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DS. Senado, Pleno, núm. 87, de 21/11/2013
 





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PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 42

celebrada el jueves, 21 de noviembre de 2013

ORDEN DEL DÍA

11. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

11.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

11.1.2. Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa.

Comisión: Educación y Deporte

(Núm. exp. 621/000048)

12. ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

12.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

12.1.1. Propuesta de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.

(Núm. exp. 605/000001)

Autor: ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

13. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

13.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

13.1.1. Proyecto de Ley de garantía de la unidad de mercado. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Economía y Competitividad

(Núm. exp. 621/000051)




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14. REGLAMENTO DEL SENADO

14.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

14.1.1. Propuesta de reforma del Reglamento del Senado por la que se modifican los artículos 92 y 93.

Comisión: Reglamento

(Núm. exp. 626/000002)

15. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

15.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

15.1.1. Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Medio Ambiente y Cambio Climático

(Núm. exp. 621/000052)




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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas.

12. ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

12.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

12.1.1. Propuesta de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.

(Núm. exp. 605/000001)

Autor: ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

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El señor presidente informa de que no se han presentado enmiendas ni propuestas de veto.

Se inicia el debate de totalidad.

En turno a favor interviene el señor Peñarrubia Agius, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; los señores Ortiz Molina, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Peñarrubia Agius, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación se producirá tras terminar la relativa al Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa.

11. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

11.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

11.1.2. Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa.

Comisión: Educación y Deporte

7902

(Núm. exp. 621/000048)

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 1 a 65 y 67 a 181, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Eza Goyeneche defiende las enmiendas 182 a 184, 187, 189 a 191, 193 y 389, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por este senador, la señora Salanueva Murguialday y el señor Yanguas Fernández.

El señor Martínez Oblanca defiende las enmiendas 194 a 225, originariamente presentadas por este senador.

La señora Capella i Farré defiende las enmiendas 227 a 388, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por esta senadora.

La señora Martínez Muñoz defiende las enmiendas 608 a 618 y 620 a 676, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Saura Laporta defiende las enmiendas 392 a 411 y 413 a 495, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Martí Jufresa y la señora Sequera García defienden las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya 496 a 607 y la vuelta al texto remitido por el




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Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 677 a 701 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y 390 del señor Eza Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y el señor Yanguas Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Alturo Lloan defiende las enmiendas 702 a 787, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

La señora Moreno Ruiz y los señores Gil García y Álvarez Villazán, así como las señoras Flores Fernández y Fernández Pena y el señor Álvarez Areces defienden las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 788 a 796 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 677 a 701, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y 226 y 390, del señor Eza Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y el señor Yanguas Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno en contra hacen uso de la palabra la señora González García, el señor Sastre Álvaro y la señora De Haro Brito, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Martínez Oblanca, la señora Capella i Farré y el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), y Sequera García, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; así como los señores Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Álvarez Villazán y Álvarez Areces, por el Grupo Parlamentario Socialista; y Peral Guerra, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

12. ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

12.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

12.1.1. Propuesta de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. (Votación.)

(Núm. exp. 605/000001)

Autor: ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

7947

Se aprueba con el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 222; a favor, 222.

El señor presidente informa a la Cámara de que queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la Propuesta de reforma.

13. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

13.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

13.1.1. Proyecto de Ley de garantía de la unidad de mercado. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Economía y Competitividad

7948

(Núm. exp. 621/000051)

El señor López Rodríguez, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Se inicia el debate de totalidad.

El señor Mariscal Cifuentes defiende la propuesta de veto número 1, del señor Iglesias Fernández y este senador, del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende su propuesta de veto número 2.

El señor Unamunzaga Osoro defiende la propuesta de veto número 3, del señor Aiartza Azurtza, el señor Goioaga Llano, la señora Mendizabal Azurmendi y el señor Unamunzaga Osoro, del Grupo Parlamentario Mixto.




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El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto número 4, de este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Montilla Aguilera defiende la propuesta de veto número 5, de la senadora Almiñana Riqué, los senadores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la senadora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Iparragirre Bemposta defiende la propuesta de veto número 8, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Alturo Lloan defiende la propuesta de veto número 7, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Alique López defiende la propuesta de veto número 6, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Vallines Díaz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Iparragirre Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); los señores Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Alique López, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Utrera Mora, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se suspende la sesión a las quince horas y cincuenta minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

Se procede a la votación de las propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 1 con el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 81; en contra, 140.

Se rechaza la propuesta de veto número 2 con el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 220; a favor, 79; en contra, 141.

Se rechaza la propuesta de veto número 3 con el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 80; en contra, 141.

Se rechaza la propuesta de veto número 4 con el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 80; en contra, 141.

Se rechaza la propuesta de veto número 5 con el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 80; en contra, 141.

Se rechaza la propuesta de veto número 8 con el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 220; a favor, 80; en contra, 140.

Se rechaza la propuesta de veto número 7 con el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 80; en contra, 141.

Se rechaza la propuesta de veto número 6 con el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 80; en contra, 141.

11.1.2. Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa.

Comisión: Educación y Deporte (Votación.)

7972

(Núm. exp. 621/000048)

Se procede a la votación

7972

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueban las propuestas de modificación con números de registro 61581 y 61582.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley orgánica enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.




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Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley orgánica.

El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

13.1.1. Proyecto de Ley de garantía de la unidad de mercado. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Continuación.)

Comisión: Economía y Competitividad

7989

(Núm. exp. 621/000051)

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Mariscal Cifuentes defiende las enmiendas 1 a 21, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por el señor Iglesias Fernández y este senador.

El señor Quintero Castañeda defiende la enmienda 22, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por este senador y el señor Zerolo Aguilar.

La señora Iparragirre Bemposta defiende las enmiendas 131 a 156, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas 23 a a 36, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Montilla Aguilera defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 37 a 59 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas157 a 165, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Alturo Lloan defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió números 83 a 130 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda 164, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Manchado Lozano defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 60 a 82 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 157 a 165, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Vallines Díaz.

En turno de portavoces intervienen los señores Quintero Castañeda, por el Grupo Parlamentario Mixto; Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Manchado Lozano, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Vallines Díaz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a la votación

8005

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

14. REGLAMENTO DEL SENADO

14.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

14.1.1. Propuesta de reforma del Reglamento del Senado por la que se modifican los artículos 92 y 93. (Votación.)

Comisión: Reglamento

8011

(Núm. exp. 626/000002)

Se aprueba la Propuesta de reforma con el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 220; a favor, 217; en contra, 3.




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15. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

15.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

15.1.1. Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Medio Ambiente y Cambio Climático

8011

(Núm. exp. 621/000052)

La señora Ruiz Ruiz, presidenta de la comisión, presenta el dictamen.

Se inicia el debate de totalidad.

El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto número 1, de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende su propuesta de veto número 2.

El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número 4, del señor Guillot Miravet y este senador, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Boya Alós defiende la propuesta de veto número 5, de la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Maluquer Ferrer defiende la propuesta de veto número 6, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Fidalgo Areda defiende la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Pons Vila, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Mendizabal Azurmendi y el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; los señores Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Maluquer Ferrer, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Fidalgo Areda, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Aparici Moya, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a la votación de las propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 1 con el siguiente resultado: presentes, 191; votos emitidos, 191; a favor, 59; en contra, 126; abstenciones, 6.

Se rechaza la propuesta de veto número 2 con el siguiente resultado: presentes, 192; votos emitidos, 192; a favor, 60; en contra, 126; abstenciones, 6.

Se rechaza la propuesta de veto número 4 con el siguiente resultado: presentes, 193; votos emitidos, 193; a favor, 60; en contra, 127; abstenciones, 6.

Se rechaza la propuesta de veto número 5 con el siguiente resultado: presentes, 193; votos emitidos, 192; a favor, 59; en contra, 127; abstenciones, 6.

Se rechaza la propuesta de veto número 6 con el siguiente resultado: presentes, 191; votos emitidos, 191; a favor, 59; en contra, 126; abstenciones, 6.

Se rechaza la propuesta de veto número 3 con el siguiente resultado: presentes, 193; votos emitidos, 193; a favor, 60; en contra, 127; abstenciones, 6.




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Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 1 a 57, de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Fuster Muniesa defiende las enmiendas 58 a 60, de este senador, la señora Ibarz Ibarz y la señora Santos Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Quintero Castañeda defiende las enmiendas 61 a 69, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por este senador y el señor Zerolo Aguilar.

El señor Cazalis Eiguren defiende las enmiendas 368 a 453, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Boya Alós defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 172 a 271 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 70, 71 y 72, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Saura Laporta defiende las enmiendas 272 a 327, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Maluquer Ferrer defiende las enmiendas 328 a 367, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Fidalgo Areda defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 73 a 171 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 70, 71 y 72, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Elena Núñez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen los señores Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Maluquer Ferrer, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Fidalgo Areda, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Aparici Moya, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a la votación

8049

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueban las propuestas de modificación con números de registro 61707 y 61708.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

Se levanta la sesión a las veintitrés horas.




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Se reanuda la sesión a las nueve horas.

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.

12. ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

12.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

12.1.1. PROPUESTA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 4/1982, DE 9 DE JUNIO, DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

(Núm. exp. 605/000001)

AUTOR: ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

El señor presidente da lectura a los puntos 12. 12.1. y 12.1.1.

El señor PRESIDENTE: No se han presentado enmiendas ni propuestas de veto a esta propuesta de reforma. Comienza, por tanto, el debate de totalidad.

En turno a favor, tiene la palabra el senador Peñarrubia.

El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Señor presidente, señorías, permítanme que inicie mi intervención expresando en nombre propio y en el de mis compañeros de grupo territorial, la senadora Nicolás Martínez y los senadores Pérez Ruiz, Hernández López y Marín Torrecillas, nuestra satisfacción por tener la oportunidad de debatir en esta Cámara una reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, la cuarta en sus poco más de treinta años de vida, una norma que vio la luz el día 9 de junio de 1982 y que ha sido reformada, siempre por consenso, en los años 1991, 1994 y 1998, lo que indica, a nuestro juicio, que el proceso de desarrollo autonómico ha sido con carácter general, y en el caso de Murcia en particular, dinámico y acompasado siempre a las aspiraciones e inquietudes de la sociedad a la que sirve. Una reforma, la que nos ocupa, no menor, si bien breve, concreta y puntual, que persigue tan solo habilitar, facultar a las instituciones autonómicas, Consejo de Gobierno y Asamblea Regional, de la capacidad legal para desarrollar decretos leyes: una herramienta, señorías, que se pone al servicio de dichas instituciones para poder atender y dar respuesta de manera inmediata a las necesidades y problemas urgentes que pudieran surgir.

En el debate para su toma en consideración por el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado día 9 de abril, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional, el diputado Ruiz López, que hoy nos acompaña y a quien agradezco su presencia en la tribuna —en nombre de mi grupo le doy la bienvenida, junto al diputado socialista de la misma Cámara, señor López; bienvenidos ambos a esta Cámara—, expresaba con claridad y nitidez la utilidad de esta reforma. A título de ejemplo, y de manera muy gráfica, decía que si se hubiese dispuesto de este instrumento legislativo se podría haber reaccionado —y eso es cierto— de forma mucho más rápida ante las catástrofes acaecidas recientemente en la Región de Murcia, como fueron las inundaciones del mes de septiembre del año pasado o los terremotos que asolaron la ciudad de Lorca en mayo de 2011. Como lorquino, testigo directo de aquellos terribles sucesos, creo que no cabe argumento más sólido y preciso para justificar la necesidad de esta reforma, que, por otra parte —y esto hay que decirlo con claridad—, no es algo exclusivo, una medida exclusiva para la Comunidad de Murcia, por cuanto que está incorporada a la mayoría de estatutos de autonomía hoy vigentes.

Soy consciente —lo somos todos— de que el decreto ley constituye un procedimiento legislativo excepcional. Su uso, siempre acreditando la urgente necesidad y las limitaciones que le son propias, ha de estar sujeto en todo momento al sentido de la mesura de quien ha de aplicarlo y al control razonable de quienes por mandato electoral ejercen esa responsabilidad. En tal sentido, hay que decir que la reforma que hoy debatimos tiene en principio —y no es poco— la garantía de venir avalada por todos los grupos políticos con representación parlamentaria en la Región, con el añadido además de que la proposición no ha sido enmendada por ningún grupo parlamentario en su trámite en las Cortes Generales, Congreso y Senado.

Por eso, señorías —y con esto finalizo—, quiero agradecer y felicitar a los grupos parlamentarios que conforman la Asamblea Regional de Murcia: Popular, Socialista e Izquierda Unida, por el consenso alcanzado sobre esta cuestión y también sobre otras materias en las que ya vienen




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trabajando intensamente y sobre las que hay un razonable grado de acuerdo. Y, como es natural, señorías, les pido el voto afirmativo para reformar la ley orgánica que nos ocupa.

Nada más, y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Peñarrubia.

¿Turno en contra? (Pausa.)

No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Buenos días.

Voy a intervenir de forma muy sintética para anunciar el voto favorable de los senadores de Izquierda Unida a este proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Murcia, en primer lugar, porque si nos reivindicamos como una Cámara territorial, con carácter general esta Cámara ha de mostrarse respetuosa con las decisiones que las Cámaras de las comunidades autónomas adoptan. Por lo tanto, la aprobación por la Asamblea de Murcia de esta reforma del estatuto de autonomía es una invitación inexcusable a que el Senado respalde tal decisión. En segundo lugar, porque Izquierda Unida de Murcia también respaldó esta reforma, a pesar de que en un primer momento, en el momento inicial, expresó su reservas e incluso su voto negativo frente al proyecto que se planteaba aduciendo razones de peso. No había habido una negociación previa. Se reivindicaba una reforma de más calado que hiciera referencia a los ámbitos competenciales para situar a la comunidad autónoma en un mayor nivel de autogobierno y, por lo tanto, con mayor capacidad para resolver las preocupaciones y los problemas de los ciudadanos.

Por otro lado, la experiencia en el ámbito del Estado del uso que está haciendo el Gobierno del Partido Popular de la figura del real decreto ley no era precisamente un incentivo para respaldar que esta figura fuese introducida en el Estatuto de Autonomía murciano. Sin embargo, a lo largo de la tramitación del proyecto, y fruto de los contactos y las negociaciones oportunas que se pusieron en marcha, se lograron compromisos políticos que permitieron modificar el sentido del voto inicial. El que la mayoría gobernante en Murcia aceptara plantear el estudio de una reforma electoral y la creación de una comisión al respecto, que también se planteara y se asumiera la posibilidad de reformar los sistemas de financiación, o que se pusiera sobre la mesa la necesidad de reformar el Reglamento y de hacer una interpretación más flexible mientras esa reforma se sustanciaba, llevaron a Izquierda Unida de Murcia a respaldar este texto. Y hoy me felicito de poder también en el Senado votar a favor de él.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días.

Intervengo únicamente para manifestar nuestro voto favorable, como no puede ser de otra manera, a esta modificación, entendiendo que es una necesidad evidente y objetiva, como se ha visto en las últimas situaciones complicadas que ha vivido la Comunidad Autónoma de Murcia. En este sentido, es importante que se incorpore la opción del decreto ley, además de respetar, evidentemente, la voluntad que el Parlamento y la comunidad autónoma tienen de autoorganizarse.

Por tanto, sentimos un gran respeto por la voluntad que los propios murcianos tienen dentro de su capacidad de autoorganización.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Senyor president, amb la vènia.

Buenos días, señorías. Efectivamente, estamos tratando la modificación puntual, la modificación parcial, aunque no menor, del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia para incorporar en su artículo 30 la posibilidad y el uso de la figura del decreto ley.




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Durante muchísimos años la figura del decreto ley se ha configurado únicamente como una competencia del Gobierno estatal. Y fue precisamente a partir de hace unos años, con algunas reformas estatutarias, con los llamados nuevos estatutos o estatutos de segunda generación, cuando se vino incorporando esta posibilidad en algunos de ellos, como en el caso del Estatut d´Autonomia de Catalunya, del año 2006, concretamente en su artículo 63.

Esta posibilidad trae causa, está regulada en el artículo 86.1 de la Constitución Española, que dice: En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos leyes... Se trata, pues, de disposiciones legislativas provisionales —repito: provisionales— que deben ser convalidadas posteriormente por los respectivos Parlamentos y su naturaleza tiene que ser de extraordinaria y urgente necesidad; por ejemplo, catástrofes naturales, epidemias graves o determinadas decisiones políticas que deben ser tomadas rápidamente, con extrema urgencia. El objeto es dotar de capacidad legal a los Gobiernos para dar una respuesta inmediata, una respuesta urgente, con mayor efectividad y eficacia, a cuestiones sobrevenidas de extrema necesidad y urgencia.

En el caso del Gobierno central, y durante la actual legislatura, señorías, es obvio, es evidente —lo hemos denunciado repetidas veces en esta Cámara— lo que nosotros consideramos un uso y abuso de la figura del real decreto ley por parte del Gobierno del Partido Popular. Exactamente, si no hemos hecho mal las cuentas, ha habido cuarenta y tres reales decretos leyes en lo que llevamos de legislatura, de los cuales únicamente doce se han tramitado como proyectos de ley, evidentemente por el trámite de urgencia, y han pasado por esta Cámara. El resto, treinta y uno decretos leyes, no han pasado por el Senado; únicamente han sido convalidados por el Congreso de los Diputados, cuando bastantes de ellos tienen que ver con cuestiones y competencias autonómicas, por lo tanto, hurtando a esta Cámara, al Senado, a la Cámara de representación territorial, una de sus funciones más importantes y, desde nuestro punto de vista, contraviniendo la letra y el espíritu del artículo 86.1 de la Constitución Española.

En cuanto a la comunidad de la Región de Murcia, es evidente —lo ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular— que en los últimos tiempos hemos asistido a determinadas catástrofes, desgraciadas catástrofes, como el terremoto de Lorca o las inundaciones del año pasado. Y si el Gobierno hubiese dispuesto de esta capacidad probablemente, casi con toda seguridad, se podría haber actuado de una manera mucho más rápida y eficaz.

Como ya se ha dicho, estamos tratando la cuarta reforma del Estatuto de Autonomía de Murcia. El primero se aprobó en el año 1982, y las reformas son de los años 1991, 1994 y 1998.

Finalizo, señorías, anunciando el voto favorable de mi grupo parlamentario, Entesa pel Progrés de Catalunya, por dos razones fundamentales. La primera, porque es una reforma estatutaria que ha llegado a las Cortes Generales y a esta Cámara con un amplio consenso, con el total consenso de las tres fuerzas políticas representadas en el Parlamento de la Región de Murcia. Y la segunda, y no menor, por el respeto escrupuloso de mi grupo parlamentario a las decisiones de un Parlamento autonómico en el uso y el ejercicio de sus competencias.

Nada más. Muchas gracias, y buenos días.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.

Quiero dar la bienvenida a los representantes de la Región de Murcia y decir que el Grupo Parlamentario Convergència i Unió siempre apoyará aquellas reformas que el Parlamento de una comunidad autónoma plantee en el ejercicio de su soberanía.

La gobernanza del siglo XXI es aquella capaz de dar soluciones de una manera mucho más directa a las necesidades de sus ciudadanos. Queda muy lejos la verticalidad del poder, la democracia no se practica a partir de la verticalidad del poder.

Permítanme hacer algunas consideraciones, sobre todo a los representantes de la Región de Murcia, basadas estrictamente en la experiencia. Como buenos vecinos, como hermanos del conjunto del Estado español, permítanme decirles que nuestra experiencia no es buena; no es buena, en tanto que —ustedes lo saben perfectamente— en Cataluña se aprobó un estatuto en el año 2006 y, a pesar de eso, se incumple de manera sistemática por parte del Gobierno del Estado.




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Si se analiza lo que ha pasado en las comunidades autónomas en los últimos dos años da la impresión de que las administraciones locales y las administraciones de las comunidades autónomas no están preparadas para trabajar con el objetivo común de mejorar el bienestar de los ciudadanos, impulsar el empleo o facilitar la salida de la crisis; y parece que sean administraciones rivales. Es evidente que eso no es así en absoluto.

También les podemos hablar de las sentencias del Tribunal Constitucional que no se cumplen. El Gobierno del Estado siempre defiende la Constitución, pero, sorprendentemente, no cumple las sentencias del Tribunal Constitucional cuando le son contrarias. No las cumple en lo referente a distribuir entre las comunidades autónomas el 0,7% del impuesto sobre la renta destinado a fines de interés social. Y no las cumple en múltiples convocatorias de temas vinculados con las políticas de bienestar social, políticas culturales, políticas industriales, etcétera.

La reducción de transferencias de las comunidades autónomas de los años 2012, 2013 y 2014 también acaba justificando esta poca maniobra por parte de la propia autonomía, a pesar de lo que diga su estatuto. Por no hablar de la recentralización. En el trámite en las Cortes Generales, diecisiete de las leyes que se están tramitando invaden competencias de las autonomías. En todo caso, es verdad que el elemento jurídico con que se acaba justificando esta maniobra es poner con carácter básico aquello que los estatutos tienen desde el punto de vista de su propia competencia.

En definitiva, deseamos mucha suerte a la Asamblea del Parlamento de la Región de Murcia. Insisto en que la gobernanza del siglo XXI es aquella capaz de dar soluciones, no únicamente en el caso desgraciado de Lorca, sino ante cualquier otra cuestión. Repito que no existe la democracia a partir de la verticalidad del poder. Por tanto, confíen en que si les hablamos como buenos vecinos, desde la experiencia, es para que ustedes tomen nota. En definitiva, sí a la reforma del Estatuto de Murcia, no de manera sistemática a invadir competencias, no al proceso de centralización, y no tampoco al proceso de ahogo financiero a pesar de la capacidad de inversión de cada una de las diferentes regiones, en este caso también con una economía productiva y rica.

Por todo ello, mucha suerte. Que les respeten. Y, si es así, tomaríamos nota.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Candini.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Ortiz.

El señor ORTIZ MOLINA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, permítanme en primer lugar que salude y dé la bienvenida a los representantes del Parlamento regional de Murcia, los señores Ruiz y López, a su vez representantes del Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista, respectivamente. Sean bienvenidos.

Señoras y señores senadores, se somete a la aprobación por esta Cámara la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Es esta una reforma, tal y como se ha dicho por otros portavoces, puntual, a mi juicio también necesaria, a los solos efectos de que el Gobierno regional pueda disponer de la figura del decreto en el ejercicio de su función de gobierno. Así, se contempla que, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Consejo de Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales en forma de decreto ley.

Esta redacción es literalmente acorde con la previsión de la Constitución en relación con el Ejecutivo nacional, que en su artículo 86 determina que, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos leyes.

Quiero llamar la atención, y así lo han hecho otros portavoces, en el sentido de que esta figura legislativa está siendo objeto de polémica por considerar que se está haciendo un uso abusivo de ella por parte del Gobierno de la nación. Su literalidad no admite dudas: en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Sin embargo, la realidad cotidiana es otra.

Deseamos que el Gobierno de la Región de Murcia haga el uso adecuado de esta opción legislativa y no caiga, por el contrario, en la práctica abusiva que de ella se viene haciendo en el ámbito estatal, como acabo de reseñar.

Es cierto que la modificación estatutaria que se somete a nuestra consideración tiene un origen controvertido, pues fue votada en contra por los grupos parlamentarios que están en oposición en




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el Parlamento regional, circunstancia esta que, afortunadamente, se ha superado al abrirse un proceso de negociación posterior que ha permitido finalmente el consenso sobre esta reforma.

Nadie puede arrogarse, a mi juicio, comportamiento digno de imitación. Sin embargo, permítanme decir que cualquier ocasión, por mínimamente apropiada que sea, representa la excusa suficiente que debemos aprovechar, y yo pretendo hacerlo desde esta tribuna, a cuarenta y ocho horas del espectáculo que hemos contemplado en el Congreso de los Diputados con la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha. ¿Para qué? Para resaltar y reivindicar la virtud esencial que ayuda al avance y perfeccionamiento de la convivencia democrática. Esta no es otra que la capacidad de negociación y acuerdo, sobre aspectos sustanciales al menos, de una sociedad. Quien no entiende esto sencillamente no es un demócrata, y quien lo entiende solo lo es si lo practica. (Aplausos.) Me estoy refiriendo, señorías, a lo que entendemos como consenso y que con bastante acierto hemos practicado para construir el sistema político que tanto bien ha propiciado a nuestro país en momentos graves de nuestra historia reciente y que tanto echamos de menos últimamente.

El consenso no requiere el acuerdo de todos los afectados, eso sería la unanimidad; se alcanza con que quienes se oponen a la decisión que se adopta atenúen su rechazo y toleren pacíficamente la disidencia. Gracias al consenso una sociedad puede alcanzar la convivencia armoniosa en la que se asienta la manera más eficaz y eficiente de avanzar por la senda de la libertad, el progreso y el bienestar.

Cualquier sistema político puede tratar de legitimarse en que pretende el bien común. Sin embargo, los demócratas solo aceptamos la legitimidad de los sistemas políticos que, pretendiendo el bien común, sitúan la fuente del poder en el ciudadano y persiguen además ese bien común renunciando a la imposición, que no a la fuerza legítima cuando es preciso, por entender que toda imposición implica violencia; y la democracia es, por su propia naturaleza, pacífica. Si es preciso se recurre a la fuerza, pero nunca a la violencia.

En el proceso de reforma del estatuto que se somete a la consideración del Senado en el día de hoy, visto su recorrido y desenlace, se ha utilizado la fuerza de una mayoría parlamentaria legítima para alcanzar un objetivo pero se ha renunciado a la violencia de la imposición. Porque, aun cuando la reforma que se pretende, como he dicho, ha sido contestada en un primer momento por la minoría, se ha abierto un espacio de diálogo con un horizonte de negociación y acuerdo sobre la discrepancia que ha permitido finalmente la aceptación pacífica del desacuerdo, es decir, se ha posibilitado el consenso.

Esta es, señorías, la razón fundamental por la que, aun no estando totalmente de acuerdo con lo que se pretende por entender que se excluyen otros aspectos quizá más sustanciales que la propia reforma, el Grupo Parlamentario Socialista del Senado votará a favor de reformar el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia en los términos que se ha tramitado; y lo haremos, señoras y señores senadores, sin ningún tipo de reserva.

Concluyo, señor presidente, diciendo que esperamos que esta reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia contribuya a un mejor autogobierno en aquella querida tierra, que es la mía, en beneficio de todos sus ciudadanos y ciudadanas. Y lo hago, además, con el deseo de que la negociación que se viene desarrollando en el seno del Parlamento regional dé sus frutos y concluya felizmente. Estamos seguros de que así será.

Muchas gracias, señorías, y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ortiz.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Peñarrubia.

El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Gracias, señor presidente.

Señorías, no quisiera yo empañar el debate y dejar algunas sombras de duda en el Diario de Sesiones sobre lo que debía haber sido una unanimidad en aras de la voluntad mayoritaria —perdonen la redundancia— unánime de la Asamblea Regional de Murcia.

Pero algunos portavoces se han salido de lo que es el propio debate de la reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia y, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, han hecho una serie de valoraciones sobre otras cuestiones.

Yo creo que el respeto debe ser mutuo. Carné o patente de demócratas no lo da nadie, y menos al Partido Popular, que gobierna con mayorías cada vez más incrementadas en la Región de Murcia desde 1995.




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Senador Ortiz, lamento que le haya tocado en esta Cámara de las Cortes Generales hacer ese papel. Es el sí pero no. Lo apoyo pero critico. Aprovecho que viene el Estatuto de Murcia y miro para Castilla-La Mancha. Me parece que es poco razonable y que le hacemos un flaco favor a los intereses generales de los murcianos sacando del contexto de un debate de reforma de autonomía otras cuestiones que no vienen al caso.

En cualquier caso, como no quiero empañar —lo he dicho al principio— este debate, muchas gracias, señorías, muchas gracias a todos los grupos parlamentarios por apoyar esta reforma que va en beneficio de las aspiraciones, inquietudes y legítimos derechos de los ciudadanos de Murcia.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Peñarrubia.

Ya avanzamos ayer que, terminado el debate sobre la reforma del estatuto, la votación se producirá cuando votemos las enmiendas del Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa, teniendo en cuenta que de las manifestaciones de todos los portavoces se desprende que la votación de esta reforma va a ser afirmativa. Doy mi enhorabuena a los representantes de la Asamblea de Murcia que han querido acompañarnos hoy en esta tramitación y a toda la Comunidad de Murcia.

Muchas gracias. (Aplausos de varios señores senadores puestos en pie.)

11. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

11.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

11.1.2. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA. (Continuación.)

COMISIÓN: EDUCACIÓN Y DEPORTE

(Núm. exp. 621/000048)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día. Retomamos el trámite del Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa con el debate de las enmiendas. Comenzamos por las del Grupo Parlamentario Mixto, enmiendas números 1 a 65, 67 a 184, 187, 189 a 191, 193 a 225 y 227 a 389. Los senadores Iglesias y Mariscal han presentado las enmiendas números 1 a 65, 67 a 181. Los senadores Eza, Salanueva y Yanguas, las enmiendas números 182 a 184, 187, 189 a 191, 193 y 389. El senador Martínez Oblanca ha presentado las enmiendas números 194 a 225. Y la senadora Capella las números 227 a 388.

Para la defensa de las enmiendas presentadas por los senadores Iglesias y Mariscal, tiene la palabra el senador Iglesias.

Senador Iglesias, disponen de 30 minutos a compartir entre todos los miembros del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Buenos días, señor presidente, señorías. Intentaré acotar al máximo el uso del tiempo.

Hemos presentado ciento ochenta y una enmiendas y nos ha sido estimada una, lo cual, como pueden suponer sus señorías, no es razón suficiente para que respaldemos el texto. No puedo evitar recordar a un buen amigo penalista, que cuando defiende a un cliente para el que el Ministerio Fiscal pide, pongamos como ejemplo, catorce años y al final lo condenan a trece años y seis meses, entiende que se ha valorado el trabajo de la defensa. Yo creo que con su enmienda han valorado el trabajo enmendante de este grupo, pero reitero que no justifica que acabemos votando a favor del texto.

Enmendamos la exposición de motivos porque en ella se argumentan los contenidos ideológicos que después se articulan a través de las modificaciones del texto legal. Por eso, aunque no sea frecuente, un número importante de enmiendas van dirigidas a modificar la exposición de motivos.

Planteamos una primera enmienda de máximos que supondría la supresión de esa exposición de motivos. Y luego hemos presentado enmiendas parciales que buscan la supresión de la referencia al concepto talento. Ayer, en la defensa del veto apunté ya las razones que fundamentan nuestra




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desconfianza y escepticismo ante el manejo que se hace de tal concepto. Planteamos la supresión del párrafo quinto que supedita el sistema educativo a la consecución de objetivos como la competitividad o el crecimiento económico. Pensamos que el sistema educativo no debe ser incompatible con la competitividad ni con el crecimiento económico, pero que ha de ser inspirado por otros valores, los valores propios de la condición humana. Proponemos que se sume la equidad al objetivo de calidad para que no haya una exclusión que dé como resultado que la búsqueda de la calidad signifique el sacrificio de la equidad. Entendemos que para hacer compatibles ambos conceptos es imprescindible el que se apoye la integración y la atención a la diversidad, lo cual choca con las políticas de ajuste y de recorte que se han venido aplicando a lo largo de estos dos años.

El texto de esta exposición de motivos, que pretende destacar el papel de la familia y busca ser respetuoso con el principio de libertad, acaba supeditando la planificación de las necesidades del sistema educativo a la demanda social. Entendemos que no debe ser esta una de las líneas maestras del sistema educativo porque pensamos, además, que la familia es muy importante e imprescindible como elemento que contribuye a la formación y, también, como elemento que ha de ser partícipe de las decisiones que se tomen en el desarrollo del sistema educativo, pero el derecho a la educación no es de la familia, el derecho a la educación es de los niños y de los jóvenes. Y el ejercicio y el respeto a ese derecho debe ser la prioridad absoluta.

Pedimos la supresión de las referencias al estudio PISA porque entendemos que se manipulan sus datos y conclusiones. Lo mismo digo respecto a la referencia que se hace a la OCDE porque no es cierto que las conclusiones de la OCDE sean las que se reflejan en esta exposición de motivos. De hecho, el informe Equidad y calidad de la educación de esta organización internacional recomienda evitar la segregación a edad temprana —así lo impone este texto—, empezar pronto la educación —lo cual choca con la visión del texto de que la primera fase de la etapa de educación infantil, el 0-3, debe tener un carácter fundamentalmente asistencial más que educativo—, y advierte de los peligros de la plena libertad de elección de centros por ser un mecanismo que, llevado a su últimos términos, genera segregación y, en consecuencia, mantiene las desigualdades.

Reivindicamos la dotación de recursos suficientes. Entendemos que, frente a los datos que ayer manejaba el señor ministro de Educación, el compromiso de financiación del sistema educativo del Estado español debe ser alcanzar el 6% del producto interior bruto y que ello permita ir a grupos más reducidos, a una formación cualificada de los docentes, a la incorporación en los centros de trabajadores sociales y de mediadores interculturales y a la participación de la familia en la toma de decisiones.

Rechazamos la autonomía financiera, por lo tanto, planteamos su supresión porque abre el establecimiento de ranking entre los centros y las posibles esponsorizaciones privadas. Por contra, reivindicamos la autonomía pedagógica como un mecanismo que permite a los centros ofrecer una formación adecuada a las necesidades socioeconómicas y socioculturales de los niños y jóvenes y que se corresponde con el ámbito territorial que comprende el centro.

Planteamos el reforzamiento de la participación democrática y la elección democrática de la dirección.

Suprimimos el apartado ocho que plantea las pruebas externas, al igual que el nueve que adelanta la mutilación del currículo. Suprimimos el apartado diez, que establece los itinerarios que segregan. Igual que el trece, pues es falso que, como ayer debatíamos y defendía el ministro, se modernice el sistema educativo y tampoco la formación profesional. También planteamos la supresión del catorce porque no es cierto que la eliminación de Educación para la Ciudadanía sea la respuesta a una vocación de evitar el adoctrinamiento cuando simultáneamente se mantiene y se refuerza el papel de la enseñanza de la religión.

Enmiendas al articulado. La incorporación a los principios y contenidos educativos de la enseñanza de la lengua de signos. El rechazo a la nueva definición del sistema educativo por situar al mismo nivel el conjunto de agentes públicos y privados. Rechazo también a la introducción a los principios educativos de planteamientos mercantilistas. Añadimos, como instrumento con el que ha de contar el sistema educativo, a las asociaciones de madres y padres y a los sindicatos de docentes y estudiantes. Planteamos la supresión de la FP básica como un itinerario temprano y segregador. Defendemos que se regule la educación infantil como un tramo unitario y estrictamente educativo. Enmendamos, para suprimir el capítulo que hace referencia al currículo, la distribución de competencias, creemos que hay una invasión. Rechazamos el modelo organizativo por




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asignaturas y planteamos como alternativa que sean los ámbitos de conocimiento más amplios los que fomenten la enseñanza transdisciplinar.

En relación con las competencias, reiteramos que hay invasión y recentralización del currículo junto a una reducción y devaluación de asignaturas que son imprescindibles para la formación integral. Se sacrifican contenidos en búsqueda de ese dorado que es la empleabilidad.

En educación primaria pedimos que se suprima el objetivo de desarrollo del espíritu emprendedor. La verdad es que yo no sé si quieren que la niña de Rajoy venda las chuches en el patio del colegio con un justo margen de beneficio. Creemos que a esas edades hacer planteamientos de carácter emprendedor resulta, en primer lugar, adoctrinador —también adoctrinamiento— y, en segundo lugar, inútil porque son otras, afortunadamente, las preocupaciones que mueven a los niños en esta etapa.

Defendemos el mantenimiento del carácter de etapa global e integradora, por lo que rechazamos se parcele el área de conocimiento del medio natural, social y cultural, así como que se abra la posibilidad de que a propuestas de comunidades autónomas o centros se creen más asignaturas; entendemos que ya están bastante cargados los niños en estas edades.

Planteamos una redacción alternativa al artículo de evaluación para que esté al servicio de la mejora del proceso de aprendizaje, evitando que esta sirva para establecer un proceso selectivo que parte del prejuicio de que un grupo de alumnos está inevitablemente abocado al fracaso. El sistema educativo tiene que tener como objetivo fundamental y último que ningún alumno fracase.

Proponemos la supresión de la prueba de reválida externa al finalizar la etapa. Creemos que de esta manera se está despreciando la evaluación continua realizada por los profesores a lo largo de la etapa que consideramos es un mecanismo mucho más adecuado y eficaz.

En relación con la educación secundaria obligatoria, defendemos que se organice la etapa en dos ciclos de dos cursos en vez de uno de tres y uno de uno, como plantea el proyecto, porque además este último ciclo de un año acaba siendo una mera preparación a la reválida; en coherencia, si queremos suprimir la reválida, planteamos una etapa con dos ciclos de dos cursos.

Modificamos la organización de la etapa para establecer como básicas todas y cada una de las áreas con materias comunes, con independencia de la carga horaria que vayan a tener y su distribución por ciclos y cursos, para explicitar un modelo de educación integral. Se debe mantener el área de ciencias de la naturaleza, sin menoscabo de que en el segundo ciclo se pueda estructurar en dos materias diferenciadas: biología y geología, por una parte, y física y química, por otra. Además, planteamos una educación artística obligatoria y continuada.

Creemos que el modelo de organización debe ser a partir de ámbitos de conocimiento amplios en vez de asignaturas. Rechazamos que el alumnado al inicio del tercer curso deba elegir entre una opción que aboque al bachillerato o que conduzca a la formación profesional. Rechazamos la distribución entre asignaturas troncales y asignaturas específicas: Educación Plástica, Música, Ética, Tecnología, II Lengua Extranjera, y que, además, se dé a la Religión y a su alternativa el mismo trato que a las troncales, y que se tenga que cursar en todos los años. Proponemos por contra mantener la Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos.

En la organización del cuarto curso creemos que hay que prescindir también del emprendimiento y que se mantenga de forma transversal la educación en valores en vez de ser una nueva educación cívica cargada de ideología.

Los alumnos cursarán en primero y segundo como máximo dos asignaturas más que en el último ciclo de educación primaria. Introducimos medidas para el tratamiento de la diversidad tan pronto se detecten dificultades para alcanzar el objetivo de la etapa, sin que ello signifique en ningún caso segregación.

Suprimimos la organización planteada para el cuarto curso como paso a la reválida. Defendemos la dotación de servicios de orientación educativa, psicopedagógica y profesional en los centros públicos y un incremento de la plantilla y reducción de las ratios.

Planteamos programas de diversificación curricular. Pensamos que se deben mantener puesto que han funcionado y deben tener continuidad, y que no se sustituyan por programas de mejora de aprendizaje y del rendimiento en primer ciclo porque eso lleva al inicio de la separación del tronco común a edad muy temprana, en segundo, o sea, 13 años.

Introducimos que la promoción se haga a través de una evaluación para tener información sobre el proceso de aprendizaje y el grado de consecución de los objetivos correspondientes al objeto de poner




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en marcha medidas de apoyo y recuperación; aquí entraría la enmienda asumida, la número 66. Pensamos que la repetición es una medida inadecuada, por contra, los centros deben contar con medios para organizar estrategias de enseñanza y planes de apoyo personalizado. Rechazamos el itinerario hacia la formación profesional básica y la reválida de cuarto.

Planteamos que quien concluya la ESO sin la titulación correspondiente tenga atención educativa para la continuación de sus estudios y la obtención del título una vez cumplidos los 16 años.

Bachillerato. Frente a las tres modalidades del proyecto, ciencias sociales, humanidades y artes, planteamos, como mínimo, que sean cuatro, incorporando tecnología. El bachillerato se organizará también en materias, más que en asignaturas. Se debe mantener abierta la posibilidad de que se creen nuevas modalidades en función del desarrollo de las ciencias y las artes; y del bachillerato ha de salirse con capacidad de comprensión de las diferentes disciplinas científicas que se podrán cursar en estudios superiores que permitan completar una formación interdisciplinar. Planteamos la supresión de la distribución de las modalidades de bachillerato que realiza el proyecto porque resulta caótica; eliminar las Matemáticas es una de las cuestiones que se está intentando resolver. Suprimimos el artículo 34 bis. 5 por invadir competencias de las comunidades autónomas que cuentan con lengua propia. Planteamos la supresión de la evaluación y que se mantenga en la promoción la actual regulación que está orientada según los principios de evaluación formativa y el apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje. Lógicamente, también suprimimos la reválida. Excluimos que para el acceso a la universidad se realice un nuevo tipo de prueba generalizada de carácter selectivo.

Formación profesional. No a la FP básica. Planteamos que los ciclos formativos de grado medio y superior se impartan en institutos y centros integrados de referencia nacional y no se vuelva a los viejos centros de FP. Entre los objetivos, añadimos adquirir las competencias básicas en tecnología de comunicación y en lenguas extranjeras. Rechazamos que para el acceso a las ciencias formativas de grado superior los centros puedan establecer pruebas propias. Rechazamos también la reválida. Introducimos la exigencia de que se incrementen progresivamente las plazas públicas de ciclos de grado medio y superior. Frente a la formación dual, presentamos como alternativa los cursos de especialización para completar los ya titulados.

Otras cuestiones, rápidamente. Las escuelas de idiomas impartirán cursos para formación profesional. En la regulación de la escolarización introducimos que el alumnado que presente necesidades educativas especiales recibirá una enseñanza regida por los principios de normalización e inclusión que asegurará su no discriminación. En casos excepcionales, la edad de escolarización podrá prolongarse más allá de los 21 años. Suprimimos la reválida de la ESO también en la formación de adultos.

Cuestiones diversas ya de forma telegráfica. En materia de admisión, una de las más importantes es el mantenimiento de las zonas escolares y que sea la Administración educativa la que fije los criterios de adscripción de los centros a las zonas. Rechazamos la supresión del carácter prioritario del criterio de proximidad para la admisión. No aceptamos que los centros públicos o privados concertados reserven el 20% de plazas bajo el criterio de rendimiento académico del alumnado. Rechazamos también la existencia de centros que tengan reconocida una especialización curricular. Nos negamos al concierto de centros segregados, y menos que en virtud de una enmienda asumida esto se haga con efectos retroactivos; aquí la pregunta es: ¿quién va a pagar esos efectos retroactivos? ¿El Gobierno de la nación que promueve esta reforma o las comunidades autónomas que la van a padecer?

Proscribimos que centros públicos o privados concertados puedan recibir a través de fundaciones y asociaciones aportaciones de las familias. Planteamos que en el primer ciclo de infantil la docencia la impartan maestros y no otro personal. Pretendemos que se regule un estatuto básico de la función pública. En relación con la programación de la red de centros, esta no debe quedar supeditada a la demanda social ni que se suprima la obligación de la Administración educativa de garantizar la oferta pública de plazas suficientes en todos los niveles. La Administración educativa debe garantizar tanto las plazas en centros públicos como el cumplimiento de la norma de admisión en los públicos y en los concertados. Rechazamos la reducción de funciones del claustro y del Consejo Escolar en favor del director. Planteamos la supresión de la consideración de la enseñanza de religión como área o materia en los niveles educativos de oferta obligatoria con los criterios que marque en la evaluación la autoridad religiosa. Defendemos la




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supresión de la competencia de gestión de los recursos humanos a través de los directores. No es posible que se establezcan requisitos y méritos específicos para ocupar puestos de interinos o que se puedan rechazar interinos de las bolsas. No aceptamos los expertos en dominio de lenguas extranjeras como profesores de programas bilingües o plurilingües. Todo lo relativo a las lenguas oficiales invade competencias, por lo que debe prescindirse de ello. Planteamos otra perspectiva de la convivencia que no se base en un régimen sancionador. Creemos que la cooperación de los municipios para la obtención de solares solo debe imponerse cuando sea para centros públicos. En coherencia con otras enmiendas, planteamos la supresión de la figura de los profesores de Religión. Establecemos la creación de un cuerpo unificado de profesores, a la vez que introducimos diversas enmiendas que pretenden mejorar las condiciones laborales del personal docente en los centros privados concertados, además de establecer nuevas exigencias para que se retiren los conciertos en casos de incumplimiento.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Para la defensa de las enmiendas de los senadores Eza, Salanueva y Yanguas, tiene la palabra el senador Eza.

El señor EZA GOYENECHE: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. Seré breve porque no son muchas las enmiendas que hemos mantenido para este debate.

A lo largo del debate del proyecto de la LOMCE hemos tenido la oportunidad de conocer los distintos diagnósticos y datos contrastados respecto al estado de nuestro sistema educativo y esos conocimientos nos permiten definir los ámbitos de mejora. Los resultados están ahí y no cabe la menor duda de que nos obligan a todos a realizar un esfuerzo sostenido y eficaz, convencidos de que la educación es la mejor política social y económica.

En relación con el sistema educativo en Navarra, tengo que decir que dados nuestros parámetros tenemos un buen nivel porque la tasa de abandono educativo temprano es del orden de 11,6 puntos inferior a la media española e incluso en la puntuación PISA estamos entre 16 y 21 puntos por encima de la media española. Y eso no se debe solo, como decía ayer el señor Iglesias, a nuestra capacidad de inversión en el sistema educativo. No, solo a eso no, porque llevamos años gobernando en minoría, luego solo a eso no. Pero sí a la capacidad de llegar a acuerdos con otro partido mayoritario y dar sostenibilidad y eficacia al sistema educativo. De ahí vienen esos resultados en cuanto ponemos los asuntos encima de la mesa, que no son evidentemente satisfactorios, ¡qué va! Al contrario. En educación debemos ser siempre permanentes y exigentes en el esfuerzo, pero esos son los resultados.

Siendo esa la perspectiva, estamos empeñados en dos ejes que son fundamentales para el sistema educativo en Navarra. Uno de ellos es la variedad de medidas de atención a la diversidad, adecuada a la pluralidad de los alumnos y entendida como un camino para garantizar la equidad y la excelencia del sistema. Y el otro es un sistema de evaluación —ayer se habló bastante de ello— riguroso y frecuente cuyos resultados, puestos a disposición de los centros, apoyan la elaboración permanente de planes de mejora.

En torno a este marco, nuestras enmiendas van dirigidas a los siguientes aspectos. La primera se refiere al artículo 6 bis —que quizá les pueda interesar a otras comunidades— y en ella insistimos en que los contenidos incluidos para las comunidades autónomas, contemplados en este artículo 6 bis, también se incluyan en la evaluación final. Si estamos impulsando estos conocimientos no tiene ningún sentido que no se garantice una valoración para saber hasta qué punto nuestros alumnos conocen la realidad histórica de Navarra como tal y vinculada a España, nuestras instituciones, nuestra vinculación a Europa…, pero eso se tiene que reflejar también en las pruebas.

En cuanto al bachillerato, insistimos en la importancia de la tecnología —tenemos una anécdota hoy que flota en el ambiente—, insistimos en que se debería denominar ciencias y tecnología para potenciar precisamente esos aspectos que enriquecen las posteriores carreras de ingenierías e incluso otras cuestiones de carácter científico.

Otra enmienda se refiere a exigir solo el título de graduado en educación secundaria obligatoria, porque si se limita el acceso a la formación profesional de grado medio al alumno que provenga de




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enseñanzas aplicadas, podemos volver a convertir la formación profesional de grado medio en una opción de segundo nivel, y parece que ese no es el horizonte que está en las cabezas de las personas preocupadas por la educación, sino darle el prestigio correspondiente; además se flexibiliza el sistema.

También queremos modificar el artículo 116 a fin de establecer con claridad el derecho de los centros a acogerse al régimen de conciertos siempre que cumplan las condiciones legales. Es decir, que no haya ninguna ambigüedad ni posible confusión al respecto. Eso tiene que estar establecido perfectamente, y exigimos que ese artículo 116 experimente ligeros cambios en la redacción, que como están en el documento todo el mundo puede valorar.

Después nos referimos a la disposición final novena, donde insistimos en algo a lo que ya se ha hecho referencia aquí a través de otras enmiendas: la conveniencia de que las administraciones educativas puedan determinar como requisito para el ingreso en los cuerpos de funcionarios docentes el conocimiento de un idioma extranjero y, evidentemente, la forma de acreditarlo en las convocatorias correspondientes.

También nos interesa insistir en un aspecto que ya venía de leyes educativas anteriores. Se recoge en el proyecto: la prestación del servicio público y social de la educación; en otros momentos se dice que es de interés general y la Directiva europea 2006/123, de 12 de diciembre, de servicios insiste en este aspecto. En cualquier caso, no es un servicio público stricto sensu, pues su prestación y titularidad no recae únicamente en la Administración ni los centros privados concertados actúan por delegación o concesión de aquella.

Insistimos en la formación profesional para darle esa importancia, y hablamos de completar el cuadro de mantenimiento y transformación de los actuales conciertos, porque de lo contrario se impediría a los centros cualquier posibilidad de adaptación a la realidad. Es decir, que en esta enmienda lo que pretendemos es asegurar la transformación de la formación profesional y el bachillerato en FPB, así como los PCPI en FPB.

Por último, abordamos las sanciones en el ámbito de los colegios concertados y lo que se pretende en esta enmienda es clarificar la cuantía de las sanciones económicas en aras de la seguridad jurídica.

Asimismo, insistimos en la evaluación final de educación secundaria obligatoria. Abogamos por la existencia de una única prueba al finalizar la educación secundaria obligatoria centrada en competencias básicas y que habilite tanto el acceso a la formación profesional como al bachillerato; se deben evitar vías muertas o límites de acceso de alumnos y alumnas a la FP; queremos una formación profesional de primera categoría. La prueba única flexibilizaría mejor el sistema y facilitaría el tránsito de los alumnos y alumnas entre opciones no determinando la continuidad de estudios.

Estas son, en definitiva, nuestras nueve enmiendas, que las presentamos con el único interés de que la ley fortalezca el sistema educativo en el que venimos trabajando y que, en definitiva, el beneficio sea, como se ha dicho antes, para los alumnos que son los directamente beneficiarios de nuestro sistema educativo. No obstante, y por último, insistiré en la necesidad de diálogo, en la necesidad del acuerdo, en la necesidad de la concertación, superando, unos y otros, posiciones que en ocasiones no se compatibilizan mucho con la educación, que tiene que estar en una posición permanentemente abierta de mente y de actitudes. Por eso, traeré a colación, aunque sea así rápidamente…

El señor PRESIDENTE: Senador Eza, tiene que compartir turno todavía con otros dos portavoces de su grupo y está agotando el tiempo. Le ruego que sea breve.

El señor EZA GOYENECHE: Seré muy breve.

Decía que el presidente de un partido muy importante de Navarra —que no es el mío, ni tampoco el presidente o secretario general del Partido Popular—: El nivel es, sin duda, superior a la media nacional por las siguientes razones: mejor ratio de alumnos por aula, más y mejores infraestructuras y medios materiales, mejor atención a la diversidad, mayor equilibrio entre bachillerato y formación profesional, gratuidad real de la enseñanza en la etapa postobligatoria, y doble red de centros públicos y concertados, que permiten una real libertad de elección. Todo ello ha sido posible porque desde los años ochenta ha funcionado un pacto entre las fuerzas mayoritarias, no escrito explícitamente, que ha dado estabilidad al sistema y una financiación suficiente para mantenerlo en parámetros similares a los europeos. Esto lo pone en los periódicos




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locales, no sale de PISA, ni de ningún informe europeo, pero creo que es el camino necesario y fundamental para el encuentro que hará posible una educación que responda a las necesidades de nuestros hijos y de nuestras hijas, en estos tiempos en los que pretendemos que se incorporen plenamente con la misma consideración que los hombres a todos los aspectos de la vida profesional.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Eza.

Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el senador Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, son treinta y dos las enmiendas que Foro ha presentado tras el recorrido del Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa, LOMCE, por el Congreso de los Diputados y continúan siendo treinta y dos las que llegan al Pleno del Senado y continúa este trámite en la Cámara Alta. Nuestras enmiendas se reparten en veintiuna, de modificación; cuatro, de supresión y siete, de adición y comprenden los números 194 a 225, ambos inclusive.

Con nuestras propuestas queremos enriquecer esta importante ley orgánica que, después de seis meses de recorrido parlamentario, frustra muchas esperanzas, desde luego las de mi partido, y será un instrumento de muy poca utilidad para mejorar la educación española, tan necesitada de mecanismos legales, que le permitan disponer de más bases sólidas y de menos interés ideológico, cuando no sectario, para evitar la contaminación de un servicio esencial, de uno de los rasgos fundamentales que identifica a toda una sociedad.

Lamentablemente, la LOMCE no llevará incorporada ni una sola de nuestras treinta y dos enmiendas y desperdicia, además, la posibilidad de buscar puntos de acuerdo tomando como soporte alguna. No obstante, nos alegramos muy sinceramente de que esta mañana, in extremis, se haya podido plantear un texto alternativo, en el que creo que hemos participado mucho, a los artículos 34bis y 34ter, que da satisfacción a las asociaciones de matemáticas. La propuesta transaccional, que creo que va a ser firmada por todos los grupos parlamentarios, se ha trabajado buscando un buen texto que resuelva la justificación, las preocupaciones relacionadas con la organización del primer curso de bachillerato y los itinerarios de humanidades, sobre todo, ciencias sociales, así como la organización del segundo curso de bachillerato en idéntico sentido.

No obstante, el paso de la LOMCE por el Senado no va a acusar sustanciales cambios a mejor. Una vez más denuncio y me quejo de que el Gobierno ha obstaculizado la función legisladora de esta Cámara mediante el procedimiento del rodillo parlamentario, que penaliza a la oposición y, paradójicamente, penaliza también a la mayoría popular que sostiene al Gobierno, que no puede plasmar, como sucede en el Congreso, todo su potencial para generar la mejor ley posible.

Nosotros hemos enmendado cuestiones relacionadas con el ámbito de la libertad de elección de centro y aspectos de la estructura del sistema con el fin de madurar las capacidades de los alumnos en primaria y la maduración en bachillerato. Nuestras enmiendas abordan también el diseño curricular así como aspectos relativos al ámbito de las pruebas censales. Sin embargo, no hemos percibido receptividad alguna para incorporar nuestras iniciativas en pos de una mejor LOMCE y cabe decir, visto y oído lo sucedido durante estos últimos seis meses tanto en la sociedad como en el ámbito educativo como en el Parlamento, que con esta ley el Gobierno de Rajoy da gato por liebre.

El paso de la LOMCE por el Senado tampoco ha respondido a las enormes expectativas de la sociedad, particularmente a las expectativas de lo que nosotros creemos son amplios sectores educativos, que no sienten este nuevo instrumento legal que se tramita en las Cortes Generales como propio. Es más, el trayecto desde la presentación del proyecto de ley orgánica, allá por el mes de mayo, hasta este mes de noviembre ha ido jalonado de críticas crecientes, tanto directas hacia el contenido de la ley como indirectas por la espectacular deriva de desconfianza ciudadana acumulada durante las últimas semanas por el ministerio impulsor de la LOMCE, y singularmente por su titular, el señor Wert, todo un líder en captar antagonismos con los que vamos de susto en susto.

Nosotros fuimos de los que acogimos el proyecto de la LOMCE con enorme esperanza. Por fin, pensábamos, se pone punto final a una etapa educativa en España que ha sido condicionada, para mal, por las leyes socialistas que han primado a lo largo de décadas y que han arrastrado a muy malos datos, como señalan de forma inequívoca y contumaz los diferentes estudios, informes, evaluaciones y tests nacionales e internacionales.




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Con este punto de partida, que para nosotros es irrebatible y que exige en consecuencia modificaciones legislativas de gran calado, Foro ha participado inicialmente con mucho entusiasmo en los diferentes pasos, reuniones de trabajo y comisiones. Permítame que tenga en este sentido un recuerdo para mi compañero en el Congreso, Enrique Álvarez Sostres, que se volcó para conseguir una mejor ley.

Debo señalar que el camino de la LOMCE ha sido muy decepcionante, y ya en el Congreso anunciamos y votamos nuestra abstención, una abstención condicionada a la espera de mejoras sustanciales en el trámite en el Senado, mejoras que no se han producido, por lo que ya anticipo mi voto en contra de la LOMCE.

La LOMCE es la historia de una gran oportunidad despilfarrada que va a tener consecuencias incalculables para los jóvenes y no soluciona para nada el atolladero al que nos han arrastrado los inmovilistas en sus diversas variantes políticas, sindicales, asociativas y grupales. El paso de este proyecto de ley orgánica por el Senado apenas ha incorporado correcciones técnicas, que para nada modifican sustancialmente el sentido de la LOMCE, y reiteran la gran decepción y el jarro de agua fría que el texto legal ya sufrió en el trámite en el Congreso.

Por lo tanto, y lamentando mucho que no se hayan tenido en consideración las enmiendas presentadas por Foro, reitero que votaremos en contra de esta ley.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Oblanca.

Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Buenos días, senadores y senadoras.

Intentaré ser breve, pues ya nos extendimos ayer en las consideraciones que nos han llevado a vetar y enmendar esta ley durante las defensa de nuestro veto. No obstante, me gustaría hacer una reflexión. Ocho vetos, ochocientas noventa y seis enmiendas, de las que escasamente se aprobará el 10%. En consecuencia, se trata de una proporción no significativa en lo que respecta a la voluntad de consensuar una ley tan importante como es la Ley de educación. En definitiva —ya lo he apuntado alguna vez—, una ley de educación se hace para toda la ciudadanía, con toda la ciudadanía y con voluntad de pervivencia. Y no dejaré de insistir en que la Ley de educación ha de servir para que nuestros niños y niñas sean en un futuro ciudadanos y ciudadanas libres, capaces de poder construir su propia biografía, con libertad y capacidad de decidir sobre aquello que les convenga para vivir. En consecuencia, voy a explicar la motivación que hay detrás de las ciento sesenta y dos enmiendas que Esquerra Republicana de Cataluña ha presentado a esta ley.

Hay un bloque importante de enmiendas que buscan preservar la inmersión lingüística en Cataluña y que coinciden básicamente con las que presentan la mayoría de los grupos parlamentarios que tienen vinculación con Cataluña, ya sea Convergència i Unió o Entesa pel Progrés. Hay otro bloque que sigue unos criterios de supresión de artículos de la LOMCE para dejar el texto inicial de la Ley Orgánica de Educación. Hay otro grupo de enmiendas subsidiarias a las anteriores que pretenden corregir la LOMCE y que además fueron introducidas cuando se debatió la Ley Orgánica de Educación. En consecuencia, nosotros volvemos a retomar unas enmiendas que para nosotros eran cruciales y que consideramos deben ser introducidas en el texto que definitivamente se apruebe de la LOMCE.

Me explayaré en una serie de enmiendas que para nosotros son destacables y van más allá de las competencias lingüísticas, y que ya explicamos ayer por la tarde en la defensa del veto presentado por Esquerra Republicana.

Tenemos especial interés, y en este sentido han sido planteadas las enmiendas, en mantener las capacidades del Consejo Escolar frente a la entronización del director como el gran señor feudal del centro educativo, que en definitiva no deja de ser el brazo ejecutor del poder político de turno. Hay también enmiendas referidas a la necesidad de la supresión de la clasificación de centros según las evaluaciones. Otro grupo va dirigido a la supresión de la Religión como asignatura. Otro grupo solicita la consideración de la segregación por sexos, tema que nosotros consideramos discriminatorio a pesar de que ustedes hablen de itinerarios y digan que no es




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verdad que exista tal segregación. Ustedes son especialistas en comunicación. La verdad es que tenemos que reconocerles que realmente lo hacen bien: cambian el nombre a las cosas, pero continúan siendo las mismas cosas.

Hay otro bloque de enmiendas dirigido a la supresión de la cualificación final del bachillerato vinculado al título. Hay unas enmiendas muy específicas a través de las que pretendemos que se reconozca la economía social en las introducciones curriculares y en este caso la emprendeduría. Otras se refieren a la necesidad de suprimir la reserva de criterio de rendimiento del alumnado hasta un 20%. Y hay también una muy importante en la que solicitamos no someter la oferta educativa a la disponibilidad presupuestaria sino a las necesidades educativas y sociales.

Decía antes que la mayoría de las enmiendas nos retrotraen a la LOE; una buena parte de ellas fueron ya presentadas en el año 2005. Algunas son destacables, por ejemplo, la que se refiere a la necesidad del traspaso de la gestión de los fondos de becas a todas las comunidades autónomas con competencias, incluyendo en esto la distribución territorial; el otorgamiento de competencias al Consejo Escolar sobre la gestión económica del centro así como la decisión de admisión de alumnos en los centros concertados; supresión de las disposiciones sobre la enseñanza de Religión y sobre el tratamiento privilegiado del profesorado, y creación de una comisión de estudio para determinar el gasto de los conciertos educativos.

También insistimos en la necesidad del traspaso total de la competencia en becas y ayudas al estudio, incluyendo aquí las ayudas universitarias, traspaso que debe efectuarse a la Generalitat de Catalunya sin dilación; modificación del Estatuto de los Trabajadores para reconocer el permiso de familia para el período de adaptación infantil para la entrada en la escuela por primera vez; y subsidiariamente a la supresión de la Religión, que el profesorado sea elegido y nombrado como cualquier otro, y tenga que someterse al equipo directivo; neutralidad ideológica y religiosa y, en consecuencia, prohibición de exhibición de símbolos ideológicos o religiosos. Y una enmienda, además reiterativa por parte de Esquerra Republicana, para que se garantice la enseñanza de tamazig y dariya en Ceuta y Melilla y la inmersión en la lengua propia de aquellos que así lo reclamen.

Este es básicamente el repaso de las enmiendas planteadas por Esquerra Republicana de Catalunya, si bien somos conscientes de que en el devenir de este debate parlamentario el resultado será exactamente el mismo que tuvimos en el Congreso de los Diputados. No obstante, ya dijimos, y hemos avanzado cada vez que se ha producido el debate, que nosotros no nos resistimos a continuar solicitando que se retire la ley y, en consecuencia, que nos volvamos a sentar todos para consensuar una ley que dé respuesta a las necesidades reales de la comunidad educativa y de la sociedad en estos momentos.

Por tanto, solicitamos el apoyo de los grupos parlamentarios a las enmiendas planteadas por Esquerra Republicana.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado las enmiendas números 608 a 618 y 620 a 676. Para su defensa, tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.

Efectivamente, mi grupo parlamentario ha presentado en total sesenta y nueve enmiendas, y solamente una de ellas ha sido aceptada en su trámite en comisión, con lo cual nos quedamos con sesenta y ocho enmiendas, que doy por defendidas desde el inicio, porque tampoco quisiera hacer un análisis pormenorizado de cada una de ellas, pues entiendo que a ese trabajo ya nos dedicamos bastante fructíferamente en la comisión. Por lo tanto, voy a hacer una división general de los principales temas que abordan nuestras enmiendas y a los que me voy a referir brevemente.

Tenemos una serie de enmiendas que abordan la cuestión de la discapacidad y el tratamiento que la ley hace del tipo de modificaciones que puedan necesitar estas personas, sea en las evaluaciones o a lo largo del desarrollo del currícuo. Son enmiendas que en buena parte nos han sido remitidas por el CERMI. Sé que otros grupos también las han replicado. He hecho un esfuerzo por intentar localizarlas en el total de las novecientas enmiendas y puedo decir que, igual que solicito el apoyo para las nuestras, también votaremos a favor de las que han presentado en este sentido el resto de grupos parlamentarios.




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Tenemos otro gran bloque de enmiendas que hace referencia a la cuestión competencial. Ayer el ministro se molestaba cuando yo le criticaba que la LOMCE fuera una ley recentralizadora. Él decía que no. Si no me equivoco, llegó a decir que, en realidad, reconocía que la LOMCE tenía una diferente concepción sobre lo que suponen las competencias exclusivas y compartidas, sea del Estado, sean de las comunidades autónomas. Pues bien, a mí me gusta el tema de la economía del lenguaje pese a que hable tan deprisa, y puedo decir al señor ministro que en mi pueblo a eso se le llama recentralizar. Y tenemos una serie de enmiendas que ponen de manifiesto además a lo largo de todo el texto del proyecto de ley en qué ámbitos realmente se produce una invasión de nuestras competencias. Como también a este tema dedicamos una reunión en exclusiva en la Comisión General de Comunidades Autónomas, tampoco quiero excederme excesivamente en reiterar los planteamientos que ya se expusieron entonces. Pero sí me gustaría dejar patentes dos cuestiones y resaltar dos enmiendas que nosotros hemos presentado: una, de adición de una disposición adicional nueva, que nosotros entendemos que es fundamental para salvaguardar nuestra competencia exclusiva en la cuestión de las lenguas, y otra disposición adicional, más genérica, en la que también hacemos una salvaguarda de las competencias que nos asisten en materia educativa.

Pero sobre las cuestiones de las lenguas, no puedo dejar de señalar lo siguiente. No tenemos ninguna necesidad de ninguna ley externa para asegurar el derecho a la enseñanza en cualquiera de las dos lenguas oficiales y, obviamente, nos oponemos a que con el argumento de algo que no necesitamos se pretenda cercenar nuestra capacidad de autogobierno, cuando eso es algo que sí necesitamos, lo necesitamos incluso para asegurar una adecuada competencia lingüística en castellano, como lo demuestran las evaluaciones de los sistemas educativos del Estado español.

Nosotros queremos que nuestro alumnado posea, a través del sistema educativo, una buena competencia lingüística tanto en euskera como en castellano y también, aunque inferior, como es evidente, por una cuestión de posibilidad curricular, en una tercera y una cuarta lengua. Si la competencia lingüística en castellano fuera deficitaria con relación al Estado no dudaríamos en ningún momento en adoptar las correspondientes medidas de corrección. Por lo tanto, no necesitamos ninguna ley que genere incertidumbre, inseguridad en nuestro tratamiento de las lenguas del sistema educativo. Esto es lo que nosotros defendemos en nuestro modelo lingüístico: el conocimiento suficiente y adecuado de las dos lenguas oficiales, dos lenguas oficiales no cooficiales. En Euskadi tenemos dos lenguas oficiales, que son el euskera y el castellano. Ambas necesitan protección y ambas necesitan un tratamiento igualitario, pero lo que no necesitamos para nada son leyes que jerarquicen y primen una lengua sobre otra. Las lenguas constituyen uno de los grandes apartados del conjunto de enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Otra cuestión que nos preocupaba y en la que ya tuve ayer ocasión de perfilar nuestra postura es la de las evaluaciones. En las evaluaciones vemos dos problemas, uno de carácter competencial y otro del contenido y de la filosofía o del modelo educativo que subyace al modelo de evaluaciones que la LOMCE tampoco detalla. Ayer planteábamos la necesidad de establecer cuál tiene que ser el perfil de salida de los alumnos para las diferentes etapas. Eso no se modifica de la LOE. Se ve que en ese sentido comparten cuáles tienen que ser los objetivos de etapa y cuál es el perfil del alumnado cuando finaliza cada una de las etapas, y eso es fundamental para saber qué es lo que van a evaluar. Como decía ayer, saber qué van a evaluar es fundamental porque de ello va a depender en gran medida la metodología educativa que puedan implementar los centros, que es competencia suya, y va a depender también en buena medida el currículo que se vaya a desarrollar, que es competencia de las comunidades autónomas en este caso.

Por lo tanto, tenemos ya un problema importante con el tema de las evaluaciones, porque como ayer decía, es la artimaña que utiliza el Partido Popular para hacerse con el control de unas competencias que no le son propias. Queremos evaluaciones porque son un instrumento interesante, son un instrumento eficaz y son un instrumento que bien empleado y bien diseñado puede servir para mejorar la calidad educativa. Evidentemente, las evaluaciones solamente pueden conseguir esos fines cuando los propios centros educativos, cuando la propia comunidad educativa está implicada en el proceso de calidad que supone la implementación de las evaluaciones. A lo que no estamos dispuestos es a permitir evaluaciones que no aporten ningún tipo de valor añadido a nuestro sistema educativo y que vengan impuestas, además, y no definidas, como corresponde en un proyecto de ley, de modo que vuelva otra vez a generar incertidumbre




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sobre las adecuaciones que vamos a tener que hacer posteriormente las autoridades educativas para adaptar nuestro currículo, nuestra metodología, evidentemente, a los criterios de evaluación y a los estándares de evaluación que ustedes tengan a bien finalmente establecer.

Tratemos ahora la cuestión de los consejos escolares y la dirección de los centros educativos. Se reducen sensiblemente las competencias de los consejos escolares para dar mayor poder o mayor capacidad de acción o mayor independencia o mayor rango de actuación a los directores de los centros. Entendemos que la autonomía de los centros, la capacidad, no de los directores sino de los que llamamos equipos directivos, que están formados aparte del director por el jefe de estudios, etcétera, no tiene por qué ir reñida con la capacidad de los consejos escolares para tomar decisiones que afectan a ese centro escolar, para tomar decisiones sobre la metodología educativa, porque en los consejos escolares, además del consejo de dirección, está también el profesorado que tiene muchas cosas que decir, están los padres de los alumnos y están los propios alumnos.

Como creemos en una escuela integradora, como creemos en una escuela participativa, nosotros pedimos la supresión del artículo que modifica las competencias de los consejos escolares porque cualquier cosa que vaya en detrimento de su capacidad y de los ámbitos en los que el Consejo Escolar tiene algo que decir es perjudicial para la calidad educativa.

