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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 167, de 22/03/2017
cve: DSCD-12-CO-167
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 167
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO PRADAS TORRES
Sesión núm. 6
celebrada el miércoles,
22 de marzo de 2017


ORDEN DEL DÍA:

Modificación del orden del día ... (Página2)

Pregunta:

- Del diputado don Gabriel Rufián Romero, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre ocupación por parte de Hogar Social Madrid de un edificio de titularidad pública (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/002628). (Número de expediente 181/000067) ... (Página2)

Proposiciones no de ley:

- Relativa a ampliar la exención en el IRPF a todas las ayudas de cualquier Administración Pública para actuaciones en materia de rehabilitación de viviendas. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000819) ... (Página2)

- Sobre la reforma del Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria para evitar su uso fraudulento. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 161/000910) ... (Página5)

- Sobre reducción del impuesto sobre el valor añadido (IVA) de los productos y servicios culturales. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000934) ... (Página9)


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- Relativa a aplicar el tipo reducido del IVA a los servicios funerarios. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001068) ... (Página15)

- Sobre medidas urgentes en torno a acelerar las ofertas de empleo público necesarias para el buen funcionamiento de instituciones esenciales del Estado. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001207) ... (Página21)

- Relativa a la tributación por el impuesto sobre actividades económicas de las centrales hidroeléctricas e instalaciones anexas que reviertan al Estado por el transcurso del plazo de concesión. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001280) ... (Página26)

- Sobre la reforma del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana para adaptarse a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/001476) ... (Página31)

- Sobre la calidad del gasto público. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001533) ... (Página36)

- Relativa a impulsar la reforma de la financiación autonómica. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001534) ... (Página41)

Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.

MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

PREGUNTA:

- DEL DIPUTADO DON GABRIEL RUFIÁN ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, SOBRE OCUPACIÓN POR PARTE DE HOGAR SOCIAL MADRID DE UN EDIFICIO DE TITULARIDAD PÚBLICA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/002628). (Número de expediente 181/000067).

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la Comisión de hoy, que contaba con diez puntos en el orden del día; el primero era una pregunta consecuencia de la conclusión del plazo legal que hay para contestarla por escrito, pero ha llegado a la Mesa un escrito del señor Rufián en el que la retira.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- RELATIVA A AMPLIAR LA EXENCIÓN EN EL IRPF A TODAS LAS AYUDAS DE CUALQUIER ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000819).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 2.º del orden del día, que es la proposición no de ley relativa a ampliar la exención en el IRPF a todas las ayudas de cualquier Administración pública para actuaciones en materia de rehabilitación de viviendas. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y para su defensa tiene la palabra Yolanda Díaz.

La señora DÍAZ PÉREZ: Gracias, presidente.

Presentamos esta iniciativa, para la que pedimos el apoyo de los grupos de esta Comisión, en el sentido de dar cierta coherencia al marco normativo del que ya disponemos, pero sobre todo para seguir una línea de actuación que sea también coherente con lo que debe ser la rehabilitación de los bienes inmuebles o de lo que ya disponemos en el parque de viviendas actualmente.

Quería dar algunos datos para saber de qué estamos hablando. Como supongo que ustedes conocen, el Instituto Nacional de Estadística nos acaba de ilustrar con datos que son bastante contundentes, y es


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que más del 10 % del parque de viviendas se encuentra vacío en la actualidad, lo que debería hacernos reflexionar; hasta un total de 3,4 millones de viviendas en el conjunto del Estado se encuentran absolutamente vacías Nos da también otra serie de datos que revelan cierto interés. El primero de ellos es que el 21,4 % del parque de viviendas actual son edificaciones que gozan de más de diez años de antigüedad, el 40,4 % de más de treinta años y el 70,3 % de setenta años. Por tanto, creemos que es coherente o que tiene sentido dejar una senda que fue maldita, si me permiten, desde los años noventa en cuanto a la Ley del suelo y convertir realmente el Estado en un elemento de urbanización masiva, construyendo viviendas y provocando una auténtica burbuja inmobiliaria. Lejos de hacer esto, habría que cambiar el modelo. Para cambiar el modelo lo que debemos hacer es justamente favorecer desde el ámbito tributario, que es el que le compete a esta Comisión, o discriminar positivamente para que favorezcamos la rehabilitación de viviendas. Es cierto que nuestro marco normativo, en el Real decreto 439/2007 y también en el 233/2013, ya contempla actuaciones en este sentido, pero se acotan únicamente a lo que tiene que ver con las ayudas que provienen del Estado. En este sentido, ustedes saben perfectamente que hay edificaciones que están protegidas en el marco autonómico o en el marco local, y lo único que pedimos en esta iniciativa es que las exenciones que ya existen en el IRPF se extiendan también a aquellas rehabilitaciones de viviendas que tengan que ver con entidades locales o, en su caso, con comunidades autónomas. Creemos que esto es coherente, insisto, con el modelo de fondo que defendemos de manera global, pero tiene que ir incardinado con discriminaciones, en este caso exenciones fiscales, que sean positivas para favorecer la rehabilitación de nuestro parque de viviendas. Insisto, los datos son demoledores -termino ya- y no necesitamos construir más, lo que necesitamos es adecuar las viviendas que tenemos a las necesidades actuales, sobre todo en lo que tiene que ver con la eficiencia energética, con los materiales sostenibles y con una nueva realidad, con un nuevo mundo ecológico. Por estas razones, desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea les pedimos el voto favorable a la iniciativa.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Esta proposición no ha recibido ninguna enmienda, por lo tanto seguimos el orden habitual de menor a mayor. No veo al señor Ferrán, que es el que iba a intervenir por parte del Grupo Parlamentario Mixto. ¿No hay nadie que lo sustituya? (Pausa). Pasamos entonces al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señora Capella; hace un minuto estaba por aquí pero ya no está. (Pausa). Pasamos entonces al señor De la Torre, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.

Francamente, cuando hemos leído esta proposición no de ley del Grupo Podemos nos hemos quedado perplejos, porque lo que dice no coincide con lo que establecen las normas a las que se refiere. En concreto, la proposición no de ley dice que las subvenciones son ganancias patrimoniales, que es correcto, pero también dice que tributan en la parte especial de la base imponible, lo que no es correcto porque tributan en la parte general. Además de esto, estas subvenciones estatales, contra lo que dice el grupo proponente, tampoco están exentas. Las que están exentas son las plusvalías en el IRPF derivadas de reinvertir, porque se vende una vivienda previa, en una nueva vivienda que se adquiere o, alternativamente, que se rehabilita y esa rehabilitación está parcialmente subvencionada. Esto es tan sencillo como lo siguiente: como estas subvenciones, contra lo que dice el Grupo Unidos Podemos, tributan con carácter general en el IRPF y no están exentas en el artículo 7 de dicha norma, no se puede extender una exención que no existe.

Adicionalmente a todo esto, resulta sorprendente que un grupo que habitualmente habla de subir los impuestos a aquellos contribuyentes de renta más alta, abogue por la exención indiscriminada de las ayudas en vivienda. ¿Exención también de las ayudas a la rehabilitación de palacios? ¿También? En fin, nos parece que la proposición no de ley contiene varios datos incorrectos que no se adecuan a la legislación vigente. Además no nos parece razonable una exención indiscriminada de cualquier tipo de ayuda concedida por cualquier tipo de administraciones públicas siempre y cuando se invierta en vivienda. Por todas estas razones, nuestro grupo parlamentario votará en contra de esta iniciativa.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De la Torre.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado.


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El señor HURTADO ZURERA: Gracias, señor presidente.

Nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley y lo vamos a hacer simplemente a los efectos de que, en la norma del IRPF, tengan el mismo tratamiento las rehabilitaciones acogidas al plan estatal que aquellas que se acojan a planes autonómicos o a ayudas y subvenciones municipales.

Dicho esto, coincido en parte con la intervención anterior. Esto no puede inducir a confusión, porque el dinero que se dedica a rehabilitación, según el impuesto sobre la renta de las personas físicas, no está exento en estos momentos. La proposición hace referencia al artículo 41 del reglamento del IRPF. El artículo 41 se circunscribe exclusivamente a la exención por plusvalías en la transmisión de una vivienda siempre y cuando estas plusvalías se dediquen a rehabilitación, y establece que debe cumplirse una de dos condiciones para poderse acoger a esta exención: que esa rehabilitación esté calificada como tal en el Plan estatal de vivienda o bien que el importe de la rehabilitación sea como mínimo el 25 % del valor de la transmisión. Por tanto, la única modificación que cabe sería incluir en la primera condición que bien se pueda acoger al Plan estatal de vivienda o se pueda acoger a planes autonómicos o a planes municipales de rehabilitación. Insisto, hay que dejar muy claro que no estaría exento aunque esta proposición se hiciese norma, porque sería necesario modificar el artículo 7 de la propia norma para establecer como un sistema de exención el importe que se dedique a la rehabilitación.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor De Arriba.

El señor DE ARRIBA SÁNCHEZ: Presidente, muchas gracias.

En primer lugar, me gustaría señalar que, conforme a la definición de ganancias y pérdidas patrimoniales que establece el artículo 33.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio, la percepción de ayudas directas para la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual establecidas en general en los planes de vivienda, ya sean subvenciones o subsidios de préstamos cualificados, en cuanto tengan como destinatarios a adquirientes, adjudicatarios, promotores para uso propio o propietarios de su vivienda habitual constituyen para sus beneficiarios una ganancia patrimonial, al suponer una variación en el valor del patrimonio del contribuyente, puesta de manifiesto por una alteración en su composición, y no proceder dicha variación en ningún otro concepto sujeto por este impuesto. A ello hay que añadir que dicha ganancia patrimonial no se encuentra amparada por ninguno de los supuestos de exención o no sujeción regulados en el impuesto. Al respecto, como se ha dicho, se debe precisar que el artículo 41 del reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, regula la exención de las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto en la transmisión de la vivienda habitual del contribuyente cuando el importe total obtenido se reinvierta en la adquisición de una nueva vivienda habitual, asimilándose a la adquisición su rehabilitación siempre que se cumplan cualquiera de los siguiente requisitos: bien, que se trate de actuaciones subvencionadas en materia de rehabilitación de viviendas en los términos previstos en el Real Decreto 233/2003, por el que se regula el Plan estatal de fomento de alquiler de vivienda, rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, o bien que tengan por objeto principal la reconstrucción de la vivienda mediante la consolidación y el tratamiento de las estructuras, fachadas o cubierta y otras análogas, siempre que el coste global de las operaciones de rehabilitación exceda del 25 % del precio de adquisición, si se hubiese efectuado esta durante los dos años inmediatamente anteriores al inicio de las obras de rehabilitación, o del valor de mercado que tuviera la vivienda en el momento de dicho inicio. A estos efectos, se descontaría del precio de adquisición o del valor de mercado de la vivienda la parte proporcional correspondiente al suelo. En consecuencia, el artículo 41 del citado reglamento no establece en ningún caso la exención de las ayudas o subvenciones percibidas por personas físicas para la rehabilitación de su vivienda habitual, debiendo tributar las mismas en el IRPF como ganancia patrimonial. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Por favor, no hagan corrillos. Sé que estarán viendo las enmiendas, pero, por favor, dejen hablar al orador.

El señor DE ARRIBA SÁNCHEZ: Dicha ganancia patrimonial se integraría, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, como


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renta general del periodo impositivo al no ponerse de manifiesto con ocasión de la transmisión de elementos patrimoniales. El importe de la ganancia patrimonial, al no constituir un supuesto de transmisión onerosa o lucrativa, será el importe de la ayuda o subvención recibida, no procediendo su minoración por gastos y tributos inherentes a la transmisión por no existir transmisión alguna.

En definitiva, el tratamiento fiscal expuesto responde al cumplimiento que debe darse a los principios de igualdad, generalidad y progresividad, todos ellos rectores del impuesto, al igual que ocurre en referencia a otros tipos de ayudas, como son las subvenciones a la adquisición de vivienda, subvenciones para la renovación de las instalaciones de calefacción, la renta básica de emancipación de los jóvenes, ayudas económicas que se satisfacen por entidades de carácter privado, como fundaciones, a personas en situación de necesidad económica, pues de no ser así se producirían efectos discriminatorios respecto a otros contribuyentes. Por lo tanto, y en virtud de lo anteriormente expuesto, nuestro grupo político no considera adecuado el establecimiento en el IRPF de una exención a las ayudas indicadas y nuestro voto será negativo. (Aplausos).

- SOBRE LA REFORMA DEL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PARA EVITAR SU USO FRAUDULENTO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 161/000910).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al tercer punto del orden del día, proposición no de ley sobre la reforma del fondo de contingencia de ejecución presupuestaria para evitar su uso fraudulento. Es una iniciativa del Grupo parlamentario de Esquerra Republicana. En su nombre, tiene la palabra la señora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente. Diputades i diputats, buenas tardes.

La proposición no de ley que presenta Esquerra Republicana tiene que ver con esta constante de malas prácticas de algunos Gobiernos a la hora de redactar el presupuesto anual, de manera que una cosa es lo que dice el presupuesto y otra muy distinta es lo que ocurre entre la aprobación inicial y lo que realmente se ejecuta al final, entre otras cosas porque se buscan mecanismos para utilizar determinados fondos cuya previsión legal no es cubrir aquello que definitivamente cubren. El Ministerio de Defensa es un caso paradigmático y, por tanto, palmario de esa utilización no correcta de las partidas presupuestarias según lo que dice la ley. Estamos hablando de la necesidad de cumplir con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, la Ley General Presupuestaria, que en estos últimos años y de forma sistemática el Partido Popular no ha cumplido.

El Fondo de contingencia fue creado como mecanismo de control de las modificaciones presupuestarias, que, sujetas a los principios de transparencia e información, contribuyen a una eficiente asignación y utilización de los recursos públicos. La instrumentación del fondo debía suponer por tanto una garantía que evitase las desviaciones en la ejecución del presupuesto, al tiempo que debía requerir una mayor exigencia y responsabilidad de los centros gestores a la hora de evaluar y establecer la prioridad de sus propuestas de gasto. En este punto es bueno recordar lo que el propio Tribunal de Cuentas le dice al Gobierno. En el último informe que discutimos y debatimos en el anterior Pleno, el de la semana pasada, referente a las cuentas generales del año 2014, se instaba al Ministerio de Defensa a ajustar sus presupuestos a su realidad, ya que en el año 2014 sufrió una desviación al alza del 33 % en su presupuesto definitivo respecto al que inicialmente habían aprobado las Cortes Generales, desviaciones que a la luz del propio Tribunal de Cuentas eran del todo desmesuradas. Estas cuentas generales incluían resoluciones que decían que se debían evitar las modificaciones de crédito calificadas bajo diversas denominaciones genéricas que no se encuentran tipificadas en la Ley General Presupuestaria.

La Ley General Presupuestaria también establece que la aplicación de las dotaciones del Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria requiere la aprobación del Consejo de Ministros y la propuesta al Ministerio de Hacienda, que asimismo debe informar trimestralmente a las comisiones de presupuestos del Congreso de los Diputados y del Senado sobre dichas aplicaciones. Por lo tanto, los responsables últimos de esta mala práctica son el ministro y el Ministerio de Hacienda, a pesar de que la mala determinación de las partidas a gastar corresponde inicialmente a los ministerios. No hace falta que les recuerde, por ejemplo, que durante el ejercicio pasado la Comisión de Presupuestos no se reunió ni una sola vez para explicar las dotaciones del Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria. Cabe recordar también -finalizo ya con esta parte de mi intervención- que el mismo Tribunal Constitucional ya declaró en noviembre pasado como nulo y contrario a la propia Constitución el real decreto-ley por el


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que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Defensa del año 2015, por valor de 856,5 millones de euros, para programas especiales de armamento, porque ni la urgencia ni los perjuicios en caso de impago estaban justificados.

En el fondo, lo único que estamos pidiendo a través de esta proposición no de ley es que las cosas se hagan bien, que se ajusten a los dictados de la Ley General Presupuestaria. Es evidente, ya lo saben, que no vamos a votar a favor de los Presupuestos Generales del Estado. Aunque no sabemos su contenido, evidentemente no es ajustado a lo que Esquerra Republicana defiende. Pero si al Gobierno y al Partido Popular les sirve, estamos dispuestos a reconocer, en el caso de que lo hagan bien, que cumplen con la legalidad, que cumplen con las disposiciones si ajustan el Fondo de contingencia a la finalidad que está prevista en la ley y, en todo caso, si realizan el presupuesto conforme a las previsiones de gasto reales. Cada ministerio ya tiene previstas en sus propias partidas de gasto las emergencias, y todos sabemos que el Fondo de contingencia no debe responder a las emergencias de cada uno de los ministerios sino a otro tipo de emergencias. Por tanto, lo que esta proposición no de ley pretende es que no se continúe haciendo trampas en la realización de los presupuestos y que entre lo que se presupueste y la realidad exista un hilo conductor real, cosa que en estos momentos no ocurre.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Capella.

Esta proposición no de ley ha recibido dos enmiendas, una por el Grupo Ciudadanos y otra por parte del Grupo Socialista. En nombre del Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten.

El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.

Nuestro grupo parlamentario está bastante de acuerdo, señora Capella, con la exposición de motivos, salvo con algunos elementos de su parte dispositiva que pretenden demonizar el gasto en defensa. Es cierto que en los últimos años se está produciendo un uso perverso del Fondo de contingencia, lo que supone además hipotecar un fondo que se creó para atender situaciones verdaderamente imprevistas y urgentes y que podría quedarse sin recursos para lo que se pretendía resolver con su creación. Es cierto que Defensa se ha venido sirviendo de estos créditos, cargados de deuda pública, vía real decreto en los últimos años. Esto lo podemos concretar en cifras. Sin embargo, aunque no me voy a extender en este asunto, no es el único ministerio que se beneficia de estas prácticas. Tengo aquí notas de prensa de La Moncloa y, por ejemplo, estos fondos de contingencia han ido a Patrimonio Histórico Español; en el año 2014, al brote de ébola e incluso a sentencias del Tribunal Superior de Justicia. Es decir, no solo es el Ministerio de Defensa el que se beneficia.

Como sabemos, el control democrático del Poder Ejecutivo por medio de la Cámara de representantes tiene su origen en la necesidad de vigilar y legitimar los gastos en los que se pretende incurrir cada año. También sabemos que la Constitución se modificó al cambiar ese artículo 135, estableciendo medidas mucho más rigurosas. Lo cierto es que nos encontramos con dos presupuestos, uno que es formal, que hemos detallado hace un momento, y otro que es menos formal, pero no menos importante, que se financia de forma opaca, aumentando la deuda, y que aparece bajo tapadillo en esa forma de real decreto. Tres conclusiones: una, que nada es lo que parece; dos, que la austeridad de las administraciones públicas que refleja el presupuesto ordinario no es como lo pintan; y tres, que tal vez por la necesidad de esquivar el férreo control de Bruselas de la deuda se incrementa la puerta de atrás.

En definitiva, mi grupo parlamentario no está de acuerdo con el punto 2, que propone no destinar el Fondo de contingencia al Ministerio de Defensa. Sin embargo, el punto 1, que propone realizar las oportunas reformas legislativas, lo vemos conveniente, porque nosotros abogamos por la transparencia de las cuentas públicas. Por lo tanto, nuestro grupo parlamentario solicita, si no hay ninguna transaccional, la votación por separado de los puntos 1 y 2.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ten.

En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Botella.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, presidente.

La PNL que presenta Esquerra Republicana entra de lleno en el diagnóstico de una lamentable gestión por parte del Gobierno del Partido Popular, en la pasada legislatura, de los fondos destinados al Ministerio de Defensa, porque ha habido un reiterado uso perverso del recurso a lo extraordinario para lo ordinario.


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Esta situación ya ha sido denunciada en la Comisión de Defensa por parte de nuestro grupo. Además, el Grupo Socialista ha denunciado ante el Tribunal Constitucional el recurso a los créditos extraordinarios aprobados vía real decreto-ley en los años 2014 y 2015 y el Tribunal Constitucional sentenció de acuerdo a la denuncia que habíamos realizado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por el más mínimo sentido común -no solo ya por la legislación vigente-, hay que respetar esos fondos de contingencia y recurrir a los créditos extraordinarios solo cuando realmente hay una emergencia o una situación que se sale de la cobertura presupuestaria normal. Por respeto a la ley, por respeto a la transparencia y por respeto a los ciudadanos hay que dar la cara y defender el presupuesto que corresponda a cada partida presupuestaria. Además, en este caso no se corresponde con un incremento de gastos en el presupuesto de defensa en honor a la disponibilidad que tienen las Fuerzas Armadas, porque, todo lo contrario, han ido disminuyendo a lo largo de la legislatura.

Por estas razones, nosotros coincidimos en el diagnóstico -ya digo que hemos tenido que llevarlo ante el Tribunal Constitucional-, pero no coincidimos con limitar la herramienta porque se haya hecho un uso perverso de la misma por parte, en este caso, del Partido Popular durante la legislatura. Somos partidarios -y así lo hemos propuesto través de esta enmienda transaccional- de dejar el fondo de contingencia para los fines para los que está previsto y que se pueda recurrir a él, sobre todo, en los gastos de defensa, porque tenemos compromisos en la cooperación internacional y en las misiones de mantenimiento de paz en el exterior y no nos podemos permitir dejar sin cobertura a las Fuerzas Armadas en las misiones que tienen encomendadas, por razones de seguridad nacional y para que puedan cumplir su misión, y nosotros, como país, podamos dar esa cobertura. Por eso hemos redactado una propuesta que va en esa doble línea de limitar el uso para los fines para los que está establecido y que haya una cobertura presupuestaria a través de los Presupuestos Generales del Estado, en las partidas que corresponda, con carácter general, para todos los ministerios y, específicamente, en el ámbito de la defensa, que es la preocupación que llevaba a la proponente de Esquerra Republicana a solicitar que se limitasen únicamente para situaciones de emergencia o misiones extraordinarias que el Gobierno, vía parlamentaria, aprobase. Hago hincapié en esto porque casi todas las operaciones en el exterior, o una gran parte de ellas, han sido sometidas a este Fondo de contingencia. Actualmente tenemos veintidós misiones y más de dos mil militares desplazados y ya es hora de que el Gobierno del Partido Popular dé cobertura, vía Presupuestos Generales del Estado, a esta realidad política que los españoles estamos asumiendo. Por ello, coincidimos con la proponente y hemos presentado este texto que espero que podamos aprobar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Vasco, tiene la palabra la señora Sagastizabal.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias.

En principio, todos sabemos que este fondo es una cantidad de dinero que se destina a resolver eventos imprevisibles o no previstos inicialmente en los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, de lo que se trata aquí es de evitar poner en riesgo los resultados de esa programación financiera. La Ley de estabilidad presupuestaria establece que en esos presupuestos se debe incluir este fondo. Desde luego, si el Grupo de Esquerra afirma que este fondo se usa de manera inapropiada -y no voy a utilizar el término de fraudulenta, porque para hablar de fraude habría que probarlo-, habrá que instar al Gobierno a un uso correcto del mismo.

También quiero decir que la mayoría de las comunidades autónomas han creado ese capítulo 5 en el presupuesto de gastos; por lo menos así lo ha hecho la Comunidad Autónoma del País Vasco. El fondo no es para utilizarlo en actuaciones previstas en el presupuesto, sino para hacer frente a eventos imprevisibles, como hemos dicho. Tampoco creemos que haya que especificar un no a uno o a otros gastos, porque lo fundamental es que el crédito de estos fondos se destine para lo que son, para gastos extraordinarios o de emergencia determinados. Lo fundamental es que no se haga un uso distinto, en aras de la consecución de ese principio de transparencia. Como no sé si se van a transaccionar o va a haber algún cambio, esperaré hasta el final para decidir el voto.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Ahora, al final de las intervenciones, preguntaré a la ponente en este caso.


