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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 252, de 21/11/2017
cve: BOCG-12-D-252
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
21 de noviembre de 2017

Núm. 252


ÍNDICE

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Comisión de Justicia

161/002490 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a crear un nuevo Juzgado de lo Penal en La Rioja ... (Página6)

Comisión de Interior

161/002511 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la concesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo al agente de la Policía Nacional Óscar Braña Blanco, cuyas actuaciones se han demostrado suficientemente meritorias de dicho reconocimiento o condecoración ... (Página7)

161/002522 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a evitar la creación de nuevos Centros de Internamiento de Extranjeros ... (Página8)

161/002525 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la concesión de condecoraciones a los agentes integrantes de la Operación Copérnico en Cataluña ... (Página9)

Comisión de Defensa

161/002505 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a que la Asociación de Militares Españoles (AME) deje de utilizar de manera gratuita una dependencia del Acuartelamiento "San Nicolás" (Madrid) ... (Página10)

161/002521 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el Observatorio de la Vida Militar ... (Página11)

Comisión de Economía, Industria y Competitividad

161/001502 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el

162/000499 Congreso, sobre refuerzo de la lucha contra el fraude comercial. Pasa a tramitarse en el Pleno de la Cámara ... (Página12)

Comisión de Hacienda y Función Pública

161/002492 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la publicación de información relativa al colectivo de asesores/as contratados por el Gobierno y sus ministerios ... (Página13)


Página 2




Comisión de Fomento

161/002501 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a incorporar las medidas señaladas en el proceso de licitación de las autopistas de peaje R2, R3, R4 y R5 a su paso por la Comunidad de Madrid y la provincia de Guadalajara ... (Página14)

161/002509 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la construcción de una variante en la N-340 en su paso por el municipio de l'Arboç ... (Página16)

161/002514 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a garantizar la conexión ferroviaria del puerto de Motril (Granada) ... (Página16)

161/002516 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a adoptar medidas concretas para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes ... (Página17)

161/002524 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la reapertura de la línea de ferrocarril convencional Madrid-Aranda de Duero-Burgos, línea 102 ... (Página19)

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/002517 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a abrir un proceso de diálogo social en materia de impulso de la igualdad laboral ... (Página20)

Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital

161/002493 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el apoyo a la industria del espacio, el impulso al gran telescopio de Canarias y el desarrollo del denominado "turismo de las estrellas" ... (Página21)

161/002518 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el desarrollo de medidas que permitan mantener la seguridad en el cifrado de redes inalámbricas afectadas por el fallo de seguridad en el protocolo WPA2, detectado recientemente ... (Página22)

161/002527 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el fomento de la movilidad sostenible ... (Página23)

161/002528 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la realización de inspecciones obligatorias de Instalaciones Receptoras Individuales (IRI) y de Instalaciones Receptoras Comunes (IRC) de gas por canalización ... (Página26)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/002487 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Mixto y Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre los efectos de la sequía y el afán recaudatorio del Gobierno central ... (Página27)

161/002494 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa de la exportación de la aceituna de mesa a Estados Unidos ... (Página28)

161/002497 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los efectos del incendio forestal sufrido en Gran Canaria ... (Página30)


Página 3




161/002506 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre los regadíos ilegales y la sobreexplotación de acuíferos en la comarca de los Vélez (Almería) ... (Página30)

161/002510 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la exigencia del uso de chalecos y prendas de color llamativo como vestuario habitual para el ejercicio de la actividad de la caza con la finalidad de aumentar la seguridad y evitar accidentes de caza que en ocasiones terminan en fallecimiento ... (Página31)

161/002512 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a impulsar la descontaminación de los hornos de mercurio "Cerco de los Buitrones" en Almadenejos ... (Página32)

161/002513 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre declaración como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil de las zonas de Galicia, Asturias, Castilla y León y resto de la cornisa cantábrica arrasadas por los incendios de los días 12 de octubre y siguientes ... (Página33)

161/002519 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la aplicación de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias ... (Página35)

161/002523 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a defender ante la Unión Europea la valoración de los informes científicos en relación a la captura de la sardina ... (Página36)

161/002529 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al incendio forestal sufrido en los términos municipales de Yeste y Molinicos (Albacete), durante el pasado verano y a la adopción de medidas extraordinarias para paliar sus efectos ... (Página37)

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/002489 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a habilitar puntos de información para atender reclamaciones de pasajeros en las zonas de embarque de los aeropuertos españoles ... (Página39)

161/002500 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al reconocimiento del Área de Capacitación Específica en Cuidados Paliativos de las profesiones sanitarias ... (Página40)

161/002502 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la actualización del parque tecnológico del Sistema Nacional de Salud ... (Página41)

161/002503 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el reconocimiento de la carrera profesional de los sanitarios en todo el territorio nacional ... (Página42)

161/002508 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a regular adecuadamente la figura del consumidor vulnerable ... (Página43)

Comisión de Cultura

161/002491 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración del Puente de San Mateo y su declaración como Bien de Interés Cultural ... (Página45)


Página 4




Comisión de Igualdad

161/002488 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a los matrimonios forzados como forma de violencia machista ... (Página45)

161/002495 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de actuaciones de fomento de la igualdad de oportunidades en el sector pesquero ... (Página46)

161/002504 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para la prevención y detección de la discriminación laboral y de atención a las víctimas ... (Página48)

161/002515 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a implementar diferentes medidas para conocer detalladamente la situación española y avanzar en el diseño legislativo de los derechos de las mujeres víctimas de agresiones sexuales y/o acoso sexual ... (Página50)

Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

161/002499 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los apoyos públicos a las personas con discapacidad auditiva ... (Página54)

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/002520 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la conversión de vehículos de combustión interna a vehículos eléctricos ... (Página54)

Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia

161/002498 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a introducir una perspectiva de juventud en las políticas públicas ... (Página56)

161/002507 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la situación de los Derechos de la Infancia y Adolescencia en el Estado de Palestina afectados por la ocupación de Israel y las acciones que España podría emprender en pos de su protección ... (Página57)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Justicia

181/000536 Pregunta formulada por el Diputado don César Luena López (GS), sobre previsiones acerca de la creación de un nuevo Juzgado de lo Penal en La Rioja ... (Página61)

Comisión de Empleo y Seguridad Social

181/000556 Pregunta formulada por la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de adecuar los coeficientes reductores de la edad de jubilación de los marineros a las características de la actividad actual de flota y no de las características de los buques, antes de la publicación del Reglamento Europeo, en febrero de 2018, y que se aplique, con efecto retroactivo, desde el 01/01/2016 ... (Página61)


Página 5




PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/018708 Autor: Mena Arca, Joan

Informe final de conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción encargada del Caso Gürtel ... (Página62)

184/019645 Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel

Flórez Rodríguez, María Aurora

Cifras de positivos detectados por consumo de anfetaminas en controles de droga en la conducción en el año 2017 y su variación respecto al mismo periodo del año anterior ... (Página63)

184/019646 Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel

Flórez Rodríguez, María Aurora

Cifras de positivos detectados en controles de droga en la conducción en el año 2017 y su variación respecto al mismo periodo del año anterior ... (Página63)

184/019759 Autor: Candela Serna, Ignasi

Constancia que tiene el Gobierno de la existencia de alguna presión al Inspector Jefe de la UDEF derivada de la investigación del caso Gürtel, así como planes que maneja el Presidente del Gobierno si fuese investigado ... (Página64)

184/019816 Autor: Rominguera Salazar, María del Mar

Flórez Rodríguez, María Aurora

Martínez Seijo, María Luz

Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la adolescencia detectados en los últimos cinco años en la provincia de Zamora, así como acciones de prevención e intervención realizadas y presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar ... (Página65)

Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA RTVE

179/000233 Autor: Baldoví Roda, Joan

Ausencia informativa en TVE relacionada con el recibo de pagos de la "caja B" del Partido Popular a Mariano Rajoy ... (Página66)


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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión de Justicia

161/002490

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para crear un nuevo Juzgado de lo Penal en La Rioja, para su debate en la Comisión de Justicia.

Exposición de motivos

Desde que La Rioja asumiera las competencias en materia de Justicia, la Comunidad es la encargada de gestionar con sus propios medios la llamada "administración de la administración de Justicia". Sin embargo, la configuración de la planta judicial sigue estando reservada al Estado que mediante ley y previo informe del CGPJ, puede ir adaptándola a las necesidades de cada momento.

Es lo que ha sucedido con el Real Decreto 902/2017, de 13 de octubre, por el que el Consejo de Ministros ha creado un total de 93 nuevos juzgados y plazas judiciales repartidos por todas las Comunidades Autónomas excepto La Rioja.

Debido a la carga de trabajo que tienen los actuales dos Juzgados de lo Penal de Logroño, se hace necesario crear un tercer Juzgado.

Creación del tercer Juzgado de lo Penal de Logroño se justifica en los siguientes datos:

Penal n.º 1: Asuntos ingresados 2015: 530 - Pendientes 492.

Ejecutorias 2015: 831 - Pendientes 959.

Penal n.º 2: Asuntos ingresados 2015: 475 - Pendientes 499.

Ejecutorias 2014: 608 - Pendientes 828.

Es por ello que se hace manifiestamente necesaria la creación de un nuevo Juzgado de lo Penal, lo que supondría tener tres para toda la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Desde el 23 de mayo de 2011 que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja acordó por unanimidad elevar al Consejo General del Poder Judicial la petición de crear un tercer Juzgado de lo Penal está pendiente su creación. Alega la Sala de Gobierno la gran carga de trabajo que soportan estos órganos judiciales debido, sobre todo, al aumento de las ejecutorias penales.

Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se atienda a la mayor brevedad posible la imperiosa necesidad de crear un nuevo Juzgado de lo Penal en La Rioja, atendiendo a las necesidades en materia de Justicia en una jurisdicción tan delicada como la penal y cesando en el agravio comparativo


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que nuestra Comunidad ha sufrido desde hace años y especialmente con el Real Decreto 902/2017, de 13 de octubre."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2017.-César Luena López, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Interior

161/002511

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la concesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo al agente de la Policía Nacional Óscar Braña Blanco, cuyas actuaciones se han demostrado suficientemente meritorias de dicho reconocimiento o condecoración, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

La Orden al Mérito Policial, es un distintivo creado para ofrecer una recompensa, premio o condecoración especial a aquellos miembros de la Policía, merecedores de la misma. En su otorgamiento se distinguen cuatro categorías: Medalla de Oro, Medalla de Plata, Cruz con distintivo rojo y Cruz con distintivo blanco.

El Sindicato Unido de Policía (SUP), ha criticado los criterios de imposición de Cruces Rojas, esgrimiendo que en la mayoría de casos no se cumplen con los requisitos exigidos por la Ley.

En concreto, han criticado que no se haya concedido la Cruz al Mérito Policial con distintivo Rojo a Óscar Graña Blanco, Policía Nacional, piragüista y tricampeón del mundo en la modalidad de maratón. Óscar Graña tuvo una intervención brillante, meritoria de dicho reconocimiento al poner en riesgo su vida para salvar la de una mujer de 61 años de edad que estuvo a punto de morir ahogada en la Ría de Pontevedra. El citado agente se encontraba fuera de servicio, entrenando con su embarcación, cuando vio a una mujer braceando leventemente y sin apenas fuerzas, y no dudó ni un segundo en tirarse al agua y rescatarla. Nadó con ella hasta la orilla, ya que la mujer se encontraba semiinconsciente, y realizó las maniobras de reanimación cardiorespiratorias.

Sin embargo, no es la primera vez que Óscar Graña realiza una actuación de rescate este estilo, en el año 2015, vio como alguien caía del puente de A Barca y acudió de inmediato a su rescate. Junto con otras dos personas que se encontraban por la zona lograron rescatarla y reanimarla.

Dichas actuaciones, hacen que sea meritorio de obtener un reconocimiento y una condecoración al Mérito Policial como son los distintivos creados a tal efecto, medallas o cruces.

Teniendo presente todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Conceder la Cruz al Mérito Policial con distintivo Rojo al agente de la Policía Nacional Óscar Graña Blanco, dado que las actuaciones realizadas por el mismo se han demostrado suficientemente meritorias de dicho reconocimiento o condecoración.

2. Garantizar el cumplimiento efectivo de los requisitos estipulados por la Ley 5/1964, de 29 de abril, sobre condecoraciones policiales, en la imposición y otorgamiento de Cruces o Medallas al Mérito Policial."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2017.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


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161/002522

A la Mesa del Congreso

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Enric Bataller Diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para evitar la creación de nuevos Centros de Internamiento de Extranjeros, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

Actualmente existen siete Centros de Internamiento de Extranjeros activos a lo largo del Estado Español, y uno de estos se encuentra en la ciudad de Valencia.

Son numerosas las denuncias de las organizaciones en defensa de los Derechos Humanos que califican estos centros como prisiones encubiertas. Así mismo, se denuncia la situación de las personas internas, que son privadas de derechos fundamentales como lo son el derecho a la libertad, el derecho a una salud digna, el derecho a la seguridad individual o el derecho de libertad religiosa, en muchos casos y entre otras privaciones.

Los Centros de Internamiento de Extranjeros, en adelante CIE, están contemplados en la legislación estatal desde Ley Orgánica 7/1985, sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en el Estado Español, concretamente en el artículo 26.2 que establece la posibilidad de internar temporalmente a aquellas personas que no disponen de documentación oficial en centros "no penitenciarios" mientras se tramita su expulsión.

El Tribunal Constitucional, en sentencia de 2 julio de 1982 (reiterada por sentencias de 12 de marzo y 7 de julio de 1987), estableció la constitucionalidad del internamiento de extranjeros como medida de carácter restringido y excepcional donde el principio favor libertatis ha cíe regir en todo momento, lo que supone que la libertad debe ser respetada salvo que se estime indispensable la pérdida de libertad del extranjero por razones de cautela o de prevención, que habrán de ser valoradas por el órgano judicial.

Los CIE son establecimientos públicos dependientes del Ministerio del Interior cuya competencia se ejerce a través de la Dirección General de Policía. A fecha de hoy no existe ningún informe ni publicación oficial que valore de manera objetiva el estado en el que encuentran los CIE. La opacidad y falta de transparencia que rodea a estos centros ha dado lugar a que las distintas instituciones y Organizaciones No Gubernamentales sean las principales fuentes de información que tiene la ciudadanía para poder conocer qué es lo que ocurre y cuáles son las condiciones dentro de los CIE. Son las mismas ONGs las que han alertado, con extrema preocupación, de la detención e internamiento de menores en diferentes CIE del Estado Español.

Durante el tiempo que dura el internamiento -que puede llegar hasta los 60 días- las personas internadas en el CIE sufren una privación de libertad que supone un fuerte golpe emocional para todas ellas. Además de esto, según han denunciado reiteradamente las organizaciones en defensa de los Derechos Humanos, se producen una serie de vejaciones, conductas discriminatorias e incluso agresiones, ya sean físicas o psicológicas, con consecuencias para el resto de sus vidas. Todo ello es especialmente grave si reparamos en que se trata de personas que no han cometido ningún delito, sino que se encuentran internas por una falta administrativa como es la de no disponer de documentación reglada.

Tal y como revelan los datos del Ministerio del Interior, los centro de internamiento de extranjeros, son complejos que incumplen con la finalidad por la que fueron creados. De hecho, el porcentaje de expulsiones se ha venido reduciendo anualmente desde el 70 por ciento del año 2009, hasta las cifras que rondan el 40% actualmente. Además, las Comunidades Autónomas desde las que expulsa forzosamente a personas migrantes, no son informadas de estas actuaciones. Consideramos que un mayor cruce de información entre los responsables del Estado y de las Comunidades Autonómicas debería de ponerse en marcha.

Además, el Defensor del Pueblo ha informado en repetidas ocasiones de la presencia de menores, así como de los grandes márgenes de error que presentan las técnicas científicas para determinar la edad de las personas que ingresan en los CIE. También han denunciado la muy preocupante situación en la que resulta el internamiento de niñas que han sido incorrectamente consideradas como adultas, así como de mujeres, potenciales víctimas de trata.


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El pasado mes de abril, conocíamos por la prensa que el Ministro reprobado del interior Juan Ignacio Zoido, anunciaba la creación de tres nuevos centros de internamiento para extranjeros en Madrid, Málaga y Algeciras. Compromís considera que el presupuesto destinado para la creación de estos nuevos centros debería destinarse a políticas que no impulsen políticas de segregación hacia la población extranjera sino hacía políticas de integración de migrantes que generen una ciudadanía incluyente y participativa entre las persones que la habitan.

La ciudadanía organizada con la ayuda de las instancias de representación política ha mostrado que desean generar otro tipo de relaciones de convivencia con la población migrada que estén basadas en el apoyo mutuo. Así lo demuestra el Ayuntamiento de Málaga en el pleno celebrado en febrero de 2015 mostraba su frontal rechazo a la creación de un nuevo CIE en dicha localidad.

Consideramos, en consecuencia, que la existencia de los siete Centros de Internamiento de Extranjeros en el Estado Español es incompatible con el 'compromiso de la sociedad con los Derechos Humanos.

Por todo lo mencionado anteriormente, proponemos la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso insta al Gobierno a:

a) Solicitar a las autoridades responsables de los CIE, es decir, a la Dirección General de Policía a través del Ministerio del Interior, la elaboración de un informe detallado sobre la situación actual de los siete centros de internamiento de extranjeros que existen en el Estado Español.

b) Declarar el Estado Español como una Zona Libre de Centros de Internamiento de Extranjeros.

c) El cierre definitivo de los Centros de Internamiento de Extranjeros.

d) Establecer un calendario público del cierre definitivo de los siete Centros de Internamiento de Extranjeros actualmente existentes.

e) Mientras se produce el cierre definitivo, constituir una Comisión de Seguimiento Permanente donde estén representadas las organizaciones y entidades sociales asociadas a la reivindicación de su cierre y a la defensa de los Derechos Humanos en todo el Estado.

f) La creación de un comité de expertos para realizar una propuesta sobre las políticas de asilo y migratorias, en el cual participen de manera activa las organizaciones de defensa de los derechos humanos.

g) Instar a los responsables competentes a proponer alternativas de uso en el recinto donde actualmente se ubican cada uno de los Centros de Internamiento.

h) Eliminar aquella o aquellas partidas presupuestarias en los Presupuestos Generales del Estado 2018 destinadas a la creación de nuevos Centros de Internamiento de Extranjeros.

i) Establecer medidas de coordinación e intercambio de información entre el Estado y las Comunidades Autónomas en el momento en el que se lleve a cabo el retorno forzoso de personas extranjeras."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2017.-Enric Bataller i Ruiz, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.

161/002525

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la concesión de condecoraciones a los agentes integrantes de la Operación Copérnico en Cataluña, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

La Operación Copérnico da nombre a un dispositivo policial sin precedentes, puesto en marcha en Cataluña por el Ministerio del Interior en el mes de septiembre ante el desafío secesionista. Un dispositivo que, estaba previsto finalizara inicialmente el 4 de octubre y que, ante los acontecimientos que se fueron


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desarrollando en los días posteriores al 1 de octubre con motivo del referéndum ilegal, se ha ido prorrogando semana tras semana hasta nuestros días.

Nos encontramos así con un dispositivo policial integrado por miles de agentes de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los cuales, tras el mandato judicial de impedir que se celebrase el referéndum del pasado 1 de Octubre, fueron enviados a Cataluña con el objetivo de impedir este referéndum ilegal así como de frenar el desorden público generado por los movimientos de los secesionistas.

Unos movimientos secesionistas que, lejos de alcanzar un espacio de convivencia y estabilidad social, han generado el escenario más insostenible que se ha alcanzado nunca en Cataluña desde la instauración del orden democrático. Un escenario de confrontación que comenzó el pasado 20 de septiembre con el bloqueo a agentes de la guardia civil y personal judicial a raíz de una actuación judicial y policial en la Consejería de Economía en Barcelona, y que ha derivado en la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española ante la situación política y social, y en la que han sido necesarias las intervenciones policiales de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de forma a restablecer el orden público.

Con motivo de estas intervenciones policiales, los agentes integrantes de la Operación Copérnico han sido objeto de acosos, intimidaciones, rechazos, desalojos de los hoteles donde se encontraban hospedados, y un largo etcétera de situaciones de hostigamiento en las que, por cierto, estos agentes respondieron con una gran profesionalidad y buen hacer por encima de lo exigible ante situaciones de tanta tensión.

Asimismo, es importante poner de manifiesto las condiciones en las que estos agentes han trabajado durante las últimas semanas en Cataluña, no siendo éstas las más apropiadas en cuanto a alojamiento y manutención se refiere, teniendo en cuenta la gran tensión en la que se han visto inmersos durante el desarrollo de sus funciones. A estas condiciones se suman además las jornadas maratonianas sin descanso a raíz de la insostenibilidad de la situación, y la ausencia de permisos, vulnerando así la normativa laboral que regula la jornada laboral de estos agentes.

Se trata así de una situación extrema sin precedentes en la que se han visto inmersos agentes de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y que la propia sociedad española ha reconocido y con la que se ha solidarizado, manifestándoles su apoyo en las calles al grito de "No estáis solos".

Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:

Como reconocimiento de su profesionalidad y buen hacer ante la insostenible situación política y social que se ha vivido en las últimas semanas en Cataluña, otorgar de oficio a todos los agentes que hayan participado en la Operación Copérnico las siguientes condecoraciones:

1.º Otorgar la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con Distintivo Blanco, a los agentes de la Guardia Civil que hayan formado parte de la Operación Copérnico.

2.º Otorgar la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco del Cuerpo Nacional de Policía, a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que hayan formado parte de la Operación Copérnico."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2017.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Defensa

161/002505

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para que la Asociación de Militares Españoles (AME), deje de utilizar de manera gratuita una dependencia del Acuartelamiento "San Nicolás" (Madrid), para su debate en la Comisión de Defensa.


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Exposición de motivos

El Ministerio de Defensa ha cedido gratuitamente a la Asociación de Militares Españoles (AME), conocida por su posicionamiento en defensa de los valores franquistas y antidemocráticos, un espacio en una de sus instalaciones de manera gratuita. Es el propio Ministerio el que reconoce que la AME está en la lista de organizaciones a las que exime del pago del canon por trabajar en edificios oficiales, por la energía que consumen en ellos o por otros servicios como el uso de ordenadores y teléfonos.

En concreto, y en respuesta a una pregunta escrita del Diputado Miguel Bustamante, el Gobierno afirma que en la actualidad no existe ningún tipo de subvención concedida por el Ministerio de Defensa a dicha asociación, pero que sí tiene a su favor una autorización demanial para el uso de una dependencia del Acuartelamiento "San Nicolás" (Madrid).

Por el contrario, este mismo Ministerio impide a las asociaciones profesionales de militares la utilización de instalaciones militares, incluso niega el derecho a la colocación de un tablón en las Unidades Militares, aunque esté previsto en la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, para informar de aquellas cuestiones que puedan interesar al colectivo de profesionales de las Fuerzas Armadas.

Por todo lo expuesto se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas oportunas para suprimir la autorización demanial que tiene a su favor la Asociación de Militares Españoles (AME), para el uso de una dependencia del Acuartelamiento "San Nicolás" (Madrid)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2017.-Miguel Ángel Bustamante Martín y José David Carracedo Verde, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002521

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Observatorio de la Vida Militar, para su debate en la Comisión de Defensa.

Exposición de motivos

La Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional en su disposición final tercera establece que el Gobierno, en el plazo de tres meses, deberá remitir al Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley reguladora de los derechos fundamentales de los militares profesionales, que incluirá la creación del Observatorio de la Vida Militar.

