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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 266, de 13/12/2017
cve: BOCG-12-D-266
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
13 de diciembre de 2017

Núm. 266


ÍNDICE

Composición y organización de la Cámara

JUNTA DE PORTAVOCES

031/000011 Composición de la Junta de Portavoces ... (Página6)

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Comisión de Asuntos Exteriores

161/002648 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a los procesos seguidos contra el Presidente de Amnistía Internacional en Turquía, la Directora de dicha organización en el mismo país y otros nueve defensores de los derechos humanos ... (Página7)

161/002663 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a promover en la Unión Europea y en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la adopción de medidas para la protección y garantía de los derechos humanos de las personas migrantes que se encuentran en Libia ... (Página8)

Comisión de Interior

161/002643 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre implementación de mejoras en el funcionamiento de la Oficina de Extranjería de Barcelona ... (Página10)

161/002665 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a prohibir la utilización de las pelotas de goma por parte de las fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional y la Guardia Civil ... (Página11)

161/002666 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a descatalogar como materia "reservada" la información relativa a la operación Copérnico, de despliegue de Fuerzas de Seguridad del Estado en Cataluña ... (Página12)

Comisión de Economía, Industria y Competitividad

161/002609 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el Programa de Vacaciones del Imserso para los mayores. Pasa a tramitarse en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales ... (Página15)


Página 2




161/002639 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar la investigación conjunta sobre la plaga del cerambyx en la dehesa ... (Página15)

161/002641 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a adaptar la legislación a las necesidades laborales de los centros de investigación y de los investigadores ... (Página16)

Comisión de Hacienda y Función Pública

161/002638 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la cesión a la Xunta de Galicia o al Ayuntamiento de Vilalba (Lugo) de los terrenos en los que se halla el yacimiento arqueológico de Pena Grande (Vilalba, Lugo) en proceso de subasta ... (Página18)

161/002664 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la paralización de la subasta de terrenos de Pena Grande (Vilalba) ... (Página19)

161/002669 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la reducción de los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por el abastecimiento de agua desalada ... (Página20)

Comisión de Fomento

161/002644 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre supresión de pasos a nivel en la provincia de Ciudad Real ... (Página21)

161/002645 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre supresión del paso a nivel que atraviesa el casco urbano de O Porriño ... (Página22)

161/002653 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la circunvalación de la SE-40 ... (Página23)

161/002659 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a poner solución a la problemática del puerto de Alicante con un sistema de almacenamiento para la carga, descarga y manipulación de sólidos a granel ... (Página24)

161/002660 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre mejoras en materia de transporte en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, Comunidad Autónoma de Canarias, Ciudad Autónoma de Ceuta y Ciudad Autónoma de Melilla ... (Página25)

Comisión de Educación y Deporte

161/002649 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar un plan integral de actuaciones en Ceuta y en Melilla, para equiparar sus recursos educativos y sus resultados escolares a la media estatal y europea ... (Página28)

161/002662 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre negociaciones con la Junta de Andalucía para la extensión al alumnado de la UNED de las bonificaciones en el precio de las matrículas universitarias ... (Página29)

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/002670 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la aprobación de un Acuerdo en materia de racionalización de los horarios del trabajo ... (Página30)


Página 3




Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital

161/002647 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la venta de Endesa ... (Página31)

161/002667 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la privatización de la empresa pública "Paradores de Turismo de España" ... (Página33)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/002642 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la actualización de la regulación sobre el control de las emisiones contaminantes procedentes del motor de los vehículos y al impulso de un pacto industrial por el automóvil y la movilidad sostenible ... (Página35)

161/002654 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para la recuperación del Real de la Almadraba de Nueva Umbría en el término municipal de Lepe (Huelva) ... (Página37)

161/002657 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el reparto equitativo de la cuota de atún rojo entre los distintos segmentos de flota que componen el "censo específico" del Plan de Pesca Nacional ... (Página39)

161/002671 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el uso responsable de las toallitas húmedas ... (Página41)

161/002672 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, de apoyo a los productores de cava valencianos ... (Página42)

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/002640 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, de medidas que permitan fomentar la estabilidad laboral y la creación de empleo en el sector dedicado a prestar servicios de peluquería ... (Página42)

161/002650 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el desarrollo de medidas para alertar a los consumidores sobre los efectos del uso y desecho inadecuado de las denominadas "toallitas húmedas" ... (Página43)

161/002658 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el suministro del Nusinersen/Spinraza por parte de la Agencia Estatal del Medicamento para mejorar la vida de las personas que padecen Atrofia Medular Espinal 5Q ... (Página44)

161/002661 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para revertir el impacto negativo sobre la salud y las desigualdades producidas como consecuencia de las políticas adoptadas frente a la crisis ... (Página45)

Comisión de Cultura

161/002656 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, en contra de la entrega, a petición del Juzgado de Instrucción número uno de Huesca, de un conjunto de 44 obras de arte procedentes del Monasterio de Sigena y que forman parte de la colección del Museo de Lleida y del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) ... (Página47)

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/002646 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la reforma y mejora de la seguridad de la N-VI a su paso por Lugo ... (Página49)

Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia

161/002651 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el derecho de los menores a ser oídos y escuchados ... (Página49)


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PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Asuntos Exteriores

181/000607 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-EM), sobre motivos por los que el Gobierno no ha recibido al Presidente palestino, Mahmud Abbas, con la consideración de Jefe de Estado durante su visita a España los días 20 y 21/11/2017, a pesar de que España votó en el año 2002 a favor del reconocimiento del Estado de Palestina y mantiene contactos y amistad con el pueblo palestino ... (Página51)

181/000613 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-EM), sobre medidas previstas para garantizar el respeto de los derechos humanos de la población palestina por parte del Gobierno israelí y para intentar buscar una solución pacífica al conflicto entre Palestina e Israel ... (Página51)

Comisión de Fomento

181/000609 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre fecha prevista para la supresión del paso a nivel que atraviesa el casco urbano de O Porriño ... (Página51)

181/000610 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre estudios relativos a la supresión del paso a nivel que atraviesa el casco urbano de O Porriño ... (Página52)

181/000611 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre razones de la ausencia de la supresión del paso a nivel de O Porriño en la planificación de ADIF de supresión de pasos a nivel, así como opinión del Gobierno sobre si las condiciones de dicho paso a nivel debieran implicar la urgencia en la toma de medidas para su supresión definitiva ... (Página52)

181/000614 Pregunta formulada por los Diputados don Miguel Ángel Heredia Díaz y don Antonio Pradas Torres (GS), sobre causas del accidente del tren Málaga-Sevilla descarrilado el día 29/11/2017 ... (Página53)

181/000615 Pregunta formulada por la Diputada doña Teófila Martínez Saiz (GP), sobre actuaciones para el aumento de capacidad en la N-340 entre Tarifa y Algeciras ... (Página53)

181/000616 Pregunta formulada por el Diputado don Leopoldo Barreda de los Ríos (GP), sobre detalle de los trabajos de ampliación de gálibo del túnel de Gaintxurizketa ... (Página53)

181/000617 Pregunta formulada por el Diputado don Leopoldo Barreda de los Ríos (GP), sobre actuaciones para la regeneración urbanística de Irún en terreno ferroviario ... (Página53)

181/000618 Pregunta formulada por el Diputado don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), sobre forma en la que está afrontando el Ministerio de Fomento la búsqueda de sistemas de protección antiniebla de la autovía A-8 entre Mondoñedo y A Xesta ... (Página54)

181/000619 Pregunta formulada por el Diputado don Eloy Suárez Lamata (GP), sobre previsiones acerca de la ejecución de las obras del tramo Sigüés-Tiermas de la autovía A-21 en Zaragoza ... (Página54)

181/000620 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre evolución de las obras de construcción de la línea de Alta Velocidad desde Zamora a Galicia ... (Página54)

181/000621 Pregunta formulada por la Diputada doña Beatriz Marta Escudero Berzal (GP), sobre avances producidos en las obras para la conversión de la SG-20 en autovía ... (Página55)

181/000622 Pregunta formulada por el Diputado don Joan Baldoví Roda (GMx), sobre evaluación y planificación de una solución para las consecuencias de la problemática de la carga y descarga de mercancías sólidas a granel, en el


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mismo núcleo urbano, sobre la salud que pueden ocasionar a los vecinos y a los trabajadores del puerto alicantino; así como se hizo en el caso del puerto santanderino en el año 2012 ... (Página55)

181/000623 Pregunta formulada por los Diputados don Joan Baldoví Roda y doña Marta Sorlí Fresquet (GMx), sobre razón por la que ahora el Gobierno atiende la reivindicación histórica de la zona de aumentar trenes entre Castelló y Vinaròs, cuando hace unos meses rechazó una enmienda de Compromís para los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 en el mismo sentido ... (Página55)

181/000624 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs), sobre plan de acción contemplado frente a la Unión Europea para garantizar nuestro modelo de transporte en autobús fundamentado en concesiones que garantizan la movilidad y cohesión territorial de manera muy eficiente en precios y con la máxima calidad frente a la liberalización absoluta del mercado, con las consecuencias sobre la universidad de servicio, el incremento del déficit público y la precarización laboral en el sector que implicaría la aprobación del Reglamento 1073 en los términos actuales ... (Página55)

Comisión de Empleo y Seguridad Social

181/000612 Pregunta formulada por la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM), sobre motivos por los que se ha vuelto a anunciar la posibilidad de acudir al endeudamiento para pagar puntualmente cada mes las pensiones ... (Página56)

Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital

181/000625 Pregunta formulada por la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM), sobre medidas previstas para modificar la formación del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) y limitar el impacto del nuevo precio máximo en la factura de los consumidores domésticos con tarifa PVPC así como para retribuir a los consumidores cuando se produzcan precios negativos, tras la aprobación de los precios máximos y mínimos del Mercado Diario en 3000 euros/MWh y -500 euros/MWH respectivamente ... (Página56)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

181/000606 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-EM), sobre cantidad ejecutada y actuaciones a las que se ha destinado la inversión de un millón de euros prevista para la regeneración de la ría do Burgo (A Coruña) de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 ... (Página57)

181/000608 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-EM), sobre gestiones del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente desde la publicación en el BOE de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Dragado Ambiental de los Sedimentos de la ría de O Burgo (A Coruña), para posibilitar al inmediato inicio de las obras, así como fecha prevista para iniciarlas ... (Página57)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/024044 Autor: Bustiundy Amador, Pablo

Filtración de datos de carácter personal de población española residente en la República de Suecia, cometida por error por la Embajada de España en Suecia ... (Página57)

184/024073 Autor: Álvarez Álvarez, Ángeles

Importes desembolsados por gastos de guardería y atención a personas dependientes en el marco del Programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género desde el año 2009 ... (Página61)


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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA

JUNTA DE PORTAVOCES

031/000011

De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Grupo Parlamentario Mixto (031/000004)

Mes;Portavoz;Portavoz adjunto

Enero 2018;QUEVEDO ITURBE, Pedro (NC);CAMPUZANO I CANADÉS, Carles (PDECAT)

Febrero 2018;ORAMAS GONZÁLEZ-MORO, Ana María (CC);BATALLER I RUIZ, Enric (COMPROMÍS)

Marzo 2018;CAMPUZANO I CANADÉS, Carles (PDECAT);CANDELA SERNA, Ignasi (COMPROMÍS)

Abril 2018;CAMPUZANO I CANADÉS, Carles (PDECAT);BATALLER I RUIZ, Enric (COMPROMÍS)

Mayo 2018;CAMPUZANO I CANADÉS, Carles (PDECAT);CANDELA SERNA, Ignasi (COMPROMÍS)

Junio 2018;CAMPUZANO I CANADÉS, Carles (PDECAT);BEITIA LARRANGOITIA LIZARRALDE, Marian (EH BILDU)

Julio 2018;CAMPUZANO I CANADÉS, Carles (PDECAT);MATUTE GARCÍA DE JALÓN, Oskar (EH BILDU)

Agosto 2018;CAMPUZANO I CANADÉS, Carles (PDECAT);ALLI MARTÍNEZ, Íñigo Jesús (UPN)

Septiembre 2018;CAMPUZANO I CANADÉS, Carles (PDECAT);SALVADOR ARMENDÁRIZ, Carlos Casimiro (UPN)

Octubre 2018;CAMPUZANO I CANADÉS, Carles (PDECAT);MARTÍNEZ OBLANCA, Isidro Manuel (FORO)

Noviembre 2018;BALDOVÍ RODA, Joan (COMPROMÍS);ORAMAS GONZÁLEZ-MORO, Ana María (CC)

Diciembre 2018;BALDOVÍ RODA, Joan (COMPROMÍS);QUEVEDO ITURBE, Pedro (NC)


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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión de Asuntos Exteriores

161/002648

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre el Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley relativa a los procesos seguidos contra el Presidente de Amnistía Internacional en Turquía, la directora de dicha organización en el mismo país y otros nueve defensores de los derechos humanos, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

El 5 de julio de 2017, las autoridades turcas detuvieron a la directora de Amnistía Internacional en Turquía, ldil Eser, junto con siete defensores y defensoras de los derechos humanos más (Ílknur Üstün, Coalición de Mujeres; Gunal Kursun, Asociación de la Agenda de Derechos Humanos; Nalan Erkem, Asamblea de Ciudadanos; Nejat Tastan, Asociación de Vigilancia por la Igualdad de Derechos; Özlem Dalkiran, Asamblea de Ciudadanos; Seyhmuz Özbekli, abogado; y Veli Acu, Asociación de la Agenda de Derechos Humanos) y dos formadores que participaban en un curso sobre seguridad digital y gestión de la información en la isla de Büyükada (Estambul). Decretándose prisión preventiva, en un primer momento en régimen de incomunicación, sobre ellos.

Estas detenciones, que se sumaban a la del Presidente de Amnistía Internacional en Turquía, Taner Kiliç, quien también se encontraba en prisión preventiva desde su detención un mes antes, causaron gran preocupación en algunos sectores de occidente, que veían como el Gobierno de Erdogan acentuaba la deriva autoritaria iniciada tras la intentona golpista de julio de 2016 y, tras la depuración del funcionariado, de los profesores y el recorte al ejercicio de la libertad de información, parecía fijarse un nuevo objetivo: las ONG, a las que no solo se dificultaba su trabajos, sino que incluso se empezaba a perseguir tanto en sus actividades como a sus miembros.

El pasado 25 de octubre tuvo lugar la primera vista de juicio seguidos contra los detenidos en Estambul. Si bien es cierto que los diez procesados quedaron en libertad con cargos y algunos de ellos sometidos a medidas cautelares, no lo es menos que siguen existiendo datos preocupantes, como que en la vista no se clarificaran los cargos a los que hacen frente, que en cualquier caso son tan graves como el de pertenencia a organización terrorista o el de haber cometido crímenes en nombre de dicha organización.

Por otra parte el día 26 de octubre la Corte de lzmir celebró la primera vista de del juicio contra Taner Kiliç y, si bien di el visto bueno a que su causa se uniese a la seguida en el tribunal de Estambul, mantuvo la prisión preventiva.

La siguiente vista tuvo lugar el día 22 de noviembre y, aun partiendo del máximo respeto a la independencia de la judicatura turca, lo cierto es que siguen existiendo elementos de preocupación en unos procesos en los que según distintas fuente jurídicas no se ha presentado todavía ninguna prueba concluyente de la implicación de los procesados en los delitos de los que se les acusa.


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El Grupo Parlamentario Socialista ve en Turquía no solo un aliado clave de España y de Europa, sino también un país amigo. Y es precisamente esta amistad la que nos lleva al convencimiento que desde el pleno respeto a la soberanía y la independencia de Turquía, cabe hablar con sinceridad y claridad sobre los aspectos que puedan preocupar, como los de la presente iniciativa.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta, para que sea debatida en la Comisión de Asuntos Exteriores esta

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados afirmando su máximo respeto a la independencia y soberanía de Turquía, así como la independencia de las autoridades encargadas de ejercer el Poder Judicial en Turquía:

1. Muestra su interés por el desarrollo del Procedimiento seguido contra Taner Kiliç, Idil Eser y otros nueve defensores de los derechos humanos y formadores.

2. Expresa su deseo de que dicho proceso se desarrolle con pleno respeto a las exigencias del proceso debido, garantizándose a los acusados la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa de manera efectiva y conforme al principio de igualdad de armas.

3. Manifiesta su convencimiento de que, sin perjuicio de la legítima persecución de los autores de hechos criminales, especialmente los relacionados con el intento de golpe de Estado de 2016 y las actividades terroristas, la mejor forma de luchar contra los elementos que subyacen en ambos comportamiento es la vuelta rápida a la normalidad democrática y al respeto de los derechos fundamentales.

4. Insta al Gobierno a que:

- en el marco de las relaciones bilaterales, traslade al Gobierno de Turquía su preocupación por los impedimentos puestos al desarrollo de la actividad de las ONG en Turquía;

- informe del presente acuerdo a las autoridades turcas;

- realice todas las gestiones diplomáticas pertinentes que coadyuven a la rápida vuelta a la normalidad democrática; y

- traslade al Gobierno de Turquía el convencimiento y el deseo de la sociedad española de que la rápida vuelta a la normalidad democrática plenamente respetuosa con los derechos humanos es lo mejor para Turquía."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2017.-José Ignacio Sánchez Amor, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002663

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados , presentar la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a promover en la Unión Europea y en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la adopción de medidas para la protección y garantía de los derechos humanos de las personas migrantes que se encuentran en Libia, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

Libia se ha convertido en un nudo central de las rutas migratorias hacia Europa. Naciones Unidas estima que entre 700.000 y un millón de personas migrantes se encontrarían en la actualidad en territorio nacional libio lo que excede sobremanera las capacidades del Estado libio para gestionar la situación de manera adecuada.

La compleja situación política que afronta el país desde el derrocamiento de Muamar el Gadafi en 2011, ha convertido a Libia en un espacio de gobernanza frágil donde se están produciendo noticias muy preocupantes en materia de derechos humanos.


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Las organizaciones humanitarias y los testimonios de quienes consiguen cruzar el Mediterráneo informan sobre violaciones de derechos humanos de las personas migrantes que esperan en Libia la oportunidad de cruzar el Mediterráneo hacia Europa.

A los ahogamientos en masa de personas que han partido de las costas libias en embarcaciones en pésimo estado y son abandonadas a su suerte por las mafias, se suman las situaciones de extremo abandono que sufren en suelo libio donde son víctimas de múltiples abusos.

La situación de las personas migrantes en Libia es de extrema gravedad. Existen numerosas denuncias sobre las condiciones de abandono en que se encuentran estas personas en cuanto a alimentación, higiene, salud y habitabilidad son constantes y continuadas.

Se ha tenido conocimiento de muertes en centros de internamiento y también se han hallado fosas comunes en el desierto libio.

En el caso de las mujeres se han denunciado numerosos casos de violaciones y explotación sexual por parte de las mafias que trafican con personas y que controlan el tránsito de embarcaciones hacia Europa.

Recientemente, un medio de comunicación y varias organizaciones han mostrado imágenes de subastas de esclavos en los que hombres africanos son vendidos como mercancía tal como sucedía en siglos pasados. Se han localizado varias subastas de esclavos en diferentes puntos del territorio libio, fundamentalmente en el norte.

Las mismas redes mafiosas están secuestrando a las mujeres para venderlas como esclavas sexuales.

Son varios los Gobiernos de los países de origen de las personas que se encuentran afectadas por estas violaciones de derechos humanos como Níger, Burkina Faso, Costa de Marfil o Gambia han manifestado su condena por estos hechos y exigen medidas al respecto.

La comunidad internacional no puede permanecer inactiva ante un hecho de semejante gravedad que atenta a los principios esenciales de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

El propio secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha afirmado que "Es nuestra responsabilidad colectiva detener estos crímenes".

Igualmente la Comisión Europea a través del comisario de Interior e Inmigración y de la alta representante Mogherini han expresado su preocupación por la situación de los derechos de las personas migrantes en Libia al tiempo que han exhortado al Gobierno de unidad nacional que ponga las medidas oportunas para evitar esta situación.

