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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 501, de 24/04/2018
cve: DSCD-12-CO-501
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 501
JUSTICIA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PABLO MATOS MASCAREÑO VICEPRESIDENTE PRIMERO
Sesión núm. 40
celebrada el martes,
24 de abril de 2018


ORDEN DEL DÍA:

Ratificación de las ponencias designadas para informar sobre:

- Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 121/000014) ... (Página2)

- Proposición de ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, por la que se regula un procedimiento específico para garantizar la posesión de viviendas titularidad de propietarios personas físicas y para asegurar a las entidades sociales y a las administraciones públicas la disponibilidad de las viviendas en su haber destinadas a alquiler social. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 122/000061) ... (Página2)

Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista de los informes elaborados por las ponencias sobre:

- Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 121/000014) ... (Página3)

- Proposición de ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, por la que se regula un procedimiento específico para garantizar la posesión de viviendas titularidad de propietarios personas físicas y para asegurar a las entidades sociales y a las administraciones públicas la disponibilidad de las viviendas en su haber destinadas a alquiler social. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 122/000061) ... (Página6)


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Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.

El señor VICEPRESIDENTE (Matos Mascareño): Buenas tardes a todos. Damos comienzo a una nueva sesión de la Comisión de Justicia con el orden del día que todos conocen en relación con la aprobación de los informes de la ponencia de dos iniciativas, el proyecto de ley por el que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales de la Unión Europea, para regular la orden europea de investigación, y la proposición de ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, por la que se regula un procedimiento específico para garantizar la posesión de viviendas, titularidad de propietarios personas físicas y para asegurar a las entidades sociales y a las administraciones públicas la disponibilidad de las viviendas en su haber destinadas al alquiler social.

En primer lugar, votaremos la ratificación de las ponencias designadas y a continuación entraremos en el debate de las dos iniciativas legislativas. Una vez concluido el debate de estas dos iniciativas, procederemos conjuntamente a la votación al final de la sesión. Las votaciones no serán en ningún caso antes de las 18:00 horas. Las intervenciones en defensa de las enmiendas de cada uno de los grupos parlamentarios serán, como es costumbre, de menor a mayor de los grupos enmendantes, y a continuación se procederá a fijar posición por los grupos que no hayan presentado ninguna enmienda. Ruego a los portavoces de los grupos parlamentarios que en sus intervenciones se refieran a las enmiendas que retiran y que nos hagan llegar las transaccionales en las que hayan llegado a acuerdos para que sean numeradas, vistas y repartidas por los letrados de la Comisión. También ruego a todos los portavoces que con el fin de ir ordenando las votaciones comuniquen a la Mesa las enmiendas de otros grupos parlamentarios en las que vayan a solicitar votación separada para ir ordenando el cuaderno de votaciones. También vamos a intentar, si no hay problemas, utilizar el sistema de votación electrónico, por lo cual ruego a los grupos parlamentarios que ocupen los puestos que se les hayan asignado y los mantengan hasta el final de la sesión.

RATIFICACIÓN DE LAS PONENCIAS DESIGNADAS PARA INFORMAR SOBRE:

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 23/2014, DE 20 DE NOVIEMBRE, DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE RESOLUCIONES PENALES EN LA UNIÓN EUROPEA, PARA REGULAR LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 121/000014).

El señor VICEPRESIDENTE: Ratificación de la ponencia del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 23/2014. ¿Podemos ratificarla por asentimiento? (Pausa). Queda ratificada por asentimiento.

- PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, POR LA QUE SE REGULA UN PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA GARANTIZAR LA POSESIÓN DE VIVIENDAS TITULARIDAD DE PROPIETARIOS PERSONAS FÍSICAS Y PARA ASEGURAR A LAS ENTIDADES SOCIALES Y A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS LA DISPONIBILIDAD DE LAS VIVIENDAS EN SU HABER DESTINADAS A ALQUILER SOCIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 122/000061).

El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos a la ratificación de la ponencia de la proposición de ley de modificación de la Ley 1/2000. ¿Podemos hacerlo también por asentimiento? (Pausa). Queda ratificada por asentimiento.


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APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DE LOS INFORMES ELABORADOS POR LAS PONENCIAS SOBRE:

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 23/2014, DE 20 DE NOVIEMBRE, DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE RESOLUCIONES PENALES EN LA UNIÓN EUROPEA, PARA REGULAR LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 121/000014).

El señor VICEPRESIDENTE: Comenzamos el debate del proyecto de ley por el que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la orden europea de investigación.

Para la defensa de sus enmiendas, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Ciuró.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señor presidente.

Simplemente para aceptar la transaccional que nos presenta el grupo de la mayoría a nuestra enmienda 28 y al punto primero de nuestra enmienda 31. Doy el resto por defendidas.

El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señora Ciuró.

¿Señor Batallé? (Pausa). Por el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya, tiene la palabra la señora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Solamente para aceptar la transacción que nos propone el Grupo Popular a nuestra enmienda 49 y la transacción que también nos propone al punto 1 de la enmienda 52, que es el punto 3 de la transacción. Supongo que el Grupo Popular lo va a presentar por escrito. En el resto del artículo mantenemos el contenido de nuestra enmienda. Hemos transaccionado admitiendo la modificación que nos proponía el punto 3 a la enmienda 52, que es común a otras, y mantendríamos el resto de enmiendas no admitidas y no transaccionadas.

El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señora Capella.

Ruego que nos hagan llegar a la Mesa las transaccionales para que sean repartidas a todos los portavoces con el fin de que conozcan bien el sentido de lo que van a votar.

A continuación, por el Grupo de Unidos Podemos, tiene la palabra el señor Santos.

El señor SANTOS ITOIZ: En el mismo sentido que la portavoz que me acaba de anteceder en el uso de la palabra, aceptamos la enmienda propuesta por el Grupo Popular que sustituye a nuestra enmienda número 20 y también en el punto 3, que sustituye a nuestra enmienda número 25, y rechazamos los otros dos puntos de la enmienda transaccional propuesta por el Grupo Popular.

El señor VICEPRESIDENTE: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Gracias, presidente.

En relación con las enmiendas que hemos presentado, manifestamos nuestra aceptación de la transaccional que nos ha presentado el Grupo Popular a nuestra enmienda 33 y rechazamos la transaccional que se nos presenta a la enmienda 32; por tanto, mantendremos esta enmienda.

El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez.

A la vista de la velocidad de las intervenciones, vamos a modificar el horario de las votaciones y vamos a poner que no serán antes de las 17:30.

A continuación, Grupo Parlamentario Ciudadanos.

El señor GÓMEZ BALSERA: Gracias, presidente.

Brevemente. Nuestras enmiendas son de carácter eminentemente técnico y no cabe hacer una defensa política dado que únicamente pretenden contribuir a mejorar el texto original y dotarlo de mejor sentido. Las mantenemos, con excepción de la enmienda 46, respecto a la cual hemos alcanzado una transacción con el Grupo Parlamentario Popular.


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El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor Gómez Balsera.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda.

El señor LEGARDA URIARTE: Gracias, presidente.

Aceptamos la transaccional a la enmienda número 1 de nuestro grupo parlamentario, propuesta por el Grupo Popular.

El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor Legarda.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Esteller.

La señora ESTELLER RUEDAS: Gracias, señor presidente.

Antes de entrar en el contenido de las enmiendas y las transacciones querría hacer una breve síntesis de en qué consiste este proyecto por considerar que es muy importante destacar el marco y los principios que lo inspiran, con los que España está comprometida, como es el Espacio Europeo de Libertad, Justicia y Seguridad de la Unión, para que haya una mayor coordinación de los sistemas judiciales.