En su cumplimiento, la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, en su artículo 53, crea este Observatorio como un órgano colegiado, de carácter asesor y consultivo, adscrito a las Cortes Generales, para el análisis permanente de la condición de militar y de la forma con que el Estado vela por los intereses de los miembros de las Fuerzas Armadas y aquellas cuestiones que incidan en el ejercicio de sus derechos fundamentales y libertades públicas.

Sus análisis y estudios tienen carácter general y, por lo tanto, no es un órgano competente para tramitar o resolver quejas de carácter individual. No obstante podrá recibir iniciativas sobre casos concretos, para que, con su examen y recomendaciones correspondientes, se puedan propiciar soluciones de aplicación general para los miembros de las Fuerzas Armadas.

Entre sus funciones, el Observatorio elabora anualmente una memoria que recoge su actividad a lo largo del ejercicio correspondiente, el estado de la condición de militar en lo relativo a los asuntos de su competencia y las recomendaciones pertinentes para su mejora, que es presentada ante las Comisiones de Defensa del Congreso de los Diputados y del Senado.


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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las fuerzas armadas, el régimen de funcionamiento del Observatorio de la vida militar, el estatuto de sus miembros y la composición y funciones del órgano de trabajo deben determinarse reglamentariamente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; un reglamento que aún no ha visto la luz y que es necesario aprobar cuanto antes para desarrollar reglamentariamente estos ámbitos.

Por otro lado, se debe contemplar la posibilidad de extender los trabajos de este Observatorio a otros cuerpos con carácter militar; tal es el caso del Instituto Armado o Guardia Civil.

De acuerdo a la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se define a la Guardia Civil como Instituto Armado de naturaleza militar, dependiente del Ministerio del Interior en lo referente a retribuciones, destinos, acuartelamientos, material y servicios; y del Ministerio de Defensa en el régimen de ascensos, situaciones del personal y naturaleza de las misiones de carácter militar.

Conforme a esta Ley, se reconoce a la Guardia Civil como un cuerpo policial de naturaleza militar al que se dota de dos dimensiones: por un lado se trata de una policía integral que presta un servicio público como garante de la ley y el orden con arreglo a los principios sobre policía democrática de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE); y por otro lado, su carácter militar le atribuye valores añadidos como son la jerarquía, la disciplina, la organización, la cohesión y la eficacia en el cumplimiento del deber.

Así pues, a tenor del carácter militar de este cuerpo policial, consideramos necesario extender los trabajos de este Observatorio a todo lo relativo a los derechos y deberes de los profesionales de la Guardia Civil, incluyendo sus condiciones de trabajo. Se podría así abordar una de las cuestiones que más preocupan en estos momentos en este cuerpo, como es el alarmante incremento del número de suicidios de agentes de la Guardia Civil. De esta forma, al igual que por la condición militar de este cuerpo, sus agentes no pueden disfrutar de su derecho a la sindicación, esta condición militar debe ser considerada en todas sus vertientes, incluido poder ser objeto de estudio del Observatorio de Vida Militar.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:

1.º Modificar el artículo 53 de la Ley 9/2011, de 27 de julio, sobre derechos y deberes de los miembros de la Fuerzas Armadas, de forma a extender el ámbito de los trabajos del Observatorio de la Vida Militar a los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con carácter militar."

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2017.-Francisco Javier Cano Leal, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Economía, Industria y Competitividad

161/001502

162/000499

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Solicitud de que su Proposición no de Ley sobre refuerzo de la lucha contra el fraude comercial, sea debatida en Pleno.


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Acuerdo:

Aceptar la declaración de voluntad y disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado a la Comisión de Economía, Industria y Competitividad, al Gobierno, y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, así como notificarlo al Grupo proponente (nuevo núm. expte. 162/000499).

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados,14 de noviembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 122, de 14 de marzo de 2017.

Comisión de Hacienda y Función Pública

161/002492

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la publicación de información relativa al colectivo de asesores/as contratados por el Gobierno y sus ministerios, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.

Exposición de motivos

El preámbulo de la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, empieza su contenido afirmando que la transparencia y el acceso a la información pública deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. En este sentido, se explica que solo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. Sin embargo, ciertas acciones llevadas a cabo o, mejor dicho, omitidas por el Gobierno hacen que estos principios afirmados por la ley queden en poco más que papel mojado.

Una de ellas es la publicación de los nombres de todos/as los/as asesores eventuales contratados por el Gobierno y sus ministerios así como las cantidades retribuidas y su formación. Recientemente, se ha dado a conocer una información según la cual en todos los departamentos ministeriales habrían aumentado los asesores eventuales de libre designación hasta llegar a la cifra de 137. También se apunta que hasta 18 de estos trabajadores cobran más que los propios ministros a los cuales asesoran. Sin embargo, sus currículos nunca han sido públicos, por lo que la ciudadanía no puede comprobar si tienen la formación y capacidades necesarias para desempeñar el cargo por le que están contratados. En lo que respecta a los asesores del Presidente del Gobierno, no es posible conseguir quiénes son ni cuánto ganaron en los años 2014 y 2015. En este sentido, es absolutamente necesario conocer el destino de las retribuciones pagadas con dinero público y conocer el gasto total del Gobierno en asesores de confianza.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno elaboró un criterio conjunto junto a la Agencia Española de Protección de Datos según el cual los nombres y lo sueldos de los asesores eventuales deben ser públicos, primar el interés público sobre la protección de datos y la intimidad.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, de acuerdo a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y al criterio del Consejo de Transparencia


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y Buen Gobierno y de la Agencia Española de Protección de datos, se publiquen en el Portal de la Transparencia los nombres, formación y funciones de todos/as los/as asesores eventuales contratados por el Gobierno y sus ministerios así como las cantidades retribuidas por el desarrollo de sus funciones."

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre 2017.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Fomento

161/002501

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a incorporar las medidas señaladas en el proceso de licitación de las autopistas de peaje R2, R3, R4 y R5 a su paso por la Comunidad de Madrid y la provincia de Guadalajara, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El próximo mes de enero de 2018, se incorporarán a la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte (SEITTSA) 9 autopistas de peaje de titularidad estatal y, actualmente, en manos de empresas concesionarias. Entre estas autopistas que pasarán a ser gestionadas por la Sociedad Estatal se encuentran las conocidas como R2, R3, R4 y R5 que transcurren por la Comunidad de Madrid y la provincia de Guadalajara, así como parte de la R4 por la provincia de Toledo. Concretamente:

- Autopista de peaje R-2 de Madrid a Guadalajara, y de la circunvalación a Madrid M-50, subtramo desde la carretera N-II hasta la carretera N-1 (Radial 2).

- M-40-Arganda del Rey, de la autopista de peaje R-3, de Madrid a Arganda del rey; M-40-Navalcarnero, de la autopista de peaje R-5, de Madrid a Navalcarnero, y de la M-50 entre la autopista A-6 y la carretera M-409 (Radiales 3 y 5).

- Autopista de peaje R-4, de Madrid a Ocaña, tramo M-50-Ocaña, la circunvalación a Madrid M-50, subtramo desde la carretera N-IV hasta la carretera N-II; del eje sureste, tramo M-40-M-50 y de la prolongación de la conexión de la carretera N-II con el distribuidor este y actuaciones de mejora en la M-50 (Radial 4).

Estas autopistas fueron construidas entre 1999 y 2000 por empresas que, salvo una de ellas, carecían de experiencia en la gestión de infraestructuras de transporte.

El objetivo con el que se aprobó su construcción fue que servirían de alternativa a las autovías y carreteras nacionales existentes y contribuir a disminuir la congestión en los accesos a Madrid.

Las autopistas de peaje "radiales" entraron en funcionamiento en medio de las obras de soterramiento y finalización de las vías de circunvalación M-30 y M-50 destinadas igualmente a reducir las congestiones del tráfico en los accesos a Madrid. Una vez puestas en funcionamiento todas las infraestructuras, autopistas de peaje y M-50, los usuarios han dejado como una opción minoritaria el uso de las autopistas de peaje.

La pertinencia de estas infraestructuras de transporte ha quedado descartada por múltiples motivos, siendo el fundamental que nunca se ha alcanzado el objetivo para el que fueron construidas pues la intensidad media de vehículos nunca se aproximó a las estimaciones, al contrario han sido entre un 40 y un 50% inferiores. Es decir, se trata de infraestructuras que no son alternativa para el tráfico en la Comunidad de Madrid habida cuenta de la funcionalidad de la M-50 principalmente y de los trazados de las vías, principalmente.

Se trata de autopistas cuyas empresas concesionarias solicitaron concurso de acreedores por no poder afrontar las deudas contraídas, deudas a las que tendría que hacer frente el Estado en concepto de Responsabilidad Patrimonial de la Administración por tratarse de vías de titularidad estatal.


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Según el Tribunal de Cuentas, el Estado en concepto de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración tendría que hacer frente hasta a 3.718 millones de euros para el rescate de las autopistas de peaje mencionadas.

El Gobierno de España ha anunciado que su objetivo es relicitar estos activos que quedan bajo su control en el menor plazo de tiempo para que el impacto de este "rescate" en el déficit del Estado sea el menor posible.

Son varias las iniciativas que ha adoptado el gobierno .de cara a la futura relicitación. Una de ellas es la resolución de 16 de agosto de 2017 de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de gestión directa con la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre, S.M.E., S.A., por el que se regula la gestión de la explotación y la preparación de la licitación de autopistas de titularidad estatal.

Un convenio que tiene como objeto regular las relaciones entre el Ministerio de Fomento y SEITTSA para atribuir a esta última la gestión directa de la explotación y la preparación de su posterior licitación, de las concesiones de las autopistas de titularidad estatal.

Al mismo tiempo la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte (SEITTSA) ha licitado un contrato para la elaboración del estudio de demanda y esquema de tarifas de las autopistas en quiebra que quedarán bajo su control a partir de enero de 2018.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que en este nuevo proceso deben tenerse muy presentes los elementos que no se tuvieron en cuenta en el momento de diseñar una red de autopistas que a tenor de los hechos no constituían una demanda o una necesidad de los ciudadanos.

Por tanto, en el proceso de relicitación deberían tenerse en cuenta medidas que sin incentivar el uso del vehículo privado en detrimento del transporte público, pudieren activar la utilización de estas autopistas y reduzcan el tráfico por las vías convencionales que, en definitiva, es el propósito con el que fueron planificadas.

En esta Proposición no de Ley se recogen algunas medidas que por un lado, pueden contribuir al uso de las autopistas y, por otro, facilitar la movilidad en áreas congestionadas como sucede en Guadalajara y hacerlo promoviendo medidas sostenibles.

En el caso de la R-2 se propone además de medidas comunes al resto de autopistas, la liberalización de un tramo de la vía a su paso por Guadalajara como carretera de circunvalación que supliría al demandado tercer carril en el tramo de la A-2 que discurre por la ciudad de Guadalajara. Esta circunvalación permitiría no solo descongestionar la A-2 sino facilitar el tráfico a puntos tan estratégicos como el Puerto Seco de Azuqueca de Henares y otros polígonos industriales y logísticos del tramo guadalajareño del corredor del Henares.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a incorporar las siguientes medidas en el proceso de licitación de las autopistas de peaje R2, R3, R4 y R5 a su paso por la Comunidad de Madrid y la provincia de Guadalajara:

1. Favorecer un acuerdo con el Consorcio Regional de Transporte de la Comunidad de Madrid y la Consejería de Fomento de Castilla La Mancha para habilitar las autopistas de peaje R2, R3, R4 y R5 a los autobuses de la red de transporte público y que a fin de favorecer la movilidad y el uso del transporte público puedan circular por un carril específico y hacerlo con gratuidad en el peaje.

2. Establecer descuentos y bonificaciones en las tarifas de las autopistas de peaje R2, R3, R4 y R5 para los vehículos de alta ocupación, vehículos eléctricos y de emisiones cero.

3. Liberalización del tramo de la R2 a su paso por la ciudad de Guadalajara como circunvalación Norte para la ciudad y los municipios de la Vega del Henares."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2017.-Pablo Bellido Acevedo, Carlota Merchán Mesón y César Joaquín Ramos Esteban, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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161/002509

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la construcción de una variante en la N-340 en su paso por el municipio de l'Arboç, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La N-340 a su paso por Cataluña es una de las carreteras con más tránsito, atascos y accidentes, siendo unas de las vías con mayor siniestralidad con un elevado número de víctimas mortales.

Una de las comarcas más afectadas por esta situación es el Baix Penedés, una zona muy urbanizada y con gran densidad de población que tiene un tránsito diario de más de 24.000 vehículos, 3.000 de los cuales son camiones pesados. Cifras que se multiplican en fines de semana y períodos de vacaciones, afectando de manera directa a la movilidad y generando un problema de seguridad.

En este sentido, la población de l'Arborç es uno de los puntos más sensibles de la N-340, ya que es el único tramo de la comarca que aun transcurre por el interior del núcleo urbano, con los ruidos, contaminación y densidad de tráfico que supone, así como la peligrosidad que supone para su ciudadanía, que se ve obligada a cruzar continuamente una de las carreteras con mayor densidad de tráfico de nuestro país.

Para solucionar esta situación y dar respuesta a las quejas y movilizaciones de los vecinos se ha demandado de forma reiterada la construcción de una variante (como ya existe en El Vendrell o en Santa Margarida i el Monjos), que evite el transcurso de vehículos por el centro del pueblo. De la misma forma, nuestro grupo ya presentó una enmienda en los últimos presupuestos generales del Estado para incluir una partida que permitiera la construcción de una nueva salida de la AP-7 en la zona del área de servicio del Penedés en el término municipal de l'Arboç para atender la gran intensidad de tráfico en la N-340. Por el momento, el Ministerio de Fomento no ha dado respuesta a estas peticiones, por lo que no existe ningún proyecto que permite encontrar una solución a esta situación.

Por todo lo aquí expuesto el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Llegar a un acuerdo con el ayuntamiento de l'Alborç para, en el menor tiempo posible, iniciar todos los proyectos necesarios para dar una solución al problema de movilidad y seguridad que sufre la ciudadanía por el paso de la N-340 por el núcleo urbano.

2. Incluir en los próximos presupuestos generales del Estado las partidas necesarias para la construcción de una variante de la N-340 en su paso por el núcleo urbano de l'Arboç."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2017.-Félix Alonso Cantorné, Diputado.-Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002514

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para garantizar la conexión ferroviaria del Puerto de Motril (Granada), para su debate en la Comisión de Fomento.


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Exposición de motivos

El desarrollo del Corredor ferroviario del Mediterráneo constituye una línea estratégica establecida por la Unión Europea, además de ser un factor clave de vertebración territorial y de desarrollo económico sólido y equilibrado para las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia. Estas cuatro comunidades por las que transcurre el corredor suponen el 45% del PIB español, el 49% de las exportaciones y el 50% del tráfico de mercancías por vía terrestre.

Se da la circunstancia de que el tramo que transcurre por la Comunidad Autónoma de Andalucía, es el menos desarrollado de todo el eje. Concretamente para la provincia de Granada, la finalización de las obras de construcción de este eje supondría salir del "agujero" ferroviario, en el que el Gobierno del PP nos tiene sumidos.

Los gobiernos socialistas invirtieron desde el año 2004 al 2011, ya con la crisis iniciada, 10.000 millones de euros en su construcción y negociaron que la Comisión Europea lo incorporase en la red básica de transportes.

Inversión que ha disminuido de forma alarmante desde el año 2012, lo que ha llevado a considerables retrasos sobre las fechas que se habían previsto y también a deficiencias de planificación y ejecución en las obras, que han conllevado protestas tanto por parte de las Administraciones, como de los vecinos, como del tejido empresarial. Asimismo, se han tomado decisiones o se han dejado de tomar otras que ponen en peligro los objetivos del Corredor, llegando la Comisión de Transportes de la Unión Europea a rechazar cambios propuestos por la precipitación con la que se han hecho, y a rebajar las aportaciones económicas en los últimos años al proyecto.

Los retrasos del Gobierno Popular en la ejecución de las obras y en la redacción de los proyectos, han hecho que el tramo Granada-Almería salga fuera del actual marco de financiación europea para el 2020.

La provincia de Granada se encuentra marginada desde el punto de vista de las conexiones ferroviarias. Son más de 1.000 días sin conexión ferroviaria debido a las obras del AVE. La única provincia de España donde se interrumpen estas conexiones, debido a las obras que sufren años y años de retraso.

A esta situación se une la falta de conexión ferroviaria del Puerto de Motril, siendo el único puerto de interés general de España que queda fuera del Corredor ferroviario del Mediterráneo y esto no se puede permitir, ya que para generar riqueza y empleo nuestros puertos necesitan una adecuada conexión terrestre, tanto por carretera como por ferrocarril.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que estudie y, posteriormente ejecute, la mejor fórmula para la conexión ferroviaria del Puerto de Motril (Granada)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2017.-Elvira Ramón Utrabo y Gregorio Cámara Villar, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002516

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a adoptar medidas concretas para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

En las últimas décadas, el momento de la emancipación de los jóvenes en España ha ido retrasándose hacia edades cada vez más tardías. Las causas son diversas, como las dificultades para acceder al mercado de la vivienda, sea en compra o en alquiler, la precariedad y temporalidad en el empleo o la extensión del periodo de formación.


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Durante los años de crisis económica, los jóvenes han sido uno de los sectores más castigados por las políticas de recortes sociales del Gobierno del Partido Popular, lo que ha provocado un claro deterioro de las tasas de emancipación en España. Según se desprende de una reciente respuesta parlamentaria sobre emancipación de los jóvenes entre 18 a 35 años, entre 2012 y 2016 la tasa de emancipación ha caído un 22%, pasando de los 4,14 millones en 2012 a los 3,21 millones en 2016 (930.000 jóvenes menos) Según el último informe publicado por el consejo de la Juventud de España, correspondiente al primer semestre de 2016, los procesos de emancipación residencial entre la población de 16 a 29 años sigue en retroceso y, en el segundo trimestre de 2016, tan solo el 19,7 % de las personas de esta franja de edad lograron independizarse y, de este porcentaje, sólo el 16,7% de las personas jóvenes emancipadas ha logrado establecerse en un hogar unipersonal. En la franja de edad entre los 16 y 24 años la tasa de emancipación se reduce hasta el 6.2%.

La caída del poder adquisitivo de la población joven asalariada, junto con el aumento anual de los precios de compraventa y de alquiler de vivienda, hacen cada vez más inviable la emancipación residencial.

La reforma laboral del Gobierno del Partido Popular, que castiga especialmente a los jóvenes, así como las escasas políticas del Gobierno del PP para favorecer el empleo a los jóvenes de nuestro país, ha reducido significativamente las posibilidades de emancipación. La mitad de los jóvenes de nuestro país no tienen empleo, y los que lo tienen es empleo muy precario, con mucha temporalidad y salarios miserables. En el informe El Estado de la Pobreza. España 2017 VII Informe anual sobre el riesgo de pobreza y exclusión, realizado por EAPN España, se apuntaba que, por grupo de edad, el riesgo de pobreza se ceba entre los jóvenes de entre 16 y 29 años con un 37,6% de afectados.

A lo anterior se suma que, el aumento anual de los precios de compra y alquiler de vivienda, dificulta aún más la materialización de los procesos de emancipación residencial entre la población joven. Según el Observatorio de Emancipación, una persona joven asalariada que quisiera emprender la emancipación residencial en solitario debería dedicar el 68,6% de su sueldo a la renta de alquiler de vivienda o el 60,9% a hacer frente a las cuotas hipotecarias, ambos supuestos inviables económicamente.

Además, la escasez de oferta de vivienda protegida, determina una posición de prevalencia del mercado libre para el acceso a una vivienda digna, cuya localización y precio influyen de modo determinante en la posibilidad de los jóvenes para emanciparse.

A todo lo anterior debe añadirse la pérdida de ayudas específicas para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes. La Renta Básica de Emancipación, suprimida en diciembre de 2011 por el Gobierno del Partido Popular, constituía una prestación social dirigida a beneficiar a la población joven de nuestro país, un importante instrumento de dinamización de la economía joven y del mercado del alquiler y de equiparación económica entre los jóvenes, y un elemento de clarificación fiscal sobre las viviendas en alquiler y las rentas que generaban, lo que contribuía a una mayor justicia fiscal en el gravamen sobre las rentas del patrimonio inmobiliario.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, previo acuerdo con las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias y previa consulta al Consejo de la Juventud de España, a impulsar y financiar programas de emancipación juvenil que tengan como objetivo facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, prestando una atención especial a quienes tengan mayores dificultades para emanciparse. Estos programas deberán contener, al menos, las siguientes actuaciones:

1. Recuperar la denominada "renta básica de emancipación", consistente en un conjunto de ayudas directas del Estado destinadas al apoyo económico para el pago del alquiler de la vivienda que constituye su domicilio habitual y permanente, en los términos y condiciones establecidos por el derogado Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, con el objeto de favorecer la emancipación de los jóvenes, su acceso a la vivienda, y su pleno desarrollo personal.

2. Potenciar la construcción de viviendas públicas protegidas en régimen de alquiler adaptadas a las necesidades y el nivel de ingresos de los jóvenes, de forma que en ningún caso el coste mensual suponga una cantidad superior al 25% de sus ingresos.

3. A través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), establecer una línea de crédito destinada a financiar la construcción o rehabilitación de viviendas con destino al alquiler para los jóvenes.


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4. Impulsar, a través de convenios con los Ayuntamientos y las Universidades, las bolsas de vivienda Joven en alquiler, especialmente para jóvenes de baja renta económica, desplazados por motivos laborales o de estudios.

5. Promover, a través de las Asociaciones de Consumidores de ámbito estatal, la formación destinada a los jóvenes con objeto de disminuir los fraudes y asegurarles la máxima información para favorecer su acceso a la vivienda."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2017.-Miguel Ángel Heredia Díaz, María del Mar Rominguera Salazar, Victoria Begoña Tundidor Moreno y Esther Peña Camarero, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002524

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Fomento, relativa a la reapertura de la línea de ferrocarril convencional Madrid-Aranda de Duero-Burgos, línea 102.

Exposición de motivos

La mayor parte de la línea de ferrocarril Madrid-Aranda de Duero-Burgos lleva cerrada al tráfico desde el año 2011, cuando se produjo un desprendimiento de una parte del túnel de Somosierra como consecuencia de unas obras de renovación de la infraestructura que se estaban realizando. Esta circunstancia hace que para conectar Madrid y Burgos haya que tomar un recorrido alternativo por Valladolid. Un contratiempo especialmente para los trenes de mercancías, que llevan todo este tiempo recorriendo 90 kilómetros más por trayecto para conectar el norte de España con Madrid. Mayores costes, mayor grado de contaminación, mayor gasto energético.

Han pasado siete años desde aquel incidente y la línea 102, como la denomina ADIF, permanece cerrada y el túnel de Somosierra bloqueado pese a las innumerables reivindicaciones ciudadanas en favor de la reapertura de la línea, las muchas iniciativas institucionales aprobadas en ayuntamientos y en la Diputación de Burgos y los diversos informes favorables a la reapertura de la línea.

El primero de ellos es del año 2015. Realizado por Inginer, ingeniería vinculada a la Universidad de Burgos, y solicitado por la Asociación Plan Estratégico de Burgos. Dicho estudio concluía que la reapertura de la línea, si se decide electrificar, se traduciría en un ahorro global para nuestras empresas de 465 millones de euros en los próximos veinte años. Y esto en un escenario conservador.