En esta misma línea se ha manifestado el ministro español de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Con la presente Proposición no de Ley desde el Grupo Parlamentario Socialista pedimos al Gobierno que dé un paso más allá en coherencia también con el trabajo realizado durante la membresía del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en materia de derechos humanos y, de manera especial, en tanto que miembro del Consejo de Derechos Humanos recientemente elegido.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que promueva en la Unión Europea y en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la adopción de medidas para la protección y garantía de los derechos humanos de las personas migrantes que se encuentran en Libia tales como:

1. Urgir al Gobierno de unidad nacional de Libia que emprenda las acciones legales oportunas contra las organizaciones y personas que podrían estar incurriendo en el delito de tráfico de personas y ponga en marcha con urgencia el Protocolo para prevenir, evitar y sancionar la trata de personas.

2. Solicitar al Gobierno de unidad nacional de Libia que autorice la presencia y el trabajo de organizaciones humanitarias y la Organización Internacional de Migraciones en Libia facilitando su acceso a las instalaciones y espacios en que se encuentran las personas migrantes en territorio nacional libio así como garantizar el acceso y atención a las personas migrantes.

3. Demandar el refuerzo del trabajo de la Unión Europea con el Gobierno de Unidad Nacional de Libia en materia de apoyo y de formación del cuerpo de guarda costas libio respecto a derechos humanos y asistencia humanitaria conforme a lo establecido en los acuerdos internacionales en este ámbito.


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4. Promover el diálogo con los países de origen y de tránsito de personas migrantes africanas así como con organizaciones regionales en materia de migración, del establecimiento de vías legales y seguras en el marco de la defensa y garantía de los derechos de todas las personas migrantes."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2017.-Carlota Merchán Mesón, José Ignacio Sánchez Amor y María Dolores Galovart Carrera, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Interior

161/002643

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre implementación de mejoras en el funcionamiento de la Oficina de Extranjería de Barcelona, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

La Oficina de extranjeros de Barcelona, cuyo ámbito es provincial, se ha caracterizado de forma crónica por múltiples disfunciones, siendo la más destacable la ausencia de presentación de expedientes de una forma rápida y eficaz, y ello siempre en perjuicio del solicitante y por extensión de todos los interesados lo que en la práctica comporta una grave afectación que se extiende, siempre a cualquier solicitante extranjero, y además a ciudadanos europeos que se ven privados de convivir con su familia extranjera, por problemas con la cita; empresarios, que se ven privados de alta en la seguridad social como consecuencia de las demoras, y también afecta menores, sean o no extranjeros.

La Asociación, Associació Catalana de Professionals de l'Estrangeria, (ACPE), lleva años denunciando la situación: ante el Defensor del Pueblo principalmente, pero también en prensa y ante las Subdelegaciones del Gobierno.

El propio Defensor, ante el que anualmente se han venido denunciando esta situación, en junio del 2016, dictó una Recomendación dirigida a la Subdelegación del Gobierno de Barcelona, expediente número 15010577, en la que instaba a: "Incrementar el personal adscrito a la Oficina de Extranjeros de Barcelona, a fin de garantizar la disponibilidad de cita previa para la realización de los distintos trámites de extranjería en un plazo razonable, adaptando la oferta de las mismas a la demanda real existente". Dicha recomendación fue reiterada por la Defensora del Pueblo el 27 de febrero de 2017, con número de Registro de Salida 17017671.

En el mes de marzo de 2017, si bien se constatan mejoras por el Defensor del Pueblo, también se constata que: "se continúan dirigiendo al Defensor del Pueblo sobre el presente asunto, así como con las pruebas realizadas por personal de esta institución, se comprueba que siguen sin existir, de modo habitual, citas disponibles para realizar las gestiones de extranjería. A estos efectos, se ha intentado diariamente solicitar una cita durante un periodo de tiempo a lo largo de distintas franjas horarias, obteniendo como respuesta "En este momento no hay citas disponibles. En breve, la Oficina pondrá a su disposición nuevas citas", siendo muy contadas las ocasiones en las que el sistema ha permitido continuar con la solicitud y ha propuesto una cita".

Los problemas, lejos de arreglarse continúan y ello a pesar de ser la única provincia que tiene citas a determinadas horas del día que saltan por internet y que a menudo colapsan el servidor, cuando no ocurre, que simplemente no hay citas en ciertos sectores. En los últimos tiempos, de forma sorprendente, estos problemas se agravan y nos encontramos con ausencia de citas para los ciudadanos de la UE que necesitan Número de Identidad de Extranjero (NIE), para poder estar más de tres meses en España, o que vienen directamente a trabajar.

Esta situación que se puede calificar de desidia, es especialmente grave si pensamos que se trata del segundo territorio con más población inmigrante. La falta de citas es, como ya se ha explicado, una


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carencia manifiesta, que deviene alarmante cuando llegan los períodos de vacaciones. De hecho, en verano se produce la peor situación, pues todo se defiere a septiembre, mes tradicionalmente de colapso, y que se suele ir normalizando en otoño, hasta que de nuevo en Diciembre, se va acumulando todo hasta pasadas las fiestas. Pero este 2017, ni tan siquiera en este momento se ha producido cierta normalidad y ya estamos muy cerca de períodos problemáticos como son las Navidades.

Es evidente que en las distintas Oficinas de Extranjeros mesas vacías de funcionarios, por el simple hecho de la falta de personal. Entrar en la Oficina principal de Calle Murcia, es revelador, de que ni la sala de espera está llena, y todo ello por falta de personal. En la otra Oficina, de Passeig Sant Joan, las colas aparecen de madrugada para que puedan ser atendidos los peticionarios de asilo o NIE,s provisionales. Los ciudadanos de la UE que alcanzan el umbral de los tres meses están yendo a hacer cola a las cinco de la mañana a la comisaría de Badalona, por ejemplo, lo que pone en evidencia es anormal funcionamiento que es imprescindible corregir para evitar que esta gestión deficiente genere problemas socio-económicos derivados de la misma.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a atender de manera inmediata la Recomendación del Defensor del Pueblo, incrementando de manera estable el personal que presta servicios en esa oficina a fin de poder atender los distintos trámites de extranjería en un plazo razonable."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2017.-Meritxell Batet Lamaña, Manuel Cruz Rodríguez, María Mercè Perea i Conillas, José Zaragoza Alonso, Lídia Guinart Moreno y Esther Peña Camarero, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002665

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de los Diputados del Partit Demòcrata Català Feliu Guillaumes i Ràfols y Carles Campuzano i Canadés, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante la Comisión de Interior, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a prohibir la utilización de las pelotas de goma por parte de las fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Antecedentes

El pasado 1 de octubre de 2017, las pelotas de goma utilizadas por las fuerzas antidisturbios volvieron a Catalunya después de su prohibición el año 2014. Durante las cargas policiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se utilizaron balas de goma para dispersar las personas que se encontraban en los colegios electorales. Concretamente, durante la actuación policial de los antidisturbios en la escuela Ramon Llull de Barcelona, un hombre resultó herido tras el impacto de una pelota de goma. La persona herida fue trasladada al Hospital de Sant Pau donde fue operado pero finalmente perdió la visión de un ojo por culpa del impacto.

El Parlament de Catalunya en el año 2013, aprobó las conclusiones de la "Comisión de Estudio de los Modelos de Seguridad y Orden Público y del Uso de Material Antidisturbios en Eventos de Masas", que incorporaban la retirada y prohibición total del uso de las pelotas de goma:

"24. Todos los instrumentos, técnicas y herramientas que configuren el modelo de gestión de orden público tienen sentido en conjunto, ya que constituyen un equilibrio que permite utilizarlos de una manera progresiva y gradual. Por esta razón, se debe iniciar inmediatamente la retirada de las pelotas de goma, que se han de sustituir gradualmente, para que en la fecha de 30 de abril de 2014, sea efectiva la prohibición total. El nuevo modelo de actuación gradual y mixto debe garantizar en cualquier caso la disponibilidad de herramientas robustas que permitan un abanico de opciones tácticas diferenciadas."


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Por lo tanto, en Catalunya desde abril de 2014, está prohibida la utilización de pelotas de goma por parte de las fuerzas antidisturbios, pero el 1 de octubre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado volvieron a utilizarlas en diversas poblaciones.

Las fuerzas de seguridad no han respetado los acuerdos del Parlament en esta materia. Eran acuerdos surgidos de un intenso debate parlamentario sobre el modelo policial de seguridad pública. Un debate que ha buscado un equilibrio entre el derecho fundamental de manifestación y del uso pacífico de la vía pública, con una gestión de la seguridad y del orden público basada en la comunicación, en la actuación coordinada de todos los actores, y un modelo policial de seguridad pública y de eventos de masas que parte del principio de mínima intervención con medios violentos y que quiere avanzar en la promoción de valores cívicos, lo cual comporta un cambio de paradigma y una mejora del servicio público.

La actuación de las fuerzas de seguridad del Estado el 1 de octubre frente a personas que defendían sus derechos de manera pacífica ha sido masivamente calificada como desmesurada, desproporcional, injusta, injustificable, sin respeto a los Derechos Humanos. Se utilizó la fuerza ante personas que querían votar y defender los colegios electorales pacíficamente. La utilización de pelotas de goma fue una expresión más de esta violencia. Una persona perdió un ojo, sin duda podría haberse evitado. No puede haber más heridos por la utilización de pelotas de goma por parte de las fuerzas antidisturbios, por ello se promueve la prohibición de utilizarlas a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar e impulsar las medidas necesarias para hacer efectiva la prohibición total de utilización de las pelotas de goma por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2017.-Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.

161/002666

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Mixto.

Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a descatalogar como materia "reservada" la información relativa a la operación Copérnico, de despliegue de Fuerzas de Seguridad del Estado en Cataluña.

Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión y, entendiendo que la presentación del informe a que se refiere su punto 2 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de los Diputados del Partit Demòcrata Català don Jordi Xuclà i Costa, y don Carles Campuzano i Canadés, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante la Comisión Constitucional, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a descatalogar como materia "reservada" la información relativa a la operación Copérnico, de despliegue de Fuerzas de Seguridad del Estado en Catalunya.

Antecedentes

En 1986, el Consejo de Ministros aprobó el Acuerdo, de 28 de noviembre, por el que se clasifican determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales, se otorga la clasificación de "secreto" y "reservado" a un listado genérico de informaciones relacionadas con las actuaciones de despliegue y estrategias de las fuerzas armadas y de los correspondientes servicios de información. El acuerdo establece lo siguiente:

"Primero. Se otorga con carácter genérico, la clasificación de SECRETO a:

1. Las claves y material de cifra criptográfico.

2. El despliegue de unidades y orden de batalla; el Centro de Conducción de Operaciones Estratégicas (CECOE) y, en general, todos los sistemas de mando, control y comunicaciones, incluidas las redes militares permanentes.

3. Las deliberaciones de la Junta de Defensa Nacional, de la Junta de Jefes de Estado Mayor, de los Consejos Superiores de los tres Ejércitos y de la Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis.

4. La estructura, organización, medios y procedimientos operativos específicos de los servicios de información, así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas.

5. Los estados de eficacia operativa y de moral de las Unidades.

6. Los informes y datos estadísticos sobre movimiento de fuerzas, buques o aeronaves militares.

7. Las actuaciones de seguridad de vuelo.

8. La adquisición y la dotación de equipos de comunicaciones que se efectúen para la Casa Real.

Segundo. Se otorga, con carácter genérico, la clasificación de RESERVADO a:

a) Los destinos de personal de carácter especial.

b) Los planes de seguridad de Instituciones y organismos públicos así como de las Unidades, Centros u Organismos de las Fuerzas Armadas y de los Centros de Producción de material de guerra.

c) Los planes de protección de todas aquellas personas sometidas a la misma, específicamente los de las autoridades y de los miembros de las Fuerzas Armadas.

d) Las investigaciones y desarrollos científicos o técnicos de carácter militar realizados por industrias militares o de interés para la defensa.

e) La producción, adquisición, suministros y transportes de armamento, munición y material bélico.

f) Las conceptuaciones, informes individuales y sanciones del personal militar.

g) Las plantillas de personal y de medios y de equipo de las Unidades."

En las últimas semanas, los Diputados y Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado, entre ellos el PDeCAT, han presentado más de un centenar de preguntas al Gobierno y otras iniciativas parlamentarias, para solicitar información sobre la operación Copérnico y sobre el despliegue de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Catalunya en las fechas previas y posteriores al pasado 1 de octubre. Se solicitaba información presupuestaria sobre el coste del despliegue, número de personas a las que afecta, etc. La respuesta del Gobierno ha sido negativa. No van a informar, han otorgado a esta información la clasificación genérica de "reservado" y, ampararse en el referido Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, han expresado que la difusión de esta información "puede vulnerar la normativa reguladora de materias clasificadas, puede afectar a la eficacia de los mismos, y por lo tanto poner en riesgo las Instituciones y personas objeto de protección".


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En opinión de este Grupo Parlamentario, en el año 2017, no resulta admisible la decisión de opacidad y falta de transparencia del Gobierno ante actuaciones tan significadas como las que ha llevado a cabo en Catalunya durante las pasadas semanas. No puede ampararse en un acuerdo genérico como el citado para negar informaciones que todos tenemos el derecho a saber, tales como el coste presupuestario detallado de la sobredimensionada operación Copérnico y su operativo logístico que la ha acompañado.

Es más, el 28 de noviembre, se cumplieron treinta y un años del acuerdo del Consejo de Ministros de 1986. Su contexto de aprobación y contenido nada tiene que ver con el despliegue de la "operación Copérnico". La totalidad del contenido del acuerdo de 1986 se refiere a actuaciones de las fuerzas armadas y a estrategias militares, centros de producción de material de guerra y servicios de información; respondía a una necesidad existente en 1986 de protección ante un marco de relaciones internacionales para proteger la seguridad y defensa del Estado como miembro de una comunidad internacional. Se trataba de un acuerdo de contenido militar, para la clasificación de materia secreta o reservada, nada que ver respecto a la petición de información y transparencia relativa a los costes que ha comportado la operación Copérnico y al número de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil desplazados.

La operación Copérnico corresponde al amplio dispositivo de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegado en Catalunya desde mediados de septiembre de 2017. Ha supuesto el desplazamiento de miles de guardias civiles y policías nacionales y ha tenido un coste millonario en concepto de desplazamientos, manutención, alojamientos, alquiler de barcos, compensaciones por traslado, etc, no previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 2017, sobre el que numerosos medios de comunicación han publicado informaciones no oficiales al respecto.

La información presupuestaria y del número de efectivos sobre la operación Copérnico no afecta a ningún plan de seguridad ni pone en riesgo ninguna institución, simplemente puede visualizar la existencia de un gran malbaratamiento de recursos públicos.

Es evidente que la envergadura de la operación Copérnico y el enorme desplazamiento de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de todo el territorio del Estado a Catalunya, han permitido al Gobierno desarrollar un potente despliegue mediático capaz de desviar la atención de la población respecto a problemas muy graves del partido del Gobierno en el orden judicial, y de la propia política económica y social, como por ejemplo el paro (16,7% de tasa de paro cuando la media UE es del 7,5.%), el enorme endeudamiento público (supera el 100% del PIB) o la incapacidad del estado de impulsar la investigación como eje de futuro (el gasto en investigación lleva 6 años consecutivos de descenso, lo cual no ocurre en ningún otro país de Europa).

Que el Gobierno considere como materia reservada la operación Copérnico implica que no va a facilitar información sobre la mayor actuación política que ha llevado a cabo en esta legislatura; implica incorporar la opacidad a sus acciones de Gobierno; implica haber aprobado una ley de transparencia e incumplirla. Es una violación de los derechos parlamentarios y del derecho a saber de la sociedad, a la vez que comporta un uso abusivo y desproporcionado del aparato del estado.

Por todo ello, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata (PDeCAT), presentan la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Descatalogar como materia "reservada" la información relativa a la operación Copérnico y al despliegue de Policía Nacional y Guardia Civil en Catalunya en el periodo septiembre-diciembre de 2017.

2. Presentar un informe, en el plazo de dos meses, ante esta Comisión, que detalle el número de efectivos desplazados en Catalunya por meses dentro de la Operación Copérnico; el gasto por meses y partidas que ha comportado el despliegue de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplazados a Catalunya en el contexto de la Operación Copérnico; y las funciones desarrolladas y actuaciones por parte de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplazados en Catalunya dentro de la misma."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2017.-Jordi Xuclà i Costa, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.


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Comisión de Economía, Industria y Competitividad

161/002609

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Mixto.

Solicitud de que su Proposición no de Ley sobre el Programa de Vacaciones del Imserso para los mayores, sea tramitada en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Acuerdo:

Aceptar la declaración de voluntad y trasladar a la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, comunicando este acuerdo a la Comisión de Economía, Industria y Competitividad, al Gobierno y al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 262, de 5 de diciembre de 2017.

161/002639

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar la investigación conjunta sobre la plaga del cerambyx en la dehesa, para su debate en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad.

Exposición de motivos

La dehesa o bosque mediterráneo supone más del 10 % del territorio Nacional de España, o lo que es lo mismo, más de 4,5 millones de hectáreas.

Incluida por la Comisión Europea en el Anexo 1 de la Directiva 93/43/CEE como tipo de hábitat de interés comunitario, obliga a los poderes públicos a mantener la superficie en un estado de conservación favorable, a elaborar informes y hacer el seguimiento a este hábitat.

Este patrimonio de todos los Españoles pasa por problemas graves en la actualidad, problemas que debemos de solucionar cuanto antes desde la investigación, el desarrollo y la innovación.

Al problema de la seca, ya tratado en algunas propuestas presentadas por nuestro Grupo Parlamentario, se suma la plaga del llamado escarabajo cerambyx que perjudica a nuestra dehesa, a nuestras encinas y robles. El problema se agrava porque de las dos versiones del cerambyx, welensii y cerdo, la segunda está protegida por la Unión Europea, al encontrarse en peligro de extinción en el norte de Europa.

Controlar estas plagas es fundamental para garantizar el futuro de las dehesas de Extremadura y Castilla y León, por ejemplo, para garantizar el cerdo ibérico, el toro bravo, el ovino y el vacuno.

Son muchas las investigaciones que, desde las diferentes instituciones públicas y privadas, se desarrollan a lo largo y ancho de todo el país en universidades, centros de investigación y en diferentes proyectos europeos LIFE.

Se requiere un estudio combinado y coordinado de esta plaga del cerambyx, aprovechar los recursos existentes, utilizar los medios, aprovechar los fondos europeos para la investigación, coordinar esfuerzos


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y realizar una verdadera estrategia coordinada tanto para el cerambyx como para la "seca" de forma que las investigaciones puedan conseguir preservar uno de los principales tesoros de la península ibérica y que, año a año, se va destruyendo lentamente con estas dos plagas que le asolan.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias, a:

- Impulsar la investigación conjunta sobre la plaga cerambyx,

- Impulsar foros temáticos con investigadores, centros y universidades que estén trabajando en diferentes líneas para optimizar el trabajo, generar sinergias, e incluso conseguir financiación Europea de forma conjunta con el fin de abordar, de forma decidida, la plaga desde el ámbito de la l+D+i, aportando soluciones y manuales comunes de actuación."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/002641

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de Ferran Bel i Accensi, Diputado del Partit Demòcrata, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante la Comisión de Economía, Industria y Competitividad, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a adaptar la legislación a las necesidades laborales de los centros de investigación y de los investigadores.

Exposición de motivos

Diversos trabajadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), han perdido recientemente su empleo a causa de una desafortunada regulación normativa que afecta a numerosos centros de investigación como por ejemplo: los once Centros de Investigación Biomédica en Red (Ciber), y en general las entidades de investigación que dependen de fundaciones, como es el caso de un gran número de las entidades que han recibido la acreditación excelencia Severo Ochoa que otorga el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a los centros de investigación de mayor calidad de España, además de a decenas de institutos de investigación vinculados a hospitales. Si dicha normativa no se modifica con celeridad obligará al despido de un centenar de científicos, solo de CNIO y de CNIC, así como de otros muchos de otros centros de investigación, lo cual afectaría muy negativamente al conjunto de nuestro sistema de investigación. Además, la normativa actual representa un obstáculo muy importante, y a veces insalvable, para la participación en proyectos estratégicos de larga duración financiados por la Comisión Europea y en proyectos de innovación y transferencia de tecnología al sector productivo.

