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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 298, de 18/07/2017
cve: DSCD-12-CO-298
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 298
SOBRE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. TEÓFILO DE LUIS RODRÍGUEZ
Sesión núm. 8 (extraordinaria)
celebrada el martes,
18 de julio de 2017


ORDEN DEL DÍA:

Elección de vacantes. Mesa Comisión:

- Elección de la Vicepresidencia Primera de la Comisión. (Número de expediente 041/000033)... (Página2)

Comparecencia del director general de Tráfico (Serrano López):

- Para informar de las medidas puestas en marcha por el Gobierno para hacer frente a los problemas del colectivo de los examinadores de tráfico. A petición del Gobierno. (Número de expediente 212/000913)... (Página2)

- Para que explique la situación de los complementos en las retribuciones al colectivo examinador prometidos hace más de dos años. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000866)... (Página2)


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Se abre la sesión a las cinco y cinco minutos de la tarde.

ELECCIÓN DE VACANTES. MESA COMISIÓN:

- ELECCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA PRIMERA DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 041/000033)

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Como ya ha llegado el señor Carracedo, estamos en condiciones de sustanciar el primer punto del orden del día de esta sesión extraordinaria de la Comisión, que es la elección de la Vicepresidencia Primera de la Comisión. El Grupo Socialista tiene una propuesta y entiendo que los grupos la aceptarán por asentimiento por cuanto es un puesto que dicho grupo tenía asignado al inicio de la legislatura. ¿Es así? ¿Ningún portavoz tiene ningún reparo en admitir ese tramite? (Asentimiento.-El señor Bellido Acevedo pide la palabra).

Don Pablo, tiene la palabra.

El señor BELLIDO ACEVEDO: La propuesta es Ignacio Urquizu Sancho, en sustitución de Zaida Cantera.

El señor PRESIDENTE: Entonces, si ningún grupo parlamentario tiene objeción, damos por celebrada la votación por asentimiento. (Asentimiento). En virtud de ello, don Ignacio Urquizu se convierte en vicepresidente primero de la Mesa de la Comisión. Le pido que suba a la Mesa. (Así lo hace el nuevo miembro de la Mesa.-Aplausos).

COMPARECENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE TRÁFICO (SERRANO LÓPEZ):

- PARA INFORMAR DE LAS MEDIDAS PUESTAS EN MARCHA POR EL GOBIERNO PARA HACER FRENTE A LOS PROBLEMAS DEL COLECTIVO DE LOS EXAMINADORES DE TRÁFICO. A PETICIÓN DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/000913).

- PARA QUE EXPLIQUE LA SITUACIÓN DE LOS COMPLEMENTOS EN LAS RETRIBUCIONES AL COLECTIVO EXAMINADOR PROMETIDOS HACE MÁS DE DOS AÑOS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000866).

El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al desarrollo de los puntos 2.º y 3.º, que se debatirán de forma acumulada. El primero se refiere a la comparecencia del director general de Tráfico, a petición del Gobierno. Y el segundo, a la iniciativa del Grupo Socialista, que también pide la comparecencia del señor director general de Tráfico a los efectos de ser informada la Cámara de las medidas puestas en marcha por el Gobierno para hacer frente al problema del colectivo de examinadores de tráfico. Por tanto, sin tiempo, tal y como le corresponde al ser representante del Gobierno, tiene la palabra el director general.

El señor DIRECTOR GENERAL DE TRÁFICO (Serrano López). Muchas gracias.

Buenas tardes, señor presidente, miembros de la Mesa -felicito al nuevo miembro de la Mesa por este estreno-, señoras y señores diputados, en primer lugar, saben que siempre que comparezco en esta Comisión para mí es un honor. En esta ocasión, estoy encantado de comparecer a petición propia y del Grupo socialista para intentar informarles y arrojar luz sobre un asunto que no solamente preocupa al Gobierno, al Ministerio del Interior, a la Dirección General de Tráfico y a sus señorías, sino también a la sociedad española, sobre todo a aquellos que viven de los permisos de conducir, de la formación para conducir -las autoescuelas- y a aquellos ciudadanos que están esperando obtener ese permiso de conducir que tan necesario les resulta, entre otras cosas, para trabajar. Es un asunto, pues, que nos preocupa bastante y mi intención es trasladarles en la medida de mis posibilidades una información lo más veraz posible, alejada de pasión y que los documentos que a continuación voy a repartir, si me lo permiten, no sean una opinión. No se va a tratar de dar mi opinión -que también se la daré si llegado el caso es necesario-, sino que pretendo que tengan ustedes documentación -que vamos a ir comentando, si lo consideran oportuno-; no tengo la intención de que se posicionen a favor del Gobierno y se pongan de nuestra parte, sobre todo en el caso de los miembros de la oposición, porque ya les he dicho en varias ocasiones que estuve ocho años en la oposición, y por tanto tengo hecho el máster en oposición, y entiendo que su labor, además de proponer iniciativas, también es intentar desgastar al Gobierno. Eso lo


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entiendo perfectamente, pero si deciden ejercer esa responsabilidad que tienen ustedes, por lo menos que lo hagan con toda la documentación oportuna, y a partir de ahí que saquen ustedes sus propias conclusiones. (Se reparten unas carpetas con documentación a las señoras y los señores diputados). Les he preparado una carpeta con la información que entiendo que deben tener. Si a raíz de esta comparecencia o de algún dato que vieran necesitaran o quisieran alguna documentación más, estaremos encantados de proporcionársela.

El primer documento que tienen delante es precisamente el que ha originado la mayor controversia en este asunto de la huelga de examinadores, que es el acuerdo que se firmó el 29 de octubre de 2015. Ya saben ustedes que en esas fechas también hubo una huelga de examinadores que culminó con un acuerdo que se firmó el 29 de octubre del año 2015, en el que se incluía una reclasificación de nueve colectivos de la Dirección General de Tráfico, documento que tienen ustedes ahí también. La Dirección General de Tráfico propuso una reclasificación de la RPT de nueve colectivos de tráfico: el colectivo de examinadores -que es el caso que hoy nos ocupa- que prestan sus servicios en los centros de gestión de tráfico, 124 funcionarios; los miembros de la patrulla de helicópteros de la Dirección General de Tráfico, 58 funcionarios; los encargados en las jefaturas de la investigación de las vías -los investigadores de las vías, como se les suele conocer dentro de la DGT-, 122 funcionarios; los coordinadores de educación vial que están en todas las jefaturas provinciales de tráfico, 59 funcionarios; 16 letrados de la Dirección General de Tráfico; 70 operadores de apoyo técnico; 93 cajeros habilitados que están también en todas las jefaturas de tráfico; y 458 jefes de negociado. En total 1881 funcionarios. Por tanto lo primero que me gustaría aclarar es que la subida del complemento específico no se circunscribió a los examinadores, sino a otros ocho colectivos más que son los que les he ido relatando, y cuya propuesta de reclasificación tienen delante. Les tengo que decir que a día de hoy, de los nueve colectivos para los que se propuso la subida de retribuciones, tan solo uno es el que está en huelga; los otros ocho colectivos no han hecho uso de ese derecho que tienen todos los trabajadores. Por enmarcar un poco la situación les repito que este acuerdo que puso fin a la huelga del año 2015 afectó a un total de nueve colectivos de funcionarios de la DGT -1881 personas-, de las cuales solamente un colectivo está en huelga, que es el colectivo de examinadores.

El acuerdo definitivo para la desconvocatoria de la huelga decía en su punto primero que los exámenes seguirían siendo un servicio público. Había un cierto temor a la privatización de la función de examinar, y con el colectivo de examinadores se llegó al compromiso del mantenimiento del servicio público; compromiso que fue puesto de manifiesto no solamente por la anterior directora general y el anterior ministro del Interior, sino que ha sido reiterado, tanto por el actual ministro del Interior en sede parlamentaria como por mí mismo en numerosas ocasiones. Por tanto el primer acuerdo está cumplido en su totalidad.

Quizá el punto más controvertido o el que necesita una mayor aclaración es el punto dos. En el punto dos se está diciendo -yo lo llevo escuchando desde hace muchos días y muchos meses- que la DGT prometió una subida de sueldo al colectivo de examinadores. Pues bien, lo primero que les quiero decir -y tienen ustedes el documento delante- es que no es cierto que la DGT prometiera una subida de sueldo a los examinadores, por dos motivos: en primer lugar, porque la DGT no tiene competencia para subir el sueldo a ningún examinador, que ya saben ustedes que es competencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública, y en segundo lugar, porque lo que aquí dice es que la DGT y el Ministerio del Interior elevarán a la comisión ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones este acuerdo. Nos comprometimos a trasladar al Ministerio de Hacienda la petición del colectivo de examinadores, que entendía que tenían que tener una subida de su retribución, además de los otros ocho colectivos que también les he nombrado. Esta petición por parte de los examinadores, que es a lo que se comprometió la Dirección General de Tráfico, se elevó en su día al Ministerio de Hacienda y Función Pública, y con este Gobierno el director que les habla se ha reunido ya en tres ocasiones con el director general de Función Pública, y en una ocasión con la secretaria de Estado de Función Pública, para dar traslado de la petición del colectivo de examinadores de subir su retribución en forma de complemento específico, además del de los otros ocho colectivos. Por lo tanto el punto dos está absoluta y plenamente cumplido en su totalidad.

El punto tres dice que la Dirección General de Tráfico acepta la reivindicación del comité de huelga sobre la comunicación del resultado sin necesidad de decir apto o no apto. Es decir, el punto tres hacía referencia a que una reclamación histórica de los examinadores era no tener que comunicar en el acto si el alumno estaba suspendido o estaba aprobado, porque eso conllevaba una serie de posibles agresiones, evidentemente en el caso del suspenso, y podía llevar y tener como consecuencia agresiones verbales y físicas; por lo tanto ellos entendían adecuado que en el momento del examen no se comunicara el


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resultado, cosa que se hace, y ya saben ustedes perfectamente que cuando se realiza el examen no se comunica en el acto el resultado del mismo. Es verdad que hay algunos procedimientos administrativos que pueden denotar si algún alumno está aprobado o está suspendido, por un asunto de traslado de carpetas -que es una de las cuestiones internas de la jefatura- y que podrían interpretarse como que no se estaba cumpliendo en su plenitud la decisión de no informar en el acto del suspenso o del aprobado. A través de una instrucción se ha dado órdenes a las jefaturas para que no utilicen ese procedimiento, para que no se ponga de manifiesto aunque sea por otras vías, y que el alumno pueda intuir si está suspendido o está aprobado. Por lo tanto el punto tres está absolutamente cumplido.

El punto cuarto se refiere a la carga de exámenes. Ya saben ustedes que se hacían dieciséis exámenes por día por parte de los examinadores. Una directiva europea ordenó que de dieciséis se pasara a trece para ganar en calidad a la hora de examinar, y los examinadores pedían que se pasara de trece pruebas diarias a doce. En aquellas jefaturas en las que no había retrasos o retrasos excesivos a la hora de realizar los exámenes se ha bajado de trece a doce, pero como ustedes comprenderán en una época en la que se han pasado y se están pasando momentos de dificultad por la escasez de funcionarios públicos que hay en todas las administraciones no se ha podido cumplir en su plenitud la reducción de trece a doce, porque aumentaría el número de retrasos en las jefaturas. Pero tengan ustedes claro que el compromiso de pasar de trece a doce pruebas se cumplirá -según dice el acuerdo- cuando las condiciones así lo permitan; ya en muchas jefaturas se están examinando doce alumnos en lugar de trece. Evidentemente, conforme vayamos aumentando el número de examinadores en cada jefatura -y ahora me referiré a ello-, se podrá dar cumplimiento y en lugar de trece se harán doce. Evidentemente también denota mucha más calidad el hecho de emplear más tiempo en examinar y de una manera un poco más sosegada que hacerlo con trece personas.

Tienen ustedes también otro documento donde por escrito les he puesto todo lo que les he intentado explicar sobre el cumplimiento del acuerdo; y también lo tienen ustedes en un informe que les he elaborado donde, punto por punto, les relato el cumplimiento del acuerdo del año 2015. Pero si me lo permiten, a modo de resumen, les diré que el punto en el que parece ser que los examinadores están poniendo más énfasis y más relieve, que es el punto dos, referido a un supuesto compromiso en firme de la DGT para subirles su sueldo, les tengo que decir que no es así. En primer lugar -y termino con esto-, porque la DGT, por mucho que se diga y por mucho que sea recurrente culparla de casi todo, no tiene competencias para subir el sueldo de los funcionarios. Y en segundo lugar, en el propio acuerdo se dice que la DGT lo que haría sería elevar la propuesta y solicitud de un aumento de salario al ministerio competente, cosa que hemos hecho cumpliendo absolutamente con el acuerdo. Eso es lo que les quería comentar.

Nosotros nos comprometimos a trabajar por dignificar el trabajo de los examinadores, y yo aquí, en sede parlamentaria, conté cuál es la penosidad y la dificultad del trabajo de un examinador, y a dicha comparecencia -que está grabada y de plena actualidad- me remito para reafirmarme en todas y cada una de mis palabras. Una vez que nos pusimos manos a la obra, nos comunicaron desde el Ministerio de Hacienda, que es el que tiene la responsabilidad de diseñar la estrategia global de retribuciones de la Administración General del Estado, que el dinero disponible para los funcionarios se iba a emplear en crear más funcionarios, que hacían falta en las administraciones públicas, desde policías, guardias civiles, funcionarios de prisiones, funcionarios que atienden en la Agencia Tributaria, funcionarios que atienden en las oficinas del DNI, que ya saben ustedes el retraso que hay, antes de pagarles más a los que están.