Última cuestión —voy muy bien de tiempo—, de la formación profesional. Ayer hablamos un poco genéricamente —ya sé que me repito mucho cuando hablo de estas cuestiones, pero a nosotros nos preocupa— de lo que supone la formación profesional en Euskadi porque es una de las ramas de la educación secundaria que para nosotros es fundamental, más que nada porque es la que alimenta en mayor medida a nuestro sistema productivo. Formamos profesionales altamente cualificados con un nivel de empleabilidad muy alto y queremos seguir haciéndolo. En ese sentido, la LOMCE nos supone una traba y un problema por varios motivos y el primero de ellos es que no desarrolla adecuadamente cuáles tienen que ser las bases generales sobre las que sustenta la formación profesional. No lo hace la LOMCE y tampoco lo hizo en su día el real decreto que aprobaron y el proyecto de ley sobre formación profesional dual.

Nosotros queremos que en la formación profesional se aúne una oferta integrada de formación profesional básica, pero también entendemos que los centros profesionales de primer nivel deben desarrollar no solamente esta formación profesional básica, de grado medio y de grado superior sino también, al mismo nivel, la formación para el empleo, tanto para los desempleados como para los trabajadores en activo. Esto obliga, además, a una necesaria y estrecha colaboración entre los centros de formación y los departamentos de Educación y de Empleo de las diferentes comunidades autónomas, de forma que se consensúen tanto los objetivos como las metodologías y, al mismo tiempo, obliga a los centros de formación profesional a disponer de una estructura tanto de personal como de instalaciones adecuada y apropiada para el desarrollo de esta oferta integrada.

Defendemos una formación profesional en la que la relación entre el centro de formación profesional y la empresa sea estrecha, de gran colaboración. El papel activo de las empresas en el aprendizaje de los alumnos es fundamental y, por ello, hay que ir de la mano con las organizaciones empresariales. En este sentido, no hay que tener ningún tipo de prejuicio ―y lo digo mirando hacia los senadores de Izquierda Unida― a la hora de colaborar en el diseño de la formación profesional con las organizaciones empresariales o patronales ―como ustedes quieren llamarlas― porque, al fin y al cabo, son los que están demandando perfiles de cualificación determinados y, por lo tanto, esa colaboración entre centros de formación profesional, organizaciones sindicales, administración educativa y organizaciones empresariales es fundamental para garantizar que los recursos que están invirtiendo tanto los servicios públicos como las organizaciones empresariales realmente tengan un retorno claro a la sociedad en forma de un mayor índice de empleabilidad, una mayor demanda y, por lo tanto, una oferta adecuada que pueda cumplir los objetivos de esa demanda.

Ayer mencionaba cuáles son los ratios de satisfacción de las empresas con respecto a las titulaciones de grado medio y de grado superior. En un caso, creo que era del 8,3 y, en otro, del 8,4; es decir, que puntúan muy alto el grado de idoneidad de los estudiantes que salen con el grado medio y con el grado superior en Euskadi.

Otra cuestión que consideramos fundamental dentro de la formación profesional es el consenso. Si el camino del futuro de la nueva formación profesional tiene que ir obligatoriamente




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por la exploración de nuevas formas de relación con las empresas, es fundamental avanzar, como señalaba antes, desde el consenso de todos los agentes: Administración, empresas, sindicatos y centros de formación profesional. También es importante que la formación profesional cuente con una orientación eficaz no solamente dentro de la formación profesional sino también desde la secundaria e incluso desde el propio bachillerato. Por otro lado, es clave tratar de transformar la imagen social, familiar, personal y académica de la formación profesional, que la orientación educativa tenga en cuenta las necesidades del tejido productivo, se desarrolle con conocimiento del entorno, con visión amplia y con responsabilidad. En este sentido, son fundamentales las pasarelas ―a las que luego me voy a referir― así como la orientación desplegada en los centros de secundaria y de bachillerato, donde la formación profesional debe estar en un primer plano, junto con otros itinerarios o vías posibles para los alumnos.

Por último, hay que destacar la internacionalización aplicada a la economía y, fundamentalmente, a la formación profesional. Además de continuar ejecutando proyectos de movilidad con los alumnos, sobre todo para la formación en los centros de trabajo, es preciso mantener un foco en otros países que tienen sistemas de formación profesional de calidad contrastada y colaborar a través del intercambio de profesorado, de la formación de este, del intercambio de los alumnos o de la elaboración de proyectos educativos de formación profesional comunes con ellos, con empresas, con centros tecnológicos que estén también situados en zonas cuyo perfil económico se corresponda con el de la comunidad autónoma en cuestión, porque todo ello va a revertir positivamente en la mejora del sistema educativo.

Igualmente, es importante el catálogo de cualificaciones ya que es una herramienta clave a la hora de definir cuál es el sistema integrado de formación profesional. Creemos que es necesario impulsar la permanente actualización, pero sin olvidar ―y luego volveré sobre ello― que la formación profesional tiene que estar fundamentalmente orientada a la profesionalidad, cuestión de la que carece hoy en día la formación básica, tal y como viene diseñada en este proyecto de ley.

Por último, está la cuestión de la formación dual o la formación en alternancia. Los que realmente entienden de este tema, efectivamente encuentran diferencias entre la formación dual y la formación en alternancia. Es hilar fino. Es hilar muy fino, pero sí que es cierto que son modelos distintos, que tienen trayectorias distintas y que responden, además, a necesidades distintas. No son lo mismo, aunque podríamos aunarlo, formación dual y formación en alternancia, para entendernos, dentro de lo que es el mismo paraguas denominativo.

Además de seguir potenciando e incrementando la formación en los centros de trabajo, la FCT, a la que me he referido antes, porque es un programa que posibilita una mayor conexión entre el centro educativo de formación profesional y las empresas, es importante hacer una apuesta por el avance progresivo de una formación en alternancia o dual teniendo en cuenta modelos de países de nuestro entorno, por ejemplo, el modelo dual alemán o el austríaco o incluso la formación en alternancia que se está dando en Francia, pero definiendo cuál es nuestro propio modelo, porque sí es cierto que los modelos duales o los modelos en alternancia solamente tienen garantizado su éxito en la medida en que son modelos propios y adecuados a las necesidades y a las características del entorno para que puedan adaptarse a las peculiaridades del tejido productivo de cada uno de los territorios.

Correspondería al Estado, por tanto, establecer los instrumentos necesarios que permitan extender lo básico del modelo en alternancia, tanto en la formación profesional como también en la formación universitaria. La formación en alternancia no es una formación exclusiva del modelo de formación profesional, puede ser también aplicada —y hay experiencias que así lo demuestran— con mucho éxito y con garantías, además, de favorecer positivamente la formación de lo estudiantes universitarios.

Pues bien, este es el modelo de formación profesional que nosotros defendemos y este es el modelo de formación profesional que, a nuestro juicio, no encaja con lo que está diciendo la LOMCE, y ahora voy a pasar a explicar por qué. Fundamentalmente, como ya decía ayer, porque la formación profesional básica que viene a sustituir a los PCPI, a los programas de cualificación profesional inicial, primero, difícilmente puede ser englobada dentro de una formación profesional cuando los contenidos desarrollados en la ley como currículo de esta asignatura son asignaturas académicas con unos objetivos menores que los de la secundaria obligatoria. En realidad, no hay asignaturas profesionales que puedan hacer que a esto realmente se le pueda denominar formación




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profesional básica. En este sentido, sustituir los PCPI, los programas de cualificación profesional inicial por la formación profesional básica es un error, porque los programas de cualificación profesional inicial, al menos en lo que a Euskadi se refiere —son los datos de los que yo dispongo— han funcionado muy muy bien, con un alto nivel, —hablo de memoria, si no es así, luego en el turno de portavoces lo corregiré— con un porcentaje altísimo de empleabilidad, y con un 80% de retorno o de graduación paralela en educación secundaria obligatoria. Por lo tanto, ustedes están sacándose de la manga la formación profesional básica con un intento de reducir las tasas de abandono y de fracaso escolar, cuando ya hay una herramienta, que bien empleada, como los PCPI, realmente está cumpliendo ya esa función. Es más, cumple una función de cualificación profesional, que todavía está por ver que la formación profesional básica vaya a poder desarrollar.

Segunda cuestión que a nosotros nos preocupa mucho: el adelanto de los itinerarios. No es que estemos en contra del adelanto de los itinerarios per se, sino que entendemos que la forma en que se está planteando el adelanto de los itinerarios lo que hace es segregar. Y explico por qué. Cuando el señor Peral me decía ayer: mientras nosotros establecemos pasarelas, ustedes ponen peaje, se refería a que nosotros estamos pidiendo un blindaje, por así decirlo, tanto de grado medio como de grado superior para aquellos alumnos que vienen de la formación profesional básica. ¿Por qué?, porque, como le decía ayer, para nosotros la formación profesional de grado medio y de grado superior es sumamente importante, y es sumamente importante porque ha alcanzado unos niveles de calidad y de profesionalidad reconocida tan altos que, evidentemente, tenemos que protegerlos y tenemos que mejorarlos. Tenemos dudas de que la cualificación que se va a conseguir a través de la formación profesional básica con esas asignaturas académicas de medio y segundo grado, con unos objetivos poco claros y bastante más bajos que los de la formación secundaria obligatoria, realmente sean suficientes para poder mantener con garantías de éxito la formación de grado medio en los niveles de calidad que hoy en día tenemos. Por lo tanto, una prueba de acceso o un curso puente que permita acreditar unos conocimientos mínimos imprescindibles es fundamental, tanto para el grado medio como para el grado superior.

Además, con la formación básica ocurre otro problema, y es que se convierte en una autopista hacia la formación profesional de grado medio y hacia la formación profesional de grado superior pero sin garantías de que los alumnos que vayan a llegar a grado medio tengan esos conocimientos suficientes y sin posibilitar vías de retorno a la línea académica. No las hay. Ayer lo decía y es así. Un titulado de grado medio que quiere acceder a estudios superiores o bien cursa los dos años de bachillerato o bien cursa los dos años de ciclo superior. Eso no incentiva el paso desde la formación profesional de grado medio a la universidad y hay muchos titulados de grado medio que están dispuestos a dar el paso a la educación universitaria, pero les estamos echando atrás, les estamos desencantando, ya que les tiene que dar coraje tener que cursar dos años más para poder acceder a esto. Además, el sistema que ustedes están diseñando, con esas evaluaciones propedéuticas que proponen, se aviene a que cualquier alumno proveniente del grado medio o del grado superior, pero en este caso del grado medio fundamentalmente, que apruebe la prueba final de bachillerato pueda acceder directamente a la universidad al igual que los alumnos que han venido por el itinerario de la línea académica.

Por consiguiente, nosotros tenemos una serie de enmiendas que establecen cuáles tienen que ser las pasarelas que, a nuestro juicio, facilitan la permeabilidad del sistema. Lo vuelvo a repetir. A los alumnos y a las alumnas hay que facilitarles siempre los itinerarios. Cuanto más flexibles seamos respecto de los itinerarios, más garantías de éxito tenemos y más posibilidades vamos a tener de que los itinerarios o las posibles combinaciones entre los diferentes itinerarios satisfagan las características propias de todos y cada uno de los alumnos. Abrir caminos, puentes, pasarelas no solamente en vertical que faciliten el tránsito, bien por un itinerario o bien por el otro, sino también horizontales, que permitan que los alumnos puedan establecer el itinerario académico que más se adecue a sus necesidades sin por ello poner en riesgo la calidad de cada una de las etapas y cada uno de los itinerarios.

Creo que con esto, más o menos, he resumido el sentido de nuestras enmiendas. Como ven, son enmiendas que pretenden mejorar el texto desde un punto de vista pedagógico y competencial, porque entendemos que lo que subyace detrás de nuestras reivindicaciones de carácter competencial —al margen de la reivindicación de los derechos que nos corresponden, sobre todo




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en educación, tal y como vienen recogidos en la Constitución y en el estatuto—, es que las autoridades educativas más cercanas a los ciudadanos son las que están en mejores condiciones de elaborar un sistema educativo eficaz y de calidad.

Por lo tanto, pido al resto de grupos el apoyo a las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha presentado dos bloques de enmiendas, el primero de ellos va de la 392 a la 411 y, el segundo, de la 413 a la 495.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Voy a defender por bloques políticos las enmiendas en lugar de ir enmienda por enmienda pero, de todas formas, quiero insistir en el argumento principal que ayer utilice para presentar el veto. La pregunta no se refiere a los contenidos de la ley, sino a la viabilidad de la ley; es decir, a una ley, como dije ayer y repito hoy, que quiere dar respuesta a una reforma educativa que el Gobierno solo no puede realizar. (El señor vicepresidente ocupa la Presidencia.)

En el preámbulo del proyecto de ley se dice que: «La transformación del sistema educativo es el resultado de un esfuerzo contenido y constante de reforma educativa, esfuerzo que solo es posible realizar con la colaboración permanente y respetuosa de todos los actores». En estos momentos no hay actores que apoyen la ley. Hay una contestación en la calle importantísima, hay una contestación en las aulas, no hay ningún acuerdo político, es decir, es una ley que está absolutamente aislada. Desde ese punto de vista me atrevo a decir no solo que esta ley no tiene recorrido y no es viable, sino que digo más: es una ley que no cuando salga en el Boletín Oficial del Estado, sino que hoy ya es una ley que distorsiona el sistema.

Señor Peral, usted no me lo va a reconocer, igual no lo piensa, pero estoy convencido de que usted, el ministro y muchas señorías saben que la ley no tiene recorrido. Y este es un problema no del ministerio, no de usted —ni mucho menos— ni del Gobierno, es un problema de España: España, las Cortes, Congreso y Senado, aprueban una ley que va a significar una interferencia, una distorsión y una inestabilidad en el sistema educativo.

Ayer, cuando usted intervenía, en un tono, a mi entender, muy correcto, dijo una cosa que me hizo sonreír: estamos solos —en el PP—, pero hay una conspiración de todos contra nosotros; nadie tiene razón, nosotros sí que tenemos razón. Y yo le digo, señor Peral, ¿han dedicado un minuto a pensar si se han equivocado en algo?, ¿un minuto nada más a plantear esta hipótesis?, porque creo que no es posible que todo el mundo esté en contra de esta ley, Convergència i Unió, el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista, Izquierda Unida, dentro del Grupo Parlamentario Mixto, o que haya contestaciones en la calle importantísimas. No es posible que todo el mundo esté equivocado, señor Peral. Desde ese punto de vista me parece que sería responsable, muy responsable, admitir, si comparten el diagnóstico —creo que no lo dirán— que el Gobierno solo no puede sacar adelante esta ley. Es imposible, no se puede sacar adelante una ley sin un mínimo consenso político, con comunidades autónomas que dicen que no la van a aplicar y con contestaciones en las aulas. No es posible sacar adelante esto. En cualquier organización o estructura de un tamaño pequeñito en comparación con la educativa, cuando quieres hacer una reforma interna, lo primero que te dicen las personas que te aconsejan es que se haga con los actores de la organización, si no, no tiene éxito. No se puede transformar ninguna organización ni estructura sin colaboración con los actores implicados en el cambio. En estos momentos yo no digo que toda la comunidad educativa esté en contra porque no es verdad; hay parte de la comunidad educativa que está a favor, seguro, pero hay el suficiente peso o masa crítica de oposición para que ustedes se replantearan esto.

Yo ayer califiqué esta ley de segregadora, recentralizadora, confesional, de maltrato a las lenguas cooficiales, de menos participativa o de dar prioridad a la escuela privada. Dije más cosas pero quiero justificar todas estas en base a unos izquierdistas peligrosos que son los miembros del Consejo de Estado. Voy a justificar lo que digo leyendo unos párrafos, basados en un informe de siete personas como el señor Romay Beccaría, el señor Herrero y Rodríguez de Miñón, la señora Fernández de la Vega, el señor Hernández Gil y muchas otros, todos ellos, como usted decía ayer, radicales izquierdistas. Estas siete u ocho personas del Consejo de Estado, por unanimidad, han




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dicho lo siguiente —el primer párrafo se refiere a si es prematuro o no que a los 15 años se decida la separación hacia formación profesional—: El informe de la OCDE de 2012 aboga por evitar la separación temprana y posponer la selección de estudiantes hasta la educación media superior —en contra de lo que ustedes hacen—. Según datos de Eurydice, algunos países europeos —Alemania— se están replanteando la separación temprana del alumnado. Por otra parte, el proyecto INCLUD-ED establece que la separación en itinerarios antes de los 16 años —la LOMCE— genera desigualdades, y Suecia y Finlandia se están planteando retrasar la separación del alumno.

Es decir, cuando los grupos de la oposición, en todo caso mi grupo, decimos que esta es una separación temprana, también dice el Consejo de Estado, sobre la base de informes de la OCDE, que una separación antes de los 16 años produce desigualdades.

Siguiente párrafo de este informe de los izquierdistas radicales: La lectura del anteproyecto no permite deducir con claridad cuál es el criterio definidor ni tampoco cuál es el sentido de la distinción entre asignaturas troncales y asignaturas específicas. Este ha sido otro tema de debate. Qué criterio había para definir qué era una asignatura troncal y una asignatura específica.

Otro párrafo. Respecto al tema de la evaluación, dice lo siguiente: a lo largo del expediente se ha calificado como exceso y se ha cuestionado desde el punto de vista pedagógico la realización de pruebas de evaluación anuales.

Otro párrafo —no lo saco de contexto, si quieren puedo leer más—. Autonomía de los centros docentes: No obstante, los pretendidos niveles de la autonomía proyectada, al no ir acompañados de una mayor participación, implicación y responsabilidad de toda la comunidad educativa en el control y seguimiento de los objetivos institucionales, limita el control que se ejerce por agentes y órganos ajenos al centro en el tema de la participación.

Otro ejemplo, en cuanto al nombramiento o al sistema de elección del director: El Consejo de Estado considera que debería, en aras al principio de participación democrática, sopesarse seriamente esa reducción, que no corresponde ciertamente con el principio de autonomía de los centros que el anteproyecto dice potenciar.

Respecto al tema de la religión, creo que dije ayer, y que he dicho otras veces, que ha de permanecer en el ámbito de las creencias privadas, es decir, no ha de salir del ámbito de las creencias privadas. El informe del Consejo de Estado, dice: Sin embargo, el cambio en el modelo de enseñanza religiosa, se trasluce con ocasión de la regulación de las diferentes etapas educativas en las que se configura un retroceso respecto a la situación actual. Porque, vamos a ver, señor Peral, ¿no sería posible que la religión fuera una asignatura fuera del horario lectivo no evaluable? No estamos diciendo que no se dé religión, lo que estamos diciendo es que no se haga lo que no se había hecho nunca, que la religión sea evaluable. La religión, en definitiva, es una creencia personal. Demos religión a quien quiera hacer religión, fuera del horario normal, y que no sea evaluable. ¿Qué problema hay en esto? Insisto en que el propio Consejo de Estado, por medio de izquierdistas sospechosos, dice que es un retroceso desde el punto de vista de la configuración de la religión.

En cuanto al tema de las competencias, se dice que no se recentraliza. El artículo 131 del estatuto de autonomía dice lo siguiente: Son competencias compartidas de la Generalitat, las siguientes: programación de la enseñanza, su definición y evaluación general del sistema educativo; ordenación del sector de la enseñanza y de la actividad docente y educativa; establecimiento de planes de estudio correspondientes, incluyendo ordenación curricular. Dice diez cosas al respecto. De estas diez, excepto dos, todas quedan fulminadas. Todas. Señor Peral, no sé cómo dicen que no recentralizan. Pongan en una columna las competencias que ustedes atribuyen al Estado, al Gobierno central, en relación con la educación y al lado pongan simplemente la ley vigente, que es la ley del estatuto y verán que, excepto dos, todas están fulminadas. Por lo tanto, no digan que no hay recentralización.

En cuanto al tema del plurilingüismo, ayer leí una cosa muy breve para demostrar que el catalán ha sido una lengua históricamente perseguida, y añadí que no quería hacer ninguna comparación con la ley cuando digo que ha sido perseguida. Lo ha sido desde 1500, desde 1600, desde 1700 y desde 1900. Dije que este era un signo de identidad propio de Cataluña. Que formaba parte de su identidad cultural. Asimismo, dije que uno de los peligros del paso de la dictadura a la democracia era que Cataluña se dividiera en dos sociedades en función de la lengua, y esto se ha superado por diversos criterios.




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Un criterio fundamental era que no hubiera separación de los alumnos y las alumnas por lengua, y otro que al finalizar los estudios de primaria o de ESO, los niños y niñas de Cataluña tuvieran un nivel de castellano similar al que tienen en el Estado español. Este sistema ha sido valorado internacionalmente como de éxito. No hay conflicto, hay un aprendizaje positivo y hay cohesión social. La pregunta es, ¿por qué atentan contra este sistema? Ayer el señor ministro decía, hagamos una cosa y veremos si hay problema o no. Según ese método, podríamos hacer cincuenta cosas y ver cuántos problemas hay. El ministro no está para abrir ventanas de posibles problemas. El ministro y el ministerio están para fortalecer una experiencia positiva que tiene cohesión social y que asegura aprendizaje, no para hacer experimentos para ver qué puede pasar.

El proyecto de ley dice que cuando unos padres no tengan una oferta educativa en castellano en una escuela pública, pueden ir a la escuela privada que quieran y que la Generalitat deberá abonar al Estado subsidiariamente los gastos. Y el Consejo de Estado, dice lo siguiente: la regla de que las administraciones educativas deberán sufragar los gastos de escolarización cuando los padres o tutores decidan escolarizar a sus hijos o pupilos en centros privados que utilicen el castellano como vehicular, más allá de las dificultades técnicojurídicas que podría conllevar, no debería figurar en la ley por afectar al ámbito de decisión de las comunidades autónomas con lengua propia, debiendo quedar en el marco de las medidas suyas.

Señorías, en el dictamen del Consejo de Estado sobre los ocho o nueve de los temas más importantes que les he leído, se cuestiona el retroceso de la religión; se cuestiona, porque no es competencia del Estado, el tema del plurilingüismo en las escuelas; se cuestiona la participación; se cuestiona tener que decidir a los quince años qué orientación se quiere tomar… Se cuestionan todos los temas importantes, es decir, el problema no es, como usted ayer intentaba decir, este acuerdo contra natura en relación a este proyecto de ley entre Convergència, el Partido Nacionalista Vasco y la izquierda, sino el tema es que el propio Consejo de Estado cuestiona todo esto.

Quiero acabar por donde he empezado. No sé si usted lo piensa o no, yo creo que sí que lo piensa, pero este proyecto de ley nace muerto, y lo siento porque este proyecto de ley va a sumir, en definitiva, al sistema educativo en un periodo de inestabilidad y de temporalidad. Como usted sabe, todos los partidos políticos han decidido modificar, cambiar, eliminar el proyecto de ley que hoy se aprobará aquí si, finalmente, no hay una mayoría del Partido Popular.

Por lo tanto, señor portavoz del Partido Popular, le ruego que reflexionen, que tomen medidas de responsabilidad y que piensen, no en aprobar hoy esta ley, porque esa solución es fácil, es decir, ustedes votan y la aprueban, pero hay otra solución, difícil, sobre la base de la contestación del proyecto, retirar la ley diciendo públicamente que, independientemente de que ustedes creen en ella, como esta ley no tiene consenso ni social ni político en el mundo de la educación y que por el bien del país la retiran para iniciar un nuevo proceso con una ley que asegure estabilidad en el sistema educativo español.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, enmiendas 496 a 607, vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 677 a 701 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y 390, del señor Eza Goyeneche, la señora Salanueva y el señor Yanguas.

Tiene la palabra el portavoz de la Entesa.

El señor MARTÍ JUFRESA: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías.

Quiero agradecer a la portavoz de mi grupo, María Jesús Sequera, que me deje intervenir en este turno de presentación de enmiendas para explicar el sentido de tres de las enmiendas que mi grupo propone a este proyecto de ley.

Hoy, señorías, es el Día Mundial de la Filosofía, día que la comunidad académica y científica mundial celebra y en el que señala la relevancia de la filosofía en nuestras sociedades. Pues bien, señorías, en este día de hoy, este Parlamento, el Parlamento español, va a reducir sustancialmente —un 66%— el carácter obligatorio y común del estudio de la Ética y la Filosofía en nuestro currículo




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escolar. Este mismo Parlamento que hace una semana porfiaba y aprobaba una ley para hacer obligatorias las corridas de toros en todas las comunidades autónomas de España, hoy va a cercenar definitivamente el estudio común de la Filosofía entre todos los estudiantes de nuestro país.

Y no hay mayor contradicción posible, señorías, que un Parlamento rebaje y cercene el estudio de la Filosofía. Porque, señorías, filosofía y democracia están muy íntimamente relacionadas. Es imposible concebir una auténtica democracia sin unos ciudadanos formados en el espíritu crítico que nos propone desde hace más de 25 siglos el debate de las ideas filosóficas.

La filosofía es aquello que nos permite pensar que lo que pasa, que lo que acontece no es lo único que podría conformar la realidad, y esa es la base de la actitud crítica, la base del progreso. Y a la vez, señorías, la filosofía, con su potencial de pluralidad, de diversidad, con su manera de construir distintas miradas, distintas cosmovisiones sobre lo que es el mundo y nuestras sociedades, es la garantía de la pluralidad en la democracia. Por tanto, señorías, no hay mayor contradicción que lo que va a hacer —si no se remedia— este Parlamento en breves horas.

Pero, además, señorías, creo que es absolutamente innegable el carácter básico, fundamental, importante y extremadamente útil de la asignatura de Filosofía para la formación de los estudiantes. No en vano dominar a fondo los instrumentos que configuran el pensamiento y la comunicación, saber cuáles son sus estructuras profundas, sus mecanismos de funcionamiento interior —me refiero a la Lengua y a las Matemáticas— es determinante para una formación sólida y útil en cualquier campo. No en vano, señorías, dominar de manera precisa los contenidos del pensamiento, es decir, las ideas y los conceptos, es absolutamente básico y fundamental no solo para aprender sino incluso para vivir.

La Filosofía ha estado y continúa siendo, a pesar de lo que se pueda pensar en un análisis superficial, la asignatura, como he dicho, más instrumental, más útil de todas las que se imparten.

Entender cómo funcionan la estructura y la lógica de los dos lenguajes principales que organizan la vida de los seres humanos —como he dicho, la Lengua y las Matemáticas— es básico para sacar todo su potencial. Pero todavía es más importante el papel que juega la filosofía en relación con el auténtico motor de nuestras existencias: las ideas y los conceptos. Comprender y formular ideas con tanta precisión como sea posible es absolutamente clave para todo. Crear o innovar, luchar o dirigir, trabajar o aprender, querer o relacionarse con intensidad y eficacia depende de cómo sepamos hacer nacer y crecer, organizar y expresar nuestras ideas.

Señorías, no lo digo yo, lo dicen los médicos, los hombres de negocio, los científicos, los ingenieros, los arquitectos. Todas las profesiones, ciencias y disciplinas consideran que el estudio en profundidad de la materia de Filosofía es extremadamente útil y básico, y ustedes van a cercenarlo de manera definitiva.

Hagan, por favor, señorías del Partido Popular, caso al diputado, señor Eugenio Nasarre, que hace pocas fechas hacía una llamada desesperada a este Senado para que la filosofía volviera a recuperar su papel en la educación secundaria. Hagan ustedes caso, señorías, al Partido Popular de Cataluña, que hace una semana subscribía una declaración del Parlamento pidiendo que la Filosofía volviera a tener este carácter común y obligatorio en todas las ramas de la educación superior.

Por favor, señorías del Partido Popular, en este aquelarre de recortes de la LOMCE, indulten a la filosofía, porque cercenar el estudio de la Filosofía en la educación superior de nuestro país es autolimitar nuestras oportunidades de progreso moral y material y como sociedad, es dispararse un auténtico tiro en el pie. Evítenlo, todavía estamos a tiempo.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría. Gracias, senador Martí.

Comparte turno de enmiendas con la senadora Sequera.

La señora SEQUERA GARCÍA: Buenos días.

En este apartado de defensa de las enmiendas, me gustaría hacer una introducción diciendo que la LOMCE es una ley difícil de enmendar, porque, por muy buena voluntad que se tenga en intentar mejorarla, globalmente no se puede aprovechar ni el título.

La mayoría de enmiendas presentadas por el Grupo Entesa son de supresión para mantener lo que establece la LOE. Y digo esto, porque desde el primer borrador presentado, hemos denunciado la falta de diálogo, de búsqueda de consenso, pues nunca ha habido tal interés por




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parte del Partido Popular. Y por coherencia con lo que hemos reprochado al Gobierno y por convencimiento propio de que la educación se debe abordar desde la participación y el consenso, debemos volver a la LOE en espera de un cambio de Gobierno para hacer realidad ese compromiso entre todos los partidos de la oposición e iniciar con toda la comunidad educativa, agentes sociales, partidos políticos y administraciones, el proceso de diagnosis, consensuar en qué debemos actuar, cómo hacerlo y conseguir de una vez por todas que la educación sea una cuestión de Estado.

Por encima de ideologías debe prevalecer la ciencia educativa, la ciencia pedagógica bajo unos principios de equidad y de igualdad de oportunidades. El objetivo es sencillo: ofrecer formación desde la edad temprana y durante toda la vida al mayor número de ciudadanos y ciudadanas posible y mejorar el sistema de forma continuada.

Por eso, las enmiendas presentadas pretenden impedir los siguientes aspectos que consideramos que más que mejorar la calidad del sistema, lo empeora. Por tanto, rechazamos que el Gobierno centralice la competencia de diseñar los currículos de las enseñanzas reguladas en la LOMCE; que determine, por ejemplo, los contenidos comunes, la clasificación en troncales, específicas y de libre configuración autonómica; que la LOMCE establezca las competencias que tienen el Gobierno, el ministerio, las administraciones educativas y los centros. Se debe recurrir en cada caso a los estatutos de autonomías que tienen competencia plena en el desarrollo de políticas educativas.

No consideramos adecuada la organización de primaria ni la de secundaria en dos ciclos, ni la distribución de asignaturas en toda la secundaria. Rechazamos de pleno la formación profesional básica como vía para los alumnos con problemas de aprendizaje en secundaria. Rechazamos también la eliminación de los PCPI. Rechazamos la forma establecida para la obtención del título de educación de secundaria obligatoria con la reválida. No compartimos la organización del bachillerato ni las modalidades ni la programación de las materias. Por cierto, aquí tengo que hacer un inciso para manifestar lo que ha expuesto mi compañero Carles Martí y también lo que toda la comunidad matemática nos ha pedido desesperadamente: que intentemos salvar las Matemáticas en el bachillerato de humanidades.

Rechazamos las fórmulas que se establecen para el acceso a la universidad. Tampoco compartimos la clasificación de los ciclos de la formación profesional. Rechazamos absolutamente la formación profesional básica, tal como se ha planteado, porque solo será una herramienta para cribar del sistema a aquellos alumnos con problemas de aprendizaje y no les va a reportar ningún resultado que les beneficie, ya que cuando acaben esa FP básica no tendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Estamos totalmente en contra del diseño de la formación profesional, en general. Nuestra enmienda de modificación en este apartado pretende facilitar a los alumnos de grado medio que puedan cursar en paralelo el acceso al grado superior. También proponemos que la formación profesional facilite una oferta de ciclos formativos a distancia o presencial de forma parcial o completa, para poder combinar la formación con la actividad laboral u otras actividades. La finalidad es facilitar al máximo a la población que pueda acceder a mejorar su formación.

Rechazamos el trato que transfiere la LOMCE a la FP dual pues solo se limita a introducir la definición y poco más. Creemos que es un ámbito muy importante a desarrollar, máxime en la actual situación de crisis económica que tenemos en el país. Pero hay que hacerlo con los agentes sociales, las empresas y la comunidad educativa, y tomando como referencia aquellas experiencias que en algunas comunidades autónomas se han llevado a cabo con éxito. No partimos de cero, hay hecho un trabajo, un camino recorrido que deberíamos aprovechar. No se trata tanto de fijarnos en los modelos de otros países de Europa, sino de dar valor a lo que ya hemos conseguido, al trabajo ya realizado en muchas de las comunidades autónomas.

Debe ser un desarrollo a tres bandas que establezca el consenso de los objetivos a conseguir —mecanismos de desarrollo, evaluaciones, propuestas de mejora—, todo ello sin perder de vista que lo fundamental de la formación profesional de alternancia dual debe ser la formación del alumno y no una mano de obra barata. Este apartado conlleva una tarea muy difícil, que es intentar que el tejido empresarial comprenda qué entendemos por FP de alternancia dual para que no la confunda con mano de obra barata.

No compartimos que se establezca el criterio de rendimiento académico para la admisión de alumnos en los centros. También rechazamos de lleno la organización de las enseñanzas




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diferenciadas por sexo y más aún, que esos centros se financien con fondos públicos. Esto es absolutamente incompatible con las políticas que garantizan la igualdad de trato y de oportunidades. Rechazamos la especialización de centros porque ello creará centros de primera y centros de segunda.

El apartado sesenta y cuatro pone en peligro el derecho universal a la educación porque lo supedita a las consignaciones presupuestarias, al principio de economía y eficiencia, por eso pedimos la supresión del redactado.

El punto 8 del artículo 116 convierte en mercancía la educación, en un gran negocio lucrativo a base de bienes públicos. En cuanto al papel de los consejos escolares, se fulmina su participación efectiva de la comunidad educativa: en la organización, en el gobierno, en el funcionamiento y en la toma de decisiones de los centros. Una muestra más de la esencia de esta ley es impedir la participación de las partes implicadas (familias, docentes, administraciones educativas), por lo que pedimos también la supresión de los apartados correspondientes.

También pedimos la supresión del artículo 122.bis porque en ningún caso las medidas propuestas sobre la competitividad entre centros fomenta la calidad de todos los centros de forma igualitaria, sino que conforma otro filtro más de segregación de alumnos y, por ende, debilita el sistema educativo. Rechazamos todos aquellos apartados que laminan la autonomía de centro y que convierten al director en mero gestor de agencias educativas donde la sede central será el ministerio.

En cuanto a la religión, hemos aportado una modificación a la disposición adicional segunda del proyecto en la que consideramos que el principio de laicidad del sistema educativo debe garantizar la convivencia en igualdad y libertad, de forma coherente con la aconfesionalidad del Estado, simplemente para ajustar la legislación educativa al marco constitucional.

La enmienda de sustitución a la disposición adicional trigésimo octava que hemos presentado pretende que se recoja que, al amparo del artículo 3.3 de la Constitución Española, la riqueza lingüística de todo el territorio es un patrimonio cultural, que debe ser objeto de especial respeto, conservación y protección por parte de los poderes públicos, en este caso por las administraciones educativas. Sobre la base de ese precepto, y teniendo en cuenta lo previsto en los diferentes estatutos de autonomía y en las leyes autonómicas de educación sobre la lengua vehicular, se garantizará el pleno dominio de las dos lenguas cooficiales al finalizar la educación obligatoria. De forma contraria la LOMCE, por un lado, vulnera las competencias autonómicas y por el otro, elude su deber de protección de todo el patrimonio lingüístico del Estado.

Por último, la enmienda 599 pretende desarrollar precisamente varias medidas que garanticen la protección, difusión y promoción de la realidad plurilingüe del conjunto de España, siempre, repito, al amparo del mandato expresado en los artículos 3.3 y 46 de la Constitución Española.

Por eso, por todas estas discrepancias que nuestro grupo parlamentario tiene con la LOMCE, pedimos volver a la LOE, en espera de un consenso y un diálogo para poder conseguir de una vez por todas una ley que realmente dé respuesta a que se mejore la calidad educativa del país.

Gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Sequera.

Por parte de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador señor Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, muy buenos días.

Nuestro grupo ha presentado un total de ochenta y seis enmiendas, que voy a dar por defendidas en su globalidad. Solo abordaré aquellas enmiendas más significativas, aquellos aspectos más significativos que, desde nuestro punto de vista, vulnera este proyecto de ley, la LOMCE como pueden ser el ámbito lingüístico, el ámbito autonómico, etcétera.

El debate de cada una de las enmiendas se produjo con más intensidad cuando el dictamen en la comisión correspondiente, por lo que creo innecesario seguir mencionando cada una de ellas. Por ello vamos a agrupar toda esta intervención en bloques.

En primer lugar quisiera hacer referencia al tema de las matemáticas en el bachillerato de humanidades y ciencias Sociales. Nosotros lo propusimos también en el dictamen de la comisión, y aunque en estos momentos está circulando una enmienda conjunta —a la que vamos a dar apoyo para que se tramite, para que se pueda debatir—, desde nuestro punto de vista no satisface la cuestión en concreto. De entrada vemos dos problemas grandes que voy a enunciar: por un




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lado, cierra itinerarios a alumnos, con lo cual los alumnos pierden la optatividad, y esto es una realidad; por otro lado, tiende a una especialización de centros…, sí, sí, a hacer una especialización en centros de humanidades y de ciencias, lo cual tampoco nos parece correcto. En definitiva, hemos avanzado, se ha tenido en cuenta, pero la realidad es que yo creo que no está bien resuelto.

Dicho esto, el primer bloque de discrepancias está en el ámbito o en la distribución competencial, y en este bloque, a nuestro entender, tienen especial importancia las enmiendas 703, 704, 705 y 706.

La ley pretende un cambio de modelo de distribución de competencias que, cuanto menos, es contrario al espíritu constitucional. Es decir, pasamos del modelo tradicional de competencias compartidas —que podríamos llamar en horizontal—, donde el Estado fija una parte común de las enseñanzas y las comunidades autónomas pueden ejercer sus competencias en la parte restante, a un modelo de competencias repartidas —completamente vertical—, donde el Estado fija absolutamente el contenido, el horario mínimo y los criterios de evaluación de las asignaturas troncales, hasta el punto de que puede impedir de facto que las comunidades autónomas desarrollen políticas propias en materia educativa.

Y merece especial atención el caso de las comunidades autónomas con lengua propia, puesto que las asignaturas de lengua cooficial y de literatura son relegadas al bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, cuando es evidente que en el ámbito de la comunidad autónoma correspondiente la materia Lengua Cooficial y Literatura debe formar parte del bloque de asignaturas troncales, con un tratamiento curricular al mismo nivel que la materia Lengua Castellana y Literatura.

Segundo bloque. Discrepancias respecto del tratamiento marginal que se da a la lengua catalana en el texto del proyecto de ley. Y aquí destacaría de especial relevancia las enmiendas que hemos presentado números 769, 770 y 771.

El tratamiento de la lengua castellana y de la lengua catalana está específicamente desarrollado en el bloque de constitucionalidad, formado por la Constitución y los respectivos estatutos de autonomía. El redactado actual del proyecto desconoce y no se adecua a la realidad del régimen lingüístico del sistema educativo de Cataluña, yo diría, más plural, enriquecedor, cohesionador que el reflejado en la norma puesto que garantiza al finalizar la enseñanza obligatoria a los alumnos el pleno dominio de las dos lenguas —de la lengua catalana y de la lengua castellana— de acuerdo con el Marco europeo común de referencia. Permite también a los centros educativos, en ejercicio de su autonomía y a través de sus proyectos lingüísticos, adecuar el proceso de enseñanza y de aprendizaje de las lenguas a la realidad sociolingüística, que en ningún caso comporta la separación de los alumnos por razón de su lengua.

Tercer bloque. Discrepancias en el proyecto de ley respecto de un calendario de aplicación y una financiación imposibles de cumplir. Tienen especial importancia para nuestro grupo las enmiendas números 785, 786 y 787.

Hemos comentado en reiteradas ocasiones —y ayer debatimos sobre ello e hicimos especial mención— que las distintas leyes educativas que se han aprobado en las Cortes Generales han tenido un plazo para la aplicación. Es decir, una vez reguladas, posteriormente se concretan a través de reales decretos; nunca la ley ha contemplado el despliegue. Por lo tanto, hay un plazo, que podría ser de cinco años —como ha sido habitual en las distintas leyes que hemos tratado—, y después un real decreto que aborde como tiene que realizarse el despliegue. En este sentido el Consejo de Estado, en el dictamen sobre el proyecto de ley, dice: «Al margen de lo anterior, cabe destacar que el calendario de implantación nunca se ha fijado en una norma de rango legal, sino que siempre ha habido una remisión a la aprobación por el Gobierno en decretos posteriores. Lo único que se ha previsto en las sucesivas leyes ha sido la duración legal de la implantación gradual.» Por lo tanto, creo que queda claro cómo se plantea.

Es evidente, lo dijimos ayer, que ha habido precipitación en la aplicación de esta ley y que, de acuerdo con la normativa vigente, podría producirse la quiebra de itinerarios formativos de los alumnos que cursan diferentes enseñanzas y etapas. Puede ocurrir. Por tanto, se trata de una situación que se debe tener en cuenta y muy presente, la de no romper itinerarios educativos de los alumnos con las enseñanzas actuales pues les estaríamos perjudicando de forma importante.

Por otra parte, el proyecto de ley no viene acompañado de la correspondiente financiación, y una reforma como esta es costosa. Tampoco el proyecto de ley de Presupuestos Generales del




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Estado para 2014 —primer año de aplicación de la ley— contempla partida alguna para implementar la reforma. ¿Quién la debe financiar? ¿Las comunidades autónomas?

Es necesario recordar que la austeridad presupuestaria ha castigado especialmente a la educación: maestros de baja que no pueden ser sustituidos, más alumnos por aula, problemas con las becas de comedor. Aplicar la austeridad a la educación ha sido una decisión durísima para las comunidades autónomas y no puede agravarse ahora desde el Gobierno obligándolas a financiar una reforma precipitada que no resuelve los problemas existentes.

Nuestro grupo propuso una transaccional —también lo comentaba ayer— que no se aceptó. Considerábamos que se trataba más bien de una cuestión técnica que debía plantearse pues muchos de los consejeros y consejeras que están en sus comunidades autónomas no sé si estarán de acuerdo con el calendario de aplicación que se marca aquí; creo que en privado están diciendo que es imposible.

Cuarto bloque. Discrepancias en cuanto a la regulación en el proyecto de ley del denominado mecanismo subsidiario, el cual llega a modificar la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas. En este sentido, es de especial importancia nuestra enmienda 785, por lo que voy a comentarla. Pretendemos suprimir a través de dicha enmienda la disposición adicional tercera del referido texto. ¿Por qué? En la memoria sobre el análisis del impacto normativo, en su apartado 2.2.3, dedicado a las lenguas oficiales de la enseñanza, se manifiesta que la nueva disposición adicional trigésimo octava «pretende garantizar la efectividad de este derecho» (se refiere al derecho a recibir enseñanzas en ambas lenguas oficiales) mediante el establecimiento de un mecanismo subsidiario que únicamente podría activarse en caso de que la administración educativa cumpliese su deber constitucional de garantizar la presencia de ambas lenguas cooficiales como vehiculares en su programación inicial. En este sentido, ayer comentábamos también que el Consejo de Estado, en su informe 172/2013, señala: «Por la misma razón, y puesto que no existe un pretendido derecho a recibir las enseñanzas única y exclusivamente en castellano —sentencia del Tribunal Constitucional—, la regla de que las administraciones educativas deberán sufragar los gastos de escolarización cuando los padres o tutores decidan escolarizar a sus hijos en centros privados que utilicen el castellano como vehicular, más allá de las dificultades técnico-jurídicas que podría conllevar su aplicación —disposición adicional trigésimo octava 4.c.—, no debería figurar en la ley por afectar al ámbito de decisión de las comunidades autónomas con lengua propia.» Creo que queda bien claro. Por lo tanto, con esta enmienda pretendemos suprimir esta disposición, en consonancia con lo que dice el Consejo de Estado, con el que estamos de acuerdo.

Además de todo esto es necesario mencionar otras cuestiones que van a perjudicar de manera importante. En primer lugar, se produce, evidentemente, una inseguridad jurídica. Obsérvese que el número 4. c) de la disposición adicional trigésima octava impone a las comunidades autónomas dos obligaciones concretas que deben cumplirse de forma razonable. Se debe garantizar, por un lado, una oferta docente razonable sostenida con fondos públicos, donde se utilice la lengua castellana como lengua vehicular, y dice: «…en una proporción razonable». Sin lugar a dudas creo que el término razonable es absolutamente subjetivo e interpretable; entiendo que resulta profundamente inadecuado para definir unas obligaciones que en caso de no cumplirse llevan adscrita una sanción tan severa como la modificación de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común.

En segundo lugar, este redactado genérico, máxime si pretende incluirse en una ley orgánica, atenta frontalmente contra el principio de tipicidad, rudimento básico del procedimiento sancionador. En efecto, uno de los pilares esenciales de cualquier procedimiento sancionador consiste en la adecuada descripción de los hechos que llevan aparejada una sanción, problema que consideramos importante.

En tercer lugar, esta inseguridad jurídica imposibilita por completo cualquier tentativa de estimación económica de su incumplimiento y, por tanto, contraviene lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En definitiva, principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que se pueden ver alterados precisamente por esta cuestión. Y asimismo quiero hacer referencia a su artículo 9, que lleva por título el siguiente: «Principio de lealtad institucional», y que dispone que las administraciones públicas se adecuarán en sus actuaciones al principio de lealtad institucional.




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Cada Administración deberá valorar el impacto que sus actuaciones, sobre las materias a las que se refiere esta ley, pudieran provocar en el resto de las administraciones públicas y respetar el ejercicio legítimo de las competencias que cada Administración pública tenga atribuidas. Pues bien, creo, en definitiva, que su principio está muy claro.

Finalmente quiero hacer también referencia a una enmienda relativa a la equidad. Es la enmienda número 776 que, en definitiva, supone modificar el apartado 2 del artículo 82 de la LOE, con lo cual proponemos un nuevo redactado que quiero comentar por la importancia que tiene. Dice así:»Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo anterior, en la educación básica, en aquellas zonas rurales en las que se considere aconsejable, se podrá escolarizar a los niños en un centro escolar próximo a su residencia para garantizar la calidad de la enseñanza. En este supuesto, con el fin de facilitar el acceso en condiciones de equidad a los servicios de comedor y transporte escolar durante las enseñanzas obligatorias, las Administraciones educativas ofrecerán un sistema de ayudas y becas que puedan cubrir total o parcialmente el coste de los sistemas escolares de transporte y, en su caso, de comedor e internado».

Pues bien, como hemos comentado en reiteradas ocasiones se está produciendo un agravio comparativo en relación a aquellos alumnos que dentro de un mismo municipio tengan que desplazarse a distancias iguales o similares que por el hecho de cambiar de municipio. Podemos encontrarnos con familias que tengan un poder adquisitivo alto y cuyos hijos, por el hecho de cambiar de municipio, tengan el transporte y el comedor gratuitos, y al revés, es decir, con familias de una realidad socioeconómica muy precaria y que dentro del mismo municipio tengan que tener un desplazamiento similar al anterior pero no queden cubiertos, con lo cual se está produciendo un agravio comparativo, repito, que considero es justo enmendar en estos momentos en que estamos reformando una ley con estas características.

Hay muchas zonas, muchas autonomías en España —concretamente, también en Galicia— y cantidad de municipios donde está ocurriendo algo similar, con lo cual entiendo que esta es la ocasión para hacer justicia y solucionar este tema discriminatorio en relación con el desplazamiento de alumnos. Y no vale decir que esto implica más recursos, porque tampoco es así, porque estamos hablando de equidad. Estoy diciendo que hay familias con poder adquisitivo alto que, en realidad,no tienen por qué tener esta subvención, lo que está perjudicando a otros que lo necesitan y no pueden ser atendidos.

Por lo tanto, estas son, en líneas generales, las enmiendas más significativas que nosotros presentamos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de las enmiendas números 788 a 896 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las números 677 a 701, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y 226 y 390, del señor Eza Goyeneche, de la señora Salanueva Murguialday y del señor Yanguas Fernández, van a hacer uso de la palabra los siguientes senadores: doña María del Mar Moreno Ruiz, don Andrés Gil García, don Emilio Álvarez Villazán, doña María Isabel Flores Fernández, doña Paula Fernández Pena y don Vicente Álvarez Areces.

Para el inicio de este turno, tiene la palabra la senadora Moreno.

La señora MORENO RUIZ: Señor presidente, señorías, el Grupo Socialista solicitó un formato de debate que nos hubiera permitido profundizar más en las enmiendas de una de las leyes más importantes de la legislatura, pero no ha sido posible y por eso vamos a dividir este único turno entre todos los senadores que han trabajado los distintos bloques, y es que, desde luego, el Partido Popular parece tener mucha prisa en aprobar la LOMCE, y las prisas son enemigas del diálogo, del consenso y la reflexión, algo que se necesita, sobre todo, cuando hablamos de educación.

Empezaremos, por lo tanto, por las enmiendas al título preliminar. El título preliminar es la quintaesencia de los principios y objetivos de cualquier ley, pero debo decir que en esta reforma educativa se han quedado huecos y vacíos. Y es que el Gobierno en el título preliminar de la LOMCE actúa como una agencia de publicidad engañosa, utiliza los principios progresistas para seducir a los votantes pero el producto final es absolutamente conservador, regresivo e injusto. El artículo uno, por poner un ejemplo, proclama la equidad, pero la ley, a continuación, permitirá




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segregar al alumnado desde los 14 años inclusive, dependiendo del mes y la fecha de nacimiento. Hablan de igualdad de oportunidades, pero la suma de la LOMCE y de su política de reválidas y becas permitirá que ante un mismo examen el alumnado con recursos económicos pueda seguir estudiando, mientras que el alumnado más frágil tendrá que salir del sistema.

Enumera como principio la transmisión de valores para una ciudadanía democrática, pero, en el fondo, son alérgicos a que esos valores figuren en el currículo, no vaya a ser que estudiando Educación para la Ciudadanía, Ética o Filosofía los jóvenes descubran cómo este Gobierno ha desvalijado el gran tesoro colectivo de este país: la sanidad pública, la educación pública, las pensiones públicas, que son el gran activo, la gran herencia de los que nunca pagarán patrimonio ni sucesiones. (Aplausos.)

Hablan en el mismo artículo uno de reforzar el papel de las familias, pero las privan de funciones en los consejos escolares. Señalan como principio la igualdad entre hombres y mujeres, pero cambian expresamente la ley para permitir que los centros que segregan y diferencian por sexo puedan conseguir financiación pública, incluso contra la doctrina del Tribunal Supremo. Hablan de mejorar resultados. Señoras y señores, ¿pretendían, de verdad, mejorar resultados con más religión y menos matemáticas, como si fuéramos un país fundamentalista? (Aplausos.) ¡Es realmente alucinante!

Aseguran considerar la función docente como un factor esencial, pero despojan al profesorado de su autoridad fundamental, la de decidir quien aprueba y quien suspende. Adiós a la innovación educativa, adiós a la autonomía pedagógica; si quieres que tus alumnos superen la reválida, no pienses, no innoves, no decidas, conviértete en una academia y enseña lo que yo te diga. Ese es el sistema de enseñanza hacia el que avanzamos.

Se atreven en este título preliminar a hablar de participación, pero no han dejado que la comunidad educativa inspire un solo artículo de esta pésima ley. Solo dicen una verdad, la verdad del artículo uno.q) que justifica prácticamente toda su reforma, la libertad de elección de centro, un claro tributo a la enseñanza privada que convierte a la escuela pública en mera subsidiaria. Eso es lo que tienen que hacer, decir la verdad. Atrévanse a escribir sus principios y no hablen de igualdad, hablen de las diferencias sociales que esta ley quiere agrandar. No hablen de ciudadanía, hablen de élites. No hablen de participación, hablen de autoritarismo. No hablen de calidad, hablen de exclusividad, que no es lo mismo. Y si a todo eso se une una clara invasión de competencias, la agresión gratuita a las comunidades autónomas con lengua propia, el panorama que se abre para la escuela pública española es bastante oscuro, tan oscuro como el pasado al que nos quiere devolver esta mala ley que no tardaremos en derogar. Sí, derogaremos la LOMCE porque lo que nunca va a tolerar la inmensa mayoría de españoles y españolas es que el futuro de los niños y de los jóvenes se decida por una cuestión de apellidos o de cuenta corriente.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Tiene la palabra el senador Gil.

El señor GIL GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, quiero que mis primeras palabras sean para poner en valor la movilización social de plataformas de padres, de madres, de estudiantes, de maestros y de maestras de este país, de toda esa marea verde que han entendido que la LOMCE es un obstáculo para la educación que queremos mayoritariamente en España. (Aplausos.)

En realidad nuestras enmiendas pretenden ser, de manera humilde, la voz de todos aquellos colectivos con los que ustedes no han contado para elaborar esta ley, es decir, con una parte muy mayoritaria de la comunidad educativa en este país. En cualquier caso, queremos hacernos una pregunta muy concreta sobre la enseñanza de la religión. Señorías del Partido Popular, ¿por qué se empeñan ustedes en retrotraernos a una versión remasterizada del nacionalcatolicismo? ¿Por qué se empeñan ustedes en hacer esto con nuestro sistema educativo? El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado prefirió referirse el otro día en la comisión a esta etapa oscura de la escuela de nuestro país como escuela de mérito, capacidad y rigor, pero lo que ustedes quieren hacer es volver a un modelo de escuela segregadora y excluyente. Por eso, con esta ley favorecen a los centros que segregan por sexo. Quieren volver a un modelo que ya sufrieron generaciones pasadas en este país y que conocemos muy bien. Su modelo es este, el de la




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Enciclopedia Álvarez, con la que muchas de sus señorías habrán estudiado en el pasado, con la que estudiaron, por ejemplo, mi madre y mi padre, una escuela que enseñaba a ser discípulos de Dios, pero no a ser ciudadanos críticos y libres. También enseñaban a las niñas a hacer macramé.

La enseñanza de la religión, señorías, debe hacerse en el ámbito familiar, por supuesto, para aquellos que lo deseen y debe quedar fuera del currículo y de los horarios y centros escolares de nuestro país, pero ustedes, lejos de intentar adoptar una solución intermedia, como la que apuntaba de manera coherente el senador Saura, han preferido dar plena validez académica a la asignatura de Religión. Y mientras meten la Religión con calzador en el currículo, restan importancia a las enseñanzas artísticas. Yo no sé que le pasa siempre a la derecha con el mundo de la cultura y con las enseñanzas artísticas. Luego se quejan, pero ustedes han restado horas a las enseñanzas artísticas mientras han aumentado las de las materias instrumentales. Y hay más, por ejemplo, los títulos superiores de música y danza ya ni siquiera serán licenciaturas o el equivalente al título de grado.

En marzo del año 2009 el Parlamento Europeo instaba a que la educación artística debía ser obligatoria en todos los niveles educativos, pero ustedes parece que esto lo han olvidado.

Desde luego, mi grupo parlamentario no puede compartir las modificaciones que proponen en el apartado de educación infantil, primaria, secundaria ni bachiller y es que, por poner algún ejemplo, relegar asignaturas como Historia de la Filosofía a un segundo plano, hasta el punto de que puede que haya alumnos que no lo estudien en toda su vida académica, son auténticos disparates, impropios de un Ministerio de Educación de un país como España.

Esta afirmación no es que la haga solo mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, o que sostengan los izquierdistas radicales sino que, la semana pasada, un compañero suyo, vicepresidente de la Comisión de Educación, el señor Nasarre, hacía una crítica al respecto en un medio de comunicación. Por ello, señorías del Partido Popular, les pido que se pongan de acuerdo.

Por si fuera poco, con este Gobierno y con este ministro, el ministro Wert, cada semana se produce un lío en materia educativa. El último ha sido ese serial en materia de becas Erasmus. Primero, anuncia que se suspenden las becas Erasmus y todos los estudiantes que tenemos en el extranjero se ponen en pie de guerra; después, el propio ministro tiene que dar marcha atrás y rectificar —lo hizo aquí, en el Senado—; y, al día siguiente, dice que recorta las becas Erasmus para el año próximo porque Europa le obliga, para que desde la Unión Europea tengan que calificar esas declaraciones del ministro como basura, ya que no es eso lo que pretende Europa sino el aumento de las becas Erasmus.

Señorías del Partido Popular, no han dialogado con el mundo educativo, no han escuchado ni al Consejo de Estado ni al consejo escolar ni, por supuesto, a la oposición. Nadie apoya esta ley pero ¿cómo la van a apoyar? Si ustedes llegan hasta aquí después de haber recortado 5000 millones de euros en educación. ¿Cómo pretenden que la gente les crea cuando hablan de calidad en la educación? No se sorprendan por este rechazo social mayoritario a su ley y es que están ustedes anteponiendo su interés ideológico partidista y particular al interés general y al bien común de los ciudadanos españoles.

Señorías, en cualquier país democrático, cuando esto sucede, los ciudadanos salen a la calle y muestran su rechazo mayoritario a la ley.

Señorías del Partido Popular, senador Peral, están ustedes solos en esto. Ni uno solo de esos más de diez millones de votos en los que usted constantemente se ampara, y en los que sustenta su absoluta soledad mayoritaria en el Parlamento, es un cheque en blanco para modificar unilateralmente una ley de este calado; una ley, señorías, que afectará a generaciones futuras que ni tan siquiera hoy han tenido la oportunidad de ser votantes, no ya del Partido Popular sino de ninguno de los grupos que están en esta Cámara, pero sí se verán afectados por las decisiones que ustedes hoy adopten. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

En este sentido, no es que estemos hablando de ganar o de perder una votación en el Senado, ni siquiera estamos hablando de debatir cuestiones menores como el precio de los colorantes alimentarios, sino que estamos hablando de uno de los elementos nucleares que conforman nuestro modelo como sociedad presente y sociedad futura y eso, señorías del Partido Popular, requiere de un consenso que ustedes han demostrado ser incapaces de lograr.

Por este motivo, mi grupo quiere mostrar su rechazo frontal a esta ley y presenta un paquete de enmiendas a este capítulo de la Ley de calidad de la educación.

Muchas gracias. (Aplausos.)




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Gil.

Tiene la palabra el senador Álvarez.

El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Gracias, señor presidente.

Señorías, la verdad es que tenían ustedes muy fácil mejorar la formación profesional. En primer lugar, porque tenemos un buen sistema —el que se implantó con la LOGSE—, de calidad y orientado a formar buenos profesionales; un modelo que exige al alumnado que quiera acceder a él la imprescindible formación básica, que le permita adquirir competencias profesionales y que contempla un período de prácticas en la empresa; un modelo que se preocupó de no dejar a ningún alumno fuera, mediante los programas de cualificación profesional inicial; un modelo flexible, que adapta la formación a los requerimientos dinámicos del mercado del trabajo y a la innovación, que dejó atrás la idea de una formación profesional como vía de desagüe del sistema educativo y que pronto se convirtió —y ahora lo es— en el tramo educativo más estable y menos cuestionado de todo el sistema.

Sin embargo, nada de esto han tenido en cuenta a la hora de elaborar el nuevo modelo: ni el grado de satisfacción del sector empresarial ni las tasas de inserción profesional de los titulados ni el incremento espectacular de las solicitudes o que el curso pasado, por ejemplo, 80 000 alumnos se quedaran sin acceder a esos estudios por falta de plazas en los ciclos medio y superior.

En vez de buscar el consenso han elaborado un modelo sin contar con nadie; un modelo que, de verdad, señorías, permítanme que les diga que parece que lo haya hecho alguien que no tiene la menor idea de lo que es y para qué sirve la formación profesional.

Lo que proponen, en definitiva, es el mismo modelo que había en 1970, una segunda vía para coger a los alumnos que fracasan o que no tienen otras opciones. La sustitución de los PCPI por una FP básica solo servirá para mejorar las estadísticas del fracaso escolar de los informes PISA, al no contabilizar el alumno de 14 años, que se irá de ella. Una manera curiosa, señorías, de reducir el fracaso escolar.

Pero, ¿se han preguntado qué salidas profesionales tendrá en nuestro mercado laboral actual ese alumnado? En los ciclos de grado medio introducen materias instrumentales, como ocurría ya en la famosa FP1 de antaño, pero se olvidan que la formación en este grado debe dirigirse a adquirir competencias profesionales y formación laboral, y no una formación de base que deben tener ya los alumnos cuando acceden a ellos. Los ciclos de grado superior son enseñanza superior y, por tanto, requieren una base superior para acceder a ellos, por tanto, tenemos que ver qué posibilidad hay de que estos alumnos hagan un curso de acceso para que se puedan incorporar en igualdad de condiciones a estos ciclos de grado superior.

Respecto a la formación profesional dual, que quede claro en principio que nosotros no estamos contra ella, pero sí estamos en contra de la FP dual que quieren ustedes implantar, y de que intenten confundir a la ciudadanía presentándola como una fórmula mágica que va a acabar con el desempleo juvenil. Primero, porque este modelo requiere un número elevado de empresas que estén dispuestas a asumir su alto coste, y en España, señorías, donde solo el 2% de las empresas tienen más de veinte trabajadores, resultará imposible aplicarlo.

Por último, no hay que olvidar que este modelo crea puestos de trabajo poco cualificados y, además, puede convertirse —ya se ha señalado aquí— en una manera de conseguir mano de obra barata. Pero sí es posible extraer ideas útiles de este modelo formativo que vincula más la formación profesional al empleo, ahora bien, garantizando que el alumnado adquiera las competencias a través de una participación activa del profesorado y no dejarlo al margen de que en unas empresas o en otras tengan este profesado para esta formación. Ideas, señorías, que podían muy bien plantearse en el marco del diálogo social para adaptarlas a nuestro país y elaborar, entre todos, un modelo de formación profesional en alternancia similar al que se viene aplicando en el País Vasco,y en alguna otra comunidad, con muy buenos resultados, como ha quedado ya evidenciado.

Por tanto, señorías, nuestras enmiendas van dirigidas, una parte, a recuperar el sistema establecido en la LOE —sé que nos lo están reprochando muchas veces—, pues sí, señorías, porque es un buen sistema y está dando un buen resultado, y otra, a mejorarlo, porque es un buen sistema que necesita mejoras y nosotros queremos mejorarlo. Pero mejorarlo, señorías, no es destruirlo, como pretenden hacer ustedes.

Muchas gracias. (Aplausos.)




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez Villazán.

Tiene la palabra la senadora Flores.

La señora FLORES FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.

Voy a seguir defendiendo las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, especialmente las que van desde el número 838 a la 841, todas ellas de supresión. Nosotros seguimos defendiendo la LOE. Su articulado nos parece más apropiado y, desde luego, no compartimos en absoluto lo que ustedes proponen por ser, a nuestro juicio, discriminatorio y no garantizar la igualdad de oportunidades y de trato. Por eso, son enmiendas todas ellas de supresión. Queremos, en definitiva, que se vuelva al texto de la LOE.

Después de su paso por la Comisión de Educación, celebrada los pasados días 12 y 13, el proyecto de ley es aún peor que el que entró en el Senado, que ya era bastante malo. Teníamos un sistema educativo con un alto nivel de equidad reconocido por los organismos europeos y con este texto, a nuestro juicio, se acaba, y pasamos a un concepto de educación elitista, segregadora, con preeminencia de la privada sobre la pública y educación de excelencia para quien tenga posibilidades económicas, quebrando el principio de igualdad de oportunidades, sin el cual no puede haber desde luego equidad. ¿Dónde queda, señorías del Grupo Parlamentario Popular, aquello de procurar que los más débiles o desfavorecidos alcancen las mejores condiciones posibles? ¿Dónde queda la garantía de una educación inclusiva desde el principio?

Ustedes, con la enmienda que aceptaron en comisión del Grupo Mixto, en concreto de UPN, eliminan la justificación objetiva y razonada que debían realizar los centros que segregan por sexos, que ya venía en el texto, para acceder a conciertos con la Administración. Ya no hay ninguna traba para ellos. Se van a financiar con el dinero de todos, con fondos públicos, centros minoritarios y exclusivos, de élites en manos casi siempre de la Iglesia católica.

«Mentes libres!, «Sociedad laica», se lee en las pancartas de las personas que constantemente se manifiestan en contra de esta ley, y eso es lo que necesitamos. Desde el respeto absoluto a todas las creencias, reclamamos que no se impongan las verdades de unos a los demás.

¿Saben ustedes lo que ha significado la escuela mixta para la igualdad entre mujeres y hombres? ¿Creen que la escuela segregadora va a facilitar la formación de personas libres, críticas y responsables? Señorías, lo que hace la LOMCE es permitir que se financien con fondos públicos colegios que segregan por sexos, elimina la asignatura de Educación para la Ciudadanía e introduce la doctrina católica, claramente sexista, como materia evaluable. Eso es lo que están haciendo ustedes. ¿A quién puede beneficiar, señorías, encapsular a niños y niñas en una realidad ficticia? Nosotros creemos que a nadie, ni a los unos ni a las otras, al contrario. Por eso, reclamamos espacios abiertos que formen en valores democráticos, de convivencia y respeto a los demás, sean cuales sean sus circunstancias, creencias, sexo u orientación sexual. En definitiva, reclamamos la Constitución, artículo 9.2. y artículo 14.

Señorías, expliquen a quien no tiene ni para lápices que en época de recortes y dificultades económicas se dedique el poco dinero que hay a financiar estos centros, en lugar de dedicarlo a conseguir que nadie se quede fuera. Eso es, a su juicio, la equidad. El Estado tiene otras obligaciones, y es garantizar una educación adecuada y de igualdad, justo lo contrario que hacen en su ley, porque se han quedado solos. No escuchan a los grupos parlamentarios, pero tampoco a la comunidad educativa.

He de reconocer, sin embargo, desde aquí al ministro Wert un éxito: ha unido a todos, absolutamente a todos, en el no. Pero él, inasequible al desaliento, sigue a lo suyo, metiendo la pata cada dos por tres, un pasito adelante y tres para atrás.

La educación en España lo que necesita, señorías, es más profesorado, bien formado y con unas condiciones laborales favorables y dignas, más becas para que nadie se quede atrás debido a su procedencia o situación económica. Se lo están diciendo todos los grupos. Más recursos para poder acceder al conocimiento de otras lenguas y al manejo de las nuevas tecnologías, más investigación, y ustedes remando en sentido contrario, con Wert a la cabeza. Por eso, hemos presentado estas enmiendas.

Bajo el paraguas de reformar la LOE, con la excusa del abandono escolar temprano y el elevado fracaso escolar, presenta una ley injusta, regresiva y puramente ideológica, que provocará, no lo duden, más desigualdad.




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Pero no quiero terminar sin lamentar la salida de tono del ministro Wert ayer, cuando vio a las personas que lo esperaban a la puerta del Congreso de los Diputados. Dijo, yo lo oí: Esto es una jungla y yo sin machete. Creo que la frase define por sí sola al personaje. Lo único digno que puede hacer es dimitir y llevarse consigo esta lamentable ley, por el bien de la educación de este país. Recomiéndenselo, señorías del Grupo Parlamentario Popular. Le van a hacer un favor a él y, desde luego, a todos los demás.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Flores.

Tiene la palabra la senadora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ PENA: Señorías: «…sin la implicación de la sociedad civil no habrá transformación educativa». Esta frase aparece recogida en el preámbulo de la LOMCE y a pesar de ello,y de que esta ley ha entrado en esta Cámara entre huelgas, manifestaciones y ciudadanos indignados, los senadores populares votarán a favor, haciendo de nuevo un ejercicio de incongruencia y ceguera social. No podemos aprobar una ley educativa que incorpore en su preámbulo términos como emprendimiento, economía, recompensa, liderazgo o empleabilidad, porque demuestran que el Partido Popular quiere convertir a los centros educativos en centros clasificadores de personas, que serán elegidos, reválida tras reválida, como hace cuarenta años, por capacidades sociales y económicas, unas reválidas excluyentes, con las que nos transportarán al pasado en tiempo récord.

Un viaje temporal que quieren imponer demasiado rápido. Han fijado solo veinte días para que entre en vigor esta ley. Es un sinsentido, ustedes saben que para una buena adaptación curricular, económica y social se necesitan como mínimo doce meses, como proponemos nosotros. Como proponemos también la retirada del calendario de aplicación LOMCE. Deben consultar con las comunidades autónomas y después aplicar un calendario pactado que no debe imponerse por ley. Si no queremos llegar al caos en un asunto tan importante como es la educación, así deberíamos actuar, pero ustedes han preferido presentar una enmienda a este calendario simplemente para diferir costes en un año. Una enmienda con la que pretenden calmar ánimos entre los consejeros populares, para que continúen manteniendo una postura afín al dogma del partido y que, así, no defiendan el derecho al desarrollo normativo de las comunidades, que no defiendan la cohesión territorial, que tampoco defiendan las lenguas propias y, sobre todo, que se mantengan impasibles ante una ley cuya implantación tendrán que pagar las comunidades autónomas, y que les abocará a más recortes educativos.

Y hablando de recortes, señorías, presentamos una enmienda al sistema de préstamo de libros porque los socialistas no queremos que se promueva, queremos que se garantice y evitar así que se deje caer en el olvido. Como dejaron caer en el olvido a la Educación para la Ciudadanía, sin valorar las consecuencias futuras que esa decisión pueda tener. Fíjense, señorías, sobre todo las del Partido Popular, estoy segura de que si esta asignatura hubiera sido materia obligatoria en su etapa escolar, seguramente hoy tendrían más conocimientos en materia de igualdad que les permitiría no apoyar las enmiendas de UPN para los centros que segregan por sexo. (Aplausos.) Enmiendas que representan un apoyo explícito al Opus y su negocio escolar. Y es que ya se lo dije el otro día, están yendo demasiado lejos con esas compañías. Si siguen así, en los colegios será lectura obligatoria para las niñas el libro Cásate y sé sumisa, porque eso es lo que pretenden los lobbies económicos, empresariales y religiosos que les apremian a aprobar esta ley. Pretenden que de las escuelas salgan ciudadanos obedientes, leales y, sobre todo, sumisos, cuando lo que necesita una sociedad de futuro son ciudadanos críticos y libres. Porque eso, señorías, es lo que somos hoy, aunque les pese y aunque intenten coartarlo con la futura ley de seguridad ciudadana. Somos críticos y somos libres. Somos críticos con Wert porque, aun sin machete, está haciendo el mayor destrozo del sistema educativo de la historia. (Aplausos.) Y somos libres para pedirle que ya que no quiere dimitir, se vaya una temporada de Erasmus, eso sí, sin beca por bajas calificaciones.