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En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor González.

El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

La semana pasada veíamos en el Pleno el dictamen sobre la cuenta general de los años 2013 y 2014, que reflejaba cómo en la anterior legislatura el Gobierno del Partido Popular aprobaba en el mes de agosto modificaciones de crédito por valor de 2.000 millones de euros destinados al presupuesto de defensa, en concreto para financiar los planes especiales de armamento... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Por favor, perdone un momento.

Tenemos hoy un murmullo muy desagradable. No había dicho esto nunca, pero la verdad es que es muy difícil que el orador se pueda concentrar así. Sé que están viendo las enmiendas, pero hagan el favor de salir fuera o de hablar mucho más bajo.

Muchas gracias.

El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Desgraciadamente, estamos acostumbrados y por eso nos podemos concentrar igualmente aunque haya ruido y murmullo.

Decía que en la anterior legislatura el Gobierno del Partido Popular aprobaba de forma opaca durante el mes de agosto gastos extraordinarios, vía modificaciones de crédito, por valor de 2.000 millones de euros -un 35 % del presupuesto de defensa-, destinados a financiar los planes especiales de armamento. El año pasado el Tribunal Constitucional declaró esta práctica inconstitucional, ya que consideraba que estos gastos estaban previstos desde el inicio del ejercicio y que era el Gobierno el que no los incluía, a sabiendas de que después, en el mes de agosto, podría aprobar estas modificaciones de crédito de manera unilateral.

Nosotros creemos que el Fondo de contingencia debería servir no solo para financiar imprevistos sobrevenidos derivados de catástrofes, sino que también debería poder destinarse a financiar emergencias sociales, como las derivadas de las altas tasas de desempleo o la cobertura de servicios fundamentales cuando hay imprevistos sociales como los que pudieron darse durante la crisis. Sin embargo, creemos que a este Gobierno no se le puede dar margen de discrecionalidad. Darle margen de discrecionalidad a este Gobierno es como dárselo a un mono con pistolas. Han demostrado que España no se puede fiar de ellos, porque aprovechan cualquier margen para hacer cosas que en algunos casos van contra la ley, como es el caso de las modificaciones de crédito extraordinario durante el mes de agosto. En la pasada legislatura, mientras se cometían los mayores recortes de la historia en gasto público en general y en gasto social en concreto, financiaba con cargo a estos fondos de contingencia, los planes especiales de armamento, mientras España estaba de vacaciones. Para evitar que esto se vuelva a repetir, creemos que tiene que haber una limitación y una reglamentación más exhaustiva del Fondo de contingencia, y por eso vamos a votar a favor de esta proposición de ERC.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Hoy no voy a caer en la tentación de los animales.

En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Marí.

El señor MARÍ BOSÓ: Gracias, señor presidente.

Eso le iba a reclamar yo, que la misma reconvención respecto de las mulas que el otro día recibí yo, se la hiciera al señor González con los monos y sus pistolas.

Qué positivo es, repito, qué positivo es que el Partido Popular aprobara, en la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2003, la figura del Fondo de contingencia. Qué positivo es que todos los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra hayan apreciado que el Fondo de contingencia es una figura presupuestaria positiva para hacer frente a gastos sobrevenidos durante el ejercicio. La señora Capella definía muy bien que el Fondo de contingencia supone una buena figura de disciplina presupuestaria de los centros gestores de la Administración General del Estado. Pero, yendo a lo que decía la señora Capella, yo pensaba que había cambiado el sentido de la proposición no de ley, porque señala: Se trata de que se utilice bien. No, señoría, en su proposición no de ley usted reclama medidas de reforma legislativa y, en segundo lugar, que no se puedan cargar al Fondo de contingencia gastos sobrevenidos de un ministerio en concreto; cuestión diferente es que nos pida que se utilice bien. A mí no se me ocurre qué medidas legislativas podemos tomar, porque creo que el Fondo de contingencia está


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bien regulado en el sentido de decir, en primer lugar, que no se pueden destinar los recursos del Fondo de contingencia a necesidades de gasto que no sean sobrevenidas; en segundo lugar, que no pueden ser discrecionales, y en tercer lugar, que no puedan pasar a otro ejercicio o al ejercicio siguiente. Por tanto, creo que legislativamente está bien regulado.

Otra cosa es que ustedes digan que los gastos que el Gobierno de la nación carga al Fondo de contingencia no son sobrevenidos o son discrecionales. Esto se puede hablar, y evidentemente también está el control de los tribunales si en un momento dado se cargan partidas discrecionales a cuenta de los recursos del Fondo de contingencia, pero legislativamente tiene que ser así, como está regulado: no discrecionales, sobrevenidos y que no se puedan cargar al ejercicio siguiente. No se nos ocurre qué más podemos hacer desde el punto de vista legislativo.

Por otro lado, a mí se me ocurriría que no hay mayor discrecionalidad que decirle a un ministerio que no cargue nada al Fondo de contingencia. Esto sí es discrecional. Que pueda haber gastos necesarios, sobrevenidos, no discrecionales, de todos los ministerios con cargo al Fondo de contingencia, excepto los del Ministerio de Defensa, no solo me parece de cierta discrecionalidad, sino una discrecionalidad entera. (Risas).

Coincido con la señora Capella en que seguramente hacemos debates sobre los presupuestos iniciales y debatimos poco sobre las liquidaciones de presupuesto, cuestión que creo que deberíamos pensar y hacer más en el futuro. En cualquier caso, quiero resaltar que el reverso de la sección 35, Fondo de contingencia, seguramente -lo han apuntado algunos- es la sección 31, de gastos imprevistos de ministerios, cuestión que tendremos ocasión de comprobar cuando debatamos los Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio. Verán ustedes la cantidad de enmiendas que se proponen para dotar en otros ministerios y dar de baja de la sección 31, de gastos imprevistos de los ministerios. Es decir, a una sección que en el ejercicio pasado estaba dotada con 40 millones de euros, de los cuales 31,8 eran para inversiones reales, se presentaron multitud de enmiendas para dejar de dotarlo, y les pondré un ejemplo: 235 enmiendas de Compromís planteaban baja de la sección 31 -dotada solo con 40 millones-, por valor de 1.700 millones. O también, 500 enmiendas del Grupo Socialista a la sección 31 para dotar la sección 17 del Ministerio de Fomento por valor de 2.000 millones. Estas también son prácticas presupuestarias un poco raras. Si solo hay 31 millones, cómo vamos a dejar de dotar 2.000; no puede ser.

En definitiva, señorías, el Fondo de contingencia es una buena práctica de disciplina presupuestaria que introdujo el Partido Popular en el año 2003, aunque es necesario realizar un control de si se cumplen los requisitos para cargar al fondo. Por otro lado, no se nos ocurre qué reformas legislativas se deben hacer, y mucho menos pensar vetar a un ministerio las dotaciones presupuestarias que se podrían hacer a lo largo del ejercicio. Por ello, votaremos en contra de la proposición no de ley presentada.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Como decía, se han presentado dos enmiendas a esta proposición no de ley. Señora Capella, ¿se aceptan las enmiendas?

La señora CAPELLA I FARRÉ: La enmienda de Ciudadanos no la aceptamos y, en relación con la del Partido Socialista Obrero Español, hemos acordado una transaccional que pasaremos a la Mesa.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Hay una petición del Grupo Ciudadanos para que se vote por puntos. Lógicamente, si se admite la transacción, no se podrá votar por puntos. La votaremos en los términos de la transacción.

- SOBRE REDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CULTURALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000934).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, el cuarto, sobre reducción del impuesto sobre el valor añadido de los productos y servicios culturales. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y para su defensa tiene la palabra el señor Vendrell.


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El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidente.

Efectivamente, hemos presentado esta PNL sobre la reducción del IVA cultural. En 2012, mediante real decreto-ley el Gobierno incrementó el llamado IVA cultural del 8 % al 21 %, casi como si de un producto de lujo se tratara; un desproporcionado aumento de 13 puntos, que supuso un golpe para las actividades culturales, especialmente el cine, el teatro, las entradas de espectáculos, los servicios artísticos. No fue el caso de los libros, los periódicos y las revistas, que quedaron en el 4 %. De esta forma, crear, producir y exhibir determinados bienes culturales se convirtió en una actividad de riesgo. El impacto de esta medida fue triple. Fue un impacto económico sobre el sector cultural y artístico. Por ejemplo, en 2013 el aumento del IVA redujo más de un 61 % la recaudación neta en los primeros meses en que se aplicó este nuevo tipo. No afectó solo a las grandes empresas o a las grandes productoras, sino que proporcionalmente quienes sufrieron más fueron las pequeñas y medianas empresas culturales y los pequeños proyectos. En segundo lugar, tuvo una afectación social en tanto que afectó al derecho al acceso a la cultura en igualdad de condiciones. En plena crisis económica supuso un paso atrás enorme en lo que podríamos llamar la democratización de la cultura, el acceso a servicios y bienes culturales por parte del conjunto de la ciudadanía, que nos parece que debería ser un objetivo de cualquier política cultural de cualquier Gobierno. En las artes escénicas supuso un descenso de más del 55 % del público, más de un 31 % de pérdida de espectadores en el caso del teatro, 1,8 millones de espectadores. Es cierto que este descenso ya se produjo anteriormente a partir de 2009 con la crisis económica, pero también es verdad que el incremento del IVA cultural aceleró y multiplicó ese proceso. En tercer lugar, la otra consecuencia es que nos alejó de la convergencia en materia de cultura y de fiscalidad cultural con los países de nuestro entorno europeo. Tenemos el IVA cultural más elevado de toda la Unión Europea: Francia tiene el 5 %; Alemania, el 7 %; Holanda, el 6 %; Grecia, el 6,5 %; Finlandia, el 10 %; Irlanda, el 10 %; Portugal, el 13 %.

El objetivo declarado de la medida del Gobierno era reducir el déficit público incrementando la recaudación del IVA. Lo que se produjo fue la menor afluencia de público, también la reducción de los ingresos de estas empresas culturales y la pérdida de puestos de trabajo; por ejemplo, en el caso del teatro, ya en 2013 supusieron 600 puestos de trabajo directos. Por tanto, el incremento de recaudación, por decirlo de alguna forma, se fue a parar a las prestaciones por desempleo, por ejemplo, que se tuvieron que incrementar. Empobrecieron el sector sin conseguir ganar en realidad nada. ¿Qué hubo detrás del incremento del IVA cultural? ¿Por qué se incrementó? En el fondo hay una cuestión política de un menosprecio hacia la cultura por parte de dos ministros: el señor Wert, que como ministro no tuvo una preocupación adecuada por las políticas culturales, y el señor Montoro, del que se puede decir exactamente lo mismo. Minusvaloraron que la industria cultural es un motor del desarrollo que representa el 3,5 % del PIB estatal y ocupa a medio millón de personas.

Supongo que el Grupo del Partido Popular nos dirá que la recaudación por el número de espectadores se está incrementando. Se está incrementando no como debería, y hay clases populares sobre las que ha recaído la crisis que viven con pobreza laboral, precariedad laboral, también con enormes dificultades para acceder al teatro, al cine y a los bienes y servicios culturales. Tampoco nos queda claro exactamente qué pactaron el Partido Popular y Ciudadanos en su acuerdo de Gobierno. Parece que fue la rebaja del IVA, pero para los espectáculos en directo, y esto no incluía al cine. No sabemos cuándo se va a poner en marcha y qué pasa con el cine, si es que consideran que el cine no es cultura. En cambio, parece ser -declaraciones del ministro de Cultura- que ahora quieren rebajar el IVA del 21 % al 10 % para los eventos taurinos, para las corridas de toros. Es decir, ¿consideran que los eventos taurinos son cultura y el cine no? Esta sería la pregunta. Esta es una visión del siglo pasado, me refiero no al XX, sino ya al XIX. Sería una discriminación del cine y en ningún caso -se lo tengo que decir- considero que las corridas de toros sean cultura. No podemos considerar la tortura de animales como cultura. Esa es seguramente una posición que difiere de la suya, pero nos parecería gravísimo que se rebajara el IVA a las corridas de toros y, en cambio, no se hiciese lo propio con el cine u otros espectáculos artísticos.

Creemos que es imprescindible reducir el IVA cultural, porque la cultura es un derecho, es un bien común, es un motor de la economía. Hay que facilitar las condiciones económicas a los creadores culturales, al teatro, al cine, a la danza, a los conciertos, y también facilitar el acceso a la cultura al conjunto de la ciudadanía. La cultura no es un lujo, en absoluto, sino que es un derecho. El acceso a la cultura es un principio rector de la política social y económica reconocida incluso en la propia Constitución.

Lo que proponemos es que se aplique el tipo reducido del 10 % a los servicios y productos culturales, y seguramente sería bueno incluso que, como otros países de Europa, la reducción fuese mayor, pero es evidente que esta es una cuestión defendida en el marco europeo, y es en ese marco donde se tendría


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que actuar. Nos gustaría además que se produjese también esa reforma en el marco de una reforma fiscal mucho más general y más amplia. Lo que pedimos al conjunto de grupos parlamentarios es una cuestión que creemos que es de justicia, que puede contribuir al desarrollo de las actividades culturales en nuestro país, reivindicada por el mundo artístico y cultural, que es esa reducción del IVA, que ha sido un verdadero hachazo sobre esas actividades culturales.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Esta proposición no de ley ha recibido una enmienda por parte del Grupo Popular. En su nombre, tiene la palabra el señor Fole.

El señor FOLE DÍAZ: Gracias, presidente.

Señorías, dice la exposición de motivos de esta proposición no de ley que la industria cultural es un motor de la economía -no lo dudamos-, que es el 3,5 % del PIB español y que puede tener más de 500.000 trabajadores en el sector -tampoco lo dudamos- y piden bajar el IVA sobre la base de estos parámetros. Pero creo que tendríamos que tener una visión más general de lo que es el reparto de los recursos, señorías. ¿Tendríamos que fijar entonces, según su criterio, distintos tipos de IVA en función del porcentaje del PIB del sector y de su número de trabajadores? Creo que sería un lío para la Administración de nuestro país. Querrían ustedes, como siempre, las mismas cargas y los máximos beneficios para todas las áreas, un poco como el todo gratis, pero ¿quién paga eso? Tenemos que tener una visión muy general de lo que proponen, porque cuando es materia de cultura todo para la cultura, cuando es materia deportiva todo para el deporte, cuando es otra materia asistencial todo para la materia asistencial, y no puede ser así.

Dicen que estamos a la cola de la eurozona equiparando productos culturales con los de lujo. Podemos discutir eso, pero no voy a entrar en ese debate. ¿Comparan también con la eurozona la calidad y el coste de otros servicios como la sanidad o los servicios sociales, que efectivamente son de alta calidad y llevan mucho gasto de los Presupuestos Generales del Estado? ¿Comparan con la eurozona también la situación económica al inicio de la crisis, cómo se pagaron las deudas o cómo las pagarían ustedes? ¿Desobedeciendo, como en el caso de la estiba, a las directrices europeas? Pues seguramente como lo hizo el Gobierno del Partido Popular, ajustando muchas partidas para no tener que eliminar ninguna. O quizás, de otra manera, harían como otros miembros de su confederación, y doy ejemplos para que sea más clarificador: En Marea retira 1,8 millones de la renta social -renta social, señoría- para comprar bicis y pagar deuda. Pero lo más llamativo es que una de las medidas estrella de En Marea, en el ayuntamiento de A Coruña -creo que lo conocen, señorías-, cambia 1,8 millones para fondos para cuadrar las cuentas de una empresa municipal. ¡Así, cualquiera! Si hacemos estos hachazos y cambiamos estas partidas entonces sí que podemos hacer de la cultura lo que ustedes quieran, pero entonces estamos dejando en precario, en este caso, una cosa tan importante como la renta social. Así, efectivamente, se pueden hacer todos los movimientos que uno quiera.

Coincidimos con ustedes en que la cultura es un derecho, un bien común, un motor económico, pero no se queda solo en estos datos. La cultura también necesita subvenciones, y estas recursos y euros; la cultura también son asociaciones pequeñas de teatro, musicales, culturales. Miles de ellas, señorías, en cada ayuntamiento hay una o dos; con más de ocho mil ayuntamientos, multipliquen, es fácil verlo. La cultura debe llegar también a cada una de ellas y hay que distribuir con eficacia y con eficiencia, racionalizando los recursos y los presupuestos, en este caso los Presupuestos Generales del Estado. Seguro que con estos conceptos están ustedes de acuerdo; sin embargo, piden la derogación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, no apoyan los Presupuestos Generales del Estado -documento clave del reparto general de los recursos- y no aportan soluciones para cómo se tienen que hacer las cosas en una visión general, señorías, no en la parte de la cultura en cuyos puntos podemos estar de acuerdo. Pero queremos seguir apoyando la cultura y seguir siendo constructivos y por eso presentamos esta enmienda, basada en una serie de argumentos concretos, cuantificables y comprobables.

El 1 de diciembre de 2006 la Comisión Europea presenta una propuesta de rebaja del IVA de bienes digitales como los libros electrónicos a un IVA superreducido, propuesta que deberá someterse -como creo que ustedes saben- a la consulta del Parlamento y, posteriormente, ser aprobada en el Consejo de Asuntos Financieros y Económicos de la Unión Europea. Se tiene que promulgar, y se prevé que sea para el segundo semestre de 2017. Posteriormente, se abordará por el Ministerio de Hacienda coordinado con


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el de Educación, Cultura y Deporte. Ya la Ley 37/1992, del IVA, supone una trasposición de la Directiva 2006/112 de la Unión Europea. El artículo 98 de esta directiva posibilita establecer tipos reducidos a supuestos tasados en su anexo III. La Ley 37/1992, del IVA, aplica el 4 % a bibliotecas, museos, galerías de arte, pinacotecas y muchísimas exenciones a muchísimos de los servicios culturales que ustedes plantean: bibliotecas; museos; galerías de arte; pinacotecas; monumentos; lugares históricos; representaciones teatrales, musicales, coreográficas, audiovisuales y cinematográficas; organización de exposiciones y similares. Es decir, sí se están dando pasos y haciendo cosas al hilo de lo que ustedes plantean en esta proposición de ley. Además, desde el Gobierno se establecen otra serie de exenciones que, aunque no entran en la del IVA, sí creo que es necesario tenerlas en cuenta como las deducciones que hay en el impuesto sobre sociedades a muchas de las actividades que ustedes contemplan si se hacen en el territorio nacional o de producciones internacionales. Todo el gasto que lleve en el territorio nacional tiene una deducción, en el primer caso del 20 % y en el segundo del 15 %.

Con estos datos, señorías, creo que estamos muy claramente identificados y posicionados en proteger y fomentar la cultura y todas las actividades culturales, pero el tiempo es el tiempo, los momentos son los momentos y las situaciones son las situaciones y lo que tuvimos que afrontar en estos últimos años de crisis económica no ha salido de la nada. Y no hemos hecho inventos como los que hacen sus ayuntamientos con estos recortes salvajes; hemos intentado racionalizar los recursos para intentar llegar a todas las áreas. Porque mañana traerán una PNL de servicios sociales y querrán que todos los recursos vayan a servicios sociales.

Acabo ya, presidente. Existen compromisos para realizar estas actividades y estas peticiones a lo largo de la legislatura 2016-2020 y a no ser que ustedes provoquen otras elecciones generales, señoría, estamos en el segundo trimestre del primer año. Denos tiempo; vemos que estamos dando pasos, se está caminando. Vayamos a caminar conjuntamente y esperemos que de esa manera y en ese camino puedan aceptar nuestra enmienda.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias.

En nombre del Grupo Mixto, el señor Bel tiene la palabra.

El señor BEL ACCENSI: Muchísimas gracias.

Nosotros vamos a apoyar la iniciativa. No hemos presentado enmiendas, aunque nos lo estuvimos planteando en aras de que pudiese salir. Sí que denota cierta indefinición el último párrafo de la propuesta donde se insta a impulsar las acciones necesarias, tanto a nivel estatal como europeo, para una fiscalidad especial inferior al 10 %. No sé si estamos hablando de tipos superreducidos o de algún tipo intermedio y eso no nos genera mucha confianza, pero, en todo caso, entendemos que es necesario aplicar, como mínimo, el tipo reducido a todos los eventos culturales. No voy a caer en la tentación de poner ejemplos, ya han puesto los proponentes algunos, del agravio que significa estar tributando a un 21 % cuando algunos tipos de actividades paraculturales o semiculturales sí están tributando al tipo reducido.

En todo caso, nuestro voto va a ser favorable.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En nombre de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

En el mismo sentido expuesto por el portavoz que me ha precedido, votaremos favorablemente esta iniciativa. Esquerra Republicana ya ha presentado en varias ocasiones la solicitud de aplicación de un tipo reducido de IVA en los servicios y productos culturales por un hecho que no se le escapa a nadie y es que es un elemento configurador de la concepción del Estado del bienestar que tiene Esquerra Republicana, en el que una de las patas importantes es la cultura. Parece ser que, tal y como ha ocurrido estos últimos años, para el Partido Popular no es un elemento esencial ni configurador del Estado del bienestar al incorporar con el Real Decreto 20/2012, de 13 de julio, este cambio sustancial en el tipo de IVA para el ámbito cultural.

Nosotros lo hemos planteado en diversas ocasiones, ya lo hicimos en 2012 cuando fue aprobado este real decreto. Para nosotros este incremento en el IVA cultural significaba situarse en un escenario de excepcionalidad respecto a Europa porque allí los porcentajes en el IVA cultural son significativamente distintos al IVA cultural español. Es cierto que no todas las actividades dentro de la cultura se han visto afectadas de la misma manera, pero es evidente que ese porcentaje especial y significativo del 21 %,


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sobre todo para los servicios artísticos y para las entradas a espectáculos, ha significado un mazazo importante en el ámbito cultural y no únicamente en esta concepción del Estado del bienestar y en lo importante y significativo que es la cultura para una sociedad puesto que cohesiona e iguala a los ciudadanos, empodera a la ciudadanía y, por tanto, actúa como elemento determinante a la hora de construir ciudadanía, ciudadanos y ciudadanas libres, empoderados y críticos ante todo. Esta es una concepción republicana de la vida. Para nosotros esto significó un mazazo importante para la configuración del Estado del bienestar y, por eso, Esquerra Republicana ha intentado combatirlo de distintas maneras y posibilidades, con mayor o menor éxito, pero, en todo caso, no hemos cejado en el empeño de conseguir que el Ministerio de Hacienda volviese a unos parámetros razonables en cuanto a qué tipo de IVA debían tener repercutidas las actividades culturales.

Por cierto, en esto el Ministerio de Hacienda ha hecho sus más y sus menos porque todo aquello que cuelga del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música -y que, por tanto, cuelga del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte- sí lleva exento el IVA. Esta diferenciación en el ámbito cultural no debería existir, con independencia de que fuesen cuestiones que directamente afectan o no al ministerio o cuelguen directamente del instituto nacional o no. Deberían tener un IVA semejante, en todo caso reducido o estar exentos del mismo, puesto que irían en la línea que expresaba al inicio de mi intervención de si nos creemos realmente que la cultura es un elemento configurador del Estado del bienestar o no nos lo creemos. Y, como apuntaba el portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, es chocante que para determinados espectáculos que algunos consideran cultura, como son los espectáculos taurinos, nos vienen con la historia de que procede reducir el IVA.

En este sentido, Esquerra Republicana votará a favor de la proposición no de ley planteada por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En nombre del Grupo Vasco tiene la palabra la señora Sagastizabal.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Nosotros vamos a apoyar esta PNL.

Quiero comentar dos cosas. Una de ellas es que hablamos de IVA cultural, pero hay que decir que la clasificación de los bienes y servicios que son gravados con el IVA superreducido o reducido general no depende del contenido cultural específico, sino del tipo de productos o de la tipología del bien o servicio. Dicho esto, la industria cultural es un sector que ha tenido una progresión alta en los últimos años y que ha sido fundamental también para regenerar algunas ciudades europeas.