¿Es justo que los funcionarios de tráfico crean que deben ganar más dinero? Sí. ¿Esta Dirección General de Tráfico entendió en el año 2015 -y por eso lo plasmó por escrito y lo firmó- que era justo que lo hicieran? Sí. ¿Es posible? Pues parece que no. Es decir, que nosotros entendamos que era justo y que sigue siendo justo no quiere decir que sea posible. Hay una responsabilidad general de diseñar las retribuciones de los funcionarios, y no podría explicarse por qué un grupo de funcionarios concretos, en este caso los examinadores de tráfico, sí podían ganar más dinero y el resto de funcionarios de la Administración General del Estado no; me estoy acordando, por ejemplo, porque son del ministerio al que pertenezco, de la Guardia Civil, que tiene unas aspiraciones legítimas a una equiparación salarial con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre ellos las policías autonómicas. Entonces es complicado para el Gobierno explicarle a ese grupo de funcionarios, en concreto a la Guardia Civil, que su reclamación legítima no puede ser atendida, pero la de los examinadores sí; o a la Policía Nacional; o a los funcionarios de prisiones; o a un montón de colectivos, empezando por los ocho colectivos a los que también se les firmó la propuesta de subida retributiva y que no están en huelga. Me gustaría dejar este


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asunto claro. Me remito y me reafirmo en todas y cada una de las palabras que pronuncie aquí mismo, en esta Comisión, sobre la justicia y pertinencia desde nuestro punto de vista de que no solamente los examinadores de tráfico, sino también el resto de colectivos que firmaron este acuerdo, se merezcan una subida el salario. Igual que entiendo que no hay ningún director general de la Administración General del Estado que no crea que sus funcionarios también merezcan una subida del salario. Otra cosa es que, por los motivos que les acabo de relatar, no pueda ser.

¿Qué hemos hecho con el Ministerio de Hacienda y Función Pública y con el Ministerio del Interior? Trabajar para intentar dignificar y mejorar la situación de estos funcionarios, y se ha creado una especialidad dentro de la escala de la Administración General del Estado, en lugar de crear una escala propia de funcionarios. Las razones de ello también la tienen ustedes en un documento que les he preparado, que se llama Razones para la creación de una especialidad de tráfico del Cuerpo General Administrativo de la Administración General del Estado, en vez de una escala de examinadores de tráfico. Aquí tienen ustedes en dos folios, para que no tengan demasiada literatura, explicadas las razones, entre ellas la razón de que si se hubiera creado solamente una escala de examinadores de tráfico, los otros ocho colectivos que también son funcionarios igual de dignos de la DGT se habrían quedado fuera. Como nuestra aspiración no solamente es atender las reclamaciones de los funcionarios examinadores, sino del resto de funcionarios de la DGT, se ha creado esta especialidad, además de otras razones que precisamente son las que han aducido los examinadores para no estar de acuerdo con esta creación. Son 435 plazas de promoción interna que harían que subieran de la categoría C2 a la C1, con importantes ventajas económicas y administrativas que tienen ustedes en el documento 7. No les voy a cansar leyéndoselas porque se lo he intentado resumir lo más sencillamente posible.

Otra de las controversias es el presunto incumplimiento de que se les dijo que se iba a crear una escala propia. Lo que se ha hecho ha sido una especialidad dentro del cuerpo general para que se beneficien no solamente los examinadores de tráfico, sino el resto de los colectivos que pertenecen a la DGT. Las ventajas económicas y administrativas las tienen ustedes en este documento. Antes de que finalice el año 2017 se van a convocar las promociones internas para que 435 examinadores, es decir, el 60 % de la plantilla, puedan no solamente mejorar su situación profesional, pasando a un cuerpo superior, a una clasificación superior, sino también acceder a una mejora retributiva. Las ventajas las tienen ustedes aquí. No solamente vamos a hacer eso, sino que la semana pasada se decidió conceder unas ayudas a la formación para estos 435 examinadores que quieran promocionar dentro de la DGT. Se les va a ayudar a formarse para realizar esta prueba que tendrán que pasar para subir de escala. Eso es lo que en principio me gustaría contarles en términos de aclarar todos los extremos referentes a la huelga de examinadores, y a la solución que se ha dado por parte del Gobierno al problema de la dignificación y la elevación de la escala de los examinadores.

Les he proporcionado en la carpeta que tienen ustedes un calendario por escrito de la incorporación de los nuevos examinadores desde el mes de septiembre hasta el mes de mayo. Como ven ustedes ahí, en junio de 2017 se han incorporado 18 examinadores más, pasando de 756 a 774. En septiembre se ha convocado un curso para personal funcionario de la DGT que está en otros departamentos y quiere ser examinador, al que se han apuntado 24 funcionarios, de los cuales prevemos que aprueben unos 20, por hacer una estimación de lo que viene sucediendo en ocasiones anteriores, con lo cual el 7 de diciembre habrá otros 20 examinadores más y pasaremos a 794.

En cuanto al personal militar que va a abandonar sus funciones en el Ministerio de Defensa y se va a incorporar a la Dirección General de Tráfico he escuchado de todo, y prácticamente parecía que los soldados se iban a bajar de los camiones con los fusiles y se iban a poner a examinar. Les puedo asegurar que eso me parece una frivolidad y no es así. En la Dirección General de Tráfico existen en estos momentos muchísimos funcionarios que eran de Correos. Cuando Correos hizo una reconversión de personal se les dio la oportunidad, antes de quedarse sin empleo, de pasar a formar parte de la Dirección General de Tráfico. De hecho hay muchos examinadores que son antiguos funcionarios de Correos, y yo he repasado las hemerotecas y no he visto en ningún lado, cuando se produjo aquel pase de funcionarios de Correos a examinadores de tráfico: los carteros van a examinar. Eran señores que iban a terminar su periodo de trabajo en Correos y, con el curso de once semanas que hace todo el mundo, iban a pasar a ser miembros de la Dirección General de Tráfico como examinadores. Exactamente igual va a pasar con estos señores del Ministerio de Defensa; terminan su periodo de servicio, creo recordar que es a los cuarenta y cinco años, y se les va a permitir, en vez de irse a su casa, pasar del Ministerio de Defensa a la Dirección General de Tráfico para que puedan incorporarse


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como examinadores, tras superar los cursos correspondientes de formación. De ese nuevo personal está previsto, en enero de 2018, que 36 de ellos hagan el curso, con un número previsto de aprobados de 32, que se incorporarán el 1 de abril de 2018, con lo cual pasaríamos a 826 examinadores. De las convocatorias de personal de nuevo ingreso se ha previsto un curso en el mes de abril, con un número de asistentes de 80 y un número de aprobados previsto de 70, que se incorporarán en el mes de julio de 2018, con lo cual tendremos 896 examinadores. Por último, en septiembre de 2018 se van a convocar otros 36 con un número de aprobados previsto de 32, que se empezarán a incorporar el 1 de diciembre de 2018, con lo cual tendremos 998 examinadores.

Al final les he puesto la previsión de jubilaciones, porque está muy bien conocer los que se van a incorporar, pero habrá que ver cuántos se jubilan. Aquí tienen ustedes que en el año 2017 se van a jubilar un total mínimo de 20 y un máximo de 35, porque hay algunos funcionarios -como ustedes saben- de la Muface que pueden jubilarse a los sesenta años. Por tanto si se acogen tendríamos un máximo de 35, y durante el año 2018 tendremos un máximo de 30 y un mínimo de 20. Otra cosa que me gustaría desmentir es esa afirmación que he escuchado de que solo en el año 2017 se van a jubilar 70 funcionarios. Los que se van a jubilar de aquí a finales de 2017 son 20 como mínimo, 35 como máximo; y en el año 2018 como mínimo 20 y 30 como máximo. Por lo tanto si echan ustedes las cuentas verán que el incremento neto de examinadores va a ser muy importante y con ello vamos a dar solución a este periodo, por el que se ha pasado en todas las administraciones públicas, de reducción de funcionarios y que poco a poco, entre otras cosas con la última oferta pública de empleo que el Gobierno ha publicado, se va a ir subsanando. Evidentemente y como ustedes comprenderán el Cuerpo de Examinadores de Tráfico no iba a estar al margen de la reducción de funcionarios que ha habido en todas las administraciones públicas. De todas formas quiero que sepan que, mientras el descenso de funcionarios de la Dirección General de Tráfico en su conjunto ha sido del 22 % durante estos últimos cinco años de crisis, el descenso de examinadores ha sido del 16 %. Por tanto ha habido bastante menor descenso en el cuerpo de examinadores que en el resto de funcionarios de la Dirección General de Tráfico. Todo ello se lo tengo puesto por escrito para que ustedes tengan toda la documentación.

Además tienen ustedes un documento -el documento número 2- donde pueden ver que en el año 2014 se hicieron en España 1 010 000 pruebas del práctico y que en el año 2016, que es el año más complicado y complejo porque ya arrastrábamos la caída constante del número de examinadores, se hicieron 1 110 000. Es decir, con menos examinadores, en plena crisis económica, con la carencia de funcionarios que había en todas las administraciones, se ha pasado de 1 010 000 en el año 2014 a 1 110 000 en el año 2016. Quiere decir que yo le tengo que agradecer a las jefaturas provinciales de toda España, y en particular a la Subdirección Adjunta de Formación Vial, el esfuerzo organizativo que han llevado a cabo para que, a pesar de lo que pudiera parecer, se hayan hecho 100 000 pruebas más en el año 2016 que en el año 2014, y creo que es justo reconocerlo. El dato lo tienen ustedes aquí por escrito.

Además les tengo que informar de que en el mes de mayo de este año, cuando no había huelga, se han hecho 63 000 exámenes teóricos y en el mes de junio, en plena huelga, se han hecho 64 708; es decir, se han hecho 1708 exámenes más cuando había huelga que cuando no la había, y eso se lo tengo que agradecer a todos los jefes provinciales de tráfico de España y a la Subdirección Adjunta de Formación Vial, que han hecho posible esto. Asimismo tengo que desmentir rotundamente que se haya suspendido un solo examen teórico durante la huelga, porque durante la misma no se hicieron exámenes teóricos y por tanto no se ha suspendido ninguno; es más, se han hecho más en el mes de junio que en el mes de mayo.

Les voy a dar los datos de los prácticos, que son los que más han sufrido los efectos de esta huelga. En el mes de abril se realizaron en España 80 000 exámenes prácticos; en el mes de mayo, que ha sido el mes en que más se han realizado, fueron 105 000, y en el mes de junio, en plena huelga, se han hecho 80 000; es decir, en el mes de junio, en plena huelga, se han hecho 80 000 exámenes prácticos, los mismos que se hicieron en abril cuando no había huelga. Por lo tanto ha habido problemas, con muchos ciudadanos afectados, y se han dejado de realizar, contando con el día hoy, todavía en huelga, 65 000 pruebas de 150 000, si bien a pesar de eso se han hecho en el mes de junio 80 000 exámenes, los mismos que se hicieron en abril e igualmente se han hecho más teóricos.

No tengo más que decirles, aunque podría proporcionarles más documentación, pero mi intención no es cansarles. Creo que me he ceñido a lo más importante, a lo que más nos preocupa y a lo que más nos


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puede alarmar, pero les pido que en la medida de sus posibilidades analicen los documentos que les he proporcionado, se formen una opinión y posteriormente hagan lo que estimen pertinente en su labor política.

Señor presidente, termino mi primera intervención y quedo a disposición de sus señorías para que me comenten, me pregunten o me pidan todas las aclaraciones que estimen pertinentes.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor director general, por la contundente explicación e información que ha trasladado, tanto de forma verbal como por escrito a la Comisión.

Seguimos con el desarrollo del orden del día, y a continuación tiene la palabra por el Grupo Socialista, como responsable de la comparecencia solicitada, don Pablo Bellido. En principio los tiempos de intervención serán de siete minutos y de tres de réplica con una cierta flexibilidad, porque me parece que así cumplimos con el Reglamento, que establece diez minutos, que en este caso partimos en dos y así todo el mundo puede tener un turno de réplica.

Tiene la palabra don Pablo.

El señor BELLIDO ACEVEDO: Muchas gracias, señor presidente.

Gracias, señor director general. Como bien dice el presidente, comparece usted a iniciativa propia, pero también a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista y asimismo -dicho sea de paso- porque en la Diputación Permanente los grupos parlamentarios manifestaron su voluntad de que usted compareciera aquí.

Usted viene a contarnos con abundante información cómo ve usted esta cuestión, y también a dejar traslucir que los examinadores son funcionarios insolidarios con el resto de la DGT. Yo no puedo compartir esa visión; es más, le diría que no la comparte ni usted mismo, porque hace dos meses y ocho días venia a decir que tenían un problema específico que había que resolver específicamente, por lo que no sé por qué ahora hay que resolver todos los problemas a la vez. También viene a contarnos que estos sectores están enfrentados. Por cierto, en su intervención apenas ha hablado del sector de las autoescuelas, que es el gran afectado por esta situación. Estamos hablando de 30 000 familias, de más de 9000 pymes de nuestro país, que están sufriendo una situación muy grave, que no es responsabilidad de los examinadores, es responsabilidad del Gobierno, porque el Gobierno tiene una solución sencilla. También estamos hablando de casi 130 000, algunos hablan incluso de 150 000 aspirantes a tener el carné de conducir, jóvenes y mayores de nuestro país que necesitan el carné para trabajar, y sobre los que creo que también debería haber dicho usted algo.

