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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 365, de 07/11/2017
cve: DSCD-12-CO-365
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 365
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES
Sesión núm. 16
celebrada el martes,
7 de noviembre de 2017


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia del señor Mesado Martí, secretario técnico de la Unió de Llauradors i Ramaders, para que exponga la postura de la organización agraria a la que representa sobre el reciente acuerdo de asociación económica entre la Unión Europea y los Estados del AAE de la SADC (DOUE L 250/3 de 16/09/2016) y su impacto en el sector agrario, en concreto en el sector de los cítricos en nuestro país y especialmente en la Comunitat Valenciana. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 219/000015) ... (Página4)

Preguntas:

- Del diputado don César Luena López, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre valoración de la situación de sequía en La Rioja y actuaciones previstas para afrontarla. (Número de expediente 181/000398) ... (Página14)

- Del diputado don José Juan Díaz Trillo y de la diputada doña Josefa Inmaculada González Bayo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre opinión del Gobierno acerca del hecho de que el Tribunal Supremo haya dado la razón a la Junta de Andalucía paralizando cautelarmente la decisión del Gobierno de que pague la sanción por pastos (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/014237). (Número de expediente 181/000479) ... (Página18)


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- Del diputado don Marc Lamuà Estañol, en sustitución del diputado don Gonzalo Palacín Guarné, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre valoración del uso de los nuevos bloqueantes de llama ecológicos por las brigadas y medios dependientes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en la lucha contra los incendios forestales por su menor impacto sobre el medio ambiente que los utilizados actualmente (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/016627). (Número de expediente 181/000499) ... (Página21)

- Del diputado don Salvador Antonio de la Encina Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre previsiones del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente respecto al reinicio de las obras "Colectores para el saneamiento en Algeciras, 1.ª fase. Actuaciones para la mejora de los colectores de evaluación de la red de la calle Jacinto Benavente en Algeciras (Cádiz)", paralizadas desde hace seis meses. (Número de expediente 181/000062) ... (Página24)

- Del diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre fecha prevista para la aprobación de la declaración de Parque Nacional de la Sierra de las Nieves en la provincia de Málaga (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/005816). (Número de expediente 181/000219) ... (Página27)

- Del diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre motivos por los que la nueva planta de biomasa anunciada por la empresa ENCE en el año 2016 ya no se va a construir en Pontevedra. (Número de expediente 181/000230) ... (Página30)

- De la diputada doña Eva García Sempere, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre estado en el que se encuentra la incoación del nuevo expediente de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa de unos 2.600 metros de longitud, comprendido entre el extremo norte de la calle Antonio Machado y las inmediaciones de las ruinas del antiguo cuartel de carabineros junto a la playa de los Bajos de la Romanilla en Roquetas de Mar (Almería). (Número de expediente 181/000379) ... (Página33)

- Del diputado don José Juan Díaz Trillo y de las diputadas doña Josefa Inmaculada González Bayo y doña Isabel Rodríguez García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas previstas para el almacenamiento y posterior tratamiento de los residuos de mercurio derivados de la industria cloro-alcalina (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/011771). (Número de expediente 181/000429) ... (Página33)

- De los diputados don Pablo Bellido Acevedo y don Luis Carlos Sahuquillo García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre fecha prevista para la finalización de las obras de abastecimiento a la futura mancomunidad de aguas de los núcleos colindantes con los embalses de Entrepeñas y Buendía (Cuenca y Guadalajara). (Número de expediente 181/000453) ... (Página36)

- De los diputados don Pablo Bellido Acevedo y don Luis Carlos Sahuquillo García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre fecha prevista para la tramitación y puesta en marcha definitiva del Plan de fomento de uso público y adecuación medioambiental del entorno de los embalses de Entrepeñas y Buendía (Guadalajara y Cuenca). (Número de expediente 181/000455) ... (Página36)

- De los diputados don Pablo Bellido Acevedo y don Luis Carlos Sahuquillo García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre alternativas para sustituir al trasvase Tajo-Segura. (Número de expediente 181/000454) ... (Página40)


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- De los diputados don Pablo Bellido Acevedo y don Luis Carlos Sahuquillo García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre cumplimiento de las recomendaciones del Parlamento Europeo en relación con el informe de la Comisión de Peticiones que hizo visita de inspección a España para valorar el incumplimiento de la Directiva marco sobre el agua y, especialmente, con la recomendación sobre el uso de las desalinizadoras para reducir la presión sobre el Tajo. (Número de expediente 181/000456) ... (Página43)

- Del diputado don José Juan Díaz Trillo y de la diputada doña Josefa Inmaculada González Bayo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre continuación y finalización de las obras de la presa de Alcolea (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/015251). (Número de expediente 181/000480) ... (Página46)

- Del diputado don Gonzalo Palacín Guarné, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre previsiones acerca de la tramitación del proyecto de real decreto por el que se regulan las emisiones de contaminantes atmosféricos procedentes del motor de los vehículos, así como de impulsar medidas relativas a la reducción de las emisiones de contaminantes atmosféricos procedentes del motor de los vehículos (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/015092). (Número de expediente 181/000502) ... (Página49)

Se abre la sesión a las nueve y treinta minutos de la mañana.

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, buenos días.

Hoy comparece don Joan Manuel Mesado, secretario técnico de la Unió de LLauradors i Ramaders. (El señor López de Uralde Garmendia pide la palabra).

¿Señor López de Uralde?

El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Señor presidente, una cuestión sobre el orden del día. El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presentó una propuesta de modificación para discutir hoy la proposición no de ley sobre el asunto del glifosato. Puesto que se discute el jueves en la Unión Europea, entendemos que tendría sentido discutir hoy la proposición no de ley, pero no hemos recibido ninguna respuesta. Nos gustaría saber.

El señor PRESIDENTE: Le voy a contestar. Su señoría debe saber que todos aquellos asuntos que no han sido incluidos en las mesas que sirven para convocar las comisiones no pueden ser incluidos en la propia Comisión. ¿Cuál hubiera podido ser la solución? El escrito lo hemos recibido el lunes. La solución podría haber sido, para atender a los deseos de su grupo, haber convocado una Mesa el propio lunes, porque si no se convoca una Mesa que apruebe la inclusión de un punto del orden del día -la modificación en este caso de lo que se había acordado en la Mesa que había convocado esta Comisión- no se puede incluir. Es decir, que eso hubiera obligado, para atender a los deseos de su grupo, a convocar una Mesa ayer lunes, para lo cual los miembros de la Mesa que no son residentes en Madrid hubieran tenido muchas dificultades, pero es que además los grupos deben disponer de la propuesta que quería presentar su grupo con tiempo suficiente para poder presentar enmiendas. Ese tiempo, según el Reglamento, es de más de seis horas, todo lo cual hacía prácticamente imposible que este punto pudiera ser incluido en el orden del día.

No obstante, como detecté las inquietudes de su grupo, encargué un informe al letrado para ver si era posible atender los deseos de su grupo y el letrado me contestó el siguiente escrito, que le leo para su conocimiento. Es de fecha de ayer y dice: Estimado presidente, contesto a tu consulta sobre la posibilidad de modificar el orden del día a petición de dos grupos o una quinta parte de los diputados miembros de la misma, a la vista de la petición recibida en la mañana de hoy -mañana del lunes-. De acuerdo con el artículo 67.2 del Reglamento, el orden del día de las comisiones será fijado por su respectiva Mesa -la Mesa que fijó este orden del día de la sesión de hoy- y, por tanto, se requiere en todo caso un acuerdo de la Mesa relativo a la propuesta de los diputados o grupos. Ahora bien, dicho acuerdo no podría tener lugar mañana al comenzar la sesión ya que, de acuerdo con el artículo 68.3 del propio Reglamento, para


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incluir un asunto en el orden del día este tendrá que haber cumplido los trámites reglamentarios que le permitan estar en condiciones de ser incluido, es decir, una convocatoria de la Mesa. En el presente caso, al tratarse de una PNL, no se habría cumplido el requisito de abrir un plazo para presentación de enmiendas por los grupos de hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que haya de debatirse. Para acordar la apertura de dicho plazo debería haberse tomado el correspondiente acuerdo de la Mesa con la suficiente antelación. Obviamente los servicios de la Comisión no pueden tomar esta decisión, que corresponde a la Mesa, y esta difícilmente podría reunirse en el día de hoy al ser lunes y estar muchos de sus miembros fuera de Madrid.

Eso es lo que dice el escrito. O sea, se ha intentado, y yo desde luego entiendo que el día 9 es una fecha muy señalada, pero hemos tenido tiempo para haber presentado esa iniciativa. Se podía haber presentado anteriormente, no en última instancia, lo que ha hecho imposible, como le digo, poderla incluir en el orden del día.

El señor LOPEZ DE URALDE GARMENDIA: Respecto a las fechas, lo que ocurre es que realmente la información de que la decisión de la Unión Europea sobre el glifosato se iba a tomar el 9 de noviembre ha sido muy de última hora puesto que se ha ido retrasando y solamente de manera muy reciente se ha sabido que sería el día 9, y en ese sentido nosotros entendemos -puesto que el tratamiento del tema va a ser el día 9, el jueves- que sigue siendo relevante para esta Comisión discutirlo antes del día 9. En ese sentido, la PNL sí había sido presentada, puesto que estaba para la próxima sesión de PNL, que en principio iba a ser esta, pero luego se decidió que esta fuera de comparecencias; es decir, que sí podían desde la Mesa haber habilitado el tiempo para presentar alegaciones y haber podido discutir hoy nuestra proposición no de ley, que me parece que tiene sentido político; es decir, que tenemos que estar trabajando en la realidad de lo que está ocurriendo, porque cuando la discutamos el día 28, el tema ya va a estar decidido por la Unión Europea y, por lo tanto, pierde la importancia que pudiera tener que este Congreso se posicionara sobre la cuestión.

El señor PRESIDENTE: Yo entiendo las consideraciones que hace su señoría, pero lo que no podemos hacer es modificar el Reglamento. Entiendo que se produce una cierta indefensión cuando los acuerdos de la Comisión Europea llegan en el último minuto y nosotros quizá no hemos tenido agilidad, pero desde luego en la Mesa en la que se convocó esta Comisión su grupo podría haberlo solicitado, porque esto estaba al caer; no sabíamos la fecha, pero todos los grupos sabíamos que era inminente un acuerdo sobre si se prorrogaba o no en la Unión Europea, si se autorizaba o no el uso del glifosato, que, como usted sabe, señoría, despierta polémica entre los distintos sectores afectados. Lo que ocurre en estos momentos, independientemente de la oportunidad de la iniciativa, es que con el Reglamento en la mano no ha sido posible incluirlo en el orden del día. No sé si recuerda que también al comienzo de esta legislatura -no era un asunto tan reglamentario como este- un diputado del Grupo Mixto, el señor Postius, que ahora no está aquí, propuso, después de una reunión de la Mesa, incluir una iniciativa y se le contestó que no era posible porque no se había aprobado en la Mesa que convocaba la Comisión. Este es un Parlamento que no puede modificar, como pasa en otros parlamentos, los reglamentos sobre la marcha porque eso provoca un cierto desorden. Le ruego que lo comprenda; de verdad, se ha intentado pero ha sido imposible.

COMPARECENCIA DEL SEÑOR MESADO MARTÍ, SECRETARIO TÉCNICO DE LA UNIÓ DE LLAURADORS I RAMADERS, PARA QUE EXPONGA LA POSTURA DE LA ORGANIZACIÓN AGRARIA A LA QUE REPRESENTA SOBRE EL RECIENTE ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS ESTADOS DEL AAE DE LA SADC (DOUE L 250/3 DE 16/09/2016) Y SU IMPACTO EN EL SECTOR AGRARIO, EN CONCRETO EN EL SECTOR DE LOS CÍTRICOS EN NUESTRO PAÍS Y ESPECIALMENTE EN LA COMUNITAT VALENCIANA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 219/000015).

El señor PRESIDENTE: Empezamos con el orden del día, con un poquito de retraso. En nombre de esta Comisión doy la bienvenida a don Joan Manuel Mesado, secretario técnico de la Unió de Llauradors y Ramaders para que exponga la postura de la organización agraria a la que representa sobre el reciente acuerdo de la asociación económica entre la Unión Europea y los estados de la AAE de la SADC y su impacto en el sector agrario, en concreto en el sector de los cítricos en nuestro país y especialmente en


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la Comunidad Valenciana. Esta comparecencia ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, especialmente por la diputada doña Rosana Pastor, que ha tenido un especial interés en su comparecencia. Le agradecemos su comparecencia aquí, en esta casa, que es la de todos.

Como le he comentado, la distribución de tiempos sería la siguiente. Quince minutos para que usted exponga el tema que le trae a esta Comisión, luego otros veinte minutos que se distribuirán entre los grupos que quieran intervenir y finalmente usted, para contestar a las preguntas que le sean formuladas y que tenga a bien responder o para lo que usted quiera, cierra el turno con otros quince minutos. No se sienta obligado a contestar algunas de las preguntas si no tiene datos; en ese caso, le rogaría que los facilitara por escrito a esta Comisión para que se le trasladara la información al grupo proponente.

Tiene usted la palabra.

El señor SECRETARIO TÉCNICO DE LA UNIÓ DE LLAURADORS I RAMADERS (Mesado Martí): Buenos días a todas.

Gracias, en principio, al presidente por dejarnos comparecer en el Congreso de los Diputados y dar voz a las asociaciones que representamos a los agricultores, para nosotros es muy importante. También quiero hacer especial mención a los eurodiputados y eurodiputadas valencianos y valencianas por acompañarme, mención que hago extensiva a todos los europarlamentarios valencianos que en su momento votaron en contra de este acuerdo.

Voy a presentarme rápidamente. Como ha dicho el presidente, soy Joan Manuel Mesado, secretario técnico de la Unió de Llauradors y Ramaders, que es una organización profesional agraria. No puedo decir que es la organización profesional agraria con mayor representatividad hasta que no tengamos elecciones, pero sí que es la que tiene mayor implantación en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Nacimos hace cuarenta y un años para defender la agricultura y la ganadería familiar y ser los interlocutores ante las administraciones públicas y ante todas aquellas entidades relacionadas con el sector agrario.

Voy a hablar -con quince o veinte minutos voy a intentar resumir lo máximo posible- sobre las consecuencias del acuerdo de asociación económica, y resalto lo de económica, entre la Unión Europea y los países de África meridional. Resalto económica porque lo que se firmó fue un acuerdo económico, un acuerdo económico que ya teníamos en vigor desde el año 2004, en el cual se permitía la entrada a la Unión Europea de cítricos procedentes de Sudáfrica en contrastación sin pagar aranceles de entrada entre el 1 de junio y el 15 de octubre. Se firmó en 2004; por tanto, estamos hablando de algo que ya teníamos. El nuevo acuerdo se firmó por la Comisión Europea el pasado 10 de junio de 2016, se aprobó en el Parlamento Europeo el 14 de septiembre y entró en vigor el 10 de octubre, todo en 2016. Es importante la fecha del 10 de junio por un detalle que les explicaré posteriormente.

El actual acuerdo lo que hace es ampliar el periodo de importación desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre, o sea, mes y medio más, sin que los cítricos procedentes de Sudáfrica paguen un derecho de entrada. Sí es cierto que esta rebaja de los aranceles será paulatina hasta el año 2025 en que desaparecerán. Desde el punto de vista sectorial este acuerdo evidentemente no nos gusta porque es más competencia, pero estamos en lo que se llama el mundo globalizado y tenemos que hacer frente a ello, y lo podemos hacer siempre y cuando tengamos las mismas reglas, que ahora les comentaré.

Decía que era un acuerdo económico, pero a nosotros, al sector, lo económico nos interesa y nos importa, evidentemente, pero lo que más nos preocupa es lo que hay detrás de ese acuerdo económico, que son las plagas y enfermedades. Voy a ser muy rápido en este tema. Sudáfrica tiene solamente tres plagas y enfermedades. La principal, la amenaza más importante en estos momentos es el Citrus black spot, que es la mancha negra, que está causada por un hongo que es la Phyllosticta citricarpa, una plaga de cuarentena no presente en la Unión Europea. Esta enfermedad lo que hace es depreciar comercialmente nuestros cítricos desde fuera, o sea, la piel; internamente está perfecto, pero tenemos una citricultura, la europea, que va dirigida al mercado en fresco, al consumo de mesa. Por tanto, ustedes tampoco comprarían unas naranjas con las manchas que hemos visto de Citrus black spot.

Esto es Sudáfrica (Apoya su intervención con diapositivas), las zonas sombreadas son aquellas en las que está detectado el Citrus black spot, y las de colores son las que no tienen Citrus black spot. Coinciden las zonas grises con los puntos rojos, que es exactamente donde las explotaciones citrícolas tienen este hongo. En Sudáfrica entró en 1929; no se ve en 1945 y en 1950 ya podrán ver cómo hay una mancha roja, que es el Citrus black spot que evoluciona hasta lo que se ve en 2014.


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¿Qué quieren decir estas diapositivas? Para nosotros es muy importante. ¿Se puede creer alguien que en sesenta y cuatro años los sudafricanos no tenían ningún método para luchar contra esta enfermedad? Pues no, lo que quiere decir que esta enfermedad, cuando llega, es para quedarse y en la Unión Europea, insisto, no la tenemos.

Teníamos una herramienta en el sector, que era una Decisión de ejecución de la Comisión de 2014 en la cual la Comisión decía: A partir de cinco detecciones de cítricos procedentes de Sudáfrica con un organismo nocivo tomaremos medidas. Esta decisión se derogó un mes antes de la firma del acuerdo con la Comisión, un mes antes; o sea, que estaba todo dirigido. Y esto a pesar de que la Comisión nunca aplicó esta decisión.

Esta diapositiva es importante porque es la evolución de las detecciones de Phyllosticta citricarpa en cítricos procedentes de Sudáfrica en los puertos de entrada de la Unión Europea. Hay que destacar que en 2014, en 2015 y ahora en octubre de 2017 la propia Sudáfrica ha interrumpido las exportaciones ante el alto número de interceptaciones con organismos nocivos.

Esta diapositiva es de un investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, el doctor Antonio Vicent, porque uno de los motivos que alegan los sudafricanos para poder exportar a la Unión Europea -son dos y este es el primero- es que no tenemos el mismo clima y, por tanto, no hay peligro de que se desarrolle la enfermedad en nuestras zonas citrícolas. Y este es un mapa en el que las zonas amarillas el doctor Vicent concluye que tienen un clima similar al de Sudáfrica donde tienen Citrus black spot. Está la Comunidad Valenciana, parte de Andalucía y Murcia básicamente, aunque también toca una parte de Cataluña.

El segundo motivo que alegan: No se preocupen, que si entra la enfermedad la podemos tratar. Hay tres productos químicos con los que se puede tratar esta enfermedad. Uno son los cobres, con una baja eficacia; por tanto, no lo podemos utilizar los agricultores. Otro es el Mancozeb, que es un producto que está colgando de un hilo la autorización por parte de la Unión Europea, otro es una combinación del Mancozeb, que está a punto de retirarse, esta en estudio, y otro el Cabrio, de la casa Basf, que tiene una máxima eficacia, pero, a pesar de que tenga una máxima eficacia, en función de la pluviometría tendríamos que realizar de dos a seis tratamientos fitosanitarios más al año. Esto en nuestra citricultura es totalmente inadmisible, inasumible, no lo podemos asumir porque supondría un incremento bestial de los costes de producción.

Otra plaga es la Thaumatotibia leucotreta -la voy a pasar muy rápido-, es una polilla que produce podredumbre en los cítricos porque pone sus huevos en la fruta y cuando eclosionan la pudren. Es una plaga, evidentemente, también de cuarentena y que no tenemos en la Unión Europea. Se han detectado muchas interceptaciones con esta polilla. Nosotros estamos exigiendo desde el sector a la Unión Europea que obligue a Sudáfrica a implementar el cold treatment, el tratamiento en frío, para poder eliminar durante el transporte cualquier plaga, en este caso la Thaumatotibia leucotreta. Mientras España está obligada a hacer el cold treatment, por sus acuerdos, en las exportaciones de cítricos a Estados Unidos, China, Corea del Sur, Japón, Australia, Taiwán, India, etcétera, y a Sudáfrica los propios países asiáticos y Estados Unidos se lo están exigiendo, la Unión Europea le dice a Sudáfrica que no, que no hace falta que aplique el cold treatment. Le dice: A partir del 1 de enero usted me dice cómo va a tratar esta plaga y nosotros decidiremos lo que hacemos; es decir, no imponemos, nos imponen.

Para finalizar las enfermedades, el HLB -no lo voy a pronunciar en chino, es un nombre muy difícil de pronunciar- o Citrus greening o dragón amarillo. Esta es la plaga más peligrosa de la citricultura a nivel mundial. Solamente voy a poner otra diapositiva. Aquí pueden ver los efectos que tiene de reverdecimiento de la piel y sobre todo también afecta a los árboles y deforma el fruto. Se transmite a través de un vector que es la Trioza erytreae, que está presente en la islas Canarias desde hace unos años. La tenemos en Galicia, y allí a lo único que afecta es a los cítricos ornamentales, evidentemente, pero se tiene que controlar para que no pase las zonas citrícolas, y sobre todo lo tenemos en el sur de Portugal, a pocos kilómetros de nuestra zona citrícola de Huelva, muy peligroso.

Esta gráfica es demostrativa. Esto es Florida, la citricultura de Florida, la producción, la evolución en los últimos centenares de años de la producción, donde se ve que a partir del 2004-2005 baja la producción de forma considerable hasta situarla el año pasado a niveles de 1938. Esto es el efecto directo del HLB, de no controlar la entrada de plagas a las zonas citrícolas.

Esta diapositiva es la evolución de la detección de plagas y ha sido facilitada por el doctor Ferrán García Marín, de la Universidad Politécnica de Valencia, a las que cabe sumar, efectivamente, otras que


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son de cítricos y la que tenemos ahora más de moda, que es la Xylella fastidiosa, que la tenemos implantada en las Islas Baleares y en Alicante, muy peligrosa esta plaga, esta enfermedad.

Si bien es cierto que detectamos mucho en frontera, también es cierto -esto es el plan de vigilancia fitosanitaria en cítricos de la Comunidad Valenciana, donde se detectan Thaumatotibia leucotreta y la Phyllosticta citricarpa- que se detectan ya en almacenes, quiere decirse que han saltado los controles en frontera de la Unión Europea, demostrando la debilidad de estos controles.

Esta diapositiva también es importante porque se ve por qué puertos entran los cítricos procedentes de Sudáfrica y entran, aunque han ido disminuyendo -España se ha quedado de forma residual porque los controles aquí eran muy estrictos por parte de la Administración española, hay que reconocerlo- por los Países Bajos y por Reino Unido, y lo problemático de Rótterdam, que es por donde entra mayoritariamente la producción procedente de Sudáfrica, es que la empresa que realiza las inspecciones, que es la KCB, es la entidad inspectora, en su consejo de administración tiene importadores de cítricos de Sudáfrica, por tanto podemos detectar y saber cómo evoluciona y cómo se hacen los controles por parte de una empresa que está gestionada por gente que está importando cítricos; su imparcialidad deja mucho que desear. Por tanto, este año sí es cierto que la Comisión ha enviado una auditoría y ante lo que ha detectado en octubre cerraron las importaciones. Voluntariamente Sudáfrica, insisto, no la Comisión Europea.

Esto lo voy a pasar, es la responsabilidad patrimonial de los legisladores, de aquel que no controla que se hacen bien las inspecciones porque la Administración tiene responsabilidad patrimonial de que entre una plaga, lo dice nuestra ley y, por tanto, habrá un momento en que tendremos que ejercer nuestro derecho.

Me quedan tres diapositivas. Intento hacerlo rápido. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué se puede ver afectado? Un sector económico vital, no para la economía española, sino también para la europea, estamos hablando de 520 000 hectáreas de cultivo en la Unión Europea, entre 10,80 y 10,3 millones de toneladas de producción de cítricos a nivel de la Unión Europea, done España es líder, el sector citrícola es un sector importantísimo, aunque no lo parezca, para nuestra economía, ya no digo de la agricultura, de la economía. Tenemos 300 000 hectáreas de cultivo en España, básicamente repartidas entre la Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia, Islas Baleares, Cataluña y un poquito Extremadura, que producimos -dependiendo de los años- entre 6,8 y 7,5 millones de toneladas de producción, es decir, que tenemos una capacidad de producción importantísima y, lo que creo que es importante, que detrás de las cifras que voy a dar ahora hay agricultores y hay empresas. El valor de nuestra producción está entre 4000 y 4300 millones de euros al año, eso es lo que vale nuestra producción, de la cual entre 3 200 000 y 3 300 000, entre esas dos cantidades, los exportamos; o sea, que en relación con nuestra balanza comercial en esto nos tendrían que poner una medalla.

A pesar de ser el cuarto país productor de cítricos del mundo, solamente representamos el 5 o 6% en la producción porque China nos supera, nos supera Estados Unidos y nos supera Brasil. Pero España exporta el 25 o 26% de los cítricos; es decir, que uno de cada cuatro cítricos que se consume en el mundo es español, eso hay que ponerlo en valor. Tenemos una economía muy potente.

Entramos en qué problemas tenemos en este tipo de acuerdos. Pues tenemos un problema a la hora de negociar nuestros acuerdos; es decir, nosotros, cuando queremos exportar a Estados Unidos, tenemos que negociar bilateralmente con Estados Unidos, tête à tête, España con Estados Unidos. Cuando Estados Unidos quiere exportar a la Unión Europea no negocia con nosotros, negocia con la Unión Europea y, por tanto, nuestra capacidad en la negociación disminuye porque no les podemos ofrecer nada a los norteamericanos porque ya se lo da la Unión Europea. Es decir, que a la hora de negociar los acuerdos internacionales de exportación tenemos una desventaja tremenda.

Tenemos, y esto es conocido por todos ustedes, un problema con los productos fitosanitarios. Somos la zona del mundo con más restricciones en el uso de productos fitosanitarios y los agricultores nos adaptamos, nos venimos adaptando constantemente, la Unión Europea es donde menos materias activas tenemos autorizadas y bajando, pero a los productos que vienen de fuera no se les exige lo mismo. Tenemos un ejemplo, lo estaba comentando antes con un compañero suyo, con la carbendazima, que es un fungicida postcosecha que es legal, el Codex Alimentarius lo permite, pero en la Unión Europea no está autorizado su uso. Nuestros cítricos no utilizan este fungicida y no tienen absolutamente ningún problema, pueden salir al mercado. Hemos analizado el pasado mes de septiembre con la Universidad Politécnica de Valencia una partida de cítricos procedentes de Sudáfrica y tenían carbendazima. Legal, dentro de los límites máximos de residuos, sí, pero el consumidor no lo sabe, estamos engañando al consumidor.


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Efectivamente lo pusimos en manos y en conocimiento de las asociaciones valencianas de consumidores para que ellas tomen sus decisiones.

Tenemos también temas medioambientales. Nosotros tenemos unas exigencias medioambientales que queremos, que nos exigen y que cumplimos porque vivimos en el medioambiente. Nos importa el medioambiente europeo, pero no el de Sudáfrica o no el de Marruecos o no el de un país tercero. Evidentemente es una cierta hipocresía a la hora de legislar. Lo mismo que en temas laborales, temas sociales y temas políticos; somos la citricultura que tiene los costes laborales más elevados del mundo, pero no tenemos las garantías de que en otros países tengan una seguridad social, unas garantías de tener paro, etcétera.