Y por último, señorías, ya sé que no servirá de nada que les pida que voten en contra. Ya lo sé que no servirá, pero no puedo dejar este atril sin pedirles que voten en consecuencia con lo que pide la comunidad educativa y que no se queden solos, porque por mucho que les insista la Conferencia Episcopal, esta ley no la quiere ni Dios.

Gracias. (Aplausos.)




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Fernández.

Tiene la palabra el senador Álvarez Areces.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Gracias, señor presidente.

Continuando con nuestro turno de enmiendas dentro del denominado bloque quinto, siguiendo esta organización del trabajo que hemos adoptado, me corresponde explicarles algunas cosas relativas a las que, a mi juicio, son enmiendas cruciales a las que ayer hice referencia en mi intervención, las números 844 y 845, en las que planteamos el debate en torno a la modificación que hace la LOMCE del artículo 109 de la LOE. Una de estas enmiendas pretende la supresión de todo el texto de la LOMCE. Y la otra toma el texto de la LOE y, dado lo que está pasando y esta ofensiva conservadora de favorecer claramente a la enseñanza concertada y sostenida con fondos públicos, explicitamos lo que significa la prioridad de la red pública. En ese artículo 109, en el apartado sesenta y cuatro, en el punto 2, hablando de lo que significan los procedimientos de admisión, modificamos y decimos explícitamente —hablando de las administraciones educativas—: para ello tendrán en cuenta en primer término la red existente de centros públicos en el territorio en el que ejercen sus competencias. Y, en segundo término, la red existente de centros privados sostenidos con fondos públicos para completar las necesidades de escolarización. Asimismo, las administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas públicas —estamos restituyendo la palabra públicas— suficientes, especialmente en las zonas de nueva población.

No quiero extenderme en mi argumentario de ayer respecto a la importancia crucial de lo que estaban haciendo el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular respecto a la modificación de un artículo nodal, central, en relación con lo que significa el modelo educativo que tenemos en España, así como la ruptura de esas reglas de juego. Si no quedan claros mis argumentos, lo reitero muy brevemente. La modificación del artículo 109 en la LOMCE se resume en cuatro puntos: en primer lugar, se amplía de cuatro a seis años el periodo de concertación en la educación primaria. Esto, efectivamente, va orientado a favorecer las renovaciones automáticas. En segundo lugar, se establece la demanda social, un concepto difuso de difícil concreción y materialización, como criterio para programar la red de centros. Esto, sin duda, va en detrimento de la planificación educativa y favorece una litigiosidad que, en estos momentos, ya anuncio que va a ser considerable. En tercer lugar, en las zonas de nueva población, donde antes había la obligación de garantizar la existencia de plazas públicas suficientes, ya saben que se ha eliminado el adjetivo públicas, y se abren puertas a la construcción de centros privados en las nuevas zonas urbanas. En algunas comunidades autónomas ya se ha dado el caso de que hasta se destina suelo público para esos conciertos, y algunas autoenmiendas que se han introducido van exactamente en esa dirección.

Otro bloque de enmiendas a este epígrafe se refiere a la autonomía de los centros. Estamos convencidos de que tenemos que avanzar en la autonomía y todos los expertos, así como las evaluaciones internacionales, lo consideran como un elemento positivo. Por cierto, evaluaciones que están recogidas en la LOE. Pero, algunas de las posibilidades que plantea la reforma, sin duda, van en sentido contrario a lo que nosotros consideramos.

Avanzar en la autonomía no tiene por qué significar dar pasos atrás en la participación y democracia ni en la cohesión del propio sistema educativo. Lo indicábamos también en el debate que tuvimos aquí, en el Senado, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, y lo justificábamos adecuadamente.

El deseable refuerzo de las tareas de dirección no es incompatible con los componentes más democráticos de su elección y, en consecuencia, debemos establecer una mayor participación de los representantes del centro en la comisión de selección de la dirección.

En cuanto a los consejos escolares, lo mismo decimos acerca de sus funciones. La implicación de las familias es un factor clave de la vida de los centros y en el progreso educativo de sus hijos. Consideramos que tienen que preservarse íntegramente las competencias de los consejos escolares para no dar marcha atrás en la implicación de los padres y de las madres en el control social de los resultados.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Voy concluyendo. Y, desde luego, con las modificaciones que pretenden introducir en materia de participación y gestión de los centros, el contenido del derecho




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de participación democrática en la toma de decisiones se ve muy mermado, con un carácter muy restrictivo respecto a lo que dispone el artículo 27.7.

Desde nuestro punto de vista, todas estas medidas van a permitir avanzar en la privatización de la enseñanza, en la consideración de la educación como una mercancía sometida a leyes de mercado, y con esta redacción se atenta contra el derecho de todos a una educación de calidad en condiciones de igualdad. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez Areces.

¿Turno en contra? (Pausa.)

Tiene la palabra la senadora González.

La señora GONZÁLEZ GARCÍA (Ana María): Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero dar las gracias a los diferentes grupos parlamentarios por las propuestas que nos han hecho, aunque no podamos estar de acuerdo. Asimismo, quiero reconocer el trabajo exhaustivo de nuestros portavoces del Partido Popular para tener en cuenta, analizar y sopesar esas propuestas.

Dicho esto, me corresponde defender el bloque segundo, o lo que hemos considerado bloque segundo de enmiendas de la LOMCE, formado por 58 apartados. Son muchísimas enmiendas que no puedo rebatir una a una. Por eso, me referiré a ellas en conjunto. No puedo hacer referencia a Amaiur, puesto que no han presentado ninguna enmienda. A Izquierda Unida les diré que, como saben, les admitimos la enmienda 66 y la 181. En cuanto al resto de las propuestas que nos hacen, no es que ustedes nos pidan que volvamos a la LOE, como el resto de los grupos, es que ustedes nos están pidiendo que volvamos a la LOGSE, con los principios de comprensividad, enseñanza común, sin itinerarios, eliminación de la FP básica o rechazo de la materia referida al emprendimiento. Pero —¡qué curioso!—, ustedes votaron a favor de la LOE. Fíjense, ya en el preámbulo de esta misma ley que ustedes apoyaron se reconocían los logros indudables de la LOGSE de generalizar las enseñanzas y —nos llamaba la atención— la necesidad de mejorar en calidad.

Senadores de Izquierda Unida, la pasada semana, la portavoz de Esquerra nos criticaba por tener permanentemente puesto el retrovisor y la mirada hacia el pasado. Yo les pregunto ¿quién de verdad está volviendo a ese pasado? Si no, ustedes lo arreglan todo con una cuestión de dotación económica y de dotación de recursos. Verdaderamente la experiencia nos ha demostrado que no es así, y le voy a poner un ejemplo de las dos comunidades autónomas de donde ustedes proceden, de Asturias y de Andalucía. Asturias dedica el 3,9% del PIB a educación y Andalucía, el 5,6. Por el contrario, el abandono escolar temprano en Asturias es de 21,9% y, en cambio, en Andalucía, de un 32,5. Como se ve, no hay correlación. Senador de Izquierda Unida, nos dijo usted ayer que no es cierto que se gaste más en educación. Yo le estoy dando ahora mismo los datos de una reciente publicación que tiene usted en su casillero.

Con respecto a UPN, que tiene las enmiendas 389 y 183, no podemos admitírselas. La primera se refiere a una prueba única para la ESO. Nosotros apostamos por dos para la elección de itinerarios para responder a los talentos personales. La segunda se refiere al bachillerato tecnológico que, como saben ustedes, ya es posible en aquellas localidades con oferta suficiente, como establece el apartado veintitrés.2.

Foro: senador, no son ciertas ninguna de las acusaciones que usted nos está haciendo. El grupo parlamentario del Partido Popular ha pretendido en todo momento dar el protagonismo que se merece al Senado. Otra cosa es que podamos dar cabida a sus propuestas, y tengo que decirle que no es posible. Las enmiendas 195 a 208 se centran fundamentalmente en proponer una nueva arquitectura de la ordenación educativa, siete años en primaria, tres años de bachillerato. Siento decirle que esa propuesta no podemos admitirla.

PNV: se le admite la enmienda 619, medidas para adaptar las evaluaciones de primaria a las necesidades educativas especiales. No podemos estar de acuerdo con el resto de las enmiendas, que tratan fundamentalmente de una cuestión competencial, y a la que luego me referiré. Con respecto a la evaluación y otros aspectos que se recogen, no dude de que la LOMCE sí que va a beneficiar a Euskadi, y estoy segura de ello porque ustedes también pueden mejorar y, además, van a saber qué es lo que hay que evaluar.

Entesa: se admiten las enmiendas 391 y 412. Voy a responder en bloque a Entesa, a CiU y a PSOE. ¿Por qué en bloque? Porque, como dicen mis alumnos, ustedes han hecho un copieteo,




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con todo mi respeto, de unas enmiendas y otras y la palabra más utilizada es suprimir, suprimir y suprimir, con la única justificación de: por ser más adecuado lo que establecía la LOE. Curiosamente, senador Alturo, CiU se abstuvo en la votación de la LOE. En el mismo camino está Esquerra, pero ustedes no se limitan a suprimir porque sí hacen aportaciones —lo ha dicho usted—, hablan de la cuestión de la economía social y la emprendeduría. Yo les vuelvo a preguntar ¿consideran ustedes que esto es constructivo? Yo, no. Ustedes en ningún momento han tenido la más mínima intención de hacer propuestas de mejora, y les voy a poner varios ejemplos. El primero, y además me parecía muy curioso, es que la mayoría de ustedes proponen volver a los programas de diversificación curricular en la ESO, cuando los que hemos dado clase tenemos muy claro que estos programas había que anticiparlos, porque es una petición de la comunidad educativa desde aproximadamente el año 1996. Nosotros lo recogemos y ustedes quieren suprimirlo. Así que lo de mirar al pasado, ustedes, y lo de inmovilistas, sí, sus posicionamientos.

Les voy a poner otro ejemplo, el acceso a la universidad. Me llama la atención que la mayoría de las enmiendas son de supresión, volver a la PAU o eliminar cualquier tipo de prueba. La PAU no ha resuelto en absoluto el problema de los muy diferentes niveles de los estudiantes que acceden a la universidad. Creemos que son las universidades, en el ámbito de su autonomía, las que tienen que utilizar esos criterios de admisión.

Vamos a tratar el tema de la Religión. No vamos a repetir debates que ya hemos tenido, señorías. No engañen. Estamos hablando de una oferta obligatoria pero de una elección voluntaria. Ustedes se centran en este punto como si fuera de los pocos que se tratan o de los más importantes y, en muchos casos, lo que pretenden es desviar el debate. El PSOE utiliza el debate religioso porque lo que realmente le incomoda es que las familias puedan elegir libremente la formación de sus hijos y que esta no responda a la doctrina que intentaron imponer con su asignatura estrella, la Educación para la Ciudadanía —por cierto, senadora del PSOE, sus chistes fáciles no tienen ninguna gracia y, además, es que esto es muy serio—.

Con respecto a las Matemáticas, ya se ha referido que se va a incluir una modificación, de lo que me alegro, incorporando las Matemáticas aplicadas al itinerario de Ciencias Sociales; de todas formas, les tengo que decir que la propia organización responsable del centro, el trabajo que realizan los docentes, los departamentos de orientación y la responsabilidad del alumno aseguran que sea francamente imposible que un centro no oferte Matemáticas, o que un alumno no curse según su orientación estas Matemáticas si lo requiere. No se eliminan las Matemáticas de esos itinerarios, pero les voy a decir más. Fíjense, ustedes que están tan preocupados con esta cuestión, en la LOE incorporaron ustedes la posibilidad en la optatividad para 4º de la ESO de poder ir al bachillerato de ciencias sin haber cursado Física, Química, Biología o Matemáticas B. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Por cierto, señor Alturo, no es verdad que vaya a condicionar la oferta de los centros la nueva modificación que hemos incorporado, existe un único bachillerato, con dos posibilidades, y los centros estarán obligados a hacer esa doble oferta.

Senador de Entesa, respecto a la Filosofía, estamos totalmente de acuerdo con la importancia de esta materia, pero también le quiero decir que no es cierto que se haya anulado, está en primero como troncal y en segundo dentro de las troncales. ¿Qué troncal eliminaría usted? ¿La incorporamos directamente? Si hacemos eso entonces nos acusarían de hacer invasión competencial. ¿En qué quedamos? (Aplausos.)

Señor Alturo, ha dicho que ha hecho propuestas positivas, pero esperaba más de ustedes. Fíjese, estamos de acuerdo con sus palabras de la pasada semana en comisión sobre que todos estamos más o menos conformes sobre el diagnóstico de mejora. Reducir el fracaso escolar —estas son sus palabras—, aumentar los graduados en educación secundaria, una formación que facilite la empleabilidad, reforzar las estructuras y potenciar la FP. Y, efectivamente, eso es lo que pretendemos con la LOMCE, pero no podemos estar de acuerdo con usted en que lo importante no es modificar la estructura legislativa, las competencias y los currículos; incorporar en gran parte de las enmiendas, además de volver a la LOE, la supresión por una cuestión de invasión competencial no es lo que procede. Se adhieren Esquerra, Entesa, Izquierda Unida y PSOE.

No vamos a debatir de nuevo pero sí quiero insistirles en que la LOMCE recoge la necesidad de que todos nuestros estudiantes, sean de la comunidad autónoma que sean, puedan tener el mismo nivel de estudios y se garantice la igualdad de oportunidades. Esto es lo que nosotros queremos, que aquellas cosas que funcionan bien en su comunidad, en Cataluña, el País Vasco,




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Castilla y León, Andalucía o en Castilla-La Mancha, mi comunidad, sean un común denominador para todo el sistema educativo, y esto no va en contra de las leyes educativas de cada una de las comunidades autónomas.

En la misma línea lo referido a las enmiendas sobre la lengua castellana y las lenguas cooficiales. La regulación de la LOMCE es legítima constitucionalmente y es pertinente. Ustedes, señor Alturo, nos pedían que incorporáramos la lengua catalana como troncal. ¿Está usted seguro? Las troncales las desarrolla y las delimita fundamentalmente la Administración central. Ustedes son los que establecen niveles. Ustedes son los que establecen pisos, no nosotros.

Dicho esto, ya les he rebatido lo que ustedes quieren que creamos que es la ley, y realmente no lo es, ya lo hacía el senador del Grupo Socialista enseñándonos de nuevo la Enciclopedia Álvarez, y yo sí que les quiero contar lo que es la LOMCE. La LOMCE se concentra en intensificar las materias instrumentales que todos los informes internacionales nos dicen que tenemos que reforzar, que son nuestras debilidades. La LOMCE sí apuesta por la evaluación que nos permita un diagnóstico serio y riguroso de las debilidades y de las fortalezas. Esta es la realidad. Veinticuatro de los treinta y cuatro países de la OCDE tienen pruebas externas y mejoran sus resultados entre un 20 y un 40%. Por tanto, no terminamos de entender el porqué de ese miedo a la transparencia.

Y, señora Moreno, senadora del Partido Socialista, no estamos leyendo el mismo documento. Nosotros queremos un documento técnico, no un documento ideológico. En la Comisión de Educación celebrada la pasada semana usted nos hablaba de la necesidad de sentarnos y pactar y de un ejercicio de diálogo con mayúsculas, que hay muchas cosas que funcionan y otras que mejorar. Son sus palabras, pero tengo que decirle que su partido, el Partido Socialista, no tenía ni tiene ninguna intención de diálogo, sino más bien de monólogo, volver y volver a la LOE.

Antes de que hubiera una sola línea en contra de los 157 artículos de la LOE, la LOMCE reforma 57, y ustedes están en contra de todo. Tampoco tuvieron ninguna intención de diálogo en el debate de la LOE, y se lo voy a recordar: de las mil trescientas sesenta y cinco enmiendas —doscientas cincuenta del Partido Popular—, ustedes admitieron tres; un millón quinientas personas se manifestaron ante las expectativas creadas por la LOE. Poco pueden hablarnos ustedes de consenso, y más después de amenazarnos con que, en cuanto puedan, lo van a derogar. (Aplausos.)

Pero les digo más, tengan cuidado, señores y senadores del Partido Socialista, porque es posible que voten en contra de su propia ley. Les explico por qué. De las propuestas que hicieron en la anterior legislatura al proceso de búsqueda del pacto educativo en la época del ministro Gabilondo, de las sesenta y cuatro relativas a lo que estamos tratando con la LOMCE, nosotros ya hemos incorporado cincuenta.

Termino, mientras el resto del mundo avanza buscando nuevas oportunidades que permitan ofrecer lo mejor a los ciudadanos, la oposición sigue empeñada en reafirmar sus propios errores, en blindar un modelo educativo al que, día tras día, los informes señalan como directamente responsables del fracaso. Ni una propuesta nueva, siempre el mismo discurso. ¿Crítico? No, desde luego. ¿Destructivo? Sí.

Señorías, al Grupo Parlamentario Popular le hubiera gustado y mucho poder hablar con ustedes de educación, de soluciones y, sobre todo, de futuro.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora González.

Tiene la palabra el senador Sastre.

El señor SASTRE ÁLVARO: Buenos días, señor presidente, señorías.

En primer lugar, quiero agradecer a los intervinientes sus aportaciones al debate de las enmiendas a este proyecto de ley en este Pleno. Dado el escaso tiempo que me corresponde junto con mis compañeros, doy por defendidas las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.

A continuación, paso a tratar algunos de los apartados del proyecto de ley más significativos que han sido abordados por todos los intervinientes. Así, en los apartados ochenta y dos a ochenta y seis, relativos a la evaluación, he de señalar algo que, a lo largo del debate se les ha dicho muchas veces pero es bueno volver a recordar, y es que las evaluaciones externas se llevan a cabo en veinticuatro de los treinta y cuatro países; de esos treinta y cuatro países, diecisiete son




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de la Unión Europea. También es bueno recordarles, ya que lo mencionan muy a menudo, que el Consejo de Estado, al que solo citan cuando les interesa, ha dejado claro que las evaluaciones externas son positivas en cuanto que son el perfecto mecanismo para diagnosticar y corregir los actuales problemas de nuestro sistema educativo e incentivar el esfuerzo de los alumnos.

Señorías, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la defensa de la LOMCE, el senador Peral, les ha citado textualmente parte del preámbulo de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, de 3 de mayo, la LOE, en la que ustedes, junto con las personas que la apoyaron, decían muy claro que se consideraba imprescindible establecer procesos de evaluación de los distintos ámbitos y agentes de la actividad educativa. Entonces, señorías, si en el año 2006 estaban de acuerdo y concienciados de la urgencia de las evaluaciones externas ¿por qué ahora no? Claro, es que tenían pensado no llevarlas a cabo, pues la experiencia nos ha demostrado que, como casi todo lo que dicen, es humo que luego no han de cumplir. ¿Qué cromosoma tienen ustedes en su genoma político que solo saben decir no y adornarse con camisetas de colores variados según toca para oponerse a cualquier propuesta educativa del Grupo Parlamentario Popular? (Aplausos.) ¿Por qué siguen empeñados en defender un sistema ciego que solo evalúa a los alumnos cuando salen del sistema, es decir, al terminar la selectividad?

Señorías, estas evaluaciones son las mismas a las que hacían referencia, como ya les he dicho, en ese preámbulo. Les dejamos muy claro en comisión, como usted también saben, que estas evaluaciones como no son atacables pedagógicamente ni desde el más elemental principio de política educativa, lo que hacen ustedes es muy fácil: cogen la varita «ZP-progre» o identitaria, según corresponda, y con muchos polvos de demagogia, una mano de barniz populista y, abracadabra, las convierten en reválidas, palabras muy negativas al asociarlas con tiempo pasado, y ya están listas las evaluaciones para ser atacadas. Pero, señorías, las evaluaciones externas, como bien saben, no son reválidas porque no regulan la demanda. Sí orientan solamente en señalización; no son punitivas, no son pruebas de conocimiento sino de capacidades y no buscan el ranking. Porque las evaluaciones externas buscan: a) incrementar el sentido del esfuerzo; b) incrementar el sentido de la exigencia y, lo que es también muy importante, el compromiso de toda la comunidad educativa de extraer consecuencias de los resultados de la adquisición de competencias.

Sirva de muestra de su necesidad dos casos en países de nuestro entorno que ya se han citado varias veces, el de Portugal, que en el 2000 estaba por debajo en el ranking de España y hoy nos superan en cuanto a competencias, o Gales, que en su momento no hizo públicos los resultados y que ya ha vuelto a la senda de publicarlos. Como ha dicho de las evaluaciones externas Andreas Schleicher, el padre del informe PISA: si hay valoraciones externas, hay valor añadido.

Por la escasez de tiempo, paso al apartado 101, la disposición final quinta de la Ley Orgánica 2/2006, relativa al título competencial al que han hecho varias veces alusiones, especialmente los grupos nacionalistas. Pero, por desgracia, también tengo que dirigirme al Grupo Parlamentario Socialista, antiguo PSOE, además de a los grupos nacionalistas.

Señorías, la distribución de competencias en materia educativa está recogida en el artículo 149.1 de nuestra Constitución Española, en sus apartados primero, decimoctavo y trigésimo. Ya expliqué en comisión el concepto de materia —no lo repito aquí— según el Tribunal Constitucional. Véase, entre otras, si así lo desean, la Sentencia del Tribunal Constitucional 39/1982 o la Sentencia del Tribunal Constitucional 123/1984, que dejan claro —y subrayo— que la competencia del Estado alcanza todos los aspectos que puedan considerarse esenciales en esa materia —nos refiere a educación, en este caso al sistema educativo— o no esenciales que concreten el derecho a la educación para que el Estado —entiendan el doble subrayado y la negrita— asegure que todos los españoles tengan los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Que quede claro, en cualquier parte del territorio del Estado.

Termino este apartado señalando, como muy bien saben sus señorías, que el Consejo de Estado no ha encontrado invasión de competencias respecto de las asignadas a las comunidades autónomas en el texto de la LOMCE, así que dejen de mencionar al Consejo de Estado como un órgano que está contra la LOMCE.

Acabo esta defensa de las fortalezas y necesidad de la ley refiriéndome a la disposición final sexta, relativa a su entrada en vigor, para decirles dos cositas muy simples. La enmienda 607 del Grupo Parlamentario Entesa, la número 787 de CiU o la 896 del Grupo Parlamentario Socialista solo son salvas de distracción, son humo, pues como les demostré en el debate en comisión,




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ustedes al pedir retrasar la entrada en vigor, en el mejor de los supuestos doce meses haciéndola coincidir con el día 1 de enero de 2015, lo que piensan es: ¿Y si suena la flauta, que no les va a sonar, y pueden llevar a cabo ese famoso pacto escenificado en el Senado, por estar en obras el edificio del Congreso de los Diputados, por el que, excepto Foro de Asturias, Unión Progreso y Democracia y UPN —y aquí lo traigo por si a ustedes se les ha olvidado—, llegaron a firmar un panfleto —llamémosle así, pero es un acuerdo antidemocrático como lo fue en su día el Pacto del Tinell y, señorías firmantes, esta foto les va a acompañar mucho tiempo— con el que todos, incluso Amaiur, pretendían —y lo siguen pretendiendo— acabar con la LOMCE? Ustedes no quieren mejorar la educación, su objetivo es seguir manejando su juguete, su herramienta para continuar, pese a las claras y demostradas debilidades de nuestro actual sistema educativo, manipulando y formando en la sectaria política de izquierdas o en la excluyente política nacionalista.

Señorías, consensuar es un verbo que, según la Real Academia de la Lengua Española, significa adoptar una decisión de común acuerdo entre dos o más partes. Y lo que ustedes entienden por consensuar es aceptar e imponer sus criterios porque para consensuar ni han estado ni, como han dicho, estarán.

Termino, señor presidente, señorías, diciéndoles que para mejorar la educación de todos los españoles, aquí nos tendrán siempre. No quiero acabar tampoco —es superior a mí— sin decirles que ya que hablan tanto de las manifestaciones, copien aquellas palabras del embajador inglés tan conocidas: Si ustedes quieren que no haya manifestaciones en la calle lo tienen muy fácil, simplemente no los manden; en un momento quedará completamente arreglado. (Rumores.—Aplausos.)

Señorías, si quieren, sigan ustedes caminando inexorablemente al precipicio, al retraso y a la pérdida del tren del futuro; vayan solos en ese viaje, que nosotros iremos por otro camino que apuesta por un futuro anclado en Europa y en políticas educativas sólidas y contrastadas de progreso.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sastre.

Tiene la palabra la senadora De Haro.

La señora DE HARO BRITO: Gracias, señor presidente. Buenos días, señoras senadoras y señores senadores.

Público que nos acompaña en la tribuna, muy buenos días y bienvenidos.

En primer lugar me van a permitir agradecer —ya lo ha hecho la presidenta de la comisión— a los servicios de la Cámara la extraordinaria labor que han realizado, porque muchas veces cuando aprobamos normas no nos damos cuenta del trabajo que hay detrás; facilitan muchísimo la labor de los senadores y senadoras.

Señorías, créanme que hasta el día hoy, inocentemente —yo diría más bien responsablemente—, he pensado que podríamos llegar a algún tipo de acuerdo respecto a la reforma, o mejor dicho, a la mejora del sistema educativo español que pretende la LOMCE. Pensé de verdad que se iba a trascender de la siempre utilizada por la oposición excusa de la ideología para intentar lograr el mayor consenso, reclamado desde amplios sectores sociales, sobre un tema tan importante como es la educación. Desgraciadamente, veo que no ha sido así. Al menos estaremos de acuerdo, señorías, en que, como señala el consejo escolar de mi comunidad, de la comunidad canaria, atendiendo también a las indicaciones de la OCDE, aunque influyan otras variables, el nivel formativo condiciona tanto las posibilidades de conseguir empleo como las condiciones del mismo, y que poseer un nivel formativo alto protege en mayor medida a las personas. En otras palabras, estaremos de acuerdo en que la educación es el factor que permite a las personas progresar en su desarrollo personal y profesional.

Las enmiendas presentadas a los bloques tres y cuatro —de las que hablamos extensamente en la comisión— se refieren a los apartados relativos a la formación profesional y también a lo que se ha denominado la educación diferenciada, pero que en realidad comprende el título que en la LOE, la Ley Orgánica de Educación, habla de la equidad en la educación. Pues bien, en las enmiendas al bloque tercero, en los apartados 31 a 37 del artículo único de la LOMCE —que se refiere a los artículos 39 a 44—, del total de enmiendas presentadas, que fueron en total cincuenta y cinco, se




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han admitido cuatro, y dos, las números 643 y 644, se han intentado transar hasta el último momento. No ha podido salir la transacción, pero lo hemos intentado.

Además, se ha modificado la disposición final quinta —a la que se ha referido el compañero que me ha precedido en el uso de la palabra— por la enmienda 701, que afecta al calendario de aplicación de la LOMCE, y que se solicitaba fundamentalmente por numerosos grupos. Hablaba el senador Alturo de la necesidad de ampliarlo a cinco años, pero con esa enmienda 701 del Grupo Parlamentario Popular a la disposición final quinta hemos ampliado hasta tres años la aplicación de la LOMCE y, por tanto, para la formación profesional básica segundo año y el grado medio de la formación profesional lo hemos ampliado al curso 2015-2016, como sabe perfectamente.

Muchas enmiendas son de supresión, pretenden la vuelta a la LOE, es decir, más que enmiendas de supresión yo las llamaría —y así se comentó por algún compañero en la comisión— enmiendas de obstrucción. Así son las números 284 de Esquerra —contraria a la modificación prevista en la 283, de su mismo grupo político— al apartado 31, que afecta al artículo 39 de la Ley Orgánica de educación. Igualmente, la 290, en relación con la 284, del mismo grupo político, una es de supresión, otra de modificación del apartado 36, relativo al artículo 42 de la Ley Orgánica de Educación. También son de supresión las enmiendas números 818, 821, 880 y 823, del Grupo Socialista.

Con las enmiendas presentadas al bloque cuarto, equidad de la educación, sucede exactamente lo mismo. Se refieren a los apartados 55 a 62 de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa y a los artículos 71 y 78 de la Ley Orgánica de Educación.

Sucede lo mismo, señorías, y por tanto, no podemos aceptarlas, con las que se han presentado en total a este bloque, cuarenta enmiendas, y se han admitido —a pesar de que se nos acusa al Grupo Parlamentario Popular de no tener diálogo— cinco enmiendas, las números 697, 696, 185, 226 y 390.

Esto ha hecho que no podamos admitir una enmienda, la número 217, de Foro, porque es de un tenor muy parecido al de la enmienda número 390. Con la admisión de esta última, hemos desestimado la enmienda 217, de Foro Asturias. Ocurre también con las enmiendas de supresión números 117, 118, 445 y 548, de Entesa.

Mucho se ha hablado de la formación profesional de grado básico. La senadora Martínez, del Grupo Parlamentario Vasco, señalaba que con la formación profesional básica no se garantizaba, a diferencia de lo que ocurre actualmente con los programas de cualificación profesional inicial, la calidad de estos ciclos formativos. Pues bien, tengo que tranquilizarla, senadora Martínez —veo que no está—. La modificación que contempla la LOMCE del artículo 42 establece en el contenido y organización de la oferta la necesidad de que los cinco ciclos de formación profesional básica garanticen la adquisición de las competencias del aprendizaje permanente a través de impartir enseñanzas organizadas con una serie de bloques comunes. Por tanto, garantizamos que los alumnos y las alumnas sí que salgan con la formación suficiente. Es más, a continuación, en el párrafo último del apartado 4 del artículo 42, la modificación que prevé la ley que tratamos establece que las enseñanzas de formación profesional básica garantizarán al menos la formación necesaria para obtener una cualificación de nivel 1 del catálogo nacional de cualificaciones profesionales. Por tanto, senadora Martínez, entendemos que sí se garantiza que los alumnos que cursen formación profesional básica tengan los suficientes conocimientos.

Otra de las acusaciones que se ha hecho es que estamos ante una norma de carácter absolutamente segregador. Y yo pregunto a los senadores, entre ellos a la señora Moreno y a la señora Flores, del Grupo Parlamentario Socialista, si no hay mayor segregación que una formación que condena a los alumnos a no insertarse en la vida laboral. Pues bien, esto es lo que pretende evitar la ley que ahora mismo tratamos.

Señorías, el señor Álvarez Areces, en su exposición de ayer en el turno de portavoces se refirió a unos datos del años 2000 sobre los beneficios de los avances que se habían producido en el ámbito educativo. El Grupo Parlamentario Popular nunca ha dejado de reconocer esos avances: la universalización de la educación y la gratuidad de la educación han sido avances importantes que creo que todos reconocemos. Habla de datos del año 2000. Y yo le voy a dar datos de este mismo año, de 2013. El Grupo Socialista discute que en el año 2012, el 22,6% de los jóvenes de 15 a 29 años ni estudiaba ni trabajaba, por tanto se incrementó 1,5 puntos respecto a 2011. Tampoco parece que tienen en cuenta los datos de abandono escolar, un 30,8%, como señalaba mi compañera, la senadora Ana González, en abandono educativo temprano. Y parece que




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también discuten, o no tienen en cuenta los últimos datos, que reflejan que a los 16 años, el 6,5% del alumnado ha abandonado el sistema educativo ordinario y no ha continuado los estudios postobligatorios, y posiblemente, casi la totalidad de ellos sin el título de graduado en ESO. Pues bien, señorías, este abandono escolar es lo que se pretende evitar. ¿Cómo? Incentivando a los alumnos a que a los 14 años, cumpliendo 15 años, se ilusionen con este nuevo sistema formativo que establecemos.

El señor Saura decía que segregábamos a los 15 años y citaba un informe de la OCDE del año 2012. Señor Saura, yo le voy a citar el informe de la OCDE del año 2013, concretamente el apartado que dice que luchar contra este fracaso debería ser objetivo a corto plazo, en el que una posible solución podría ser el fomento de los programas de formación profesional. En esta línea, en un trabajo académico reciente, Florentino Felgueroso, María GutiérrezDomènech y Sergi JiménezMartín sugieren que el retraso de la edad de inicio de la formación profesional de los 14 a los 16 años, por parte de la LOGSE, de 1990, no contribuyó al decrecimiento del abandono escolar temprano. Y en este sentido señalaba, que la nueva LOMCE —señor Saura, repito, hablo de un informe de la OCDE de 2013— propone adelantar la elección de formación profesional un año, a los 15 años, y permite una vía de acceso específica a la formación profesional para mejorar la lacra del abandono temprano del sistema educativo español. Por tanto, señor Saura, yo creo que este informe de la OCDE de 2013 es suficientemente claro sobre la no segregación que supone el adelanto de los ciclos.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora HARO BRITO: Termino, señor presidente.

En cuanto a que es discriminatoria la educación —y me refiero al Título II, sobre equidad en la formación—, he de señalar que lo que se pretende es todo lo contrario. Pretendemos hacer efectivo el principio previsto en el artículo 27 de la Constitución, de libertad de enseñanza. Por tanto, consideramos que debe existir igualdad entre los centros públicos y privados y los de educación diferenciada, tal y como establece la Convención de la UNESCO de 1960.

Por todo ello, señorías, creemos que esta ley es la que necesita el sistema educativo. Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular, con las transacciones a las que intentaremos llegar hasta el último momento, votará a favor de esta ley pues nos parece que es la reforma que necesita el sistema educativo.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora De Haro.

Pasamos al turno de portavoces.

¿En el Grupo Parlamentario Mixto van a compartir turno? (Asentimiento.)

Tienen doce minutos para los tres.

En primer lugar, el senador Martínez Oblanca tiene la palabra.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo en el turno de portavoces con cierta brevedad para señalar que las enmiendas aceptadas, que en el caso de Foro son cero, no alteran la esencia ni suplen las carencias de la LOMCE. Se refieren a discapacidades, conciertos de segregación, etcétera, cuestiones puramente técnicas que no suponen modificaciones de calado, e imprescindibles, a nuestro juicio; mejoran aspectos técnicos y nada más. Conclusión: monumental desperdicio legislativo con este Proyecto de Ley Orgánica para mejorar la calidad educativa, que es como una continuación de la actual estructura escolar. Es decir, nos encontramos ante una LOE de segundo nivel con un toque más moderno, con una especie de lifting de la LOE, una cirugía menor estética para una ley en la que sigue primando el modelo pedagógico y la doctrina constructivista de la LOE.

El resumen es que el Partido Popular va a ser el protagonista de la historia que nunca empezó y desperdicia una oportunidad inmejorable para dotar a España de una palanca legal que nos permita salir del marasmo educativo, producto de décadas de inmovilismo.

Por otra parte, nos parece otra gran equivocación que el Partido Popular y el Gobierno no hayan tenido en consideración las enmiendas presentadas por Foro, tanto en el Congreso como aquí en la Cámara Alta; enmiendas que responden a nuestro deseo de enriquecer esta nueva




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herramienta legal fundamental para el futuro de España y que en algún caso, —atención— coinciden con propuestas que el Partido Popular incluía en su programa electoral en materia educativa. Es decir, ustedes han rechazado en el Congreso, y vuelven a rechazar ahora en el Senado, lo que prometieron en noviembre de 2011 a los españoles. Y ya ven, señorías del Partido Popular, de qué les ha servido enrocarse en una reforma timorata que ha renunciado a aspectos claves de su propio programa electoral y que se ha rendido a influencias externas y grupos de presión que han hecho valer sus intereses, a la par que desdeñan propuestas que responden a criterios para reforzar la tarea del profesorado y dotarla de alguna autoridad en el aula, hoy capitidisminuida.

Señorías, apostamos por impulsar la filosofía de la ESO a la Historia de la Filosofía en primero de bachillerato. Queremos que la autonomía escolar tenga un importante empuje y que se regule la admisión en los colegios públicos y concertados. Sin embargo, nada de esto se ha tenido en cuenta.

Nuestras enmiendas hacen referencia a los conciertos en la educación diferenciada, a la necesidad de un bachillerato de tres años y al aumento de un año en primaria para que se inicie a los cinco años de manera obligatoria. Queremos que la nueva ley educativa contemple la igualdad entre la nota exigible en la prueba de selectividad y la calificación en la prueba de secundaria obligatoria para conseguir el título. Son enmiendas muy importantes porque se refieren a la estructura del sistema escolar, a su organización, a su currículum y al régimen de conciertos educativos.

¿Cuál ha sido la actitud del Grupo Popular, con mayoría absoluta en el Senado, ante estas propuestas? Caso omiso. Treinta y dos enmiendas entraron en el registro y treinta y dos enmiendas se irán al caldero de las rechazadas.

Ustedes querían cambiar el modelo escolar para variar las tasas de abandono escolar, conseguir unos objetivos mejores y recuperar el fracaso educativo, pero con esta LOMCE no lo van a conseguir porque han preferido optar por la tibieza, no vaya a ser que se molesten los sectores inmovilistas que han echado el ancla en el maltrecho mundillo educativo español. Naturalmente, la blandenguería para enterrar la LOE lo único que ha provocado es que se crezcan quienes han reconvertido la ley socialista en su coto particular.

Seguimos sin entender cómo pretenden conseguir los objetivos definidos en la LOMCE sin adoptar y acoplar medidas y reformas reales como las que promueven algunas enmiendas que aún permanecen vivas en este debate, y cuya votación se va a celebrar esta mañana en el Senado. Nos resulta incomprensible el resultado final de un proyecto de ley crucial para España en el que se incumple el programa electoral del partido gobernante, se incumple el compromiso de investidura de Rajoy, se apalanca sobre un ministro en el que muy pocos confían y se rechazan propuestas de otros grupos; desde luego las de Foro, que aportan una inyección de vitalidad a una ley endeble y que no solucionará los problemas principales de la educación española.

Señor presidente, concluyo subrayando que al rechazar nuestras enmiendas el Grupo Parlamentario Popular se rechaza a sí mismo, porque algunas son, como decía, coincidentes con lo que proponían en su programa y defendían en sus años de oposición. Así las cosas, el paso de este proyecto de ley por el Senado añade más decepción y peor diagnóstico sobre la LOMCE.

Votaremos en contra de esta mala ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Oblanca.

Tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias.

¿Inmovilistas? ¿La oposición inmovilista? ¿Ustedes se creen que nosotros presentamos enmiendas sin contar con nadie? ¿Ustedes no han hecho una lectura de lo que pasó ayer y de lo que está pasando hoy? Ocho vetos, ochocientas noventa y seis enmiendas. ¿Cuántas enmiendas han aceptado ustedes? No sé de qué parte de la comunidad educativa están hablando ustedes ni a qué porcentaje de ella se refieren. No sé de qué porcentaje de las asociaciones de padres y madres, ni de qué porcentaje de la ciudadanía hablan ustedes en este momento. Pues yo les digo que Esquerra Republicana habla en nombre de una parte importante de esa marea verde que ha contestado y que justifica la totalidad de las enmiendas y el veto que hemos presentado en esta Cámara; en nombre de la marea verde, de las huelgas iniciadas por los docentes, a las que se han añadido las asociaciones de padres y madres, los alumnos y una gran parte de la ciudadanía; hablamos en nombre de estas personas.




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Son dos modelos y dos concepciones de educación distintas: la suya y la nuestra, la de la mayoría de la oposición. Ustedes dirán que les justifica el número de personas que les han votado, pero es que, si ahora se celebrasen unas elecciones, ese apoyo ya no lo tendrían ustedes. Son dos concepciones y dos modelos distintos de educación.

En Esquerra Republicana defendemos la educación como una pieza clave del progreso social de un país y de su ciudadanía, una ciudadanía bien formada, repito, que es un reto y una aspiración, una sólida garantía de construcción de un país más justo, de personas responsables y capaces de decidir y construir su futuro. Pues bien, ya lo sabemos. Aprobarán esta ley con la mayoría absoluta que tienen; aplicarán su rodillo parlamentario, pero ya les anticipo algo que me resistía a decir: no acatarem.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Senador Iglesias, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Quiero expresar fundamentalmente dos ideas. Los portavoces populares insisten en que esta reforma, este proyecto es una apuesta por la modernización. Señores senadores, la única innovación que hay en esta ley es el lenguaje. Ustedes hacen un uso alternativo del lenguaje con gran creatividad, en este proyecto y en otros, pero por más que se empeñen, las evaluaciones externas son algo muy antiguo, son las viejas reválidas —si serán antiguas que ni yo las conocí—, y suponen una barrera, un obstáculo para la continuación de la formación de los alumnos que no la superan.

Durante la vigencia de las reválidas, la motivación, como decía el señor Wert, seguramente era de adaptación del número de alumnos que el sistema educativo de entonces podía soportar. Hoy esa realidad no existe porque felizmente cambió el sistema educativo y felizmente se dedicaron recursos económicos a universalizar esa oferta. Por tanto, la motivación hoy es otra, pero esa motivación no la hace más legítima.

Citan ustedes como argumento de autoridad que en otros países se están aplicando, pero ignoran que en esos otros países en los que se pueden estar aplicando estos sistemas, la regulación del sistema educativo en su conjunto y el compromiso político con él de las sucesivas administraciones es muy diferente del que hoy acompaña con este Gobierno al sistema educativo español. Estas reválidas se convierten en letales cuando a la vez se cercenan los mecanismos de apoyo y de refuerzo a aquellos alumnos que tienen más dificultades. Ustedes les quintan los apoyos a estos alumnos a través de los recortes y de los ajustes en todo lo referente a la atención a la diversidad, y encima les colocan el listón más arriba, para que sea más difícil que lo superen, para que sea más difícil que puedan continuar en el sistema educativo. Si en el pasado se trataba de una visión mezquina y estrictamente economicista, hoy estamos ante un problema de discriminación social, porque son quienes necesitan esos apoyos y no van a contar con ellos quienes van a tener más dificultades, quienes van a chocar contra las reválidas. Quien disponga de la provisión de esos refuerzos previo pago, porque sus familias pueden afrontarlo, van a tener más facilidades para superar esas reválidas. Eso convierte en absolutamente injusto el modelo que ustedes implantan mediante esta reforma de la ley.

El segundo argumento hace referencia a la religión. Vuelven a decir que se trata de una oferta obligatoria que será aceptada voluntariamente. Lo que pasa es que la ley articula la oferta en unos términos que no podría superar ni don Vito. Hace una oferta que no se puede rechazar. La familia que tiene que optar entre asumir la asignatura de Religión o buscar una alternativa, se encuentra incentivada por esta regulación a aceptar como mal menor la asignatura de Religión, que además es evaluada —hay que decirlo— al margen del sistema educativo, porque los criterios de evaluación no los fija la Administración educativa, sino el ordinario del lugar, los fija la autoridad competente; religiosa, por supuesto. No cuestiono que sea la autoridad religiosa, lo que cuestiono es que tenga que hacerlo dentro del sistema educativo; que lo haga en la catequesis, con cargo a los recursos propios de la religión, sea la religión católica, la hebrea, la evangelista o la que toque. Por eso rechazamos la regulación que en esta ley se establece de esta materia religiosa.




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Y concluyo. Hablaba antes de que buscaban ustedes referentes, ejemplos fuera. Hay ejemplos muy próximos. Ayer se hablaba de Portugal. Yo hablo de Francia. Mientras que en este país se prescinde de miles de docentes, en Francia se contratan decenas de miles de docentes. Busquen ustedes ejemplos de ese referente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

En esta última intervención, ya en el turno de portavoces, me gustaría hacer un repaso del procedimiento de este proyecto de la ley en el Senado, que ha tenido sus claros y sus oscuros, sus altos y sus bajos.

Respecto de los claros, en primer lugar, quiero agradecer el trabajo que ha desarrollado el letrado de la comisión, tanto en lo que se refiere a la elaboración del informe, como el que ha tenido que realizar a lo largo de toda la ponencia para plasmar en el papel los acuerdos y desacuerdos a los que hemos podido llegar durante esta tramitación, que, como les he dicho, ha tenido sus altos y sus bajos. Y quiero agradecer también el tono general que, con algunas excepciones y en algunos momentos puntuales, ha imperado tanto en el debate en comisión como en el Pleno. Se puede mostrar una discrepancia profunda pero vehemente —reconozco que yo soy bastante vehemente, pero siempre desde el respeto y el ceñimiento al tema estricto que nos ocupa—, y, en ese sentido, agradezco al resto de los grupos parlamentarios ese tono, que es el que mayoritariamente ha imperado.

Pero si estas han sido las partes buenas o los claros de este procedimiento, también ha habido partes oscuras, por las que tenemos que mostrar nuestra insatisfacción.

Lo evidente es el escaso número de enmiendas que han sido admitidas, no enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sino del resto de los grupos parlamentarios que, en lo que a mí se refiere, se ha reducido a una, la 619, que no es una enmienda nuestra, sino que la habíamos incluido por iniciativa del CERMI, en la que se pedía que las evaluaciones tuviesen en cuenta las necesidades especiales de las personas con discapacidad, una cuestión del todo lógica, pero que no por ello deja de tener su importancia. Agradezco que la hayan tenido en cuenta, pero lamento que otras enmiendas, que evidentemente para mi grupo parlamentario suponían cuestiones de mayor peso político o de mayor incidencia transversal en el ámbito de la educación, hayan sido rechazadas, pese a los esfuerzos realizados en todo momento para llegar a acuerdos. Nuestro planteamiento se ha explicado por arriba y por abajo, por un lado y por otro. Hemos mantenido en todo momento una postura constructiva respecto de las enmiendas para la mejora del texto de la LOMCE. Y todo eso se ha traducido, única y exclusivamente, en una enmienda.

Hay que decir también, en honor a la verdad, que el Grupo Popular nos ha ofrecido una serie de enmiendas transaccionales que nosotros hemos rechazado, tres concretamente: una referida al procedimiento de acceso que podrían establecer los centros educativos de formación profesional de grado medio, siempre y cuando la demanda superase la oferta, que a nosotros nos resultaba insatisfactoria porque venía a transar la enmienda 644 que para nosotros era fundamental porque era la que desarrollaba todo el itinerario de formación profesional. Cuando la demanda supera a la oferta, es evidente que existen pruebas de acceso en todos los centros educativos. Todos los centros educativos, cuando tienen menos plazas de las solicitadas, tienen que establecer una política de acceso, por lo tanto, era una enmienda, casi podríamos decir, de Perogrullo.

La segunda enmienda que ellos nos habían ofrecido, relativa al calendario de implantación, en este caso de la formación profesional básica, solucionaba, según ellos, la cuestión del calendario de implantación. Pero si bien es cierto que ellos permitían un segundo año de implantación progresiva de la formación profesional extendiéndola al curso 2015-2016, no es menos cierto que el inicio de la implantación se seguía manteniendo para septiembre de 2014, de aquí a nueve meses, con lo cual el problema técnico, organizativo y de recursos, tanto humanos como económicos, que nosotros veíamos en el calendario de implantación de la formación profesional básica, no ha recibido una solución satisfactoria. Se incluía también en la enmienda la posibilidad de que durante estos dos años, y de forma excepcional, los cursos de formación profesional básica los pudiesen impartir aquellos que habían impartido PCPI previamente. Pero también es cierto que es una reclamación que había planteado mi comunidad autónoma y también Castilla y León




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porque se da la circunstancia de que muchos programas de cualificación para la profesión inicial están impartidos en centros educativos que dependen de los ayuntamientos y por profesorado contratado por los ayuntamientos. Y nos encontrábamos, además, con un problema muy importante de equiparaciones salariales y de habilitación para poder impartir clases, porque hay profesorado dentro de los cursos PCPI que no tienen el nivel de titulación necesario para ser asumidos directamente por el sistema educativo vasco.

Sus enmiendas no han dado en ningún momento solución a estos problemas. Sí o sí mantenían 2014 como fecha de inicio de la formación profesional básica y sí o sí obligaban a que las administraciones educativas integrasen dentro de su sistema estructuras de formación PCPI que hasta ahora les eran ajenas. De ahí que nosotros nos vemos con graves problemas. Fíjense hasta dónde llega el problema, que con su ley, de los 600 profesores que hoy en día imparten en Euskadi los programas de cualificación profesional inicial, tenemos la práctica seguridad de que 380 se van a quedar en la calle porque es imposible, por el nivel de titulación que tienen, que puedan ser asumidos por el sistema educativo vasco, porque no tienen la cualificación necesaria para poder impartir clases dentro del sistema educativo vasco. Son profesionales del ramo de los módulos profesionales que están impartiendo, pero no profesionales pedagógicos del sistema de enseñanza. Con esas 380 personas tenemos un problema muy grave. Y no es que yo desde aquí quiera levantar la alarma, evidentemente el Gobierno vasco trabajará para ver qué tipo de acomodo se puede dar a esas personas, pero nos está planteando un problema muy muy grave.

Por último, la cuestión de las matemáticas famosas. Es cierto que el Grupo Popular la semana pasada, una vez finalizada la comisión, nos ofreció utilizar dos de nuestras enmiendas que reproducían íntegramente los capítulos de bachillerato para poder colgar en ellas la introducción de las Matemáticas como optativa seudoobligatoria por la rama de ciencias sociales en el itinerario de humanidades y ciencias sociales. Pero en ningún momento consideraron tener en cuenta el contenido original de nuestra enmienda, de carácter competencial, que introducía un cuarto párrafo a esos dos artículos, en los que veníamos a reclamar que se reconociese la necesaria consulta previa a las comunidades autónomas para establecer el currículo de 1º y 2º de bachillerato.

El Partido Popular pretendía que olvidásemos el contenido de nuestras enmiendas para poder utilizar el esqueleto de esa enmienda, una vez vaciada de todo su contenido, e incluir las Matemáticas. Nosotros vemos positivo —y, de hecho, apoyaremos la enmienda a la que al final se ha llegado con el resto de los grupos— que las Matemáticas sean preceptivas por ciencias sociales y se integren en el bloque de las troncales, pero en ningún momento podemos permitir que se nos sugiera o se nos exija que renunciemos al contenido original de nuestras enmiendas para solucionar un despiste, a todas luces inexcusable, del ministerio, que dos años después de la tramitación del proyecto de ley de la LOMCE cayó en la cuenta de que es posible entrar en ciencias sociales sin tener que cursar Matemáticas.

Este ha sido el procedimiento, al margen de lo que ocurrió con las enmiendas ya famosas de Entesa y del Grupo Socialista, que en una primera ponencia fueron aceptadas aunque luego hubo que convocar otra para rechazarlas. En fin, lo cierto es que el procedimiento ha dejado mucho que desear. Quizá lo salve el buen tono que ha imperado la mayoría de las veces, aunque también con algunas excepciones.

Lamento profundamente que no se hayan incorporado las enmiendas de mi grupo parlamentario, que en todo momento tenían la intención de hacer de la LOMCE una ley que de verdad sirviese para la mejora de la calidad educativa. Lamento decir que eso no se ha conseguido y, evidentemente, la postura de mi grupo parlamentario no va a variar un ápice: votaremos en contra de este proyecto de ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora Sequera.

La señora SEQUERA GARCÍA: Gracias.

Bien, ya en el tramo final de la tramitación de esta ley, me gustaría aclarar un concepto que sirva también para las siguientes leyes que se tramiten aquí por lo que respecta al Grupo Socialista y al Grupo Entesa en lo que se refiere al PSC. Miren, el ideario socialista es el mismo




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en Cataluña, en España, en Francia, en Alemania y en Sri Lanka. Por lo tanto, no sé por qué les extraña que la mayoría de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista sean las mismas que las del Grupo Entesa.

Por otro lado —lo volveré a explicar despacito, para que me entiendan—, la mayoría de las enmiendas que hemos presentado Entesa y el Grupo Socialista eran de supresión. ¿Por qué? Porque desde un principio le hemos dicho al Gobierno: por favor, diálogo y consenso; y no es lógico que traigamos aquí enmiendas que modifiquen su proyecto de ley imponiendo el nuestro. Si nosotros reclamamos al Gobierno diálogo y consenso, por coherencia queremos suprimir todo lo que aporta la ley, su proyecto, para, en un futuro cambio de Gobierno, iniciar ese diálogo y ese consenso con toda la comunidad educativa.

La forma de tramitación que ha tenido esta ley en el Senado no deja de ser peculiar. No es normal que un ministerio o un Gobierno admita unas enmiendas, que al cabo de dos días se dé cuenta de que se ha equivocado, que rectifique, que horas antes del debate de la ley en el Pleno se negocie por los pasillos una modificación de enmiendas… Eso no es serio, y la ley de educación de un país es una de las más serias que debe tener presente el Gobierno. Y si una ley se tramita de esta manera, me preocupa mucho cómo se afrontan los diferentes problemas que tiene el país, porque, si se llevan como esta ley, mal andamos.

Como he dicho, la ley de educación de un país es uno de los pilares fundamentales, y cuando digo país me estoy refiriendo a ciudadanos y ciudadanas. Y los poderes públicos, en este caso, el Gobierno, lo que deben hacer es enriquecer a esa sociedad, que es el propio país, dándole una educación de calidad.

El Gobierno y el Partido Popular se llenan la boca diciendo que se tienen que hacer las cosas con transparencia, y realmente la tramitación de esta ley en el Senado ha sido una tramitación opaca; y en general, la mayoría de las que hace el PP.

Otra cuestión: el calendario de aplicación de la ley. El proyecto establece que el primer curso de aplicación sea 2014-2015. Muy bien. Después de la aprobación de esta ley las comunidades autónomas deberán modificar todos sus textos normativos relativos a educación para acoplarlos a la nueva normativa. Y eso requiere un tiempo, un tiempo que está establecido y que no se va a cumplir.

Por otro lado, la implantación requiere una financiación, una financiación que en su mayoría es autonómica, y ustedes saben perfectamente en qué situación financiera están las autonomías de este país, con lo cual dudo mucho que se pueda implantar.

También es curioso que, teniéndose que implantar en 2014, en los Presupuestos Generales del Estado no haya consignado ni un euro para la implantación de esta ley. Por lo tanto, ya me dirán ustedes cómo se va a implantar; y esto no lo digo solo yo, una triste senadora de la Entesa, lo dicen también el Consejo de Estado y el Consejo Escolar del Estado.

En cuanto a la religión y el catalán, me ha llamado mucho la atención una observación que he podido hacer, y es que se producen modificaciones muy profundas en este proyecto de ley en lo que se refiere a la asignatura de Religión y la de Lengua cooficial, pero en el preámbulo, donde se justifican todos las modificaciones que pretende llevar a cabo esta ley, en ningún momento aparece la palabra religión. ¿Por qué? Quizá sea porque no tienen argumentos para justificar esas modificaciones, que el propio Consejo de Estado ha calificado de retroceso.

En cuanto a lo de Filosofía, se quejan y dicen: Entonces, ¿qué quitamos? No quiten nada, no toquen nada. La Filosofía ya está contemplada en la LOE. Por lo tanto, no toquen nada; no tienen que tocar nada. Y además es lo que les está pidiendo la ciudadanía. ¿O es que solo se modifica por modificar, sin pensar, como con las Matemáticas?

El título del proyecto es Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. ¿En qué mejora la asignatura de Religión la calidad educativa? ¿En qué mejora segregar a los alumnos con dificultades a partir de 3º de la ESO? ¿En qué mejora suprimir materias optativas? ¿En qué mejora devaluar las condiciones laborales del profesorado? ¿En qué mejora no dejar participar al consejo escolar en la toma de decisiones de los centros? ¿En qué mejora la separación del alumnado por sexos? ¿En qué mejora la eliminación de la asignatura Educación para la Ciudadanía? Simplemente es un cambio de modelo, un cambio de modelo involucionista y que no aporta ninguna mejora a la educación.

En sus manos está que el Senado mañana sea noticia. En sus manos está que mañana todos los medios de comunicación aparezcan con un titular: El Gobierno retira la LOMCE para buscar un acuerdo con la comunidad educativa.

Gracias. (Aplausos.)




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sequera.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Gracias, señor presidente.

Señorías, en esta última intervención en relación con la LOMCE me gustaría hacer también un breve resumen de lo que ha sido y de cómo se ve. Y, si me lo permiten, me gustaría hacerlo desde una triple dimensión: desde la dimensión del profesor que soy y que ha ejercido durante muchos años; desde el ámbito de la ciudadanía, como un ciudadano de Cataluña; y desde luego también como senador.

Como profesor me preocupan, de entrada, tantas reformas, tantos cambios educativos, lo que en líneas generales no es bueno para el sistema educativo ni para la calidad educativa. Como profesor también me preocupan todos los cambios que hay que realizar en del propio centro: cambios curriculares, proyectos educativos nuevos, transformaciones de la formación profesional, y además sabiendo que esta es una ley que no tiene consensos, con lo cual todas las cuestiones que ahora se están modificando pueden cambiar de manera inminente. También hay preocupación por las materias de Tecnología y Música, que son imprescindibles en el proceso formativo de todos los alumnos y que en el nuevo desarrollo pasan a ser materias optativas. Preocupa asimismo la distribución curricular, que no va a superar los actuales déficits y acercarnos a los objetivos europeos. Hay preocupación porque no se ha contado con los profesores y maestros para hacer esta ley. Preocupación porque existe una desconfianza hacia los equipos docentes de los centros, puesto que tienen que venir equipos docentes externos a realizar las evaluaciones. Los centros educativos están ubicados en entornos sociales distintos y, por lo tanto, tienen características diferentes, y les vamos a tratar a todos por igual. ¿Dónde está la atención a la diversidad? ¿Dónde está la homogeneización? Me preocupa como profesor. ¿Dónde está la formación del profesorado? ¿Y la evaluación? Es una cosa muy seria: la evaluación del profesorado, la evaluación de los alumnos, la evaluación de los centros, la evaluación del sistema educativo, pero no con ánimo de fiscalización sino siempre con ánimo de mejorar. Ustedes saben, por ejemplo, que en sistemas educativos como el de Finlandia la evaluación es clave en todo el proceso, y no como se plantea aquí. ¿Dónde está la carrera docente? ¿Dónde está el estatuto docente? Y tantas y tantas cosas que podríamos plantear.

Como ciudadano de Cataluña me preocupa la cantidad de manifestaciones y protestas que ha originado esta ley y que se aprecian en la calle. La gente está en contra de esta ley. Observo que no hay consenso político, y es una irresponsabilidad pretender sacar adelante una ley de estas características solo con los votos del Partido Popular. Se impone y no se negocia, y en democracia las imposiciones no pueden existir, hay que buscar consensos —hemos hablado mucho de ello—. Se ataca la base de la convivencia, la lengua, la inmersión lingüística, que es el instrumento cohesionador de la sociedad catalana, como tantas veces hemos recalcado. En Cataluña no hay problemas en este sentido. Esta ley pretende generarlos. Por otro lado, el ministro ya lo dijo: es una ley cara. ¿Cómo se va a pagar? ¿Cómo se va a aplicar en estos momentos? Esto, como ciudadano, también me preocupa.

Y como senador prácticamente ya he manifestado todos mis argumentos. Es decir, esta es una ley con finalidad ideológica. Recentralizadora. Homogeneizadora. No tiene consenso. Es excluyente con las comunidades autónomas. Ataca el modelo lingüístico de Cataluña. Cambia los currículos, creando niveles de asignaturas. Uniformiza. Cambia los valores fundamentales del sistema educativo… Esta es una ley que, tal como hemos visto, no tiene consenso, no tiene apoyos. Y, como he dicho, me preocupa desde esos tres puntos de vista: como profesor, como ciudadano y como senador.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Álvarez Villazán.

El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Gracias, señor presidente.

Señorías, a esta altura de la tramitación de la LOMCE podemos decir que estamos ante un monumental engaño. Cuando anunciaron lo que pretendían hacer: mejorar la educación y evitar el fracaso y el abandono escolar, yo creo que más de los diez millones de ciudadanos que les




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votaron, bastantes más, estaban de acuerdo con lo que ustedes estaban planteando. Ahora mismo, en estos momentos, muchos de esos ciudadanos que les votaron, muchísimos, a los que yo he visto también en las manifestaciones multitudinarias que se están organizando en contra de la LOMCE, dudo que lo volvieran a hacer y que creyeran en lo que les dijeron. Porque ¿acaso creen que hay alguien que piense que con la segregación temprana, con la recuperación de Religión como asignatura evaluable, con la eliminación de Educación para la Ciudadanía o con un apoyo a la enseñanza privada en detrimento de la pública se consigue mejorar la calidad de nuestro sistema educativo? Realmente ustedes mismos no lo creen.

Que tampoco ustedes estarán de acuerdo lo prueba el caótico proceso que ha seguido la tramitación desde que en el 2012 presentaron el primer borrador hasta que la ley ha llegado aquí, al Senado, con continuos corta y pega incoherentes, según quién presionase más o menos en el ministerio. Y aquí tenemos el resultado: un proyecto educativo nada creíble, que no es asumido ni por la mayoría de la comunidad educativa ni por la mayoría de la ciudadanía. Porque, hablando de datos concretos —no se trata de que ustedes digan que sí y nosotros, que no—, si los informes PISA, en los que ustedes creen tanto, dicen que es en primaria donde los alumnos presentan déficits en comprensión lectora y cálculo, y nadie duda de que el fracaso escolar se inicia en las primeras etapas, ¿cómo es posible que en la LOMCE solamente se contemplen cambios en secundaria y bachillerato y no en primaria o en infantil? Y qué decir de una de las medidas estelares que ustedes proponen, estableciendo en 4º de la ESO dos especialidades: enseñazas aplicadas y académicas, cuando precisamente en los países donde se realiza esa segregación temprana los resultados son peores.

En cuanto a las pruebas externas de evaluación, puede que haya gente convencida de que son positivas para conocer el nivel en que se encuentran los alumnos, pero no es aceptable que en 4º de la ESO y en 2º de bachillerato esas pruebas sirvan para otorgar o no el título de secundaria o de bachillerato. ¿Qué pinta, entonces, en esto el profesorado? ¿O qué hará el alumnado, por poner un ejemplo concreto, que haya aprobado todas las asignaturas de todos los cursos, suspenda ese examen y no obtenga el título? Porque no puede repetir, ya que tiene todo aprobado, y no puede continuar, porque no tiene el título. Además, haciendo públicos los resultados de esas pruebas externas, publicando esos rankings entre centros, lo único que conseguiremos será que se incremente la competitividad entre ellos y que haya centros de primera y de segunda, que servirán para segregar también al alumnado.

En relación con las asignaturas, no hay quien entienda este tinglado que han montado con la división de asignatura en troncales, específicas o de libre configuración autonómica, que en la práctica va a hacer que muchos centros, la mayoría, no puedan ofertarlas por imposibilidad técnica. Volvemos al pasado, aunque a ustedes no les gusta reconocerlo, considerando que hay unas asignaturas importantes, las troncales, frente a otras, a las que antes se llamaba marías, sin que haya ninguna prueba técnica ni científica que justifique por qué unas asignaturas son más importantes que otras.

Por otra parte, en la LOMCE no se contemplan ya las competencias básicas —saber ser o saber estar, saber, saber hacer, aprender a aprender—, y se sustituyen por las de carácter instrumental, basadas en el puro conocimiento de Matemáticas, Ciencias, Lengua o Inglés. Por otro lado, es triste pensar que volvemos a recuperar el dicho ya olvidado de que, el que vale, vale, y el que no, a la FP. La formación profesional vuelve a ser considerada como una vía de segunda, y ustedes limitan los conocimientos y habilidades de tecnología que deben adquirir todos los alumnos al itinerario que conduce a la FP y no al bachillerato.

También es triste que se intente implantar una FP dual para que los alumnos completen su formación en las empresas, en principio elogiable, pero copiada literalmente de otros países completamente diferentes al nuestro, cuando el tejido industrial de nuestro país en estos momentos, constituido básicamente por pequeñas y medianas empresas, está prácticamente desmantelado.

Señorías, lo que realmente están ustedes haciendo no es modificar sino destruir la LOE, cambiar radicalmente el modelo educativo y desmantelar el sistema educativo público. Y lo están haciendo con arrogancia, con falta de consenso, proponiendo unas medidas que no sirven para mejorar la educación, sino que responden a las peticiones del sector más reaccionario de la derecha de nuestro país.

Muchas gracias. (Aplausos.)




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez Villazán.

Tiene la palabra el senador Álvarez Areces.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Efectivamente, en este turno de portavoces, después de todo el debate desarrollado, concluiremos y ratificaremos por qué nuestro grupo va a rechazar la LOMCE y por qué nos consideramos absolutamente insatisfechos con el debate y los resultados de nuestras enmiendas, que, dadas las intervenciones sucedidas, van a tener sin duda un rechazo por parte del grupo mayoritario. Y reiteramos nuestra idea de que el Gobierno ha despreciado a la comunidad educativa y a los interlocutores sociales y políticos en la elaboración y tramitación del proyecto, que también se produce en este contexto.

La LOMCE tiene a todos en contra: profesores, alumnos, padres, sindicatos, partidos políticos, conferencia de decanos de educación y entidades profesionales. La LOMCE utiliza un nuevo planteamiento, un cambio de modelo educativo. Utiliza la crisis como pretexto y plantea una nueva ordenación educativa cargada de ideología profundamente conservadora y neoliberal, atacando la calidad de la escuela pública y la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, tratando de desmantelar un sistema público educativo levantado con el esfuerzo de todos desde hace más de tres décadas.

Creemos que la LOMCE también quiere cargarse el servicio público de la educación haciendo desaparecer la prevalencia de la educación pública sobre la concertada. El Gobierno, por medio de este proyecto de ley, da herramientas a las comunidades autónomas para invertir el principio de subordinación de la escuela pública a la concertada, sostenida con fondos públicos, en detrimento de la pública.

Y como ayer en el debate no hubo tiempo para aportar unos datos, como ejemplo de la manifestación que acabo de hacer les puedo decir qué es lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid entre los años 2003 y 2007. Se han puesto en marcha cincuenta y seis colegios públicos durante ese periodo de tiempo, lo que significa un incremento del 7,93%. Las unidades concertadas crecen en mil trecientas cuarenta y cuatro, es decir, se incrementan en un 20,65%. Hay tres nuevos IES públicos, lo que significa un 0,97%. Las unidades concertadas aumentan un 14,27%. Hay diecinueve escuelas infantiles públicas, lo que significa un incremento del 20,87%. Y hay ayudas para escolarización en privados, que crecen en 20 000, es decir, un 400%.

Estos son los datos extraídos de los presupuestos de la Comunidad de Madrid, datos oficiales que ratifican lo que ayer dije y lo que digo ahora. Hay comunidades que practican políticas que van claramente en detrimento de la enseñanza pública y a favor de la concertada. (Aplausos.)

Quisiera seguir aportando argumentos de lo que significa el rechazo a esta ley. Consideramos que hay parte de datos manipulados y tergiversados que presenta el Ministerio de Educación, porque si nos atenemos a lo que la OCDE ha manifestado en sus publicaciones, somos el segundo país, después de Finlandia, que más equidad tiene en su sistema educativo. La OCDE también señala que somos el segundo país que más ha progresado, después de Corea, en los últimos cincuenta años.

En cuanto a la participación de la comunidad educativa, está absolutamente limitada por la LOMCE, al vaciar de competencias a los consejos escolares. No pueden ser meros órganos consultivos y debe reforzarse su participación, lo que además es un derecho constitucional, y creo que si no se reconoce va a haber importantes recursos con muchas posibilidades de prosperar.

La respuesta al fracaso escolar y al abandono temprano que tenemos que provocar para atajar y bajar las tasas de abandono ha de ser concentrar medios y recursos en los grupos de riesgo. No se pueden hacer recortes y eliminarlos del sistema educativo. Por el contrario, la LOMCE elimina los programas de educación compensatoria y atención a la diversidad, abandonando a su suerte a los más vulnerables o derivándolos a itinerarios de hecho irreversibles.

Consideramos que todas estas medidas son sin duda lesivas y crean un modelo que avanza en la privatización de la enseñanza y en la consideración de la educación como una mercancía sometida a las leyes de mercado. Esta ley no es un avance, es un retroceso.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.




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El señor ÁLVAREZ ARECES: Termino ya.

Voy a aclarar la enmienda de ayer —voy a consumir solo unos segundos—. Hoy todos los grupos de esta Cámara han firmado un documento sobre el tema de las matemáticas en el que se han producido modificaciones respecto al de ayer. Quiero recordar que en mi intervención ya puse en alerta que el documento de ayer no satisfacía a las comunidades matemáticas que lo habían reivindicado ni a las profesionales referidas a la economía, en un comunicado conjunto sobre el bachillerato en la LOMCE. El documento ahora recoge que, entre las troncales, Latín y Matemáticas figuren las dos como troncales en la rama respectiva de humanidades o de matemáticas.

Dado que se recoge, estamos facilitando un trámite, pero eso no quiere decir que vayan a contar con nuestro voto, que no va a ser favorable por las razones que expliqué ayer y que están en contra de todo lo que han hecho ustedes en el diseño de la LOMCE.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez Areces.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Peral. (Pausa.)

El señor PERAL GUERRA: Muchas gracias, señor presidente; y gracias por esperar a que recogiera un papel.

Quiero contestar, en primer lugar, a la senadora Rut Martínez.