Nos trae la solución de aumentar plazas, que ha sido muy discutida por el sector, por los propios examinadores. Yo leeré la información que ha traído para poder contrastarla; hoy traía otros datos y por ello no la contrastaré. Créame, que usted diga que esto se va a resolver en mayo de 2018 generará un cierto desasosiego en la población que quiere tener el carné y también en las pymes de nuestro país que se dedican a esta labor de la formación vial.

En el fondo, lo importante es contrastar lo que usted mismo decía hace apenas dos meses y ocho días y lo que ha dicho hoy. El portavoz de Podemos le preguntó entonces qué iba a hacer con la huelga de examinadores. Recuerde que en aquella época se hablaba de que apenas en diez provincias de España había problemas; yo le decía que me extrañaba mucho que las autoescuelas y los examinadores se hubieran compinchado para contarnos una película distinta, porque ambos decían que el problema era mucho más general. Usted contestó a esa pregunta que haría tres cosas: negociar, negociar y negociar. Esto no es lo que se está produciendo. No parece que haya una negociación abierta. Ha habido una reunión, pero creo que usted tiene en su mano hacer mucho más.

El 10 de mayo le preguntábamos qué le parecía la reivindicación de los examinadores, y nos decía que era justo que su complemento específico se aumentara. Bien, pues en su mano está; en realidad en la mano del Gobierno, porque lo que no puedo creerme es que en España existan dos Gobiernos, el de Montoro y el de Zoido. Esto es increíble. Existe un Gobierno de España y la DGT forma parte de él, y el Gobierno tendrá que ponerse de acuerdo en las cosas que resuelve.

El 10 de mayo preguntábamos al director general de la DGT si había algún problema económico en la dirección. Nos dijo que ninguno, que tenía plena disponibilidad. De hecho, para que no nos hagamos muchos líos, esta solución cuesta menos de 3 millones de euros al año. El complemento específico que reclaman los examinadores, porque se negoció así, cuesta menos de 3 millones de euros al año, en concreto 2,7 millones de euros, cuestión que se puede resolver mañana mismo con un complemento de productividad mientras la Cecir resuelve el problema del complemento específico. Para una institución que


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cobra algo más de 91 euros por tasa de examen, no pueden ser un problema estos menos de 3 millones de euros de solución.

Le preguntábamos si tenía que haber una salida global al problema de todos los funcionarios del país o de los funcionarios de la Dirección General de Tráfico o una exclusiva para los examinadores. Usted mismo dijo que había que resolver el problema de los examinadores y que o se hacía el puesto de examinador atractivo o no compensaba ser examinador. Efectivamente, eso es lo que pasa en nuestro país, que no compensa. Por cierto, las nuevas plazas que se van a crear con el personal que procede de tropa y marinería son de personal laboral. A ver cuál es el encaje que van tener en la Dirección General de Tráfico los puestos de examinadores, porque hay una diferencia con el personal de Correos, que era funcionario. Insisto en la idea de que aquí hay algo más de 700 profesionales, funcionarios, servidores públicos de nuestro país, afectados; 30 000 familias que viven de las autoescuelas; una cantidad indeterminada de aspirantes -al menos más de 100 000- que están esperando una solución, y un Gobierno -no dos ni tres, porque aquí parece que solamente decide Montoro- que tiene que darles una solución, una solución que se puede financiar con las propias tasas de examen. En 2015, cuando se negoció esto, usted no estaba, pero sí estaba su secretario general, que permanece en el puesto, el señor Cremades, y todas las personas que estuvieron en las conversaciones nos han dicho que entonces aseguraba que este problema se iba a resolver y que cuando se firmó este documento se hizo con la voluntad de que el Gobierno resolviese el problema, cosa que dos años después no ha sucedido. Y 2,7 millones de euros de complemento específico, para este Gobierno, como decía anteriormente, no es nada. Es más, muy recientemente hemos escuchado a la ministra de Empleo de este país decir a los empresarios que ha llegado el momento de subir los salarios. Hombre, no estaría mal empezar por los examinadores de la DGT; no estaría mal empezar por ellos y por aquellos a quienes corresponda, porque, desde luego, lo que no va a conseguir es crear la ficción de que el Grupo Parlamentario Socialista o la oposición parlamentaria de nuestro país solamente quieren favorecer a los examinadores. Nosotros, por ejemplo, tenemos mucho respeto por la Guardia Civil y también nos parece justo que les suban las retribuciones, pero ustedes pactaron en el año 2015 un acuerdo con estos funcionarios y tienen que hacerlo. Mire, si dependiera de un solo voto de esta Cámara, esto estaría resuelto. Hace apenas unos días bastó con que el señor Rivera dijera que había que bajar los impuestos para que 2000 millones -de lo que estamos hablando no llega a 3 millones- se vayan a dejar de recaudar el año que viene. Por tanto, realmente se puede, solamente falta voluntad política. Si no lo hace, si el Gobierno no se gasta 2,7 millones de euros en estos examinadores, dentro de muy poco tiempo las autoescuelas estarán reclamando legítimamente compensaciones por el dinero perdido. Ya sé que no se las darán; si fuesen eléctricas a lo mejor sí lo harían, como han hecho, por ejemplo, con las primas de las renovables.

Nosotros pedimos que el Gobierno cumpla su palabra, la palabra que les dio en su día a los examinadores de la DGT, y que de camino ayude a las autoescuelas de nuestro país y a nuestras pymes que están haciendo un enorme esfuerzo y que están sufriendo una situación tremenda. Estamos convencidos de que se puede, tan solo hace falta voluntad, y si no se hace, dentro de un mes o mes y medio, en el mes de septiembre, todas las miradas se dirigirán al director general de Tráfico, que cuando llegó a este puesto nos causó a todos una magnífica impresión, porque creíamos sinceramente que venía a implicarse en la solución de los problemas, y no queremos que se convierta, como el secretario general, el señor Cremades, en una parte esencial de dicho problema. Por eso le pedimos hoy que se sitúe en la posición del 10 de mayo -hace dos meses y ocho días- y aporte una solución razonable, que es básicamente un complemento específico justo de 250 euros al mes, que puede empezar con una productividad especial para este mismo día.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Pablo.

A continuación, de mayor a menor, tiene la palabra don Jorge Luis, por el Grupo Podemos.

El señor LUIS BAIL: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señor Serrano.

Lo que le estamos planteando aquí no es una posición de oposición-Gobierno. No estamos jugando a intentar desgastar al Gobierno, simplemente estamos pidiendo algo que creo que es sensato, que lo comprende y acepta cualquier persona que tenga un poco de sentido, y es que los acuerdos se cumplen. Este no es un Gobierno bicéfalo, no es un Gobierno que tenga que ser bipolar, con el señor Montoro. Creemos en lo que ha dicho usted mismo en el acuerdo que ponía negro sobre blanco. Usted se


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comprometía, en la DGT, a proponer que se asignase a los examinadores una productividad transitoria que contuviese ese incremento del que estamos hablando aquí; eso en el punto 2. En el punto 3 se planteaba, como usted ha dicho, que se transmitiese el resultado final del examen al examinador o cuando este no pueda ser agredido. Ha dicho que se hizo una instrucción y querríamos saber cuál es, porque los examinadores nos dicen que no tienen constancia de la misma.

Hay más datos que no nos acaban de cuadrar. Repito, nosotros no planteamos ningún atisbo de que esto sea el pimpampum entre el Gobierno y la oposición. Simplemente estamos pidiendo justicia, verdad y reparación, pero lo que al final se nos está proponiendo es una dinámica en la que se nos presenta esta documentación -que a quien se la debía haber presentado es a los examinadores- nada más empezar la comparecencia. Habla de veinticuatro asistentes a los cursos de formación, de los cuales, dieciocho son los que acaban de terminar las pruebas -a nosotros nos llegan datos de que son realmente catorce-, pero la convocatoria de esos cursos era de setenta puestos; usted hace un paralelismo con el resto de los cupos que se van a cumplir hasta mayo de 2018 y evidentemente no tiene en cuenta esta circunstancia que le acabo de decir. De todas formas, lo que sí trasciende es una falta de sensibilidad con los tiempos que tiene este conflicto, porque usted plantea aquí que el conflicto se va a acabar en abril de 2018 cuando las autoescuelas están pidiendo créditos, están en un momento muy precario y necesitan una solución ya, necesitan que la convocatoria de huelga para septiembre se desconvoque ya y la única forma que existe de que eso suceda -se lo han dicho el colectivo y el comité de huelga- es que se acepte nada más y nada menos que el compromiso que la DGT alcanzó con los examinadores, y eso quiere decir el complemento del punto número 2, además de todos los apartados que hemos referido.

Igual que al portavoz del Grupo Socialista, no me queda claro -no es porque le tengamos manía, en absoluto, porque estamos defendiendo igualmente los derechos de tropa y marinería- el tema de cómo se incorpora el personal laboral a las funciones de examinador. Eso tenía su sentido con los carteros, porque al final son funcionarios, pero esto -repetimos- es contrato temporal. Además, la promoción interna ya existe, existe desde hace mucho tiempo, y es así como han llegado los examinadores a serlo. Simplemente le vuelvo a repetir que esta no es una acción de pimpampum entre oposición y Gobierno. Haga modificaciones. Tiene un cuerpo detrás, una gente que le ha ido asesorando. A mí me sienta muy bien que volvamos a las declaraciones de mayo y que no sean las que hizo la semana pasada en Espejo Público, el programa de televisión. Las declaraciones se han ido modificando, eso es cierto, pero pensamos que detrás hay un asesoramiento de parte del equipo técnico, en concreto, del secretario general, que fue el que estuvo hablando con los examinadores, con el comité.

Por eso y porque creemos que se pueden hacer las cosas mejor y que al final todo lo que aportemos redundará en algo mejor no solo para los examinadores sino para los colectivos afectados, como las autoescuelas y la gente que no se puede sacar el carné, tenemos que empezar a asumir responsabilidad. Esta mañana ha habido unas declaraciones, que creo que han sido tremendas -de hecho, el ministro del Interior ha remitido una carta a las ONG para pedir disculpas-, en las que se dice: No podemos correr el riesgo de contribuir a un mensaje ambiguo que pueda crear un posible efecto llamada. Eso fue lo que dijo usted la semana pasada en Espejo Público; hablaba de efecto llamada entre el resto de los funcionarios. Creo que no debemos tener miedo. Estas declaraciones lo que están expresando es miedo, en el caso anterior, del ministro a los inmigrantes, pero en este caso miedo a los funcionarios, y no debemos tener miedo cuando gobernemos. Nosotros estamos aquí para proponer, para guiar, para instar y controlar al Gobierno, pero desde luego no con una actitud de pimpampum sino con una actitud constructiva.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, don Jorge.

A continuación, tiene la palabra doña Irene Rivera, por el Grupo Ciudadanos.

La señora RIVERA ANDRÉS: Muchas gracias, presidente. Bienvenido, señor Serrano.

Director, creo que la huelga de examinadores requiere una solución inmediata; creo que esa es la clave, esa es la palabra: inmediata. Hoy nos ha traído datos, que luego comentaremos, pero no ha abordado usted el problema. Los problemas son básicamente dos. El primero es el de todas aquellas personas -que la CNAE valora que serán unas 150 000- que no podrán examinarse este verano. Fuentes de la DGT nos comentan que serán 65 000, pero en cualquier caso estamos hablando de un derecho de los ciudadanos a tener su carné de conducir, porque lo necesitan por cuestiones de trabajo o simplemente porque tienen derecho a obtenerlo. Creo que esa es la clave. Vamos a hacer una media, no nos vamos a quedar ni con una cifra ni con otra, pero hay más de 100 000 personas que este verano


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deberían haberse examinado y deberían estar en posesión del carné de conducir y no lo van a tener. Sobre todo, estamos a tiempo de poder solucionarlo.

El segundo problema es que la huelga bloquea las autoescuelas. Muchas de esas autoescuelas son microempresas formadas por autónomos en muchos casos después de un período de crisis en otros negocios, que finalmente han podido salir adelante a través de ellas. Estamos hablando de 30 000 familias que ahora mismo viven de las autoescuelas y que están en riesgo de perder sus negocios. Esto no puede esperar ni siquiera a septiembre, ¡y usted ha estado hablando de dar soluciones para abril de 2018! Creo que la conclusión que deberíamos sacar de esta comparecencia es una solución inmediata, y eso todavía, señor director, no se le ha oído en su comparecencia de hoy.

Previamente a esta comparecencia nos hemos reunido -era una reunión que estaba prevista, es decir, no es que haya coincidido hoy en concreto con esta comparecencia, porque la fecha de su comparecencia llegó después- con todos los afectados, y -fíjese- aunque tienen intereses contrapuestos hemos conseguido sentar a todos, a las autoescuelas, con varias asociaciones, y también a Asextra, a los representantes de los examinadores, y todos coincidimos al final en lo mismo, en que tenemos que desbloquear la situación y que se debe desbloquear hoy mejor que mañana, que se tiene que dar una respuesta inmediata. El propio colectivo de las autoescuelas comprende la situación, incluso con lo que están sufriendo y con la posibilidad que tienen de perder su negocio si no se desbloquea. Creo que la clave está ahí, en ofrecer una solución inmediata. ¿Que luego hay que dar soluciones a largo plazo? Por supuesto, muchísimas. Yo ya he dicho en otras comparecencias que hemos celebrado que, en mi opinión, se debería revisar absolutamente el modelo de examen, pero ese no es el problema ahora. El problema no es dotar para 2018 plazas suficientes para los examinadores, sino desbloquear la huelga y hacerlo hoy, con soluciones que usted no ha puesto encima de la mesa, soluciones que realmente el colectivo está esperando.