El problema es especialmente grave porque el sistema de investigación es un pilar fundamental de la ciencia para lograr avances científicos y de la economía, para alcanzar a tener un modelo más productivo y como motor del crecimiento, del bienestar y de la sostenibilidad. Durante los años de crisis nuestro sistema de investigación, al contrario de lo ocurrido en la mayoría de las economías desarrolladas, se ha debilitado, así: el gasto en I+D se ha situado en el 1,19 % del PIB, porcentaje muy bajo e inferior al previo a la crisis, la ejecución de las partidas presupuestarias del Estado vinculadas a la investigación en algunos años no ha alcanzado el 50 %, en 2016 seis de cada diez euros presupuestados y destinados a la ciencia no se gastaron.

En este contexto resulta especialmente relevante evitar que desajustes normativos expulsen del sistema de ciencia e investigación a personal científico que está trabajando en centros de investigación y, asimismo, que dificulten la ejecución de actividades de investigación e innovación de carácter temporal pero de larga duración, ya que en este caso la cuestión no está en la falta de recursos económicos de los centros, sino en la duración máxima de los contratos de los científicos contratados.


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La cuestión bascula sobre tres medidas legislativas. La primera es a la disposición adicional vigesimotercera de la Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, la cual prevé que se puedan prolongar los contratos por obras y servicios más de tres años para proyectos específicos de investigación científica y técnica sin que el trabajador tenga que adquirir la condición de fijo, o que los mismos entes se pueden beneficiar de concatenar contratos por un período de más de 30 meses sin tener que hacer el trabajador fijo. Esta disposición es aplicable a los organismos públicos de investigación, las universidades y la Administración General del Estado, pero que en una interpretación restrictiva de la norma dejaría fuera de este supuesto centros como el CNIC y el CNIO y un gran número de centros acreditados con el sello de excelencia Severo Ochoa que tienen personalidad jurídica propia en forma de fundación.

El segundo eje normativo generador del problema fueron las medidas de control presupuestario impuestas por Hacienda en 2012 que restringían drásticamente la realización de contratos indefinidos en el sector público. De entrada los responsables de los centros de investigación afectados hicieron una interpretación laxa de la normativa y optaron por encadenar contratos temporales más allá de tres años, vinculados a proyectos de investigación que, en caso contrario, corrían el riesgo de verse interrumpidos.

Sin embargo, la tercera normativa, la Ley de Presupuestos para 2017, en su disposición adicional trigésima cuarta, establece la exigencia de responsabilidades a los titulares de los órganos de contratación laboral en el caso de que hayan actuaciones irregulares en esta materia y, particularmente en el caso de "irregularidad en la contratación laboral temporal que pueda dar lugar a la conversión de un contrato temporal en indefinido no fijo". Esta medida ha hecho, que los responsables de contratación laboral de los centros de investigación afectados se vean en la obligación de adoptar una lectura restrictiva de la disposición adicional vigesimotercera de la Ley de la Ciencia con la consecuente negativa a renovar contratos de científicos contratados, a pesar de que ello puede poner en riesgo proyectos de investigación en fases avanzadas.

Para corregir este despropósito, el Gobierno incorporó una disposición transitoria y una disposición final en el Real Decreto-ley 14/2017, que no alcanza a dar respuesta a las demandas de flexibilidad para adaptar la normativa laboral a las necesidades del trabajo de investigación, tal y como muestra la carta enviada por parte de 75 jefes del (CNIO) y el (CNIC) al Presidente del Gobierno y a cinco ministros donde alertan de que "la labor investigadora en ambos centros se encuentra en serio peligro". El peligro, muy severo, se extiende a un gran número de centros de excelencia Severo Ochoa.

Por todo ello los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata presentan la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la aprobación urgente de:

1. La modificación de la normativa laboral que afecta al personal investigador para adaptarla a las necesidades del trabajo de la investigación, en particular para los centros vinculados a fundaciones científicas y demás agentes de ejecución del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. Concretamente:

a) Articular la posibilidad de concatenar contratos temporales adscritos a una obra o servicio determinada para proyectos científicos financiados a partir de fuentes distintas a lo largo del tiempo y hasta un máximo total de diez años. Esta opción estaba contemplada en la Disposición Adicional 23 de la Ley 14/2011, de 1 de junio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y quedó derogada por la normativa de 2017.

b) Eliminar la tasa de reposición para el sector de la investigación.

2. Adoptar con urgencia las medidas necesarias para evitar el despido de personal investigador, como consecuencia de la aplicación de la disposición adicional trigésima cuarta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, que incluso permitan la recolocación de los científicos que hayan perdido su empleo en el presente ejercicio por dicha causa."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2017.-Ferran Bel Accensi, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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Comisión de Hacienda y Función Pública

161/002638

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias del Diputado Miguel Anxo Fernández Bello, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública, para la cesión a la Xunta de Galicia o al ayuntamiento de Vilalba (Lugo), de los terrenos en los que se halla el yacimiento arqueológico de Pena Grande Vilalba (Lugo), en proceso de subasta.

Exposición de motivos

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha promovido una puja para el 15 de diciembre de una serie de bienes y fincas. Dicha puja se celebra en las dependencias de la Delegación de Economía y Hacienda de Lugo, que saca a subasta una parcela de algo más de tres hectáreas y media de superficie -exactamente, 35.512 metros cuadrados-, por 7.785,66 en la que se halla uno de los principales yacimientos arqueológicos de Galicia. Según se recoge en una información, se podrán presentar ofertas hasta el día 11.

En concreto, los datos técnicos de lo que se va a someter a subasta son:

"Lote 25: Parcela 146 del polígono 1, paraje Detrás da Pena Grande, de la zona de concentración parcelaria de Santabaia, municipio de Villalba. Referencia catastral 27065C001001460000WE. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villalba, al tomo 554, libro 262, folio 179, finca 29508, inscripción 1.ª Linderos: al Norte, con la parcela 143; al Sur, con la 147; al Este, con camino y al Oeste, con la parcelas 144 y 145. En esta finca existen dos yacimientos arqueológicos. Superficie 35.512 m2, tipo de licitación 7.785,66 C. Expediente 2017 027 00078 (la subasta)."

El yacimiento en particular es el conjunto de Pena Grande, de gran valor histórico y patrimonial donde se han encontrado numerosas piezas de valor. De hecho, muchas de estas piezas pueden verse en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Vilalba, promovido por un conocido médico de la zona. Vilalba situada en la comarca de Terra Chá (Lugo) es una zona rica en yacimientos prehistóricos, uno de cuyos vestigios es Pena Grande, que se encuentra en la parroquia de Santaballa, lugar en el que también se erige un petroglifo.

En el municipio vilalbés se documentaron cinco yacimientos de la Edad de Piedra Lascada, alrededor de 200 enterramientos tumulares, más de 30 castros, diez yacimientos romanos y muchos vestigios de la Edad de Bronce.

Pena Grande es el yacimiento más importante del Paleolítico en Galicia. Está documentado que grupos de cazadores nómadas acamparon en esta área rocosa. Se sabe que desde este emplazamiento controlaban las migraciones de grandes manadas de animales.

Según las noticias que han trascendido en prensa, parece ser que la razón de la venta es un proceso de subasta debido a la concentración parcelaria, que consideramos puramente economicista por obviar el valor patrimonial y cultural de la superficie mencionada. Se señala que esta superficie pasó "a disposición de un desconocido". Es decir, habría una agrupación de propietarios no conocidos. Transcurridos varios años desde el remate de la reparcelación, y si nadie reclama la propiedad, esa superficie pasa a disposición pública.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha decidido poner dicho terreno a la venta sin tener en cuenta que en dicho lugar se halla un conjunto arqueológico de enorme valor, lo cual indica la falta de información, transparencia y conocimiento de lo que se pone en proceso de subasta desde la Administración pública. Llama poderosamente la atención este modo de proceder, al igual que resulta llamativo que desde la delegación de Hacienda de Lugo no se aporte información al respecto o que previamente no se realice una visita a las parcelas o terrenos que se ponen en subasta. Creemos que sería lo idóneo para no encontrarnos con "sorpresas" como la aludida.

Dado que en la superficie que Hacienda lleva a subasta se encuentra un yacimiento arqueológico de importancia, consideramos que sería pertinente que el Ministerio promoviese un Convenio con la Xunta


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de Galicia, que detenta las competencias en materia patrimonial, o con el ayuntamiento de Vilalba, cediendo gratuitamente los terrenos para poner en valor el patrimonio arqueológico.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Hacienda y Función Pública a:

- Promover un Convenio con la Xunta de Galicia o con el ayuntamiento de Vilalba para la cesión gratuita de los terrenos que cuentan con una superficie de 35.512 metros cuadrados, en los que se halla uno de los principales yacimientos arqueológicos de Galicia, el yacimiento de Pena Grande, situado en la parroquia de Santaballa en el municipio de Vilalba (Lugo), para que el Gobierno gallego lo ponga en valor en el ejercicio de sus competencias en materia de patrimonio cultural.

- No sacar a subasta pública terrenos, bienes o superficies de valor histórico, cultural o patrimonial, priorizando el diálogo con los gobiernos autonómicos o municipales a fin de acordar Convenios que tengan por objetivo disponer de dichos bienes y destinarlos a un uso público cultural u otros."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2017.-Miguel Anxo Fernández Bello y Alexandra Fernández Gómez, Diputados.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002664

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la paralización de la subasta de terrenos de Pena Grande (Vilalba), para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.

Exposición de motivos

Hace unos días los medios de comunicación de Lugo anunciaron la inminente subasta pública de los terrenos (polígono I, parcela 146) en los que se sitúan los yacimientos arqueológicos de la Pena Grande en la parroquia de Santaballa. Dichos terrenos forman parte del inventario de bienes del Estado en el expediente 2013/724/27/027/00001088 y se corresponden con terrenos declarados en su día de titularidad desconocida. La subasta del lote 25, expediente 2016/027/00090, está fijada para el día 11 de diciembre.

En dichos terrenos se encuentra un petroglifo catalogado como BIC y un yacimiento paleolítico catalogado. En la Pena Grande se han encontrado millares de elementos de interés arqueológico sin que hasta ahora ninguna entidad pública se haya interesado por su prospección y puesta en valor. Constituye este lugar uno de los principales yacimientos gallegos para la comprensión de los cambios ambientales y culturales hasta la adopción de la vida campesina por los pobladores de este territorio.

Los terrenos y los yacimientos arqueológicos de la Pena Grande, por su importancia, no deben ser objeto de ninguna subasta, son patrimonio de la sociedad y como tal no deberían ser inventariados por ningún ente de naturaleza privada.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que el Ministerio de Hacienda y Función Pública, paralice la subasta prevista para el día 11 de diciembre y que ceda dichos terrenos al ayuntamiento de Vilalba para su estudio y puesta en valor."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2017.-Margarita Pérez Herráiz, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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161/002669

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la reducción de los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por el abastecimiento de agua desalada, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.

Exposición de motivos

Anualmente, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, establece una Orden Ministerial por la que se reducen para el período impositivo correspondiente los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.

En este momento, estamos padeciendo unas circunstancias excepcionales en el recién terminado año hidrológico (desde el 1 octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017), debido a que ha sido anormalmente seco. Según los datos de la Agencia Española de Meteorología (Aemet), el año hidrológico ha cerrado con 551 litros por metro cuadrado de media para el conjunto de España, lo que representa casi un 15 % de déficit respecto a la media histórica (1981-2010), que está en 648 litros por metro cuadrado. Si se toma como referencia solo la España peninsular, la reducción respecto a la media histórica es algo más del 18 %, según el Ministerio de Agricultura.

El problema no es tanto que este último ejercicio haya sido seco, sino que España lleva desde 2014 encadenando años hidrológicos con lluvias menores de lo normal. Y esto ha tenido una afección directa en el agua embalsada. Es decir, la concatenación de la sequía meteorológica ha desembocado en una situación de sequía hidrológica.

Los pantanos del país están actualmente por debajo del 40 % de su capacidad, en el 38,9 % concretamente. ¿Es normal? No: desde 2006 no se registraba un porcentaje tan bajo.

Si se toma solo el dato de agua embalsada, las que están peor son las cuencas del Júcar y el Segura, cuyos pantanos están 26 % y del 14,3 %, respectivamente. Le sigue la del Duero, que está al 32,2 %. Esta situación pone bajo una presión crítica a nuestros recursos hídricos y al sector agrícola.

Además no se trata solamente del agua en superficie; también es motivo de especial preocupación la sobreexplotación de los acuíferos, que se produce cuando el ritmo de extracción de agua del subsuelo supera al de la infiltración. Adicionalmente la práctica totalidad de los acuíferos costeros de nuestro país sufren, en mayor o menor medida de una explotación excesiva. Algo más de dos tercios de las masas de agua subterráneas de la cuenca del Segura no cumplen los requisitos mínimos de buen estado según la directiva marco del Agua europea. De no recuperarse en 2027, deberán sellarse.

Esta situación está llevando, fundamentalmente a los productores agrarios a tener que regar sus cultivos con agua desalada y otros recursos con el incremento de coste. La producción de plantas desaladoras de la sociedad estatal Acuamed están en cifras record. La producción total de las plantas desaladoras en los siete primeros meses del año en la cuenca del Segura ha sido de 75,7 hectómetros cúbicos, lo que equivale a un 86 % de su capacidad.

Hay en torno a 100.000 agricultores afectados de forma directa e indirecta por los problemas de falta de agua para riego, según las estimaciones de la organización agraria, que actualmente, tienen que hacer uso de agua desalada y otras fuentes alternativas, y con ello los productores contribuyen a la recuperación, mantenimiento y sostenimiento de los acuíferos asumiendo el 100 % de la subida de costes.

Es por esto, que una manera de paliar en parte el aumento en los costes de éstos contribuyentes en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas solicitamos al Ministerio de Hacienda y Función Pública que tenga este hecho excepcional en cuenta para calcular el módulo de estimación para la fiscalidad del sector agrario para aquellos contribuyentes que hagan uso del agua procedente de recursos no convencionales, concretamente de aguas procedentes de fuentes desalación durante el presente ejercicio 2017 y 2018.

La Orden HFP/1159/2017, de 28 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2018 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, introduce una reducción del índice de rendimiento neto aplicable a la actividad agrícola de obtención de arroz, con el fin de adaptarlo a la realidad actual de este


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sector. Este nuevo índice se aplicará igualmente, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional quinta, al período impositivo 2017.

Teniendo presente todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Modificar la Orden HFP/1159/2017, e introducir una nueva reducción de módulos del IRPF en el sector agrario para la campaña de la renta 2017 y 2018, por la que se reducen para estos periodos impositivos los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por la sequía, tanto hidrológica como meteorológica en todo el ámbito nacional, para aquellos contribuyentes que hagan uso del agua procedente de fuentes desalación, en un porcentaje significativo, durante los ejercicio 2017 y 2018."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2017.-Francisco de la Torre Díaz y Vicente Ten Oliver, Diputados.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Fomento

161/002644

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la supresión de pasos a nivel en la provincia de Ciudad Real, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Un paso a nivel es un cruce entre una vía de tren y una carretera o un camino al mismo nivel, es decir, que no hay paso superior o inferior. Es un punto de elevado riesgo en el trazado de una línea férrea ya que el tren puede ver invadido su espacio por elementos ajenos al ferrocarril y que escapan al control del mismo, máxime cuando un tren no puede esquivar los obstáculos en la vía y necesita, debido a su peso y longitud, una gran distancia de frenada. Por eso, con objeto de preservar y mejorar la seguridad de los usuarios de las carreteras y caminos y del ferrocarril, la normativa vigente, tanto la Orden de 2 de agosto de 2001 por la que se desarrolla el artículo 235 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de supresión y protección de pasos a nivel, como el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario, establecen que las administraciones públicas, según lo permitan las disponibilidades presupuestarias y conforme a los convenios que, en su caso, pudieran celebrarse, deben proceder a la supresión de los pasos a nivel existentes y, en su caso, a su sustitución por cruces a distinto nivel, cuando de las características de los mismos se desprenda que la supresión resulta necesaria o conveniente.

En todo caso, debe de procederse con carácter prioritario a la supresión de los pasos a nivel que se encuentren situados en líneas en las que se circule a velocidad igual o superior a 160 kilómetros por hora, así como de aquellos otros en los que el producto de la intensidad media diaria de vehículos de carretera (A) por la circulación media diaria de trenes (T) presente un valor igual o superior a 1.500 desde los inicios del ferrocarril se decidió que había que proteger esos puntos de cruce de alguna forma.

En la provincia de Ciudad Real, entre los años 2007 y 2010, el Ministerio de Fomento tenía prevista la supresión de, al menos, trece pasos a nivel, incorporándolos al "Plan de Supresión y Mejora de Pasos a Nivel" en el contrato-programa 2007/2010 que se acordó entre la Administración General del Estado y Adif. En los años posteriores, el Ministerio de Fomento tan sólo suprimió uno de los cincuenta y tres existentes, dejando el resto en las mismas condiciones.


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En el Plan aprobado este mismo año, y que tendrá vigencia hasta el año 2024, el Ministerio de Fomento tampoco tiene intención de suprimir ninguno de los cincuenta y dos pasos a nivel que aún quedan en la provincia, a pesar de que tres de ellos tienen carácter prioritario al tener una calificación AxT superior a 1.500.

Lamentablemente, el pasado 16 de noviembre ocurría la trágica muerte de dos personas en el paso a nivel situado entre las localidades de Bolaños y Almagro. Estas muertes vienen a sumarse a las de otras dos personas en el mismo paso a nivel en el mes de agosto de este año. Estos hechos ponen de relieve la urgencia en dotar de mayores medidas de seguridad a los pasos a nivel localizados en la provincia de Ciudad Real, especialmente el que se encuentra entre Bolaños y Almagro, y, por supuesto, la inclusión en el Plan de Supresión y Mejora de pasos a nivel 2017/2024 de los tres pasos a nivel calificados como prioritarios y que siguen sin suprimirse.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Incluir en el Plan de Supresión y Mejora de pasos a nivel 2017/2024, tal y como establece la legislación vigente, al menos los tres pasos a nivel de la provincia de Ciudad Real cuya supresión tiene carácter prioritario al encontrarse situados en líneas con calificación AxT superior a 1500.

2. Incrementar las medidas de seguridad, mediante la instalación de semáforos o señales acústicas, en los restantes cuarenta y nueve pasos a nivel situados en la provincia de Ciudad Real.

3. Acometer, con carácter urgente, la supresión de pasos a nivel incluidos dentro del plan 2007/2010 cuyos proyectos ya están redactados en la actualidad o, en su caso, adjudicados."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2017.-Isabel Rodríguez García y José María Barreda Fontes, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002645

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la supresión del paso a nivel que atraviesa el casco urbano de O Porriño, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El 20 de septiembre de 2017, ADIF anunciaba la redacción de proyectos de supresión de 36 pasos a nivel en Galicia y, el 20 de noviembre del mismo año, anunciaba también la supresión de 74 pasos a nivel, de los cuales dos correspondían a tramos de la red ferroviaria en Galicia.

Sin embargo, de forma incomprensible, y especialmente cuando se utiliza el argumento de incrementar la seguridad de las líneas ferroviarias, no aparece en ninguna de las relaciones el paso a nivel situado en el término municipal de O Porriño, que atraviesa su casco urbano y representa un gran peligro en términos de seguridad. Todavía está reciente el descarrilamiento del Tren Celta Vigo-Oporto, una tragedia que sería mucho más terrible si llega a acontecer unos pocos metros más adelante.

Ya en el año 2015, ADIF reconocía la urgencia de la supresión de este paso a nivel, pero las distintas declaraciones de ADIF sobre este tema, incluso en entrevistas con las autoridades locales, solo han significado, hasta la fecha, buenas palabras que en ningún caso se han traducido en compromisos concretos que supongan proyectos, fases, calendario de ejecución y partidas presupuestarias para hacer realidad esta necesaria actuación.

Por otro lado, la solución que se adopte, y como bien ha defendido la alcaldesa de O Porriño con el apoyo de la ciudadanía, en ningún caso puede suponer mantener una barrera que mantenga la actual segregación de una parte de la ciudad.