Es decir, la Unión Europea nos pide a los agricultores que seamos competitivos, nos lo pide, nos lo exige, en cada reforma de la PAC nos está pidiendo más, pero al mismo tiempo nos quita las herramientas que tenemos para ser competitivos y se las entrega a los productores y grandes exportadores de países terceros. Las herramientas que tenemos para competir en igualdad de condiciones a nosotros nos las quitan y se las da a la competencia. Por lo tanto, este tipo de acuerdos son económicos, pero tienen un trasfondo social, medioambiental y fitosanitario muy importante.

Para acabar, cuáles son los próximos retos relacionados con los acuerdos internacionales. Evidentemente, aunque lo ponga el Tratado de la Unión Europea, la precedencia comunitaria ha dejado de existir, estamos en un total de desmantelamiento progresivo de la protección arancelaria pero esto debe ir acompañado de garantías de que tenemos una seguridad sanitaria para nuestros cultivos; es decir, ante cualquier acuerdo internacional lo que deberíamos tener es un informe de cómo repercute, tanto del punto de vista económico como fitosanitario, sobre los sectores más afectados de la Unión Europea. La política arancelaria la marca la Unión Europea y las políticas de inspección las marcan los Estados miembros. Yo sé que hay iniciativas en el Parlamento Europeo para que esto cambie, una iniciativa presentada en este caso por Inmaculada Rodríguez Pinero para que se unifiquen las normas de inspección a nivel comunitario. Eso es importantísimo. Evidentemente necesitamos reciprocidad e igualdad de condiciones a la hora de estar en el mercado, es decir, aquello que se nos exige a los agricultores y ganaderos europeos que se les exija a los productos que vienen de países terceros. En equidad de condiciones estamos dispuestos a competir en el libre mercado que es la Unión Europea, pero en igualdad de condiciones. Insisto, que no me quiten herramientas para dárselas a otros y encima me digan que sea competitivo.

Por último, un trabajo que pueden hacer ustedes es intentar lograr que los cítricos se incluyan en la lista de vegetales de alto riesgo, que se contempla en el Reglamento 2016/2031 de medidas de protección de los vegetales, con lo cual garantizaríamos que no van a venir cítricos con plagas de países en cuarentena a la Unión Europea que puedan infestar nuestra citricultura. Tenemos un historial importantísimo de detecciones en frontera ya que todos los años entran 2 millones de toneladas de cítricos con plagas y enfermedades -insisto, de países no presentes en la Unión Europea- que no tenemos medios para combatir. Esos medios son básicamente químicos y si queremos cuidar el medioambiente tenemos que evitar que entren plagas para no utilizar productos químicos para luchar contra estas plagas y enfermedades.

Con la rapidez que he podido, señor presidente, finalizo y quedo a su disposición para responder a sus preguntas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, porque a pesar de la rapidez nos ha ofrecido un interesantísimo y detallado informe sobre una cuestión muy importante.

Quisiera saber cuáles son los grupos que desean intervenir. (Pausa). Pues vamos a dividir los veinte minutos entre los cuatro grupos, que serían cinco minutos por grupo, comenzando por la solicitante de su comparecencia hoy aquí que es doña Rosana Pastor.

La señora PASTOR MÚÑOZ: Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor Mesado. La exposición para mi grupo ha sido muy ilustrativa, pero conocíamos más o menos, precisamente a través de su organización, los datos que nos ha expuesto.

Con estos datos nuestra preocupación es máxima. Esta comparecencia quiero recordar que está registrada por este grupo desde octubre del año pasado, muy reciente a la firma de este nuevo acuerdo con los países de África meridional y se solicitó por la preocupación que eso generaba, preocupación en base a cuestiones como las que nos ha expuesto el señor Mesado en su intervención respecto a qué pasa con ese riesgo de plagas. A un año vista, y con la situación que ha variado en lo que se refiere a las


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plagas, estamos mucho más alarmados si cabe que en octubre del año pasado cuando solicitábamos esta comparecencia. ¿Por qué? Porque en estos momentos el campo valenciano está amenazado y ha caído ya de alguna manera en una de las plagas más preocupantes que es la xylella fastidiosa.

Pero por centrarme en lo que nos ocupa, es imprescindible que los controles sanitarios y fitosanitarios se extremen. Nos parece una irresponsabilidad estar comerciando con países que tienen declaradas zonas de riesgo en su territorio. La política hoy en día en materia sanitaria y fitosanitaria ha de variar, ha de sufrir cambios, ha de adaptarse a lo que está sucediendo, ya no sólo por la amenaza de las plagas que tienen que ver con los cítricos sino que, además, la plaga que ya tenemos de xylella nos está indicando que algo estamos haciendo mal en los controles sanitarios y fitosanitarios. No da ninguna garantía que uno de los puertos por donde entran los cítricos provenientes de los países de África del Sur sea el puerto de Rotterdam, que es el puerto digamos más relajado a la hora de verificar esos controles fitosanitarios. Nos preocupa mucho que cuando la Unió de Llauradors y Ramaders, o esta misma diputada que les habla, insta a la ministra y pregunta cuáles han sido y por qué se ha concedido esa exención de aranceles, por qué se ha ampliado el periodo de exención a los países de África del Sur al 30 de noviembre, nos diga que los plazos de producción de los países de África del Sur y los del Estado español son complementarios y que confía, estas son las palabras, en que los países de África del Sur hagan decrecer su volumen de exportaciones a partir del 15 de octubre. Si nosotros le estamos dando una prerrogativa, si la Unión Europea da una prerrogativa a los países de África del Sur y les dice que hasta el 30 de noviembre están exentos de aranceles, pregunto al señor Mesado, y me gustaría que me lo explicara, si tienen hecha alguna valoración. Es lógico, digo yo, que los países de África del Sur busquen variedades que puedan abarcar hasta el 30 de noviembre, si tienen el campo abierto sin aranceles. Y la ministra lo que dice es que confiamos en que su exportación decaiga, decrezca a partir de las fechas que se inicia la producción española.

Pero esa confianza que ponemos en las alturas, no sabemos en qué la cifra y en quién la pone la ministra. El campo valenciano no necesita confianza, necesita garantías; el campo valenciano está amenazado, el campo valenciano y el sector económico valenciano sufren una falta de financiación. No es posible que preguntado el comisario europeo, Phil Hogan, sobre los motivos de la ampliación de este acuerdo con los países de África del Sur, diga que verdaderamente esta ampliación del plazo para entradas sin aranceles de los países de África del Sur -recordemos que dentro de diez años habrá una exención total de aranceles-, permite que la Unión Europea pueda seguir exportando con las mejores condiciones a estos mismos países de África del Sur que son un gran mercado. Y nosotros decimos "excelente", pero el campo valenciano es el que está pagando que podamos seguir manteniendo un ritmo de exportaciones a nivel de Unión Europea, pero a consecuencia de que esto recaiga sobre los productores de cítricos valencianos, en este caso. Nos parece totalmente injusto porque, además, cuando se interroga a la señora ministra por la protección del campo en la Comunidad Valenciana, lo primero que dice es que esto es una competencia autonómica.

Mi grupo encuentra que aquí hay una doble vara de medir, que nos conviene mucho firmar acuerdos con los países del África del Sur para que nuestras exportaciones, a nivel no sólo español sino a nivel de la Unión Europea fluyan, pero ¿quién paga esto?, ¿cómo se protege al campo valenciano? No puede ser que este mayor nivel de exportaciones, según nos argumentan tanto el señor Phil Hogan como el departamento del Ministerio de Agricultura, recaiga única y exclusivamente sobre los hombros del campo valenciano. Nos consta una falta de sensibilidad por parte de este ministerio hacia la agricultura mediterránea y queremos la valoración del señor Mesado sobre cómo está afectando también económicamente, si se tienen ya datos, y si se prevé en ellos que esta exención va a hacer que los países de África del Sur inviertan en investigación para aportar nuevas variedades que puedan copar esas partes del mercado que ahora tienen a su disposición.

Moltes gràcies.

El señor PRESIDENTE: Como doña Rosana Pastor era la que había pedido en nombre del Grupo Podemos la comparecencia, hemos sido mas flexibles con el tiempo, y ruego a los demás portavoces que para cumplir con los tiempos previstos resuman más sus intervenciones.

Por el Grupo Mixto tiene la palabra don Enric Bataller.

El señor BATALLER I RUIZ: Señor Mesado, bienvenido a esta Comisión.

Quiero felicitarle por el trabajo de la Unió de Llauradors y Ramaders, y puedo dar fe de la solvencia, de la profesionalidad y de la independencia de su organización; su organización no tiene reparos, por


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ejemplo, en criticar cuando lo considera conveniente a mis propios compañeros de formación, de Compromis, que están ostentando en el País Valenciano la Consellería de Agricultura y Medio Ambiente. Por tanto, desde esta constatación de la independencia yo le agradezco la información que nos ha traído aquí y le agradezco también el que usted haya puesto el dedo en la llaga con la problemática que tenemos cuando se plantean acuerdos de la Unión Europea con terceros países en los que, evidentemente, sí que observamos una doble vara de medir, o mejor dicho una primacía de intereses particulares, por cuanto que muchos de los países con los que se están haciendo acuerdos agrarios por parte de la Unión Europea han sido países colonizados por algún país miembro y la colusión de intereses por ese pasado colonial es evidente. En el caso de los países de África del Sur el pasado colonial vinculado a Reino Unido y a los Países Bajos hace que puedan tener ciertos intereses en ostentar un trato de favor. Esto hasta cierto punto es normal y comprensible; lo que debemos preguntarnos es por qué países como, por ejemplo, España que se juega tanto en el nivel de la exportación de cítricos, no es consciente de eso y no actúa para exigir a la Unión Europea una defensa del interés general comunitario por encima de esos intereses particulares. Esto es algo que nos preocupa mucho.

Esta Comisión en su sesión del 19 de octubre de 2016, hace más de un año, aprobó a instancias de Compromis una proposición no de ley para instar al Gobierno y para instar también a la Comisión Europea en los términos del problema que usted ha estado planteando, y en aras a la unanimidad aceptamos, en este caso Compromis, una serie de enmiendas de los diversos grupos que nos llevaron finalmente a redactar y aprobar un texto en el cual se pide que haya una revisión, un protocolo de transporte, se inste a mejorar los programas específicos de control y vigilancia de estos productos y también que se instara al Gobierno, en su caso, a promover la denuncia del tratado ante las instancias comunitarias en cuanto se detectasen incumplimientos de las obligaciones asumidas.

Llegados a este punto, un año después, a mí me gustaría preguntarle al señor Mesado si en su organización estiman que ya estamos en el momento de considerar de alguna forma superada esta proposición no de ley, entendidos los incumplimientos que ahí se vislumbraban ya producidos y, por tanto, qué debemos pasar a otra esfera como, por ejemplo, podría ser la denuncia del tratado o la exigencia de unas mejoras concretas. Y si esto es así, sí que me gustaría, señor Mesado, que nos indicase qué actuaciones concretas de urgencia inmediata nos pediría que se hicieran o bien directamente por el Gobierno de España o que el legislativo instase al Gobierno para que las asumiera.

Entendemos que, efectivamente, unas medidas de urgencia son imprescindibles por la importancia del sector exportador del que estamos hablando y porque además no podemos continuar siendo el furgón de cola de la política agraria de la Unión Europea. Simplemente le planteo estas cuestiones para que, si usted lo tiene a bien, oriente aquí al legislador sobre propuestas de emergencia. Esto es todo, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bataller.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Ana Botella.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, presidente.

Bienvenido, señor Mesado. Es un placer para mí como diputada del Grupo Parlamentario Socialista y como diputada valenciana poder escuchar en sede parlamentaria explicaciones de la importancia que tiene el sector cítrico para la economía valenciana, la importancia de los controles fitosanitarios, la importancia de estar atentos a los acuerdos comerciales bilaterales entre la Unión Europea y los países de África meridional. Una preocupación que comparto con la peticionaria, en este caso la diputada del Grupo Podemos y con el resto de diputados que están interviniendo, pero entendemos también que la preocupación no nos debe de llevar a la parálisis, con lo cual hemos de ser muy activos precisamente para dar solución a todos los problemas que la globalización está trayendo y también a la posición que la Unión Europea, yo creo que ahí lo compartimos, está teniendo en abrir las relaciones con estos países para que sea una nueva generación de acuerdos, los cuales no solamente sean acuerdos comerciales sino acuerdos de integración económica, de integración regional, de dar oportunidades de desarrollo.

Eso que es un valor importante a preservar en una política general, puede tener su contrapartida cuando hay concesiones comerciales que pueden poner en riesgo a productos en este caso de nuestro país y de zonas muy determinadas como puede ser el caso de la Comunidad Valenciana. Y exigimos en ese sentido desde el Grupo Parlamentario Socialista, desde luego lo queremos dejar bien claro, garantías de control efectivo de importaciones en frontera y lo exigimos en cuanto al volumen del producto que se importa y en cuanto a las características fitosanitarias.


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Entendemos que debe de haber también políticas estructurales a nivel interno, que en este caso con las competencias que tiene la Comunidad Valenciana sí que se están desarrollando, y ustedes saben que estamos trabajando junto con el sector también, en clave valenciana, en favorecer las capacidades y la estructura de las dimensiones de las parcelas y de la estructura agraria para fortalecer y hacer más competitivo el sector citrícola, preocupándonos por el abandono de la tierra por las antiguas generaciones y por ese necesario relevo y la incorporación de las nuevas generaciones.

En ese sentido estamos trabajando, pero yo le pregunto: en clave interna de fortalecer la competitividad del sector, ¿echa usted en falta dentro del marco de competencias que pueda tener el Ministerio de Agricultura, medidas también internas a nivel nacional? Y en el sentido de lo que comentaba también el compañero diputado de Compromis, ¿qué le pediría aquí, en el Congreso de los Diputados, al Legislativo, para que se refuercen y se complementen las medidas que lógicamente cada comunidad autónoma pone de refuerzo para su sector?

En segundo lugar, me gustaría ir al fondo del problema brevemente, usted lo ha definido perfectamente en su exposición que de verdad le agradecemos por el valor que nos aporta. El control en aduanas es ir directamente al núcleo del problema. Parece que la unión aduanera está fallando. Nuestra eurodiputada, Inmaculada Rodríguez Piñero, del Grupo Parlamentario Socialista -creo que neutralizando esa preocupación por la acción-, está teniendo una muy activa iniciativa a favor de que se controle aduaneramente, pero yendo a más, yendo a futuro, a un futuro que debería ser próximo, a que haya un organismo de coordinación aduanera a nivel europeo, una agencia europea de aduanas, algo que algunos grupos parlamentarios han bloqueado y que ven con escepticismo, pero realmente hay que ir a una armonización de las inspecciones, del control de las inspecciones y de las sanciones que se propugnan. Y en ese sentido me gustaría conocer también su opinión en esa línea de trabajo relativa a una unión aduanera que falta, que es incompleta y que está perjudicando desviando los tráficos, como hemos visto perfectamente con esa información que usted nos ha facilitado, a los puertos que tienen menores exigencias.

Me ha llamado la atención, en ese sentido de cierta parálisis que puede haber, por qué las organizaciones agrarias no fueron suficientemente activas en ese periodo tan sensible en el cual se estaba preparando este acuerdo comercial, cuando nos consta que a los grupos parlamentarios, en el caso del nuestro, del Grupo Parlamentario Socialista, nos llegó tarde la información para poder haber tenido en ese periodo una posición más activa. ¿Llegó tarde el Gobierno de España, que en ese periodo debería haber estado muy activo?, porque ahí sí que no cabía excusa, para esa negociación. ¿Llegó tarde el Partido Popular, que es el partido que sustenta al Gobierno de España, conocedores de la importancia de apoyar a los cítricos cuando gran parte del Grupo votó a favor de ese acuerdo, cuando la mayoría de los europarlamentarios, de los grupos españoles votaron en contra o se abstuvieron después de haber obtenido algunas ventajas como el control del volumen de las importaciones o como el compromiso de la Unión Europea de poner en marcha la cláusula de salvaguardia? ¿Cómo valora usted de cara al futuro la actividad que debe de tener la ministra de Agricultura que ha dicho que va a estar vigilante? ¿Cree que ese estar vigilante es suficiente? ¿Qué medidas considera usted que debería adoptar el Gobierno de España y qué medidas nos pide usted a nosotros como diputados en el Congreso para favorecer una posición en el futuro más positiva de cara a esta problemática, sobre todo, insisto, en los controles fitosanitarios y en el control de las plagas que pueden entrar y de las cuales, desgraciadamente, ya tenemos experiencia?

El señor PRESIDENTE: Gracias, doña Ana Botella.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Juan Vicente Pérez.

El señor PÉREZ ARAS: Señor Mesado, quisiera trasladarle en primer lugar en nombre del Grupo Parlamentario Popular nuestro agradecimiento por lo detallada de su exposición y por la importancia que tiene la comparecencia de asociaciones agrarias aquí en esta Comisión para trasladar su visión y su misión importantísima para el desarrollo y la protección del mundo rural.

Yo creo que ha hecho una pormenorizada explicación sobre un tema que nos ocupa, que nos preocupa y que afecta a uno de nuestros sectores estratégicos. Los cítricos valencianos son líderes en España y en Europa y los cítricos españoles son líderes en el mundo, gracias a un esfuerzo titánico, que no podemos olvidar, de esos productores que día a día intentan sobrevivir, y remarco la palabra sobrevivir, a las adversidades y nuevos retos de un mundo cada vez más globalizado.


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Y quisiera poner en valor también el inestimable valor que realizan las asociaciones agrarias en defensa del eslabón más débil de la cadena, una defensa que la Unió ha mantenido denunciando aquellas situaciones perjudiciales para nuestros sectores agropecuarios y en este caso en particular denunciando un tratado que afectaba y afecta seriamente a nuestros intereses, ya no sólo como sector agroalimentario solamente, sino a los propios intereses de Estado, al afectar de manera muy directa al flujo exportador de uno de nuestros productos estrella. Una cuestión seria que nos llevó a presentar desde el Grupo Parlamentario Popular una enmienda de modificación a la PNL presentada por el señor Bataller, una enmienda transaccionada con el Grupo Mixto, con PSOE y Ciudadanos y aprobada por unanimidad en la Comisión con 37 votos a favor. Con ella el Congreso mostró una respuesta unánime de apoyo a nuestros citricultores y una disposición manifiesta a seguir de cerca la evolución del tratado para advertir y denunciar cualquier incumplimiento de la mano de los principales actores, como la Unió que en esta campaña sigue denunciando la presencia de naranja sudafricana habiendo oferta nacional. No es de recibo que las cadenas de supermercados, principalmente en la Comunidad Valenciana donde se concentra más del 54% de la producción nacional, mantengan en sus lineales naranjas procedentes de allí cuando disponemos ya de oferta propia. Si bien es cierto que la convivencia es complicada, ese solapamiento que se produce con el final de la campaña en tierras australes y el inicio de la propia debería desarrollarse con una auténtica y efectiva discriminación positiva a favor de nuestro producto.

En ese sentido me gustaría saber su opinión al respecto también. No sólo por el perjuicio económico para nuestros productores, sino de manera muy especial por los nefastos efectos que la entrada de plagas está teniendo en nuestra agricultura. Por eso llama aun más la atención, como nos ha explicado usted detenidamente, que coincida esta presencia masiva de naranjas sudafricanas con la suspensión de las exportaciones por parte de aquellos países de África del Sur, como consecuencia de esa detección de plagas en sus envíos. Los propios empresarios citrícolas de Sudáfrica han acordado paralizar sus exportaciones tras hallar la presencia de la temible mancha negra. En lo que llevamos de año se han registrados varias intercepciones, unos controles que deben intensificarse, aun más cuando está demostrada que la entrada precisamente se produce por puertos donde son muy laxos los controles, y da la casualidad que uno de esos sea Rótterdam precisamente un país cuyos intereses citrícolas están manifiestamente expuestos en el comercio internacional y de ahí lo que nos encontremos.

Pese a las reiteradas quejas al respecto formuladas por el sector citrícola español, refrendadas y respaldadas por organizaciones como COPA-Cogeca, la Comisión Europea no sólo ha hecho oídos sordos a estos justos requerimientos del colectivo agrario, sino que en lugar de poner coto a los desmanes de Sudáfrica, tal como se había comprometido a hacer, ha preferido premiar al descontrol sanitario que impera en su comercio de cítricos destinado a Europa con la firma de una alianza comercial que beneficia nuevamente sus intereses citrícolas y perjudica gravemente a los nuestros. Y una buena muestra de ese descontrol precisamente son las medidas de urgencia que han tomado allí los propios productores para evitar males mayores. No puedes mantener detrás de esta supuesta utopía de la globalización un desequilibrio tan desleal con nuestros propios agricultores y no se trata de criminalizar o no defender el derecho a una necesidad de que terceros países puedan beneficiarse de los efectos de un comercio justo, lo de justicia es que se realice con todas las garantías y reciprocidad y que aquellos que llevamos años desarrollando un producto de máxima calidad y con todas las seguridades alimentarias exigibles, con un continuo aumento de los costes de producción y una caída de rentabilidad que afecta a la renta agraria, quede una y otra vez relegado, no por una cuestión política, que también, y eso es lo más incomprensible, sino por un total desconocimiento de lo que representa la agricultura mediterránea, un modo de vida propio que forma parte de nuestra idiosincrasia.

Además de todas sus explicaciones, también me llama la atención y resulta paradójico que grupos con responsabilidades de Gobierno en la Comunidad Valenciana nos vengan aquí a intentar dar lecciones al Gobierno de España, cuando ahora se ha puesto realmente de manifiesto con la aprobación de los presupuestos de la Generalitat, la prioridad que tiene para el tripartito valenciano, el campo valenciano, relegándolo dentro del peso global de los presupuestos de la Generalitat a un puesto meramente testimonial, poniendo de manifiesto realmente su verdadera prioridad.

Pero dicho esto reiteramos nuestro compromiso de seguir defendiendo los intereses del mundo rural en general y los citricultores en particular, y por eso marcaría también alguna posible cuestión al respecto sobre las posibles medidas a implementar para evitar los fallos en los controles aduaneros, como también ahora se ha puesto de manifiesto con la entrada de la mandarina californiana, la early pride con sus graves problemas también que se están detectando. Y también otro tema que consideramos importante


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debido a que los productores cada día están más indefensos ante las plagas, debido a las políticas restrictivas en materia fitosanitaria, que han supuesto en pocos años la eliminación del 72% de las materias activas. ¿Considera que deberían incrementarse para poder combatir de forma efectiva la entrada de estas plagas?

Y dicho esto reiteramos nuestro agradecimiento por su comparecencia y nuestra disposición a colaborar en el futuro.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez.

Señor Mesado, haciendo gala de su capacidad de síntesis, en este caso tiene que ser todavía mayor porque tenemos al secretario general del Ministerio ahí esperand, y en lo posible le ruego que si puede resuma la respuesta. Y lo que sí le rogaría también, porque yo creo que esta es una opinión compartida por todos los que hemos tenido la suerte de escucharle, es que nos facilite el informe para que esté en manos de la Comisión y de todos los diputados, y como le he dicho antes, si hay alguna pregunta que no tiene a bien contestar o por falta de tiempo nos la puede remitir.

Tiene la palabra, señor Mesado.

El señor SECRETARIO TÉCNICO DE LA UNIÓ DE LLAURADORS I RAMADERS (Mesado Martí): Evidentemente actualizaré, porque hoy o mañana saldrán publicados los últimos datos. Voy a intentar agrupar todas las preguntas.

En primer lugar, quiero poner de manifiesto la gratitud del sector hacia el Congreso de los Diputados, por la actitud que tuvieron el año pasado aprobando la Proposición no de Ley en defensa del sector citrícola valenciano. Aunque no sirva para mucho, todos somos conscientes de para qué sirve una proposición no de ley, sí que es cierto que anima al sector, vimos que por lo menos aquí nuestros políticos defendían un sector vital para la economía de la Comunidad Valenciana y yo lo haría extensivo a la economía española, evidentemente porque tenemos que incluir a Andalucía, Murcia, Cataluña y lo poco que tiene Extremadura e Islas Baleares.

Dicho lo cual es complicado contestar rápidamente a todas sus preguntas pero sí que comentaré el tema de por qué no dijimos lo que teníamos que decir cuándo lo teníamos que decir, y lo voy a decir claro: porque no lo supimos. Tengo aquí una carta del comisario Phil Hogan, que dice que los detalles de la concesión fueron presentados a los Estados miembros en 2011 y ampliamente debatidos en ese momento, sin que se manifestaran preocupaciones concretas sobre esta concesión. Es decir, hay que ser conscientes de que esto no es un tratado de cítricos, este es un tratado económico de todos los sectores. El acuerdo en castellano tiene 2118 páginas, de las cuales media página es la que afecta a los cítricos. Al sector citrícola nos llegó -en julio se oía algo- ya cuando prácticamente estaba a dos días de firmarse -somos todos conocedores de lo que pasó aquel mes de septiembre-. Por tanto, no pudimos hacer nada porque no nos enteramos o nuestros representantes en la Unión Europea no nos lo pasaron, no digo solamente los políticos, sino representantes del sector, del cual nosotros desgraciadamente no formamos parte, pero a lo mejor no cumplieron sus obligaciones, en este caso el copago. Por tanto, no pudimos hacer nada porque no lo supimos.

¿Qué se puede hacer a partir de ahora? Desde aquí, desde el Congreso yo entiendo que lo que se puede hacer es instar al Gobierno, es la ministra la que nos representa a nivel comunitario en el Consejo de Agricultura de la Unión Europea, a que se vayan modificando este tipo de acuerdos. Efectivamente es significativo que la propia Sudáfrica pare sus exportaciones porque está detectando plagas. Por lo tanto, el Gobierno lo tiene fácil; el Gobierno español tiene que ejercer su posición de fuerza dentro de la Unión Europea para que se modifique este acuerdo y se introduzcan modificaciones para que en caso de determinados niveles de interceptaciones se paralicen momentáneamente las importaciones de cítricos de aquellos países que tienen plagas y enfermedades, en cuanto se ha detectado. Cuando ellos demuestren que van a traer cítricos con garantías pues ya hablaremos, estamos hablando de comercio, no nos gusta, pero eso es comercio. Mientras entren cítricos sin plagas lucharemos con ellos, siempre y cuando, otra de las exigencias que deberían instar desde el Congreso, la Unión Europea nos deje combatir con las mismas armas -decía productos fitosanitarios-. Evidentemente, la Unión Europea es muy restrictiva, insisto, tiene poco más de 300 productos fitosanitarios y bajando, y podemos competir con ellos más bien que mal, pero podemos competir, pero lo que no podemos hacer es que entren otros productos allí que nos hacen la competencia con esos productos fitosanitarios, hay que exigirle que hay que tener reciprocidad. Los puertos son una iniciativa que está teniendo el Parlamento Europeo; evidentemente no podemos tener una política arancelaria única en la Unión Europea, que la tenemos, y al mismo tiempo no


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tener una política aduanera en la Unión Europea. Todos los puertos deben tener las mismas reglas de juego respecto a cómo hay que inspeccionar. En el Congreso de los Diputados, tenemos que estar todos los grupos de acuerdo en ir como una piña para exigir una unión aduanera real, porque estamos en la Unión Europea y ahora con el tema del brexit la verdad es que las sensibilidades están a flor de piel. Por tanto, intentemos hacer más Unión Europea y esto sería un paso, porque hay que tener en cuenta que la única política común que tiene la Unión Europea es la agraria, intentemos ampliarlo a otro tipo de sectores.