No puede ser, senadora; desde luego no puedo admitir que los profesores vascos de PCPI no tengan el nivel adecuado para impartir formación profesional básica. Mis dos abuelas vascas, materna y paterna, se revolverían en la tumba si yo afirmase esto. (Aplausos.) No puede ser. Es otro País Vasco el que usted nos describe aquí.

Tampoco comprendo mucho que, después de tanto clamar contra las evaluaciones, en esa enmienda a la que ustedes dan tanta importancia nos pidan ustedes pruebas de acceso de formación profesional básica a formación profesional de grado medio y, de esta, a la superior. En algún momento he llegado a pensar que nos están ustedes pidiendo una pequeña invasión competencial, pequeñita, ¿eh?, digamos que hasta Llodio, donde está el árbol malato, que, como usted conoce perfectamente, era el punto desde el que, en el Fuero de Vizcaya, los vizcaínos no tenían obligación de ir más allá en el servicio de armas a la Corona.

En cuanto al senador Saura, dice que el PP sabe que esta ley no se puede aplicar, que nace muerta. Bueno, ya lo veremos, senador Saura; ya lo veremos. En todo caso, eso refleja esa mentalidad de coto, a la que me referiré más adelante.

En relación con el diálogo de la LOMCE, ha habido tres conferencias de educación, una más que en la LOE; una conferencia de política universitaria; treinta y tres reuniones del ministerio con la comunidad educativa; y todo tipo de aportaciones de los ciudadanos, que también son respetables, a través de la página web.

Le da usted mucha importancia al Consejo de Estado. Yo también, pero ustedes le dan importancia cuando les conviene, porque, por ejemplo, cuando en septiembre de 2009 el Consejo de Estado informó sobre la Ley del aborto, dijo textualmente: La información que se da a la mujer debe darse también verbalmente, y para servir de garantía del bien jurídico del feto ha de orientarse a la protección de la maternidad y no al fomento de la interrupción voluntaria del embarazo.

De esto ni caso, ¿verdad? Aquí el Consejo de Estado no pinta nada.

En relación con la religión —y con esto contesto a los diversos grupos que han hecho referencia a ella—, señorías, estamos ante un acuerdo internacional entre España y la Santa Sede; acuerdo al que el artículo 96 de la Constitución Española otorga rango de ley interna y que en veintiún años de gobiernos de izquierdas en este país no se ha querido derogar.

Y ruego, por favor, a las personas que se lean despacio los textos, porque resulta que la disposición adicional segunda de la LOE en su punto primero no se modifica. Les voy a leer la disposición adicional que ustedes pusieron: «La enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español. A tal fin, y de conformidad con lo que disponga dicho acuerdo, se incluirá la religión católica como área o materia en los niveles educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos». Yo les ruego que dejen el argumentario de sus respectivos partidos y que, por favor, se lean la LOMCE, se lean la disposición adicional segunda, punto uno de la LOE, según queda, incambiada, sin cambios




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en la LOMCE, y que se lean también el apartado 19 de la LOMCE, donde dice que en la evaluación final de la enseñanza secundaria obligatoria no se tendrán en cuenta las calificaciones de la asignatura de Religión. O sea que, por favor, un poquito más de trabajo parlamentario y un poquito menos de argumentario de partido.

Doña Mar Moreno habla de que el PP tiene mucha prisa en aprobar la LOMCE. Bueno, prisa, lo que se dice prisa, la que tuvo José Luis Rodríguez Zapatero, que antes de que terminase un mes de tomar posesión de la Presidencia del Gobierno aniquiló mediante un real decreto una ley orgánica aprobada en las Cámaras del Parlamento español. (Aplausos.)

A don Andrés Gil, que desprecia aparentemente nuestros diez millones de votos, le quiero decir que esos diez millones de votos suponen para nosotros un compromiso de cumplir el programa electoral y, como nosotros no borramos el programa electoral como ustedes hicieron con el de 2003, vea usted a partir de la página 74 nuestros compromisos en materia de educación y cómo se han cumplido puntualmente en esta Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa.

A doña María Isabel Flores y a doña Paula María Fernández, que han insistido otra vez en el latiguillo de la educación diferenciada y las doctrinas sexistas y todo este rollo, les debo decir que en el año 2006 el Partido Socialista aniquiló, tumbó, destruyó una enmienda de Izquierda Unida en el Congreso, exactamente la número 1066, y otra enmienda de Izquierda Unida en el Senado, la número 459, que hubieran hecho imposible concertar la educación diferenciada. Ustedes pudieron eliminar estos conciertos y no lo hicieron, les temblaron las piernas; pues ahora no vengan, a toro pasado, pegando capotazos a un toro que está ya muy lejos.

Por otra parte, ustedes, Partido Socialista, concertaron 30 de los 102 colegios concertados de educación diferenciada de España; 12 en Andalucía. No sé si doña María Isabel Flores rompió el carné del PSOE en aquellos momentos y lo volvió a solicitar posteriormente, tal vez nos lo diga. Por cierto, confío, señorías —escuchen esto, que me parece importante—, en que los fundamentalistas de la ideología de género hagan alguna declaración ante la sorprendente, y para mí repugnante, fotografía del etarra Zubieta saliendo de la cárcel acompañado por tres mujeres con la cara tapada, dos de las cuales le llevan la maleta. Lo tienen hoy en todos los periódicos. (Aplausos.) Esta foto de una excarcelación que es consecuencia de negociaciones, presiones y resoluciones judiciales, cada una con sus responsables, esta foto no la mejoran ni en Irán ni en Arabia Saudí, señorías.

La señora Capella ha dicho: no acatarem. Pues mire usted, hay dos opciones: una, ustedes mandan en el Gobierno de Cataluña; dos, ustedes no tocan balón en dicho Gobierno que ignora sus bravatas y teatrillos, tanto los que hizo su líder, Oriol Junqueras, de parar la economía de Cataluña durante una semana, como este de usted ahora de no acatarem. Mire, yo me inclino más por la segunda, confío en el buen sentido y la responsabilidad del Gobierno de Cataluña.

A don Ramón Alturo, que le preocupan los cambios en las leyes educativas, le digo: oiga, señor Alturo, la LOGSE, de la cual la LOE no deja de ser una emanación, ha durado veintiún años; veintiún años en los que ha puesto de manifiesto algunos defectos importantes, que son los que se quieren modificar con esta ley que propone el Partido Popular.

Esta mañana hemos conocido unas declaraciones del señor Solbes (Rumores.), que dice textualmente: Me siento mal como consecuencia de los errores que cometimos porque, como consecuencia de los errores que cometimos, la situación es algo peor. Oiga, esta frase hubiera sido muy aplicable a los errores que se han cometido en la educación, pero esta frase no la van a pronunciar ustedes. Ya les leí el otro día cómo en el preámbulo de la LOE —la ley suya del año 2006— se hablaba de incrementar la flexibilidad con vías formativas adaptadas a las necesidades e intereses personales y, sin embargo, ustedes van a votar en contra de los apartados 15, 20, 23, 55 y 57 de la LOMCE. Se hablaba en el preámbulo de la autonomía pedagógica y de gestión de centros y, sin embargo, ustedes van a votar en contra del apartado 69. Se hablaba de rendición de cuentas, y también van a votar en contra de idéntico apartado. Se hablaba de información pública y transparente, y votarán en contra del apartado 69. Se hablaba de la evaluación como instrumento de seguimiento y mejora, y votarán en contra de los apartados 11, 12, 18, 19, 27 y 28. Se hablaba de homogeneidad básica y unidad del sistema educativo, y votarán en contra del apartado 5.

Conclusión: la izquierda política y pedagógica considera la educación como un coto a ella reservada y no admite en dicho coto otras leyes que las que ella aprueba o modifica cuando lo




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considera oportuno. Este coto ha tenido muchísimos guardianes, unos políticos y otros de la izquierda pedagógica y sindical en los últimos treinta años. Ahora les ha tocado a ustedes ser los guardas jurados del coto, y a nosotros, encajar o esquivar los postazos que nos disparan por habernos atrevido a entrar en el coto prohibido.

En estos dos escasos minutos que me quedan quiero finalizar con agradecimientos. Quiero expresar un agradecimiento muy especial a todos los grupos parlamentarios de este Senado y a todas las entidades de la comunidad educativa y de la sociedad civil en general, que han hecho propuestas y aportaciones, aunque no todas hayan podido ser incorporadas al texto.

Quiero agradecer a las diecisiete comunidades autónomas y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla que desde su realidad territorial han trabajado para dar la mejor ley posible al conjunto de España.

Quiero mostrar mi agradecimiento a los altos cargos y asesores del Ministerio de Educación, y muy especialmente a la asesora parlamentaria del ministro, Pilar Ponce, pasarela incansable y siempre accesible entre el Gobierno y esta Cámara, junto con nuestra muy eficaz asesora del Grupo Parlamentario Popular, Eva Díez.

Quiero agradecer a los medios de comunicación que han tenido un interés permanente y una paciencia infinita con la compleja tramitación que supone una ley como la LOMCE.

Y, finalmente, con un afecto muy especial, a mis compañeros los senadores y senadoras María de Haro, Ana María González y José Luis Sastre, del Grupo Popular, que han intervenido en el debate de la ley, y a los demás miembros de la Comisión de Educación, presidida tan eficazmente por la senadora María Jesús Sáinz, con el valioso asesoramiento del letrado, Pablo García Mexía, y a todos los que van a apoyar esta ley.

Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Peral.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, la ordenación de las votaciones de las enmiendas del Proyecto de Ley para la mejora de la calidad educativa es muy complicada, teniendo en cuenta que son novecientas. Los servicios de la Cámara, los letrados nos acaban de entregar la ordenación de las enmiendas tanto a los portavoces de los grupos como a los miembros de la Mesa.

Les propongo que votemos ahora la reforma del Estatuto de Murcia, que tenemos pendiente, y a continuación entremos en el debate de las propuestas de veto del siguiente proyecto de ley, por lo cual no pararemos el Pleno, y a partir de las cuatro de la tarde votaríamos los vetos del siguiente proyecto de ley y las enmiendas de la Ley para la mejora de la calidad educativa. Así, damos tiempo a ordenar mejor la votación de las novecientas enmiendas. ¿Les parece bien a todos? ¿Están de acuerdo? (Asentimiento.—Aplausos.)

12. ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

12.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

12.1.1. PROPUESTA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 4/1982, DE 9 DE JUNIO, DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA REGIÓN DE MURCIA. (Votación.)

(Núm. exp. 605/000001)

AUTOR: ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación, señorías, la propuesta de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 222; a favor, 222.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por las Cortes Generales la propuesta de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. (Aplausos.)




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13. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

13.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

13.1.1. PROYECTO DE LEY DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

COMISIÓN: ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

(Núm. exp. 621/000051)

El señor presidente da lectura a los puntos 13., 13.1. y 13.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Economía y Competitividad. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor, o abandonen el hemiciclo.

Cuando quiera, señoría.

El señor LÓPEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, comparezco en este momento ante el Pleno del Senado para presentar el dictamen del Proyecto de Ley de garantía de la unidad de mercado.

Este proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado tuvo su entrada en esta Cámara el día 5 de noviembre, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, tramitándose por el procedimiento de urgencia.

El plazo de presentación de enmiendas finalizó el día 13 de noviembre de 2013, presentándose un total de ocho vetos y ciento sesenta y cinco enmiendas.

Los vetos han sido presentados de la siguiente manera. Veto número 1, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto. Veto número 2, de la senadora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto. Veto número 3, de las senadoras Aiartza Azurtza y Mendizabal Azurmendi y los senadores Goioaga Llano y Unamunzaga Osoro, del Grupo Parlamentario Mixto. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.) Veto número 4, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Veto número 5, de los senadores Almiñana Riqué y Sequera García y los senadores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Veto número 6, del Grupo Parlamentario Socialista. Veto número 7, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió. Y veto número 8, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Las ciento sesenta y cinco enmiendas se distribuyen de la siguiente forma: enmiendas 1 a 21, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto. Enmienda 22, de los senadores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto. Enmiendas 131 a 156, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. Enmiendas 23 a 59, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Enmiendas 83 a 130, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió. Enmiendas 60 a 82, del Grupo Parlamentario Socialista. Y enmiendas 157 a 165, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El 14 de noviembre se reunió la ponencia del presente proyecto de ley y emitió informe acordando lo siguiente. Incorporar al texto remitido por el Congreso de los Diputados las enmiendas números 157 a 165 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y modificar la disposición adicional sexta del proyecto de ley, en el sentido siguiente: «Disposición adicional sexta. Evaluación anual de la Agencia estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. La Agencia estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios elaborará una evaluación anual sobre la implementación y los principales efectos en ámbitos de actuación pública concretos de las medidas contempladas en esta ley. Esta evaluación se remitirá a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y a las Comisiones de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados y del Senado, tras la cual se hará pública».

Se insertaron en el texto remitido por el Congreso de los Diputados una serie de correcciones terminológicas y gramaticales de menor entidad que no alteran el sentido del texto.

A continuación, la comisión se reunió para dictaminar el citado proyecto de ley y emitió dictamen sin modificaciones respecto al informe de la ponencia.




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Finalmente, han presentado votos particulares a este dictamen los senadores Capella i Farré, Guillot Miravet, Saura Laporta, Almiñana Riqué, Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y Sequera García. Y los Grupos Parlamentarios Mixto, Vasco en el Senado, Entesa pel Progrès de Catalunya, Catalán en el Senado de Convergència i Unió y Socialista.

Es el momento del debate plenario, a eso nos disponemos.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Iniciamos el debate sobre las propuestas de veto. En primer lugar, la propuesta de veto número 1 de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para defender este veto, tiene la palabra el senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente. Señorías.

Estamos ante el debate de una de las leyes que, en la hiperinflación normativa de la que ha hecho gala el Partido Popular desde que llegó al poder, rompe también con preceptos básicos y fundamentales para poder atender en condiciones derechos laborales y derechos de los consumidores.

Dentro de esta hiperinflación normativa del Gobierno del Partido Popular —que yo creo que rompe con la coherencia de sus preceptos liberales, en el sentido de que lo quieren regular absolutamente todo, todo regulado para los mercados, nada regulado para los trabajadores, para los consumidores, para la ciudadanía—, esta es una de las leyes incluidas en el plan enviado a Bruselas para contentar a la troika, a los especuladores, a los mercados y a las grandes empresas multinacionales. Una ley en la que se hace mención de nuevo a la falacia ideológica de la autorregulación de los mercados, y una ley que da continuidad al desbaratamiento, a la demolición del Estado social, al cual se hace referencia en la Constitución Española y que ustedes se están cargando ley a ley: la Ley de estabilidad presupuestaria, la LOMCE, la reforma laboral, la reforma de las pensiones, la Ley de Costas, la reforma de la justicia, la reforma del sistema financiero, la liberalización de horarios comerciales… Todas estas leyes y esta que hoy sometemos a debate en esta Cámara tienen un hilo común, al cual ustedes, además, no renuncian, por mucho que intenten ocultarlo. Y es que han tomado partido, partido por los fuertes, partido por aquellos que nos han traído a esta crisis.

El propio preámbulo de esta ley alude al Tribunal Constitucional y reconoce que unidad no significa uniformidad. Pero, señorías, esta ley demuestra la incomprensión y el desbaratamiento del Estado autonómico a través —dicen— de la desregulación de la actividad económica. Una recuperación de la centralidad regulatoria en beneficio, insisto, de los mercados y de los grandes poderes económicos. Una ley que incluso va más allá de la criticada y denostada Directiva Bolkestein, de liberalización de los servicios públicos en el conjunto de la Unión Europea. Una ley que afecta a normativas autonómicas que regulan el acceso y el ejercicio de actividades y circulación de los productos y que —y es lo más grave de este proyecto— provocará, acarreará una subasta a la baja en la exigencia de requisitos a las empresas y a los prestadores de servicios en cada territorio. Este dumping se producirá por parte de comunidades autónomas, de administraciones locales, ofreciendo a las grandes empresas una rebaja en sus condiciones de seguridad laboral o de derechos de los consumidores, pero, según dice esta ley, lo que por encima de todo tiene que estar es el principio de confianza mutua entre comunidades autónomas. Se merma, por lo tanto, la capacidad de comunidades autónomas y de la Administración local para desarrollar sus competencias y cumplir con funciones de control.

El Gobierno, señorías —lo venimos denunciando y hoy es momento de volver a denunciarlo—, está secuestrado por los grandes poderes, por las grandes compañías multinacionales. El Gobierno está secuestrado y tiene, además, un enorme, un grave síndrome de Estocolmo. Son algunos de los Gobiernos autonómicos los que han levantado la voz, entre otros, el Gobierno de mi comunidad autónoma, el Gobierno de la Junta de Andalucía, que ha denunciado que esta ley desregula todo lo regulado, que fomenta el descontrol y la desprotección y que ofrece menos garantías.




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Y coincidimos con la valoración que las organizaciones de consumidores han realizado también sobre este texto. Por cierto, organizaciones de consumidores con los que no se ha contado a la hora de poner en marcha esta ley. Organizaciones de consumidores que denuncian que en esta ley no se habla en absoluto de los derechos de los consumidores. Organizaciones de consumidores que afirman que, con la excusa de acabar con las trabas burocráticas y asegurar la libre circulación de bienes y servicios en todo el territorio nacional, se van a suprimir requisitos garantistas y se va desregular la protección a los usuarios. Se afirma —y nosotros estamos de acuerdo— que esta ley va a suponer dar más poder a las grandes empresas, va a convertir a España en un paraíso empresarial y serán al final las propias empresas las que antes de establecer su actividad en un determinado territorio se dirigirán a las comunidades autónomas exigiendo recortes; exigiendo recortes, antes fiscales, ahora también en la protección de los consumidores o de eso que hablan los neoliberales que son los costes ligados al salario y que tiene que ver con la protección de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras y que tiene que ver con la seguridad laboral de los trabajadores y trabajadoras. Esta ley va a provocar un enorme conflicto de competencias. Esta ley va a afectar enormemente a consumidores y trabajadores. Sin embargo, es verdad, tal y como se ha manifestado, que hay sectores que están enormemente contentos con lo que recoge este texto. Entre ellos voy a citar nada más que a las grandes cadenas de distribución, que están eufóricas. Ustedes vuelven a legislar favoreciendo los intereses de estas grandes cadenas de distribución, que están provocando con su complicidad, entre otras cosas, que se termine con el pequeño comercio en nuestro país, con el comercio de proximidad, con el comercio sostenible. Entre los poderosos y los débiles esta ley vuelve a demostrar que ustedes están con los poderosos y ese es el motivo por el que nosotros presentamos este veto y proponemos la devolución de este texto al Congreso.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Mariscal.

La propuesta de veto número 2 ha sido presentada por la senadora Capella i Farré. Para su defensa, tiene la palabra la senadora.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Senadores, senadoras, en este Pleno se llevan ustedes la palma de oro en cuanto a la acumulación de vetos y enmiendas a las leyes. ¿Esto no les hace pensar en la necesidad de replantearse su posicionamiento? ¿No se les ocurre que alguna cosa no debe andar demasiado bien?

En lo que respecta al Proyecto de Ley de garantía de la unidad de mercado, tengo que reiterar que Esquerra Republicana de Cataluña considera que este es un proyecto de ley con una visión nacionalista, centralista y homogeneizadora del Estado; posición que mantiene y quiere el Partido Popular. Este proyecto de ley ha sido elaborado con el único objetivo de laminar las competencias de las comunidades autónomas, sustrayéndoles cualquier ámbito de decisión y subordinando sus políticas a los dictados del Gobierno del Estado.

Ustedes —ya se lo decía ayer al ministro Wert cuando defendíamos el veto a la LOMCE— tienen un plan preconcebido con todas las reformas legislativas que han llevado y están llevando a cabo, que no es otro que reducir las comunidades autónomas a meras delegaciones de la Administración General del Estado dedicadas a la ejecución de las políticas elaboradas por el Gobierno español.

El presente proyecto de ley se dicta en ejercicio de las competencias exclusivas del Estado para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales que prevé el artículo 149.1. 1º de la Constitución Española. Se trata de una competencia de carácter transversal utilizada de forma sistemática por el Estado para laminar las competencias autonómicas, dejando sin efecto muchas de las competencias exclusivas asumidas estatutariamente por las comunidades autónomas. En este sentido, quiero recordarles la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, iniciada con la sentencia 37/1981, de 16 de noviembre reiterada en otras sentencias—, que nos decía: La igualdad no puede ser entendida en modo alguno como una rigurosa y monolítica uniformidad del ordenamiento de la que resulte que, en igualdad de circunstancias, en cualquier parte del territorio nacional se tienen los mismos derechos y deberes. Sin embargo, este proyecto de ley no pretende otra cosa que reducir la descentralización política a la mera descentralización administrativa. Es verdad que, a priori, la unidad de mercado podría




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defenderse y constituir un principio esencial para el funcionamiento competitivo de la economía del Estado —tal y como se defiende en la exposición del proyecto de ley—, pero este principio no debería ser entendido como una rigurosa y monolítica uniformidad. Así lo ha dicho también el Tribunal Constitucional —tribunal que ustedes se llevan a la boca continuamente—, que en relación con la unidad nos dice: La unidad no significa uniformidad, ya que la misma configuración del Estado español y la existencia de entidades con autonomía política, como son las comunidades autónomas, supone necesariamente una diversidad de regímenes jurídicos; sentencia 88/1985, entre otras muchas más.

Finalmente, ustedes, el Gobierno y el Partido Popular, pretenden justificar el presente proyecto de ley en la necesidad de favorecer la construcción del mercado interior a nivel europeo. Ustedes se escudan de nuevo aquí en las diversas directivas europeas que, por cierto, cuando les conviene incumplen sistemáticamente. No es necesario que les recuerde —aunque puede que sí— la cantidad de expedientes abiertos que tiene el Estado español por la Unión Europea y la cantidad de multas que viene acumulando. Decía que ustedes se escudan en las diversas directivas europeas que necesariamente deben ser aplicadas en el Estado español. Sin embargo, ustedes y todos sabemos que la existencia de regulación europea no modifica —ni tampoco tiene que ser un obstáculo— el orden de distribución de competencias que se establece en las normas del denominado bloque de constitucionalidad donde, por cierto, están contemplados los estatutos de autonomía.

En este sentido, el presente proyecto de ley fomenta las competencias sobre la desregulación o flexibilización de las condiciones normativas para el ejercicio de las actividades, propiciando la creación de una suerte de paraísos administrativos. Esta promoción de la rebaja de los estándares normativos en materias como la seguridad, la salud, el medio ambiente, los derechos de los consumidores y tantos otros puede llegar a situar las actividades económicas en el umbral del incumplimiento de los propios estándares europeos. El compañero Mariscal, de Izquierda Unida, se refería a ello. Es decir, Europa les sirve de justificación, pero ustedes no miran a Europa, todo lo contrario. Resulta sorprendente en ustedes, que son los valedores del Tribunal Constitucional y que lo plasman a ultranza, que lo desacrediten en este proyecto de ley, aunque más bien resulta que lo enmiendan cuando conceptúan a través de esta enmienda al Estado como unitario, centralista y homogeneizador. En definitiva, ustedes pretenden imponer un marco homogéneo a una realidad autonómica que verdaderamente es heterogénea.

Pues bien, me gustaría insistir en que se lean bien el articulado de la ley y recapaciten. Miren el problema que van a suscitar: con independencia de que nosotros discrepemos de la totalidad de la ley, vean el marasmo normativo, el caos normativo, la barbaridad jurídica y el caos jurídico que va a resultar la aplicación de esta ley. Con esta ley ustedes pretenden tener de nuevo el control y la centralización de las competencias en materia de espectáculos públicos. ¿No será que ustedes, por la vía de otro proyecto normativo, quieren volver a regular, volver a instaurar efectivamente —esto es lo que se me viene a la cabeza— los toros en Cataluña? Léanse el artículo 7. De él se desprende una voluntad muy clara de intentar obtener por la vía de otro proceso normativo lo que no han conseguido con otros proyectos normativos.

En definitiva, nos oponemos a la totalidad de la ley por los motivos expuestos y porque, además, como se demostrará y se visibilizará a través del resto de los vetos presentados, esta ley atenta directamente a las competencias asumidas por las comunidades autónomas y a la realidad de los servicios y de los comercios, en este caso de la realidad social catalana.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senadora Capella.

Para la propuesta de veto número 3, de los senadores Aiartza, Goyoaga, Unamunzaga y senadora Mendizabal, tiene la palabra el senador Unamunzaga.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Muchas gracias, señor presidente.

Voy situar este veto en el momento en que estamos, es decir, en el ecuador de la legislatura, y en este contexto quiero remarcar una premisa, y no es otra que tenemos que situar el presente proyecto de ley de garantía de la unidad del mercado en la política general que el Gobierno está realizando y que, con la disculpa de dar respuesta a la crisis económica y, sobre todo, a seguir el dictado de la troika, está impulsando tanto un cambio de modelo de Estado, abordando una




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profunda recentralización del mismo, como del propio modelo social, y casi todo, como estamos viendo, por el procedimiento de urgencia. Y es que, efectivamente, lo que tenemos entre manos es utilizar la disculpa de la unidad de mercado —y debemos recordar a esta Cámara que unidad de mercado es un concepto europeo, repito, europeo, que afecta por igual a Euskal Herria, Luxemburgo, Baviera o Escocia— para ir a una recentralización del Estado, recortando nuevamente los retazos de soberanía que actualmente se ejercen, por ejemplo, en Euskal Herria o Cataluña. Es decir, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid —y hago esta referencia porque el actual presidente de la fundación FAES se configura como el padre espiritual de la orientación política del partido que sustenta a este Gobierno—, aplicando esta orientación espiritual, el partido que sustenta al Gobierno está llevando a la práctica lo más profundo de su ideario en relación con el modelo de Estado, está llevando a la práctica un ideario anacrónico y caduco de concepción nacional española, entroncada en la mejor tradición y definición del Estado-nación que fue realizada en el siglo XIX. Y es que, efectivamente, a lo largo de estos dos años de legislatura estamos asistiendo a una sucesión de decisiones que ha estado adoptando este Gobierno que no ya laminan, cepillan y recortan las competencias y los retazos de soberanía de las nacionalidades del Estado sino que son tendentes a lograr la definitiva supresión y la centralización definitiva en su concepción de modelo de Estado.

Y me refiero a esto porque con este proyecto de ley tenemos una constatación más de esta circunstancia. Esta ley se inserta en las políticas de este Gobierno, que está empeñado en reconducir el modelo de España por la puerta de atrás, por la puerta de las leyes, los decretos, los reglamentos, los recortes sistemáticos de cualquier competencia o retazo de soberanía que tengan las comunidades autónomas. Y es que, fundamentalmente, se están empeñando en atizar con saña a aquellas realidades nacionales sin Estado que estamos dentro del Estado español. Señoras y señores del Partido Popular, esta y no otra es la línea general de esta y otras de sus leyes. Y es que, yendo al texto en concreto, el Gobierno a la hora de la exposición de esta ley la pivota sobre dos elementos: el primero es la competitividad y el segundo es la afirmación de que es una reforma liberalizadora. Les tengo que reconocer que efectivamente libera, pero en el mal sentido de la palabra. Y es en el mal sentido de esta palabra porque creo que lo que hay detrás de este proyecto de ley es precisamente la imposición de un modelo, un modelo político y un modelo social; en definitiva, estamos ante un modelo político recentralizador. Y, señorías, ante esta redacción que tenemos delante, les afirmo que no estamos de acuerdo con ninguno de los objetivos que persigue, en realidad. No estamos de acuerdo con el modelo de Estado que implica esta redacción, no estamos de acuerdo con el modelo social que implica esta redacción y no estamos de acuerdo con la afirmación de que esta ley esté a favor de la competitividad. La competitividad no va a venir por este camino. La competitividad vendría, por ejemplo, si se dispusiese de muchos más fondos para apoyar la I+D+i, que es la clave de la competitividad, pero, ojo, la I+D+i es clave si se quiere tener una competitividad estable en el tiempo, si se quiere una competitividad de calidad. Pero el objetivo de una competitividad estable en el tiempo y de calidad no se va a lograr con esta ley.

Permítanme otra reflexión. El presidente de su Gobierno se ha referido en diversas ocasiones a Gibraltar diciendo que había que acabar con ese paraíso fiscal. Pues bien, el auténtico paraíso fiscal ahora mismo en la Unión Europea es el Estado español. Un ejemplo de ello son los datos de Eurostat, de la Unión Europea, sobre la competitividad, regulación, etcétera, entre los cuales, un dato turbativo es el porcentaje que dice Eurostat que supone la recaudación fiscal sobre el producto interior bruto, dato en el que el Estado español se sitúa a la cola de la Unión a diecisiete en la zona euro y está a la cola del conjunto de los Estados de la Unión a veintisiete. Y esta es otra de las claves de la competitividad.

Pero vamos a hablar del mercado único, de lo que es realmente el mercado único. Les remarco que sí estoy a favor de él, pero con el mercado único de la Unión Europea. Señoras y señores del Partido Popular, el mercado único ya está, ya existe. La regulación para el mercado único está en el seno de la Unión Europea y precisamente lo que esta quiere garantizar es que cualquier producto o cualquier empresa se pueda mover por todo el ámbito de la Unión Europea sin problemas, en igualdad de oportunidades con otras empresas. Por eso afirmamos que eso se garantiza también sin esta ley; ya estaba garantizado. Y les voy a decir más, el modelo competitivo vasco, por ejemplo, es una muestra clara de todo ello. El modelo vasco es el sistema económico más exportador de todo el Estado español. Además, exporta a países avanzados, a Alemania, a




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Francia, a Reino Unido, a Japón o a Estados Unidos. No exporta, por decirlo de alguna manera, a países fáciles. Ha sido exportador sin necesidad de esta norma.

Les quiero remarcar que no me saco estas afirmaciones de la chistera. Tal y como señala el voto particular de los consejeros de ELA y CIG en el Consejo Económico y Social, el establecimiento en el proyecto del principio de eficacia en el llamado «todo el territorio nacional», explícitamente en el desarrollo contemplado en el artículo 19, resulta especialmente lesivo para el ámbito de soberanía vasca, para nuestro modelo. Resulta especialmente lesivo, ya que al contemplarse en el anteproyecto el principio de territorio de origen, impidiéndose a las administraciones públicas de los territorios donde las empresas desarrollan su actividad imponer requisitos o condiciones diferentes, se vulnera notablemente el marco competencial establecido. De hecho, podemos llegar a afirmar que impide a la Comunidad Autónoma Vasca y a la Comunidad Foral de Navarra desarrollar políticas propias en materias de comercio, de industria, agricultura y pesca, de ordenación del territorio y de desarrollo rural, sanidad o servicios sociales.

Pero no nos quedamos ahí con las consecuencias que tendría esta ley. Esta ley con su filosofía radicalmente desreguladora también va a suponer una merma en los derechos de los consumidores y usuarios, a cuya figura no se hace mención alguna en esta ley; una ley que está al servicio de las grandes empresas, olvidándose de la defensa a las pymes, de la economía social y de las personas consumidoras.

En esta línea se argumenta que se pretende eliminar las trabas a las empresas de distribución y con eso, en vez de favorecer al tejido social y empresarial comprometido con su entorno, lo único que se va a conseguir es seguir eliminando empleo, eliminando puestos de trabajo y eliminando la generación de riqueza en las empresas locales. Al tiempo, se va a favorecer a las grandes empresas multinacionales y se va a continuar imponiendo un modelo social y productivo cada vez más alejado de la gente, que provoca una desertización económica de los ámbitos locales.

Sumado a lo anterior, le quiero añadir otro elemento, y es que otra de las cosas negativas de este proceso recentralizador y uniformizador va a ser la marginación en las naciones que actualmente están dentro del Estado, de las lenguas propias y oficiales, por ejemplo, el etiquetado, a la hora de ofrecer bienes y servicios, generando una situación de discriminación lingüística.

En definitiva, esta ley va a seguir profundizando en el cambio del modelo de Estado y del modelo socioeconómico de abandono del Estado del bienestar en favor de un modelo neoliberal radical. En este modelo neoliberal radical se va haciendo desaparecer a las pymes, se va haciendo desaparecer a la economía social y se va haciendo desaparecer a las estructuras productivas locales; es decir, lo que tenemos delante es la consecución de un modelo en el que se sigue impulsando la pérdida de empleo de calidad, se continúa aumentando la precariedad y se alejan los centros de decisión de los ámbitos sociales naturales.

Entenderán sus señorías que, analizados los contenidos principales de la ley presentada por el Gobierno y ante sus consecuencias sociales, nos reafirmemos en la necesidad de contar con un ámbito vasco de decisión que evite que nos sea impuesto un modelo político, económico y social que claramente es ajeno a Euskal Herria y lesivo para los intereses de la ciudadanía vasca. Por eso, nosotros estamos en contra de esta ley, porque pensamos que esta ley no es necesaria. El mercado único está ya en la Unión Europea. No hace falta esta desregulación que va en contra de los intereses de los consumidores, que va en contra de las economías locales y va en contra de las competencias y del ámbito de soberanía que tienen las comunidades autónomas y los territorios que componen Euskal Herria.

Mila esker. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, señoría.

La propuesta de veto número 4 está firmada por los senadores Guillot y Saura. Para la defensa de este veto, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.

Señorías, quiero empezar mi intervención expresando mi simpatía y reconocimiento al trabajo que ha hecho la senadora Amalur Mendizábal en el proyecto de la LOMCE. Amaiur, señorías, está donde debe estar, en un Parlamento discutiendo pacífica y democráticamente. Intentar arrinconar a Amaiur es una irresponsabilidad y un error gravísimo por parte de cualquier demócrata. Creo,




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señorías, que con el tiempo todo se andará, el tiempo irá cerrando y solucionando muchos de los problemas que aún están hoy presentes, pero quisiera recordarle al señor Peral —ahora no está, pero espero que alguno de ustedes le transmita mis palabras— la paciencia que tuvimos los demócratas con los franquistas en la transición. Se lo digo porque hace un tipo de intervenciones que, de verdad, ni ayudan ni aportan nada en positivo.

Voy a entrar ya en la presentación del veto. Quisiera empezar diciendo que este Gobierno tiene una gran habilidad, utilizada con frecuencia en esta legislatura, la de lanzar una afirmación, siempre media verdad y cuasi toda mentira, para luego justificar sus iniciativas. ¿Cuál es la utilizada para justificar este proyecto de ley? Nos dice el Gobierno del Partido Popular: Para impulsar la competitividad de la economía española necesitamos eliminar trabas administrativas y barreras burocráticas.

El mercado nacional está compuesto por diecisiete estructuras normativas diferentes, lo que obliga a las empresas que quieran operar en toda España a someterse a diferentes requisitos según dónde operen, y a su vez, a verse obligadas a adaptar sus productos y servicios según dónde comercialicen y, por último, a atenerse a múltiples licencias o autorizaciones.

Para hacer más creíble esta afirmación, el señor De Guindos aportaba dos datos: de 1978 a 2011 se han aprobado en España cien mil disposiciones normativas —lo que no nos dice es que el 80% de estas son del Estado, de la Administración central—; y que había identificado dos mil setecientas normas que dificultan la unidad de mercado, el 70% autonómicas. Afirmación, evidentemente, no demostrada.

Como en otras cuestiones, el Partido Popular sigue señalando a las comunidades autónomas como principales responsables de los males de gobernabilidad, racionalidad y, en este caso, de competitividad que nos aquejan.

No es un relato nuevo. En el año 2007, la FAES publicó un informe en el que expresaba con meridiana claridad lo que hoy es la agenda política de este Gobierno y, muy en concreto, este proyecto de ley. En ese informe se afirma la existencia de dos principios en conflicto, el de la unidad de mercado y el de la autonomía política de los territorios —cuestión resuelta por el Tribunal Constitucional—. La multiplicidad de administraciones y el aumento de su producción normativa —dice el informe— están generando una inflación regulatoria y un deterioro de la calidad de la regulación. Y sigue: Un proceso autonómico sin final previsible y permanentemente abierto está derivando en la deconstrucción del Estado —deconstrucción, tipo Ferrán Adrià—, en la erosión de la unidad de mercado mediante el establecimiento gradual, sistemático y progresivo de barreras. Y sigue: barreras emocionales y psicológicas, barreras educativas y culturales, y barreras legales y regulatorias. También afirma: en política comercial, el desarrollo autonómico se ha convertido en el principal obstáculo de su liberalización. Sigue: el Estado autonómico se nos ha escapado de las manos y está erosionando las bases de crecimiento futuro. Continúa: la unidad de mercado ha de convertirse en prioridad política en España. Y, por último, afirma: la España de las autonomías se encamina hacia un problema institucional y se hace necesaria una ley de coordinación entre las administraciones públicas que reconozca la supremacía del poder central.

Disculpen el resumen, pero creo que es muy clarificador conocer cuáles son las fuentes que inspiran este proyecto de ley y con qué intenciones se elabora este.

Otros autores, en la misma línea, afirman que el principio de unidad de mercado es una de las expresiones de la unidad nacional. Con lo cual, ya está todo dicho.

Señorías, este es el discurso ideológico que sustenta este proyecto de ley.

No está de más empezar la justificación del veto que presentamos el senador Saura y yo, en nombre de Iniciativa per Catalunya Verds, con una afirmación: la Constitución Española no establece un orden jerárquico entre las administraciones, define diferentes órdenes competenciales para cada una de ellas.

¿Hay en España una sobreabundancia normativa? Sí, y su principal responsable es la Administración central. No está de más recordar que las competencias en materia de derecho de sociedades son del Estado y que el derecho mercantil es una competencia exclusiva del Estado con la excepción de la legislación cooperativa. Existe una sobreabundancia normativa, sí, pero agravada por la escasísima cultura de cooperación institucional y por los escasos mecanismos para propiciarla. El senador Saura y yo no nos oponemos, todo lo contrario, a la existencia de espacios de cooperación institucional.




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¿Son las comunidades autónomas responsables principales de esta pérdida de competitividad por un exceso normativo, duplicidades y la existencia de normas contradictorias? No, es una acusación basada en el más puro ideologismo y que forma parte del actual discurso del Partido Popular de imputar a las comunidades autónomas la mayoría de nuestros males.

Señorías, los retos para la mejora de nuestra competitividad no pasan ni de lejos por la capacidad normativa de las comunidades autónomas. Son otros los problemas, y no creo que sea conveniente discutirlos ahora, pero habría que hablar del tamaño de las empresas, de investigación, formación, educación, inversión, etcétera. Por ello, creo que es inaceptable esta imputación. Lo razonable sería, desde la lealtad institucional y desde el respeto a la Constitución, dejar que las comunidades autónomas ejercieran sus competencias, que dictaran en ese marco sus normas y que quedara para los ciudadanos la valoración o no del acierto de sus Gobiernos y, para el Tribunal Constitucional, aquellos aspectos de conflicto de competencias.

España es un Estado compuesto. Creer que habrá una uniformidad regulatoria es un disparate; imputar a la descentralización política la pérdida de competitividad es otro disparate. Miren ustedes Alemania, analicen el papel de los länder y vean cuáles son sus altos niveles de competitividad. ¿Qué persigue realmente este proyecto de ley? A mi entender, tres objetivos: desregular, recentralizar y uniformizar. Con este proyecto de ley —ya lo advierte el Consejo Económico y Social— ustedes están incentivando el dumping regulatorio. Propician una carrera a ver quién desregula más para hacer más atractiva la inversión en su territorio.

Es un proyecto impreciso que creará inseguridad jurídica e incrementará la litigiosidad. En él se olvidan completamente de los consumidores. En definitiva, señorías, si tuviera que resumir qué se conseguirá con la aprobación de esta ley, les diría: la centralización regulatoria, no tanto a favor del Estado, sino a favor de los mercados; la uniformización en la desregulación e incentivar el dumping desregulador entre las comunidades autónomas.

Señorías, este proyecto de ley contiene elementos muy graves. Lamentablemente es una de estas leyes que pasan desapercibidas para amplios sectores de la opinión pública, pero que de ser aprobada —y lo será— tendrá un impacto muy negativo sobre nuestro modelo territorial, así como sobre las capacidades de los poderes públicos de intervenir en la economía.

Opino que muchos aspectos de este proyecto de ley son inconstitucionales. El Tribunal Constitucional en su momento ya resolverá esta cuestión respondiendo a los recursos que cuatro comunidades autónomas han anunciado que presentarán. Pero es preocupante la involución de la derecha española respecto al modelo de Estado: creen que el uniformismo es la solución frente a la diversidad. Esta concepción es un grave error, como se ha demostrado en la historia de la España contemporánea. No sé si son conscientes de la sostenida campaña de deslegitimación que la derecha, dicho sin sentido genérico, lleva a cabo contra la descentralización política del Estado que se inicia con la Constitución de 1978. Ustedes han hecho sinónimo a la existencia de las comunidades autónomas de: barullo, caos, despilfarro, obsesión normativa…, y con esta ley se las acusa también —esto sí, sin demostrarlo— de ser un obstáculo para nuestra competitividad. Para ustedes la existencia de diferentes lenguas y la exigencia de etiquetaje en las lenguas cooficiales es un obstáculo.

Afrontamos una política involutiva respecto al modelo territorial, que alienta en Cataluña, evidentemente, la idea de que es mejor marcharse y cuanto antes mejor. A estas alturas no sé cómo terminará el conflicto de relaciones, pero lo que sí tengo claro es que la única España posible, la única España viable, es la España plural. Este proyecto de ley también bebe directamente de las esencias más puras del neoliberalismo, lo que significará un paso de gigante en la desregulación de nuestro mercado interno.

Señorías del PP, ¿qué modelo de sociedad quieren construir? Porque según sea la respuesta así conformarán el modelo económico. A estas alturas aún no hemos aprendido que es imposible que los mercados se autorregulen. Decían los expertos al inicio de la crisis, que ya se veía que en España iba ser larga y durísima, que uno de los aspectos más importantes para la salida era crear las bases para evitar repetir los errores que nos habían llevado a ella.

Leyendo este proyecto de ley queda claro que el Gobierno del PP se empecina en repetir los mismos errores. Regular no es sinónimo de entorpecer la economía, sino de marcar unos límites fiscales, laborales, ambientales, etcétera. El interés general y su defensa no es un obstáculo para la competitividad, creer lo contrario es volver al capitalismo salvaje, a la ley de la selva, al




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darwinismo social. Esto explica que los ciudadanos, ni en su condición de consumidores o usuarios, vean reflejados sus derechos e intereses en el proyecto.

Señorías, para el Gobierno del PP se incrementan los factores que frenan la competitividad de nuestra economía: salarios, impuestos, derechos laborales, derechos sindicales, limitaciones medioambientales…, y hoy añaden otro factor, que según su interpretación, frena nuestra competitividad: la capacidad normativa de las comunidades autónomas y de los entes locales. La paradoja es que los países con mayor regulación, mayor protección social, fiscalidad, respeto al medioambiente y garantía de la igualdad de oportunidades, son los más competitivos.

Termino diciendo que este Pleno del Senado pasará a la historia. En él vamos a aprobar tres leyes desastrosas: la LOMCE, la unidad de mercado y la de evaluación ambiental. Estas tres leyes resumen las políticas y la ideología del PP. La Ley de transparencia, aprobada ayer, refleja su cinismo. Para combatir esta ideología, una buena manera de empezar es votando este veto que presentamos el senador Saura y yo mismo.

Gràcies per la seva atenció; gràcies, senyor president.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Guillot.

La propuesta de veto número 5 está firmada por la senadora Almiñana y los senadores Boya, Bruguera, Martí, Montilla, Sabaté y la senadora Sequera.

Para la defensa de este veto, tiene la palabra el senador señor Montilla,

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, las razones que sostienen la presentación de nuestro veto a la presente ley tienen relación con su contenido, no tanto con su necesidad. La actividad económica, entre otras cosas, requiere regulación. Si esta es excesiva, es contraproducente para su funcionamiento. Si lo que se produce es una desregulación o ausencia de regulación, también está asegurado el desastre. Lo ideal es encontrar el equilibrio, con una regulación eficiente y de calidad que elimine trabas innecesarias, que ayude a las empresas a ser más competitivas, reduciendo sus costes, que fomente la competencia y que garantice, por supuesto, los derechos de los ciudadanos en tanto que trabajadores y consumidores.

Además, para nosotros el desarrollo sostenible y competitivo de nuestra economía ha de ser compatible con la cohesión social y el carácter social que la Constitución otorga a nuestra economía de mercado. Los intereses generales han de primar sobre los particulares. De ahí que seamos reacios a las iniciativas presentadas bajo el loable objetivo de mejorar la competitividad, eliminar barreras y mejorar y simplificar nuestra legislación en el ámbito económico empresarial. En definitiva, lo que buscan es desregular, poniendo en una situación de desventaja el interés general sobre el particular.

Para comenzar, he de decir que ustedes presentan este proyecto de ley con un contenido bastante genérico, sin un diagnóstico previo y claro de aquello que quieren regular. Nosotros compartimos objetivos loables, como la unidad de mercado o la construcción del mercado único de la Unión Europea. En términos generales, los procesos que se han ido dando en las últimas décadas de apertura de los mercados y de eliminación de barreras se han traducido en un incremento importantísimo de los intercambios comerciales y de incremento del bienestar y reducción de las brechas —brechas todavía hoy considerables— entre las diferentes áreas del planeta.

Hemos defendido y defendemos la necesidad de mejorar y simplificar nuestra legislación en términos generales, y de manera muy particular de aquellas normas que pueden limitar o poner trabas a la instalación o ampliación de actividades económicas. Pero el problema es que ustedes con este proyecto de ley no son estos los problemas que quieren solucionar. Con esta norma, en coherencia con lo que viene siendo la actuación de este Gobierno a lo largo de estos dos años, lo que pretenden es recentralizar, desregular y uniformizar el mercado interior, apartándose, por cierto, del modelo que a nuestro entender prefigura la Constitución.

Igualmente, una vez más este proyecto se tramita también por la vía de urgencia, sin hacer esfuerzos más allá de la petición de los dictámenes preceptivos o voluntarios, sin buscar acuerdos y consensos con el resto de las formaciones políticas y de manera muy singular con las comunidades autónomas. Parten ustedes de una afirmación contenida en el preámbulo de la ley que es falsa: el mercado español está fragmentado, lo cual se traduce en dificultad y costes para




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las empresas. Eso dice el preámbulo. Y los problemas de nuestras empresas no son de esta inexistente fragmentación del mercado, sino otros a los que las políticas del Gobierno tienen más dificultad para dar respuesta. Las dificultades del acceso al crédito, las deficientes o incompletas redes de transporte de mercancías son, por poner dos ejemplos, en este caso sí verdaderos obstáculos al desarrollo de la unidad de mercado.

Mientras los competidores alemanes u holandeses, por citar dos países, disponen de crédito y además más barato, nuestras empresas tienen enormes dificultades para obtenerlo; mientras en países como Alemania o Francia el tráfico de mercancías se realiza en una gran proporción por ferrocarril, en España nos encontramos con unos accesos ferroviarios deficientes e incompletos en puertos como el de Barcelona, por no decir inexistentes en otros casos, como el de Algeciras. Estos sí que son cuellos de botella para el desarrollo de la unidad de mercado, a los cuales no da respuesta la presente ley ni tampoco el Gobierno con sus políticas. Y ello es así porque se parte de afirmaciones genéricas, como decía anteriormente, pero no existe la diagnosis que acompañe estas afirmaciones rotundas que hace la ley.

Decía que nosotros somos defensores de la mejora y simplificación de la legislación, porque también, seamos francos, legislamos, producimos un exceso de normas y, además, en muchas ocasiones no son precisamente de excelente calidad, y ello dificulta la actividad de las empresas y la vida de los ciudadanos. En ese sentido defendemos el regular para garantizar derechos y el interés general y, a la vez, también ofrecer seguridad jurídica y confianza a los operadores. Las administraciones públicas en su conjunto pueden y deben mejorar su eficacia y su eficiencia en relación a este tema. No pensamos, por supuesto, que los problemas estén solventados. Los trámites han de ser los necesarios para proteger derechos y garantizar la salud de los consumidores, que es lo que justifica el establecimiento de límites al ejercicio de la actividad económica.

Pero de alguna manera lo que ustedes pretenden con este texto es un proceso de desregulación a la baja, de uniformización normativa y, además, lo aplican con una visión recentralizadora. Y todo ello garantiza inseguridad jurídica y conflictos competenciales. La norma sometida a aprobación de esta Cámara puede ser y será de difícil aplicación, como decía antes. Y ello es así porque afecta a diversas competencias de las administraciones locales y autonómicas, que derivará en conflictos competenciales ente las diferentes administraciones para hacer prevaler su regulación, generando inseguridad y litigiosidad que no será decreciente, sino creciente, me temo. La pretendida homogeneización normativa puede, además, tener otro riesgo, el de que esta sea de mínimos, a fin y efecto de que sea un incentivo de un determinado territorio para atraer una determinada actividad, todo ello favorecido por el excesivo número de conceptos indeterminados que también recoge la ley: orden económico, condiciones de mercado, prudencia financiera, y muchos más que aparecen a lo largo de todo el texto normativo.

Olvidan ustedes que no se debe confundir unidad con uniformidad, como bien señala la abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional y, en concreto, la sentencia 88/1986, de 1 de julio. Tampoco hay que confundir regulación eficiente con regulación a la baja, ni la necesaria lealtad y cooperación a la que están obligadas las administraciones territoriales con subordinación a la Administración central. Ustedes parten de una premisa falsa, el modelo autonómico ha provocado la fragmentación del mercado. La recentralizaciòn e invasión competencial es el objetivo no confeso de esta ley. En este campo, la ley es sumamente regresiva, nuevamente hace una interpretación de supeditación de las comunidades autónomas a la Administración central, y lo hace ignorando que las comunidades autónomas pueden establecer regulaciones singularizadas en la materia que nos ocupa, siempre y cuando no excedan su ámbito competencial y sean adecuadas a la finalidad perseguida, como señala en su informe el Consejo General del Poder Judicial.

Igualmente señala este informe que de mantenerse la regulación de la primacía del lugar de origen, la compatibilización entre el principio de unidad económica y diversidad normativa de la doctrina constitucional entrará en colisión con la misma. Señorías, yo pediría que aquí se aplicara el principio de subsidiariedad, porque ya la Directiva Europea de Servicios dejó bien claro que no se debe interferir en el reparto de competencias locales o regionales en los Estados miembros, en lo que hace referencia a los regímenes de autorización o al ámbito territorial de las mismas.




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En nuestro país está garantizada la libre circulación de capitales, bienes, servicios y personas, y la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica, tal y como prevé el artículo 139 de nuestra Constitución. Además, señorías, si bien es verdad que la proliferación normativa en algunos casos puede haber producido cargas administrativas y algunas ineficiencias, ello no comporta que el mercado esté fragmentado y mucho menos que esta ley solucione esos problemas, ya que me temo que a la vez generará algunos otros más graves. Por ejemplo, el Consejo de Estado en su informe afirma que no se dice cómo se garantizará que la intervención de las distintas autoridades competentes no acabe generando un exceso de regulación o de duplicidades ni mayores cargas administrativas —y cito textualmente—. Pero, señorías, ya la Ley 17/2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, creó instrumentos como el Comité para la Mejora de la Regulación, donde participan las diferentes administraciones que han venido trabajando para eliminar las mencionadas disfunciones. Se han eliminado y reformado normas, en una labor que ciertamente reconozco que todavía está inconclusa.

También la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, estableció los principios de la buena regulación aplicables a las iniciativas normativas de las administraciones públicas: necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficiencia, principios que están plenamente vigentes y que no vemos que hayan servido de inspiración a este proyecto de ley.

Esta ley, señorías, pretende tratar la diversidad como un todo: recentralizar y uniformizar. Una de las propuestas estrella de esta normativa, la denominada prevalencia de la regulación de la administración territorial de origen del operador económico en todo el territorio nacional, será una fuente de conflictos, de litigiosidad y de inseguridad jurídica, ya que puede producir situaciones de desigualdad material entre operadores que realicen una determinada actividad en un mismo territorio, como muy bien se señala también en los informes que acompañan a este proyecto de ley.

Estas cuestiones, entre otras, son las que han motivado la presentación de este veto y la propuesta de devolución del texto del proyecto de ley que hoy se nos somete a consideración.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 8, del Grupo Parlamentario Vasco. Para su defensa, tiene la palabra la señora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias, presidente.

Señorías, estamos antes un proyecto de ley en el que su propia denominación habla por sí sola. El rótulo de la ley resulta elocuente: Proyecto de Ley de garantía de la unidad de mercado. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.) En esta tesitura tan recentralizadora, se ha recurrido durante esta legislatura a nuevos procedimientos: incorporación de las directivas comunitarias —hoy hablaremos sobre la configurada por la Ley 17/2009—; el uso de títulos atributivos competenciales impropios; el artículo 149.1.1º de la Constitución, que no atribuye competencias al Estado, en el sentido material de la palabra, sino que establece una suerte de principio general para el ordenamiento jurídico, que es atender a la igualdad entre todos los ciudadanos, y la Ley 2/2012, de estabilidad presupuestaria, tras la reforma del artículo 135 de la Constitución.

Verdaderamente, lo que nos cuestionamos es, ¿qué problema se quiere atender con la configuración de un mercado único? ¿En qué no es único el mercado español, que es el más único de los mercados europeos de nuestro entorno con los que competimos? ¿Por qué hay que unificar un mercado en el que los puntos de conexión de las distintas leyes funcionan correctamente, habiendo sido ya resueltos por la jurisprudencia constitucional?

Las competencias en materia de derecho de sociedades son del Estado. El derecho mercantil es una competencia exclusiva del Estado, salvo una excepción, la legislación cooperativa. Pero, el Tribunal Constitucional ha establecido los puntos de conexión en virtud de un recurso que se interpuso contra la Ley de cooperativas de Euskadi, la primera que se aprobó por el Parlamento vasco, precisamente para regular los conflictos en la colisión de una legislación cooperativa estatal y una legislación cooperativa autonómica, no habiendo problema alguno. Existen tres administraciones tributarias: La Agencia Tributaria del Estado español y las dos administraciones de los territorios forales, configuradas respectivamente por su concierto económico y convenio. Y




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los puntos de conexión nunca han sido un problema. La litigiosidad ha sido provocada por el contenido de las normas forales, o de las normas estatales, en su caso, a través de conflictos de competencia. Pero, cuando ha habido problemas relativos a los puntos de conexión de las normas tributarias forales y de las normas tributarias estatales, los ha resuelto la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Desde esta perspectiva, ¿qué problemas hay? ¿Cuáles son los problemas que afectan a la unidad de mercado? Ninguno. Por ello, volvemos a manifestar nuestro desacuerdo con el proyecto de ley que hoy debatimos, porque ya la propia definición de unidad de mercado es etérea. Porque, ¿qué es y qué medidas afectan a dicha unidad de mercado? Sin duda, lo que nos preocupa o, diría más, lo que nos ocupa, es precisamente la capacidad de desregular que presenta este proyecto de ley. No por ser una vía últimamente reiterada en las formas por parte del Gobierno, deja de parecernos asombrosa y totalmente rechazable.

Por ello, mi grupo ha presentado este veto, fundamentado básicamente en la justificación de las conclusiones del informe que el Consejo General del Poder Judicial elabora sobre el texto ahora enmendado, así como en lo señalado por el voto particular que se formula al dictamen del Consejo de Estado cuando condiciona la constitucionalidad el crucial artículo 17 del proyecto de ley. Así, en el primero se dice que conforme a la doctrina elaborada por el Tribunal Constitucional, el principio de unidad de mercado es corolario del orden económico que debe regir en todo el Estado. Dicho principio garantiza que el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas no conduzca a resultados disfuncionales y disgregadores en materia económica, que puedan obstaculizar la libertad de circulación, de bienes, capitales, servicios y de mano de obra, así como la igualdad básica en el ejercicio de la actividad económica. No obstante, igualdad de mercado no equivale a la uniformidad del mismo, de ahí que la compatibilidad entre los principios de unidad económica y diversidad jurídica justifique que la normativa autonómica pueda establecer regulaciones singularizadas en aquella materia, siempre que estas no excedan de su ámbito competencial, resulten adecuadas a la finalidad legítima perseguida y, en todo caso, quede salvaguardada la igualdad básica de todos los ciudadanos y la libre circulación de bienes y personas, a la que se refiere el artículo 139.2 de la Constitución.

El Consejo General del Poder Judicial añade, a continuación, que la regulación que ofrece el anteproyecto sobre el principio de eficacia general en todo el territorio nacional, en referencia a los artículos 19 y 20, que las actuaciones que limitan la libertad de establecimiento y libertad de circulación, artículo 18.2, y en materia de supervisión de los operadores económicos, artículo 21, confiere una posición manifiestamente prevalente a la normativa y autoridades del lugar de origen, es decir, del territorio donde el operador económico se haya establecido, en detrimento de la regulación propia y de las administraciones públicas del lugar donde se va a desarrollar la actividad económica, es decir, el lugar de destino. Este modelo implica que la normativa del lugar de origen se proyectará más allá del ámbito territorial que le es propio. Además, puede dar lugar a situaciones de desigualdad material entre operadores económicos que realicen una determinada actividad en un mismo territorio, pues mientras que quienes se hayan establecido en un lugar de origen distinto del de destino quedarán sujetos al régimen jurídico del lugar de procedencia, que sin duda puede ser menos severo que el del lugar de destino, para aquellos operadores para los que el lugar de origen y destino sea coincidente, necesariamente quedarán sujetos al único régimen jurídico que le es aplicado. A la vista de lo expuesto, se estima que de mantenerse la proyectada regulación, la compatibilización entre el principio de unidad económica y la diversidad normativa, a que hace referencia la doctrina constitucional, puede quedar en entredicho.

A lo dicho por el Consejo General del Poder Judicial, hemos de agregar también lo señalado por el voto particular que se formula al dictamen del Consejo de Estado cuando cuestiona la constitucionalidad del crucial artículo 17 del proyecto de ley por atentar muy gravemente tanto contra la autonomía constitucional de las comunidades autónomas como contra la lógica de la protección de múltiples bienes constitucionales que otras leyes y reglamentos estatales han perfilado cuidadosamente.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya terminando.

La señora IPARRAGUIRRE BEMPOSTA: Sí.

Es clave, pues, el mentado artículo, que ya he citado anteriormente.




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En otro orden de cosas, es reseñable el rechazo que el proyecto ha suscitado y que compartimos respecto a determinadas regulaciones procesales, tales como el establecimiento de un procedimiento judicial preferente para la tutela de la unidad de mercado junto con el de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales cuando hay un obvio valor diferente entre ambos bienes jurídicos.

Hay alguna otra valoración que también nos lleva a estar en contra de dicho proyecto pero, por ir finalizando, diré que mi grupo manifiesta, tal como lo he venido determinando anteriormente, su total rechazo al proyecto de ley, siendo la principal razón la de estar creando un mercado paralelo al ya existente dentro de la Unión.

El resto de los motivos que por falta de tiempo en este momento no puedo exponer, o en el turno de portavoces o en el de la defensa de las enmiendas los seguiré explicando.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 7 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes.

Como ya viene siendo habitual, nos encontramos ante un nuevo proyecto de ley que no gusta a nadie, y la evidencia más clara es que presenta nada más y nada menos que ocho vetos. Consiguen lo que he dicho tantas veces ya en educación, unir a toda la oposición, el consenso de la discrepancia y, una vez más, están solos. Esto les tendría que hacer reflexionar y rectificar su actitud, puesto que ustedes realmente no están en posesión de la verdad y no son los únicos dueños de la verdad.

¿Por qué ha presentado mi grupo parlamentario este veto al proyecto de ley? Pues bien, las razones son múltiples, y voy a intentar comentarlas y ampliarlas. Al Estado, y al Gobierno en particular, les gusta hacer grandes proclamas, grandes principios que después son poco útiles para resolver los problemas del día a día. ¿Y qué se entiende en Europa por elaborar una ley de unidad de mercado? Pues sencillamente aplicar las normas —lo comentaba en comisión, y lo vuelvo a reiterar hoy aquí— de defensa de la competencia. Esto está inventado y se aplica sin más, tanto en Europa como en Estados Unidos —después haré referencia a esta cuestión—; sin embargo, este Gobierno no tiene suficiente con hacer lo que hacen todas las economías desarrolladas, quiere establecer un plus, no sé si con la intención de demostrar quién manda aquí, y llega este proyecto de ley de unidad de mercado que se añade a la simple trasposición de las directivas europeas sobre defensa de la competencia. Consecuencia: pasamos de la defensa de la competencia al intervencionismo y a la burocratización.

El proyecto de ley, según su exposición de motivos, pretende garantizar una unidad de mercado para crear un entorno más favorable a la competencia y a la inversión. Sin embargo, cuando se analiza el contenido no se sabe dónde encontrar estas mejoras, lo único real es una recentralización de competencias. Y, fíjense, lo está diciendo todo el mundo, todo el mundo está hablando de recentralización de competencias en este proyecto de ley; es más, yo diría que incluso añade nuevos obstáculos para el buen funcionamiento del mercado y sus operantes. Ustedes dirán que no es cierto y que lo único que pretenden es favorecer la implantación de los empresarios y que es un estímulo para el crecimiento de la economía; pues bien, evidentemente, esta música ya la conocemos, y ustedes tienen una estrategia clara de involución autonómica, de desvestir a las autonomías y vestir al Estado.

Lamentablemente, resulta frecuente en los proyectos de ley de este Gobierno que la lectura de la exposición de motivos no tenga nada que ver con el contenido de la ley; es decir, buenas intenciones pero el contenido es otra cosa. En este caso, la exposición de motivos —quiero remarcarlo, como también hice en comisión— roza casi el cinismo al hablar de pleno respeto a las competencias de las comunidades autónomas y las entidades locales, cuando lo que intenta es prácticamente borrarlas del mapa en el ámbito normativo, con el fin de uniformizar la normativa y bloquear el ejercicio de las competencias propias de cada comunidad autónoma; incluso el Consejo Económico y Social ha alertado sobre las dificultades de aplicar la futura norma por el gran número de litigios que puede provocar esta cuestión.




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El proyecto de ley configura una nueva estructura normativa sobre la regulación de la actividad económica que conlleva graves alteraciones del orden constitucional; además, no simplifica el organigrama administrativo sino que crea nuevos órganos estatales que aportan confusión, duplicidades, solapamiento de actividades, e incluso riesgo de contradicción interpretativa a la actividad económica.

La primera consecuencia de este planteamiento es que van a desaparecer los motores territoriales de la actividad económica, que tanto han contribuido al crecimiento y a la mejora de nuestro bienestar durante los últimos treinta años, incluyendo el proceso de integración en la Unión Europea. Con la excusa de la crisis, este Gobierno decide paralizar aquellos motores que más dinamismo han dado a la economía española, los motores económicos territoriales, unos motores que han impulsado un efectivo crecimiento en todo el territorio. Desde luego, si hay problemas entre ellas de encaje de determinadas normativas autonómicas y ello afecta a la actividad económica, lo más sencillo e importante es establecer diálogos, acordar normativas comunes, analizar si aquello perjudica, si va bien, si puede interesar, etcétera. Vamos a analizarlo, vamos a hablar, vamos a buscar consensos. Pero, lamentablemente, el Gobierno prefiere la recentralización, la uniformidad de la que forma parte este proyecto de ley.

Quiero hacer referencia a unas palabras que pronunció el ministro en la presentación del proyecto de ley, y voy a leerlas tal cual: Mientras en Europa avanzábamos en la creación de un mercado único, en España hemos ido en dirección contraria, y este es el resultado. Por un lado, el mercado nacional está compuesto por diecisiete estructuras normativas diferentes, lo que obliga a que las empresas que quieran operar en todo el territorio nacional deban someterse a diferentes requisitos en función de dónde operen y, a su vez, a verse obligadas a adaptar sus productos y servicios, según donde los comercialicen, y, por último, a atenerse a múltiples licencias o autorizaciones para comercializar un mismo producto o servicio. Con estas palabras el ministro lo dice todo: las comunidades autónomas no son una oportunidad, son un problema. Como decía anteriormente, en vez de dialogar, en vez de buscar acuerdos, lo que hacemos es aplicarlo, y punto, y ya está. Si va bien, bien, y si no va bien, recentralizamos.

Voy a poner como ejemplo lo que está ocurriendo en Estados Unidos para desmontar esta teoría, porque esto no es así. Cuando hablamos de la unidad de mercado, el informe Doing Business, del Banco Mundial, sitúa a España en la posición 136 en el ranking de 185 países del mundo, en términos de facilitar a las empresas la creación de nuevos empleos. ¿Es su ley de unidad de mercado una solución a este problema? Repito, número 136 del ranking. El Gobierno lo justifica con la alusión a los costes burocráticos derivados de cada comunidad autónoma porque tienen sus propias leyes y reglamentaciones. Pues bien, en Estados Unidos, que ocupa la posición decimotercera en el citado ranking del Banco Mundial, no se aplica una ley de mercado como la que ustedes pretenden. Si una empresa quiere operar en diversos Estados de Estados Unidos es necesario que complemente en todos y cada uno de ellos los distintos requisitos impuestos. Si una empresa opera en los cincuenta y dos Estados, si quiere operar en cualquiera de ellos, tiene que cumplir los requisitos del respectivo Estado.

En este contexto, nuestro grupo parlamentario solicita hoy al Gobierno que lo reconsidere profundamente, en aras de evitar esta recentralización y facilitar a las autonomías impulsar el crecimiento como verdaderos motores económicos, que es lo que llevan haciendo en los últimos años. Por tanto, señores, reconsideren esta situación porque luego veremos también, al hablar de las enmiendas, los problemas tan graves que se van a generar con las licencias únicas puesto que esto va a suponer, digamoslo así, una desnormativización en determinadas comunidades autónomas.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 6, del Grupo Parlamentario Socialista.

Senador Alique, tiene la palabra.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, que España necesita leyes que armonicen las relaciones económicas en un contexto de eficiencia, de competitividad y de dinamismo, que hagan posible la articulación de mercados sólidos y competitivos, que aporten el valor añadido suficiente para que podamos mejorar nuestra economía, nadie lo discute. Que para ello un buen camino es propiciar un marco legislativo




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adecuado que favorezca la eficiencia de las relaciones económicas y que evite trabas administrativas y el menor coste en todo el territorio nacional, eso tampoco lo discute nadie, señorías. Pero, señorías, en la elaboración de este tipo de normas, como es el caso del Proyecto de Ley de garantía de la unidad de mercado que hoy debatimos, no se puede pasar por encima del entramado institucional que tenemos en nuestro país y mucho menos de los principios políticos y jurídicos en los que se sustenta. Eso, señorías, no es posible.

Es muy irresponsable soslayar, como hace este Gobierno del Partido Popular, que existen comunidades autónomas con competencias, con capacidad normativa y regulatoria y con un poder ejecutivo que va mucho más allá de lo que debe pretender una Administración central. Y es aún mucho más irresponsable tratar de ningunear la figura del interés general, como hacen el Gobierno y el grupo mayoritario del Partido Popular en esta Cámara con este proyecto de ley. Al contrario, la regulación de las actividades económicas, precisamente, debe favorecer el interés general; en cualquier caso, no puede ir, como hace este proyecto de ley, en menoscabo de las garantías de los ciudadanos en aspectos tales como la protección de los consumidores o la protección del medio ambiente.

Estas garantías, señorías, se alcanzan de forma coordinada entre los diferentes niveles de las administraciones mediante el establecimiento de mecanismos que se materializan en licencias, inscripciones o permisos. Y precisamente la ausencia de estas garantías da lugar a ineficiencias sociales graves que en ningún caso van a ser compensadas por la supuesta eficiencia económica que, según dice el Gobierno, se puede conseguir con este proyecto de ley.

Por lo tanto, lo fundamental es circunscribir la ineficiencia; hay que atajar aquellos trámites exigidos por las normas que son desproporcionados, que están duplicados o que resultan innecesarios para que las normas alcancen sus propios fines sin caer por ello en una desregulación excesiva que ponga en peligro el interés general. Este es el primero y principal de los problemas que tiene este proyecto de ley: desregular aspectos que van mucho más allá del marco normativo a nivel europeo sin que sea oportuno y sin que nadie se lo haya pedido.

En este sentido es bueno recordar que, en lo que se refiere al citado marco europeo, en la pasada legislatura ya fue traspuesto en buena medida en diversas leyes de trasposición de las directivas de servicios, como es el caso de la Ley sobre libre acceso de las actividades de servicio y su ejercicio o la Ley de economía sostenible. Ahí se dio un paso importante y hay que continuar dándolos, pero no en la dirección que sigue este Gobierno en este proyecto de ley, porque el hecho de que aún se mantengan —y es cierto que se mantienen— determinadas duplicidades y cargas administrativas no justifica que se eliminen como causas del mantenimiento de un sistema de autorización algunas de las que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea —escuchen bien— considera de irrenunciable interés general, como ocurre en este proyecto de ley. Me estoy refiriendo precisamente a aspectos como la protección de los derechos de la salud o la seguridad de los consumidores, la protección del medio ambiente o la conservación del patrimonio. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que son de irrenunciable interés general.