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E insta al Gobierno a adjudicar en un plazo no superior a tres meses la redacción del proyecto constructivo para la supresión del paso a nivel que atraviesa el casco urbano de O Porriño y que, además, debe asegurar la eliminación de cualquier algún tipo de barrera que implique la segregación de una parte de la ciudad.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adjudicar en un plazo no superior a tres meses la redacción del proyecto constructivo para la supresión del paso a nivel que atraviesa el casco urbano de O Porriño y que, además, debe asegurar la eliminación de cualquier tipo de barrera que implique la segregación de una parte de la ciudad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2017.-Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002653

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de ley relativa a la circunvalación de la SE-40, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La circunvalación SE-40, es una vía de alta capacidad, proyectada para descongestionar la SE-30. Esta última, previa a la Expo 92, se encuentra saturada por el tráfico; muy especialmente por la presión de los municipios del Aljarafe sevillano y de toda el área metropolitana, cuya población supera 1.500.000 habitantes.

Este proyecto de la SE-40, que ya tiene más de dos décadas, consta de una longitud de 77,6 kms, de los cuales apenas se han ejecutado tramos de unos 17 kms de longitud.

El coste inicial de esta infraestructura está estimado en más de 1.200 millones de euros.

Uno de los tramos de mayor importancia es el que contempla la ejecución de dos túneles (norte y sur) para salvar el cauce del Guadalquivir. Este tramo, de algo más de 2 kms tiene un coste aproximado de 500 millones de euros.

A pesar de su importancia, desde la llegada del Partido Popular al Gobierno, no se ha ejecutado ni un solo metro de esta obra clave, por cuanto es el "broche" que une los municipios del Aljarafe con esta vía de alta capacidad.

Durante los últimos seis años y siete Presupuestos Generales del Estado, desde el Grupo Parlamentario Socialista se han presentado enmiendas dirigidas a acometer los túneles de la SE-40, sin que haya sido admitida ni una sola.

En los PGE de 2016, el Gobierno incluyó 42,8 millones para los túneles norte y sur, cantidad que finalmente no fue ejecutada, defraudando a una población a la que el Partido Popular había estado engañando durante las campañas electorales de 2015.

En los PGE de 2017, el Gobierno ni tan siquiera "dibujó" aportaciones a la obra, ni admitió las enmiendas que, un año más, presentó el Grupo Parlamentario Socialista.

Llegados a este punto, en una visita reciente del Ministro de Fomento, el asunto da un nuevo giro, al anunciar que la obra de los túneles se incluirá en el Plan Extraordinario de Inversión en carreteras anunciado días antes por el Presidente del Gobierno.

Según ha podido saber este Grupo a través de los medios de comunicación, este Plan Extraordinario con un presupuesto de 5.000 millones, se llevará a cabo a través de una fórmula público-privada, en virtud de la cual las propias empresas adjudicatarias adelantarían fondos, que irían recuperando a lo largo de los 30 años siguientes, durante los que se encargarían de las labores de mantenimiento.


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Ante esta nueva "perspectiva", que no pasa por ser la más adecuada para un proyecto ya en ejecución en diversos tramos y adjudicadas las obras a través de otros procesos contractuales anteriores, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Que aclare si hay una decisión adoptada, en orden a la inclusión de los túneles de la SE-40 en el Plan Extraordinario del Inversión de Carreteras.

2. Que contemple en los PGE de 2018 una cantidad que compense la paralización de los túneles de SE-40 durante las seis últimas anualidades, incluyendo los 42,8 millones presupuestados para 2016 y no ejecutados.

3. Que con independencia de la fórmula que se adopte para la contratación, exista un compromiso de que la obra no tendrá repercusión económica alguna para los usuarios de la SE-40 ni los habitantes de Sevilla y provincia.

4. La agilización de cuantos trámites fueran necesarios para el inicio inmediato de las obras."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2017.-Antonio Pradas Torres, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002659

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Joan Baldoví Roda Diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para poner solución a la problemática del Puerto de Alicante con un sistema de almacenamiento para la carga, descarga y manipulación de sólidos a granel, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La problemática de la carga y descarga de mercancías sólidas a granel en el Puerto de Alicante arrastra ya muchos años, mientras las protestas por la contaminación que pueden poner en riesgo la salud de los vecinos que se sitúan cerca del puerto y el volumen de trabajo de esta actividad industrial no dejan de aumentar.

El derecho al trabajo y a desarrollar una actividad industrial y comercial tiene que ser compaginada con el derecho a la salud, al descanso y al ocio de las personas que viven en los alrededores del puerto y con la defensa del medioambiente.

Después de mucho tiempo escuchando a todas las personas afectadas, hemos de ser capaces de encontrar una solución con todas las partes que garanticen la posibilidad de los trabajos, sin poner en riesgo la salud y el medio ambiente.

Si miramos a nuestro entorno podemos encontrar el ejemplo del puerto de Santander. El puerto de la capital cántabra es, junto con el de Alacant, el único puerto del Estado español que se encuentra prácticamente pegado al núcleo poblacional.

Además, de sus características comerciales, el puerto de Santander comparte también otras similitudes con la infraestructura alicantina. Ambos puertos dedican parte de su actividad a la descarga de sólidos a granel (tanto de minerales como de agrocombustibles) y ambos realizan esta actividad -o la realizaban, en el caso de Santander- a la intemperie. En el caso de Santander, esta circunstancia cambió en el año 2012. Aquel año se inauguraba la nueva terminal de descarga de sólidos a granel.

En aquel periodo, el alcalde de Santander, miembro del Partido Popular y actual Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se mostró favorable a realizar esta actuación y trabajó junto con la administración autonómica y central para que las operaciones de carga y descarga en el puerto de la ciudad donde gobernaba se hicieran en compartimientos cerrados. Desde el año 2012, los trabajadores de carga,


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descarga y manipulación de graneles sólidos en el puerto de Santander ya no se hacen al aire, lo que ha hecho mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas y la competitividad del puerto.

Por todo ello, para acabar con la problemática en el Puerto de Alicante, presentamos la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso insta al Gobierno a facilitar los medios y recursos económicos posibles, a través del Ministerio de Fomento, para que la Autoridad Portuaria de Alicante y/o la iniciativa privada afectada, lleven a cabo la construcción de un sistema de almacenamiento para la carga y descarga y manipulación de sólidos a granel en naves cerradas y en depresión."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2017.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.

161/002660

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre mejoras en materia de transporte en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, Comunidad Autónoma de Canarias, Ciudad Autónoma de Ceuta y Ciudad Autónoma de Melilla, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

En España, el artículo 138, apartado primero, de la Constitución Española, ya recoge el déficit insular: "El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular".

El transporte es fundamental para conectar la Península con los Archipiélagos canario y balear, y con las ciudades de Ceuta y Melilla. La integración de estos territorios en el resto de España no sería posible sin una conectividad aérea y marítima fluida con la Península. El avión y el barco son también esenciales para la integración interinsular de cada uno de esos archipiélagos y de las ciudades autónomas.

El desarrollo económico de los territorios extra peninsulares ha mantenido históricamente una estrecha relación con la propia evolución de los medios y de sus infraestructuras, tanto en las comunicaciones interiores como, sobre todo, en las exteriores.

En Canarias, Baleares y las ciudades de Ceuta y Melilla, en materia de cohesión, aparece el transporte como elemento nuclear. Un archipiélago genera unas condiciones para la movilidad totalmente diferentes a los continentes. Mover mercancías y personas constituye el elemento básico para el bienestar, para el desarrollo económico, para la igualación entre los ciudadanos y los territorios.

Ni las islas ni las ciudades Ceuta y Melilla disponen de redes intercomunitarias ni por carretera, ni ferroviarias, hacia el exterior. Los residentes en los territorios alejados, al propio tiempo que los visitantes, somos cautivos del transporte aéreo y del marítimo, en tráfico de pasajeros y mercancías.

Por ello, las actuaciones y decisiones en materia de transporte, sobre todo aéreo, no deberían tan sólo asegurar la accesibilidad turística, sino también garantizar la de los residentes que no disponen de otro medio de transporte exterior rápido para sus desplazamientos.

Los Gobiernos de las Comunidades Autónomas de Canarias e Illes Baleares vienen analizando de forma conjunta la conectividad aérea y marítima de los archipiélagos. Ambos han coincidido en reclamar al Gobierno de España que fije precios máximos de referencia para los billetes aéreos con la Península, con el fin de evitar los notables incrementos que se producen en determinadas épocas del año, en las que sube el coste del billete a niveles prohibitivos.

Los residentes en las islas utilizan preferentemente el transporte aéreo, y en menor medida el transporte por vía marítima, combinado en determinados casos con los transportes ferroviarios o por


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carretera, como medio de transporte en sus desplazamientos con el continente, así como en los trayectos interinsulares.

Del mismo modo, los residentes de Melilla y Ceuta utilizan el transporte aéreo y el marítimo para sus desplazamientos a la península.

En el caso de Melilla el elevado coste del billete de avión hace en muchos casos imposible para muchos melillenses poder utilizar este medio de transporte, algo similar ocurre con los residentes de Ceuta, que en muchos casos no pueden costear el precio del transporte aéreo que comunica la Ciudad Autónoma con la península.

Pero no solo el transporte aéreo, el marítimo también supone un alto desembolso a los melillenses y ceutíes.

Dos de las características principales de estos dos tipos de transporte son:

a) Su elevado coste en relación a otros medios de transporte, posibles en los territorios continentales.

b) La ausencia de conectividad con otros destinos.

En el caso de los archipiélagos, la ausencia de opciones sustitutivas de transporte como consecuencia del hecho insular, exige la intervención del Estado para corregir estos dos problemas. En relación al elevado coste, a través del establecimiento de un conjunto de bonificaciones a los pasajeros.

Actualmente, ya existe una subvención estatal del 75 % sobre el precio de la tarifa del pasaje aéreo en el caso de vuelos entre las islas.

En el caso del transporte interinsular de pasajeros por vía marítima se aplica un descuento del 75 %, soportado en un 50 % por el Estado y en un 25 % por las comunidades autónomas.

Este trato diferenciado que da el Estado entre el transporte aéreo y el marítimo interinsular provoca una grave discriminación que obliga al Gobierno de las islas a mantener la aportación del 25 % en los desplazamientos marítimos interislas para mantener el equilibrio entre tarifas aéreas y marítimas.

En los desplazamientos de los residentes entre las islas y el resto del territorio del Estado el descuento es soportado íntegramente por el Estado, pero sólo llega al 50 %.

En el caso de Ceuta y Melilla el descuento es del 50 % para sus desplazamientos hasta la península y viceversa, tan solo se contempla un descuento del 75 % para transporte de mercancías pero aún no ha entrado en vigor.

Por otra parte, se ha de tener en cuenta que esta política de descuentos puede distorsionar al alza los precios que fijan las compañías, especialmente en aquellas rutas con escasa competencia y cuando la demanda residente tiene un peso significativo sobre la demanda total.

Para intentar corregir las distorsiones que está provocando ya el actual sistema de bonificaciones será necesaria una política de control y seguimiento de los precios máximos de las compañías aéreas y marítimas, intentando que no haya perjuicio para los usuarios residentes.

En su caso, se pueden plantear diversos mecanismos para garantizarlo, como la rebaja de la tarifa de referencia o la implantación de una tarifa plana en el caso de transportes aéreos entre islas y la ampliación de la bonificación actual de 50 % de la tarifa bonificable a una subvención del 75 % en las tarifas de los servicios de transporte aéreo y marítimo de personas residentes para viajes entre las islas y el resto del Estado.

En el caso del transporte marítimo interinsular, resulta imprescindible la asunción por parte del Estado del total de la bonificación del 75 %, extremo que supondría un redistribución de recursos entre residentes y no residentes; en caso contrarío, si son los gobiernos de las comunidades autónomas de les Illes Balears y de Canarias los que han de complementar, como hasta ahora, la bonificación a los residentes para igualarla al transporte aéreo, esta política supone una mera redistribución de recursos entre residentes, no actuando como una verdadera política de cohesión territorial.

En el caso de Ceuta y Melilla, debiera contemplarse la reducción del 75 % para el transporte aéreo, tal y como ocurre con las islas, pues en caso contrario estaríamos hablando de discriminación de unos ciudadanos del territorio español frente a otros.

Considerando que la práctica totalidad de los viajeros se desplazan con billete de ida y vuelta y que las tasas aeroportuarias se generan únicamente en el aeropuerto de salida, para cada trayecto, no podemos dejar de reconocer que es importante poner de manifiesto las peculiaridades de los territorios insulares.

En relación a la gestión aeroportuaria, cuyo gestor es AENA, se han creado algunos organismos de coordinación en los que participan las instituciones del territorio. Fórmulas insuficientes, en unos territorios


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insulares que dependen tanto de dicho transporte y que no facilitan establecer tasas conforme a las circunstancias particulares de cada caso: capacidad, estacionalidad del tráfico, elasticidad de la demanda, etc. En concreto en el archipiélago balear, se detectan problemas de conectividad en temporada baja:

- La cuantía de las tasas aeroportuarias varía según el aeropuerto, independientemente del precio del billete. En este sentido, resultan especialmente onerosas las tasas de los aeropuertos de Madrid y Barcelona, que son los dos principales destinos de los residentes isleños.

- Actualmente existen bonificaciones del 20 % de las tasas en temporada baja (noviembre-marzo) en los aeropuertos de Baleares, estas no han compensado las cuantiosas subidas de tasas sufridas desde 2012 (en concreto en el caso de Madrid y Barcelona, se han aumentado por encima del 100 %).

- La reducción del 20 % en temporada baja sólo afecta a las tasas de los aeropuertos baleares de salida, sin que el trayecto de vuelta reciba en estos momentos ninguna bonificación.

La eliminación de las tasas en los aeropuertos de vuelta, con destino a territorios insulares, que han de pagar en temporada baja minoraría de forma considerable los costes de las compañías aéreas, facilitando que pudieran ofrecer tarifas de vuelo más atractivas, hecho que aumentaría el volumen de clientela potencial y llevaría a un aumento en el número de conexiones.

En cualquier caso, la elevada dependencia de las islas que padecen los territorios insulares y los de Ceuta y Melilla, tanto en el caso de las mercancías como para la movilidad de las personas, pone de manifiesto la importancia que en estos territorios tienen las políticas regulatorias vía tasas de los mercados aéreo y marítimo, así como la gestión de las infraestructuras portuarias y aeroportuarias.

En el caso de la política portuaria, la gestión de los puertos de interés general está descentralizada en Autoridades Portuarias que disponen de cierta flexibilidad de actuación.

En cambio, en el caso de los aeropuertos, la gestión aeroportuaria no goza de una participación suficiente para unos territorios como los insulares, tan dependientes de dicho transporte. Actualmente se fija por AENA una política completamente uniforme para todos los aeropuertos españoles, independientemente de sus particularidades (a excepción de la bonificación del 20 % de las tasas en temporada baja, que no compensa en ningún caso la subida de tasas producida en los aeropuertos de Madrid y Barcelona).

Una mayor participación de las instituciones de estos territorios extra peninsulares en la gestión de los aeropuertos, con una mayor descentralización de la política de tasas, podrían dar lugar a políticas más cuidadosas con la realidad social y económica de las Islas y de ambas Ciudades Autónomas, de forma que sus residentes no hubieran padecido de forma tan pronunciada el incremento de tasas que se ha producido en el Estado español desde 2011.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. La modificación de la subvención al residente en la siguiente medida:

a) Transporte islas-península: Ampliación de la bonificación actual de 50 % de la tarifa bonificable a una subvención del 75 % en las tarifas de los servicios de transporte aéreo y marítimo de personas residentes en territorios extra peninsulares y el resto del Estado.

b) Transporte marítimo interinsular: aumento de la bonificación del transporte marítimo interinsular de pasajeros residentes, para equipararla a la bonificación del 75 % del transporte aéreo interinsular.

c) Aplicación de las bases sobre las bonificaciones existentes al transporte aéreo y marítimo con la península al trayecto en conexión con otro tipo de transportes (ferrocarril, carretera, etc.) hasta llegar al destino final con un máximo de doce horas entre transbordos.

d) Para aquellas islas donde no haya aeropuerto o helipuerto de tránsito regular de pasajeros y por consiguiente, los residentes no pueden disfrutar directamente del descuento aéreo del para desplazamientos interislas, se aplique una subvención del 89 % al transporte marítimo substitutivo.

e) Transporte aéreo Melilla/Península: Ampliación de la bonificación actual de 50 % de la tarifa bonificable a una subvención del 75 %.

f) Transporte desde helipuerto de Ceuta a la península y viceversa, reducción del 75 % del importe de la tarifa.


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g) Transporte marítimo desde las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla a la península y viceversa ampliación de la bonificación actual de 50 % de la tarifa bonificable a una subvención del 75 %.

h) A nivel de transporte marítimo, la bonificación también se aplicará a la tarifa correspondiente al transporte de los vehículos de los residentes; considerando este como parte de su equipaje.

2. Aumentar la participación de las instituciones de los territorios insulares y de Melilla en la gestión de los aeropuertos.

3. Implantación de una subvención del 100 % de las tasas aeroportuarias a los residentes para los trayectos con origen/destino en los territorios alejados."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2017.-Pere Joan Pons Sampietro, Sofía Hernanz Costa, Sebastián Franquis Vera, María Tamara Raya Rodríguez y María del Mar Rominguera Salazar, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Educación y Deporte

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar un plan integral de actuaciones en Ceuta y en Melilla, para equiparar sus recursos educativos y sus resultados escolares a la media estatal y europea, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.

Exposición de motivos

La gestión educativa en la mayor parte del país es competencia de las Comunidades Autónomas, que algunas llevan desarrollando desde hace más de dos décadas. Sin embargo las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla son todavía dependientes de la gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Ambas ciudades se dirigen educativamente desde la Dirección General de Cooperación Territorial.

Desde que gobierna el Partido Popular se ha cambiado en más de cinco ocasiones de director, subdirector y de equipo. Estos cambios en la dirección han provocado y siguen provocando disonancias en la política educativa de orden y contraorden creando una situación de interinidad y provisionalidad en la política del MECD que afectan y determinan negativamente los muchos problemas educativos que sufren las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En primer lugar, es preciso implementar una política de previsión y dotación de infraestructuras. El crecimiento relativo proyectado de la población en edad escolarizable (menores de veinticinco años) entre los años 2015 a 2029 es de un 0,8 % para Ceuta y de un 7,6 % para Melilla, las más altas de España y las únicas en valores positivos; la media estatal es de un -12,2 %.

El crecimiento poblacional debería traducirse en una mayor oferta de plazas de educación infantil cero-tres años, sin embargo la tasa neta de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil en Ceuta está muy por debajo de la media a nivel estatal que es un 34 %.

La consecuencia de la insuficiencia de infraestructuras es la elevada ratio en todas las etapas educativas. Estas altas ratios, junto con una problemática asociada a las ciudades de Ceuta y Melilla, que es el alto número de alumnos que desconocen parcial o totalmente la lengua castellana, el incremento de alumnos con necesidades educativas especiales, la evidente diversidad del alumnado, los excesivos tiempos que se requieren para la sustitución de profesores o la alta tasa de interinidad que no da estabilidad en plantillas son algunos de los serios problemas que se sufren en estas dos ciudades.

No es de extrañar el bajo porcentaje de alumnado que promociona en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. Las ciudades de Ceuta y Melilla ocupan los últimos puestos en esta clasificación. También son negativos los datos que presentan ambas ciudades en relación a la tasa de abandono escolar temprano.


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Asimismo, el alcance educativo en Ceuta y Melilla es más limitado que en el resto de España. Existen 15 puntos de diferencia entre alumnos que finalizan Bachillerato, 7 puntos de diferencia en la tasa de FP de Grado Medio en Melilla y 10 puntos en FP de Grado Superior.

La mayor diferencia reside en el alcance en educación superior de 30-34 años donde se marca una clara distancia. España alcanza el 40,9 %, Ceuta el 29,2 % y Melilla 25,5 %.