Hay que decir que la armonización de las normativas existentes en la actualidad en los Estados miembros sobre la fiscalidad que se aplica a estas industrias es un reto pendiente para fomentar la actividad de este sector. En Europa, además, se mueven en torno a estas industrias unos 8,5 millones de personas que aportan el 4,5 al PIB.

Hay que reivindicar este sector de actividad como un motor económico y de generación de empleo y destacar y fortalecer el papel local y regional en el fomento del mismo. La cultura, esta industria, es importante para la economía en su conjunto tanto por la propia capacidad para crear riqueza y empleo como por la innovación que aporta. Entonces tenemos que trabajar en un sector de futuro que necesita una apuesta coherente de las instituciones. Por eso creemos también que es negativa la dispersión normativa que afecta a una materia como esta y que hay que dar estabilidad económica a esta industria cultural.

Necesitamos armonizar a nivel europeo la fiscalidad y también pensamos que las diferencias de IVA en este sentido penalizan tanto las producciones como el consumo cultural en algunos países y también pueden afectar a la competencia entre empresas en el mercado interior europeo. Además, entendiendo que el IVA de la industria cultural que tenemos aquí es de los más altos de Europa, queremos hacer una revisión y que, por lo menos, se intente bajar este IVA.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

En nombre del Grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor Roldán.

El señor ROLDÁN MONÉS: Gracias, presidente.

Señor Vendrell, creo que hay dos maneras fundamentalmente de hacer política: una es venir a la Cámara con propuestas absolutamente maximalistas y difíciles de cumplir sin negociar y, al mismo tiempo,


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cuando tienes vías de negociación no hacer absolutamente nada y quedarte en un rincón quejándote; y otra manera de hacer política es decir que hay unas injusticias y hay una serie de cosas que hacen mal, porque es verdad que el Partido Popular no se ha tomado en serio la cultura y la ha despreciado de manera sistemática durante sus gobiernos. La opción adecuada probablemente es ir y sentarse en una mesa con el Partido Popular, como lo hicimos nosotros -yo estaba en esa mesa en el mes de agosto pasado, hace ya ocho o diez meses-, y negociar lo que se pueda mejorar dentro, evidentemente, de los márgenes que permite la restricción presupuestaria, que es algo que su grupo tampoco parece tomarse particularmente en serio.

En ese marco nosotros en nuestro programa llevábamos la reducción del IVA cultural al 10 % porque nos parecía, y nos sigue pareciendo, que la cultura es un bien esencial y que los músicos, los creadores y los artistas merecen un trato especial porque tiene unas sinergias extraordinarias para el resto de la sociedad. Entonces nos preguntamos: ¿Por dónde podemos empezar para alcanzar cambios que realmente mejoren la situación? Eso fue lo que hicimos, negociamos el IVA cultural para espectáculos en directo. Nosotros queríamos que fuera más, pero el Partido Popular se negó puesto que es verdad que la reducción tiene un coste de 400 millones y esto costaba bastante menos. Confiamos en que, como se ha comprometido el señor Montoro -y creemos que podemos seguir confiando en su palabra-, cuando haya presupuesto, si lo termina habiendo, realmente se haga efectiva esa reducción del IVA en espectáculos en directo, que incluye -a usted le parecerá poco importante- el teatro, la danza, el circo, los conciertos, etcétera. Esperamos que el Partido Popular cumpla el objetivo como se comprometió en el punto 89 del acuerdo y seguiremos trabajando por ello. Y el compromiso, también explícito, del Partido Popular y del señor Montoro en particular, ha sido que en los siguientes años -y eso también venía reflejado en el acuerdo- se hará a lo largo de esta legislatura una reducción del IVA cultural al 10 % para defender ese sector que ha sufrido mucho en los años de la crisis, entre otras cosas porque es un bien de demanda particularmente elástica y al final la recaudación tampoco ha sido más efectiva por subir el tipo.

Por lo tanto esa es nuestra posición, vamos a votar a favor aunque me sumo a la queja que hacía el portavoz del PDeCAT al respecto; no sé muy bien a qué se refieren con tipos menores al 10 %, saben ustedes que hay una directiva europea que limita los tipos de IVA que imagino que quieren respetar. Votaremos a favor porque creemos que es importante hacerlo, pero insisto en que estas cosas se consiguen haciendo política y no viniendo diez meses después con una PNL a la Comisión de Hacienda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Elorza.

El señor ELORZA GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

También intervengo para expresar que apoyaremos el espíritu de esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ante un debate que es repetitivo, que ha venido ya cinco veces en los últimos años a esta Comisión y que pone de manifiesto el divorcio del Gobierno del Partido Popular con el mundo de la cultura. Esto es una evidencia y demuestra, en primer lugar, que el tipo que sigue vigente del IVA para los bienes y servicios culturales tiene una repercusión muy negativa para el acceso de amplias capas de la ciudadanía a la cultura.

No es cierto que se esté fomentando o promoviendo el acceso a esa cultura para un sector mayoritario de la ciudadanía, sino todo lo contrario, con lo cual se contraviene el artículo 44.1 de la Constitución española que mandata precisamente a los poderes públicos a promover el acceso a la cultura. Este Gobierno lo está incumpliendo, el anterior también, aunque hay que constatar que el responsable de todo este desaguisado en materia cultural no solamente es el señor Montoro, sino que el anterior ministro, el señor Wert, tuvo paradójicamente la recompensa de ir a un buen puesto a París, una de las capitales culturales del mundo, donde suponemos que estará disfrutando de su oferta cultural. (Rumores).

Es también esta política del Gobierno un freno real, como se ha dicho aquí repetidamente, a la industria cultural que está padeciendo no solamente las consecuencias de la crisis financiera, que explotó aquí en España viniendo de otros países, sino que se ve además agravada por esta política del IVA. Como hemos repetido los socialistas muchas veces, incrementa la brecha en la participación cultural de las capas sociales menos favorecidas. Y es cierto también que en el marco europeo perjudica a nuestra competitividad en ese mercado en el que estamos situados que es Europa. Ciertamente en un país como éste, como España, en el que ha habido tanta corrupción, tanto dinero evadido y tanto dinero mal gastado e incluso alguna amnistía fiscal, parece mentira que en política cultural el Gobierno, al cabo de cinco años,


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siga manteniendo este IVA elevado con las consecuencias que ello conlleva o significa, con lo cual no podemos sino hacer nuestra una frase de André Malraux que dice: "la cultura es la suma de todas las formas de arte; la cultura es la suma también de expresiones de amor y de pensamiento que en el curso de los siglos han permitido al hombre y a la mujer ser menos esclavos".

Realmente, no solamente por la política cultural sino por otras cuestiones, políticas laborales, económicas, sociales, hay demasiada esclavitud en España y no es este Gobierno precisamente quien esté luchando para combatir y eliminar este tipo de esclavitud. Por lo tanto reiteramos nuestro apoyo a la proposición no de ley y esperemos acontecimientos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Había una enmienda. Señor Vendrell, ¿se acepta la enmienda o se rechaza?

El señor VENDRELL GARDEÑES: Se rechaza la enmienda.

El señor PRESIDENTE: La votaremos por tanto en sus términos.

- RELATIVA A APLICAR EL TIPO REDUCIDO DEL IVA A LOS SERVICIOS FUNERARIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001068).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5º del orden del día, la PNL relativa a aplicar el tipo reducido del IVA a los servicios funerarios.

En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.

Efectivamente, esta es una proposición no de ley que presentamos desde el Partit Demòcrata para intentar paliar una circunstancia que se produce de forma importante desde septiembre de 2012, cuando se reformaron los tipos impositivos del IVA. Concretamente, los servicios funerarios pasaron a tributar en relación con dicho impuesto del 8 % -en aquel momento- al 21 %, lo que en estos momentos hace que sea el IVA más caro que se está soportando en el conjunto de la Unión Europea -conjuntamente con Grecia- en este tipo de servicios. Estos servicios que, evidentemente en las familias no son recurrentes pero que cuando se deben afrontar suponen un importante quebranto económico, se ven gravados por un 21 % del IVA cuando -como después voy a insistir- la directiva comunitaria permite otro tipo de tributación a la que se han acogido más del 75 % de los países de la Unión Europea, dado que más del 75 % han optado por dejar exentos este tipo de servicios o bien aplicarles un IVA reducido o superreducido. Esto se agrava también porque seguramente este tipo de servicios funerarios necesitan de una regulación complementaria, una regulación que se tendría que haber impuesto hace mucho tiempo que garantizase la libre competencia.

En esta línea agradezco y avanzo que aceptamos la enmienda que nos ha presentado el Grupo Socialista instando, precisamente, a que se pueda regular también por esta vía a efectos de conseguir una reducción sustancial de los precios en su globalidad de los servicios funerarios en el Estado español. Alguien nos puede argumentar que una parte de estos servicios ya están cubiertos mediante pólizas de seguro y que, por tanto, las familias no lo acaban soportando directamente. Si bien es verdad que el 60 % de las familias tienen cobertura en este ámbito, hay un 40 % que no lo tienen y también es verdad que las primas de estos seguros acaban reflejando este sobrecoste. Simplemente, para que no utilicen el argumento de que la directiva comunitaria no lo permite, les hago un repaso rápido de cuáles son los países en el marco de la Unión Europea y su tributación. Miren, hay algunos países como Bélgica, República Checa, Chipre y Grecia, que tienen el tipo reducido; hay algunos países, como Luxemburgo, que tienen el tipo superreducido, y hay algunos países que dejan exentos estos servicios, como son Dinamarca, Irlanda, Italia, Holanda, Portugal, Finlandia, Suecia y Reino Unido.

Por tanto, no es una cuestión de imposibilidad sino de voluntad política. No pedimos que queden exentos este tipo de servicios funerarios, estamos pidiendo simplemente que se restituya la situación que había hasta 2012 y, por tanto, se acabe tributando al tipo reducido del 10 %. Hay estimaciones -no voy a hacer cuestión de esto- de que la aplicación del IVA reducido podría reducir entre 300 y 500 euros el coste de estos servicios. No voy a enrocarme en una cantidad fija, pero sí es evidente que reducir un 11 % la tributación del IVA de este tipo de servicios tendría una repercusión claramente sobre el bolsillo de


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muchísimas familias que deben afrontar momentos difíciles desde la óptica estrictamente sentimental y en muchos casos también desde la óptica estrictamente de su economía familiar.

Por tanto, les pido su voto favorable a efectos de que instemos al Gobierno a impulsar las diferentes modificaciones normativas, que entiendo que tienen que tener cierto margen y también estaríamos dispuestos a que lo tuvieran.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En nombre del grupo enmendante, en este caso el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Lasarte.

El señor LASARTE IRIBARREN: Muchas gracias, señor presidente.

El Partido Demócrata de Cataluña, el PDeCAT, plantea una iniciativa para la reducción de IVA de los servicios funerarios del 21 % al 10 % alegando dos razones, el alto coste que les supone a las familias los gastos de sepelio de una persona fallecida y que la normativa europea permitiría un IVA más reducido que el actual. Ambos argumentos son ciertos; sin embargo, es un sector en el que se produce una alta concentración empresarial con posiciones de monopolio, oligopolio o de dominio de mercado en algunas provincias y esto afecta al coste de los servicios funerarios.

La posición del Grupo Parlamentario Socialista es la de trabajar para disminuir los costes que suponen a las familias los gastos de sepelio de un familiar fallecido, por eso planteamos una enmienda de adición a la propuesta del PDeCAT para la liberalización de ese sector de actividad, porque, más allá de que en general no compartimos esa tendencia a presentar iniciativas de reducciones puntuales o sectoriales de IVA, picoteando en ese impuesto y proponiendo recortes de ingresos que afectan negativamente a las cuentas públicas sin contrapartidas, una simple reducción del IVA en un mercado sin competencia o escasa competencia y con importantes barreras de entrada podría no verse reflejada en su conjunto en el precio final de los servicios, es decir, podría no trasladarse toda la bajada al consumidor final. Por eso entendemos que también hay que trabajar en medidas que abran esos mercados.

Señorías, los servicios funerarios comprenden todas las actividades que se realizan desde que se produce el fallecimiento de una persona hasta el momento de su inhumación o incineración. Este es un sector regulado por una maraña normativa densa y muy dispersa, proveniente tanto del Estado como de las comunidades autónomas y ayuntamientos. La regulación vigente en materia funeraria obstaculiza el funcionamiento de la competencia al dificultar la entrada en el mercado de nuevas empresas y al imponer trabas a la realización de servicios por empresas de otra localidad distinta al lugar en el que se ha producido la defunción. Como consecuencia, es un sector muy atomizado, dominado por monopolios locales, ya que el 49 % de los municipios cuentan con menos de dos operadores por cada 100.000 habitantes. En el caso particular de Cataluña, el dominio del monopolio como estructura de mercado es aún más abrumador, ya que un 82 % de los municipios con más de 20.000 habitantes cuenta con una única empresa funeraria, lo que lleva a que el 89 % de la población dependa de un único proveedor para la provisión de estos servicios, según datos de la Generalitat del año 2007. Sin llegar a niveles de concentración parecidos, en los mercados funerarios del País Vasco es frecuente encontrar empresas con poder de mercado que acaparan más del 50 % de la demanda -datos del Gobierno Vasco del año 2010-. Solo Galicia ofrece un panorama distinto, derivado de una tradición cultural e histórica diversa, en el cual compiten más de 300 empresas y la concentración empresarial es mucho menor.

Por otra parte, existen barreras de entrada en la actividad que habría que revisar o eliminar. En general, para el desarrollo de la actividad funeraria principal se necesitan, según la comunidad autónoma, entre dos y tres permisos previos. Además, muchos de los requisitos que se exigen para conseguir la autorización son inadecuados, innecesarios y desproporcionados. Por ejemplo, en Barcelona y Palma de Mallorca se exige una experiencia previa de cinco años. En otras localidades se exige una sustancial fianza o un elevado capital social, un tanatorio, un parking, un número mínimo de féretros, una cifra de personal concreta, etcétera.

En resumen, los familiares y allegados de las personas que fallecen han de decidir los servicios funerarios que desean contratar en unas circunstancias especialmente emotivas y de escaso plazo de tiempo. A menudo se constata que se han de tomar decisiones sin suficiente información o sin haber podido comparar los servicios que ofrecen los diferentes prestadores, lo que puede dar lugar a que se contraten servicios que no se ajustan a lo realmente deseado. A estas limitaciones se une la existencia de barreras que limitan la entrada de nuevos prestadores o restringen el ejercicio de los ya existentes en el territorio nacional. Por ello, en nuestra enmienda de adición a la presentada por el PDeCAT, instamos al


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Gobierno a presentar un proyecto de ley de servicios funerarios con el objetivo de favorecer la competencia efectiva y garantizar el libre acceso a la actividad y a su ejercicio, eliminando trabas que resultan injustificadas o son desproporcionadas, asegurando una mejor información sobre los servicios funerarios que permita una reducción de precios a los consumidores y usuarios de los mismos. Tal y como ha dicho el portavoz del PDeCAT ha sido aceptada, con lo cual votaremos a favor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracia, señor Lasarte.

En nombre del Grupo de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

El Síndic de Greuges de Cataluña consideró en el año 2014 -hizo un informe al respecto- que el tipo del 21 % en el impuesto sobre el valor añadido que se aplica a las actividades relacionadas con servicios funerarios no se corresponde con la naturaleza propia del servicio, tal y como reconoce la propia Ley de Servicios Funerarios. En consecuencia, se considera un servicio de carácter esencial y por este motivo propuso que se emprendiese una modificación legislativa que rebajase el IVA de este sector. El Síndic de Greuges abrió una actuación de oficio, dado el impacto que podría y puede tener para la economía familiar el incremento del tipo del IVA en este sector, que pasó, como se decía antes, del 8 al 21 %. El incremento tuvo lugar a raíz del Real Decreto del año 2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Fue en ese real decreto donde se introdujo, entre otras modificaciones, la de tipos impositivos aplicables a determinados productos y servicios, la del impuesto sobre el IVA, entre los cuales se encontraban los servicios funerarios.

En la medida en que el IVA es un tributo que recae sobre el consumidor final, como sabemos, este incremento del 8 al 21 % tiene, sin duda, un efecto económico sobre los destinatarios del servicio que se ven obligados a hacer uso del mismo. Además, la medida, y así lo decía también el Síndic de Greuges, ignora una directiva de la Unión Europea relativa al IVA, según la cual los Estados miembros pueden aplicar el tipo reducido sobre los servicios prestados por funerarias y servicios de cremación, junto con el suministro de bienes relacionados con esa actividad. Dado que se trata de una normativa estatal y no es competencia en este caso de la comunidad autónoma, por tanto ni del Parlament de Catalunya ni del Govern de Catalunya, el Síndic trasladó toda la información y las propuestas a la Defensora del Pueblo para que pueda iniciar y emprender las acciones oportunas.

Reflexión sobre el IVA por segunda vez en esta Comisión. Antes de modificar los tipos impositivos hubiese sido necesario evaluar los efectos sobre cada uno de los casos concretos impositivos, algo que no ha hecho el Partido Popular, y de ahí viene la crítica. De haberlo hecho, sabrían los efectos que produce su política fiscal, su política tributaria en relación con los impuestos y con las personas y determinadas colectividades.

Por tanto, en el sentido que apuntaba muy bien el representante del PDeCAT, votaremos favorablemente esta proposición no de ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Por el Grupo Vasco, tiene la palabra la señora Sagastizabal.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Las peculiaridades del servicio funerario son muy numerosas y, además, la demanda de este servicio está muy condicionada por la vulnerabilidad del consumidor. Los servicios funerarios son necesarios y no se puede prescindir de ellos, sobre todo en la parte que se refiere a las prestaciones básicas, aunque dentro de esta gama de servicios funerarios hay algunos que, por su elevado coste, no pertenecen a la categoría de servicios básicos o de primera necesidad, y en este caso entendemos que la contratación es voluntaria. Asimismo, también entendemos que en estos casos los consumidores no se comportan de un modo usual. En este mercado tampoco es fácil definir un estándar para considerar qué es básico y qué no lo es, ni fijar un límite, a partir de ese estándar, por encima del cual los bienes puedan ser considerados de lujo.

Por todo ello, nos parecería más interesante regular los servicios funerarios y, a partir de aquí, definir ese IVA para los distintos productos o servicios, evaluando los efectos además que ha producido o produce este impuesto. Veremos cómo queda con la transacción o con lo que se haya decidido.

Gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Vendrell.

El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidente.

La PNL que presenta PDeCAT sobre la reducción del IVA en los servicios funerarios responde a una problemática que es real y que, además, tiene dos dimensiones. Una es la estrictamente fiscal, que ya hemos tratado también en la anterior PNL sobre el IVA cultural. El IVA es un impuesto que tiene un efecto socialmente regresivo, lo pagan igualmente ricos y pobres, pero los pobres pagan proporcionalmente más. Además, afecta a bienes de primera necesidad, como es el caso, y esa es la segunda dimensión.

Estamos hablando de un servicio básico -que nosotros creemos que sí lo es- en el que el incremento de los precios producidos en los últimos años por diferentes circunstancias se ha convertido en un grave problema. Nadie se puede escapar de este tránsito de la muerte y los datos son terribles. En una ciudad como Barcelona, por ejemplo, el coste medio de un sepelio es de 6.441 euros, y en el conjunto del Estado de 3.600 euros. No tiene sentido que estos costes sean tan elevados, lo que distorsiona las economías familiares: familias que tienen que ahorrar justo para eso, seguros elevados, o familias que tienen que endeudarse para poder satisfacer estos pagos. Por lo tanto, responde a un debate ciudadano que existe y también a un debate de carácter político. El Ayuntamiento de Barcelona aprobó una moción de todos los grupos parlamentarios justamente en la misma línea de exigir y de demandar al Gobierno, al Congreso de los Diputados, esa reducción del IVA en los servicios funerarios del 21 % al 10 %. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta que hace el Grupo del PDeCAT; además, las directivas europeas así lo permiten. Es una decisión propia y exclusiva del Gobierno que el tipo esté en el 21 % y no en el 10 %, y creemos que esa decisión estuvo carente -como otras que ha tenido el Gobierno del PP- de la debida sensibilidad social ante esta cuestión.

Las estrategias para reducir estos costes son distintas. La enmienda del Grupo Socialista hablaba de la liberalización. Es cierto que se dan situaciones de oligopolio. Por ejemplo, en la ciudad de Barcelona hay dos grandes empresas, una con un 15 % del mercado y la otra el 85 %, y es evidente que esa situación de oligopolio favorece el incremento de precios. Tenemos alguna duda en este sentido, porque no sabemos hasta qué punto puede ser útil, pero el Ayuntamiento de Barcelona lo que ha planteado, por ejemplo, es la creación de un operador municipal, un operador público. Sabemos que la municipalización presenta dificultades, pero ¿por qué no crear operadores públicos también? Creo que el Ayuntamiento de Madrid también se lo ha planteado en parecidos términos. Eso implicaría un tanatorio de carácter público. No necesariamente todas las funerarias tienen que disponer de un tanatorio, que ahora es una de las limitaciones que existen. Por lo tanto, hay diferentes estrategias, algunas también en el ámbito estrictamente de los ayuntamientos y de las políticas municipales. La experiencia demuestra que no siempre la liberalización conduce a una reducción de precios. En este caso, históricamente, más bien fue al contrario. Estamos ante situaciones, efectivamente, de oligopolio, de mercados capturados y de privatizaciones. En su momento, hubo ayuntamientos, como fue el caso del Ayuntamiento de Barcelona, que privatizaron la empresa municipal, y el resultado final, en términos de coste y no tanto en términos de calidad de servicios, no ha sido satisfactorio.

Por lo tanto, inicialmente y a expensas de ver cuál es exactamente el redactado de una transacción que no hemos visto, la propuesta del PDeCAT nos parece acertada, adecuada y nos parece de justicia. Hay que considerar los servicios funerarios como un servicio básico, como un servicio esencial, y no tiene sentido esos elevados precios. También hemos visto algunos estudios que decían que la reducción del IVA producirían una reducción de alrededor de 500 euros, y sería, por tanto, una propuesta interesante y útil.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En nombre del Grupo Popular tiene la palabra el señor Ruano.

El señor RUANO GARCÍA: Muchas gracias, presidente.

Como todos saben, esta normativa trae causa del Real Decreto-ley 20/2012 para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad en un contexto, en un momento en el que España se encontraba en una importante situación de recesión económica, con un endurecimiento de las condiciones de financiación, una situación de paro excesiva y una desconfianza en general. Esta situación, en aquel contexto de 2012, llevó al Gobierno de España a establecer una estrategia de consolidación


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fiscal así como nuevas reformas estructurales y fundamentalmente al compromiso fiscal con la Unión Europea para reducir ese déficit excesivo. Se nos demandaba un esfuerzo fiscal y estructural muy severo, que no fue voluntario sino que fue consecuencia de un mandato claro tanto del Ecofín, de organismos e instituciones de la Unión Europea, como el Consejo Europeo a través de recomendaciones.

Entre estas medidas para la consolidación -en lo que nos afecta, en el tema del IVA- se subieron tanto los tipos del 8 % al 10 %, como los del 18 % al 21 % y además muchos tipos reducidos subieron al 21 %, como es el caso de la prestación de estos servicios funerarios. Quiero recordar que estas medidas se tuvieron que tomar también como consecuencia de una desastrosa gestión por parte de otros partidos que gobernaban en aquella situación de crisis económica.