Otro tema importante que se le puede pedir dentro de los protocolos de negociación, ya que negocian ellos por nosotros, la Comisión Europea negocia por nosotros, es que exija lo mismo que nos exige a nosotros, reciprocidad. Nosotros pagamos a unos inspectores norteamericanos para que nos inspeccionen nuestros cítricos, exijamos a la Unión Europea que haga lo mismo en los países terceros, que tengamos inspecciones en origen, que exija el tratamiento en frío, el cold treatment, para evitar que entre el mayor número de plagas posible. También es importante -creo que lo ha comentado la diputada Rosana Pastor- decir que los sudafricanos están cambiando su estructura productiva y están pasando plantaciones de cítricos, de naranjas a mandarinas, y mandarinas tardías; sus mandarinas tardías coincidirían con nuestras primeras mandarinas, de septiembre, octubre y algo de noviembre. Sería un desastre total, sobre todo porque tenemos una variedad reina que es la clemenules -que es la mayoritaria y la de mayor calidad para mi- y le podría afectar de forma directa. Por tanto, hay que exigirles controles en origen y el cold treatment, porque ya no sería la taumatotilia o la coteta, sino también podría ser la mosca de la fruta. Mientras España está haciendo esfuerzos importantes, sobre todo la Comunidad Valenciana, para bajar el nivel de población de mosca con tratamientos biológicos, no podemos dejar que entren de fuera.

Por lo que se refiere al tema de la ministra, claro, a mí me gustaría como administrado que mis políticos me defendieran todavía más de lo que me defienden. En este caso puntual, la ministra, sobre todo en una carta que nos remitió -evidentemente no la hizo ella-, yo creo que estuvo mal asesorada, porque dice cosas, aparte de lo que ha comentado la diputada, como que 'no obstante el sistema de precios de entrada seguirá aplicándose'. No existen precios de entrada, es un tema de aranceles fuera del periodo permitido entre el 1 de junio y el 30 de noviembre. Evidentemente, lo que sí que exigimos al Gobierno de España es que defienda a la agricultura mediterránea en Europa. ¿Por qué? Porque en Europa -y todos sabemos cómo funciona- lo que más tira es la agricultura continental, la agricultura nórdica. Por tanto, nosotros lo que queremos como sector es que se defienda con más vehemencia la agricultura del sur de Europa, porque estamos perdiendo la batalla continuamente contra la agricultura nórdica. Las reformas de la PAC siempre se hacen a medida de la agricultura nórdica, pero tiene que tenerse en cuenta a España, algo a Francia, Italia y Grecia; lo que ocurre es que en Grecia ha pasado lo que ha pasado y su poder dentro de Europa es el que es, pero España es suficientemente importante y tiene que hacer valer esta importancia que tiene para conseguir que nuestra agricultura y sobre todo ahora de cara a la próxima reforma de la PAC, se vea más beneficiada de lo que lo está siendo en los últimos años por la fuerza, insisto, que ejercen los países nórdicos que prácticamente son los que nos mandan en Europa.

Yo creo que he hecho un resumen de las preguntas, intentando hacer caso al presidente. Insisto, aquí está mi teléfono, yo les voy a mandar al correo que tengo de la Comisión esta presentación, intentaré ampliarla un poquito más para que tengan datos más actuales, para que tengan información y la puedan hacer valer para defender a los cítricos españoles y especialmente a los valencianos, que es lo que realmente nos interesa.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mesado. Yo creo que su comparecencia le da sentido a lo que es un deseo de esta Comisión, que es abrirse a los sectores de la sociedad para que puedan venir aquí a expresar sus problemas, sus inquietudes y para que podamos colaborar, porque esa es nuestra misión fundamental. Muchísimas gracias.

PREGUNTAS:

- DEL DIPUTADO DON CÉSAR LUENA LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE SEQUÍA EN LA RIOJA Y ACTUACIONES PREVISTAS PARA AFRONTARLA. (Número de expediente 181/000398).

El señor PRESIDENTE: Vamos a proseguir con el orden del día de esta Comisión, que son las preguntas.


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Quisiera comentarles, aunque veo ahora poca gente, que me ha llegado la noticia de que el portavoz, don Gonzalo Palacín, del Grupo Socialista, ha tenido un niño y yo creo que es una ocasión para que toda la Comisión le mande un mensaje de felicitación.

Don Carlos Cabanas, le doy la bienvenida una vez más a esta Comisión. Señorías, quiero informarles de cómo se va a desarrollar este turno de preguntas. Este turno que corresponde a las preguntas escritas que no han sido contestadas en plazo y se convierten en orales, y que ha sido aprobado en la última Mesa que ha convocado esta Comisión, consta de quince minutos en total para cada una de las preguntas, que se distribuyen como quiera cada uno de los intervinientes, es decir, por ejemplo, don Carlos Cabanas puede utilizar los siete minutos y medio en una primera intervención o puede guardarse los que quiera para una segunda intervención, para la réplica, y lo mismo reza para los diputados que preguntan.

En primer lugar y de acuerdo con el orden del día, tiene la palabra don César Luena.

El señor LUENA LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, queremos transmitir nuestras felicitaciones en nombre de nuestro grupo a nuestro portavoz, como bien decía el presidente.

Señor secretario general, señor Cabanas, la sequía es un problema ya muy grave para nuestro país. Las consecuencias del cambio climático a usted no se le escapan, son cada vez más evidentes, y las consecuencias a su vez de la sequía más perjudiciales para nuestros ecosistemas, particularmente para la agricultura y para la ganadería. También, por cierto, y cada vez más para la producción de energía eléctrica, incluso, si la cosa sigue así, para el consumo de agua de boca. Hay que tener en cuenta -y es un dato que salía ayer- que el pasado mes de octubre es el mes de octubre más seco de lo que va de siglo XXI. Yo creo que su Gobierno, el Gobierno del PP no ha sabido anticiparse a lo que venía, a esta sequía, no ha querido gestionar los riesgos que advertían de unos ciclos de sequía cada vez más frecuentes, cada vez más intensos, y creo que han seguido ustedes con una política de partido, partidista, electoralista con el agua. Señor Cabanas, le voy a preguntar por La Rioja. Según los últimos datos disponibles de ayer de la Confederación Hidrográfica del Ebro, los embalses riojanos están a un 17% de su capacidad: Mansilla al 8%, Pajares al 19%, González Lacasa al 24%. Le he traído unas fotografías (Muestra unas fotografías), aunque sé que usted tendrá acceso a ellas, pero después se las voy a dejar porque a veces, como se dice, una imagen vale más que mil palabras. En La Rioja las partes más afectadas son la margen derecha del río Ebro y el río Najerilla, que es afluente del primero. Por producciones, le quiero hablar en primer lugar de las pérdidas, que es de lo que hay que hablar, de las pérdidas para los agricultores: se han dejado de sembrar en producciones hasta 700 hectáreas de alubia verde, se han dejado de recoger hasta el 40% de la cosecha de cereal que estaba prevista, por cierto, a esto hay que sumarle una de las mayores heladas que ha sufrido la viña, lo que ha mermado la producción de uva -y no les tengo que decir lo que significa esto para mi comunidad, para La Rioja-, por decirlo de manera fina, hasta límites desconocidos. Pero afecta a más productos, al almendro, la remolacha, la patata, en este caso especialmente en el Valle del Oja. Si quiere pasamos a la ganadería, señor Cabanas. Los pastos están secos, tanto en la montaña como en el valle; no hay hierba, búsquese en pastizales, búsquese en rastrojos, no hay hierba. Pero claro, aquí hay un axioma, aunque no haya hierba el ganado tiene que comer y son los ganaderos quienes tienen que pagar el coste para suministrar alimento al ganado y tiene que ser alimento extra, bien sea paja, bien sean guisantes. Todo eso yo sé que usted se lo sabe, mi obligación era recordárselo para empezar. ¿Sabe cuánto se han incrementado los costes de producción para los ganaderos en La Rioja? Un 40%. El propio consejero del Gobierno de La Rioja en la materia el 2 de noviembre decía: "La campaña agrícola ha sido bastante difícil, con bastante precariedad de agua. Necesitamos agua y algunos agricultores han tenido que renunciar a sembrar algunos de los cultivos tradicionales". No se lo dice este diputado socialista, se lo dice el consejero del Partido Popular de La Rioja. Y ante esta situación en La Rioja en concreto ¿sabe lo que ha hecho su Gobierno? Nada. Despreciar a los riojanos, a los que más afecta la sequía. Se lo tengo que decir así de claro, despreciar, y despreciar al propio Gobierno autonómico. Le pido que le dé un toque de atención al presidente de la CHE, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, el señor Raimundo Lafuente, porque no es tolerable que trate con displicencia, como lo ha hecho, a los afectados, a los agricultores, a los ganaderos y al propio Gobierno de La Rioja. Cuando le digo que no han hecho nada, que no han hecho ni caso, es porque ha habido dos peticiones, en junio y en agosto, para aprobar una declaración de sequía en La Rioja, sobre todo en la margen derecha del río Ebro, pero cuando era imprescindible tanto en junio como en agosto ustedes la denegaron.


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Yo sé que ustedes, el Gobierno, ningún gobierno puede tener la culpa de que no llueva, de que haya sequía. Ahora, sí que ustedes son responsables de las peores consecuencias de esa sequía por no anticiparse y por no hacer nada; sobre todo, en donde podían haber hecho, como en infraestructuras de regadío, y no tomaron las decisiones políticas a su tiempo. Cuanto más hace falta la atención, la ayuda, pero sobre todo la sensibilidad, lo que se han encontrado los agricultores, los ganaderos riojanos, pero también el Gobierno del PP de La Rioja es un portazo, otro portazo y otro portazo y la displicencia y la mala educación del señor Raimundo Lafuente, el presidente de la confederación. Por eso, señor Cabanas, aproveche esta comparecencia, aproveche esta pregunta que le hago, esa respuesta que usted tiene que darme, corrija esta displicencia para con La Rioja y tome decisiones, haga que su ministerio, su Gobierno, el Gobierno del que forma parte tome decisiones, porque más vale tarde que nunca.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don César Luena.

Tiene la palabra don Carlos Cabanas.

El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Cabanas Godino): Muchas gracias, presidente.

En primer lugar, yo creo que se constata que el sector agrario ha sido siempre un sector prioritario para los sucesivos Gobiernos del Partido Popular y simplemente con hablar de la renta, del empleo, de las exportaciones, demuestra que siempre el Partido Popular ha estado apoyando a nuestro sector agroalimentario.

En relación con el problema de la sequía, he de señalarle que el Gobierno está haciendo un seguimiento continuo y permanente de la situación y además ese seguimiento se está haciendo en coordinación con los representantes de los agricultores y ganaderos y con las propias comunidades autónomas, con el fin por supuesto de analizar el alcance de la sequía y además saber qué medidas son las que tenemos que poner en marcha. Además, su señoría sabe perfectamente que la situación no es nueva, pues la sequía es un problema recurrente y cada equis años, con mayor o menor frecuencia e intensidad, se viene repitiendo en nuestro país. Respecto a La Rioja, el déficit de precipitación es menor que la media natural, pero estamos hablando de un descenso del 48% frente al 56% a nivel nacional. Por eso y ante las características meteorológicas que tenemos en nuestro país y adversos como son en este caso los que afectan a las producciones agrarias, lo que hay que decir es que a pesar de lo que digan ustedes contamos con el mejor sistema de seguros agrarios que hay en Europa, que es el que cubre todos los riesgos meteorológicos, que es lo que tenemos que hacer cuando se apuesta y se lleva apostando por todos los Gobiernos en los últimos cuarenta años, porque hemos establecido un sistema que es la envidia de los países europeos y que cubre la gran mayoría de los problemas desde el punto de vista meteorológico. Además, lo que se ha hecho siempre por el Partido Popular es un esfuerzo presupuestario para destinar las subvenciones necesarias para que las primas del seguro se incorporen dentro de los Presupuestos Generales del Estado, y es en lo que estamos trabajando. En el año 2016 hablábamos de 211 millones que se ampliaron hasta 255, destinadas fundamentalmente a subvencionar las pólizas. Además, para poder cubrir esos déficit y esos problemas que usted ha comentado sobre las pérdidas que ha sufrido la agricultura, estamos trabajando en un seguro que nos está permitiendo que puedan solucionar los agricultores los problemas derivados de la falta de agua. Le puedo decir que la subvención que se lleva adelante por parte del Partido Popular a través del Gobierno, es la máxima subvención que está permitida por la Unión Europea, no podemos ir más allá del 65% del coste de la póliza, que es lo que actualmente estamos haciendo. Pero es que además -y esa es la importancia que tiene el seguro- hemos ido incrementando el capital asegurado a nivel nacional en más de 12 700 millones, de los que casi 200 millones corresponden a La Rioja. Por tanto, se están haciendo cosas y decir que no nos hemos adelantado cuando estamos trabajando en reforzar un seguro agrario que permite a los agricultores y a los ganaderos de las comunidades autónomas poder reforzar su capacidad de respuesta, pues lógicamente nos sorprende. Pero es que además lo que estamos haciendo específicamente en el caso de La Rioja es mantener las dotaciones para poder cubrir las necesidades que tengan los agricultores y, de esta manera, reducir los costes que pueden tener los agricultores en el caso de La Rioja. Le puedo decir que, por ejemplo, en el año 2017 el montante de las indemnizaciones a causa de los riesgos, tanto de sequía como de heladas en viñedo, como comentaba usted, han sido de más 28 millones de euros, de los cuales: 18 millones para uva de vinificación, 6 millones para explotaciones frutícolas, 2 millones para cultivos herbáceos extensivos, y además, dentro de las medidas urgentes que aprobó el Gobierno en el real decreto-ley del año 2017 hemos incorporado -y yo creo que es importante- una serie de actuaciones


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y, entre ellas, el anticipo de las ayudas de la PAC. Por tanto, decir que este Gobierno no se está preocupando de la sequía y de los problemas de los agricultores y ganaderos no responde a la realidad. Este Gobierno está trabajando -junto con las comunidades autónomas y con los agricultores y ganaderos- para resolver un problema importante como es el que tenemos encima de la mesa, y además el Gobierno del Partido Popular va a seguir trabajando -hoy mismo había una reunión con las confederaciones hidrográficas- para tratar la situación y poder analizar conjuntamente hacia dónde podemos ir y qué podemos poner en marcha para resolver los problemas que tienen nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Pero ya le adelanto, los seguros agrarios los están cobrando y además ha habido un adelanto de la PAC del 60% que se ha producido en toda España y especialmente en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Carlos.

Don César.

El señor LUENA LÓPEZ: Señor secretario general, nosotros creemos que hay que tomar decisiones urgentes y que además tienen que tomarlas de forma estructural. Me ha hablado de los seguros agrarios, pero ustedes saben que son absolutamente insuficientes. Yo le voy a dar dos salidas hoy aquí. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado enmiendas ante la tramitación de lo que se conoce como el Real Decreto del Duero. Acepte esas enmiendas porque incluyen actuaciones y ayudas para agricultores y ganaderos, para infraestructuras hidráulicas, para la margen derecha del río Ebro y, por tanto, para el río Najerrilla y también para el río Oja. Acepte las enmiendas del Grupo Socialista. Pero tiene otra salida, el viernes hay Consejo de Ministros, lleven ustedes la aprobación de la declaración urgente de sequía para La Rioja. El Partido Socialista Obrero Español ha pedido esa declaración urgente de sequía, pero es que también lo ha hecho en dos ocasiones el Gobierno de La Rioja. Y en esa declaración ustedes tienen que aprobar un paquete extraordinario de ayudas para agricultores y ganaderos porque no son suficientes los seguros agrarios. En esa declaración tienen que aprobar un plan de infraestructuras hidráulicas. En concreto o particularmente una balsa que gestione el caudal del embalse de Mansilla en el río Najerilla, porque así regulará su caudal ecológico, asegurará el abastecimiento a media docena de municipios y, por cierto, se aprovechará mejor la gestión del agua por cultivo y por hectárea.

Por último, no me ha dicho usted nada del presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, pero yo le repito que sería conveniente que le llamasen al orden, porque ¿sabe qué ha tenido que hacer el Gobierno de La Rioja, que es del mismo partido que el Gobierno al que usted pertenece, del PP? Llamar directamente al ministerio, porque la confederación hidrográfica no le hacía ni caso. Algo que, como se suele decir, para no quedar mal no se ha dicho, pero es así, porque el señor Lafuente es tan lenguaraz, porque es más que locuaz, que lo ha contado en una entrevista. Termino. ¿Tiene usted intención de aprobar la declaración de sequía? Es la única solución. Y si no quieren hacerlo, porque abusan de la displicencia, aprueben las enmiendas del Grupo Socialista para ayudar a los agricultores y a los ganaderos de la margen derecha del río Ebro en La Rioja.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, don César Luena.

Tiene la palabra don Carlos Cabanas.

El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Cabanas Godino): Muchas gracias, presidente.

En primer lugar, quiero hacer dos comentarios. En relación con el tema del seguro, yo creo que el seguro es el mejor instrumento que tenemos y si hablamos mal del seguro mal vamos, porque lo que tenemos que hacer es incentivar a que la gran mayoría de los agricultores y ganadores acepten y vayan a la puesta en marcha de un seguro. Además, lo que está claro es que lo que es subvencionable, no es indemnizable, es decir, no podemos establecer o plantear ayudas mediante decretos-leyes que vayan en la dirección de establecer subvenciones, porque entonces estaríamos tratando de manera discriminatoria a los que hacen un seguro frente a los que no lo hacen. Por tanto, creo que la mejor política que podemos hacer desde el punto de vista agrario es incentivar a nuestros agricultores y ganaderos a que se incorporen al seguro agrario, independientemente de otras medidas que se pongan en marcha.


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En cuanto a la declaración de sequía del Ebro, ustedes saben que los planes de sequía de cuencas intercomunitarias y su procedimiento fueron establecidos en una orden de 21 de marzo del año 2007. Es decir, tenemos un procedimiento según lo establecido en esa orden y no nos lo podemos saltar y, si para poder declarar la emergencia en una zona tiene que estar toda la cuenca, tendremos que establecer lo que dice la orden, no nos la podemos saltar, y esa orden recuerdo que viene desde el año 2007, que es la que establece los procedimientos para declarar las emergencias y, evidentemente, nosotros no debemos ni podemos saltarnos lo que tenemos establecido en una orden que establece el procedimiento de cómo se declaran las emergencias en las cuencas hidrográficas.

En relación con lo que usted me comenta del presidente de la confederación, trasladaré su opinión para ver exactamente qué es lo que está pasando con este presidente. Lo que sí que le puedo decir es que nosotros seguimos creyendo en que hay que seguir apostando por las infraestructuras, tendremos que trabajar con el Gobierno de La Rioja y con las comunidades de regantes, con los que estamos en contacto, para saber exactamente qué necesidades tienen en relación con las infraestructuras y qué es lo que tenemos que poner en marcha, pero desde luego lo que ya hemos hecho y en lo que estamos trabajando precisamente es en el incremento de las ayudas PAC; vuelvo a repetirle, ya se han abonado más de 12,5 millones en la Comunidad Autónoma de La Rioja y hemos establecido una serie de medidas urgentes que van a poder recibir los agricultores de La Rioja, como es aplazar un año sin intereses todo el pago de las cuotas de la Seguridad Social correspondiente a los meses de julio de 2017 a febrero de 2018. Estamos hablando de la financiación para hacer una convocatoria especial de ayudas a la financiación agraria, que hemos contemplado un crédito de 90 millones, de los cuales 2 millones se han solicitado desde La Rioja. También hemos hablado del tema de fiscalidad, el ministerio ha propuesto al Ministerio de Hacienda y Función Pública una reducción de los índices o módulos de régimen de estimación objetiva de IRPF de aquellas producciones afectadas por las distintas adversidades climáticas durante el año 2017. Es decir, estamos poniendo medidas, se están desarrollando y estoy convencido de que con el paquete que hemos puesto en marcha, más todo aquello que se pueda incorporar, vamos a dar respuesta a los problemas de los agricultores y de los ganaderos de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Carlos.

- DEL DIPUTADO DON JOSÉ JUAN DÍAZ TRILLO Y DE LA DIPUTADA DOÑA JOSEFA INMACULADA GONZÁLEZ BAYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DEL HECHO DE QUE EL TRIBUNAL SUPREMO HAYA DADO LA RAZÓN A LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARALIZANDO CAUTELARMENTE LA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE QUE PAGUE LA SANCIÓN POR PASTOS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/014237). (Número de expediente 181/000479).

El señor PRESIDENTE: La siguiente pregunta es la que figura en el punto 3.º y es sobre la opinión del Gobierno acerca del hecho de que el Tribunal Supremo haya dado la razón a la Junta de Andalucía, paralizando cautelarmente la decisión del Gobierno de que pague la sanción por pastos.

Tiene la palabra la señora González Bayo.

La señora GONZÁLEZ BAYO: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señor Cabanas y gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en esta Comisión.

Como usted conoce igual que yo, el Gobierno español recibe una sanción de la Unión Europea por un importe de 262,8 millones de euros. Esto es debido a una incorrecta trasposición de la normativa relativa a la admisibilidad de pastos. El Estado puso en marcha en las campañas 2009-2013 una norma que debían de aplicar las comunidades autónomas, una regularización que a posteriori la Unión Europea ve inadecuada. Recuerdo que es el Gobierno quien marca las directrices y las comunidades autónomas quien pone en marcha estas directrices. Esto es lo que conocemos como el coeficiente de admisibilidad de pastos. Observamos que el Gobierno de España quiere hacer recaer esta sanción de 262 millones de euros en las comunidades autónomas, es decir, la responsabilidad que tiene el Gobierno la traslada a la comunidad autónoma. Están en esta situación once comunidades autónomas, entre ellas Andalucía. Vemos cómo las comunidades autónomas han cumplido escrupulosamente con la normativa reguladora puesta en marcha por el Estado y han intentado colaborar y trabajar junto al Ministerio para que solicite la suspensión de esta sanción a la Unión Europea, pero han encontrado la callada por respuesta. Las once


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comunidades autónomas han solicitado una reunión a la ministra Tejerina para hablar de esta grave situación para cada una de las comunidades autónomas, reunión que nunca fue atendida por la señora Tejerina. Ante esto, la Consejería de Agricultura, Pesca, Alimentación y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo en el que el Tribunal ha anulado cautelarmente esta sanción. Yo quiero que tenga en cuenta la preocupación que tienen los agricultores y los ganaderos andaluces por tener que abonar 63,7 millones de euros. Estamos hablando de 250 000 agricultores y ganaderos en Andalucía que perderían un importe considerable de la renta que reciben de la política agraria común. Por eso, señor Cabanas, le formulo la siguiente pregunta. Ante los nuevos acontecimientos que nos vienen de Europa, donde la dehesa ahora se va a contemplar como zona de pasto, ¿va a continuar el ministerio peleando en Bruselas para retirar esta sanción y, por ende, va a retirar esta sanción a las comunidades autónomas, que en ningún momento son responsables de aquella regularización que vino de manos del Gobierno español? ¿Por qué no reconoce el Gobierno de España que fue un error suyo y libera a las comunidades autónomas de este pago y, por extensión, a los agricultores y ganaderos de cada una de ellas?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Pepa.

Tiene la palabra don Carlos.

El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Cabanas Godino): Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señoría.

En primer lugar, lo que creo que hay que puntualizar es que el Tribunal Supremo no ha dado la razón a la Junta de Andalucía paralizando cautelarmente la decisión del Gobierno de que pague la sanción de pastos, sino que ha dictado una medida cautelar para que no se ejecute el acuerdo del Consejo de Ministros, por lo que, de momento, Andalucía no tendrá que pagar. Pero en ningún momento, tal y como establece la pregunta, le ha dado la razón a la Junta de Andalucía, simplemente lo que ha tomado es una medida cautelar en relación con la sanción. Además, de acuerdo con lo previsto en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados pueden solicitar en cualquier estado del proceso la adopción de cuantas medidas aseguren la efectividad de una futura sentencia, circunstancia por la que optó la Junta de Andalucía cuando tomó la decisión. La Junta solicitó medidas cautelares con respecto al acuerdo del Consejo de Ministros del 17 de febrero, en el que se les considera responsables de la corrección financiera derivada de los problemas en la admisibilidad de pastos. Le puedo decir además que en el Real Decreto 2128 de 2004, que entró en vigor el 1 de enero de 2005, lo que sí dice es que las comunidades autónomas son las responsables de la explotación y mantenimiento del Sigpac en su territorio, y eso incluye todo lo que son las superficies máximas admisibles registradas para cada recinto. Es competencia de las comunidades autónomas, de tal manera que, independientemente de su planteamiento, lo que tenemos establecido en el Real Decreto 2128 de 2004 -vuelvo a repetirlo- es que las comunidades autónomas son responsables de la explotación y mantenimiento, es decir, recae sobre las comunidades autónomas. De hecho, yo creo que habría que esperar y no prejuzgar el resultado de cuál va a ser la sentencia del Tribunal Supremo sobre la demanda presentada por la Junta de Andalucía y, por tanto, afirmar que dicho Tribunal ha dado la razón a la Junta. Lo que sí hay que decir es que un factor importante para que el Tribunal Supremo haya aceptado esa petición de medidas cautelares es que España ha presentado una demanda ante la Unión Europea para tratar de reducir o anular la multa impuesta por Bruselas, dado que consideramos que es desproporcionada. Una vez que se publique la sentencia en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, veremos cómo influye en el procedimiento. Por tanto, hay que esperar a ver qué es lo que pasa en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el que nosotros vamos a continuar defendiendo -así lo hemos hecho- que entendemos que la multa es desproporcionada, pero nosotros seguimos manteniendo la opinión de que las decisiones de las once comunidades autónomas fueron decisiones de cada una de ellas, porque lo que está claro es que aquellas comunidades autónomas que aplicaron un coeficiente de admisibilidad de pasto no han sido sancionadas. Por tanto, la responsabilidad es exclusivamente de aquellas comunidades autónomas que no establecieron un coeficiente de admisibilidad de pastos, tal como se les había reiterado en más de cinco ocasiones desde el año 2008.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, don Carlos.

Doña Pepa.


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La señora GONZÁLEZ BAYO: Le doy la razón, ha sido aplazada, pero por eso le he preguntado, y no me ha contestado usted, si ante los nuevos acontecimientos, el acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero, el Gobierno se plantea retirar esas sanciones a las comunidades autónomas. Porque lo que no podemos es, por un lado, establecer las reglas de juego y, por otro lado, dejar solo la responsabilidad a quienes tienen que aplicar las reglas de juego que les establecemos, y es lo que no entendemos desde este grupo parlamentario ni desde las comunidades autónomas. Como usted bien reconoce en su exposición, son once comunidades autónomas porque son las que tienen unas características específicas -y recientemente hemos visto que así lo ha admitido Europa- como es la dehesa, que se saca de las zonas admisibles de pasto. Por eso yo le reitero mi pregunta. Ante los nuevos acontecimientos, ¿el ministerio va a retirar la sanción impuesta a las comunidades autónomas y no solo van a recaer los problemas sobre las comunidades autónomas y los beneficios solo sobre el Gobierno? Porque entonces, señor Cabanas, usted coincidirá conmigo que es mejor que le dé usted el dinero a las comunidades autónomas y que ellas creen sus reglas, que se administren y sean responsables, porque el Gobierno no puede estar solo para poner reglas y que las comunidades autónomas asuman los gastos. Me parece irresponsable por parte del Gobierno, me parece irresponsable no de cara al Gobierno de cada comunidad autónoma, sino de cara a los agricultores y ganaderos, porque al final usted sabe que esto es una merma en las rentas del ganadero y del agricultor. Creo que es un tema que el Gobierno se tiene que replantear junto con las comunidades autónomas y llegar a un acuerdo para, primero, pelearlo en Europa, porque yo creo que todas las comunidades autónomas, o por lo menos la Comunidad Autónoma de Andalucía así me lo ha transmitido, va a seguir peleando en Europa contra el error de esta sanción al Estado español; y segundo, buscar una solución en nuestro país porque creemos que es totalmente injusto.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Pepa.