Otra situación que demanda una solución es la participación educativa, señalada en la Constitución y en la LODE, ya que Ceuta y Melilla carecen de sus respectivos Consejos Escolares.

Es evidente que la situación de ambas ciudades educativamente requiere medidas de urgencia, de dotación de mayores recursos y de actuación educativa inmediata, a la vez que se deben programar planes de actuación con previsión para poder ofrecer la calidad educativa que se oferta en otros territorios españoles, con el fin de que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla dejen de sufrir el abandono educativo al que están sometidas por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Elaborar, en el marco de los objetivos para 2020, un plan integral de actuaciones en Ceuta y en Melilla, para equiparar sus recursos educativos y sus resultados escolares a la media estatal y europea.

2. Ampliar la oferta de plazas públicas en Educación Primaria y ESO para reducir el número de alumnos por aula en Melilla y Ceuta, y mejorar la tasa de éxito escolar, de abandono escolar temprano y el número de titulados.

3. Agilizar los trámites que posibiliten, lo antes posible, que estas ciudades dispongan de los centros escolares imprescindibles que necesitan para disminuir las elevadas ratios y el alto índice de fracaso escolar.

4. Impulsar la Educación Infantil, particularmente en los entornos socialmente desfavorecidos, en las ciudades de Ceuta y Melilla, con la construcción de centros educativos que impartan el primer ciclo de Educación Infantil, priorizando la atención de la demanda de plazas para niñas y niños de dos años y responder, de esta forma, a las necesidades derivadas de la situación laboral de las madres y de los padres.

5. Garantizar la participación señalada en la Constitución y en la LODE mediante la creación de los respectivos Consejos Escolares de Ceuta y de Melilla, con sus competencias correspondientes."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2017.-María Luz Martínez Seijo y María del Mar Rominguera Salazar, Diputadas.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002662

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre negociaciones con la Junta de Andalucía para la extensión al alumnado de la UNED de las bonificaciones en el precio de las matrículas universitarias, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.

Exposición de motivos

Los socialistas consideramos fundamental un diseño de una universidad gratuita acompañada de un potente sistema de becas para el conjunto de España, alineado con los principales países del espacio europeo de educación superior que debe ser nuestro referentes.

En Andalucía se ha aprobado la bonificación del 99 % de las matrículas en las universidades andaluzas en el curso 2017/18 para aquellos alumnos y alumnas que aprueban sus asignaturas en primera matrícula. Esta medida busca permitir un acceso a la educación superior en igualdad de oportunidades, y en el que


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el único condicionante para el futuro de nuestros jóvenes sea su esfuerzo y su talento y no el nivel de renta de sus familias.

Si queremos transformar nuestro modelo productivo para basarlo en el talento y las ideas que son clave para la competitividad económica, se debe poner la educación superior al mismo nivel a que se encuentran la sanidad o la educación obligatoria para lo que la gratuidad es una pieza fundamental.

Los recortes impuestos por el Gobierno de Rajoy han provocado que miles de jóvenes de las familias más humildes se hayan visto expulsados de la universidad por unas matriculas abusivas, unas becas empobrecidas, un 20 % menos entre 2011 y 2015, y con requisitos caóticos, que ha provocado que por ejemplo en Andalucía casi 10.000 becarios andaluces hayan tenido que reintegrar sus ayudas.

También se han reducido drásticamente los complementos a estudios, como la movilidad y el aprendizaje de idiomas, afectando a los que menos tienen, a su empleabilidad y su futuro.

El modelo educativo del PP, tiende hacia el de Reino Unido, el país más caro con diferencia en Europa para cursar estudios superiores y contrasta con el de Andalucía, que está dando pasos para alinearse con Austria, Francia o Alemania, donde los precios son simbólicos.

En este marco, la Junta de Andalucía, a través del Consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha mostrado su disposición a ampliar la mencionada bonificación de matrículas a los alumnos de la UNED que residan en Andalucía, aunque es el Gobierno central, como responsable de esta institución, quien tiene en su mano la gratuidad de las matrículas de este centro académico y de las universidades de toda España. Ramírez de Arellano ha recordado que cualquier opción "legal y sostenible económicamente" debe contar con el visto bueno de la Junta y del Consejo Social de la UNED, entidad dependiente del Ministerio de Educación.

En España hay unos 140.000 alumnos matriculados en la UNED, de los que 20.000 son andaluces, y de estos unos 8.000 son becarios del Ministerio de Educación.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar negociaciones con la Junta de Andalucía para acordar las medidas que permitan extender la bonificación del 99 por ciento del precio de las matrículas de grados y masters para quienes aprueben sus asignaturas en primera matrícula, aplicada por esta Comunidad Autónoma, al alumnado de la UNED residente en la misma."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2017.-Elvira Ramón Utrabo, Antonio Pradas Torres, Miguel Ángel Heredia Díaz, Sonia Ferrer Tesoro, María Jesús Serrano Jiménez, José Juan Díaz Trillo, Felipe Jesús Sicilia Alférez, Salvador Antonio de la Encina Ortega y Carmen Rocío Cuello Pérez, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/002670

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la aprobación de un Acuerdo en materia de racionalización de los horarios del trabajo, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Exposición de motivos

En España se ha legislado y avanzado mucho para conciliar la vida laboral con la familiar y personal, la última, la reforma laboral aprobada por el Real Decreto-ley 3/2012, de Medidas Urgentes para la reforma del mercado laboral introdujo algún cambio más respecto a la conciliación, pero es necesario seguir avanzando. Se considera que hay una la falta de racionalidad de los horarios laborales para hacer compatible la vida personal con el trabajo.


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El tiempo es uno de los elementos esenciales de la vida, y poder organizar el tiempo del cual disponemos es fundamental, porque una buena gestión de este conllevaría más bienestar. Según estudios recientes, los factores que más influyen en la decisión de cambiar de puesto de trabajo son el salario, la mejora del horario y la estabilidad. Contar con un buen horario laboral es una de las cuestiones mejor valoradas por los trabajadores.

En consecuencia, es necesario avanzar en el cambio cultural de nuestra sociedad y por ende el ámbito empresarial, de manera que se oriente las estrategias empresariales al cumplimiento de sus objetivos, procediendo a reemplazar la cultura de la presencia por la cultura de la eficiencia.

Diversos estudios indican que las políticas de racionalización de horarios que conducen a la conciliación de la vida laboral y personal, se erige como la herramienta más útil y solicitada por los empleados para mejorar en parte su escasez de tiempo, mejorando sus condiciones y aumentando la productividad de la empresa.

Además posibilitan incrementar la productividad de las empresas, apoyar el rendimiento escolar, favorecer la igualdad, disminuir la siniestralidad, facilitar la globalización, mejorar nuestra calidad de vida, cuidar y mantener hábitos saludables, dormir el tiempo suficiente, y, en definitiva, dar mayor valor al tiempo. Todo esto pasa, ineludiblemente, por racionalizar nuestros horarios.

Si apostamos por superar todos los retos que ello conlleva y aceptar decididamente los desafíos de implantar medidas conciliadoras, estaremos más cerca de conseguir crear entornos de trabajo de mayor productividad, con más calidad y equilibrados.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar un Acuerdo sobre racionalización de los horarios en las empresas e instituciones, que favorezca la compatibilidad del trabajo con la vida personal y familiar."

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital

161/002647

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Proposición no de Ley relativa a la venta de Endesa.

Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión y, entendiendo que la solicitud de que se aporte información a la Comisión así como que el Gobierno comparezca ante la misma se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a través de su Portavoz, Yolanda Díaz Pérez, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, relativa a la venta de Endesa.

Exposición de motivos

Desde marzo pasado se suceden las noticias de prensa relativas a la venta de Endesa, que es una parte de ENEL, empresa que en la actualidad se encuentra en manos del Estado Italiano, y titular del 70 % de las acciones, a otra empresa española perteneciente al oligopolio del sector eléctrico español y recientemente a uno o varios fondos de inversión. Estos fondos de capital riesgo habrían tratado de hacerse con el control de la compañía energética, a través de negociaciones existentes entre sus asesores y el actual Presidente de Endesa. En estas noticias, los nombres que han salido a relucir son los correspondientes a CVC, Blackstone, Goldman Sachs, JP Morgan, además de contar con líneas de crédito preconcedidas por parte de varios bancos nacionales e internacionales. Dado lo cual, los fondos especulativos que han depredado gran parte de nuestro país, se ciernen sobre el sector eléctrico español.

En principio una operación comercial como otra cualquiera. Pero Endesa no es una empresa cualquiera. Tanto es así, que responsables de los Gobiernos de España e Italia podrían haber mantenido reuniones en las se habría tratado el interés de los fondos de capital riesgo por hacerse con Endesa, y en la que el Estado Italiano habría expresado que no pondrían obstáculos a la compra por parte de los fondos internacionales.

En primer lugar, Endesa es el resultado de la acumulación de ingentes ayudas públicas; primero como apoyo a la producción térmica con carbón nacional y después, en el proceso de liberalización del sector eléctrico, por la absorción de empresas quebradas como FECSA, Sevillana de Electricidad, GESA, etc. Así como los windfall profits, beneficios de sus centrales nucleares e hidroeléctricas.

Como consecuencia de ser la única empresa eléctrica de titularidad pública, antes de su privatización progresiva en los 80-90, Endesa es la empresa de Distribución única en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, donde, todavía, ostenta un control prácticamente total de la Generación. Del mismo modo, su control de la Distribución es prácticamente total en Cataluña, Andalucía y Aragón, y notable en Extremadura.

Esta situación monopolística en los denominados sistemas eléctricos No Peninsulares, le ha permitido mantener en funcionamiento centrales térmicas caras e ineficientes, cuyo coste adicional, unos 1.400 M? anuales, se cargaba en el recibo eléctrico y en la actualidad se reparte entre PGE y recibo. Es decir, dinero público para un negocio ejercido en régimen de monopolio pero esencial para mantener esos sistemas en funcionamiento.

Y si sorprendente fue el proceso de venta de Endesa a una empresa pública italiana ENEL, más sorprendente fue el silencio del Gobierno mientras ENEL despojaba a Endesa de sus activos más valiosos: el negocio en Latinoamérica y la producción a partir de energías renovables, transfiriéndolos a la empresa matriz.

Aun así, hoy Endesa supone el 26 % de la producción de energía eléctrica, el 21 % de la potencia instalada total, el 80 % de la térmica de carbón y el 45 % de la nuclear. Solo Endesa, produce el 51 % de la energía de origen térmica de carbón que consumimos.

Endesa además, de las actividades no reguladas como la Generación y la Comercialización, ejerce, a través de su filial Endesa Distribución, una actividad regulada: la Distribución, un monopolio natural de acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de Diciembre del Sector Eléctrico, responsable de llevar la energía eléctrica a más de siete millones de puntos de suministro, lo que convierte a Endesa, con diferencia, en la primera empresa de Distribución de España.

Endesa es una empresa estratégica, titular de un monopolio natural, clave en la producción y distribución de electricidad y por lo tanto para la seguridad de suministro, y responsable de una parte sustancial de las emisiones de CO2. Una empresa de la que además dependen miles de puestos de trabajo y la economía de muchas comarcas en las que Endesa es monocultivo.

Conviene señalar que la red de distribución eléctrica constituye un elemento fundamental para la seguridad de suministro, mediante el adecuado mantenimiento y desarrollo de red, y la Transición Energética, ya que del desarrollo de la red de Distribución dependen la viabilidad de la generación distribuida, el autoconsumo, la gestión de la demanda y el desarrollo de las redes inteligentes por citar solo algunos de los componentes de las redes eléctricas del futuro.


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Además, el acceso a millones de hogares y empresas y a la información detallada e instantánea de su consumo le otorga una posición de privilegio, en régimen de monopolio, en el sistema eléctrico.

No es posible diseñar ni ejecutar, ningún proceso de Transición Energética en España al margen de las decisiones estratégicas que pueda adoptar ENEL en relación con Endesa.

La venta de Endesa implicaría dar el control de la mayor eléctrica, de la Transición Energética y de un monopolio natural crítico como la Distribución, presumiblemente a fondos de capital riesgo internacionales, cuyo objetivo es la extracción del mayor beneficio posible, sin tener en cuenta el servicio ofrecido a los consumidores ni los intereses estratégicos del Estado donde operan.

Por todo lo expuesto, y sin menoscabo de las funciones atribuidas por la legislación vigente a la CNMC, al Gobierno y a la Unión Europea, en materia de supervisión de fusiones y adquisiciones de empresas estratégicas, consideramos, dada la relevancia del asunto por afectar a un servicio público esencial, que el Congreso de los Diputados, a través de esta Comisión, debe de recibir puntualmente información de cualquier actividad relacionada con la venta de Endesa por parte de ENEL para, en su caso, poder ejercer, con pleno conocimiento, las iniciativas legislativas que considere oportunas.

En relación con la actividad regulada: la Distribución, ante la posibilidad de que forme parte del paquete de venta, y por las razones antes señaladas, el Gobierno debería de tomar ya iniciativas legislativas para asegurar el control público de este monopolio natural.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta la Gobierno a:

- Aportar a esta Comisión toda la información que disponga hasta la fecha de las reuniones mantenidas por el Gobierno, notas o actas de las mismas, participantes, propuestas, en relación con la posible venta de Endesa por parte de ENEL.

- En caso de que, finalmente, se inicie el proceso de venta mantener informada puntualmente a esta Comisión de los pormenores del proceso de venta, aportando la documentación pertinente, y en particular instando a representantes de la CNMC, el Operador del Sistema, y responsables de ENEL, Endesa y de la entidades adquirientes, a comparecer ante esta Comisión, en audiencia pública o reservada según la materia.

- Promover, al amparo de la doctrina del Tribunal de Justicia Europeo en su sentencia de 22 de octubre de 2013, en los casos C/105/12 a C/107/12 en relación con la Ley de 23 de noviembre de 2006 de los Países Bajos, las modificaciones Iegislativas necesaria para que en la venta de la actividad de Distribución se apliquen las mismas restricciones legales y de propiedad que en la actualidad tiene el Gestor de la Red de Transporte: Red Eléctrica de España.

- Garantizar que durante el proceso de venta, la compañía Endesa cumple con sus obligaciones de inversión en el conjunto de la red de distribución, especificando que esa inversión se debe mantener en todas las zonas del territorio evitando problemas de suministro."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002667

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Mixto.

Proposición no de Ley sobre la privatización de la empresa pública "Paradores de Turismo de España".


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Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la presentación del Plan a que la misma se refiere se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de los Diputados del Partit Demòcrata, Carles Campuzano i Canadés y Jordi Xuclà i Costa, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, una Proposición no de Ley para la privatización de la empresa pública "Paradores de Turismo de España".

Exposición de motivos

Dos de los objetivos básicos de la política económica y social de un Estado europeo son: el primero, impulsar la actividad económica y el empleo y, el segundo, garantizar el funcionamiento de servicios básicos del Estado, como la inversión en infraestructura y de garantía del Estado del bienestar como: sanidad, educación, dependencia, cultura, pensiones, cobertura de desempleo entre otros servicios públicos.

¿Debe prestar el Estado servicios económicos de gestión hotelera y de restauración en una economía que si en algún sector destaca es en el turismo? Paradores de Turismo de España S. A., es una empresa pública, cuyo accionista único es la Dirección General de Patrimonio del Estado, es decir la Administración General del Estado, que cuenta con más de 95 establecimientos y con una oferta de alrededor de 10.000 plazas al año.

En sus orígenes, 1910, la existencia de Paradores podía tener sentido, puesto que la estructura hotelera existente en el conjunto del Estado era muy limitada, pero actualmente hay 1,4 millones de plazas hoteleras ofertadas, ¿qué pinta un operador público en esta realidad?

Más aún, si se analizan las cuentas anuales de Paradores. Los resultados acumulados de ejercicios anteriores registran unas pérdidas de 143,7 millones de euros, a pesar que en los dos últimos ejercicios registre beneficios. No tiene sentido alguno que el Estado destine esta magnitud de recursos públicos a sufragar pérdidas de una actividad económica como la turística, donde el sector privado es muy competitivo. Los recursos públicos por naturaleza son escasos y debe priorizarse su aplicación. El Estado debe financiar aquellas actividades y la prestación de aquellos servicios destinados a garantizar el Estado del bienestar, a financiar las necesarias infraestructuras o a financiar políticas que faciliten la creación de empleo.

Un ejemplo concreto de la incongruencia de la operatoria del Estado para estimular la actividad turística a través de Paradores podemos hallarla en el Parador de Aiguablava, donde en los últimos años se han invertido 2,6 millones de euros en su remodelación, de los cuales 650.000 euros se han destinado a renovar las cuatro suites que tiene el parador. Además este año se va a realizar una remodelación integral por un importe de 9,15 millones de euros, lo cual contrasta con las nulas o escasas inversiones efectuadas por el estado en los últimos años en la N-152 (Ribes de Freser-Guingueta d'Ix) o en la A-26 (Figueres-Besalú) o en el desdoblamiento de la N-II. ¿A qué responden estas prioridades?

Es cierto que una parte de los establecimientos de Paradores da uso a un patrimonio (castillos, monasterios y conventos, palacios, recintos históricos...), que de lo contrario estaría desaprovechado, pero ello podría perfectamente tener su continuidad mediante una gestión privada bajo la vigilancia de Patrimonio del Estado. Por otra parte, actualmente, un tercio de los establecimientos son de nueva construcción, lo cual está diluyendo Paradores de su estrecha relación con Patrimonio del Estado.


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La situación legal es que la titularidad de los terrenos y edificios donde están ubicados los paradores corresponde básicamente al Estado español. Paradores tiene una concesión que finaliza en 2070. Sin embargo, al tratarse de una empresa cuyo único accionista es el Estado, la finalización anticipada o cesión de la gestión por parte del mismo no presentaría ningún inconveniente.

Por todo ello, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata presentan la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar en el Congreso de los Diputados, en el plazo de seis meses un plan, que deberá contar con el acuerdo de las comunidades autónomas competentes en materia de turismo, para la privatización de la empresa pública "Paradores de Turismo de España, S. A.", garantizando la continuidad de la acción de conservación de patrimonio realizada hasta el momento."

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de agosto de 2017.-Jordi Xuclà i Costa, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/002642

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la actualización de la regulación sobre el control de las emisiones contaminantes procedentes del motor de los vehículos y al impulso de un pacto industrial por el automóvil y la movilidad sostenible, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

La contaminación asfixia las ciudades en España, un problema que amenaza con convertirse en estructural y que se ve agravado por estabilidad atmosférica y la falta de lluvias. Dieciocho ciudades españolas han superado en la última semana los límites de dióxido de nitrógeno o de concentración de partículas PM10 permitidos por la Unión Europea.

La capital de España es con diferencia donde más se han sobrepasado los límites horarios de dióxido de carbono -fijados en 200 microgramos por metro cúbico-, a lo que se añade también una gran concentración de micropartículas.

La estabilidad atmosférica registrada en las últimas semanas -caracterizada por la falta de lluvia- es responsable, según los expertos, de esta situación que pese a ser puntual, es solo el síntoma de un problema más profundo, de un problema estructural, que está llamado a agravarse ante las consecuencias del cambio climático.

Desde que entró en vigor la normativa europea, en 2010, Madrid y Barcelona han incumplido la tasa media permitida de NO2 -fijada en un límite de 40 microgramos por metro cúbico- sistemáticamente. Otras cinco áreas urbanas sobrepasaron este valor en 2016, según el Informe de evaluación de la calidad del aire en España: Granada y su área metropolitana, el Vallés-Baix Llobregat, el corredor del Henares (Comunidad de Madrid), Valencia y su área de influencia, y San Sebastián de la Gomera (Canarias).

No debemos olvidar que España incumple de manera sistemática la Directiva 2008/50/CE del Parlamento y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa desde su entrada en vigor.

En junio de 2015, la Comisión Europea inició un procedimiento formal de infracción por el incumplimiento por parte de España de la citada directiva en lo relativo a las valores de dióxido de nitrógeno (NO2) en Madrid, área de Barcelona y el Vallés-Baix Llobregat.