El último de ellos, realizado por la empresa Teirlog Ingeniería a petición del Ministerio de Fomento y publicado en prensa hace escasos días, va más allá y concluye que es rentable e incluso debería considerarse invertir más para atraer un mínimo de 2.500 trenes de mercancías al año. Es decir que recomienda al Gobierno hacer una inversión para reactivar el tráfico, incorporar sistemas de bloqueo y otras mejoras y electrificar la línea. El informe es claro en cuanto a la idoneidad de la reapertura para el desarrollo y la generación de riqueza. También recomienda al Gobierno potenciar el transporte ferroviario de mercancías y personas tal y como requiere la UE.

Para ello se basa en 5 razones principales:

1. El alto potencial industrial del corredor Madrid-Aranda de Duero-Burgos.

2. La intermodalidad.

3. El papel del corredor como nexo de unión entre Madrid y los Puertos del País Vasco.

4. Freno para la deslocalización y la despoblación asociada.

5. Mantenimiento de la competitividad de los núcleos de población del corredor y la igualdad de oportunidades frente a otras regiones.

A estas razones hay que añadirle el beneficio social que supondría dada la importancia de la infraestructura para la vertebración territorial. Y la liberación de tráfico pesado de la A-1 con la consiguiente reducción de la siniestralidad y de la emisión de gases de efecto invernadero.


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Hemos de recordar también que en las actuaciones previstas en el PITVI se encuentra el impulso de las "Plataformas e Instalaciones Logísticas" de Burgos, Miranda de Ebro y Aranda de Duero. Además, la "Reposición de la red convencional de la línea Madrid-Aranda-Burgos".

La situación geográfica de la línea la convierte en estratégica para España y la Unión Europea dado que podría servir de infraestructura para los movimientos de mercancías entre África-Portugal-España-Oeste de Francia-Reino Unido y Países Bajos. Para ello el Gobierno de España debería hacer las actuaciones necesarias para que el tramo Madrid-Aranda de Duero-Burgos se incluya dentro de la Red Ten-T (Transeuropean Network-Transport), como parte del Corredor Atlántico. Esto abriría la posibilidad a que la UE financiara parte de las actuaciones necesarias para la reapertura del tramo.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Realizar las inversiones necesarias para reactivar el tráfico, incorporar sistemas de bloqueo y otras mejoras y electrificar la línea 102. Madrid-Aranda de Duero-Burgos.

2. Acometer cuantas acciones sean necesarias para la inclusión el tramo ferroviario Madrid-Aranda de Duero-Burgos en la Red Ten-T."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre, de 2017.-Miguel Vila Gómez, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Empleo y Seguridad Social

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a abrir un proceso de diálogo social en materia de impulso de la igualdad laboral, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Exposición de motivos

Las políticas y objetivos de igualdad entre mujeres y hombres han ido avanzando en España durante los años de consolidación de la democracia, contribuyendo a construir una vida mejor para las mujeres en nuestro país, al proteger y reconocer sus derechos y extender así las condiciones de libertad y derechos para el conjunto de la sociedad.

La incorporación de las mujeres al trabajo remunerado representa un activo fundamental para la recuperación económica de nuestro país y el cambio hacia un modelo de crecimiento más sostenible. Una economía globalizada, basada en el conocimiento no puede prescindir de la mitad del talento y de la capacidad de una sociedad si quiere alcanzar ventajas competitivas.

Desde diciembre de 2011, hay 241.904 mujeres más trabajando y desde febrero 2013, peor dato de la crisis, más de medio millón de mujeres (565.879), han recuperado o encontrado un trabajo. En la actualidad las mujeres representan casi el 50% de la ocupación total, alcanzando casi los ocho millones y medio de afiliadas. El número de mujeres directivas ha ido creciendo en esta última década ya que hace diez años se situaba en un 17% y según los últimos datos, está en un 26%.

No obstante las desigualdades en cuanto a salarios persisten y deben removerse muchos de los actuales obstáculos existentes para que la igualdad sea plena y efectiva en todos los ámbitos públicos y privados.

En todo el mundo, según el Informe Global de la Brecha de Género 2016 del Foro Económico Mundial, las mujeres tardarán 170 años en cerrar la brecha salarial con los hombres.


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En el año 2007, el salario medio anual de las mujeres en España fue de 16.943,89 euros, frente a los 22.780,29 euros de los hombres, es decir, 5.836,4 euros menos (un 25,6%), según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A tenor de los últimos datos, correspondientes a 2016, las cifras del INE revelan que las ganancias medias anuales de los hombres ascienden a 25.727,24 euros, frente a los 19.744,82 euros de las mujeres, lo que supone 5.982,42 euros menos (un 23,2% menos). Los sueldos aumentan pero las distancias entre ambos sexos apenas se reducen.

En la actualidad, España se sitúa en el sexto lugar de la Unión Europea con un porcentaje medio de 18,8% de brecha salarial, según los últimos datos del Eurostat.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a abrir un proceso de diálogo social en materia de impulso de la igualdad laboral, para adoptar medidas de transparencia que cuantifiquen la retribución por género conforme a una tabla de clasificación por categorías profesionales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital

161/002493

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el apoyo a la Industria del espacio, el impulso al gran telescopio de Canarias y el desarrollo del denominado "turismo de las estrellas", para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Exposición de motivos

El Gran Telescopio Canarias, conocido también como GTC, es un proyecto español que dio lugar a la construcción del telescopio óptico más grande y avanzado del mundo, situado en el Observatorio del Roque de Los Muchachos en la isla de La Palma.

En el año 1994, se fundó la empresa pública GRANTECAN, S.A., con el objeto de diseñar y construir el Gran Telescopio, que recibió el apoyo del gobierno autonómico y estatal. También contó con un reconocimiento internacional: el Gobierno de México, a través del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de Puebla y Estados Unidos, a través de la Universidad de Florida.

En la madrugada del 14 de julio de 2007, tuvo lugar la ceremonia de "la primera luz" bajo el liderazgo del Instituto de Astrofísica de Canarias y, en julio de 2009, fue inaugurado oficialmente por los Reyes de España. Sus instalaciones, junto con las del Observatorio del Teide, constituyen el Observatorio Norte Europeo (ONE): un lugar que posee unas condiciones óptimas para la observación gracias a la calidad del cielo y la ley que lo protege contra la contaminación lumínica.

El objetivo del GTC es facilitar observaciones científicas a nivel mundial mediante el estudio de cuestiones astrofísicas: la naturaleza de los agujeros negros, la historia de la formación de las estrellas y galaxias, la física de los planetas, la energía oscura en el universo, etc.

Una decisión judicial reciente ha otorgado permiso en el volcán hawaiano de Mauna Kea a la construcción del Telescopio de 30 metros (TMT, en inglés), que se convertirá en el telescopio óptico y de infrarrojos más potente del hemisferio norte. Se trata de un proyecto internacional de casi 1.200 millones de euros y apoyado por prestigiosas universidades de todo el mundo. En caso de que no se pudieran construir las instalaciones en Hawai, los organizadores del TMT designaron a La Palma como el


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emplazamiento alternativo. Según el Instituto de Astrofísica de Canarias, esta decisión podría suponer una gran oportunidad para la isla, ya que se produciría una importante actividad científica durante un mínimo de 65 años, los científicos españoles tendrían acceso al 10% del tiempo de observación en el TMT y las inversiones generarían unos 25 millones de euros al año en la región. Se ha fijado abril de 2018 como fecha límite para el inicio de las obras.

Por su parte, el director de Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Rafael Rebolo, ha señalado que el TMT al que aspira la isla de La Palma es "una oportunidad para que las nuevas generaciones palmeras puedan acceder a puestos de trabajo de tecnología, para que los nuevos emprendedores aprovechen esta iniciativa para crear turismo astronómico y beneficiar a la Isla".

La belleza de la isla y las condiciones óptimas para la práctica de la observación del cielo podría atraer a un gran número de personas en lo que se ha dado en llamar "turismo de las estrellas".

Por todo ello, debemos aprovechar esta oportunidad para impulsar acciones que atraigan a la comunidad científica a la isla de La Palma y preparar a la población isleña y canaria para que se formen adecuadamente y puedan optar a un empleo de calidad. Además, se hace necesario aprovechar estas instalaciones para potenciar la creación de un ecosistema de Pymes alrededor de estas actividades científicas y turísticas que aumenten las posibilidades de la isla de La Palma.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Establecer medidas que permitan la consolidación y crecimiento del GTC español como referente mundial indiscutible.

2. Impulsar la formación académica de los jóvenes en los empleos especializados ligados a los proyectos nacionales e internacionales presentes y futuros que éste genera.

3. Valorar el gran telescopio de Canarias, como un elemento de interés turístico que puede contribuir al objetivo de desconcentrar y desestacionalizar la oferta turística en nuestro país, apostando por un turismo de calidad, sostenible y de gran valor añadido."

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el desarrollo de medidas que permitan mantener la seguridad en el cifrado de redes inalámbricas afectadas por el fallo de seguridad en el protocolo WPA2, detectado recientemente, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Exposición de motivos

Actualmente, las conexiones Wi-Fi se han convertido en una herramienta imprescindible tanto en el ámbito personal como profesional. Las redes inalámbricas se han perfeccionado a lo largo de estos años debido al auge de los smartphones y tablets, pero siguen necesitando perfeccionar algunos puntos, como es el caso de los protocolos de cifrado.

Cuando utilizamos una conexión inalámbrica, resulta imprescindible el cifrado de los datos que se envían y reciben. Si no fuera así, nuestras comunicaciones podrían ser interceptadas y estaríamos en peligro de que cualquiera pudiera ver lo que intercambiamos con otros equipos.

En términos más técnicos, la contraseña de nuestro router está creada por un protocolo avanzado y fiable denominado "Wi-Fi Protected Access II", más conocido como "WPA2". Este estándar de encriptación Wi-Fi era considerado hasta ahora como el más seguro e inaccesible. Pero, el pasado 16 de


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octubre, fue vulnerado por un ciberataque consistente en una serie de técnicas conocidas como "Key Reinstallation AttaCK" o "KRACK".

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos -responsable de prevenir e impedir este tipo de ataques informáticos- ha declarado que "el impacto de la explotación de estas vulnerabilidades incluye el descifrado, la repetición de paquetes, el secuestro de conexiones TCP, la inyección de contenido HTTP y otros".

El proceso de intrusión se produce en el transumo del handshake, que consiste en el intercambio de información privada entre un cliente y un router para escoger las claves de cifrado en una red de comunicaciones. De esta manera, cuando un usuario se conecta con sus credenciales se genera una nueva clave de cifrado que afecta a todo el tráfico que se va a transmitir. El atacante busca engañar a la víctima para que reutilice la clave ya en uso mediante la manipulación y reemplazo de los mensajes cifrados handshake.

Prácticamente todos los sistemas operativos son vulnerables a este ciberataque: Android, Linksys, Linux, MacOS, MediaTek, OpenBSD, Windows, etc. Por el momento, cambiar la clave del Wi-Fi constantemente no soluciona el problema y usar el protocolo WPA-TKIP, en lugar de WPA2, podría hacer más vulnerable la red.

Por suerte, es posible solucionar este fallo de seguridad con los parches y actualizaciones, que diseñan y distribuyen los principales fabricantes de dispositivos con conectividad inalámbrica, para actualizar el funcionamiento del protocolo WPA2. Microsoft ya ha publicado una actualización para solucionar la vulnerabilidad y el componente hostapad Linux ya tiene el parche preparado. Además, la Wi-Fi Alliance ya ha puesto en marcha un plan para atajar el problema de manera inmediata.

Nos encontramos ante un virus capaz de hackear la red Wi-Fi y todavía puede afectar a la seguridad y privacidad de las comunicaciones de las empresas y los hogares. Por eso, es necesario que la comunidad de expertos en seguridad aporte información más específica sobre esta vulnerabilidad y que los ciudadanos tomen conciencia de la gravedad del problema para adoptar soluciones.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar impulsando cuantas medidas sean necesarias -desde el punto de vista de la comunicación, formación, concienciación, etc.- para garantizar la seguridad y privacidad de las redes Wi-Fi."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/002527

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el fomento de la movilidad sostenible, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Exposición de motivos

La industria automovilística, que representa el 10% del PIB español, genera el 17,7% de las exportaciones y sostiene del orden de 300.000 empleos directos y 2 millones indirectos. España es el primer fabricante de vehículos industriales de Europa, y el segundo de vehículos comerciales. Además, es el mayor fabricante europeo de coches eléctricos y, sin embargo, el que cuenta con un menor parque activo en circulación de estos vehículos.

La escasa penetración de los vehículos de última generación contrasta con el hecho de que España esté entre los cuarto país con más coches por habitantes del mundo por delante de Japón o EEUU con unos 597 coches por cada 100 habitantes, es decir un coche por cada 2 personas. Además, el parque


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español de coches alcanza los 27,9 millones de unidades. La edad media de los vehículos se eleva hasta los 11,6 años.

Apoyar a la economía verde sin criminalizar otras tecnologías es una situación de ganancia para todos. La electrificación del transporte es una pieza fundamental para reducir las emisiones de gases contaminantes y cumplir los objetivos europeos de energía y cambio climático.

El reciente informe de la Comisión Europea sobre Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE Informe de ESPAÑA dice que: "España afronta retos considerables en los ámbitos de la gestión del agua y los residuos y de la calidad del aire. Podría reforzarse la coordinación y colaboración entre las distintas administraciones públicas competentes, y el desarrollo sostenible podría integrarse en mayor medida en otros ámbitos políticos. El crecimiento verde también podría ocupar un puesto más destacado en la agenda política."

Además, la Comisión Europea ha presentado los objetivos de reducción de emisiones del parque automovilístico comunitario para la próxima década. El nuevo Paquete de Movilidad Sostenible establece que las emisiones de CO2 se reduzcan un 15% en 2025 y un 30% en 2030, siempre en base a las que se registren en 2021. Asimismo, se establece una cuota del 5% en la producción de vehículos eléctricos.

La UE ha conseguido reducir las emisiones de CO2 en un 23% desde 1990, sin embargo en el transporte las emisiones han crecido en el entorno del 20%. Es por ello que se aplicará el límite a partir de 2020 para el transporte de vehículos ligeros.

En lo que respecta a la legislación española, con fecha 26 de junio de 2015, el Consejo de Ministros aprobó un Acuerdo por el que se toma conocimiento de la Estrategia de Impulso del Vehículo con Energías Alternativas (VEA) en España 2014-2020. Esta Estrategia, planteaba como objetivo favorecer el desarrollo de una industria vinculada al desarrollo del sector de automoción de energías alternativas (vehículos eléctricos, vehículos propulsados por Gas Licuado del Petróleo GLP, Gas Natural Comprimido GNC, Gas Natural Licuado GNL, biocombustibles e hidrógeno), y analiza las características tecnológicas de cada una de las energías alternativas y se proponen medidas que cubren tres ejes de actuación: industrialización, mercado e infraestructura.

Sin embargo, según el Barómetro de Seguridad Vial y Medio Ambiente Bosch-Anfac, la mayor parte de las matriculaciones siguen siendo de vehículos con configuración diésel o gasolina, aunque la tendencia es que las tecnologías alternativas vayan ganando terreno.

La Estrategia de Impulso del vehículo con energías alternativas en España (2014-2020) se fijó como objetivo alcanzar los 150.000 coches eléctricos en nuestro país en el año 2020. Esto precisaría que se matriculasen cerca de 50.000 coches eléctricos al año durante los próximos tres años, algo que parece imposible a la vista de las cifras más recientes de matriculación de vehículos eléctricos. En 2015, los vehículos eléctricos representaron el 0,3% del total de matriculaciones en España. En el primer semestre de 2016, se matricularon 2.577 vehículos eléctricos, un 90% del total de vehículos matriculados en el año 2015.

El Marco de Acción de Energías Alternativas en el Transporte (MAEAT), pone de manifiesto la gran cantidad de ministerios y administraciones (estatal, autonómica y local) con competencias en este tema. No obstante se identifica tres ejes de actuación prioritarios:

I. Mercado. Acciones de impulso de la demanda que facilite el incremento de la oferta y las economías de escala.

II. Infraestructura. Acciones para favorecer una red de infraestructura que permita cubrir las necesidades de movilidad de los usuarios.

III. Industrialización. Acciones para impulsar la industrialización de vehículos con energías alternativas y de los puntos de suministros asociados, con el objetivo de situar a España a la vanguardia del impulso de estas tecnologías.

Respecto al impulso del mercado de vehículos con Energías Alternativas, hay que considerar que el precio de adquisición de éstos sigue siendo más caro, un 30 y un 40% más en el caso de los vehículos eléctricos debido principalmente al coste de su batería. Por este motivo, si se pretende impulsar el vehículo eléctrico, de momento sigue siendo necesario que existan ayudas o bonificaciones en el precio de adquisición.

Hasta la fecha las ayudas estatales a de vehículos con Energías Alternativas se han caracterizado por la incertidumbre. En primer lugar estaban repartidas en distintos planes, su aprovechamiento era desigual y su presupuesto podría variar ampliamente. Los principales instrumentos han sido el Plan PIMA Aire


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(desde 2012) y el Programa MOVELE (desde 2014), ambos fusionados en 2016 en el Plan MOVEA con un presupuesto total de 16,6 millones de euros. El total de ayudas a la adquisición de vehículos con Energías Alternativas durante los pasados seis años, entre 2012 y 2016, fue de 72 millones. Esto es menos de lo que se destinó al plan PIVE en cualquier año puntualmente para incentivar la adquisición de vehículos nuevos. De hecho estas cantidades están muy lejos de los importes asignados a los sucesivos planes PIVE para la compra de vehículos convencionales nuevos, que en su última edición Plan PIVE 8 obtuvo 225 millones de euros.

A esto hay que sumar que las ayudas del Plan MOVEA suelen agotarse rápidamente (en el caso del último lanzamiento esto sucedió en un plazo inferior a 24 horas), de modo que pasan varios meses entre la finalización de una convocatoria y la entrada en vigor de la siguiente. Además, estas ayudas deben declararse como una ganancia más y por tanto, inciden en el IRPF del consumidor.

Respecto al fomento de infraestructuras, es necesario dotar de un marco legal que favorezca el desarrollo de una infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Es fundamental revisar la actividad del gestor de carga de vehículos eléctricos para simplificar esta figura y facilitar la inversión en infraestructura de recarga. Actualmente sólo hay 9 empresas registradas en la CNMC como gestores de carga en la Comunidad de Madrid. Sin embargo el Real Decreto 1053/2014, obliga a instalar un punto de recarga para coches eléctricos por cada 40 plazas de aparcamiento. Eso explica que haya 4.500 enchufes sin dar de alta en el listado de la CNMC.

Con su último Decreto 639/2016, el Gobierno parecía aceptar que los puntos de recarga en los que se proporcione electricidad sin contraprestación no tendrían que estar gestionados por un gestor de carga. El resultado es que para poder vender energía eléctrica a terceros es preciso ser gestor de carga, lo cual no es sencillo, mientras que cualquiera puede cederla gratuitamente si es para recarga de vehículos eléctricos, lo que no parece una manera racional de impulsar una movilidad eléctrica fiable y económicamente sostenible.

Sin embargo, el pasado miércoles 8 de noviembre de 2017, el consejo de dirección del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), aprobó el nuevo Plan de Apoyo a la Movilidad Alternativa (MOVALT), que inicialmente contará con una dotación presupuestaria de 35 millones de euros, que están previstos sean elevados hasta los 50 millones de euros que se destinarán a ayudas a la compra de vehículos alternativos, a impulsar la infraestructura de carga y a proyectos de l+D+i.

Esta iniciativa llega después del mencionado agotamiento de los fondos en 24 horas del anterior Plan MOVEA, el pasado verano, y contará, en un principio, con 20 millones de euros para ayudas a la adquisición de vehículos con combustibles alternativos (eléctricos, híbridos enchufables, de gas y de pila de combustible de hidrógeno).

Asimismo, el Ministerio ha comunicado la intención de enviar a la CNMC una propuesta de modificación del Real Decreto que regula la figura del gestor de cargas con el fin de facilitar su aplicación y simplificar sus trámites.

Por último, nuestra industria de la automoción precisa de soluciones logísticas para la mejora de su competitividad. El transporte ferroviario termina a un kilómetro de los muelles y es una rémora para la exportación. Aunque el cambio automático de ancho de vía para los vagones es una tecnología disponible, no existe material rodante de estas características, quizás porque tampoco existe oportunidad de utilizarlo.

Todo ello evidencia que resulta imprescindible coordinar los esfuerzos de promoción de combustibles alternativos en vehículos particulares con la renovación de flotas de transporte pesado en lo que respecta a dichos combustibles y el incremento del transporte de mercancías a través del ferrocarril, habilitando la optimización de la red ferroviaria nacional existente para incrementar su papel en esta materia.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Articular un plan plurianual de ayudas directas para la adquisición de vehículos eléctricos del Plan de Impulso a la Movilidad con Vehículos de Energías Alternativas (MOVEA), MOVALT o similares, con la finalidad de garantizar la estabilidad y continuidad temporal de las mismas.

2. Aumentar significativamente la dotación económica del Plan de Impulso a la Movilidad con Vehículos de Energías Alternativas (MOVEA), MOVALT o similares en coherencia con el objetivo de la


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Estrategia de Impulso del Vehículo con Energías Alternativas (2014-2020) de alcanzar 150.000 coches eléctricos en España en 2020.

3. Revisar la fiscalidad aplicable sobre vehículos, con la finalidad de vincular su gravamen en función de su nivel de emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero, no sólo de emisiones de CO2.

4. Favorecer el desarrollo de una infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en espacios públicos y privados racional y sostenible.

5. Simplificar al máximo la regulación existente en relación a la figura del gestor de carga.

6. Mantener un registro completo y realizar controles de seguridad de los puntos de recarga en territorio español.

7. Desarrollar un plan intermodal para el transporte mercancías que responda a las necesidades logísticas de la industria española, optimice el papel de la infraestructura ferroviaria para habilitar e incrementar el transporte pesado de mercancías a través de las mismas.

8. Promueva, en coordinación con las CC.AA., la conversión, dentro del sector del transporte público, a las energías alternativas más sostenibles y adecuadas a las necesidades del servicio.

9. Ampliar las ayudas para la compra de vehículo eléctrico de más de cinco plazas para las familias numerosas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2017.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/002528

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la realización de inspecciones obligatorias de Instalaciones Receptoras Individuales y de Instalaciones Receptoras Comunes (IRI's y IRC's) de gas por canalización, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Exposición de motivos

El 31 de octubre se publicó el "Real Decreto 984/2015, de 31 de octubre, por el que se regula el mercado organizado de gas y el acceso de terceros a las instalaciones del sistema de gas natural".

El Real Decreto 984/2015, trae causa, a su vez, del desarrollo reglamentario que esta disposición realizó de la "Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, de Sector de Hidrocarburos y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos". El artículo 3 -apartado nueve- de la Ley 8/2015 modificó la letra p), del Apartado 1 del Artículo 74 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, de Sector de Hidrocarburos viniendo a ampliar a cualquiera de las empresas instaladoras habilitadas de gas la posibilidad de realizar la inspección periódica de las instalaciones receptoras de gases combustibles por canalización hasta entonces realizadas, con carácter exclusivo, por las compañías distribuidoras de gas.