La Unión se marcó, como todas sus señorías conocen, un objetivo en la construcción de un espacio de libertad, seguridad y justicia para cuya consecución es necesario pasar de un sistema de cooperación judicial internacional a uno cuyo pilar fuera el principio de reconocimiento mutuo, y dentro de este espacio de seguridad, libertad y justicia, en el Tratado de Ámsterdam se reforzaron todos los mecanismos de cooperación mediante la armonización de legislaciones y la aproximación a los sistemas procesales de los Estados miembros. Este principio se recogió en el Consejo Europeo de Tempere, en el año 1999, como piedra angular sobre la que construir la cooperación judicial en el ámbito de la Unión Europea.

Quiero destacar que el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales en materia penal solo puede funcionar eficazmente en un clima de confianza. El esfuerzo y el refuerzo de esta confianza exigen normas mínimas aplicables a los Estados miembros para la protección de las garantías y los derechos fundamentales y dar lugar a una cooperación judicial en un clima de confianza recíproca; con este objetivo se tomaron y adoptaron las decisiones marco y las directivas para aprobar todos estos procedimientos y subsanar esa dispersión normativa que impedía que ese principio se pudiera materializar. Con este objetivo nació la orden europea de investigación, que está regulada en la directiva 2014/41 del Parlamento Europeo y del Consejo, que es un instrumento de reconocimiento mutuo que viene a completar el elenco de la ley.

¿Por qué se ha optado en este proyecto modificar esta ley? Porque se opta a que la orden europea de investigación penal se vehicule a través del régimen de reconocimiento mutuo, por eso se ha introducido en el título X de la ley el reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, siendo una decisión bien valorada por el Consejo General del Poder Judicial. Y ello porque esta ley de reconocimiento mutuo constituye el marco normativo donde se incorpore como instrumento más eficaz a la hora de conseguir la cooperación judicial internacional, la lucha contra la criminalidad transfronteriza europea garantizando la seguridad y los derechos.

La orden europea de investigación se define como una orden europea o resolución emitida por la autoridad competente miembro, con la finalidad de practicar las diligencias de investigación y obtener pruebas ya practicadas en otro Estado miembro de la Unión, y crea un régimen único para la obtención de pruebas o varias medidas de investigación específicas que se llevarán a cabo por el estado de ejecución en cualquiera de las fases. El objeto es muy importante porque al final son la protección de los derechos fundamentales y las garantías procesales del imputado dentro del proceso penal. En este sentido, el proyecto establece la regulación de la tramitación, el modo y el momento y las condiciones en las que se ha de desarrollar la orden internacional. Asimismo, se ha aprovechado esta modificación para también modificar algunas cuestiones relativas a la Ley de Enjuiciamiento Civil, a la Ley de asistencia jurídica gratuita y a adaptar algunos aspectos referidos a la protección consular a fin y efecto de armonizar lo que es la normativa que puede afectar directamente en el desarrollo y en la trasposición de esta directiva.

Desde el Grupo Popular hemos presentado una serie de enmiendas transaccionales. Quiero agradecer la colaboración de todos los grupos y el trabajo conjunto en una materia muy regulada por la directiva, naturalmente es la trasposición, y luego el trabajo para conseguir sumar entre todos y mejorar este proyecto de ley. Hemos presentado algunas enmiendas transaccionales al Grupo Vasco para que la denegación de la sustitución del profesional asignado se funde en una causa que ya fue objeto de denegación y así reforzar esta garantía. También se las hemos presentado a Podemos para que la


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designación de abogado por una persona reclamada sea tramitada con carácter preferente y urgentemente, una mayor información, también necesaria, en las cuentas o en los depósitos, la pérdida de efectividad de la inmunidad cuando la persona trasladada permanezca en España y cuando haya tenido la oportunidad de regresar. En este sentido, hay una enmienda de Podemos, PDeCAT y Esquerra sobre la duración del delito a que se refiere la orden europea de investigación fuera de un máximo de al menos tres años. Este tema ha generado una confusión en su redacción pero al final se ha optado por recoger literalmente lo que dice la directiva para que todos los Estados tengan el mismo reconocimiento y la misma definición y no haya ningún tipo de duda en su interpretación. Quiero decir que el límite máximo son tres años, con lo cual serán todos aquellos delitos que tengan una pena a partir de los tres años; inferior ya no será aplicable. También hay una enmienda que le hemos ofrecido a Ciudadanos para sustituir el órgano por la autoridad competente ya que en este caso se ha preferido optar por la autoridad competente, porque a veces las funciones entre fiscal y el órgano judicial pueden variar y así evitar tener permanentemente que cambiar la norma.

También hemos ofrecido hoy una serie de transacionales a las que algunos grupos se han referido, y quiero agradecer la aceptación de estas enmiendas dirigidas a clarificar y a dar una mayor armonía al texto. Con respecto a la enmienda que hemos presentado a Podemos, PDeCAT y Esquerra, referida a lo que son las competencias entre la designación y el reconocimiento por la comisión de justicia gratuita, que se ha transaccionado en el primer punto, consideramos que se clarifica más este aspecto. También hemos ofrecido una enmienda transaccional al Grupo Socialista respecto a su enmienda 32, que no sabemos exactamente cómo va a quedar al final, si aceptada o no, pero lo que queremos es reforzar las dotaciones del ministerio fiscal. Consideramos que el ministerio fiscal ya tiene las suficientes dotaciones para poder aplicar esta norma, pero si ello supone un mayor refuerzo en esa dotación para hacerlo con la mayor efectividad, en ese sentido le hemos ofrecido esta enmienda. En cambio buscábamos suprimir el segundo apartado, referido a la dotación de las comunidades autónomas, porque ya en el presupuesto de este año se ha aumentado en 4000 millones y consideramos que con esta cuantía ya es suficiente para poder ejercer estas competencias. Hemos aceptado unos refuerzos de garantías con la enmienda 20 de Podemos y también con PDeCAT y Esquerra, referida a que además de establecer y garantizar los derechos fundamentales, se incorporen también las garantías procesales. Es un refuerzo que aunque está dentro de los principios básicos, ya que han incidido en esta materia, consideramos que es oportuno aceptarlo y en estos términos lo hemos hecho a través de la transaccional que hemos remitido. La enmienda de las dotaciones económicas también la ofrecíamos de refuerzo a la presentada por Ciudadanos en este sentido y materia, y la han aceptado.

El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señora Esteller.

Solamente uno de los portavoces, que es el del Grupo Parlamentario Socialista, se ha referido a la enmienda que retira. Quiero preguntar a cada uno de los portavoces si, de acuerdo con las enmiendas transaccionales que nos han hecho llegar a la Mesa, retiran sus enmiendas.

Del Grupo Parlamentario Mixto, las enmiendas que se retirarían, según las transaccionales, serían las números 28, 29 y 31. ¿Las retira, señora Ciuró?

La señora CIURÓ I BULDÓ: Sí, las afectadas por la transacción quedan retiradas, menos la 31, que quedaría viva en los últimos puntos, es decir...

El señor VICEPRESIDENTE: Con que diga los no afectados por la transaccional es suficiente. ¿Cuáles quedan vivos?

La señora CIURÓ I BULDÓ: El 2, 3, 4 y 5.

El señor PRESIDENTE: Entonces retira la número 28 y la número 29.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Exacto.

El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, doy por supuesto que retiran la 49, la 50 y la 52.