El pasado 15 de febrero, la Comisión Europea dio un paso más en el trámite sancionador al remitir al Gobierno de España el aviso definitivo requiriéndole para que en el plazo máximo de dos meses se


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responda al mismo con el plan de medidas encaminadas a reducir las emisiones y cumplir la Directiva. Hay que recordar que el dictamen motivado del citado aviso se emite si el Estado miembro no responde a la carta de emplazamiento emitida previamente, o si la respuesta no es satisfactoria y el resultado continúa siendo el incumplimiento de la normativa. De no resolverse este contencioso, la siguiente actuación sería la presentación de recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo a petición de la propia Comisión, que podría llegar a solicitar al Tribunal que imponga el pago de sanciones de forma coercitiva. El paso dado por la Comisión Europea viene a redundar sobre la urgente necesidad de actuar para proteger a la población frente a la contaminación del aire.

No olvidemos al respecto algunos datos. La contaminación del aire produce más de tres millones de muertes prematuras al año en todo el mundo. El doble de la mortalidad global atribuible a malnutrición materno-filial y la mitad de la atribuible al tabaco. Según la OMS cerca del 1,4 % de la mortalidad mundial está relacionada con la contaminación atmosférica, en España la contaminación del aire provoca 30.000 muertes anuales. Según la OCDE tiene un coste de aproximadamente el 1 % del PIB mundial, es decir, 2,6 billones de dólares (2,3 billones de euros) cada ejercicio.

En este contexto, durante la X legislatura, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente impulsó la redacción de un Real Decreto por el que se regulan las emisiones de contaminantes procedentes de los motores de los vehículos que circulan por la vía pública, que duerme el sueño de los justos tras concluir el 18 de enero de 2014 el trámite de participación pública.

En la Exposición de motivos del proyecto de este real decreto se apuntaban textualmente los siguientes aspectos:

"La mejora de la calidad del aire se considera una línea fundamental en la política ambiental del Gobierno, por los efectos que la contaminación atmosférica puede producir sobre la salud humana y los ecosistemas. Durante los últimos años se han realizado importantes esfuerzos para reducir las emisiones de contaminantes a la atmósfera, pero aún existen retos en materia de la calidad del aire que deben formar parte de las prioridades en la agenda política de las administraciones públicas."

"Tras el análisis de la situación actual de la calidad del aire en España se pone de manifiesto, sobre todo en ambientes urbanos, la necesidad de reducir la concentración de partículas y dióxido de nitrógeno. La principal fuente de emisión de ambos contaminantes es el tráfico de vehículos que se concentra principalmente en las grandes ciudades."

"El Decreto 3025/1974, de 9 de agosto, sobre limitación de la contaminación atmosférica producida por los vehículos automóviles, dictado en desarrollo de la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico, es una norma en la que muchos de sus preceptos se entienden tácitamente derogados o bien se encuentran en desuso, impidiendo que pueda servir de base para un adecuado control de las emisiones de los vehículos a motor"

"Todo ello hace necesario un nuevo real decreto que establezca el marco normativo para una adecuada inspección de las emisiones de vehículos, y se derogue el Decreto 3025/1974, de 9 de agosto."

"... en este real decreto se establece la posibilidad de que el control de emisiones se realice, no sólo por medio de agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico, sino también mediante equipos de medición remota. Esto supone la posibilidad de automatizar el control de las emisiones de contaminantes procedentes de los motores de los vehículos, algo ya previsto para los vehículos industriales que circulan en territorio español."

La realidad hace más apremiante que nunca una política transversal y estructural del Gobierno para luchar decididamente contra este grave problema nocivo para la salud de los ciudadanos. Y, en este sentido, la aprobación de esta normativa, aunque ya llega tarde, se hace imprescindible.

Cuando el Gobierno dice encontrarse embarcado, como prioridad medioambiental y energética, en la elaboración de una ley de cambio climático y transición energética, cuando en el seno de la Unión Europea se está negociando la reforma de la normativa comunitaria sobre los niveles de contaminación permitidos a los automóviles y mientras las grandes ciudades españolas superan los niveles de contaminación permitidos por la Unión Europea y la capital de España sufre restricciones de tráfico por alertas de contaminación, es preciso que nuestro país emita señales inequívocas de rigor y transparencia en este ámbito. De modo que, desde la asunción del problema de la contaminación atmosférica y sus efectos como una cuestión de Estado, es preciso garantizar la salud de los ciudadanos como criterio motor de actuación política en este ámbito.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la presente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Regular las emisiones contaminantes atmosféricas procedentes de los vehículos de motor, actualizando la normativa contenida en el Decreto 3025/1974, de 9 de agosto, sobre limitación de la contaminación atmosférica producida por los vehículos automóviles.

2. Defender, en el seno de la Unión Europea, y en el curso de las negociaciones sobre la nueva normativa europea sobre los niveles de contaminación permitidos a los automóviles, medidas de control y transparencia real, en defensa de la salud de los ciudadanos.

3. Impulsar, en colaboración con todos los agentes económicos y sociales implicados, un pacto industrial por el automóvil y la movilidad sostenible, que siente las bases para un futuro real, sostenido y sostenible de este sector industrial en nuestro país, en garantía del mantenimiento de su competitividad internacional."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2017.-Gonzalo Palacín Guarné y Carlota Merchán Mesón, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002654

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la recuperación del Real de la Almadraba de Nueva Umbría en el término municipal de Lepe (Huelva), para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El Real de la Almadraba de Nueva Umbría constituyó durante el siglo pasado un importante asentamiento rural vinculado a la pesca del atún rojo, ubicado en un paisaje único en España que se extiende a lo largo de la desembocadura del río Piedras, donde los aportes de materiales provenientes del cauce fluvial junto con la influencia de las mareas ha dado origen a un sistema de marismas y a una particular formación arenosa cuyo crecimiento estimado de 40 metros anuales alcanza ya unos diez kilómetros paralela a la costa occidental de Huelva denominada flecha de El Rompido en el término municipal de Lepe. Pertenece a la Eurorregión Alentejo, Algarve y Andalucía donde el fomento de la competitividad, promoción del empleo, medio ambiente, patrimonio, entorno natural, accesibilidad, ordenación territorial y fomento de la integración económica y social de la zona fronteriza son prioritarias en los planes de trabajo de la Unión Europea.

La singularidad de este enclave situados en dominio público marítimo terrestre ha motivado su inclusión en la Red Natura 2000 (ES615006) y en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía como Paraje Natural de Marismas del Río Piedras y Flecha de El Rompido. Debido a su interés etnológico el conjunto del Real de la Almadraba de Nueva Umbría ha merecido su reciente inscripción como Bien de Interés Cultural.

La apasionante historia de El Real de la Almadraba de Nueva Umbría se inicia en uno de los períodos más significativos y determinantes en la evolución histórica de la pesca del atún y el armamento de almadrabas, determinado por la concesión de privilegios para su explotación que en 1294 el rey Sancho el Bravo concedió a Alonso Pérez de Guzmán y a sus descendientes, Condes de Niebla y Duques de Medina Sidonia como pago por los servicios prestados a la corona. Desde ese año hasta su abolición en 1817 por orden de Fernando VII esta casa ducal gozó del monopolio exclusivo en lo relativo a la explotación y arrendamiento de las almadrabas que resultó especialmente significativo, pues la transcendencia de la almadraba de Nueva Umbría no se entendería sin la permanencia a lo largo de los siglos de la almadraba del Terrón o de la Tuta de la cual es heredera directa. Este hito supuso una proliferación de las almadraberas


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que lejos de suponer un apogeo de este antiguo arte de pesca, dio paso a un período de declive, en gran medida debido a las cifras de capturas y al gran descenso en la demanda. La segunda mitad del siglo XIX supuso el resurgir de la pesca en las costas onubenses debido a la importante industria de transformación de pescado en las poblaciones de Isla Cristina y Ayamonte. Posteriormente, el período de bonanza se prolongó durante las dos primeras décadas del siglo XX, aunque dicha situación se vio truncada a raíz del preocupante descenso en las capturas de túnidos. Finalmente, el período de funcionamiento correspondiente al Consorcio Nacional Almadrabero se prolongó desde 1929 a 1963, período de especial prosperidad para la Almadraba que la situó entre las tres primeras del consorcio en cuanto a cifras de capturas de atún rojo. Los malos resultados a partir de 1960 conducen a una crisis con carácter definitivo que culmina con la disolución del Consorcio Nacional Almadrabero en 1972.

El Real de la Almadraba de Nueva Umbría con una extensión de 49 ha se estructura en un conjunto de instalaciones construidas a finales de la década de 1920 por el Consorcio Nacional Almadrabero siendo hasta su cierre en el año 1963 el máximo exponente del sistema productivo almadrabero del litoral onubense, primero en importancia por el número de capturas -la tercera a nivel andaluz-. Este patrimonio construido estaba destinado tanto a las labores pesqueras como al uso habitacional de la nutrida mano de obra que se precisaba durante el periodo de máxima actividad de captura del atún, organizándose en torno a tres áreas fundamentales:

La primera de ellas corresponde con la zona de administración, donde se encuentra la casa del capitán, uno de los edificios más nobles del conjunto, que albergaba a su vez la vivienda del capitán, su familia y la oficina del administrador de tierra. Se sitúa en una posición estratégica que permitía desde una torre vigía de planta cuadrangular el control visual sobre la ría, el resto del real e incluso sobre la propia almadraba calada frente a la costa oceánica de la flecha.

La segunda, el área de trabajo y almacenamiento queda conformada por el conjunto de edificaciones netamente industriales, además de una serie de espacios no edificados destinados a la disposición del arte y pertrechos y a las diversas labores de mantenimiento y reparación de los mismos. La serie de inmuebles que conforman esta área son el embarcadero, caseta de gasoil, calderas y chimenea, alquitranero, nave de almacenamiento y escurridero.

La tercera y última área, que corresponde con la zona de habitación, está integrada por once barracones construidos en diferentes fases. De ellos nueve se conservan aún en pie, los dos ubicados más al sur, realizados en madera, tan sólo se conservan a nivel de cimentación. Estaban destinados a albergar a los almadraberos y sus familias, quedando ciertos espacios reservados para albergar servicios tales como la barbería, la escuela o el botiquín.

Tal vez su ubicación aislada fuera de actuaciones urbanísticas ha podido ser la causa de que todavía se conserven estas instalaciones, circunstancia que no ha impedido el deterioro provocado por el paso del tiempo, las acciones vandálicas y la ausencia de iniciativas públicas.

Desde organizaciones no gubernamentales, plataformas vecinales y sectores especialistas en patrimonio histórico se considera urgente que las administraciones intervengan para atajar este deterioro mediante fórmulas imaginativas de colaboración en un modelo de turismo sostenible.

La vigente normativa estatal en materia de costas determina entre sus fines la garantía del uso público del mar y la utilización racional de los bienes de dominio público marítimo terrestre en términos acordes con su naturaleza, sus fines y con el respeto al paisaje, al medio ambiente y al patrimonio histórico por lo que en este proceso de recuperación y búsqueda de la mejor solución, en el diseño que deben tener las distintas administraciones, corresponde en primera instancia como administración sustantiva al Gobierno de España.

Cabe citar como ejemplo de puesta en valor del patrimonio histórico la actuación impulsada por la Administración portuguesa en la antigua almadraba de la playa do barril en el Algarve, donde las instalaciones abandonadas igualmente en la década de 1960 se han incorporado cuidadosamente a las instalaciones turísticas de la playa en un modelo a seguir por sus efectos positivos en la generación de empleo, accesibilidad universal y de compatibilidad con la naturaleza.

Su recuperación representa una oportunidad de desarrollo con potenciales y retos compartidos en su desarrollo en un ámbito geográfico de influencia en los municipios de Lepe, Cartaya, Punta Umbría, Huelva, Isla Cristina y Ayamonte en lo que constituye una población beneficiada cercana a los 250.000 habitantes. Así mismo, en la justificación y oportunidad de la recuperación directa de este hito del paisaje costero onubense debe recalcarse su situación legal amparada por todas las cuestiones relativas a su


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coordinación con la planificación territorial y la normativa sectorial autonómica y la estatal de directa aplicación como la de Costas, así como de la actual ordenación urbanística del municipio de Lepe.

Por ello entendemos que este proyecto de recuperación es aprovechar un recurso que tenemos como fuente de nuevas actividades económicas que serán generadoras de empleo para lo local, la provincia de Huelva ha hecho un gran esfuerzo turístico de mano de las empresas privadas, que tiene que verse compensada con la inversión pública para seguir generando empleo estable en un sector que está marcado gravemente por la estacionalidad, con acciones como esta, la administración debe contribuir a romperla a generar riquezas. La provincia de Huelva cuenta con 30.000 plazas hoteleras de cuatro y cinco estrellas, que solo se ocupa el 40% del año, con la consecuente pérdida de empleo que conlleva, el llevar a cabo actuaciones que creen sinergia y a la vez ponga en valor el patrimonio etnológico puede suponer una apuesta firme por empleo directo estable en una provincia donde la inversión media por habitante en los últimos diez años es de 84,2 euros por habitante, cuando la media andaluza esta en 428 euros/habitante.

Finalmente, en la máxima de que no se estima lo que no se conoce y, en consecuencia, ni se valora, ni se conserva, esta proposición pretende propiciar el proyecto concreto de su recuperación, contribuyendo de manera decida a la conservación, mantenimiento y puesta en valor de los recursos patrimoniales y territoriales que lo integran.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Emprender las actuaciones necesarias a financiar en el marco integrador de los planes de desarrollo rural y en los objetivos prioritarios de la Unión Europea relativo a los estudios e inversiones vinculados al mantenimiento, la recuperación y la rehabilitación del patrimonio cultural y natural de las poblaciones, de los paisajes rurales y de las zonas de alto valor natural, incluidos sus aspectos socioeconómicos y de iniciativas de sensibilización ecológica.

2. Elaboración de un estudio de viabilidad para recuperar y poner en valor el Real de la Almadraba de Nueva Umbría en el término municipal de Lepe (Huelva).

3. Poner en marcha un proyecto de recuperación del Real de la Almadraba de Nueva Umbría.

4. Elaborar un Plan de Uso donde se contemple el contenido, la gestión y mantenimiento del Real de la Almadraba de Nueva Umbría."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2017.-Josefa Inmaculada González Bayo y José Juan Díaz Trillo, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002657

A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta, para su debate en Comisión, la siguiente Proposición no de Ley sobre el reparto equitativo de la cuota de atún rojo entre los distintos segmentos de flota que componen el "censo específico" del Plan de Pesca Nacional.

Exposición de motivos

La Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA), reunida en Marrakech (Marruecos) del 14 al 22 de noviembre de 2017, acordó el aumento gradual del total admisible de capturas (TAC) de atún rojo en 13.295 toneladas durante los próximos tres años, partiendo de las 22.705 toneladas establecidas para la campaña de pesca de 2017, hasta llegar a las 36.000 toneladas en el año 2020.


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Este significativo aumento gradual de un 58,6 % sobre el TAC de 2017 supondrá un inmediato incremento de la cuota de atún rojo correspondiente a España en 756,71 toneladas para 2018 (desde 4.243,57 toneladas de cuota de 2017, hasta llegar a 5.000,28 toneladas en 2018).

En relación al reparto nacional de esta nueva cuota de atún rojo, el Gobierno del Estado ha reconocido recientemente, en los documentos de trabajo correspondientes a la iniciativa reglamentaria para la modificación del plan de pesca de esta especie, e incluso en el borrador de reglamento sometido a información pública, la existencia de razones objetivas que justifican el incremento de la cuota correspondiente a la flota atunera con base en Canarias, tras admitir la existencia de capturas medias (acreditadas oficialmente) de más de 500 toneladas anuales antes del desplome de la pesquería en el archipiélago, como consecuencia de la sobrepesca que se produjo en los años 70 y 80.

El reconocimiento de estos niveles históricos de capturas obligan al Gobierno del Estado a aplicar, en beneficio de la flota atunera canaria, los mismos criterios de reparto que el Plan de Pesca Nacional ha venido empleando hasta ahora para las restantes 5 flotas actualmente incluidas en el denominado "censo específico de la flota autorizada para el ejercicio de la pesca de atún rojo", pues ello viene obligado por el Reglamento (UE) 2016/1627 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016, relativo a un plan de recuperación plurianual para el atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 302/2009 del Consejo, cuyo artículo 8 se expresa según el siguiente tenor literal:

"De conformidad con el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, al asignar las posibilidades de pesca que tengan a su disposición, los Estados miembros aplicarán criterios transparentes y objetivos, incluidos aquellos de carácter medioambiental, social y económico, y se esforzarán por distribuir equitativamente las cuotas nacionales entre los distintos segmentos de flota teniendo en cuenta la pesca tradicional y artesanal y ofrecer incentivos a los buques pesqueros que utilicen artes de pesca selectivos o técnicas de pesca con un reducido impacto ambiental."

Cabe recordar que, tanto el referido Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, como el propio Reglamento (UE) 2016/1627, tienen "un alcance general", siendo "obligatorio[s] en todos sus elementos y directamente aplicable[s] en cada Estado miembro", según dispone el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); además de ello, el Estado español viene obligado a adoptar todas las medidas de Derecho interno necesarias, tanto para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión (art. 4.3 del Tratado de la Unión Europea) como para garantizar la ejecución de sus actos jurídicamente vinculantes (art. 291.1 TFUE).

Sin embargo, a pesar de lo aquí expuesto, el Gobierno del Estado ha expresado recientemente su intención de repartir las 5.000,28 toneladas de atún rojo que corresponderán a España en el año 2018, sin modificar el vigente Plan de Pesca Nacional regulado por la Orden APM/264/2017, de 23 de marzo, conculcando de tal forma lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento (UE) 2016/1627, en perjuicio de la flota atunera con base en Canarias.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:

Adaptar el Plan de Pesca Nacional de atún rojo, antes del comienzo de la campaña de 2018, distribuyendo equitativamente la cuota nacional entre las seis flotas que componen actualmente el denominado "censo específico de la flota autorizada para el ejercicio de la pesca de atún rojo", aplicando criterios transparentes y objetivos, sin diferencias de trato discriminatorias que perjudiquen a la flota atunera con puerto base en la Comunidad Autónoma de Canarias."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2017.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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161/002671

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Enric Bataller Ruiz, Diputado de Compromís, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el uso responsable de las toallitas húmedas, para su debate en la Comisión de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación.

Exposición de motivos

Los toallitas húmedas, ya sean para bebé, desmaquillantes o higiénicas, se han convertido en el principal problema para el alcantarillado de muchas ciudades del mundo: año tras año generan miles de millones de euros en gastos extra, además de problemas medioambientales.

Mientras que el papel higiénico se desintegra en el agua casi por completo (95 %) en solo media hora, las toallitas húmedas se disgregan sólo un 36 % después de dos días en el agua. Esta escasa y lenta desintegración tiene consecuencias mayores de las que a priori podría parecer, ya que al desecharse en los inodoros propician atascos en los desagües con el correspondiente impacto en la economía doméstica. Además, están afectando a las redes de saneamiento y al funcionamiento de las depuradoras lo que provoca pérdidas de 200 millones de euros al año en España según datos de AEAS (Asociación Española de Abastecimientos de Aguas y Saneamiento). Esto supone al menos 5 euros al año por hogar en la factura del agua (desatascos de cañerías aparte).

Así, dichas toallitas no se deshacen tan rápido como sería necesario, se convierten antes en un amasijo de fibras que se unen entre sí hasta crear una enorme bola a la que se adhieren jabones y grasas. Y crean grandes tapones muy difíciles de deshacer, generando grandes atascos. En las últimas semanas se han retirado auténticos monstruos de las alcantarillas de ciudades como Valéncia, con una obstrucción en el colector norte de la ciudad de un kilómetro de largo, San Sebastián (la madeja pesaba 100 toneladas y medía 75 metros de largo) o de Londres, en el Reino Unido, con 130 toneladas de peso y tan largo como dos campos de fútbol.

En cuanto a la normativa, ya en 2015, el Ayuntamiento de Valéncia aprobó una Ordenanza de Saneamiento que incluía la prohibición de tirar toallitas húmedas al inodoro, estableciendo sanciones que oscilan entre los 750 euros (infracción leve) y de 1.500 a 3.000 (aplicables a las faltas graves o muy graves). A pesar de estas sanciones disuasorias, cada año se retira de la red de saneamiento de Valencia unas 150 toneladas de toallitas higiénicas. La gran mayoría de toallitas no son biodegradables, a pesar de que las vendan como tales, generando graves perjuicios para el medio ambiente.