Me ha llamado la atención que haya dicho -como usted sabe, soy buena conocedora de la DGT- que en 2015 se llegó a un acuerdo de mejora salarial con nueve colectivos por condiciones especiales, porque dentro de la Dirección General de Tráfico, aparte de los examinadores, como comentaba, también hay patrullas de helicópteros y examinadores de las vías que salen sobre el terreno, que son trabajos específicos, diferentes. Así se reconoció en ese acuerdo de 2015, y el hecho de que el mismo abarque a otros colectivos, además de a los examinadores, no exonera al Gobierno de su cumplimiento, sino que lo agrava. Usted dice que no se está respondiendo a los examinadores porque entonces habría que incluir a los demás, y yo creo que habría que incluirlos, porque sabe como yo que, desgraciadamente, la Dirección General de Tráfico carece de personal. Es un organismo deficitario en personal; también hago hincapié en ello, señor director. Una convocatoria de empleo público de únicamente 70 plazas de acceso libre no enriquece al organismo suficientemente. También daba los datos de las jubilaciones, pero creo que me los ha dado solo de los examinadores. Me ha dicho que hay una estimación de unos 35, pero del resto de funcionarios de la DGT se van a jubilar muchos más y, si solamente hay 70 plazas de acceso libre, estamos hablando...

El señor PRESIDENTE: Doña Irene, estamos hablando de examinadores y no analizando el presupuesto de la dirección general.

La señora RIVERA ANDRÉS: Perdón, señor presidente, pero estoy en mi turno de palabra.

El señor PRESIDENTE: Se lo digo para que vaya centrándose en el debate, porque si abrimos un debate de la dirección general...

La señora RIVERA ANDRÉS: No, pero es mi turno de palabra. Discúlpeme, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Sí, sí, pero estoy llamándote al orden. Ajústate al contenido y al objetivo de la comparecencia, si eres tan amable, que es el problema de los examinadores y no el déficit de plazas en la Dirección General de Tráfico.

La señora RIVERA ANDRÉS: Creo que hay que decirlo alto y claro: es un organismo deficitario. Y no voy a perder la oportunidad de decirlo porque lo conozco muy bien, señor presidente.

Una vez dicho esto, lo que está claro...

El señor PRESIDENTE: Hay que ajustarse al orden del día, no es en función de lo que tú conozcas.


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La señora RIVERA ANDRÉS: Lo que está claro es que no es el único organismo. Quiero dar mi visión porque el señor director general de Tráfico la ha dado y ha hecho mención a otros cuerpos del Ministerio del Interior. No lo he hecho yo, sino él, y ha nombrado a la Guardia Civil y, precisamente, Ciudadanos ha pedido que se equipare el salario de la Guardia Civil al de la Policía Nacional. Es decir, hay que analizar realmente la Administración e invertir donde sea necesario hacerlo y eso no va a ser un efecto llamada al resto de funcionarios. Lo que es justo es justo, y en el caso de la Guardia Civil lo es, en el caso de los funcionarios de Tráfico lo es y en el caso de los examinadores lo es. Efectivamente, están dispuestos a negociar -todos lo estamos-, pero tiene que haber un claro compromiso de mejora, que no lo está habiendo. No se puede decir que pasarlo a la Cecir era el compromiso. Si así lo considera el Gobierno, eso se hizo así en 2015, pero ahora estamos hablando de la huelga de 2017 y el problema lo tenemos en julio de 2017, así que busquemos soluciones para julio de 2017. Antes comentábamos que podría ser dentro de la propia Dirección General de Tráfico vía productividad. Es momento de apostar por la Función pública y de reconocer el trabajo que los funcionarios están realizando, así que busquemos una solución y hagámoslo hoy. No lo deje para mañana, porque esto requiere una solución inmediata para todas las personas que están esperando a examinarse este verano y que no lo van a poder hacer y también para esas autoescuelas que ya están pidiendo créditos para poder pagar los gastos de sus empleados y el IVA correspondiente. Eso no es de recibo y es responsabilidad del Gobierno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, doña Irene.

A continuación, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, don Joan Olòriz tiene la palabra.

El señor OLÒRIZ SERRA: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, don Gregorio.

Le puedo decir muy claro que en este tema la posición de los partidos -al menos la de Esquerra Republicana- no tiene el menor interés en desgastar al Gobierno; podríamos decir incluso que el Gobierno se está desgastando solo en este tema. Recuerdo la imagen que me dio hace poco más de dos meses, que fue muy buena. Yo salí pensando que había un problema y que el director general había encontrado la solución. Usted nos dijo que había una solución y que se iba a implementar, pero ahora nos encontramos con que no solo hay un problema sino tres. Está el que no se ha solucionado, que es el de los examinadores; hay un problema gravísimo en las autoescuelas en este Estado, las miles de autoescuelas que se encuentran en una situación muy dura, porque cada día que pasa puede cerrar alguna de ellas; y hay un tercer problema, el de los ciudadanos y ciudadanas que no pueden examinarse del carné de conducir. Por tanto, tres en uno, porque si se soluciona uno, se solucionan los problemas que no existían en principio o al menos no con la misma magnitud.

El complemento específico. Usted dijo que era posible dar la solución. Si se lee del todo el punto 2, dice muy claramente que la dirección general seguirá realizando los esfuerzos necesarios para que esta propuesta sea aprobada -no presentada, sino aprobada- por el órgano competente. Es más, en 2015 se decía que se arbitraría un complemento de productividad transitorio. Activemos este complemento de productividad transitorio ya mañana y permitamos que el complemento específico siga su camino con su compromiso de hacer todos los esfuerzos necesarios para que se aplique. Si no, nos encontraremos con un grave problema de confianza. Si no hay confianza, los problemas se pudren y, en este caso, no se pudre solo uno, se pudren tres. No es problema administrativo, es un problema político, y para convertir un problema político en administrativo hay dos cosas que me suenan en su discurso y que me preocupan porque no estaban en él hace dos meses: el agravio comparativo y el principio de autoridad. El agravio comparativo: si subimos dinero a unos, hemos de subir a los otros y esto no puede ser. El principio de autoridad: ¿qué me han de decir estos a mí? Esto es algo que puede ser peligroso cuando hay una huelga. A lo mejor no lo dice usted, pero lo dice otro de su equipo: ¡Hay que ganar! Pero ganar es encontrar un acuerdo. El acuerdo es ganar y se puede alcanzar si volvemos a recuperar la confianza y cumplimos lo de 2015. Usted ya sabe que lo de 2015 venía de 2009; es decir, hemos perdido muchos años y, cuando un tema se pudre, la solución es difícil.

Estoy de acuerdo con que a usted le ha tocado el peor momento. Usted entra como director general con un problema muy, muy podrido y, por tanto, hay que encontrar una solución. Vea como aliados a los que no son adversarios. Sus aliados son los trabajadores examinadores -de verdad que son sus aliados-, son las autoescuelas y -permítame que se lo diga- lo somos nosotros también. En estos momentos nosotros también somos sus aliados, no sus enemigos. Salgamos de aquí no sabiendo quién tiene más culpa, sino quién ha encontrado la mejor solución. Se lo dejo a usted con todo el copyright.


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Salgamos de aquí sabiendo que usted mañana se reúne con los examinadores, encuentra la vía del complemento de productividad y abre la posibilidad de que se implemente en un periodo que permita una solución rápida. Pero -atención- en estos momentos, si solucionamos el tema de los examinadores, tendremos que hablar con las autoescuelas para ver los problemas que han tenido, qué procedimientos adoptamos para recuperar los exámenes perdidos y cómo encontramos ayudas para que las pequeñas autoescuelas puedan sobrevivir. Usted seguro que conoce a más de uno que ha puesto el dinero del paro o ha hipotecado la casa de su madre para tener una pequeña autoescuela -estos son los primeros que están sufriendo- o a aquellos un poco más desahogados pero que han tenido que hacer una póliza para pagar a final de mes a sus trabajadores. Este es el problema; no es un asunto interno entre funcionarios y entre la dirección, no, es un problema más grave y, como es más grave, lo peor es minimizarlo.

Usted ha hablado de que tampoco se han perdido tantos exámenes. Yo estoy seguro de que quien le ha pasado la nota no le ha hecho ningún favor, porque si habla con las autoescuelas sabrá lo grave que es perder miles de exámenes. Por tanto, mi recomendación es: como si hoy no hubiese pasado; volvamos a hace dos meses, recuperemos su discurso y encontremos una solución.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Joan.

A continuación, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.

Señor director general, en primer lugar, hablo en nombre de mi grupo, en sustitución del portavoz de esta Comisión, que es el señor Mikel Legarda, que hoy por otras circunstancias no puede estar presente. Por tanto, seré muy breve y no entraré en cuestiones con las cuales no he tenido excesiva familiaridad.

Quiero reiterar lo que otros compañeros y compañeras han dicho en esta Comisión. Evidentemente, hay un problema que no se inicia con la huelga, sino que la huelga es la consecuencia de un problema que nosotros, como grupo, ya habíamos denunciado más de una vez. En esta Comisión se aprobó una proposición no de ley -una más después de otras tantas- en la que diferentes partidos políticos de color muy distinto pero que representábamos a los ciudadanos vascos, en este caso a los guipuzcoanos, coincidimos solicitando lo que hoy aquí se está diciendo, porque si de por sí en el Estado español la situación es grave, en el caso de Gipuzkoa es gravísima, y esto era algo que previamente a la huelga ya veníamos diciendo. Por tanto, yo solo le puedo decir una cosa, lo que aparece en esa proposición no de ley es lo que nosotros solicitamos, seguimos defendiendo y seguimos manteniendo. Soluciónenlo; tienen un problema usted y el Gobierno y, sobre todo, tal y como decía mi compañero, el señor Olòriz, ya no es una cuestión que afecta directamente a un tema entre Administración y funcionarios de la misma, no, es una cuestión que afecta directamente a ciudadanos indefensos, porque no tienen alternativa. Este no es un tema en el que yo puedo optar por otra cuestión, es que no puedo optar. Es decir, o es esto o no hay más; o se saca el carné de conducir por el único cauce existente o no se puede sacar. No es como quien quiere estudiar en una universidad pública o en una privada, no hay alternativa y usted lo sabe.

Ante esa tesitura, por una parte, está el tema laboral, que tendrá que solucionar -yo no voy a entrar en cómo tiene que hacerlo, porque es un tema de recursos humanos, de gerencia, que ustedes deberán saber que tiene que beneficiar a las partes, como en cualquier conflicto laboral-, y por otra parte, hay una cuestión de infraestructura y de ordenamiento, que es lo que ha hecho que se llegue a esta situación. Por lo tanto, solucione eso.

Por último, quiero decirle algo que nunca hemos ocultado: Si no puede solucionarlo, en el caso de Euskadi no hay ningún problema en que se transfiera esa competencia; nosotros estamos dispuestos a asumirla porque el Estatuto así nos lo permite.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Postius.

El señor POSTIUS TERRADO: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer al señor Serrano su comparecencia en esta Comisión, aunque claro está que las explicaciones llegan tarde, porque, como se ha dicho hoy, la inacción de la DGT en estos últimos meses y años ha conllevado serios perjuicios para miles de alumnos, profesores de autoescuelas, microempresas, empresas y examinadores. Yo creo que la gestión de la situación en la que nos


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encontramos no se ha hecho ni mucho menos bien. Me hubiera gustado que hoy usted hubiera hecho un poco de autocrítica. Creo, señor Serrano, que en nombre del departamento de la DGT debería pedir disculpas al conjunto de los ciudadanos y de los alumnos que se han visto afectados por esta situación. Cabe tener en cuenta además que este conflicto no es nuevo y tampoco se pueden alegar causas sobrevenidas. Me gustaría recordar que en esta Comisión se ha tratado este asunto en distintas ocasiones. Por ejemplo, hace nueve meses mi grupo presentó una propuesta que se aprobó por unanimidad y que pedía justamente al Gobierno que actuara y tomara cartas en el asunto de una forma urgente. La verdad es que no entendemos por qué motivo han dejado que la situación llegara hasta estos límites. ¿Acaso no hace años que los sindicatos y asociaciones de examinadores les piden soluciones? ¿Por qué motivo no han actuado antes, tal y como se aprobó en esta misma Comisión? ¿Nos podría explicar por qué las demandas de las autoescuelas, que hace mucho tiempo que piden soluciones, no han sido atendidas? Francamente, creo que la gestión de su departamento ha sido exigua. Ahora, nos presenta esta batería de medidas, que creo que ni mucho menos son suficientes ni van a dar una solución a corto y medio plazo.