Adelanto que nosotros nos vamos a oponer a esta proposición no de ley por parte del Partido Democrático de Cataluña. En primer lugar, porque si es cierto que se había permitido por la legislación de la Unión Europea también es cierto que Europa no recomienda que añadamos bienes o servicios al tipo reducido, incluso presiona para que los subamos para incrementar la recaudación, y así se pone de manifiesto en los últimos informes emitidos por las instituciones europeas. Además, en el caso de que se hiciese, sería necesario también hacer una propuesta sobre qué prestación de servicios o qué bienes sacamos del tipo reducido del 10 % para incrementar los servicios funerarios. Es un tema al que deberíamos dar respuesta también. Asimismo es criterio reiterado de la Comisión Europea que los Estados miembros deben realizar una trasposición estricta y limitada de la categoría de bienes y servicios sobre los que cabe aplicar y expresamente por excepción -y así lo indica- un tipo reducido, compromiso que ha sido asumido por todos los Estados miembros y por supuesto por España, con el objetivo de lograr una mayor armonización en el ámbito del impuesto.

Además debe recordarse que los Estados miembros y la Comisión Europea han asumido ese compromiso para limitar la aplicación de los tipos reducidos y para no incluir nuevas categorías de bienes y servicios que puedan disfrutar de una tributación reducida, una vez que se ha analizado el significativo impacto que tiene en nuestro presupuesto y por tanto en el descontrol del déficit. Además, se ha visto su reducido efecto en los precios finales al consumo de los bienes y servicios a los que normalmente afecta. Es cierto que países de nuestro entorno tienen tipos más reducidos que el nuestro pero también es cierto que países como Grecia, Francia, Austria, Alemania o Malta se encuentran en los tipos más altos de la aplicación de este impuesto.

Quiero señalar dos circunstancias que son importantes. Una -que la ha adelantado el señor Bel, pero con otro enfoque- es que el número total de asegurados con pólizas de decesos en nuestro país se eleva a 21 millones. Este seguro cubre prácticamente al 52 % de la población española y atiende aproximadamente al 60 % de los fallecimientos. Y otro argumento que no se ha puesto encima de la mesa por parte de ningún partido político, que es muy importante tener en cuenta y es uno de los argumentos de mayor peso para que el Grupo Parlamentario Popular se oponga a esta proposición no de ley, es que los referidos servicios no están sujetos al impuesto cuando son prestados directamente mediante contraprestación de naturaleza tributaria por una Administración pública, es decir, como podría ser cuando se prestan estos servicios funerarios en cementerios municipales por el propio ayuntamiento y su contraprestación es una tasa.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular va a dar su voto negativo. Pero también me gustaría, para finalizar mi intervención, decir que me ha sorprendido mucho que como consecuencia de la enmienda del Grupo Socialista hemos hablado de garantizar la competencia efectiva, garantizar el libre acceso a la actividad y su ejercicio, eliminar trabas injustificadas y desproporcionadas, asegurar una mejor información. Hemos hablado de monopolios, de dominio de mercado, de liberalización de la actividad -decía el portavoz del Grupo Socialista-, de las barreras de entrada, de favorecer la competencia, de la bajada de precios, etcétera, y esto no me ha podido más que producir cierta confusión, sorpresa y perplejidad porque me ha venido a la memoria el debate reciente en relación con el decreto de los estibadores, que creo que existe un paralelismo...

El señor PRESIDENTE: Señor Ruano, tiene que ir terminando.

El señor RUANO GARCÍA: Enseguida termino, señor presidente.

Creo que existe un paralelismo importante y una contradicción profunda, de manera que dependiendo de la oportunidad política estamos a favor de unas propuestas y dependiendo también de la oportunidad política estamos en contra de otras.

Eso es todo, señor presidente. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Entiendo, señor Bel, que se acepta la enmienda del Grupo Socialista como enmienda de adición.

El señor BEL ACCENSI: Sí, tal como había avanzado, señor presidente, se acepta como enmienda de adición. (El señor Roldán Monés pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Señor Roldán.

El señor ROLDÁN MONÉS: Disculpe, presidente. Ciudadanos no ha intervenido. Creo que nos han saltado.

El señor PRESIDENTE: Mal hecho por mi parte. (Risas).

El señor ROLDÁN MONÉS: Entiendo que también somos un partido liberal, pero tenemos derecho. (Risas).

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, y perdone.

El señor ROLDÁN MONÉS: Mi intervención va a ser muy breve.

El señor Bel, que es un estupendo economista, sabe tan bien como muchos de nosotros que probablemente la manera más efectiva de hacer redistribución con impuestos es recaudar de forma eficiente, tener unos impuestos lo más simples y lo más eficientes posibles, y si se quiere después redistribuir a según qué sectores -sectores más vulnerables, personas, etcétera-, hay que hacerlo por la vía del gasto. Creo que dentro del camino de ir abriendo más y más puertas al IVA reducido y superreducido siempre encontraremos alguna justificación para los servicios deportivos o la higiene femenina. Hay 200 áreas en las que a ojos de cualquiera sería lógico que se pagaran pocos impuestos, pero ese no es el camino. Insisto en que lo mejor es tener un sistema lo más armónico posible. Y no lo digo yo; lo dicen todos los expertos en fiscalidad, incluido Lagares en su informe.

Mi opinión es que ese no es el camino; ir reduciendo por áreas para ganar unos votos aquí o allá no es la manera. Lo que tenemos que hacer es tener un sistema impositivo sensato, eficiente y simple, donde no haya agujeros y después, en todo caso, redistribuir. Desde luego, es inaceptable, lo que pasa con el coste de las funerarias, que entre 1998 y 2008 aumentó un 90 %. La media de un funeral económico cuesta alrededor de 2.000 euros. Si aplicáramos su tipo de IVA reducido, eso beneficiaría a todo el mundo, cuando lo lógico sería que los ricos, que pueden pagar este dinero, lo paguen (Risas), y que los que no pueden, tengan el apoyo para hacerlo, porque es evidente que se trata de un servicio fundamental.

Dicho esto, en España tenemos unos ingresos muy bajos, particularmente en el IVA. De hecho, el tipo medio efectivo del IVA es el más bajo de la UE un 8,6 cuando la media es de 12,6, por lo que creo que este no es el camino. Nosotros en la negociación con el Partido Popular propusimos algunas reformas fiscales para conseguir mejorar los ingresos, que, de media, e incluyendo el resto de los impuestos, también son bajísimos: el 38,6 % en relación con el 44 % de ingresos de media de la Unión Europea. Tenemos que reformar nuestro sistema fiscal, tenemos que mejorar los ingresos. Nosotros pensamos que es mejor hacerlo a través de la eliminación de deducciones, bonificaciones, etcétera, en el impuesto sobre sociedades. Esto se ha hecho en parte, pero se ha hecho mal, motivo por el que no estuvimos a favor de esta reforma en su día. Además, subieron otros tantos impuestos con el Partido Socialista.

En todo caso, estoy de acuerdo con la visión que tiene el Grupo Socialista en este caso, que es la que hemos defendido en este y otros sectores, de que aquí hay un problema evidente de barreras de entrada; hay un problema de fragmentación de mercado; hay un problema de que necesitamos una ley nacional que regule este asunto -a lo mejor como es nacional no la quiere defender usted, señor Bel (Risas), no lo sé-, para permitir la competencia y que bajen los precios que son muy altos. Veré cómo han quedado las enmiendas con la enmienda de adición del Grupo Socialista y evaluaremos si la apoyamos o no.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Reitero mis disculpas. Seguramente el deseo de salir de esta cuestión tan lúgubre me ha hecho saltarme su turno. (Risas.-El señor Bel Accensi pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Señor Bel.


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El señor BEL ACCENSI: Señor presidente, a riesgo de estar diez segundos más en este tema tan lúgubre, quiero aclarar, por si no lo ha entendido el señor Roldán, que nosotros aceptamos la enmienda del Grupo Socialista y la votaremos a favor, enmienda con la que ustedes están de acuerdo pero que votan en contra.

El señor ROLDÁN MONÉS: No, no he dicho que votamos en contra; he dicho que la vamos a ver. Veremos cómo queda.

El señor PRESIDENTE: Creo que queda claro.

- SOBRE MEDIDAS URGENTES EN TORNO A ACELERAR LAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCIONES ESENCIALES DEL ESTADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001207).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto sexto, sobre medidas urgentes en torno a acelerar las ofertas de empleo público necesarias para el buen funcionamiento de instituciones esenciales del Estado. Es una proposición del Grupo Parlamentario Socialista que defiende la señora Serrano.

La señora SERRANO JIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.

El Grupo Socialista presenta esta PNL a esta Comisión y se propone con ella que el Gobierno del Partido Popular empiece a reparar los destrozos que él mismo, con la excusa de la crisis económica, ha generado en nuestras administraciones públicas en sus años de mayoría absoluta. (El señor vicepresidente, Matarí Sáez, ocupa la Presidencia). El Gobierno del Partido Popular ha maltratado a los empleados públicos empeorando sus condiciones laborales, retributivas y de protección social, llegando incluso a descalificarlos abierta y públicamente. La congelación de las ofertas de empleo público y la reducción de plantillas han provocado que nuestras administraciones tengan hoy 300.000 empleados públicos menos, muchos de ellos en servicios públicos esenciales; además, se ha producido una politización de la Administración pública sin precedentes.

En la Administración descansan, señorías, la protección y garantía de los derechos de la ciudadanía, el impulso de la actividad económica, la promoción de la igualdad de oportunidades y el mantenimiento de la cohesión social. No hay políticas con resultados sin una buena administración. Es la Administración la que convierte los compromisos en realidades, la que transforma proclamaciones en derechos efectivos y la que empodera al ciudadano frente a los poderes sociales, económicos o culturales que comprometen sus derechos y su autonomía personal. La crisis económica, los cambios políticos, sociales y tecnológicos, la demanda de un mayor protagonismo por la ciudadanía en la esfera pública y las políticas destructivas del Partido Popular justifican la necesidad y la urgencia de un esfuerzo transformador. La Administración debe ser el instrumento para que las políticas de refuerzo del Estado del bienestar estén bien diseñadas y presupuestadas y sean implantadas de manera eficaz y puedan ser evaluadas correctamente. Estamos hablando del modelo del Estado del bienestar, del modelo de servicios públicos y de cómo se prestan. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Con esta finalidad instamos al Gobierno a realizar un análisis serio de los efectos que han producido los recortes -sus recortes- en los servicios públicos. Este punto de partida, que debe ser objetivo en su valoración y en la presentación de los hechos, es imprescindible para tener un debate sobre qué tipo y qué tamaño de servicios públicos debemos tener. Será en ese debate cuando con toda seguridad se evidencien las diferencias entre el modelo neoliberal que representa el Gobierno del PP, del Partido Popular, y el modelo progresista que propugna el Partido Socialista y que espero sea el mayoritario de esta Comisión. El Grupo Socialista insta a que se valore por qué la pérdida de calidad en la prestación de los servicios, que se ha venido produciendo desde el año 2012, sigue sin recuperarse de manera significativa. La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de Calidad de los Servicios, creada por el Gobierno socialista -todo indica que con los días contados-, realiza un análisis periódico del nivel de calidad de los servicios públicos prestados por los ciudadanos. Su último informe, referido al año 2015 y disponible en su web, es muy clarificador e indica el aumento del nivel de importancia que atribuyen los ciudadanos a los servicios públicos, ya que más del 90 % de los españoles los sitúan por encima del 7 en una escala del 1 al 10.

Ha sido tal el retroceso en la calidad de los servicios públicos desde el año 2012 que los ligeros aumentos en el nivel de satisfacción son apenas perceptibles y nos deben preocupar seriamente. Por eso,


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consideramos que las medidas deben realizarse de manera urgente porque mañana ya puede ser tarde. Les animo a leer ese informe y se darán cuenta de lo relevante de los datos que se ponen en él de manifiesto.

Hay otro factor que tiene mucho que ver con los medios personales y con el modelo de Administración pública, tal y como pone de manifiesto dicho informe. Los servicios que siguen por debajo de la media general en grado de satisfacción de la ciudadanía son la enseñanza pública, los servicios sociales, las obras públicas e infraestructuras, el servicio de tramitación de la protección por desempleo y la Administración de Justicia. Estos son los efectos de los recortes de personal: más insatisfacción y desigualdad donde los servicios públicos son más necesarios. No creo que haya ninguna duda en la absoluta necesidad de tomar medidas inmediatas para acabar con estas desigualdades.

El Grupo Socialista quiere dejar constancia de otro dato que merece la pena destacar: los ciudadanos, pese a todo, están satisfechos con el trato y la profesionalidad de los empleados públicos. Esto pone de manifiesto algo que tenemos que reconocer todos -al menos nuestro grupo le da una enorme importancia-, y es que han sido los empleados públicos los que han mantenido con su trabajo un mínimo de calidad frente a los recortes del Gobierno del Partido Popular. Profesores, médicos, trabajadores sociales, policías y un largo etcétera de profesionales de la Administración han logrado mantener a flote la dignidad de aquello que es de todos y de todas, y lo han hecho a pesar de contar con unos medios raquíticos y de tener en frente a un Gobierno que los ha maltratado de forma sistemática. Sencillamente sin ellos no existiría el Estado del bienestar.

Por eso, en la proposición no de ley que debatimos solicitamos una valoración objetiva de los efectos de los recortes en materia de personal, especialmente en algunos servicios. Es el caso de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, porque la necesidad de fortalecer los sistemas de inspección se ha hecho más obvia en los últimos años por la gravedad de los problemas que han surgido como respuesta a la globalización. Debilitar los medios personales de la inspección, como ha hecho el Gobierno en los últimos años, supone un efecto muy pernicioso, tanto para los trabajadores como para las empresas. Además, la crisis económica ha sido letal en el aumento de la siniestralidad laboral. El Gobierno ha legislado contra las condiciones de los trabajadores con la reforma laboral o con la Ley de Mutuas, y los empleados en muchos casos han llegado a aceptar determinados incumplimientos por miedo al despido, por la inseguridad laboral que ha creado la reforma laboral.

En 2015 había menos inspectores y subinspectores que en 2014. ¿No se impone alguna reflexión ante este dato? Y si vamos con el fraude fiscal y la economía sumergida, España tiene un grave problema en este ámbito, y numerosos estudios destacan que el tamaño de la economía sumergida en relación con el producto interior bruto supera la media de los países de nuestro entorno. Por tanto, mañana será tarde para tomar medidas y para cambiar esta tendencia. Instamos al Gobierno a que reduzca los efectos negativos y ya inevitables de esta pérdida de plantillas que se está produciendo en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Hay que recordar que se ha disminuido en 2.000 efectivos y, dado que en los próximos años se jubilarán miles de empleados, en la década de 2010-2020 dicha agencia habrá perdido más de una cuarta parte de su plantilla, es decir, 7.000 empleados. Recordemos además que los efectivos que se convoquen con la oferta pública de empleo del año 2017 no se incorporarán hasta el año 2019, y esto contando con que el Gobierno convoque ya esta oferta pública de empleo, porque el ministro Montoro tiene que dejar de chantajear y supeditar la convocatoria de esta oferta a un apoyo sumiso a los presupuestos.

El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar, señora Serrano.

La señora SERRANO JIMÉNEZ: Termino en seguida, señor presidente.

Instamos al Gobierno a que determine con un análisis exhaustivo las necesidades de personal de nuestras administraciones públicas, a que analice el envejecimiento de las plantillas y, sobre todo, a que dé una solución a la temporalidad que tiene también nuestra Administración pública. Solucionar las altas tasas de temporalidad en nuestras administraciones y dar estabilidad en el empleo redundará en la mejora de la calidad de los servicios públicos. Instamos, pues, a recuperar el empleo público, recortado por el Gobierno del Partido Popular, y a reducir significativamente la temporalidad, de acuerdo con los agentes sociales. Los españoles y las españolas tienen derecho a disfrutar de un Estado del bienestar acorde a la posición de un país europeo de la que presume el señor Rajoy. Por eso instamos al Gobierno a hacer la oferta de empleo pública que sitúe nuestro número de servidores públicos a los niveles de nuestros vecinos europeos. Más empleo y mejor empleo público es sinónimo de mejores servicios, más empleo y


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mejor empleo público es sinónimo de seguridad para todos. Un sector público reforzado y eficiente, profesional y eficaz es garantía de crecimiento económico y de creación de empleo. Es urgente que cambien las prioridades y que se dediquen recursos suficientes a los empleos públicos. Es urgente que invirtamos en el futuro de nuestro país.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Serrano.

En nombre del Grupo Mixto tiene la palabra el señor Bel. (Pausa). No está. Pasamos entonces al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y tiene la palabra la señora Honorato.

La señora HONORATO CHULÍAN: Muchas gracias.

Estamos de acuerdo con esta proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista y en que es urgente detener la sangría de plantillas de empleo público que se está produciendo en este país, no ahora sino desde hace tiempo, aunque también tenemos la obligación de recordar que la tasa de reposición es una medida que se aplicó por primera vez por el Partido Socialista en el año 1995. En 2009 la tasa fue del 30 % y en 2010 del 15 %. Estamos de acuerdo en la necesidad de requerir al Gobierno medidas urgentes para situar nuestro número de servidores públicos en los niveles de los vecinos europeos, pero para esto es necesario e imprescindible aprobar una oferta de empleo pública extraordinaria, sin la cual va a ser difícil recuperar todo el empleo público perdido en los últimos años. Es cierto que en esta proposición no de ley el Grupo Socialista amaga con la intención de solicitar esta eliminación de la tasa de reposición de efectivos que mencionaba anteriormente. Se pone mucho el acento en la necesidad de realizar estudios que nos parecen oportunos, pero para de forma imprescindible y desde ya saltar este déficit y esta deficiencia de plantillas en el empleo público, es necesario abordar -como he dicho- la limitación en la tasa de reposición de efectivos. Es decir, no podemos utilizar la elaboración de estudios como excusa para no exigir en el próximo debate de presupuestos que no opere más la limitación de la tasa de reposición de efectivos.

Por eso, nos parece que es necesario incluir dos medidas para abordar esa urgencia que detectamos y que compartimos con el análisis que hace el Grupo Socialista y para revertir la situación. Una está relacionada con la necesidad, que ya he mencionado antes, de la oferta de empleo pública extraordinaria equivalente al número de plazas presupuestadas, ocupadas o no; por otro lado, eliminar la mencionada tasa de reposición de efectivos para la futura oferta de empleo pública, reforzando así las plantillas de forma efectiva y real. Además, la situación en algunas administraciones públicas es dramática, muy especialmente en la Administración Local. Ya en la proposición de ley de medidas urgentes para la Administración local que nosotros presentamos -que lamentablemente fue rechazada- proponíamos soluciones para acabar con esta situación de urgencia ante la limitación de la tasa de reposición, que ha provocado en los municipios una situación de asfixia para prestar servicios públicos esenciales, servicios públicos relacionados con la asistencia en los servicios sociales o incluso en comunidades de prevención y actuaciones en situación de violencia machista. Por eso nos parece que es imprescindible, por un lado, exigir al Gobierno esta oferta de empleo pública extraordinaria, pero también la limitación en la tasa de reposición de efectivos de la próxima ley de presupuestos que debatamos en esta Cámara. Si no se adoptan estas medidas urgentes, nos parece que es más que factible que se sigan produciendo los efectos que nos han llevado a la situación actual que, en definitiva, significan la reducción de las plantillas y el déficit en la calidad de los servicios públicos y del Estado del bienestar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Honorato.

Por el Grupo Popular me comunican que se retira la enmienda que han presentado. Por tanto, quedan solamente tres enmiendas, dos del Grupo de Podemos y una del Grupo Mixto. Seguimos el orden de menor a mayor. Tiene la palabra, en nombre de Esquerra Republicana, la señora Capella. (Pausa). Tampoco está.

Pasamos entonces al Grupo Vasco, señora Sagastizabal.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias.

Sobre la tasa de reposición quiero decir que sí, que es verdad que el Gobierno español tras la aprobación de la Ley de estabilidad presupuestaria y mediante la Ley de presupuestos, atendiendo


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únicamente al cumplimiento del objetivo de déficit, obligó a todas las administraciones, entidades y sociedades del sector público a plegarse a las tasas de reposición. Creemos que la tasa de reposición que se mantiene, a lo largo de los sucesivos ejercicios, es una medida en la que no ha existido un análisis desde la perspectiva de gestión de recursos humanos ni tampoco desde el efecto que tendría sobre los servicios públicos que se prestan por las distintas administraciones. Además, no respeta la competencia de cada Administración y, en ningún momento, ha tenido en cuenta las políticas de contención previas realizadas en materia de personal, medidas que por lo menos nosotros sí que llevamos a cabo desde las administraciones vascas. Los efectos de la tasa de reposición han sido ineficaces y contraproducentes, ya que en lugar de operar sobre la racionalización de las estructuras, la dimensión de las plantillas y la redistribución de los efectivos existentes para la modernización de las administraciones, la medida se ha proyectado exclusivamente sobre las OPE y sobre la disminución del empleo público y, además, ha contribuido al empeoramiento de estos servicios públicos y la atención de la ciudadanía.

A cada Administración le corresponde diseñar una política de recursos humanos acorde a sus características y necesidades en el marco de sus competencias y su propia capacidad presupuestaria. Además, en el caso de la comunidad del País Vasco nos parece más grave al entender que no se respeta el autogobierno. En Euskadi tenemos competencia en materia de Función pública en las áreas: sanitaria, servicios sociales y educación que, entre otras, están afectadas por estas tasas. Por tanto, disponemos de las competencias y de la capacidad y los recursos económicos para ejercerlas, esto es la autofinanciación de las mismas y, además, cumplimos con los objetivos de deuda y déficit público. Las administraciones públicas no pueden hacer la oferta pública de empleo que consideran necesaria con el objetivo de estabilizar el empleo público, estable y de calidad, acorde con el servicio público que se pretende dar a la ciudadanía. Sí, es verdad, se ofertan las plazas que la legislación estatal fija, las máximas posibles, dando seguridad jurídica a las convocatorias. Por todo lo comentado, creemos que es necesario eliminar esa tasa y poner en marcha las ofertas públicas de empleo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En nombre del Grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor Ten.

El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.

Desde 2012 hasta 2016 la Administración ha seguido una política de tasa de reposición cero, con algunas excepciones del 10 %. Esto suponía no cubrir las vacantes de los empleados públicos que se iban jubilando. Entre 2012 y 2016 el número de empleados al servicio del Estado cayó en 167.280 personas, prácticamente un 6 %, según los últimos datos publicados en el Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas al cierre de julio de 2016. Es evidente que esa pérdida de empleados se produjo, entre otros sitios, en la Agencia Tributaria -casi 3.000 efectivos en estos últimos cuatro años- de manera incomprensible, porque la tasa de retorno de uno a diez -es decir, por cada euro invertido se recuperaban 10 euros- no tiene sentido cuando la deuda pendiente por cobrar es de prácticamente 50.000 millones de euros o cuando vemos que los tribunales económico-administrativos tienen un colapso en los expedientes. Es cierto que esa tasa de reposición también se limitó en épocas del Partido Socialista. Estos no son gastos superfluos, y así se lo ha recordado el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos Juan Carlos Girauta al señor Montoro esta misma mañana. Le ha ofrecido algunos ejemplos de gastos superfluos como premios gordos de despilfarro de millones, como es el caso de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de mi querida Valencia, la Ciudad de la Cultura de Santiago, la Expo de Zaragoza o la Caja Mágica de Madrid. Me resulta curioso porque la portavoz socialista decía que esta era proposición progresista, nosotros también somos progresistas, pero hay que tener en cuenta muchos otros datos.

La proposición no de ley contiene tres apartados con los que estamos completamente de acuerdo, pero según Ciudadanos para regenerar nuestra democracia y acabar con ese capitalismo de amiguetes hacen falta muchas reformas y muchos medios. Porque sepultar bajo una montaña de papel la carga de trabajo desproporcionada de la Administración de Justicia es un recurso más sencillo que entorpecer la acción de la justicia.