El desarrollo que el Real Decreto 984/2015, hace de la Ley 8/2015 y la propia práctica derivada del "quehacer" diario de las empresas instaladoras habilitadas de gas en el ejercicio de la inspección obligatoria de instalaciones receptoras, han mostrado la existencia de tres gravísimos problemas para todas aquellas empresas instaladoras habilitadas de gas que quieren realizar esta actividad económica, ahora liberalizada.

El primero de estos problemas lo constituye el hecho de que la compañía distribuidora de gas, es el único agente económico interviniente en el mercado de la realización de inspecciones periódicas que dispone de la información precisa de en qué concreto momento cronológico y en qué domicilio exacto ha de realizarse una inspección de la instalación receptora de gas, lo que representa una ventaja competitiva que la empresa instaladora habilitada de gas, por desconocer esos datos, no tiene. Esta información está provocando que las compañías distribuidoras gasistas estén ejecutando aquellas operaciones aprovechando las economías de escala, agrupándolas en un mismo edificio y/o finca con el ahorro en costes que ello supone. Sobre todo en términos de tiempo y desplazamiento.


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El segundo problema lo constituye, por un lado, el procedimiento de facturación ideado por el Real Decreto 984/2015 que se está revelando perjudicial para las empresas instaladoras habilitadas de gas que han efectuado una inspección de la instalación de gas al cliente final al obligarlas a informar a sus competidores directos (la empresa comercializadora de gas) el precio al que las empresas instaladoras habilitadas de gas están cobrando la inspección a su cliente.

Además, por otro lado, el cobro de la factura se ha convertido en un proceso interminable que permite el retraso en los pagos bastantes meses después de prestado el trabajo por la empresa instaladora y, desde luego, por encima de los plazos de pago establecidos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El tercer problema viene constituido, por un lado, por los plazos señalados por el Reglamento para que, bien la empresa distribuidora de gas bien la empresa instaladora habilitada de gas realice la inspección periódica de la instalación receptora de gas. Y, por otro lado, por el modo en que la compañía distribuidora comunica al usuario conectado a su red que ha de pasar la inspección de su instalación. Por lo que se refiere a los plazos, la empresa instaladora de gas dispone, tan solo, de 45 días desde la fecha de recepción de la carta por parte del usuario final, en tanto que la compañía distribuidora dispone de un plazo infinitamente más largo que se extiende desde el día 46 (como mínimo) hasta cualquier fecha posible dentro del año natural de vencimiento de la fecha de puesta en servicio de la instalación o de la fecha del último certificado de inspección periódica realizada.

Por lo que al modo de comunicación se refiere, la carta señala la fecha de su remisión al usuario como momento a partir del cual la compañía distribuidora fija una fecha límite, no inferior a 45 días, para que la inspección pueda ser realizada por una empresa instaladora de gas. Siendo así que este día debe ser, en todo caso, la fecha del acuse de recibo de su recepción por parte del usuario. Un usuario de gas que abre su correspondencia 45 días después de la fecha señalada en la comunicación no puede ya contratar los servicios de una empresa instaladora habilitada de gas al haber transcurrido ese plazo de 45 días. De esta forma el usuario, por un lado, pierde su capacidad de elección y contratación -esencial en una economía de mercado- y, por otro lado, se está frustrando la posibilidad de prestación del servicio por parte de la empresa instaladora habilitada de gas.

Por todo cuanto antecede se ha de concluir que el desarrollo reglamentario que el Real Decreto 984/2015, hace del artículo 3, apartado nueve de la Ley 8/2015, deja en una pretendida liberalización la actividad de inspección de las instalaciones receptoras de gas por canalización cuando esta actividad quiere ser realizada por una empresa instaladora habilitada de gas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a potenciar y seguir avanzando en la plena liberalización del servicio de inspección de instalaciones de gases combustibles por canalización facilitando el acceso de las empresas instaladoras habilitadas de gas a los datos en poder de la compañía distribuidora en lo relativo a la última inspección realizada así como sobre los puntos de suministro que tienen planificada su inspección. Esto evitaría, sin duda, la actual asimetría de información favorable a la compañía distribuidora y evitaría que la compañía distribuidora compitiera, como actualmente lo hace, en condiciones más ventajosas en el ofrecimiento de este servicio de inspección. Todo ello con el objeto de trasladar a los consumidores los beneficios derivados de una mayor presión competitiva."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2017.-Ricardo Cortés Lastra, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/002487

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Ignasi Candela, Diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente


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Proposición no de Ley ante los efectos de la sequía y el afán recaudatorio del Gobierno central, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

La prolongada sequía que se vive en gran parte de la península ibérica está causando graves problemas en los aprovechamientos de los recursos hídricos de algunos territorios y, de manera especial, en los usos agrícolas de regadío en una amplia zona que abarca el sur de la provincia de Alicante en la Comunidad Valenciana, una buena parte de la Región de Murcia y también en el noreste de la provincia de Almería en Andalucía.

Esta situación, que no es nueva, se está convirtiendo en angustiosa para decenas de familias y para una actividad económica de gran repercusión social debido a las tardanzas de la Administración en realizar las inversiones necesarias para encontrar suficiente recursos alternativos y en aquellos dirigidas a mejorar los aprovechamientos.

A ello se suma el devastador efecto que podría tener, si se llegase a aplicar, la Resolución de 13 de junio de 2017, de la Dirección General del Agua, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de junio de 2017, sobre la aprobación de las nuevas tarifas para aprovechamiento del acueducto Tajo-Segura que prevé un mecanismo inédito en los 38 años de funcionamiento de esta infraestructura y que representaría un costo anual (sin riego) de unos 120 euros por hectárea. Una carga injusta y arbitraria que recaería sobre los ya esquilmados recursos de los regantes.

En consecuencia de todo ello, presentamos la siguiente

Proposición no de Ley

"1. Exigir a las Confederaciones Hidrográficas y Administración las inversiones urgentes y necesarias para resolver a corto y medio plazo las dotaciones alternativas a través de la desalinización o desalobración, de los aprovechamientos de las aguas depuradas, de los sistemas de reserva y utilización de los aportes del Júcar al Vinalopó, etc., así como las mejoras en modernización y racionalización de regadíos paralizadas durante años.

2. Emplazar al Gobierno de España a modificar el acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de junio de 2017 y eliminar la injusta y arbitraria "derrama" aplicable a decenas de miles de familias con recursos cada vez más limitados.

3. Destinar una partida presupuestaria específica destinada a la investigación y desarrollo de energías renovables aplicadas a la desalación con el objetivo de abaratar el precio del agua desalada."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2017.-Ignasi Candela Serna, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.-Javier Sánchez Serna, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la defensa de la exportación de la aceituna de mesa a Estados Unidos, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

Según los datos del balance de la campaña 2016/2017, de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), la producción nacional de aceituna de mesa de este año en agosto, a falta de cerrar completamente la campaña, han rondado las 596 mil toneladas, volumen que demuestra que seguimos siendo el primer país productor del mundo.


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La producción se concentra, según datos del "Diagnóstico sobre el sector de la aceituna de mesa en España" publicado en 2016, en un 80% en Andalucía, un 19% en Extremadura, y el 1% restante se distribuye entre el resto de zonas productoras. Estos datos están ligados con la superficie destinada a este cultivo en cada región. Sevilla, con alrededor de 330 mil toneladas anuales, es la provincia con mayor producción de España, seguida de Córdoba, Badajoz y Málaga.

Destaca, con datos de la AICA, que España es el primer exportador mundial. La media de las exportaciones en las últimas cuatro campañas supera las 338.000 toneladas, lo que supone el 65% del total comercializado por nuestro país, con un valor de más de 700 millones de euros.

Con más de 180 países como destino, la mayor parte de las exportaciones se dirigen al mercado de los Estados Unidos, un 24% del total. No obstante, el mercado americano presenta una cierta tendencia decreciente y con gran variabilidad en los últimos años, que es más acusado en conservas con vinagre o ácido acético. Las causas de la variación se atribuyen al incremento de la propia producción de aceituna de mesa de EEUU, ubicada en el estado de California, y a la importación con origen en otros países, como Argentina.

El cultivo de la aceituna de mesa tiene un marcado carácter social y genera gran cantidad de jornales cada campaña. Se estima que, sólo en la provincia de Sevilla se generan 1,43 millones de jornales, el 83% de toda Andalucía. Además, lleva asociada la actividad de 384 empresas las dedicadas al entamado o aderezo de las aceitunas de mesa y de 237 empresas dedicadas al envasado.

En resumen, podemos asegurar, que el sector de la aceituna de mesa es de gran relevancia en el conjunto de la industria agroalimentaria nacional, por su volumen de producción y exportación y por el número de empleos, directos e indirectos, que genera.

Sobre estos datos, la aceituna negra representa alrededor del 28% de la producción. Sin embargo, la aceituna negra supone casi la mitad de las exportaciones.

El pasado mes de junio empresas aceituneras norteamericanas presentaron ante las autoridades competentes de su país una queja sobre las importaciones de aceituna negra procedentes de Europa, solicitando la imposición de derechos antidumping y antisubvenciones sobre las importaciones, en especial sobre las aceitunas negras de mesa procedentes de España, acusando que dichas importaciones se están realizando a bajo precio y están siendo subvencionadas por la ayudas de la Política Agrícola Común (PAC).

El Gobierno ya ha trasladado a la Comisión la preocupación por el expediente contra las exportaciones de aceituna de mesa abierto por Estados Unidos y le ha comunicado a los representantes del gobierno estadounidense la inquietud que está suponiendo este litigio.

Se trata, en el fondo, de un debate que no sólo afecta a la exportación de la aceituna de mesa, sino al modelo europeo establecido con la PAC, con ayudas desacopladas permitidas por la Organización Mundial de Comercio.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Responder de manera completa y adecuada ante las autoridades norteamericanas, frente a la denuncia presentada por empresas norteamericanas, y proporcionar toda la información solicitada para demostrar que las ayudas cuestionadas no deben ser objeto de medidas antisubvención con el objeto de que cese la denuncia que está originando grave daño al sector de la aceituna de mesa y su exportación.

- Tras el envío el pasado mes de septiembre de la carta conjunta de los Comisarios de Agricultura y de Comercio a las autoridades norteamericanas, en defensa del carácter no distorsionador de las ayudas de caja verde, continuar trabajando conjuntamente con la Unión Europea frente al litigio contra las exportaciones de aceituna negra de mesa a Estados Unidos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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161/002497

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los efectos del incendio forestal sufrido en Gran Canaria, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El pasado 20 de septiembre la cumbre de la isla de Gran Canaria fue arrasada por un incendio de gran virulencia. Con llamas que sobrepasaron los 10 metros, avanzó con voracidad y, aunque se actuó con rapidez, el trabajo de los equipos se vio complicado por las rachas de fuerte viento.

Según las primeras estimaciones, el fuego ha afectado a una superficie de 2.800 hectáreas, pertenecientes a los municipios de Tejeda, San Mateo, Telde, Santa Lucía y San Bartolome de Tirajana.

Desgraciadamente, hay que lamentar una víctima mortal, una vecina del municipio de San Mateo. Más de 800 vecinos tuvieron que ser desalojados. Viviendas y fincas destrozadas, cosechas pérdidas, más de 300 casas quedaron sin electricidad y conexión telefónica. El fuego alcanzó las terrazas de cultivo arrasándolas, se han perdido negocios y los animales tuvieron que ser abandonados. Incluso el Parador Nacional de Tejeda resultó afectado por las llamas, dejando 11 habitaciones destrozadas, toda el ala nueva del emblemático edificio.

Se vivieron situaciones muy delicadas. Un grupo de alrededor de veinte militares y agentes forestales de Gran Canaria y de La Palma ,algunos, de hecho, miembros de las BRIF del MAPAMA, pasaron horas rodeados por el fuego en la zona en donde se encuentran las antenas que permiten las telecomunicaciones en todo el archipiélago y gran parte del Atlántico Norte.

Una gran parte del terreno calcinado por el incendio pertenece a la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, afectando a cuatro espacios naturales protegidos: el Parque Rural del Nublo, el Paisaje Protegido de Las Cumbres, el Monumento Natural de los Riscos de Tirajana y la Reserva Natural Especial de Los Marteles, todos ellos lugares de gran valor ecológico, que forman el paisaje de singular belleza de Gran Canaria.

Ante esta desgracia que ha afectado a la isla de Gran Canaria y la necesidad de ayudas para los afectados, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Determinar y evaluar, a la mayor brevedad posible, el conjunto de los daños causados por el incendio que ha afectado, durante el mes de septiembre, en la isla de Gran Canaria.

2. Instar al Gobierno a realizar los trabajos más urgentes de restauración forestal y ecológica de las áreas afectadas por el incendio."

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/002506

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presentan, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley sobre los regadíos ilegales y la sobreexplotación de acuíferos en la comarca de los Vélez (Almería), para su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.


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Exposición de motivos

La comarca de los Vélez, constituida por los términos de Vélez Rubio, Vélez Blanco, María y Chirivel, en la provincia de Almería, se abastece de las surgencias de las aguas subterráneas de la Unidad Hidrogeológica 06. Orce-María, tanto para los servicios urbanos e industriales, como para el riego de las vegas tradicionales. Este acuífero está compartido entre las cuencas del Guadalquivir y del Segura, por lo que depende administrativa mente de ambas Confederaciones Hidrográficas.

En el año 2000 comenzaron a perforarse, al margen de la ley, sondeos para transformar regadíos en el término municipal de María. Desde entonces se vienen haciendo nuevos pozos y regadíos ilegales en la comarca, denunciados sistemáticamente por los Ayuntamientos, las Comunidades de Regantes, Ecologistas en Acción e incluso la Junta Rectora del Parque Natural de Sierra de María-Los Vélez. La Administración, no sólo ha permanecido impasible ante alegaciones y denuncias, permitiendo esa explotación ilegal del acuífero, sino que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir viene tramitando concesiones y "derechos temporales" que legalizan de facto esos pozos y regadíos ilegales. Y todo ello a pesar de que el Plan Hidrológico del Guadalquivir estableció como uno de sus objetivos clave "la eliminación de la sobreexplotación", y a pesar de que, en la actualidad, esa sobreexplotación, unida a la sequía que sufrimos, ha provocado una drástica disminución de caudales, de un 50% en los manantiales de los Vélez, fundamentalmente en las Fuentes de Los Molinos.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Ofrecer, con urgencia, transparencia en la gestión de estos acuíferos, garantizando:

- La identificación de las concesiones autorizadas.

- El acceso público a los estudios realizados sobre el caudal de los sondeos y datos de aforos (transmisividad, coeficiente de almacenamiento), evolución de niveles piezométricos y evolución de parámetros de calidad de las aguas.

- La identificación e información pública de las Fincas que han pasado de secano a regadío, y si disponen de permiso de la Consejería de Agricultura.

- Acceso a los datos volumétricos de extracciones mediante la instalación y control de contadores.

2. Promover un Plan de Ordenación de Extracciones que permita acabar con la sobreexplotación de los acuíferos en la zona.

3. Pasar de la vigente política de legalización de pozos ilegales y concesión de derechos "temporales" al compromiso efectivo de cerrar los pozos ilegales, como es preceptivo en un Estado de Derecho.

4. Abrir una Moratoria a cualquier nueva concesión de aguas subterráneas y transformación de nuevos regadíos, mientras no se clarifique la situación de los acuíferos, y se garantice una explotación sostenible de los mismos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2017.-Pedro Arrojo Agudo, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002510

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la exigencia del uso de chalecos y prendas de color llamativo como vestuario habitual para el ejercicio de la actividad de la caza con la finalidad de aumentar la seguridad y evitar accidentes de caza que en ocasiones terminan en fallecimiento, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.


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Exposición de motivos

La nueva Ley de caza promovida por la Comunidad Autónoma de Galicia, exige obligatoriamente el uso de prendas de colores llamativos, como el naranja, en monterías, batidas y zapeos de zorro, con la finalidad de aumentar la seguridad y evitar accidentes de caza que en ocasiones terminan en fallecimiento.

La mayoría de los cazadores gallegos ha entendido y aplaudido la norma e incluso son muchos los que piden más medidas de seguridad como ampliar el uso de chalecos, preferentemente naranja, para la caza menor o utilizar escopetas con bala en vez de utilizar rifle con bala y de esta manera evitar que las balas puedan alcanzar a personas que se encuentran en el monte y que no son visibles para el cazador.

A mayor abundamiento de ejemplos, en Extremadura también es obligatorio la ropa o distintivo naranja para evitar accidentes en la práctica de la caza.

Según un estudio estadounidense, la retina de los cérvidos carece de los receptores para el rojo naranja y para el verde, por tanto, en temas de camuflaje hace el mismo efecto el verde que el naranja.

En cuanto a las medidas de seguridad en Castilla y León, sin perjuicio de que el control de los accesos a los terrenos habilitados corresponde a sus legítimos propietarios, se establecen las medidas de seguridad para las personas que son de obligado cumplimiento para organizadores y cazadores se establecen a través de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, Decreto 32/2015 de 30 de abril y las Órdenes anuales de caza.

Para Ciudadanos, la legislación en materia de seguridad de Castilla y León no es suficiente para evitar los continuos accidentes que se están produciendo, muchos de ellos con resultado de muerte o graves discapacidades.

Teniendo presente todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que promueva de forma coordinada con la Junta de Castilla y León las modificaciones legislativas necesarias para exigir el uso de chalecos y prendas de color llamativo como vestuario habitual para el ejercicio de la actividad, tanto en caza menor como en caza mayor, así como para transitar en cotos de caza durante la temporada en la que esta se permita."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2017.-Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/002512

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la descontaminación de los hornos de mercurio "Cerco de los Buitrones" en Almadenejos, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El "Cerco de los Buitrones", situado en la localidad de Almadenejos (Ciudad Real), es un espacio que aloja los restos de unos hornos que se destinaron, mientras estuvieron en funcionamiento, a la extracción del mercurio del mineral proveniente de las minas. Pertenece al distrito minero de Almadén.

Este distrito ha sido explotado desde la época romana hasta el año 2004, momento en el que cesaron los trabajos de extracción del que se considera el yacimiento de mercurio más grande de la historia.

El Cerco de Buitrones ha estado así sometido durante casi 2.000 años a multitud de actividades relacionadas con el trasiego y la manipulación del mercurio metálico, lo que ha conllevado la contaminación de suelos y construcciones que atesoran además un gran valor histórico.

El motivo que llevó a su cierre en 2004 ha sido el desarrollo de una legislación europea cada vez más restrictiva con la exportación del mercurio, que ha culminado con su prohibición definitiva en el año 2011 (Reglamento Europeo 1102/2008). En dicha legislación se han reconocido los efectos tóxicos del mercurio


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para la salud humana y su carácter de contaminante global, pues causa importantes daños a la flora y la fauna del planeta.

La propietaria actual de la mina es la empresa pública MAYASA (Minas de Almadén y Arrayanes, S.A.). Dicha empresa ha realizado diversos estudios de remediación y actuaciones de recuperación de terrenos en el distrito minero de Almadén. Estos han consistido en la rehabilitación de suelos, escombreras e instalaciones mineras a través de un plan de restauración ambiental. Además, la creación de un Parque Minero ha provocado la realización adicional de otras actuaciones de descontaminación y rehabilitación del complejo de Almadén.

Sin embargo, el Cerco Minero de Almadenejos no cuenta con ningún plan de remediación.

Presentamos ésta Proposición no de Ley con el fin de recuperar una comarca castigada por su historia y la crisis económica, una comarca a la que la falta de una actuación rehabilitadora le sigue suponiendo una losa que le hace perder población y le impide desarrollar políticas activas de empleo efectivas. Porque la remediación que por la presente solicitamos es fundamental para el medio ambiente y para la salud de las personas, pero también para cerrar un pasado minero que permita comenzar cuanto antes a construir un nuevo futuro limpio y seguro.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, a través de la empresa estatal MAYASA, se elabore y ponga en marcha un Plan de Remediación para el Cerco Minero de Almadenejos para proceder de forma inmediata a implementar actuaciones destinadas a la descontaminación por mercurio y sus derivados de dichos hornos, así como de sus instalaciones y terrenos anexos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2017.-Eva García Sempere, Diputada.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002513

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de las Diputadas y Diputados Antón Gómez-Reino Varela, Yolanda Díaz Pérez, Ángela Rodríguez Martínez, Alexandra Fernández Gómez, Miguel Anxo Fernández Bello, Segundo González García, Sofía Fernández Castañón y Ana Marcello Santos, al amparo del artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre declaración como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil de las zonas de Galicia, Asturias, Castilla-León y resto de la cornisa cantábrica arrasadas por los incendios de los días 12 de octubre y siguientes, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

La ola de incendios que asoló Galicia, Asturias y Castilla-León durante tos días 12 y siguientes del mes de octubre de 2017 ha dejado un balance desolador.

En el caso de Galicia, según la medición definitiva, hecha pública por la Xunta de Galicia mediante una nota de prensa la tarde del pasado viernes 3 de noviembre, la superficie afectada por el fuego asciende a 49.171 hectáreas de terreno, es decir, un 40% más de las 35.500 hectáreas estimadas inicialmente, el 18 de octubre.

El Gobierno gallego ha señalado que esos días los equipos de extinción tuvieron que hacer frente a 264 incendios y que de los 313 Ayuntamientos gallegos, 137 se vieron afectados por el fuego, lo que supone el 44% del total.


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Las hectáreas de monte arbolado arrasadas en Galicia ascienden a 26.098 mientras que 23.073 son de monte raso. Por provincias, la más afectada fue Ourense con 22.623 hectáreas, seguida de Pontevedra con 20.085, Lugo con 5.734 y A Coruña con 728 hectáreas.

Así pues, tras la medición definitiva realizada por el Gobierno gallego, los incendios que asolaron Galicia esos días arrasaron una extensión cercana a la suma de todo lo quemado en los años 2013, 2014, 2015 y 2016, unas 55 mil hectáreas.

También según datos de la Xunta de la Galicia, la superficie dañada en Red Natura, un total de 11.376,69 hectáreas, representa el 23,14% del total quemado los días que duró la ola de incendios. Ourense (con 6.769,39 hectáreas) y Lugo (con 4.523 hectáreas) fueron las provincias que sufrieron una mayor afectación en zonas protegidas.

En Asturias los incendios han afectado amplias zonas del Suroccidente asturiano, abarcando Ayuntamientos como los de Allande, Ibias, Degaña, Cangas del Narcea y Tineo.

De las 12.825 hectáreas afectadas, 11.935 hectáreas corresponden a terrenos y montes de los cinco concejos del suroccidente asturiano, una zona muy afectada por el fuego en los últimos años. En tos incendios de este mes de octubre sufrió daños significativos el alcornocal de Boxo, declarado Monumento Natural y los robledales de Degaña, Cangas e Ibia, en la periferia de la reserva natural de Muniellos. El fuego causó también daños importantes en varios pueblos y ganaderías de la zona afectada.

En León han resultado especialmente afectadas, entre otras zonas, Matalavilla, en el municipio de Palacios del Sil, la pedanía de Silván, perteneciente al municipio de Benuza, donde el fuego ha arrasado pajares y viviendas deshabitadas, llegando a más de 15.000 hectáreas de monte berciano quemado en lo que va de año.

El municipio de Sosas de Laciana, Villablino, los incendios han arrasado más de 500 hectáreas. Además el fuego ha afectado hectáreas en zonas osera y de hábitat del urogallo y la Zona de Especial Protección para Aves Alto Sil y la Zona Especial de Conservación Alto Sil, que son espacios protefidos de la Red Natura 2000.

