados que estén en tribunales superiores de Justicia o en audiencias provinciales, pero que tengan veinticinco años de antigüedad, aporten esa experiencia que tienen también en el seno del consejo.

En cuanto a la igualdad en la elección de vocales, quiero comentarle una cuestión importante al senador Bildarratz. Ha quedado muy bien escenificado su folio en blanco, firmando que usted desistía de presentar cualquier enmienda si nosotros le aceptábamos que lo que queremos para la comisión de igualdad en el consejo lo queramos para todos los órganos. Pero, fíjese, señoría, lecciones de igualdad al Partido Popular no se le pueden dar. (Risas.) La primera presidenta…

Se ve que lo del consejo territorial del señor Pérez Rubalcaba les produce mucha risa.

La primera presidenta del Senado, mujer, y precisamente coincidió con la primera presidenta del Congreso en la historia de nuestra democracia. La vicepresidenta del Gobierno, mujer. La secretaria general del Partido Popular, mujer. Y hay también presidentas en algunas comunidades autónomas. Todavía estamos esperando que haya un lehendakari vasco que sea mujer. (Aplausos.) Como estamos esperando que haya, con todo el afecto que a usted le tengo, una portavoz parlamentaria en el Senado, mujer. (Rumores.—Aplausos.) Y ha llovido mucho desde




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que está este Gobierno. Por tanto, no nos pueden dar lecciones de igualdad. Es la realidad de los hechos. Se lo digo con todo el afecto que le tengo a usted, como el que sabe que le tenía al señor Zubia. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías.

El señor ALTAVA LAVALL: Se prevé también, y lo han criticado, que se permita esa compaginación de ejercer la función jurisdiccional con la profesión. No habrá ningún problema. El problema de agenda podría darse si no se supiera a priori, de una forma apriorística, cuándo va a ser el calendario de los plenos y de las comisiones permanentes. ¿Alguna de sus señorías tiene algún problema de agenda? Aquí conocemos perfectamente cuál es el calendario de Plenos, y si uno tiene una reunión con gente de su partido en un pueblo determinado no la fija cuando tiene Pleno o comisión. Porque precisamente para eso podemos fijar nuestra agenda. Exactamente igual, en el caso de los jueces que ejerzan su profesión no se pondrá ningún juicio en un día determinado en que se sepa que tienen que venir aquí, a Madrid, a la celebración de su Consejo General del Poder Judicial.

En cuanto a la eliminación de las situaciones de bloqueo, creo que ha quedado muy claro que la actual regulación permitía, y, de hecho, así se ha manifestado principalmente en el pasado consejo, que se diera lugar a la prórroga de este. Y ahora no será posible, porque, aun cuando una de las dos Cámaras cumpla con su obligación, con esos diez vocales se va a poder seguir funcionando en el consejo.

En relación con el reparto de competencias, no tienen que temer para nada la desaparición de una determinada comisión, como la comisión de calificación, porque desaparecerá la comisión de calificación pero para nada se va a seguir evaluando a los jueces y magistrados. Lo que pasa es que esas competencias, por un motivo de eficiencia, va a pasar a desempeñarlas la comisión permanente. Y ya tuve oportunidad de comentarlo en la comisión: diez ministros gobiernan a cuarenta y cinco millones de españoles. Hay veinte vocales, porque, como se ha manifestado, la Constitución dice que tiene que haber veinte vocales. Pero, para el gobierno de los jueces, si para cuarenta y cinco millones de personas nos basta con diez ministros, ¿necesitamos para 5160 jueces y magistrados veinte vocales? ¿Con seis no será suficiente: el presidente, los tres de designación judicial y los otros dos vocales de reconocida competencia? Creo que es suficiente, y un criterio de eficiencia con el que todos ustedes deberían estar de acuerdo.

El portavoz socialista se alarmaba con la figura del vicepresidente del Tribunal Supremo. Es conocido por todos los que estamos en la carrera que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial estaba en el Tribunal Supremo muy poquito rato, y se iba a ejercer sus funciones al Consejo General del Poder Judicial, dejando, de alguna manera, desasistida esa presencia permanente en el Tribunal Supremo. Y se planteaba: estoy seguro de que esa figura ya tiene nombre y apellidos. Pues, caray, a este senador todavía no le han alcanzado esas dotes adivinatorias. Porque, ¿sabe usted decirme quién va a ser el próximo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial? ¿Usted sabe decírmelo? Yo, no, sinceramente. Tendrán que elegirlo los propios vocales de los veinte que elijamos entre ellos. Porque será ese presidente del Tribunal Supremo el que propondrá al pleno la elección de ese vicepresidente. Con lo cual, augurar quién va a ser el vicepresidente cuando todavía no hay presidente creo que va a ser complicado.