Recordemos que España tiene un fraude fiscal que algunas estimaciones lo fijan en 80.000 millones de euros, y es cierto que de los 150 puntos de nuestro pacto de investidura con el Partido Popular hemos implementado siete compromisos que me gustaría recordarles, señorías. Hay un apartado con el que queremos aprobar un estatuto de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, el punto 14 dirigido a reformar la Ley de garantía de unidad de mercado, hay que impulsar el pacto de Estado contra la violencia


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de género, hay que desarrollar un plan estratégico de convivencia escolar, hay que mejorar la dotación de los medios dedicados a la lucha contra la delincuencia organizada, hay que incrementar los medios humanos y materiales de la justicia y hay que defender, en el ámbito de la Unión Europea, una solución justa, responsable y solidaria a la crisis de los refugiados. En los casos de justicia y la Agencia Tributaria el compromiso con el Partido Popular incluía más de 100 millones de euros en ese refuerzo de cada uno de esos frentes.

En conclusión, señorías, nuestro grupo parlamentario va a apoyar esta proposición no de ley, porque nos parece justo y nos parece ambicioso, pero hay que combatirlo con otras muchas medidas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Martín-Toledano.

El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.

El Grupo Popular está de acuerdo con que se tomen medidas urgentes para acelerar la reposición del personal de los empleados públicos en las administraciones del Estado, de la Administración autonómica y de la Administración local. Estamos absolutamente de acuerdo y, por eso, proponemos la mejor medida: que nadie bloquee los Presupuestos Generales del Estado de 2017. (Aplausos). Si se bloquean, señorías, ustedes saben perfectamente que la única tasa reposición que podría realizarse es la que está contemplada en los presupuestos de 2016, lo saben. Sin cobertura presupuestaria no se puede hacer oferta pública de empleo, señorías. Eso es el abc de la Administración y, el que no lo sepa, está engañándose a sí mismo o engañando a los ciudadanos.

Parece mentira que el Partido Socialista tenga amnesia selectiva. Aquí ya se le ha recordado. Las tasas negativas de reposición empezaron desde 2009. Aquí se ha dicho que el PP redujo las tasas de reposición y puso como excusa la crisis. ¿Es que la crisis no existió? ¿No existió el real decreto de Zapatero de 2010 de ajustes económicos donde se bajaba a los empleados públicos un 5 % de su salario? Digo yo que sí. ¿Por qué reducía la tasa de reposición el Partido Socialista en el Gobierno durante 2009, 2010 y 2011? Porque había crisis económica, y porque Zapatero había llegado a un acuerdo con la Unión Europea en la reducción del déficit y había unos parámetros que cumplir. El Partido Popular se encontró con una crisis espectacular, con unos datos de déficit público que no eran ciertos y que se habían aportado a Bruselas. Por tanto, hubo que hacer medidas excepcionales que han sido corregidas en cuanto ha mejorado la situación económica. Desde 2014 ha mejorado sustancialmente la tasa de reposición.

El compromiso que tiene el Partido Popular es el que ha salido de la VI Conferencia de presidentes. No sé si es que el Partido Socialista u otros partidos están en contra de lo que se acordó en aquella reunión, que era que se procediera a un análisis de las especiales necesidades en los sectores prioritarios de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, que se adoptaran decisiones en materia de tasas de reposición para fortalecer el compromiso y, fortalecer por encima del 100 % de la tasa de reposición, determinados servicios básicos como educación y sanidad, y además estudiar el porcentaje de interinidad que hay en muchas comunidades autónomas. Una compañera me ha dicho que en Asturias era más del 30 % y no le digo yo en Andalucía -vamos a dejarlo estar-, pero en Andalucía, por ejemplo, hablando de empleados públicos, fue de las pocas comunidades autónomas que cuando se suprimió la paga extra que se ha devuelto en 2012, retiró también los complementos autonómicos a sus empleados públicos. No lo hicieron todas las comunidades, pero sí la de Andalucía gobernada por el Partido Socialista. Por tanto, ¿quién machaca, quién persigue y quién estigmatiza a los empleados públicos? Vamos a ser serios.

Todos ustedes saben perfectamente que hay un compromiso de mejorar la oferta pública de empleo, pero puede estar bloqueada por los mismos que ahora dicen que se haga con urgencia. Si quieren que se haga con urgencia, no bloqueen los presupuestos. Sin presupuestos sólo puede haber la tasa de reposición prevista en los presupuestos de 2016, un 100 % para los sectores estratégicos, que son muy amplios, y un 50 % para el resto de los empleados públicos de los demás los sectores.

En materia de recaudación y de medios humanos en la Agencia Tributaria, etcétera, que ustedes utilizan reiteradamente -no solo ustedes, sino otros grupos-, con menos personal se han recaudado 10.000 millones de euros más en el cuatrienio 2012-2015 -que son 50.000 millones en total- que en el cuatrienio anterior. Pero es que además, en cuanto se ha podido, la oferta pública de empleo en 2014 fue en la Agencia Tributaria globalmente de 865 plazas; en el 2015 de 865 más 308, y en el 2016


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de 1.040 plazas. Por lo tanto hay una preocupación por la recaudación, y además no solo son medios humanos, se han mejorado los medios técnicos que son muy importantes.

Quiero explicar brevemente que hemos retirado la enmienda porque la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista nos ha dicho: ya tengo una transaccional con el resto de los grupos, ni siquiera he hablado con vosotros y ahora te la enseño (Rumores.-La señora Serrano Jiménez hace gestos denegatorios). Bueno, pues nada, ¿qué vamos a decir? Esa forma de actuar de decir, ya lo tengo, ¿la firmas? Ah, bueno, pues debe ser eso de las lentejas, ¿no? Que están de moda. Por lo tanto tengo que decirles que no lo podemos suscribir, porque lo que se está proponiendo no es ajustado a las posibilidades que hay. Se hace que se retire la tasa de reposición, ¡que no haya ninguna! Y eso es imposible. Y segundo, porque todos los acuerdos en esta materia están condicionados por la aprobación o no del presupuesto de 2017. Dejen de bloquear y seguramente mejoraremos la condición de nuestros empleados públicos.

Muchas gracias (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Señora Serrano, ¿se aceptan algunas de las enmiendas o se han transaccionado?

La señora SERRANO JIMÉNEZ: Hemos llegado a una transaccional a la que el Partido Popular no se ha querido sumar, que es distinto a lo que ha dicho el señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular.

El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: ¿No me la ha enseñado ya redactada?

La señora SERRANO JIMÉNEZ: ¡Pero si me ha dicho que no quería verla!

El señor PRESIDENTE: Sus intervenciones han terminado, señorías. Votaremos la transacción, que ruego haga llegar a la Mesa.

La señora SERRANO JIMÉNEZ: Ahora se la pasaremos, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muy bien, muchas gracias.

- RELATIVA A LA TRIBUTACIÓN POR EL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS E INSTALACIONES ANEXAS QUE REVIERTAN AL ESTADO POR EL TRANSCURSO DEL PLAZO DE CONCESIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001280).

El señor PRESIDENTE: Punto 7.º del orden del día, proposición relativa a la tributación por el impuesto sobre actividades económicas de las centrales hidroeléctricas e instalaciones anexas que reviertan al Estado por el transcurso del plazo de concesión. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra el señor Palacín.

El señor PALACÍN GUARNÉ: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días a todos y a todas. Nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, da traslado a la preocupación que existe en ayuntamientos y sobre todo en muchos alcaldes y alcaldesas que están teniendo o van a tener problemas a la hora de elaborar sus presupuestos si no lo remediamos con esta iniciativa. Es una proposición no de ley sencilla, lógica y de justicia social, y como ha dicho usted bien, mencionando el título, hace referencia al impuesto de actividades económicas que grava las centrales hidroeléctricas. Antes de nada quiero hacer una breve historia de lo que ha sido la construcción y primeras instalaciones de las centrales hidroeléctricas en nuestro país, que comenzaron a instalarse y construirse en el pasado siglo, hacia 1900/1920, y las primeras instalaciones tuvieron lugar en la provincia de Huesca sobre todo para llevar energía a las industrias catalanas y vascas. Durante la primera mitad de ese siglo se extendió este uso, y sí es verdad que en muchas zonas donde contaban con caudales suficientes y pendientes se han ido construyendo más centrales hidroeléctricas. Y a modo de reseña diré que durante los próximos años solo en la Confederación Hidrográfica del Ebro van a vencer centrales en Navarra, Burgos, Zaragoza, La Rioja, además de en la provincia de Huesca. Estas construcciones se hacían en régimen de concesión, por lo tanto eran empresas privadas que construían la central para explotarla durante un periodo de tiempo limitado, y es ahora cuando hemos llegado al vencimiento de estas primeras instalaciones y por lo tanto estas concesiones han caducado y las centrales han pasado otra vez a dominio público, en este caso están pasando a los organismos de cuenca correspondientes, que es como


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está estipulado. Y hasta esta fecha las empresas que explotaban estas centrales hidroeléctricas abonaban el importe necesario por impuesto de actividades económicas a los propios ayuntamientos donde estaban ubicadas. También hay que recalcar que la tarifa que regula y grava estas centrales está fijada en el año 1990 en 72 céntimos de euro por kilovatio instalado, y también en esa línea va nuestra iniciativa, porque hay que adecuar ya el precio de la energía, dado que desde 1990 hasta nuestros días ha variado de una manera importante.

Dada la actual legislación, una vez que estas centrales hidroeléctricas pasan a ser gestionadas por el Estado o una de sus administraciones dejan de tributar por impuesto de actividades económicas porque están exentas. Con nuestra iniciativa planteamos que esta exención que tienen estas administraciones no se contemple para los casos en que las centrales hidroeléctricas pasan al Estado, básicamente para que los ayuntamientos no pierdan poder adquisitivo, no pierdan una parte importante de sus ingresos que vienen por este tributo. Hay que tener en cuenta que en muchos de estos municipios puede llegar hasta el 25 o el 30 % de sus presupuestos anuales lo que reciben por estos ingresos, y que a partir de ahora -en algunos casos hace un par de años- han dejado de recibirlo. Hay que tener en cuenta que pedimos que estas administraciones hagan frente al impuesto de actividades económicas, pero no será un gasto innecesario o un gasto superfluo, sino que en estas administraciones la Confederación Hidrográfica del Ebro está explotando directamente muchas de ellas y generando muchos recursos e ingresos, y planteamos que una parte de ellos siga destinándose a estas administraciones locales. Por lo tanto planteamos desde nuestra perspectiva de una manera sencilla -y consideramos que es la forma más rápida para poner en marcha cuanto antes- que la exención que tienen las administraciones estatal, autonómica o el organismo de cuenta correspondiente no sea tal, sino que tributen por el impuesto de actividades económicas. También solicitamos que se actualice la tarifa que está vigente desde 1990 y que grava estas centrales con 0,72 céntimos de euro por kilovatio para que se adecue a los precios actuales.

Quiero agradecer al resto de grupos que han presentado enmiendas a esta iniciativa su buena predisposición y el diálogo que hemos mantenido, pero no vamos a poder aceptarlas porque entendemos que esta solución es la que más rápida y efectivamente se puede poner en marcha, y también porque esta iniciativa está consensuada con otros organismos, con asociaciones de representación de municipios afectados por estas centrales. Queremos -y nos lo ha propuesto el Partido Popular en su enmienda-, dada la revisión que se está haciendo de la financiación local, apoyar muchas de estas medidas porque creemos que los ayuntamientos, sobre todo los más pequeños, son los que más dificultades tienen. Generalmente estas centrales hidroeléctricas están en los territorios que más están sufriendo la falta de oportunidades, la despoblación y necesitan contar con recursos suficientes para poder hacer políticas, y evitar que la gente que quiera vivir allí tenga que marcharse.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Se han presentado, como bien ha dicho el portavoz, tres enmiendas: por los grupos Ciudadanos, Podemos y Popular. Por tanto tiene la palabra, en primer lugar, por parte de Ciudadanos el señor Ten.

El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.

Como se ha indicado el impuesto de actividades económicas es un impuesto municipal que grava la actividad económica. Hay que matizar que aunque es municipal, y por tanto lo cobran los ayuntamientos, puede tener cuota provincial, que cobran las diputaciones provinciales, y una nacional, que cobra el Estado. El problema que se plantea en el caso de que el Estado, a través del organismo de cuenca, recupere la concesión otorgada a una empresa deriva de la actual regulación del impuesto de actividades económicas, que declara exentos de ese pago al Estado, a comunidades autónomas y a entidades locales; es el artículo 82 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Esta pérdida de ingresos evidentemente afectará de una manera fundamental a muchos de los ayuntamientos, como nos comentaba el portavoz socialista, donde radican centrales hidroeléctricas, ya que son en su mayoría municipios pequeños y los ingresos procedentes de este impuesto de actividades económicas de las centrales suponen una parte importante en cuanto a su presupuesto. Pero lo cierto es que estamos hablando de un importe pequeño comparado con otras partidas, y me explico. Es decir, la solución pasa por habilitar recursos a los municipios -estamos de acuerdo-, y es que vemos que el dinero de las diputaciones provinciales -concretamente dos terceras partes de los ingresos de las diputaciones provinciales- se queda en la propia diputación y no llega a los municipios. Por ello la solución pasa por


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dar cumplimiento a ese punto 2 de nuestro acuerdo de investidura con el Partido Popular, y que recordaba en mi anterior exposición, que ahorraría más de mil millones de euros, es decir, estamos hablando de un dinero que podría llegar perfectamente a los municipios dando recursos de sobra para estos municipios afectados.

La proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista nos expresa tres puntos en los cuales vamos a solicitar votación separada, porque no podemos aceptar ni el primer punto ni el segundo, pero estamos de acuerdo con el tercer punto para garantizar en cualquier caso ese nivel de ingresos de las entidades locales. La posición del Grupo Ciudadanos es asegurar esos ingresos fiscales, y por ende la estabilidad presupuestaria de los entes locales es una prioridad para Ciudadanos en la medida en que el rigor presupuestario resulta de vital interés de cara al cumplimiento de esta senda de déficit de la que hablaba antes, marcada por Bruselas. Insisto en que tenemos que evitar esos gastos superfluos, así lo hemos acordado con el Grupo Parlamentario Popular y así se lo recordaba nuestro portavoz, Juan Carlos Girauta, en una pregunta esta misma mañana al señor Montoro, y desde luego tenemos que gestionar muchísimo mejor los gastos, pero también hay que tener más efectividad en los ingresos. Hace un momento nos recordaba el portavoz del Grupo Popular que la Agencia Tributaria hace una excelente labor con menos recursos. Yo no entiendo por qué se empeñan. Es decir, si tiene menos recursos, vamos a dar más recursos a las administraciones, vamos a combatir el fraude fiscal, vamos a gestionar muchísimo mejor el gasto, porque estos municipios desde luego se merecen que les llegue la financiación.

Estamos de acuerdo con ese punto tercero relativo a adoptar las medidas necesarias para que en esos casos de reversión o en el transcurso de plazo de la concesión de las centrales hidroeléctricas y sus instalaciones anexas se garantice ese nivel de ingresos a las entidades afectadas, y solicitaremos la votación por separado, porque dado que hay una revisión de la financiación local, como nos ha comentado el portavoz socialista, creo conveniente hacerlo de esa forma.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Al final del punto nos dirán si efectivamente se someten a votación los puntos por separado o no, porque en este caso no se han aceptado las enmiendas y sería posible.

En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Valido.

La señora VALIDO PÉREZ: Buenas tardes.

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea cree que es necesario que las centrales hidroeléctricas sean gestionadas por instituciones públicas, ya que económicamente es rentable. La recuperación de la central hidroeléctrica de El Pueyo, que anteriormente dependía de Endesa Generación, ha hecho que el coste de producción del megavatio/hora sea entre cuatro y cinco veces más barato. Ahora que la central hidroeléctrica de El Pueyo de Jaca está siendo gestionada por la Confederación Hidrográfica del Ebro sabemos que producir la energía que consume un hogar medio español anualmente, que son unos 3,5 megavatios/hora, costaría menos de 35 euros. Sin embargo Eurostat señala que un hogar español paga de media 237 euros por megavatio, es decir, veinticuatro veces más que el coste de producción que la actual central revertía en el Pirineo. Es posible que los municipios afectados participen de los beneficios de la central hidroeléctrica recuperada. Este espectacular ahorro en el coste de producción se puede utilizar en parte para compensar la pérdida de ingresos de los municipios que se ven afectados, y el sistema de participación en los beneficios de las centrales hidroeléctricas recuperadas tendría que ser transparente, claro y seguro, de forma que los municipios pudieran tener la previsión necesaria para realizar anualmente sus presupuestos. Esto tiene que ver con la transición hacia un modelo energético renovable. En nuestra opinión, en un sistema eléctrico renovable y en la transición hacia él la hidroeléctrica de embalse, por su capacidad de regular la producción, ha de tener la misión principal de apoyar las renovables intermitentes, como la solar y la fotovoltaica. Por ello es necesario establecer un sistema estable que permita a los municipios participar de los beneficios de la hidroeléctrica recuperada. Si el proceso de revisión se hace adecuadamente, algo que todavía está por ver debido a la falta de voluntad del PP, con un mínimo de planificación que tenga en cuenta la generación de energías renovables, a los municipios afectados y a los consumidores, el proceso solo puede ser beneficioso para el conjunto de la ciudadanía. En consecuencia y en cuanto a la PNL presentada por el Partido Socialista la solución no es tanto eliminar la exención del pago del impuesto sobre actividades económicas de las administraciones públicas, sino asegurar que los municipios afectados no vean mermados sus ingresos públicos. Para ello proponemos que


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los municipios tengan una participación en los ingresos que produzca dicha explotación que compense por la pérdida de ingresos de estos impuestos. También estamos de acuerdo por supuesto en actualizar el tipo impositivo aplicable a estas actividades, a través de la modificación del Real Decreto 1755, del año 1990, y nos parece increíble que desde el año 1990 no se haya puesto en marcha, tanto por los Gobiernos del PP como por los del PSOE, esa modificación. En cualquier caso hay que garantizar los ingresos de las entidades locales afectadas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Bravo.

El señor BRAVO BAENA: Muchas gracias, presidente.

En primer lugar, tenemos que mostrar nuestro apoyo en cuanto al fondo de la PNL presentada por los compañeros socialistas porque entendemos la cuestión que se debate, la pérdida de poder adquisitivo de los ayuntamientos, de financiación, por la salida de estas concesiones administrativas por parte del sector privado al sector público. Es verdad que nos encontramos en el Real Decreto-ley 2/2004, en torno del IAE, los artículos 68 a 91, pero permítanme que les diga que en esta exposición ha habido alguna incorrección. Ustedes han hecho referencia en todo momento a que la tarifa no se había subido. Pues sí que se subió. La tarifa inicial del año 1990, permítanme que hable en pesetas porque es como lo recogía, era de 135 pesetas. En el año 1995 se elevó un 3,5 %, a 140, pero sorprendentemente en el año 1996 se bajó a 120, y esos años no estábamos gobernando nosotros. No seré yo quien lo critique, pero cuando hablen ustedes de subir las tarifas tienen que saber que estamos hablando de la energía eléctrica, y yo creo que oigo un debate continuo en el Congreso diciendo que tiene que bajar el coste de la energía. Por tanto tenemos que ser muy ponderados y medirlo todo bien, porque subir una tarifa que repercute sobre el coste de la energía evidentemente acaba repercutiendo sobre el coste final de la factura que pagamos los ciudadanos. Estoy de acuerdo con ustedes en que subamos para conseguir compensar a estos ayuntamientos, pero por otro lado tengan en cuenta la repercusión y el efecto cascada que esto va a producir. Y también sorprende que no solamente sea el Partido Popular el que hable de subir impuestos, sino que sean también otras formaciones las que lo digan. Llegados a este punto, estamos encantados en el planteamiento, pero les advertimos que nosotros somos de bajar impuestos, no de subirlos, sobre todo teniendo en cuenta el coste de la energía y la valoración que eso puede conllevar. (Risas).

En cuanto a la comisión de expertos todos ustedes conocen que se aprobó el 10 febrero y que analiza, tanto la financiación autonómica como la financiación local. En esa línea una de las propuestas que nosotros podríamos hacer, y que debería contar con el consenso de todos, es que sea esa comisión que va a estudiar la financiación local la que valore cómo se puede establecer. Estoy seguro de que, sin necesidad de utilizar algunas vías que técnicamente son bastante peores, conseguiríamos el resultado final, que es dar mayor financiación a estas entidades. La propuesta del PSOE, para ser un poco más concreta en su redacción, nos plantea eliminar la exención para el Estado. La exención es general, es una técnica legislativa que abarca no solamente a este impuesto, sino a la gran mayoría de impuestos directos y a algunos indirectos, y evidentemente creemos que no es la fórmula adecuada. Estamos de acuerdo con ustedes, tal como anteriormente planteaban los compañeros de Ciudadanos, en el hecho de que garantizar el nivel mínimo de ingresos para darle sostenibilidad. Todos vamos a estar de acuerdo en eso. Podemos estar más de acuerdo con la enmienda que presentaba en su momento Ciudadanos, incluso con la que planteaba Podemos. No entramos en concreto a que sea el beneficio de la hidroeléctrica, pero sí en establecer un sistema que le permita compensar esa pérdida de ingresos. Pero si me centro en nuestra propuesta, por defenderla y no ser muy extenso en mi exposición, nosotros le remitimos a esa comisión, en la que además participa la Federación Española de Municipios y Provincias, que eso es lo interesante, en la que están representadas entidades locales y también la FEMP, como he dicho, con lo que seguro que el resultado que obtengan será mejor. Además creo que la voluntad del ministerio es no continuar con la explotación de esas concesiones, sino volver a establecer las concesiones, con lo cual hablamos de una dificultad de tesorería o de ingresos o de financiación para estas entidades locales de manera temporal, por lo que seguro que el coste no va a ser muy alto y el esfuerzo no va a ser muy grande, desde el punto de vista presupuestario, y permítanme -como mi compañero ha dicho anteriormente- que tengamos que remitirnos a la aprobación de los presupuestos. Una figura que nos permitirá de manera rápida atender estas necesidades podría ser la dotación de un fondo vía presupuestaria, pero para eso, atendiendo a que todos estamos absolutamente de acuerdo en el fondo, necesitaríamos aprobar los


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presupuestos. Por lo tanto lo único que podemos pedir desde aquí es que nos pongamos a discutir y a intentar aprobar los presupuestos, y que dentro de los mismos hagamos una partida dirigida a estos ayuntamientos que tienen dificultades y que todos entendemos que tenemos que apoyar.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En nombre del Grupo Mixto tiene la palabra el señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: No intervendré, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

En nombre de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

No me gusta hablar de temas personales, pero hoy lo haré. Yo estoy vinculada a comarcas que se han visto afectadas directamente -aunque yo no lo he visto, yo ya lo he visto construido- a la construcción de grandes centrales hidroeléctricas. Estoy hablando de los dos Pallars y la Ribagorza, Por cuestiones afectivo-personales y por cuestiones maternas y paternas tengo una vinculación con estas comarcas que se han visto afectadas por la construcción de grandes centrales hidroeléctricas que modificaron y configuraron el paisaje, la fauna y los recursos naturales de esas comarcas, y configuraron también cambios importantes en la economía, en este caso en la economía catalana. Por tanto tiene sus más y sus menos cualquier transformación, por lo que la mano humana, la evolución hace que cambiemos y que nuestro imaginario colectivo también cambie.