Se plantea ahora una promoción interna de plazas, además de la cobertura de setenta por libre concurso. En este sentido, su departamento sabe bien que esto es insuficiente para el conjunto del Estado, pero muy particularmente insuficiente para Cataluña. Me gustaría que nos facilitara qué número de nuevos examinadores se van a destinar a Cataluña, así como el número exacto para cada una de las provincias catalanas. Quiero recordarle que, por ejemplo, en Girona, Barcelona y Tarragona las autoescuelas solo pueden presentar tres o cuatro alumnos por ciclo, a pesar de que la regulación actual fija un máximo de doce; o, por ejemplo, que en Lleida, si bien se cumple el cupo, solo se examina cada tres semanas. Como le decía, no entendemos por qué la situación se ha llegado a degenerar tanto. ¿Por qué no quieren hacer las cosas bien y con la máxima celeridad? ¿Por qué motivo no se sientan a negociar con los sindicatos? ¿Por qué no atienden las peticiones que se han hecho? Y, sobre todo, ¿por qué, pudiendo dar un buen servicio a los alumnos que desean examinarse, como Administración no quieren poner los recursos que son necesarios?

Como le he dicho al principio de mi intervención, le pido que aproveche su comparecencia para pedir disculpas a todas las personas que se han visto afectadas por esta situación, por la huelga, a alumnos, autoescuelas y examinadores. Pero, sobre todo, le pido que, de una vez por todas, el Gobierno se tome este asunto en serio, que dialogue, que negocie, que hable con todas las partes, que deje de buscar excusas y que, sobre todo, tenga en cuenta que la inacción de su departamento conlleva perjuicios a miles de ciudadanos y ciudadanas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Postius.

Para cerrar el turno de grupos parlamentarios, tiene la palabra, en último lugar, el representante del Grupo Popular, don Óscar Gamazo.

El señor GAMAZO MICÓ: Buenas tardes, señor presidente.

Buenas tardes, señorías. Quiero dar mi más cordial saludo de bienvenida al director general de Tráfico, que de nuevo nos acompaña en esta su Comisión, al señor Serrano López. Desde el Grupo Parlamentario Popular queremos agradecerle su comparecencia a petición propia en esta su Comisión, para informarnos de primera mano y de forma exhaustiva con entrega de documentación de las medidas puestas en marcha por el Gobierno de España para hacer frente a los problemas del colectivo de los examinadores de tráfico. Esta tarde de julio y aquí, en sede parlamentaria, la sede de la soberanía nacional, ha quedado patente que el Gobierno ha estado trabajando intensamente desde el minuto cero de la presente legislatura para dar una solución definitiva y satisfactoria al problema del déficit de examinadores en determinadas provincias del territorio nacional. Los esfuerzos desde el Ministerio del Interior y desde la jefatura central que usted dirige han sido y son constantes. Son propuestas concretas y correctas que van en la buena dirección, para paliar el déficit de personal funcional en algunas jefaturas. Hoy, en la Comisión no debatimos sobre la implementación de medidas para mejorar la movilidad segura y sostenible del conjunto de los españoles, sino que tratamos una situación muy específica de conflictividad estrictamente sindical de un grupo reducido de funcionarios, los examinadores de tráfico.

Señorías, el Gobierno del Partido Popular tiene un firme compromiso con los servicios públicos de calidad, entre el que se encuentra la gestión para la obtención del permiso de conducir. Desde el convencimiento de que esa calidad se debe al papel que desempeñan todos los trabajadores del sector público, incluidos los examinadores de tráfico, el Gobierno aprobó hace unos días la oferta de empleo


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público de la Administración General del Estado para 2017, con 28 249 plazas, la mayor oferta de empleo público desde 2008. En esas plazas nos encontramos -y no por casualidad- 505 de examinadores, cuyas labores son de gran importancia para la sociedad y para la seguridad vial; 505 plazas que reforzarán las plantillas este año y paliarán la escasez de examinadores en algunas jefaturas; y todo ello para continuar mejorando un servicio esencial en aras de la atención directa al ciudadano.

Señorías, el Gobierno con interés y determinación ha movido ficha para dignificar la profesión de los examinadores y mejorar sus retribuciones económicas, creando una especialidad propia para esos funcionarios que por exigencia de titulación ha estado clasificada en el subgrupo C1 de funcionarios del Estado. Así, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 13/2017, convalidado la semana pasada por el Congreso, que en su artículo 7 crea la especialidad de Tráfico dentro del Cuerpo General Administrativo de la Administración General del Estado. La ciudadanía ha de saber que con este impulso del Gobierno del Partido Popular a favor de la dignificación del puesto de trabajo de los examinadores se abre una vía de promoción interna a los actuales examinadores, que ahora están en huelga, y se fidelizará en sus cometidos a este personal, unos funcionarios que además obtendrán un incremento retributivo, pero sobre todo un cambio en sus expectativas profesionales. Así, 432 examinadores, como ha señalado el señor director, obtendrán unas importantes mejoras económicas, en concreto un incremento salarial anual de 1536,58 euros.

Todos -cuando digo todos me refiero al Gobierno, a los grupos parlamentarios y a los representantes del sector- hemos reconocido que en los últimos años ha habido un descenso del número de examinadores de tráfico, un descenso vinculado principalmente a dos motivos: en primer lugar, que el puesto de trabajo es poco atractivo y competitivo para los funcionarios desde que un Gobierno socialista, en 1984, suprimiera la escala ejecutiva de Tráfico; en segundo lugar, por la disminución general que se ha producido en el personal de los subgrupos C1 y C2 de la Administración como consecuencia del marco de reducción del déficit público que el Gobierno tuvo que aplicar ante la herencia que otro Gobierno socialista dejó al Partido Popular en 2011.

No obstante, en los dos últimos años el descenso de examinadores se ha contenido y se han estabilizado las cifras de examinadores. El hecho de que existiera un repunte en determinados periodos del año en la demanda del servicio, así como los cambios producidos en las condiciones de trabajo en beneficio de la calidad del servicio público prestado por los examinadores, con esa disminución del número de examinados al día, así como la minoración del número de candidatos a asistir y superar el curso de formación habilitante, han incidido en que en contadas provincias se supere el plazo de veinte días naturales para realizar los exámenes de circulación. Ante esto el Gobierno no ha estado impasible ni de brazos cruzados. Este grupo parlamentario y el Gobierno compartimos que era y es necesario cubrir el actual déficit de examinadores que se está produciendo. Nos congratulamos, por tanto, del impulso que se está realizando y de que en septiembre del próximo año tengamos un 22 % más de examinadores que en estos momentos. El Gobierno, con anterioridad a la convocatoria de las 505 plazas de examinadores y ante la falta de personal examinador, ha trabajado intensamente en solucionar los problemas de escasez de examinadores con el objetivo de reducir las demoras en el acceso al examen, con actuaciones concretas como la creación de la figura del examinador itinerante, con convocatorias de cursos de formación de examinadores, tanto internas como externas, así como con la atribución de dietas a los examinadores voluntarios por atribuciones temporales de funciones.

Señorías, los examinadores están en huelga y los convocantes de la huelga que nos ocupa en esta Comisión parece que obvian interesadamente que el Gobierno en estos ocho meses de legislatura ha tomado medidas concretas para dignificar su puesto de trabajo y paliar la escasez de examinadores. Conviene señalar que no es la primera huelga de la historia que convocan los funcionarios examinadores de tráfico, motivadas siempre por reivindicaciones salariales. Los examinadores, tan necesarios, vienen utilizando su situación como una medida de presión permanente para conseguir reivindicaciones para su colectivo. Los motivos establecidos para la convocatoria de la huelga que nos ocupa son, según los examinadores, los incumplimientos de unos acuerdos firmados con la DGT en octubre de 2015 que hoy ha quedado claro, con la comparecencia del director general, que no fue así, porque se han cumplido todos los compromisos adquiridos en 2015. Hemos de dejar muy claro, como ha expresado de manera rotunda el director general, que a lo que se comprometían en el acuerdo firmado por la DGT en octubre de 2015 era a elevar la reivindicación a la Cecir. En momento alguno se comprometieron a incrementar las retribuciones, porque la DGT no tiene competencia alguna para ello, y la señora Rivera, que es miembro de la DGT, lo sabe perfectamente. Conviene que no olvidemos, como ha señalado el director general, que el acuerdo


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alcanzado se firmó con nueve colectivos de la DGT y tan solo uno está en estos momentos en huelga. Además, el señor Serrano nos acaba de detallar todas las medidas adoptadas por el Gobierno para solucionar el problema, que es un problema estrictamente sindical y de reivindicación salarial.

Nos encontramos con que los examinadores se enrocan en sus posicionamientos, sin importarles lo más mínimo los perjuicios que sus reivindicaciones están causando en la ciudadanía al dejar de prestar un servicio esencial, con consecuencias económicas y laborales para los profesionales de la formación vial y de las pequeñas empresas que conforman el sector de la formación vial. Porque la huelga afecta a personas; afecta a pequeñas empresas y autónomos que están sufriendo -lo han comentado mis antecesores- pérdidas económicas, y a los ciudadanos que desean acceder a su derecho al examen y que no lo pueden hacer. Esta huelga está causando numerosos perjuicios económicos en el sector. El Gobierno, consciente de ese perjuicio, está realizando numerosas medidas y resolviendo los problemas de este servicio público, impulsando importantes modificaciones que dignifican el puesto de trabajo de los examinadores y mejoran sus retribuciones económicas -anteriormente ya lo he señalado- en 1538 euros.

Por ello, ante la situación, señorías, después de escuchar de manera detallada y precisa las explicaciones del director general basadas en datos reales, objetivos, así como después de analizar entre todos las circunstancias y la situación de los examinadores, me quiero dirigir en nombre de mi grupo parlamentario al colectivo examinador -a los examinadores y a las examinadoras- para pedirles, con el máximo respeto y la máxima educación, que desconvoquen la huelga que tantos perjuicios está ocasionando a la ciudadanía, tanto a las autoescuelas como a los ciudadanos que se quieren examinar para obtener su permiso de conducir. Continuemos dialogando para obtener los mejores resultados. Como he dicho antes, los acuerdos de 2015 se han cumplido al cien por cien; por tanto, si se han cumplido y el motivo de la convocatoria es el incumplimiento de esos acuerdos, deberían desconvocarla por el bien de todos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gamazo.

En turno de contestación y réplica a los grupos parlamentarios tiene la palabra, sin tiempo, el director general.

El señor DIRECTOR GENERAL DE TRÁFICO (Serrano López): Gracias, señor presidente.

Está claro que ha sido absolutamente inútil todo lo que he intentado hacer; me podía haber ahorrado todas las carpetas, me podía haber ahorrado todos los documentos que demuestran todas y cada una de las afirmaciones. Ustedes tenían un discurso ya prefabricado, lo tenían ya diseñado y les ha dado absolutamente igual toda la información que les he proporcionado. Pero, bueno, yo no pierdo la esperanza de que ustedes después, cuando reflexionen un poco, intenten analizar lo que ha sucedido aquí esta tarde. Yo, al menos, lo he intentado y me quedo con la conciencia tranquila.

Dije el pasado 10 de mayo que me parecía muy justa la reivindicación de los examinadores y describí entonces el trabajo de un examinador y que, por lo tanto, me parecía justa la reivindicación que habían realizado de una subida retributiva. Vuelvo a repetir que no he cambiado de discurso, que me remito a todas y cada una de las palabras que pronuncié el pasado 10 de mayo. Entonces dije que lo que iba a hacer era negociar, negociar y negociar. Yo he estado presente en todas y cada una de las reuniones de seguimiento de la huelga que se han realizado en estos dos meses, en todas, cosa que creo que no ha pasado nunca en la Dirección General de Tráfico, jamás. Yo he estado presente en todas, he estado negociando directamente con ellos y en la última los señores examinadores me dijeron que no los volviera a llamar a no ser que fuera para comunicarles que les íbamos a subir el sueldo. Por tanto, como ustedes comprenderán, es difícil dialogar con aquel que solamente pide una subida de sueldo, solo y exclusivamente. Es más, se molestaron porque en esa reunión yo les ratifiqué que, aunque era justo que pidieran una subida de sueldo, no era posible porque el Gobierno -y yo lo apoyo y aquí no hay dos gobiernos ni tres sino uno solo al que yo, con mucho orgullo, pertenezco- entiende que es mejor que haya más funcionarios atendiendo a los ciudadanos que no que los que ya están ganen más. Y eso se lo transmití, como también les transmití que, como mi compromiso era ayudarles en todo lo posible a que tuvieran mayores retribuciones y prosperaran en su carrera como funcionarios, iba a luchar junto con el Ministerio de Hacienda y Función Pública para que se creara una escala que permitiera a los examinadores progresar en sus retribuciones económicas y profesionales. Asimismo, les informé que esa escala se había aprobado en la oferta extraordinaria pública de empleo que se aprobó la semana pasada o hace dos semanas aquí en el Congreso de los Diputados.