Don Carlos.

El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Cabanas Godino): Muchas gracias, presidente.

En primer lugar, quiero decirle que España ha recurrido la sanción, ha sido España la que ha recurrido, después de consultar con las comunidades autónomas, porque entendemos, y así lo he dicho, que la multa propuesta por la Comisión Europea ha sido desproporcionada. Por tanto, hemos recurrido y vamos a seguir. Hay que esperar a ver qué es lo que decide el Tribunal de Justicia Europeo para ver exactamente qué repercusión tiene a nivel nacional.

Segundo, dice que la situación ha cambiado. Lo que quiero explicar es que la nueva definición de pasto lo que establece no es para superficies arbóreas, es que la superficie de dehesa ya estaba afectada en un 83%. Es decir, la situación no ha cambiado, lo que se ha metido es el pasto arbustivo, que hasta ahora no estaba, pero el pasto arbustivo, no la superficie arbórea; es más, la superficie admisible en dehesa es del 83%, luego no es que se hayan incluido nuevas superficies, sino que lo que se establece es una base jurídica. Hasta ahora se podían meter superficies, lo que pasa que no existía la base jurídica; ahora tenemos la base jurídica para poder dar respuesta a las peticiones de las comunidades autónomas, pero la dehesa ya estaba metida como superficie de pasto; es decir, no responde a la realidad lo de que la dehesa no estaba metida, estaba metida con un 83%, por tanto, se podía declarar la dehesa como superficie de pasto.

El criterio del Gobierno no ha cambiado. Si la responsabilidad de la gestión de las ayudas es de las comunidades autónomas, la buena o mala gestión de las ayudas les corresponde a las comunidades autónomas, no al Ministerio de Agricultura ni al FEGA, que son exclusivamente coordinadores. Con respecto a su información, le quiero decir que el dinero no lo paga el Ministerio; el Ministerio lo manda a los organismos pagadores de la comunidad autónoma y la comunidad autónoma es la que sabe cómo paga y a quién paga y en qué condiciones, porque son responsables como organismo pagador de saber si están financiando y están pagando adecuadamente las ayudas. No es el ministerio, porque quien establece las ayudas y los controles de campo es la comunidad autónoma. Por tanto, tendrá la responsabilidad la comunidad autónoma, tal y como está establecido en un real decreto, de asegurarse y controlar que todas las superficies que reciben una ayuda responden a lo que establece la legislación. Nosotros entendemos que eso es responsabilidad de la comunidad autónoma. Y fíjese si es responsabilidad de la comunidad autónoma que aquellas que sí que lo aplicaron no han recibido sanción. Luego, usted estará de acuerdo en que si hay seis comunidades autónomas que han aplicado el


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coeficiente tal y como el ministerio había advertido durante el año 2008, 2009, 2011, 2013, y ha servido para no aplicarles una sanción, aquellas que no hicieron caso al ministerio serán responsables de no haberlo aplicado. Yo entiendo que eso es de cajón, pero es que además no estábamos nosotros. Es decir, cuando se les trasladó a las comunidades autónomas la necesidad de aplicar el coeficiente, estamos hablando del año 2009, de 2010, de 2011, y las comunidades autónomas no hicieron caso. Estoy convencido de que si ustedes estuvieran aquí pensarían lo mismo que estoy pensando yo, porque la responsabilidad es de quien gestiona. Es más, hemos recurrido la multa a Bruselas porque entendemos que es desproporcionada, pero la responsabilidad será de quien no haya controlado ni haya establecido los medios necesarios para aplicar lo que establece la legislación, y eso es lo único que nosotros nos hemos limitado a hacer.

Muchas gracias, señoría.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Carlos.

- DEL DIPUTADO DON MARC LAMUÀ ESTAÑOL, EN SUSTITUCIÓN DEL DIPUTADO DON GONZALO PALACÍN GUARNÉ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE VALORACIÓN DEL USO DE LOS NUEVOS BLOQUEANTES DE LLAMA ECOLÓGICOS POR LAS BRIGADAS Y MEDIOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE EN LA LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES POR SU MENOR IMPACTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE QUE LOS UTILIZADOS ACTUALMENTE (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/016627). (Número de expediente 181/000499).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que figura en el orden del día con el número 14.º, para que sea contestada, si no tienen inconveniente sus señorías, por don Carlos Cabanas, aprovechando que él está aquí y que el resto de preguntas las va a contestar la secretaria de Estado de Medio Ambiente. Le pregunta se refiere a la valoración del uso de los nuevos bloqueantes de llama ecológicos por las brigadas y medios dependientes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en la lucha contra los incendios forestales por su menor impacto sobre el medio ambiente que los utilizados actualmente.

Tiene la palabra don Marc Lamuà.

El señor LAMUÀ ESTAÑOL: Gracias, presidente.

Tomo la palabra, como usted antes ha dicho, en sustitución de nuestro compañero don Gonzalo Palacín, que ha sido recientemente padre. Él es el autor de la pregunta.

El señor PRESIDENTE: Le hemos felicitado antes en nombre de la Comisión.

El señor LAMUÀ ESTAÑOL: La pregunta es clara. La lucha contra los incendios forestales es una realidad que vivimos cada año en nuestro país de una manera más intensa y con más afectación a lo largo y ancho del territorio estatal. Además, los últimos lustros, por decirlo de alguna manera, con el progresivo abandono de zonas rurales, con el desarraigo de población en sitios donde habíamos tenido poblaciones más intensamente vinculadas al cultivo, hace que haya un crecimiento de la vegetación, un avance de las masas forestales, un descuido o una incapacidad por cuidar todas esas masas forestales, que hace que proliferen los grandes incendios forestales, por lo que adquiere mucha más importancia su prevención y su extinción.

Como hemos reiterado en esta Comisión la mayoría de grupos en múltiples ocasiones, la prevención es evidente que debe ser el principal instrumento para combatir este tipo de grandes incendios, pero es verdad que, una vez declarados, la Administración o las diversas administraciones involucradas en su extinción deben destinar todos los medios humanos y tecnológicos, por encima de todos esos medios técnicos de los que pueda disponer. Uno de los elementos técnicos para combatir de manera eficaz las llamas son los retardantes de llama, usados indistintamente en cortafuegos o en superficies directamente en combustión. Estos productos, y usted lo conoce muy bien, a base de derivados del amoniaco, ya sean polifosfatos o en forma espumífera, tienen una base no ecológica y, por lo tanto, tienen una afectación importante en el medio ambiente cuando son utilizados en la extinción de incendios. Estos productos, lisa y llanamente, son corrosivos y los distintos estudios demuestran que son perjudiciales para el medio


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ambiente, pero también, y esto debemos remarcarlo, para los medios humanos y materiales usados en la extinción de los incendios.

Por tanto, la pregunta que le reiteramos hoy en Comisión es: ¿es consciente el Ministerio de la existencia de nuevos bloqueantes de llama ecológicos, que no retardantes de llama, con un mucho menor impacto ecológico en el medio ambiente en el que se está produciendo la extinción y más efectivos, según algunos estudios, en la lucha para la extinción de los incendios?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Marc.

Tiene la palabra don Carlos.

El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Cabanas Godino): En el ministerio somos conscientes de la importancia que tiene disponer de los medios más modernos y eficaces para la extinción de incendios. Este Gobierno ha venido mejorando el dispositivo de extinción de manera muy significativa en los últimos años hasta disponer hoy en día, y así lo ha reconocido recientemente la Comisión Europea, como el mejor sistema y con la mayor capacidad para hacer frente a los incendios. Evidentemente, no se trata de un ejercicio de autocomplacencia, sino que nosotros lo que estamos haciendo permanentemente con las comunidades autónomas cada campaña es analizar, examinar y hacer un balance para extraer las conclusiones con las que se debe mejorar y reforzar y, entre otras, es la de hacer política forestal. Le puedo decir que el Gobierno del Partido Popular siempre ha sido absolutamente prioritario el tema de la política forestal. Estamos hablando de que en el año 1999 pusimos en marcha la Estrategia Forestal, Plan Forestal 2002-2032; en la pasada legislatura, el Plan de Activación Socioeconómica, con más de ochenta y cinco medidas; estamos hablando de que en los PDR, programas de desarrollo rural, que hemos puesto en marcha con las comunidades autónomas más de 2000 millones se han dedicado a la política forestal, y lo digo porque escucho cada equis tiempo reiterar el tema de que no hay prevención. Le puedo decir que, de los 2000 millones, el 44% de los programas de desarrollo rural se dedican a medidas de prevención; hay medidas de prevención, de construcción de infraestructuras, de mantenimiento de cortafuegos, de selvicultura, de actividades de pastoreo, implantación de mejores sistemas de control, etcétera. Es decir, existe una política de prevención. Y, por mucho que se repita, quiero decir que existe esa política y que la están realizando las comunidades autónomas a través de los programas de desarrollo rural. Todo es mejorable, por supuesto, y eso es lo que hacemos todos los años al juntarnos con las comunidades autónomas para poder impulsar esa política forestal. Desde el ministerio trabajamos y, entre otras acciones, estamos redactando con el grupo Juntos por el Bosque, que aglutina, como bien saben ustedes, a todo el sector forestal, un plan de actuación en el que, entre otras cosas, tenemos objetivos de incentivar la gestión forestal, consolidar esa gestión forestal como una actividad económica importante para evitar, como usted comentaba, el tema del despoblamiento, mejorar la competitividad de las explotaciones, potenciar el papel de nuestros montes como sumideros de CO2. Es decir, tenemos una serie de actuaciones en marcha y, evidentemente, queremos trabajar.

En materia de extinción concretamente le puedo decir que hemos incrementado nuestro presupuesto de extinción respecto al año 2011 casi en un 20%, estamos hablando de 85 millones de euros, 70 medios aéreos, hemos incorporado mejoras y novedades tecnológicas, como el sistema que permite la visualización en tiempo real de todos los medios que tienen las comunidades autónomas, estamos trabajando en la incorporación de drones con el objetivo de hacer un seguimiento nocturno de la actuación en los incendios, el reforzar los papeles y la situación de refuerzo de las BRIF; les recuerdo que tenían nueve meses en el año 2011 y ahora tienen once meses y medio de trabajo; mejorar sus condiciones, preparadores físicos, etcétera. Pero, evidentemente, hay otras cuestiones en las actuaciones forestales en relación con el tema de los retardantes y espumógenos que se utilizan en la extinción de incendios. Nosotros estamos trabajando y estudiando con nuestros técnicos cuáles son los mejores medios para poder mejorar el impacto sobre el medio ambiente, como usted comentaba, pero evidentemente es mucho más complicado y es siempre peor el mal que produce el propio incendio forestal que la utilización de estos medios. Nosotros estamos desarrollando los nuevos líquidos que se puedan utilizar en extinción, analizando su eficacia, el respeto al medio ambiente, la posibilidad de utilizarlos por medios aéreos, y lo estamos haciendo en el laboratorio del fuego del INIA. Es decir, que estamos trabajando en mejorar, pero son los técnicos, los especialistas los que tienen que decir exactamente cómo podemos utilizarlos. Porque estará de acuerdo conmigo en que la utilización de estos medios tienen que venir avalada por los técnicos y sobre todo tenemos que tener mucho cuidado para que no afecten negativamente a las aeronaves. Yo entiendo que, por motivos de seguridad, se han de utilizar instrumentos que no pongan en riesgo la


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actividad de los setenta medios aéreos que el ministerio pone a disposición de las comunidades autónomas. El 45% de la capacidad de descarga que tiene España la aporta el ministerio, cuando ustedes saben perfectamente que las competencias en gestión forestal y de incendios le corresponde a las comunidades autónomas y nosotros lo que hacemos es colaborar con ellos.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Carlos Cabanas.

Don Marc, tiene la palabra.

EL señor LAMUÀ ESTAÑOL: Gràcies, senyor president.

Señor Cabanas, su respuesta ha sido muy completa, pero me va a permitir que le diga que se ha ido ligeramente por la tangente. Lo que yo le decía es que este tipo de materiales han sido probados por la UME y por diferentes brigadas con resultados óptimos, son aplicables y utilizables en cualquier tipo de medios de extinción aéreos y a través también del personal en tierra. El precio es efectivamente superior, y no me gustaría pensar -y creo que no deberíamos pensarlo- que el precio en un tipo de producto como este, con el uso que va a tener, sea un impedimento para poder utilizarlo. Además, los estudios demuestran que son productos más respetuosos con el medio ambiente que los que estamos utilizando, es decir, ya somos conscientes de que eso es así. Por lo tanto, cuando usted me habla de más pruebas, yo diría que ya tenemos pruebas tanto de campo realizadas por UME, como le decía, como pruebas científicas que demuestran de manera fehaciente que este tipo de productos son mejores y más eficientes a los que ya estamos utilizando. Además, son mucho más efectivos en la protección en primera línea para las fuerzas de extinción en el territorio. Por lo tanto, seguramente deberíamos considerar como prioritaria su implantación para mejorar la efectividad que tenemos en la lucha contra los incendios una vez declarados; además, son más ecológicos, son biodegradables y, por lo tanto, afectarían mucho menos a aquellas zonas en las que se actúe para extinguir incendios. Y le reitero que estoy convencido -y estoy seguro que así me lo confirmará ahora mismo- que en ningún caso el precio puede ser un problema ante productos que mejorarían sustancialmente nuestra capacidad de mantener el medio ambiente y la protección de nuestras fuerzas de extinción en nuestras autonomías a lo largo y ancho del Estado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, don Carlos.

El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Cabanas Godino): Muchas gracias, presidente.

Cuando surge un nuevo producto lo que hacemos es analizar tres aspectos: primero, la eficacia y eficiencia en las operaciones de lucha contra el fuego forestal; segundo, el tema del medio ambiente, y tercero, la posibilidad de ser utilizados por medios aéreos, que es muy importante. Piense que los medios aéreos del Ministerio de Agricultura son muy importantes, luego tenemos que utilizar un material que no suponga un riesgo para nuestras naves. Nosotros estamos a expensas de lo que nos digan nuestros técnicos. Ya he hablado del laboratorio del fuego de INIA, que es donde se hacen todas las pruebas de efecto para comprobar la eficacia de cada producto. Nosotros estudiaremos cualquier medida e incluso se lo comunicaremos y nos coordinaremos con las comunidades autónomas para ver exactamente qué se puede hacer. En este caso, como le digo, se trata exclusivamente de tres razones: eficacia y eficiencia, el medio ambiente y la posibilidad, le reitero, de ser utilizados por los medios aéreos, que para nosotros es lo más importante ya que no podemos poner en riesgo, por motivos evidentes, nuestras aeronaves. Como bien sabe usted, los medios aéreos son los que suelen acabar apagando los incendios; los medios terrestres están muy bien, pero los medios aéreos, cuando pueden volar, son los que apagan los incendios. Por tanto, nosotros vamos a estudiar lo que plantea, no tenemos ningún problema, pero desde luego utilizaremos toda la información que nos den nuestros técnicos para avanzar. Lo que quiero decirle es que no hay productos mágicos, desgraciadamente, en un tema que es tan complejo como el de los incendios no tenemos productos mágicos, pero desde luego trabajaremos con los técnicos para avanzar en todo lo que signifique mejorar las condiciones y la protección del medio ambiente.

Muchas gracias, señoría.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Carlos. Con esta intervención finaliza la comparecencia del secretario general, al que agradecemos una vez más su presencia en esta Comisión, que es la suya.


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- DEL DIPUTADO DON SALVADOR ANTONIO DE LA ENCINA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE PREVISIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE RESPECTO AL REINICIO DE LAS OBRAS "COLECTORES PARA EL SANEAMIENTO EN ALGECIRAS, 1.ª FASE. ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LOS COLECTORES DE EVACUACIÓN DE LA RED DE LA CALLE JACINTO BENAVENTE EN ALGECIRAS (CÁDIZ)", PARALIZADAS DESDE HACE SEIS MESES. (Número de expediente 181/000062).

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, se reanuda la sesión. Les ruego que tomen asiento, por favor.

En primer lugar, doy la bienvenida en nombre de la Comisión a la secretaria de Estado doña María García, que va a contestar a las preguntas escritas que se han convertido en orales, según lo que se acordó en la última reunión de la Mesa que ha convocado esta Comisión.

Pregunta que figura en el orden del día como punto 4.º, que se refiere a las previsiones del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente respecto al inicio de las obras "Colectores para el saneamiento en Algeciras 1.ª fase. Actuaciones para la mejora de los colectores de evacuación de la red de la calle Jacinto Benavente, en Algeciras (Cádiz), paralizadas desde hace seis meses.

Para formular la pregunta tiene la palabra, por el Grupo Socialista, don Antonio Salvador de la Encina Ortega.

El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Muy buenos días. Muchas gracias, señor presidente; bienvenida, señora secretaria de Estado.

El 1 de junio de 2015 el Ministerio de Medio Ambiente y la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A., Acuamed, suscribían, formalizaban la octava adenda a la modificación 2 al convenio de la gestión directa para incorporar en el adicional a su convenio la actuación denominada "Colectores para el saneamiento de Algeciras 1.ª fase. Actuaciones para la mejora de los colectores de evacuación de la red de la calle Jacinto Benavente, en Algeciras (Cádiz)", con 8 millones de euros más IVA.

Por el respeto que nos merece la presunción de inocencia y la independencia judicial, no me voy a referir, no me voy a deslizar en comentarios al sumario que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el juez Velasco, por un presunto fraude millonario en la adjudicación de siete obras de la empresa pública Acuamed, pero sí tengo necesariamente, como diputado por Cádiz residente en Algeciras, la obligación de lamentar que esta obra de los colectores y su adjudicación esté bajo sospecha judicial y policial, pero sobre todo que estén paralizada, no desde hace seis meses, que fue cuando se formuló la pregunta y no ha sido contestada por el Gobierno, de aquí esta intervención hoy, sino que no tengamos todavía claro cuándo se va a reiniciar y sobre todo a concluir. Y sí tengo que referirme a que las investigaciones que se han conocido del sumario indican que el contrato fue preadjudicado mucho antes de tener el marco legal que diese cobertura a la ejecución y dotación presupuestaria. Por tanto, parece claro que de aquellos lodos, estos polvos. Se adjudicó, como se ha podido oír en las grabaciones y leer en los medios de comunicación, a la empresa Sando antes del concurso y esta posteriormente presentó un modificado superior al 10% del coste de la obra y meses más tarde se paralizó.

El 6 de febrero de 2017 el alcalde de Algeciras y el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar se reunieron aquí, en Madrid, con el nuevo director general de Acuamed, don Francisco Baratech, y se anunció que se procedería a redactar y encargar la continuación de las obras, cuya reanudación -se decía entonces- será próxima. Esto aparece publicado en muchos medios de comunicación, le traigo uno, diario Horasur, 7 de febrero de 2017. Por ir concluyendo, el pasado día 26 de octubre también el alcalde de Algeciras, que desgraciadamente aparece en esa investigación judicial, muestra su satisfacción con la propia ministra de Medio Ambiente, doña Isabel García Tejerina, y anuncia que el consejo de administración de Acuamed va a encomendar a la empresa pública Tragsa la obra de finalización de la primera fase del colector de la calle Jacinto Benavente. Le puedo decir simplemente que ya han pasado no seis meses, sino dieciséis desde la paralización de las obras en julio de 2016, tras la resolución del contrato con la empresa Sando, y lo único que se ha hecho ha sido iniciar una obra de 25 metros en la carretera Juan Pérez Arriete, en Algeciras, para introducir tuberías y también se construyó un muro alrededor del colegio público Virgen del Mar y se limpió de lodo la calle Jacinto Benavente, medidas, según los vecinos y quien le habla, absolutamente insuficientes después del tiempo transcurrido. Una gran parte de los vecinos de la zona, con los que me he reunido en varias ocasiones a petición de ellos,


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muestran su angustia y su preocupación y rezan casi todos los días -aquellos que son creyentes- para que no llueva, porque las últimas inundaciones que se produjeron en la zona hace años conllevaron un sufrimiento de esos vecinos, que perdieron gran parte de sus viviendas, enseres, garajes inundados, etcétera, y por tanto no suplican, pero sí exigen, y yo en su nombre, en nombre de los vecinos de la Cuesta del Rayo, que reanuden esas obras, paralizadas desgraciadamente por haberse visto inmersas en un caso más de corrupción del Gobierno del Partido Popular. Por tanto, le pregunto qué previsiones tiene reales, y no de anuncios, respecto a la reanudación de dichas obras.

Muchas gracias, señora secretaria de Estado.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De la Encina.

Tiene la palabra doña María García.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (García Rodríguez): Muchas gracias.

Quiero empezar por pedir disculpas a sus señorías por el retraso, pero hemos tenido esta mañana una reunión por uno de los temas que son objeto de algunas preguntas, por la sequía, y de ahí el retraso. Así que pido disculpas.

En cuanto a la pregunta del señor De la Encina, quiero empezar por aclarar que esta no es una obra que haya estado paralizada por ningún tipo de actuación judicial, esta es una obra que ha tenido una serie de vicisitudes que ahora trataré de resumir. Quiero también recordar -y yo tampoco voy a comentar lo que se dirime en instancias judiciales porque se dirime en instancias judiciales y con plena colaboración del ministerio desde el principio- que no hay ningún alto cargo del ministerio que esté imputado en este proceso.

Las obras por las que pregunta se llevan a cabo en virtud del convenio suscrito entre, como recordaba su señoría, la sociedad estatal, la Mancomunidad del Campo de Gibraltar y la empresa Arcgisa, Agua y Residuos del Campo de Gibraltar, responsable del saneamiento de la zona, en julio de 2015; en concreto, en el municipio de Algeciras y dentro de lo que se ha denominado fase 1, para mejora de los colectores, hay previstas dos actuaciones en materia de saneamiento, ambas encomendadas a la sociedad estatal Acuamed: por un lado, una actuación inicial de mejora de los colectores de evacuación de la calle Jacinto Benavente, que es en la que centra su pregunta su señoría, y por otro, y en conexión lógicamente con la anterior, la construcción de dos grandes colectores de saneamiento y evacuación de pluviales. La primera de estas actuaciones, objeto de su pregunta, consiste en la construcción de una red de saneamiento con un colector de unos 630 milímetros y de un colector de pluviales de 1200 milímetros para mejorar todo el drenaje de la zona y eliminar problemas de olores.

La licitación fue aprobada el 3 de febrero de 2015, la adjudicación se produjo a propuesta de la mesa de contratación a favor de Sando el 30 de julio y el contrato se firmó el 25 de agosto de 2015. Esa es la serie de adjudicación de este contrato, por lo menos de la que yo tengo conocimiento. Los trabajos dieron comienzo el 10 de septiembre de 2015, se suspendieron, efectivamente, en julio de 2016, cuando se llevaba ejecutado alrededor de un 40% de la obra, a solicitud del contratista porque, efectivamente, el contratista planteó una modificación del contrato, una solicitud que tiene derecho a plantear según la Ley de Contratos, con un 40% de incremento de precio. Al plantearse esta solicitud se tienen que suspender las obras y la solicitud pasa a ser analizada por la Dirección General del Agua para determinar la procedencia o no del modificado. Los técnicos de la dirección general estudiaron la solicitud y determinaron la no procedencia del modificado. Por este motivo la empresa Sando, la adjudicataria, solicitó la resolución del contrato de obras, y estamos ya hablando del 30 de enero de 2017. Una vez recabados los necesarios informes técnicos y jurídicos preceptivos, el consejo de administración de Acuamed acordó la resolución de este contrato el pasado 1 de junio y la notificación al contratista se produjo el 19 de julio. Se resolvieron las alegaciones presentadas, porque automáticamente se abre un periodo de alegaciones que hay que respetar conforme a lo estipulado en la ley, y la resolución se formalizó finalmente el 8 de septiembre de 2017.

Desde entonces, tras esta serie de vicisitudes que se inician por la solicitud de un modificado del contratista, solicitud que, insisto, el ministerio y la Dirección General del Agua no han aceptado porque no han visto técnicamente justificada, Acuamed ha agilizado al máximo los trámites necesarios para poder finalizar lo antes posible la actuación por tratarse, como decía su señoría, de una actuación fundamental para mejorar la evacuación de pluviales y evitar inundaciones en el casco urbano de Algeciras. Por ello se ha redactado y se ha aprobado el informe de validación de las obras, se han liquidado las obras ejecutadas, se ha emitido y se ha aprobado el informe de terminación, que es el informe posterior al de validación, y


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se ha elaborado el expediente para la encomienda a la empresa pública Tragsa, dada la urgencia de finalizar los trabajos; es decir, una vez cerrado el proceso con la resolución del contrato, lo que ha hecho la sociedad estatal es lo que puede hacer, agilizar al máximo posible todos los trámites para poder hacer un proyecto de terminación de esta obra y hacerlo lo antes posible, motivo por el cual se ha encomendado a Tragsa. Concluidos los trámites y con el informe favorable de la Abogacía del Estado, el consejo de administración de la sociedad -hay que pasar por ahí para la toma de las decisiones- ha autorizado la encomienda el pasado 27 de octubre. Las obras se reanudarán por tanto, una vez que se ha dirimido el caso abierto por la solicitud del modificado del contratista, se ha resuelto el contrato y se ha encomendado la actuación a la nueva adjudicataria, a Tragsa, antes de final de año, con un plazo de ejecución de siete meses desde el inicio de los trabajos.

Para terminar, quiero recordar que el ministerio tiene un firme compromiso con la mejora del saneamiento y la depuración en El Campo de Gibraltar, no solamente a través del convenio que para ello firmó Acuamed, sino desde otras instancias del ministerio. El pasado 19 de julio la ministra suscribió un protocolo de colaboración ministerio-Junta de Andalucía que recoge actuaciones por un importe total de 700 millones de euros en este ámbito, de los cuales 200 serán aportados por el Estado. El protocolo incluye nuevas actuaciones en la zona, como la EDAR de San Martín del Tesorillo y otras de saneamiento en Algeciras, San Roque y otros núcleos del Campo de Gibraltar.

Muchas gracias.

El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Muchas gracias, doña María García.

Señor De la Encina.

El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Muchas gracias, señora secretaria de Estado.

Me alegro de que anuncie que antes de fin de año se van a poder reanudar las obras, porque eso solamente es lo que persigue el Partido Socialista, no meter el dedo en el ojo a nadie y aún menos al alcalde de Algeciras, que lamentamos que se vea inmerso en el procedimiento judicial, porque nos consta su honorabilidad y honradez. Nos mueve simplemente el interés de los vecinos, que están muy preocupados porque pueda llover y vivir situaciones como la que lamentablemente vivieron en el pasado, y ojalá ya no haya más parálisis de obra como la vivida. Pero quiero aprovechar para hacerle dos pequeñas reflexiones, sí ha habido en su momento, y usted lo sabe, una cierta actuación de no colaboración en el procedimiento judicial. Sabe usted que el último oficio del juez, de 22 de febrero, requería de nuevo documentación previa del día 29 de septiembre del año anterior, de 2015, que no se había remitido. Pero le he dicho que este no es el motivo de esta comparecencia ni me iba a deslizar por ahí. Sí me preocupa la Comisión Europea, que está investigando a España y quiere información sobre la financiación europea de las obras de Acuamed, bajo sospecha las siete que hay y entre ellas esta. Me preocupa que este procedimiento judicial pueda afectar a la parte económica, porque no hemos hablado por falta de tiempo de eso, son 8 millones más IVA. Se trasladó en su momento, en el anuncio, como una inversión del Estado para estas obras y cuando yo requerí -lo tuve que hacer porque no se me dio traslado- el convenio, se dice que hay que devolverlo a través, como usted acaba de decir, de la empresa ARCGISA en veinticinco años y por tanto estas obras las van a pagar del bolsillo los ciudadanos.