Además de los atascos que producen, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha demostrado que las fibras sintéticas que contienen las toallitas pasan al agua residual, con lo que estaríamos contribuyendo a la contaminación de los ecosistemas con microplásticos. Ya se han comenzado a observar los primeros efectos, el Instituto Español de Oceanografía ha revelado que uno de cada seis peces comestibles contiene microplásticos en sus estómagos.

Por todo ello, presentamos la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso insta al Gobierno a:

1. Realizar y promover campañas de sensibilización y concienciación ciudadana, en colaboración con las Comunidades Autónomas y municipios, sobre el buen uso de las redes de saneamiento, y las consecuencias del uso inadecuado de toallitas húmedas y otros elementos difícilmente fragmentables o degradables.

2. Legislar a nivel estatal para exigir a los fabricantes de toallitas que se realicen pruebas de disgregación y degradabilidad sobre la toallita en su conjunto, y no sobre sus fibras por separado.

3. Adaptar la normativa europea y estatal para que en el etiquetado de las toallitas desechables aparezca expresamente la prohibición expresa de no tirar al inodoro dichas toallitas, y la obligación de tirar al contenedor de restos o a una papelera, así como informar sobre sus efectos adversos si éstas se arrojan al inodoro."

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2017.-Enric Bataller i Ruiz, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.


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161/002672

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Enric Bataller i Ruiz, Diputado de Compromís, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de apoyo a los productores de cava valencianos, para su debate en la Comisión de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación.

Exposición de motivos

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Cava ha solicitado al Gobierno de España limitar la superficie de cultivo, restringiendo la plantación de nuevas cepas de viña para producir cava y el proceso de reconversión de viñedos, dando paso así a la posibilidad de limitar la producción del sector en Requena (València). Esta limitación, tal y como vienen advirtiendo las organizaciones agrarias y las empresas del sector, afecta a las inversiones ya realizadas en el territorio valenciano y puede poner en riesgo los planes de viabilidad de bodegas y cooperativas vinícolas.

Así mismo, tal y como ha puesto de manifiesto el Gobierno valenciano, el hecho de introducir estas restricciones puede poner en riesgo la economía local y las perspectivas de desarrollo rural de municipios como Requena y su comarca.

Por todo ello, presentamos la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso insta al Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a:

1. Permitir la plantación de las hectáreas de viñedo ya comprometidas en el actual Plan de Reestructuración de Viñedo que finaliza en el primer semestre del 2018.

2. Permitir la plantación de viñedo para la DO Cava después del 2018 en línea con el aumento de la demanda de cava que se vaya produciendo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2017.-Enric Bataller i Ruiz, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/002640

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del, Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley de medidas que permitan fomentar la estabilidad laboral y la creación de empleo en el sector dedicado a prestar servicios de peluquería, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

La aplicación de un IVA al 21 % para los servicios de peluquería realizada por el Gobierno del Partido Popular en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, supuso un incremento de 13 puntos en la prestación de este tipo de servicios, afectando gravemente a la supervivencia de muchas pequeñas y medianas dedicadas a esta actividad.

Todas las organizaciones representativas del sector han manifestado públicamente que el Gobierno, con la medida adoptada, demostró un total y absoluto desconocimiento de la realidad del sector de la


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peluquería. Como consecuencia de la medida adoptada por el Gobierno, solo en el primer semestre de 2013, 8.000 negocios dedicados a prestar servicios de peluquería tuvieron que cerrar sus puertas en España, el 20 % del total, y la mayoría de ellos regentados por mujeres. El volumen de negocios de las peluquerías españolas ha caído desde los 5.000 millones al año que se registraban en 2011 hasta los 3.200 millones en 2016, cerca de un 34 % menos de facturación. Los ingresos brutos medios por salón de peluquería han pasado de los 100.000 euros al año en 2011 a los 65.000 euros actuales.

Ante el incremento de la carga impositiva, el 72 % de las empresas del sector decidió asumir total o parcialmente el impacto de la subida del IVA. En un sector tremendamente competitivo, con un margen de beneficio muy reducido y unos gastos de personal que se aproximan al 50 %, esto ha supuesto, según ANEIP, la destrucción de más de 34.000 puestos de trabajo. Lo que ingresa el Ministerio de Hacienda vía impuestos con la subida del IVA se ha perdido, por otro lado, en mantenimiento y creación de empleo o bien en que estos empleos pasen a la economía sumergida.

La situación es dramática para los que viven de esta profesión y necesitan urgentemente estímulos para una actividad con capacidad para crear empleo neto. En un contexto de crecimiento económico, la reconsideración de seguir aplicando un IVA del 21 % y volver a aplicar el tipo reducido del 10%, redundaría en un claro estímulo para el sector; permitiría el sostenimiento económico de las empresas, la creación de empleo, especialmente femenino, y un beneficio para los consumidores que redundaría en un incremento de la actividad.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar medidas que permitan fomentar la estabilidad laboral y la creación de empleo en el sector dedicado a prestar servicios de peluquería y para ello:

- Analizará el impacto que han tenido las medidas aprobadas en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad en relación con el empleo y la creación de Pymes en el citado sector.

- Reconsiderará la aplicación del tipo del tipo general del IVA del 21 % a los servicios de peluquería y volver a aplicar el tipo reducido del IVA del 10 % a dichos servicios."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2017.-Victoria Begoña Tundidor Moreno, María Jesús Serrano Jiménez, Miguel Ángel Heredia Díaz y Artemi Rallo Lombarte, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002650

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el desarrollo de medidas para alertar a los consumidores sobre los efectos del uso y desecho inadecuado de las denominadas "toallitas húmedas", para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Motivación

El uso de las toallitas húmedas para usos higiénicos (cuidados de bebés 1 y de adultos), para desmaquillarse, para limpiar las gafas, limpieza del hogar, etc., llamadas "desechables", está generando un grave problema medioambiental debido a los atascos provocados en los hogares y a las consecuencias en las redes de saneamiento de muchas ciudades españolas, que afectan incluso a las depuradoras, así como al mar y a los ríos, con el consecuente perjuicio económico y medioambiental que ello origina, e incluso de salud pública.

Según datos de AEAS (Asociación Española de Abastecimientos de Aguas y Saneamiento), este problema provoca pérdidas de 200 millones de euros al año en España, al menos 5 euros al año por hogar en la factura

1 En 2014, se vendieron en España 43 millones de paquetes.


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del agua (desatrancos de cañerías aparte). En toda la Unión Europea el daño que provocan las toallitas ronda los 1.000 millones de euros al año. El ciclo integral de la gestión del agua desde el abastecimiento hasta el saneamiento de las aguas residuales tiene un coste aproximado de 100 euros por persona y año, de los que 40 euros corresponden al tratamiento de las aguas residuales y, solo las toallitas, implican entre 4 y 6 euros.

El consumidor utiliza este producto y lo desecha por el WC llevado por la engañosa información que proporciona el etiquetado como producto desechable y biodegradable. Mientras que el papel higiénico se desintegra en el agua casi por completo (95 %) en media hora, las toallitas húmedas se disgregan sólo un 36 % después de dos días en el agua. Al desecharse equivocadamente en los inodoros, su escasa y lenta desintegración tiene otras consecuencias, además de generar atascos en desagües y depuradoras. Las sustancias que impregnan el tejido (conservantes, surfactantes, hidratantes, etc), inhiben la acción de las bacterias responsables de la descomposición de la celulosa y acaban disueltas en las aguas residuales aumentando la contaminación química de los ríos y en las costas, lo que se ha podido comprobar merced a un reciente estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Además, este comportamiento de las fibras sintéticas que acompañan siempre a la celulosa, pasan al agua residual contribuyendo a la contaminación de los ecosistemas con microplásticos. Según el Instituto Español de Oceanografía uno de cada seis peces comestibles contiene microplásticos en sus estómagos.

Estas toallitas bien utilizadas son un elemento de confort, pero su mal uso comporta un daño económico, medioambiental y a la salud pública que debe de ser evitado a través de una serie de medidas que permitan, por un lado, ofrecer información veraz y concienciar a los consumidores sobre las consecuencias de su mala utilización y, por otro, verificar que sus características se adecuan a la información suministrada sobre el producto.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, a:

1. Desarrollar, en el plazo de seis meses, una campaña institucional destinada a alertar a los consumidores sobre las consecuencias medioambientales que provoca el uso inadecuado de las toallitas húmedas, haciendo especial hincapié en recomendar su uso ocasional y en que no deben de arrojarse al inodoro, sino desecharse en la basura o en los contenedores de reciclaje para papel.

2. Obligar a que, en el etiquetado de estos productos, se advierta siempre, de forma destacada, que no deben tirarse por el inodoro por el peligro de atasco en cañerías y depuradoras y que deben ser desechados en la papelera o en la basura, prohibiendo la utilización de mensajes que induzcan al consumidor a considerar estos productos como sostenibles, biodegradables o similares al papel higiénico.

3. Establecer pruebas estandarizadas de disgregación y biodegradabilidad, y que éstas se hagan sobre las toallitas tal y como las adquieren los consumidores."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2017.-Victoria Begoña Tundidor Moreno, Pere Joan Pons Sampietro, Miriam Alconchel Gonzaga, Susana Sumelzo Jordán, María Jesús Serrano Jiménez, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Marta Sorlí, Diputada de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el suministro del Nusinersen/Spinraza por parte de la Agencia Estatal del Medicamento para mejorar la vida de las personas que padecen Atrofia Medular Espinal 5Q, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.


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Exposición de motivos

La Atrofia Muscular Espinal es una enfermedad de origen genético sobre la que se estima que existen 1.500 familias que tienen o han tenido parientes afectados en el Estado español. La enfermedad está relacionada con un defecto en el cromosoma 5Q y los síntomas suelen aparecer poco después del nacimiento. Es una enfermedad considerada como "rara", neurogenerativa y neuromuscular. En concreto, dicha dolencia afecta a las neuronas motoras del asta posterior de la columna vertebral, causando gran debilidad y falta de fuerza muscular principalmente a bebés y niños. Existen cuatro tipos de AME, siendo el tipo I el más grave e incluso mortal; y el tipo IV el más leve.

En la actualidad no existe una cura definitiva. Durante los últimos años se ha avanzado mucho en la investigación y en la técnica para aliviar o retrasar el progreso de la enfermedad, con terapias rehabilitadoras y ocupacionales; y con el medicamento Spinraza (anteriormente denominado Nusinersen).

El pasado 21 de abril de 2017, el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) recomendó la autorización de comercialización de Nusinersen/Spinraza para el tratamiento de todos los afectados por Atrofia Muscular Espinal en cualquier tipología de la enfermedad.

Consideramos que el Estado español debe de garantizar el acceso al fármaco Nusinersen/Spinraza a toda persona afectada por la enfermedad de Atrofia Muscular Espinal y por ello, presentamos la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso insta al Gobierno a que:

1. La Agencia del Española del Medicamento autorice el fármaco Nusinersen/Spinraza y asegure que las Comunidades Autónomas dispongan de la financiación suficiente para poder hacer frente al coste del mismo.

2. El Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales negocie y llegue lo antes posible a un acuerdo sobre el precio del fármaco Nusinersen/Spinraza con el laboratorio que suministra el medicamento para que pueda ser distribuido a los pacientes diagnosticados con Atrofia Muscular Espinal 5Q."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2017.-Marta Sorlí Fresquet, Diputada.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de ley sobre medidas para revertir el impacto negativo sobre la salud y las desigualdades producidas como consecuencia de las políticas adoptadas frente a la crisis, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

La crisis económica experimentada en España ha tenido un efecto negativo sobre la salud, la cual se ha visto agravada por las políticas de debilitamiento del estado social y de los derechos ciudadanos, y por las políticas económicas y laborales que han precarizado el empleo y extendido la pobreza.

En su informe de 2014 sobre el impacto de la crisis en la salud, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria concluye que:

- Hay evidencia de la relación de la crisis con la salud de la población española y con las desigualdades en salud, siendo la más sólida la referida a la salud mental, la mortalidad y la salud reproductiva.

- La evidencia del impacto de la crisis en algunos determinantes de la salud es muy abundante, empezando por el grave deterioro del mercado laboral y específicamente las altas tasas de desempleo, pero también por el aumento del trabajo atípico. Así mismo han aumentado las dificultades de acceso a la vivienda y a una alimentación suficiente y saludable.


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- Los grupos en que se acumula una situación de desventaja son las personas desempleadas, las inmigrantes (en especial las que están en situación irregular), la infancia, las personas mayores y las personas con bajos ingresos.

Otros informes internacionales corroboran este mismo panorama. Un estudio publicado por la OCDE sobre el impacto de la crisis económica, sobre los sistemas de salud en 2014 alerta en el caso de España de las dificultades de acceso a los servicios sanitarios, de las personas más frágiles y el rápido incremento de las listas de espera. Un estudio publicado en el British Medical Journal en 2016 sobre el impacto de la crisis sobre la salud en Europa, pone el acento sobre el crecimiento de los problemas de salud mental y los suicidios en España.

Aun cuando son los determinantes sociales de la salud los factores más importantes a la hora de explicar el estado y desigualdades de salud de la población; es cierto que el acceso, la equidad y la calidad de los servicios sanitarios permiten corregir parte de esas desigualdades y recuperar a muchas personas de la enfermedad.

Pues bien, las políticas sanitarias adoptadas por el Gobierno a partir de 2011 están debilitando gravemente el Sistema Nacional de Salud. El Real Decreto-ley 16/2012 fue un duro golpe para el Sistema Nacional de Salud. Supuso retirar el derecho a una tarjeta sanitaria a 800.000 personas (según el último Informe de Amnistía Internacional), y obligar a los pensionistas a pagar por sus medicinas. Pensionistas que ven como el coste de la vida sube más que sus pensiones, al tiempo que además se les obliga a pagar por sus medicinas, o aumentar sus pagos por los servicios de ayuda a la dependencia. Listas de espera quirúrgicas que suman ya más de 600.000 personas, y que, lo que aún es más grave, pacientes que cada día deben esperar más. Por primera vez desde hace más de una década el Gobierno de España va a dedicar a inversión pública en salud menos del 6 % del PIB, y tiene previsto en los próximos años seguir disminuyendo esa inversión.

Además, las personas cuya atención sanitaria permanece como responsabilidad del Gobierno de España a través del INGESA en las ciudades de Ceuta y Melilla reciben una atención sanitaria muy por debajo del que recibe el resto de la población española. Los profesionales de estas ciudades son insuficientes, y sus condiciones de trabajo y desarrollo poco atractivas, muchas infraestructuras y equipamientos son obsoletos, inversiones paralizadas, se retrasa la implantación de programas de prevención como los cribados. Y así una larga lista de deficiencias.

Otro colectivo cuya atención sanitaria sigue bajo responsabilidad del Gobierno de España, continúa pendiente de ver su atención equiparada al del resto de ciudadanos mediante la integración de la sanidad penitenciaria en los correspondientes servicios autonómicos de salud. Y mientras tanto, conocemos que se les restringen el acceso a tratamientos para la curación de sus enfermedades, como es el caso del tratamiento de la hepatitis C.

Por ello resulta urgente, tomar diversas medidas que tienen el objeto de fortalecer y hacer más igualitario el Sistema Nacional de Salud.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Recuperar el carácter universal del derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria, impulsando la derogación de las limitaciones establecidas al efecto en el Real Decreto-ley 16/2012 y no obstaculizando la tramitación de las iniciativas legislativas presentadas con este fin.

2. Desistir o retirar cuantos recursos jurídicos tenga planteados frente a normas o actuaciones de las Comunidades Autónomas, que tengan como objetivo recuperar la universalización de la asistencia sanitaria pública y las subvenciones a la población de menos renta por copagos farmacéuticos.

3. Acordar con las Comunidades Autónomas, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, un acuerdo sobre financiación autonómica que incluya un escenario plurianual de suficiencia del gasto sanitario público y mejoras en los instrumentos de nivelación entre territorios y una actualización de los criterios de cálculo de población ajustada, en el ámbito sanitario, rechazando la incorporación de nuevos copagos.

4. Suprimir los copagos sanitarios y en los servicios de ayuda a la dependencia introducidos por el Gobierno mediante el Real Decreto-ley 16/2012 y el Real Decreto-ley 28/2012.


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5. Recuperar en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 un Fondo de Cohesión Sanitaria dotado con la misma cantidad que en 2011 (87,2 M?) para llegar al final de la Legislatura a 150 M?.

6. Desarrollar reglamentariamente el Fondo de Garantía Asistencial en su totalidad con el fin de asegurar la justa compensación entre territorios por la asistencia que prestan a ciudadanos de otras comunidades, promover la cooperación en la prestación de servicios sanitarios de alta tecnología y de proximidad entre territorios y potenciar los Centros de Referencia del Sistema Nacional de Salud.

7. Incluir en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 un Fondo de Innovación que coadyuve a las Comunidades Autónomas en la financiación de nuevos tratamientos, que aportando un valor terapéutico contrastado, suponga un impacto imprevisto sobre los presupuestos sanitarios, o corresponda a tratamientos que a pesar de su relativo alto coste-efectividad se decida en el Consejo Interterritorial su financiación pública (medicamentos huérfanos de alto coste por ejemplo).

8. Acordar con las CC.AA., en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, un plan para reforzar la Atención Primaria de Salud, actualizando la Estrategia para la Mejora de Atención Primaria en el siglo XXI (Proyecto AP 21) y el decálogo por una Atención Primaria de Calidad, elaborado por las Asociaciones científicas y profesionales de esta especialidad.

9. Dotar en los PGE-2018 de los recursos presupuestarios a INGESA necesarios para reducir la brecha en la cobertura y acceso a servicios de la que gozan los ciudadanos de Ceuta y Melilla, incluyendo la dotación en condiciones de igualdad al resto de España de recursos profesionales, servicios asistenciales de referencia y dotación de infraestructuras y equipamientos sanitarios.

10. Proceder a transferir la sanidad penitenciaria a todas las CC.AA. antes de finalizar la presente Legislatura, asignando una financiación ajustada al coste real, y, mientras tanto, asegurar el mismo acceso de la población reclusa a la cartera común de servicios y tratamientos farmacológicos que el resto de la ciudadanía."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2017.-Jesús María Fernández Díaz, Patxi López Álvarez, Pere Joan Pons Sampietro, Miriam Alconchel Gonzaga, María Guadalupe Martín González, Elvira Ramón Utrabo, Luis Carlos Sahuquillo García, Esther Peña Camarero, Lídia Guinart Moreno, Victoria Begoña Tundidor Moreno, Carlota Merchán Mesón, María Aurora Flórez Rodríguez, Ricardo Cortés Lastra y Susana Sumelzo Jordán, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Cultura

161/002656

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de Antoni Postius i Terrado, Diputado del Partit Demòcrata, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante la Comisión de Cultura, una Proposición no de Ley en contra de la entrega, a petición del Juzgado de Instrucción número uno de Huesca, de un conjunto de 44 obras de arte procedentes del Monasterio de Sigena y que forman parte de la colección del Museo de Lleida y del MNAC.

Exposición de motivos

Aprovechando la aplicación del artículo 155 CE en Catalunya, el nuevo titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Huesca, amparándose en dicho articulado, ha requerido al Ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, a que haga efectivo el traslado provisional a Aragón de las obras procedentes del Monasterio de Sigena que forman parte de la colección del Museo de Lleida Diocesano y Comarcal y del MNAC.

Esta providencia judicial reclama también que la Guardia Civil tenga diseñada una operación con la cronología concreta para la aprehensión, traslado y entrega de las piezas, en base a una resolución judicial que aún no es firme.