Pero no acaban aquí las objeciones que se deben hacer y que se pueden hacer a este proyecto de ley. Otra importante objeción es que este proyecto de ley establece un nuevo modelo que puede dar lugar a situaciones de desigualdad material entre operadores que realizan una determinada actividad en un mismo territorio como, por cierto, señala el Consejo General del Poder Judicial en su informe. Efectivamente, según este proyecto de ley, queda al arbitrio de la autoridad de origen el establecimiento de los requisitos de actividad y de esta forma en un mismo territorio, en una comunidad autónoma o en un municipio pueden actuar operadores con diferentes requisitos de actividad. En este nuevo modelo, en definitiva, la autoridad de destino se limita a reconocer la habilitación de acceso y el resultado final es que se pueden generar —de hecho, se va a generar— graves discriminaciones que influirán en las decisiones de localización. En este sentido es bueno recordar que en un momento de restricciones presupuestarias en las comunidades autónomas, este proyecto de ley también va a incidir en el presupuesto, vía recaudación, al prevalecer la regulación de la administración de origen del operador económico, especialmente en aquellas figuras tributarias cuyo hecho imponible esté vinculado a algún medio de intervención que, como consecuencia de la aplicación de esta ley, deje de ser exigible en el ámbito territorial de las competencias de la administración de destino.




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Otra objeción. Nosotros consideramos absolutamente desproporcionados los mecanismos institucionales establecidos en relación con la revisión jurisdiccional y administrativa. Señorías, en nuestra opinión, estos mecanismos no pueden tener por objeto la protección de los intereses y de los derechos de los operadores privados, sino el interés general, que es el que debe tener como objeto toda institución pública.

Tampoco consideramos acertado que el Gobierno haya hecho abstracción de las competencias autonómicas y locales al haber elaborado un proyecto de ley prêt-à-porter que no tiene en cuenta las especificidades de determinadas actividades económicas que requieren un tratamiento diferenciado. Y en este sentido me parece mucho más adecuado lo que proponemos en nuestra exposición de motivos del veto, que no es otra cosa que crear grupos de trabajo que representen a las distintas administraciones y a los distintos grupos económicos afectados para que propongan las reformas que es necesario llevar a cabo para resolver las disfunciones que se dan en esta materia. Este órgano de coordinación multilateral, que debe ser liderado e impulsado en cualquier caso por la Administración central, ya fue creado en la disposición adicional tercera de la Ley que anteriormente comentaba sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Y no está de más recordar que entre sus funciones —le leo textualmente— se encuentra la de adoptar criterios para promover las mejoras del entorno económico mediante la aplicación de los principios de buena regulación, evitando la introducción de restricciones injustificadas o desproporcionadas al funcionamiento del mercado.

En definitiva, el Grupo Parlamentario Socialista, señorías, considera profundamente inadecuado y desacertado que para solucionar esta problemática se elabore una ley de carácter general como es esta, que además no tiene en cuenta ni las necesidades ni especificidades ni a los agentes afectados, y más cuando en muchos casos —yo diría, siempre— hay que respetar las competencias de las comunidades autónomas y los ayuntamientos y establecer mecanismos diferenciados.

Señorías, esta ley —cuado lo sea— puede ser una importante fuente de problemas —no lo dice el Grupo Socialista, lo dice precisamente el Consejo Económico y Social en el informe que ha elaborado en el anteproyecto de ley—, porque los conflictos no solo vendrán entre el Estado y las comunidades autónomas, sino entre estas y las entidades locales, precisamente al establecer la prevalencia de la regulación de la administración de origen del operador económico.

Señorías, la actividad económica necesita, requiere de un marco normativo articulado y coherente que facilite las relaciones económicas y que genere un ambiente de seguridad jurídica entre los agentes que intervienen en el intercambio económico, y es precisamente lo que el presente proyecto de ley imposibilita alcanzar y lo que le hace totalmente inadmisible.

No se puede aceptar, señorías, que como consecuencia de la aprobación de este proyecto de ley proliferen los conflictos competenciales entre Estado y el resto de administraciones territoriales. No se puede aceptar que una ley traiga más y mayor inseguridad jurídica para ciudadanos y para empresas, y no se puede aceptar que traiga más y mayor incertidumbre en las relaciones económicas. Los cálculos econométricos y estadísticos no se pueden hacer de espaldas, señorías, a la realidad institucional de un país, como hace habitualmente el Partido Popular y también en este proyecto de ley.

Señorías, señorías del Partido Popular, hay vida más allá de un análisis economicista simple y sesgado que hace este Gobierno. Y en este sentido, creo que es bueno recordar lo que el Consejo General del Poder Judicial advierte respecto al contenido de este proyecto de ley en el informe que ha elaborado. Dice el Consejo General del Poder Judicial —les vuelvo a leer textualmente—: «…de mantenerse la proyectada regulación, la compatibilización entre el principio de unidad económica y la diversidad normativa a que hace referencia la doctrina constitucional puede quedar en entredicho.» Más claro, imposible, señorías.

Señorías, la pretendida y más que discutible en no pocos casos fragmentación del mercado no puede servir o no puede ser excusa precisamente para recentralizar determinadas competencias, más cuando se hace en contra del interés general. No todo puede ser mercado, señorías, ni todo tiene por qué ser mercado. Los ciudadanos necesitan garantías. Esa es la base del Estado de derecho. Y el establecimiento de dichas garantías en un Estado como el nuestro, en el que las competencias no son exclusivas de la Administración del Estado, se realizan de común acuerdo, como de común acuerdo creamos el marco constitucional que ha traído estabilidad y prosperidad




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en estos treinta y cinco últimos años. En ningún caso habríamos llegado al punto en el que nos encontramos desde la imposición y desde la prepotencia con la que actúa el Gobierno del Partido Popular, con la que actúa el Gobierno del señor Rajoy en estos dos últimos años.

Si no comparten, señorías del Partido Popular —quiero que me escuchen, señorías del Partido Popular, son pocas, pero quiero que me escuchen—, el modelo territorial, tengan el valor de decirlo y tengan la valentía de plantearlo abiertamente a los ciudadanos, y no la cobardía, como tiene este Gobierno, de tratar de vaciarlo de contenido desde dentro, procurando que nadie se dé cuenta. Porque, ciñéndonos al caso que nos ocupa, señorías, al de la unidad de mercado, desde el punto de vista de la eficiencia y de la competitividad, lo realmente importante no es la uniformidad de los diferentes regímenes administrativos. No, señorías, lo realmente importante, lo relevante es consensuar entre todos, entre administraciones territoriales, entre empresas y Gobierno, una regulación óptima que favorezca precisamente la competencia efectiva entre empresas para que los ciudadanos, para que los consumidores se beneficien de mejores precios y se beneficien de mejores calidades; en definitiva, para que haya mayor o mejor bienestar, tanto social como económico, en el conjunto del territorio. Eso solo lo da la competencia efectiva de las empresas.

Pero el resultado, señorías, y voy terminando, no se alcanza con uniformidad. El resultado no se alcanza con recentralización. El resultado no se alcanza con desregulación excesiva, como hace el Gobierno, como apoya el Grupo del Partido Popular, en este proyecto de ley. El camino a seguir es otro, como he dicho en mi intervención, y, por eso, por coherencia y por responsabilidad, presentamos este veto para que se devuelva este proyecto de ley al Gobierno.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

¿Turno en contra? (Pausa.)

Senador Vallines, tiene la palabra.

El señor VALLINES DÍAZ: Gracias, señora presidenta.

Senadores, empezaré por agradecer el tono de todos los portavoces, que han sido agradables en su exposición y en su contenido.

Señor Alturo, de CiU, le diré que la música se la sabe usted, pero también nosotros nos la sabemos ya. Es decir, llevamos, prácticamente, casi dos años trabajando en esta Cámara y ya sabemos la música. No podemos, ni por asomo, aparecernos por las competencias de las comunidades autónomas —todo toca, todo parece que va a rozar las competencias de las comunidades autónomas asumidas—. Y, por otro lado, la otra nota o el otro número de la música es que no defendemos nada más que a las clases sociales altas y a las grandes empresas, no los intereses de las sociedades menos favorecidas. Ya sé que esa parte de la música no es la suya, señor Alturo, pero esta es la música, en general, que oímos el Grupo Parlamentario Popular cada vez que el Gobierno, o nosotros mismos, establece alguna iniciativa. Menos mal que, aunque nos ha llamado cobardes el señor Alique —yo creo que en su tono amable de llamarnos cobardes—, no ha hecho como el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados —el señor Iglesias ha estado ahí, ahí, ahí, a punto de decirlo— que nos llamó: liberales ultraintervencionistas de clase. Fíjese usted qué palabro. Es decir, queremos la libertad de todos para intervenir desde el Estado en materia económica para defender alguna clase que no determinaba, pero liberales ultraintervencionistas de alguna clase.

Señorías, estamos en una norma dirigida a asegurar la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional, con un principio, el de licencia única y legislación de orígenes. Efectivamente. Tras el trámite de la audiencia pública, para el que se hicieron treinta y siete observaciones y se solicitaron quince informes preceptivos (a la Comisión Nacional de la Competencia, al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo de Estado, al Consejo Económico y Social, a las comunidades autónomas, a los empresarios, a asociaciones más representativas como es la Autoridad Vasca de la Competencia, que hizo un informe muy interesante, al que si después tengo ocasión, haré mención a él), y tras su paso por el Congreso de los Diputados, llega esta iniciativa del Gobierno, que trata de cubrir o dar respuesta a una necesidad evidenciada por numerosos empresarios y sus asociaciones, por expertos en economía, por el Fondo Monetario Internacional y por la Comisión Europea, que sigue la estela y profundiza el alcance de la Ley 17/2009 —que ha citado el señor Alique—, sobre el libre acceso a las actividades de servicios




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y su ejercicio para la transposición de la Directiva 2006/123, de la Unión Europea, denominada Directiva de servicios. Por cierto, senador Alique, el Grupo Popular votó a favor de esa Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios. Esta iniciativa basa su legitimidad principalmente en los artículos 139 y 149.1.ª 6ª, 13ª y 18ª de la Constitución Española y tiene su punto de partida en el artículo 38 de la Constitución, que reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, debiendo los poderes públicos garantizar y proteger su ejercicio y la defensa de la productividad. Tiene el objetivo general de impulsar la competitividad, el crecimiento económico sostenido y la creación de empleo, haciendo para ello promoción del libre acceso y haciendo efectiva la unidad del mercado en todo el territorio nacional, procurando eliminar trabas administrativas y barreras burocráticas que entorpezcan el ejercicio de la actividad económica y lastren el crecimiento económico y, por tanto, el empleo. Este es el objetivo y creo que no es discutible. (Mejor que yo lo ha descrito el senador Montilla, de quien suscribo toda la primera parte de su discurso porque lo ha descrito perfectamente.) Porque es verdad que desde 1978 a 2011 se han hecho realidad en España más de 100 000 disposiciones regulatorias normativas entre la Administración central y las comunidades autónomas, sin computar las entidades locales.

Se pretende con esta iniciativa disminuir en la práctica los costes en términos monetarios y de tiempo que pueden significar y significa que para ejercer una actividad económica en todo el territorio de España un empresario tuviera que someterse u observar hasta diecisiete regulaciones distintas en el caso de las comunidades autónomas. Efectivamente, para alcanzar esta pretensión se ha buscado una fórmula, la de la licencia única y legislación de origen.

También se establecen restricciones al sometimiento de autorizaciones, haciendo más escasa su necesidad, y requisitos para el ejercicio de actividades económicas. Se fomenta la cooperación administrativa mediante el intercambio de información entre autoridades de origen y destino y un procedimiento ágil de resolución de conflictos.

Por si alguno no lo sabe, y para que quede constancia, no estamos ante la ley de leyes, es decir, quedan fuera del ámbito de la Ley 17/2009 anteriormente citada según la disposición final segunda. Deberán respetarse las condiciones de venta establecidas en la normativa estatal aplicable a gasóleo profesional y mercancías peligrosas, explosivos y productos estancos —loterías, etcétera—, pero quedan fuera también el patrimonio histórico-artístico, la seguridad, la salud pública y la Hacienda.

Por otra parte, un representante vasco, durante su intervención respecto a la unidad de mercado, hacía alusión a los impuestos. Recientemente hemos oído decir también al presidente de Asturias que habría que devolver el impuesto sobre el patrimonio y que lo aplicara el Estado, lo cual quiere decir que hasta en esto tampoco desde las autonomías se tiene muy claro lo de las competencias —que considero razonable en algunos casos.

También quedan fuera los sectores de tarifas reguladas, las oficinas de farmacia, el taxi, el alquiler de vehículos con conductor, las concesiones demaniales —es decir, aquellas que afectan al domino público— y las relativas al medio ambiente, que no es poco. Para conseguir ese objetivo se establecen cuatro hitos singulares: en primer lugar, la necesidad de la aplicación de principios de cooperación y confianza mutua —lo que en otros casos se puede llamar lealtad institucional— entre las autoridades competentes, es decir, el intercambio de información y la unión para la resolución de conflictos. En segundo lugar, se establece un registro informático y su acceso a él sobre la materia, que se incluye en el concepto y procedimiento de ventanilla única, de la Ley 12/2012 de medidas urgentes y de la Ley 17/2009, tantas veces citada, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Es algo parecido a lo que en la Unión Europea se llama Solvit, es decir, el intercambio de información para que cada ciudadano pueda ver cuál es la realidad de la actividad que desea desarrollar y que las administraciones puedan acceder y dar información a través de esa red. Finalmente, se crea el Consejo para la Unidad de Mercado, lugar de encuentro de las autoridades competentes para facilitar la cooperación y colaboración, agilizando los procedimientos de recursos para esta materia. Es ahí donde se entra en conflicto principalmente con el dictamen del Consejo General del Poder Judicial, pues se facilitan los procedimientos para que los afectados puedan recurrir.

Esta ley trata de solucionar una necesidad efectiva, sentida y manifestada profusamente. Esta ley establece un procedimiento para tratar de dar respuesta a esa necesidad con gran trascendencia para el bienestar de los españoles y su crecimiento.




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A algunos el procedimiento elegido no les gusta, pero ante una necesidad como la que he expresado, este Gobierno actúa, es decir, no solo toma nota como otros. Entiendo que determinados grupos de representación territorial, tan celosos de sus competencias y de un irrefrenable y constante propósito de detentar más sus intocables competencias, digan que no les guste la ley, lo puedo entender, pero no entiendo a otros grupos, a los que parece que no les gusta la ley —aparentemente— solo porque es iniciativa de un Gobierno del Partido Popular, sin ofrecer alternativa alguna, sin hacer honor a su carácter de implantación nacional. Se limitan en este caso todos a enmendar la totalidad del proyecto al presentar ocho vetos y ciento setenta y cinco enmiendas, que son prácticamente un trasunto de los propios vetos, porque noventa son de supresión y otras cincuenta o más de 60 de modificación que quitan la sustancia al proyecto de ley, la desfiguran, intentando convertir el proyecto en una especie de declaración de buenas intenciones sin condición positiva o activa por parte de alguno.

Así, pues, como ya hemos dicho, no se presenta alternativa ante una necesidad y sentir evidentes. La oposición no ha aprendido nada desde el trámite del Congreso. No saben, o lo que es peor, deciden no hacer caso de lo que sí saben. Porque no hay recentralización dogmática, ni no dogmática, ni responsable ni irresponsable, ni una sola asunción de competencias por parte de la Administración del Estado. No se pretende una uniformización, no se ignora o daña a los consumidores, porque siempre existirá la legislación básica del Estado o los reglamentos de la Unión Europea. No se altera orden constitucional alguno, senador Alturo; no hay cambio de modelo de Estado; no se atenta a lengua alguna, no hay mercado paralelo con esto. El Gobierno y el PP, ante esta necesidad manifestada y manifiesta, que afecta profundamente a la actividad económica en general, ralentizando y entorpeciendo su ejercicio, actúan. El Gobierno actúa y otros solo critican sin aportar nada que pueda hacerse ante esta trascendente e importante necesidad. Parece que se trata de que aquí no se haga nada de nada y de que se sigan dejando las cosas tal y como están.

Nos vamos a oponer a todos los vetos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

En turno de portavoces, ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.) No hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, presidenta.

Solo voy a hacer uso del turno de portavoces para manifestar la postura de mi grupo en referencia al resto de los vetos, pero sí quiero aclarar que será en el turno en defensa de las enmiendas cuando utilice el tiempo que no se me ha contabilizado bien en el turno de portavoces, motivo por el que no he podido terminar mi intervención.

Nuestro grupo apoyará los vetos presentados y, como digo, en el turno de defensa de las enmiendas terminaré la explicación de las enmiendas, que no se me ha permitido.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): En todo caso, señoría, tiene ahora tiempo suficiente, si quiere. (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el señor Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señora presidenta.

El problema que tenemos aquí es que llevamos no sé cuántos años de un goteo fino de descalificaciones y de deslegitimación a las comunidades autónomas como sinónimos de barullo, de hiperregulación, etcétera y hoy el portavoz del PP ha venido con un tono más suave, casi con un tono tecnocrático. Es decir, es una justificación técnica frente a esta jungla normativa, cuyos principales responsables son las comunidades autónomas.

En primer lugar, calcular desde el año 1978 hasta el 2011 es un error puesto que en 1978 no había comunidades autónomas. Primer error. Y luego siempre se olvidan de decir que el 80% de esta normativa parte de la Administración central. Se nos viene a decir que frente a jungla normativa, cuyos principales responsables son las comunidades autónomas —parece que por sentido común—, lo más sensato sería desbrozar.




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Pero, mire señoría, aún no nos ha dado un ejemplo de una norma concreta de alguna comunidad autónoma que impida la competitividad. Es más, las dos comunidades autónomas con afán más regulatorio que usted decía, Cataluña y País Vasco, representan el 25% del producto interior bruto. Por algo será, no será por los impedimentos a la competitividad. Nos dicen que no solo por sentido común hay que desbrozar, sino porque hay sectores que lo piden. ¿Qué sectores? Puedo entender que los empresarios pidan la reforma laboral, que los empresarios pidan esta ley, que para un empresario cualquier normativa, cualquier atadura, por pequeña o grande que sea, le sobra, pero es que más allá de los empresarios, hay una sociedad, y no solo una sociedad, sino un modelo de Estado. Y no creo razonable ni en lo social ni en lo territorial que solo se legisle —arrancamos con la reforma laboral hasta llegar aquí, pero por el medio hay otras— con esta lógica, a partir de estos intereses.

No se lo digo con ningún apriorismo ideológico, se lo estoy diciendo por sentido común. En la gestión de esta crisis ustedes solo han mirado qué interesa al empresariado, porque creen firmemente que solo y exclusivamente el empresariado va a sacar al país de la crisis. Pero eso es una mentira, eso es una falsedad. La única fuerza que puede sacar al país de la crisis es la sociedad. Y a quien hay que convocar es al conjunto de la sociedad. Los intereses que hay que defender son los intereses generales, y que si siguen insistiendo en que son una merma para nuestra competitividad, estamos, de verdad, apañados.

Creo que tampoco se le escapa, señor portavoz del Grupo Popular, que cuando se habla de licencia única y legislación de origen se está diciendo incentivar el dumping desregulatorio, porque es de sentido común que esos empresarios que les piden esta ley irán a la comunidad autónoma que menos regulación tenga, que menos impedimentos —entre comillas— para ellos imponga.

Por esto nosotros defendemos este veto con la misma firmeza y convicción que al inicio.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

En nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Arturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señora presidenta.

Intervengo para poner encima de la mesa al senador José Luis Vallines algunos argumentos más. Es decir, la música sí la conocemos, ya la conocemos, ya, pero de los argumentos que todos estamos hablando —uniformización, recentralización…—, ustedes, ni caso, sin embargo de lo que dicen determinados organismos sí hay que hacer caso y hay que escuchar. Le voy a poner algunos ejemplos.

La interpretación que ustedes hacen del concepto de razón imperiosa de interés general nada tiene que ver con la que hacen la Directiva de Servicios y el Tribunal Europeo de Servicios, y no sirve para justificar la uniformización y la minoración de competencias en las comunidades autónomas. Parece que este Gobierno no entiende que el mundo avanza en red, no en uniformización.

La Directiva de Servicios en su considerando número 60 establece textualmente —lo voy a leer para darle otro argumento—: «La presente Directiva, y en particular las disposiciones referentes a los regímenes de autorización y al ámbito territorial de una autorización, no deben interferir en el reparto de competencias regionales o locales en los Estados miembros, incluidos los gobiernos autónomos, regionales y locales y el uso de las lenguas oficiales.» Si se descuidan casi casi el proyecto de ley de este Gobierno deja esta cuestión por el suelo de manera contundente. En realidad, lo que este proyecto de ley está haciendo es justamente esto, recentralización, planea en todo el conjunto. En definitiva, ni la Constitución ni el marco comunitario en defensa de la competencia están en esta línea. Son otras interpretaciones.

No hay encaje desde la perspectiva de la eficiencia económica, puesto que las modificaciones que proponen bloquea la positiva acción de impulso económico, como le decía antes, que han aportado las comunidades autónomas en los últimos años.

Y si hay leyes europeas de protección de la competencia que funcionan en todos los Estados miembros, evidentemente, esfuércense para que marche lo más eficientemente posible en el Estado español. Si Europa dice que se debe tener en cuenta el principio de subsidiariedad y que las normas de las competencias no deben interferir en el régimen de




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autorizaciones autonómicas y locales, háganle caso. Ya se lo he comentado, que incluso los Estados Unidos son respetuosos con este principio. Pero dejen de inventar, de burocratizar la actividad administrativa y económica porque están acabando con el dinamismo que, en definitiva, es el que tendría que sacarnos de esta crisis.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Alique.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, lo cierto es que desde que llegó el Partido Popular al Gobierno, desde que llegó el señor Rajoy al poder, existen dos realidades que malviven a duras penas: la realidad del país, de los ciudadanos, de las empresas, especialmente de las pymes y de los autónomos, y la del Gobierno, porque, tras dos años de Gobierno, ¿sabe lo que ha aumentado? Ha aumentado el paro, ha aumentado la pobreza, ha aumentado la deuda y ha aumentado el déficit público; esas cuatro cosas han aumentado: pobreza, paro, deuda y déficit público.

Hace dos años, cuando llegaron al Gobierno, Rajoy y el Partido Popular aseguraron que en dos años solucionarían los problemas de la economía, y dijeron otra cosa: que tan pronto que llegasen al Gobierno empezarían a crear empleo. ¿Recuerda usted el eslogan de campaña del Partido Popular? «¿Buscas empleo? Vota al Partido Popular». Decían que todo eso lo realizarían sin hacer recortes a las prestaciones de los parados, sin hacer recortes en educación ni en sanidad ni en pensiones. ¿Lo recuerda usted? Eso es lo que decían. La realidad, los datos y el sufrimiento de millones de españoles han demostrado que todo era un engaño y que todo era una gran mentira.

En estos dos años ha empeorado la economía, ha crecido el paro en un millón de personas, ha bajado el número de afiliados a la Seguridad Social, han caído los salarios, han caído las contrataciones indefinidas, han subido los impuestos, ha disminuido el consumo, ha disminuido el crédito para las familias y también para las empresas, especialmente para las pymes y para los autónomos. Ha disminuido la inversión empresarial y la productividad industrial y ha decrecido en un 2,5% el producto interior bruto. ¿Sabe lo que ha crecido? Han crecido los ricos un 13%. Cada vez los ricos son más ricos y los pobres más pobres.

Ayer tuvimos ocasión de conocer la Encuesta de Condiciones de Vida que publicó el Instituto Nacional de Estadística. ¿Sabe lo que decía? Decía que uno de cada tres hogares españoles tienen dificultades para llegar a final de mes y que el 22% de la población española está por debajo del umbral de la pobreza.

Señor Vallines, esa es la música de terror que ustedes han construido, han creado en estos dos años. Esa es la realidad que vive la mayoría de los ciudadanos en este país. Una cosa es su realidad, la realidad del Partido Popular y la realidad del Gobierno, y otra muy distinta es la realidad que viven los ciudadanos, que la mayoría de ellos están padeciendo, e incluso está desapareciendo la clase media.

Señorías, señores del Partido Popular, ustedes no gobiernan para todos ni tampoco con todos: gobiernan contra todos; bueno, contra la mayoría. Y ahora les explico por qué digo esto. ¿Saben por qué? Porque el objetivo de este Gobierno es atender a su clientela habitual, y en este proyecto ley son los grandes operadores económicos. Y no lo digo yo, señor portavoz del Partido Popular, ¿sabe quién lo dijo? Lo dijo el señor ministro De Guindos, en su intervención en el Congreso de los Diputados en defensa de este proyecto de ley: que había que defender a los operadores económicos; y es lo que están haciendo ustedes. No defienden a los parados, no defienden a los pobres y no defienden a los que pasan necesidad en este país: defienden a los suyos, por eso crece el número de ricos; y ahora, lo rematan apoyando a los grandes operadores económicos con este proyecto de ley.

Como siempre, ustedes diagnostican y ustedes recetan, pero, eso sí: sin hablar con el resto del equipo médico, ni con el enfermo, ni con los familiares: Deus ex machina. Ustedes usan y abusan de la mayoría absoluta. Consideran que esa mayoría absoluta les legitima para todo; lo hacen con este proyecto de ley, y torpedean incluso el sistema institucional desde dentro, creando un daño inaceptable e irreparable; porque, quieran o no, están vaciando de contenido, por la puerta de atrás, competencias de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Han partido de la base de que el mercado interior está fragmentado, y esa es la excusa perfecta para




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recentralizar competencias; casi, para expropiar competencias a las comunidades autónomas. Lo grave es que lo hacen en contra del interés general y en contra de la directiva europea. ¿Por qué? Porque, al mismo tiempo, rebajan los estándares normativos, las garantías mínimas de que he hablado anteriormente, en áreas como la salud, la seguridad, la protección de los consumidores, la protección del medioambiente o la conservación del patrimonio histórico.

En este proyecto de ley, identifican ustedes unidad de mercado con uniformidad legislativa, y eso es un error. Desde el punto de vista de la eficiencia y de la competitividad, lo relevante no es la recentralización o la uniformidad de los diferentes regímenes administrativos; no, señoría: lo importante es consensuar entre todos, para que haya una regulación óptima que favorezca la competencia efectiva entre empresas, porque eso es lo que debería dar como resultado mejores precios, mejores calidades y un Estado de bienestar social y económico en todo el territorio; es decir, para todos los ciudadanos de nuestro país.

Este proyecto de ley —ya lo ha dicho alguno de los portavoces—, para garantizar que una empresa pueda operar en todo el Estado con una licencia única, establece un modelo nuevo que va a dar lugar a situaciones de desigualdad material entre operadores que realizan cierta actividad en un determinado territorio; o, por decirlo de otra manera, hará que prevalezca la ley de la comunidad autónoma del operador económico de origen por encima de la ley de la comunidad autónoma de destino; es decir, que la ley de una comunidad autónoma se podrá imponer en otra comunidad autónoma. De esta forma, en el mismo territorio, en la misma comunidad autónoma, en el mismo municipio, pueden actuar operadores con diferentes requisitos de acceso, y eso eso dará como resultado que en una comunidad autónoma se puedan aplicar leyes de las dieciséis. Eso es un colapso; es un lío jurídico tremendo.

¿Qué va a ocurrir? Pues que un operador podrá circular por todo el territorio del Estado cumpliendo la norma más laxa entre las que hayan aprobado las comunidades autónomas. Eso no es favorecer la competencia; eso es fomentar la desregulación excesiva, sin ningún tipo de criterio. ¿Y saben a qué va a conducir? Conducirá a que las comunidades autónomas actúen ―escúchenme bien― como verdaderos paraísos administrativos de mínima exigencia. ¿Quién necesita Eurovegas? Al mejor postor. Legislemos lo mínimo, a pesar de que no aseguremos las garantías de los ciudadanos, con tal de que venga a mi comunidad autónoma una inversión; en la mayoría de los casos especulativa, como la de Eurovegas.

Lo dice el propio Consejo Económico y Social, o ¿no lo ha leído? Hay dos enmiendas de totalidad a este proyecto de ley: la primera, la del Consejo Económico y Social, que dice que esta ley va a plantear problemas en el futuro ―lo dice el Consejo Económico y Social, sí―, que se va a elevar la litigiosidad y la inseguridad jurídica; y, la segunda, la del Consejo General del Poder Judicial, que señala —y leo textualmente— que el principio de unidad económica y la diversidad normativa a que hace referencia la doctrina constitucional ya consolidada por nuestro Tribunal Constitucional puede estar en peligro. Lo dice el Consejo General del Poder Judicial, no me lo invento, lo he leído.

Señorías, termino ya. Señores del Partido Popular, tienen tiempo: hagan un alto en el camino, reflexionen, consulten con el Gobierno, dejen sobre la mesa este proyecto de ley, dialoguen, consensúen con el resto de grupos políticos, reflexionen sobre por qué hay ocho vetos, por qué todo el arco parlamentario ha presentado un veto a este proyecto de ley. La solución a la unidad de mercado no viene con la uniformidad, no viene con la recentralización, no viene con la desregulación excesiva, no, señorías; lo dice el Consejo Económico y Social, lo dice el Consejo General del Poder Judicial y lo dicen los grupos políticos con su veto. Eso sería más que suficiente para que reflexionasen, dejasen sobre la mesa este proyecto de ley y trajesen otro que todos pudiésemos consensuar y que mejorase las expectativas económicas tan negras que ustedes en dos años han traído a ese país.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Utrera.

El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señora presidenta.

Intervengo para concluir este debate sobre los vetos a esta ley que nosotros siempre hemos considerado muy importante. Y no solo nosotros: en Europa, en el Fondo Monetario Internacional,




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nos dicen que esta es una reforma estructural importante. Esos informes repiten desde hace algunos años que en la economía de España se aprecian tradicionalmente varias debilidades estructurales: una, el mercado de trabajo; otra, los problemas que existían y que siguen existiendo en el sector de la construcción; y este: la unidad de mercado. Unidad de mercado que no es fácil de definir en pocas palabras, pero que, en definitiva, es un problema al que hay que atender y que hay que resolver. Este Gobierno ha decidido que se resuelve, y lo va a hacer con una ley. Una ley que, como ya ha señalado mi compañero, el senador Vallines, ha sido consultada prácticamente con todos los órganos y organismos que sobre la materia tenían que dar opinión. Una ley en la que se opta por una solución basada conceptual y principalmente en la idea de la cooperación y la lealtad y la confianza mutuas entre comunidades autónomas. No nos extraña, por tanto, que quienes más desleales se están manifestando con esa confianza mutua tengan una reacción más enérgica contra esta ley, porque no creen en eso; nosotros sí creemos en eso. Y como creemos que las comunidades autónomas son motores de actividad económica, como creemos en eso y tenemos confianza en las comunidades autónomas, estamos convencidos de que esta ley no llevará a un simple dumping. ¿Quién se va a deslocalizar para conseguir una mejora administrativa, localizada en un punto del territorio español, para luego exportar bienes y servicios? Eso no deja de ser un juego de mentalidades estrechas. Lo que se va a conseguir, tanto para los inversores internacionales como para los españoles, es la garantía de que en España se pueda operar con seguridad normativa, de que se pueda operar en cualquier punto del territorio nacional; lo que se evitará, precisamente, será el cabildeo actual de ir de unos lugares a otros a ver dónde ofrecen algo y dónde dejan de ofrecerlo.

Las materias más críticas, como el sistema fiscal —lo ha mencionado algún portavoz—, o las cuestiones medioambientales, están reservadas y fuera de la ley; no confundamos la situación, estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando de la regulación del transporte interno dentro del territorio español, que está sometido a distintas normas en distintos territorios; de que prevalezca una norma común, que sea la de origen, así que no se interfiere en las competencias comunitarias. Y al mismo tiempo, confiando en órganos de relación; esa confianza mutua es la que hará de esta ley un principio dinamizador, que habrá de mejorar en el futuro, de la unidad de mercado en España.

Dos reflexiones sobre este debate que hemos tenido: la primera al senador de Convergència i Unió, al señor Alturo. Se está usted confundiendo gravemente, y me veo obligado a decírselo. No pensaba decírselo, pero ya se lo oí en comisión y se lo he vuelto a oír hoy. Está usted confundiendo gravemente las cuestiones de competencia con las cuestiones de regulación o de normativa de mercado. Son dos cosas diferentes: una norma de mercado es la que autoriza a realizar operaciones en determinadas condiciones, o no lo autoriza, o establece restricciones; y otra cuestión distinta son las autoridades de competencia, que tienen que prohibir actitudes anticompetitivas, es decir, actitudes que perjudican a los consumidores vía precios, vía cantidades, vía calidades o por cualquier otra vía. No mezcle usted las dos cuestiones. Usted ha basado en esto su argumentación técnica. Luego está la política, que, como ha señalado el senador Vallines y suscribo totalmente, la música ya no suena; esa música de que ahora no toca hacer nada y que, por tanto, hay que dejarlo todo parado, esa ya no suena. Lo mismo que no suena la música de la lucha de clases, que ha manifestado otro grupo: que defendemos unos intereses...; esa música ya no suena. Pero de la parte técnica de su intervención, saque esa argumentación fuera, porque no tienen nada que ver las autoridades de competencia con la regulación normativa de los mercados. Se puede ser muy anticompetitivo con una regulación de mercado, y las autoridades de competencia no tienen nada que decir porque la regulación de mercado es esa, y viceversa. No tiene nada que ver. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Y la segunda reflexión quiero hacérsela al senador Alique. No quiero entrar a debatir sobre esa graciosa —o retórica, si queremos llamarle así— dicotomía entre la realidad del Gobierno y la realidad de la sociedad española; ya tendremos ocasión de hacerlo en el debate de presupuestos o en algún otro proyecto de ley. Lo que sí quiero decirle es que lo más importante, desde nuestro punto de vista, es que hemos pasado a la realidad, cualquiera que sea: la del Gobierno o la de la sociedad, como usted dice; que hemos trascendido la fantasía en la que hemos estado durante tantos años. ¿Se acuerda usted? Estábamos en primera división, en la Champions League, estábamos haciendo las cosas magníficamente. Ahora el señor Solbes




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—creo que les irrita que hablemos del señor Solbes— reconoce que se ocultó lo que había que decir, pero por hacerles un favor a los españoles; por hacerles la gracia a los españoles de quitarles el mal sueño de esa noche; que no pasaba nada. No pasaba nada, pero ha ocurrido que varias decenas de miles de empresarios se metieron en créditos, a partir de los años 2007 y 2008, que luego no han podido atender y han quebrado. Eso por la gracia de ser gracioso y de no decir nada. Por tanto, señor Alique, hemos trascendido la fantasía; por lo menos, eso. Luego ya, las realidades…; no quiero entrar en ello ahora, voy a finalizar mi intervención; las realidades, ya hablaremos de ellas en otro momento.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Utrera.

Se suspende la sesión hasta las cuatro.

Eran las quince horas y cincuenta minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se reanuda la sesión.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, comenzamos votando las propuestas de veto al Proyecto de Ley de garantía de la unidad de mercado y posteriormente, como avanzaba esta mañana, votaremos las enmiendas del Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa.

Empezamos votando las propuestas de veto por el orden en que han sido defendidas.

Votamos, en primer lugar, la propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias y Mariscal.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 81; en contra, 140.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 2, de la senadora Capella.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 220; a favor, 79; en contra, 141.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3, de los senadores Aiartza, Goioaga, Mendizabal y Unamunzaga.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 80; en contra, 141.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 4, de los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 80; en contra, 141.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la propuesta de veto número 5, de todos los senadores y senadoras del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya menos los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 80; en contra, 141.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 8, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 220; a favor, 80; en contra, 140.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 7, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 80; en contra, 141.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta de veto número 6, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 80; en contra, 141.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

11.1.2. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA.

COMISIÓN: EDUCACIÓN Y DEPORTE (Votación.)

(Núm. exp. 621/000048)

El señor PRESIDENTE: Rechazadas las propuestas de veto de este proyecto de ley, pasamos a la votación de las enmiendas del Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa.

Comenzamos con las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, de los senadores Iglesias y Mariscal.

En primer lugar, votamos las enmiendas 2, 97 y 114.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 219; a favor, 65; en contra, 141; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 96.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 217; a favor, 8; en contra, 198; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 47.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 217; a favor, 5; en contra, 201; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 28 y 57.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 15; en contra, 197; abstenciones, 5.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 30.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 218; a favor, 72; en contra, 142; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 34.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 218; a favor, 4; en contra, 140; abstenciones, 74.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 144.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 219; a favor, 5; en contra, 141; abstenciones, 73.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 158 y 159.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 219; a favor, 5; en contra, 199; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 1, 3 a 5, 7 a 27, 29, 32, 33, 36 a 38, 40, 41, 45, 53, 69 a 72, 77, 78, 82, 87, 88, 93, 94, 101, 103 a 107, 111, 113, 115, 118, 120, 123, 124, 137, 139, 142, 143 y 145.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 74; en contra, 140; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 39.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 219; a favor, 9; en contra, 141; abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 132.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 219; a favor, 67; en contra, 141; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 169.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 63; en contra, 141; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 181.

Comienza la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 218; a favor, 73; en contra, 141; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 46, 81, 95, 133 y 180.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 219; a favor, 74; en contra, 141; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 6, 31, 35, 43, 44, 50, 55, 56, 62, 63, 65, 67, 68, 73, 75, 76, 98, 99, 102, 108 a 110, 112, 117, 121, 125 a 131, 135, 138, 140, 141 y 147.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 68; en contra, 140; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 122, 134, 136, 154, 156, 161, 162 y 167.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 219; a favor, 64; en contra, 145; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 149, 153, 164, 168 y 172.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 219; a favor, 64; en contra, 141; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 151, 152, 155, 157, 160, 165, 166, 170, 171, 173 y 177 a 179.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 218; a favor, 5; en contra, 140; abstenciones, 73.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 42, 51, 52, 54, 58 a 61, 79, 80, 83 a 86, 89 a 92, 116, 119 y 146.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 217; a favor, 6; en contra, 140; abstenciones, 71.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 48, 49, 64, 74, 100, 148, 150 y 174 a 176.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 5; en contra, 144; abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De la senadora Salanueva y de los senadores Eza y Yanguas, del Grupo Parlamentario Mixto, comenzamos votando la enmienda 182.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 218; a favor, 76; en contra, 138; abstenciones, 4.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 184.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 218; a favor, 78; en contra, 136; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 183.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 218; a favor, 65; en contra, 136; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 193.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 217; a favor, 5; en contra, 195; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 187, de 189 a 191 y la 389.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 217; a favor, 5; en contra, 197; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del senador Martínez Oblanca, comenzamos votando la enmienda 205.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 217; a favor, 7; en contra, 195; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 198 y la 211.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 7; en contra, 196; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 194 a 197, 199, 207 a 210, 214 a 221, 223 y 224.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 5, en contra, 198; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 200, 212, 213, 222 y 225.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 219; a favor, 5; en contra, 197; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 201 a 203 y la 206.

Comienza la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 6; en contra, 195; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 204.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 9; en contra, 196; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De la senadora Capella, comenzamos votando la enmienda 346.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 219; a favor, 15; en contra, 143; abstenciones, 61.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 347.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 219; a favor, 72; en contra, 143; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la 359.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 219; a favor, 17; en contra, 202.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 227, 248, 251, 269, 300, 301 y 375.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 218; a favor, 64; en contra, 140; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 293.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 219; a favor, 18; en contra, 201.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 233, 249, 250, 265, 311, 372, 373, 377, 378 y 383.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 3; en contra, 140; abstenciones, 75.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 285 y 299.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 219; a favor, 61; en contra, 142; abstenciones, 16.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 333.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 219; a favor, 3; en contra, 145; abstenciones, 71.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 328.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 219; a favor, 14; en contra, 141; abstenciones, 64.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 243.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 219; a favor, 14; en contra, 145; abstenciones, 60.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 231, 238, 315, 329, 351, 355, 360 y 361.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 218; a favor, 18; en contra, 140; abstenciones, 60.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 330.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 217; a favor, 16; en contra, 140; abstenciones, 61.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 232.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 218; a favor, 72; en contra, 140; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 336.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 219; a favor, 72; en contra, 145; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 274, 363, 368, 371, 374, 382 y 384.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 218; a favor, 2; en contra, 200; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 289, 295, 327, 356, 357, 365, 369 y 379.

Comienza la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 15; en contra,201; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, votamos las enmiendas 281, 345 y 362.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 219; a favor, 7; en contra, 201; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 380 y 381.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; emitidos, 219; a favor, 3; en contra, 201; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, votamos las enmiendas 240, 263, 296, 298, 326, 335, 337, 343, 344, 349, 350, 353, 354, 358 y 376.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; emitidos, 218; a favor, 18; en contra, 200.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, votamos las enmiendas 228 a 230, 234, 237, 239, 242, 252, 255 a 262, 264, 266, 268, 270, 272, 273, 275, 276, 277, 279, 280, 283, 284, 286 a 288, 290 a 292, 294, 297, 306 a 310, 313, 314, 316 a 321, 323 a 325, 331, 339, 348, 385, 386 y 388.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; emitidos, 218; a favor, 74; en contra, 139; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, votamos las enmiendas 244 y 246.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; emitidos, 218; a favor, 3; en contra, 140, abstenciones, 75.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, votamos las enmiendas 247, 253, 254, 267, 271 y 332.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; emitidos, 218; a favor, 3; en contra, 145; abstenciones, 70.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, votamos la enmienda 366.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; emitidos, 217; a favor, 7; en contra, 141; abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, votamos la enmienda 334.

Efectuada la siguiente votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; emitidos, 217; a favor, 2; en contra, 202; abstenciones, 13.




Página 7979


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, votamos las enmiendas 352 y 364.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; emitidos, 218; a favor, 5; en contra, 200; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, votamos las enmiendas 340, 342, 367 y 370.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; emitidos, 218; a favor, 12; en contra, 200; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 341.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 219; a favor, 14; en contra, 201; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 241, 278, 282, 305, 312, 322 y 338.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 219; a favor, 78; en contra, 141.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 245.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 74; en contra, 140; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 302 a 304.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 219; a favor, 74; en contra, 141; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 235 y 236.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 217; a favor, 4; en contra, 144; abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 387.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 219; a favor, 78; en contra, 141.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Vasco, comenzamos votando las enmiendas números 608, 610, 622, 625, 632, 633, 634 y 658.

Comienza la votación. (Pausa.)




Página 7980


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 217; a favor, 4; en contra, 201; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 657 y 661.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 220; a favor, 9; en contra, 200; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 609.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 16; en contra, 202.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 645.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 218; a favor, 5; en contra, 142; abstenciones, 71.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 656 y 675.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 219; a favor, 75; en contra, 142; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 613, 631, 648, 667, 671 y 672.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 18; en contra, 139; abstenciones, 60.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 635 y 644.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 217; a favor, 5; en contra, 135; abstenciones, 77.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 636 y 637.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 220; a favor, 7; en contra, 135; abstenciones, 78.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 641.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 217; a favor, 8; en contra, 134; abstenciones, 75.




Página 7981


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 615, 618, 624, 626, 627, 630, 649 y 652.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 219; a favor, 4; en contra, 201; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 614.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 218; a favor, 8; en contra, 198; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 617.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 218; a favor, 15; en contra, 200; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 616, 646, 653, 673 y 676.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 217; a favor, 76; en contra, 139; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 647 y 662.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 217; a favor, 67; en contra, 139; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 611 y 612.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 8; en contra, 200; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 620, 621, 639, 640, 642, 654, 655, 663 y 670.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 217; a favor, 77; en contra, 140.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 650, 651, 660, 666 y 674.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 217; a favor, 68; en contra, 139; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 623, 628, 629, 638, 643 y 665.

Comienza la votación. (Pausa.)




Página 7982


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 219; a favor, 7; en contra, 201; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 659 y 664.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 8; en contra, 201; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 668 y 669.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 20; en contra, 201.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario de la Entesa comenzamos votando la enmienda número 458.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 217; a favor, 66; en contra, 140; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación las enmiendas números 392, 407, 408, 429, 430 y 479.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 5; en contra, 198; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 442.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 216; a favor, 10; en contra, 195; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 397, 410, 422, 444, 448, 470, 472, 473, 476, 478, 480, 483 y 486 a 493.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 5; en contra, 140; abstenciones, 73.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 394, 401, 404, 411, 413, 431 a 441, 445 a 447, 450 a 452, 471, 474, 475, 477, 481 y 482.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 217; a favor, 63; en contra, 140; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 484 y 485.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 219; a favor, 74; en contra, 141; abstenciones, 4.




Página 7983


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 454, 455, 459 y 465.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 219, a favor, 64; en contra, 141; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 456 y 457.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 217; a favor, 64; en contra, 143; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 393, 395, 398 a 400, 402, 403, 405, 409, 414 a 421, 423 a 427, 443, 449, 453, 460 a 464, 466 a 469 y 495.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 75; en contra, 138; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 396.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 219; a favor, 74; en contra, 141; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 509 y 523.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221: votos emitidos, 219; a favor, 78; en contra, 141.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 498.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 68; en contra, 140; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 585.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 21; en contra, 139; abstenciones, 57.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 508 y 526 a 533.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 63; en contra, 139; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 525.

Comienza la votación. (Pausa.)




Página 7984


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 218; a favor, 71; en contra, 141; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 496, 502, 504, 506, 541, 542, 550 a 553, 555, 558, 559, 561 a 564, 577, 578, 584 y 586 a 596.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 219; a favor, 64; en contra, 141; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 497, 499 a 501, 503, 505, 507, 510 a 522, 524, 534 a 540, 543 a 549, 554, 556, 557, 560, 565, 567 a 576, 579 a 583, 601, 603, 604, 606 y 607.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 74; en contra, 140; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 406, 428 y 494.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 216; a favor, 77; en contra, 139.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 566, 602 y 605.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 219; a favor, 78; en contra, 141.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 597 a 600.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 74; en contra, 140; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió comenzamos votando la enmienda número 715.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 219; a favor, 18; en contra, 201.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 753.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 216; a favor, 72; en contra, 140; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 705, 752 y 787.

Comienza la votación. (Pausa.)




Página 7985


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 12; en contra, 200; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 713.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 219; a favor, 15; en contra, 140; abstenciones, 64.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 716.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 76; en contra, 139; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 710, 731 y 760.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 18; en contra, 141; abstenciones, 58.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 735 a 739 y 770.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 13; en contra, 141; abstenciones, 64.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 704, 711, 714, 743, 746, 749 y 754.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 219; a favor, 17; en contra, 200; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 745, 764, 773, 774, 776, y 781.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 216; a favor, 14; en contra, 198; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 702, 703, 707, 709, 717, 720 a 722, 724, 727, 729, 730, 732, 733, 744, 747, 748, 756, 757 y 759.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 218; a favor, 78; en contra, 140.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 706.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 78; en contra, 139.




Página 7986


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 708, 712, 718, 719, 723, 725, 726, 728, 734, 740 a 742, 750, 751, 755, 758 y 761 a 763.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 73; en contra, 141; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 765, 768, 771, 772, 777 a 779 y 786.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 219; a favor, 73; en contra, 141; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 769.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 218; votos emitidos, 215; a favor, 70; en contra, 141; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 766, 767, 775, 780 y 782 a 785.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 78; en contra, 140.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista, comenzamos votando las enmiendas 800, 821 a 823 y 844.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 61; en contra, 141; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 818 a 820.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 61; en contra, 144; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 817.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 72; en contra, 140; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 788, 790, 792, 796, 798, 828 a 831 y 846.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 63; en contra, 140; abstenciones, 15.




Página 7987


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 789, 791, 793, 795, 797, 802 a 810, 812 a 814, 816, 825 a 827, 832 a 838, 843 y 845.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 73; en contra, 141; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 896.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 217; a favor, 60; en contra, 141; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 794 y 824.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 216; a favor, 63; en contra, 143; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 799, 801 y 815.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219; votos emitidos, 218; a favor, 78; en contra, 140.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 811.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 217; a favor, 73; en contra, 144.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 839 a 842.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 219; a favor, 73; en contra, 141; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 870 y 874.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 217; a favor, 74; en contra, 143.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 847, 856 a 859, 863, 867, 890, 891 y 893.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 67; en contra, 140; abstenciones, 11.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las números 848 a 855, 860 a 862, 864 a 866, 868, 869, 871 a 873, 875 a 889, 892, 894 y 895.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 219; a favor, 73; en contra, 142; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los grupos parlamentarios de la Entesa y Socialista, votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 677 a 692 y 694 a 700, del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 219; a favor, 78; en contra, 141.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 693 y 701, del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 220; a favor, 79; en contra, 141.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda número 390, de los senadores Eza, Salanueva y Yanguas.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 220; a favor, 79; en contra, 141.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda número 226, de los senadores Eza, Salanueva y Yanguas.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 77; en contra, 141; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de modificación con el número de registro 61581, firmada por todos los portavoces.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 220; a favor, 143; abstenciones, 77.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación con el número de registro 61582, sobre la enmienda 597, del Grupo Parlamentario Entesa, firmada por cuatro grupos parlamentarios.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 217; a favor, 151; en contra, 3; abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Señorías, votamos a continuación en un solo acto aquellas partes del proyecto de ley orgánica enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.




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Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 220; a favor, 134; en contra, 82; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de ley orgánica.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 220; a favor, 136; en contra, 81; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos.—Fuertes protestas.—Desde los escaños de la parte izquierda del hemiciclo: ¡Fuera! ¡Fuera!)

Señorías, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.

Abran las puertas. (Pausa.)

13.1.1. PROYECTO DE LEY DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Continuación)

COMISIÓN: ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

(Núm. exp. 621/000051)

El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos con el debate de las enmiendas del proyecto de ley de garantía de la unidad de mercado.

El Grupo Parlamentario Mixto ha presentado las enmiendas números 1 a 22: las números 1 a 21, de los senadores Iglesias y Mariscal, y la número 22, de los senadores Quintero y Zerolo.

Para la defensa de las enmiendas números 1 a 21, tiene la palabra el senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Señorías, buenas tardes.

Seré breve, pero se hace difícil intervenir justo en este momento, cuando en esta Cámara se acaba de perpetrar este ataque a la equidad, este ataque a la solidaridad, este ataque a la igualdad social y a la justicia. (Aplausos.—Protestas.)

No vamos a cejar en nuestro empeño; no lancen ustedes las campanas al vuelo porque vamos a seguir movilizándonos hasta tumbar, hasta derribar esta ley, que ni mejora la educación en nuestro país ni contribuye en absoluto a mejorar la calidad educativa de los ciudadanos y ciudadanas. (Aplausos.—Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio, por favor.

Continúe, senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Mi grupo ha presentado veintiuna enmiendas, algo que, como decía nuestro portavoz en el Congreso sobre esta ley del mercado, era complicado realizar. Quiero agradecer el trabajo desarrollado por el compañero Cosculluela en el Congreso de los Diputados, porque, como él decía, intentar enmendar parcialmente esta ley a él se le había hecho como a un ateo tratando de enmendar una encíclica sobre la Santísima Trinidad. Y es que nosotros enmendamos el fondo de esta ley, y se hacía realmente difícil presentar enmiendas parciales. No en vano, como he dicho, hemos presentado veintiuna enmiendas a este proyecto de ley, que doy por defendidas.

Simplemente voy a dedicar dos minutos para insistir en la peligrosidad que tiene la aprobación de esta ley, una ley de las que pasan desapercibidas en medio del paquete de proyectos y leyes que se vienen aprobando y que vamos a tener que seguir sufriendo en su desarrollo. En el próximo Pleno del Senado también tendremos que debatir leyes difíciles, todas ellas leyes —insisto, y no nos vamos a cansar de insistir— que lo que hacen es traicionar el mandato del pueblo español. Sí, sí. El otro día decía el señor Rajoy no sé qué de la soberanía nacional o del debate territorial en nuestro país, y ustedes están siendo cómplices de la venta de la soberanía y de la entrega de la soberanía de nuestro país a la troika y a los mercados especuladores. Y esta ley, que puede pasar




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desapercibida, va a tener consecuencias gravísimas sobre los derechos de los consumidores, los derechos de los ciudadanos y los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras en España. Porque esta ley abre un proceso de subasta para cualquier gran empresa —especialmente las grandes compañías distribuidoras de nuestro país están contentísimas con esta ley de unidad de mercados, no así los pequeños comerciantes, los tenderos, que tienen que cerrar sus negocios cada día en las calles, en los barrios, en las ciudades de España—, y entrega la soberanía a tres señores que están decidiendo por ustedes. Y ustedes, cada vez que aprietan el botón lo que están haciendo es ser obedientes al mandato de la troika. Eso sí que es vender al país, y eso es muy poco patriota, señorías.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.

Enmienda de los senadores Quintero y Zerolo.

Senador Quintero, tiene la palabra.

El señor QUINTERO CASTEÑEDA: Gracias, señor presidente.

Solo presentamos una enmienda. Al igual que antes votamos a favor de todos los vetos, esta enmienda supone casi vetar la ley, porque es muy complicado poder enmendar todo su articulado. La enmienda dice simplemente que esta ley no se aplicará en la comunidad autónoma canaria, y es que esta norma pretende homogeneizar la normativa de todas las comunidades autónomas a través de la creación de un artificial, por inexistente, principio de unidad de mercado. Y eso es incompatible con la consideración de Canarias, con el tratado especial y la recomendación de Europa de región ultraperiférica, con la lejanía, la insularidad, la reducida superficie, el relieve adverso y la dependencia económica de un reducido número de productos. Como digo, Europa confiere a Canarias un estatus especial en virtud del cual se han de modular —y así lo dice— medidas específicas orientadas, entre otras, a la política aduanera, comercial, social, las zonas francas, la política agrícola, pesquera y las condiciones de abastecimiento en materias primas y bienes de consumo esenciales. Por tanto, intentar homogeneizar la ley del mercado en Canarias, cuando ya Europa nos reconoce unas características diferentes, es negativo para nuestra comunidad, y por eso presentamos esta enmienda que dice, repito, que no se aplicará esta ley en la comunidad autónoma canaria.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.

El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado las enmiendas 131 a 156.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Siguiendo la línea de la intervención que he tenido a la hora de la defensa del veto, sobre esas ideas doy por defendidas las enmiendas que mi grupo ha presentado. Esa idea, como he dicho antes, recentralizadora, invasora, desde nuestro punto de vista, de falta de concreción, empezando por el propio término del título de la ley, y desreguladora.

Simplemente quiero matizar algunos puntos, porque antes, por la confusión que ha habido con los tiempos, no me ha dado tiempo. No compartimos, junto con el Consejo de Estado, que cuando el recurso contencioso administrativo se interponga a solicitud del operador económico el plazo de dos meses previsto para la interposición del citado recurso comience a contar desde la presentación de la solicitud.

Por último, quiero manifestar nuestro rechazo, puesto que sobre estos puntos se basan nuestras enmiendas, a la injustificada previsión de suspensión automática y sin fianza que se concede a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cuando solicite esa medida cautelar, que —leo entrecomillado— de modo tan radical altera el régimen jurídico vigente en materia de suspensión cautelar —cierro comillas— de las disposiciones y actos administrativos recurridos en sede jurisdiccional, alterando, a su vez, sustancialmente el principio de ejecutoriedad de los actos administrativos, reconocidos en el artículo 34 de la Ley 30/1992, así como la eficacia de las normas jurídicas tras la publicación, tal como se expresa en el Consejo General del Poder Judicial.




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Decía en mi anterior intervención que estos eran todos los motivos que nos habían llevado al veto y, una vez más, a presentar estas enmiendas, que, siguiendo esta lógica, son de supresión en su gran mayoría. Por lo tanto, si bien el veto no ha sido aceptado, solicito que sean aceptadas estas enmiendas, aun entendiendo que nuestra postura sería la de que debiera todavía reflexionarse para devolver el proyecto al Congreso.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha presentado dos bloques de enmiendas. El primero de ellos, con las enmiendas números 23 a 36.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señorías, del debate de los vetos y de la intervención del señor Utrera, que veo que no nos acompaña, arrastró tres afirmaciones que él hacía y que creo que es importante contestar antes de presentar el bloque de enmiendas que el senador Saura y yo proponemos.

El señor Utrera decía que este proyecto de ley se fundamenta en la confianza mutua y en la lealtad institucional. El señor Utrera lo decía en nombre de su grupo, y digamos que hacía una especie de parodia con nuestra afirmación acerca de que este proyecto de ley, de ser aprobado, va a facilitar la deslocalización, va a facilitar el dumping social a partir de la propuesta de una licencia única y la legislación de origen. Y el señor Utrera afirmaba que este proyecto de ley es el que nos va a permitir evitar el cabildeo que tantas veces se produce.

Yo solo les quiero recordar el caso de Eurovegas. En el caso Eurovegas se demuestra que de confianza mutua y lealtad institucional, ninguna. Ninguna. En el caso Eurovegas se demuestra una puja, una subasta a la baja para ver quién puede ofrecer —déjenme acabar la reflexión— mejores condiciones al dueño del casino, de la timba. Y en el caso Eurovegas se demuestra que el cabildeo ha sido máximo.

¿Qué hacen ustedes ahora con esta proposición de ley? Trazan un camino. Les dicen a las comunidades autónomas, a la sociedad: señores, esto va a ir de subasta, así que espabilen, porque la comunidad autónoma que más desregule será aquella que a lo mejor tenga mayores inversiones. Evidentemente, no estamos hablando de una economía de calidad, de inversiones de calidad, de inversiones con valor añadido. Estamos hablando de inversión especulativa, de inversiones de muy baja calidad. Ese es el mensaje, la propuesta y los instrumentos que este proyecto de ley lanza a las comunidades autónomas y al conjunto de la sociedad.

Yo creo que esto es un grave error. Es el error persistente de su Gobierno, que considera que la única salida de la crisis que tiene España es ir a una economía de muy baja calidad, con un empleo de muy baja calidad e ir una reducción de costes, en vez de apostar por lo que en el mundo se demuestra que es lo que tiene futuro, que es la economía de calidad a partir de un trabajo de calidad. Y la economía de calidad está, evidentemente, regulada. Yo creo que este es un problema grave.

Los dos portavoces del PP hoy nos han insistido en que les suena la música, la música que los diferentes grupos interpretamos. Lo único que escuchan es la letra. Pero la música y la letra del Partido Popular, desde que accedió al Gobierno y para afrontar la crisis, suenan también. Ustedes, en todo momento, en todas las propuestas que han realizado, siempre tienen dos componentes: la recentralización —y en el Pleno hemos hablado de la LOMCE, en el Pleno estamos hablando de la unidad de mercado y en el Pleno vamos a hablar de la evaluación ambiental— y un contenido neoliberal que coloca las disposiciones socioeconómicas siempre al servicio del empresariado. Mi grupo, el senador Saura y yo no es que consideremos que no haya que estar atentos a las necesidades del empresariado, faltaría más, pero les vuelvo a repetir que para salir de la crisis el esfuerzo tiene que ser del conjunto de la sociedad. Y ustedes ignoran esto.

El senador Saura y yo presentamos trece enmiendas. Con las números 24 y 25 proponemos, porque nos deja estupefactos, garantizar que las entidades locales que vayan a verse afectadas por este proyecto de ley puedan participar en el consejo para la unidad de mercado, como en las conferencias sectoriales. Creemos que es lo más razonable si realmente existe esa voluntad —que también reiteraban los portavoces del Grupo Popular— de armonizar y de trabajar desde la lealtad y la confianza mutua en crear estas condiciones que mejoren al máximo nuestra competitividad.




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La mayoría de las enmiendas que presentamos son de supresión por opinar que esta ley vulnera competencias de las comunidades autónomas; y esto, por ser un aspecto importante de crítica al proyecto de ley, lleva a que presentemos toda una batería de enmiendas de supresión a aquellos artículos que creemos que afectan más a las competencias de las comunidades autónomas.

Con la enmienda número 26 repetimos la doctrina que el Tribunal Constitucional ya tiene respecto de la compatibilidad entre el principio de unidad económica y la diversidad normativa, que es algo que creo que ustedes se olvidan de decir. El Tribunal Constitucional ya ha opinado sobre estas cuestiones, y lo ha hecho en ese sentido.

Por último, la enmienda número 23, la primera que presentamos Jordi Guillot y Joan Saura, se refiere al típico latiguillo que en toda ley siempre se introduce. Dice así: Lo dispuesto en esta ley se entenderá sin perjuicio de las competencias autonómicas en supervisión y regulación de las actividades económicas o cualesquiera otras que tenga otorgadas. Esto se pone siempre como expresión de salvaguarda y de respeto a las competencias de las comunidades autónomas. Y no está en este proyecto de ley. Por algo será.

Gràcies, senyor president.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

El siguiente grupo de enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya son las números 37 a 59 y la vuelta al texto remitido por el Congreso en lo modificado por las enmiendas 157 a 165, del Grupo Parlamentario Popular.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, nosotros hemos presentado un conjunto de veintitrés enmiendas al Proyecto de Ley de garantía de la unidad de mercado para intentar modificar el texto propuesto por el Gobierno, que desde nuestro punto de vista atenta contra el sistema de competencias autonómicas y además tiene un claro efecto recentralizador, desregulador y uniformador del mercado interior. Y supone también una reducción innecesaria e injusta de la protección y derechos de los consumidores.

Como decíamos en nuestra defensa de la propuesta de veto a la ley, creemos firmemente en la existencia de una regulación adecuada y equilibrada de las actividades económicas para favorecer su desarrollo sin obstáculos ni frenos administrativos innecesarios y siempre que se garantice, obviamente, el interés general y los derechos de los ciudadanos. Por tanto, estamos de acuerdo con la modificación o eliminación de trabas y procedimientos administrativos que supongan un freno real y contrastado a las actividades empresariales, pero vamos a estar frontalmente en contra de una desregulación de carácter genérico y recentralizador como la que propone la norma que hoy está discutiendo esta Cámara.

Recientemente, en nuestro marco legal se ha avanzado mucho en la eliminación de barreras legales y administrativas para favorecer la libre circulación de mercancías y servicios en el mercado interior de nuestro país, como consecuencia precisamente de la trasposición de la Directiva 2006/123 y mediante la Ley 17/2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 2/ 2011, de Economía Sostenible.

Precisamente en coherencia con la legislación vigente, con nuestras enmiendas números 37 y 41 a 46 planteamos la modificación o supresión de la mayoría de los artículos del Capítulo III, sobre la garantía de la cooperación entre las administraciones públicas. Las enmiendas 41 y 42 proponen la supresión de los artículos 10 y 11, porque desde nuestro punto de vista es innecesario la creación de un consejo para la unidad de mercado, dado que actualmente existe un órgano de cooperación administrativa, el Comité para la Mejora de la Regulación, en el que están representadas todas las administraciones públicas y que tiene entre sus objetivos precisamente la adopción de criterios para promover la mejora del entorno económico mediante la aplicación de los principios de buena regulación, evitando la introducción de restricciones injustificadas o desproporcionadas al funcionamiento de los mercados. Este comité, creado por la Ley 17/2009, ha demostrado además su operatividad en el proceso de reducción de cargas administrativas a lo largo de estos últimos años mediante la creación de grupos de trabajo con representantes de todas las administraciones y también de los agentes económicos afectados.




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Con nuestra enmienda número 43 proponemos la supresión del artículo 12, que atribuye a las conferencias sectoriales las funciones de coordinación, revisión y propuesta de modificación de normas, planes de actuación y la evaluación periódica que viene desarrollando el citado Comité para la Mejora de Regulación de las Actividades Económicas, lo que supondría, por tanto, una duplicidad de estas funciones.

La enmienda número 45 modifica el artículo 14, señalando que lo verdaderamente importante para que la economía sea flexible y eficiente es que exista una regulación coherente que favorezca la existencia de una competencia realmente efectiva entre empresas. Esta competencia, y no la unidad de mercado basada en la uniformidad en las diferentes jurisdicciones administrativas, favorece que se traslade al consumidor en la forma de menores precios o de aumento de la capacidad ofrecida de los productos, su variedad y su calidad, con el consiguiente incremento del bienestar del conjunto de la sociedad.

En la enmienda número 46 proponemos suprimir el artículo 15, que regula la evaluación periódica de la normativa autonómica para valorar su impacto en la unidad de mercado. Consideramos que tal previsión es absolutamente innecesaria, ya que estos procedimientos se realizan, como ustedes saben, en el ámbito de la Unión Europea.

También quisiera destacar nuestra enmienda número 47, que suprime el artículo 17, denominado de instrumentación del principio de necesidad y proporcionalidad. Al Gobierno no le parece suficiente la liberalizacion —entre comillas— de servicios realizada hasta ahora, y su propuesta se extiende hacia una mayor desregulación de determinados aspectos que definen la propia directiva y las recomendaciones que emanan de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así, por ejemplo, en cuanto al régimen de autorización, el texto reduce y limita las supuestos que son considerados como razones imperiosas de interés general, como la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, la conservación del patrimonio histórico, etcétera, lo que pensamos que se traduciría en efectos negativos sobre la protección de los consumidores y además en inseguridad jurídica en los operadores económicos.

En la enmienda número 48 recogemos una modificación del apartado 1.b) del artículo 17 para incluir la totalidad de las razones imperiosas de interés general que estipula la Directiva de Servicios y que están vigentes en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

El capítulo V del proyecto de ley regula uno de los principios de la norma que va a provocar más problemas en su aplicación práctica, a pesar de las bondades teóricas que nos intenta vender el Gobierno. En concreto, los artículos 19 y 20 establecen la prevalencia de la regulación de la Administración de origen del operador económico, con independencia del lugar en el que desarrolle efectivamente su actividad. A ello se han referido también el resto de portavoces.

En este sentido, tanto el Consejo de Estado como el Consejo Económico y Social y el propio Consejo General del Poder Judicial han mostrado sus reservas ante esta medida, cuya primera consecuencia es que va a conducir a un proceso de desregulación a la baja y en competencia entre diferentes territorios, como bien señalaba el señor Guillot, para atraer el mayor número de empresas ante requisitos más laxos para su establecimiento.

Con nuestras enmiendas 39 y 49 proponemos la supresión de estos dos artículos que configuran el capítulo V del proyecto de ley. Con la enmienda 50 proponemos suprimir el artículo 21 que regula el modelo de supervisión de los operadores para garantizar el cumplimiento de los principios de libertad de establecimiento y la libre circulación previstos en la norma, ya que pensamos que va a dar lugar a numerosos conflictos de carácter competencial.

La enmienda 53 modifica el artículo 25.2 para suprimir la previsión de que los colegios profesionales sean equiparados a una autoridad competente. Un colegio profesional tiene como objetivo fundamental la defensa de los intereses de los profesionales que están colegiados en él, por lo que no debe suplir en ningún caso las facultades o prerrogativas que las administraciones públicas tienen asignadas en el marco de sus funciones de salvaguarda del interés general. La enmienda 59 modifica el apartado c) del anexo en este mismo sentido.

La enmienda 56 introduce un nuevo apartado en el artículo 27 para, sin perjuicio de las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que establece el texto, contemplar la capacidad de las autoridades autonómicas de defensa de la competencia que




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existen en numerosas comunidades autónomas, en la facultad de resolución de las reclamaciones y recursos administrativos que puedan formularse por presunta lesión de la unidad de mercado, como así prevé precisamente el artículo 13.2 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia.

Finalmente, con nuestra enmienda 58 proponemos la supresión de la disposición final segunda. Como mencionaba anteriormente, con el texto de este proyecto de ley el Gobierno supera con creces la liberalización de servicios recomendada por la directiva europea, que ya se encuentra incorporada en nuestro marco jurídico a través de la Ley 17/2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, o la Ley de Economía Sostenible a la que antes hacía referencia. En concreto, las modificaciones a la Ley 17/2009 que propone el texto afectan a los mecanismos de intervención en la actividad económica, eliminando, entre las justificaciones que garantizan el mantenimiento de un determinado régimen de autorización, una serie de razones consideradas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como razones imperiosas de interés general, como son, entre otras, la protección de los derechos, la seguridad, la salud de los consumidores o, como decía, la conservación del patrimonio histórico.

Coincidimos, por tanto, con el informe también remitido a la ley por el Consejo de Consumidores y Usuarios, cuando afirma que el proyecto supone un menoscabo a la protección de los consumidores que se traduce en la eliminación de requisitos garantistas, desregulación y aumento de la desprotección del consumidor final, el cual no es considerado sujeto de la ley, ya que esta se dirige principalmente a autoridades, a administraciones públicas y a operadores económicos.

Estas son nuestras enmiendas y las razones que motivan su presentación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado las enmiendas números 83 a 130 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda 164 del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Gràcies, senyor president. Bona tarda.

Mi grupo ha presentado un total de 48 enmiendas que, de entrada, voy a dar por defendidas. En definitiva, la gran mayoría hacen referencia a suprimir determinados puntos que entendemos perjudican de manera considerable el proyecto de ley. Voy a hacer una agrupación en cinco ejes clave que son los que justifican la presentación de nuestras enmiendas.

En primer lugar, laminación del ejercicio de las competencias propias de cada comunidad autónoma mediante la cuestionable vía de la regulación de mínimos. Así, un producto podrá circular por todo el territorio del Estado cumpliendo la normativa más laxa existente entre las que hayan emitido las diferentes comunidades autónomas. Esto es fomentar la desregularización. Eso sí, sin criterio. El proyecto de ley estimula a las comunidades autónomas a actuar como paraísos administrativos de la mínima exigencia, lo cual incluso es contrario a la exigencia de los controles mínimos para la protección de interés general que propone la Directiva de Servicios europea.

Convergència i Unió considera una equivocación que el objetivo de la futura norma conduzca a esta desregularización por desregularizar y a una minorización de los derechos de los usuarios o consumidores finales o bien a la calidad de los productos ofrecidos por las empresas.