Solo en la provincia leonesa, en apenas seis días de mediados de octubre, ardieron más de 3.400 hectáreas entre las comarcas de La Cabrera, el Bierzo, Alto Sil y Laciana.

En total, en la provincia de León, las llamas han arrasado unas 21.500 hectáreas de las 50.000 hectáreas quemadas en toda la Comunidad, lo que supone un porcentaje superior al 40% en lo que va de año.

Como consecuencia del fuego, en Galicia fallecieron 4 personas y hubo numerosas personas heridas. Además, en todas las zonas incendiadas se produjeron una enorme cantidad de daños materiales que afectaron a viviendas y enseres, a explotaciones agrarias, ganaderas y forestales, a establecimientos industriales, mercantiles, turísticos y de otros servicios, a producciones agrícolas, ganaderas y forestales, se produjeron también daños en infraestructuras municipales y de las mancomunidades, en la red viaria provincial, en la red eléctrica y en el suministro telefónico.

Por todo ello, se formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso, ante la magnitud de los daños personales y materiales producidos como consecuencia de los incendios ocurridos en Galicia, Asturias, León y el resto de la cornisa cantábrica tos días 12 de octubre y siguientes, insta al Gobierno a:

1. Declarar, con arreglo a la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, las zonas afectadas por dichos incendios como zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil, con aplicación de las medidas previstas en el artículo 24 de dicha ley que, comprenderán, entre otras y en todo caso:

a) Ayudas económicas a particulares por daños personales y por daños en vivienda habitual y enseres.

b) Ayudas destinadas a explotaciones agrarias, ganaderas y forestales y a establecimientos industriales, mercantiles, turísticos y de otros servicios.

c) Ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina.

d) Subvenciones por daños en infraestructuras municipales y de las mancomunidades y red viaria provincial.


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e) Ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales o de bienes.

f) Compensaciones a Corporaciones Locales por los gastos causados para hacer frente a estas situaciones de emergencia.

g) Apertura de líneas de préstamo preferenciales subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial.

h) Exenciones, reducciones, bonificaciones y demás beneficios fiscales para las viviendas y establecimientos profesionales, industriales, turísticos y mercantiles, explotaciones agrarias, ganaderas y forestales, locales de trabajo y similares, así como para las actividades desarrolladas en ellos, incluida la reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.

i) Exenciones de las tasas del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico para la tramitación de las bajas de vehículos solicitadas como consecuencia de los daños producidos y la expedición de duplicados de permisos de circulación o de conducción destruidos o extraviados por dichas causas.

j) Exención de las exacciones relativas a la disponibilidad del agua.

k) Bonificaciones, exenciones y moratorias en los pagos de las cotizaciones a la Seguridad Social.

I) Concesión de anticipos por parte de la Administración General del Estado sobre las ayudas y subvenciones a las que se tuviera derecho como consecuencia de estos incendios.

Las medidas que se acuerden deberán, al menos, contemplar el nivel de ayudas, subvenciones, beneficios y demás previstas en otras normas aprobadas para compensar daños producidos por catástrofes naturales, como la Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias Comunidades Autónomas.

2. Habilitar tos créditos extraordinarios necesarios para dar cobertura presupuestaria inmediata a dichas ayudas.

3. Habilitar, en coordinación con los Ayuntamientos de las zonas afectadas, oficinas dotadas de los medios personales y materiales necesarios, para informar y ayudar a las personas afectadas a tramitar las ayudas a las que puedan tener derecho.

4. Aprobar un Plan de restauración forestal y recuperación medioambiental de las zonas afectadas.

5. Impulsar en el seno de la Unión Europea la activación del Fondo de Solidaridad Europeo para con las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias y Castilla y León."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2017.-Antonio Gómez-Reino Varela, Ángela Rodríguez Martínez, Alexandra Fernández Gómez, Miguel Anxo Fernández Bello, Segundo González García, Sofía Fernández Castañón y Ana Marcello Santos, Diputados.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la aplicación de la Ley 35/2011, de 4 de octubre sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

La Ley 35/2011, de 4 de octubre sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, aprobada con el consenso de todas las fuerzas políticas, se presentaba con la firme voluntad de visibilizar el trabajo de las mujeres en el sector agrario articulando a tal efecto un marco no solo jurídico, sino también económico y social, que viniera a dar respuesta, entre otros, a la falta de profesionalización de la actividad agraria llevada a cabo por las mujeres rurales durante generaciones.


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La Titularidad Compartida se convertía así en la figura estrella con la que se pretendía equiparar los derechos y obligaciones de hombres y mujeres derivados de la titularidad de una explotación agraria.

Hoy seis años después de la publicación de la norma, su aplicación no puede sino considerarse como muy limitada, dado el reducido número de inscripciones en el Registro de Titularidad Compartida (RETICOM), exactamente 290, según los datos publicados en la web del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) a fecha 31 de agosto de 2017, pero además ha tenido una respuesta desigual en función del territorio.

Las distintas campañas de difusión llevadas a cabo por distintas organizaciones y asociaciones de mujeres rurales y por el propio MAPAMA no han sido suficientes para dar a conocer los aspectos positivos de la Ley.

Además, la confluencia de otros factores como la falta de coordinación entre las distintas Administraciones Públicas con competencia en la materia, la complejidad de los trámites, la falta de formación específica del personal gestor encargado de la atención a las personas interesadas o los escasos incentivos y bonificaciones han contribuido al resultado tan poco satisfactorio de esta ley.

La figura de la titularidad única en las explotaciones agrarias en manos de los hombres sigue siendo un hecho, como lo sigue siendo la invisibilidad de las mujeres rurales en el sector agrario.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de la ley en todo el territorio nacional, y se comprometa a:

- arbitrar los instrumentos necesarios que aseguren la debida coordinación entre las distintas Administraciones Públicas con competencias en la materia,

- garantizar la debida coordinación entre el RETICOM y los registros autonómicos,

- simplificar y facilitar el proceso de inscripción de las explotaciones agrarias de titularidad compartida,

- mejorar la formación del personal encargado de la atención al colectivo agrario y de los registros habilitados,

- llevar a cabo acciones que impulsen el necesario reconocimiento de la presencia femenina en el mundo agrario que incluyan campañas de difusión de la norma y de sensibilización de hombres, mujeres y técnicos,

- aplicar los incentivos existentes tras la aprobación de la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a defender ante la Unión Europea la valoración de los informes científicos en relación a la captura de la sardina, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El Consejo Internacional para la Exploración Del Mar (ICES), ha aconsejado a la Comisión Europea que ponga fin a la captura de la sardina en aguas del Atlántico y del Cantábrico, es decir, a la sardina ibérica.

El organismo científico asegura que solo el parón absoluto de la captura permitirá regenerar la especie; según sus datos, los planes de reducción de capturas no han tenido éxito. Para Portugal y para España esta noticia es dramática.


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La restricción es un problema ibérico más que europeo. En el volumen total de los caladeros continentales esta especie solo supone el 4% de las capturas; por tanto van a ser los dos países ibéricos quienes se autoimpongan sus propios límites.

La ministra portuguesa del Mar ya ha garantizado a pescadores y consumidores que no seguirá los consejos del CIES, al menos no en la prohibición absoluta de la captura de la sardina y menos para quince años. Pero sí va a actuar, reduciendo los días semanales de captura, sobre todo en marzo y abril.

Portugal es el primer consumidor de pescado de la UE y el tercero del mundo tras Islandia y Japón. El portugués come 55 kilos anuales, frente a los 46,2 del segundo, el español, y más del doble que la media de la UE (25,5% kilos), según datos de Eurostat.

De media, el portugués se gasta al año 311 euros en pescado, tres veces la media europea; el español, 216 euros. Y la sardina es el pez preferido en Portugal y el segundo en España, después de la merluza, según recoge el Observatorio Europeo de Productos de Pesca.

El estudio del CIES no es vinculante para el Consejo de Europa, aunque se suelen seguir sus recomendaciones. Bruselas ha advertido que no prohibirá la captura, pero que los países ibéricos deben tomarse en serio la advertencia del ICES.

De las capturas de sardinas dependen en Andalucía 85 barcos, 850 tripulantes y dos millares de empleados de empresas auxiliares.

La flota ya ha dispuesto de 1,3 millones de ayudas de la Junta de Andalucía y Europa para la parada biológica de diciembre. Y éstas se podrían ampliar si la Comisión obliga a dejar de pescarlas.

Los armadores han mandado al desguace una docena de los pesqueros que había en 2003, para estas capturas, un 21% de la flota.

A esta coyuntura se ha llegado después de que los pescadores hayan agotado antes de tiempo las cuotas que tenía para este año (3.000 toneladas divididas en dos períodos). Los pescadores han reclamado que las cuotas se repartan por embarcación.

Desde la Junta de Andalucía no se quiere una cuota cero. El impacto en el sector, que quedaría limitado al boquerón, la caballa y el jurel, es tan importante que debería optarse por una reducción en la cuota para permitir la recuperación de los caladeros.

Si no, habrá que estudiar la ampliación de las ayudas. Ahora la media por marinero es de 45 euros por día, una cantidad difícil de mantener si la parada se extiende más allá de los dos meses al año.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a defender ante la Unión Europea que valore no sólo los informes científicos en relación a la captura de la sardina, sino también el impacto social y económico de la medida."

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2017.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa al incendio forestal sufrido en los términos municipales de Yeste y Molinicos (Albacete), durante el pasado verano y a la adopción de medidas extraordinarias para paliar sus efectos, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

Una vez más, el fuego ha teñido de negro y de ceniza la provincia de Albacete, en un paraje que ya fue gravemente dañado en 1994 y que este verano ha visto cómo volvía a repetirse la tragedia. 3.000 hectáreas han sido arrasadas por las llamas, de las que 700 pertenecen al Parque Natural de Los Calares


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del Río Mundo y la Sima, un ecosistema único que tardará años en recuperarse. Afortunadamente, no hay que lamentar pérdidas personales, pero sí numerosas pérdidas materiales. La zona afectada no sólo es de un gran valor medioambiental, sino que tiene una población esparcida en numerosos núcleos urbanos de menos de 50 habitantes. Durante los más de 10 días que duró el incendio, tuvieron que evacuarse completamente 10 pedanías de los municipios de Yeste y Molinicos; además, durante varias jornadas los vecinos y vecinas de otras pedanías tuvieron que estar confinados sin poder salir de sus casas.

Las condiciones meteorológicas así como la propia orografía del terreno dificultaron el control, perimetrado y extinción del incendio, que tuvo que ser declarado de nivel 2 y donde tuvo que actuar la Unidad Militar de Emergencias; así como numerosos medios técnicos y humanos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de la Diputación Provincial de Albacete.

La zona afectada por el incendio es una de las más deprimidas de la provincia de Albacete, con una economía basada principalmente en la agricultura y ganadería y una población diseminada, dispersa y envejecida. La fisonomía del terreno tras el incendio no sólo es un paisaje catastrófico y triste, sino más empobrecido de lo que ya era una comarca duramente castigada y que tenía una economía casi de subsistencia.

El turismo, el otro pilar económico de la zona junto con el sector primario, ha sufrido también un enorme varapalo. El incendio ha arrasado varios de los establecimientos rurales y al haber afectado 700 hectáreas del Parque Natural, se ha deteriorado gravemente uno de los principales atractivos turísticos de la comarca.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados, como consecuencia de los daños materiales derivados del grave incendio forestal sufrido en los municipios de Yeste y Molinicos y que afectó al Parque Natural de Los Calares del Río Mundo y de la Sima el pasado verano, insta al Gobierno a:

1. Evaluar y cuantificar de forma inmediata, en colaboración con la Comunidad Autónoma, la Diputación Provincial, los municipios y con los colectivos afectados, los daños de toda índole producidos, realizando un análisis detallado de las consecuencias medioambientales en las zonas afectadas.

2. A proceder, conforme a lo previsto en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil en relación a los territorios afectados, con aplicación de las medidas previstas en el artículo 24 de la citada ley, que comprenderán, entre otras, y en todo caso:

- Ayudas directas por los daños materiales producidos, tanto en los bienes de las personas y empresas como en los de las Administraciones, así como por los gastos ocasionados para hacer frente a esta catástrofe.

- Indemnizaciones por daños producidos en explotaciones pesqueras, agrícolas o ganaderas en su caso.

- Beneficios fiscales aplicables a los bienes, empresas, establecimientos industriales, turísticos y mercantiles, explotaciones y otras actividades afectadas.

- Bonificaciones, exenciones y moratorias en los pagos de las cotizaciones a la Seguridad Social.

- Establecimiento de líneas de crédito preferenciales para financiar la reparación o reposición de instalaciones, bienes y equipos industriales y mercantiles, agrícolas, y automóviles y otros vehículos dañados como consecuencia de los siniestros.

- Concesión de anticipos directamente por la Administración General del Estado sobre las ayudas y subvenciones a las que se tuviera derecho por causa de esta catástrofe.

- Habilitación de los créditos extraordinarios necesarios para dar cobertura presupuestaria inmediata a estas ayudas.

Las medidas que se aprueben deberán al menos contemplar el nivel de ayuda previsto en la Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias Comunidades Autónomas.

3. A proceder a adoptar las medidas de coordinación y seguimiento previstas en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, dando cuenta de todo lo actuado al


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respecto, en el plazo máximo de tres meses, ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados.

4. En coordinación con las Comunidades Autónomas, en el marco de los planes de gestión forestal y con la adecuada consignación presupuestaria, a incrementar las medidas de prevención, incidiendo en la recuperación de usos y aprovechamientos de los montes.

5. Dar cuenta, en el plazo máximo de tres meses, de todo lo actuado en relación con este incendio forestal ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2017.-Manuel Gabriel González Ramos, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/002489

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, para habilitar puntos de información para atender reclamaciones de pasajeros en las zonas de embarque de los aeropuertos españoles, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

La organización de consumidores Facua, ha planeado la conveniencia de que la Agencia Estatal de Navegación Aérea (AENA), habilite puntos para atender reclamaciones en las zonas de embarque de los aeropuertos españoles, a fin de que todos aquellos que necesiten presentar alguna reclamación o gestionar incidencias lo puedan hacer sin necesidad de volver a la zona de facturación.

Es incomprensible que para poder tramitar un escrito de reclamación debido a alguna incidencia relativa al funcionamiento del aeropuerto que padezcan momentos antes de embarcar, relacionadas por ejemplo con el acceso a los aviones, problemas con las instalaciones aeroportuarias o el tránsito por los controles de seguridad, los afectados se vean obligados a volver a la zona de mostradores, en el hall principal del aeropuerto.

Ello supone que los afectados que necesiten formalizar una queja se vean obligados a deshacer el trayecto ya hecho y tener que pasar una segunda vez por los controles de seguridad tras la gestión, con la pérdida de tiempo y el consiguiente riesgo de perder el avión que ello implica.

Este impedimento hace que la mayoría de usuarios desistan de presentar sus reclamaciones, por temor a no llegar a tiempo de vuelta a la puerta de embarque de sus vuelos.

La asociación recuerda que esta circunstancia se convierte en un problema especialmente complejo para las personas con discapacidad o con movilidad reducida, las cuales quedarían forzadas a emplear un tiempo aún mayor para realizar todo este tránsito de ida y vuelta para poder formalizar una reclamación.

Según el Real Decreto Legislativo 1/2007, de la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, el cual contempla, en su artículo 21, que "son derechos básicos la protección de estos mediante procedimientos eficaces, en especial ante situaciones de inferioridad, subordinación e indefensión". Y concreta: "Los poderes públicos protegerán prioritariamente los derechos de los consumidores y usuarios cuando guarden relación directa con bienes o servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado".

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a habilitar puntos de información para atender reclamaciones de pasajeros en las zonas de embarque de los aeropuertos españoles, con el objetivo de


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que aquellos ciudadanos que necesiten presentar alguna reclamación o gestionar incidencias lo puedan hacer sin necesidad de volver a la zona de facturación."

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2017.-Victoria Begoña Tundidor Moreno y Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002500

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa al reconocimiento del Área de Capacitación Específica en Cuidados Paliativos de las profesiones sanitarias, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

Casi la mitad de las personas que murieron a lo largo de 2015 en todo el mundo lo hicieron con dolor físico y también psicológico, sin recibir ningún tipo de atención paliativa. En total, 25,5 millones de personas murieron por enfermedades incurables que requieren cuidados paliativos, de las que 2,5 millones correspondían a menores de 15 años. Así lo denuncia un informe publicado en la revista The Lancet, donde los autores reclaman a los gobiernos que reenfoquen las políticas globales de acceso a los cuidados paliativos y también a medicamentos que alivien el dolor.

Según indicaba un informe de 2014 realizado por la Organización Mundial de la Salud y la Alianza Mundial de los Cuidados Paliativos (CMAP), solo 20 países en todo el mundo tienen cuidados paliativos bien integrados en sus sistemas de atención de la salud, no encontrándose España entre esos 20 primeros.

En España, los cuidados paliativos han observado un crecimiento significativo en cuanto a su cobertura, calidad y capacitación profesional a lo largo de los últimos años. A pesar de ello, permanecen ámbitos de mejora particularmente en la cobertura y acceso a estos cuidados por parte de la personas que se encuentran en el proceso final de sus vidas.

Entre 100 000 y 120 000 pacientes al año necesitarían acceder a este tipo de cuidados, de ellos aproximadamente la mitad (52 000) reciben cuidados paliativos integrales. La cobertura es mayor entre quienes sufren una enfermedad oncológica, ya que en el caso de las demencias, enfermedades neurológicas, hepáticas o cardiacas, el acceso a esta atención es por lo general más limitado.

Los cuidados paliativos proporcionan una atención integral a los pacientes cuya enfermedad no responde a tratamiento curativo y donde es primordial el control de síntomas, especialmente del dolor, así como el abordaje de los problemas psicológicos y sociales. Tienen un enfoque interdisciplinario e incluyen al paciente, la familia y su entorno, ya sea en casa, en el hospital o en la residencia o recurso de asistencia a la dependencia. Se trata por tanto de una atención multidisciplinar que requiere el concurso de distintas profesiones sanitarias, principalmente médicos y enfermeros, y de distintas especialidades.

Los cuidados paliativos domiciliarios, lugar preferente para que acontezca el final de la vida cuando la persona así lo desee, es el ámbito natural para los cuidados paliativos provistos por el equipo de atención primaria. Sin embargo a menudo estos profesionales de atención primaria requieren y se benefician del apoyo de equipos profesionales especialmente capacitados para ofrecer cuidados paliativos integrales de calidad, por razones de especial dificultad en la condición del paciente o por la propia organización de los servicios asistenciales.

En los últimos años ha habido un incremento del número de profesionales dedicados a los cuidados paliativos; pero existe un número importante que no cuentan con una formación avanzada en estos cuidados. En paralelo, España ha desarrollado un importante número de profesionales con gran experiencia y conocimientos en cuidados paliativos que no pueden ver reconocido esta especial dedicación y capacitación. Por eso, el avance de los Cuidados Paliativos en España debe ir de la mano del desarrollo de la formación y acreditación de competencias específicas en Cuidados Paliativos, específicas para cada profesión.


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Según la Sociedad Europea de Cuidados Paliativos dos países de la UE (RU e Irlanda) reconocen la Medicina Paliativa como una especialidad médica diferenciada, mientras en otros más (Francia y Alemania entre ellos) es considerada una subespecialidad.

Diversas Sociedades Médicas (SEMFYC, SECPAL, SEMERGEN, SEMG, SEMI, SEDAR, SEOR) y de Enfermería (AECPAL, FAECAP, SEEGG y AEEL), han respaldado y presentado propuestas para crear áreas de capacitación específica en sus correspondientes profesiones o especialidades, recogiendo las competencias necesarias para atender a los pacientes en situación de final de vida.

Por otra parte, la Estrategia en Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud. Actualización 2010-2014 ya recogió entre sus Líneas Estratégicas y Recomendaciones la necesidad de avanzar en la formación continuada de los profesionales de Atención Primaria, y en el reconocimiento de la formación avanzada de los profesionales que se dedican especialmente a estos cuidados.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Promover que los profesionales de los equipos específicos de Cuidados Paliativos dispongan de formación específica avanzada, reglada y acreditada en cuidados paliativos para lo cual deberá desarrollar las áreas de capacitación específica en cuidados paliativos en las profesiones sanitarias.

- Establecer con las CC.AA, un Plan de Formación Continuada en Cuidados Paliativos para los profesionales de atención primaria, atención especializada y para aquellos profesionales que se dediquen específicamente a cuidados paliativos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2017.-Miguel Ángel Heredia Díaz y Jesús María Fernández Díaz, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002502

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la actualización del parque tecnológico del Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

La Tecnología Sanitaria consiste en el desarrollo de la innovación en el sector sanitario, y engloba cualquier instrumento, dispositivo o procedimiento médico y quirúrgico destinado al diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una enfermedad, deficiencia o lesión de un paciente.

La tecnología aplicada al ámbito sanitario permite disponer de información rápida en cualquier lugar y momento y mejorar la eficiencia en los dispositivos y sistemas de atención médica. Todo ello contribuye a una asistencia más eficaz y segura, a unos diagnósticos más precisos, a un mejor control y tratamiento de las enfermedades, y a una mejor gestión de los recursos sanitarios, aportando así beneficios al paciente, a los profesionales y al conjunto del sistema sanitario.

El progresivo envejecimiento de la población en la mayoría de los países desarrollados hace que las enfermedades crónicas tengan un peso cada vez mayor. En España, el índice de esperanza de vida se sitúa en los 83,4 años, lo que obliga a dar respuesta a los retos demográficos actuales.

El sistema sanitario se encuentra en un proceso de evolución continua hacia un modelo más moderno, más eficiente, efectivo y flexible. La innovación tecnológica ha hecho que las nuevas tecnologías se hayan ido incorporando progresivamente al ámbito de la salud en general y al tratamiento de enfermedades en particular. Así, la aplicación de las TIC asociadas a la sanidad permite el seguimiento remoto de pacientes crónicos o dependientes, la prescripción y receta electrónica, la interconexión de centros y la aplicación de nuevos avances biotecnológicos.


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Todo ello contribuye a impulsar, mejorar y optimizar la calidad del trabajo y la atención sanitaria, buscando siempre el beneficio del paciente, y haciendo que éste se vuelva más activo en el control del estado de su salud, aumentando su seguridad y confianza en el Sistema Nacional de Salud.

Dado el enorme impacto que la innovación en salud tiene en la mejora de la calidad de vida, se hace necesario un trabajo conjunto entre todos los sectores implicados para impulsar estrategias de innovación e investigación en salud, cuyos retos pasan, entre otros, por la creación de nuevos modelos innovadores, y por los avances en la operatividad y eficiencia del sistema de salud en su conjunto, teniendo en cuenta que cualquier actuación o decisión deberá garantizar la mejor calidad de la atención sanitaria que se presta a los ciudadanos y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar medidas con las que favorecer la actualización del parque tecnológico existente en el Sistema Nacional de Salud, en coordinación con las Comunidades Autónomas y con los agentes del sector."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/002503

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el reconocimiento de la carrera profesional de los sanitarios en todo el territorio nacional, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

El desarrollo y la carrera profesional de nuestros trabajadores públicos es uno de los elementos fundamentales que las normativas reguladoras de cada sector tienen presente de manera permanente.

La experiencia, el conocimiento y bagaje profesional acumulado con el paso de los años desarrollando una profesión concreta se traduce en un mayor valor añadido para la administración pública. Un mayor valor añadido que, como es lógico, debe ser reconocido por la administración contratante.