La señora CAPELLA I FARRÉ: La 52 solo en el punto que admitimos, que es el 3, y mantendríamos vivos el resto.


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El señor VICEPRESIDENTE: ¿Y la 49 y la 50 la retiran?

La señora CAPELLA I FARRÉ: Sí, son las que me aceptó.

El señor VICEPRESIDENTE: De acuerdo.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Perdón, presidente, un momento. A la 49 y a la 50 nos había hecho una propuesta la ponente del Grupo Popular que no hemos aceptado. La 50 es la que va en relación con el máximo de tres años, que continuamos manteniendo. La propuesta de transacción que nos propone el Grupo Popular, desde el punto de vista de su redacción, es confusa. Nosotros proponíamos que fuera: ... con una pena máxima de tres años o de al menos tres años. La propuesta que nos hace de nuevo la portavoz del Grupo Popular induce a error y, por tanto, Esquerra Republicana no la aceptaría. La enmienda 49 la mantendríamos.

El señor VICEPRESIDENTE: Señora Capella, vamos a hacer una cosa, como puede haber todavía alguna transacción, voy a hacer esta pregunta antes de iniciar las votaciones para que tengan tiempo de poder llegar a los acuerdos que correspondan. (El señor Santos Itoiz: Podemos decirlo ahora, como el resto de grupos). Voy a hacer la misma pregunta al final para todos, por si puede haber algún acuerdo de transacción.

El señor SANTOS ITOIZ: Podemos decir ahora las que aceptamos.

El señor VICEPRESIDENTE: De acuerdo. Las transaccionales que afectan a las enmiendas de Podemos son a la 7, 18, 20, 21 y 25.

El señor SANTOS ITOIZ: ¿Y a la 15?

El señor VICEPRESIDENTE: La 15 está incluida en el informe de la ponencia.

El señor SANTOS ITOIZ: Vale. La 7 sí; la 15 ya está incluida; la 17 está incluida también, y la 18. ¿Cuál más ha dicho?

El señor VICEPRESIDENTE: La 20, 21 y 25.

El señor SANTOS ITOIZ: La 20 la retiraríamos; la 21 no, en el mismo sentido que acaba de decir Esquerra, ya que entendemos que la redacción es confusa y habría que mantenerla, y la mantenemos. En la 25 admitimos el tercer punto de la enmienda, así como el cuarto y el quinto de lo que se nos ha propuesto; mantendríamos la redacción original.

El señor VICEPRESIDENTE: He entendido que el Grupo Socialista retira la 33 y mantiene la 32.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Exactamente.

- PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, POR LA QUE SE REGULA UN PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA GARANTIZAR LA POSESIÓN DE VIVIENDAS TITULARIDAD DE PROPIETARIOS PERSONAS FÍSICAS Y PARA ASEGURAR A LAS ENTIDADES SOCIALES Y A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS LA DISPONIBILIDAD DE LAS VIVIENDAS EN SU HABER DESTINADAS A ALQUILER SOCIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 122/000061).

El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la proposición de ley de modificación de la Ley 1/2000.

Para la defensa de sus enmiendas, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra su portavoz, doña Lourdes Ciuró.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señor presidente.

Hace un año presentamos una proposición de ley para debatir en esta Cámara sobre un fenómeno social que estaba teniendo lugar como consecuencia de la desprotección que sufrieron muchas personas durante la crisis inmobiliaria, que hizo que perdieran sus viviendas. Es un fenómeno que se dio como


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consecuencia de la falta de vivienda pública, que derivó en unas prácticas que han causado verdaderos estragos, al menos en Cataluña. Se han producido fenómenos como, por ejemplo, la ocupación de viviendas de personas físicas, de forma y manera que estas personas se han visto privadas de su propiedad después de volver, por ejemplo, de vacaciones o incluso, como recientemente se ha conocido esta semana, de un piso en el Raval, cuyo propietario, al volver de una revisión médica en el Clinic, se encontró con su casa ocupada por unas personas que, evidentemente, no tenían título alguno. Este fenómeno se fue sofisticando con el tiempo y ha dado lugar a la aparición de auténticas mafias, que abusan de la vulnerabilidad ajena o que simplemente buscan un lucro fácil puesto que la Ley de Enjuiciamiento Civil hasta hoy no ha tenido ningún procedimiento ágil para dar respuesta a la ocupación sin título habilitante. Unas mafias que lo que hacen es aprovecharse de la vulnerabilidad ajena, cobrando cantidades económicas mensuales exorbitantes para facilitar una vivienda a unas personas que pueden tener necesidad de ella, amparadas básicamente en el largo transcurso de tiempo que pasa desde que se inicia un procedimiento ordinario por la vía civil hasta que este concluye. Por otro lado, la vía penal tampoco da satisfacción a estas cuestiones, puesto que muchas veces se desestima que haya delito en estas ocupaciones y, por tanto, el propietario queda insatisfecho y con su vivienda ocupada.

Quiero destacar que se encuentran también en una tesitura muy difícil las entidades públicas que se dedican a gestionar vivienda pública, vivienda destinada a alquiler social, como podrían ser las agencias municipales de vivienda o las agencias autonómicas de vivienda que, si bien tienen vivienda para ser destinada a alojar a personas en situación de vulnerabilidad, se encuentran con que muchas veces, una vez concluido un expediente con una familia que ha acreditado su vulnerabilidad y a la que se le ha adjudicado una vivienda, cuando esta familia tiene que tomar posesión de la vivienda legítimamente, esta ya está ocupada. Este proceso que ha sufrido una familia que se ha preocupado de seguir los cauces oportunos para poder acceder a una vivienda ha sido estéril; en cambio, han tenido cobijo aquellas personas que no han seguido estos procedimientos y que, posiblemente, no eran acreedores de una vivienda por no ser su situación de vulnerabilidad. Esto ha sucedido en mi ciudad, en Sabadell, donde en viviendas municipales de la empresa pública de vivienda, Vimusa, se han encontrado con que había plantaciones de marihuana en esas viviendas que eran para uso social. Por tanto, se ha dado un fenómeno a la sombra de la ineficacia de las políticas para garantizar una vivienda digna.

Nosotros, en el PDeCAT, estamos de acuerdo en que la vivienda tiene una función social, y quien la tiene que procurar y garantizar es la Administración pública, en ningún caso una persona física ni las personas vulnerables. Por tanto, conviene articular una proposición de ley que dé contenido a la ley para dar respuesta a este fenómeno de las ocupaciones. De hecho, en las comparecencias que han tenido lugar en el seno de la Comisión resultó acreditado por absolutamente todos los ponentes la existencia de esta realidad y de las mafias okupas que se aprovechan de la vulnerabilidad ajena y, por tanto, hay que dar una respuesta. Todos menos uno, el Observatori DESC, que es el observatorio de la PAH, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Conste que no es una proposición de ley ni una modificación que tenga nada que ver ni que se pueda aplicar -quede claro para evitar malas interpretaciones- a personas que dejan de pagar la cuota de alquiler o a personas que dejan de pagar la cuota hipotecaria. Tampoco se aplica a las personas que ocupan viviendas de fondos buitres o de grandes especuladores. Estas personas jurídicas no estarían para nada amparadas por esta proposición de ley. Si bien el derecho a la propiedad tiene que protegerse -estamos de acuerdo en que el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda digna tienen que balancearse en todo momento-, hoy en día nuestra percepción política es que no se puede dar cobijo a aquellas entidades que han sido rescatadas con fondos públicos y que no están haciendo todo lo posible para poder ceder vivienda a las administraciones públicas para que estas sean ocupadas por familias con necesidades. Mientras que no haya una solución para que los grandes tenedores puedan implicarse en dar respuesta a esta necesidad de vivienda, no podemos, a nuestro entender, articular medida alguna que les ampare de las desocupaciones. Por tanto, es una medida directamente encaminada a la persona física, a las ONG como Cáritas o Cruz Roja, que tienen vivienda social, y a las entidades públicas, empresas cien por cien públicas que están realizando labores de asistencia a personas en necesidad habitacional.