Hecha esta primera reflexión personal quiero manifestar que desde Esquerra Republicana estamos de acuerdo con la proposición no de ley que plantea el Partido Socialista Obrero Español. La reversión de las centrales hidroeléctricas configura ahora, y por tanto las infraestructuras construidas para su funcionamiento, una nueva situación en orden a ese impuesto que vino a compensar -si se me permite la expresión- este expolio natural en determinadas partes del territorio. Que no se malinterprete lo del expolio, pero en todo caso efectivamente determinaba un cambio, y un cambio de uso en determinados recursos naturales. Es un hecho de justicia y también por que estamos hablando de territorios deprimidos, de territorios de montaña, en los cuales -como decía y que se interprete el término expolio- sacamos el máximo provecho a partir del agua y su orografía, aunque difícilmente se retorna todo el provecho que al final se llega a obtener. Por tanto es necesario arbitrar un mecanismo que compense esta situación.

También creo que en esta proposición no de ley, que en todo caso anticipo que votaremos favorablemente, deberíamos haber puesto en este mismo saco un aspecto del que no se ha hablado, y es el de la llamada energía reservada, que es una de las condiciones que recogían las concesiones administrativas a favor de las compañías para explotar las centrales hidroeléctricas de los embalses, cuya duración suele oscilar entre cincuenta y setenta y cinco años. En la cuenca del Ebro se dan dos situaciones: autorizaciones con el precio de entrega fijado, como ocurre en las instalaciones de Acciona, y permisos como en la de Mequinenza y Villarroya, que establecen que la compañía debe suministrarla a cambio del coste de producción más una prima. Y nos encontramos, por ejemplo, con que el Gobierno ha eximido a Endesa de asumir un peaje de valor millonario, el 25 % de la producción de los pantanos que explotan, tal y como recogen las concesiones de las centrales, y destino social en la cuenca del Ebro que las compañías eléctricas en este caso han eludido, con la complicidad del Estado y del Partido Popular, que es quien gobierna el Reino de España. Y esto ha pasado durante más de medio siglo.

Por tanto efectivamente votaremos a favor. Aunque nos hubiese gustado que la proposición no de ley hubiese ido más allá, no hemos hecho enmiendas porque la posición de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados no viene a mejorar las proposiciones no de ley que determinan de qué manera va a ser gobernado el Estado español, pero sí compartimos la filosofía y parte de la proposición no de ley que presenta el Partido Socialista Obrero Español.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Me aclaran desde el Grupo Parlamentario Socialista si se va a votar por separado después?

El señor PALACÍN GUARNÉ: ¿Lo podemos aclarar después?


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El señor PRESIDENTE: Vale, no hay prisa.

- SOBRE LA REFORMA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA PARA ADAPTARSE A LA RECIENTE SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/001476).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 8.º del orden del día, sobre la reforma del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana para adaptarse a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional. Es una propuesta del Grupo Parlamentario Ciudadanos que defiende el señor De la Torre.

El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.

Como decían los clásicos, la justicia es dar a cada uno lo suyo, y evidentemente la tributación basada en que se tribute como ganancia cuando realmente se ha tenido una pérdida es cualquier cosa menos justa. Y no solamente es injusto, sino que es inconstitucional, puesto que hay dos sentencias del Tribunal Constitucional que han anulado sendas normas forales de Álava y Guipúzcoa con un texto absolutamente idéntico al que tiene en la actualidad la Ley de Haciendas Locales. Esto significa que durante años los diversos ciudadanos, los contribuyentes han pagado con respecto a sus inmuebles, cuando los han transmitido y también cuando han heredado, como si hubiesen ganado dinero cuando en realidad en algunos casos lo habían perdido. Esto ha sido declarado como inconstitucional en un texto idéntico al de la Ley de Haciendas Locales, que está pendiente de ser revisado por el Tribunal Constitucional. Pero es evidente que, si el Tribunal Constitucional ha declarado como inconstitucionales por unanimidad unas normas forales que son absolutamente idénticas a la Ley de Haciendas Locales, esta Ley de Haciendas Locales es inconstitucional. Esto significa que los ayuntamientos han estado exigiendo durante años un impuesto inconstitucional y confiscatorio a todos aquellos contribuyentes que al transmitir sus terrenos habían tenido pérdidas.

Presentamos una proposición no de ley con tres objetivos fundamentales. En primer término, adaptar la Ley de Haciendas Locales a la doctrina del Tribunal Constitucional, de tal forma que los contribuyentes dejen de tributar por ganancias cuando en realidad tienen pérdidas, es decir, para que se deje de aplicar con carácter inmediato -ahora que tenemos la certeza absoluta de que es así- un impuesto inconstitucional y confiscatorio. En segundo término, también creemos que hay que devolver, en la medida de lo posible, este dinero a los contribuyentes que han tenido pérdidas. En principio la devolución -con independencia de que luego deban ser compensados en algunos casos- deben efectuarla los que han cobrado, que son los ayuntamientos. Y evidentemente -como en el caso de las cláusulas suelo- no podemos someter a unos contribuyentes que perdieron cuando transmitieron sus inmuebles a un vía crucis para que acudan a todos los tribunales cuando ya el Tribunal Constitucional ha decidido dos veces por unanimidad que este impuesto es parcialmente inconstitucional, que no se pueden cobrar como ganancias cuando en realidad se tienen pérdidas. En consecuencia debemos arbitrar un sistema para arreglarlo, y además debemos saber qué impacto presupuestario va a tener esto. Para ello pedimos que la Agencia Tributaria informe a los ayuntamientos y a los contribuyentes de aquellos supuestos en los cuales el contribuyente haya declarado una pérdida patrimonial de un inmueble, porque tiene que adjuntar la referencia catastral y por tanto puede saberse en qué casos los inmuebles se han transmitido a pérdidas. Esto no es al cien por cien seguro, pero es la mejor aproximación que tenemos, porque entre otras cuestiones debemos saber de cuánto dinero estamos hablando. Nos parece algo bastante elemental que hay que cumplir con las sentencias de los tribunales, también con las sentencias del Tribunal Constitucional, especialmente cuando se dictan por unanimidad. Por otra parte, nos parece de justicia que se devuelva el dinero a aquellos contribuyentes que pagaron como si hubiesen tenido una ganancia cuando en realidad habían perdido dinero. Sin embargo, a nuestra propuesta se han presentado varias enmiendas. Nosotros vamos a aceptar, porque la consideramos muy positiva, la del Grupo Socialista, en parte coincidente con la del Partit Demòcrata -por eso no la admitimos-, relativa a que en el ámbito de la financiación local se reforme globalmente este impuesto para buscar una forma real de hallar cuál es el incremento del valor de los terrenos, asegurando en todo caso que los ayuntamientos no tengan una merma global de ingresos, ya que esto no sería positivo para el gasto social ni para la consolidación presupuestaria en España, colaborando con ellos para establecer mecanismos eficaces de atención a las reclamaciones de los contribuyentes. No podemos aceptar la enmienda del Grupo Popular porque, en la


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práctica, supone diferir sine die la devolución de un dinero y el cambio de una norma que ahora mismo sabemos que es claramente inconstitucional y que además es confiscatoria. Creemos que deberíamos empezar a dar ejemplo y aplicar -cuando estemos seguros- la inconstitucionalidad declarada por el Tribunal Constitucional. En consecuencia, en estos términos, pedimos el voto a favor de una proposición no de ley que consideramos de justicia elemental.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De la Torre.

En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.

Nosotros hemos presentado una enmienda a esta proposición no de ley, y vaya por delante que a los pocos días de salir la sentencia que afectaba al País Vasco registramos una PNL en términos similares pero con una pequeña diferencia. Nosotros explicitamos claramente en esa PNL -en este sentido va nuestra enmienda- que desde el Gobierno se deben desarrollar todas las medidas legislativas, y sobre todo presupuestarias, para compensar a las administraciones locales por todas aquellas devoluciones que deban practicarse, sin presuponer cuáles van a ser.

El portavoz de Ciudadanos decía que los ayuntamientos han estado exigiendo un impuesto inconstitucional y confiscatorio. Los ayuntamientos lo que han hecho es aplicar la Ley de Haciendas Locales, aprobada por esta casa a instancias del Gobierno, y no tenían margen en sus ordenanzas fiscales para dejar exentas las transacciones que supusieran una disminución del valor del terreno. Por tanto, quienes han sido negligentes en este momento no han sido los ayuntamientos, que han aplicado escrupulosamente la ley, la que debe responder es la Administración General del Estado, y en este sentido va nuestra enmienda, que pide que se compense a los ayuntamientos por las devoluciones que tengan que realizarse y evidentemente nos preocupan los futuros ingresos, pero como continuamos siendo bienintencionados y creemos que la financiación de las entidades locales y la nueva Ley de haciendas locales esta vez va a ser verdad -no como ha ocurrido a lo largo de los últimos veinticinco años- es una cuestión que se deberá resolver en ese marco. Pedimos que se explicite claramente que los ayuntamientos no deben soportar este quebranto, porque han aplicado estrictamente la legislación vigente. No hemos presentado enmienda, pero para clarificarlo y que a nadie le genere confusión, entendemos que el tercer punto -el portavoz lo ha matizado- es una aproximación. No todas aquellas transacciones en las que se generen pérdidas implicarán la devolución del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, siempre y cuando se trasponga la sentencia que se ha aplicado para la Diputación Foral a la Ley de haciendas locales. La sentencia deja claro que será en aquellos casos en los que haya disminución del valor del terreno. Puede haber perfectamente una pérdida patrimonial en un inmueble sin que exista disminución en el valor de los terrenos, pero tanto si se admite la enmienda como si no se admite o no la transaccionamos, les avanzamos que vamos a votar a favor. Esto se debe resolver, pero lo que no puede ser es que otra vez la negligencia de la Administración General del Estado la paguen los ayuntamientos, que simplemente lo que han hecho es aplicar la ley que les ha sido dada.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor López Milla.

El señor LÓPEZ MILLA: Gracias, presidente.

Esta proposición no de ley plantea una cuestión que es de gran actualidad, que probablemente afecta a centenares de miles de personas en toda España y prácticamente a todos y cada uno de los más de 8.000 ayuntamientos que hay en nuestro país. Ya se ha dicho que la decisión del Tribunal Constitucional a la que nos estamos refiriendo afecta exclusivamente a Guipúzcoa, pero es previsible que pronto se produzca un pronunciamiento en el mismo sentido respecto a la Ley Reguladora de Haciendas Locales que tendría repercusión en toda España, pues las normas forales de Guipúzcoa cuando regulan este impuesto, comúnmente conocido como plusvalía municipal, lo hacen de manera similar a como se efectúa en las normas estatales. Todo ello puede colocar a todos esos miles de ayuntamientos ante la perspectiva de tener que afrontar centenares de miles de reclamaciones con un impacto económico que muy pocos podrán soportar y un aumento muy notable de las cargas administrativas. Por ello, a nuestro juicio, resulta necesario dar respuesta -por supuesto que sí- a las justas peticiones de los contribuyentes, pero


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también hace falta apoyar a los ayuntamientos para que puedan hacer frente a esas peticiones sin que se quiebren sus finanzas ni colapsen sus cuentas. Compartimos la necesidad de modificar urgentemente la regulación del impuesto para anticiparse incluso al previsible fallo de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre las normas de Guipúzcoa, pero entendemos que el Gobierno tendría que llegar más lejos y debería acordar con los municipios, en el marco de la reforma de la financiación local que se ha puesto en marcha, una reforma global del impuesto que permita que la forma de cálculo de la cuota tributaria refleje de manera más fiel el verdadero incremento de valor que registran los terrenos, tomando en cuenta indicadores que permitan seguir su evolución de una manera adecuada.

Es verdad que durante muchos años España ha vivido una época en la que se ha venido registrando, a veces de manera gradual y otras veces de manera más acelerada, una revalorización generalizada tanto de los inmuebles como de los terrenos en que se asientan y la actual regulación del impuesto probablemente no era más que un mecanismo sencillo y previsible para gravar esas plusvalías generadas de manera reiterada en la transmisión de terrenos. En cualquier caso, los ayuntamientos no estaban haciendo más que aplicar lo que establecían las normas que regulaban la financiación local a este respecto y que además no les dejaban, como se ha dicho, margen para hacerlo de otro modo. Pero en los últimos tiempos es indudable que el proceso de revalorización generalizada se ha detenido y que incluso, aunque se reanude, como es previsible, lo hará de manera muy desigual entre municipios e incluso entre barrios dentro de los mismos municipios. Por tanto, hace falta una nueva regulación del impuesto que se adapte mucho mejor al principio de capacidad económica establecido en el artículo 31 de nuestra Constitución, todo ello asegurando por supuesto que los ayuntamientos no van a tener una merma global de recursos, lo que vendría a suponer muchos problemas para la mayoría de ellos después de cinco años de recortes sobre sus ingresos y sobre su autonomía política y financiera. En este sentido apunta nuestra enmienda, en la que también se insta al Gobierno a colaborar eficazmente con los ayuntamientos para establecer mecanismos que permitan atender las reclamaciones de los contribuyentes y para poner en marcha fórmulas que eviten la judicialización de los procedimientos, ya que ello provocaría una avalancha de casos que podrían acabar saturando los tribunales. Nos preocupa tanto la situación que pueda producirse en muchos ayuntamientos, que pueden quedar colapsados ante un aluvión de peticiones de devolución del importe satisfecho, como la de los propios contribuyentes que presenten una reclamación y tengan que demostrar que se ha producido esa minusvalía. A veces bastará con la información que se incluye en la declaración del IRPF, como propone Ciudadanos, pero en otros casos no; por ejemplo, puede haber contribuyentes que traten de poner de manifiesto que, aun habiéndose producido una plusvalía en la venta de un inmueble, esa plusvalía se debe a que se han llevado a cabo en el mismo obras de mejora y no a la revalorización del suelo, que en realidad podría haber perdido valor y que es el que está gravado por el impuesto.

En definitiva, hemos incluido en nuestra enmienda esa apelación al Gobierno para que colabore con los ayuntamientos en el establecimiento de los mecanismos más eficaces posibles para resolver las reclamaciones de los contribuyentes. Esto supone, a nuestro juicio, una petición más amplia que la que propone Ciudadanos pero perfectamente compatible con la que refleja su proposición no de ley. Nos congratulamos de que sean aceptadas nuestras enmiendas a través de una propuesta transaccional que creemos que proporciona una solución amplia a una situación compleja para centenares de miles de contribuyentes, de hombres y mujeres, pero también para miles de ayuntamientos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Camps.

El señor CAMPS DEVESA: Gracias, presidente.

Señorías, creo que cabe aún centrar más el debate que estamos teniendo esta mañana en esta Comisión, sobre todo para que no generemos equívocos innecesarios y confusión en los miles de ciudadanos españoles que se pueden ver afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a esta cuestión. En primer lugar, quiero dejar constancia de que el Tribunal Constitucional señala claramente -lo digo para evitar equívocos- que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que conocemos como la plusvalía en lenguaje coloquial, no es con carácter general contrario a la Constitución española; por tanto, no estamos hablando de un impuesto que en su generalidad sea inconstitucional. Lo es únicamente en aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es, aquellas que no presentan aumento del valor


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del terreno al momento de la transmisión. Esta sentencia además -ya se ha dicho aquí- no afecta a la normativa estatal. No obstante, somos conscientes de que la identidad en la regulación del hecho imponible y la base imponible del impuesto, tanto en la norma foral afectada por la sentencia como en la norma estatal, ello añadido a que están pendientes de fallo por el Tribunal Constitucional diversas cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el mismo motivo contra sí, esta vez ya, la norma estatal, y dado además el mandato en la sentencia al legislador, no al Gobierno, señorías, al legislador -el Gobierno tiene capacidad e iniciativa legislativa pero quien al final aprueba las leyes son el Congreso y el Senado, las Cortes Generales, con lo cual la negligencia de que una ley pueda ser inconstitucional no es de la Administración General del Estado, es del Congreso y del Senado, nunca del Ejecutivo-, para que lleve a cabo las modificaciones normativas pertinentes, debiendo modificarse -estamos de acuerdo desde el Partido Popular- la regulación legal de este impuesto para adaptarlo al criterio manifestado por el Tribunal Constitucional. Pero a diferencia del grupo proponente, creemos que no debe hacerse de manera urgente y específica, sino dentro del proceso iniciado para la revisión del sistema de financiación local, con la participación de la comisión de expertos ya creada al efecto -no estamos diciendo que se cree, está creada ya desde el pasado mes de febrero- y la participación, que a nosotros nos parece muy importante -en esto coincidimos en parte con la enmienda de adición del Grupo Socialista-, de la Federación Española de Municipios y Provincias, entre otras cosas porque aquí no estamos solamente hablando de la devolución de unas cantidades que hayan sido indebidamente percibidas por los ayuntamientos, sino que también estamos hablando de la suficiencia de esos ayuntamientos para poder mantener todas las políticas que hoy están financiadas en parte por el impuesto que conocemos vulgarmente, reitero, como el de plusvalía.

No comparto tampoco con el grupo proponente lo que solicitan como primera medida más urgente, lo digo por su propio rigor técnico. A esto me refería en cuanto a que puede ser generadora de confusiones y equívocos, como ya han dicho algunas de sus señorías. El impuesto de plusvalía grava solo el valor del suelo, no el precio de compraventa del inmueble. Las escrituras de la última y penúltima compraventa de un inmueble no son referencia suficiente para decir que haya habido una minusvalía; tampoco las tasaciones medias de una zona en general, de un barrio, porque la sentencia dice claramente que hay que individualizar, transacción a transacción, enajenación a enajenación, permuta a permuta, donación a donación o herencia a herencia. De hecho, señorías, la sentencia -todos la hemos leído, creo- menciona de forma literal que la valoración pericial contradictoria es el ejemplo de prueba válida para demostrar la pérdida, en este caso patrimonial. Se requieren, por tanto, según esta sentencia, informes específicos que acrediten el valor del componente suelo, y no es válido el procedimiento que se propone por el Grupo Ciudadanos, que además podía generar algunas expectativas de cobro de cantidades que luego realmente no se fueran a producir.

Sí compartimos, en cambio, el contenido de la enmienda socialista, en este caso de adición, en parte coincidente con la que presentó el Grupo Parlamentario Popular, pero que en cierta medida es contradictoria, aunque vaya a ser aprobada conjuntamente con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Digo contradictoria porque además es generadora de una posible inseguridad jurídica. Plantea que se adopte de manera urgente un cambio en la normativa legal para adaptarla al contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional, pero a su vez dice que tenemos que reformar posteriormente el conjunto del impuesto. Durante todo ese espacio de tiempo habrá una inseguridad jurídica en la que los ayuntamientos y los contribuyentes no sabrán exactamente cuál va a ser el contenido final de la normativa que afecte al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos. Por tanto, tampoco puede ser apoyada por nuestra parte. Creemos que tiene más rigor y coherencia que se estudie en el marco de esa comisión de expertos, Gobierno y representantes de la Federación Nacional de Municipios y Provincias, y que se llegue a una reforma global del impuesto con aquiescencia de todas las partes. Pero como resulta imposible que podamos pedir ahora votación separada para apoyar la que sería la parte de enmienda del Grupo Socialista por ser una transaccional, votaremos en contra de esta proposición no de ley por los argumentos anteriormente referidos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Camps.

Tiene la palabra la señora Sagastizabal, del Grupo Vasco.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Nosotros en estos temas nos solemos abstener y así lo vamos a hacer, pero sí quiero comentar dos cosas. Es verdad que el Tribunal


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Constitucional ha anulado el impuesto municipal de plusvalía en una sentencia que atiende parcialmente a los argumentos de un contribuyente de Irún, declarando nulos algunos artículos de la norma foral 19/1989 de Guipúzcoa, que regula los impuestos municipales del territorio. La sentencia dictada nos va a obligar a reformar este impuesto local, es verdad; nos corresponde llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones del régimen legal del impuesto que permitan no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Ya he dicho que nos solemos abstener cuando hablamos de estos impuestos, pero entendiendo que este fallo constitucional, como he dicho, nos obliga a la revisión y a la modificación del mismo en el sentido expuesto en la sentencia, quiero decir que ya estamos trabajando en ello en el País Vasco.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Honorato.

La señora HONORATO CHULIÁN: Hoy valoramos esta PNL sobre la reforma del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana para su debate en esta Comisión. Esta proposición no de ley trae causa, específicamente, de la sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de febrero y hemos de decir además que ya hay una segunda sentencia del 1 de marzo. Ambas tienen idéntico contenido con idéntico pronunciamiento. El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en su configuración actual, que trae causa directamente de la Ley 39/1988, reguladora de las haciendas locales, lo definió como un impuesto de los llamados potestativos, por lo que los ayuntamientos podían decidir establecerlo o no. Esta configuración parte de un sistema objetivo de determinación del incremento del valor, de manera que se tienen en cuenta dos variables; por un lado, el valor catastral del suelo del inmueble en el momento de la transmisión y, por otro, el tiempo transcurrido desde la transmisión inmediata anterior. La configuración del impuesto no ha sufrido variaciones sustanciales desde su entrada en vigor el 1 de enero de 1990. ¿Qué ocurre ahora? Que se han producido las sentencias del Tribunal Constitucional, en las que se declara la inconstitucionalidad de determinados preceptos de las normas forales de Guipúzcoa y de Álava, en la medida en que se someten a tributación situaciones de inexistencia de incremento de valor por considerarse que no hay una manifestación de capacidad económica.

Cabe destacar en estas sentencias algunas cuestiones fundamentales. En primer lugar, la declaración de inconstitucionalidad no supone la nulidad de los artículos de la Ley de haciendas locales que regula el impuesto, ya que la inconstitucionalidad se declara solo en la medida en que no exista incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. En segundo lugar, es cierto que el Tribunal Constitucional se remite para la determinación de los supuestos en los que no existe incremento de valor a lo que diga el legislador, de manera que hasta que no se pronuncie no es posible resolver definitivamente esta cuestión. En tercer lugar, la sentencia del Tribunal Constitucional no limita los efectos a las sentencias propiamente dichas, por lo que es posible aplicar el fallo de las mismas a todas aquellas situaciones que no hayan adquirido firmeza siempre que, evidentemente, se trate de la aplicación de las normas forales que han sido declaradas inconstitucionales. Existen, sin embargo, en este momento diversas cuestiones de inconstitucionalidad que sí que están promovidas por diversos juzgados ante el Tribunal Constitucional y es de prever que este se pronuncie en un sentido prácticamente idéntico al que lo ha hecho en las dos sentencias anteriores. Todo esto provoca una clara inseguridad jurídica tanto desde el punto de vista del contribuyente como desde el punto de vista de los propios ayuntamientos. Desde el punto de vista del contribuyente porque existen muchas incertidumbres no resueltas por el Tribunal Constitucional que pueden dar lugar a que, en función de quien resuelva la cuestión, el resultado sea uno u otro. Se desconoce lo que el legislador calificará como una situación sin incremento de valor y cómo van a actuar los ayuntamientos implicados que tendrán que resolver asuntos en los que sí se cuestiona la existencia de este incremento de valor. Pueden darse situaciones diversas de resolución de estas demandas. Desde el punto de vista de la Administración Local, también se genera una situación de inseguridad jurídica porque al aumento desmedido de las lógicas reclamaciones que van a sobrevenir se añade el desconocimiento sobre qué impacto económico puede traer. Consideramos que es urgente y absolutamente prioritario actuar efectuando las oportunas modificaciones legislativas, que permitan dar seguridad jurídica a esta situación para que, por una parte, la ciudadanía tenga derecho a que se aclare


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qué supuestos pueden ser gravados y cuáles no y, por otra, para aclarar la situación a los ayuntamientos, actuando eso sí en esta modificación legislativa con la participación y cooperación de los municipios, teniendo en cuenta el impacto económico que pueda causar y cómo se puede afrontar el mismo.