Este reconocimiento, unido a un trato adecuado a los trabajadores públicos por parte de la administración responsable, deben ser dos pilares sobre los que sustentar el desarrollo profesional de estos, especialmente si su desempeño profesional tiene una importante base en los conocimientos adquiridos y la experiencia desarrollada, como es en el ámbito sanitario. La formación de los profesionales sanitarios es un elemento clave a la hora de que un Estado posea un Sistema de Salud de calidad.

Sin embargo, un Sistema de Salud de calidad no puede calificarse como tal cuando expulsa a miles de profesionales sanitarios cada año por las pésimas condiciones laborales que ofrece y maltrata a sus profesionales de diversas formas, entre ellas, no reconociendo su carrera profesional.

En este sentido, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud que se elaboró con el objetivo primordial de adaptar el régimen jurídico de estos profesionales al modelo sanitario surgido del sistema autonómico, así como regular la normativa básica aplicable al personal sanitario en todos los servicios de salud, sus normas básicas específicas y diferenciadas de las normas generales de los funcionarios públicos, concretó toda una serie de criterios generales de carrera. En concreto, el artículo 40 de la Ley 55/2003, del Estatuto Marco, señala en sus apartados 2 y 3 lo siguiente:

2. La carrera profesional supondrá el derecho de los profesionales a progresar, de forma individualizada, como reconocimiento a su desarrollo profesional en cuanto a conocimientos, experiencia y cumplimiento de los objetivos de la organización a la cual prestan sus servicios.


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3. La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud establecerá los principios y criterios generales de homologación de los sistemas de carrera profesional de los diferentes servicios de salud, a fin de garantizar el reconocimiento mutuo de los grados de la carrera, sus efectos profesionales y la libre circulación de dichos profesionales en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

Dos apartados que no están teniendo cumplimiento ni por parte de la Administración General del Estado, ni por el conjunto de las Comunidades Autónomas, suponiendo una afrenta más para los ya maltratados profesionales sanitarios.

La situación, a día de hoy, es que no todas las Comunidades Autónomas están reconociendo la carrera profesional de los empleados públicos. Algunas, las mínimas, reconocen la carrera profesional y la bonifican, aunque no actualicen ésta desde hace varios años. Algunas otras, no reconocen esta carrera profesional aunque tienen pensado empezar a hacerlo en el ejercicio 2018, gracias a la presión que Ciudadanos ha realizado en esos territorios. Sin embargo, existen numerosos territorios autonómicos que ni reconocen la carrera profesional a los profesionales sanitarios que trabajan en su sistema de salud, ni tienen pensado poner en marcha ningún mecanismo para efectuar tal reconocimiento.

El Gobierno, por su parte, también ha mostrado una pasmosa pasividad en este asunto. Su actividad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, como foro primordial para coordinar y abordar problemas transversales a todo el Sistema Nacional de Salud, ha olvidado por completo el reconocimiento de la carrera profesional de los empleados públicos del ámbito sanitario, la desigualdad entre profesionales de diferentes territorios autonómicos en esta materia, así como los problemas que esto supone para los profesionales en materia de movilidad laboral, ya que cuando se producen traslados tampoco se reconoce esta carrera profesional.

Así mismo, se da la paradoja que las Comunidades Autónomas reconocen y remuneran la carrera profesional de facultativos trasladados de otras comunidades cuando no lo hacen con los de la propia comunidad.

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos de justicia que las administraciones reconozcan un derecho básico de los trabajadores públicos, en concreto la carrera profesional de nuestros profesionales sanitarios, además de preciso erradicar la falta de equidad entre los profesionales según el territorio autonómico en el que ejerzan su profesión.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Trasladar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la necesidad de que las diferentes Consejerías, competentes en materia de Sanidad, cumplan la Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y reconozcan la carrera profesional de sus respectivos profesionales sanitarios.

2. Llevar a cabo las medidas oportunas, en colaboración con las Comunidades Autónomas, para que el reconocimiento de la carrera profesional no suponga un menoscabo a la movilidad de los trabajadores públicos del sector sanitario en todo el territorio nacional."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2017.-Francisco Igea Arisqueta, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/002508

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para regular adecuadamente la figura del consumidor vulnerable, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.


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Exposición de motivos

El Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, define la figura del consumidor vulnerable, asociándola, como regla general, a determinados umbrales de renta referenciados al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), en función del número de miembros que compongan la unidad familiar.

Según dispone la nueva norma, se evitará el corte de suministro eléctrico a los hogares que acrediten la condición de vulnerabilidad severa si los servicios sociales (locales o autonómicos) abonan la factura.

Ante una situación de impago el proceder de las eléctricas será indicar a sus clientes que acudan a los servicios sociales y si estos pagan el 50% de sus facturas, entonces no se les cortará el suministro.

La Memoria Justificativa del Real Decreto realiza un análisis de impactos que, entre otros, incluye el presupuestario, respecto del cual señala que "el coste total estimado de las medidas contenidas en este real decreto no tiene impacto presupuestario, pues no existen costes específicos que determinen la necesidad de una dotación o incremento en las correspondientes partidas presupuestarias".

Numerosos expertos y organizaciones sociales han señalado que esta no es la manera adecuada de abordar el problema. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España ha puesto de manifiesto que la medida posee lagunas y efectos perversos entre los que se encuentran los siguientes:

- Un importante impacto presupuestario en ayuntamientos y comunidades, ni previsto ni pactado en el seno del órgano que debía haber conocido y abordado el asunto (Consejo Territorial de Servicios Sociales). Por otra parte, no hay garantía de asunción por las administraciones con servicios sociales, lo que generará graves desigualdades territoriales en el abordaje final del asunto.

- Los PGE de 2017, no han contemplado el impacto de la medida.

- Se han obviado y ninguneado los sistemas de protección ya existentes en algunas comunidades autónomas y ayuntamientos.

- Se generará una sobrecarga de gestión imposible para los servicios y para los profesionales ya exhaustos porque durante la crisis vieron multiplicada la demanda y mermados los recursos.

- Se discriminan positivamente algunas circunstancias (familias numerosas con independencia de sus ingresos), mientras que otras, mucho más castigadas actualmente, (monoparentalidad o soledad), no son tenidas en cuenta.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Reforzar el Plan Concertado de prestaciones básicas de servicios sociales desde la Administración General del Estado para consolidar y desarrollar las estructuras de los servicios sociales de atención primaria, así como sus funciones y prestaciones básicas, impulsando un sistema público de nivel primario que permita atender a toda la ciudadanía.

2. Reformar el Real Decreto regulador de la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.

3. Para que no se haga recaer el coste de las medidas de protección en las administraciones territoriales titulares de los servicios sociales, incluir en los Presupuestos Generales del Estado una cantidad suficiente para sufragar el coste de la protección al consumidor vulnerable. Esta partida presupuestaria se distribuirá entre las Comunidades Autónomas según los criterios que se acuerden en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

4. Aprobar, mediante el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, una norma que impida el corte del suministro de gas a los consumidores vulnerables."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2017.-Elvira Ramón Utrabo, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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Comisión de Cultura

161/002491

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la valoración del Puente de San Mateo y su declaración como Bien de Interés Cultural, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

El conocido como puente romano de Vinuesa o puente de San Mateo es una obra singular de la arquitectura viaria del Imperio Romano que se puede fechar en el siglo 1 d.C. siendo ampliado con arcos apuntados, de bella escala, en plena Edad Media. Actualmente aparece y desaparece a merced de las aguas del pantano de la Cuerda del Pozo, como su calzada que unía Uxama con Visontium, la Astúrica y la Cesaraugusta, del siglo II d. de C. El puente tiene una longitud de 87 metros, una anchura de 3 y una altura máxima de 5,5 metros. La altura máxima es de 5,5 metros. Carece de protección específica y se encuentra bajo la protección genérica de la disposición adicional quinta de la Ley de Patrimonio Histórico.

Está derruido en gran parte. Inundado por las aguas cuando crece el pantano de la Cuerda del Pozo. En deterioro progresivo con riesgo de desmoronamiento. La argamasa se deshace y, sobre todo, sufre expolio de sus piedras y vandalismo. Se encuentra también incluido en la lista roja del Patrimonio.

La despreocupación de las instituciones competentes en su conservación, viene siendo denunciada por el Ayuntamiento de Vinuesa y por la sociedad civil. Se ha llegado a crear una asociación "Salvemos el Puente" que ha denunciado en numerosas ocasiones la dejadez tanto de la Junta de Castilla y León como de la Confederación Hidrográfica del Duero en la conservación del bien cultural.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Instar al Gobierno de la Junta de Castilla y León a que inicie de manera inmediata el expediente para determinar si el puente de San Mateo cumple con los requisitos para ser declarado Bien de Interés Cultural y en su caso otorgarle esta catalogación.

2. Mientras tanto, solicitar a su propietario, la Conferencia Hidrográfica del Duero, a que, de manera inminente, realice labores de conservación y a tomar las medidas oportunas para su correcta preservación."

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2017.-Javier Antón Cacho, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Igualdad

161/002488

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en la Comisión de Igualdad, relativa a los matrimonios forzados como forma de violencia machista.


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Exposición de motivos

El día 28 de septiembre de 2017, tuvo lugar en el Pleno del Congreso de los Diputados la votación del Dictamen emitido por la "Subcomisión para un Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género". En dicha sesión, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presentó una batería de votos particulares con el objeto de acercar el Dictamen de manera fiel al cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado tras la ratificación del Convenio de Estambul.

Entendiendo que la ausencia de medidas destinadas a la erradicación de los matrimonios forzosos constituyen un obstáculo para el ejercicio de los derechos de las mujeres y que a su vez invisibilizar o negar dicho obstáculo constituiría la pérdida de una gran oportunidad para el desarrollo democrático del país, nuestro Grupo Parlamentario Confederal destinó uno de los votos particulares específicamente a esta cuestión, resultando dicha votación en aprobación del voto mencionado por mayoría de la Cámara.

En el contexto de los matrimonios forzados la mayoría de las contrayentes forzadas son mujeres que son obligadas por cuestiones de género. Por ello, es considerado como una forma de violencia machista en el convenio de Estambul, proponiendo a tales efectos una serie de medidas multidisciplinares.

Para el Convenio de Estambul, el matrimonio forzoso consiste en obligar de manera intencionada a una persona adulta o "menor" a contraer matrimonio, así como el engaño intencional con objeto de ser trasladados al territorio de una parte o de un Estado distinto a aquel en el que reside con la intención de obligar a la persona a contraer matrimonio. A este respecto, el Convenio insta a los Estados a adoptar medidas legislativas o de otro tipo, necesarias para tipificarlo como delito (art. 37) y que puedan ser anulables, anulados o disueltos sin que esto suponga para la víctima cargas excesivas (art.32).

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Añadir al primer párrafo del artículo 45 del Código Civil la expresión "El consentimiento matrimonial debe ser libre, puro, pleno y consciente" y un párrafo tercero que diga que "Será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo".

- Fomentar los cambios normativos necesarios para garantizar que toda persona víctima de matrimonio forzoso tal y como establece el Convenio de Estambul y bajo los mismos supuestos, pueda acceder libremente a la nulidad o el divorcio y que las consecuencias derivadas de ellos, tales como la atribución de la custodia de los hijos o el cobro de la pensión de alimentos, sean realmente efectivas y puedan disfrutarse en total libertad.

- Crear centros especializados para las víctimas de matrimonios forzados o servicios de acogida adecuados para las mismas con ayudas formativas y laborales de planes de vida independiente."

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2017.-Sofía Fernández Castañón, Ángela Rodríguez Martínez, José David Carracedo Verde, Rita Gertrudis Bosaho Gori, María Isabel Salud Areste, Lucía Martín González y María del Mar García Puig, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002495

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso de actuaciones de fomento de la igualdad de oportunidades en el sector pesquero, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

Durante los últimos años, las políticas de integración e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la actividad pesquera han sido uno de los objetivos de la actuación del Gobierno. Para que


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estas políticas tomaran forma, la Secretaría General de Pesca puso en marcha la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero (REMSP), con el objetivo de impulsar el papel de la mujer en el sector pesquero, así como el asociacionismo, la comunicación y el intercambio de iniciativas y mejores prácticas entre las mujeres que trabajan o desean trabajar en el ámbito de la pesca, en cualquiera de sus distintas áreas.

La REMSP, ha desarrollado el marco estratégico de igualdad en el sector y, entre otras actuaciones, ha elaborado el Plan para la Igualdad de Género en el Sector pesquero y acuícola 2015-2020, que parte de un enfoque integral para la aplicación transversal del principio de igualdad a partir de una serie de prioridades, objetivos y actuaciones.

Este es solo un ejemplo de los hitos normativos y estratégicos conseguidos en materia de igualdad en los últimos años; otros han sido la introducción del principio de Igualdad en Ley 33/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado o la integración, por primera vez, de medidas específicamente referidas a las mujeres del sector pesquero en otros marcos de referencia, como son el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades o el Plan para la promoción de las mujeres del medio rural.

La REMSP, también es responsable de analizar la efectividad de las actuaciones que se llevan a cabo dentro del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (PE10) 2014-2016, en aquellas medidas en que la Secretaría General de Pesca es agente responsable.

Estas medidas han ido acompañadas de actuaciones de difusión y comunicación, tales como congresos, jornadas, foros, grupos de trabajo, boletines informativos, análisis estadísticos y otras publicaciones, premios, colaboración con organismos para el desarrollo de indicadores de igualdad en el sector, etc.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, ha puesto en marcha actuaciones específicas para apoyar el asociacionismo estatal de las mujeres del sector de la pesca, visibilizar su papel en los órganos de gobierno de las Cofradías de Pescadores y valorar su esencial aportación económica, así como para incrementar su presencia y participación en los órganos de toma de decisiones.

Asimismo, se ha promovido un proceso de empoderamiento y liderazgo femenino por medio del cual los distintos colectivos de mujeres profesionales del mar, a través de su unión, han ido ganando voz y representatividad en el sector.

En diciembre de 2015, se realizaba la primera actuación de seguimiento y evaluación del Plan, que constataba que existe un importante grado de compromiso por parte de las distintas Comunidades Autónomas y de las organizaciones sectoriales, pero reflejaba la necesidad de seguir trabajando en la materia.

En definitiva, gracias a las líneas de trabajo emprendidas por la REMSP, se ha contribuido a que las mujeres del sector sean hoy más visibles y reconocidas, lo que ha permitido avanzar hacia una igualdad real y efectiva. Sin embargo es necesario continuar trabajando, siendo necesaria la planificación y gestión de más actuaciones de integración e igualdad.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Reforzar la colaboración en materia de igualdad con las Cofradías de Pescadores, dirigidas a visibilizar y fomentar el papel de la mujer en el sector.

2. Desarrollar actuaciones que permitan fomentar la formación específica de la mujer pesquera y la colaboración internacional para desarrollar actividades formativas con mujeres de otros países, así como trabajar en aspectos sociales, como las condiciones laborales, enfermedades de trabajo, etc.

3. Avanzar en el liderazgo y empoderamiento femenino en el sector, con una mayor presencia y participación de mujeres en los órganos de representación.

4. Poner en marcha el Grupo Temático de Igualdad en el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), para el seguimiento de la aplicación del Principio de Igualdad en las ayudas del Fondo.

5. Mejorar la comunicación de las actuaciones de REMSP, con el fin de reforzar su visibilidad y notoriedad como referente en materia de igualdad en el sector, promoviendo la difusión de publicaciones de buenas prácticas en proyectos promovidos por mujeres en el sector pesquero.


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6. Fomentar el asociacionismo, visibilizar el trabajo de las mujeres en el sector pesquero e impulsar la efectiva igualdad de trato y de oportunidades de las mujeres y los hombres en este ámbito, así como combatir los estereotipos y las actitudes sexistas que perpetúan las desigualdades existentes."

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/002504

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para la prevención y detección de la discriminación laboral y de atención a las víctimas, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

El principio de igualdad viene recogido en el artículo 14 de la Constitución Española. El precepto enumera dos enunciados, la "igualdad ante la ley" y la prohibición de discriminación "por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Por su parte, la sentencia del Tribunal Constitucional 173/1994, de 7 de junio, definió la discriminación como una conducta que "se cualifica por el resultado peyorativo para el sujeto que la sufre, que ve limitados sus derechos o sus legítimas expectativas por la concurrencia en él de un factor cuya virtualidad justificativa ha sido expresamente descartada por la Constitución, por su carácter atentatorio a la dignidad del ser humano (art. 10.1 CE)".

Con respecto a la discriminación laboral, en el ordenamiento interno existe una amplia normativa. Concretamente, el artículo 4.2 c) del Estatuto de los Trabajadores señala como derecho laboral básico el derecho "a no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleados, por razones de sexo, estado civil, edad dentro de los límites marcados por esta ley, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del Estado español". Por otra parte, el artículo 17 de esta misma norma, establece que "se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que den lugar en el empleo, así como en materia de retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo, a situaciones de discriminación directa o indirecta desfavorables por razón de edad o discapacidad o a situaciones de discriminación directa o indirecta por razón de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación o condición sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con personas pertenecientes a o relacionadas con la empresa y lengua dentro del Estado español".

En cuanto a la discriminación que sufren las mujeres, la Ley de Empleo, en su artículo 35, establece que "los servicios públicos de empleo, sus entidades colaboradoras y las agencias de colocación en la gestión de la intermediación laboral deberán velar específicamente para evitar la discriminación tanto directa como indirecta en el acceso al empleo. Los gestores de la intermediación laboral cuando, en las ofertas de colocación, apreciasen carácter discriminatorio, lo comunicarán a quienes hubiesen formulado la oferta", así como que "en particular, se considerarán discriminatorias las ofertas referidas a uno de los sexos, salvo que se trate de un requisito profesional esencial y determinante de la actividad a desarrollar. En todo caso se considerará discriminatoria la oferta referida a uno solo de los sexos basada en exigencias del puesto de trabajo relacionadas con el esfuerzo físico".

Además, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, señala en su artículo 6.1 que "se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable". A mayor abundamiento, el artículo 314 del Código Penal señala la discriminación grave como delito contra los derechos de los trabajadores, y el artículo 7 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social considera "infracción grave" el "no cumplir


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las obligaciones que en materia de planes de igualdad establecen el Estatuto de los Trabajadores o el convenio colectivo que sea de aplicación".

Sin embargo, lo cierto es que en 2015 un 3% de mujeres se sintió discriminada por razón de género, según la última Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo de 2015. Aunque, como se expondrá más adelante, en Ciudadanos consideramos que ese dato es, en realidad y por desgracia, mucho mayor.

La discriminación en el ámbito laboral es, lamentablemente, una de las formas de discriminación más frecuentes que sufren las mujeres en nuestra sociedad, que además se suele producir de forma velada pero inexorable, y que hace que numerosas mujeres, por el mero hecho de serio, sufran graves discriminaciones en sus puestos de trabajo, no encontrando el camino para poder hacerlo público por miedo a sufrir represalias. En Ciudadanos creemos que el 3% de mujeres que se sienten discriminadas por razón de sexo según la citada Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo no refleja la realidad: existe una discriminación oculta que hace falta sacar a la luz.

Esa discriminación se refleja claramente, entre otras cosas, en la desigualdad salarial: aspectos como las diferencias en el acceso al empleo o la promoción profesional constituyen algunos de los principales motivos de las diferencias salariales entre hombres y mujeres. En su último Informe Global de la Brecha de Género, el Foro Económico Mundial señala que España desciende 4 escalones en la igualdad de salarios para un trabajo similar, situándonos en el puesto 122, y cinco lugares en el campo de ingresos estimados, hasta el 60. Además, los expertos señalan que cuanto más precario es el trabajo, más situaciones de acoso se producen, y señalan a sectores como la hostelería, el trabajo doméstico y la atención domiciliaria.

En distintos ámbitos, la existencia de una línea telefónica habilitada al efecto es el único recurso que se demuestra eficaz para aquellas personas que buscan ayuda. Sirva como ejemplo el teléfono 016, de atención a víctimas de malos tratos por violencia de género, o los teléfonos que pone a disposición la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción para las personas o familiares de personas con problemas de este tipo.

Por ello consideramos que la implementación de un sistema análogo de denuncia telefónica y online contra la discriminación laboral sería de especial utilidad para ayudar a combatir la discriminación que sufran las empleadas cuando se produzcan situaciones de despido, cambio en las condiciones en caso de embarazo, trabas para acceder a puestos de mayor responsabilidad o desigualdad salarial, entre otras formas de discriminación.

Este servicio será prestado por personal en posesión de una licenciatura o grado universitario en el ámbito de la Psicología pero la atención no será sólo psicológica, sino que contará con un equipo de trabajadores sociales, juristas y sociólogos que prestarán la atención que la mujer necesite, incluida la consulta y derivación del caso a las fuerzas y cuerpos de seguridad, ministerio fiscal y otras autoridades e instituciones competentes, siempre de forma voluntaria, y asegurando en todo momento el anonimato y la confidencialidad de las mujeres que llamen si así lo desean.

Por tanto, el teléfono de atención y el portal informático prestará la información adecuada a la mujer discriminada sobre los distintos itinerarios a su disposición en todo el territorio nacional, incluyendo asesoramiento jurídico especializado y atención en distintos idiomas, El servicio tendrá un carácter gratuito y no aparecerá en la factura del teléfono.

Por último, este sistema ayudaría a la elaboración de estudios estadísticos sobre las prácticas discriminatorias y sobre la percepción de las mismas que tienen las empleadas, y podrían acceder a él las personas que se sientan discriminadas sin importar la naturaleza de la empresa o del organismo en el que lleven a cabo su función.

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, valoramos los pasos que se han dado para concienciar a la sociedad sobre la gravedad del problema, pero consideramos que deben adoptarse con urgencia medidas más eficientes y concretas que las tomadas hasta el momento contra la detección temprana y lucha contra la discriminación laboral.

Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Llevar a cabo las medidas oportunas para la puesta en marcha de un teléfono de atención a las víctimas de discriminación laboral contra la discriminación que sufren, especialmente, las mujeres, desde la fase de reclutamiento de personal.


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2. Elaborar un manual de apoyo a las víctimas de discriminación laboral a nivel estatal, que será distribuido a empresas, sindicatos, o asociaciones en defensa de los derechos de las mujeres. El manual estará también disponible a través del enlace web que se creará al efecto.

3. Incluir expresamente las irregularidades en materia de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el Buzón de Lucha contra el Fraude Laboral.

4. Reforzar las labores de cumplimiento de las obligaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

5. Suministrar a las víctimas de discriminación laboral la atención psicológica necesaria orientada a evitar los efectos no siempre visibles en un primer estadio, consecuencia de la situación vivida, como depresión o trastornos de ansiedad, entre otros.

6. Promover en los distintos foros empresariales acciones dirigidas a concienciar sobre el grave problema de la discriminación laboral que sufren las mujeres.

7. Impulsar las campañas informativas necesarias que faciliten el conocimiento de este servicio, y los derechos que asisten a las mujeres discriminadas en el ámbito laboral.

8. Estudiar la posibilidad de extender estas medidas a las relaciones docentes en el ámbito universitario, en línea con los protocolos universitarios que en su caso existan.

9. Llevar a cabo, en virtud del apartado 1º de la disposición final tercera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, una regulación reglamentaria más precisa sobre la elaboración y aplicación de los planes de igualdad y de los protocolos de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.