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Lo que se les ofrece a 435 de esos examinadores es un incremento retributivo anual de 1536 euros; además, los trienios que a partir de la fecha de nombramiento se vayan devengando se abonarán en un importe superior, suponiendo cada nuevo trienio consolidado un importe anual suplementario de 113 euros. De igual modo, el haber regulador para la pensión de jubilación se incrementa al pasar de pertenecer del subgrupo C2 al subgrupo C1 en una cuantía de 5107,27 euros para cada año, una vez jubilado por clases pasivas. Desde el punto de vista administrativo, la creación de la escala por la que tanto hemos luchado -y se ha conseguido, entre otras cosas, para dignificar la profesión de examinador- supone un acceso a un nuevo subgrupo con posibilidades de acceder hasta los niveles 22 del CD, y muchos vienen del nivel 14. Segundo, se les da un mayor prestigio de pertenencia a una especialidad reconocida. Tercero, para los que tienen una titulación universitaria media o superior, supone poder tener acceso por promoción interna a los cuerpos y escalas del subgrupo A2 mientras que ustedes aprobaron aquí que fueran del grupo B. Si estos señores se acogen a la promoción interna, estudian y se preparan, pueden llegar a pertenecer al grupo A2. Cuarto, se podrán promover mejoras más individualizadas dentro de una escala específica del grupo C1 solo por desempeñar un puesto de trabajo de examinador. Y, quinto, se ofrece la posibilidad de acceder a más cursos de formación de carácter general no ofertados al subgrupo C2, al que 435 de ellos ahora pertenecen, pero sí al C1. Por lo tanto, esta Dirección General de Tráfico no solamente no ha dialogado -ha dialogado hasta la extenuación- y no solamente ha trabajado sino que hasta que no ha logrado que los examinadores tengan la posibilidad de mejorar sustancialmente sus condiciones económicas y administrativas mediante una promoción interna, no ha parado. Ahora, si solamente se pretende -y así me lo comunicaron en la última reunión del comité de huelga- que se les llame para comunicarles que van a ganar más dinero así, sin más, eso es deseable, puede ser que sea justo, pero no es posible.

Algunos de ustedes me dicen: Pero es que se les prometió en el año 2015 un aumento de la productividad. ¿Para cuándo el aumento de la productividad?, he escuchado aquí. El aumento de la productividad ya se ha realizado. Miren, en el año 2015, se les aumentó la productividad en 125 euros y para el año 2016 se les va a aumentar la productividad en 170 euros, lo que supone un incremento de la productividad del 36% de productividad para los señores examinadores y de 180 euros para las jefaturas con más carga de trabajo, es decir, se produce un incremento de la productividad -que ya se está pagando, que ya se está cobrando- del 44 %. Hombre, si en el peor de los casos aumenta la productividad un 36 % y en el mejor un 44 % y eso no es atender al colectivo de examinadores, ustedes me dirán qué es esto.

En cuanto a las autoescuelas, a ustedes no les ha servido de nada que yo les diga que en el año 2014 se hicieron 1 010 000 pruebas prácticas y que en el año 2016 se han hecho 1 110 000, y no les ha servido de nada porque ya estaban preparados para decirme que qué tragedia más grande el tema de las autoescuelas. Estamos trabajando para solucionar el problema, pero quien está en huelga no es la DGT, quien está en huelga es un colectivo entre nueve, uno, que es conocedor, aparte de la penosidad de su trabajo, también de la influencia que tiene el que se pongan en huelga. Por lo tanto, saben lo que hacen perfectamente. Pero los datos están aquí. Estos datos que yo les estoy dando están realizados por funcionarios con la misma preparación, dignidad y profesionalidad que los funcionarios examinadores. ¡A ver si los únicos funcionarios dignos, preparados y capaces van a ser los examinadores!

También en la DGT existe un amplio colectivo de funcionarios comandados por su secretario general que todos los días hacen posible que, a pesar de la huelga de examinadores, se hayan hecho más teóricos que en el mes de mayo, en concreto, en junio se hicieron 64 708 teóricos. Por tanto, no ha habido esa inactividad trágica que ustedes están planteando aquí. Ha habido 64 000 teóricos, frente a 63 000 en mayo cuando no había huelga. En ese mismo grupo de funcionarios técnicos superiores de Tráfico que les estoy comentando y de los que ustedes también han hablado hay funcionarios que han hecho posible con su trabajo de planificación que en el mes de junio, en plena huelga, los exámenes prácticos no hayan sido cero, sino 80 000. Es que se lo acabo de decir, han sido 80 000 exámenes, los mismos que en abril. ¿Que las autoescuelas están sufriendo las consecuencias de un grupo de funcionarios examinadores que saben que con su actitud pueden causar perjuicio a los ciudadanos? Claro, es que para eso se hacen las huelgas, igual que cuando no hay autobuses o no hay metro. Claro, ¿ustedes se imaginan una huelga que no tenga consecuencias? Pero los que están en huelga no es la DGT; los que están en huelga son los señores examinadores de tráfico, por los que esta dirección general se ha partido la cara para que, dentro de lo posible, puedan tener las mejores condiciones económicas, retributivas y profesionales.


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Un último dato. ¿Saben ustedes cuántos sindicatos han convocado esta huelga? Un cuarto, porque el único sindicato que ha convocado una huelga ha sido UGT Cataluña, ni siquiera UGT como sindicato unitario. UGT Cataluña es el único sindicato que ha convocado esta huelga. La huelga la ha convocado una asociación profesional de examinadores que se llama Asextra y ha sido convocada por los funcionarios a título individual. Por lo tanto, aquí no hay ningún sindicato, que hasta la fecha son los legítimos representantes de los trabajadores, que haya convocado una huelga.

Para terminar, quiero reiterar mi reconocimiento hacia los colectivos de funcionarios de la DGT que fueron también objeto de firma para mejorar sus condiciones económicas y que, en un ejercicio de responsabilidad y de comprensión, han entendido que antes de pagar todavía más a los que están, el escaso dinero de los recursos públicos se debe emplear en que tengamos más médicos, más profesores, más policías, más guardias civiles, más funcionarios de prisiones, etcétera. ¿La reivindicación de mayores retribuciones de los examinadores es justa? Sí. ¿La manera desproporcionada en que están llevando a cabo esta presión? No. Y también aprovecho para anunciarles que, en caso de que en el mes de septiembre se convoque una huelga indefinida, el Gobierno, la Dirección General de Tráfico y el Ministerio del Interior están ya preparando el procedimiento para decretar los servicios mínimos que aseguren una compatibilidad entre el derecho de huelga de unos trabajadores y el derecho a no sufrir excesivos perjuicios por parte de los ciudadanos.

Les repito que ha habido 80 000 pruebas de circulación en el mes de junio, las mismas que en abril -no ha habido inactividad- y que ha habido más teóricos en el mes de junio que en el mes de mayo. ¿De acuerdo? También sería interesante que ustedes conocieran, para que tengan ya una visión de conjunto, que el número de aprobados en los exámenes prácticos a la primera en este país es del 23 %. Podemos entender que quizá lo que sobre sea presión de alumnos en las jefaturas; es que más del 70 % de los alumnos que se presentan en primera convocatoria suspenden, con lo cual imagínense el tapón. Creo que entre todos deberíamos ser muy prudentes a la hora de dar cifras, a la hora de exigir y a la hora de defender los intereses económicos de un sector empresarial, que son muy legítimos, pero cuidado también con los números: el 73 % de los alumnos que se presentan a los exámenes prácticos suspenden.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor director general.

Para el turno de réplica, tal y como había anunciado al inicio de la Comisión, tiene la palabra el señor Bellido, por parte del Grupo Socialista, por tres minutos.

El señor BELLIDO ACEVEDO: Muchas gracias, señor presidente.

Señor director general, en una sala de este Congreso hay examinadores -representados por Asextra y por otros colectivos, como la UGT de Cataluña- y representantes de autoescuelas que estarían deseando escucharle, directamente a usted -puede usted después acompañar a los diputados para hacer esa reunión-, decir qué va a hacer mañana para que este conflicto que hay se resuelva. Lo que le puedo decir es que lo que no se haga ahora se tendrá que hacer más adelante, seguramente bajo una mayor presión, porque una cuestión que se arregla con menos de 3 millones de euros -sobre la que el Grupo Parlamentario Socialista propuso una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado de esa cantidad de 3 millones para resolverla- no hay justificación para que se esté agravando. Por supuesto, al resto de funcionarios de la Administración, y particularmente a los de la Guardia Civil, nosotros también creemos que es conveniente subirles el salario y no tiene nada que ver con que ahora estemos hablando de esta cuestión concreta.

Es verdad que no son muchos los examinadores, pero que no sean muy importantes numéricamente, como reflejaba el portavoz del Grupo Popular, no significa que no sean importantes funcionalmente porque tienen la competencia de medir la cualificación de los individuos que conducen en una sociedad, que llevan vehículos, con los riesgos que eso entraña. Tampoco me parece razonable querer culpar de todo a Felipe González o a Zapatero -le han faltado Rubalcaba y Pedro Sánchez y le invito a que lo haga a continuación para que nos vayamos recreando en que los responsables de todo siempre son los socialistas- (Risas), pero la tasa de reposición que ha habido en estos años no la puso Zapatero, creo que no, aunque usted en cualquier caso dice que fue culpa de Felipe González y de Zapatero. ¿Por qué un problema tan sencillo de resolver se está agravando, con qué intención? Eso querríamos saber. Dice que no tiene competencia para arreglar el problema económico, que eso le corresponde a otra parte del Gobierno. Es decir, que si mañana el director general de Tráfico nos dice que va a eliminar los tramos de alta accidentabilidad no nos lo creeremos porque, como eso le corresponde al Gobierno unipersonal de


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Iñigo de la Serna, no lo podrá hacer. Mire, cuando una parte del Gobierno se compromete a resolver un problema, si no lo resuelve es todo el Gobierno el que no lo resuelve, y eso es lo que ha ocurrido aquí. Dice que ha sido inútil traer tanta documentación. Evidentemente, no la conocíamos, hemos estado escuchándola y revisándola a la vez que nos la ha aportado, pero también para mí resulta poco útil decir que es justa la reivindicación de los examinadores y no conseguir que mejore; si es justa la reivindicación, pues será justo conseguir que tengan el complemento específico que están reivindicando. Dice que es mejor que haya más funcionarios a que los que hay cobren más. Bueno, pues eso se lo podrían aplicar al staff de alta dirección de la Dirección General de Tráfico y a lo mejor con eso tendríamos más funcionarios. No tiene sentido. Evidentemente que hacen falta más funcionarios en este país. Nosotros llevamos reivindicando que haya una mayor reposición desde hace años, pero eso no significa que los que hay y tienen una alta cualificación o una alta responsabilidad no reciban el cobro que merecen por ello.

También ha dicho que la huelga se hace para hacer daño a la sociedad; bueno, o no se resuelven las huelgas para hacer daño a la sociedad. Eso es muy relativo. Aquí hay unos intereses legítimos de unos señores que son los examinadores, que están defendiendo lo que creen que es justo y lo que usted mismo decía hace dos meses y ocho días, sesenta y ocho días, que era justo. Creo que se quiere crear un estigma a los examinadores de la DGT de personas codiciosas, como si sus salarios fuesen altísimos y yo, desde luego, no estoy de acuerdo. He podido ser mucho más duro, mucho más duro...

El señor PRESIDENTE: Don Pablo, tiene que terminar.

El señor BELLIDO ACEVEDO: Termino con esta última frase.

He podido ser mucho más duro con otras cuestiones y he optado por no serlo, porque me ha parecido -y lo sigo pensando- que la DGT merece que haya una máxima unidad para que los mensajes que se emitan desde aquí y que salgan desde la DGT sean unitarios y positivos de cara a la sociedad. Creo que era necesario pedirle hoy al Gobierno que ponga solución a un problema que tiene una solución sencilla y por eso se lo pido y espero no tener que decirle dentro de dos meses que se lo exijo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bellido.

A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Podemos, don Jorge Luis.

El señor LUIS BAIL: Muchas gracias, presidente.

Creo que ha podido ver que, mientras nos estaba dando la documentación, todos los grupos hemos estado apuntando, subrayando, tomando notas y haciendo fotografías para intentar digerir, en el poco tiempo que teníamos, todo lo que nos ha pasado y creo que hemos debatido sobre eso. No hemos venido con un discurso escrito para hablar sobre lo que teníamos escrito, sino que hemos ido elaborando con usted las propuestas que nos ha ido poniendo encima de la mesa. Además de esto, tenemos que tener en cuenta que esto no puede ser un problema, usted no puede cargar contra todo el mundo: contra los examinadores organizados, contra las autoescuelas y contra la oposición. No puede pretender llegar a un acuerdo si no empieza a buscar aliados en vez de enemigos, y nos están creando ansiedad este tipo de declaraciones que son bastante ambiguas. Cuando ha hablado de la especialidad en vez de la escala de examinadores de tráfico por la que tanto hemos luchado y nos propone aquí, con el documento, las razones para la creación de una especialidad de tráfico en vez de una escala de examinadores de tráfico, usted nos está proponiendo otra cosa distinta a aquella por la que tanto hemos luchado.

Cuando han hablado tanto usted como el portavoz del Partido Popular acerca del derecho a la huelga a mí se me han puesto un poco los pelos de punta. Habrá que ver, y se lo ha dicho el portavoz de Esquerra Republicana, la legalidad que tenemos para aplicar ciertas normas y cómo hacemos ciertas cosas por el principio de autoridad; tenga mucho cuidado cuando hable de este tipo de cosas. Sobre las reuniones que ha dicho que había mantenido, es cierto que se han mantenido reuniones, pero no han sido tres sino dos, y en la primera estuvo cuarenta y cinco minutos y en la segunda ni siquiera estuvo presente el secretario general porque estaba de vacaciones. Cuando usted nos da cierta información hay que contrastarla. Como le ha dicho el propio portavoz del Partido Socialista, ahora vamos a tener otra vez una reunión con las autoescuelas y con los examinadores. Le invito a que venga y a que ponga toda esta documentación a disposición de examinadores y de autoescuelas, y podamos debatir. Esta no es una reivindicación estrictamente sindical, esta es la reivindicación de un acuerdo que se ha tenido con el


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Gobierno, al que se le presume credibilidad, sensibilidad y una serie de características, porque si no, no tendría la legitimidad que debería tener un Gobierno, y usted está hablando ahora mismo como portavoz del Gobierno en esta materia.