El futuro de una economía sostenible no se alcanzará por la vía de estimular la competencia entre las comunidades autónomas para ver cuál de ellas desregula más, sino por la vía de regulación responsable por parte de cada territorio y de la difusión de buenas prácticas entre aquellas que sean más efectivas y, evidentemente, más eficientes.

Segundo eje. Falta de encaje dentro del marco europeo por dos razones básicas. Primera, esta adulteración de los principios de la Directiva de Servicios en el mercado interior conlleva rebajar los estándares normativos en ámbitos como la seguridad, la salud, el medioambiente, los derechos de los consumidores, etcétera, lo cual puede llegar fácilmente a situar las actividades económicas en el umbral del incumplimiento de los propios estándares europeos en dichas materias. No es este el cambio de modelo productivo que necesita la economía española para salir de la crisis y, evidentemente, ser competitiva. Segunda, el proyecto de ley abre una discriminación negativa con los operadores económicos establecidos en otros Estados miembros, ya que esta remoción de obstáculos para el acceso y el ejercicio de las actividades económicas, supuestamente basado en la trasposición de la Directiva de servicios y mercados, no puede




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aplicar el mismo criterio con relación al país de origen de las empresas extranjeras; es decir, no va a prevalecer la legislación de origen en una empresa extranjera. Por ejemplo, si Carrefour se instala en España es evidente que no se contemplará la legislación francesa, aunque dicha regulación sea menos farragosa para los operadores, que es lo que viene a justificar el proyecto de ley con tal medida.

Tercer eje. Aumento de la burocratización y de la complejidad en la elaboración de las disposiciones de carácter autonómico.

El cuarto eje sitúa al autogobierno de las comunidades autónomas en un lugar, diría, de subordinación y de tutela, incompatible con los principios de autonomía, competencia y coordinación y el diseño y el reparto competencial previsto en la Constitución y en los respectivos estatutos de autonomía, situación que facilita el intervencionismo puro y duro por parte del Estado.

Finalmente, el quinto, desvirtúa los preceptos establecidos en la Directiva de servicios en el mercado interior y por la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a los criterios para establecer niveles de intervención administrativa previos al acceso y ejercicio de las actividades económicas.

Entendemos que estos son los puntos más graves frente a los que mi grupo ha presentado las enmiendas correspondientes que, en definitiva, pretenden eliminar la mayoría de ellos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta las enmiendas 60 a 82 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 157 a 165 del Grupo Parlamentario Popular.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.

Señorías, esta mañana, en el debate de vetos, hemos llegado a la conclusión, incluso han aceptado los portavoces del Partido Popular que estamos ante una ley importante. Yo coincido en ello, pero además yo la calificaría de innecesaria, la calificaría de recentralizadora, la calificaría de desreguladora y la calificaría de cínica en su redactado.

Si me permiten, les diré que si uno le echa un vistazo al texto —también lo ha dicho algún portavoz— encuentra en el preámbulo algunas frases que no tienen nada que ver con el contenido de la ley. Es una ley —dice en el preámbulo— que busca establecer los principios y normas básicas que con pleno respeto a las competencias de las comunidades autónomas y las entidades locales garanticen, etcétera, etcétera. En el texto articulado no hay nada que justifique ese pleno respeto a las competencias de las comunidades autónomas y de las entidades locales. En el texto se dice que es una ley que se hace en beneficio último de los consumidores y usuarios que tendrán un mayor acceso a productos y servicios de calidad. En el articulado, ni una sola referencia a esos derechos, ni a los de los consumidores, ni a los de los usuarios, ni a los de los trabajadores; eso sí, hay un título de un artículo que se refiere a los derechos de los operadores económicos.

En el preámbulo se habla de que unidad de mercado no es uniformidad de mercado, pero en el articulado se inducen prácticas uniformadoras porque en el propio preámbulo se dice que todas las administraciones públicas tendrán que respetar esta ley que regula actividades —y de ahí su importancia— como transportes, energía, telecomunicaciones, comercio, turismo, construcción, alimentación, industrias creativas y sector inmobiliario. Por tanto, es una ley cínica pero importante.

Es una ley que consideramos innecesaria, en primer lugar, porque el argumento que se utiliza para proponer la unidad de mercado es la competitividad de las empresas; se inicia el discurso diciendo que buena parte de la culpa de que España no sea competitiva es la posibilidad de que existan diecisiete normas distintas, lo cual está en la esencia del propio Estado español. Lo dijo expresamente el ministro en la defensa de este proyecto de ley en el Congreso, y también dijo que con esta ley se corregirá un 0,15% del PIB, con lo cual, tan importante no es. Pero, además, eso es parcialmente cierto porque no es que no se esté haciendo nada para homologar esa normativa. Como ya se ha dicho, existe un Comité para la Mejora de la Regulación; se aprobó la Ley 17/2009; se traspuso la Directiva 2006/123 del Parlamento y del Consejo Europeo. Todo eso, ese Comité para la Mejora de la Regulación, en el que participan representantes del Estado, de las comunidades autónomas, de las entidades locales y en el que trabajan grupos sectoriales, lo hace




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desde el sentido común, desde el consenso, desde el diálogo, desde el convencimiento de que acercar la normativa de las comunidades autónomas a la mejor de ellas es la solución para este problema. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.) Ustedes proponen un cambio sustancial, que es nivelar la regulación a la baja porque ese va a ser el efecto de esta ley.

También creemos que el efecto de la dispersión, que entendemos se puede mejorar, es menor de lo que afirma el Gobierno, y me gustaría poner dos ejemplos, para aquellos que no hayan tenido oportunidad de leer la ley en profundidad, que justifican la importancia de la ley pero también su relativa prescindibilidad. Creo que nadie diría que Estados Unidos o Alemania son sistemas no competitivos. En Estados Unidos el límite de velocidad depende de cada Estado, por tanto, quien quiera circular por Estados Unidos —este es un ejemplo que se ha puesto esta mañana— debe adecuar su velocidad al límite de velocidad de cada Estado, porque esta es una competencia de los Estados. Si aplicásemos esta ley, ¿significaría esto, señorías, que una empresa radicada, por ejemplo, en Texas, donde el límite de velocidad es de 85 millas por hora, puede circular por un Estado como Illinois donde el límite es de 60? ¿Puede circular a más velocidad de la que marca el Estado de Illinois? Ese es uno de los requisitos que esta ley viola. En Alemania, los horarios comerciales son competencia de los länder, eso significa —también es un ejemplo que viene a cuento— que un comercio textil ubicado en Berlín, en cuyo land se puede abrir ocho domingos al año, podría establecerse, por ejemplo, en Friburgo, que está ubicado en el land de Baden-Württemberg, donde solo se puede abrir tres domingos al año. ¿Podrían coexistir en las calles de Friburgo comercios locales sometidos a la normativa local del land, y, por tanto, abrir tres domingos con comercios ubicados en Berlín que puedan abrir ocho domingos? ¿Eso no es un absurdo? ¿Eso no es crear, como dice el Consejo General del Poder Judicial, un modelo de desigualdad, competir en la misma actividad, en el mismo lugar y en el mismo momento dos operadores económicos sometidos a requisitos distintos?

Cuando los grupos con representación autonómica hablan de recentralización, al Partido Popular le parece mal; cuando lo hace el Partido Socialista también le parece mal, pero no queda más remedio que decirlo otra vez. Es decir, estamos en una espiral de recentralización. Si el partido que sustenta al Gobierno no está de acuerdo con que existan determinadas cotas de autogobierno en las comunidades autónomas, en primer lugar, debería aplicar el modelo correcto, que es decirlo, y, en segundo lugar, proponer un modelo de Estado distinto, para lo cual hay que cambiar la Constitución. No se hace así y lo que se aplican son distintos modelos de recentralización.

Hace un momento —y quiero aprovechar para dar todo mi apoyo a la mayoría social que está en contra de la LOMCE—, hemos impuesto a esa mayoría social un modelo de ley que yo denominaría recentralización por rapiña, que significa lo siguiente: te quito las competencias que creo que no tienes que tener. Café para nadie. Repito, te quito lo que creo que no tienes que tener. Este es un modelo que también es fácil; es más ladino que el de la Constitución, pero es fácil de imaginar. Pero ustedes con esta ley nos da la sensación de que rizan el rizo y entran en un modelo que yo quiero denominar recentralización por descuido: no te quito las competencias para el Estado pero hago que te las quite otra comunidad autónoma. Una desregulación de una comunidad autónoma convierte en papel mojado la potestad de otra porque con esta licencia única se consigue que las comunidades autónomas no puedan hacer absolutamente nada que tenga que ver con políticas comerciales, industriales o de recursos humanos. Este es uno de los efectos nocivos de la ley. Esta prevalencia de la norma de la comunidad autónoma de origen que permite la acción en todo el territorio nacional tendrá como consecuencia directa que haya una competencia entre las comunidades autónomas por regular a la baja, porque esa es la manera de conseguir radicación de empresas y creación de empleo en el territorio e ingresos fiscales por esa radicación, y eso lo provoca esta ley. Además, provoca lo que, como he dicho, el Consejo General del Poder Judicial denomina desigualdad material entre operadores que realicen la misma actividad en el mismo territorio, y también la prevalencia de la norma tiene el defecto añadido de entrar en la espiral de desregulación. Acabaremos en la desregulación absoluta, y conviene recordar siempre que podamos que la crisis que vivimos es hija de la desregulación absoluta de los mercados y de los operadores financieros. No estamos aquí por casualidad, estamos aquí porque hace unos años se empezó con esta desregulación; y esta desregulación de los mercados financieros ha provocado los daños que ahora estamos pagando entre todos.




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Para que se den cuenta ustedes del nivel al que dejamos las competencias de las comunidades autónomas y las entidades locales, voy a leerle unos epígrafes del artículo 18.2 b) y c), en los que se califican como actuaciones que limitan la libertad de establecimiento y la libertad de circulación; es decir, cualquier comunidad autónoma o entidad local que haga una de las cosas que ahora diré se considera que limita la libertad de establecimiento y, por tanto, va contra esta ley. Estos requisitos son: obtener una autorización, una homologación, una acreditación, una calificación, una certificación, una cualificación o un reconocimiento, pedir la presentación de una declaración responsable o comunicación o inscripción en algún registro para el ejercicio de la actividad en el territorio de una autoridad competente distinta a la autoridad de origen. Ni siquiera se contempla un registro. Pedir un registro a un comercio que se instale en un ayuntamiento se considera, según esta ley, una actuación que limita la libertad de establecimiento y la libertad de circulación. Si alguien se atreve a poner requisitos de cualificación profesional adicionales a los requeridos en el lugar de origen o donde el operador haya cedido la actividad profesional, también estamos limitando la actividad.

Es decir, cualquier empresa puede realizar su actividad en cualquier lugar de España sin respetar siquiera el registro en la comunidad autónoma en la que va a actuar; sus trabajadores no tienen que cumplir ninguno de los requisitos profesionales o, por ejemplo, de salud laboral que tenga esa comunidad autónoma; y además, lo puede hacer con medios, vehículos o locales que tampoco tienen por qué cumplir ninguno de los requisitos de la comunidad autónoma en la que haga la actuación donde opere económicamente.

Por todas estas razones, señorías, nos hemos opuesto a esta ley y hemos presentado veintitrés enmiendas. Cinco de ellas son de supresión. Por cierto, esta mañana el senador Vallines —creo que ha sido él— nos ha dicho que el hecho de que haya enmiendas de supresión es malo, como si fuese culpa de los que presentamos las enmiendas de supresión porque no se ofrecen alternativas. Convendría que cuando hay muchas enmiendas de supresión uno, en vez de echar la culpa al que las presenta, pensase que a lo mejor el problema es del texto que ha presentado; si no, es muy difícil entenderse. Estas enmiendas de supresión afectan al capítulo III porque, como ya he dicho, existe el comité que mejora la regulación y entendemos que este capítulo III lo que hace es crear una estructura distinta que va a servir para lo mismo y que por lo tanto sobra en la ley. Estas cinco enmiendas de supresión eliminan los artículos 10, 11, 12, 13, 14 y 15.

Además, en nuestra enmienda 71 proponemos suprimir, por las razones que ha explicado algún portavoz —creo que ha sido el senador Montilla—, el artículo 17. En este artículo se eliminan una serie de razones de interés general que justificarían pedir la licencia o la autorización, entre ellas la protección de los derechos de seguridad y salud de los consumidores, de los destinatarios de los servicios y de los trabajadores, la lucha contra el fraude, la sanidad animal, la propiedad intelectual industrial, la conservación del patrimonio histórico y los objetivos de política social y cultural. No quitar ese artículo supondría eliminar estos derechos y condiciones.

Además, planteamos seis enmiendas más que pretenden evitar lo que he dicho sobre que los intereses de los trabajadores, los consumidores y los usuarios quedan fuera de esta ley, y sobre todo están supeditados a los intereses de los operadores económicos. Son las enmiendas 61, 63, 68, 70, 77 y 78.

Y con otro grupo de ellas, como no podía ser de otra forma, se intentan respetar los derechos competenciales de las comunidades autónomas. En cualquier caso, nuestras enmiendas tampoco los garantizarían, la única garantía para que quedasen incólumes las competencias de las comunidades autónomas sería retirar la ley.

Finalmente, la enmienda 80 propone excepcionar al sector del taxi de dos artículos de esta ley por medio de una disposición adicional nueva.

En principio, estas son las principales enmiendas que sometemos a su consideración con el convencimiento de que aprobarlas mejoraría la ley, igual que pasaría si aprobásemos la mayoría o muchas de las presentadas por el resto de los grupos parlamentarios, a las que daremos nuestro apoyo en tanto en cuanto persigan esos tres objetivos que les he planteado.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Turno en contra.

Tiene la palabra el senador Vallines.




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El señor VALLINES DÍAZ: Gracias, señor presidente. Señorías.

Efectivamente, hay noventa enmiendas de supresión —noventa, no son pocas—, cincuenta y cinco de modificación y solo nueve de adición. Cuando esta mañana he hecho el símil no he echado ninguna bronca a nadie porque presente enmiendas de supresión o no o por cuántas presente, sino porque decía que no se ofrecía alternativa; la única alternativa es el veto, es decir, esta ley no, porque realmente no se hace nada creativo en ninguna de las enmiendas parciales. A eso me refería. Dios me libre de librar del derecho a ningún senador de esta Cámara.

Empezaré por contestar al señor Guillot, que esta mañana preguntaba: ¿quién les pide a ustedes esta ley, si nadie se la pide? Voy a empezar por Cataluña. Ya sé que no es un organismo oficial, pero es bastante oficialista: La Vanguardia. Editorial, 28 de enero de 2013 —aprobada por el Gobierno esta ley—. Dice: Para la economía y la buena marcha de las empresas es muy necesario el anteproyecto de Ley de garantía de unidad de mercado. Pero más adelante dice: Ha sido largamente reivindicada por los empresarios españoles, incluidos los catalanes —en fin, es La Vanguardia, escolti. (Risas.)—. Y sigue diciendo La Vanguardia —no yo—: El desbarajuste legal que regula actualmente la actividad empresarial en España es tal que hay empresas que están obligadas a fabricar hasta diecisiete versiones distintas de un mismo producto. Y a nadie se le oculta —para terminar, no voy a leer más— que una simplificación drástica de las tasas administrativas a la actividad empresarial como la que pretende la citada ley puede tener efectos muy beneficiosos para la economía.

Esto es La Vanguardia, que no es oficial, pero, ¡vaya!, no es sospechosa en según qué cosas. Y voy a leer también un informe —podría leer más, pero no quiero cansar— de la Autoridad Vasca de la Competencia. La Autoridad Vasca de la Competencia dice, entre otras cosas, en los puntos principales: Cabe plantear una valoración positiva por parte de este organismo. Tanto los principios que fundamentan el establecimiento de un escenario efectivo de unidad de mercado como el establecimiento de unos mecanismos administrativos y judiciales para conseguir sin complejidad —sin complejidad— dicho escenario favorecen las condiciones de competencia en el mercado. Por ello, esta Autoridad Vasca de la Competencia debe manifestar una favorable acogida a los principios y valores que inspiran la regulación.

Son dos ejemplos me parece que bastante significativos.

Se ha insistido nuevamente en las intervenciones de los grupos en recentralización, desregularización y asunción de competencias de las comunidades autónomas. Aquí no se centraliza nada, no se desregulariza nada y, desde luego, no se asume competencia alguna, porque la Administración central del Estado no asume competencia alguna. Yo creo que eso está bien claro.

Todos conocemos situaciones que se producen en este país. Yo tengo una experiencia con algo tan extraño como el Reglamento de protección contra incendios en instalaciones industriales. Es una reglamentación de carácter nacional, pero la aplican las comunidades autónomas, y la aplican y la interpretan, de tal manera que en el límite de dos provincias sí existe dumping porque unos entienden una forma de aplicarla y otros otra; el resultado es que una inversión —que yo conozco— del orden de cinco millones de euros vale en una comunidad autónoma un 20% más que en la otra. Esto es raro, ¿no? Conozco también polígonos industriales que están entre dos comunidades autónomas y tienen, no políticas fiscales distintas —que no tratamos aquí, evidentemente—, pero sí otras muchas condiciones diferentes.

Y todo esto es lo que produce situaciones que este proyecto de ley trata de arreglar. No pretendemos ser perfectos, pero es un camino, dentro de la lealtad de la competencia y dentro de lo que llamamos la lealtad constitucional, la cooperación entre las administraciones, en el que creemos que se puede avanzar.

Ya lo dijo el señor Solbes en la defensa de la Ley 17/2009, de trasposición de la Directiva de Servicios: Lo que queremos con esto es que un alemán pueda vender en cualquier localidad de España y lo que queremos es que cualquier español pueda vender en cualquier localidad de España. Es decir, un alemán puede colocar sus productos en Gerona, pero a un andaluz se le ponen pegas y determinadas condiciones si quiere vender en Aragón, por no tocar otras comunidades autónomas.

Ya hemos dicho que quedan fuera de este tratamiento tanto lo que se refiere a gasóleo profesional y mercancías peligrosas, como a explosivos, productos estancos, patrimonio histórico




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artístico, la seguridad, la salud pública, la hacienda —a la que ya he hecho mención—, sector de tarifas reguladas, las oficinas de farmacia, el taxi, el alquiler de coches con conductor, concesiones demaniales, es decir, de dominio público, y todo lo referente al medio ambiente. No le den tanta importancia a esta ley, que la tiene, pero de alcance limitado en su materia.

Canarias no perderá ninguna peculiaridad, señor Quintero, ninguna, por esta ley. Serán ustedes igual de simpáticos e igual de eficaces y estarán igual de aislados de lo que lo puedan estar ahora e igual de protegidos de lo que lo pueden estar ahora. No afecta para nada a ninguna peculiaridad de Canarias.

Al señor Mariscal poco le puedo decir, porque ha hablado de la ley anterior, de educación. Su compañero, al que ha alabado tanto, el señor Coscubiela, en el Congreso nos llamó ultraliberales, ultraintervencionistas de clase. Yo le agradezco que haya sido bastante más suave que su compañero.

Antes hablábamos de música. La música, naturalmente, la oímos todos, pero la música la empieza el opositor, el que se opone, y siempre es la misma: que tocamos las competencias de las comunidades autónomas y que no defendemos a las clases trabajadoras y estamos al servicio del gran capital y de las empresas multinacionales. Oiga, ¡que tenemos diez millones largos de votos! Capitalistas ricos, ricos, hay pocos, muy pocos, no tantos como diez millones, desgraciadamente.

A la señora Iparragirre le debo contestar lo que ya le he contestado a través de la lectura del informe de la Autoridad Vasca de la Competencia. Creo que en su autonomía hay gente que defiende que algo hay que hacer. Podemos equivocarnos, pero algo estamos haciendo en esa línea.

Al señor Montilla —antes no estaba presente— le alabé su intervención inicial de esta mañana porque, efectivamente, la podíamos suscribir. Era una descripción de la problemática perfectamente correcta. No está de acuerdo con la herramienta que utilizamos. De lo que yo me quejaba —y, por eso, hablaba de las enmiendas de supresión— era de que no se ofrecía alternativa a un problema real que existe. Existe un problema. El Gobierno ha puesto un sistema de solución; a lo mejor no es perfecto —no lo es, seguro—, pero es una camino hacia la solución.

El señor Alturo ha insistido en que se va en contra de las competencias, que se desregula de origen. Hablando de regularización, señor Manchado, el problema financiero no fue por un problema de desregularización, sino por falta de regularización. No se puede confundir que por no haber regularización se produjera lo que se produjo con una desregularización, que no es el caso; lo que pasaba es que no había suficiente regularización en esa materia. El señor Manchado ha puesto un ejemplo en relación con la conducción de automóviles y los Estados Unidos. Mire, con el carné de conducir de España usted puede conducir en cualquier parte del mundo, en Europa, casi, casi, en todo el mundo occidental. En España, usted sale de una comunidad autónoma, pasa la ITV de su coche en la misma comunidad autónoma —es reconocido tanto el carné de conducir como el pase de la ITV en cualquier comunidad autónoma—, puede echar gasolina en una comunidad autónoma o no, en una tienen el recargo —y ahí empezamos con los problemas de Hacienda: el impuesto sanitario, el céntimo sanitario—, pero cuando llega a un ayuntamiento, naturalmente, va por la calle a la velocidad que marca el ayuntamiento; no se lo impone nadie, ni la comunidad autónoma, ni el Gobierno central ni la Unión Europea. Y no se puede hablar de desregularización desde ningún punto de vista, desde el punto y hora que existe siempre una capacidad normativa básica, que existen unas normas reguladoras básicas y las normas reguladoras de la Unión Europea. Por tanto, no creemos que en este trámite de enmiendas parciales, ustedes hayan aportado, insisto, nada a la solución de un problema que existe para avanzar en el camino de la competitividad, del crecimiento de la economía y de la creación de empleo.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente.

Intervendré muy brevemente.

El senador del Grupo Parlamentario Popular dijo dos cosas: que esta ley no iba a afectar en nada a Canarias. Si es así, puede aceptar la enmienda que hemos presentado. La enmienda dice:




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No será de aplicación esta ley a Canarias. Estamos completamente de acuerdo. Entiendo que van a votar a favor de la enmienda porque la ley no afecta en nada a Canarias. Nuestra enmienda es muy sencilla, dice: Esta ley no será de aplicación en Canarias. Estamos de acuerdo, por lo tanto, entiendo que van a aceptarla.

Por otro lado, no tengo nada en contra de las enmiendas de supresión, pero la nuestra es de adición. A lo mejor podría aceptarla.

Nosotros creemos que el Gobierno de España está recentralizando en muchas de las leyes que trae aquí, y esta es una evidencia de ello. Consideramos que esta deriva contra las comunidades autónomas es negativa y contraproducente; esta es una ley que va a crear una inseguridad jurídica muy grande.

Con esta normativa sobre la unidad de mercado el Gobierno quiere imponer un espacio económico inexistente, desde nuestro punto de vista, con la excusa de que funcione con una mayor fluidez y ensanchando las oportunidades económicas. Aunque se justifican diciendo que siguen la línea de las medidas de liberalización de la Unión Europea en el ámbito de los servicios, creemos que lo pretendido por el Gobierno va mucho más allá y sin cobertura de normativa comunitaria, porque sus determinaciones implican a todas las actividades económicas, incluso a las que tenemos reconocidas como exclusivas por parte la Unión Europea.

Es abundante y consolidada la jurisprudencia constitucional que establece que las competencias de las comunidades autónomas se encuentran limitadas a sus propios territorios y no pueden sobrepasarlos. Creo que esto lo entendemos todos. Sin embargo, nos podemos encontrar con la paradoja de que un territorio tenga que soportar dieciséis normativas diferentes si sus empresas van a otros territorios. La inseguridad jurídica que esto provocaría sería muy grande. Esta coexistencia en un mismo territorio de distinta normativa producirá, como dije, una distorsión del mercado que afectará tanto a los derechos de los consumidores y los usuarios como a la competencia de los operadores, puesto que no todos partirán de las mismas condiciones ni tendrán que cumplir las mismas exigencias ni se les aplicará por los mismos hechos un mismo régimen sancionador. En definitiva, creemos que es un disparate jurídico y político de dimensiones muy grandes que nos va a afectar muchísimo.

La situación descrita afecta muchísimo más a Canarias. Como dije, nuestra legislación viene siendo sistemáticamente ignorada por el Gobierno del Estado. Contamos con un modelo de aguas diferente o un modelo de financiación canario, el REF, donde establecemos nuestra costa y nuestra energía. Asimismo, la Unión Europea nos cataloga de región ultraperiférica. Por lo tanto, tenemos diferenciaciones. Antes decía que es lo mismo poner gasolina en un territorio o en otro, pero en Canarias tenemos implantada una normativa, incluso en materia de impuestos, muy diferente.

Consideramos que esta ley ataca a las comunidades autónomas, al derecho de las autonomías y que, en vez de agilizar —en lo que podríamos estar de acuerdo sin que nadie nos lo pidiera— ocurrirá todo lo contario, se entorpecerá muchísimo más la actividad empresarial.

La situación estructural, social y económica de Canarias, caracterizada por una gran lejanía e insularidad, una superficie reducida, relieve adverso, dependencia económica de un reducido número de productos le permite tener un estatus especial en la Unión Europea, en virtud del cual se han de modular por parte de los poderes públicos —esto lo dice la Unión Europea— medidas específicas orientadas, entre otras, hacia políticas aduaneras, comerciales, sociales, políticas de las zonas francas, políticas agrícolas, pesqueras y las condiciones de abastecimiento de materias primas y bienes de consumo esenciales.

Nosotros consideramos que esta norma que hoy se va a aprobar aquí atenta evidentemente contra la normativa europea y contra nuestra especificidad canaria.

Por este motivo, como usted me dijo que la ley no afectaba en nada a Canarias, entiendo que nuestra enmienda, sencilla y muy corta, puede ser aceptada por el Grupo Parlamentario Popular.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones.)

No hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador señor Montilla.




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El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, con brevedad vuelvo a intervenir para reiterar la oposición de mi grupo a este proyecto de ley ya que creemos que no cumple ninguna de las motivaciones ni de los objetivos que propone el Gobierno, aparte de que pensamos que cuando entre en vigor va a generar numerosos conflictos y contenciosos de toda índole, y en una coyuntura como la actual pensamos que esto no es necesario. Los ciudadanos, los consumidores, los operadores económicos en general, las pymes de manera muy particular o las administraciones territoriales no necesitan una regulación como esta. Y no decimos que no sea necesaria una ley de estas características. Nosotros creemos firmemente en la regulación del mercado y de las actividades económicas para garantizar el interés general y los derechos de los ciudadanos. Y en un sistema institucional como del que está dotado nuestro país, en el que existen diferentes niveles de Administración, esta regulación debe ser coherente con procedimientos administrativos mínimos y evitando duplicidades. Es muy importante que la regulación ofrezca seguridad jurídica y confianza en los operadores del mercado y que los trámites administrativos se establezcan bajo el principio de la eficiencia aplicando el menor coste posible. Pero es muy importante también que se garanticen los derechos y la protección de los ciudadanos y de los consumidores. Y en este caso podemos decir que la ley no acaba de diagnosticar bien los problemas o dificultades y propone soluciones sin excesiva base, sin unos mínimos datos que soporten las propuestas, con una exposición de motivos de un proyecto de regulación que acaba convirtiéndose en ley, pero la necesidad de este proyecto de ley la fundamenta el Gobierno en su preámbulo, en el que afirma que el mercado español está fragmentado debido a —y cito textualmente— la proliferación de diferente regulación autonómica y local, lo que se traduce en un elevado coste que dificulta de forma considerable la actividad de las empresas. En cambio, no hemos encontrado documentación que le acompañe ni ningún diagnóstico que demuestre efectivamente la rotundidad de esta afirmación que se hace.

Por supuesto que estamos de acuerdo en estudiar, valorar e impulsar la eliminación en su caso de las diferentes trabas o estrangulamientos que puedan encontrarse las empresas y que dificulten el desarrollo de su actividad, pero basándonos en diagnósticos sectoriales que lo demuestren y que lo cuantifiquen. Porque es muy difícil apelar a afirmaciones que faciliten las medidas que queremos tomar y darles la apariencia de interés general que debe impregnar toda la acción de gobierno cuando en realidad lo que se busca son seguramente otros intereses, como estamos comprobando en la mayoría de proyectos legislativos que se tramitan en esta legislatura.

Voy a ponerles un ejemplo con datos objetivos de las pretendidas bondades de la liberalización y de la desregulación del mercado que algunos de ustedes proclaman. En junio de 2012 la Comunidad de Madrid aprobó la liberalización de los horarios comerciales con el apoyo explícito del Gobierno del Estado. Se vendió como una de las salidas de la crisis afirmando que se iba a generar mayor inversión, riqueza y empleo y afirmando que se incrementaría al PIB regional en el 0,6% y al PIB nacional en el 0,78% favoreciendo la reducción del paro en un 2% y la creación de más de veinte mil puestos de trabajo y más de cien mil a nivel nacional. Pues bien, la realidad de los datos dice de alguna manera lo contrario. La publicación del índice del comercio al pormenor que hace el Instituto Nacional de Estadística en el mes de agosto ha confirmado que ha ocurrido justamente lo contrario: se ha destruido el 5,8% de la ocupación y han disminuido las ventas en un 7,1% cuando la media nacional está en una disminución del 4,2%.En cambio, en otras regiones donde sí hay una regulación de esos horarios comerciales la caída de las ventas no ha sido tan desastrosa. Este es un ejemplo objetivo de resultados no deseados que a veces provoca la desregulación que nos están proponiendo con esta ley.

Una de las medidas de este proyecto de ley es el establecimiento de la prevalencia de la regulación de la Administración de origen del operador económico, con independencia del lugar en el que el mismo desarrolle su actividad, y puede ser de difícil aplicación, como recogen diversos dictámenes del proyecto de ley, provocando situaciones de desigualdad material entre operadores económicos que realicen una determinada actividad en un mismo territorio, ya que podrían ejercer su actividad con distintos requisitos de acceso. Y la primera consecuencia de esta medida va a conducir a un proceso de desregulación a la baja, como se ha puesto de manifiesto en diversas intervenciones, y en competencia entre los diferentes territorios para atraer el mayor número de empresas ante requisitos más laxos para su establecimiento. Y esta circunstancia va a generar




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conflictos competenciales entre el Estado y las administraciones territoriales, pero también entre las propias comunidades y entidades locales.

Este nuevo marco normativo aumentará la incertidumbre y la inseguridad jurídica de los operadores económicos y creo que ese es justo el efecto contrario al que esgrime el Gobierno en la justificación de la oportunidad de este proyecto de ley. Además, este principio llamémosle de licencia única podría determinar un importante impacto del proyecto de ley sobre los presupuestos de las distintas comunidades autónomas y su capacidad tributaria —no lo hemos de olvidar—, de establecer y exigir tributos reconocidos a las comunidades autónomas en aquellos impuestos, tasas, contribuciones especiales cuyo hecho imponible esté vinculado por algún medio de intervención que por motivo de este proyecto de ley ya no pueda exigirse en la comunidad autónoma de destino.

En fin, no voy a reiterar todos los argumentos por los que rechazamos esta norma, pero no puedo finalizar mi intervención sin denunciar la filosofía recentralizadora que emana de sus medidas, y esto no es admisible en un Estado descentralizado como el nuestro. No se puede forzar el principio de unidad de mercado a costa de las competencias de las comunidades autónomas. Como ya ha fundamentado el propio Tribunal Constitucional al establecer la necesaria compatibilidad entre la unidad de mercado y la autonomía política y como dice el Consejo General del Poder Judicial en su informe de la ley, la unidad de mercado no equivale a su uniformidad.

Para acabar, esta ley no respeta incluso ni la Directiva europea de servicios en el mercado interior, que en su considerando número 60 dice, textualmente: La presente directiva y, en particular, las disposiciones referentes a los regímenes de autorización y al ámbito territorial de una autorización no deben interferir en el reparto de competencias regionales o locales en los Estados miembros, incluidos los Gobiernos autónomos, regionales y locales y el uso de lenguas oficiales. En fin, una mala ley, que no soluciona los problemas que realmente existen —algunos de ellos, por supuesto— y que, además, pensamos que crea otros que hoy precisamente no existen.

Por estas razones, evidentemente, votaremos en contra del proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.

Muy brevemente, simplemente, para puntualizar un par de cosas que se han comentado.

Senador Vallines, para argumentar esta ley usted nos ha citado una editorial de un periódico. Si la argumentación que tenemos para defender una ley es esta, pocos argumentos deberemos tener.

Por otra parte, cuando dice que la ley la piden los empresarios, le diré que es probable que pidan una ley, lo que es seguro es que no piden esta ley. Ya lo hemos argumentado, no hace falta repetir lo mismo, pero es una ley nefasta para la competitividad de la economía —ya lo veremos; ya veremos a quién da la razón el tiempo—; es nefasta para las comunidades autónomas por la recentralización que va a llevar a cabo, sin duda. Y, fíjese, señoría, ocho vetos. Esto quiere decir algo. Ya lo decía antes también con referencia a la LOMCE; tendrían que reflexionar sobre qué está ocurriendo y qué significa. Ustedes verán, pero la realidad es esta.

Lo más grave es que vamos a entrar en una competencia entre comunidades autónomas para ver cuál tiene una regulación más laxa, y van a salir perjudicados determinados servicios que son de interés general. Vamos a entrar en una guerra que creo que no va a fomentar justamente el espíritu del preámbulo, que persigue que la economía vaya bien, que la economía progrese, darla impulso y estímulos.

Me gustaría también hacerle un pequeño comentario al senador Utrera que ha dicho que estoy confundiendo la unidad de mercado con defensa de la competencia. Señor Utrera, yo he hecho una pregunta y se la repito, ¿qué significa hoy en Europa elaborar una ley de unidad de mercado? Para Europa es sencillamente aplicar normas en defensa de la competencia. Por tanto, está vinculado. Esto es así. En definitiva, estamos favoreciendo el mercado y la economía. Lo correcto sería copiar lo que hace Europa y no hacer una ley que no quiere nadie y que nos va a perjudicar.

Muchas gracias.




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervendré muy brevemente para explicar la posición final, pero también para contestar a alguna de las afirmaciones que ha hecho el senador Vallines. A nosotros francamente que La Vanguardia lo pida... ¡Qué quiere que le diga! Sí que estamos seguros de que es cierto lo que dice La Vanguardia y lo que ha dicho usted, que los grandes empresarios catalanes la piden. Claro, pero es que los grandes empresarios de este país piden una ley de estas. El problema es que no la piden para esto pero saben que mejora sus condiciones de negocio y, precisamente, esta es una de las razones por las que nosotros estamos en contra, porque esto perjudica a las pymes y al pequeño comercio. Lo hemos dicho. No es, por tanto, un argumento.

Me ha hablado de regulación. Les voy a leer —no sé si lo han visto, pero está en la mesas de los pasillos de la casa— el dictamen del CES, el Consejo Económico y Social. Nosotros hablamos de desregulación y el CES advierte de que la posibilidad de ir hacia un proceso de homogenización normativa puede producir la convergencia hacia normativas de mínimos o ausencia de norma. La ausencia de normas es, señorías, desregularización o, me da igual, no regularización. Si no hay norma no hay regularización. Dice el CES: La norma sometida a dictamen puede ser de difícil aplicación y dar lugar a una gran litigiosidad porque afecta a un buen número de competencias autonómicas y locales. Por lo tanto, cuando afirmamos que es una ley que vacía de contenido el autogobierno de las comunidades autónomas o las entidades locales, es decir, que afecta al derecho constitucional de dictar políticas, no nos lo inventamos, lo dice el CES. Dice el CES: Adolece de numerosas indeterminaciones que pueden generar inseguridad jurídica. Dice el CES: En este sentido, dado que en última instancia los consumidores y usuarios resultarán muy afectados por el desarrollo de la norma, el CES considera necesario que se incluya en el articulado alguna referencia a las implicaciones que para los mismos tendrá la aplicación de las medidas contempladas en el anteproyecto. Hemos presentado seis enmiendas destinadas a que los derechos de los consumidores, los usuarios y los trabajadores aparezcan en la norma. Por lo tanto, estamos planteando alternativas, senadores y senadoras, senador Vallines.

Nosotros tampoco queremos que un andaluz no pueda vender sus productos en Aragón. Claro que no lo queremos. Queremos que cualquier ciudadano español pueda vender sus productos donde quiera. Lo que no queremos es que los pueda vender como quiera, lo que quiera y cuando quiera. Eso es lo que no puede ser. Lo que no puede ser es que establezcamos competencia —no en el sentido competencial— entre las comunidades autónomas para ver quien regula más bajo para que vengan más empresas a la comunidad autónoma. Y eso, que hoy decía el senador Utrera que era algo que parecía imposible, a lo mejor será poco posible, pero con que pase una vez, ya es un problema.

Señorías, uno de los mantras que utilizan ustedes en esta legislatura consiste en decir que el Gobierno actúa. Hay un problema y el Gobierno actúa. Actuar es inocuo per se. No es bueno o malo actuar per se. Hay que ver cómo se actúa. Si uno invita a un café al vecino actúa bien, si le roba 50 euros actúa mal y en ambos casos actúa. Por tanto, que el Gobierno actúe no es una garantía de nada, simplemente es que el Gobierno actúa, es su obligación, el Gobierno tiene que actuar y, además, debería actuar bien y en este caso actúa mal.

Estamos también cansados de que se nos diga que la oposición no colabora, que solo pone pegas, que no plantea alternativas. Señorías, antes de subirse a un tren en marcha conviene saber dónde va el tren y quién lo conduce porque subirse a cualquier tren no merece la pena.

Desde luego, nosotros no vamos a subirnos a un tren que conduzca el señor Rajoy y que lleve hacia un modelo de sociedad desregularizada, conservadora o neoliberal; no vamos a subirnos a ese tren, y eso no es estar siempre a la contra sino plantear alternativas, como hemos hecho. Hemos dicho que esta ley es innecesaria o, por lo menos, prescindible; hemos dicho que esta ley provoca desregulación, y lo dice el CES; y hemos dicho que esta ley vacía de contenido el autogobierno constitucional de las comunidades autónomas y las entidades locales.

Por lo tanto, señorías, esto se llamará recentralizar o cómo sea, pero estamos en contra de esta ley por esas tres razones.

Muchas gracias. (Aplausos.)




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Vallines para cerrar el debate.

El señor VALLINES DÍAZ: Gracias, señor presidente.

Empezaré por el final, por el CES, porque usted lee solo una parte del dictamen del Consejo Económico y Social y yo les leeré otra: Desde esta perspectiva, el CES comparte los propósitos que animan la futura ley. Y usted ha dicho que no comparte. Repito, ha dicho que no comparte.

Seguiré leyendo: En concreto, el objetivo principal del anteproyecto es el de garantizar la unidad de mercado, mediante la eliminación de distorsiones y duplicidades que, en la práctica, desincentivan de manera injustificada la iniciativa empresarial y la generación de empleo y que, en definitiva, dificultan y encarecen el desarrollo de la actividad económica.

Dice más adelante: En este sentido, este Consejo es partidario de impulsar un proceso de armonización de la regulación económica de distintas administraciones públicas.

Por tanto, es cierto lo que usted ha dicho, pero esto también lo es. Como le he dicho antes al señor Montilla, su diagnóstico es perfecto. ¿El Gobierno actúa? Sí, porque es lo que le toca hacer; claro que tiene que actuar. Otros Gobiernos no actuaron en absoluto y se quedaron a verlas pasar.

Quizá la solución no es correcta y, desde luego, no es perfecta. Habrá otras, pero ninguna de las enmiendas que han aportado los grupos de la oposición, de las que noventa son de supresión, aportan otra visión.

Muchos comparten que existe el problema, que hay que resolverlo, pero el Gobierno, que es el que tiene que poner las condiciones, actúa. ¿Equivocadamente? A juicio de la oposición, sí; a nuestro juicio, no.

La Vanguardia no es un dogma de fe para mí, que soy cántabro, y a veces parece que tampoco lo es para los catalanes, pero creo que sí refleja de algún modo el conocimiento de lo que es Cataluña y lo que siente una mayoría de catalanes.

Como ha dicho el senador Manchado, han repetido un mantra en el sentido de que defendemos los intereses de las grandes empresas, de las multinacionales y es justamente lo contrario. Una gran empresa de distribución, una multinacional —y todos tenemos en la cabeza algún nombre— cuenta con servicios de sobra en sus administraciones para estar al tanto de la legislación, de la exigencia de cada comunidad autónoma o de cada ayuntamiento. Es el pequeño empresario, es la pequeña actividad de servicios la que tiene que defenderse de este sistema porque no puede dedicarse a atender, en su caso, las diecisiete regulaciones distintas. Por lo tanto, insisto en que es lo contrario absolutamente. No defendemos la gran empresa, el gran capital o a los millonarios de este país, defendemos al pequeño y mediano empresario. Quizá nos equivocamos, pero, sin duda, ese es el objetivo. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Se dice que con esta ley se puede entablar una competencia a la baja en el mercado a la hora de establecerse o no en una comunidad. Antes he hecho una relación de las actividades a las que esta ley no afecta, y le voy a señalar algunas otras. Por ejemplo, en lo relativo a impuestos, hay diferencias entre una comunidad autónoma y otra, incluso entre provincias de una misma comunidad autónoma, y cuando un empresario se decide a invertir o a vender en una comunidad autónoma tiene en cuenta las comunicaciones, los impuestos, los niveles salariales, las comunicaciones —y al hilo de esto, yo soy de Cantabria, como he dicho, y quisiera tener un AVE como los catalanes o los andaluces, pero no lo tenemos—, y todo eso, junto a otras cosas que puedan tener y que no tienen los demás, hacen que alguien se decida por una ubicación concreta; fundamentalmente por la de origen, como es natural.

Para terminar, le voy a poner un ejemplo de competencias a la baja: el impuesto de circulación. Creo que en casi todas las provincias hay un pueblo donde el impuesto de circulación es bajísimo lo que hace que se domicilien montones de automóviles de otros pueblos para pagar menos, porque en su localidad de origen es muy caro. Resulta que ese pueblo hace un buen negocio porque, primero, baja ese impuesto a sus habitantes y, segundo, recauda mucho más de los demás ciudadanos; recaudan más que si ponen un tipo de impuesto alto. Eso es competencia entre comunidades autónomas y ayuntamientos, por un impuesto como el de circulación, que parece inocuo a esos efectos, pero no lo es.




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Finalmente, no critico tampoco que digan que no llegan alternativas, lo que digo es que no las han presentado, señor Alturo. Yo no critico que se introduzcan enmiendas de supresión, lo que hace falta es una alternativa. Las enmiendas de supresión son para decir: esto se quita, esto se quita y esto se quita, y dejar la ley en una declaración de buenas intenciones. Pero nada más.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vallines.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas del Proyecto de Ley de unidad de mercado y, si me lo autoriza el Pleno, someteré también a continuación, en una votación única, la propuesta de reforma del Reglamento del Senado, por la que se modifican los artículos 92 y 93, sobre el voto telemático. (Pausa.)

Muchas gracias.

Comenzamos con el voto de las enmiendas. En primer lugar, las enmiendas de los senadores Mariscal e Iglesias, del Grupo Parlamentario Mixto. Votamos la enmienda número 5.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 219; a favor, 66; en contra, 142; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 7.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 219; a favor, 64; en contra, 145; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 9 y 20.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 74; en contra, 143; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 17.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 16; en contra, 143; abstenciones, 61.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 3, 14, 16 y 18.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 15; en contra, 146; abstenciones, 59.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas, 2, 10, 11, 12 y 21. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 218; a favor, 71; en contra, 144; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 15.

Comienza la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 219; a favor, 19; en contra, 142; abstenciones, 58.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 1, 4, 6, 8 y 19.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 217; a favor, 77; en contra, 140.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 13.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 218; a favor, 74; en contra, 144.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los senadores Quintero y Zerolo, votamos la enmienda número 22.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 219; a favor, 16; en contra, 141; abstenciones, 62.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, comenzamos votamos las enmiendas 142 y 143.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 3; en contra, 206; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 131, 134, 136 y 156.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 67; en contra, 143; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 133, 139 y 154.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 219; a favor, 77; en contra, 142.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 137, 138, 144, 146 a 148, la 152, 153 y 155.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 219; a favor, 14; en contra, 143; abstenciones, 62.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 132, 135, 140, 141, 145 y 149 a 151.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 219; a favor, 4; en contra, 142; abstenciones, 73.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, comenzamos votando la enmienda número 33.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 15; en contra, 143; abstenciones, 62.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 35.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 75; en contra, 145.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 24, 30, 32 y 34.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 18; en contra, 143; abstenciones, 59.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 31.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 18; en contra, 143; abstenciones, 59.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 23, 25 y 26.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 78; en contra, 142.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 27 a 29.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 74; en contra, 146.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda numero 36.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 77; en contra, 143.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 38 y 47.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 218; a favor, 74; en contra, 141; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 40.

Comienza la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 65; en contra, 143; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 37, 41, 42, 46, 48, 52 y 56 a 59.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 77; en contra, 143.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 51, 53 y 54

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 219; a favor, 67; en contra, 142; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 39, 43 a 45, 49 y 50.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 219; a favor, 74; en contra, 145.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 55.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 218; a favor, 64; en contra, 145; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió comenzamos votando las enmiendas números 94, 117 y 119.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 219; a favor, 27; en contra, 143; abstenciones, 49.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 98 y 118.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 23; en contra, 145; abstenciones, 52.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 83, 90, 109, 110, 113 y 114.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 74; en contra, 146.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 96, 115, 116 y 123.

Comienza la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 219; a favor, 12; en contra, 145; abstenciones, 62.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 84, 97, 126, 127 y 129.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 74; en contra, 143; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 86, 91, 101, 103 a 105 y 107.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 219; a favor, 11; en contra, 143; abstenciones, 65.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 124 y 125.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 219; a favor, 76; en contra, 143.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 85, 87, 100, 102, 106, 108, 111, 112, 121, 122 y 130.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 219; a favor, 15; en contra, 142; abstenciones, 62.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 88, 89, 92, 95, 99, 120 y 128.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 216; a favor, 76; en contra, 140.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 93.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 217; a favor, 25; en contra, 141; abstenciones, 51.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Socialista comenzamos votando la enmienda número 71.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222; votos emitidos, 219; a favor, 73; en contra, 143; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 62, 66, 67, 68, 72 y 73.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 74; en contra, 146.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 78.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 63; en contra, 146; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 63, 74 y 77.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 217; a favor, 67; en contra, 140; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 60, 61, 64, 65, 69, 70, 75, 76, y de la 79 a la 82.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 220; votos emitidos, 216; a favor, 75; en contra, 141.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los Grupos Parlamentarios de la Entesa, de Convergència i Unió y Socialista, votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda 164 del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 223; a favor, 80; en contra, 143.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

De los Grupos Parlamentarios de la Entesa y Socialista, votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas números 157 a 163 y 165 del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 223; a favor, 80; en contra, 143.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazado.

Votamos a continuación, señorías, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 223; a favor, 142; en contra, 81.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado.

Votamos a continuación, señorías, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 223; a favor, 143; en contra, 80.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por su Majestad el Rey.




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14. REGLAMENTO DEL SENADO

14.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

14.1.1. PROPUESTA DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL SENADO POR LA QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 92 Y 93. (Votación.)

COMISIÓN: REGLAMENTO

(Núm. exp. 626/000002)

El señor PRESIDENTE: Pasamos, señorías, a la propuesta de reforma del Reglamento del Senado por la que se modifican los artículos 92 y 93. Dictamen de la Comisión de Reglamento. Propuesta de reforma del Reglamento del Senado. No se han presentado enmiendas a esta propuesta de reforma. La Comisión de Reglamento, en su sesión del día 20 de noviembre de 2013, ha acordado aceptar como dictamen el texto publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, número 269, de fecha 20 de noviembre de 2013.

Vamos a proceder a la votación final sobre la totalidad de la propuesta de reforma. De conformidad con el artículo 196.3 del Reglamento del Senado, para su aprobación se requerirá la mayoría absoluta de la Cámara, es decir, 134 senadores.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 221; votos emitidos, 220; a favor, 217; en contra, 3.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, señorías, queda aprobada la propuesta de reforma del Reglamento del Senado por la que se modifican los artículos 92 y 93. (Aplausos.)

Abran las puertas.

15. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

15.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

15.1.1. PROYECTO DE LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

COMISIÓN: MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

(Núm. exp. 621/000052)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental. Se tramita por el procedimiento de urgencia en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor. Gracias.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la presidenta de la comisión, la senadora María Jesús Ruiz. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora RUIZ RUIZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, me cabe el honor de haber sido designada para presentar ante la Cámara el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático al Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental.

Este proyecto de ley que se somete ahora a su consideración fue remitido al Senado por el Congreso de los Diputados y publicado el 5 de noviembre de 2013.

El plazo de presentación de enmiendas concluyó el día 13 de noviembre de 2013, tras una ampliación de plazo.

Al mismo se han presentado seis vetos y cuatrocientas cincuenta y tres enmiendas por los siguientes senadores y grupos parlamentarios.

Veto número 1, presentado por los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes del Grupo Parlamentario Mixto. Veto número 2 de la senadora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto. Veto número 3 del Grupo Parlamentario Socialista. Veto número 4 de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Veto número 5 de la senadora Almiñana Riqué y de los senadores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa,




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Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la senadora Sequera García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Veto número 6 presentado por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

En cuanto a las enmiendas, las números 1 a 57 han sido presentadas por los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; las números 58 a 60 por el senador Fuster Muniesa y por las senadoras Ibarz Ibarz y Santos Fernández del Grupo Parlamentario Popular en el Senado; las números 61 a 69 presentadas por los senadores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto; las números 368 a 453 han sido presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; las números 172 a 327 por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora RUIZ RUIZ: Las números 328 a 367 por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; las números 73 a 171 por el Grupo Parlamentario Socialista y las enmiendas números 70 a 72 por el Grupo Parlamentario Popular.

La ponencia designada para informar el proyecto de ley procedió a emitir el citado informe el 15 de noviembre, acordando lo siguiente: incorporar al texto las enmiendas números 70, 71 y 72, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, así como una serie de correcciones técnicas, cuyo fin ha sido subsanar errores terminológicos y gramaticales que no alteran el sentido del texto.

La comisión procedió a dictaminar el proyecto de ley el mismo día 15 de noviembre de 2013, aceptándose como dictamen el informe realizado por la ponencia.

Finalmente, han presentado votos particulares a este dictamen los senadores Fuster Muniesa, Ibarz Ibarz, Santos Fernández, Iglesias Fernández, Mariscal Cifuentes, Guillot Miravet, Saura Laporta, Almiñana Riqué, Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y Sequera García, y también han presentado voto particular los grupos parlamentarios Mixto, Vasco en el Senado, Entesa pel progrés de Catalunya y Socialista.

Todo ello resume la tramitación que se ha llevado a este caso y que en este momento procede para su consideración.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ruiz.

Pasamos al debate de las propuestas de veto.

Propuesta de veto número 1, presentada por los senadores Iglesias y Mariscal.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías.

Presentamos veto a este proyecto de ley los senadores de Izquierda Unida denunciando en primer lugar que nos encontramos de nuevo ante la loca carrera legislativa que hace que los proyectos se tramiten por el procedimiento sumarísimo y a la trágala. En este proyecto además resulta menos comprensible aún que se viva la tramitación con esta prisa cuando, como muy bien saben quienes lo han planteado, hay en este momento en marcha en la Unión Europea una modificación de la Directiva 211/1992 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados, es decir, la misma materia, el mismo ámbito al que se refiere el proyecto.

A partir de la realidad de nuestro país, que refleja un alto grado de degradación del medio natural, y ante la incapacidad del marco normativo vigente en relación con la evaluación y los estudios de impacto ambiental, cabría pensar que una reforma que afectara a esta materia tendría como objetivo fundamental precisamente responder, siendo más exigente en la demanda de los contenidos y el rigor de estos estudios ambientales, sobremanera cuando estamos viviendo en los tiempos más recientes situaciones como las que se han derivado del proyecto Castor de almacenamiento subterráneo de gas, o cuando hay en marcha un proyecto de almacén de residuos nucleares, que debieran demandar un incremento en las exigencias de carácter científico en las evaluaciones. Eso sería lo lógico, pero el proyecto, una vez más, no responde a esta lógica, responde a otras lógicas.




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Es verdad que da continuidad a lo que han caracterizado las acciones medioambientales y las normativas que este Gobierno ha impulsado en los dos años que lleva al frente de España. La reforma de la Ley de Costas se acabó convirtiendo en una amnistía litoral, la Ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente significó una reforma de la Ley de Aguas, que sentó las bases de la mercantilización sobre la que se construye una parte de este proyecto de ley a la que haré referencia al final. También se modificó en estas medidas urgentes de materia medioambiental la Ley de residuos para enviar al cajón del olvido el sistema de depósito de envases. Hay una estrategia de criminalización de las energías renovables, culpabilizándolas del déficit de la tarifa eléctrica. De ahí que, situándose, insisto, en otro plano de razonamiento, el proyecto de ley tenga dos objetivos dobles declarados —luego hablaré de otro que no se declara en la exposición de motivos—: uno, simplificar la legislación vigente, y dos, incrementar la seguridad jurídica de los promotores. Para ello, se rebajan las exigencias, relegando a prácticamente un mero trámite burocrático la evaluación medioambiental, y se amplían los ámbitos susceptibles de quedar fuera de esa evaluación, no se garantiza suficientemente que los proyectos que afecten a espacios que están dentro de la Red Natura 2000 cuenten con estas evaluaciones específicas de la repercusión sobre los territorios de la Red Natura 2000; aumenta la opacidad al convertir las consultas previas que permiten anticipar el conocimiento de un proyecto y mejorar el contenido de los estudios de impacto ambiental referido al mismo en algo potestativo del promotor; introduce, para más facilidad del promotor, el silencio administrativo positivo.

Dado el principio de precaución, dada la repercusión que estos planes o proyectos que necesitan estudio de evaluación ambiental puedan tener y dado lo prolongado en el tiempo que los perjuicios medioambientales que se deriven de los mismos puedan tener, lo normal, lo razonable, lo lógico sería que el silencio administrativo fuese negativo. La información y participación pública en las declaraciones de impacto ambiental desaparecen cuando se plantea un procedimiento de revisión de esas declaraciones, lo cual vulnera la Directiva 2011/92, de la Unión Europea, invade competencias de las comunidades autónomas y abunda en ese criterio de mercantilización del medio ambiente que caracteriza al conjunto de la política medioambiental del Partido Popular.

Ustedes, vuelvo a decirlo, son coherentes. En su planteamiento político está que allá donde haya oportunidad de negocio para la iniciativa privada debe eliminarse cualquier obstáculo, cualquier barrera que reduzca esas posibilidades de generación de beneficios y de riqueza para la iniciativa privada. Y con este proyecto dan un paso más. Lo hacen a partir de la figura de los bancos de conservación de la naturaleza que se crean en este proyecto. Ello supone cambiar el paradigma. Hasta ahora, el paradigma medioambiental, ya de por sí criticable y cuestionable, era: Quien contamina paga. A partir de este proyecto de ley, el nuevo paradigma es: Quien puede pagar, puede contaminar, a través de estas figuras que acaban siendo un mero producto más en el mercado especulativo con el que se juega. El portavoz del Partido Popular nos ilustraba en la comisión diciendo que estas figuras mueven en los Estados Unidos 2500 millones de dólares al año, lo planteaba como algo positivo. Desde luego, desde nuestra perspectiva, resulta negativo que se planteen las actuaciones medioambientales como una figura más, susceptible de ser valorada por los mercados, susceptible de ser sometida a la cotización de esos mercados. Incluso en los contenidos que pudiéramos ver inicialmente como más positivos, que se introduzca en el proyecto de ley la exigencia para la técnica de la fractura hidráulica de la devaluación ambiental, uno no puede por menos que pensar que es casualidad que se plantee dicha exigencia para esa nueva técnica que se legalizó de tacón en un proyecto que nada tenía que ver con el medio ambiente, que permitió reformar la Ley de combustibles, como sus señorías, recordarán, precisamente en el proyecto que devalúa la evaluación ambiental. Porque no estamos ante un proyecto de evaluación ambiental sino ante un proyecto de devaluación ambiental. Proscribe —y también podemos estar de acuerdo en ello— el bunkering, pero pensamos que es imposible sustraerse del debate a la hora de valorar esta medida que a lo largo del verano se produjo en nuestro país y del conflicto que se suscitó en torno a la soberanía sobre Gibraltar. Una vez más entendemos que no es una preocupación medioambiental, sino que se trata de una medida instrumental al servicio de otros intereses y de otras posiciones políticas.

Uno de los aspectos a mi entender más escandalosos del proyecto es el tema de los trasvases, en concreto las decisiones que se han tomado en relación con el Tajo. El Partido Popular, de tacón, cuela en el Congreso enmiendas de reforma del proyecto de ley planteado por el Gobierno




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para modificar la Ley de Aguas y el Plan Hidrológico del Tajo, incrementando el caudal trasvasable en un tercio y asumiendo lo que han sido demandas tradicionales de los regantes. Y ustedes, políticamente, son muy libres de situarse al lado de la reivindicación y de los intereses de quien consideren más oportuno, pero no pueden cerrar los ojos a que eso les sitúa enfrente de otros colectivos, en este caso mayoritarios —la famosa mayoría silenciosa a la que tanto les gusta a ustedes hacer referencia en los últimos tiempos.

Si hay una materia en la que en nuestro país exista una sensibilidad social que ha provocado debate político e incluso divisiones dentro de las fuerzas políticas dependientes de un territorio o comunidad autónoma en la que desarrollaban su actividad, esa ha sido precisamente la cuestión de los trasvases. Que ustedes pretendan eludir ese debate político y público mediante la estratagema de colocar, como si fuera una simple corrección de estilo en un proyecto de ley llamado a tener otros contenidos, esta materia, desde luego, no ayuda a tener una imagen de la acción del Gobierno transparente. Incluso creo que ustedes adoptan un mecanismo vergonzante utilizando esta estratagema de plantear en el Congreso esta enmienda al proyecto. Como los tribunales han sentado que no hay un derecho al trasvase, plantean una reforma con la pretensión de darle base legal, de intentar convertir en derecho precisamente el trasvase, corrigiendo con la ley la doctrina y la jurisprudencia de los tribunales españoles. Y eso, insisto, les sitúa, sin duda, al lado de los regantes pero también enfrente de todos aquellos que en esos mismos tribunales se opusieron al reconocimiento de ese derecho, es decir, frente a quienes tutelaron el interés general y son sin ninguna duda mayoría en la sociedad. Tras esta decisión, el siguiente paso es, si hay un derecho al trasvase y no se puede ejercer por cualquier razón, que ese derecho sea indemnizable. Y la pregunta es: ¿Qué coste económico va a tener eso y quién va a afrontar ese coste económico?

Quieren eludir con su reforma las condiciones de la planificación del Tajo mitigando las limitaciones que en su Plan hidrológico se establecían a los trasvases. Colocan como prioridad el uso para regadío del agua, vulnerando la legislación interna y la legislación internacional, con nocturnidad y alevosía, en una cuestión sensible, con debates históricos en nuestro país al respecto.

Pero no se conforman con alterar las reglas del juego en relación con el Tajo, sino que de alguna forma crean una especie de mercado nacional del agua, facultando a la Dirección General de Aguas a autorizar la transmisión de derechos sobre el agua entre cuencas diferentes. De esta forma, ustedes abundan en lo que han sido los males tradicionales de nuestro país en materia de agua, ya que con esta ley buscan la continuidad, llegar al último extremo de aquello que ya introdujeron como elemento de mercantilización en la Ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente.

Volvemos a la política de aguas que apuesta por más infraestructuras, aun cuando este país en el que vivimos es uno de los países que tiene un mayor número de grandes presas —1200— y en el que apenas quedan ríos sin regular, en el que hay 3,7 millones de hectáreas en regadío que utilizan el 80% del agua consumido por un 14% al servicio de los núcleos urbanos y un 6% al servicio de la industria. Un bien que cada vez es más escaso, que, por lo tanto, debiera ser considerado estratégico y colocado al servicio del conjunto de la sociedad, con estas medidas queda una vez más en manos privadas, cuando las consecuencias del cambio climático nos amenazan. En vez de ahorrar un recurso escaso, se apuesta por dilapidarlo. No hay un problema de agua, como tuve oportunidad de apuntar en el debate de la Ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente.

De los 3,7 millones de hectáreas que están siendo regadas, más de la mitad —1,9 millones— lo hacen de forma tradicional, por gravedad o a manta, con pérdidas por fugas de entre el 50 y el 70%, que con inversiones adecuadas podrían reducirse al 15%. No se hacen esas inversiones, se prefiere cambiar la norma para seguir abundando en lo que han sido estrategias equivocadas, que además a corto plazo tendrán resultados y consecuencias aún más negativas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Propuesta de veto número 2.

Ha sido presentada por la senadora Capella, que tiene la palabra para defenderla.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Bona nit.

Volvemos a presentar un veto a la ley, y, como ya dije en el anterior, este Pleno bate los récords en cuanto a vetos presentados a proyectos de ley.




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A priori parece positivo que se unifique en una sola norma el régimen jurídico de la evaluación de planes, programas y proyectos que hasta ahora se encuentran recogidos en dos leyes: en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Pero Esquerra Republicana considera que no realiza una integración adecuada con la modificación de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, recientemente aprobada este año 2013.

Y además nos cuestionamos la oportunidad y la urgencia de este proyecto de ley —antes se refería a ello el compañero Iglesias, del Grupo Parlamentario Mixto, de Izquierda Unida— puesto que se tramita antes de que la Unión Europea revise la normativa comunitaria, que obligará en breve a una nueva reforma legislativa para adaptarse a las nuevas directivas comunitarias. En este sentido, Esquerra Republicana entiende que se produce una importante inseguridad jurídica provocada por la confusión que genera o que generará o generada tanto por la invasión de competencias como por las modificaciones, y ello conllevará la consiguiente desorientación e incertidumbre que cuestiona el propio incentivo de inversión que en teoría pretende el proyecto de ley.

No está de más también recordar el incumplimiento sistemático del Estado y de los Gobiernos del Estado en cuanto a lo que se refiere a las normativas europeas relacionadas con el medioambiente. No está de más recordar el récord de expedientes dentro de la Unión Europea en todo tipo de ámbitos y materias (depuración de aguas residuales urbanas, contaminación y calidad del aire en grandes ciudades, política de aguas y cuencas hidrográficas). Por cierto, ya que hablamos de cuencas hidrográficas, lo realmente sorprendente es que se aproveche este proyecto de ley para introducir las bases para un mercado generalizado de agua entre cuencas. Este mercado de agua entre cuencas no deja de ser una nueva forma o fórmula que han encontrado ustedes para plantear el recurrente trasvase del Ebro y que periódicamente aparece en la planificación hidrológica española. Esto significa una profunda modificación. Estas profundas modificaciones se producen al margen del proceso de planificación hidrológica, que actualmente está en marcha, y además es una modificación encubierta. El otro día aprobamos la Ley de transparencia. ¡Menuda transparencia en cuanto a lo que debe ser la ley que se refiere a las aguas!

La ley en cuanto a los tiempos de análisis administrativos —también se refería a ello el senador Iglesias— tiene profundos problemas, en este caso, de procedimiento. Se establecen obligaciones en tiempos de análisis y resolución para la Administración, pero sin la asignación de medios humanos ni tecnológicos asociados, lo que conlleva una aprobación sistemática de los proyectos sin capacidad real de intervención. Los plazos son irreales e irrealizables. El ministerio tendría que evaluar —estoy hablando de ejemplos concretos— el impacto de una central nuclear en un plazo más de cuatro más dos meses —procedimiento ordinario— y una instalación para la producción de energía en medio marino en tan solo tres meses —procedimiento simplificado—.

Resultará un paso atrás en la evaluación del impacto ambiental. A nuestro entender se elimina de facto el documento ambiental en los casos de evaluación de impacto ambiental discrecional, ya que son modificables a petición del promotor. Por otro lado, permite tramitar por procedimiento simplificado proyectos con un potencial impacto muy elevado; vulnera la directiva europea al exceptuar la evaluación de los proyectos que determina el Consejo de Ministros. Como ejemplo sirve el caso Castor, en el que se decidió no incluir los estudios sísmicos en el proyecto.

Los bancos de conservación. Se incorpora una disposición adicional por la que se crean los llamados bancos de conservación, que el propio MAGRAMA define como un mecanismo para evitar la pérdida neta de biodiversidad a través de medios de compensación basados en el mercado. Los llamados bancos de conservación se plantean con la intención de promover mejoras ambientales en el medio natural que puedan ser adquiridas por promotores de proyectos impactantes que requieran de medidas compensatorias. O sea, ustedes pervierten el sentido del impacto ambiental, asumiendo que proyectos que no deberían ser viables por su elevado impacto ambiental puedan serlo comprando los créditos valorados en función de mejoras ambientales que se lleven a cabo. La supuesta mejora ambiental adquirida no aportaría nada a la biodiversidad, por cuanto sería una compensación de un daño ambiental grave. Es decir, el efecto neto sobre la biodiversidad, en el mejor de los casos, sería nulo, cuando no negativo, ya que nada garantiza que la mejora vaya a funcionar o sea realmente equivalente al daño a compensar.




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De nuevo tenemos que denunciar la invasión competencial y ¡cómo no!, es una constante en los proyectos de ley que nos presentan a aprobación y en los proyectos de ley ya aprobados. Es una nueva y descarada invasión competencial, no solo por el proceso de recentralización en materia medioambiental, sino también por la delegación a un posterior desarrollo reglamentario por parte del Gobierno español que, por definición, excede de las competencias básicas del Estado, y, conociéndoles, sabremos que será así. Es más, el presente proyecto de ley realiza una interpretación expansiva de la legislación básica sobre el medio ambiente —artículo 149.1.23 de la Constitución Española— al imponer como tal artículos hasta ahora desarrollados por las comunidades autónomas que verán así —y vemos— recortada aún más sus competencias.

Asimismo, se recorta el control y fiscalización por parte de los órganos competentes de la Administración en evaluación medioambiental, delegando esta función en órganos no competentes, a la vez que se recorta la información —qué casualidad, ¿eh?— y participación ciudadana —ustedes, siempre preocupados por la participación ciudadana, por lo que significa tener que someterse a la transparencia, al debate y al escrutinio de la ciudadanía.

El presente proyecto de ley supone una importante desregulación de los requisitos medioambientales y, por extensión, una lesión a la calidad de vida de las personas y poblaciones afectadas. En una sociedad incapaz de competir en innovación y desarrollo por falta de inversión y tras años de una economía anacrónica, anclada en el ladrillo y en la economía especulativa, se pretende ganar competitividad mediante la desregulación social, salarial y medioambiental. Es decir, se pretende incentivar la inversión mediante la supresión de los derechos conseguidos.

En lógica consecuencia con lo expuesto, hemos presentado este veto por considerar que esta ley ni es necesaria ni se corresponde con las necesidades que tenemos y que en todo caso requiere el país.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

La propuesta de veto número 4 ha sido presentada por los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Buenas noches.

Gracias, señor presidente.

Señorías, hoy quiero también, igual que he hecho anteriormente, leer algunas frases del dictamen del Consejo de Estado en relación con lo que considera más importante de este proyecto de ley. Dice lo siguiente: «El anteproyecto contiene en sus párrafos iniciales afirmaciones que parecen dar a entender que la evaluación ambiental sin matices ha sido un obstáculo para el desarrollo socioeconómico. Incluso parece afirmar en el párrafo cuarto de la exposición de motivos que la evaluación ambiental no ha sido útil para la sociedad ni ha cumplido los fines para los que se creó como institución.» A continuación dice: «Nada hay más alejado de la realidad.» Y continúa diciendo que la exposición de motivos, y en especial ese párrafo cuarto, debería cambiarse.

Es decir, cuando se remite el texto del proyecto de ley de evaluación ambiental al Consejo de Estado, este responde tres cosas: Oiga, Gobierno, usted está diciendo que la evaluación es un obstáculo. En segundo lugar: Usted está diciendo que prácticamente no ha sido útil a la sociedad. Y en tercer lugar: Cambie el texto. No es una crítica suave, sino absolutamente profunda.

Nosotros compartimos este diagnóstico, pero lo llevamos más allá. Yo he dicho repetidamente que no tenemos política de medioambiente, que tenemos medio ministro de Medio Ambiente y medio ministro de Agricultura. Pero el señor Cañete no ejerce de ministro de Medio Ambiente. Si les preguntara por dos o tres iniciativas importantes desde el punto de vista de la prevención del medioambiente, les sería muy difícil contestar, o me responderían con la Ley de Costas, que nosotros consideramos desprotege absolutamente. Esta es, desgraciadamente, después de prácticamente dos años de legislatura la política medioambiental.

La política medioambiental del Gobierno no fija objetivos medioambientales o de prevención forestal sino una política —dicen— de simplificar, de salvar obstáculos. En su primera comparecencia en el Senado, en febrero de 2012, el ministro dijo una frase en la que ya se resumía todo esto. Dijo lo siguiente: «Solo si la política medioambiental es viable económicamente, el objetivo protector será sostenible.» Con ello le dio la vuelta a la frase que desde 1972 recorre el mundo. En 1972 se




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dijo en Estocolmo y luego en Río que solo era posible una política económica que fuera sostenible ecológicamente. Por lo tanto, ¿a qué se refiere el señor Cañete cuando dice: solo si la política medioambiental es viable económicamente? ¿Qué está diciendo exactamente? Que la política medioambiental es un obstáculo. Seguro que ha habido legislaciones que se hayan podido exceder desde ese punto de vista, pero el gran problema que desde 1972 se hace presente en el mundo y posteriormente es la necesidad de que el desarrollo económico sea absolutamente sostenible.