Con respecto a si esta figura va a ser un órgano político, para nada. Lo único que va a ser es un órgano de gestión. Y fíjese en qué preocupación puede tener la carrera judicial en la figura del vicepresidente, porque va a ser alguien que es magistrado del Tribunal Supremo. Ahora mismo, ¿quién sustituye al presidente del Consejo General del Poder Judicial? El magistrado más antiguo del Tribunal Supremo. Ahora se va a sustituir a ese magistrado por alguien de confianza del presidente del Tribunal Supremo, pero va a ser también otro magistrado del Tribunal Supremo. ¿Qué resquemor o preocupación puede haber en cambiar un magistrado por otro? Simplemente, es lógico pensar que ese magistrado tenga que ser de confianza del presidente.

Por último, señor presidente, he de decir que la comisión disciplinaria —y nadie ha hecho hincapié en esto, aunque me parece muy importante— realiza una de las mayores innovaciones, cual es la de que se elimina en el procedimiento disciplinario el carácter inquisitivo de la misma porque va a establecer que existan dos órganos distintos, uno que incoe y otro que sancione o que




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absuelva, en su caso. Va a haber un promotor de la acción disciplinaria, que va a ser el que va a llevar la instrucción del procedimiento y la formulación del pliego de cargos y, en todo caso, otro órgano, que va a ser la comisión disciplinaria, que va a condenar, en el caso de las infracciones graves o muy graves, o, en su caso, a absolver.

En fin, señorías, el Gobierno del Partido Popular presenta un buen texto que recoge una necesaria reforma. Solicitamos que reconsideren el planteamiento de las enmiendas que han presentado porque para nada mejoran el texto y, desde luego, es aclamado y peticionado por toda la carrera judicial.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría. (El señor Bildarrataz Sorron pide la palabra.—Rumores.)

Tiene la palabra, señor Bildarratz.

Silencio, por favor.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Altava, con respecto al género, no he querido dar lecciones a nadie ni tampoco entiendo… (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señor Bildarratz, es conveniente no reabrir el debate. No ha habido alusiones. Le doy un minuto para contestar.

El señor BILDARRATZ SORRON: Sí, sí, señor presidente, pero, por alusiones, quiero contestar. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías.

Tiene la palabra el señor Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Señor Altava, yo no he querido abrir un debate ni he querido dar lecciones a nadie. Lo único que he querido decir cuando mostraba esta página en blanco es que la filosofía en la que todos podemos estar de acuerdo para que el Consejo General del Poder Judicial verdaderamente represente a todos y a todas no sea más que eso, que recoja el espíritu que todos tenemos. Y no creo que una enmienda tan inocente sea un problema tan grave, a no ser que haya otro tipo de cuestiones detrás para que entre todos y entre todas podamos aprobar algo que sea verdaderamente positivo para esta Cámara y para el propio Consejo General del Poder Judicial. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Vamos a dar comienzo a la votación de las enmiendas.

Enmiendas de los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.

Votamos en primer lugar la enmienda número 1.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 16; en contra, 201.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Enmiendas números 2, 4, 6, 11 a 13, 15, 20 y 26.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 218; a favor, 20; en contra, 198.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmiendas 3, 7 a 10, 14, 16, 17, 21 a 25, 27, 33, 35, 38 a 42 y 48 a 50.

Se inicia la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 219; a favor, 79; en contra, 140.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmiendas números 5,18 y 51. (Rumores.)

Silencio, por favor.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 19; en contra, 138; abstenciones, 60.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmiendas 28 y 29, del mismo grupo parlamentario.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 219; a favor, 3; en contra, 210; abstenciones, 6.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmienda número 19.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 219; a favor, 73; en contra, 146.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Enmiendas números 30, 31, 44 y 45.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 218; a favor, 73; en contra, 140; abstenciones, 5.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmiendas números 32, 34, 36 y 37.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 218; a favor, 19; en contra, 198; abstenciones, 1.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmienda número 43.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 219; a favor, 13; en contra, 200; abstenciones, 6.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Enmienda número 47.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 219; a favor, 3; en contra, 211; abstenciones, 5.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Votamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

En primer lugar, las números 142, 143, 146, 147, 149 a 152, 154 a 158, 160, 161, 163 a 166, 170, 171, 173 a 177, 179, 182 a 190 y 192 a 195.