Por último, ¿por qué ustedes no han aprovechado la parálisis de dieciséis meses para redactar la segunda fase de la obra y tener ya concluido ese proyecto? Porque nos podemos ver con la obra terminada en el tiempo que usted ha dicho y esperando de nuevo a concluir la redacción de la segunda fase. ¿Por qué no han aprovechado este tiempo para haber concluido ese proyecto?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De la Encina.

Señores diputados, yo les ruego a todos que se atengan estrictamente a los tiempos porque, si no, no vamos a finalizar antes de las 14:30, según los cálculos que he hecho y a las 15:00 empieza el Pleno.

Doña María García.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (García Rodríguez): Muchas gracias.

Yo agradezco a su señoría el objetivo y lo compartimos. Sí quiero corregir y afirmar en mi nombre y en el de todos los anteriores que la colaboración con la justicia para la solicitud de información y para la toma de decisiones desde que estalló o desde que se conoció el caso Acuamed ha sido siempre plena y que las solicitudes de información de los juzgados se han contestado siempre. No le puedo dar una lista


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pormenorizada de las fechas, no siempre es fácil recabar la información de todas las instancias, pero se ha hecho siempre y se hará siempre. Se ha hecho desde el principio, ahí sí que niego la mayor.

Empiezo por el final. Preguntaba su señoría por el segundo proyecto, ese que forma la segunda fase, y pregunta por qué no hemos aprovechado el tiempo. Yo creo que lo hemos aprovechado. Este proyecto es independiente, aunque es verdad que está conectado con el de la calle Jacinto Benavente, porque los otros dos colectores tienen que captar las aguas pluviales en la zona centro del casco urbano de Algeciras. Este segundo proyecto son dos grandes colectores, más grandes que los anteriores, con unos diámetros de unos 700 metros y superiores, con tramos en cajón de 2x3. El coste previsto, efectivamente, estaba en unos 8 millones de euros. El proyecto se ha redactado en estos meses; se ha redactado y se han celebrado de hecho reuniones, las últimas creo que en octubre de este año, con la empresa Arcgisa y con la mancomunidad de municipios para terminar de perfilarlo. A día de hoy lo que está pendiente es recibir el certificado de conformidad del ayuntamiento y unas autorizaciones que hay pendientes para poder cerrarlo y nosotros internamente, Acuamed internamente, empezar la tramitación: elevarlo a aprobación de la Dirección General del Agua y proseguir. Pero en estos meses sí que se ha aprovechado para trabajar en ese proyecto, sí que se han mantenido reuniones conjuntas para irlo perfilando y de hecho está ultimándose para tenerlo definitivamente aprobado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, doña María García.

- DEL DIPUTADO DON MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE FECHA PREVISTA PARA LA APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE LAS NIEVES EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/005816). (Número de expediente 181/000219).

El señor PRESIDENTE: La siguiente pregunta se refiere a la fecha prevista para la aprobación de la declaración de Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, en la provincia de Málaga. La fórmula, por el Grupo Socialista, don Miguel Ángel Heredia Díaz.

El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señor presidente.

Señora secretaría de Estado, el Parque Nacional Sierra de las Nieves es un anhelo histórico a punto de hacerse realidad. Desde el descubrimiento de su especie emblemática, el pinsapo, allá por 1837, las iniciativas para la protección de esta sierra han sido continuas y se remontan al inicio de la conservación de espacios naturales en el continente europeo. La primera petición como parque nacional fue en 1934 por el Ayuntamiento de Ronda a la entonces comisaria de Parques Nacionales y estuvo a punto de fructificar. En 1945 el Estado empezó a adquirir alguna finca de pinsapares y a aplicar en ellas medidas de protección. La creación en 1948 del Coto Nacional de Caza de la Serranía de Ronda constituiría el germen del futuro parque natural. En junio de 1989 se produce la declaración de Sierra de las Nieves como parque natural de la Junta de Andalucía, en 1993 se plantea de nuevo la declaración de Parque Nacional de Sierra de las Nieves y la declaración de la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves por la UNESCO en 1995 o la integración en la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo en 2006 son buena muestra de ello. Por fin, en 2011 la junta rectora del Parque Natural Sierra de las Nieves solicitó a la Consejería de Medio Ambiente iniciar los estudios para convertir al parque natural en parque nacional y en 2014 la junta rectora del Parque Natural Sierra de las Nieves insta a la Junta a iniciar el procedimiento para la declaración del Parque Nacional Sierra de las Nieves. Desde entonces se llevan a cabo los trámites para la declaración del Parque Nacional Sierra de las Nieves y hacer realidad este anhelo histórico.

¿Qué se persigue con la propuesta de declaración de parque nacional? Pues que pinsapos, quejigos de montaña, cabras monteses, las comunidades vegetales de las peridotitas, el funcionamiento del sistema kárstico, los acuíferos, la ganadería sostenible, gozarán de la protección que otorga la figura más importante en la legislación española de espacios naturales y las administraciones dispondrán de los medios económicos, técnicos y humanos para garantizar la conservación, mejora y disfrute de los valores naturales. Esto supondría un enorme atractivo turístico para la zona. Y se potenciarán las oportunidades de desarrollo en los municipios del área del parque, pero también en la provincia de Málaga y en el conjunto de la comunidad autónoma. La marca parque nacional incrementará el valor de los productos del


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territorio, se abrirán nuevas vías de financiación para agricultores, ganaderos, ayuntamientos y entidades de desarrollo rural en base a apoyos económicos específicos restringidos a estos espacios, las administraciones públicas tendrán un mayor compromiso de inversiones en materias como gestión forestal, conservación y desarrollo social y económico.

¿Y por qué la Sierra de las Nieves debe convertirse en parque nacional? Porque sin duda alguna es uno de los enclaves más singulares de Andalucía. Quiero destacar entre ellos el pinsapo, un raro y exclusivo abeto, endémico de estas sierras, una joya botánica, que es el mayor testimonio vivo de los abetos meridionales, que desaparecieron tras las glaciaciones del Cuaternario y que está considerado uno de los ecosistemas representativos del Estado español. En Sierra de las Nieves se encuentran los mayores bosques de pinsapos del mundo y su mayor garantía de conservación. Aquí se encuentran el pico más alto de Andalucía occidental y también las mayores profundidades subterráneas de la región. También destaca el gran afloramiento de peridotitas, unas rocas magmáticas muy escasas en el mundo y sobre las que, por su composición y naturaleza, se originan numerosas comunidades florísticas endémicas. Sierra de las Nieves alberga una gran variedad de fauna silvestre, incluidas importantes especies amenazadas, destacando como emblema la cabra montés o el águila perdicera. Todo ello hace que este territorio posea uno de los mayores índices de biodiversidad de Andalucía y de España. En Andalucía solo Doñana y Sierra Nevada cuentan con este nivel de protección, el máximo a nivel estatal. La Sierra de las Nieves posee los valores suficientes para convertirse en el parque nacional de Málaga, el tercero a nivel andaluz, que hará de este territorio un espacio natural más sostenible, foco de atracción de un ecoturismo de calidad y de mayores inversiones públicas. Por todo ello me consta que existe un buen entendimiento entre Junta de Andalucía y Gobierno central para sacar adelante este parque nacional, pero la pregunta es clara, ¿se compromete el Gobierno, va a impulsar el Gobierno todas las medidas para el objetivo de aprobar en el primer semestre de 2018 la declaración de Parque Nacional de Sierra de las Nieves?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Miguel Ángel.

Tiene la palabra, doña María.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (García Rodríguez): Muchas gracias, señoría.

Yo agradezco la pregunta y la intervención de su señoría, es un argumentario digno de convencer a quien no esté convencido pero nosotros estamos convencidos; yo soy una convencida, el ministerio es un convencido y la Junta de Andalucía también, por tanto, aunque haya que remontarse a 1934, creo que será en esta legislatura cuando por fin consigamos sacar adelante esta declaración. La ampliación de la red de parques nacionales es, de hecho, una de las líneas para incrementar la representación de todos los grandes sistemas naturales españoles, es una de las líneas de actuación en esta legislatura de las que se ha dado cuenta tanto en el Congreso como en el Senado en las sucesivas intervenciones de la ministra y de los altos cargos.

En agosto de 2014, efectivamente, por no remontarme a 1934, el Consejo de Gobierno de la Junta acordó iniciar el proceso de declaración de parque nacional. Después de este primer paso se redactó un plan de ordenación de recursos naturales, tras el cual el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta crearon un grupo de trabajo conjunto para redactar lo primero que hay que tener, que es una propuesta técnica que ha de fundamentar la propuesta de declaración. Es un grupo que ha funcionado bien, en el que hay una buena sintonía, plena colaboración, en el que lógicamente ha habido que dirimir determinados aspectos -para eso se crea el grupo- pero en el que yo creo que se está trabajando a satisfacción y con buen ritmo. Esta propuesta técnica, como decía, es necesaria para fundamentar la proposición de declaración de parque nacional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8.3 de la ley. Ya hay un acuerdo básico -está ahí el director de Parques, que lo podrá concretar mejor que yo-, pero en todo caso ya solo está pendiente cerrar un documento final para tenerlo acabado, pero, como digo, ya no hay, por así decirlo, ningún aspecto clave porque están ya todos acordados con la Junta.

Efectivamente, tanto el ministerio como la Junta de Andalucía compartimos que la Sierra de las Nieves reúne todos los valores naturales necesarios para ser merecedora de esta figura máxima de protección de la que gozan los parques nacionales españoles. Yo no voy a repetir lo que ha dicho su señoría mejor que yo sobre la riquísima diversidad biológica y climática que tiene su entorno natural, solamente aludiré, como ha hecho también su señoría, a que ampliaría en gran medida la representación sobre todo del


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pinsapo en la red de parques. Es un excepcional patrimonio natural -también lo ha dicho- lo que justifica la inclusión de la Sierra de las Nieves como Reserva de la Biosfera desde 1995, como Zona de Especial Conservación desde 2012 y como Zona de Especial Protección para las Aves desde el 2003, además, efectivamente, de ser parque natural.

También quiero destacar -y yo creo que esto es algo muy importante para este proyecto y para todos los que se plantean en cuanto a ampliación de parques- que la propuesta cuenta con el apoyo de las poblaciones, algo imprescindible para compatibilizar los objetivos de conservación, el uso público y el desarrollo socioeconómico sostenible del área.

En cuanto a la tramitación necesaria para la declaración de parque nacional, una vez tengamos esta propuesta técnica, que, como decía, está solo a falta de cerrar formalmente el documento, debe producirse la aprobación, por un lado, del Consejo de Ministros y, por otro, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Una vez se produzca dicha aprobación, la propuesta se someterá a trámite de información pública -de eso se hace cargo la Junta de Andalucía- con un plazo mínimo de tres meses -ahí hay que recibir todas las alegaciones-, tras los cuales se incorporan al expediente estas alegaciones y por supuesto la debida contestación a las mismas. Ese expediente conjunto, con sus alegaciones y sus respuestas, es remitido nuevamente al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que a su vez recaba los informes de departamentos ministeriales, de la comunidad autónoma, de municipios que aporten territorio, en su caso, al parque nacional y posteriormente, tomando en consideración toda la documentación que obra en el expediente, el ministerio elabora ya una nueva propuesta; después de la propuesta inicial, una propuesta pendiente de toda la tramitación posterior, pero final. Esa propuesta final se somete de nuevo a aprobación del Consejo de Ministros y del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y por último se informa por el Consejo de la Red de Parques Nacionales. Con todos los trámites anteriores, el Gobierno elabora, aprueba y remite a las Cortes Generales para su correspondiente tramitación el proyecto de ley, que esperamos tener elaborado ya para el próximo año, para la primera mitad del año.

Es un procedimiento complejo, desde luego, pero que tiene una razón de ser: busca las máximas garantías y la máxima participación. Yo creo que en un caso como este, en el que hay acuerdo sobre los valores naturales excepcionales que tiene este parque, en el que el trabajo conjunto es de colaboración y sintonía con la Junta de Andalucía y en el que todos tenemos el mismo objetivo seremos lo más ágiles posibles con la tramitación. Y hay también el apoyo de las poblaciones. Lo haremos en los mejores tiempos posibles pero, eso sí, velando siempre porque la participación sea la que debe ser y las garantías sean máximas, porque estamos hablando de una declaración que pasa por una ley que hay que aprobar y que luego tiene que permanecer en el tiempo. Pero estando todos en sintonía en los objetivos y colaborando conjuntamente seremos capaces de sacarlo a la luz.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña María.

El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señor presidente. Gracias, señora secretaria de Estado.

Es una buena noticia, sin duda alguna, poner en valor ese compromiso y entendimiento entre las dos administraciones, entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente. De su intervención se desprende que en torno a la mitad de 2018 puede estar en el Congreso de los Diputados ese informe final, con lo cual podríamos estar hablando de que en 2018 podría estar aprobado definitivamente el Parque Nacional de Sierra de las Nieves. Insisto, ha costado mucho. Creo que es conveniente agilizarlo al máximo, como usted dice, porque protege la naturaleza, protege el pinsapo, que es un elemento sin duda alguna emblemático, y puede generar muchísimo empleo y muchísima riqueza en la Sierra de las Nieves y en la provincia de Málaga en general. Queremos tener cuanto antes el tercer parque nacional de Andalucía y el decimosexto en el conjunto nacional. España -y con esto termino- es referente en Europa de parques nacionales y de ecologismo y sería una buena noticia tener un parque nacional más.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Miguel Ángel. Tiene la palabra doña María García.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (García Rodríguez): Efectivamente, sería una buena noticia. Trabajamos para que la noticia la conozcamos lo antes posible. Nuestra intención, efectivamente, es tener preparado ese proyecto de ley para su remisión a Cortes el año que viene, si


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puede ser a mediados. Es verdad que aquí hay imponderables, como el trámite de información pública, pero una cosa es respetar todos los trámites, que tienen que servir para lo que tienen que servir, que es dar las garantías que tiene que haber en el procedimiento, y otra cosa es perder el tiempo, que no lo haremos, y como además hay buena sintonía y colaboración, el tiempo que se dedique a esto nunca será más del necesario.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña María.

- DEL DIPUTADO DON GUILLERMO ANTONIO MEIJÓN COUSELO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MOTIVOS POR LOS QUE LA NUEVA PLANTA DE BIOMASA ANUNCIADA POR LA EMPRESA ENCE EN EL AÑO 2016 YA NO SE VA A CONSTRUIR EN PONTEVEDRA. (Número de expediente 181/000230).

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a la siguiente pregunta, sobre los motivos por los que la nueva planta de biomasa anunciada por la empresa ENCE en el año 2016 ya no se va a construir en Pontevedra. El autor de esta pregunta es don Guillermo Antonio Meijón Couselo y tiene la palabra para formularla.

El señor MEIJÓN COUSELO: Moitas grazas, presidente.

Como bien sabe la secretaria de Estado, esta pregunta fue formulada en marzo de este año. Hace ya casi ocho meses y quizá pueda pensarse que ha perdido el plus de actualidad requerido, pero, por el contrario, nosotros pensamos que lo que hoy usted pueda contarnos sigue siendo de relevancia para la ciudadanía de Pontevedra y para nuestro grupo parlamentario con respecto a la ubicación de la factoría ENCE en Lourizán, en la ría de Pontevedra. Escuche, por favor, esta frase: ENCE no podrá seguir su actividad empresarial en la ría de Pontevedra más allá de 2018 bajo ningún concepto. Al contrario de lo que se pueda pensar, esta rotunda frase, declarando el cierre de ENCE en 2018, corresponde al entonces consellero de Industria del Partido Popular en el Gobierno de Núñez Feijoo, que además añadía: Más allá del año 2018 el Gobierno gallego no considera ningún escenario que no pase por el abandono de la actividad en las marismas de Lourizán. Fueron palabras pronunciadas poco antes del mes de enero de 2016, cuando un Gobierno en funciones, presidido por Mariano Rajoy, concedía, para nosotros con nocturnidad y alevosía, una prórroga de sesenta años a la factoría de ENCE en su ubicación en Lourizán, en Pontevedra, una prórroga que sorprendía, especialmente en lo referente a su extrema generosidad temporal, a los pontevedreses y pontevedresas, incluyendo en ellos -créanme si se lo digo- a relevantes miembros del partido en el Gobierno. Era una prórroga que venía a consolidar el desatino -yo hablaría de traición- de un Partido Popular, de un Gobierno, que tanto en el Concello de Pontevedra como en el Pleno del Parlamento de Galicia había votado en su día -presidente Feijoo incluido- con el resto de fuerzas políticas a favor del traslado de ENCE fuera de su actual ubicación en Lourizán; Partido Popular que poco antes aún afirmaba que el año 2018, fecha de finalización de la prórroga concedida a ENCE en su día, era irrenunciable para poder regenerar medioambientalmente la zona.

No han sido pocas las protestas, iniciativas y recursos de la ciudadanía y de la gran mayoría de las fuerzas políticas, solicitando la reversión de esa prórroga; incluso aquí, en el Congreso de los Diputados, en esta misma Comisión, el 6 de abril del pasado año se aprobaba por mayoría un texto transaccionado entre el Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Grupo Parlamentario Socialista, en una PNL en la que se instaba al Gobierno a promover urgentemente, mediante la presentación del correspondiente proyecto de ley, la recuperación de los niveles de protección del litoral recogidos en la Ley de Costas 22/1968, de 28 de julio, dejando sin efecto las modificaciones introducidas por la Ley 2/2013, y además, como segundo punto, anular la prórroga otorgada a ENCE Energía y Celulosa en la ciudad de Pontevedra.

ENCE -y aquí vamos a la pregunta concreta- presentaba el lunes 6 de marzo del presente año una actualización de su plan estratégico 2017-2020. En esa revisión desaparecía del plan una inversión de 74 millones de euros para la construcción de una planta de biomasa en Pontevedra al mismo tiempo que se anunciaba otra para Huelva. Al día siguiente la compañía manifestaba, ante la expectación provocada por la noticia, que ENCE no renunciaba a la planta de biomasa de Pontevedra, sino que simplemente quedaba fuera del horizonte del plan estratégico actual. No hace falta que señalemos que el plan de inversión de ENCE en su factoría de Pontevedra fue uno de los argumentos más potentes esgrimidos por el Gobierno para la graciosa concesión de sesenta años más de permanencia en Lourizán, en Pontevedra.


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Y no, en esta ocasión no pretendo utilizar argumentos de engaño a la ciudadanía pontevedresa ni de engaño al propio Gobierno en lo referente a la distancia entre la inversión comprometida y la real por parte de la empresa; lo que pretendo es verlo en clave de oportunidad, oportunidad para que el Gobierno lidere un proceso de negociación con ENCE, en el que también se comprometa a la Xunta de Galicia, para que pueda ser realidad el traslado de la factoría de Lourizán a otro emplazamiento en la comarca en un plazo razonable. Como ya dije aquí mismo en otra ocasión, es un problema de querer hacerlo -si se quiere, se puede- y por ello en su día registramos esta pregunta que hoy le formulamos. De las preguntas que están contenidas en ella, la cuestión más importante sin duda, con motivo de esta reducción de la inversión, es si esto podría implicar una modificación de la prórroga por parte del Gobierno o incluso si estaría dispuesto a negociar con la empresa un cambio de ubicación en un plazo razonable.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Guillermo.

Tiene la palabra, doña María.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (García Rodríguez): Muchas gracias.

Decía su señoría que en su opinión se produjo este otorgamiento con nocturnidad y alevosía. Yo creo que lo que se hizo con nocturnidad y alevosía fue el uso político de este otorgamiento, porque el expediente fue una aplicación automática del ordenamiento, que prevé el otorgamiento de estas prórrogas en vigor en todo caso. Se siguió absolutamente la tramitación prevista en la normativa y los tiempos no vinieron marcados por nada que no fueran los plazos normativos previstos, por una parte, y el impulso y solicitudes tanto de la empresa como de la propia Xunta de Galicia y del Ministerio de Fomento, por otra. Por tanto, no respondo del uso que se hizo, pero de cómo se concedió el otorgamiento de esta concesión sí, y se hizo siguiendo absolutamente lo previsto en la normativa.

Efectivamente, la empresa papelera ENCE tiene una planta en Lourizán, con una concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre que caducaba en 2018, y solicitó su renovación en noviembre de 2013. El expediente, como decía, se tramitó siguiendo plenamente lo previsto en la normativa; es más, se fundamentó con informes de la Abogacía del Estado que no eran preceptivos, pero que se decidió solicitar desde la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, dada la complejidad del caso. El 20 de enero de 2016 se otorgó la prórroga, culminando así la tramitación de este expediente. Como decía, esta no fue una decisión discrecional, ni política ni con nocturnidad ni con alevosía; fue el resultado de la aplicación directa de una tramitación ordinaria.

La prórroga se concedió por un plazo de sesenta años, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2/2013, que modificó la Ley de Costas de 1988, y en el Reglamento General de Desarrollo. El plazo máximo general son cincuenta años, pero el Reglamento de Costas -no hay aquí ninguna excepcionalidad- abre la posibilidad de ampliarlo en una quinta parte, es decir, diez años más, hasta llegar a sesenta, si el concesionario se compromete a ejecutar una inversión adicional a la prevista en la concesión inicial. Dicha inversión debe ser de interés para mejorar la actividad vinculada a la concesión en materia de eficiencia energética, de ahorro en el consumo del agua o de calidad ambiental. Pues bien, ENCE solicitó esa ampliación de plazo y, para ello, presentó una memoria valorada de las actuaciones propuestas, comprometiéndose a ejecutar mejoras en calidad ambiental, presupuestadas en un total de 61 millones de euros.

Respecto a la planta de biomasa por la que preguntaba, que es objeto de esta pregunta y que, efectivamente, ha salido en medios de comunicación, es importante recordar que, aunque era uno de los compromisos de mejora propuestos por ENCE, en la propia solicitud de la empresa, a la hora de pedir la ampliación de la prórroga de la concesión, figuraba como condicionado a la obtención de otros permisos, es decir, la ejecución de la planta de biomasa no fue un aspecto tenido en cuenta por la Dirección General del Ministerio a la hora de valorar la ampliación del plazo en la prórroga de la concesión, porque en la propia propuesta de ENCE aparecía como compromiso, pero como un compromiso condicionado y, al estar claramente visto desde el principio como compromiso condicionado, no entró a valorarse en el otorgamiento de la concesión. Efectivamente, si se quiere se puede. Voluntaristas en este Gobierno somos todos, pero cada uno tiene su competencia y eso es importante. En cualquier caso, a día de hoy ENCE no ha comunicado a este ministerio su intención de renunciar a la construcción de la planta de biomasa en Pontevedra. Yo he leído las apariciones en medios de comunicación como las ha leído usted, pero la empresa tampoco tiene por qué dar traslado al ministerio de la construcción o de un supuesto desistimiento de esta planta, porque -insisto- para tramitar la ampliación del plazo de prórroga no se


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tuvo en cuenta esta condición. Cabe recordar que la prórroga de la concesión, al cumplir las condiciones impuestas por la Ley, ha dado continuidad a una empresa que emplea casi a cuatrocientas personas en Pontevedra y que genera ochocientos puestos de trabajo en la misma comarca y más de cinco mil en Galicia. Yo me alegro de oír ahora, aunque sea ahora, que esto quizás es una buena oportunidad para Galicia, porque en su momento, en la nocturnidad y alevosía del uso de esta concesión, esto quedó muy desdibujado.

Quiero insistir también en que por parte del Ministerio se siguieron todos los trámites preceptivos, se recabaron los informes jurídicos y ambientales pertinentes y se dio curso a la solicitud con todas las garantías de transparencia y participación para los afectados. El plazo, insisto, es el resultado de aplicar la ley y el reglamento, considerando las inversiones planteadas por la empresa, unas inversiones asociadas a la prórroga, que suponen ventajas ambientales para este tramo de la costa, como consecuencia de los proyectos presentados, valorados y aceptados por ENCE, y también, por supuesto, ventajas sociales y económicas, preservando el empleo y la actividad y aumentando los ingresos públicos gracias a la actualización del canon que se decidió entonces.

El señor PRESIDENTE: Gracias, doña María.

Tiene la palabra ahora don Guillermo Antonio Meijón.

El señor MEIJÓN COUSELO: Moitas grazas, presidente.

No tergiverse mis palabras. Cuando hablaba de oportunidad me refería a la oportunidad para conseguir el traslado de la factoría de su situación actual a otra zona mucho menos lesiva medioambientalmente. Y tampoco puedo estar de acuerdo cuando usted dice que no fue con nocturnidad y alevosía. Mire usted si lo fue que el presidente Rajoy, que presume de pontevedrés, porque mucho tiempo de su vida lo pasó en nuestra ciudad, en ningún caso dijo en su campaña electoral, pocos días antes de esa concesión, que iba a otorgar esos sesenta años más. Ocultó claramente a la ciudadanía una decisión que se pensaba tomar. Por lo tanto, sí ha habido un uso político claro con la ocultación de esta concesión y dudo que ningún pontevedrés, ni siquiera los del propio partido del señor Rajoy, pueda contradecirme en este caso.

Por otra parte, usted me dice que la planta de biomasa no fue valorada en cuanto a los criterios para la concesión de la prórroga. Lo que sí le puedo asegurar, y lo sabemos todos los pontevedreses, es que sí fue utilizada para poder así justificar una inversión mucho más multimillonaria en la ciudad de Pontevedra. Claramente, no me satisface la respuesta que usted me da, seguramente porque no puede darme otra. Nosotros seguimos apoyando lo suscrito por todas las fuerzas del Parlamento de Galicia, incluido el voto del actual presidente, el señor Núñez Feijoo, que rezaba así: impulsar una solución concertada con todos los agentes implicados que lleve a la factoría de ENCE fuera de la ría de Pontevedra antes del año 2018 y al cierre del ciclo productivo de papel en nuestro país. Mire usted si hubo o no nocturnidad política y ocultación, cuando el señor presidente, Núñez Feijoo, dijo una cosa y luego fue cómplice de todo lo contrario, ampliar sesenta años más esto.

Su intervención me permite realizar una fácil deducción, una renuncia del Gobierno, un esfuerzo cero del Gobierno de Mariano Rajoy a entablar negociaciones con la empresa para llegar a esa solución concertada, demandada unánimemente por el Parlamento de Galicia. La empresa, al menos en conversaciones mantenidas con ella, decía estar dispuesta a iniciar ese camino -cierto es que manifiesto muchas dudas acerca de la sinceridad de esas palabras-, pero, en todo caso, mucho peor es la satisfacción del Gobierno por mantener el statu quo actual de los sesenta años, una condena eterna a mi ciudad. Y, repito, si se quiere, se puede.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Meijón.

Tiene la palabra, doña María.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (García Rodríguez): Muchas gracias, presidente.