10. Revisar el régimen de infracciones y sanciones con el fin de que la no elaboración de planes de igualdad, en los supuestos establecidos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, sea constitutivo de una infracción administrativa en los términos de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2017.-Patricia Reyes Rivera y Sergio del Campo Estaún, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/002515

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a implementar diferentes medidas para conocer detalladamente la situación española y avanzar en el diseño legislativo de los derechos de las mujeres víctimas de agresiones sexuales y/o acoso sexual, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

"La mitad de todas las mujeres de la UE (53%), procuran evitar ciertos lugares o situaciones, al menos en ocasiones, por temor a ser víctimas de agresiones físicas o sexuales. Por el contrario, encuestas recientes sobre victimización delictiva y miedo a los delitos indican que el número de hombres que limitan sus movimientos es mucho más reducido".

Este es uno de los resultados presentados por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), que recopiló en 2014, datos de encuestas sobre las experiencias personales de las mujeres y diversas formas de violencia.

La encuesta formuló una serie de preguntas sobre la naturaleza de la violencia, las consecuencias y las formas en que las víctimas han enfrentado los incidentes. Si bien la mayoría de las experiencias de violencia de las que se preguntó en la encuesta se referían al tiempo transcurrido desde que la persona encuestada tenía 16 años, también se incluyó una sección sobre incidentes infantiles (agresiones que tuvieron lugar antes de los 16 años). También se preguntaba, en clave de frecuencia, si habían estado en una situación en que una misma persona hubiera adoptado reiteradamente conductas ofensivas o amenazadoras con ellas en relación con las que figuraban en un listado.


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Los resultados de dicho trabajo estadístico pusieron de manifiesto que, en la UE, el 18% de las mujeres han sido objeto de acoso a partir de los quince años de edad, y un 5% de las mujeres lo habían experimentado en los doce meses previos a la encuesta. Estos porcentajes representan que nueve millones de mujeres en la EU-28 fueron víctimas de acoso en un periodo de doce meses anterior a ser preguntadas.

Aunque España se encuentra entre los países en los que la violencia contra las mujeres forma parte de los ámbitos de intervención de las políticas públicas, es evidente que las necesidades y los derechos de las víctimas de agresiones sexuales no se abordan de manera integral. Tampoco se da cobertura de apoyo en todo el territorio nacional. Y las prestaciones no han quedado recogidas como un derecho especifico en ningún Plan de acción, Estrategia, legislación estatal que recoja el reconocimiento de derechos de reparación.

El punto 86.3 del Informe de la Subcomisión creada en el seno de la Comisión de Igualdad para un Pacto de Estado en materia de violencia de género, aprobado en el Pleno del Congreso el día 28 de julio de 2017 y publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 3 de agosto de 2017 indica literalmente que:

"La atención y recuperación, con reconocimiento de derechos específicos de las mujeres víctimas de cualquier acto de violencia contemplado en el Convenio de Estambul, y no previsto en la Ley Orgánica 1/2004, se regirán por las leyes específicas e integrales que se dicten al efecto de adecuar la necesidad de intervención y de protección a cada tipo de violencia. Hasta que se produzca este desarrollo normativo las otras violencias de género reconocidas en el Convenio de Estambul, recibirán un tratamiento preventivo y estadístico en el marco de la Ley Orgánica 1/2004. Asimismo, la respuesta penal en estos casos se regirá por lo dispuesto en el Código Penal y las leyes penales especiales."

Expresa este acuerdo de manera clara la voluntad de que "hasta que se produzca este desarrollo normativo" las cuestiones relacionadas con la prevención y la estadística de la violencia sexual "se enmarquen en los instrumentos previstos en la Ley Orgánica 1/2004, lo que implica la incorporación de datos a los boletines estadísticos de la Delegación del Gobierno y a los informes del Observatorio Estatal."

Este es un paso previo, y necesario, para conocer detalladamente la situación española y poder planificar las necesidades, así como para avanzar en el diseño legislativo de los derechos de las mujeres que hayan sido víctimas de violencia y/o acoso sexual.

La puesta en marcha de una estrategia para fomentar la denuncia, mejorar las respuestas a las mujeres como víctimas y garantizar que haya suficientes recursos para ofrecer apoyo en este ámbito específico, se manifiesta como una de las cuestiones esenciales en el marco de los acuerdos alcanzados a través del informe de la Subcomisión.

La encuesta europea, apunta la necesidad de que cada Estado miembro examine los patrones de las agresiones y abusos sexuales como un elemento de base para "desarrollar respuestas políticas basadas en pruebas". También apunta la necesidad de conocer aspectos relacionados con la denuncia de estos abusos, y las razones para que las mujeres no denuncian estos delitos.

Insiste en las recomendaciones alertando de que las respuestas serán eficaces "solo ofreciendo una base sólida sobre la que elaborar respuestas específicas, a escala de los Estados miembros, para cubrir las necesidades de las mujeres como víctimas de la violencia por lo que respecta al apoyo a las víctimas y las intervenciones de la justicia".

No existe duda pues, de que para dispensar una atención especializada es esencial un mejor conocimiento del impacto de esta forma de violencia y de que es importante promover una mayor sensibilización social que pueda fomentar la denuncia de este tipo de actos violentos.

El Convenio de Estambul del Consejo de Europa, y la Directiva 2012/29/UE, sobre las víctimas de delitos han marcado nuevos criterios para responder a todas las formas de violencia de género. Este compromiso ha sido asumido por España tras la ratificación de dicho Convenio en el que se ha reclamado "fomentar la investigación en Violencias sexuales a través de estudios diagnósticos, desarrollo estadístico, unificación de datos y publicidad de los mismos". También hemos quedado comprometidos a actuar a través del Pacto contra la violencia que reclama realizar estudios de prevalencia y diseño de indicadores para todos los tipos de violencia sexual.

Son muchas las ONG de mujeres españolas que vienen demandado la recopilación de datos sólidos y exhaustivos sobre la violencia sexual como una cuestión previa a la formulación de políticas y vías de actuación. Conocer el impacto y las características de esta violencia es el paso previo para abordar este


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tipo de vulneración de los derechos fundamentales. ONG's, como la Federación de Asistencia a Mujeres Violadas, cuentan con servicios de Información Jurídica, Asistencia Legal y Atención Psicológica a las mujeres víctimas de violencia sexual y/o abuso Sexual y son una fuente de información imprescindible por contar con datos sobre miles de casos atendidos en las últimas décadas por sus organizaciones asociadas.

Resulta sorprendente que a lo largo de estos años no se hayan analizado de forma global sus datos para conocer perfiles y tendencias en este tipo de agresiones y que solo algunas de ellas hayan publicado datos referidos a su ámbito de actuación sin que podamos contar con información a nivel estatal. Esta carencia debe ser corregida acordando los indicadores que los diferentes organismos autonómicos deben aportar para la creación de un informe anual que nos permita conocer la situación, evolución y tendencias en este tipo de delitos de género, a nivel estatal.

La premisa de "conocer, detectar y actuar" debe llevarnos también a estar al tanto de cómo está aplicándose el catálogo general de los derechos procesales de las víctimas (reconocimiento, protección durante la investigación penal y apoyo) recogidos en la Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima del Delito.

También para la prevención de la violencia sexual digital, urge incorporar a la investigación previa que proponemos indicadores de cómo las redes sociales, blogs o mensajería digital se usan como nuevo vehículo para el acoso y las agresiones.

En otro orden de cosas es importante adecuar la macro encuesta a los nuevos objetivos acordados en el Pacto contra la violencia de género. La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género sustituyó en 2011 al Instituto de la Mujer en la elaboración de la Macro-encuesta de Violencia contra la Mujer que se ha promovido en los años 1999, 2002, 2006, 2011 y 2015 y que es la operación estadística más relevante que se realiza sobre violencia contra la mujer en España.

Se trata de una encuesta de prevalencia que se refiere exclusivamente a la violencia revelada por las mujeres residentes en España de dieciséis y más años.

En relación a las violaciones y agresiones sexuales, esta macro-encuesta recoge dos categorías analíticas: por un lado, las sufridas por las mujeres por parte de sus ex parejas y de su pareja actual (si la tiene) y una segunda categoría sobre las agresiones llevadas a cabo por agresores que no son pareja de la víctima.

Esta macroencuesta en su última edición indica que un 7,2% de las mujeres residentes en España (ese% supone 1 446 323 de mujeres sobre el último censo publicado por el INE) han reconocido haber sufrido violencia sexual fuera del ámbito de la pareja o de la ex pareja en algún momento de su vida y una de cada diez mujeres afirma haber mantenido relaciones sexuales de forma obligada con alguna de sus antiguas parejas (10,5%/2 .109. 221 sobre el último censo publicado por el INE).

Otros datos estremecedores indica que un 3,1% de las mujeres (622 722) ha sufrido alguna forma de violencia sexual antes de los quince años y que un 7% de las mujeres de 16 a 29 años ha sufrido alguna agresión sexual en su vida (206 775 mujeres sobre el último censo publicado por el INE).

La encuesta indica que "prácticamente una de cada diez mujeres nacidas en el extranjero ha sido víctima de violencia sexual fuera de la pareja (9,7%), mientras que esta violencia ha implicado a un 6,9% de las nacidas en España. Antes de los quince, la prevalencia es de un 5% para las primeras y de un 3,3% para las segundas".

También quedan reflejadas circunstancias que ponen en evidencia la necesidad de adecuar la respuesta política, a diferentes circunstancias como por ejemplo el origen de las víctimas. En este sentido, se ha identificado que por nacionalidades y en relación a las agresiones sexuales en el ámbito de la pareja un 15,2% de las mujeres residentes en España y nacidas en el extranjero confiesan haber sido víctimas de este tipo de agresiones por parte de alguna pareja a lo largo de su vida, frente al 7,5% para las nacidas en España.

A pesar de ser un instrumento de gran calidad técnica y estratégica, quedan reflejadas carencias en el diseño de las preguntas ya que no se indaga sobre otras circunstancias como si denunciaron los hechos, o cuales fueron los elementos paralizantes que lo impidieron. Tampoco se indaga sobre vulnerabilidad por circunstancias relacionadas con discapacidad u otras que pudiesen resultar de interés. Queda pues en evidencia la necesidad de caracterizar, demográfica y socialmente, el colectivo de mujeres víctimas de agresiones sexuales. Las administraciones deberían identificar pautas de los agresores para prevenir riesgos y describir las características del servicio de prevención, protección y reparación que se presta a las víctimas, así como obtener información suficiente de las características de las agresiones para adecuar el marco legal regulador. La recopilación debe realizarse a partir de los datos recogidos en cuestionarios de notificación que deberían aprobarse por el Consejo Interterritorial.


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Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Constituir de manera urgente la Mesa de Coordinación Estatal sobre Violencia Sexual en la que se incluyan todos los agentes implicados, administraciones y asociaciones especializadas como recoge el acuerdo 183 del Pacto contra la violencia.

2. Para avanzar en la coordinación de los agentes y servicios públicos que intervienen en la producción estadística, acordar con las Comunidades Autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad, las planillas de indicadores susceptibles de ser incorporados a la elaboración de un informe estatal anual que permita identificar perfiles y conocer la situación, evolución y tendencias, en materia de agresiones y/o abusos sexuales.

3. Hacer un mapa de victimización delictiva por violencia sexual.

4. Hacer un mapa recursos de atención a mujeres víctimas de violencia sexual e incorporarlo a las guías de recursos en materia de violencia de género.

5. Ampliar el número de campañas del ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad para extender los contenidos e incorporar mensajes preventivos, de rechazo social y pautas de acción ante las agresiones sexuales.

6. Realizar, en colaboración con el CGPJ y organizaciones de juristas, una investigación sobre la respuesta de la administración de justicia ante los delitos relacionados con violaciones, acoso sexual en el trabajo y otras agresiones sexuales.

7. Acordar con el CGPJ la ampliación de la información judicial que ofrece el Observatorio del CGPJ en materia de violencia de género para que incorpore el número de denuncias, sentido de las sentencias, y otros indicadores de interés relacionados con la violencia sexual. Este informe ha de incluir datos para conocer la aplicación del catálogo general de los derechos procesales de las víctimas recogidos en la Ley 4/15 del Estatuto de la Víctima del Delito.

8. Incorporar al Plan Estadístico Nacional datos relacionados con la violencia sexual para poner a disposición de la sociedad los datos que reflejan esta realidad, reflejar el estado de la realidad, su pasado y sus tendencias futuras y que dichas informaciones sirvan para favorecer la toma de conciencia frente al problema y ayuden a las administraciones en la planificación de una respuesta, adecuada y adaptada.

9. Dar cumplimiento a los acuerdos del Pacto que reclama realizar estudios, sobre el alcance y tipología de la violencia sexual:

a) Planificar para la próxima macro encuesta la ampliación de las preguntas relacionadas con violencia sexual de cara a identificar la respuesta de las victimas frente a las agresiones, así como otras circunstancias que ayuden al diseño de la respuesta institucional de prevención de agresiones sexuales, incluyendo de manera expresa preguntas sobre acoso sexual en el trabajo.

b) Ampliar en la macro-encuesta la horquilla de edad para conocer si las personas agredidas fueron víctimas de abuso infantil.

c) Realizar a lo largo de 2018 investigaciones cuantitativas y cualitativas sobre las usuarias de los servicios de Información Jurídica, Asistencia Legal y Atención Psicológica que tengan las diferentes administraciones para atender a mujeres víctimas de violencia sexual y/o abuso Sexual.

10. Incorporar un capitulo especifico en el boletín estadístico de la Delegación del Gobierno y el Informe anual del Observatorio Estatal de Violencia de Género relacionado con esta problemática."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2017.-Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

161/002499

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los apoyos públicos a las personas con discapacidad auditiva, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.

Exposición de motivos

Para el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el compromiso con el interés general de la ciudadanía es la razón fundamental de su acción política. Es por ello que, fruto del contacto permanente y fluido con diversos colectivos sociales, trabajamos para buscar la mejor solución mediante el debate, que impulsará una acción de Gobierno de ser aceptada la propuesta.

Este compromiso se hace si cabe más fuerte en el caso de las personas con discapacidad, ya que todavía son muchos los impedimentos que frenan su plena inclusión social, a pesar de que en los últimos años se han puesto en marcha una serie de instrumentos normativos que persiguen eliminar las barreras existentes.

Tal es así que en su momento, hace más de veinte años, impulsamos la financiación pública de audífonos en determinadas condiciones de edad y renta familiar, al considerar que para el desarrollo e inclusión en la sociedad de los menores de edad era capital poder comunicarse con fluidez.

Esta posición, además de razones de justicia, era fiel reflejo de nuestra voluntad de trabajar por el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución Española, que establece que los poderes públicos deberán impulsar políticas que garanticen derechos reconocidos a todos los ciudadanos, removiendo todos los obstáculos que sean necesarios cuando las personas tengan algún tipo de discapacidad.

Hoy, después de muchos años, y por el desarrollo tecnológico de los elementos de apoyo a la comunicación, se hace necesario estudiar una posible revisión del sistema de ayuda, continuando con el compromiso de trabajar por la plena inclusión de las personas con discapacidad auditiva en la sociedad.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revisar en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la financiación de audífonos y componentes externos de los implantes auditivos, con el objetivo de eliminar barreras de comunicación existentes y a continuar trabajando por la plena inclusión de las personas con discapacidad auditiva en la sociedad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/002520

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa del Diputado don José David Carracedo Verde, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, relativa a la conversión de vehículos de combustión interna a vehículos eléctricos.


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Exposición de motivos

Esta iniciativa parlamentaria pretende facilitar la conversión de los vehículos de combustión interna (gasolina o diésel, a partir de ahora VCI) a vehículos 100% eléctricos (a partir de ahora VE).

En la actualidad, según las normativas vigentes en el Estado español, la conversión de un VCI a VE representa un procedimiento costoso y complejo, lo que supone un claro desincentivo. La idea es que el ministerio correspondiente autorice unos equipos de conversión específicos para los diferentes modelos de VCI y que los talleres autorizados puedan montar estos equipos (básicamente compuestos por motor eléctrico, pack de baterías y cargador y ordenador de bordo) y que el trámite posterior sea simplemente pasar la ITV con la correspondiente modificación de la ficha técnica (de VCI a VE).

Los vehículos propulsados con energías alternativas a las tradicionales, están llamados en un horizonte inmediato a formar parte de la movilidad sostenible en el transporte a nivel global, tanto en las ciudades como en las carreteras. En sentido contrario los vehículos propulsados mediante los combustibles fósiles están predestinados a ir desapareciendo de nuestras redes viales. Los beneficios de impulsar la transformación de unos vehículos en otros son evidentes, aquellos propulsados con energías alternativas debido a sus beneficios en materia de diversificación energética y reducción de la dependencia de los productos petrolíferos, así como por la reducción de emisiones de CO2 y de otras emisiones contaminantes y de efecto invernadero, ayudan por tanto a mejorar la calidad del aire en todo el territorio.

Otros efectos positivos son la disminución de la contaminación acústica y por ende, la mejora del bienestar y calidad de vida de la ciudadanía.

Las razones para agilizar estos procedimientos son múltiples:

1. Convertir vehículos propulsados por combustibles fósiles en eléctricos supone una reducción de la contaminación y va en la línea de la descarbonización de la movilidad.

2. Este cambio normativo colabora a cumplir los tratados internacionales y los compromisos europeos de reducción de emisiones contaminantes firmados por España y que luchan contra el cambio climático.

3. Facilitar y reglamentar las conversiones supone fomentar la creación pequeñas y medianas empresas en el sector los talleres mecánicos. Los talleres existentes también se podrán especializar y tendrán un nuevo mercado con grandes potencialidades.

4. Este cambio también supone una reducción de los residuos y reciclajes: los antiguos vehículos de combustión que se conviertan a eléctricos ya no se tendrán que desguazar.

5. Convertir el parque automovilístico español de viejos vehículos muy contaminantes a eléctricos supone también una reducción de la contaminación derivada de la construcción de vehículos nuevos.

6. Esta medida colabora a la transición energética a las renovables, y supone reducir nuestra dependencia de combustibles fósiles de importación y puede mejorar nuestra soberanía energética y reducir los riesgos asociados a la volatilidad de los precios de las materias primas y mejorar nuestra balanza de pagos exteriores.

7. La descentralización de la transformación de vehículos en talleres de todo el territorio, permitirá desarrollar y apoyar un modelo rural sostenible.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Modificar todas las normativas correspondientes para facilitar al máximo la conversión de Vehículos de Combustión Interna a Vehículos Eléctricos, de manera que el procedimiento sea asimilable a la conversión de vehículos a Gas Licuado de Petróleo.

2. Establecer con cargo a los Presupuestos Generales del Estado una línea de ayudas a la conversión de vehículos. Ayudas concedidas a los usuarios con el fin de impulsar la movilidad de vehículos de energías alternativas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2017.-José David Carracedo Verde, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia

161/002498

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para introducir una perspectiva de juventud en las políticas públicas, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.

Exposición de motivos

El capital humano y social de los jóvenes es uno de los mayores activos que tiene cualquier Estado de cara al futuro. Según datos actualizados del Instituto Nacional de Estadística, en España hay 7.205.284 personas de edades comprendidas entre quince y veintinueve años, lo que quiere decir que la juventud representa más del 15% de la población de nuestro país.

Es por ello que debemos poner el foco de atención en este segmento poblacional y potenciar el compromiso de la sociedad con los jóvenes, creando mayores oportunidades en todos sus aspectos vitales, como así lo recogen las principales líneas de la Estrategia de la Unión Europea para la Juventud 2010-2018.

En consecuencia, se puso en marcha la primera Estrategia de Juventud 2020, con el objetivo de establecer políticas y servicios a la juventud que incidan en sus demandas y necesidades actuales, como son el empleo, la formación, el emprendimiento, la participación social y la igualdad de oportunidades.

Para llevar a cabo la Estrategia, se aprobó el Plan de Acción 2014-2016, que tendrá continuidad gracias al próximo Plan 2017-2020. Medidas que junto con otras como la reforma del sistema de Garantía Juvenil, la Formación Dual o la tarifa plana de autónomos, van encaminadas a defender los derechos de los jóvenes y potenciar su papel e integración en la sociedad.

Sin embargo, todavía quedan pasos por dar, y por eso consideramos que además de estas políticas específicas de apoyo a la juventud, es fundamental que desde otros ámbitos y desde otros Ministerios se tenga en cuenta a los jóvenes a la hora de llevar a cabo actuaciones. Es necesario que se introduzca una perspectiva juvenil en las políticas e iniciativas públicas, tal y como ocurrió en 2003, con la entrada en vigor de Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración de impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, que introdujo la obligación de que todo proyecto normativo vaya acompañado de un informe de impacto por razón de género; o en 2015 a través de la modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que estableció la obligación de valorar el impacto en la infancia y adolescencia y también en la familia en todos los proyectos normativos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Introducir la perspectiva de juventud en todas las políticas públicas, de forma que se tenga en cuenta de manera transversal.

- Incluir un análisis del impacto juvenil en todos los proyectos legislativos que se impulsen desde el Gobierno, siguiendo el modelo de informe que se utiliza para evaluar el impacto de género."

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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161/002507

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, relativa a la situación de los Derechos de la Infancia y Adolescencia en el Estado de Palestina afectados por la ocupación de Israel y las acciones que España podría emprender en pos de su protección.

Exposición de motivos

El prolongado conflicto político entre Palestina e Israel, ha devenido en una prolongada crisis de protección humanitaria en los territorios ocupados por Israel con un "impacto devastador en el bienestar, la seguridad física y el futuro de las niñas y los niños. Las restricciones y la violencia relacionada con el conflicto han dejado a los niños y niñas con una profunda sensación de inseguridad para su futuro, mientras que los mecanismos familiares y de la comunidad se ven debilitados por el régimen de cierre, el conflicto y la privación", según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (DCHA). Según la Oficina Palestina de Estadísticas (PCBS, según sus siglas en inglés), el 46,2% de los 4 682 467 palestinos y palestinas censados en 2015 tenían menos de dieciocho años de edad.

Los niños y niñas palestinas sufren de manera especial la ocupación israelí de Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza -que cumple ya diez años en una situación de bloqueo-, territorios que, junto a los Altos del Golán, la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exigió desocupar a Israel. Según la oficina de Palestina de la ONG Defence for Children (DCI) se encuentran sometidos a violaciones de sus derechos en diferentes aspectos: detenciones militares; justicia juvenil militar para los niños y niñas palestinas diferenciada de los niños y niñas israelíes; violencia, muertes y otros daños.

La Convención de los Derechos del Niño es el principal instrumento en materia de Derecho Internacional para la protección de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, desde que se aprobase, con rango de Tratado Internacional de Derechos Humanos el 20 de noviembre de 1989. Como ocupante de estos territorios, el Estado de Israel es responsable de la correcta aplicación de la Convención de Derechos del Niño, así como del resto de normativa internacional de derechos humanos.

El artículo 37 de la Convención es contundente al dictaminar que i) ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; no se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de dieciocho años de edad; y ii) ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda.

Según la ONG palestina Addameer, con fecha de julio de 2017 1, están encarcelados en prisiones y centros de seguridad 300 niños y niñas palestinas (75 de ellos en Jerusalén Este, ciudad en la que se encuentran especialmente desprotegidos por el auge de la colonización y la violencia) menores de 18 años en prisiones y otras instalaciones de seguridad israelí. Algunos de ellos y ellas han sido detenidos bajo lo que Israel denomina detenciones administrativas -encarcelamientos sin cargos por razones de seguridad que se pueden extender durante años-, figura jurídica denunciada por Amnistía Internacional por infringir el derecho internacional en materia de detención arbitraria y derecho a un juicio justo. El cargo más común contra los niños y niñas es el lanzamiento de piedras, punible con hasta veinte años de cárcel. La misma ONG calcula que, desde el año 2000, más de 12. 000 niños y niñas palestinas habrían sido arrestados/as.