Por último, esta problemática pone de manifiesto una cuestión mucho más global y general, de la que hemos hablado en esta Comisión en más de una ocasión, que es la urgente necesidad de pensar en un nuevo modelo de financiación local que respete la autonomía municipal y que surja de un proceso participado con los municipios y la ciudadanía para que haga posible ciudades con derechos en este país.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Entiendo que se admite solamente la enmienda del Grupo Socialista o también la del Grupo Mixto.

El señor DE LA TORRE DÍAZ: No, se admite solamente la enmienda del Grupo Socialista que, como es de adición, queda redactado todo seguido, por lo que no hace falta transaccional.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo.

- SOBRE LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001533).

El señor PRESIDENTE: Por tanto, pasamos al punto 9.º del orden del día, proposición no de ley sobre la calidad del gasto público, presentada por el Grupo Popular. En su nombre tiene la palabra la señora Madrazo.

La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, presidente.

Mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, presenta una proposición no de ley que tiene como objetivo continuar mejorando la calidad de nuestro gasto público, con una estructura de gasto que permita seguir impulsando el crecimiento económico y la creación de empleo al mismo tiempo que cumplimos nuestros objetivos de consolidación fiscal y, lo que aún es más importante, que sea sostenible en nuestro Estado del bienestar y en nuestro nivel de protección social. En esto todos los grupos políticos aquí representados estaremos de acuerdo. Si fijamos este objetivo con los pies en el suelo, sin planteamientos demagógicos y con la calculadora en la mano, todos estaremos de acuerdo en que ese es el objetivo en los próximos años.

Por eso, señorías, si analizamos la evolución de nuestras finanzas públicas podemos comprobar que hemos dado en los últimos años, en la última legislatura, un salto verdaderamente de gigante. En ese salto han tenido que ver tanto las administraciones públicas -a todos los niveles- como los ciudadanos, porque hemos hecho un enorme esfuerzo de consolidación fiscal y hemos reducido a la mitad -nada más y nada menos- nuestro déficit fiscal; hemos pasado de tener en el año 2011 el 9,3 % del PIB al 4,6 % que vamos a cumplir holgadamente, según las previsiones que ayer avanzó el ministro de Hacienda, en el año 2016. Por tanto, ha habido un ajuste fiscal muy importante, de 50.000 millones de euros aproximadamente, en los últimos cinco años. Es necesario recalcar que sí ha habido una reducción de gasto público pero, señorías, no se confundan, no se ha reducido en absoluto el gasto social, como repite machaconamente la oposición ya que a lo largo de la mañana lo he escuchado en muchas intervenciones. Sencillamente, no es verdad porque los números están ahí, los números cantan, y nos dicen que el dinero dedicado a gasto social en 2016 ha sido de 4.789 millones de euros, superior al de 2011. Luego tenemos que hablar con los números en la mano y, esos números demuestran que es verdad que ha habido una reducción del gasto público muy importante en España, situándose actualmente en el 42,5 % del PIB, pero también es verdad que se ha incrementado el dinero destinado a gasto social. En consecuencia, el peso de la sanidad, la educación y la protección social ha subido 3 puntos, pasando del 60,5 % del producto interior bruto en 2012 al 63,3 % en 2016. Por primera vez en la historia superamos los 300.000 millones de euros de gasto social.

Señorías, el objetivo del Gobierno, por supuesto, es mantener un ritmo del gasto público que sea inferior al ritmo del crecimiento económico medido en términos nominales. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir reducir la deuda pública a medio plazo y, como desean el Gobierno y este grupo parlamentario, seguir con reducciones de impuestos como el IRPF, que, si la situación económica lo permite, se hará a lo largo de esta legislatura. Es verdad que España ha hecho un ambicioso proceso de consolidación fiscal


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y ha sido preciso actuar sobre los ingresos y sobre los gastos, pero el Gobierno no ha efectuado esos ajustes de manera indiscriminada, sino que han sido unos ajustes que se han hecho con alma. No se han hecho sumas y restas sin más indiscriminadamente, porque se han seleccionado con cuidado qué políticas de gasto tenían que preservarse para mantener ese gasto social que ha seguido incrementándose durante los años de la crisis y durante el Gobierno del Partido Popular.

Como dije al principio, ha sido muy importante ese esfuerzo de todas las administraciones y de todos españoles, pero yo creo que deberíamos tomarlo como un éxito colectivo porque hoy, a pesar de la dificilísima coyuntura económica que hemos atravesado, crecemos, creamos empleo y cumplimos nuestros compromisos de consolidación fiscal, pero no se ha visto afectado el gasto social, y ese es y tiene que seguir siendo nuestro objetivo. Una política presupuestaria rigurosa y realista que ha aplicado el Gobierno del Partido Popular ha conseguido compatibilizar todos esos objetivos, y yo creo que todos los grupos aquí representados tenemos que estar orgullosos. Ahora bien, de cara al futuro, ¿por qué hemos presentado esta iniciativa? Porque el Gobierno va a mejorar la calidad del gasto público, al apostar por una estructura de gasto que priorice -priorice, repito- las políticas de educación, de sanidad, de investigación y desarrollo, al mismo tiempo que mantendrá el gasto destinado a la protección social, porque ese también es un objetivo del Partido Popular y del Gobierno del Partido Popular. Por ello, el Gobierno ha asumido el compromiso de llevar a cabo una revisión del gasto público en 2017 mejorando su calidad, eliminando gastos superfluos ineficientes y apostando por garantizar la protección social, y así lo ha recogido expresamente el Gobierno en el plan presupuestario remitido a la Comisión Europea el pasado 9 diciembre.

Por eso hemos aceptado la enmienda presentada por Ciudadanos en ese sentido, porque la mejora de la calidad del gasto público requiere un análisis exhaustivo y minucioso del gasto que realizan no solo la Administración del Estado, sino el conjunto de las administraciones. El principal objetivo va a ser determinar qué áreas de gasto se pueden identificar como posibles áreas de mejora en la eficiencia de ese gasto, eliminando duplicidades y fomentando las sinergias entre administraciones.

En este contexto, señorías, los Presupuestos Generales del Estado para 2017, que también se han mencionado aquí a lo largo de esta mañana, son una gran oportunidad para todos. ¿Por qué? Porque son una pieza clave para impulsar un gasto público más eficiente y, por tanto, una estructura de gasto que siga impulsando nuestro crecimiento económico y nuestra creación de empleo, pero preservando y mejorando nuestro gasto social. Nosotros somos conscientes, y el Gobierno es consciente, de que esta ecuación no es fácil, sino que es muy difícil de resolver. Los recursos, señorías, siempre son escasos. Nos encantaría que fuesen ilimitados, pero la primera lección que recibimos en economía es que hay que priorizar recursos porque son escasos. Y las propuestas, que son inviables, no nos conducen a nada positivo, solo nos conducen a la frustración. Por tanto, bajar ingresos, subir al mismo tiempo gastos y cumplir nuestros compromisos de consolidación fiscal es sencillamente imposible y todos lo sabemos, como sabemos que si aumentamos los gastos en mayor medida que nuestros ingresos, una de dos: o lo financiamos con más impuestos para los que pagamos ahora o lo financiamos con más deuda pública para que lo paguen nuestros hijos. No hay más alternativa. Por tanto, la 'prueba del algodón' para saber si la mayoría de las fuerzas de oposición se apuntan a una política de responsabilidad, de diálogo...

El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando, señora Madrazo.

La señora MADRAZO DÍAZ: Sí, voy concluyendo.

..., de abandono de los intereses partidistas, son los Presupuestos Generales del Estado. Se trata de seguir en esta senda de la estabilidad política, se trata de seguir por la senda de la recuperación sin olvidar, por supuesto, la correcta financiación de nuestras comunidades autónomas y una oferta de empleo público que reduzca la interinidad. También de eso se ocupa el Gobierno y por eso hemos incorporado la enmienda del Partido Demócrata de Cataluña. Así pues, hoy tenemos una nueva oportunidad para el acuerdo. Queremos alcanzar un amplio consenso con esta iniciativa que demuestre que por encima de ideologías nuestro compromiso es con España y con los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Entiendo entonces que acepta las dos enmiendas, señora Madrazo.

La señora MADRAZO DÍAZ: Sí, sí, hemos hecho una enmienda transaccional.


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El señor PRESIDENTE: Perfecto.

Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Mixto el señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.

Hemos presentado una enmienda, simplemente, para dejar constancia de que más allá de que estemos de acuerdo en la mejora de la calidad del gasto público -en la línea que se apunta en esta bienintencionada PNL que presenta el partido que sustenta al Gobierno-, esto debe ir acompañado de una mejora de la financiación de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales que son, al fin y al cabo, las que gestionan en mayor proporción todo el gasto social. Y lo hacemos porque corre el peligro de que, sobre todo en las entidades locales, que han tenido un gran comportamiento a lo largo de los últimos años, y que son las que mejor han cumplido el objetivo de consolidación fiscal, se les diga ahora que, como ya están consolidando fiscalmente y no generan déficit, que están bien financiadas. Todos los de esta sala sabemos que no es verdad, que están infrafinanciadas y, si lo han hecho, ha sido con un gran esfuerzo y seguramente dando ejemplo de calidad en el gasto público. Por lo tanto, sería bueno que otros niveles de la Administración pudieran verse reflejados en la actitud y forma de gestionar el gasto público que han tenido las corporaciones locales.

Dicho esto, quiero hacer una matización en relación a las palabras de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular cuando apela a los grupos de la oposición para que apoyemos unos presupuestos que todavía no hemos visto. Seremos tan responsables o no y actuaremos de acuerdo con nuestro propio criterio. Que no apoyemos los presupuestos, si este es el caso, no significará que no estemos comprometidos en mejorar la calidad del gasto público, en que nuestros diferentes niveles de Administración sean eficientes en gasto público, y no se preocupen, que vamos a tener ocasión de debatir en relación a los Presupuestos Generales del Estado. Pero, como yo ya he repetido en varias ocasiones en esta Comisión, es muy difícil debatir sobre algo que no conoces y, claro, cuando te hacen apelaciones constantes para que te adhieras a unas cuentas que ni las conocemos, porque si no al final no eres patriota, pues es complicado, es difícil.

De todas formas, para que no tengan ningún tipo de sorpresa, ya les avanzo que desde Partit Demòcrata, o cambian el rumbo de cómo han elaborado los presupuestos a lo largo de los últimos años o difícilmente van a contar con nuestro apoyo.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor De la Torre. (Rumores).

Perdón, el señor Roldán.

El señor ROLDÁN MONÉS: Estamos confundidos con el Grupo Ciudadanos.

Para empezar, me he quedado un poco sorprendido de que el Grupo Popular traiga una propuesta de mejora del gasto, y resulta un poco irónico cuando se miran algunos de los desastres y despilfarros que se han hecho a lo largo de los últimos años, compartidos en gran parte por el resto de los viejos partidos de esta Cámara. En todo caso, celebro que el Partido Popular haya decidido aceptar nuestra enmienda, que es básicamente el punto 2 del acuerdo de investidura que pedía un spending review, una revisión del gasto público serio, hecho de manera independiente, porque sabemos que cuando no se hace de manera independiente no acaba de funcionar demasiado bien -lo hemos visto con la CORA- el ahorro. Como digo, se han comprometido a ahorrar en el punto 2 del acuerdo -esperemos que lo cumplan- 1.000 millones de gasto en duplicidades y en burocracia, que hace tiempo que tendría que haberse hecho.

Decía la portavoz, la señora Madrazo, que se han hecho ajustes con alma. No sé qué tipo de alma perversa tienen algunos (Risas), pero le voy a dar algunos ejemplos. Decía también en su intervención que los números cantan, y le voy a dar algunos datos sobre el despilfarro que ha hecho su Gobierno a nivel estatal y compartido con algunos otros partidos a nivel autonómico: Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, 1.280 millones, 900 millones de sobrecoste y, ahora mismo, se está cayendo a trozos; Ciudad de la Cultura de Santiago, 400 millones, 280 de sobrecostes y todavía no se ha terminado; Expo de Zaragoza, 2.250 millones, con pérdidas de 500 millones y no se utiliza; la Caja Mágica de Madrid, 300 millones, 175 de sobrecostes y casi no se utiliza; Ciudad de la Luz de Alicante, 350 millones, 250 de sobrecostes, provocó una sanción de la Unión Europea por ayudas ilegales y quebró; Palma Arena de Mallorca, 110 millones, 70 de sobrecostes, sin utilizarse durante años y con corrupción de Jaume Matas. (La señora Madrazo Díaz: Eso no es así). Tengo una lista eterna, pero podemos hablar un poquito más de


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infraestructuras. Autopistas radiales, quebradas y rescatadas, entre 4.000 y 5.000 millones; aeropuerto de Ciudad Real, 1.100 millones y no se utiliza; aeropuerto de Castellón, 150 millones y cerrado durante años; aeropuerto de Murcia, 280 millones y no se utiliza (Rumores); aeropuerto de Huesca, 70 millones y 100 pasajeros al año -la previsión era de 160.000 pasajeros-. (Rumores). Hay una lista eterna.

Simplemente, me parece irónico que el Grupo Popular venga a proponernos sensatez en el gasto público cuando se han hecho despilfarros tan obscenos durante los años del boom en este país. Como digo, espero que cumplan. Al menos, si esta vez lo hace una agencia independiente como la Airef -como se han comprometido en el punto 2 del acuerdo- esperemos ahorrar en esas duplicidades y que dejen de meter la mano en el bolsillo de la clase media, como han hecho con la subida de impuestos pactada con el Partido Socialista de 8.000 millones este año. Por favor, no nos diga que bajan impuestos cuando acaban de subir 8.000 millones y en la última legislatura han hecho la mayor subida de impuestos de toda la democracia. (La señora Madrazo Díaz: Eso no es cierto). Esa es la conclusión de lo que nos parece.

Para concluir, veremos cómo queda al final la PNL y decidiremos el voto.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Roldán.

En nombre del Grupo Vasco, tiene la palabra la señora Sagastizabal.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Intervendré muy brevemente.

Se formula una PNL muy genérica como instrumento de acción política del Gobierno. No hay una aportación concreta y, por tanto, se me hace difícil votar favorablemente algo que no sabemos cómo va a acabar, ya que hablamos de mejorar la calidad del gasto público. Entendemos que es un concepto indeterminado y no sabemos bien a qué se refiere. Estamos de acuerdo con la mejora de la calidad del gasto público, pero debe ir acompañado de algunas medidas concretas y desconocemos qué gastos son.

Veremos cómo queda al final la PNL.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En nombre del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor González.

El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Muchas veces se dice que las proposiciones no de ley son un brindis al sol, pero lo que nos trae hoy aquí el PP se acerca mucho a la tomadura de pelo. (Risas). El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar mejorando la calidad del gasto público, apostando por una estructura de gasto que impulse el crecimiento económico y la creación de empleo al tiempo que haga viable nuestros compromisos de consolidación fiscal y sostenible el nivel de protección social. Muy bien, qué esperan que debatamos ante esto. ¿Quieren que hagamos una enmienda que termine diciendo que sean felices y coman perdices? Si no tienen nada que presentar, pueden ceder su cupo a quienes sí tenemos iniciativas que proponer. (Risas). De todas formas voy a aprovechar el turno para hablar sobre el gasto público del Gobierno.

Si medimos el gasto público en general como porcentaje del PIB, el gasto se ha reducido en 4,7 puntos entre 2012 y 2015, unos 50.000 millones. Y continúa: el gasto en relación al PIB pasó del 45,8 %, en 2015, al 42,4 %, en 2016, y pasará al 41,3 %, en 2017, tal y como se establece en sus previsiones del Plan económico y financiero y en el techo de gasto aprobado con los votos de Ciudadanos, PNV y PSOE, alejándonos cada vez más de la media europea, que está en el 47,4 %. Además, desde hace varios meses venimos oyendo decir al PP que el gasto social ha aumentado durante los últimos cinco años. El cenit de esta bola fue el debate del 26-J, cuando Rajoy enseñó un gráfico manipulado en el que enseñaba la evolución del gasto social en los últimos años. Tengo aquí el gráfico. (Mostrándolo). Aparte de la evidente desproporción de las columnas en las que se indican los aumentos de forma desproporcionada, en su gráfico no incluyen los gastos en sanidad y educación. Si se incluyen las tres partidas, sanidad, educación y protección social, que son las que hay que incluir como gasto social, en el año 2015 el gasto alcanzó los 293.115 millones, un 1,1 % menos de lo que había al inicio de la legislatura. Claro que el gasto en protección social ha aumentado en los últimos años, pero porque ha aumentado el gasto en desempleo y el gasto en pensiones, algo que se produce automáticamente cuando aumenta el desempleo y se reducen las cotizaciones; por eso se llaman estabilizadores automáticos, no políticas sociales.

Estaría bien que especificara a qué se refiere con calidad del gasto, porque en este país no nos hemos gastado el dinero en alcohol y mujeres (Risas), como dice Dijsselbloem -bueno, salvo casos


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puntuales, como el de Caunedo, exalcalde del Partido Popular en Oviedo-, pero sí se han derrochado recursos públicos en rescatar autopistas privadas, en aeropuertos sin aviones, en sobrecostes de miles de millones de obra pública que acababan en las empresas de sus amigos, en el rescate a bancos administrados por exministros suyos o en las externalizaciones o subcontrataciones, que disparan también los costes y los sobrecostes. (La señora Madrazo Díaz: Otra vez lo mismo). No se puede sorber y soplar a la vez. Si ustedes han sido los alumnos más aventajados de la troika y han ejecutado los mayores recortes de la historia de la democracia, es evidente que luego no pueden venir aquí a presumir de calidad del gasto público y de gasto social. Hay dos vías posibles, afrontar una verdadera reforma fiscal aumentando los ingresos para aumentar el gasto social y la inversión pública, y así cerrar la brecha social y productiva y acercarnos a la media europea, o seguir la senda de los recortes y la mínima inversión que nos acerca a los países menos desarrollados. Está claro que ustedes han elegido la segunda.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el polo señor Galeano.

El señor GALEANO GRACIA: Gracias, señor presidente.

Señorías, se ha amenizado un poquito al debate de esta PNL, pero yo tenía ya preparada la introducción. No sé si recuerdan sus señorías una película española que se titula Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo. (Risas). No quiero ya profundizar en este debate que se ha exaltado, pero lo digo porque hablan ustedes de gastos, señorías, y realmente todos deberíamos hablar sobre ingresos. ¿Ustedes de verdad consideran, señorías del Grupo Popular, que si el señor Draghi no hubiera dicho en aquel verano del año 2012 aquellas palabras mágicas de haré todo lo que sea necesario y como sea necesario, ese crecimiento sería el que es? ¿Recuerdan ustedes los niveles de prima de riesgo que tenían ya bajo el Gobierno del señor Rajoy? ¿Recuerdan ustedes los niveles de desempleo que tenían incluso durante el mandato del señor Rajoy en aquellos momentos? Y qué decir de los costes energéticos, del nivel de petróleo. ¿Qué me dicen ustedes de los intereses de las hipotecas, que han bajado de tal manera que han permitido un desahogo en el bolsillo de nuestros ciudadanos -muchos endeudados, como sabemos-, y los consiguientes beneficios que provocan esos descensos en el bolsillo de todos nuestros ciudadanos de cara al consumo? ¿Tendrá algo que ver en este crecimiento económico, señorías, estos factores y no tanto su alegato continuo a la consolidación fiscal, a esas políticas de austeridad en las que no yo sino organismos como el FMI o la OCDE nos insisten?

Como usted dice, señora Madrazo, los datos reales son los que son, y nos dicen que España se sitúa 3 puntos por debajo de la media de la eurozona en cuanto a porcentaje de gasto social en función del PIB, superándonos países miembros no demasiado boyantes, económicamente hablando, como pueden ser nuestros vecinos portugueses o las economías intervenidas como la griega. España ocupa el puesto decimotercero de una clasificación encabezada por países que todos conocemos, como Francia, Dinamarca, Finlandia. Además, como decía algún otro portavoz aquí anteriormente, si profundizamos en la lectura de las partidas de este gasto, hay conclusiones muy claras que contradicen el mensaje que ustedes nos manifiestan en defensa de esa protección social que han esgrimido. España gasta menos que la media en porcentaje sobre el total de las prestaciones sociales tanto en sanidad, como en familia, en infancia o en vivienda, donde nos encontramos 3, 4 o 5 puntos por debajo de la media europea. El gasto social se mantiene exclusivamente por el aumento que ha destinado esta partida al pago de nuestras pensiones. Prácticamente la mitad del presupuesto en gasto social, señorías, se dedicó a pensiones, lo que representa actualmente el 49 %, como digo, del total. En este caso, sí estamos por encima 3 puntos de la media europea.

Hablan ustedes de una combinación de ingresos y gastos adecuada en esta PNL. Señorías, ¿cuándo van a proponer, como dice algún otro portavoz también, una recaudación mayor y mejor? Y no hablamos de subir impuestos a los de siempre. Seguramente tendrían nuestro apoyo para acometer esa reforma fiscal, un auténtico big bang en materia fiscal, que este país necesita y que nos permitiría igualar el gasto social con los líderes europeos y no ocupar el furgón de cola que ahora ostentamos en cuanto a ingresos públicos. No se trata señorías, como digo, de subir impuestos. En algunos casos sí hay que subir impuestos, porque se trata de que el país tenga la recaudación que necesita para permitir que tengamos los ingresos suficientes y que no lancen ese mensaje típico de que la vaca no da más de lo que da. Hagamos que la vaca dé más leche, que la vaca ría un poquito mejor para todos.


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A pesar de estas puntualizaciones, entiendo que críticas a su PNL, como ha dicho algún otro portavoz, no podemos negarnos a votar a favor de una consideración tan sumamente light como está PNL.

Gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Entiendo, entonces, que se va a hacer una transaccional, que es la que se ha presentado ya? (Asentimiento).

- RELATIVA A IMPULSAR LA REFORMA DE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001534).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, que es el número 10.º, relativo a impulsar la reforma de la financiación autonómica, también del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora López.

La señora LÓPEZ ARES: Gracias, señor presidente.

Antes de pasar a la proposición no de ley, quisiera decir al señor portavoz del Grupo Ciudadanos que cuando quiera hablamos de la reducción de impuestos. Un 72 % de los ciudadanos con rentas inferiores a 24.000 euros han tenido una bajada del IRPF en un 23,5 %. Igualmente, cuando quieran, hablamos de la reducción en el impuesto de sociedades, que ha tenido no solo bajadas en el tipo, sino también bonificaciones y exenciones fiscales. (Aplausos). Lo mismo le digo al señor portavoz de Podemos. Aquí podemos hablar de política grande o podemos hablar de casos concretos. Podemos hablar también de don Ramón Espinar, padre, respecto a los gastos con esas famosas tarjetas black. (Rumores.-Risas.-Una señora diputada: Que no es de Podemos, es del PSOE).