Si se quiere, se puede, pero la ley hay que aplicarla en todos los casos en un Estado de derecho. Hay que hacer compatible una cosa con la otra. Yo insisto en que el otorgamiento de la prórroga de ENCE ha sido el resultado de la tramitación ordinaria de un expediente. Personalmente, como ciudadana, me alegro de que el presidente Rajoy no haga campaña con los expedientes que tienen una tramitación ordinaria. No sé cómo se entendería eso.


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En todo caso, insisto, aquí aplicamos la Ley y el Reglamento de Costas. La ley prevé una prórroga para cincuenta años, ampliable a diez si se presentan una serie de proyectos. Se tramita, se piden todos los informes, se da participación pública y se otorga la prórroga, porque la empresa adopta una serie de compromisos que suponen ventajas ambientales y ventajas socioeconómicas. En esos compromisos, la planta de biomasa por la que usted pregunta no fue uno de los aspectos valorados para el otorgamiento. Lo que justifican esos compromisos es la ampliación de cincuenta a sesenta años, porque así lo establece la Ley y así lo establece el reglamento. Aquí no hay ni falta de voluntad ni falta de diligencia y tampoco, insisto, nocturnidad y alevosía; aquí hay un expediente que ha seguido una tramitación ordinaria, que ha dado un resultado y que ha venido acompañado -por eso se ha pasado la ampliación de cincuenta a sesenta años- de una serie de compromisos por parte de la empresa que nosotros, desde la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por supuesto vigilaremos que se cumplan.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña María.

- DE LA DIPUTADA DOÑA EVA GARCÍA SEMPERE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA INCOACIÓN DEL NUEVO EXPEDIENTE DE DESLINDE DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE EN EL TRAMO DE COSTA DE UNOS 2600 METROS DE LONGITUD, COMPRENDIDO ENTRE EL EXTREMO NORTE DE LA CALLE ANTONIO MACHADO Y LAS INMEDIACIONES DE LAS RUINAS DEL ANTIGUO CUARTEL DE CARABINEROS JUNTO A LA PLAYA DE LOS BAJOS DE LA ROMANILLA EN ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA). (Número de expediente 181/000379).

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Se refiere al estado en que se encuentra la incoación del nuevo expediente de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa de unos 2600 metros de longitud, comprendido entre el extremo norte de la calle Antonio Machado y las inmediaciones de las ruinas del antiguo cuartel de carabineros junto a la playa de Los Bajos de La Romanilla en Roquetas de Mar. La autora de esta pregunta es doña Eva García Sempere.

La señora PASTOR MUÑOZ: La diputada que formula esta pregunta está atendiendo a otras comisiones y no puede estar aquí en este momento.

El señor PRESIDENTE: Entonces decae.

La señora PASTOR MUÑOZ: Gracias.

- DEL DIPUTADO DON JOSÉ JUAN DÍAZ TRILLO Y DE LAS DIPUTADAS DOÑA JOSEFA INMACULADA GONZÁLEZ BAYO Y DOÑA ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO Y POSTERIOR TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE MERCURIO DERIVADOS DE LA INDUSTRIA CLORO-ALCALINA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/011771). (Número de expediente 181/000429).

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a la siguiente pregunta del orden del día. Es la que figura con el número 8, sobre medidas previstas para el almacenamiento y posterior tratamiento de los residuos de mercurio derivados de la industria cloro-alcalina. El autor de esta pregunta es don José Juan Díaz Trillo.

El señor DÍAZ TRILLO: Muchas gracias, presidente.

Gracias, secretaria, por acudir a responder. En este caso concreto estoy especialmente agradecido, puesto que su Ministerio ha respondido con prontitud, la verdad, en apenas dos meses, aunque es cierto que fuera de plazo. Por tanto, quiero aprovechar esta ocasión para que usted, si es posible, en nombre del Ministerio, me suministre una información adicional. Lo digo porque en aquel escrito tranquilizaba también a las empresas del sector de la industria cloro-álcali. El caso concreto que me llevó a traer esta pregunta fue el de una industria ubicada en Huelva, Electroquímica Onubense, cuya inquietud fundamental era qué iba a ocurrir a partir de la normativa. No me voy a extender porque usted conoce bien la normativa


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europea en torno a los residuos de mercurio. Esta industria, como usted bien sabe, hace un esfuerzo notable de adaptación tecnológica y de reconversión para llevar a cabo procesos de absoluta limpieza desde el punto de vista medioambiental. Por tanto, después de ese esfuerzo y teniendo en el horizonte la fecha del 31 de diciembre de este año, tal como marcaba la normativa europea, para dejar de trabajar con ese proceso, su gran incógnita, que yo le traslado también, es qué hacer con los residuos. A esto venía la segunda parte de la pregunta, que ustedes también me responden, con el centro de Mayasa, en Almadén, que creo que es una gran oportunidad tecnológica para nuestro país; brevemente le diré que ahora mismo estamos hablando en Europa de 5200 toneladas de este tipo de residuo peligroso, altamente contaminante, y de 1200 en nuestro país. Esta empresa, pequeña pero no despreciable en la producción de la que le hablo, tiene que tratar 77 toneladas. Doy por hecho -y esta sería mi primera pregunta- que de aquí a la fecha de final de 2018, que parece ser que podía estar ya en funcionamiento el centro de tratamiento de residuos de mercurio de Mayasa en Almadén, podrán almacenarlos en un lugar seguro en sus propias instalaciones, primera cuestión, porque la inquietud de estas empresas era si tenían que llevarlos a algún sitio concreto; el día de mañana parece ser que la propia Unión Europea indicará que tenga que depositarse en lugares concretos una vez tratado el residuo. Por lo tanto, y agradeciéndole de antemano su respuesta, quiero preguntarle por estas dos cuestiones fundamentales: en primer lugar, qué hacer en este momento con los residuos en las empresas y, en segundo lugar, qué previsión tiene el Gobierno sobre este centro en Almadén de la Plata.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don José Juan.

Tiene la palabra, doña María.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (García Rodríguez): Gracias, presidente.

Señoría, yo, efectivamente, voy a tratar de recordar y actualizar la información remitida en su momento.

La decisión de ejecución de la Comisión Europea, de diciembre de 2013, establece la prohibición de la técnica de celda de mercurio desde diciembre de 2017 en la fabricación de cloro alcalino. Por otra parte, es importante la aprobación del nuevo Reglamento de la Unión Europea 2017/852 sobre mercurio, de 17 de mayo de este año, que entrará en vigor el 1 de enero de 2018 y que mantiene la prohibición de exportación del mercurio.

El reto más importante a la hora de aplicar estas normas es, efectivamente, el almacenamiento, el pretratamiento y la eliminación segura del mercurio procedente del sector del cloro-álcali, un producto que pasa con esta normativa a ser considerado como residuo peligroso. La industria del cloro-álcali cuenta con seis plantas en total en España, que usan la tecnología de celda de mercurio y que almacenan unas 1000 toneladas de este producto. A partir del 11 de diciembre estas empresas tienen que dejar de hacer uso de dicha tecnología, de la tecnología de celda de mercurio, y tienen la obligación de pretratar y eliminar los residuos de manera ambientalmente segura.

En cuanto al Centro Tecnológico de Mercurio, a lo largo de la negociación del nuevo reglamento se puso de manifiesto que la estabilización y la solidificación del mercurio que ha desarrollado este organismo es la forma ambientalmente más segura de gestionar este residuo peligroso. Esta técnica, además, es la forma más eficaz para lograr que el mercurio no vuelva al mercado y, por consiguiente, que no se difunda al medioambiente como contaminante. De hecho, durante el proceso de negociación del nuevo reglamento, la delegación española ha mantenido una clara posición de defensa de esta opción tecnológica, posición que también han apoyado numerosas delegaciones europeas, que se han sumado a la postura de la delegación española.

En definitiva, el Gobierno apoya el empleo de la tecnología desarrollada por este centro que pertenece a la empresa Mayasa, para poder proceder al almacenamiento y gestión como residuo del mercurio procedente de la industria cloro-álcali española. El centro se creó en 2009, por acuerdo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de la empresa Minas de Almadén y Arrayanes de SEPI, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, y con la colaboración del entonces Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. A partir de dicho acuerdo, el centro ha desarrollado la tecnología para tener capacitación para estabilizar y solidificar el mercurio líquido, y el Ministerio aportó la financiación principal para el desarrollo de las tecnologías experimentales en el tratamiento de mercurio.


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Como conocerán sus señorías, desde que se envió respuesta escrita a esta pregunta, a finales del pasado mes de septiembre, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, propietaria de esta empresa, de Mayasa, ha anunciado la dotación de crédito para iniciar el proceso de construcción de la planta. El proyecto para las instalaciones de estabilización y solidificación cuenta con todos los permisos para el desarrollo de su actividad y, en función del plan de trabajo desarrollado, se prevé que podrá comenzar la recepción de mercurio líquido procedente de la industria cloro-álcali a lo largo del primer trimestre de 2018, contestando a una de sus preguntas. Esta actividad, de hecho, ya se llevó a cabo en exclusiva por este centro, por el centro tecnológico, desde el año 2001 hasta 2011, a través de un acuerdo con la Asociación europea de industrias del cloro, sin haber sufrido incidencia alguna o accidente alguno, por lo que entendemos que hay experiencia de sobra y garantía de seguridad suficiente en la puesta en marcha del nuevo proyecto. Por lo tanto, el Centro Tecnológico de Mercurio puede empezar a estar en condiciones de recibir en breve el mercurio de las plantas españolas de la industria de cloro-álcali y esperamos que también la de otros países de la Unión Europea, ya que consideramos que esta tecnología es más segura ambientalmente que la desarrollada en otros países. Actualmente a nosotros nos informan de que Mayasa está negociando con las empresas del sector, aunque quizás una información más actualizada podría proporcionarla SEPI, pero sí que están ya trabajando conjuntamente, de manera que a lo largo del primer trimestre Mayasa esté en condiciones de almacenar todo el futuro residuo en sus instalaciones si llega a un acuerdo con estas empresas. Las empresas o bien tienen que constituirse cuando entre en vigor la decisión relativa al uso de la celda de mercurio o bien tienen que constituirse como gestores autorizados o bien tienen que entregarlo a un gestor autorizado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña María.

Don José Juan.

El señor DÍAZ TRILLO: Presidente, no voy a consumir todo mi tiempo, puesto que ha quedado muy clara la explicación de la secretaria y creo que tranquiliza al sector.

Aun viniendo esta pregunta desde esta empresa de Huelva, quiero hacerme eco también, en nombre de mis compañeros diputados y diputadas de Castilla-La Mancha, de que el Ayuntamiento de Almadén, con cuyo alcalde he podido hablar varias veces, ha recibido una feliz noticia, que es la inversión de 3 millones de euros para este proyecto, cosa que, desgraciadamente, no podemos saludar muy a menudo debido a la escasez presupuestaria. Hoy quiero hacerlo aquí, reconociendo el compromiso con una cuestión que me parece clave y que además sirve de estímulo a la innovación y a la capacidad de nuestro país en temas medioambientales. Usted, que conoce bien este aspecto, sabe que en medioambiente el tratamiento de todos los residuos que generamos es uno de los grandes retos que tenemos ante el futuro. Creo que el presidente me va a permitir que diga, como presidente también de la Comisión de Cambio Climático, que uno de los grandes retos a futuro es el tratamiento de todos aquellos residuos que generamos, en favor de una economía circular, como se ha demostrado también en este tipo de industria. Así que vaya por último mi agradecimiento a las autoridades, tanto del Ministerio como locales y regionales, y a todas aquellas empresas que han hecho un esfuerzo notable de reconversión industrial. Gracias de nuevo.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, presidente.

Tiene la palabra ahora doña María.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (García Rodríguez): Muchas gracias. Yo tampoco voy a agotar mi tiempo.

Agradezco la pregunta. Efectivamente, yo decía antes que hay experiencia y garantía de seguridad en la puesta en marcha del proyecto; ahora hay también -se ha conocido recientemente- dotación para poderlo hacer. Mayasa tiene toda la experiencia para llevarlo a cabo y confío en que funcione adecuadamente con las plantas que hay en España.

El señor PRESIDENTE: Gracias, doña María.


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- DE LOS DIPUTADOS DON PABLO BELLIDO ACEVEDO Y DON LUIS CARLOS SAHUQUILLO GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE FECHA PREVISTA PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE ABASTECIMIENTO A LA FUTURA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LOS NÚCLEOS COLINDANTES CON LOS EMBALSES DE ENTREPEÑAS Y BUENDÍA (CUENCA Y GUADALAJARA). (Número de expediente 181/000453).

- DE LOS DIPUTADOS DON PABLO BELLIDO ACEVEDO Y DON LUIS CARLOS SAHUQUILLO GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE FECHA PREVISTA PARA LA TRAMITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEFINITIVA DEL PLAN DE FOMENTO DE USO PÚBLICO Y ADECUACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL ENTORNO DE LOS EMBALSES DE ENTREPEÑAS Y BUENDÍA (GUADALAJARA Y CUENCA). (Número de expediente 181/000455).

El señor PRESIDENTE: Ahora vamos a pasar a la pregunta que figura con el número 9 y que, por acuerdo de la Mesa, se tramitará acumuladamente con la que figura con el número 11. Como pueden ver, en el orden del día hay un error de mecanografía, porque pone que se acumulan la 454 y la 455, cuando en realidad el acuerdo fue acumular la 453 y la 455, porque se refieren a asuntos muy semejantes y las formula el mismo diputado. Corregido este error, procedemos a la formulación de la pregunta que figura con el número 9 y de la que figura con el número 11. La número 9 se refiere a la fecha prevista para la finalización de las obras de abastecimiento a la futura mancomunidad de aguas de los núcleos colindantes con los embalses de Entrepeñas y Buendía (Cuenca y Guadalajara). La pregunta número 11 habla de la fecha prevista para la tramitación y puesta en marcha definitiva del Plan de Fomento de Uso Público y Adecuación Medioambiental del Entorno de los Embalses de Entrepeñas y Buendía, en las provincias de Guadalajara y Cuenca. Para formularlas tiene la palabra don Pablo Bellido.

El señor BELLIDO ACEVEDO: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días y gracias también, señora secretaria de Estado. La verdad es que es la primera vez que intervengo en la Comisión de Agricultura. La próxima vez vendré prevenido de la temperatura que aquí se mantiene, porque, francamente, estamos bajo cero en la sala.

Tenía entendido que íbamos a hacer las preguntas 10 y 11 acumuladas, pero vemos que son la 9 y la 11. Intentaré ceñirme a estas dos preguntas, pero le pediré un poco de generosidad en el tiempo. Después, en el resto de preguntas que formularé en representación de Cuenca y de Guadalajara y en nombre de mi colega Luis Carlos Sahuquillo y de mí mismo, seré más breve.

La pregunta se refiere concretamente a las obras de abastecimiento de la futura mancomunidad de aguas de los núcleos colindantes de Entrepeñas y Buendía. Voy a ponerles en contexto, porque cuando hablo de esta comarca fuera de mi territorio hay quien piensa que se trata de un vergel, del paraíso de agua ilimitada que rodea Entrepeñas y Buendía. Quien no conozca la comarca probablemente piense que se trata de un territorio fértil, lleno de regadíos, de campos de golf, de industrias agroalimentarias. Estoy convencido de que todo el mundo está pensando que si de allí sale tanta agua hacia otros territorios es porque el agua sobra, porque de los excedentes algo se puede enviar.

La realidad es que desde hace años apenas hay agua en los pantanos de Entrepeñas y Buendía por las dos plagas que sufre esta comarca, una es la del cielo: la sequía, y la otra es la de las decisiones del Gobierno: los trasvases ilimitados.

La realidad, como le decía, es que en estos lugares apenas hay agua. Quién iba a imaginar que en el siglo XXI en Europa se iban a llevar a otro lugar el agua de un territorio donde falta este recurso; Pues esto es lo que están sufriendo los vecinos y vecinas de los municipios ribereños de Buendía y de Entrepeñas. Esta es la realidad, los vecinos ven cómo se llevan el agua a otro sitio para transformarlo en dinero, en empleo, en futuro, en beneficio económico, y estos mismos vecinos, que ven el agua irse, no tienen garantizada hoy, fíjense, agua para beber y en los veranos tienen que esperar camiones cisternas que envían las diputaciones para poder llenar garrafas y barreños. Ayer mismo hablaba con el alcalde de Alcocer y me decía que este mismo fin de semana y hoy mismo están recibiendo agua en camiones cisternas.

La pregunta es hasta cuándo tienen que soportar este trato degradante por parte del Gobierno de España, esta es la pregunta que ha de responder el Gobierno, cuándo se va a terminar una obra para garantizar agua a los vecinos y vecinas de estos pueblos, obras que empezaron en el año 2007, que tenían que finalizar en el 2014 y que cada año el Gobierno retrasa con nuevas prórrogas, en una suerte, como me decía el presidente de los municipios ribereños, el alcalde de Sacedón, de juego macabro,


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mientras se aprueban trasvases que al menos ahora, gracias al Gobierno regional de Castilla-La Mancha, el señor García Page está recurriendo, cosa que no hacía su antecesora, la señora De Cospedal, que decía que no había problema. La pregunta es qué les podemos decir hoy a los vecinos y vecinas de Córcoles, de Alcocer, de El Olivar, de M.antiel, de Cereceda, de Gualda, de Chillarón del Rey, que llevan años bebiendo en verano agua de camiones cisternas de la diputación. ¿Tienen una fecha definitiva para poner en marcha esta infraestructura?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Se entiende que las ha acumulado.

El señor BELLIDO ACEVEDO: He acumulado la 10 y la 11.

El señor PRESIDENTE: La 9 y la 11.

El señor BELLIDO ACEVEDO: Es que corno usted ha leído después la 9 y la 10, entonces, si me permite, termino. Entonces, ¿la del trasvase, la de la fecha del trasvase es la que dice que acumule?

El señor PRESIDENTE: No, lo que pasa es que viene un error en el orden del día, que he intentado aclarar antes, no sé si no me he explicado bien. El acuerdo que tomó la Mesa es que se acumulaban la 9 y la 11, sin embargo, lo que figura en el orden del día es que se acumulaban la 9 y la 10, por eso su señoría a lo mejor se ha confundido.

El señor BELLIDO ACEVEDO: Bien. Entonces usted dice que acumulamos también la del Plan de fomento de uso público y adecuación Medioambiental, ¿verdad? (Asentimiento). Pues ante esto una pregunta muy concreta, que es la que viene aquí, y es que este plan se presentó también en el año 2007 y aún hoy, según la información que tenemos, la que me aportaban los alcaldes, está todavía en estudio de impacto ambiental. ¿Cuál es la fecha que tiene el Gobierno prevista para su aprobación?

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (García Rodríguez): Muchas gracias. Yo entiendo entonces que doy respuesta a la 9 y a la 11. ¿Es así? Me da igual, porque (14 voy a responder luego a las demás. (Asentimiento).

Entonces, en cuanto a las obras de abastecimiento de la futura mancomunidad de aguas de los núcleos colindantes con los embalses de Entrepeñas y Buendía, estas obras constituyen una actuación que se enmarca en el convenio que se firmó en el año 2007 entre el Ministerio de Fomento, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía para el programa de desarrollo sostenible de esa zona. El compromiso adquirido por el Gobierno para este convenio asciende a 166,75 millones de euros y la Junta debe aportar por su parte algo menos de 24 millones. A fecha de hoy está ejecutado o comprometido el 65% del total de este presupuesto, el convenio incluye las obras de abastecimiento a la futura mancomunidad de aguas de los núcleos colindantes con Entrepeñas y Buendía, con estos dos embalses por los que se interesa su señoría. El contrato al proyecto fue autorizado por el Consejo de Ministros en septiembre de 2007 y adjudicado en marzo de 2008, con un presupuesto de 40,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 30 meses. El objetivo es asegurar el abastecimiento con agua de calidad, lo decía su señoría, a un total de 54 núcleos urbanos. Pues bien, en enero de 2012, después de que en septiembre de 2007 esto se autorizara y que se adjudicara en marzo de 2008, en enero de 2012, es decir, al comienzo de la legislatura anterior, la obra apenas presentaba un 20% de ejecución y los trabajos estaban paralizados desde el año 2009. Por tanto, yo voy a responder de lo que pasó desde enero de 2012, pero quizás ahí hay un tramo donde sería bueno que quien pueda responder, responda.

En 2013 el presupuesto inicial se modificó al alza en 6 millones de euros, al introducirse modificaciones de trazado y ampliar el proyecto para una posible extensión futura de la red de abastecimiento a nuevos municipios. Yo insisto, en enero de 2012 nos encontrarnos una obra que está paralizada desde el 2009, parada, y que tiene un 20% de ejecución, se hace una modificación al alza de 6 millones de euros para ampliar el proyecto y que se pueda contemplar una posible extensión de la red de abastecimiento a nuevos municipios que también deberían recibir esa agua de calidad y se tramita a continuación el proyecto modificado, dando así un nuevo impulso a los trabajos. Tanto es así que a día de hoy esta obra está en un grado de ejecución del 92,5%, comparado con el 20% que tenía en enero del 2012, por lo que


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estaríamos en condiciones de iniciar la fase de pruebas de la instalación en este primer semestre del año 2018.

Yo quiero explicar ahora mismo dos grandes ternas que están abiertos. Por un lado se está trabajando en la línea eléctrica, que suministrará energía a los bombeos de la instalación, uno de los tres tramos en que se divide la línea lo debe ejecutar Gas Natural Fenosa, porque la línea es de su propiedad y se encuentra actualmente en funcionamiento, y los otros dos tramos los ejecuta la. Confederación Hidrográfica del Tajo. Se está trabajando en todos ellos, de hecho, hay uno de estos tramos, en el que tendrá que haber un soterramiento y donde tenemos una dificultad para que se pueda avanzar por una oposición de uno de los ayuntamientos de la zona, que esperarnos poder resolver lo antes posible, porque es necesario tener esta línea eléctrica para que se pueda poner en marcha la obra. Como también lo es disponer de la concesión, que los usuarios cuenten con la correspondiente concesión de aguas, y para ello es imprescindible que se constituyan como mancomunidad de municipios, como así está previsto por la ley. Es fundamental, y yo ahí también apelo a la ayuda de sus señorías, que todos los ayuntamientos cumplan con su responsabilidad para que podamos resolver este problema, pero desde el ministerio, en todas las reuniones que ha habido y que se han mantenido con los usuarios, se les ha insistido siempre en que es imprescindible que se constituyan como mancomunidad, porque de lo contrario lo que podría suceder es que la obra, que a día de hoy está en un 92,5% de ejecución, no estuviese plenamente operativa y no pudiese ponerse en servicio porque no hubiera concesión de agua y eso es una cuestión que por ley impide el suministro, no por falta de voluntad del Gobierno, no porque la infraestructura no esté ejecutada, sino porque por ley, si no hay concesión de agua, aunque esté lista la infraestructura, no se podrá poner en funcionamiento. Por un lado, es imprescindible que podamos resolver estos problemas que hay en uno de los tramos de línea eléctrica donde hay cierto conflicto con el Ayuntamiento de Cifuentes y por el otro es imprescindible que se constituya la mancomunidad de municipios, para que puedan contar con la concesión necesaria, de manera que estas obras, que están ya en fase de iniciar pruebas en el próximo semestre, tan pronto como se puedan poner en marcha plenamente no perdamos tiempo y lo podamos hacer.

En cuanto al Plan de fomento de uso público y educación ambiental del entorno de los embalses de Entrepeñas y Buendía, efectivamente, aquí también, por recordar un poco las fechas, se redactó en el año 2007, como decía su señoría, pero en el año 2012 ni siquiera se había sido sometido a información pública. Vuelvo a decir lo mismo, en el año 2007 se redactó, pero al inicio de la legislatura anterior ni siquiera estaba redactado el plan y ni siquiera se había sido sometido a información pública. Este trámite se realizó, pero se realizó durante la pasada legislatura, durante el Gobierno de la pasada legislatura se recibieron las alegaciones y las propuestas de ayuntamientos y vecinos y, una vez estudiadas todas esas observaciones, se redactó el informe de sostenibilidad ambiental necesario para iniciar la tramitación ambiental del documento. En esta tramitación, en ese periodo se produjeron dos cambios normativos importantes, por un lado la aprobación de la nueva Ley de Evaluación Ambientan y, por otro, todo el proceso de planificación hidrológica, que también dio un salto cualitativo en la anterior legislatura, porque al principio de la legislatura no había un solo plan hidrológico de cuenca aprobado y en la anterior se aprobaron los dos ciclos. De manera que con la nueva planificación hidrológica por un lado y la nueva normativa de evaluación ambiental por otro, aunque teníamos el informe de sostenibilidad ambiental, que nacía de ese procedimiento de información pública, fue necesario recabar nueva documentación, habida cuenta de todos estos cambios normativos, documentación que ahora está en proceso de análisis, sobre la que habrá que concluir para poder emitir una declaración de impacto estratégica.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña María García.

Don Pablo Bellido.

El señor BELLIDO ACEVEDO: Muchas gracias, señor presidente.

Señora García, entiendo que de lo que dice se ha ejecutado o comprometido el 65%, pero luego dice que la infraestructura está realizada al 92,5%. No sé si aquí no he sido capaz de interpretar bien lo que quería decir, independientemente de que el argumento de lo que sucedió en la última legislatura de Zapatero, por decirlo así, el comodín de Zapatero, es recurrente en las comparecencias del Gobierno. Yo creo que ya en esta legislatura habría que superar esta situación, Se demuestra que desde el año 2012 ustedes dan plazo para la ejecución de esta obra de infraestructura, dicen que esta obra de abastecimiento se va a terminar en diciembre de 2014, y luego van generando nuevos plazos, nuevos plazos, que nos


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llevan a que hoy ha anunciado que las obras están a menos de seis meses de terminar y que espera o nos solicita que contribuyamos a que se constituya la Mancomunidad; naturalmente, ese es un futurible que se ocurrirá, que evidentemente habrá de cumplirse para que la infraestructura tenga uso y se ponga en servicio. Respecto del plazo para el Plan de fomento de uso público, fundamental para esta comarca, que está siendo muy castigada por decisiones del Gobierno, efectivamente en el año 2007, independientemente de que en la legislatura 2008-2011, finales de 2011, no se hayan logrado avances, ¿cuál es la razón para que entre el año 2012 y el 2017 tan solo se haya hecho la evaluación de impacto ambiental? Es decir que esto de cuestionar lo que hizo el Gobierno de Zapatero, ese comodín que decía, es recurrente, pero la responsabilidad de este Gobierno es ejecutar los planes que tiene previstos y este sigue esperando. Tanto mi colega Luis Carlos Sahuquillo corno yo mismo recibimos a los alcaldes y alcaldesas de la comarca del Partido Popular y del Partido Socialista y no nos estaban pidiendo cuentas por lo que había pasado en el año 2008 o 2009, sino por lo que habría de ocurrir ya de manera inmediata en el 2017, y el 2017, tengo que decir que, lamentablemente, da la impresión de que va a ser otro año perdido, otro año para dar nuevos plazos, pero no para ejecutar ni las obras de abastecimiento ni para que el Plan de fomento de uso público se ponga en marcha, que es lo que le estamos pidiendo.

Por eso, si pudiese concretar con claridad qué es lo que se ha ejecutado, si el 65% o el 92,5% de la obra de abastecimiento y cuál es la fecha para la puesta en marcha al menos de la infraestructura y que dependa ya de la constitución de la mancomunidad, se lo agradecería.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Pablo.

Doña María.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (García Rodríguez): Muchas gracias.