Una finca ocupada en un barrio, por ejemplo, de Sabadell -mi ciudad-, normalmente en barrios deprimidos, conlleva problemas de seguridad porque altera la convivencia, porque produce agravios comparativos con personas que están haciendo auténticos esfuerzos para poder cumplir con sus obligaciones con el propietario, con la entidad financiera, con la comunidad o con los tributos municipales.


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En cambio, están alojándose personas que no respetan estas normas mínimas de convivencia, que no se han preocupado de acreditar su situación de vulnerabilidad y que, por tanto, están actuando al margen de todas aquellas personas que sí necesitan una vivienda social y a las que además se les está haciendo un flaco favor. Como dice la PAH, nunca es su voluntad ocupar vivienda de persona física y, por tanto, tienen que estar tranquilos los miembros de la PAH porque esta ley no les afecta para nada. Por consiguiente, cualquier actuación que la PAH pretenda relacionar con un perjuicio a las personas vulnerables porque ellos no ocupan vivienda de persona física no tiene sentido porque esta ley les da amparo. Además, a lo que ha contribuido este tipo de ocupación ilegal ha sido a poner en el foco de la diana a aquellas personas que efectivamente eran vulnerables y estaban ocupando por necesidad porque -repito- no había una solución para ellas.

Por tanto, es una medida dedicada a las administraciones públicas, a las instituciones públicas de vivienda, a las ONG y a las personas físicas, porque no tienen por qué soportar la carga de quienes no se han preocupado de poder acreditar su situación de vulnerabilidad y que utilizan la vivienda para extorsionar a propietarios y a personas vulnerables. Con esta ley se da salida a una realidad que en Cataluña es acuciante. Precisamente el Ayuntamiento de L'Hospitalet se encuentra desbordado con las ocupaciones de vivienda pública. Fue el mismo Partido Socialista en Cataluña quien presentó idéntica iniciativa en el Parlament y el que, a sabiendas de que la competencia está hoy en esta casa, instó a que se tomaran medidas aquí. Y eso hemos hecho. Nos gustaría que el Partido Socialista Obrero Español fuese sensible a esta realidad que le traslada el Partido Socialista de Cataluña y que no se deje llevar por el pressing que estamos sufriendo algunos por parte de radicales en las redes.

Por tanto, una buena ley, una ley necesaria y que precisa de una respuesta que es la que tiene que dar esta Cámara. Es nuestra obligación balancear el derecho a la propiedad privada con el derecho a una vivienda digna.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ciuró.

¿Desea el señor Bataller añadir algo? (Denegación). Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Legarda.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.

Nos enfrentábamos, como señalaba la portavoz del PDeCAT, a un problema que era la ocupación de viviendas y se trataba de articular un procedimiento para la recuperación plena de la posesión cautelar de una vivienda o parte de ella por sus legítimos propietarios respecto a quien las ocupara sin título. Abordamos tres grandes cuestiones: el procedimiento, la legitimación y un principio de precaución. Después de bastantes conversaciones, transacciones e intercambios, nos decantamos por un procedimiento interdictal que no fallara sobre los derechos últimos, porque eso iría posteriormente a un declarativo, y nos centramos en los otros dos grandes temas: la legitimación y el principio de precaución, es decir, quiénes podían actuar en este procedimiento de recuperación interdictal. Después de muchas transacciones llegamos a un acuerdo y es que fueran las personas físicas, las administraciones públicas respecto a las viviendas públicas o de alquiler social y las personas sin ánimo de lucro, como fundaciones, asociaciones, etcétera.

La otra gran cuestión que estaba pendiente en el proyecto era el principio de precaución, si realmente había personas en situación de exclusión que por los motivos que fuera estuvieran ocupando la vivienda. Ahí se ha articulado un procedimiento de comunicación desde el Poder Judicial hacia los servicios sociales desde que se interpone la demanda y se identifica a los ocupantes, a fin de que los servicios sociales, si los ocupantes dan su consentimiento, puedan buscar, en el caso de que así lo necesiten, una solución habitacional para esas personas excluidas socialmente. Sobre estos ejes -procedimiento, legitimación y principio de precaución- llegamos a un acuerdo mayoritario en la ponencia y por nuestra parte nos vamos a atener a ese acuerdo y a respetar lo que votamos favorablemente en ponencia.

Nada más y muchas gracias, presidente.

El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor Legarda.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra su portavoz, el señor Gómez Balsera.

El señor GÓMEZ BALSERA: Muchas gracias, presidente.


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Intervengo para defender nuestra única enmienda relativa a la legitimación activa., y lo hacemos porque la propiedad es un derecho constitucionalmente reconocido en el artículo 33. Es cierto que está delimitado por la función social de la propiedad, pero también dice este artículo en su párrafo tercero que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Así que, señorías, limitando la legitimación activa contra las ocupaciones ilegales a solo las personas físicas o enumerando una suerte de personas jurídicas que sí pueden acogerse a este procedimiento en discriminación de otras que no podrían se estaría poniendo la ocupación ilegal al mismo nivel que un procedimiento de expropiación pública con todas sus garantías. Se estaría legitimando una suerte de expropiación ilegal y, sinceramente y en lo poco que valga mi opinión, creo que esto es francamente anticonstitucional. Además, se estarían poniendo en la diana de las mafias las viviendas que queden excluidas de la protección frente a la ocupación ilegal. Les estaríamos dando el trabajo hecho, ya no tendrían siquiera que salir a buscar qué viviendas están en oportunidad de ser ocupadas, sino que les bastaría con entrar en los portales de Internet de estas inmobiliarias para localizarlas al dejarlas fuera de protección. Sinceramente, creo que los vecinos de esas viviendas, estos ciudadanos que trabajan duro para pagar su hipoteca y sus impuestos, cuando vean perturbada su pacífica convivencia, por ejemplo, por narcopisos o por viviendas en las que se produce trata de seres humanos, no solo no nos estarían agradecidos sino que no nos lo perdonarían nunca.

Así que, señorías, conviene no incurrir en demagogia. Esta ley no va contra las personas que no llegan a fin de mes y no pueden pagar su alquiler ni contra quienes ocupan una vivienda con título o consentimiento previo, ni siquiera contra quienes fueron desahuciados de sus viviendas y se encuentren en situación de necesidad. Recuerdo que, respecto a todos estos grupos, Ciudadanos ya ha presentado su ley de segunda oportunidad para tratar de ayudarles. Esta ley refuerza el papel de las administraciones públicas, que son las que deben dar solución a esa necesidad habitacional, a un problema social que es de todos y que no puede solucionarse a costa de los propietarios individualmente considerados.

Gracias, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Balsera.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, nos han dicho que van a compartir su tiempo. En primer lugar, tiene la palabra doña Lucía Martín.