Se inicia la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 80; en contra, 134; abstenciones, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 144, 148, 153, 159, 162, 167 a 169, 181 y 196, también del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 219; a favor, 17; en contra, 198; abstenciones, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 178 y 180.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 219; a favor, 22; en contra, 135; abstenciones, 62.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Pasamos a continuación a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Votamos en primer lugar las enmiendas números 197, 200, 201, 210, 213, 219 a 221, 223, 234 y 236

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 219; a favor, 19; en contra, 199; abstenciones, 1.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 198, 199, 207, 208, 209, 241 y 293 Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 219; a favor, 19; en contra, 140; abstenciones, 60.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 203 a 206.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 219; a favor, 74; en contra, 145.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Del mismo Grupo de Entesa, votamos las enmiendas números 211, 212, 214 a 218, 222, 224 a 233, 235, 238 a 240, 243 a 272, 278 a 283, 294, 296 a 299 y 301 a 306.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 219; a favor, 78; en contra, 140; abstenciones, 1.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 242, 274, 276, 277 y 286 a 288.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 219; a favor, 73; en contra, 140; abstenciones, 6.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 284 y 285, del mismo grupo parlamentario.

Se inicia la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 74; en contra, 144.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 289 a 292.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 219; a favor, 79; en contra, 140.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 295, también de Entesa.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 219; a favor, 74; en contra, 140; abstenciones, 5.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Pasamos a continuación a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

En primer lugar, votamos las enmiendas números 52 a 55, 58, 61 a 65, 67, 68, 70 y 75 a 78.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 219; a favor, 78; en contra, 137; abstenciones, 4.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmiendas 56, 57, 66 y 74, del mismo Grupo Parlamentario Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 218; a favor, 18; en contra, 138; abstenciones, 62.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmiendas números 59 y 71.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 219; a favor, 17; en contra, 199; abstenciones, 3.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

A continuación, pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

Enmiendas números 79, 101, 113 y 114.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 219; a favor, 72; en contra, 141; abstenciones, 6.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmiendas números 80 a 109, 115 a 130 y 132 a 141.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 219; a favor, 79; en contra, 140.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Enmienda número 131.

Se inicia la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 218; a favor, 73; en contra, 139; abstenciones, 6.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Enmienda número 110, del Grupo Parlamentario Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 219; a favor, 79; en contra, 140.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan rechazadas.

Votamos a continuación la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 307, 312, 314, 315, 321, 325 y 331, del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 216; a favor, 66; en contra, 149; abstenciones, 1.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Votamos a continuación la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 310, 311, 319 y 324, del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 218; a favor, 79; en contra, 139.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 308, 309, 313, 316 a 318, 320, 322, 323, 326, 327, 329 y 330, del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 219; a favor, 68; en contra, 140; abstenciones, 11.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas transaccionadas referidas al último párrafo del Apartado V del Preámbulo; al Artículo Único. Uno. Artículo 560.1.16ª; al Artículo Único. Uno. Artículo 598.4ª; al Artículo Único. Uno. Artículo 598.11ª; al Artículo Único. Uno. Artículo 607.3; y al Artículo Único. Uno. Artículo 614.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 62; en contra, 150; abstenciones, 6.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda rechazada.

A continuación, votamos en un solo acto aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 219; a favor, 195; en contra, 19; abstenciones, 5.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Quedan aprobadas.

Votación en un solo acto del resto del proyecto de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 220; a favor, 136; en contra, 80; abstenciones, 4.




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Queda aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey. (Aplausos.)

8. HABILITACIONES

8.1. PLENO DEL SENADO

(Núm. exp. 551/000019)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Punto 8 del orden del día. (Rumores.)

Silencio, señorías.

Habilitaciones.