Por lo tanto -y acabo ya-, en cuanto a la especialidad de tráfico, margina a un tercio de los examinadores que no se van a ver afectados en el grupo C1 y a los dos tercios restantes les supondría la mitad de lo que les prometieron. Y creo que el calendario, como ya hemos dicho, no es una solución. Nos ha propuesto como solución fundamental que en diciembre de 2018 estén recuperadas las plazas pero eso es... (El señor director general de Tráfico, Serrano López: Es un proceso). Es un proceso, es un proceso (El señor director general de Tráfico, Serrano López: Claro), pero lo que le están diciendo desde el comité de huelga es que no quieren seguir con la huelga y para eso tienen que ver buena voluntad, credibilidad. Es lo mismo que le están diciendo las autoescuelas. Por eso tiene que dar algún tipo de señal de buena voluntad para la resolución del conflicto. Lo que no puede hacer es darles carpetazo, darles portazo, porque no quiere cumplir el acuerdo que, ya le hemos explicado, está en el punto número dos, vía complemento de productividad, vía lo que sea; el acuerdo al que llegó en 2015. Le repito otra vez que ese acuerdo se hizo con el secretario general, secretario general que ha sobrevivido a María Seguí y esperemos que no le sobreviva a usted. Por ello, haga las estructuraciones que tenga que hacer, haga lo que tenga que hacer pero, por favor, haga algo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, don Jorge.

A continuación, y por tres minutos, tiene la palabra la portavoz de Ciudadanos, doña Irene.

La señora RIVERA ANDRÉS: Gracias, presidente.

Estoy de acuerdo con usted en muchas cosas que ha planteado hoy que se han puesto sobre la mesa, señor director, y una de ellas es que hay que hacer una revisión claramente del sistema de exámenes. Yo en eso coincido con usted -como le he dicho y lo he dicho en otras comparecencias-, porque es cierto que cada alumno se examina una media de tres veces, no tiene ningún sentido y por supuesto eso genera más listas de espera a la hora de hacer los exámenes, como muchas otras cosas que también he comentado de modernización, de utilización de la cita previa que se utiliza para otros trámites, para que los propios ciudadanos puedan elegir qué día se examinan, etcétera. En todo eso estamos perfectamente de acuerdo, pero ahora mismo tenemos un problema sobre la mesa y es un problema inmediato, como decía antes. Estamos buscando soluciones que son buenas, pero que no resuelven el problema a día de hoy, insisto.

Ha hablado -hago referencia a ello porque me preocupa- de 435 plazas de promoción interna y me gustaría saber cómo va a ser el procedimiento, pues entiendo que tiene que ser por mérito y capacidad. Tendrán que tener estudios y formarse para llegar ahí; no solo porque ha salido como decreto. Realmente, se tiene que hacer como se debe hacer: estudiando. En eso coincido con usted. El que algo quiere, algo le cuesta. Lo cierto es que hubo un compromiso sobre la mesa en el año 2015 -reitero que no fue solamente para los examinadores de tráfico, sino también para otros ocho grupos dentro de la DGT- y creo que no se debería mirar hacia otro lado. Era un acuerdo justo y, sinceramente, creo que en este caso los examinadores tienen más capacidad de presión que el resto de grupos. No es una cuestión de responsabilidad o de no responsabilidad, sino de justicia y lo que está claro es que está afectando a los ciudadanos. Ahora mismo las cifras son alarmantes: cien mil personas no van a poder examinarse. También está afectando a las autoescuelas, sobre todo a las más pequeñas, y a los autónomos; al final, a los negocios más pequeños, que son los que siempre salen perjudicados en estas crisis. Si la DGT tiene las herramientas, que creo que las tiene -usted hablaba del aumento de productividad que ha tenido lugar de manera efectiva-, ¿por qué no se toma esa decisión y, en lugar de hacerse el incremento que usted ha propuesto para 2016, no se hace el que realmente proponen? Negócienlo. Si podemos pasar de 180 a 250, que es lo que están reclamando, sería justo y conseguiríamos desbloquear, como digo, la situación, aunque no mañana. Eso es importante. Hay una disposición para que esto sea así. Me ha gustado lo que ha comentado con respecto a la productividad, porque veo que ya se está haciendo, que ya ha habido ese diálogo y le doy las gracias porque en su primera intervención no lo había mencionado. Es muy importante para los examinadores, que ahora nos están escuchando desde la sala de al lado. Si esto es así, aún se puede llegar a una negociación en poco tiempo. Sinceramente, apelo a eso, al consenso. Estamos en una situación que se puede arreglar y no hay por qué llegar a una situación crítica ni para las autoescuelas ni para los ciudadanos ni para los examinadores ni para la DGT. Tenemos la posibilidad y las herramientas sobre la mesa para que hoy consigamos ese acuerdo. Como decía mi


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compañero, los examinadores, las asociaciones y las autoescuelas están en el Congreso y yo creo que sería una buena oportunidad para cerrar un acuerdo y presentarlo hoy a los medios -hoy, día 18 de julio- y no esperar a que pase el verano y tenga muchas más consecuencias.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Irene.

Interrumpo porque hay una cuestión que me preocupa. Los representantes de los grupos Socialista, Podemos y Ciudadanos lo han dicho, pero la última afirmación de la representante de Ciudadanos me preocupa mucho. Ha manifestado que en la sala de al lado están los examinadores. Me gustaría saber en qué sala porque, que yo sepa, la reunión de los examinadores con algunos grupos parlamentarios, en el legítimo uso de los espacios de la Cámara, estaba prevista en la sala Fraga Iribarne. Supongo que se mantiene allí, ¿verdad? (El señor Bellido Acevedo: Esa es, sí). Quería aclarar el asunto porque, atendiendo al ordenamiento jurídico que nos rige a todos, la presencia en la sala de al lado pudiera ser interpretada como una medida de presión para las posiciones que mantienen el director general y otros grupos parlamentarios, y eso es algo que yo, como presidente, no iba a consentir de ninguna manera.

Concluido el turno de doña Irene y hecha la aclaración que he hecho, que quiero que conste en el Diario de Sesiones, a continuación tiene la palabra el señor Olòriz, por el Grupo de Esquerra Republicana.

El señor OLÒRIZ SERRA: Gracias, señor presidente.

Enseño mi proyecto de intervención prefabricada. (Muestra una hoja.-Risas). Siempre lo hago así por respeto a los comparecientes. Cuando hay un compareciente -como estoy en la Comisión de Educación, ya llevo ochenta-, has de tener el respeto de escuchar. Eso no quita que haya escuchado a otra gente y que eso me haya alimentado también para la intervención. Me llevo un titular que me preocupa: continúa el conflicto. Me preocupa porque hablamos de conflicto, no de huelga. La huelga es un instrumento de los conflictos, pero el conflicto siempre tiene dos partes y -atención-, si el conflicto no se resuelve, los responsables son las dos partes, no solo una. No son solo responsables los que hacen huelga. Esto es muy importante, porque el problema no es la huelga. La huelga es la consecuencia del conflicto, no la causa. Esto lo debemos entender bien. Para encontrar soluciones hemos de saber bien cuál es el problema; si no, nos equivocaremos en la solución. Yo le tengo respeto por el cargo que ocupa, pero cuanto más tarde lleguemos a la solución, peor. Estoy seguro de que usted tendrá que llegar a una solución del conflicto y cuanto más tarde, peor. La realidad desmiente los mejores propósitos e incluso los documentos que se entregan aquí. He hablado con representantes de las autoescuelas. Hoy me he reunido y he comido con los representantes de las autoescuelas catalanas -con el grupo mayoritario- y me daban ejemplos de situaciones muy graves. Usted habla de miles arriba y miles abajo pero, cuando lo pasamos a la realidad concreta, puede suponer que haya empresas que no pueden pagar. Si esto lo posponemos a septiembre, habrá muchas más. Por tanto, si el conflicto continúa, continuarán los problemas. El día 24 vienen cientos de representantes de las autoescuelas a entregar un documento a la Presidencia del Parlamento, como ha de ser. Vendrán aquí con un documento con sus proposiciones y otros harán otras cosas. Sería mejor que usted, en vez de decir que el conflicto continúa y que la culpa es de los huelguistas -¡a por ellos!-, dijera que mañana se volverán a sentar y que se sentará también con las autoescuelas. Hemos de convertir los papeles -usted sabe que las estadísticas lo aguantan todo, incluso cualquier matización, pero la realidad concreta, no- en diálogo con ellos para encontrar soluciones. Mejor mañana o mejor pasado que en septiembre.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Joan.

A continuación, tiene la palabra don Antonio Postius, por el Grupo Parlamentario Mixto.

El señor POSTIUS TERRADO: Gracias, señor presidente.

Seré muy breve. La verdad es que me ha sorprendido mucho el tono de la réplica del director general de la DGT, porque culpabilizar a todo el mundo de la situación en la que nos encontramos hoy en día no creo que sea la mejor forma de solucionar el problema que tenemos. Hoy todos los grupos que estamos en la oposición coincidimos y le pedimos a usted, como representante del Gobierno, que ponga todos los recursos que sean necesarios para encontrar una solución a corto y medio plazo; sobre todo para que los miles de alumnos que este verano no han podido hacer el examen lo puedan hacer cuanto antes, porque esto está acarreando muchos perjuicios.


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En todo caso, le vuelvo a pedir el número exacto de examinadores que está previsto para Cataluña -si no lo tiene, me lo puede enviar- y la distribución que habrá en cada una de las provincias. Hay que tener en cuenta que hacen falta más de veinte o treinta en función de los cálculos y sería interesante que se pudiera disponer de esta información.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Postius.

A continuación, para cerrar el turno de los grupos parlamentarios, tiene la palabra don Óscar Gamazo, por el Grupo Parlamentario Popular.

El señor GAMAZO MICÓ: Buenas tardes de nuevo.

Antes que nada permítanme que les muestre mi intervención en estos momentos. (Muestra un cuaderno escrito). Don Joan, que un diputado tenga un discurso formado y preparado no denota más que se ha preparado el tema a tratar, más cuando es un tema tan importante y serio que afecta a tantas personas. No llevarlo preparado puede suponer una grandísima soltura o, por ejemplo, que en vez de estar buscando en la hemeroteca que en 2001 ya había una huelga y que los señores examinadores reivindicaban exactamente lo mismo, estaba, por ejemplo, de cañas, que no era el caso. Por tanto, desde este grupo parlamentario y para este diputado preparación supone respeto a la ciudadanía y respeto a la representación de los vecinos de la provincia de Valencia; una preparación que permite -por mucho que no les guste al señor Bellido y al Grupo Parlamentario Socialista- reprocharle que ojalá todas esas medidas y todo ese esfuerzo que parece que están impulsando y que se convierten ahora en los baluartes de los defensores de los derechos de los examinadores lo hubiesen realizado ya no en el año 1984, cuando suprimieron esa escala de tráfico de los examinadores, sino durante los veinte años posteriores, de 1985 a 1996, y con la etapa de Zapatero que usted ha nombrado. Por cierto, esa fue la etapa del presidente Rodríguez Zapatero en la que su Gobierno adquirió un compromiso con los examinadores en el año 2008 para incrementarles el complemento específico. Jamás se supo nada de cómo habían quedado con ese compromiso que, si estuviera resuelto, ahora no estarían reivindicando exactamente lo mismo. Por tanto, lecciones desde el Partido Socialista ninguna o cero patatero. Por cierto, en el año 2010 todos los funcionarios, incluidos los examinadores de tráfico, sufrieron unos recortes de la izquierda, del Gobierno socialista, de un 5 % en sus salarios. Así que, señores del Grupo Socialista, no levanten banderas que no supieron defender y proteger cuando gobernaban.

Por otro lado, me sorprende que con cierta ligereza se critique a todos los altos funcionarios que en estos momentos acompañan al director general de tráfico, porque no sé si lo sabrá -creo que sí, le entiendo por una persona bien formada-, pero es el mismo equipo directivo que acompañó al último dirigente de la DGT, al último director general de tráfico, que nos acompañó hace poco aquí, en esta misma sala, y que fue nombrado por un Gobierno socialista. Por tanto, no entiendo a qué vienen esas críticas y dónde empieza o acaba la congruencia de los planteamientos del Grupo Parlamentario Socialista.

Dicho esto, conviene señalar que el Grupo Parlamentario Popular está por la labor de mejorar la situación y que el conflicto que ha iniciado una parte y que afecta a las autoescuelas, a las pequeñas y medianas empresas y a los ciudadanos, se resuelva, pero es un conflicto que -como he indicado y volveré a indicar- se resuelve de una manera muy fácil, de forma educada y respetuosa; y por cierto, respetamos perfectamente el artículo 28 de la Constitución, el derecho de huelga, ¡faltaría más!, pero también respetamos que se compatibilice con el derecho de la ciudadanía y con los graves perjuicios económicos que se están causando en estos momentos. En el Gobierno y el grupo parlamentario creemos que es mejor que haya más funcionarios atendiendo a los españoles, es mejor que haya más funcionarios trabajando, que se cree empleo y que aquellos que en estos momentos están cobren más; esta es una posición o un planteamiento político-económico. Ustedes, que destruían 1200 puestos de trabajo hace cinco o seis años, no pueden dar lecciones cuando ahora se están creando 2600 diariamente. Por tanto, esa es la voluntad del Gobierno, que siga habiendo crecimiento económico y se sigan creando y facilitando puestos de trabajo en el sector privado y también desde el sector público.