La señora MARTÍN GONZÁLEZ (doña Lucía): Muy brevemente, antes de pasar la palabra a mi compañero, quiero lamentar y avergonzarnos de que la primera ley de vivienda que se apruebe en esta legislatura sea la que va a servir para desahuciar ocupaciones y dejar a personas y familias vulnerables sin ningún tipo de garantía de realojo, en un contexto en el que tenemos una inexistencia total de parque público, en el que ha habido recortes sistemáticos en el presupuesto estatal de vivienda, en el que tenemos un mercado del alquiler con unos precios abusivos que impide que gran parte de la población -clases medias y mucha gente joven- pueda acceder a una vivienda de alquiler; un contexto en el que tenemos unos ayuntamientos ahogados financieramente, totalmente desbordados al hacer frente al problema de la vivienda y sin tener las herramientas legislativas que en cambio sí tiene el Gobierno del Estado. Nos avergüenza que se apruebe esta ley, pero PDeCAT hace honor a su tradición porque en 2008 ya fueron los que primero registraron una ley de desahucio exprés, en aquel caso de alquileres, y ahora han sido los que han traído la propuesta de desahucio exprés de ocupaciones, que suponemos que van a apoyar los grupos firmantes de la ponencia, que son PNV, PP, Ciudadanos y PSOE, en principio.

El problema es que esta ley no va a dar respuesta al problema de las ocupaciones, que sabemos que existe y que es preocupante; esta ley no le va a tocar un pelo a las mafias y a las organizaciones delictivas, que son las que precisamente se aprovechan de las personas en situación de vulnerabilidad porque no tienen acceso a una vivienda. Esta ley va a servir para desahuciar a personas en situación de vulnerabilidad sin ninguna garantía de realojo. Una llamada a servicios sociales, conociendo cómo están los servicios sociales en todos nuestros ayuntamientos, no va a garantizar ningún realojo. Y además, esta ley no va a resolver la cuestión de las ocupaciones precisamente porque no va a la raíz del problema. Todos los que trabajamos en este ámbito sabemos que la mayoría de ocupaciones se producen en viviendas de grandes propietarios vacías, porque esos propietarios están esperando una mejor oportunidad de negocio. Por tanto, hasta que desde esta Cámara no se aprueben medidas para acabar con la especulación inmobiliaria, que está directamente vinculada a esos grandes propietarios -fondos inversores, entidades financieras,


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etcétera-, las ocupaciones se van a seguir produciendo y esta ley no va a servir para solucionar un problema que va a continuar ahí.

El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señora Martín.

Señor Mayoral.

El señor MAYORAL PERALES: La verdad es que esta es la tarde en la que más vergüenza he pasado por ser diputado de esta Cámara, y lo digo, en primer lugar, por los grados de hipocresía que vamos a vivir.

Existe un acuerdo político en el que han participado el PP, Ciudadanos, el PNV, el PDeCAT y el Partido Socialista que ha traído como resultado este informe (Muestra un informe), el informe de la vergüenza que trae a esta Comisión un resumen de una proposición de ley, supuestamente con el acuerdo de las personas que lo firman, por la que se van a violar nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos; en concreto, el protocolo facultativo DESC, que nos obliga al cumplimiento de los dictámenes emitidos por el Comité DESC de Naciones Unidas.

Nuestro Estado ha sido condenado por violar el derecho a la vivienda, y los grupos de esta Cámara aprobaron cumplir ese mandato, pero desgraciadamente, cuando ha llegado el momento de legislar, hemos visto nuevamente cómo se impulsan procedimientos sumarios; es decir, procedimientos donde se restringe de forma radical el derecho a la defensa, en primer lugar, violando el derecho a un juicio justo en una materia tan sensible como es la vivienda y como es la inviolabilidad del domicilio. Al mismo tiempo, nos encontramos con la falta de garantía ante la alternativa habitacional, obligación que dimana de las observaciones generales del Comité DESC de Naciones Unidas y de los dictámenes emitidos por este comité, de las recomendaciones recientemente emitidas por este comité y de la reciente cautelar del Comité DESC de Naciones Unidas que paralizaba el desalojo forzoso de una ocupación sin alternativa habitacional.

Esta proposición de ley no va a solucionar nada, porque el problema que existe en este país tiene otro nombre y se llama acaparamiento, se llama uso antisocial de la propiedad que está siendo ejercicio por los fondos buitre, que están apropiándose del espacio en nuestras ciudades, garantizando que se suba de forma artificial el precio de los alquileres y el precio de las viviendas en perjuicio de la población de nuestro país. Al mismo tiempo, elude una cuestión central, y es que existen 83 000 hogares en este país, que equivalen a 300 000 personas en situación de emergencia habitacional, de posesión en precario, y frente a esa situación de vulnerabilidad y de emergencia social la respuesta que se da desde esta Cámara es amenazar con el uso de la violencia contra la población vulnerable.

He de decir que cuando se habla de desalojos forzosos estamos hablando del empleo de la violencia del Estado, y cuando hablamos de la violencia legítima del Estado hay que ser muy prudentes a la hora de utilizarla. Parece que sus señorías no han estado nunca en un desalojo ni saben lo que eso supone. Parece que sus señorías no son conscientes de lo que supone para la población vulnerable de este país en estos momentos encontrarse en una situación de posesión en precario en la que no sabes si mañana van a romper la puerta de tu casa y te van a sacar a la calle por medio de la violencia sin garantía de alternativa habitacional. Esto supone un auténtico crimen en un país donde está el 20 % de las viviendas vacías de Europa, donde en estos momentos hay 3,5 millones de viviendas vacías y abandonadas.

Se ignora, además, que esos fenómenos de los que nos hablaba la portavoz de PDeCAT de narcopisos, trata de personas, etcétera, se producen fundamentalmente en los pisos vacíos y abandonados de los fondos buitre en las ciudades y que ese tipo de prácticas delincuenciales, así como el impago de las rentas, el impago de la comunidad y el impago del agua que se produce por parte de las entidades y los fondos buitre alteran la convivencia, en una estrategia para apoderarse de las ciudades y poder especular con un bien de primera necesidad.

Nosotros creemos que todo esto es un paripé, que existe un grado de hipocresía brutal en esta Cámara respecto a la iniciativa del día de hoy. Además, hemos de decir que la semana pasada, cuando se planteó la posibilidad de debatir este cuestión en esta sesión, planteamos la perspectiva de tener más tiempo para realizar las transaccionales, puesto que hemos de decir que en este texto el PP se ha puesto a la cabeza. La proposición de ley era de PDeCAT, pero al final el resto de los grupos se han convertido en auténticos escuderos del PP en la propuesta de llevarla al procedimiento de interdictos, un procedimiento que vuelve al principio de "te ejecuto primero y discutimos después". No genera cosa juzgada, no tienes derecho a defenderte y podrás defenderte en un ordinario posterior, una vez que estés de patitas en la calle.


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Creemos que esto es absolutamente inadmisible en una sociedad democrática y vamos a votar en contra de todos y cada uno de los artículos, porque nos parece que esto es un ataque a la democracia. Nosotros y nosotras vamos a defender la democracia en todos sus órdenes. Creemos que la democracia significa defender los derechos civiles y políticos -y así lo hacemos- cuando se producen vulneraciones como las que se están produciendo en nuestro país cotidianamente, pero también queremos dejar claro que no hay democracia sin derechos económicos, sociales y culturales, y que hoy esto es un atentado contra los elementos más básicos de la democracia en nuestro país, puesto que se está proponiendo un procedimiento sin derecho a la defensa en el que se articulan desalojos forzosos sin alternativa habitacional.