Voy a aclarar, porque quizás no me he explicado bien. El 65% del presupuesto es del total del presupuesto que tiene el convenio. Yo decía al principio que esto se enmarca en un convenio que se suscribió y que tiene un presupuesto total de 116,75 millones de euros. De ese total a fecha de hoy hay ejecutado un 65%. El porcentaje que he dado después que, si no recuerdo mal, es del 92,5%, es el grado de ejecución de la obra actualmente, que no es compatible con el hecho de decir que entre 2012 y ahora no se ha hecho nada; en enero de 2012 la obra tenía aproximadamente un 20% de ejecución, a día de hoy está en un 92,5%.

Me pregunta por un proyecto, este y el Plan de fomento, que nacen en 2007, y yo doy cuentas de cómo nos lo encontramos y de lo que hemos hecho desde entonces, sin más ánimo que el de informar. Efectivamente, el Gobierno tiene la obligación de impulsar las actuaciones que se encuentran sobre la mesa, de ordenar lo que está desordenado y de hacer incluso muchas veces lo que no se ha hecho, como fue el caso de los planes hidrológicos de cuenca, precisamente porque el Gobierno es consciente de que su obligación es hacer todo lo que pueda cuando tiene las competencias para ello, precisamente por eso se hicieron dos tipos de planificación en una legislatura. Yo insisto en cuanto a las obras de abastecimiento están en un 92,5%, que no es compatible con decir que no se está haciendo nada desde el 2012, pero no porque lo diga yo, sino porque si hemos pasado de un 20 a un 92,5 Yo, parece que algo se ha hecho.

Hay dos grandes cosas en las que se está trabajando ahora. Informo de que la instalación está en condiciones de poder entrar en fase de inicio en pruebas en el primer semestre del año que viene, y ahora mismo fundamental, para lo cual yo también agradezco la intermediación de sus señorías para resolver el problema de finalizar los trabajos correspondientes a la línea eléctrica y resolver el problema que hay planteado en cuanto al soterramiento en la zona del Ayuntamiento de Cifuentes y, también imprescindible, y yo insisto y apelo de nuevo a la responsabilidad de todos los ayuntamientos, es constituir una mancomunidad porque, si no la constituyen, puede estar acabada la obra con toda la voluntad del Gobierno y habiéndolo hecho lo más ágil posible no se podrá poner en marcha si no hay concesión.

En cuanto al plan, yo insisto, me pregunta por qué está parado. No está parado, estuvo parado y se retornó y se empezó la información pública y se hizo un informe de sostenibilidad ambiental y entre tanto ha habido unos cambios normativos que obligan a hacer la documentación. En todo caso, nuestra prioridad es hacer cumplir el Convenio de colaboración para el desarrollo sostenible de los municipios ribereños. Este Plan de fomentos un plan que es complementario, pero la prioridad -porque nosotros como ministerio estarnos obligados a establecer prioridades y como nos encontramos sin hacer muchas actuaciones, entonces hemos intentado retornar lo máximo posible la prioridad es este Convenio para el desarrollo sostenible de los municipios ribereños. Yo quiero recordar que este convenio no se limita a la


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mejora del abastecimiento, sino que también incluye actuaciones en equipamientos urbanos y actuaciones de restitución ambiental. Hasta 2021 hay planificada una inversión de más de 20 millones de euros por todos estos conceptos, 12,5 en actuaciones ambientales y, del total, 12,5, como decía, el ministerio y la junta 6,5 millones.

Nosotros tenemos plena voluntad de colaborar con la Administración autonómica y con la Asociación de Municipios Ribereños, en el desarrollo de las actuaciones que incluye el convenio, pero insisto en que nuestra prioridad desde luego es poder acometer cuanto antes estas obras de abastecimiento a la mancomunidad y poder cumplir con el convenio de colaboración para el desarrollo sostenible de los municipios ribereños.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, doña María.

- DE LOS IMPUTADOS DON PABLO BELLIDO ACEVEDO Y DON LUIS CARLOS SAHUQUILLO GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE ALTERNATIVAS PARA SUSTITUIR AL TRASVASE TAJO-SEGURA. (Número de expediente 181/000454).

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es la 454 y que figura en el orden del día como el número 10. La formula también don Pablo Bellido y se refiere a las alternativas para sustituir al trasvase Tajo-Segura.

El señor BELLIDO ACEVEDO: Muchas gracias, señor presidente.

Hoy estarnos en la España que pertenece a la Europa del siglo XXI, no estarnos en la España aislada de los años sesenta y setenta; hoy los estudios sobre las aportaciones que pueden recibir los embalses de cabecera son muy distintos a los que se hicieron en los años sesenta y setenta; hoy se administra y se gestionan las demandas de consumo de agua de una manera moderna y más sostenible; hoy sabemos que el Tajo apenas es capaz de abastecer sus propias necesidades y que organizaciones ecologistas corno Greenpeace aseguran que en el Levante existen cientos de hectómetros cúbicos de aguas subterráneas que se pueden regenerar cada año, hoy se puede con la tecnología actual, y se debe diría yo, desalinizar para algunos consumos, fíjese que se está rumoreando estos días que el Gobierno de España, que el Estado tendrá que devolver 90 millones de euros de fondos europeos por no haber puesto en marcha o por no utilizar las desaladoras y que -fíjese, también una noticia que recibía ayer, que la Fundación Protrasvase del PP gastó 400 000 contra las desaladoras- en plena campaña de Rajoy, en 2008, se ha creado una mala prensa sobre las desaladoras, y ahora resulta que no hay agua para trasvasar, porque ahora no se trasvasa porque no se puede literalmente, porque estaban los pantanos por debajo del 10%. Ese es el drama y hay que buscar otras alternativas.

Y esa es la pregunta concreta, la pregunta es qué va a hacer el Gobierno, qué alternativas va a utilizar para garantizar agua al Levante y, evidentemente, para que esta no pueda salir de donde no queda ya, que es en los embalses de cabecera. Yo le solicito que sea clara en la respuesta porque hay mucha gente esperando a conocer no solamente en nuestras provincias, en Cuenca y en Guadalajara, sino también en el Levante, qué va a ser de ellos porque la sensación que tenemos es que con la plaga de sequía y con la plaga de trasvases va a ser muy difícil que en el futuro se pueda garantizar que siga habiendo trasvases porque no hay agua en los embalses de cabecera.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Pablo.

Doña María.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (García Rodríguez): Muchas gracias.

Señoría, las reservas de los embalses en la cabecera del Tajo se situaron la semana pasada en 235,33 hectómetros cúbicos, habiendo experimentado una ligera, ligerísima subida, menos de 2 hectómetros cúbicos, que ha sido de hecho, por muy ligera que sea, la primera en siete meses. Usted decía trasvases ilimitados. Los trasvases no son ilimitados. Este nivel de reservas se sitúa, por debajo de los 368 hectómetros cúbicos, que son los que marcan el límite, porque lo hay, de no trasvase para este año y por tanto, cuando llegamos a estos 368 hectómetros cúbicos se entra en situación de trasvase cero en aplicación de la ley, que es en la que estarnos ahora.


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Yo quiero recordar que en la pasada legislatura se promovió una reforma legislativa que garantiza por ley con el máximo rango normativo las necesidades de la cuenca cedente y que elevó la reserva mínima de los embalses de cabecera del Tajo, por debajo de la cual no se permiten los trasvases. Yo quiero recordar que esta reserva, en el último periodo de sequía, la sequía recurrente en este país, en el último periodo de sequía grave que hubo de 2005 a 2009, esta reserva estaba en 240 hectómetros cúbicos y se podía trasvasar por el ATS y de hecho se trasvasó durante el periodo de sequía. Este año sin embargo hemos alcanzado los 368 hectómetros cúbicos y desde el 1 de enero entraremos además en el nuevo nivel de 400. Corno usted sabe, se preveía un régimen transitorio en la ley que hemos aplicado escrupulosamente, ahora se plantea desde algunos grupos modificar esta ley, pero la ley se ha cumplido escrupulosamente. Usted alababa antes que el Gobierno de Castilla-La Mancha lo recurre, lo puede recurrir, pero hemos cumplido escrupulosamente lo establecido en la ley, en una ley que, insisto, elevó el umbral para dar mayor protección a los embalses de la cabecera del Tajo, protección que antes no existía, 368-240.

En lo que toca a la cuenca del Segura, puesto que me habla de este trasvase, las reservas hidráulicas almacenadas apenas suponen unos 155 hectómetros cúbicos. Tanto esta cuenca, la del Segura, corno la del Júcar, van ya por su tercer año y cuarta campaña de sequía, es decir, la sequía ahora se está extendiendo, pero llevarnos en estas dos cuencas, que son actualmente las más afectadas, tres años y cuatro campañas de sequía. Ahora se oye hablar mucho de sequía, pero en los últimos tres o cuatro años el trabajo de la Dirección General del Agua y de las confederaciones hidrográficas es a respetar y a valorar en la medida en que hemos podido atravesar estas campañas, por lo menos controlando la situación, porque, insisto, la sequía mediáticamente está ahora, pero llevamos tres años y cuatro campañas en situación de sequía declarada.

La gestión de esta situación se lleva a cabo a través de los planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía, los planes de sequía, que por otra parte están vigentes desde el año 2007 en todas las cuencas, es decir, los episodios de sequía, en cada cuenca hay un plan de sequía, vigentes desde el año 2007, que estarnos aplicando, corno no podía ser de otra manera, en periodo de sequía; planes además que nosotros como Gobierno sí hemos adquirido el compromiso de revisar para tratar de actualizarlos y de mejorarlos, de manera que la gestión de estos episodios extremos sea todavía más eficaz de lo que es a día de hoy. Contarnos además con los reales decretos de sequía de 2015 para las cuencas del Júcar y del Segura, que se han prorrogado hasta septiembre de 2008. Hablo de estas dos cuencas porque son las que están vinculadas con el trasvase del ATS, pero también está aprobado el Real decreto de sequía en la cuenca del Duero. Estos reales decretos de sequía son los que han permitido adoptar medidas urgentes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de Aguas y del Real Decreto-ley, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes las para paliar los efectos de la sequía,

Con estos instrumentos que, insisto, los primeros reales decretos de sequía son del año 2015 y estarnos ahora mismo finalizando el 2017, a lo largo de estas tres campañas de estos cuatro años el Gobierno ha puesto en marcha una amplia batería de medidas. Usted me preguntaba qué íbamos a hacer corno alternativas. Bueno, es que hemos movilizado 350 hectómetros cúbicos de recursos adicionales para la cuenca del Segura. Es que se han hecho, como he cambiado mis papeles no tengo las cifras exactas, pero se las podernos facilitar, obras de emergencia por importe de 83 millones de euros en la cuenca. Desde que se declaró la sequía en el año 2015 todo lo que se ha hecho, pozos de sequía, recurso a la desalación -las desaladoras de la cuenca del Segura estaban a un 5% de su capacidad, hoy funcionan al 100% de su capacidad-, todo lo que se ha hecho es tratar de poner a disposición de los usuarios el máximo de recursos adicionales para hacer frente o paliar los efectos de esta sequía, por lo tanto, no es lo que se vaya a hacer ahora sino lo que se viene haciendo y en lo que se va a seguir trabajando.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, doña María.

Don Pablo.

El señor BELLIDO ACEVEDO: Muchas gracias, señor presidente.

Se ha referido usted al memorándum que en mi tierra se conoce corno el memorándum de la vergüenza, aquel que firmó Cospedal traicionando los intereses de Castilla-La Mancha. En aquella época Cospedal decía que por debajo de 400 hectómetros cúbicos jamás se trasvasaría. Ya hemos visto lo que significa para Cospedal jamás. La realidad es la siguiente, y es que hace apenas un mes el Gobierno ha


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cesado al señor Antolín, presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, sí, lo ha cesado, y lo ha cesado en el contexto en el que denunciaba el portavoz de la Plataforma en Defensa del Tajo y el Alberche que se estaban practicando trasvases, con el 9% de capacidad de los pantanos de cabecera, con el 9%.

Mire, usted nos dice que se están tomando medidas, medidas para afrontar la tragedia de la crisis de sequía que tenernos ahora. La cuestión no es solamente qué vamos a hacer con lo de ahora, con lo de este año, sino con una situación que, lamentablemente, tiene toda la sensación de que se va a quedar como algo estructural y es que los pantanos sensación de que se va a quedar como algo estructural y es que los pantanos muchos de estos vecinos tienen que beber agua de camiones cisternas de cabecera del Tajo no van a dar cobertura, no van a poder dar cobertura ni tan siquiera al río Tajo, que tiene un problema enorme de caudal ecológico, corno lo saben en Almoguera, en Aranjuez, en Toledo, en Talavera de la Reina.

Habla de las desaladoras. Le he dicho que en el año 2008 una Fundación del Partido Popular hizo campaña para crear una sensación, para generalizar una sensación contraria a las desaladoras y esto es lo que ha ocurrido, es que hay muchos colectivos que creen que las desaladoras son nefastas cuando probablemente sean la única solución. Y ahora se está diciendo, y voy a intentar contrastar esta información y le formularemos al Gobierno una pregunta en su momento sobre que el Gobierno de España tendrá que devolver 90 millones de euros a la Unión Europea por no haber puesto en marcha o no poner en funcionamiento o no usar suficientemente las desaladoras, y esto se ha hecho en el contexto de una enorme sequía y de trasvases que habrán cumplido la ley en esa disposición transitoria que usted se refería, pero que no deja de ser en 2017 una cuestión inaceptable, inaceptable. Mire, ningún vecino de los municipios ribereños de Cuenca y de Guadalajara jamás ha dicho que no se trasvase agua para beber, jamás se lo he oído decir, sí, agua para consumo humano, pero tienen que saber que estos mismos vecinos, corno le he dicho en la intervención anterior, las diputaciones de Guadalajara y de Cuenca durante el verano. Espero que esta infraestructura que usted decía que va a tener prioridad para el ministerio se ejecute de una vez por todas en 2018, me quedo con el plazo de los seis meses, espero que sea cierto y que por fin estos vecinos y vecinas no padezcan este drama. Si no es así, usted verá si el trasvase Tajo-Segura tiene el más mínimo futuro. Mi sensación es que no lo tiene, lamentablemente, no por razones políticas como yo desearía, sino porque no queda agua para trasvasar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Pablo.

Doña María, tiene la palabra.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (García Rodríguez): Yo no he hablado de desalación, no he entrado a hablar de desalación porque se me ha achacado antes dedicar parte del discurso a explicar lo que se ha hecho en otras legislaturas, pero podemos hablar de desalación, podemos hablar de estas quince desaladoras planificadas por el Gobierno socialista en su momento, con 721 millones de presupuestos, que luego fueron 1650 millones de euros y que cuando empezó esta legislatura había una en funcionamiento y porque se había comprado construida. Podemos hablar de las desaladoras que a día de hoy están en el litoral de la Comunidad Valenciana y en las que estamos trabajando para integrar su funcionamiento, pero que, como adolecen de planificación, ni están conectadas ni tienen infraestructuras de conexión ni tampoco los usuarios las quieren por el coste que implican. Por tanto, se puede hablar mucho de desalación, que es un recurso complementario absolutamente imprescindible e insisto en que en el ministerio hemos conseguido que las desaladoras de las cuencas del Segura, que funcionaban al 5% de su capacidad, hoy funcionen al cien por cien. Hemos hecho un esfuerzo extraordinario y seguimos trabajando porque todavía hay desaladoras en el arco mediterráneo que hay que poner en producción y que hay que integrar en el sistema, pero no le oculto que no es fácil ya que el panorama es desolador, porque se ponen sobre la mesa quince desaladoras sin ningún tipo de planificación, con unos costes que los usuarios no pueden asumir y que no están ni terminadas ni tienen las infraestructuras de conexión necesarias para integrarse en el sistema. Sobre desalación habría mucho que hablar. Se ha hecho mucho pero desde luego no se partía de una buena situación. Aquí se ha puesto mucho orden en el desorden y seguimos en ello.

Hablaba del Memorándum del Tajo-Segura, que es una ley para regular el trasvase Tajo-Segura; tiene rango de ley. Insisto, hasta donde yo sé, las leyes se cumplen en este país porque estamos en un Estado de derecho. Es una ley que estamos cumpliendo y que hemos cumplido siempre, en situación de trasvase y en situación de trasvase cero.


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Hablaba también del cese del presidente de la confederación. El cese del presidente de la confederación forma parte de la renovación habitual de equipos al frente de las confederaciones, que están adscritas al ministerio a través de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Se ha nombrado un nuevo responsable en esta confederación como se han nombrado nuevos responsables en otras confederaciones hidrográficas. Yo creo que no hay más explicaciones que dar y tampoco tengo más explicaciones que dar. No hay más.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, doña María.

El señor BELLIDO ACEVEDO: Muchas gracias.

Paso a la siguiente pregunta, a las recomendaciones de la Unión Europea. Lo que le digo es que cuando no hay explicaciones que dar, hay suposiciones y aquí lo que la gente supone es que el presidente de la confederación no estaba por autorizar trasvases en la situación en la que se encontraban los pantanos de cabecera.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (García Rodríguez): Solamente quiero aclarar que no es el caso. Es un cambio en los equipos que se ha producido en esta confederación como en otras.

El señor BELLIDO ACEVEDO: Ya. Pues se ha producido, casualmente, en el marco de una enorme crisis de sequía y de una enorme crisis de trasvases, que impide ya que se puedan producir más trasvases. También le diré que, efectivamente, en España la ley se cumple y cuando se incumple se acude a los tribunales, que es lo que ha hecho el Gobierno de Castilla-La Mancha para defender la región.

Mire, el Parlamento Europeo...

El señor PRESIDENTE: Perdón, don Pablo, es que había finalizado los dos turnos.

El señor BELLIDO ACEVEDO: Voy a formular la pregunta número 12.

El señor PRESIDENTE: Pues déjemela formular a mí, porque, si no, estamos todos desconcertados, empezando por esta Presidencia. Es cierto que usted ha dicho que iba a formular la siguiente pregunta, pero, claro, el presidente tiene que enunciarla con anterioridad.

- DE LOS DIPUTADOS DON PABLO BELLIDO ACEVEDO Y DON LUIS CARLOS SAHUQUILLO GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL PARLAMENTO EUROPEO EN RELACIÓN CON EL INFORME DE LA COMISIÓN DE PETICIONES QUE HIZO VISITA DE INSPECCIÓN A ESPAÑA PARA VALORAR EL INCUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA MARCO SOBRE EL AGUA Y, ESPECIALMENTE, CON LA RECOMENDACIÓN SOBRE EL USO DE LAS DESALINIZADORAS PARA REDUCIR LA PRESIÓN SOBRE EL TAJO. (Número de expediente 181/000456).

El señor PRESIDENTE: Finalizado el trámite anterior, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es la que figura con el número 12 en el orden del día y que hace referencia al cumplimiento de las recomendaciones del Parlamento Europeo en relación con el informe de la Comisión de Peticiones, que hizo visita de inspección a España para valorar el incumplimiento de la Directiva Marco del Agua y especialmente con la recomendación sobre el uso de las desalinizadoras para reducir la presión sobre el Tajo.

Tiene la palabra don Pablo Bellido por tiempo de siete minutos y medio para las dos intervenciones. Puede formular la pregunta.

El señor BELLIDO ACEVEDO: Muchas gracias, señor presidente.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo visitó España para hacer un informe, que se aprobó con 22 votos a favor y 9 en contra; los 9 en contra fueron los votos del Partido Popular. ¿Y qué decía esta Comisión, qué recomendaciones hacía? Voy a intentar leer algunas. Por una parte, consideraba que la gestión del agua en España debe ser revaluada con los requisitos de la Directiva Marco del Agua y de los planes hidrológicos de cuenca. Solicitaba que la Comisión Europea supervisase de cerca la forma en que se aplica la legislación europea relativa a los planes hidrológicos de cuenca en España y en


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especial del río Tajo. Por algo solicitaba el Parlamento Europeo a la Comisión que vigilase. Sugería que las autoridades españolas trabajasen eficazmente, junto con las autoridades regionales -esto es muy interesante, hay que hablar con las comunidades autónomas, con las ONG, con la sociedad civil-, para entablar con ellas un diálogo constructivo para la preparación de los planes hidrológicos de cuenca del tercer ciclo. Recordaba también que el caudal ecológico debería ser suficiente para lograr una conservación favorable del estado de los hábitats naturales y especies de los lugares de la Red Natural 2000 que dependen del estado del agua, subrayando que el caudal ecológico no se refiere solo a una cantidad de agua, que en mi tierra no se cumple, sino también a una adecuada composición química de las aguas interiores, especialmente en ríos importantes como el Ebro y el Tajo, del que le estamos preguntando. Señalaba que los bajos niveles establecidos para el caudal mínimo en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo en Almoguera, Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina, junto con una variación del caudal estacional existente, contribuyen a una alteración importante de los regímenes de los caudales de agua en las zonas relacionadas con la Red Natura 2000. Sugería que las autoridades españolas contemplen otras posibilidades, en consonancia con las recomendaciones de la Unión Europea; de ahí las desaladoras. Sugería también que para lograr los objetivos medioambientales establecido en el Plan Hidrológico de Cuenca del Tajo, las autoridades españolas revisen los caudales ecológicos propuestos, porque son insuficientes. El caudal ecológico debe ser suficiente para lograr el objetivo de garantizar el buen estado del río y permitir un grado de dilución suficiente de las aguas residuales depuradas. Esto es aplicable a lo que sucede en Talavera, en Toledo, en Aranjuez, etcétera, etcétera. Instaba a las autoridades españolas a que integren los recursos hídricos disponibles en el marco del Plan Hidrológico de Cuenca actual, incluidos los recursos no convencionales, en especial el agua de las desalinizadoras financiadas con fondos europeos, sobre las que próximamente haremos una pregunta, porque no sabemos qué pasa con estos 90 millones que parece que habrá que devolver. También instaba a contar con un sistema adecuado para determinar el precio del agua, que es también muy importante. La secretaria de Estado se ha referido anteriormente al precio del agua, quizá no sabiendo que, por ejemplo, en Sacedón pagan seis veces más por el agua que beben del pantano, que está literalmente pegado al municipio, de lo que se paga en Levante.

Todas estas son recomendaciones que hace el Parlamento Europeo, aprobadas, insisto, por 22 votos a favor y 9 en contra. Y la pregunta es muy sencilla: ¿Va a atender el Gobierno estas recomendaciones del Parlamento Europeo en algún momento?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, don Pablo.

Tiene la palabra, doña María.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (García Rodríguez): Gracias, presidente.

Para finalizar con lo anterior, he de decir que la ley se cumplió con el anterior presidente y se cumplirá con el nuevo, con los dos. Al presidente saliente le agradezco su labor y el nuevo, por supuesto, seguirá cumpliendo la ley, como hizo el anterior; no depende de quién esté al frente de la confederación.

Respecto a su pregunta sobre la Comisión de Peticiones, efectivamente, el Parlamento Europeo realizó una visita de inspección a España entre los días 8 y 10 de febrero del año 2016. En el transcurso de esta visita, los eurodiputados fueron recibidos en el ministerio y se les informó de los avances recogidos en la planificación hidrológica, que eran bastantes, habida cuenta de que, como he recordado anteriormente, al inicio de la legislatura anterior tenían que haber estado completados todos los planes hidrológicos de cuenca y no uno solo. Eso sí, se habían gastado 140 millones de euros en asistencias, pero España no tenía ningún plan hidrológico de cuenca, es decir, no tenía conocimiento de cuáles son los recursos y necesidades de cada cuenca.

Como resultado de esta visita, la delegación elevó una propuesta de informe de emisión, que la Eurocámara aprobó en julio de 2016 y en la que se recogen, efectivamente, once recomendaciones y solicitudes. Este informe se trasladó a la Comisión Europea como posición del Parlamento Europeo sobre las medidas que se deben adoptar para garantizar la adecuación de los planes de cuenca a la Directiva Marco del Agua, en particular en lo que se refiere a los objetivos ambientales asociados a las masas de agua. Si bien este informe descarta una revisión general del modelo de gestión del agua en España y sus conclusiones no son vinculantes, sus consideraciones han sido analizadas y tenidas en cuenta, y ahora puedo repasar algunas de ellas. En todo caso, quiero recordar que el órgano de la Unión Europea


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competente para establecer normas a todos los Estados miembros y para vigilar el cumplimiento de la normativa europea es la Comisión Europea; Comisión Europea a la que el Parlamento eleva su informe. La Comisión de Peticiones produce un informe, el Parlamento Europeo eleva este informe a la Comisión y la Comisión es la encargada de dictar y hacer cumplir normativas a los Estados miembros. La Comisión Europea y el Gobierno español están en contacto permanente en cuanto a la implantación y al cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. Trabajamos mucho con la Comisión Europea en todos los aspectos y en todos los temas de planificación y de cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. De hecho, fruto de esta colaboración permanente han sido, por ejemplo, los programas de seguimiento del estado de las aguas continentales, que se han incorporado en los planes de cuenca para mejorar las redes de medida y que están ahora mismo en fase de licitación.

Se interesaba especialmente su señoría por la recomendación 9, la que insta a las autoridades españolas a integrar todos los recursos hídricos en los planes hidrológicos de cuenca, incluidos los no convencionales como la desalación. Retomando un poco lo que decíamos en la pregunta anterior, la desalación, cuando se hace con planificación, forma parte de la política desde el año 2001. Había desalación ya en el Plan Hidrológico Nacional del 2001, y este Gobierno, desde luego, como decía anteriormente, ha dedicado desde el año 2012 un enorme esfuerzo para poder terminar desaladoras que no estaban terminadas, porque de las quince previstas por el Gobierno anterior solo había una, y sobre todo -y mucho más importante-, para poder integrarlas en el sistema y que, efectivamente, puedan ejercer como fuente de un recurso adicional. No voy a volver sobre las cifras del Programa AGUA, porque creo que las conocen ustedes mejor que yo.

He de decir que las desaladoras de la cuenca del Segura han pasado de una producción que rondaba los 19 hectómetros cúbicos en 2012 a una previsión de 145 hectómetros cúbicos en 2017, lo que supone funcionar al cien por cien de su capacidad a día de hoy. Como decía antes, en términos generales, el rendimiento ha pasado del 15 al 100%. Como resultado de ello, desde 2012 las desaladoras del Segura han aportado un total de 450 hectómetros cúbicos al regadío. Y, por otro lado, en lo que se refiere al agua de boca, al abastecimiento de la población, las desaladoras de la Mancomunidad del Taibilla atienden también al cien por cien de la demanda de sus usuarios. Efectivamente, quedan pendientes de incorporar recursos a su cuenca las desaladoras de Castellón, Valencia y norte de Alicante, cuya ubicación no permite su uso para regadío. Yo no puedo dar explicaciones sobre esta cuestión, pero tal y como se planificaron o no se planificaron, su ubicación no permite el uso para regadío y tampoco para abastecimiento, por un problema de ubicación y de costes. En todo caso, seguimos trabajando porque, efectivamente, la desalación es un recurso importante y complementario. Seguimos trabajando para integrar al máximo posible. Tenemos también en marcha la ampliación de Torrevieja para que pueda duplicar su capacidad y pasar en el año 2018 de 40 a 80 hectómetros cúbicos. Insisto en que llevamos con reales decretos de sequía y con situación de sequía en las cuencas del Júcar y Segura desde el año 2015. Se han hecho muchas obras de emergencia -83 millones de euros-; se han puesto en marcha los pozos de sequía al amparo de estos reales decretos; se han movilizado recursos de agua desalada a través de las desaladoras, pasando de una producción del 15 al 100% de su capacidad y, por supuesto, seguiremos trabajando. Y todo ello en aplicación de los planes de sequía, que son las herramientas de gestión, que también vamos a revisar para tratar de mejorar y que en aquellas zonas donde los indicadores actuales no han funcionado suficientemente bien, funcionen lo mejor posible.