En vez de entrar en estos temas, tenemos que trabajar en lo que es el futuro y en las medidas que benefician a los ciudadanos. En este caso, estamos hablando de un elemento fundamental, que es la financiación autonómica. El 15 de julio del año 2009, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó el modelo de financiación autonómica que tenemos en nuestro país en estos momentos. Podemos decir que existe un amplio consenso en que este modelo de financiación se aprobó sin que existiese ese necesario consenso. Simplemente, tenemos que fijarnos en que ese modelo de financiación autonómica se aprobó con diez votos a favor, siete votos en contra y dos votos de dos comunidades autónomas que tradicionalmente no participan en esta votación. Tenemos que destacar que en este modelo de financiación que se aprobó sin consenso hubo una importante ampliación de la cesión tributaria y este modelo que se aprobó sin consenso se caracterizó por un modelo complejo y por un sistema complejo de transferencias, con el Fondo de suficiencia global, con el Fondo de garantía de servicios públicos, con los fondos de convergencia. Por lo tanto, nos encontramos en la actualidad con un modelo que, vuelvo a repetir, es un modelo complejo y que se aprobó sin consenso, pero también sin transparencia, porque en ese modelo no hubo transparencia ni en la negociación, ni siquiera incluso en la aprobación, ya que muchas de las comunidades autónomas, o todas las comunidades autónomas, incluso las que apoyaron este modelo de financiación autonómica, no conocieron realmente hasta el año 2012 cómo iba a afectar a los ingresos de sus propias comunidades autónomas. Resultado de este modelo de financiación aprobado con falta de consenso y con falta de transparencia es la situación que tenemos en estos momentos. Como decía, es un modelo con una excesiva complejidad, debida a la diversidad de fondos y criterios de reparto. Es un modelo que en las situaciones de crisis ha mostrado una falta de respuesta debido a que la escasez de recursos, provocada por la caída recaudatoria, impide la financiación de un gasto autonómico, que es un gasto muy inelástico, de tal forma que esta reforma del año 2009 se ha visto que no ha sido capaz de incorporar uno de los objetivos que debía haberse perseguido, que es el garantizar una suficiencia dinámica al sistema. Además, también estamos hablando de que este modelo se caracteriza por que el espacio fiscal sobre los tributos cedidos que ofrece el sistema de financiación autonómica ha sido escaso para algunas comunidades autónomas, mientras que otras han considerado que podía dar lugar a importantes diferencias territoriales. En definitiva, estamos en estos momentos ante un sistema de financiación autonómica en el que yo creo que existe un consenso amplio sobre la necesidad de proceder a su cambio. En este sentido, yo creo que hay que destacar el trabajo que ya se ha iniciado desde principios de este año, en el año 2017, con esa Conferencia de Presidentes de comunidades autónomas, en la que se llegó a importantes acuerdos en diferentes materias, social, de empelo, de educación, pero


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sobre todo en el modelo de financiación autonómica. También hay que destacar ese consenso de trabajar desde un punto de vista político y desde un punto de vista técnico, con la comisión de expertos y con el comité técnico de evaluación.

Nosotros entendemos desde el Partido Popular que en este modelo de financiación autonómica habría que destacar que deben incorporarse los siguientes aspectos: la necesidad de diseñar un sistema de financiación más sencillo, más transparente y más predecible que el que tenemos; la necesidad de que se garantice la suficiencia de los recursos de las comunidades autónomas para que puedan financiar las competencias que son propias; que se preste especial atención a la suficiencia de recursos para la financiación de los servicios públicos fundamentales con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del Estado de bienestar; la revisión de las variables que definen la diferencia de costes de prestación de servicios entre las diferentes comunidades autónomas, incluyendo singularidades como pueden ser las diferencias territoriales o también las características demográficas de las comunidades autónomas, como puede ser el envejecimiento que sufren algunas de las comunidades autónomas; fundamental la mejora del sistema de pagos de las comunidades autónomas para que no se vuelvan a encontrar con las dificultades y las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009; y la importancia -y hoy se ha hablado aquí también de financiación local- de la necesidad de acompasar los trabajos de la modificación o de la reforma del sistema de financiación autonómica con los correspondientes a la reforma de los sistemas de financiación local. Estos son los elementos que deberán ser considerados por esa comisión de expertos y posteriormente también por esa comisión de técnicos de evaluación. De esta forma, tendremos que intentar llegar a un sistema de financiación autonómica que recoja de forma equilibrada las diferentes reivindicaciones y sensibilidades, pero considerando, como decía anteriormente, dos variables: la variable política, pero sin olvidar también esa variable técnica. En ese sentido, la búsqueda de este equilibrio tiene especial importancia en este nuevo diseño del sistema de financiación autonómica, en el que es necesario conjugar principios y sensibilidades muy diversas. Y aquí queremos hablar de la equidad entre los territorios, de la capacidad fiscal de cada uno de ellos, de la corresponsabilidad fiscal y también de ese grado de armonización fiscal, y aquí hago referencia a la enmienda presentada por el Grupo Ciudadanos. El Partido Popular y el Grupo Parlamentario Popular están de acuerdo con ese cierto grado de armonización fiscal, tal y como recogimos en el acuerdo de los 150 puntos para la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Por eso tenemos que trabajar en conjugar estos principios. Para la búsqueda de estos equilibrios será imprescindible trabajar con la voluntad y el ánimo de encontrar un punto de acuerdo que satisfaga los distintos intereses autonómicos y generar el entendimiento entre todos los partícipes del proceso. Hablo de acuerdo, hablo de entendimiento si queremos volver a tener un modelo de financiación autonómica que dé respuesta a las necesidades de todas y cada una de las comunidades autónomas.

En aras a ese acuerdo y ese entendimiento hemos llegado a una enmienda transaccional con el Grupo Parlamentario Socialista, en la que hemos incorporado dos puntos a los puntos iniciales de la propuesta del Grupo Parlamentario Popular, de forma que incorporamos la necesidad de que el nuevo sistema de financiación, como no debe ser de otra manera, debe garantizar la igualdad y la suficiencia financiera para todas las comunidades autónomas, y además también que el grupo de expertos analice los déficits de financiación que han soportado las comunidades autónomas y el efecto que han tenido sobre la deuda autonómica, proponiendo el uso de los mecanismos de compensación tal y como aparece en la Lofca. Estamos hablando, señorías, de un elemento fundamental para el futuro de nuestro país como es la financiación de las comunidades autónomas, como es la financiación de las corporaciones locales, y de que salga un buen acuerdo en esta modificación del sistema va a depender el bienestar de los ciudadanos y el bienestar, al final, de todos los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Se han presentado dos enmiendas, como bien ha comentado la ponente. En nombre del Grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor de la Torre.

El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.

Aquí se ha referido la portavoz del grupo proponente a los impuestos y a lo que opina de los impuestos el Grupo Ciudadanos; yo no lo sé, porque lo cierto es que todo esto es un tanto contradictorio. Ustedes presumen de bajar impuestos y lo último que llevaron a esta Cámara fue una subida en concreto del impuesto sobre sociedades de más de 4.000 millones de euros. También es sorprendente que al final el


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texto recogido en la enmienda transaccional que han firmado con el Grupo Socialista viniese al Pleno de esta Cámara hace unos meses y ustedes votasen en contra, a diferencia de todos los demás grupos, que votamos a favor. En cualquier caso, nosotros hemos presentado una enmienda que ustedes dicen que son favorables a ella pero que en el día de las contradicciones no admiten, diciendo que habría que avanzar en la armonización fiscal de los diversos territorios para que los ciudadanos no paguen de una forma enormemente diferente en unos territorios y en otros por la realización de los mismos hechos imponibles. Bueno, tampoco es extraño, en un día en el que dicen que están a favor del Tribunal Constitucional y no quieren tomar ninguna medida y no votan a favor de tomar medidas para que se cumplan sus sentencias, que les diga que hace dos años el Tribunal Constitucional, declarando la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones de Valencia, la diferencia de cien a uno por el mero hecho de residir en un sitio o en otro no es un criterio razonable de reparto de las cargas públicas. Todo esto, efectivamente, en nuestra opinión tiene muchísimo que ver con el modelo de financiación autonómica -en nuestra enmienda- porque básicamente un modelo de financiación autonómica son ingresos y también son gastos. Son ingresos y, por tanto, son impuestos; y no nos resulta chocante que no quieran bajar impuestos, eso sabemos que no quieren, que en realidad no lo hacen, sino que lo que nos resulta chocante es que se firme un acuerdo de investidura y que luego, cuando se quiere trasladar a una proposición no de ley, sencillamente no lo consideran oportuno porque ya nos comunicó el Partido Socialista que sí que estaba de acuerdo con avanzar en la armonización fiscal de las comunidades autónomas. No obstante todo lo demás, como le decimos, en el Congreso de los Diputados, en el Pleno, hace unos meses, en la anterior legislatura se aprobó un texto prácticamente igual a este con nuestro apoyo. Nosotros efectivamente estamos a favor de reformar un sistema de financiación autonómica que ha fallado mucho en el sentido de que hay unos déficits de financiación muy importantes y no hay una adecuada corresponsabilidad fiscal en las comunidades autónomas, y es algo que tenemos que resolver para tener un sistema más justo y más responsable. Por consiguiente, nosotros votaremos a favor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor López Milla.

El señor LÓPEZ MILLA: Muchas gracias, presidente.

Efectivamente, el actual sistema de financiación autonómica se aprobó en 2009, cuando apenas había transcurrido un año desde la quiebra de Lehman Brothers y España todavía no había padecido los efectos más duros de la crisis que hemos sufrido desde entonces. Es verdad que en 2009 los ingresos públicos ya habían empezado a rebajarse, pero todavía se rebajaron más, todavía cayeron más a partir de 2009. El sistema de financiación autonómica es cierto que se aprobó en 2009, pero se construyó a partir de la última liquidación del sistema que había disponible en ese año, que era la del año 2007, un año muy diferente en el que todavía la recaudación se encontraba en máximos, coincidiendo con la etapa más favorable del ciclo. Después se han adoptado medidas que han permitido aumentar los ingresos públicos, como el aumento del IVA o del IRPF, que son impuestos parcialmente cedidos a las comunidades autónomas, pero es que no han servido para mejorar su financiación porque el modelo de reparto detrae del Fondo de suficiencia el crecimiento de los ingresos que produce el aumento de esos impuestos cedidos. Esto dice la norma que regula el sistema, pero también dice que a los cinco años de la entrada en vigor del modelo era necesario llevar a cabo una revisión del funcionamiento del sistema, de las consecuencias de su aplicación, para determinar posibles cambios y corregir desajustes. Esa revisión, por tanto, se tenía que haber llevado a cabo en el año 2014 y el Gobierno decidió aparcarla; por cierto, después de haberla anunciado expresamente, de haber constituido una comisión técnica para estudiarla y de haber pedido a los Gobiernos autonómicos que presentasen un informe con su opinión acerca del modelo vigente. Nunca se llevó la reforma al orden del día del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ni siquiera a las sesiones preparatorias del mismo. Nunca se convocó, a pesar de que hubo peticiones al respecto, una Conferencia de Presidentes para abordarla. A mediados de 2014 el Gobierno anunció que aplazaba la reforma y prorrogaba de facto el modelo aprobado en 2009 argumentando que el clima político era regular y que los distintos Gobiernos autonómicos discutían demasiado y estaban excesivamente centrados en agravios comparativos. Estas son las expresiones que utilizó el ministro de Hacienda en la rueda de prensa en la que anunció que aplazaba la reforma del sistema de financiación autonómica para dar prioridad a esa reforma fiscal que costó a las arcas públicas miles de millones de euros en 2015 para hacer un regalo fiscal que ha habido que revertir a las grandes corporaciones y a las rentas más altas.


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En la PNL que nos plantea el Grupo Popular básicamente lo que se hace es respaldar los acuerdos de la Conferencia de Presidentes, algo con lo que no podemos estar en desacuerdo, y también se hace referencia al principio de igualdad. Pero a nuestro juicio era muy importante que en esa propuesta de resolución apareciera también el principio de suficiencia, al que la portavoz del Grupo Popular ha hecho mucha referencia, pero no aparecía en la proposición del Grupo Popular, la suficiencia financiera de todas las comunidades autónomas y, sobre todo y fundamental, la corrección de los déficits de financiación existentes y la compensación de esos déficits de financiación, analizando el impacto que los mismos pueden haber tenido sobre la deuda pública autonómica. Porque, efectivamente, hay comunidades autónomas donde la deuda pública autonómica ha crecido más como consecuencia de los déficits derivados del sistema de financiación autonómica, del todavía vigente, que el Gobierno del Partido Popular prorrogó expresamente al no revisarlo, e incluso de los anteriores. En definitiva, nosotros nos alegramos de que el Grupo Popular haya aceptado básicamente los puntos fundamentales de nuestra enmienda porque esto va a suponer que el grupo de expertos, a instancias de la resolución que hoy va a aprobar el Congreso, tendrá que analizar esos déficits de financiación que han soportado las comunidades autónomas, tendrá que estudiar el impacto que esos déficits de financiación han tenido sobre la deuda de las comunidades autónomas, y propondrá, en su caso, como reza el texto de la transacción que hemos acordado, usar mecanismos de compensación tal y como la propia Lofca establece cuando se detectan déficits de financiación recurrentes que ponen en peligro la prestación de los servicios públicos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.

Yo creo que tenemos suerte de que celebremos estas comisiones en estas horas que son tan difíciles de conciliar porque no vamos a atraer la atención de mucho público, y yo creo que eso nos va a favorecer, porque en algún momento esto, aparte de la Comisión de Hacienda, parece el camarote de los hermanos Marx (Risas), porque claro, Ciudadanos afea al PP de que presume de bajar impuestos cuando suben impuestos porque lo hacen de la mano de los socialistas y el presupuesto lo van a pactar con ustedes. Hace un momento el señor Roldán me decía que no veía bien la propuesta de la reducción del tipo impositivo del IVA porque ellos eran no tanto de bajar impuestos, sino de repartir los impuestos que recaudaran. Claro, yo creo que aquí tenemos que fijar todos las ideas. Pero en todo caso, vayamos a la PNL que nos ocupa. Esta, seguro que es de cupo; esta, sí que no hay duda de que es de cupo, porque cuando el partido del Gobierno presenta una PNL que insta al Gobierno a impulsar una reforma del sistema de financiación autonómica de las comunidades autónomas que tendría que estar realizada hace dos años, que según el ministro ya está todo en marcha, pues si ya está todo en marcha y hay comisión de expertos, la Conferencia de Presidentes, la propuesta, ¿para qué impulsa? ¿Para qué estamos instando al Gobierno a que impulse algo que teóricamente está haciendo desde hace meses? Evidentemente, es propuesta de cupo sin ninguna duda. (Risas). En todo caso, saben cuál es nuestra posición en relación con este tema de la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Saben perfectamente cuál es la situación de Cataluña y, por tanto, ya les avanzo que nosotros en este punto no vamos a participar en la votación.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En nombre de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Han sido necesarias dos elecciones generales para que el Partido Popular se cayera del caballo y viese que era necesario -hablo de animales también, lo siento presidente- (Risas) modificar el actual sistema de financiación autonómico, por cierto, ya caducado, porque entró en vigor en 2009 y tenía que ser revisado a los cinco años, caducaba en 2013, y en 2014 debía entrar en funcionamiento un nuevo sistema. En el año 2013, en plena crisis económica, el señor Rajoy no quiso abrir el melón de la reforma y lo ha ido posponiendo. Por cierto, craso error. En todo caso, desde 2014 las transferencias que se han hecho desde el Gobierno central en concepto de financiación autonómica han estado a merced de la voluntad del Ministerio de Hacienda. El presidente Rajoy vino a sustituir la reforma por el Fondo de


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Liquidez Autonómica, el FLA, con el que quería responder a la necesidad de liquidez de las autonomías. Mientras tanto, y no voy a dejar de decirlo, el modelo de financiación vigente ha castigado cada año a Cataluña, que es la tercera en capacidad fiscal, pero que cae tras la décima posición en recursos recibidos. Una de las chapuzas seguramente más importantes de este modelo de financiación -por cierto, abro y cierro paréntesis; es mi cruz personal puesto que efectivamente, como me recuerda a menudo el ministro Montoro, Esquerra Republicana fue una de las artífices de este modelo- es la arbitrariedad del sistema de anticipos que hace que los ingresos que recibe la Generalitat de Catalunya en un año no se correspondan nunca con los impuestos que han pagado sus ciudadanos ese año. Por ejemplo, en el año 2014 la recaudación aumentó un 5 % en Cataluña, pero esta perdió 600 millones de euros respecto a 2013; precisamente el informe del Tribunal de Cuentas sobre la cuenta general del Estado también hacía referencia a este aspecto, insistía el dictamen en que se tienen que modificar las entregas a cuenta del sistema de financiación a los entes territoriales en función de la recaudación de los impuestos cedidos a estos entes territoriales. De este modo se evitaría que estos tengan que financiar a la Administración General del Estado, tal y como está ocurriendo desde el año 2012 hasta la actualidad. Se lo apuntaba antes el portavoz de PDeCAT, el señor Bell, Cataluña no liderará esta reforma, y es la posición de Esquerra Republicana al respecto y del Gobierno de la Generalitat también, para los catalanes esta ya es una asignatura superada. Lo que realmente necesita Cataluña es controlar sus bases fiscales, por ello -y antes decía craso error en 2013 del presidente Rajoy- en estos momentos nos encontramos en un proceso distinto. Les gustará más o les gustará menos, pero es el que es.

No puedo terminar mi intervención sin hacer una referencia a la exposición de motivos de la proposición no de ley del Grupo Popular, donde hacen referencia a la transformación económica y social de España de los últimos cuarenta años. Pues precisamente ayer se cumplían cuarenta años del retorno del presidente Josep Tarradellas y, por cierto, del retorno de la Generalitat de Catalunya, cuando, si se hacen bien las cuentas, se darán ustedes cuenta de que la Constitución Española no estaba aún redactada ni aprobada. Hagan memoria; por tanto, sus cuentas también fallan ahí. La Generalitat de Catalunya no emana, no deriva directamente de la Constitución Española, sino que deriva y emana directamente de la Generalitat republicana.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Capella.

En nombre del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Vendrell.

El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidente.

Esta PNL es sin duda una PNL marca Partido Popular, que siempre viene a decir que el Gobierno haga lo que se supone que ya hace y poco más. Uno tiene a veces cierta duda de la utilidad de las PNL en general, son PNL kilómetro cero las que aprobamos, porque empiezan y terminan en la Comisión, en el sentido de que el Gobierno no hacer caso de las PNL que se aprueban mayoritariamente. Hay que decir que el Partido Popular juega con ventaja, porque con poner 'instar al Gobierno a hacer lo que ya hace', pues como mínimo estas más o menos se supone que se van a cumplir. En cualquier caso, es muy genérica, no plantea tampoco nada concreto en relación con el debate que estamos teniendo, pero, bueno, vamos a aprovechar para realizar el debate sobre la cuestión también de la financiación autonómica.

Es una PNL que se tendría que haber presentado en 2012 o en 2013, porque el nuevo modelo, el modelo de financiación revisado según la propia Lofca tendría que haber entrado en vigor en enero de 2014. Por tanto, como a ustedes les hacen caso, hubiese sido bueno presentar esa PNL en el tiempo y forma correspondiente. Yo les quería hacer un pequeño balance sobre el modelo de financiación y algunas consideraciones. El balance es que creemos que hay tres problemas importantes a resaltar, a remarcar: el primero es la escasa autonomía financiera; los Gobiernos autonómicos tienen capacidad de decisión sobre el 48,5 % de los recursos que aporta el modelo de financiación; si contamos los tributos propios, eso solo supone el 13 %, y evidentemente las autonomías, los Gobiernos autonómicos deberían tener mayor control sobre sus ingresos. El segundo es la insuficiencia. No cubre los gastos reales de las autonomías del Estado del bienestar que sustentan o que realizan las comunidades autónomas y, por tanto, es evidente que existe un problema de infrafinanciación. El tercer problema es la falta de equidad horizontal, no cumple el principio de que las distintas comunidades autónomas pueden alcanzar un nivel similar o igual de prestaciones de servicios aplicando a su ciudadanía el mismo esfuerzo fiscal. El efecto


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del Fondo de garantía de servicios públicos fundamentales queda pervertido por diferentes fondos de suficiencia, de competitividad, de cooperación, con resultados arbitrarios. Esto me lleva al último punto que es la falta de transparencia, saber exactamente los efectos de estos fondos y cómo funcionan realmente. Esto en relación con el balance, en el que seguramente podríamos abundar más.

Las consideraciones que quería hacerles son tres: la primera es que difícilmente se puede abordar el debate del sistema del bienestar y de la sostenibilidad de las finanzas de las administraciones públicas, en este caso autonómicas, también municipales, sin una reforma fiscal profunda de carácter progresivo. Ya nos ha pasado en otros momentos de la historia y con Gobiernos tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, es decir, si por un lado se avanza en la reforma del modelo de financiación para generar más recursos para las comunidades autónomas y, por otro lado, se aprueban reformas fiscales de rebajas fiscales regresivas que reducen los ingresos fiscales, eso también revierte negativamente en las finanzas de las comunidades autónomas. La segunda cuestión es que sería necesario también la modificación, la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que supone un perjuicio, un lastre para las finanzas de las comunidades autónomas y también de los ayuntamientos; si se mantiene esa Ley de Estabilidad Presupuestaria, sus techos de gasto, etcétera, eso también va en perjuicio de las finanzas de las comunidades autónomas. Por tanto, tendríamos que abordar esa reforma de carácter más general y de carácter más global. Y la tercera consideración ya se la hago como diputado catalán. Es evidente que el debate del modelo de financiación tiene mucho que ver con el modelo territorial que tienen las diferentes fuerzas políticas, y es evidente también que nosotros el modelo territorial que defendemos como grupo es el de un Estado no solo descentralizado, sino de un Estado plurinacional. Pero hay una cuestión fundamental que diferencia esta situación a la de otras, y es que efectivamente Cataluña no está realizando el papel de liderazgo que había tenido en otras reformas autonómicas, y eso lo que pone de manifiesto es el clima político con el que estamos viviendo. Espero que no se les ocurra -creo que eso ya se les ha quitado de la cabeza- pensar que la situación catalana se soluciona simplemente con unos cuantos dineros más o con una mejora del sistema de financiación. Yo creo que eso no va a ser así. Y es más, afrontar la cuestión catalana es un problema político, es un problema de carácter nacional al que no se puede dar una solución ni parcial ni de carácter regional y, por tanto, yo creo que les debería preocupar que Cataluña no esté en ese papel de liderazgo que históricamente siempre ha tenido y que ha beneficiado al conjunto también de comunidades autónomas. Para la cuestión catalana hay que buscar soluciones políticas que pasen por el diálogo, por la negociación y por la admisión, a nuestro parecer, del derecho a decidir, pero eso no se soluciona, quítenselo de la cabeza, con alguna carretera más y con algunos dineros de más.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Pasamos a las votaciones. Empezamos por el punto número 2, proposición no de ley relativa a ampliar la exención del IRPF a todas las ayudas de cualquier administración pública para actuaciones en materia de rehabilitación de viviendas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 17; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos a la votación del punto 3, sobre la reforma del fondo de contingencia de ejecución presupuestaria para evitar su uso fraudulento. Se vota con la transaccional del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos a la votación del punto número 4, proposición no de ley sobre reducción del impuesto sobre el valor añadido de los productos y servicios culturales. Se vota en sus propios términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


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Votamos el punto número 5, proposición no de ley relativa a aplicar el tipo reducido del IVA a los servicios funerarios. Se somete a votación con la enmienda de adición del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 14; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos a votar el punto número 6, proposición no de ley sobre medidas urgentes en torno a acelerar las ofertas de empleo público necesarias para el buen funcionamiento de instituciones esenciales del Estado. Se somete a votación con una transaccional de dos grupos, Podemos y Mixto. La enmienda del Grupo Popular se ha rechazado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos a la votación del punto número 7, iniciativa relativa a la tributación por el impuesto sobre actividades económicas de las centrales hidroeléctricas e instalaciones anexas que reviertan al Estado por el transcurso del plazo de concesión. El señor Ten había pedido votación separada. ¿El Grupo Socialista acepta la votación por separado? (Denegaciones). Por tanto se vota completa y en sus términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 17; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos a la votación del punto 8 del orden del día, proposición no de ley sobre la reforma del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, para adaptarse a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional. Se vota con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 14; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos a la votación del punto 9, proposición no de ley sobre calidad del gasto público. Se somete a votación con una transaccional que se les ha distribuido a todos ustedes.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos a la votación del punto número 10; proposición no de ley relativa a impulsar la reforma de la financiación autonómica. Se vota en los términos de la transaccional que se ha distribuido.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Se levanta la sesión.

Eran las cuatro y diez minutos de la tarde.

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