En esa medida, queremos hacer entrega a la Mesa -para que conste y se adjunte a las actas de esta Cámara- de la Comunicación 5/2015 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, las observaciones finales al informe periódico de España del Comité DESC y la comunicación referida a la paralización del último desalojo forzoso sin alternativa habitacional en materia de ocupaciones. Queremos dejar clara ante esta Comisión la voluntad de nuestro grupo de recurrir ante el Tribunal Constitucional inmediatamente esta norma, según se apruebe, porque creemos que viola los artículos 10 y 93 de la Constitución española, así como otros muchos. Al mismo tiempo, vamos a poner en conocimiento de los organismos de derechos humanos cuáles son las implicaciones de esta norma y la posibilidad de que nos encontremos ante un plan de desplazamiento forzado de 300 000 personas que en este momento se encuentran en situación de vulnerabilidad en nuestro país y de posesión en precario.

Muchas gracias y buenas tardes.

El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mayoral.

En el Diario de Sesiones constarán los documentos que usted hace llegar a esta Mesa.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Rominguera Salazar.

La señora ROMINGUERA SALAZAR: Gracias, señor presidente.

Abordamos hoy una proposición de ley a la que mi grupo se opuso en su fase de toma en consideración, porque, como en su momento dijimos, no la compartíamos y a fecha de hoy tampoco la compartimos. Se nos presentaba como alternativa para poner fin a las mafias que ocupan viviendas sin contener medidas concretas contra los extorsionadores, sino más bien contra los ocupantes, de manera que en su texto original no garantizaba -y sigue sin garantizar- que quienes ocupaban por encontrarse en situación de vulnerabilidad y ser a su vez, junto a los propietarios de la vivienda, víctimas de estas mafias, tengan garantías de reubicación.

No se garantiza con carácter previo la alternativa habitacional a quienes realmente la requieren, por eso nos opusimos en su día a la toma en consideración. Pero, pese a ello -y como no podía ser de otra manera-, comoquiera que la propuesta salió adelante, participamos en los trabajos de la ponencia realizando, junto al resto de los grupos, un gran esfuerzo por llegar a un texto consensuado, aportando enmiendas a la propuesta original, trabajando, señor Mayoral, así que le pediría que por favor dejase de hacer juicios de valor sobre el trabajo del resto de los grupos, por lo menos respecto al mío. Mi grupo ha trabajado y sigue haciéndolo en pro de eso mismo que usted defiende, pero con un poco más de respeto estaría muchísimo mejor.

Hablamos de que se aportaron enmiendas a una propuesta original, una propuesta que dejaba fuera los fondos de viviendas y que ahora los contempla sin que ninguna de las enmiendas propuestas por los grupos participantes en la ponencia lo hiciese. Son modificaciones de última hora que seguían sin ofrecer verdaderas garantías a las personas ocupantes víctimas de situación de vulnerabilidad y víctimas a su vez, como decía al principio, de esas mafias contra las que parecía que iba la proposición de ley. En esas modificaciones de última hora nuestro grupo insistía en la inclusión de nuestras enmiendas que no tenían como finalidad última más que limitar de un modo muy concreto el bien jurídico a proteger con la propuesta del PDeCAT, bien jurídico que entendíamos que no era otro que el derecho a la vivienda de los particulares que tienen una segunda vivienda y se ven despojados de ese bien que les reportaba unos ingresos complementarios o una garantía, por ejemplo, a una pequeña pensión, si de pensionistas hablamos. Quería apuntar también que el término ancianos que utilizan en el texto que nos han presentado ahora en la exposición de motivos nos parece fuera de lugar y de época. Pues bien, decía que la utilizaban como una especie de garantía a esa pequeña pensión y que no solo hay que proteger eso sino también el derecho de quienes, por distintos motivos, se hallan en situación de vulnerabilidad y requieren una opción habitacional a la que no pueden hacer frente, siendo también víctimas de los extorsionadores ocupantes.


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Proteger ambos supuestos es proteger el derecho a la vivienda, en definitiva, y todo ello como un primer paso a una futura reforma de la Constitución que diseñe, entonces sí, una especial protección, ya sea con la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional o ya sea con un blindaje, como proponemos con otros derechos como las pensiones.

Entendíamos que ese era el bien jurídico a proteger y por ello con nuestra enmienda número 22 pretendíamos limitarlo con absoluta concreción. Pero esta enmienda nuestra no fue aceptada, si bien se introdujeron algunas modificaciones al texto de la disposición adicional que presentábamos como enmienda, obviando con ello todo su sentido y la inclusión de parte de nuestra propuesta de incluir en la reforma al artículo 150 en el apartado cuatro. Con ello pretendíamos proporcionar de un modo genérico cierta garantía a las personas vulnerables que ocupan vivienda al carecer de ninguna otra alternativa habitacional y hacer extensiva esa garantía a otros procedimientos sin tenernos que circunscribir a este. Con todo esto simplemente han intentado saldar nuestras propuestas con una comunicación a los servicios sociales e insistimos en que nuestra finalidad era concretar el objeto a proteger. Sin embargo, con la aceptación de otras enmiendas y con la inclusión de esa propuesta nueva de proteger los fondos de viviendas, el texto se ha ampliado tanto que se ha desnaturalizado el objeto de protección, de manera que nos encontramos finalmente con un juicio especial y sumario y, como sus señorías saben, esos son juicios excepcionales, por lo que entendemos que no pueden ir en este marco y todo ello nos lleva a anunciar que nuestro grupo no apoyará esta ley.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora Rominguera.

A continuación, para defender sus enmiendas, tiene la palabra la señora Zurita por el Grupo Parlamentario Popular.

La señora ZURITA EXPÓSITO: Gracias, presidente.

Muy buenas tardes a todos. Esta proposición de ley, originariamente del PDeCAT, aunque aparentemente está vestida de una modificación sencilla, tiene muchísimas connotaciones, y la primera es el debate sobre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad después de una lucha contra una realidad alarmante. Los últimos datos que llegan de los juzgados por delitos de ocupación ilegal alcanzan en el último año hasta un 92 %, hecho que no solo afecta a los propietarios sino también a comunidades de vecinos y a barrios enteros, con lo que da la impresión de que en este país algunos piensan que la propiedad no es un derecho. Por otro lado, la ocupación ilegal -esto es muy importante- hace imposible e inviable la gestión de una política de vivienda al distorsionar o impedir que se lleve a cabo con normalidad.

Desgraciadamente, la ocupación tiene una doble vertiente en España, es decir, existen dos casos diferenciados a los que esta ley da cobertura: el primer caso englobaría a grupos criminales organizados que se lucran de estas ocupaciones, de las víctimas, y a los movimientos antisistema que no respetan el derecho a la vivienda y utilizan bienes públicos y privados en beneficio propio. El segundo caso abarca a aquellas personas en situación de vulnerabilidad que ocupan una vivienda por necesidad y que merecen todo nuestro esfuerzo para que puedan recuperar sus condiciones económicas y sociales originarias.

La ocupación es uno de los problemas fundamentales de la gestión de la vivienda y no puede entenderse como vía de acceso. Ayer comentábamos esto justamente en el debate sobre el plan de vivienda, donde salió un dato de Madrid y Barcelona: solo han cumplido un 20 % de sus objetivos de vivienda pública. Cumplir los objetivos de construcción de vivienda pública, no ocupar; este es el mensaje a los ayuntamientos del cambio.

Esta proposición de ley viene a recoger dos cuestiones fundamentales: por un lado, la recuperación de la propiedad y, por otro, la garantía de que los ocupantes, siempre que esté probada su situación de vulnerabilidad, puedan reconducir su situación de una manera legal. Por eso, esperamos que en esta Comisión se mantenga el consenso que hemos alcanzado con el texto transaccional durante la ponencia.