Tras haber sido arrestados en sus casas e interrogados durante horas o días, los niños y niñas palestinas permanecen en prisiones, centros de detención o bajo arresto domiciliario, sujetos y sujetas al mismo tratamiento de las personas adultas. En virtud de la Orden Militar israelí n.° 1644, emitida el 29 julio de 2009, se establecía una Corte Militar separada para niños y niñas tras haberles juzgado durante 42 años en los mismos tribunales que las personas adultas. Las detenciones basadas en legislación militar israelí sólo aplicables a población palestina han sido calificadas como constitutivas de delito de apartheid en el informe "Prácticas Israelíes contra el Pueblo Palestino y la Cuestión del Apartheid" presentado por la Comisión Económica y Social del Asia Occidental de las Naciones Unidas el pasado 15 de marzo,

1 Ver aquí: http://www.addameer.org/the_prisoners/children


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basando sus conclusiones en la Convención Internacional por la Supresión y Castigo del Crimen de Apartheid (1973).

Las ONG israelíes B'tselem y HaMoked, por su parte, han documentado, con fecha de octubre de 2017 2, las condiciones de arresto a las que se ven sometidos y sometidas muchos/as adolescentes palestinos/as residentes en Jerusalén Este. Según las ONG, pese a que las autoridades israelíes cumplir, técnica y nominalmente, la normativa y legalidad, violan de manera sistemática sus derechos (a permanecer en silencio, recibir consejo y estar en compañía de sus familias durante los interrogatorios) y abusan de arrestos, restricciones físicas, arrestos nocturnos y condiciones de detención. Estas violaciones afectan a los derechos, salud y desarrollo de los niños y niñas así como de sus familias.

El Estado de Israel ratificó la Convención en el año 1991, pero su aplicación ha sido objeto de fuertes críticas por parte de diversos estamentos pertenecientes al Sistema de Naciones Unidas. En primer lugar, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). En 2010 este organismo criticó que Israel por no crear una comisión de carácter ejecutivo sobre derechos de la infancia, con vistas a implementar una estrategia estatal de protección de derechos de la infancia, o tan siquiera para vigilar la implementación de la propia legislación israelí existente en la materia. UNICEF ha sido también muy crítico con la sempiterna defensa utilizada por Israel, que sigue sosteniendo que la Convención no es susceptible de aplicarse en el territorio de Cisjordania, y que sigue situando la mayoría de edad en los dieciséis años para el caso exclusivo de la población palestina, a pesar de que la Convención es clara al situar el límite en la edad de dieciocho.

Según un Informe de febrero de 2013 3 del UNICEF, "el maltrato de niños y niñas palestinas en el sistema militar de detenciones israelí aparenta estar extendido, sistematizado e institucionalizado". UNICEF constata que en ningún otro país existen este tipo de Tribunales para niños y niñas que no proveen de las garantías necesarias para hacer cumplir los derechos de la infancia. Concluye, además, que el patrón de dicho maltrato incluye, entre otros: i) proceder al arresto entre la medianoche y las 5.00 AM por parte de soldados fuertemente armados; ii) la práctica de vendar los ojos de los infantes y atar sus manos con amarres de plástico; iii) abusos físicos y verbales durante el traslado al lugar del interrogatorio; iv) la falta de acceso a agua, comida, servicios higiénicos y cuidados médicos; v) interrogatorios en los que se hace uso de violencia física y de amenazas; vi) confesiones falsas, extraídas bajo uso de la fuerza; vii) falta de acceso a una defensa o a que estén presentes integrantes de su familia durante los interrogatorios. UNICEF dictamina que estas prácticas constituyen "violaciones del Derecho Internacional que protege a los niños y niñas contra el maltrato que puedan sufrir al entrar en contacto con fuerzas de orden público, instituciones judiciales y/o militares". Huelga decir que la legislación internacional prohíbe el uso de "tortura y otros tratos o castigos inhumanos, crueles o degradantes bajo cualquier circunstancia".

En 2012, el Comité de los Derechos del Niño 4 (en adelante CRC, según sus siglas en inglés), vertió asimismo duras críticas sobre Israel tras los bombardeos en la Franja de Gaza, reconociendo que la destrucción de hogares y el daño a escuelas, calles y otros lugares públicos afecta gravemente a los menores, concluyendo que estas acciones suponían violaciones graves tanto de la Convención de Derechos del Niño como del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, sobre la participación de niños en conflictos armados 5. De hecho, sólo durante los bombardeos a Gaza en 2014, según datos de UNICEF murieron 500 niños y niñas, 3.374 fueron heridos -de los que casi un tercio sufren discapacidades desde entonces- y 1.500 se quedaron en situación de orfandad. Las muertes de niños y niñas palestinas no se limitan a los bombardeos y operaciones israelíes, sino también a la violencia en controles e incursiones del ejército de Israel así como en manifestaciones y también al incremento de la violencia de los colonos israelíes, en algunos casos incluso en su camino cotidiano hacia la escuela. Entre los casos más conocidos se encuentran Mahmoud Shalaan, de dieciséis años, abatido a tiros por soldados israelíes en Ramala en marzo de 2016 y el bebé muerto, junto con varios de sus familiares al quemar unos colonos su casa en Duma en agosto de 2015. En los tres últimos años, la ONG DCI Palestine contabilizó la muerte de 31 (2015), 35 (2015) y 10 (enero a julio de 2017). La exposición a los efectos de violencia y guerra crónica está afectando a la salud mental de los niños y niñas palestinas.

Más concretamente, las conclusiones del último examen periódico del Comité de los Derechos del Niño sobre el Estado de Israel, contenidas en el documento de Observaciones finales sobre los informes

2 Ver aquí: http://www.btselem.org/publications/summaries/201710_unprotected

3 Disponible aquí: https://www.uniceforg/oPt/UNICEF_oPt_Children_in_lsraeli_Military_Detention_Observations_and_Recom mendations_-_6_March_2013.pdf

4 Organismo de las Naciones Unidas cuya función es la de examinar los progresos realizados en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados Partes que han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño.

5 Ratificado por Israel el 18 de julio de 2005.


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periódicos segundo a cuarto de Israel 6, son contundentes a pesar de "la persistente negativa del Estado parte a proporcionar información y datos y a responder a las preguntas escritas del Comité sobre los niños que viven en el Territorio Palestino Ocupado, incluidos Jerusalén Oriental y el Golán sirio ocupado, afecta enormemente a la adecuación del proceso de presentación de informes y a la rendición de cuentas del Estado respecto de la aplicación de la Convención" (sic). Recoge, como principales motivos de preocupación y recomendaciones, entre otros:

i. Cese la construcción del muro en el Territorio Palestino Ocupado y levante por completo el bloqueo de Gaza, y permita de manera urgente la entrada de todos los materiales de construcción que necesitan las familias palestinas para reconstruir las viviendas e infraestructuras civiles a fin de garantizar el respeto de los derechos de los niños a la vivienda, la educación, la salud, el agua y el saneamiento, como recomienda en particular el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD/C/ISR/CO/14-16, párr. 26), y en consonancia con el Manual sobre el Derecho de la Guerra de Israel (1998), que prohíbe aplicar políticas de quema de tierra "con el fin de causar hambre o sufrimiento a la población civil".

ii. Recuerda al Estado parte su responsabilidad ineludible de prevenir y erradicar la tortura y los malos tratos de los niños que viven en el Territorio Palestino Ocupado, que no solo constituyen una grave vulneración del artículo 37 a) de la Convención sobre los Derechos del Niño, sino también del artículo 32 del Cuarto Convenio de Ginebra. El Comité insta encarecidamente al Estado parte a que:

a) Ponga inmediatamente fin al régimen de aislamiento de todos los niños.

b) Inicie sin demora una investigación independiente de todos los presuntos casos de tortura y malos tratos de niños palestinos.

c) Adopte medidas inmediatas para que los niños que viven en el Territorio Palestino Ocupado dispongan de mecanismos de denuncia seguros y adaptados a sus necesidades, en particular durante los juicios, por el trato sufrido en el momento de su detención y posterior encarcelamiento.

iii. El Comité insta encarecidamente al Estado parte a que garantice la aplicación de las normas relativas a la justicia juvenil a todos los niños sin discriminación alguna, así como la celebración de juicios rápidos e imparciales de conformidad con las garantías procesales mínimas. También lo insta a que desmantele el sistema institucionalizado de reclusión, tortura y malos tratos de niños palestinos en todas las etapas del procedimiento judicial. Todas las personas que hayan tomado parte en este sistema ilegal deberían ser juzgadas y castigadas si se las declara culpables. El Comité también insta al Estado parte a que cumpla las recomendaciones que formuló en 2002 y 2010 y que han sido reiteradas constantemente por todos los mecanismos de derechos humanos, el Secretario General de las Naciones Unidas y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y, en particular, a que:

a) Revise y modifique todas las leyes que permiten condenar a niños palestinos a 20 años de prisión por haber lanzado piedras y ponga en libertad a todos los niños que estén recluidos por ese motivo.

b) Se asegure de que los niños recluidos tengan acceso efectivo a un examen judicial independiente de la legalidad de su detención y reclusión en un plazo de 24 horas desde el momento de su detención, reciban asistencia letrada adecuada, gratuita e independiente inmediatamente después de su detención y puedan ponerse en contacto con sus padres o con familiares cercanos.

c) Vele por que los niños acusados de haber cometido delitos contra la seguridad solo sean recluidos como medida de último recurso, en condiciones adecuadas acordes con su edad y vulnerabilidad y durante el período de tiempo más breve posible. En caso de duda sobre si se ha alcanzado la edad de responsabilidad penal, se presumirá que el niño no ha llegado a esa edad.

Sin embargo, y a pesar de la contundencia de estas y otras recomendaciones, lo que el CRC reconoce como un el sistema institucionalizado de reclusión, tortura y malos tratos continúa vigente en Israel. Está previsto que Israel pase por un nuevo examen periódico ante el Comité de los Derechos del Niño en 2018, habiendo contraído la obligación de someter el Informe País para su consideración ante dicho Comité antes del 2 de noviembre de 2018 7.

6 Aprobadas por el Comité en su 63.º período de sesiones. Documento original disponible aquí: http://tbinternet.ohchnorg/Jayouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2flSR%2fC0%2f2-4&Lang=en

7 Es necesario, asimismo, que el Estado de Israel se comprometa en tiempo y forma a cumplir con los tiempos exigidos por el CRC. En su último examen periódico, la fecha límite de entrega del Informe País (que ha de finalizar el propio estado) se situó en el 1 de noviembre de 2008, pero no se formalizó hasta el 11 de junio de 2010.


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Además, los niños y niñas palestinas sufren las consecuencias de la ocupación israelí. En el caso de Gaza, el bloqueo y las tres operaciones guerras israelíes de los últimos diez años, especialmente la sufrida en 2014, entre las 18 000 casas e infraestructuras devastadas por los bombardeos 258 escuelas y guarderías fueron dañadas. Tres años después, debido al bloqueo restringe la entrada de materiales de construcción, apenas una pequeña parte de ellas han podido ser reparadas. Los daños en los colegios y guarderías agravan la falta de espacio que obligaba antes de 2014 a realizar varios turnos ante las dificultades de abrir nuevas escuelas. Los niños y niñas sufren, como sus mayores, la gravísima crisis medioambiental provocada por la destrucción del sistema de aguas residuales y sistemas sanitarios, escasez de agua, cortes en electricidad, hospitales que no pueden funcionar a toda su capacidad por falta de energía y un elevado nivel de desempleo (43%) y dependencia de la ayuda humanitaria (80%), según datos de UNICEF.

En Cisjordania, el acceso a la educación de los niños y niñas palestinas se ve afectado por las demoliciones israelíes de escuelas y sus propios hogares. Sólo en los últimos meses, el ejército israelí ha demolido la escuela de Jub al-Dib, cerca de Belén, unas instalaciones donadas por la Unión Europea, dejando a 80 niños y niñas sin escuela. En riesgo de demolición se encuentra también la escuela de Khan Al Ahmar, junto con el resto de su comunidad amenaza de riesgo de transferencia forzada, actualmente pospuesta gracias a la intermediación de la OCHA y UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para la Atención de Refugiados y Refugiadas de Palestina). En esta zona, los niños y niñas también sufren las consecuencias de la política de falta de permisos, re-zonificación y demoliciones de hogares palestinos. Según datos del PCBS, en 2014 -últimos datos disponibles, 110 niños y niñas y 540 personas adultas fueron expulsadas de manera forzada al sufrir demoliciones de sus casas. En lo que llevamos de 2017, la ONG israelí ICAHD (Comité Israelí contra el Derribo de Casas), ha contabilizado 351 estructuras demolidas y 528 personas desplazas. ICAHD estima, según los datos de OCHA, en 50 000 las personas palestinas desplazadas de Jerusalén Oriental y Cisjordania desde 1967.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:

1. Que, en sus relaciones bilaterales para con el Estado de Israel, muestre su preocupación por el incumplimiento de las recomendaciones vertidas por el Comité de los Derechos del Niño en sus Observaciones finales sobre los informes periódicos segundo a cuarto de Israel aprobadas por el Comité en su 63° período de sesiones; muy especialmente respecto de las consecuencias de la ocupación, prevención y erradicación de los malos tratos y sobre el sistema institucionalizado y discriminatorio de justicia para los niños y niñas palestinos.

2. Que, en sus relaciones bilaterales para con el Estado de Israel, el Gobierno apueste por atraer a su homólogo hacia la ratificación ratifique todos los tratados fundamentales de derechos humanos en los que aún no es parte, a saber: el Tercer Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, así como los Protocolos Facultativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y la Convención contra la Tortura y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

3. Que, en sus relaciones bilaterales para con el Estado de Israel, y las realizadas junto con el resto de Estados de la Unión Europea, España y sus socios demanden la materialización de compensaciones por la destrucción de escuelas financiadas bien por la Cooperación Española o por la cooperación de la Unión Europea, asegurando así el derecho a la educación de los niños y niñas palestinas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2017.-Pablo Bustinduy Amador y María del Mar García Puig, Diputados.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión de Justicia

181/000536

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia

Diputado don César Luena López

Texto:

¿Piensa el Gobierno crear un nuevo Juzgado de lo Penal en La Rioja?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2017.-César Luena López, Diputado.

Comisión de Empleo y Seguridad Social

181/000556

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,a iniciativa de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez,de conformidad con lo establecido en el artículo 189 del Reglamento, presenta la siguiente pregunta oral para su respuesta en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

¿Tiene previsto el Gobierno adecuar los coeficientes reductores de la edad de jubilación de los marineros a las características de la actividad actual de la flota y no de las características de los buques, antes de la publicación del Reglamento Europeo, en febrero de 2018, tal y como recomienda la Comisión Europea, y que esta reforma se aplique, con efecto retroactivo, desde el 1 de enero de 2016, momento en el que comienzan a existir las discriminaciones entre marineros?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.


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PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/018708

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Mena Arca, Joan (GCUP-EC-EM).

Reformulación de su pregunta sobre informe final de conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción encargada del Caso Gürtel.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite la pregunta de referencia, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado Joan Mena Arca adscrito al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.

La fiscal anticorrupción encargada del Caso Gürtel afirmó el pasado martes 24 de octubre en el juicio que "la existencia de la caja b del PP", ha quedado "plena y abrumadoramente acreditada", tras la vista oral, que comenzó en octubre de 2016. En su alegato final, la Fiscal Anticorrupción insistió en que el extesorero del PP Luis Bárcenas sustrajo al menos 270.000 euros de estos fondos opacos de la formación conservadora. También remachó la idea de que el partido, como persona jurídica, obtuvo un beneficio de los delitos atribuidos a la red corrupta de Francisco Correa.

La fiscal anticorrupción dedicó la segunda jornada de exposición de su informe final en el juicio central del caso Gürtel a la supuesta condición del partido como "partícipe a título lucrativo", de los delitos cometidos por diferentes cargos electos del PP implicados en el caso.

La Fiscalía pide al tribunal que condene al PP como partícipe a título lucrativo y a devolver a los municipios de Majadahonda y Pozuelo. el dinero que la trama aportó para las campañas de sus candidatos, tras haber sacado ese dinero de las propias arcas del municipio. En el caso de Majadahonda, ha precisado la fiscal, fueron 133.628 euros "de fondos procedentes de comisiones ilegales cobradas a adjudicatarias y sustraídos del Ayuntamiento en esta actividad delictiva".

¿Qué valoración hace el Gobierno del demoledor informe final de conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción que confirma un sistema integral ideado para delinquir apoyado en cargos municipales del PP y beneficios para el partido que preside el propio Presidente del Gobierno?

¿Considera el Gobierno que, una vez más, estas afirmaciones en sede judicial minan la credibilidad del Gobierno de España? ¿Tiene previsto llevar a cabo el Gobierno alguna acción para evitar la vergüenza internacional qué el Caso Gürtel supone?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2017.-Joan Mena Arca, Diputado.


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184/019645

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

Flórez Rodríguez, María Aurora (GS).

Cifras de positivos detectados por consumo de anfetaminas en controles de droga en la conducción en el año 2017 y su variación respecto al mismo periodo del año anterior.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la incorporación de firma contenida en el escrito número de registro 54622, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga y doña María Aurora Flórez Rodríguez, Diputada por León, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

¿Cuáles han sido las cifras de positivos detectados por consumo de anfetaminas en controles de droga en la conducción en 2017 y su variación respecto al mismo periodo del año anterior, desglosado por Comunidades Autónomas y por provincias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2017.-Miguel Ángel Heredia Díaz y María Aurora Flórez Rodríguez, Diputados.

184/019646

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

Flórez Rodríguez, María Aurora (GS).

Cifras de positivos detectados en controles de droga en la conducción en el año 2017 y su variación respecto al mismo periodo del año anterior.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la incorporación de firma contenida en el escrito número de registro 54622, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en


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el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga y doña María Aurora Flórez Rodríguez, Diputada por León, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

¿Cuáles han sido las cifras de positivos detectados en controles de droga en la conducción en 2017 y su variación respecto al mismo periodo del año anterior, desglosado por Comunidades Autónomas y por provincias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2017.-Miguel Ángel Heredia Díaz y María Aurora Flórez Rodríguez, Diputados.

184/019759

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Candela Serna, Ignasi (GMx).

Constancia que tiene el Gobierno de la existencia de alguna presión al Inspector Jefe de la UDEF derivada de la investigación del caso Gürtel, así como planes que maneja el Presidente del Gobierno si fuese investigado.

Acuerdo:

Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, excepto la pregunta contenida en el segundo párrafo ya que, en los términos en que se encuentra redactada, resultaría contraria a la debida cortesía parlamentaria, conforme al artículo 16 del Reglamento, comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Diputado don Ignasi Candela Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente pregunta al Gobierno, solicitando su respuesta por escrito.


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Exposición de motivos

Según informa elDiario.es, el inspector jefe de la UDEF ha denunciado presiones "desestabilizadoras" para intentar frenar la investigación del caso Gürtel. Además, ha señalado en sede parlamentaria que existen indicios de que el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibió pagos de la "Caja B", del Partido Popular, manejada por Luis Bárcenas. Y ha definido a la trama Gürtel como "corrupción pura".

Por todo lo expuesto, don lgnasi Candela Serna, diputado del Grupo Mixto, en nombre de los Diputados y Diputadas de Compromís formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito:

"¿Le consta al Gobierno alguna presión al inspector jefe de la UDEF derivada de la investigación del caso Gürtel?

[...]

¿Qué planes maneja el Presidente del Gobierno si fuese investigado? ¿Mantendría la Presidencia del Gobierno?"

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2017.-lgnasi Candela Serna, Diputado.

184/019816

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar (GS).

Flórez Rodríguez, María Aurora (GS).

Martínez Seijo, María Luz (GS).

Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la adolescencia detectados en los últimos cinco años en la provincia de Zamora, así como acciones de prevención e intervención realizadas y presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la corrección de error contenida en el escrito número de registro 55168, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María del Mar Rominguera Salazar, Diputada por Zamora, doña María Aurora Flórez Rodríguez, Diputada por León y doña María Luz Martínez Seijo, Diputada por Palencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

1. ¿Cuántos casos de acoso escolar se han detectado en los últimos cinco años y cuántas denuncias han sido presentadas en el mismo periodo? Desglosado por año en la provincia de Zamora y por tipo de centro en el que se han producido.


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2. ¿Cuántos casos de ciberacoso a menores se han detectado en los últimos cinco años y cuántas denuncias han sido presentadas en el mismo periodo? Desglosado por año en la provincia de Zamora y por tipo de centro en el que se han producido.

3. ¿Cuántos casos de violencia de género en la adolescencia se han detectado en los últimos cinco años y cuántas denuncias han sido presentadas en el mismo periodo? Desglosado por año en la provincia de Zamora y por tipo de centro en el que se han producido.

4. ¿Qué acciones de prevención e intervención sobre acoso escolar, ciberacoso y violencia de género en la adolescencia han llevado a cabo la Comunidad Autónoma de Castilla y León en la provincia dé Zamora en los últimos cinco años?

5. ¿Con qué presupuesto cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar? Especificar la totalidad prevista, lo destinado anualmente desde su aprobación en 2016 y su distribución anual correspondiente a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y a la provincia de Zamora.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2017.-María del Mar Rominguera Salazar, María Aurora Flórez Rodríguez y María Luz Martínez Seijo, Diputadas.

CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN RTVE Y SUS SOCIEDADES

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA RTVE

179/000233

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(179) Pregunta a la Corporación RTVE con respuesta escrita.

Autor: Baldoví Roda, Joan (GMx).

Ausencia informativa en TVE relacionada con el recibo de pagos de la "caja B" del Partido Popular a Mariano Rajoy.

Acuerdo:

En cuanto a las preguntas 1 a 3 del presente escrito, admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara de 27/02/2007, para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso

Don Joan Baldoví, Diputado de Compromís, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas parlamentarias sobre la ausencia informativa en TVE relacionada con el recibo de pagos de la "caja B" del PP a Mariano Rajoy para las que solicita respuesta por escrito.


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Exposición de motivos

El martes 7 de noviembre de 2017, tenía lugar en el Congreso la comparecencia del inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Manuel Morocho en la Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular. En dicha comparecencia Manuel Morocho señaló que existen indicios de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibió pagos de la "caja B" del Partido Popular que manejaba el tesorero Luis Bárcenas.

Pese esta grave acusación realizada por el jefe de la UDEF en la que se refirió al caso como: "corrupción en estado puro" y que el dinero al que se refieren los "papeles de Bárcenas", "probablemente esté rondando entre los 4 y 6 millones de euros", la noticia no fue recogida por el Telediario de las 21:00 horas de Televisión Española.

Ante esta actitud la ausencia informativa pregunto:

1. ¿Piensa el Gobierno que este tipo de censura informativa vulnera la Ley 17/2006, de la radio y la televisión de titularidad estatal, en su función de servicio público, en el que debe promover el conocimiento y difusión de los principios constitucionales y los valores cívicos?

2. ¿Qué medidas, piensa adoptar el Gobierno sobre la ausencia informativa de ciertas noticias políticas de gran calado en el Telediario de TVE?

3. ¿Cómo piensa el Gobierno prevenir que este tipo de ausencias informativas puedan producirse de nuevo en los noticieros de la televisión pública?

4. [...].

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2017.-Joan Baldoví Roda, Diputado.

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