A menudo, además, el señor Cañete utiliza en sus intervenciones dos palabras. En primer lugar, simplificar. Y la pregunta es: ¿Quién no quiere simplificar? La respuesta es: simplificar no es desregular, y lo que hace fundamentalmente el señor Cañete es desregular. La segunda palabra que utiliza mucho es racionalizar, que a menudo significa recentralizar.

Así que nuestra primera crítica es una ampliación de la crítica que hace el Consejo de Estado a este proyecto de ley: nosotros la ampliamos a la política medioambiental en su conjunto. El martes pasado, un dirigente de nivel estatal de una ONG me dijo: Dile al señor ministro que no nos proteja más; porque, cada vez que quiere proteger algo, lo desprotege más. Quería proteger la Ley de costas, y la ha desprotegido; que no quiera proteger nada más. Les voy a leer otro párrafo significativo que hace referencia al principio de precaución; dice el informe del Consejo de Estado lo siguiente: «Debería quedar explícita la incorporación del principio de precaución, sin que sea en absoluto correcta la justificación que ofrece el informe del Gobierno sobre las observaciones que confunden el principio de precaución con el de prevención, que es un principio distinto y que muy poco o nada tiene conceptualmente que ver con el de precaución, sin que estime necesario este Consejo de Estado extenderse en explicaciones elementales de las razones por las que son dos principios muy diferentes.» Este es uno de los varapalos más severos que he leído del Consejo de Estado a un proyecto de ley. ¿Y qué está diciendo? En primer lugar, dice: oiga, sitúen ustedes entre los principios de la evaluación ambiental el principio de precaución; que, como ustedes saben, es uno de los dos principios que adoptó en el año 2000 el Consejo de Europa. Toda la política medioambiental se basa en un gran fundamento que es el principio de precaución. Y les dice: en este informe que ustedes me mandan, no confundan prevención con precaución; y esto es tan elemental, que ni defino en qué se diferencian; no se lo explico porque es muy elemental.

Sé perfectamente que han corregido las dos grandes palabras, siguiendo las dos consideraciones que el Consejo de Estado hacía. Es decir, donde se decían barbaridades —y perdonen— de la evaluación se ha corregido, y se ha introducido el principio de precaución. Se han corregido, sí, pero la pregunta es: ¿creen ustedes que un Ministerio de Medio Ambiente puede elaborar un proyecto de ley en el que se vea que no sabe lo que es el principio de precaución pero que lo incluya? ¿Es esto posible? ¿Puede ser que el Consejo de Estado tenga que decirles: oiga, es que es tan elemental que ni se lo explico? ¿Es posible que el Consejo de Estado les diga: oiga, no es un obstáculo la evaluación, corrijan el texto, por favor? ¿Qué es lo que indica esto? Pues indica que, en el fondo, no existe una política medioambiental moderna y avanzada en el Gobierno; existe una política medioambiental que trata de quitar obstáculos, y seguro que algunos de los obstáculos que se quitan son positivos.

El otro día me decía el mismo dirigente que me dijo eso de «dile al ministro que no nos proteja más», del ministro Arias Cañete —uno de los mejor valorados del Gobierno—: es que no hace nada. Desde el punto de vista medioambiental, claro; si ustedes cogen la agenda del ministro Arias Cañete, verán que el 99% de su actividad es de agricultura, porque el Gobierno no consideró necesario un ministro de medio ambiente. Mientras que en Alemania, en Estados Unidos o en Francia, no solo hay ministros de medio ambiente sino que algunos de ellos tienen cargo de vicepresidentes, puesto que la política medioambiental requiere una política transversal porque, si no, no es efectiva, en España se unen agricultura y medio ambiente. El señor Arias Cañete tiene que asistir a cuatro Consejos de Europa y prepararlos; es prácticamente imposible que pueda hacer política medioambiental. Así que las dos cuestiones que quiero explicar se resumen en una: en estos momentos, el Gobierno del Partido Popular no está haciendo una política medioambiental moderna —si me lo permiten—, en comparación con la Unión Europea; el dictamen del Consejo de Estado lo pone de manifiesto. Y hay varias razones más, una de la cuales ya han mencionado: si queremos simplificar la legislación medioambiental, no se entiende que no se tenga en cuenta la revisión de la directiva de 2011, que está muy avanzada; me dicen por aquí que no, pero está muy avanzada. El Consejo de Estado dice en otro párrafo, que no les leeré para no ponerme pesado




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leyendo dictámenes del Consejo de Estado, que hubiera sido más aconsejable esperar a que se aprobara la directiva, porque a corto plazo se habrá que rectificar la mitad de la ley que se apruebe.

Hay otro aspecto que me parece muy importante, y que se repite en todas las leyes: la recentralización, si este proyecto de ley lamina o no competencias. No voy a leer tampoco el artículo 144, sobre competencias ambientales, pero les invito a hacerlo —especialmente a los portavoces del Grupo Popular— y a ponerlo al lado de la ley. Verán como quedan otra vez fulminadas todas las competencias, salvo tres y media o cuatro; todas quedan fulminadas de nuevo. De las conferencias sectoriales, se dice que crearán normativas que no pueden crear de ninguna de las maneras. Insisto en que, si bien es cierto que en el proyecto de ley se han eliminado las dos grandes palabras, obstáculo y precaución, la música y la letra pequeña que destila lo que queda son las mismas. Es decir, no por eliminar la palabra «obstáculo» o la palabra «precaución» se deja de hacer una política de obstáculo y de precaución. Lo vemos al repasar algunas de las funciones y competencias que la ley le atribuye al Estado. Es difícil encontrar objetivos medioambientales en la política del señor Arias Cañete, ya digo. Si les preguntara cuáles son los objetivos medioambientales del señor Arias Cañete, tendrían dificultades para contestar. Yo puedo enumerar los objetivos del ministro de Industria; estaré de acuerdo o no, pero sé cuáles son. Puedo decir cuáles son los objetivos del señor Montoro; estaré de acuerdo o no, pero sé cuáles son. Puedo enumerar incluso los objetivos de doña Ana Mato, que no comparto, pero sé cuáles son. La pregunta es: ¿cuáles son los objetivos medioambientales del señor Arias Cañete, del señor ministro de Medio Ambiente? ¿Cuáles son, qué pretende, qué planes tiene? Gran silencio. Pues bien, el proyecto asigna varias funciones o competencias, y no estamos de acuerdo. Aprovecho para decir que, hoy mismo, en el Parlamento catalán se ha acordado por unanimidad solicitar el cierre del proyecto Castor, si se comprueba que hay riesgo sísmico; se ha aprobado hace un par de horas, mediante una transaccional. El proyecto de ley que estamos debatiendo abre la puerta al fracking; ya se abrió un poco con otra ley. Dice que los planes y proyectos aprobados por el Gobierno no tendrán necesidad de evaluación medioambiental; dice que, cuando se revise una evaluación medioambiental, no hay por qué dar información a las personas que se interesaron en ello; crea bancos de conservación de la naturaleza, que son —ya lo hemos dicho— una absoluta mercantilización de la naturaleza; se permite que el Gobierno pueda hacer excepciones de proyectos de evaluación ambiental, algo incomprensible; y, sobre los espacios de la Red Natura 2000, hemos hecho muchísimas enmiendas, porque no están suficientemente protegidos.

He hablado antes de recentralización, y sé que me pueden contestar que la Constitución confiere al Gobierno central la potestad de dictar las leyes básicas medioambientales. Pero aquí hay un problema: leyes básicas no son principios y mínimos comunes; leyes básicas son incluso reglamentos que impiden la obra legislativa de las comunidades autónomas. Un hilo conductor de toda la política del Gobierno es que entienden bases, no como principios o mínimos comunes, sino como legislación absolutamente detallada. Por tanto, señoras y señores diputados, tenemos un problema de medioambiente. (El señor Ortiz Pérez: ¡Senadores!) Senadores, perdón, exdiputado y senador. Decía que tenemos un problema de fondo: no tenemos política medioambiental; la política medioambiental está simplemente en función de los intereses del desarrollo económico, que es necesario que exista, pero no puede ser que la política medioambiental desaparezca y no tenga objetivos.

Por todas esas razones presentamos este veto. El senador Joan Sabaté hablará específicamente de otro disparate: la incorporación del trasvase Tajo-Segura y la modificación de la Ley de Aguas en esta ley. Además, las formas no tienen nada que ver con la Ley de transparencia. Esta tarde hemos aprobado la Ley de transparencia, y ahora aprobamos otra ley que rompe, que fractura, los principios de la transparencia parlamentaria.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 5, de los senadores Almiñana, Boya, Bruguera, Martí, Montilla, Sabaté y Sequera.

Tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gràcies, senyora presidenta.

Nuestro grupo presenta también un veto a esta ley que, a nuestro entender, no va a servir al medio ambiente, que sería su objetivo principal. En la cultura del siglo XXI el medioambiente es un




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valor absolutamente esencial y en él se asientan elementales principios de convivencia; la protección del medio es, en sí misma, un objetivo irrenunciable para garantizar el desarrollo de nuestra sociedad. Bien, pues esta ley no viene a preservar este principio que parece asentado en el sentido común. Ustedes caen de nuevo en el mismo error y consideran que el medioambiente y su preservación es, única y estrictamente, un mero obstáculo para alcanzar cotas de crecimiento a costa de no importa qué precio. Esto no es ir en contra del crecimiento, sino utilizar sencillamente el sentido común para evitar que el crecimiento tenga unos costos impagables, desde el punto de vista medioambiental. No es demasiado difícil darse cuenta de que sobre esta base no se puede asentar nuestra legislación, porque tenemos muestras todos los días, a nivel nacional e internacional, de que nuestras preocupaciones ambientales deben ser consecuentes con los acontecimientos que condicionan la vida de nuestro planeta. Saben ustedes que hoy hace trece años que ETA asesinó a una persona muy significativa de nuestro país: Ernest Lluch. Ernest Lluch, que era una persona extremadamente lúcida, decía que debíamos tener una mirada cercana y el pensamiento en el planeta. Es obligado mencionarlo hoy, porque, ciertamente, en estos tiempos echamos en falta más que nunca a personas con su capacidad de diálogo y con su lucidez. (Aplausos.) Gracias; va en su memoria.

Cuando vivimos episodios climáticos graves que nos alertan de la necesidad de actuar de forma enérgica en la preservación del medio, por lo que significa para nuestro futuro, ustedes convierten lamentablemente la evaluación de impacto ambiental en una notoria chapuza para dar cobertura de legalidad a proyectos que ahora serían absolutamente cuestionados por su impacto. Y esta es la realidad. Hablamos, en definitiva, señorías del fracking, del proyecto Castor o de setenta y cinco proyectos de perforación de nuestras costas que están en la cola, previstos para que, sin evaluar correctamente estos riesgos, puedan hacerse realidad en un futuro inmediato. Ciertamente, el senador Saura lo ha expuesto con una precisión que me ahorra tener que extenderme sobre esta cuestión, pero el Consejo de Estado les ha dicho que deben respetar el principio de precaución que ha de inspirar la praxis legislativa, y ustedes han hecho caso omiso; porque, si bien han modificado la literatura del texto, han seguido haciendo caso omiso de este principio.

Esta ley tiene algunas omisiones y comete algunos errores de calado: el cambio del silencio administrativo, que pasa a ser favorable; o la fase de consulta previa, que en los países de nuestro entorno es un hecho absolutamente elemental, esta ley la obvia o, en todo caso, la invierte para convertir el trámite en una pura simplificación estética de la evaluación de impacto ambiental. Lo ha dicho también el senador Iglesias con mucha contundencia, y es que es cierto: en esta ley se perpetúa el «si pagas, puedes contaminar»; es decir, que estamos mercantilizando el derecho a contaminar.

Entro ahora en un apartado que me parece muy importante. Saben ustedes que, más allá de las cuestiones estrictamente del articulado —que podremos debatir extensamente en el debate sobre las enmiendas—, hay una razón de fondo inapelable para demostrar que esta ley viene a destiempo. Ya saben que la Unión Europea está trabajando en una nueva directiva para regular esta cuestión; ¿cómo se justifica, entonces, que estemos debatiendo una ley cuando, en lógica legislativa, deberíamos observar muy atentamente la legislación europea para redactar la norma del Estado a partir de ella? Practican ustedes de nuevo el chapucerismo legislativo, o el interés legislativo de parte que es todavía más grave, si cabe. El señor ministro decía en el Congreso de los Diputados que él ya sabe lo que va a decir Europa. Nos parece un argumento de poco peso.

Además, en la tramitación de esta ley se han saltado los procesos de participación pública que requiere, porque, si algo es por esencia compartido y debe ser participado por la sociedad es el marco legal en materia de medioambiente. Pues bien, ustedes han pasado por encima de los procesos participativos de las comunidades autónomas y, por supuesto, de los grupos políticos. Aplican el decretazo, la vía de urgencia, como si este país hubiera perdido la memoria; como si ya no recordáramos que nuestro país es una democracia y que en las democracias, más allá del obtuso rodillo, existe y ha de existir el debate y las formas sobre las que se asientan estos principios que, por fuerza, han de ser compartidos. La democracia no puede ser la imposición de la mayoría sobre la minoría; la democracia ha de ser precisamente el encaje de la diversidad y eso no se hace, se lo aseguro, ni con el rodillo ni a decretazos ni a base de dedazo: se hace con procesos inclusivos, participativos, en los que se asientan principios compartidos que dan solidez a la sociedad democrática. Han abusado de los reales decretos, lo han hecho de forma reiterada, han aprobado unos cuarenta y seis hasta ahora; y, cuando no, legislan por el procedimiento de




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urgencia leyes como la que estamos debatiendo, en la que la urgencia no tiene ninguna justificación, si no es para ir contra la transparencia —como ha dicho el senador Saura—, contra la Ley de transparencia que han aprobado también en este Pleno. Y en democracia todo es importante; también el número de los reales decretos o de procedimientos injustificados de urgencia, porque son un indicador relevante que se debe tener en cuenta para cuantificar la calidad democrática. El Gobierno, actuando de esta forma, ignora al Parlamento y perjudica la calidad de la democracia del país. Y si el Gobierno abusa de fórmulas legales sin base alguna y, además, no da explicaciones, señorías, debilita la democracia. Deben reflexionar sobre su forma de entender la democracia y la pluralidad. Para ustedes, el objetivo es sencillamente homogeneizar las diferencias, generar sociedades planas, lo hemos vivido de una forma muy directa en este Pleno. Pero el objetivo en democracia, señorías, es convivir aun con la discrepancia, avanzar aun con diferencias, y es evidente que esto no sucede en estos tiempos.

Por si esto no fuera suficiente, ahora utilizan ustedes las enmiendas de su propio grupo para modificar leyes de un alcance que superan los objetivos de la propia ley; y me estoy refiriendo al trasvase Tajo-Segura, del que el senador Joan Sabaté hablará más ampliamente en el turno de portavoces y que, como han dicho otros portavoces, me parece de una gravedad sin paliativos. En primer lugar, porque han quebrado un mecanismo interterritorial de la ley de 1985, han vulnerado el principio de unidad de cuenca y se rompen los controles institucionales. Esta es una cuestión grave a la que le dedicaremos el turno de portavoces.

Hay, además, una invasión competencial, existe un proceso de recentralización, como en otras leyes, que invaden las competencias de las comunidades autónomas. Ustedes han elevado las reglas a procedimientos de carácter básico, y es a las comunidades autónomas a quienes les tocaría desarrollar esta legislación. Fíjense, llevamos ya —y acabo, señor presidente— un largo Pleno de tramitación de leyes: la LOMCE, la Ley de transparencia…, hemos visto y oído, señorías, muchas intervenciones, y un denominador común: la falta de acuerdo en textos fundamentales para el futuro del país. Les invito a reflexionar —lo digo con serenidad—, porque España no puede convertirse en una sucursal del Partido Popular. No podemos convertir a nuestro país en la sucursal de un partido político; un país es algo más que su ideología y su forma legítima de ver el país; el país ha de ser forzosamente hecho sobre una sociedad diversa y plural, como es la nuestra. La mayoría absoluta no debería ser antagónica de los principios fundamentales de la democracia.

Hoy es el Día Mundial de la Filosofía, lo ha dicho esta mañana el senador Carles Martí. Él ha hecho una interesante intervención reivindicativa y yo voy a finalizar, señor presidente, recordándoles aquello que dijo Aristóteles, que todo Gobierno muere por la exageración de su principio. El suyo, el liberalismo más descarnado, les llevará, por suerte, a una breve estancia en el Gobierno; breve, aunque muy dolorosa para todos los españoles.

Gracias. (Aplausos.—Varias señoras y señores senadores: ¡Muy bien!)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 6, del Grupo Catalán de Convergència i Unió.

Senador Maluquer, tiene la palabra.

El señor MALUQUER FERRER: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes-noches.

Mi grupo ha decidido mantener el veto a esta Ley de Evaluación Ambiental, porque nos hubiera gustado hablar en profundidad durante su tramitación sobre las ventajas estratégicas de la evaluación ambiental, y haberlo hecho a lo largo de todo su contenido. Pero nos encontramos con que toca muy pocas contribuciones estratégicas de las que debería aportar a nuestra sociedad, y abunda en lo que ya se ha venido haciendo hasta la fecha. Sí que reúne en un documento único la evaluación de los planes y programas y la de los proyectos, pero no creo que aporte nada que pueda inducir cambios en la cultura de la planificación y en el desarrollo de un nuevo modelo de crecimiento. Tampoco incorpora visiones más proactivas para la sociedad que permitan implementar una cultura ambiental transversal. A mí me hubiera gustado encontrar esta integración transversal en todas las políticas sectoriales, una coordinación mayor entre las administraciones afectadas, y poder hablar de mejora de las herramientas y de los procesos de consulta y de participación.

Todo esto, que hubiéramos podido debatirlo, si el Gobierno hubiera tenido la ambición de hacer una ley innovadora, justamente ahora que parece que la Unión Europea está renunciando a




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liderar el proceso de avance en los vectores ambientales y en este nuevo modelo de cultura de futuro, respetuosa con el medio ambiente. Ya vemos que se está quedando en nada y que se está diluyendo el liderazgo; de hecho, las organizaciones ecologistas más importantes han decidido abandonar la conferencia que se está celebrando en estos momentos en Varsovia, vistos los pocos avances que se están produciendo. Hoy habríamos podido hablar en este Parlamento de una ley que corrigiera todo esto y que demostrar que España puede liderar esta nueva cultura ambiental, la que debería aportar una ley que pretende ser básica y que pretende difundir criterios integrales de sostenibilidad, criterios de cambio sostenible de la sociedad.

Pero no es así, ya lo han dicho los portavoces que me han precedido en el uso de palabra para defender sus vetos. Si bien podríamos compartir los beneficios y el régimen jurídico de los planes y programas del preámbulo, o que la facilidad de aplicar ambas regulaciones podría mejorar la tramitación administrativa y burocrática; si bien podríamos, en definitiva, coincidir en gran parte del programa, luego no lo vemos traducido en el articulado, y de ahí nuestras discrepancias con el contenido de la ley. La primera es de naturaleza competencial; la segunda, tiene que ver con la oportunidad temporal; y la tercera, con la regulación de los bancos de conservación de la naturaleza, que también han mencionado otros portavoces. La cuestión competencial es muy importante para Cataluña, sobre todo para la zona de la que yo provengo. La Administración catalana se diferencia de otras administraciones autonómicas en que ha desarrollado mucho sus competencias, y esta ley se entromete en lo que hemos legislado y no les reconoce a las administraciones más próximas al lugar en que se producen los impactos ambientales la capacidad de solucionar problemas, no les deja hacerlo de acuerdo con las peculiaridades del territorio. Ya han citado el proyecto Castor, el riesgo sísmico; yo les voy a dar otro ejemplo, un problema que nos encontramos hace pocos meses en la comarca de Anoia, en una serie de ayuntamientos catalanes rurales pequeños. Una empresa, Minera de Río Alagón, filial de una multinacional australiana Berkeley Resources, quería hacer prospecciones de uranio en ocho municipios de esta comarca Anoia y en la de Solsonès. Bueno, pues, tras el reconocimiento del terreno y gracias a la coordinación entre administraciones, se le pudo pedir a la compañía toda la documentación necesaria que no pudo aportar en debida forma en el momento adecuado, lo que permitió devolver el proyecto a sus promotores con una negativa. Evidentemente, podrán recurrir, pero, de alguna manera, la importancia de tener muy bien delimitado qué documentación y qué temas se deben tratar en un proceso de evaluación da herramientas a las administraciones para poder aplicar ese principio de la prevención y de la buena solución de los temas ambientales.

Hasta aquí quería que llegara mi intervención. Mantenemos este veto y esperamos conocer en su turno en contra su posicionamiento respecto al mismo para acabar de fijar nuestra posición cuando volvamos a hacer uso de la palabra.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas gracias, señoría.

Propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra el senador Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, quiero saludar a los grupos y personas que nos siguen tanto desde la tribuna como desde la página web.

El Grupo Parlamentario Socialista ya lo ha expresado en comisión. Mantiene una propuesta de devolución al Gobierno de este proyecto de ley, y lo hace proponiendo este veto para que quede sin efecto su tramitación. Por otra parte, lo hará en el trámite de enmiendas proponiendo de una forma gráfica la supresión de todo el articulado que conforma esta ley para mostrar el hartazgo de este grupo parlamentario por la forma de tramitar determinadas leyes y el rechazo contundente a esta práctica parlamentaria inadmisible ante la que hoy queremos manifestar y decir un ¡basta ya!, y ¡así no!

Lo hacemos y lo justificamos porque, señorías, el Gobierno nos trae de nuevo una ley no por el trámite de urgencia, sino por lo que nosotros llamamos trámite de emergencia. Esta ley ha entrado aquí el 5 de noviembre y sale el 21 del mismo mes. Una ley que supone un atropello jurídico inasumible por su forma de gestionarlo. Una ley compuesta por contenidos técnicos y de especialistas que requieren el informe de organismos, especialistas y técnicos, como ha informado




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el Consejo de Estado. Una ley que viene cuando solo dentro de unas semanas las instituciones europeas aprobarán la directiva marco que regulará esta materia, y donde ya están negociando los últimos pasos el Parlamento Europeo con la Comisión Europea y el Consejo Europeo.

Por lo tanto, dentro de unos meses tendremos que trasponer esa nueva directiva y, en consecuencia, este proyecto de ley que hoy estudiamos tendrá que ser estudiado de nuevo por esta Cámara, desde luego, incorporando materias nuevas que el Parlamento Europeo está estudiando como el fracking, que es una actividad para la que nosotros pedimos una moratoria, como hacen otros países europeos, mientras no se estudien con profundidad los riesgos que esa actividad conlleva. Una ley que, por otra parte, prevé su entrada en vigor en el plazo de un año, señorías. Por lo tanto, ¿cómo se pueden justificar las prisas de una ley que tendremos que tratar aquí de nuevo dentro de unos meses, que tiene un año para desarrollarse y que quieren que aprobemos en quince días? Solo se explica por la agenda personal del ministro Cañete.

A todo ello hay que sumar el acto de piratería parlamentaria que es utilizar el cuerpo de otra ley, otro cuerpo legislativo, como todo lo que se refiere a la legislación de aguas, para regular cuestiones que tienen que ver con la gestión de infraestructuras. En consecuencia, lo eleva a ley básica en una materia que, por cierto, curiosa y paradójicamente, tendría que someterse a un trámite de evaluación ambiental. Se trata de una modificación de la Ley de Aguas y del plan hidrológico que también entra en colisión con la directiva marco, que debería ser sometida al proceso de participación y, por supuesto, al informe de los diversos organismos implicados, del Consejo de Estado y de otros organismos. Por lo tanto, lo que hace es introducir un marco de inseguridad jurídica peligroso para los intereses del Estado.

Fíjense, he citado algunos argumentos que no son del Grupo Parlamentario Socialista, señorías. El Consejo de Estado, cuya composición yo no le voy a leer hoy, pero que preside el señor Romay Beccaría, dice entre otras cosas que no se justifica su consulta con carácter de urgencia. En segundo lugar, que no tiene sentido que en estos momentos se esté tramitando esta ley cuando a su vez se tramita una modificación muy extensa que afecta a los contenidos de una directiva europea, que afecta a la práctica totalidad de los artículos. Se dice no a la unificación de las diversas figuras, tanto la estratégica como el informe de impacto ambiental, porque siguen lógicas esenciales diferentes y tienen contenidos también diferentes. También señala que el principio de precaución hace que esta ley pueda ser contraria al derecho de la Unión Europea y, por lo tanto, cuestiona la validez jurídica de esta ley que van a aprobar. Sobre los plazos afirma que se requieren plazos suficientes para hacer las evaluaciones ambientales. Y luego hace otra serie de consideraciones que son un jaque mate a la propuesta del Gobierno de esta ley.

Esto lo hacen el Gobierno y el señor Cañete de una forma personal para dar satisfacción a determinados intereses y grupos económicos. Y, fíjense, tampoco es una afirmación del Grupo Parlamentario Socialista, lo dice el ministro en su preámbulo, en el preámbulo de esta ley. Afirma que los requisitos ambientales son un obstáculo para la productividad, y que España debe corregir estas cuestiones para que sea un lugar —textualmente— que tenga facilidad para hacer negocio. Yo siempre he pensado que una ley de evaluación ambiental tiene como objetivo buscar la protección de las condiciones ambientales, que es lo mismo que nuestra salud, el patrimonio natural, el patrimonio costero, la calidad del aire, la calidad de nuestras aguas. Eso es a lo que se debería dedicar esta ley, y no a lo que el ministerio califica como la facilidad para hacer negocios. Ya he dicho que lo hace en contra de las directivas europeas para rebajar las condiciones que se exigen a los proyectos y los planes. Lo hace imponiendo plazos de imposible cumplimiento, que favorecen siempre la iniciativa del promotor. Y, encima, cuando los plazos imposibles de llevar a cabo no puedan cumplirse concede el silencio positivo a favor del promotor. Y retira, por cierto, la participación e información a los ciudadanos.

Señorías, en un momento en que el Grupo Parlamentario Popular aplaudía a rabiar la aprobación de la ley de transparencia, tienen el gesto de iniciar esta tramitación sin el conocimiento de nadie, sin el informe del Consejo Asesor de Medio Ambiente, sin contar ni siquiera con el informe de una alta institución como es el Consejo de Estado, lo que supone un acto de inseguridad jurídica muy grave para los intereses del Estado. En consecuencia, esta inseguridad jurídica va a generar un conflicto de competencias tan grave que va a provocar litigios con las comunidades autónomas. Muchas cuestiones van a acabar en los tribunales, y en muchos casos, como señala el propio Consejo de Estado, con grave responsabilidad para el Estado.




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Por lo tanto, señorías, por todas estas razones vamos a pedir la devolución de este proyecto de ley al Gobierno. Por último, recordar que estamos totalmente en desacuerdo con los objetivos que persigue esta ley porque usa un concepto de competitividad atrasado. La competitividad no es rebajar las condiciones ambientales para equipararnos con países del Tercer Mundo. Señorías, la cuestión no es rebajar ni los salarios, ni las pensiones, ni los derechos laborales, ni las condiciones de preservación del medio natural para competir con otros países del Tercer Mundo. Nosotros tenemos que competir en otras condiciones, en calidad de vida y en calidad de nuestra producción porque, señorías, el medioambiente no ha generado la crisis, el medioambiente no es el problema, el medioambiente es la solución y es la salida. Solo habrá una salida si es sostenible, y lo demás es crear burbujas, sea con el agua, sea con la costa, para favorecer que unos ganen mucho más a costa de lo de todos.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

¿Turno en contra? (Pausa.)

Tiene la palabra la senadora Pons.

La señora PONS VILA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, con la tramitación de este proyecto de ley que, a nuestro juicio, es de suma importancia lo que se pretende es afrontar una profunda reforma de nuestra legislación medioambiental y hacer que las normas ambientales sean un instrumento eficaz para proteger el medioambiente, anticiparse a los riesgos y prevenir los daños que la actividad humana pueda ocasionar. En esta línea es en la que va este proyecto de ley, aunque por el número de vetos presentados veo que a ustedes les cuesta creerlo.

En el debate en comisión el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista nos preguntaba qué nos había hecho el medioambiente y por qué queríamos destruirlo. Sinceramente, dejando al margen la demagogia del argumento, sí quiero decirles que nosotros respetamos, cuidamos y nos preocupamos tanto o más por el medioambiente como cualquiera de ustedes. Precisamente de esta preocupación surge este proyecto de ley, con el que queremos que el medioambiente no sea la excusa ni el obstáculo para el desarrollo sostenible, al que todos los ciudadanos de España tienen derecho en esta generación y en las futuras.

Queremos proteger el medioambiente pidiendo evaluación ambiental a los proyectos de fracking, cosa que anteriores Gobiernos no hicieron. Queremos regular el bunkering para no poner en peligro ecosistemas que en la situación actual pueden sufrir deterioros importantes. Queremos implementar la figura de los bancos de conservación como algo novedoso en España y creemos que muy interesante para la conservación del entorno. Queremos dar seguridad jurídica y agilidad administrativa a los ciudadanos emprendedores que quieran trabajar para que este país salga adelante, tramitando sus proyectos con mayor celeridad, pero no por ello con menores garantías.

Por estas y algunas otras razones que expondré a continuación el Grupo Popular apoya este proyecto de ley y, ya, paso a rebatir conjuntamente algunos de los argumentos que han reiterado la mayoría de sus señorías en el veto. Por ejemplo, a su juicio, no existe justificación alguna para tramitar este proyecto de ley por la vía de urgencia. Para nosotros, las cifras de expedientes en tramitación de evaluación ambiental pendientes de resolución en España, alrededor de diez mil, sí hacen que sea una razón para tramitar este proyecto de ley por la vía de urgencia. Pensamos que las evaluaciones ambientales se están dilatando excesivamente en el tiempo. Estas dilaciones no encuentran, a nuestro juicio, justificación desde el punto de vista de la prevención ambiental. Por ello, es preciso habilitar un marco legal para resolver con prontitud las ineficiencias detectadas en el actual sistema, que, a nuestro juicio, repercuten negativamente en el desarrollo sostenible.

Pensamos que las trabas administrativas frenan interesantes iniciativas de actividades que pueden ayudar a paliar los efectos de la crisis y creemos que es nuestra obligación como gobernantes ayudar a los ciudadanos emprendedores y facilitar sus iniciativas sin dilaciones, pero con la máxima seguridad jurídica.

También, a su juicio, el proyecto rebaja las exigencias y aborda la evaluación ambiental como una obligación formal. Ustedes nos acusan de desregular los requisitos medioambientales. Nosotros, evidentemente, pensamos lo contrario, que este proyecto de ley es plenamente




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conforme con la normativa europea de evaluación ambiental y que, por tanto, la exigencia y el rigor de las evaluaciones ambientales no solo no se reducen, sino que en determinados aspectos se incrementan respecto a la normativa vigente.

En este sentido, se establece, en coherencia con el derecho y las jurisprudencias comunitarias y nacionales, que la falta de emisión de las declaraciones e informes ambientales en los plazos legalmente establecidos en ningún caso se puede entender como que equivale a una evaluación ambiental favorable. No hay lo que ustedes anuncian como silencio. (Rumores.) De esta manera, se refuerza la vertiente preventiva de la evaluación ambiental. Además, a nuestro juicio, esta ley se fundamenta en la acción preventiva y cautelar, en la corrección y en la compensación de los impactos sobre el medioambiente y en que quien contamina, paga. Principios que informarán toda actuación de las administraciones con competencia en materia de medioambiente.

También pensamos que la ley consagra el principio de proporcionalidad entre los efectos previstos en el medio ambiente y el tipo de procedimiento de evaluación ambiental que se aplique. Por ello, la exigencia de someter determinados tipos de planes, programas o proyectos a evaluación ambiental nunca irá en detrimento de la inexcusable protección del medioambiente. Con este objetivo de garantizar la máxima protección del medioambiente la ley también exige un mayor nivel de calidad a los documentos ambientales, de manera que las decisiones se adopten con los mejores criterios técnicos posibles.

Constituye un error, a nuestro juicio, sostener que evaluaciones ambientales que se dilatan en el tiempo injustificadamente redundan en una mejor protección del medio ambiente. Al contrario, nosotros pensamos que una respuesta ágil por parte de la Administración que realiza la evaluación ambiental permite tener en consideración la situación real del medio y establecer las medidas más adecuadas para prevenir, corregir o, en su caso, compensar los efectos que los planes, programas y proyectos puedan tener sobre el medio ambiente. (Rumores.)

La tramitación del anteproyecto de ley de evaluación ambiental ha respetado escrupulosamente las disposiciones en esta materia, se ha consultado, al contrario de lo que han dicho ustedes, a todos los órganos establecidos preceptivamente, ministerios, conferencia sectorial, Consejo Asesor de Medio Ambiente y Consejo de Estado y se ha sometido a información pública. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías, por favor, guarden silencio, si no, no se la escucha a la senadora.

Siga, senadora.

La señora PONS VILA: Gracias, señora presidenta.

Se han incorporado en buena medida las alegaciones del público y de las asociaciones representativas que han participado activamente en el proceso, así como las observaciones y comentarios de las comunidades autónomas y de otros departamentos ministeriales.

Las consideraciones del Consejo de Estado, en tanto que órgano consultivo del Gobierno, también se han incorporado al texto en su práctica totalidad, redundando así en una mayor garantía y protección ambiental.

El proyecto de ley incrementa la seguridad jurídica al unificar en un solo cuerpo legal las leyes de evaluación ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental. Se simplifican, además, los procedimientos al emplear un esquema similar para ambos, procedimiento ordinario y simplificado, homogeneizando también su terminología.

Se ha hecho también, a nuestro entender, un esfuerzo por ajustar los tiempos de tramitación —creo que de esto llevamos un rato hablando— y se aportan soluciones jurídicas a cuestiones cruciales que las normas vigentes dejaban sin resolver. De esta forma, garantizamos que los promotores puedan conocer de antemano cuáles serán las exigencias legales de carácter medio-ambiental requeridas para la tramitación del correspondiente plan, programa o proyecto. Sinceramente, no veo qué tiene eso de malo.

El texto es plenamente garantista de la participación de los ciudadanos en los trámites de evaluación ambiental, incluso garantizando la participación de las personas interesadas en fases, en las que la directiva no nos obliga a ello, por ejemplo, las evaluaciones ambientales simplificadas.

El procedimiento de modificación de las declaraciones de impacto ambiental solo tiene por objeto las condiciones de declaración en supuestos muy tasados. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Por ello, cualquier solicitud de modificación no podrá ser atendida salvo que cumpla




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con los requisitos establecidos en este proyecto de ley. Además, el procedimiento de modificación cuenta con la participación de las administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas, garantizándose así la información y la participación pública. Se exige un pronunciamiento expreso por parte del órgano ambiental, lo que redunda en una mayor seguridad jurídica y protección del medioambiente.

El proyecto de ley impulsa la participación de los ciudadanos interesados y de las ONG dedicadas a la protección del medioambiente en todas las fases de consultas de los procedimientos de evaluación ambiental; establece su participación de forma obligatoria en todas las consultas, a diferencia de lo establecido actualmente.

El proyecto de ley, además, trata de favorecer el uso de las nuevas tecnologías en procedimientos de evaluación ambiental, obligando a que el órgano sustantivo y ambiental publique en sus sedes electrónicas algunos de los documentos que se generan a lo largo de las tramitaciones.

La mayoría de ustedes se han referido, en sus vetos, al apartado relativo a la invasión de las competencias autonómicas y, evidentemente, nosotros no estamos de acuerdo en ello. Pensamos que el proyecto de ley, basado en el título competencial reconocido al Estado en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución, nos permite dictar normativa básica en materia de protección de medioambiente. En cualquier caso, la norma respeta el derecho constitucionalmente reconocido a las comunidades autónomas para establecer, atendiendo a sus peculiaridades territoriales y organizativas, normas adicionales de protección. Cualquier comunidad autónoma puede proteger más si quiere, será una decisión autonómica. Los preceptos que por su naturaleza son no básicos y, por tanto, aplicables solo a la Administración General del Estado están redactados de un modo racional y objetivo para que puedan servir de modelo para que las comunidades autónomas, si quieren, los puedan aplicar con meras adaptaciones a su propia realidad orgánico-administrativa, en sus ámbitos territoriales, alcanzando así lo que nosotros llamamos deseada homogeneización, aunque sé que hay algunos a los que no les gusta ese término. Ello no obsta para profundizar en la homogeneización de la normativa en esta materia a través de instrumentos que prevé nuestro ordenamiento jurídico para canalizar la cooperación entre las diferentes administraciones territoriales, como en el caso de la conferencia sectorial, configurada como un foro privilegiado para el análisis y el debate de las reformas legislativas que se deban llevar a cabo para adaptar esta ley, dentro del respeto pleno a las competencias de las comunidades autónomas.

Como también se señala en la exposición de motivos de este proyecto, informes de diversos organismos nacionales e internacionales, el Consejo Económico y Social, la Comisión Europea y la OCDE, han puesto de manifiesto que en ocasiones una misma actividad puede regirse por umbrales de impacto más o menos severos o incluso estar sometida a una evaluación en algunas comunidades y excluida en otras; nosotros no estamos de acuerdo con este punto y por eso intentamos llevar a cabo esta homogeneización. Para resolver esta situación y para simplificar trámites, reducir cargas administrativas que soportan las empresas y evitar las diferencias injustificadas entre comunidades autónomas que forman, todas ellas, parte del Estado español es por lo que nosotros planteamos esta ley.

Por otro lado, ustedes nos acusan también en algunos de sus vetos de no garantizar la evaluación de todos los planes o proyectos que puedan afectar a la Red Natura 2000. Nosotros consideramos que el proyecto de ley es plenamente respetuoso con la evaluación de estos planes, programas y proyectos que puedan tener efecto sobre el medioambiente y, en particular, sobre los espacios de la Red Natura 2000. Se incluyen en este ámbito de aplicación todos los planes que requieran una evaluación por afectar a estos espacios en los términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Además, cuando se desarrollen en espacios naturales protegidos, en Red Natura 2000 y en áreas protegidas por instrumentos internacionales, y siempre de acuerdo a la ley anteriormente citada, se someten a evaluación de impacto ambiental ordinaria determinadas categorías de proyectos incluidas en el grupo 9 del anexo I; también, en el ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental simplificada al que me he referido anteriormente se incluye una cláusula de salvaguarda de acuerdo con la cual se someten a este tipo de evaluación proyectos no incluidos ni en el anexo I ni en el anexo II pero que consideramos que puedan afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a espacios protegidos por la Red Natura 2000.




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Los bancos de conservación de la naturaleza se plantean en la ley como algo novedoso —creo que está bien innovar, sobre todo en materia de medio ambiente, pero veo que ustedes no comparten esta opinión— y precisamente están incluidos en la disposición adicional octava del proyecto, en la que simplemente se crea la figura y se señala que se desarrollará posteriormente a través de un reglamento que marcará los detalles y las características específicas. En este sentido, el Consejo de Estado, al que algunos de ustedes han hecho referencia, dice —textualmente— que estima favorablemente la iniciativa de prever la regulación y futura constitución de los bancos de conservación, por lo que señala: nada hay que objetar sino todo lo contrario a su inclusión en el anteproyecto.

Ustedes también hablan de que se produce un riesgo de compensaciones desequilibradas. Precisamente nosotros pensamos que la ventaja de los bancos de conservación es que permiten una compensación en especie de los impactos, también denominada compensación ecológica, mismo valor natural por mismo valor natural, recomendada por los expertos y las instituciones más relevantes en esta materia, y que su correcta aplicación asegurará que las compensaciones sean equilibradas. Para asegurar esto, las acciones y medidas que se contemplan en el futuro desarrollo de los bancos tendrán en cuenta especialmente prioridades de conservación de la biodiversidad recogidas en estrategias nacionales y en planes de recuperación de especies y hábitats. También está previsto que los bancos de conservación utilicen como herramienta de trabajo en su diseño de planificación de sus medidas y acciones la ciencia y la técnica de la biología de conservación y de restauración ecológica, disciplinas profesionales consolidadas en España que disponen, además, de una rigurosa normativa de protección de hábitats y especies, de una amplia cartografía sobre la distribución y el estado de conservación de los hábitats y las especies protegidas y su estado de conservación, y de ejemplos exitosos de proyectos de conservación y restauración ecológica basados en una extensa colección de guías metodológicas y manuales. Pensamos realmente que como sociedad estamos preparados para poder desarrollar este tipo de iniciativas. Esta figura surge de la necesidad, a nuestro juicio, de mejorar la eficacia y la utilidad de las medidas compensatorias por impactos negativos que provocan pérdidas de valores naturales que no pueden ser evitadas ni reparadas in situ, una vez aplicada la jerarquía de la mitigación de sus impactos. Se ha juzgado útil y necesaria su inclusión en el proyecto de ley del que estamos hablando porque creemos que estos bancos de conservación contribuirán de forma importante y significativa a mejorar la aplicabilidad de las medidas compensatorias y, así, fortalecer su carácter preventivo.

Las actuaciones contempladas en los bancos se dirigen a restaurar, recuperar, mantener el estado de conservación favorable y proteger hábitats y especies para detener o aminorar amenazas, corregir factores de riesgo de especies, incluyendo la restauración o la recuperación de su estructura y función en los ecosistemas. Estos objetivos se pueden alcanzar especialmente en áreas que favorezcan la conectividad o reduzcan la fragmentación de poblaciones de especies amenazadas y de hábitats prioritarios de interés comunitario que fomenten la conectividad ecológica y corredores entre espacios naturales protegidos y espacios de la Red Natura 2000.

Los bancos de conservación de la naturaleza son una alternativa no excluyente a la forma habitual de compensar. La estructura de la propiedad en España determina que un alto porcentaje de hábitats y especies protegidas se encuentren en terrenos de titularidad privada. En el caso de especies amenazadas, el porcentaje puede llegar a un 80%. La iniciativa privada es la que viene realizando desde hace mucho tiempo obras y actuaciones, por iniciativa propia, de restauración y mejora de estos hábitats y especies prioritarias, en el marco de acuerdos de colaboración con administraciones públicas, ONG, o empresas especializadas. En este contexto, las iniciativas se encuentran asociadas en la Plataforma de Custodia del Territorio —que supongo que algunos de ustedes conocerán—, coordinada por la Fundación Biodiversidad del ministerio, que tiene por misión implicar a propietarios y usuarios privados del territorio en la conservación y el uso de los valores y recursos naturales. Actualmente, a través de esta plataforma se da cobertura a unas 600 000 hectáreas, este es un dato bastante importante. En cualquier caso, la decisión de compensar a través de bancos o de forma tradicional es voluntaria y corresponderá a la entidad que tiene obligación legal de llevarla a cabo, de acuerdo con una relación coste-beneficio.

También se nos ha dicho, y se tiende a confundir —no sé si interesadamente o por desconocimiento— y a relacionar bancos de conservación con mercado de emisiones y la compra de derechos de emisión, etcétera. No es lo mismo porque, en este caso, se produce, a nuestro




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entender, un incremento del valor ambiental, sea cual sea el coste económico de generarlo, y nunca implica que sea más ventajoso destruirlo que producirlo, como pasa en el caso de los mercados de emisiones, además, siempre está la obligación legal de compensar los impactos medioambientales.

Los bancos de conservación de la naturaleza definidos en este proyecto de ley son otorgados por la administración reguladora de acuerdo con una cuantificación basada en criterios estrictamente biológicos y ecológicos, no económicos, como ustedes están intentando dar a entender. Los créditos no se otorgan en función de la inversión económica realizada ni de una valoración económica de las actuaciones; los créditos ambientales son la unidad ecológica creada y puede intercambiarse por otra equivalente que vaya a ser dañada o destruida por impactos de obras y proyectos. Es importante tener en cuenta que los bancos de conservación no ponen valor comercial al patrimonio natural, como ustedes están intentando dar a entender, y no se consideran instrumentos financieros. El mercado de los bancos de conservación no es el fin en sí mismo sino un instrumento para facilitar de manera eficiente y, en términos de recursos, intercambios entre posibles ofertantes y demandantes de créditos, en el marco de unas reglas claras, reguladas y supervisadas por la Administración pública.

En relación con la consideración respecto al libre mercado, el hecho de que la disposición adicional establezca que se creará un registro público dependiente del ministerio es una tutela implícita del mercado —cada transacción se registra y, una vez es utilizada para compensar, se retira—. La libertad de transmisión es indiferente al estar previamente garantizadas las adicionalidades ambientales.

Voy a hacer una breve referencia al fracking. Ustedes nos dicen que planteamos la evaluación en el fracking como instrumento para avalar esta práctica en el territorio. Ya tuvimos ocasión de hablar de este asunto, pero les diré que, para nosotros, el proyecto de ley lo que hace es reforzar la vertiente preventiva de la norma ya que somete a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario proyectos de fractura hidráulica o fracking, algo a lo que, hasta ahora, no se hallaban sujetos; estamos creando una norma que por lo menos algunos de ustedes no habían introducido.

También dicen que la regulación del bunkering supone un paso adelante, pero tampoco les acaba de gustar. Nosotros pensamos que el actual régimen sancionador, la Ley 42/2007 y la Ley 41/2010, establece la necesidad de que haya un daño demostrado a los bienes ambientales objeto de protección para que pueda ser correctamente sancionado.

Dada la complejidad científica y técnica para evaluar algunos de estos daños que requerirían medios de investigación y de análisis sofisticados, se ha considerado necesario reforzar el régimen sancionador incluyendo aquí el riesgo ambiental como un parámetro a tener en cuenta. Esa es una novedad.

La disposición final modifica el régimen sancionador en la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, como he dicho, para garantizar que las actividades que generan riesgos al medioambiente en los espacios protegidos, incluidos los de la Red Natura 2000, se puedan sancionar. Además tipificamos expresamente infracciones como el bunkering, mediante gasolineras flotantes o vertidos de materiales de relleno no permitidos, lo que, a nuestro juicio, resulta coherente con la protección efectiva de los espacios naturales.

Para finalizar, solo quiero decir a los senadores que han presentado vetos a estos proyectos de ley que, evidentemente, todo es mejorable, sí, es cierto, pero es evidente que para ustedes todo lo que haga el Gobierno del Partido Popular es negativo, malintencionado, defiende intereses oscuros y toda una retahíla de descalificaciones que ya estamos acostumbrándonos a oír cuando ustedes suben a esta tribuna y presentan su acostumbrado veto, sea el proyecto de ley que sea; dígame la ley que yo me opongo. De lo que les estoy hablando hemos tenido cumplidos ejemplos a lo largo de esta larga sesión plenaria.

Ayer se cumplieron, para disgusto de algunos, dos años de la victoria del Partido Popular en las pasadas elecciones generales. Desde ese momento, el Gobierno y el grupo que le apoya estamos llevando a cabo una gran labor legislativa de reformas; reformas de gran calado cuyos efectos positivos se están empezando a vislumbrar, y estamos convencidos de que lo seguirán haciendo en los próximos tiempos. Este proyecto de ley es uno de esos ejemplos. Creemos que permitirá reforzar la protección del medioambiente, simplificando y agilizando trámites administrativos, incrementando la seguridad jurídica mediante una legislación homogénea en todo el territorio nacional.




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Por todo ello, señorías, el Grupo Parlamentario Popular apoya el Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, lo consideramos necesario y ajustado a la situación y a los condicionantes actuales a los que pretende dar respuesta.

En consecuencia, rechazaremos los seis vetos presentados por los senadores de Izquierda Unida, del Grupo Parlamentario Mixto, la senadora de Esquerra Republicana de Catalunya, el Grupo Parlamentario Socialista, los senadores Guillot y Saura, el resto de senadores del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y votaremos en contra de ellos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Pons.

Pasamos al turno de portavoces.

¿El Grupo Parlamentario Mixto va a compartir el turno? (Asentimiento.)

Tiene la palabra la senadora Mendizabal.

La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Buenas tardes; buenas noches ya, señor presidente.

Una vez más nos encontramos ante una ley tramitada por el procedimiento de urgencia, una vez más limitando el debate y una vez más limitando la participación.

Esta es la marca España en tramitación parlamentaria a la que nos tiene acostumbrado el Partido Popular. Luego se ofenden y nos atacan cuando calificamos las tramitaciones de antidemocráticas. No entendemos estas prisas cuando la nueva legislación europea está al caer. En fin, ustedes dirán.

Otra característica de esta marca España, y lo hemos dicho en otras leyes, es la incongruencia que hay entre los objetivos que marca el preámbulo y el desarrollo en su articulado, que abre la veda precisamente para poder hacer lo contrario a lo que se dice en el preámbulo.

Hay otra característica de esta marca España, y es que se limita la participación ciudadana, y no solo en los trámites, también se elimina la participación pública en los procesos de revisión de las declaraciones de impacto ambiental. ¿De verdad pretenden dejar fuera de las revisiones a los interesados y afectados por un proyecto? ¿Se les va a negar el acceso a la información de proyectos que les puede afectar? ¿A eso llamáis transparencia? En fin.

¿A quién quieren hacer creer que van a solucionar los problemas de la actual normativa cuando pretenden que el control de cumplimiento de la declaración de impacto ambiental no se realice por un órgano responsable, sino por un órgano sectorial? Con esta ley se va a recortar la calidad de los estudios. Nadie que trabaje en la prevención y en la protección del medioambiente puede defender esta medida.

¿Se puede ser más descarado en el propósito de abrir aún más las puertas a mayores desastres medioambientales? No lo entiendo y, desde luego, Amaiur no va a apoyar esta medida. Ya suficientes aberraciones medioambientales nos ha tocado padecer como para que no pongamos medidas para que no se repita ni una más. Tenemos los alrededores del pantano de Yesa plagado de grietas y deslizamientos, incluso en áreas que supuestamente, según los informes, se encontraban fuera de la zona de peligro. Tenemos la barbaridad del embalse de Itoiz. Tenemos el tramo del tren de alta velocidad en Navarra, del que precisamente se ha solicitado recientemente ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la paralización cautelar de las obras al carecer de declaración de impacto ambiental en vigor. Tenemos, muy a nuestro pesar, el yugo del fracking. Y con este panorama entiendan que es imposible no posicionarse en contra de esta ley.

La ley dice en la primera frase del preámbulo: La evaluación ambiental resulta indispensable para la protección del medioambiente; de acuerdo. Más tarde se habla de impulsar la armonización de los procedimientos administrativos autonómicos con el fin de simplificar los trámites, reducir las cargas administrativas que soportan las empresas y evitar diferencias injustificadas en los niveles de exigencia medioambiental de las comunidades autónomas. Yo de estas palabras entiendo lo siguiente: cuando ustedes dicen: impulsar la armonización de los procedimientos administrativos autonómicos, nosotros entendemos que eso es recentralizar. Cuando ustedes dicen: reducir las cargas administrativas que soportan las empresas, nosotros entendemos que es mercantilización del medioambiente, abrir la puerta a la privatización y a la especulación con la biodiversidad. Y cuando ustedes dicen evitar diferencias injustificadas en los niveles de exigencia medioambiental de las comunidades autónomas, nosotros lo llamamos simplemente homogeneizar.




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Me van a permitir una reflexión que no sé si es por cansancio o por hartazgo, pero tengo la sensación de que todas las medidas que está tomando este Gobierno van marcadas por la misma filosofía, tienen los mismos ingredientes caducados y destilan el mismo aroma FAES.

Es por eso que Amaiur se va a oponer a esta ley y vamos a respaldar todos los vetos presentados. Del mismo modo, seguiremos reivindicando nuestra soberanía plena también en este tema, porque queremos ser nosotros mismos los que decidamos sobre cómo proteger nuestra madre tierra, queremos ser nosotros mismos los que decidamos sobre ese trocito que nos ha tocado en suerte, que es Euskal Herria.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mendizabal.

Tiene la palabra, senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Los argumentos que ha manejado la portavoz del Grupo Popular en ningún caso desvirtúan la fundamentación del veto que hemos presentado los dos senadores de Izquierda Unida. Sostiene que el proyecto intenta adelantarse al riesgo y prevenir el daño. ¿Cómo se puede conseguir eso con un silencio administrativo positivo que permite iniciar la actividad y, en consecuencia, provocar el daño y producir el deterioro medioambiental que se derive de esa actividad?

Decía la portavoz del Grupo Popular que el medioambiente no debe ser un obstáculo al desarrollo sostenible. Es cierto, ustedes ven el medioambiente como un obstáculo y esta ley es la plasmación de que quieren remover los obstáculos para que se produzca un desarrollo. Colocan la coletilla a continuación de sostenible, pero con la primera parte de la argumentación esta coletilla no resulta en absoluto verosímil.

Hablan de que el proyecto supone un gran avance en tanto en cuanto empieza a demandar a partir de este momento una evaluación ambiental de la técnica del fracking. Pero hay que recordar que el fracking lo legalizaron ustedes, el fracking era una actividad que se movía en el terreno de la alegalidad y que contaba con la oposición y la contestación de comunidades autónomas que habían aprobado leyes prohibiendo el fracking, expresiones y manifestaciones de diferentes municipios, cuestionamiento por parte de sectores de la ciencia, pronunciamiento de universidades en contra. Frente a esa realidad, ustedes tomaron la decisión de reformar la Ley de combustibles para convertir el fracking, la fractura hidráulica, en una técnica legal. Claro, antes de que hubiera una legalización de la técnica del fracking no era posible exigir ninguna evaluación ambiental. Ahora sí, pero insisto, se hace a la vez que se devalúa el concepto, la exigencia de esa evaluación ambiental, sin resolver ninguna de las dudas suscitadas sobre las consecuencias de la utilización de esta técnica: la contaminación por metales pesados, la contaminación de las aguas subterráneas, las emisiones a la atmósfera, incluso de radiación.

Plantea una visión de los bancos de conservación de la naturaleza que, en principio no se compadece con la explicación que en la Comisión de Medio Ambiente se nos dio. Niega su señoría que vaya a ser un mecanismo de financiación y que, por lo tanto, sea susceptible de ser sometido a cotización, como los derechos de emisión de CO2 a la atmósfera; por contra, nos plantea unos bancos de conservación de la naturaleza que, de alguna manera, introducen un curioso mecanismo de compensación en especie: yo solicito una licencia para utilizar la fractura hidráulica en el ámbito de la Ría de Villaviciosa y provoco allí los deteriores medioambientales que se derivan de esa técnica y compenso pagando una recuperación del alimoche en los Picos de Europa, señoría. Eso no es una visión medioambiental y de protección.

De alguna forma, vuelvo a reconocer su coherencia, recuperan figuras que nos encontramos en la LOMCE. Si ustedes allí planteaban la esponsorización privada de centros educativos, ahora lo que nos plantean es la esponsorización privada de medidas de recuperación y protección medioambiental que debían corresponder a las administraciones. Lo que buscan es sustituir la inversión pública de las administraciones en el ejercicio de sus competencias por una inversión privada que se justifica en que hubo un deterioro medioambiental como consecuencia de una actividad autorizada. Si no me gustaba la visión financiera y especulativa de los bancos de conservación de la naturaleza que creí entender en la explicación de la Comisión de Medio Ambiente, tampoco me gusta, en absoluto, esta visión que hoy usted aquí, en esta tribuna, nos explica sobre lo que van a ser los bancos de conservación de la naturaleza.




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Señoría, con absoluto respeto, porque además lo extiendo al conjunto de los miembros del Grupo Popular, no es serio que ustedes en la defensa de este proyecto no hagan ni una sola referencia a una parte muy importante del mismo, la que incorporaron en el trámite parlamentario en el Congreso, la de la reforma de la Ley de Aguas y del Plan Hidrológico del río Tajo. Ese silencio ominoso es la mejor expresión de lo escandaloso de su decisión, porque cuando usted nos decía que este proyecto ha sido sometido al estudio y a la consulta de todos los organismos que tienen competencia sobre la materia, se le olvida añadir: salvo los contenidos de las enmiendas incorporadas en el Congreso, que, lógicamente, no estaban en el proyecto y, en consecuencia, no han sido valoradas. Hay una estrategia oscura, señorías, lo voy decir claramente.

Yo me negaba a pensar que la secuencia de los acontecimientos fuera como les voy a explicar, pero, por sus intervenciones, me reafirmo en que lo que no creía es cierto. Había un anteproyecto de ley de modificación de la legislación de evaluación ambiental en el ministerio durmiendo en un cajón, pacientemente, esperando de forma razonable a que se produjera la reforma de la directiva europea. Ahí estaba, hasta que ustedes alcanzan el memorándum del Tajo; se ponen de acuerdo internamente en la organización y en las comunidades autónomas que gobiernan e inmediatamente deciden utilizar ese anteproyecto convertido en un proyecto de liebre, de liebre que en el Congreso suscita enmiendas diferentes sobre sus contenidos, y lo utilizan como percha al final del proceso en el Congreso introduciendo estas enmiendas, para intentar que pase lo más desapercibido posible, como están ustedes intentando en ese debate, que pase lo más desapercibido posible. Y eso no es políticamente aceptable en ningún caso. Creemos que la gravedad de estas reformas que ustedes introducen y las consecuencias que de ellas se derivan merece un tratamiento diferente; devalúan el trámite parlamentario, devalúan el papel de esta Cámara y, desde luego, no ayudan a legitimarnos frente a los ciudadanos.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Señor presidente, con su permiso, paso el turno.

El señor PRESIDENTE: ¿Grupo Parlamentario de la Entesa? (Pausa.)

Senador Sabaté, tiene la palabra.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, comparezco ante esta tribuna para fijar la posición de nuestro grupo parlamentario, la Entesa pel Progrés de Catalunya ante el Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, proyecto al que hemos presentado dos vetos, uno defendido por el senador Saura y otro defendido por el senador Boya.

No voy a extenderme en los argumentos que ellos ya han expuesto, pero sí quiero recordar que nos encontramos ante un proyecto de ley que se tramita por el procedimiento de urgencia, como ya se ha dicho, antes de que la modificación legislativa puesta en marcha por la Unión Europea se acabe concretando. La verdad, no da buena impresión lo que pretende el Gobierno con este proyecto de ley.

Este proyecto de ley se fundamenta en la vieja concepción de que crecimiento, creación de empleo, riqueza y protección medioambiental son contradictorios. Evidentemente, esto es falso y, si me lo permiten, además es antiguo. Esa idea de que hay que crecer ignorando la repercusión medioambiental ha evolucionado y no es propio ni de nuestra sociedad ni de las políticas mantenidas en las instituciones europeas. Ante esta idea de que el crecimiento es contradictorio con la protección medioambiental ha habido propuestas como la que elaboró el Club de Roma en el informe sobre los límites del crecimiento, en 1970, una propuesta que podríamos calificar de neomalthusiana, que apostaba por el crecimiento cero. Tampoco es cuestión de excederse. No obstante, la Unión Europea hoy en su Estrategia 2020 fija tres prioridades: crecimiento inteligente, crecimiento sostenible y crecimiento integrador. Por tanto, la sostenibilidad, el concepto de crecimiento sostenible forma parte de la estrategia de futuro de la Unión Europea y, a nuestro entender, está muy lejos de los objetivos de este proyecto de ley.




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Quería referirme, señorías, muy específicamente a un aspecto preocupante y muy importante de este proyecto de ley —al que alguno de los intervinientes ya ha hecho referencia— recogido en las disposiciones finales cuarta y quinta e introducido con cierta nocturnidad y alevosía en el trámite en el Congreso. Digo nocturnidad y alevosía porque, evidentemente nos encontramos ante unas enmiendas incorporadas al proyecto de ley que modifican de manera sustancial nuestra legislación en materia de aguas; la propia Ley de Aguas, el texto refundido, y la Ley del Plan Hidrológico Nacional. Por tanto, señorías, eso merecería un debate amplio y sosegado, en la medida en que estamos hablando de políticas que tienen una enorme repercusión en nuestra sociedad y que, como señalaba antes el senador Iglesias, también han generado enfrentamientos entre comunidades. Por ello, no se puede abordar a la ligera.

En la disposición final cuarta ustedes plantean una modificación del Real Decreto Legislativo 1/2001, del texto refundido de la Ley de aguas, y traspasan la competencia de autorizar la cesión de derechos que implique el uso de infraestructuras que interconectan territorios —que hasta ahora residía en las Cortes Generales, en el Parlamento, en el Congreso y en el Senado— a la Dirección General de Aguas. Lo que es una decisión parlamentaria al máximo nivel ustedes lo convierten en una decisión político-administrativa con voluntad de sustraer al Parlamento y al debate democrático precisamente un asunto tan importante como la posible transferencia de aguas entre cuencas.

En la disposición final quinta modifican la Ley 11/2005, del Plan Hidrológico Nacional, que modificaba el Plan Hidrológico de 2001. Se elimina de nuevo la obligación del Ministerio de Medio Ambiente —en este caso referido al trasvase Tajo-Segura, pero seguramente de aplicación general— de informar también a las Cortes Generales sobre los caudales transportados en el acueducto Tajo-Segura. Una vez más se transfiere esta competencia precisamente a la Dirección General de Aguas.

Estamos, por tanto, ante una voluntad de dar salida una vez más a su pretensión de iniciar grandes trasvases hidrológicos, trasvases de cuenca. Tuvieron una mala experiencia en 2001, llevaron el tema a las Cortes Generales como proyecto de ley, que se convirtió en ley, y hubo una enorme contestación social que provocó que el nuevo Gobierno en 2004, respondiendo a la movilización social, alterase y cambiase precisamente ese proyecto de ley anulando los trasvases previstos. Ante la experiencia, ahora vienen ustedes a escondidas y lo camuflan en un proyecto de ley que no tiene en principio nada que ver —es legal hacerlo así, no voy a ponerlo en duda— con la política de aguas, sino que estamos hablando de la política de evaluación ambiental.

Por tanto, estamos de nuevo ante la pretensión, ya anunciada por el ministro de Agricultura, señor Arias Cañete —con el cual hemos mantenido ya distintos debates en esta Cámara— precisamente de recurrir a los trasvases, esa vieja política insostenible de mover grandes cantidades de recursos, en este caso grandes cantidades de agua, para abastecer crecimientos insostenibles. Señorías, la sostenibilidad se fundamenta precisamente en gestionar de manera seria y responsable los propios recursos. Las grandes transferencias de recursos, sean energéticos, hídricos o de cualquier otro tipo, están muy alejados del concepto de sostenibilidad. Por tanto, ustedes, señoras y señores del Partido Popular y su Gobierno, lo que hacen es impulsar políticas del pasado, políticas que no tienen nada que ver con lo que está exigiendo hoy nuestra sociedad ni con lo que están exigiendo hoy las instituciones de la Unión Europea, de la que formamos parte. Estamos, por tanto, abriendo de nuevo un debate y unas políticas agresivas con muchos territorios que pueden tener realmente un impacto medioambiental absolutamente negativo sobre cuencas hidrográficas como la del Ebro y sobre áreas tan sensibles como puede ser su propio delta. Esta voluntad suya de detraer recursos hídricos para alimentar crecimientos en otras cuencas hidrográficas puede tener, insisto, consecuencias tremendamente negativas en un momento que además viene agravado por el cambio climático, llegando incluso a la desaparición del propio delta del Ebro.

Señoras y señores senadores del Grupo Parlamentario Popular, es necesario que esto se aborde desde la perspectiva de un debate a fondo, de un debate parlamentario y social y que se apueste por políticas de crecimiento sostenible, de crecimiento respetuoso con el medio, de crecimiento basado en la utilización de los recursos de una manera racional, de esa manera que exige la Estrategia 2020 de la Unión Europea. Ustedes apuestan una vez más por la política de brochazos y, evidentemente, como dije ya en otro momento desde esta tribuna, eso tiene




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consecuencias, como la que tuvo la política de la antigua Unión Soviética en materia de regadíos y que acabó desecando el mar de Aral, una absoluta barbaridad que, evidentemente, no está lejos de lo que podría suceder si sus políticas acaban progresando.

Como se ha dicho, esperamos que su Gobierno no vaya más allá de esta legislatura. Nos veremos obligados a modificar de nuevo la legislación, como hicimos en el pasado, pero realmente su perseverancia es preocupante, como lo es también la amenaza que representan sus políticas para buena parte de nuestro territorio. Por todo esto hemos presentado enmiendas de devolución de estas dos disposiciones finales que luego defenderemos. Esperamos realmente, aunque con poca posibilidad de que nos hagan caso, que ustedes reconsideren sus políticas y su actitud.

Por último, quiero recordar que en función de esta necesidad de apostar por las políticas de sostenibilidad y de no tener recelo precisamente por los informes de impacto ambiental, es necesario extremar los controles previos en función del principio de precaución al que aludía el senador Saura en su intervención y extremar los controles para evitar daños con actividades que generan mucha preocupación social, como puede ser el fracking, al que se ha aludido en diversos momentos, o mejorar las políticas de precaución para evitar que en el futuro una insuficiente precaución desde el punto de vista legislativo permita que sucedan situaciones como la que ha provocado la planta Castor en la costa mediterránea. En realidad, deberíamos mejorar nuestra legislación para intentar que eso no vuelva a suceder, y menos hoy en que el Parlamento catalán ha aprobado por unanimidad una petición para que se pare su actividad. Es necesaria la política de almacenes de gas precisamente como estrategia de seguridad energética, pero hay que extremar la precaución, los controles de impacto ambiental y los informes de impacto ambiental, mejorar la legislación que tenemos en esa dirección; no eliminar controles, no eliminar obstáculos, sino mejorar la legislación, para mejorar esa precaución y, evidentemente, garantizar que esas situaciones no se vuelvan a producir en el futuro.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor SABATÉ BORÀS: Por eso hemos presentado el veto, y apoyaremos el resto de vetos.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sabaté.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maluquer.

El señor MALUQUER FERRER: Muchas gracias, señor presidente.

Desde el escaño, básicamente para reafirmarme en la motivación del veto a esta ley: la inoportunidad temporal, la invasión competencial y el tema de los bancos de conservación de la naturaleza, si bien es cierto que con la explicación que me ha ofrecido el otro día en comisión el senador Elena y también ahora la senadora Pons me queda más claro lo que es el banco de la conservación de la naturaleza, que de alguna forma luego hemos transaccionado. Lo que sí entiendo es que sigue abriendo un interrogante, y yo hubiera preferido que ese banco de conservación de la naturaleza hubiese estado a lo mejor en una ley de biodiversidad. Sin embargo, está en la Ley de evaluación de impacto ambiental y entiendo que esto es subvertir la finalidad que persigue la creación de los bancos de conservación de la naturaleza, como se hace en el ámbito internacional. Pero de ninguna manera confundimos el banco de CO2 con esta medida compensatoria de los temas medioambientales.

Quiero destacar esta inoportunidad temporal, el hecho de que la directiva europea que está tramitándose está siendo revisada, y esa invasión competencial, que convierte una ley que tendría que ser básica en una ley reglamentista, y que no le hace falta por parte de aquellas administraciones autonómicas que la adopten modificar ningún tipo de reglamento para poderla aplicar, lo que, por un lado, resulta muy práctico para aquellos que no han legislado, pero no lo es para aquellos que sí lo hemos hecho, y convierte en básicos temas que son absolutamente de competencia autonómica.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Maluquer.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Fidalgo.




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El señor FIDALGO AREDA: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo para reiterar que esta tramitación es injustificable, no puede haber nadie que la justifique. Fíjense, una ley con contenidos técnicos tan concretos y tan especializados viene sin el aval ni los estudios técnicos del mundo científico ni de la gente que sabe de esto.

En segundo lugar, hay una parte sustantiva que meten de tapadillo, en contra de las normas de las Cortes Generales, que no permiten que se pongan en una ley con un determinado contenido, contenidos ajenos a esa ley, y lo hacen en algo tan importante como es la política de aguas.

Señores del Grupo Popular, el Grupo Socialista está dispuesto a hablar de aguas, y hacerlo de frente, para acordar cómo gestionar un recurso escaso, que es un problema de Estado, y tratarlo, por lo tanto, con la altura de miras de una política de Estado y no en esta situación en que el Gobierno tiene vergüenza de presentar una propuesta de Gobierno. (Aplausos.)

Y fíjense, nos traen una ley en contra, en sus contenidos, de la directiva europea que ahora está aprobando la Unión Europea —lo dice también el Consejo de Estado—, y solo se justifica por la escapada de Arias Cañete hacia Europa, escapándose a Europa, cuando aquí ha sido el ministro más antieuropeo de su Gobierno. Por ejemplo, me preocupa cuando el Partido Popular habla de hacer bancos —pero lo del banco de la naturaleza, señorías, es un cheque al portador para contaminar; eso es el banco de la naturaleza— y nos propone plazos imposibles de realizar. Y les voy a poner un ejemplo de silencio positivo a favor del promotor. Por ejemplo, la evaluación de impacto ambiental ordinaria, que son los proyectos del Anexo I, tiene un plazo de cuatro meses. La evaluación de impacto ambiental simplificada va a tener un plazo de tres meses. Este es el caso de los proyectos de fracking. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que se puede evaluar la posibilidad, cómo los cambios de presión pueden generar riesgos sísmicos? Y no digan que hablo de cosas extrañas, porque son cosas que están pasando. ¿O evaluar el consumo de agua, los efectos de las sustancias peligrosas o el uso de explosivos en un determinado territorio? Les pondré un ejemplo de mi tierra: con esta ley la mina de Corcoesto se puede tramitar en cuatro meses, y con la directiva europea que se está preparando será imposible.