Hay otras recomendaciones que -insisto- han sido elevadas a la Comisión Europea, que es el órgano encargado de dictar normativa y de velar por su cumplimiento, pero también hemos tenido en cuenta la recomendación inicial, que insta a la reevaluación de la planificación hidrológica en España. La planificación es un proceso de por sí de mejora y de evaluación permanente. No se podían cumplir estas recomendaciones cuando no había planes hidrológicos de cuenca en este país; entonces esto no se podía cumplir. Pero ahora tenemos los planes de cuenca de primer y de segundo ciclo, y estamos ya trabajando en los de tercer ciclo. Por tanto, esta recomendación de reevaluar la planificación hidrológica por supuesto que se tendrá en cuenta. De hecho, el proceso de planificación hidrológica es un proceso vivo y permanente que hay que seguir y en el que estamos trabajando para, una vez hechos los dos primeros ciclos, poder pasar al tercero.

En cuanto a la necesidad de que exista un mayor diálogo entre administraciones, ONG y sociedad civil, que también citaba su señoría, en general es plenamente coincidente con nuestros objetivos. De hecho, esa es una de las líneas con las que nosotros estamos tratando de buscar ese pacto nacional del


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agua del que hablamos, para plantear soluciones a muchos problemas en el ámbito del agua que requieren un ámbito mayor que el propio de la cuenca.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor Bellido.

El señor BELLIDO ACEVEDO: Muchas gracias.

En primer lugar, señora García, es verdad que la ley se tiene que cumplir con un presidente o con otro. Lo curioso es que una presidenta -la anterior, la señora Cospedal- aplaudiese los trasvases y que el actual presidente, el señor Page, haga lo contrario y los recurra. Quien dirá si se cumple o no la ley serán los tribunales cuando analicen estos recursos. A mí me surge una pregunta: ¿Le parece normal a usted que se tome en cuenta el agua almacenada el día 1 de octubre, por ejemplo, o el 1 de septiembre, y se apruebe el trasvase pertinente el 30, el último día del mes, tomando como volumen almacenado el del primer día del mes, cuando estamos en una fase de sequía creciente? Pues, evidentemente, esto merece una respuesta que no sé si la puede dar.

Habla de las desalinizadoras y me gustaría que me contestase si hay otras opciones, como anunciaba o como informaba Greenpeace, de aportaciones de aguas subterráneas que se regeneran cada año en el Levante y que podrían ser una alternativa viable para los trasvases. Y por ser concretos en esta cuestión a la que nos estamos refiriendo, el informe que hace el Parlamento Europeo, evidentemente, es la Comisión Europea la que tiene la responsabilidad, aunque me parece muy paradigmático que algunos parlamentarios europeos de otros países -que no de España- hayan dicho que veían como un verdadero escándalo lo que aquí se producía, que jamás lo habían visto en otros lugares. Son eurodiputados que, evidentemente, tienen recorrido, que visitan toda la Unión Europea y se quedan asombrados de cómo se gestiona aquí. En concreto, quedaron muy asombrados al ver el caudal ecológico absolutamente insuficiente, la enorme presión que tiene el rio Tajo y que le está convirtiendo, lamentablemente, en un mero afluente del Segura. ¿Hay alguna respuesta para los vecinos de Talavera de la Reina, de Toledo, de Aranjuez, de Almoguera, que ven cómo hoy sus aguas no tienen el caudal ecológico, y no solamente no tienen la mínima cantidad, sino tampoco la mínima calidad que merece un río como el Tajo?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, don Pablo.

Doña María, tiene la palabra en el escaso tiempo que le queda.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (García Rodríguez): Ha mezclado una pregunta, la anterior, con esta. Yo, insisto en que la ley prevé un umbral de 340 hectómetros cúbicos; en la sequía anterior ese umbral era de 240 y se trasvasaba.

De lo que ha hablado después -solo por completarlo- no es de un trasvase, es de las cesiones, que es una transferencia, un acuerdo entre privados previsto en la ley, en el cual el ministerio, con informe de la Abogacía del Estado que así lo indica, lo que hace es autorizarlo. Yo no voy a decir si es normal o no normal; es la transferencia de 8,4 hectómetros cúbicos, que no un trasvase; es una transferencia de agua de una comunidad de regantes que se lo cede a otro privado y el ministerio, con informe de la Abogacía del Estado que así lo indica, procede a autorizarlo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, doña María.

- DEL DIPUTADO DON JOSÉ JUAN DÍAZ TRILLO Y DE LA DIPUTADA DOÑA JOSEFA INMACULADA GONZÁLEZ BAYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE CONTINUACIÓN Y FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE LA PRESA DE ALCOLEA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/015251). (Número de expediente 181/000480).

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Se refiere a la continuación y finalización de las obras de la presa de Alcolea y su autor es el diputado, presidente de la Comisión de Cambio Climático, don José Juan Díaz Trillo. Y para formularla tiene la palabra doña Pepa González Bayo.

La señora GONZÁLEZ BAYO: Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señora García, por estar esta mañana aquí con nosotros.


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Esta pregunta llega aquí, a la Comisión, porque la hemos hecho en varias ocasiones; en una de ellas la respuesta ha sido, no la deseada, sino que nos respondían a lo que no preguntábamos. Hemos vuelto a preguntar en distintas ocasiones y hoy la traemos de nuevo porque nos gustaría tener una respuesta más concisa; por eso le agradecería mucho que nos la diera.

Como usted conoce igual que yo, la presa de Alcolea es una obra declarada de interés general del Estado por el Real Decreto-ley 9/1998. El 18 de mayo, la Sociedad Estatal Hidroguadiana, hoy Acuaes, y también la Agencia Andaluza del Agua, suscriben un convenio en el cual se redacta la ejecución y explotación de la presa de Alcolea. Esta presa está financiada al 50% por el Ministerio y por la Junta de Andalucía, por un importe de 89 millones de euros. En 2008, siendo ministra la socialista Cristina Narbona, se licita y se adjudica la obra de la presa de Alcolea. La presa tiene una capacidad de 245 hectómetros cúbicos y una cobertura de riego de 30 000 hectáreas en la provincia de Huelva; daría cobertura a 16 municipios, Gibraleón, Huelva, Trigueros, San Juan del Puerto, Niebla, Paterna, así hasta 16. Estamos hablando de más de 1815 agricultores onubenses que se verían beneficiados de esta infraestructura que, junto a la construcción del canal de Trigueros, cerraría un ciclo de obras hidráulicas que sería para la provincia de Huelva el impulso definitivo agronómico, y digo el impulso definitivo porque, como usted bien conoce, Huelva tiene un potencial agrario importante, es una provincia que a día de hoy -estamos escuchando y llevamos escuchando a lo largo de toda la mañana en la Comisión que hay lugares de España que están sufriendo los efectos de una sequía terrible- es de las pocas provincias de España que tiene suficiente agua y garantizada durante más de tres años. Por eso la importancia de que estas infraestructuras hidráulicas se terminen y la preocupación desde el sector agrario por la parada que han tenido en el mes de marzo las obras de la presa de Alcolea.

Como usted coincidirá conmigo, así también me lo reconoció en una de las preguntas, se llega a rescindir el contrato con la empresa por el incumplimiento de las obras. En la fecha que la presa de Alcolea tenía que estar terminada, que era marzo de 2017, vemos que se llega a rescindir el contrato por incumplimiento por parte de la empresa, lo cual ha creado una sorpresa en la provincia de Huelva, porque esta presa, junto a la otra infraestructura, que es el canal de Trigueros, que sí ha sido recientemente licitada y todo el mundo ha aceptado con gran satisfacción, traerán riqueza, valor añadido, empleo, bienestar y, cómo no, fijación de la población al territorio. Por eso, desde el Grupo Parlamentario Socialista le hemos elevado en varias ocasiones, y se lo vuelvo a elevar, que me gustaría conocer cuál es el calendario real que tiene el ministerio para que la presa de Alcolea esté terminada.

Y la segunda pregunta que le hago es qué calendario o qué estimación tiene el ministerio para que las dos infraestructuras, tanto la presa de Alcolea como el canal de Trigueros, sean una realidad para la provincia de Huelva.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Pepa. La del canal de Trigueros no figuraba en la pregunta.

Doña María.

La señora GONZÁLEZ BAYO: Vale. Pues que me conteste a lo que ella quiera.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (García Rodríguez): Gracias, señor presidente.

Señoría, la presa de Alcolea, efectivamente, es una actuación declarada de interés general y que tiene enorme importancia para este Gobierno y desde luego mantenemos el compromiso con esta actuación. Yo voy a tratar de dar respuesta a las cuestiones que planteaba, tanto a la de la presa como a la del canal de Trigueros.

Entre otras cosas, esta presa es necesaria para laminar las avenidas del río Odiel y aumentar así las defensas de poblaciones y bienes para garantizar el abastecimiento de agua de calidad a la ciudad de Huelva, para las demandas de uso industrial del polígono industrial de Huelva y para posibilitar el riego de cultivos tradicionales, de los que hablaba su señoría, en la zona oriental de la provincia de Huelva, además de reducir la carga contaminante y mejorar la calidad de las aguas del río Odiel y contribuir con un volumen adicional de 135 hectómetros cúbicos anuales al sistema hidráulico Andévalo-Chanza-Piedras-Alcolea.

La obra, lo decía su señoría, se adjudicó en 2008, efectivamente, pero no comenzó a ejecutarse hasta diciembre de 2012, con un plazo de ejecución de treinta y seis meses. La financiación se distribuía al 50%


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entre la Sociedad Estatal Acuaes, futuros regantes-Junta de Andalucía, y el desarrollo de la obra desde que empezó en diciembre de 2012 ha encontrado dificultades técnicas, yo diría que casi desde su inicio, y por ello fue objeto de una modificación del proyecto en noviembre de 2015, sin incremento de coste, un primer modificado que hubo sin aumento de precio y que amplió ya el plazo inicial en dieciséis meses.

En marzo de este año, habida cuenta de las dificultades técnicas de las que hablaba, lo cierto es que apenas se había ejecutado el 20% del proyecto; en una obra como esta, en una presa de las características de Alcolea, un 20% del proyecto es muy, muy poco, lo digo por ponerlo en contexto. Por eso, el Consejo de Administración de la Sociedad Acuaes, que se celebró el 29 de marzo de este año, previo informe de la Abogacía del Estado, acordó iniciar procedimiento de resolución del contrato por incumplimiento del contratista. Las alegaciones planteadas por el contratista para plantear el nuevo modificado no fueron aceptadas por los responsables técnicos de esta empresa, como tampoco se ha encontrado justificado tramitar un segundo modificado solicitado por la empresa, con un incremento del coste del 10%. Por todo ello, como decía, el Consejo de Administración el pasado 29 de junio acuerda la resolución del contrato con la Unión Temporal de Empresas Presa de Alcolea, en todo ello sí que se ha sido cuidadoso de mantener siempre un contacto permanente, tanto con la Junta de Andalucía como con los regantes, que han conocido los pasos que se iban a dar y han manifestado su acuerdo con los mismos a lo largo de todo este proceso, que, como digo, viene motivado por los problemas por una solicitud de modificado que los responsables técnicos de la obra no pueden admitir.

Una vez resuelto el contrato, se va a proceder a licitar el proyecto de licitación de la obra, para lo cual se está realizando ya un análisis técnico y jurídico de qué procedimiento de contratación hay que seguir, ahora hay que hacer un proyecto de terminación de la obra para volver a ponerla en marcha; ahora mismo, en la fase en la que se está, después de que el Consejo de Administración de Acuaes con fecha 29 de junio acordó la resolución, es cerrando el análisis técnico y jurídico para saber cómo hay que seguir el procedimiento de contratación para ser lo más ágiles posible y poner en marcha un proyecto de terminación de la obra, puesto que, efectivamente, está en un porcentaje de ejecución cercano al 20%. En cuanto a la fecha que se contempla para la terminación de la presa, estaríamos hablando de finales ya del año 2021.

Sobre el canal de Trigueros, por el que también preguntaba, le diré de forma rápida porque yo creo que es una manera buena de visualizar que el compromiso del Gobierno se mantiene, el mismo Consejo de Administración del 29 de junio, el mismo en el que se produjo la resolución, en el que se acordó la resolución del contrato con la UTE adjudicataria, se autorizó ese mismo día la firma de una adenda al convenio suscrito con la Junta de Andalucía para redactar el proyecto del canal de Trigueros. Esta infraestructura de transporte es la que permitirá aprovechar las aguas reguladas por la presa de Alcolea en el rio Odiel para el desarrollo de toda la zona regable en las comarcas de Andévalo, Campiña y Condado y alimentar también el anillo hídrico de Huelva. El pasado día 6 de octubre se publicó ya en la plataforma de contratación del sector público la licitación del contrato de asistencia técnica para redactar el proyecto del canal de Trigueros; el plazo para la redacción del proyecto es de dos años, aunque en las condiciones de licitación ya se contempla la posible reducción del mismo, y una vez redactado se firmará un nuevo convenio con la Junta de Andalucía para la ejecución de las obras. Por tanto, hemos arrancado con esta licitación para poner en marcha la redacción del proyecto. La licitación del contrato en paralelo, como yo decía, a la tramitación de una nueva licitación para la obra de la presa, es buena prueba de que el Gobierno desde luego mantiene su compromiso con esta infraestructura y con el canal de Trigueros, tanto con la presa como con el canal.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña María.

Doña Pepa.

La señora GONZÁLEZ BAYO: Muchas gracias, señora García, por mostrar aquí que mantiene el compromiso, y me alegro por la provincia de Huelva porque, como he dicho al comienzo, es un proyecto que venimos trabajando desde la Junta de Andalucía y desde el Ministerio y que es importantísimo, como usted ha explicado en la motivación de por qué se llevó, por todas esas bondades que tendrá para Huelva este proyecto.

Me consta que ha habido comunicación, tanto con los regantes como con la Junta de Andalucía, como usted bien conoce, igual que yo, y que en la provincia se han creado redes de trabajo. Estamos hablando de un Consejo Territorial de Alcolea; estamos hablando de una Junta Central de Usuarios donde están


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recogidos todos los agricultores que quieren participar en el agua que llegará el día que Alcolea sea una realidad; ha habido un movimiento social; hay proyectos que están esperando la puesta en marcha para ser productivos en el momento en que esta presa y también el canal de Trigueros estén en marcha, y por todo ese movimiento social y económico que hay en la provincia a la espera de la realidad de estas dos infraestructuras tan importantes, yo le pediría a usted desde la responsabilidad que ostenta ahora mismo, que el 2021 no fuera la fecha probable sino que acelerara todo el tema administrativo para que fuera una fecha anterior.

De todas maneras, le doy las gracias por haberme dado la fecha que tiene prevista.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Pepa.

Doña María.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (García Rodríguez): Muchas gracias.

Ahora, como hay que redactar el proyecto de terminación y continuar las obras, será el momento de establecer un plazo adecuado a la diferente técnica del proyecto, siendo lo más ágiles posible, pero también siendo conscientes de que es una presa complicada. Es verdad que de poco sirven los plazos de ejecución si no se cumplen; el anterior contrato, cuando se inició tuvo dificultades técnicas desde el inicio y prueba de ello es el porcentaje...

La señora GONZÁLEZ BAYO: Empezó en 2012 y en 2014 tuvo que parar.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (García Rodríguez): Efectivamente. Y prueba de ello es el porcentaje de ejecución en el que ha estado cuando se ha cambiado un 20%. Por tanto, ahora, que es el momento en el que están analizando cómo continuar, cómo llevar a cabo este procedimiento de contratación para poder seguir los trabajos, será el momento de plantear en ese proyecto de terminación cómo hay que proceder, ver todos los requisitos técnicos necesarios para llevar a buen término el proyecto y el plazo más adecuado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, doña María.

- DEL DIPUTADO DON GONZALO PALACÍN GUARNÉ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE PREVISIONES ACERCA DE LA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS EMISIONES DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS PROCEDENTES DEL MOTOR DE LOS VEHÍCULOS, ASÍ COMO DE IMPULSAR MEDIDAS RELATIVAS A LA REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS PROCEDENTES DEL MOTOR DE LOS VEHÍCULOS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/015092). (Número de expediente 181/000502).

El señor PRESIDENTE: Por último, para formular la pregunta relativa a las previsiones acerca de la tramitación del proyecto de real decreto por el que se regulan las emisiones de contaminantes atmosféricos procedentes del motor de los vehículos, así como de impulsar medidas relativas a la reducción de las emisiones de contaminantes atmosféricos procedentes del motor de los vehículos. Está repetida, la pregunta es una.

Para formularla, tiene la palabra don Marc Lamuà.

El señor LAMUÀ ESTAÑOL: Gracias, presidente.

En diciembre de 2013, el Mapama sometió a trámite de participación el proyecto de real decreto por el que se regulan las emisiones de contaminantes atmosféricos procedentes del motor de los vehículos. Hasta hoy, sorprendentemente, no se ha realizado ninguna gestión adicional por parte del Gobierno ante un tema, convendrán, importante, y apuntaba que llegaba esta mañana en tren y contrastaba vivamente el azul del cielo tan limpio con una inmensa capa marrón de contaminación, a través de la cual iban apareciendo los edificios de la ciudad y me acordaba, me venía a la cabeza un dato, que estoy seguro que a todos nos resulta chocante y que salió en algunos medios, de que tenemos más de 30 000 muertes al año relacionadas de alguna manera con la contaminación atmosférica, es decir, por ello la parálisis de un proyecto que afecta a este problema tan real resulta más chocante si cabe. Y, en todo caso, no sé si el


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ministerio lo que debiera es fijar un marco para el conjunto del Estado y no podemos admitir excusas en forma de complicaciones técnicas en un problema de tal magnitud.

Por eso, y a la espera de su respuesta, la pregunta del Grupo Socialista sigue siendo la misma que formulamos por escrito. ¿Tiene previsto el Ministerio seguir con los trámites del proyecto de este real decreto? O, si el Ministerio desecha la opción de continuar con los trámites de dicho proyecto, ¿tiene previsto impulsar algún tipo de medidas relativas a la reducción de las emisiones de vehículos?

El señor PRESIDENTE: Gracias, don Marc.

Tiene la palabra, doña María.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (García Rodríguez): Muchas gracias, señoría. Yo voy a tratar, respecto a la contestación que se remitió, de aclarar algunos aspectos, por lo menos en cuanto a la dificultad a la que se ve sometido este proyecto de real decreto.

Como consecuencia de la creciente preocupación por los efectos en la calidad del aire de las emisiones de contaminantes producidas por los vehículos a motor, es cierto que se empezó a trabajar en la legislatura pasada, y en concreto en el año 2013, en un borrador de texto de real decreto por el que se regulan las emisiones de contaminantes procedentes de los motores de los vehículos que circulan por la vía pública. El borrador establecía la posibilidad de que el control de emisiones se realizase en la vía pública mediante equipos de medición remota que permitieran detectar vehículos altamente contaminantes, esto era un poco en lo que se centraba este borrador. Este borrador se sometió al Consejo Asesor de Medio Ambiente, de hecho, incluso a información pública. Y como resultado de estos trámites se recibieron diversas alegaciones que planteaban dificultades técnicas importantes, no como pretexto, sino en cuanto a la fiabilidad del uso de equipos de medición remota para ese fin. Por ello, y precisamente con el fin de tener el nivel de certeza necesario de la fiabilidad de los equipos existentes en el mercado, se impulsó desde el ministerio la realización de un estudio, que lo ha llevado a cabo el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, el Ciemat, un estudio denominado proyecto Coretra, que registró las emisiones de más de 120 000 vehículos en condiciones reales de circulación en Madrid. En base a dicho estudio lo que se concluye es que, si bien es posible utilizar tecnologías de medidas remotas de emisiones para detectar verdaderos altos emisores por sensores remotos, resulta necesario, además de precisar de equipos fiables, fijar previamente las condiciones adecuadas para la obtención de los datos, porque en caso contrario existe un riesgo cierto de realizar identificaciones de falsos altos emisores y, por tanto, que el sistema puesto en marcha no sea eficaz. Además, para la aplicación de esta metodología resultaba necesario diseñar un protocolo de homologación de los propios equipos y de su control meteorológico.

Por ello, antes de continuar con la tramitación de este real decreto, era imprescindible establecer con carácter previo las condiciones específicas en las que se van a hacer las medidas reales, los límites de emisión seguros, los rangos de temperatura, la potencia específica vehicular, además de establecer de forma clara cuáles son los límites de emisión a partir de los cuales se puede identificar un vehículo como alto emisor, como un verdadero alto emisor y no como un falso alto emisor. En definitiva, la principal complejidad técnica vinculada a este proyecto de real decreto para su desarrollo está en establecer cuáles son los valores máximos que definen un vehículo altamente contaminante.

Desde el año 2013, cuando se empezó a trabajar en este borrador, la Comisión Europea es cierto que ha realizado importantes modificaciones en la normativa vinculada a emisiones, que coinciden además con el objetivo que se había planteado con este real decreto, obligando de hecho a los fabricantes e importadores en el ámbito europeo a poner en el mercado europeo vehículos más limpios. Es posible, creemos que la nueva legislación europea va a poder contribuir a solventar técnicamente la cuestión de la diferencia entre las mediciones de emisiones en condiciones reales de conducción y las conseguidas en el test de laboratorio, que es la dificultad que yo trataba de explicar a la que se enfrenta este proyecto de real decreto, pero será necesario, a la luz de los resultados de la aplicación de esta normativa europea, que valoremos la conveniencia de seguir con los trámites. Por tanto, es un texto que se impulsó desde el ministerio en el año 2013 con el mejor de los objetivos, que precisamente en el trámite de información pública se pusieron de manifiesto una serie de dificultades técnicas, se hizo un estudio para aclarar y todavía hay una serie de aspectos que hay que hay que cerrar y aclarar para tener la certeza necesaria para poder ponerlo en marcha. Por tanto, valoraremos cómo con la nueva normativa europea se han aclarado, se han podido aclarar o no estos aspectos y podremos seguir entonces con los trabajos.


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En todo caso, yo sí quería recordar que en el ámbito de la calidad del aire, donde, como decía su señoría, tenemos una competencia de elaborar legislación básica y de estructurar un poco una planificación para todos, eso lo hicimos con el primer Plan Nacional de Calidad del Aire, y lo estamos haciendo ahora elaborando el Plan Nacional de Calidad del Aire 2017-2019, el Plan Aire II, en el que se contemplan medidas dirigidas todas ellas a reducir las emisiones de partículas y de gases contaminantes de todos los sectores económicos, y entre ellos de uno que es fundamental en cuanto a emisiones, que es el del transporte.

En particular, en este plan en el que ya estamos trabajando, hay un capítulo específico sobre medidas a implantar en el tráfico rodado que permitan una disminución de las emisiones contaminantes procedentes del tráfico como principal causante de los problemas de calidad del aire en las grandes ciudades a las que aludía su señoría, entre otras el establecimiento de ayudas para la renovación del parque automovilístico actual, fomentando la compra de vehículos de energías alternativas y menos contaminantes, tanto para vehículos particulares como profesionales, las actuaciones dirigidas a un cambio modal de movilidad, el uso eficiente de los modos de transporte, la promoción del uso compartido de vehículos, y así hasta un total de 52 medidas que constituyen lo fundamental del nuevo plan.

En relación con la cuestión concreta por la que se interesa, este nuevo Plan Aire II incluye una línea dirigida a la posible puesta en marcha de controles de óxidos de nitrógeno en las inspecciones técnicas de vehículos, precisamente con el fin de poder detectar en estas inspecciones vehículos altamente contaminantes. En este plan estamos trabajando, ha sido sometido ya a participación pública y al Consejo Asesor de Medio Ambiente, por lo que esperamos poder proceder a su aprobación y puesta en marcha en breve plazo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Don Marc.

El señor LAMUÀ ESTAÑOL: Brevemente, y ya que también usted ha mencionado el proyecto Coretra del Ciemat, en todo caso parecía desprenderse que el problema con este real decreto no sería el establecimiento del límite seguro para discriminar vehículos altamente contaminantes, porque ya se vio cómo resolver ese tema y también se estudió el riesgo del estudio de los falsos positivos, que usted también ha mencionado.

Le cito textualmente del texto del proyecto al que se ha referido: La información recabada en este proyecto permite afirmar categóricamente que sí es posible utilizar tecnologías de medida remota de emisiones on road de manera fiable para realizar estudios de emisiones de flota de vehículos. Categóricamente. La afirmación es categórica en el texto que se desprende del proyecto Coretra. Y es cierto que existen y que se reconocen, y el otro día lo hablamos en las comparecencias en la Comisión de Cambio Climático para la futura ley, donde vinieron comparecientes relacionados con el mundo automovilístico, y hablamos precisamente de este mismo tema con ellos, pero sí que es verdad que las excepciones que se deberían introducir para preservar de falsos positivos o el control a estas excepciones, o así nos lo han transmitido expertos que hemos consultado, son fácilmente detectables, catalogables y que por lo tanto no debieran justificar totalmente que se frene o que se paralice este real decreto, no son un obstáculo, o es lo que así nos transmiten los expertos en el tema, y si además nos ceñimos a los criterios técnicos como los que se manejaron para hacer el proyecto Coretra, no debería haber problema para sacar adelante ese real decreto, y más dada la importancia de este tema.

En todo caso, le agradezco su exposición, que ha sido muy completa, llena de datos, pero yo creo que, a la luz de lo que podemos saber o leer del documento que se desprende del proyecto Coretra, parece que las limitaciones técnicas que usted y el ministerio exponen pueden ser cuando menos matizables, y eso es también lo que le queríamos transmitir hoy.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Marc.

Tiene la palabra, doña María.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (García Rodríguez): Muchas gracias.

Esto fue una iniciativa del propio ministerio, yo cuando hablo de dificultades técnicas me refiero a lo que me transmiten los técnicos, que yo no lo soy, y los expertos. En todo caso, el proyecto Coretra,


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efectivamente, concluye que es posible utilizar tecnologías de medida remota de emisiones para detectar verdaderos altos emisores por sensores remotos, como ha leído en su literalidad, pero también dice que además de eso es necesario precisar de equipos fiables y sobre todo fijar previamente las condiciones adecuadas para obtener los datos, y hay también, además, un problema para la aplicación de esta metodología, porque es necesario diseñar todo un protocolo de homologación de los propios equipos y del control meteorológico, o sea, no sé si a lo mejor yo no lo he explicado bien. Quizás la dificultad, según las conclusiones del proyecto Coretra, no está tanto en si se pueden utilizar o no las tecnologías de medida remota, que parece que sí, sino en que hay que establecer adecuadamente las condiciones en las que se pueden obtener los datos y además a la hora de aplicar la metodología hay que diseñar un protocolo de homologación de los propios equipos y del control meteorológico.

Por tanto, por lo menos en lo que a mí me transmiten los expertos, dificultades técnicas sí persisten, pero seguiremos trabajando en el marco del Plan Aire, en el marco de cualquier otra iniciativa que tengamos abierta y, si se despejan las dificultades, por supuesto que se pondrán en marcha nuevas medidas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña María.

Con esta pregunta se da por finalizada la sesión correspondiente al día de hoy y les agradezco a todas sus señorías su participación y su presencia y en especial a la secretaria de Estado, doña María García, que ha comparecido y ha respondido ampliamente a todas las cuestiones que le han formulado.

Se levanta la sesión.

Eran las dos de la tarde.

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