Pleno del Senado. Se solicita la habilitación de la Cámara para la celebración de una sesión plenaria extraordinaria los días 9, 10 y 11 de julio de 2013, con el siguiente orden del día: 1. Preguntas. 2. Interpelaciones. 3. Mociones consecuencia de interpelación. 4. Mociones. 5. Objetivo de estabilidad presupuestaria. Acuerdo del Gobierno por el que se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria. 6. Proyectos y proposiciones de ley. Dictámenes de comisiones. Proyecto de Ley de Medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Proyecto de Ley de Fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Proyecto de Ley de Medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, procedente del Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, de la Comisión de Empleo y Seguridad Social. Proyecto de Ley por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, sobre farmacovigilancia, y 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, y se modifica la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. 7. Suplicatorios. También se solicita autorización para presentar el dictamen de la Comisión de Suplicatorios en relación con el excelentísimo señor don Miguel Zerolo Aguilar. 8. Peticiones. Informe sobre la actuación de la Comisión de Peticiones en el período ordinario de sesiones de septiembre a diciembre de 2012.

Esta autorización incluye tanto el cómputo de los plazos a los que se refiere el procedimiento legislativo como la celebración de las reuniones de las comisiones y sus órganos que resulten necesarias para la tramitación de las iniciativas incluidas en el orden del día de dicha sesión plenaria extraordinaria a la que acabo de hacer referencia.

¿Se aprueba dicha habilitación? (Asentimiento.)

Queda aprobada. (Rumores.)

Silencio.

8.2. COMISIÓN DE CULTURA

(Núm. exp. 551/000020)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Abran las puertas.

Comisión de Cultura. Se solicita habilitación de la Cámara para que la mencionada comisión celebre una sesión extraordinaria el día 8 de julio de 2013, con el orden del día que ha sido comunicado a la Mesa del Senado con número de registro de entrada 44320.

¿Se aprueba dicha habilitación? (Asentimiento.)

Queda aprobada.

8.3. COMISIÓN DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

(Núm. exp. 551/000021)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Se solicita la habilitación de la Cámara para que la mencionada comisión celebre una sesión extraordinaria en la primera semana de julio de 2013, con el orden del día que ha sido comunicado a la Mesa del Senado con número de registro de entrada 44882.




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¿Se aprueba dicha habilitación? (Asentimiento.)

Queda aprobada.

8.4. PONENCIA DE ESTUDIO PARA REFORZAR LAS FUNCIONES DEL SENADO, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTO

(Núm. exp. 551/000022)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Ponencia de estudio para reforzar las funciones del Senado, constituida en el seno de la Comisión de Reglamento. Se solicita habilitación de la Cámara para que la mencionada ponencia de estudio celebre reuniones de trabajo para la elaboración del informe durante el mes de julio de 2013.

¿Se aprueba dicha habilitación? (Asentimiento.)

Queda aprobada.

8.5. COMISIÓN DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

(Núm. exp. 551/000023)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Se solicita habilitación de la Cámara para que la mencionada comisión celebre una sesión extraordinaria el día 3 de julio de 2013, con el orden del día que ha sido comunicado a la Mesa del Senado con número de registro de entrada 44982.

¿Se aprueba dicha habilitación? (Asentimiento.)

Queda aprobada.

8.6. COMISIÓN DE IGUALDAD

(Núm. exp. 551/000024)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Comisión de Igualdad. Se solicita habilitación de la Cámara para que la mencionada comisión celebre una sesión extraordinaria el día 11 de julio de 2013, a las dieciséis horas, con el orden del día que ha sido comunicado a la Mesa del Senado con número de registro de entrada 45032.

¿Se aprueba dicha habilitación? (Asentimiento.)

Queda aprobada.

8.7. COMISIÓN CONSTITUCIONAL

(Núm. exp. 551/000025)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Se solicita la habilitación de la Cámara en la Comisión Constitucional para que se celebre una sesión extraordinaria el día 8 de julio de 2013, con el orden del día que ha sido comunicado a la Mesa del Senado con número de registro de entrada 45103.

¿Se aprueba dicha habilitación? (Asentimiento.)

Queda aprobada.

8.8. COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

(Núm. exp. 551/000026)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Y por último, Comisión de Economía y Competitividad. Se solicita la habilitación de la Cámara para que la mencionada comisión celebre una sesión extraordinaria el día 4 de julio de 2013, con el orden del día que ha sido comunicado a la Mesa del Senado con número de registro de entrada 45218.

¿Se aprueba dicha habilitación? (Asentimiento.)

Queda aprobada.

A continuación se reunirán la Mesa y portavoces en la Comisión de Interior en la sala 20 001-A y la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación en la sala Giménez Abad.

Señorías, se levanta la sesión.

Eran las catorce horas y treinta minutos.


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