Por último, el Consejo de Estado habla de deficiencias muy graves que son razón suficiente para devolver esta ley, y yo no sé por qué hay tanta prisa en tramitarla.

Solo le pedimos a la opinión pública que se acuerde de la herencia Cañete, que haya memoria, para que cuando pase algo se acuerde uno de quién hizo esta ley y no ocurra como con el Prestige, que los responsables de la contaminación no pagaron. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fidalgo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Aparici.

El señor APARICI MOYA: Muchas gracias.

Señor presidente, señoras y señores senadores, buenas noches. Y no digo también lo de: buena suerte. Pero sí, buena suerte.

Empezaré por el final. Señor Fidalgo, ya se lo dije una vez: no nos riña, que ya venimos reñidos de casa. (Aplausos.) No tiene más razón el que más chilla, y usted aquí chilla mucho pero tiene muy poquita razón (Aplausos.), porque sus argumentos son absolutamente apocalípticos. Usted nos presenta cosas que tuvieron poco en cuenta cuando gobernaron. ¿Y se atreve usted a citar aquí los movimientos sísmicos que podría provocar el fracking? Mire usted, el Castor me pilla muy de cerca, y sé perfectamente cuándo se gestó y quién lo gestó; y sé perfectamente que este Gobierno, como ha pasado con las desaladoras y con tantas cosas, lo que quiere es resolver los problemas que ustedes crearon. Esa es la política ambiental. (Aplausos.)

¿De qué, señor Fidalgo, viene usted a sacar pecho aquí? ¿De qué? Fíjense ustedes si la cosa es distinta: con esta ley probablemente no tendríamos algunos de los problemas que usted ha citado. Seguramente no, porque esta ley preserva las condiciones ambientales adecuadas para que si se tuviera que hacer un proyecto de fracking se hiciera con esas condiciones; y si no las tuviera no se haría, señores senadores. Esa es la cuestión, y ustedes quieren darle la vuelta y decirlo al revés. Pero esta ley no legaliza ningún fracking, esta ley, repito, establece las condiciones para que un proyecto de fracking se haga con las condiciones adecuadas. Eso es lo que hace esta ley. (Aplausos.)

Preguntan ustedes por qué tenemos prisa. Se lo voy a explicar de forma muy rapidita. Señores senadores, cuando llegamos a este Gobierno había, ni más ni menos, mil cien expedientes




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pendientes de resolver porque con la ley anterior, y además las leyes se quedan antiguas, se era incapaz de resolver expedientes y de actuar con celeridad, y se perdían enormes oportunidades de empleo. Se calcula que más de ochenta mil empleos están afectados por la tramitación de esos expedientes, y a ustedes eso, evidentemente, les parece que no es nada importante: ochenta mil empleos para ustedes no es una cuestión importante, Entonces ¿qué es importante para ustedes, señor Fidalgo? ¿Qué es importante?

Por tanto, lo que se busca con este proyecto de ley, y queda muy claro en el preámbulo, es agilizar los procedimientos pero sin perder ni una milésima de protección, porque se establecen condicionantes que son todavía más adecuados. Esta ley, por ejemplo, no hacía ninguna referencia al cambio climático. ¿Dónde estaban en la ley anterior las referencias al cambio climático? Pues en esta ley, como en la de Costas —que ustedes también han citado—, el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de esa persona a la que ustedes tanto temen, lo ha incluido. No le tengan tanto miedo; no le tengan tanto miedo al señor Arias Cañete, porque es una persona bastante normal y, de momento, por lo que leo, es el ministro mejor valorado de este Gobierno. Parece que eso a ustedes les incomoda, pero a nosotros no; a nosotros nos encanta y nos gusta que el señor Arias Cañete, efectivamente, sea un ministro muy bien valorado, como lo son todos los demás y el presidente del Gobierno. Nos encanta. (El señor Alique López: ¡Viva el vino!) No sé qué quiere decir con viva el vino. No lo sé.

El señor PRESIDENTE: Por favor, no entren en debates particulares.

Senador Alique, guarde silencio, por favor.

El señor APARICI MOYA: Quédense tranquilos. Cuando ustedes hablan yo les escucho con absoluta tranquilidad. Quédese tranquilo, señor Alique, y no digan estas cosas, porque la verdad es que uno queda bastante mal.

Seguimos con los razonamientos. He dicho que era necesario resolver la situación de muchos expedientes que afectan, como decía antes, a ochenta mil empleos. Lo que a nosotros nos demanda la ciudadanía es una Administración más eficaz y eficiente, y eso es también lo que persigue esta ley, además de introducir cuestiones que en la ley anterior no estaban contempladas.

Y ahora me voy a referir muy brevemente a un tema que también han citado ustedes y del que ya ha hablado mi compañera, y no sé por qué se empeñan en decir que no lo ha hecho. Es la famosa historia de introducir el trasvase de aguas en esta ley. He leído todos los informes, los de todos, y quizá el problema de algunos es que solo lean parte de ellos. Yo no, yo leo los de todos. Por ejemplo, tengo en mi mano un informe de una persona que me imagino que no ofrece ninguna duda. Me refiero al catedrático Antonio Fanlo. Pues bien, al final de su informe dice: Punto uno. En el plano formal, las enmiendas presentadas por el Grupo Popular del Congreso de los Diputados son absolutamente válidas y legítimas. Punto dos. En el plano sustantivo, la reforma legal propuesta está plenamente justificada —en negrilla— para articular adecuadamente las previsiones establecidas en la Ley del Plan Hidrológico Nacional. Y punto tres. La reforma legal proyectada tiene su justificación formal en exigencias de derecho interno. ¿Queda claro? Exigencias de derecho interno. Y sigue: Dicha reforma es absolutamente compatible con las exigencias del derecho de la Unión Europea y, en particular, con la Directiva Marco del Agua, porque en el plano sustantivo la reforma proyectada afecta a la gestión cuantitativa de los recursos hídricos que excede de la base jurídica sobre la que ha sido aprobada la Directiva Marco del Agua.

Esto es lo que dice un experto en esta materia, en leyes de agua, como es el catedrático Antonio Fanlo, cuyo informe he resumido y les puedo hacer llegar a todos ustedes. Insisto en que quizá la diferencia esté en que yo he leído todos los informes y ustedes solo leen parte de ellos.

Para acabar, como ya he citado la parte técnica, me referiré a la parte política. Miren ustedes, respecto de esta infraestructura que ustedes tanto demonizan, un ministro, y les advierto que era un ministro de antes de 1978, dijo exactamente que esta era una obra redentora, que esta obra no es de favoritismo ni local ni regional, sino una obra genuina, honda, netamente española.

Yo comparto las palabras de este ministro, las comparto plenamente, y ya he dicho que era un ministro de antes de 1978. Ese ministro era de 1933, y se llamaba Indalecio Prieto.

Muchas gracias. (Aplausos.)




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aparici.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, votamos las propuestas de veto por el mismo orden en que han sido defendidas.

Votamos, en primer lugar, la propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias y Mariscal.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 191; votos emitidos, 191; a favor, 59; en contra, 126; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 2, de la senadora Capella.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes 192; votos emitidos, 192; a favor 60; en contra, 126; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 4, de los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 193; votos emitidos, 193; a favor, 60; en contra, 127; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 5, de la senadora Almiñana, los senadores Boya, Bruguera, Martí, Montilla, Sabaté, y la senadora Sequera.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 193; votos emitidos, 192; a favor 59; en contra, 127; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 6, del Grupo Parlamentario Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 191; votos emitidos, 191; a favor, 59; en contra, 126; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Y finalmente, votamos la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 193; votos emitidos, 193; a favor, 60; en contra, 127; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, rechazadas las propuestas de veto, entramos en el debate de las enmiendas.

Abran las puertas.

Los senadores Iglesias y Mariscal han presentado las enmiendas números 1 a 57.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Buenas noches, señorías. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

Haciendo un esfuerzo de síntesis, dada la hora y el cansancio que supongo en sus señorías, defenderé las enmiendas que los dos senadores de Izquierda Unida hemos planteado a este proyecto de ley.




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En primer lugar, proponemos una sustitución en el artículo 1.b), para que en el análisis y selección de las alternativas que resulten de la evaluación se sustituya las que resulten medioambientalmente viables por las que resulten medioambientalmente más adecuadas.

Frente a la pretensión de dar determinadas competencias a la conferencia sectorial, planteamos la supresión de estas.

Creemos que es imprescindible que en el proyecto quede perfectamente clara la garantía de evaluación de todos los planes o proyectos que puedan afectar a espacios comprendidos dentro de la Red Natura 2000 con el máximo rigor. Luego explicaré pormenorizadamente en qué aspectos tienen que evaluarse estos impactos.

También, que a los hábitats prioritarios de la Unión Europea o aquellos espacios que hayan sufrido un proceso de deforestación se les realice la evaluación oportuna.

Enmendamos, para suprimir que el Consejo de Ministros u órganos competentes de las comunidades autónomas puedan excluir proyectos de la evaluación ambiental. Estamos convencidos de que este contenido del proyecto choca frontalmente con las exigencias de la Directiva 2011/92, de la Unión Europea.

Planteamos que solo se puedan resolver por acuerdo las discrepancias entre los órganos sustantivos y el órgano ambiental cuando el impacto ambiental no sea significativo. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías, por favor.

Continúe, señoría.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Sí asumimos que no se produce una invasión de competencias cuando la conferencia sectorial defina unos criterios mínimos de calidad en los documentos ambientales y, por lo tanto, planteamos que esta facultad le sea reconocida a la conferencia sectorial.

En relación con la Red Natura 2000, proponemos que el órgano sustantivo en ningún caso autorizará ningún plan, programa o proyecto que afecte a la integridad de uno de los lugares comprendidos en ella.

En relación con el capítulo de evaluación ambiental estratégica, añadimos que en la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria deberá incluirse la identificación y valoración de los riesgos ambientales asociados al plan o programa, sean naturales o de origen antrópico.

En la elaboración de un estudio ambiental estratégico, cuando un plan o programa pueda afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000 habrá que hacer un apartado específico de la evaluación de las repercusiones sobre ese espacio.

También planteamos que se amplíen las consultas a las administraciones públicas, simultánea al trámite de información pública, a los órganos de la comunidad autónoma con competencias sobre los espacios de la Red Natura 2000 cuando se vean afectadas.

Igualmente, que en la declaración ambiental estratégica debe incorporarse un resumen descriptivo de por qué se concluye la existencia o inexistencia de efectos negativos sobre los espacios de la Red Natura 2000, así como las medidas compensatorias si hay efectos negativos.

Las tres cuestiones que acabo de enumerar en relación con los espacios de la Red Natura 2000, en el capítulo de evaluación ambiental estratégica, las planteamos igualmente —por tanto, las daré por reproducidas— en la evaluación de impacto ambiental de proyectos y en la evaluación de impacto ambiental simplificada.

Damos una nueva redacción al artículo 28 para garantizar que las modificaciones de la declaración ambiental no acaben afectando al medio ambiente, haciendo recaer además sobre el promotor el coste derivado de los cambios que se deriven de la modificación.

Igualmente, proponemos que en la solicitud de inicio de evaluación ambiental estratégica ordinaria, y en el caso de la simplificada, se debe incluir la identificación y valoración de los riesgos ambientales asociados al plan o programa, sean estos de origen natural o de origen antrópico.

También, que debe haber un apartado específico de la evaluación de la repercusión en los espacios de la Red Natura 2000. Que en el trámite de información específico por las autoridades competentes de las comunidades autónomas sobre los espacios de la Red Natura 2000 aparezca perfectamente identificado e individualizado. Igualmente, que haya un informe ambiental estratégico explicativo de por qué se concluye que no afecta a los espacios de la Red Natura 2000.




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Y que haya publicidad de la adopción o aprobación del programa, incluyendo, cuando proceda, la del informe específico de la Red Natura 2000.

En el caso de la evaluación de impacto ambiental de proyectos, mantenemos como obligatoria la consulta previa para los promotores. Incorporamos al estudio de impacto ambiental la identificación y valoración de los riesgos ambientales asociados al proyecto, sean estos de origen natural o de origen antrópico. Y doy por reproducido todo lo que en el capítulo anterior planteamos para la Red Natura 2000.

Proponemos la supresión del apartado 5 del artículo 43, porque creemos que el silencio administrativo no puede ser positivo sino que debe ser negativo.

E igualmente, enmendamos para que en la revisión de una declaración de impacto ambiental se siga el mismo procedimiento, con consulta y participación social, que se siguió para la aprobación de esa declaración.

En cuanto al capítulo de evaluación de impacto ambiental simplificada, doy por reproducido todo lo referente a la Red Natura 2000. Incluimos también la participación pública. Y planteamos la posibilidad de recursos contra el informe de impacto ambiental cuando diga que el proyecto no tiene efectos significativos sobre el medioambiente.

Introducimos en el régimen sancionador la posibilidad de que se pueda sancionar a los funcionarios que han participado en la tramitación de estos estudios.

En los proyectos autorizados por la Administración General del Estado que afecten a la Red Natura 2000 reproduzco lo ya dicho.

Planteamos la supresión del banco de conservación de la naturaleza por las razones que tuve la oportunidad de argumentar en la defensa del veto.

Defendemos que se obligue al promotor a incluir un informe de riesgos sísmicos en los proyectos de almacenes subterráneos de combustibles o de CO2, proyectos de centrales nucleares y almacenamiento de residuos nucleares o proyectos que supongan la utilización de la fractura hidráulica.

Introducimos la supresión del límite a doscientos mil toneladas para efectuar la evaluación de impacto ambiental en el caso de almacenamiento de petróleo o productos petroquímicos o químicos. Creemos que, en todo caso, ha de hacerse la evaluación ambiental.

En los supuestos de almacenamiento subterráneo de gases, los proyectos deben estar sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria y no simplificada.

Enmendamos para recuperar la potestad de las comunidades autónomas de exigir que se sometan a evaluación ambiental ordinaria los proyectos que la demanden según la normativa autonómica específica. Y lo mismo en el caso de la evaluación ambiental simplificada, cuando también haya una norma autonómica que lo prevea.

En el Anexo VII añadimos contenidos en relación con la Red Natura 2000 y planteamos la supresión de todas las incorporaciones que, mediante enmiendas del Grupo Popular, se han realizado en el Congreso al proyecto en lo que afecta a la modificación de la Ley de aguas o la modificación del Plan Hidrológico del río Tajo.

Muchísimas gracias, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

Enmiendas presentadas por el senador señor Fuster Muniesa, la señora Ibarz y el señor Santos Fernández, números 58 a 60.

Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra el senador Fuster.

El señor FUSTER MUNIESA: Gracias, señor presidente.

Señorías, durante estos días, repasando alguna documentación sobre la ley, leía un correo que me enviaba, pocos días antes de su fatal accidente, María Jesús Burró haciendo un análisis de la ley. Por eso, quiero que desde esta tribuna mis primeras palabras sean de un recuerdo emocionado hacia ella.

Señorías, hablamos de una ley en la que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso introdujo el día 24 de octubre unas enmiendas sobre planificación hidráulica y que hoy —no ha pasado un mes— van a quedar aprobadas en esta Cámara. El argumento fue muy sencillo: el memorándum Tajo-Segura. Y en Aragón nos han dicho que esta ley no afecta al Ebro porque solo afecta al Tajo-Segura. Señorías, lo siento, no es verdad. Y no es verdad por dos razones: primero, porque lo dice la




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ley en el preámbulo, e introduce una serie de modificaciones relativas a los trasvases intercuencas en general. Y además, por otra razón muy importante: porque cuando desde el Partido Aragonés hemos pedido que el Gobierno o el grupo parlamentario introduzcan una referencia específica a las disposiciones adicionales cuarta y quinta, no lo han querido. Por tanto, es bastante evidente.

Señorías, nosotros no cuestionamos la legitimidad, la misma que tenemos nosotros y otros grupos para oponernos a estas enmiendas introducidas en el trámite final del Congreso. Nosotros de lo que hemos hablado es de cambio de régimen, de inseguridad e incertidumbre jurídica. Por cierto, el profesor Fanlo también habla de inseguridad jurídica. Lo que pedimos finalmente es la supresión de esas dos disposiciones. Una, que modifica el artículo 72 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, por el cual la Dirección General del Agua podrá autorizar la cesión de derechos y el uso de infraestructuras que interconectan territorios de distintos planes hidrológicos de cuenca. Y siendo ya importante lo que dice, es más importante, si cabe, lo que suprime, que es precisamente que se limitaba el uso de las infraestructuras existentes a lo que digan los planes hidrológicos nacionales o las leyes específicas de cada trasvase. Por el contrario, esta modificación permite de lleno que aguas obtenidas vía cesión de derechos puedan ir a otras demarcaciones, con lo cual, señorías, abrimos un nuevo modelo de trasvase. Estas cesiones intercuencas, previstas anteriormente de forma excepcional, podrán generalizarse suprimiendo el control parlamentario siempre que haya una conducción pública o privada.

También enmendamos la supresión de la disposición final quinta, porque el ministerio, en tres meses, mediante real decreto, va a establecer unos valores que modifican la gestión de los desembalses de la cuenca excedente y dan certezas a las expectativas receptoras, por cierto, con rango de ley.

Señorías, esta ley permite un nuevo concepto de trasvases porque permite la cesión de derechos intercuencas, porque permite que cuando las infraestructuras hidráulicas necesarias para hacer efectivas son de terceros el uso se regirá por libre acuerdo, y además bastará una sola firma.

Señorías, en Aragón somos el 10% del territorio del Estado español pero menos del 3% de la población. Por lo tanto, cuando ustedes hablan de reequilibrar, de vertebrar territorios con transferencias, lo que se está haciendo es sobreequilibrar algunos territorios que han sobreexplotado sus recursos. Y en este punto, sin embargo, vamos a reconocer el esfuerzo del ministro en el impulso de las obras hidráulicas que venimos reclamando en Aragón desde hace mucho.

No tengo demasiado tiempo, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, vaya finalizando.

El señor FUSTER MUNIESA: Termino, señor presidente.

Senadores del Partido Popular, hay un dicho parlamentario que dice: de aquí no saldrá nadie con más convencimiento del que entró. Pues bien, yo les digo que la razón de los votos que utilizaron en comisión y la razón de los votos que seguramente van a utilizar hoy es efímera; y no hay que olvidarse de ello, porque la historia nos dice qué es lo que pasa cuando solamente se utiliza la razón de los votos.

Nada más, y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Fuster.

Por el Grupo Parlamentario Mixto se han presentado las enmiendas números 61 a 69, inicialmente firmadas por los senadores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar.

Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra el senador Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente. Buenas noches.

He presentado un grupo de nueve enmiendas y a lo mejor les parece un poco extraño que un canario vaya a defender estas enmiendas. Lo hago en nombre de la plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche de Talavera y del Partido Castellano. Como comprenderán, no por la cercanía geográfica que nos pudiera unir, pero sí por una relación política que tenemos con ellos y porque después de habérmelas explicado he podido entender sus razones y así quiero hacerlo. Pero, aparte de las enmiendas que he presentado yo, lo que más me gratifica es que diferentes grupos, como Izquierda Unida, Entesa Catalana pel Progrés y Socialista, esta tarde aquí han hecho referencia a lo que ahora voy a defender.




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Evidentemente, la defensa del trasvase Tajo-Segura, con esta modificación prevista de su régimen jurídico, constituye una alteración sin precedentes del régimen de trasvases de graves consecuencias. El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura siempre ha mantenido que tiene derecho de trasvase y que la Administración está obligada a trasvasar dentro de los umbrales cuantitativos establecidos. Pero, por el contrario, la abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reiterado hasta la saciedad que no existe un derecho al trasvase, sino tan solo una posibilidad, y que la Administración tiene potestad discrecional condicionada por la disponibilidad de caudales establecida en la planificación hidrológica de la cuenca del Tajo.

Cuando el Plan Hidrológico del Tajo se encuentra en los últimos pasos para su aprobación y ante la probable reducción de caudales de trasvase, el Ministerio, en este caso, de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha firmado un memorándum con el objeto de mitigar los efectos del citado plan.

Los acuerdos adoptados por un grupo sesgado de trabajo y las enmiendas que lo aplican pretenden suprimir el margen de discrecionalidad de la Administración en la autorización ordinaria de los trasvases del Tajo-Segura, así como eliminar las condiciones de disponibilidad que establezca el plan hidrológico de la cuenca cedente. Las consecuencias de la modificación propuesta no solo afectan a los problemas de forma y contenido que se detallan, sino que, según cómo se adopte definitivamente, tienen un extraordinario alcance económico que enfrentará al Gobierno a una disyuntiva de incumplimientos. La situación podría abocar a incumplir la obligación automática del trasvase o a incumplir el derecho de la Unión Europea y el derecho interno. En cualquiera de los dos casos, puede enfrentarse a graves consecuencias con indudable contenido económico. Recuérdese que los estudios auspiciados por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura estiman que la inviabilidad del trasvase generaría una indemnización de 10 000 millones de euros que tendrían que pagar. El senador del Izquierda Unida ha preguntado quién tendría que pagarlos.

La forma en que se ha elaborado esta propuesta de modificación adolece de falta de objetividad, ya que solo han participado las instituciones e interesados beneficiarios del trasvase y no el resto de la sociedad.

El contenido de la propuesta de modificación es contrario al derecho de la Unión Europea, así como al derecho interno, por pretender una gestión del trasvase excluida de la consecución de los objetivos medioambientales, el régimen ecológico de los caudales y el resto de determinaciones del plan hidrológico de cuenca, debido a la suspensión de la discrecionalidad y condicionalidad del citado plan, y por quebrar la unidad de gestión de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, al excluir de facto las infraestructuras básicas del sistema de explotación de cabecera del Tajo.

Esta misma ley establece incoherencias en una norma con rango de ley. Las nuevas reglas de explotación del Tajo-Segura se pretenden incluir de forma pormenorizada en una norma con rango de ley, la Ley de evaluación ambiental. Ello implica que se sitúa en un orden jerárquico superior al plan hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo. Esta elevación del rango jerárquico de las reglas de explotación de una concreta obra hidráulica pública por encima del plan hidrológico es contraria a la coherencia, a la unidad de gestión y a la planificación hidrológica.

Las reglas de explotación se configuran en la planificación hidrológica como un instrumento normativo que tiene por objeto regular un determinado sistema de explotación. La legislación de aguas establece que cada plan hidrológico definirá un sistema de explotación único de toda la demarcación hidrográfica en la que se incluirán de forma simplificada todos y cada uno de los sistemas de explotación parciales, con lo que se posibilita el análisis y gestión global de un plan.

Así, las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura son unas reglas de carácter parcial de unas obras hidráulica públicas integradas en el sistema de explotación parcial de cabecera del Tajo, que a su vez está integrado en el sistema integrado de la cuenca alta del Tajo y también a su vez en el sistema de explotación único de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo.

Esta estructura de sistemas de explotación, anidados dentro del marco jurídico que las engloba y que las regula en el plan hidrológico, da cuenta de la incoherencia jurídica que supone atribuir a un instrumento de gestión una obra con un rango superior al instrumento de planificación que las coordina, que es el plan hidrológico de la cuenca. Esta incoherencia permite que unas reglas de explotación no sometidas al proceso de estudio, elaboración, participación y evaluación ambiental




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se impongan sobre un plan hidrológico cuya tramitación y función coordinadora lo sitúan en un orden jerárquico superior. A su vez, impide que el plan hidrológico pueda desplegar todos los efectos necesarios para la consecución de los objetivos propuestos en el sistema de explotación correspondiente.

Esta ley también cambia la naturaleza de la autorización ordinaria de trasvase. La naturaleza de la autorización de trasvase de aguas de la Demarcación Hidrográfica del Tajo ha sido desde el principio y hasta la actualidad de carácter discrecional y no reglado. Esta ley, en la disposición adicional decimoquinta, reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, rompe esta lógica y razonable caracterización y pretende convertir la naturaleza de la decisión de trasvasar en reglada en la gestión ordinaria o no excepcional. Para ello, configura la autorización en los denominados niveles 1 y 2 como una obligación incondicional utilizando la expresión «autorizará» y no «podrá autorizar», como sería lo adecuado en una decisión de estas características.

Esta ley, por otra parte, quiebra en la unidad de gestión de la demarcación hidrográfica. La Confederación Hidrográfica del Tajo es el organismo de cuenca y, por tanto, quien tiene encomendada por ley el principal papel en la gestión hidrológica de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo. Conforme a las facultades otorgadas a la Confederación Hidrográfica del Tajo para el seguimiento del plan hidrológico de cuenca y explotación de la red de infraestructuras básicas de la parte española de la demarcación hidrográfica, es el organismo que tiene que velar por la consecución de los objetivos medioambientales en la gestión ordinaria del trasvase Tajo-Segura. Diferentes embalses, el de Entrepeñas y el de Buendía, forman parte de esta red de infraestructuras básicas de la demarcación.

Voy terminando. Esta ley también incumple la integración de los objetivos medioambientales. La planificación hidrográfica configura las reglas de explotación como un instrumento normativo de carácter reglamentario, cuya finalidad es establecer los suministros de agua que configuran la oferta de recursos disponibles del sistema de explotación, cumpliendo los objetivos medioambientales. Esta obligación de integrar los objetivos medioambientales en las reglas de explotación constituye una adaptación directa del derecho interno al artículo 4 de la Directiva marco del agua. Las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura deberían, por tanto, estar sometidas de forma expresa al cumplimiento de los objetivos medioambientales. Sin embargo, las reglas de explotación propuestas en la disposición adicional decimoquinta no solo omiten cualquier referencia expresa al obligado cumplimiento de los objetivos medioambientales, sino que al suprimir la remisión del plan hidrológico de cuenca y automatizar las autorizaciones ordinarias de trasvase basándose en predeterminados umbrales cuantitativos, excluye toda posibilidad de integrar el cumplimiento de dichos objetivos medioambientales.

Termino pidiendo su apoyo a las ocho enmiendas relativas al trasvase Tajo-Segura y la enmienda número 69 que presento con referencia al fracking.

Quiero agradecer de nuevo su presencia al Partido Castellano y a la Plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche de Talavera, que me han hecho llegar esta propuesta, que agradezco, y entiendan que, aunque estando tan lejos, actúo hoy en esta Cámara como senador de España defendiendo algo que creo que es coherente y serio.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Quintero.

El Grupo Parlamentario Vasco presenta las enmiendas números 368 a 453. Para su defensa, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente. Buenas tardes noches. Ahora sí me toca.

Voy a intervenir brevemente desde el escaño, si me lo permite. Hemos presentado ochenta y cinco enmiendas; la mayoría pretenden mejorar el texto en un afán de conseguir el mejor texto posible, algunas incluso para enmendar errores, pero no han sido aceptadas. Esencialmente tratamos de hacer más claro el texto dándole bastante más flexibilidad y, en consecuencia, agilidad.

Un importante grupo de enmiendas pretende asegurar el uso de las nuevas tecnologías en las notificaciones y el traslado de la información a través de la llamada Sede Electrónica, extendiendo lo que en el proyecto original aparece, y un último grupo de enmiendas persigue corregir las desviaciones competenciales que contiene el proyecto.




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Son ochenta y cinco enmiendas destinadas a mejorar el texto que espero que tanto el grupo mayoritario como el resto de los grupos sepan valorar y aceptar y, por tanto, votar favorablemente.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha presentado dos grupos de enmiendas. El primero, enmiendas números 172 a 271 y vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 70, 71 y 72 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Para su defensa, van a compartir turno el senador Saura y el senador Boya.

Tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.

Voy a intervenir muy brevemente para dar por defendidas estas enmiendas que fundamentalmente afectan a la Red Natura 2000, y muy especialmente a los bancos ambientales; consideramos que es el peor modelo que se ha podido escoger, no es un modelo europeo, es un modelo que se utiliza en Estados Unidos, y pensamos que la mercantilización de estos títulos no es la mejor fórmula y, en todo caso, no debería ser la única.

Acabo mi intervención, señor presidente, diciéndole al señor Aparici Moya que para abordar esta ley y para abordar el futuro de nuestro país necesitamos una mirada más actualizada que la de Indalecio Prieto y, por tanto, mejor que mirar al siglo XIX mirar al XXI, porque seguramente con esa mirada hoy no traeríamos esta ley a debate.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Boya.

Tiene la palabra el señor Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Continuando con Indalecio Prieto, quiero decir que cuando él vivía y jugaba un papel importante la política de aguas la formuló Joaquín Costa, de la Regeneración, y no tenía nada que ver con la actual, a pesar de que el PP a veces insiste en hacer la misma política.

Voy a hablar de tres o cuatro cuestiones. Primero, ¿cómo se atreven en un tema de la importancia del Tajo-Segura y las modificaciones de la política de aguas a presentar una enmienda en el Senado sin haber hecho un debate público con anterioridad y sin haber pasado por el Consejo de Estado? ¿Tan poco importante consideran que es? Es un intento y una artimaña para que no se debata una cuestión de importancia capital. Segundo, ha dicho que ha leído todos los informes pero solo ha citado uno.

Respecto a las competencias, no tengo tiempo para explicarlo pero, insisto, si uno lee el artículo 144 del estatuto de autonomía y lo compara con la ley verá que, excepto tres o cuatro competencias del estatuto, todas quedan fulminadas. No es una opinión, es simplemente poner una frase al lado de otra.

En cuanto al fracking, el problema es que hay muchos países de la Unión Europea que por el principio de precaución lo han prohibido; no hacen pruebas para ver qué pasará cuando no se conocen exactamente los problemas que puede conllevar.

Hemos presentado algunas enmiendas más que no se recogen. Una de las cuales propone que se contemple en los informes de evaluación de impacto ambiental el riesgo sísmico, que desgraciadamente ha estado de actualidad. Y presentamos también otras enmiendas para complementar la protección de la Red Natura 2000. Y, al mismo tiempo, hemos insistido mucho mucho mucho en que algunas personas puedan volver a participar en asuntos de interés relacionados con la evaluación ambiental cuando hay una revisión de la declaración, algo que no contempla el proyecto.

Por tanto, señoras y señores senadores, se trata de una ley, a nuestro entender, que hubiera tenido que tener un trámite que no ha tenido, no a través del trámite de enmienda, que, como siempre, tiene objetivos de simplificación y de racionalización, pero pocos objetivos medioambientales, y estoy seguro de que será una ley que tendrá pocos efectos positivos.

Muchas gracias.




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Saura.

Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maluquer.

El señor MALUQUER FERRER: Gracias, presidente.

Con su permiso, voy a intervenir desde el escaño para resaltar, en primer lugar, que hemos estado trabajando y, en segundo lugar, para agradecer la predisposición del Partido Popular a la hora de discutir cada una de las enmiendas que hemos presentado para intentar mejorar el texto, aunque, como han visto, hemos mantenido nuestro veto porque, al final, entendimos que el conjunto de la ley no se ajustaba a nuestras pretensiones.

Hemos mantenido vivas las enmiendas en el Pleno para, precisamente, llegar a transaccionar, y quiero resaltar las enmiendas números 332 y 350, que básicamente tratan de limar las competencias que tienen, por un lado, las comunidades autónomas y, por otro, los bancos de biodiversidad, a los que me he referido anteriormente. Insisto en este asunto que, de momento, parece que sigue el buen camino y podremos presentar estas enmiendas transaccionales que mejoran el artículo 8.3, de modificación, y la disposición adicional octava que clarifica, da más concreción y deja abierta la puerta para organizarse cuando se haga reglamentariamente el uso de esta figura.

Por otro lado, hemos presentado treinta enmiendas de modificación y de ellas quiero resaltar la que hace referencia al riesgo sísmico, una cuestión que estuvo presente en el debate al principio de esta ley, que coincidió con los efectos del depósito Castor sobre la población, situado frente a la costa de Tarragona, y que provocó preocupación en la población de la Comunidad Valenciana y de Cataluña; de hecho, esto se hubiera podido evitar seguramente si cuando especificamos el contenido del estudio de impacto ambiental hubiéramos mencionado el riesgo sísmico, ya que si no lo establecemos en el estudio de impacto ambiental, nos encontramos con el problema de que la Administración no pudo actuar. Las recomendaciones no vinculantes que pueden contener un estudio de impacto ambiental, porque así lo mandan las administraciones autonómicas, se pueden cumplir o no, pero, como no son vinculantes, se pueden obviar en el momento de hacer la declaración de impacto ambiental. Si lo especificáramos directamente en el articulado, necesariamente se tendría que tener en cuenta para su evaluación total.

Por un lado, quiero manifestar que algunas de las enmiendas son de supresión porque claramente invaden competencias y, por otro, el uso del fracking. La letra d), del grupo II, del anexo I, pretende que los proyectos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica estén sometidos a evaluación ambiental ordinaria; si bien, cuando se trate de perforaciones de sondeos de investigación que tengan por objeto la toma de testigos previos a proyectos de perforación que requieran estas técnicas, ni siquiera estarán sujetas al citado procedimiento de evaluación. Para mí este tema es preocupante porque es una técnica absolutamente agresiva, así que necesariamente deberíamos tratarla en todos los ámbitos. Ese es nuestro parecer.

En este sentido, el año pasado la Comisión Europea consideró necesario crear un marco legislativo sobre esta práctica; un marco que aún no está definido ni aprobado, por lo que resulta razonable que el Gobierno no se aventure a efectuar una regulación precoz y de mínimos sobre el tema, sino que parece más lógico que el Gobierno anule los proyectos de explotación que se hayan concedido hasta la fecha a la espera de las recomendaciones comunitarias y efectuando paralelamente un estudio de expertos que valore esos riesgos asociados, también en la técnica de los estudios de la contaminación de los acuíferos colindantes.

De las enmiendas que hemos presentado, quería mencionar estas concretamente.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Maluquer.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, señor Aparici, permítame que ignore sus alusiones al tono; cada uno tiene su tono, yo de joven era triple cantor y tengo mi tono. (Risas.—Aplausos.)

Desde luego, si lo que captó es nuestra indignación por el procedimiento inaceptable de esta chapuza legislativa, lo captó bien, porque verdaderamente estamos indignados, y por eso pedimos la supresión de todos y cada uno de los artículos de este cuerpo legislativo, chapuza legislativa




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que nos traen el Grupo Popular y el Gobierno al unísono. No nos han explicado las razones, y permítame que se lo diga porque es de eso de lo que le quiero hablar.

Nosotros estamos de acuerdo en agilizar las normas pero, seamos sinceros, el problema de los expedientes que están sin resolver no es ni por los plazos ni por los informes, es por otras razones. Aún hay departamentos que a lo mejor no quieren resolver ni asumir las condiciones ambientales y luego pasa lo que pasa, que se meten en el cajón, pero con la ley actual no hay ningún problema de plazos ni de normas ni de estudios. Sí estamos de acuerdo en modificar esta normativa. Fíjese si lo estamos que la Unión Europea, después de veinticinco años de experiencia, lo va a asumir y está terminando la directiva. Lo que no me han explicado, a solo dos o tres meses de que en el trílogo de acuerdo entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo lleguen a un acuerdo sobre cómo terminar esta norma que será aplicable para toda Europa y que nosotros tendremos que adaptar a nuestra normativa, es por qué quieren hacer ahora una norma que tendremos que cambiar dentro de unos meses. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Por cierto, tampoco nos han explicado si esta norma va a entrar en vigor en el plazo de un año. ¿Por qué tanta prisa para que se haga adaptándonos a la agenda del señor Cañete y no a la agenda del medioambiente y de nuestro país? Lo hacen para rebajar las condiciones y los plazos, y le he citado varios casos; en un caso determinado, tres meses, y en otro, cuatro meses. Eso no es posible o, en todo caso, lo es para favorecer a determinados grupos económicos que tienen intereses, y, por cierto, quitando la participación pública; dicho en una frase gráfica, lo que antes era participación e información pública lo vamos a cambiar por la negociación de los reservados y de los restaurantes. Eso es lo que significa de forma gráfica. Y se hace contra Europa, y la verdad es que el señor Cañete cada vez que hace una norma nos quita un poquito más de Europa y de la normativa, del cuerpo y del derecho europeo. Lo hacen —y tampoco lo han explicado— porque no son capaces de que lo traiga el Gobierno y utilizan esa técnica parlamentaria de piratería de, a través de las enmiendas del Grupo Popular, traer todo un cuerpo legislativo importante, como es la normativa de aguas. Por tanto, se hace de una forma oscura y sin conocimiento público, sin pasar por las confederaciones hidrográficas, por la Comisión Nacional del Agua, por el Consejo Asesor de Medio Ambiente, por el Consejo de Estado, que le da un auténtico varapalo a la normativa ambiental que hoy traen aquí. Y lo hacen en un tema de Estado, por lo que tenemos que hablar entre todos para que, haya el Gobierno que haya, exista una norma, unas pautas, unos acuerdos y unos planes de cómo gestionar un bien que es escaso y que aún va a ser más escaso.

Porque, señorías, esta norma precisamente lo que favorece son los efectos del cambio climático. Y es muy fácil ir a Europa —como está ahora el señor Cañete, hablando en la Cumbre del Cambio Climático— a decir una cosa para hacer aquí lo contrario. Esta norma favorece las emisiones de los proyectos de las empresas, etcétera, y es un regalo que favorece a esas empresas; mientras tanto, sabemos que el nivel del mar va a subir, sabemos que se incumplen esas directivas europeas y que con los efectos del cambio climático tendremos un litoral más ocupado, que cada vez sufrirá más inundaciones, como pasa con la gestión de los ríos y como pasa con las grandes épocas de sequía, que también explican una razón por la que deberíamos gestionar el tema del agua de acuerdo y en consenso toda la sociedad, no solo los grupos políticos. Y deberíamos hacerlo, por cierto, con base científica y con medidas diversas; habrá que poner en marcha muchos mecanismos, desde el ahorro, la eficiencia, la innovación, la modernización tecnológica de los regadíos, la reutilización, las desaladoras, que ustedes han demonizado y ahora utilizan tan prolijamente.

Y lo hacen también con un desafío a la Unión Europea, porque esta chapuza es un auténtico desafío a la Unión Europea. Además, sí, crea un gran mar de inseguridad jurídica, y se lo dice el Consejo de Estado: esta normativa va a generar derechos que pueden ser exigidos en los tribunales y que, por lo tanto, va a provocar que sea el Estado el que tenga que responder de esos derechos que ya son principios que no pueden ser cumplidos.

Señorías, todos los cambios que se producen sobre la precaución y sobre la prevención de los daños ambientales los hace en clave de rebajas, y permítanme el chiste: el señor Cañete es como El Corte Inglés, cada tres meses nos trae unas rebajas, en este caso de la precaución y de la protección ambiental, que ya digo, no es una cosa extraña, sino que es algo que afecta a nuestra salud, para empezar.




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Sobre la actividad del fracking, esta ley la legaliza y no solo la legaliza, sino que crea la oferta fracking en tres meses. Por cierto, le tengo que contestar al portavoz del Grupo Popular que el proyecto Castor se hizo con cargo a la Ley de hidrocarburos de 1998, que creo que hizo un presidente llamado Aznar, en cuyo Gobierno había un ministro que se llamaba señor Cañete. (Rumores.) Esa es la verdad y precisamente porque esas normas contenían menos precauciones ambientales fue por lo que sucedió lo que sucedió. A propósito, señorías del Partido Popular, nos da risa cada vez que nombran la actividad del bunkering. Precisamente a mí me preocupa que haya intervenido en una ley en la que se toca el bunkering un ministro como el de Medio Ambiente que, sí, tiene actividad empresarial y de negocio en esta ley.

Una norma, una ley que pone en conflicto a todo el mundo, que abre grietas legales muy graves y que, desde luego, crea inseguridad jurídica. Yo lo que les pregunto es: ¿pero quién va a invertir en esta situación que he relatado de inseguridad jurídica? Con una norma que dentro de unos meses ya no va a valer, cuando hay una conflictividad entre las competencias con las comunidades autónomas, que supone que se elevan a ley básica cuestiones reglamentarias que tienen que entrar en el desarrollo de la ley y cuestiones técnicas como los anexos. ¿Cómo se puede dar la categoría de ley básica a los anexos, que crean procedimientos básicos, como el procedimiento simplificado, lo que no tiene ninguna justificación jurídica? Y una ley que, como ha dicho el Consejo de Estado, ignora el principio de precaución, y al ignorar el principio de precaución hace que sea contraria al derecho de la Unión.

Por todas estas razones, nosotros vamos a proponer la supresión de todo el articulado de esta ley.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fidalgo.

¿Turno en contra? (Pausa.)

Tiene la palabra su señoría.

El señor ELENA NÚÑEZ: Señor presidente.

Señorías, espero, a estas horas de la noche, no terminar mi turno, porque yo creo que ya estamos un poco cansados.

Me corresponde fijar la posición del Grupo Popular sobre las enmiendas que han presentado el resto de los grupos al Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental.

Antes de comenzar a contestar a cada uno de los grupos, quiero resaltar que el proyecto de ley de evaluación ambiental garantiza la máxima protección ambiental y da un nuevo impulso al desarrollo sostenible. Esta ley se fundamenta en los principios de protección y mejora del medioambiente, precaución —que alguna de sus señorías ha dicho con mucha profundidad—, acción preventiva y cautelar y corrección y compensación de los impactos sobre el medioambiente, y quien contamina paga; quien contamina paga. Principios que informarán toda actuación de las administraciones con competencias en el medioambiente. Se han presentado un total de cuatrocientas cincuenta y tres enmiendas. El Grupo Mixto ha presentado sesenta y seis enmiendas; el señor Iglesias Fernández y el señor Mariscal Cifuentes, por Izquierda Unida, han presentado un total de cincuenta y siete enmiendas. Hacen referencia a la supresión del artículo 4.1, respecto a la conferencia sectorial. La redacción de este artículo no atribuye a la conferencia sectorial ninguna competencia adicional, con carácter general a la Ley 32/1992, únicamente se hace hincapié en subrayar su carácter de órgano de cooperación voluntaria.

Sobre los supuestos excluidos de evaluación ambiental en el artículo 8, he de decirle que la redacción del proyecto de ley es acorde con las excepciones de la directiva. Comparto con ustedes la preocupación por los espacios incluidos en la Red Natura 2000; tanto es así que nuestro grupo parlamentario ha dedicado gran parte del articulado a garantizar la Red Natura y los espacios naturales protegidos. Todas las incorporaciones están referenciadas en alguna parte de este texto. El proyecto de ley es respetuoso con la evaluación de los planes, programas y proyectos que pueden tener efecto sobre el medioambiente y, en particular, sobre los espacios de la Red Natura 2000.

Cabe señalar también que en el ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental simplificada se ha incluido una cláusula de salvaguarda de acuerdo con la cual se someten a este tipo de evaluación los proyectos no incluidos ni en el anexo 1 ni en el anexo 2, que pueden afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a los espacios protegidos de la Red Natura 2000. Solicitan también que el documento de alcance scoping sea obligatorio. En este sentido, la




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experiencia demuestra que tras muchos años de aplicación de la norma de evaluación de impacto medioambiental, los promotores han adquirido los conocimientos suficientes para poder determinar por ellos mismos el alcance de los estudios de impacto ambiental de los proyectos que promueven. Además, la directiva configura la base de determinación de alcance del estudio de impacto ambiental como potestativo para el promotor.

Respecto a las nueve enmiendas, presentadas por el señor Quintero y el señor Zerolo Aguilar, ocho versan sobre el trasvase Tajo-Segura y la última, la novena, habla sobre los sondeos de investigación para la toma de testigos previos que utilizan técnicas de perforación hidráulica, que deben tener los mismos requerimientos que la evaluación ambiental. Los sondeos previos para la toma de testigos tienen como único objetivo la investigación de las rocas del subsuelo, por lo que entendemos que no es preciso hacer ninguna modificación.

La Entesa ha presentado ciento cincuenta y seis enmiendas, de las cuales, la inmensa mayoría son de supresión, concretamente, de la 172 a la 271, en las que se plantea la supresión total del proyecto de ley en coherencia con la propuesta de veto presentada, por lo que también, por coherencia, le contestaré que el veto presentado por ustedes ya ha sido adecuadamente contestado por mi compañera, la senadora Pons Vila. Por lo tanto, doy por contestadas sus enmiendas.

El resto de enmiendas presentadas trata sobre la Conferencia sectorial y la Red Natura 2000 y van en el mismo sentido que las planteadas por Izquierda Unida, a las que ya me he referido.

El Grupo Nacionalista Vasco ha presentado un total de ochenta y seis enmiendas, resaltando muchas de sus enmiendas la incorporación de las sedes electrónicas en todo el proceso de información, comunicación y participación. Pero para que las publicaciones surtan efectos legales, especialmente en lo que se refiere a los recursos, saben sus señorías que debe hacerse a través de una publicación oficial.

Respecto a la toma en consideración de los informes presentados fuera de plazo, no tener en cuenta los informes recibidos fuera de plazo redunda en la agilidad de los procedimientos. Con referencia a la legislación sectorial, se trata de subrayar el carácter instrumental de la evaluación ambiental. De esta forma no llegará al órgano ambiental un expediente que sea inviable desde el punto de vista de la legislación sectorial al no reunir los requisitos establecidos. La referencia que hacen sus señorías a la legislación urbanística se entiende incluida en la legislación sectorial.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió presenta un total de cuarenta enmiendas. Alude en alguna de ellas a la conferencia sectorial y supuestos excluidos en la evaluación ambiental sobre los que ya he contestado a otros grupos. Otras enmiendas aluden a aspectos relacionados con el silencio positivo, que también se ha traído mucho a colación durante todo este debate. En este sentido cabe destacar que el aspecto preventivo de esta ley viene reforzado por la mención expresa de las consecuencias jurídicas de la falta de pronunciamiento en procedimientos ambientales, por lo que la falta de emisión de la declaración ambiental estratégica, del informe ambiental estratégico, de la declaración del impacto ambiental o del informe ambiental estratégico en los plazos legalmente establecidos en ningún caso podrá entenderse equivalente a una evaluación ambiental favorable.

Sobre los aspectos competenciales, plantean que este proyecto de ley invade las competencias autonómicas. En este sentido quiero señalar que el proyecto de ley se basa en el título competencial reconocido al Estado en el artículo 149.1.23 de la Constitución para dictar normativas básicas en materia de protección de medio ambiente. En cualquier caso, esta norma respeta el derecho constitucional, reconociendo a las comunidades autónomas su capacidad para establecer, atendiendo a sus prioridades territoriales y organizativas, normas adicionales de protección, como no podía ser de otra forma.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado un total de noventa y nueve enmiendas. Todas ellas, desde la número 73 a la número 171 son de supresión: desde la supresión del preámbulo y de todo el articulado hasta la supresión de todas sus disposiciones y anexos, motivado de acuerdo con la argumentación expresada en su veto. Mi respuesta debería ser la misma que he dado a la Entesa: que su veto ha sido suficientemente contestado por mi compañera la senadora Pons Vila. Sin embargo, y ya que ustedes no han tenido a bien dedicarle a la motivación de sus enmiendas más de nueve palabras, me van a permitir, por el respeto que su grupo me merece, hacerles algunas consideraciones.




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Ustedes califican este proyecto de ley como el camino de retroceso o desmantelamiento del nivel de protección alcanzado con anterioridad por nuestro ordenamiento jurídico, calificativo que no comparto en absoluto pues el proyecto de ley es plenamente conforme con la normativa europea de evaluación ambiental. Por tanto, la exigencia y el rigor de las evaluaciones ambientales no solo no se reduce, sino que en determinados aspectos se incrementa con respecto a la normativa vigente.

Respecto a la filosofía que impregna este proyecto de ley, según ustedes, mi partido entiende la evaluación ambiental como un obstáculo al desarrollo. Esta afirmación es totalmente falsa, fruto de una lectura sesgada del proyecto de ley, en el que se hace referencia a unas declaraciones del Banco Mundial en relación con el puesto que tiene nuestro país según la facilidad para hacer negocio —el puesto número 44—, y un informe de 2012 de la Comisión Europea en el que se señala que la proliferación de las distintas regulaciones es un obstáculo a la mejora de la productividad. Estas afirmaciones, que son una evidencia, para nada tienen que ver con la filosofía que subyace de esta norma y que no es otra que la potenciación del desarrollo sostenible.

Sobre los bancos de conservación me llaman poderosamente la atención sus críticas, así como la petición de no incorporación a la Ley de Evaluación Ambiental, máxime cuando se incluía en el programa electoral de 2011 del Partido Socialista, en concreto, en el apartado 52, de medidas para la biodiversidad y protección del litoral.

En la página 31 figura la propuesta específica de establecer medidas de control y gestión eficaces e innovadoras como son los Bancos de Hábitat. Abundando en este sentido, en el Plan Estratégico de Patrimonio Natural y Biodiversidad elaborado en la anterior legislatura —que yo sepa, gobernaba el Partido Socialista—, en el apartado de evaluación ambiental hace referencia a la necesidad de buscar herramientas que hagan efectiva la compensación de daños ambientales. Además, este texto corresponde al primer texto legal donde figuran los bancos de conservación. El proyecto de ley de evaluación ambiental propone esta figura como herramienta para mejorar los procedimientos de compensación de daños sobre especies y hábitats amenazados, y para garantizar la reposición de los recursos y servicios que se pierden como consecuencia de los impactos residuales acumulativos que se generan en nuestro país.

En lo referente a que no hay justificación alguna para tramitar este proyecto de ley por la vía de urgencia, existe la creencia de que las evaluaciones ambientales que se dilatan injustificadamente en el tiempo llevan aparejada una mejor protección ambiental, afirmación que nada tiene que ver con la realidad. Hay una respuesta rápida por parte de la Administración que realiza la evaluación ambiental permitiendo un análisis más adecuado sobre la situación real del medio, pudiendo establecer las medidas más adecuadas para prevenir, corregir o en su caso compensar los efectos que los planes, programas y proyectos pueden tener sobre el medio ambiente.

Al Grupo Parlamentario Socialista no le parecen excesivos los mil cien expedientes pendientes de resolución, ni tampoco le parecerá preocupante que las evaluaciones ambientales se prolonguen en el tiempo más allá de lo que sería razonable. A lo mejor alguno de los cinco millones de parados que podrían encontrar empleo si existiese un marco legal que contribuyese de forma eficaz y con prontitud a resolver las ineficacias detectadas en el actual sistema sí consideraría oportuno que un Gobierno afrontara de manera urgente las reformas estructurales que nuestra economía necesita para adaptarse a los nuevos cambios y aumentar la productividad y competitividad de la economía española. Para realizar las reformas estructurales necesarias hace falta que el Gobierno que intente llevarlas a cabo tenga el convencimiento de que es preciso tener valentía para plantearlas y para mantenerlas a pesar de las críticas.

El Gobierno de Mariano Rajoy, con el apoyo del Partido Popular, está llevando a cabo estas reformas porque sabe que en tiempos difíciles se necesitan Gobiernos responsables, con políticas que les resuelvan los problemas a los ciudadanos, con políticas que sirvan para el conjunto nacional con una única meta: la reducción de la tasa de paro. En este sentido, el proyecto de ley de evaluación ambiental garantiza la máxima protección ambiental y da un nuevo impulso al desarrollo sostenible.

Para finalizar diré que nuestro grupo votará en contra de todas las enmiendas a excepción de las números 332 y 350 de CiU que han sido transaccionadas.

Muchas gracias. (Aplausos.)




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El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Elena.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Señoría, antes de que me odien profundamente intervendré rápidamente desde el escaño.

La verdad es que esta ley viene con procedimiento de urgencia y va a salir con aprobación nocturna. Es casi una ley fantasma, pero no, no va a ser fantasma.

Nosotros entendemos —no compartimos— que las leyes que tienen un cierto contenido económico se tramiten por urgencia puesto que recaudación manda. Eso lo entendemos. Pero lo que no entendemos es cuál es la razón de esa prisa para aprobar esta ley; urgencia y prisa, porque hay errores que tampoco se han subsanado. Por tanto, parece que tampoco importa que la ley salga con errores. Hemos intentado subsanarlos con las enmiendas pero no ha podido ser, sobre todo teniendo además en cuenta que de forma inminente se va a modificar la Directiva Europea 2011/92, y como ya se ha dicho en esta Cámara, se va a tener que revisar esto. Por tanto, nos cuesta entenderlo.

Lo que no nos gustaría es que la respuesta estuviese escondida entre las disposiciones adicionales, las transitorias y los anexos. Eso no nos gustaría. De cualquier forma, y fuere como fuere, no creemos que hubiera justificación para la urgencia.

Otra dudosa virtud de esta ley es su vocación de reglamento. El Estado es competente en materia de legislación básica, eso es evidente. Lo que no se puede hacerse es elevar la legislación básica a la categoría de reglamento, que es lo que esta ley hace. Trata el tema de la evaluación ambiental de forma tan pormenorizada y con tanta amplitud que ya casi no ha lugar a su desarrollo reglamentario; y no hay opción para un desarrollo autonómico de la normativa básica. Pero como sobre eso hay jurisprudencia, supongo que también habrá algo que decir.

En fin, a lo que se ve, la intención del legislador ha sido que la norma no necesite desarrollo. Para ello se dejan casi cerrados una serie de aspectos que por su complejidad deberían poder ser adaptados a la realidad de su aplicación con cierta facilidad, agilidad y proximidad, pero eso, con esta ley-reglamento o reglamento-ley no se puede conseguir. Como digo, es querer llevar demasiado lejos el desarrollo de la legislación básica, a nuestro juicio.

Repito que no nos gusta el texto. Llega en un momento en que se estaba modificando la directiva europea, deprisa y corriendo, vaciando de contenido las competencias autonómicas… Pero no voy a hablar del agua. De eso ya han hablado y hablarán otros portavoces sin ninguna duda. Además, no se nos ha permitido mejorar el texto.

En consecuencia, nosotros no vamos a apoyar esta norma y vamos a votar favorablemente nuestras enmiendas, así como las que sean de supresión.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

¿Por el Grupo Parlamentario Entesa? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maluquer.

El señor MALUQUER FERRER: Muchas gracias, señor presidente.

Básicamente, intervengo para remarcar el agradecimiento al Grupo Popular, que ha defendido con trabajo y rigor su proyecto de ley —es su opción—, que en todo caso no compartimos el resto de los grupos presentes en la sala. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.)

De esta sesión, básicamente querría quedarme con que entendemos que el riesgo de la evaluación ambiental se quede en un mero procedimiento burocrático, falto de visión estratégica, pues pienso que este proyecto de ley al final no va a conseguir este objetivo, vencer esa amenaza que tiene la evaluación ambiental, porque al final es trasponer, negro sobre blanco, unas normativas que ya existen y aplicar lo que hay disponible en este momento. Pero no vamos ese paso más allá que yo hubiera reclamado de un proyecto de ley ambicioso como ustedes dicen que es y quieren defender. Esta es mi visión. En todo caso, me hubiera gustado que, además de los




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planes, programas y proyectos, hubiéramos entrado en el tema de la evaluación de las políticas y de la legislación sectorial, que sería el escalón máximo al que tendría que llegar un proyecto de ley de evaluación ambiental moderno.

Por este motivo, agradeciendo este esfuerzo por su parte, evidentemente, les diré que vamos a votar a favor de las transaccionales que modifican el texto pero que deberemos votar en contra del conjunto del proyecto de ley.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Señora presidenta, solo para decir que vamos a votar a favor de todas las enmiendas de supresión, incluidas las dos del Partido Aragonés, y que nos vamos a abstener respecto de aquellas que tienen que ver con los contenidos, puesto que nosotros, coherentemente, proponemos la supresión. En algunos casos, respecto a las de evaluación ambiental, porque en unos meses tendremos que trasponer aquí la directiva europea; en otros casos porque los que afectan a la Ley de Aguas correspondería tratarlos en otra ley, en consenso con todos los grupos y con la sociedad. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Por último, ya que el Partido Popular citó a Indalecio Prieto, le diré que el Grupo Socialista comparte los principios y la forma de vida de un hombre de bien como Indalecio Prieto, aunque creía que el referente ambiental del Partido Popular era el primo de Rajoy.

Muchas gracias. (Risas.—Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fidalgo.

En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el senador Aparici.

El señor APARICI MOYA: Señor presidente, señores senadores, buenas noches de nuevo.

Simplemente, ya para matizar algunas cuestiones y hacer alguna reflexión final.

El senador Saura decía que en el tema del fracking había muchos países que habían declarado en contra. En Europa, que yo conozca, dos o tres, y no conozco más. No son muchos. Otros países, con una fuerza económica importante y con una buena gestión de esa técnica han pasado de ser un país que tenía que comprar gas a casi ser exportador. Por tanto, vamos a poner las cosas en su sitio.

Pero yo no digo ni que sí ni que no, yo digo que se evalúe ambientalmente la posibilidad de que se tenga que hacer; porque yo, señor Saura, sí soy partidario del desarrollo sostenible. Y lo hemos dicho más de una vez: son dos palabras que no pueden ir separadas, han de ir juntas. Si no hay desarrollo, no hay nada más. Y si no hay sostenibilidad, tampoco hay un desarrollo como corresponde. Esto es así de claro.

He citado un informe que evidentemente defendía mis tesis, pero le he dicho que los he leído todos; es más, me he reunido con algunos de los autores de esos informes. Lo sabe usted, lo sabe pero no lo ha dicho. Me he reunido con ellos. Hubo uno que después se disculpó porque no podía llegar, pero estaba citado también en la reunión. No hace falta que diga los nombres, pero ellos lo saben. Estuvieron reunidos con la ponencia del Partido Popular; personas que han hecho algunos de los informes de los que hemos tenido conocimiento y hemos leído. Yo he citado aquel informe que, evidentemente, fundamenta las tesis que yo he defendido desde aquí.

Además —y esto vale para todos— el tema del que hemos hablado es de un consenso político importante, un consenso histórico, y eso parece que también molesta. Cuando tres Gobiernos autónomos y un Gobierno de la nación se ponen de acuerdo en algo también les molesta a ustedes. Pues ya no sé cómo lo tenemos que hacer porque esta es una razón de consenso importante y lo único que hace esta ley es, precisamente, reflejar esos consensos, que también lo son. No creo que los consensos sean solo cuando nos afecta a uno de nosotros. Son consensos importantes y de Gobierno.

Otra cuestión más, no lo están diciendo como toca. La nueva directiva, señores senadores, no va a estar ni en dos ni en tres ni en cuatro ni en cinco meses porque una codecisión no se toma en tres meses. Va a estar en tres, cuatro, cinco años. Por lo tanto, hay tiempo suficiente. Mírenselo y no diga que no, señor Saura; acuérdese de la fecha en la que estamos para ver cuánto tiempo




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tarda en estar la directiva; yo pienso que va a estar en cuatro o cinco años y, por lo tanto, no podíamos estar con una norma como la que teníamos durante ese tiempo.

Señor Fidalgo, del Grupo Parlamentario Socialista, usted ha bajado el tono. Pero fíjese lo que le digo, con su tono supongo que quiso decir «tenor» pero dijo «triple». Más allá de la broma, le diré que esto no es una cuestión de tono. El tono chirría. Esto es una cuestión de letra y a usted, si era cantor, le fallaba el tono y le falla muchísimo la letra. No me refiero a usted como persona, sino a usted como defensor, como portavoz de su grupo. Le falla mucho la letra. Además, quiere hacer bromas con El Corte Inglés. Dice que parecemos El Corte Inglés; pues ustedes parecen el Todo a Cien o el Todo a Euro porque quisieron poner en marcha un montón de desaladoras —que para finalizarlas faltan todavía 700 millones de euros— para producir agua a euro el ministro cúbico. ¿Qué regante le va a comprar a usted el agua a un euro el metro cúbico? ¿Qué regante? ¿Qué hace el Partido Popular con el trabajo en esas instalaciones? En este momento ya vamos alrededor de 0,50 con los trabajos que está haciendo el Gobierno del Partido Popular.

En los convenios que firmaron ustedes, si se hubieran arrancado los proyectos como los tenían, el agua les hubiera costado a esas personas, en mi tierra, en Castellón, a euro el metro cúbico. A usted esto le parece la mar de normal y hace chistes con El Corte Inglés; pues fíjese el chiste que yo podría hacer con el Todo a Cien o con el Todo a Euro y la cantidad de dinero que supone, por no hablar, señor Fidalgo, de los riesgos de sanción que usted sabe que tenemos en este momento porque lo hicieron tarde, caro y mal, como pasó también con la depuración de las aguas; otra vez riesgos de sanción: tarde, caro y mal.

Quiero terminar simplemente felicitando a mis compañeros de ponencia, a la senadora Pons y al senador Elena que han hecho un grandísimo trabajo. Ha sido un placer trabajar con ellos. También quiero felicitar a todos los señoras y señores senadores que están en este momento aquí porque de verdad que ha sido un Pleno intensísimo, interesante y hemos trabajado francamente bien. Muchísimas gracias a todos.

Como veo que les gusta Indalecio Prieto, les voy a citar la última frase, que todavía les va a gustar más que la anterior: Esto no es obra —se refiere a la obra de la que estamos hablando aquí— a realizar en el período brevísimo de días ni de meses, es obra de años, para la cual se necesita la asistencia de quienes hoy gobiernan, de quienes están en la oposición, de quienes sirven al régimen republicano y de quienes están en contra de él. Porque quienes por patrocinar el régimen republicano una empresa de esta naturaleza —se refiere a esta obra— le negara su asistencia y su auxilio —óiganlo bien— serían —decía Indalecio Prieto en 1933, ministro del ramo en aquel momento— no enemigos del régimen —del régimen republicano— sino unos miserables traidores a España. Fin de la cita.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Aparici.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, por si les había parecido corto el Pleno, a continuación se reunirán la Comisión de Incompatibilidades en la sala Manuel Broseta, la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el antiguo salón de Plenos y, como apunta la senadora Alborch, también se reunirá la Mesa. (Aplausos.)

Vamos a iniciar la votación de las enmiendas del Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental.

En primer lugar, las enmiendas de los senadores Iglesias y Mariscal.

Enmiendas números 48 y 49.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 192; votos emitidos, 189; a favor, 54; en contra, 128; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 8.

Comienza la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 193; a favor, 3; en contra, 138; abstenciones, 52.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 40 y 44.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 195; votos emitidos, 193; a favor, 3; en contra, 137; abstenciones, 53.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 7 y 34.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 194; a favor, 2; en contra, 137; abstenciones, 55

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 42.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 194; a favor, 54; en contra, 137; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 16 y la 32.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 194; a favor, 2; en contra,134; abstenciones, 58.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 31.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 195; votos emitidos, 193; a favor, 56; en contra, 134; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 46.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 194; a favor, 8; en contra, 134; abstenciones, 52.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 47.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 194; votos emitidos, 192; a favor, 54; en contra, 132; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 3 y 4.

Comienza la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 194; a favor, 60; en contra, 134.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 53.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 195; votos emitidos, 193; a favor, 57; en contra, 133; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 1, 2, 5, 6, de la 12 a la 15, de la 17 a la 23, de la 25 a la 30, 33, de la 35 a la 39, 41, 43, 45, 52, 54, 56 y 57.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 194; a favor, 9; en contra, 134; abstenciones, 51.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 9 a 11, 50, 51 y 55.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 195; votos emitidos, 193; a favor, 6; en contra, 134; abstenciones, 53.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 24.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 194; a favor, 5; en contra, 134; abstenciones, 55.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los senadores Fuster, Ibarz y Santos votamos la enmienda número 58.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 195; a favor, 11; en contra, 183; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 59 y 60.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 194; a favor, 62; en contra, 130; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los senadores Quintero y Zerolo, votamos la enmienda número 69.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 194; a favor, 9; en contra, 131; abstenciones, 54.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 67 y 68.

Comienza la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 195; a favor, 61; en contra, 131; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 61.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 195; a favor, 58; en contra, 131; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 62, 65 y 66.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 195; votos emitidos, 194; a favor, 55; en contra, 130; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 63.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 195; votos emitidos, 194; a favor, 54; en contra, 134; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 64.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 195; a favor, 58; en contra, 134; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.

Comenzamos votando la enmienda número 394.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 194; a favor, 6; en contra, 137; abstenciones, 51.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 370 y 451.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 193; a favor, 59; en contra, 134.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 375, 377, 412, 424 y 449.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 194; a favor, 56; en contra, 134; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 448.

Comienza la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 194; a favor, 59; en contra, 135.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 372, 373, 385, 392, 401, 411, 420 a 422 y 431.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 194; a favor, 5; en contra, 134; abstenciones, 55.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 378, 399, 400, 406, 413 a 417, 419, 423, 430, 434 a 436, 446, 452 y 453.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 194; a favor, 4; en contra, 134; abstenciones, 56.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 376.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 194; a favor, 5; en contra, 134; abstenciones, 55.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la número 393.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 194; a favor, 6; en contra, 134; abstenciones, 54.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 388, 391, 402, 403, 408 a 410, 418, 429, 432, 433 y 437.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 193; a favor, 6; en contra, 134; abstenciones, 53.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 368, 374, 379 a 383, 389, 390, 396, 398, 427, 428, 441, 442 y 447.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 194; a favor, 8; en contra, 135; abstenciones, 51.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 384.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 194; a favor, 3; en contra, 135; abstenciones, 56.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las números 371, 386, 387, 395, 397, 404, 405, 407, 426, 438 a 440, 443 a 445.

Comienza la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 193; a favor, 7; en contra, 133; abstenciones, 53.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 369.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 194; votos emitidos, 192; a favor, 8; en contra, 133; abstenciones, 51.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazada.

Votamos la número 450.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 194; a favor, 6; en contra, 134; abstenciones, 54.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la número 425.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 194; a favor, 4; en contra, 134; abstenciones, 56.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya empezamos votando las enmiendas números 173, 251, 256 y 257.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 194; a favor, 57; en contra, 131; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las números 258 y 259.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 194; a favor, 60; en contra, 131; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 177.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 194; a favor, 57; en contra, 134; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 172, 174 a 176, 178 a 250, 252 a 255, 260 a 271.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 195; votos emitidos, 193; a favor, 56; en contra, 133; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 278 y 306.

Comienza la votación. (Pausa.)




Página 8055


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 194; a favor, 2; en contra, 137; abstenciones, 55.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 280.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 194; a favor, 2; en contra, 140; abstenciones, 52.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 314.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 195; votos emitidos, 193; a favor, 54; en contra, 136; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 288, 304 y 321.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 194; a favor, 3; en contra, 134; abstenciones, 57.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 303.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 194; a favor, 57; en contra, 134; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 312 y 316.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 194; votos emitidos, 192; a favor, 3; en contra, 136; abstenciones, 53.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 318.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 195; votos emitidos, 193; a favor, 6; en contra, 134; abstenciones, 53.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 319.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 195; votos emitidos, 193; a favor, 57; en contra, 136.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 274 y 275.

Comienza la votación. (Pausa.)




Página 8056


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 194; a favor, 60; en contra, 134.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 323.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 195; votos emitidos, 193; a favor, 57; en contra, 129; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 282, 283, 320, 325 y 327.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 195; votos emitidos, 193; a favor, 5; en contra, 134; abstenciones, 54.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 272, 273, 276, 277, 279, 281, 284 a 287, 289 a 295, 297 a 302, 305, 307 a 311, 313, 315, 317, 318, 322, 324 y 326.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 194; a favor, 8; en contra, 134; abstenciones, 52.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 296.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 194; a favor, 5; en contra, 134; abstenciones, 55.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Convergència i Unió comenzamos votando las enmiendas números 351 y 352.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 195; a favor, 61; en contra, 131; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 329.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 194; a favor, 4; en contra, 137; abstenciones, 53.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 337.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 194; a favor, 57; en contra, 134; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 354 y 355.

Comienza la votación. (Pausa.)




Página 8057


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 195; votos emitidos, 192; a favor, 59; en contra, 133.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 330, 334, 340, 341 y 346.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 194; a favor, 5; en contra, 135; abstenciones, 54.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 333, 345, 363 y 364.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 194; a favor, 3; en contra, 134; abstenciones, 57.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 335, 342 y 343.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 194; a favor, 6; en contra, 135; abstenciones, 53.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 328, 331 a 336, 338, 339, 344, 347 a 349, 353, 356, 357 y 366.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 194; votos emitidos, 192; a favor, 7; en contra, 132; abstenciones, 53.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 358 a 362, 365 y 367.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 192; a favor, 7; en contra, 132; abstenciones, 53.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos las enmiendas números 158 y 159.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 195; votos emitidos, 193; a favor, 59; en contra, 130; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 73, 151, 156 y 157.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 195; votos emitidos, 193; a favor, 57; en contra, 130; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 195; votos emitidos, 193; a favor, 57; en contra, 133; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Entesa y del Grupo Parlamentario Socialista votamos la vuelta del texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 70, 71 y 72 del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 196; a favor, 59; en contra, 134; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 61 707 sobre la enmienda número 350 de Convergència i Unió, firmada por cuatro grupos.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 194; a favor, 135; en contra, 55; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 61 708 sobre la enmienda 332 de Convergència i Unió, firmada por cuatro grupos.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 194; votos emitidos, 192; a favor, 134; en contra, 3; abstenciones, 55.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 196; votos emitidos, 196; a favor, 128; en contra, 66; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado.

Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.

Señorías, se levanta la sesión.

Buenas noches a todos. (Aplausos.)

Eran las veintitrés horas.


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