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Este conflicto nace a raíz de la decisión de la Iglesia Católica de segregar, en 1995, una parte del Obispado de Lleida que se corresponde con los límites geográficos de la provincia de Lleida. Entre estas parroquias figura la de Villanueva de Sigena, que pasó a depender del recién creado Obispado de Barbastro-Monzón. Esta segregación no se completó hasta el año 1998. Sin embargo, las obras objeto del litigio fueron adquiridas mediante un contrato de compra-venta en 1983 por la Generalitat de Catalunya. Así, el antiguo Museo Diocesano pasó a recibir un depósito ajeno de unas obras que ya tenía en custodia desde el año 1970. En el mismo contrato de compra-venta, las monjas de Sigena ponen como requisito de la venta que estas obras deben permanecer en el Museo de Lleida, como condición indispensable. En este sentido, hay que tener en cuenta el informe de carácter negativo emitido por la Junta de Museos en fecha 13 de julio de 2016 respecto a la salida de los bienes del Museo de Lleida, y que estas piezas reclamadas forman parte de una colección, que están catalogadas y que, en consecuencia y de acuerdo con la Ley de Patrimonio Catalán, el Estatuto y la Ley de Museos, deben continuar en su actual ubicación.

Cabe tener en cuenta, además, que hay decenas de obras de arte de procedentes de Sijena y de otros monumentos aragoneses declarados BCIN que están repartidas por museos y colecciones de la geografía española que nunca han sido reclamadas por el Gobierno de Aragón.

La disgregación de esta colección en aplicación de la providencia del Juzgado número 1 de Huesca, comportaría abrir la caja de los truenos y sentar precedente para que otras instituciones reclamaran un patrimonio que ha sido salvaguardado en tiempos de destrucción y guerra. El Ayuntamiento de Lleida, en su sesión plenaria, de fecha 1 de julio de 2016, ya manifestó su apoyo en defensa de la unidad de las colecciones del Museo Nacional de Arte de Cataluña y el Museo de Lleida y lo reiteró con la aprobación de una moción en ese mismo sentido el pasado 24 de noviembre de 2017.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno y al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a:

1. Suspender la entrega provisional reclamada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Huesca de las obras de arte procedentes del Monasterio de Sigena e integradas en la colección del Museo de Lleida y del MNAC, mientras no haya una sentencia judicial firme y se hayan agotado todos los recursos en marcha.

2. Presentar los recursos judiciales pertinentes ante dicho juzgado en la línea seguida hasta ahora por la Generalitat de Catalunya y el Departament de Cultura.

3. Recordar al ministro de Educación, Cultura y Deporte que en aplicación de las funciones que ha asumido como responsable del Departament de Cultura de la Generalitat, debe atenerse a la legalidad que emana del Parlament de Catalunya en esta cuestión. El Estatut d'Autonomia y la Llei de Patrimoni Cultural Català avalan la protección de la continuidad de dichas obras de arte en el Museu de Lleida.

4. No aprovechar la singular situación de provisionalidad emanada de la aplicación del artículo 155 CE desde el pasado 27 de octubre para desproteger la defensa del patrimonio cultural de la Generalitat de Catalunya, para dejar desprotegida de la legítima defensa de una de las dos partes en litigio y, mucho menos, para tomar parte por una de ellas desde el Gobierno, ante las instancias judiciales.

5. Atender a los planteamientos del Consorci del Museu de Museu de Lleida, integrado -entre otras instituciones- por la Generalitat, la Diputación de Lleida, el Ayuntamiento de Lleida y el Obispado de Lleida, y no tomar decisiones irreversibles que podrían ir incluso en detrimento de la propia conservación de las obras de arte en disputa.

6. Defender la unidad de la colección depositada en el Museu de Lleida y del MNAC como se defiende la unidad de cualquier otro museo conforme a lo que dispone la UNESCO."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2017.-Antoni Postius Terrado, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.


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Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/002646

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la reforma y mejora de la seguridad de la N-VI a su paso por Lugo, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

Exposición de motivos

La Diputación de Lugo aprobó por unanimidad solicitar al Ministerio de Fomento que realice un plan para reformar, humanizar y mejorar la seguridad de la N-VI a su paso por la provincia de Lugo. En Pedrafita, As Nogais, Becerreá, Baralla, O Corgo, Rábade, y Guitiriz gran parte de su actividad diaria se realiza en esta carretera que lleva mucho años sin ningún tipo de mantenimiento, lo que repercute seriamente en sus habitantes y muy especialmente en su seguridad.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que elabore un plan para reformar, humanizar y mejorar la seguridad de la N-VI a su paso por la provincia de Lugo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2017.-Margarita Pérez Herráiz, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia

161/002651

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Miguel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el derecho de los menores a ser oídos y escuchados, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.

Exposición de motivos

El derecho de los menores a ser oídos y escuchados está recogido en numerosas disposiciones de nuestro derecho interno así como en distintos instrumentos internacionales de los que España es Parte. Solo garantizando y atendiendo este derecho de forma efectiva podremos actuar conforme al interés superior del niño, interés que debe regir todas las decisiones o medidas que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, tribunales o administraciones.

Este derecho se encuentra reconocido, principalmente, en i) la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil ("Ley de Protección del Menor") (art. 9), y ii) en la Convención de los Derechos del Niño de 1989 (art. 12).

El artículo 9 de la Ley de Protección del Menor introduce de forma expresa este derecho en nuestro ordenamiento al establecer que el menor tiene derecho a ser oído y escuchado sin discriminación alguna por edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo, judicial o de mediación en que esté afectado y que conduzca a una decisión que incida en su esfera personal, familiar o social, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez.


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Pero el derecho a ser oído y escuchado no consiste únicamente en el que el menor dé su opinión, sino que esa opinión se exprese con todas las garantías. Por ello, para que este derecho quede garantizado es fundamental que los menores expresen su opinión en un clima de tranquilidad y sosiego, y que esas declaraciones sean conducidas u observadas por personas especializadas en interpretar sus opiniones, gestos o actitudes.

Sin embargo, en la actualidad existen determinados procedimientos, como los referidos a la sustracción internacional de menores, en los cuales no está garantizada la presencia de profesionales en todas y cada una de sus declaraciones. Es más, nos consta que en determinados casos ni siquiera se les llega a escuchar.

Concretamente, en dichos procedimientos la regulación procesal civil establece que el juez, en presencia del Ministerio Fiscal, deberá siempre oír al menor, salvo que considere que no tiene el grado de madurez suficiente, pero el auxilio de especialistas para oír al menor está únicamente previsto como algo excepcional, "cuando ello fuera necesario".

En el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que deberían acometerse las reformas legales necesarias que hiciesen imperativo el auxilio de estos profesionales en todo caso y, con mayor razón, en procedimientos en los cuales los menores están sometidos a un estrés emocional, incluso mediático, que pueden afectar a su capacidad de expresarse de acuerdo con su sentir.

Y por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Realizar las reformas legales necesarias que doten a la audiencia del menor de una mayor relevancia procesal, haciendo preceptiva la asistencia de especialistas para su exploración, de acuerdo a su interés superior y en cumplimiento del artículo 9 de la LOPJM. Una vez realizada la escucha al menor, su opinión deberá ser tenida debidamente en cuenta en la toma de la decisión, tal y como se recoge en la Convención de Derechos del Niño.

2. Adaptar las metodologías de escucha a las necesidades evolutivas de los menores según su edad.

3. Establecer de forma imperativa la asistencia a los menores en los procedimientos de sustracción internacional en los que existan indicios o condenas por violencia de género, y en aquéllos en los que los menores se vean sometidos a situaciones emocionales especialmente traumáticas.

4. Implementar la asistencia obligatoria de especialistas en los casos de abusos sexuales y otras formas de violencia contra la infancia, en los que la preconstitución como prueba del testimonio del menor es fundamental para evitar la revictimización que provoca la repetición del relato.

5. Articular las medidas necesarias que eviten, en todo caso, la presencia en sala del agresor en los casos en que el menor deba declarar en su contra, así como su proximidad física. Los órganos judiciales contarán con los medios necesarios para poder garantizar dichas medidas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2017.-Patricia Reyes Rivera y María Virginia Millán Salmerón, Diputadas.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


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Comisión de Asuntos Exteriores

181/000607

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores

Diputado don Antonio Gómez-Reino Varela

Dirigida a Ministro de Asuntos Exteriores

Pregunta:

¿Por qué el Gobierno no ha recibido al Presidente palestino, Mahmud Abbas, con la consideración de Jefe de Estado durante su visita a España los días 20 y 21 de noviembre de 2017, a pesar de que España, como país observador de Naciones Unidas, votó en 2002 a favor del reconocimiento del Estado de Palestina y mantiene una larga tradición diplomática de contactos y amistad con el pueblo palestino y de implicación en la búsqueda de la paz como se puso de manifiesto de la Conferencia de Paz de Madrid de 1991?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2017.-Antonio Gómez-Reino Varela, Diputado.

181/000613

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores

Diputado don Antonio Gómez-Reino Varela

Dirigida a Ministro de Asuntos Exteriores

Pregunta:

¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno para garantizar el respeto de los derechos humanos de la población palestina por parte del Gobierno israelí y para intentar buscar una solución pacífica al conflicto entre Palestina e Israel?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2017.-Antonio Gómez-Reino Varela, Diputado.

Comisión de Fomento

181/000609

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo


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Texto:

El 20 de septiembre de 2017, ADIF anunciaba la redacción de proyectos de supresión de 36 pasos a nivel en Galicia y, el 20 de noviembre del mismo año, anunciaba también la supresión de 74 pasos a nivel, de los cuales dos correspondían a tramos de la red ferroviaria en Galicia.

¿Cuándo piensa atender el Gobierno las razonadas y legítimas aspiraciones de la ciudadanía de O Porriño relativas a la supresión del paso a nivel que atraviesa su casco urbano y representa un grave y contrastado peligro en términos de seguridad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2017.-Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

181/000610

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo

Texto:

El 20 de septiembre de 2017, ADIF anunciaba la redacción de proyectos de supresión de 36 pasos a nivel en Galicia y, el 20 de noviembre del mismo año, anunciaba también la supresión de 74 pasos a nivel, de los cuales dos correspondían a tramos de la red ferroviaria en Galicia.

¿Cuenta el Gobierno con algún estudio o proyecto relativos a la supresión del paso a nivel que atraviesa el casco urbano de O Porriño? De ser así, ¿cuáles son las conclusiones que de ellos se derivan, especialmente en lo que concierne a actuaciones a realizar y plazos de las mismas?

De no ser así, ¿piensa el Gobierno encargar la redacción de un proyecto para la supresión de dicho paso a nivel? Indicar fecha.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2017.-Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

181/000611

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo

Texto:

El 20 de septiembre de 2017, ADIF anunciaba la redacción de proyectos de supresión de 36 pasos a nivel en Galicia y, el 20 de noviembre del mismo año, anunciaba también la supresión de 74 pasos a nivel, de los cuales dos correspondían a tramos de la red ferroviaria en Galicia.

¿Cuáles son las razones que, para el Gobierno, justifican la ausencia de la supresión del paso a nivel de O Porriño en la planificación de ADIF de supresión de pasos a nivel?

¿No considera el Gobierno que las condiciones de este paso a nivel debieran implicar la urgencia en la toma de medidas para su supresión definitiva?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2017.-Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.


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181/000614

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputados don Miguel Ángel Heredia Díaz y don Antonio Pradas Torres

Texto:

¿Cuáles han sido las causas del accidente del tren Málaga-Sevilla descarrilado la mañana del día 29 de noviembre?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2017.-Miguel Ángel Heredia Díaz y Antonio Pradas Torres, Diputados.

181/000615

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Teófila Martínez Saiz

Texto:

¿Qué actuaciones se están acometiendo para el aumento de capacidad en la N-340 entre Tarifa y Algeciras?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2017.-Teófila Martínez Saiz, Diputada.

181/000616

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Leopoldo Barreda de los Ríos

Texto:

¿En qué consisten los trabajos de ampliación de gálibo del túnel de Gaintxurizketa?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2017.-Leopoldo Barreda de los Ríos, Diputado.

181/000617

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Leopoldo Barreda de los Ríos


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Texto:

¿Qué actuaciones se han impulsado para la regeneración urbanística de Irún en terreno ferroviario?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2017.-Leopoldo Barreda de los Ríos, Diputado.

181/000618

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Jaime Eduardo de Olano Vela

Texto:

¿Cómo está afrontando el Ministerio de Fomento la búsqueda sistemas de protección antiniebla de la autovía A-8 entre Mondoñedo y A Xesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2017.-Jaime Eduardo de Olano Vela, Diputado.

181/000619

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Eloy Suárez Lamata

Texto:

¿Qué previsiones tiene el Gobierno para ejecutar las obras del tramo Sigüés-Tiermas de la autovía A-21 en Zaragoza?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2017.-Eloy Suárez Lamata, Diputado.

181/000620

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Celso Luis Delgado Arce

Texto:

¿Cómo evolucionan las obras de construcción de la línea de alta velocidad desde Zamora a Galicia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2017.-Celso Luis Delgado Arce, Diputado.


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181/000621

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Beatriz Marta Escudero Bernal

Texto:

¿Qué avances se han producido en las obras para la conversión de la SG-20 en autovía?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2017.-Beatriz Marta Escudero Bernal, Diputada.

181/000622

Grupo Parlamentario Mixto

Pregunta con respuesta oral en Comisión al Ministro de Fomento

Diputado don Joan Baldoví Roda

Texto:

¿Ha evaluado y planificado una solución el Gobierno para las consecuencias de la problemática de la carga y descarga de mercancías sólidas a granel, en el mismo núcleo urbano, sobre la salud que pueden ocasionar a los vecinos y a los trabajadores del puerto alicantino; así como se hizo en el caso del puerto santanderino en 2012 cuando el Sr. Ministro era alcalde de esta ciudad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2017.-Joan Baldoví Roda, Diputado.

181/000623

Grupo Parlamentario Mixto

Pregunta con respuesta oral en Comisión al Ministro de Fomento

Diputados don Joan Baldoví Roda y doña Marta Sorlí Fresquet

Texto:

¿Cuál es la razón por la que ahora el Gobierno atiende -aunque no sabemos si con financiación para ello, ya que en caso que se prorroguen los PGE 2018 esto no está presupuestado- la reivindicación histórica de la zona de aumentar trenes (en concreto ocho) entre Castelló y Vinarós, cuando hace solamente unos meses rechazó una enmienda de Compromís para los PGE 2017 en el mismo sentido?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2017.-Joan Baldoví Roda y Marta Sorlí Fresquet, Diputados.

181/000624

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez


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Texto:

¿Que Plan de acción tiene contemplado el Gobierno frente a la UE de cara a garantizar nuestro modelo de transporte en autobús fundamentado en concesiones que garantizan la movilidad y cohesión territorial de manera muy eficiente en precios y con la máxima calidad frente a la liberalización absoluta del mercado, con las consecuencias sobre la universalidad de servicio, el incremento del déficit público y la precarización laboral en el sector que implicaría la aprobación del Reglamento 1073 en los términos actuales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2017.-Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, Diputado.

Comisión de Empleo y Seguridad Social

181/000612

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputada doña Yolanda Díaz Pérez

Dirigida a Ministra de Empleo y Seguridad Social

Pregunta:

¿Cuáles son los motivos por los que ha vuelto a anunciar la posibilidad de acudir al endeudamiento para pagar puntualmente cada mes las pensiones?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.

Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital

181/000625

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, de conformidad con lo establecido en el artículo 189 del Reglamento, presenta la siguiente pregunta oral para su respuesta en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.

¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno para modificar la formación del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) y limitar el impacto del nuevo precio máximo en la factura de los consumidores domésticos con tarifa PVPC así como para retribuir a los consumidores cuando se produzcan precios negativos, tras la aprobación, el pasado 20 de noviembre por parte de la Agencia para la Cooperación de Reguladores Energéticos ACER, en virtud de las competencias atribuidas por el Reglamento 713/2009 del Parlamento Europeo, y en aplicación del Reglamento 2015/1222 de la Comisión Europea, de los precios máximos y mínimos del Mercado Diario en 3.000 f/MWh y -500 f/MWh respectivamente?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.


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Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

181/000606

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don Antonio Gómez-Reino Varela

Dirigida a la Secretaria de Estado de Medio Ambiente

Pregunta:

¿De la inversión de 1 millón de euros para la Regeneración de la Ría do Burgo (A Coruña) prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2017, en el Programa 456D. Actuaciones en la costa, qué cantidad se ha ejecutado y a qué concretas actuaciones se ha destinado dicha cantidad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2017.-Antonio Gómez-Reino Varela, Diputado.

181/000608

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don Antonio Gómez-Reino Varela

Dirigida a la Secretaria de Estado de Medio Ambiente

Pregunta:

¿Qué gestiones ha realizado el Ministerio, desde la publicación en el "BOE" del pasado 27 de septiembre de 2017 de la declaración de impacto ambiental del Proyecto de Dragado Ambiental de los Sedimentos de la Ría de O Burgo (A Coruña), para posibilitar al inmediato inicio de las obras y en qué fecha estima que será posible iniciarlas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2017.-Antonio Gómez-Reino Varela, Diputado.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/024044

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Bustinduy Amador, Pablo (GCUP-EC-EM).

Filtración de datos de carácter personal de población española residente en la República de Suecia, cometida por error por la Embajada de España en Suecia.

Acuerdo:

1. En cuanto a la solicitud de que se aporte el protocolo o procedimiento para el envío masivo de correos electrónicos por parte de las Misiones Diplomáticas de España en el extranjero, contenida en el punto 5


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de la presente iniciativa, y teniendo en cuenta la subsanación de falta de firma contenida en el escrito número de registro 62392, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución y trasladar a la Administración Pública correspondiente (nuevo núm. expte. 186/001010).

2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

3. Comunicar este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, don Pablo Bustinduy Amador, Diputado del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta las siguientes preguntas relativas a la filtración de datos de carácter personal de población española residente en la República de Suecia, cometida por error por parte de la Embajada de España en Suecia, dirigidas al Gobierno y para las que se ruega respuesta por escrito de forma desglosada.

Exposición de motivos

Según la información aparecida en el medio de comunicación digital eldiario.es y -según aduce este mismo medio- confirmada por fuentes de la propia Embajada de España en Suecia, el pasado viernes 24 de noviembre, a las 13:04 horas, personal de la Embajada habría adjuntado, por error, un documento de 690 páginas con datos personales de la población española residente en Suecia en un correo de carácter ordinario que estaba redactado en nombre y bajo petición del Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Suecia. El correo que se habría dirigido a toda la población española residente según la dirección de correo electrónico aportada en el momento de su inscripción.

El PDF adjunto, con título "Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Consulado General de España en Estocolmo. Listado de variables nacionales" incluía, entre otros datos de carácter personal, direcciones de residencia, números de teléfono, números de pasaporte, correos electrónicos y fechas de nacimiento.

A las 13:37 se enviaba un nuevo correo electrónico subsanando el error y rogando la destrucción del anterior mensaje (aquél que incluía el PDF adjunto).


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Por todo lo anterior, este Diputado plantea al Gobierno las siguientes preguntas:

1. ¿A cuántas personas se hizo envío de los tres correos electrónicos expuestos? ¿Con qué frecuencia se revisa y actualiza ese mailing?

2. ¿Ha abierto la Embajada y/o el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación una investigación de carácter interno con el propósito tanto de dilucidar responsabilidades como de implementar protocolos que eviten que algo así pueda volver a suceder? ¿Se ha informado a las personas receptoras de ese e-mail como a las que han visto violentados sus datos personales de que, en el caso de desearlo, pueden poner en conocimiento de su caso a la Agencia Española de Protección de Datos?

3. ¿Informarán la Embajada y/o el Ministerio a la Agencia Española de Protección de Datos sobre lo acontecido?

4. ¿Existen documentos, ya sea en formato PDF o no, en los que se contiene información tan sensible y de manera tan sistematizada, como el que se envío por error en este caso, en otras Embajadas?

5. [...]

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 2017.-Pablo Bustinduy Amador, Diputado.

184/024073

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Álvarez Álvarez, Ángeles (GS).

Importes desembolsados por gastos de guardería y atención a personas dependientes en el marco del Programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género desde el año 2009.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la subsanación de firma contenida en el escrito número de registro 61253, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a la Sra. Diputada autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:

¿Cuales han sido los importes desembolsados por gastos de guardería y atención a personas dependientes en el marco del Programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género? Para el año 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y primer semestre de 2017.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2017.-Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

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