Como he dicho antes, estamos en un conflicto estrictamente sindical, hoy no estamos hablando de implementar medidas que mejoren la movilidad segura y sostenible de nuestro país, donde los examinadores exigen 250 euros más al mes, algo lícito, como ha señalado el director general. Todos los trabajadores del sector privado y del sector público anhelan cobrar más, efectivamente, por eso respetamos esas reivindicaciones y que deseen cobrar más, como cualquier otro ciudadano. Pero ante


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eso, el Gobierno no ha estado inamovible, ha tomado decisiones, como esa especialidad de tráfico, y la oportunidad de que los examinadores de tráfico, 432 examinadores, podrán aumentar sus retribuciones y mejoras profesionales en 1536 euros más. Es decir, si esto fuese una negociación a dos bandas, habría una postura inicial en la que unas personas exigirían cobrar 3000 euros más al mes y el Gobierno les ofrecería 1600 euros más. Es decir, no se parte de cero. Como ha señalado el director general, por él no será. En la última sesión de la Comisión comentó -y finalizo respecto a este tema- que el diálogo es constante; diálogo, diálogo y diálogo. Nosotros nunca cerraremos el diálogo, pero somos conscientes de que el fomento del empleo público y la creación de puestos de trabajo solamente se realiza mediante la sostenibilidad y la estabilidad de nuestras cuentas, de las cuentas publicas. No nos den lecciones de despilfarros económicos, por favor.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gamazo.

Para terminar con el desarrollo de la Comisión, tiene la palabra el director general.

El señor DIRECTOR GENERAL DE TRÁFICO (Serrano López): Muchas gracias, señor presidente.

Como usted comprenderá, nosotros no tenemos ningún interés en tener enemigos en esta cuestión. No nos dedicamos a crear enemigos; nos dedicamos a intentar resolver los complejos problemas que tiene la vida, y la vida pública en particular, que para eso los ciudadanos nos han puesto aquí, y eso es en lo que nos afanamos diariamente. Si nosotros no fuéramos aliados de los examinadores, no hubiera estado tres veces con los examinadores; no he estado dos, he estado tres. La primera vez que estuve con ellos, estuve con más de 150 examinadores, que celebraron su asamblea en Madrid un sábado a las nueve de la mañana. Yo vine desde mi ciudad natal, Sevilla, cogí un avión a las seis y media de la mañana y estuve con ellos en su asamblea anual intentando explicarles diversas cuestiones que atañían a su labor como examinadores; cuatro horas estuve con ellos. Y, después, he estado en todas y cada una de las reuniones de seguimiento de la huelga.

Señor Luis, me va a permitir usted que le haga un comentario, porque en todas y cada una de las intervenciones que usted ha tenido ha nombrado recurrentemente al secretario general de la DGT, acusándole o intentando lanzar sobre él una serie de cuestiones. Le recomiendo que sea usted sumamente prudente, porque el secretario general de la DGT es un funcionario, al igual que los señores funcionarios que le han contado a usted cosas. Yo le recomiendo que no se meta usted en cuestiones internas entre funcionarios, porque para eso tendría usted que conocer en profundidad el trabajo del secretario general de la Dirección General de Tráfico que, como muy bien ha dicho el señor Gamazo, ya formaba parte del equipo directivo del director general que estaba en el Gobierno del señor Zapatero, en concreto el señor Pere Navarro, y que hace su trabajo con una excelente profesionalidad, dedicación y dignidad. Por lo tanto, no se meta usted a hacerse eco de cuestiones entre funcionarios, porque para eso tendría usted que conocer de quién estamos hablando. Estamos hablando de una persona absolutamente reconocida dentro y fuera de la Dirección General de Tráfico, como es su secretario general, don Cristóbal Cremades. Es un consejo o una precisión que le hago, si usted me lo permite, y que además no viene a cuento, porque si la última vez que se reunió el comité de huelga protestaron porque no estaba el secretario general, imagínese si yo no hubiera estado. Y da igual quién no estuviera; quien no estuviera iba a ser motivo de pega: es que no está este; es que no está el otro. El secretario general estaba donde tenía que estar, y el que estaba al frente de la negociación era el director general. Se lo digo porque me extraña que usted, recurrentemente, esté poniendo en solfa y atacando a un funcionario haciéndose eco de las cositas que le cuentan otros funcionarios con los que usted se ve y se reúne. Espero que me permita usted esa apreciación, porque creo que es tremendamente injusto lo que se ha hecho.

Como les decía, si no fuéramos aliados de los examinadores, no les hubiera dicho, como les dije a ellos en todas las reuniones, que su principal defensor y su principal aliado era la Dirección General de Tráfico y yo. En todas las reuniones se lo he dicho, y es verdad. Lo que pasa es que yo creo que es más fácil centrar el tiro en la DGT -que todo el mundo conoce lo que es la DGT- y no en otras cuestiones. Nosotros lo admitimos con deportividad, pero creo que es injusto, muy injusto, lo que se está haciendo con esta dirección general. Si no hubiéramos sido aliados de ellos, no les hubiéramos incrementado la productividad en un 36 % en unos casos, y en un 44 % en otros. Pero es más, del remanente final de productividad de la bolsa de productividad de remanentes -fíjese que la Dirección General de Tráfico es el único órgano de gobierno que reparte toda la productividad entre sus trabajadores; todas las escalas de funcionarios, todas, de la Dirección General de Tráfico cobran productividad, todas- repito, del


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remanente que queda a final de año para repartir entre todos los funcionarios de la Dirección General de Tráfico con motivo de este acuerdo que se firmó, el 30 % se repartió entre los examinadores. Se les subió la productividad un 36 % en unos casos, se les subió la productividad un 44 % en otros, y del remanente que quedó a final de año para repartir entre todos los funcionarios, el 30 % se le dedicó a ellos. Eso lo hace un aliado, no lo hace un enemigo. Un aliado, cuando se termina de examinar a un alumno, permite que no se le comunique el resultado, para protegerle de agresiones verbales o físicas. Eso lo hace un aliado, no lo hace un enemigo. Un aliado lo que hace es dar la cara ante los órganos competentes para intentar que se les cree una escala que dignifique su profesión y aumente su retribución. Eso lo hace un aliado, no lo hace un enemigo. Tampoco tenemos ningún interés en tener enemigos en las autoescuelas. Si no fuéramos aliados de las autoescuelas, durante los cursos 2014, 2015, 2016 y 2017 no se habrían impartido un total de nueve cursos de formación de examinadores de once semanas para aumentar el número de examinadores. El puesto de examinador no es lo suficientemente atractivo. A pesar de ello, se han impartido nueve cursos de funcionarios de la DGT que trabajan en otros departamentos y que quieren ser examinadores. No es suficientemente atractivo, pero tampoco es absolutamente nada atractivo.

La solución no es diciembre de 2018 ni es mayo de 2018 ni la DGT dice que solucionará esto en mayo de 2018. ¡Hay que ver las cosas que se le ocurren a la DGT! Tenemos el problemón que tenemos y resulta que ahora dicen que hasta mayo de 2018 no van a arreglar esto. Esto es un proceso que empieza en el mes de septiembre, dentro de un mes y medio. ¿Ustedes creen que las 28 000 plazas de la oferta pública de empleo van a empezar a trabajar la semana que viene? Eso tiene unos procedimientos de convocatorias, de exámenes, de preparación de las convocatorias... Es un proceso donde va a haber 24 examinadores más en septiembre, otros 35, otros 35 y otros 70, y va a culminar en diciembre de 2018 con 166 examinadores más. Vamos a ser un poco serios y no digamos que a la DGT se le ha ocurrido arreglar esto en el mes de marzo de 2018. No. Esto va a comenzar ya. Se van a realizar todos los procesos que la ley establece con garantías para asegurar lo que la señora Rivera ha dicho en cuanto a igualdad, mérito y capacidad entre todos los ciudadanos que quieran optar a este puesto. Ahora, una varita mágica para decir que la semana que viene ya están todos los examinadores no tenemos, entre otras cosas, porque creo que es la tercera vez que le digo que no se está en inactividad en las jefaturas: 80 000 pruebas de circulación en el mes de junio y 64 000 de teóricos. Por tanto, no hay ninguna inactividad. Nosotros no buscamos enemigos, pero después de tantas semanas escuchando y escuchando, creo que ha llegado la hora de que nos defendamos un poco y pongamos las cosas un poco en su sitio, y lo he pretendido hacer hoy con la documentación que les he proporcionado y que tienen ustedes en sus carpetas.

A los representantes del PDeCAT, de Esquerra Republicana y del PNV, que excusó antes su marcha, les diré que los examinadores que se van a ir incorporando van a ir siendo destinados a aquellas jefaturas con mayor déficit de examinadores. Eso está claro. De todas formas, les quiero decir a los representantes tanto del PDeCAT como de Esquerra que antes de comenzar la huelga -ahora ya no podemos hacer este cómputo porque ya se ha producido un retraso debido a la huelga- los plazos en días naturales, no hábiles -si fueran hábiles serían inferiores a los que ahora les voy a decir-, para examinarse desde la petición de examen hasta la realización del mismo eran, en Barcelona, doce días naturales; en Sabadell, donde hay otra jefatura local de Tráfico donde también se examina, doce días; en Girona, siete días; en Lleida, quince días, y en Tarragona, diez días. Tendrá usted que convenir conmigo en que no son muchos días, es un número de días bastante razonables. Una media, como ha podido comprobar, de nueve o diez días naturales parece una media muy aceptable. Por tanto, no hay gravísimos problemas de retrasos en las jefaturas provinciales de Cataluña.

En cuanto al País Vasco, quiero decirles que en la jefatura de Álava el plazo para examinarse, antes de la huelga, era de siete días; en Guipúzcoa, trece días y en Vizcaya, tres días. Yo le agradezco profundamente al representante del PNV el ofrecimiento de ayuda pero, en principio, parece que también razonablemente hay unos días más que apropiados para examinarse. Quería aclararle eso y reiterarle que, lógicamente, en aquellas jefaturas -en caso de que sean las catalanas, evidentemente también será así- en las que haya más necesidad es donde se van a destinar, como comprenderán, los nuevos examinadores que vayan entrando.

Nuestro compromiso con los examinadores, el que yo asumí, fue la creación de una escala de examinadores; al final ha sido una especialidad dentro de lo que ya hay. A efectos retributivos a ellos les da exactamente igual -me remito a las ventajas retributivas que esto supone y que tienen ustedes por escrito-, pero si hubiéramos hecho una escala nueva de examinadores, como ellos pedían, se habría tenido que crear una escala nueva de funcionarios a través de una ley. Ustedes comprenderán, porque


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son los legisladores, que el trámite de una ley es bastante complejo y prolongado en el tiempo y crear una ley propia para crear una escala de funcionarios nos habría supuesto irnos, no a mayo ni a septiembre sino a bastante más lejos. ¿Qué se ha hecho? Crear algo que es mucho mejor para los examinadores y para el resto de colectivos, a los que se les ofreció una promoción digna de su trabajo, y también para los ciudadanos y para las autoescuelas. En el mes de diciembre ya estará hecha la promoción interna y 435 examinadores que eran del grupo C2 -el que quiera, estudie y apruebe- pasarán a ser del grupo C1, con todas las ventajas que les he comentado. Por tanto, si lo que se nos está recriminando es que no se ha creado una escala propia, evidentemente las ventajas de aprobarlo, tal y como Función Pública lo ha diseñado mediante una especialidad, es mucho más ventajoso y mucho más rápido que si hubiera sido a través de una ley.

Yo tenía bastante interés en comparecer en esta Comisión. Comprendo los intereses de todas las partes; comprendo los anhelos de los examinadores por tener una mayor retribución; comprendo la preocupación de las autoescuelas de las que viven tantísimos trabajadores -por cierto, los profesores de autoescuela tienen una remuneración bastante menor que la que tiene el colectivo de funcionarios examinadores- y comprendo la preocupación de ustedes como representantes de los ciudadanos sobre este tema. He pretendido explicarme con la mayor honestidad. Evidentemente no aspiro a que todo el mundo me entienda; no aspiro a que todo el mundo me apoye; no aspiro a nada de eso. A lo que sí aspiro, y es a lo que he aspirado siempre en mi vida, es a contarles la verdad, a ser razonablemente honesto -todo lo que mis fuerzas me permitan- y quedo a su disposición por si ustedes necesitan más documentación, más explicaciones, más tiempo o lo que ustedes quieran.

Espero haber clarificado algo y continúo anhelando que pronto tengamos una reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial que nos permita rebajar la cifra de 1810 fallecidos que hemos tenido durante el año 2016. Tenemos que llamar la atención en que tenemos un problema en nuestros municipios, en nuestros ayuntamientos, en nuestras ciudades con los colectivos más vulnerables -ciclistas, peatones y motoristas- y que entre todos logremos tener un país más seguro, con mejor formación vial y que todo marche lo mejor posible, como todos deseamos.

Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor director general.

Creo que es el momento de agradecer el impulso que ha dado usted a la sesión extraordinaria que acabamos de celebrar a través de su petición de comparecencia a iniciativa propia y también agradecer el esfuerzo de comunicación que ha hecho con todos los representantes de los grupos parlamentarios, tanto por escrito como verbalmente.

De nuevo quiero señalarle que siempre estaremos en disposición, como dice usted, de dialogar, dialogar y dialogar.

Muchísimas gracias.

Se levanta la sesión.

Eran las siete y veinte minutos de la tarde.

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