Ahora le cedo la palabra a mi compañera María Jesús Moro. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra, señora Moro.

La señora MORO ALMARAZ: Buenas tardes, señorías. Gracias, señor presidente.

A diferencia de lo que han dicho algunos ponentes, esta no es una ley de vivienda, esta es una modificación de una ley procesal que determina un instrumento, entre otros, de defensa de derechos


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constitucionales de carácter fundamental, como ha dicho mi compañero el ponente de Ciudadanos. Esta es una proposición de ley que pone de manifiesto cómo las fuerzas políticas, si quieren construir, pueden construir, siempre que no nos hagamos películas como las que hemos oído a lo largo de la ponencia y hoy mismo por parte de los representantes del Grupo de Podemos.

Señorías, nos estamos acostumbrando demasiado en este país a defender a los que delinquen y a dejar de lado e incluso abandonar a las víctimas y a los que son objeto de presión, de acoso y de delito. Aquí no estamos hablando del Código Penal y no estamos hablando de delito, estamos marcando un instrumento que ya existe en este momento en la Ley de Enjuiciamiento Civil para adaptarlo a supuestos que determinan la violación de derechos en materia de posesión de personas muy distintas, de muy distinto orden, de muy distintas capacidades económicas y que, sin embargo, se encuentran en una auténtica batalla para conseguir recuperar aquello que es suyo y que en muchas ocasiones, a diferencia de lo dicho, se trata de lo poco que tienen, de lo poco de lo que pueden mantenerse, de lo poco con lo que pueden subsistir.

He oído mucho en esta Comisión que abusamos del derecho penal y, sin embargo, cuando apoyamos un instrumento civil de recuperación rápida, de recuperación ágil, adaptado a los tiempos, se considera de la forma que lo han hecho algunos ponentes. Estén tranquilos, señorías -aquellos que no han presenciado la duras, durísimas ponencias, donde hemos sufrido todo tipo de insultos y de ataques que se han llevado no solo a las redes sociales sino también a la calle-, que aquí estamos haciendo verdadero derecho. Algún grupo no, porque algún grupo en este momento acaba de violar un principio fundamental que es el de no ir contra sus propios actos. Señorías, el día 19 apoyamos una ponencia todos los grupos firmantes, incluido el Grupo Socialista. Ahora lo pueden disfrazar de lo que quieran, pero lo que ha ocurrido a lo largo de la ponencia es que hemos ido transaccionando enmienda tras enmienda y probablemente las enmiendas que más se han incorporado y han deformado o engrandecido el texto final son las del Partido Socialista. Son enmiendas que determinan novedades significativas en la Ley de Enjuiciamiento Civil que no eran propias de nuestro texto procesal y que determinan, como se ha dicho aquí, unos principios precautorios que inicialmente se colocaban dentro de este procedimiento interdictal y que ahora, precisamente atendiendo a esas peticiones del Grupo Socialista, se elevan a generalidad en el artículo 150 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y ese mandato en la disposición adicional que dice que no se ha recogido es una ley procesal, no es una ley de la vivienda, no es una ley de declaraciones. Por tanto, damos un mandato a todas las administraciones competentes para hacer realidad la preocupación por todo aquel que se pueda encontrar en cualquiera de estos procedimientos y que se encuentre en esa situación de vulnerabilidad. No era necesario, pero hemos considerado que en este momento la ley procesal se tiene que vestir de cercanía con los ciudadanos y tiene que incorporar esos trámites. Creo que, entre todos los que hemos intentado construir, se ha incorporado un instrumento más que, evidentemente, no resuelve el problema de la ocupación ilegal. ¡Claro que no! Es un instrumento más de carácter civil que puede ser valioso, que no priva de garantías, que no priva de otros procedimientos, de la misma manera que no priva de procedimientos penales cuando sea procedente para ir contra las mafias, para ir contra los delincuentes, para ir contra aquellos que están convirtiendo nuestro país en un ámbito de inseguridad jurídica.

Señorías, nosotros tenemos la obligación en este Parlamento de defender los derechos fundamentales, de defender la seguridad jurídica y eso solo, y no otras cosas que hemos escuchado aquí que pueden vender mucho pero que son absolutamente falsas, es lo que contiene esta iniciativa. Una iniciativa que cerramos en esa ponencia; esa ponencia que nosotros vamos a respetar aunque no se corresponde con nuestras enmiendas presentadas, porque eso es lo que quiere decir transaccionar, eso es lo que quiere decir consensuar. En aquello que en el texto ofrecía dudas estamos en condiciones -no sé si lo ha señalado antes la señora Ciuró- de aclararlo para que la legitimación activa del 250 quede donde tenía que quedar, donde siempre dijimos que había mayoría. Pero no que estemos todos de acuerdo; no estamos de acuerdo exactamente en que esta debiera ser la legitimación activa porque este es un tema jurídico y en el tema jurídico no se puede seccionar la legitimación activa de derechos legítimos como la posesión o la propiedad. Lo hemos hecho en aras a la proporcionalidad, al equilibrio, a la defensa de los derechos y a lograr un consenso; un consenso que hoy algunos de ustedes han roto y que tendrán que explicar a los ciudadanos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moro.


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Para fijar posiciones, puesto que no ha presentado enmiendas, por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya tiene la palabra la señora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente. Muy brevemente.

Como usted decía, no hemos presentado enmiendas y seré tan breve como por el hecho de no haber presentado enmiendas, tal y como exponía -y cojo sus palabras- la portavoz del Partido Popular, la señora Moro, en el sentido de que estamos ante una ley procesal y no una ley que solucione el problema real de acceso a la vivienda. Por tanto, cuando ya se debatió en el Pleno la toma en consideración de la proposición de ley desde Esquerra Republicana ya planteábamos que la proposición de ley no venía a solucionar el problema del derecho a la vivienda. Entre otras cosas, porque la propia Constitución establece un desequilibrio que quiero resaltar aquí. Por un lado, sí que se garantiza el derecho fundamental a la propiedad privada, con la coletilla añadida del uso social de esa propiedad privada, y esta proposición de ley tampoco viene a garantizar el uso social de la propiedad privada. Por otro lado, el derecho a la vivienda y a una vivienda digna no aparece recogido en el texto constitucional como un derecho fundamental. Por tanto, ese desequilibrio del propio texto constitucional debería ser reparado en atención a cuál es la realidad social que tenemos y que se produce a diario en todas las poblaciones del Estado español. Evidentemente, requeriría su modificación.

En todo caso, nosotros nos oponemos a la proposición de ley en el sentido también de que además se trata, como muy bien se decía, de un texto procesal que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil pero que además tampoco viene a garantizar plenamente el derecho de defensa y, en todo caso, las garantías procesales para que no se produzca indefensión. Por estos motivos y por los que ya invocamos en su momento entendemos que la ley no viene a reparar la situación real ni, como decía también la portavoz del Partido Popular, va a combatir a aquellos que extorsionan y que se aprovechan de una situación de lasitud de otras legislaciones que deberían tender a evitar que existan pisos vacíos, que se especule permanentemente con la vivienda y que, por tanto, se impida que la ciudadanía pueda acceder en igualdad de condiciones a una vivienda digna.

En consecuencia, nosotros, Esquerra Republicana, va a oponerse a esta proposición de ley y, por tanto, también a la ponencia. Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señora Capella.

Hay una enmienda in voce transaccional que se está fotocopiando para repartir a todos los grupos y ver si están de acuerdo una vez que conozcan el texto. De todas formas, con respecto a esta proposición de ley, no me han sido comunicadas las enmiendas que son retiradas por parte de los grupos parlamentarios. Entiendo que los grupos que han apoyado la ponencia retiran las enmiendas que habían presentado a la proposición de ley, pero quiero preguntarlo por grupos. Por lo tanto, señora Ciuró, entiendo que retiran las enmiendas 3 a 6, de su grupo parlamentario.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Sí.

El señor VICEPRESIDENTE: Señor Legarda, entiendo que retira las enmiendas 18 a 20.

El señor LEGARDA URIARTE: Sí, correcto.

El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, que retiran su enmienda número 17. (Denegación). ¿La mantienen?

El señor GÓMEZ BALSERA: La mantenemos.

El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ¿mantienen las enmiendas números 1 y 2 que habían presentado?

El señor MAYORAL PERALES: No podemos mantenerlas. Deberíamos hacer transaccionales, como bien discutimos el otro día, pero creemos que el trámite no permite realización de transaccionales de la semana pasada a esta y, evidentemente, nuestras enmiendas decaen. Porque no vamos a presentar transaccionales y deberíamos hacerlas ya que esto va dirigido a otro apartado de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que son los interdictos, puesto que el texto base que se utiliza es la enmienda del Partido Popular. En esa medida nosotros no tenemos enmiendas y vamos a votar en contra de todo el articulado.


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El señor VICEPRESIDENTE: Se van a votar primero las enmiendas y luego el texto articulado.

El señor MAYORAL PERALES: Claro, pero el problema que tenemos... Ya lo discutimos el otro día.

El señor VICEPRESIDENTE: Pero tiene usted derecho a mantener las enmiendas.

El señor MAYORAL PERALES: Ya lo discutimos el otro día cuando pedimos más tiempo y en lo que quedamos es en que deberíamos, puesto que el texto base que viene desde la ponencia, acordada por amplísima mayoría de grupos, es el texto base del PP, para poder enmendarlo deberían ser transaccionales puesto que va a otro articulado diferente de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como bien saben ustedes. Nuestras enmiendas están a juicio verbal y el texto base que se va a utilizar, como bien sabe, es el apartado de interdictos. Nosotros hemos tenido desde el jueves para, supuestamente, hacer unas transaccionales; creernos que no tiene sentido, no vamos a participar de esa feria y entendemos que nuestras enmiendas están decaídas. Hay un acuerdo de pasarnos el rodillo y lo asumimos; entendemos que hay un acuerdo para que sí o sí esto salga cuanto antes porque hay prisa. Sabemos lo que hay detrás y nosotros no vamos a entrar en ninguna hipocresía; sabernos lo que hay y nosotros no tenemos enmiendas porque deberíamos hacer transaccionales y no las vamos a hacer en el tiempo que se nos ha otorgado. Además, entendemos que carece de sentido por las amplísimas mayorías cosechadas por la ponencia, donde nos hemos quedado en ínfima minoría y prácticamente en solitario.

El señor VICEPRESIDENTE: De acuerdo. Entonces las doy por retiradas.

Al Grupo parlamentario Socialista le pregunto si retiran o mantienen las enmiendas números 21 a 24.

La señora ROMINGUERA SALAZAR: Las mantenemos.

El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular entiendo que retiran las enmiendas 7 a 16.

La señora MORO ALMARAZ: Las retiramos, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE: ¿Ya están los textos de la enmienda transaccional? Como anuncié anteriormente, la votación no será antes de las 17:30, a menos que todos los grupos parlamentarios me comuniquen que están en condiciones de proceder a la misma. Lo que sí les ruego es que, como vamos a hacer votación electrónica, se siente cada uno en los escaños que habían dicho al principio. (Pausa).

Vamos a votar en primer lugar el proyecto de ley por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea para regular la orden europea de investigación.

Nadie ha pedido votación separada de ninguna de las enmiendas. Por tanto, vamos a votar por grupos parlamentarios.

En primer lugar, vamos a votar las enmiendas vivas del Grupo Parlamentario Mixto, señor Campuzano, teniendo en cuenta con respecto a la número 31 lo que ha mantenido vivo la señora Ciuró. (La señora Esteller Ruedas pide la palabra).

Señora Esteller.

La señora ESTELLER RUEDAS: Nosotros sí queremos votación separada de las enmiendas, todas por separado.

El señor VICEPRESIDENTE: Señora Esteller, he preguntado varias veces en la Comisión qué portavoz pide votación separada de las enmiendas y nadie me ha comunicado que quisiera.

La señora ESTELLER RUEDAS: Disculpe, señor presidente.

Del Grupo Mixto pediría votación separada de la enmienda número 26.

El señor VICEPRESIDENTE: ¿De algún grupo más?

La señora ESTELLER RUEDAS: Sí.

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana pediría votación separada de la enmienda 47. Del Grupo Ciudadanos, en bloque. Del Grupo de Podemos, también en bloque.


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El señor VICEPRESIDENTE: ¿Y del Grupo Socialista?

La señora ESTELLER RUEDAS: En bloque porque hay una enmienda con transacción.

El señor VICEPRESIDENTE: Vamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, la enmienda número 26.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 12.

El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada.

Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 27.

El señor VICEPRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda número 47, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 3; abstenciones, 9.

El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada.

Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 18; abstenciones, 9.

El señor VICEPRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Votamos todas las enmiendas vivas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 24; abstenciones, 9.

El señor VICEPRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 18; abstenciones, 9.

El señor VICEPRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la única enmienda viva del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 15.

El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos las enmiendas transaccionales. En primer lugar, la enmienda transaccional a la enmienda número 7, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Efectuada la votación, dijo

El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Enmienda transaccional a la enmienda número 18, del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Efectuada la votación, dijo

El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Enmienda transaccional a la enmienda número 20, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Enmienda transaccional a la enmienda número 25, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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Efectuada la votación, dijo

El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Enmienda transaccional a la enmienda número 33, del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dijo

El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Enmienda transaccional a la enmienda número 46, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 11.

El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda transaccional a las enmiendas números 21, 29 y 50.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, 3.

El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada.

Por último, enmienda transaccional a la enmienda número 4, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, 3.

El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos a continuación el texto del informe de la ponencia con las enmiendas y correcciones técnicas incorporadas en su caso.

Efectuada la votación, dijo

El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.

Como esta Comisión tenía competencia legislativa plena, el texto será enviado al Senado.

Pasamos a votar la proposición de ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, por la que se regula un procedimiento específico para garantizar la posesión de viviendas titularidad de propietarios personas físicas y para asegurar a las entidades sociales y a las administraciones públicas la disponibilidad de las viviendas en su haber destinadas a alquiler social.

Han sido retiradas las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (El señor Mayoral Perales pide la palabra).

El señor MAYORAL PERALES: Tras el receso, a la vista de la fórmula de votación, querríamos mantener nuestra enmienda número 2.

El señor VICEPRESIDENTE: Perfecto, señor Mayoral.

Votamos la enmienda 17, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20.

El señor VICEPRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación votamos la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 28.

El señor VICEPRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, números 21 a la 24.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 20; abstenciones, 1.

El señor VICEPRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular han sido todas retiradas.

Votamos la enmienda transaccional relativa al artículo 250.1.4 º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 11.

El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada.

A continuación votamos el texto del informe de la ponencia con las enmiendas y correcciones técnicas que han sido incorporadas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 18.

El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobado el texto de la ponencia, que también será remitido al Senado.

Muchísimas gracias.

Se levanta la sesión.

Eran las cinco y cincuenta minutos de la tarde.

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